Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora

Transcripción

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ
PAESI EMERGENTI
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD
PAÍSES EMERGENTES
Aprendizajes de una reubicación:
el caso Tambo de Mora - Chincha
Sistematización de una intervención en el marco del proyecto
“Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de Tambo de Mora”
PAESI EMERGENTI
PAÍSES EMERGENTES
La Asociación Solidaridad Países
Emergentes
(ASPEm)
es
una
organización
de
cooperación
internacional nacida en Italia en el año
1979 desde una experiencia de
comunidad cristiana con un fuerte
compromiso social y civil.
Desde el año 1985 está reconocida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores en la
implementación de actividades de
cooperación internacional. Inicia sus
acciones en el Perú en el año 1987, en
las zonas urbano-marginales de Lima
Este.
Trabaja con las poblaciones en extrema
pobreza que se encuentran excluidas,
asentadas en los cerros periféricos de la
ciudad y en las zonas pobres del país.
En la actualidad su mirada y accionar se
dirigen al desarrollo comunitario
involucrando a la población que vive en
contextos de vulnerabilidad en nuevos
proyectos multidisciplinarios.
www.aspem.org
Sistematización de una intervención en el marco del
proyecto “Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria
para la Reconstrucción de Tambo de Mora”
PAESI EMERGENTI
PAÍSES EMERGENTES
Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora- Chincha
© Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEm
Calle Coronel Zegarra 270, Lima 11- Perú
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Supervisión de la sistematización:
Marilú Morgan
Coordinación de la sistematización:
Daniele Ingratoci Scorciapino
Equipo de sistematización:
Daniele Ingratoci Scorciapino
Yuli Natali Hinojosa Rosa
Gina Rosaura Aburto Peña
Jessica Elizabeth Vargas Farfán
Asistencia en temas legales:
Carmen Rosa Sandoval Muñoz
Asistencia en temas logísticos:
Ana Melva Ramírez Velásquez
Cuidado de texto:
Área de comunicación de ASPEm
Fotos de carátula y de páginas interiores:
ASPEm (archivo fotográfico)
Diseño e impresión:
Sinco Editores SAC
Jr. Huaraz 449 - Breña, Teléfono: 433-5974
[email protected]
Primera edición: agosto 2012
Tiraje: 500 ejemplares
Impreso en Perú
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-10390
Í n d i ce
Presentación
7
Prólogo
11
Introducción
13
Capítulo I
Los actores del proceso de intervención
El terremoto y sus consecuencias
en la poblacion
La fuerza de lo inesperado y la
intervención en emergencia
19
Capítulo 2
Desarrollo de la experiencia de apoyo
a la población afectada
Primera etapa: la reubicación de los
desplazados de tambo de mora
Segunda etapa: El Tambo de arriba
y el Tambo de abajo
Tercera etapa: reubicación versus
reasentamiento
La cuarta etapa: pueblo joven y
problemas antiguos
37
23
29
38
51
62
73
Capítulo 3
Reflexiones y aprendizajes
Consecuencias psicosociales en un
contexto posdesastre
Los aspectos que han facilitado el
proceso de reubicación
Accesibilidad
Participación
Trabajo directo con grupos vulnerables
Transparencia, flujo de información y
sistema de consulta
Marco legal y acompañamiento
para el enfrentamiento de la emergencia
Aspectos que han dificultado el proceso
de reubicación
85
85
88
89
90
95
96
101
106
Capítulo 4
Legitimidad social y derechos
111
Bibliografía
121
Pre s e nt a c i ó n
La Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm
nos entrega una sistematización sobre el trabajo realizado en el distrito Tambo de Mora en la provincia de
Chincha de la región Ica, que aportó al proceso de recuperación y reconstrucción de familias damnificadas
por el sismo del 15 de agosto de 2007.
Este trabajo se presenta desde una perspectiva psicosocial centrada en las familias y en especial en los niños y niñas de estas familias. Es desde el compromiso
por la infancia y la equidad de género de ASPEm, que
se enfoca la atención humanitaria (motivo de otra publicación) y de la recuperación y reconstrucción, proceso descrito en el presente volumen.
El abordaje institucional de ASPEm se realiza con un
enfoque basado en derechos y el acompañamiento
psicosocial y organizativo sostiene los componentes
de reconstrucción y el desarrollo de capacidades de
un conjunto de familias que perdieron sus viviendas
por el sismo.
Se describe también una problemática sumamente
difícil y que presenta muchos retos en su aplicación:
el reasentamiento luego de evaluarse la inadecuada
ubicación previa de los asentamientos damnificados.
Resulta muy interesante el acercamiento a esta reali-
dad desde una lectura y acompañamiento psicosocial, lo cual es novedoso en nuestro medio y también muy útil, si nos remitimos a la
poco planificada ocupación del territorio peruano que requiere de un
análisis detallado y profundo, para vislumbrar posibles soluciones de
mediano y largo plazo.
Los procesos de reubicación son sumamente complejos y el relato de
la experiencia de ASPEm nos brinda elementos clave a tener en cuenta para el diseño de planes y políticas desde una perspectiva individual y familiar muy importante, sin dejar de lado los aspectos sociales
e institucionales involucrados.
La técnica constructiva utilizada, la quincha reforzada, rescata un
conocimiento tradicional con elementos sismo-resistentes desarrollados en la actualidad por entidades técnicas especializadas. El desarrollo de capacidades para la construcción con esta técnica tanto
de hombres como de mujeres fue fundamental para el proceso de
autoconstrucción.
La participación de los niños y niñas, con los que se tuvo un trabajo
sostenido de apoyo psicosocial, fue promovida y aportó a las familias
participantes en su conjunto. Así también, se fortaleció el rol de las
mujeres en el proceso de planificación y toma de decisiones importantes en la reconstrucción.
El fortalecimiento organizativo fue una línea de trabajo fundamental
que sirvió de base para el proceso de reasentamiento y construcción.
La promoción de la participación en el proceso de selección, el apoyo
en trámites administrativos, la información oportuna y transparente
así como el empoderamiento promovido, fueron aspectos también
desarrollados en el proyecto.
Queda evidenciada, finalmente, la complejidad de la intervención, los
factores facilitadores y las dificultades encontradas en todas las líneas
de acción, y el proceso que el equipo de ASPEm acompañó y asesoró.
Con la discusión de estos elementos de aprendizaje se está realizando
un aporte importante para una mejor comprensión de estos procesos.
6/
En cuanto a los aspectos de coordinación, tal como se señala en el
libro, Naciones Unidas tuvo el rol de coordinar las acciones de respuesta y recuperación implementadas con fondos de cooperación
internacional para apoyar a la población afectada por el sismo del 15
de agosto de 2007, a través de la presencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en la fase de emergencia y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la fase
de recuperación y reconstrucción.
Es importante señalar, en ese contexto, que ASPEm es miembro pleno
de la Red Humanitaria Nacional, mecanismo de coordinación establecido en octubre de 2008 enfocado en la preparación y respuesta a desastres en el país, copresidido por la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
La Red Humanitaria Nacional articula a las entidades de cooperación
internacional y de sociedad civil con las entidades responsables del
gobierno peruano, con el fin de mejorar el impacto de las acciones
humanitarias a favor de las poblaciones afectadas.
Si bien la experiencia sistematizada en este texto está referida sobre
todo al proceso de reconstrucción, entendemos que los procesos de
la gestión del riesgo de desastres se retroalimentan entre sí y será importante tomar en cuenta los elementos planteados en este trabajo
para fortalecer la labor conjunta de la cooperación internacional en
coordinación con las entidades de gobierno.
Es así que recomendamos la lectura y difusión de la presente sistematización de la experiencia de ASPEm en Tambo de Mora, con la
seguridad de que será de mucha utilidad para repensar y mejorar el
abordaje de los procesos de reasentamiento y recuperación, en especial los relacionados con el derecho a la vivienda y la recuperación
socio-emocional de las poblaciones afectadas por desastres.
Rebeca Arias
Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Perú
Perú 2012
/7
Pró l o g o
La Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm
es una organización italiana de cooperación internacional, sus acciones responden al gran interés de
contribuir a erradicar la pobreza y la falta de equidad
presente en gran parte del mundo y tiene como principio la solidaridad entre los pueblos y la búsqueda
de una cultura de paz.
Desarrolla sus acciones en el Perú desde 1987, cumpliendo 25 años de labor en el país, y desde 2007 ha
desarrollado diversos proyectos de emergencia, reconstrucción y desarrollo, en los diversos distritos de
Chincha.
Producto de la ejecución del proyecto: “Refuerzo de la
Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de
Tambo de Mora”, ASPEm pone en sus manos la sistematización: “Aprendizaje de una Reubicación: el caso
Tambo de Mora - Chincha”, que nos permite, luego de
varios años, trasladarnos inmediatamente al momento del terremoto del 15 de agosto de 2007 ocurrido en
el sur del país; luego recordar las diversas etapas que
vivieron los pobladores y pobladoras de nuestro querido Tambo de Mora, y todo el accionar que ASPEm
brindó gracias a la canalización de diversas ayudas,
principalmente internacionales.
Una de las principales alianzas que realizamos fue con la fundación
española APY Solidaridad en Acción, con quiénes ejecutamos dos
proyectos con el financiamiento de la Junta de Andalucía: uno de
Emergencia y otro de Reconstrucción, de donde nace esta sistematización coordinada por el psicólogo italiano Daniele Ingratoci, e integrada por el equipo de Lima y del propio Tambo de Mora.
En este sentido, ASPEm ha considerado presentar esta valiosa sistematización, pues quiere contribuir de alguna forma a enfrentar los
diversos procesos similares que viven pobladores y pobladoras en
nuestro país, en situaciones de desplazamiento, reubicación, reasentamiento, por diversas causas, principalmente producto de situaciones de emergencia, problemas medio ambientales, etc.
Finalmente puedo señalar que conozco esta experiencia de cerca, y
ha sido un proceso doloroso y que aún no termina para las pobladoras y pobladores de Tambo de Mora. A partir de esta publicación
queremos reconocer a todos los pobladores/as de Benavides, Calle
Nueva, Alfonso Ugarte y Sol y Mar, todo su esfuerzo para seguir adelante y enseñarnos que a pesar de las adversidades no han dejado de
soñar de construir un futuro mejor para ellos y sus familias.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo
de ASPEm que se trasladó a vivir con la comunidad de Tambo de
Mora, a José Antonio Mancera de APY Solidaridad, a Daniele Ingratoci
por todo el esfuerzo en presentar la sistematización, así como a Yuli
Hinojoza, Gina Aburto y Jessica Vargas que fueron parte del equipo
de sistematización. Agradezco también los aportes de Carmen Rosa
Sandoval y Ana Melva Ramírez Velázquez. Asimismo agradezco a Marilú Morgan que acompañó el largo proceso de sistematización y de
la misma manera a Ana María Rebaza y a Rebeca Arias, Coordinadora
Residente de Naciones Unidas, que han contribuido en realizar la presentación de este libro.
María Zevallos León
Directora País
ASPEm
10 /
I nt ro d u cc i ó n
El 15 de agosto del año 2007, un sismo de 7,9 grados
de magnitud afectó la zona sur del país. El epicentro de
este terremoto según reportes del Instituto Geofísico
del Perú (IGP), estuvo localizado a 74 km en dirección
oeste de la ciudad de Pisco1; el hipocentro fue a 40 kilómetros de profundidad y se propagó en diferentes
zonas del país, siendo las principales afectadas Pisco,
Ica y la provincia de Chincha.
Los daños generados por el sismo y la necesidad de
atender a las personas afectadas, motivaron un flujo
de ayudas nacionales e internacionales hacia las zonas
golpeadas. Algunos organismos no gubernamentales
(ONG) que venían trabajando en la zona o en el país, se
ocuparon de organizar la primera respuesta a la emergencia; entre ellos la ONG italiana ASPEm (Asociación
Solidaridad Países Emergentes), presente en el Perú
hace más de 20 años, aunó esfuerzos con la fundación
española APY - Solidaridad en Acción para garantizar
ayuda a la población damnificada.
Como primera respuesta las dos instituciones ejecutaron un proyecto de emergencia en favor del distrito de
Tambo de Mora y, bajo pedido de la población dam-
1
Fuente EDAN Tambo de Mora – Comité Distrital de Defensa Civil en
“La respuesta solidaria en el sur – Intervención de emergencia en Tambo de Mora 2007”, pág. 25.
nificada y de las autoridades, al terminar el primero desarrollaron un
segundo proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la comunidad.
El nombre de este proyecto fue “Refuerzo de la acción social y comunitaria para la reconstrucción de Tambo de Mora”, cuya duración fue de un año (de marzo 2008 hasta abril 2009) y en el cual se
implementaron diversas actividades con el fin de apoyar el renacimiento de la comunidad afectada. Este proyecto terminó siéndo una
experiencia muy interesante y enriquecedora no solo desde el punto
de vista profesional sino también humano.
Por lo dicho, es comprensible entender cómo al momento de finalizar
la intervención, teníamos algunas preguntas y dudas con respecto a
la situación, las cuales han sido el motor que nos ha llevado a desarrollar este proceso de sistematización. Desde un comienzo nos interesó la complejidad de la experiencia, el contexto multifacético que
se revelaba en los rincones del pueblo, los problemas generados en
el desencuentro de diversos puntos de vista: el de los damnificados,
el de los cooperantes internacionales, el de las autoridades locales y
nacionales, el de la opinión pública; también había diferencias por las
distintas miradas de cada uno de estos grupos, según el momento, el
estatus, la condición, las ideas políticas, y la cultura. Una situación que
desde afuera podía aparentar cierta homogeneidad, daba testimonio,
desde adentro, de una riqueza y una variedad de dimensiones y perspectivas que demostraban una vez más la multiplicidad y unicidad
del ser humano.
Entonces, hemos pretendido mostrar esta diversidad hallada, presentando algunos aspectos de nuestra intervención enmarcados, cuando sea necesario, en el contexto. Con esta finalidad se inició una labor
de análisis de la intervención con especial énfasis en el proceso de
reubicación de la población desplazada de Tambo de Mora, por ser
un momento crítico del contexto posdesastre en el cual se evidenció
la presencia de dinámicas interesantes y se generaron aprendizajes
útiles para situaciones igualmente críticas.
En este proceso de sistematización de la experiencia, participó una
parte de los integrantes del equipo y en momentos puntuales algunos pobladores que habían estado involucrados en la intervención de
manera directa o indirecta. Para la sistematización de la experiencia
12 /
fue necesario estudiar la secuencia temporal de los hechos, identificar a los actores principales y secundarios del contexto, analizar los
documentos producidos en el proyecto, identificar las actividades tal
como habían sido planteadas y confrontarlas con la manera en que se
dieron realmente, recoger las opiniones y puntos de vista de algunos
beneficiarios del proyecto así como evidenciar la reflexión de quienes
se quedaron al margen de la intervención del mismo. Una larga parte de esta búsqueda nos dio la oportunidad de presentar cómo realmente las personas vivieron los eventos y cuáles fueron los móviles
que determinaron sus desiciones.
Además nos brindó la posibilidad de ver reflejados, en el juicio de las
personas que nos acompañaron, sus sentimientos hacia nuestra intervención. Todo este proceso se desarrolló a lo largo de algunos meses
teniendo siempre bien clara cuál era la pregunta eje que guiaba esta
búsqueda, es decir saber en qué medida algunas acciones planteadas
por la intervención y su metodología de ejecución habían afectado
de manera positiva o negativa el proceso de reubicación. Hubiéramos
podido aumentar el eje de la sistematización vista la amplitud de la
intervención en Tambo de Mora, pero nos ha parecido útil concentrar
nuestra atención en un tema particular, siendo el de los desplazados
un problema urgente para un país como el Perú, extremadamente sujeto a amenazas naturales y desastres socio-ambientales.
Así que con el objetivo de narrar los eventos relativos a la reubicación,
esclareciendo aquellos aspectos útiles o negativos de nuestra intervención y de la de otros actores interesados, presentamos en el primer capítulo un cuadro general de los eventos. Para facilitar la lectura
hemos considerado importante empezar por presentar los actores de
la experiencia narrada, cada uno protagonista en diversos momentos,
con el fin de especificar su rol en el contexto de las actividades de
rehabilitación y reconstrucción en Tambo de Mora. El capítulo sigue
con un recuento de los eventos y con una presentación general de la
intervención del proyecto, así como fue elaborada, para dar al lector
un marco de referencia sobre el mismo y permitir que entienda las
informaciones que se detallarán en los capítulos siguientes.
En el segundo capítulo encontramos un recuento de como se dio
realmente la intervención, con detalles de opiniones por parte de la
población que integran y complementan nuestro punto de vista. La
presentación está repartida en cuatro períodos referidos al proceso
/ 13
de reubicación para facilitar la lectura y la comprensión de los eventos que, siendo relativos a una situación posdesastre fueron sujetos a
cambios repentinos.
El tercer capítulo cuenta con una profundización de lo que se presentó en el capitulo anterior, con el objetivo de aclarar la pregunta eje y
la información presentada. Las reflexiones que surgen en este ejercicio son un intento de integrar los diferentes análisis que personal
del equipo y personas entrevistadas de la comunidad hicieron de los
hechos narrados.
En el último capítulo presentamos nuestras conclusiones y detallamos una serie de acciones que consideramos importantes tomar en
cuenta y ejecutar en una situación que tenga elementos de similitud
con la que estamos tratando en este documento. Esta lista de acciones es claramente referencial y limitada por el contexto mismo en el
cual está inscrita la sistematización; sin embargo consideramos que
esto no le quita el valor de lecciones aprendidas replicables en otros
contextos, y nos parece el principal motivo por el cual accedimos a la
publicación de la experiencia.
Finalmente por un lado queremos resaltar que esta intervención no
hubiera sido posible sin el compromiso y el aporte profesional y humano de todos los miembros de equipo (personal extranjero, de Lima
y de Tambo de Mora) que han desarrollado las actividades del proyecto en situaciones no siempre fáciles y/o adecuadas; por otro lado,
sin el apoyo de la comunidad (población, instituciones y autoridades),
hubiera sido más complicado solucionar los problemas que se presentaban día tras día y llegar a reflexionar de manera profunda sobre
lo acaecido.
Por este motivo aprovechamos estas últimas líneas para agradecer
a todos los que en medida mayor o menor han contribuido al desarrollo del proyecto; nos referimos principalmente a las familias que
integraban la UPIS Nuevo Calle Nueva, las principales beneficiarias
de la intervención. Su cercanía y su apoyo han sido importantes para
nosotros, sea desde el punto de vista profesional sea desde lo humano. También agradecemos a los dirigentes de la UPIS, que nos han
ayudado a familiarizarnos con la comunidad y han sido siempre atentos a nuestras necesidades y pedidos laborales. Queremos también
señalar que sin la acogida y la disponibilidad del Gobierno Distrital y
14 /
del Alcalde no hubiéramos podido tener la posibilidad de ayudar a la
población ni de trabajar para el bien de la comunidad. Además queremos agradecer a toda la población de Tambo de Mora que, aunque
viviendo momentos díficiles con la emergencia antes y con el proceso
de reconstrucción después, nos ha transmitido siempre la fuerza de
reaccionar a los problemas y aquella sonrisa contagiosa que no ha
dejado de ser presente hasta en los momentos más tristes luego del
terremoto. Finalmente agradecemos al grupo que se ha dedicado a
sistematizar la experiencia conformado por algunos ex integrantes
del equipo de proyecto, guiados por la consultora Marilú Morgan y
ayudados en momentos específicos por algunos miembros de la comunidad de Tambo de Mora en la difícil tarea de recordar, analizar e
identificar lecciones aprendidas.
/ 15
Capítulo I
Los actores del proceso
de intervención
El distrito de Tambo de Mora, creado el 5 de febrero de 1875, tiene una
superficie de 32 km cuadrados y una población de 5 3271 habitantes y se
encuentra camino a la carretera Panamericana Sur; pertenece a la provincia de Chincha que cuenta con una población de 194 315 habitantes2
e históricamente fue un puerto muy importante con muchas actividades comerciales, entre ellas el envío del azogue hacia las minas de Potosí
y la trata de esclavos desde África. Actualmente parte de su población
(como en otras zonas de la provincia de Chincha) es de ascendencia africana, y también procedente de otras zonas internas de la sierra y del
norte de la costa. La composición étnicamente variada de la población
es un elemento a la vez enriquecedor de la comunidad, aunque en momentos de crisis puede desencadenar mayores conflictos entre la gente.
La mayoría de la población se dedica a rubros comerciales, a la pesca
industrial y/o artesanal. Como consecuencia del sismo y de la llegada
de la ayuda nacional e internacional, la comunidad de Tambo de Mora
aprendió a conocer diversos actores y a relacionarse con ellos de diferentes maneras; con el objetivo de entender mejor el desarrollo de los
eventos narrados presentamos algunos de estos actores, resaltando
sus características y funciones:
Según censo del INEI luego del teremoto. La respuesta solidaria en el Sur, ASPEm, Lima
2008, pag. 16.
1
INEI- Censo Nacional de 2007.
2
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Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora - Chincha
ONG ejecutoras del proyecto
El proyecto fue implementado por dos instituciones: ASPEm (Asociación Solidaridad Países Emergentes), una ONG italiana creada en Cantú
desde una experiencia de vida cristiana y APY (Solidaridad en Acción)
una fundación creada inicialmente en 1989 en España para la acción
solidaria con el pueblo yugoslavo que se encontraba en situación de
guerra. El equipo estuvo presente en la zona por toda la duración del
proyecto y contaba con un coordinador de campo, una psicóloga, una
trabajadora social, una abogada, una educadora, un ingeniero, dos
maestros de obra, seis promotores y promotoras de campo, un voluntario italiano del servicio civil internacional y un almacenero.
Organizaciones de la población
La Junta Directiva de la Unión Popular de Interés Social (UPIS)
Nuevo Calle Nueva representó a las familias desplazadas de Calle
Nueva que antes vivían en la parte baja del distrito, a la orilla del
océano. Al momento del sismo la asociación era vigente y se activó
de manera fuerte en el momento en que las familias perdieron sus
viviendas; mientras estaban asentados en el albergue, la junta directiva contactó a los representantes locales de las instituciones ASPEm y
APY solicitando apoyo para la reconstrucción.
La Union Popular de Interés Social (UPIS), Nuevo Calle Nueva estaba conformada por alrededor de 360 familias de vecinos damnificados y desplazados; ellos vivían de la pesca industrial y de la pesca
artesanal. Pertenecían principalmente a las tres calles más golpeadas
por el terremoto: Benavides, Alfonso Ugarte y Sol y Mar. Se alojaron
con otras familias damnificadas por más de un año en un albergue,
y la mayoría de ellas emprendió desde setiembre del 2008 el lento
traslado al nuevo terreno.
La Asociación Pro-Reconstrucción, estaba constituida por algunas
familias que habían regresado a la parte baja del distrito, la zona
más golpeada por el terremoto; estas familias habían ocupado sus
antiguos sitios después de una breve y sufrida permanencia en el
albergue.
18 /
Otros actores locales
La Municipalidad Distrital de Tambo de Mora, tenía como alcalde
al señor Domingo Farfán González, reelegido por segunda vez poco
antes del terremoto. El concejo municipal colaboró desde la etapa de
emergencia con la conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)3 y apoyó las actividades del proyecto de reconstrucción.
Entre las diferentes acciones que ayudó a desarrollar, señalamos el
rol que tuvo en organizar las reuniones con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la junta directiva de la UPIS para agilizar la reubicación de las familias desplazadas a un nuevo terreno.
La Municipalidad Provincial de Chincha, tenía como alcalde al ingeniero José Navarro Grau y su mayor aporte fue ayudar en la identificación del terreno de ocho hectáreas utilizado para reubicar a las
familias desplazadas de Tambo de Mora.
La Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en el cercano distrito de
Chincha Baja fue el ente religioso con el cual se coordinaron algunas
actividades relativas al trabajo con los niños, niñas y adolescentes y
facilitó un espacio en el nuevo terreno para ubicar una ludoteca para
los menores.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo
objetivo principal es fortalecer las capacidades del Estado peruano y
apoyar en situaciones de crisis, impulsaba reuniones de coordinación
entre ONG locales e internacionales con el objetivo de informar sobre
su intervención en la provincia, conformar alianzas estratégicas y no
duplicar esfuerzos. Ya desde el periodo de emergencia se venía dando
Según el Sistema Nacional de Defensa Civil, el COE es un lugar en el cual se reorganizan
los recursos locales (autoridades, grupos de base, referentes de colegios, referentes de
salud, gobernación, etc.) para la respuesta a la emergencia incipiente en situación de
posdesastre. Según el Manual Impacto Socieconómico y Ambiental del Sismo del 15 de
agosto, el COE “es el área física que emplea el Comité de Defensa Civil para exhibir y consolidar las evaluaciones de daños, necesidades y la información de las acciones que permiten coordinar, dirigir y supervisar las operaciones para la atención de la emergencia”
(pag. 28). A nivel local, el COE es presidido por el alcalde distrital, principal responsable
de las acciones que se implementan.
3
/ 19
este tipo de articulación interinstitucional a través de su Oficina para la
Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA, por su sigla en inglés).
En algunos momentos el PNUD otorgó el espacio para las reuniones entre Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cofopri, municipalidad distrital, ASPEm y APY, y los representantes de la comunidad.
Los organismos del Estado
Fondo para la Reconstrucción Integral de las provincias del Sur
afectadas por el terremoto (FORSUR), fue el organismo creado para
la reconstrucción de las provincias destruidas por el terremoto. Implementó una oficina en Chincha (en el centro cultural del distrito)
cuyo equipo participó en algunas reuniones de coordinación para
planificar la respuesta de reconstrucción en Chincha. Su mayor aporte fue en la parte inicial de la experiencia pues logró la identificación
del terreno; sin embargo con el pasar del tiempo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cobró protagonismo y su rol fue
disminuyendo.
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI),
es el organismo con el cual se coordinó para actividades puntuales.
Fue protagonista de una serie de censos en la parte baja del distrito
para detectar el real número de la población afectada y se ocupó de
confrontar sus datos con la lista de familias por reubicar presentada
por la municipalidad distrital y la junta directiva, en el marco del proceso de reubicación de las familias desplazadas.
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es el organismo rector y ejecutor del sistema nacional de defensa civil (SINADECI)4; este
último es el conjunto de organismos del sector público y no públi-
Hay que considerar que al momento de los hechos la ley que reglamentaba la respuesta
en situación de emergencia era la Nº 19338 que institucionalizaba el sistema de defensa
civil. Actualmente esta ley ha sido sustituida por la ley Nº 29664 del 8 de febrero de 2012,
que crea el sistema nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (SINAGERD) y que tiene
como objetivo identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y evitar la generación
de otros riesgos para la población y las instituciones.
4
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co, normas y recursos que tienen como objetivo la protección de la
población en caso de desastre. El SINADECI está conformado por los
gobiernos regionales, los comités regionales, provinciales y distritales
de defensa civil, las oficinas regionales, provinciales y distritales así
como las de los sectores, instituciones y empresas del Estado. Son estas oficinas las encargadas de prestar la primera respuesta frente a la
emergencia. En nuestro caso INDECI participó en la parte inicial de la
emergencia ayudando a los damnificados y encargándose entre otras
cosas del otorgamiento del certificado de Damnificado-Beneficiario;
este certificado reconocía el daño sufrido por las familias afectadas y
les permitía acceder a las reparaciones.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, fue el representante del Estado más activo en Tambo de Mora e impulsó la reubicación de las familias; se ocupó de la adquisición del terreno (S/. 720
000)5 para la reubicación y garantizó la construcción de módulos de
drywall en cada lote destinado a la familia. Tuvo parte activa en la coordinación con el municipio distrital y la junta directiva para la elaboración de la lista de familias por reubicar, se ocupó de la habilitación
y saneamiento físico-legal del terreno hasta su lotización e impulsó
el sorteo (distribución de los lotes a cada familia reubicada). Con el
Ministerio se coordinó para la construcción de las 80 (después 112)
viviendas de quincha mejorada en el nuevo emplazamiento.
El terremoto y sus consecuencias en la población
El terremoto del 15 de agosto de 2007 provocó daños muy serios a la
población y a la infraestructura en el sur. Específicamente, en la región
Ica alrededor del 73% de la población resultó afectada6; un total de
110 873 viviendas fueron destruidas o resultaron inhabitables, significando así el 56% de viviendas de la región con algún tipo de daño.
En este contexto la comunidad de Tambo de Mora en la provincia de
Impacto Socioeconómico y Ambiental del Sismo del 15 de agosto, INDECI, Gráfica Industrial Alarcón S.R.Ltda, Lima Perú 2011, pág. 83.
5
Según censo del INEI - Censo nacional 2007.
6
/ 21
Chincha fue una de la más afectadas, por sus particulares características geográficas. Por la intensidad del sismo, sus servicios básicos colapsaron y sus viviendas fueron destruidas; en la zona a la orilla del
océano, el mar y las infiltraciones de agua del subsuelo arrasaron con
todo, obligando a cientos de familias a huir de sus casas en busca de
un refugio y protección. Este suceso dejó un saldo aproximado de 860
viviendas destruidas, 419 familias afectadas, 853 familias damnificadas7.
La zona más golpeada del distrito fue la parte baja, donde albergaba la
plaza de armas y las tres calles principales, Benavides, Alfonso Ugarte y
Sol y Mar. Otras zonas destruidas a la orilla del mar fueron el Cercado, La
Marina, Cruz Verde, y el muelle viejo; hasta el lugar donde estaba ubicada
la cárcel del distrito que se derrumbó casi totalmente. Se afectaron en parte las calles José Olaya y Dos de Mayo, las arterias que conectan la parte
baja del distrito (desde la Plaza Italia) con la parte alta; en esta última se
encuentran la cancha deportiva Miguel Grau, frente al colegio homónimo,
las viviendas de la Unión Popular de Interés Social (UPIS) Vilma León y la
zona de San Luis, camino hacia el distrito contiguo de Chincha Baja.
Precisamente en la cancha deportiva Miguel Grau, frente al colegio, la
mayoría de los damnificados encontró refugio los primeros días tras el
terremoto y allí se atendieron a las familias aterrorizadas por el susto,
el frío y el hambre. En la parte baja el movimiento sísmico había destruído la mayoría de las viviendas y el terreno de las calles Benavides,
Alfonso Ugarte y Sol y Mar había sufrido una licuefacción8 por efecto
de las ondas sísmicas y de la composición del subsuelo, provocando
el hundimiento de las mismas viviendas hasta a uno o dos metros de
altura. Con el pasar de las semanas buena parte de los desplazados,
no pudiendo regresar a sus antiguas viviendas, invadieron un terreno privado, contiguo a la UPIS Vilma León, y se establecieron en esta
La Respuesta Solidaria en el Sur – Intervención de emergencia en Tambo de Mora 2007,
Perú 2008, pág. 49.
7
Definimos como licuefación la transformación de un suelo granulado en estado licuado a
efecto del sacudimiento producto del terremoto. Generalmente el suelo es conformado
por arena y a mayores infiltraciones de agua mayor riesgo.
8
22 /
zona más protegida, esperando mejores condiciones y armando refugios improvisados con el material que tenían. Es así que en el terreno
empezó a conformarse de manera espontánea un albergue.
Con el pasar de los meses la mayoría de los damnificados seguía viviendo en el albergue que hospedaba entre otras, muchísimas familias de las tres calles de la parte baja. La mayor parte de las personas se
dedicaba a buscar trabajo y hacer largas colas para recibir las donaciones que se distribuían en la zona. Afortunadamente algunas empresas que operaban alrededor del distrito habían retomado a funcionar
y quien no se dedicaba al trabajo en fábrica trabajaba como taxista
de colectivos en la ruta Tambo de Mora-Chincha-Tambo de Mora.
Lamentablemente si desde el punto de vista económico los trabajos
informales y las donaciones permitían sobrevivir, desde el punto de
vista social las cosas no eran tan fáciles. La coexistencia en el albergue
no estuvo exenta de dificultades e incomprensiones entre las familias,
lo que ocasionó que algunas regresaran a la parte baja del distrito,
aún cubierta de los escombros.
En este período empezaron las coordinaciones para la reubicación de
las personas y para comprobar su condición de damnificados a través
de los documentos correspondientes. Algunos actores sociales entre los
cuales se señalaban la municipalidad provincial de Chincha y FORSUR
aseguraron la identificación y compra del terreno para reubicar a los
damnificados. De esta forma se impulsó la compra de un terreno privado de ocho hectáreas llamado fundo “Lechuza” y ubicado al costado del
mismo albergue. Una vez comprado el terreno cobraron siempre más
importancia los necesarios trámites legales para obtener la adecuada
reparación y disponer la reubicación de las familias damnificadas9.
La reparación consistía en una indemnización para el predio destruido que facilitaba un
canje de terreno; los damnificados podían dejar el lote ubicado en el terreno destruido
a cambio de un nuevo lote en un terreno más seguro. Para poder acceder al canje de
terreno las familias debían demostrar haber sido dañadas por el terremoto, es decir tener
un certificado de Damnificado Beneficiario otorgado por Defensa Civil (luego por la municipalidad distrital) que demostraba su posesión del predio destruido y su consecuente
afectación.
9
/ 23
Las familias reconocidas como tales, tenían derecho a reubicarse en
lotes de 108 metros cuadrados, trazados en el nuevo emplazamiento;
este procedimiento se desarrollaba dentro de un marco referencial de
indemnización10 de las familias damnificadas por la vivienda perdida.
En esta etapa del proceso ingresaron diferentes actores como COFOPRI, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la
municipalidad distrital, el equipo de proyecto, las asociaciones de representantes comunitarios, entre otras11. Entre los diferentes actores
se llevó a cabo la coordinación con la comunidad y la reubicación de
las familias que querían canjear su terreno de origen con el nuevo lote
de la futura urbanización. El Estado, representado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ocupó de asegurar la habilitación del terreno recién comprado y la organización del sorteo de
los lotes, así como se comprometió en entregar títulos de propiedad y
construir por cada lote un local en material de drywall.
Fue en este entonces que empezaron coordinaciones12 más eficaces
entre la institución ASPEm y el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para permitir la construcción de las viviendas de quincha
(actividad considerada dentro del proyecto) en el terreno comprado
para la reubicación de los damnificados. Durante estas negociaciones
se presentó el proyecto “Refuerzo de la acción social y comunitaria
para la reconstrucción de Tambo de Mora” al Ministerio y se acordó su
implementación a beneficio de los pobladores afectados. Desde este
momento la gestión del proyecto se cruzó con el destino del terreno
y su habilitación para recibir a las familias.
Sobre el marco de indemnización aportaremos mayores informaciones en la nota 13 del
presente capítulo.
10
En el siguiente capítulo se detallará el aporte de cada una de estas instituciones en la
reubicación de las familias damnificadas.
11
Cuando se decidió reubicar a todas las familias de la parte baja en un terreno grande y
construir una nueva urbanización nos pareció adecuado negociar con las autoridades
nuestra participación para así: 1) enmarcar la intervención internacional dentro de una
colaboración eficaz con el país hospitalario y dirigida a sus objetivos y prioridades; y 2)
no propiciar la separación de los 80 beneficiarios del proyecto de sus vecinos y familiares
que se reubicarían en el terreno comprado por las autoridades nacionales.
12
24 /
Mientras tanto los representantes de la población que quería reubicarse y la municipalidad distrital coordinaban diariamente para elaborar la lista de familias a reubicar, la cual una vez terminada fue
entregada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y
confrontada con la información de COFOPRI. Para lograr este objetivo cada zona se hizo representar por sus dirigentes, siendo la asociación Nuevo Calle Nueva, oportunamente asistida por el equipo de
proyecto, la primera a negociar con la municipalidad distrital las condiciones de la reubicación. Sin embargo el proceso fue difícil debido
a la variabilidad del contexto y a algún problema de planificación de
las actividades dirigidas al logro último de reubicar las familias; por
lo dicho no eran raros momentos de fuerte crisis y tensión entre los
actores. Las difíciles condiciones de vida en el albergue y la relación
entre las familias y con las autoridades fueron motivo de nerviosismo
y se presentaron algunos inconvenientes camino a la reubicación.
Los primeros refugios otorgados por el Estado y construidos de
drywall se entregaron al primer grupo de familias reubicadas en una
ceremonia pública el 15 de agosto de 2008. Desde esa fecha y según
el ritmo de elaboración y aprobación de las listas de familias a reubicar, las familias damnificadas pudieron reubicarse en el nuevo emplazamiento; sin embargo el rol de las autoridades nacionales fue muy
activo hasta la entrega del título de propiedad del nuevo lote y de las
llaves del local de drywall, mientras que empezó a disminuir a partir
del traslado de las familias al nuevo terreno y de su organización, considerándolo más como un asunto personal que como una actividad
en la cual era necesario proteger la población afectada.
En este entonces algunas familias, que ya habían regresado a la parte
baja, decidieron definitivamente renunciar a la reubicación, aunque
la zona donde residían se consideraba inhabitable por características
del suelo; pero su decisión fue causada principalmente por su inconformidad con el criterio de compensación utilizado que no estaba
considerando un justiprecio13 para el canje del terreno así como por
En este caso el justiprecio está en relación al metraje del terreno; sin embargo mediante
el D.S. Nº 13-2008-Vivienda se estableció un marco legal sobre reubicación y adjudica-
13
/ 25
las condiciones de vida, sea en el albergue que en el nuevo emplazamiento, que inicialmente no garantizaba una estadía digna.
Mientras tanto las familias que se iban reubicando se adaptaron a las
condiciones de vida del nuevo emplazamiento, caracterizado por servicios básicos temporales no siempre operativos y dificultades típicas
de un pueblo joven. Los baños públicos y las fuentes ubicadas alrededor del terreno no tenían un aprovisionamiento hídrico continuo y su
uso no estaba bien regulado siendo la demanda mucho mayor de la
oferta temporal. Por el motivo que el solo módulo de drywall no permitía hospedar a toda la familia, los pobladores empezaron a construir refugios temporales con los pocos medios disponibles. Debido
a esta situación se reproducieron en parte los problemas de higiene
y seguridad existentes en el albergue. La lenta incorporación de las
familias, sin programación y cronograma para planificar bien la reubicación, creó cierta confusión; no facilitó un entendimiento común
sobre los problemas por enfrentar en el nuevo emplazamiento y no
permitió vivir en un asentamiento con servicios definitivos, es decir
hubo diferentes desfases en el proceso de urbanización. Las familias
vivieron en piel propia el lento avance del proceso que finalmente los
ción para las familias damnificadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007, norma
que encargó – con esos fines- a COFOPRI el saneamiento físico legal de los terrenos. La
norma en mención hablaba de permutar los bienes inmuebles afectados por otros de
propiedad del Estado, pero remitía para los procedimientos a lo contenido en el D.S.
Nº 013-99-MTC, el cual en su artículo 21 establece que los sujetos a beneficiar con la
reubicación que ya contase con título de propiedad, debían previamente transferir a título gratuito sus lotes a COFOPRI, el que debía evaluar el riesgo y la antigüedad, pero
además la carga familiar a fin de reubicar adecuadamente. Ambas normas devinieron
en insuficientes para atender la necesidad sobreviniente de los damnificados, al no dejar claro el procedimiento para los poseedores que podían formalizarse, pero además,
porque revelaban una delicada incongruencia: la primera hablaba de permuta, y la segunda de transferencia gratuita (figuras cuyas diferencias resultan muy relevantes). Si
bien las propiedades se depreciaron luego del desastre, hubiera sido mejor establecer
un modo de justipreciarlas y no imponer su entrega gratuita, no sólo para compensar
adecuadamente por lo perdido, y dar solución al tema habitabilidad, sino para ayudar
a recomponer la relación de los ciudadanos con su Estado, evitando la agudización del
sentimiento de injusticia y desamparo. Lamentablemente los lotes adjudicados tuvieron
un área estándar que no consideró la carga familiar, ni la multifamiliaridad consuetudinaria en el uso de los bienes, ni el valor del bien perdido. Es evidente que un justiprecio
es un supuesto inevitable para una real compensación luego de un desastre.
26 /
llevó a tener servicios definitivos de luz, agua y desagüe; sin embargo
el camino fue largo, sobretodo en el caso de la reconstrucción de las
viviendas, promovida a través de las subvenciones de los programas
estatales y vinculada a los tiempos y objetivos de las empresas constructoras y no tanto a las necesidades de la población damnificada.
También en este caso, se evidenció la ausencia de actores estatales
que pudieran controlar el cumplimiento y la calidad de estos avances y la falta de mecanismos de quejas que pudieran retroalimentar
y garantizar una resolución compartida de los inevitables conflictos
generados durante la reconstrucción.
La fuerza de lo inesperado y la intervención en emergencia
Como hemos ya mencionado, la destrucción causada por el terremoto
motivó la intervención de diferentes instituciones en las zonas afectadas, que plantearon acciones de respuesta inmediata a las necesidades de la población; en la fase de emergencia la ONG italiana ASPEm
en colaboración con la fundación española para la cooperación APY
Solidaridad en Acción, decidieron aunar esfuerzos e implementaron
el proyecto14 “Intervención de Emergencia en Tambo de Mora 2007”
con el financiamiento de la Junta de Andalucía.
Hasta este momento la ONG italiana ASPEm había desempeñado un
rol protagónico ayudando desde el 17 de agosto de 2007 a la población de Tambo de Mora con la entrega de alimentos y con la organización del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en colaboración
con la municipalidad distrital. Su actividad se concentró en la gestión
del centro para atender las necesidades de la población, organizar la
entrega de las donaciones recolectadas y promover la auto-organización comunitaria en grupos distribuidos por zonas. La gestión de los
recursos del COE implicaba la participación activa de la población en la
Un recuento de la intervención en emergencia se encuentra en el libro “La respuesta
solidaria en el sur – Intervención de emergencia en Tambo de Mora 2007”, Lima, 2008. No
trataremos en lo específico esta intervención por ser exhaustivamente presentada en el
libro mencionado; sin embargo hay que señalarla para poder entender el desarrollo de
las actividades que se implementaron en el contexto de intervención.
14
/ 27
entrega de los mismos así como en el reciproco control sobre el correcto cumplimiento de las actividades; la metodología participativa implementada en los primeros meses de emergencia en las actividades
de ASPEm ayudó a reorganizar la situación y dar ánimo a los afectados.
La fundación APY Solidaridad en Acción venía trabajando en otras zonas del Perú y tenía una experiencia consolidada en intervenciones de
emergencia y reconstrucción. El encuentro entre las dos instituciones
y la urgencia de la situación motivaron la ejecución del primer proyecto de emergencia, que tuvo una duración de tres meses (desde el
15 de octubre al 15 de diciembre de 2007) y cuyas acciones estaban
orientadas a responder a las necesidades básicas de la población, tales
como:
•
Vivienda y abrigo: se realizó la entrega de módulos temporales de vivienda y kits humanitarios con frazadas, colchones, linternas. Además letrinas para la población en los albergues.
•
Alimentación: se realizó la entrega de alimentos de manera
racionada y planificada a los comités de vasos de leche y a
las ollas comunes15.
•
Asistencia y contención psico-emocional a los pobladores,
sobre todo mujeres, niños, niñas y adolecentes.
“Los comités del vaso de leche” y las “Ollas comunes” son asociaciones comunitarias integradas por ciudadanos con el objetivo de garantizar el aprovisionamiento de recursos
alimentarios a las familias más pobres. En algunos períodos de la historia del Perú fueron
elementos de una estrategia de sobrevivencia en situaciones de fuerte pobreza; actualmente el vaso de leche es un programa social dirigido a niños de 0 a 5 años mientras las
Ollas comunes no reciben ayuda continuamente por las autoridades pero siguen como
expresión de solidaridad comunitaria.
15
28 /
A estas acciones se sumaron otras que buscaban mitigar los riesgos
de propagación de enfermedades debido a la ausencia de los servicios básicos de agua y saneamiento. Sin embargo, conscientes de
las evidentes necesidades de los pobladores que ya habían vivido la
etapa de emergencia y empezaban a denunciar dificultades típicas
de una situación de posdesastre, se decidió aceptar el pedido de la
comunidad y proponer un proyecto de reconstrucción orientado a facilitar el restablecimiento del funcionamiento normal y la defensa de
los derechos, contribuyendo a la rehabilitación de servicios esenciales
y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
De este modo, el proyecto, financiado por la Junta de Andalucía y desarrollado entre marzo 2008 y abril 2009 quiso contribuir a la reconstrucción física, psico-emocional y social de Tambo de Mora, apoyando
específicamente a la población de las calles Benavides, Sol y Mar y
Alfonso Ugarte, que se habían constituido en la asociación Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) Nuevo Calle Nueva. Se decidió
priorizar a este grupo poblacional debido a que en su conjunto se
vio forzado a abandonar su zona de residencia y trasladarse a los albergues temporales a la espera de la reubicación, ya que el terreno
donde residían fue declarado como zona no habitable. Cabe resaltar
que desde un comienzo la elaboración del proyecto nace como el encuentro entre una necesidad evidente y específica soportada por un
pedido oficial de la asociación y una disponibilidad de recursos humanos y económicos por parte de instituciones extranjeras al servicio
del bienestar de la comunidad.
Este proyecto tuvo como eje central la reconstrucción de una vivienda
segura, mediante acciones que abarcaron todos los factores concernientes el problema, como la asesoría para la compra de terreno para
reubicarse, el acceso a los subsidios estatales, la asesoría legal para
la compensación, la capacitación de mano de obra, la prevención de
riesgo, y el acompañamiento psicológico y social en el proceso, con
especial atención a la población más vulnerable, mujeres, niños, niñas
y adolescentes. Las líneas de desarrollo de las actividades fueron las
siguientes:
/ 29
Línea 1: Construcción de 80 viviendas de quincha mejorada16
para las familias más vulnerables del colectivo UPISNuevo Calle Nueva
En el marco de esta línea de acción se tomó contacto con las familias
damnificadas inscritas en la UPIS Nuevo Calle Nueva y se empezó un
proceso para evaluar e identificar a las más vulnerables, que se beneficiarían con las viviendas. Todo el proceso se realizó cuidando la
transparencia, en conjunto con los representantes populares y la organización; este proceso consistió en la aplicación de fichas a la población para recoger informaciones sobre sus condiciones sociales y
económicas actuales y su estado de damnificado; así se pudo definir
listas de familias que podían tener acceso a la vivienda (preseleccionados) y finalmente beneficiarios finales. La población también tuvo
un rol activo realizando observaciones a las listas de preseleccionados
y eligiendo sus representantes para la labor del comité evaluador que
se encargó de la elección de los beneficiarios finales.
Como resultado, se seleccionaron a 80 familias beneficiarias y 14 familias alternativas o suplentes, para el caso que alguna de las primeras
encontrara problemas relacionados con aspectos legales o de otro
tipo. Al cierre del proyecto no solo se logró la construcción de las 80
viviendas propuestas, sino que se adicionó otras 32, logrando un total
de 112 familias beneficiadas.
Línea 2: Asesoramiento legal para la reubicación y el acceso a
ayudas oficiales de tipo estatal para la reconstrucción y
rehabilitación social y económica
El sismo del 15 de agosto no sólo puso en evidencia la precariedad
constructiva de las viviendas sino también una informalidad difusa
con respecto a la titularidad de los predios; muchas viviendas no con-
16
La construcción con la metodología de la quincha mejorada prevé la edificación de viviendas seguras, con esqueleto, base y columnas de cemento. Las paredes son constituidas de material llamado quincha, es decir láminas de caña entrelazadas entre ellas y
mezcladas con barro y paja. La metodología fue propuesta no sólo por el bajo costo y la
alta accesibilidad en un momento de emergencia, sino por la fácil replicabilidad y la contextura del material que garantizaba leves daños en caso de otros movimientos sísmicos.
30 /
taban ni con título de propiedad, ni con certificado de posesión y los
autodefinidos propietarios habían aplicado unas subdivisiones internas distribuyendo a sus hijos (con sus respectivas familias) partes del
predio; en algunos casos los mismos predios eran parte de una herencia o de compras no declaradas de los terrenos. A la hora de la obtención de la constancia de Damnificado Beneficiario, muchas familias se dieron con la sorpresa de no poder acceder a este documento
por la falta de la documentación relativa al pasaje de propiedad; por
supuesto estas familias nunca procuraron obtener la documentación
por no creerla necesaria a fin de demostrar su arraigo en la zona.
Este componente diseñado en un primer momento para facilitar el saneamiento legal de los terrenos17 y otros trámites relacionados con la
reubicación de los beneficiarios y la reconstrucción, en un segundo momento se orientó principalmente a la atención legal individual para las
familias que querían demostrar su estatus de damnificados para acceder
a las subvenciones estatales y además se asesoró la junta directiva de
la UPIS Nuevo Calle Nueva durante las reuniones con la municipalidad
distrital y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobre
el tema de la reubicación de las familias en el nuevo emplazamiento.
Durante la ejecución del proyecto se logró asesorar a un total de 149
familias (la mayoría pertenecientes a la UPIS Nuevo Calle Nueva) y se
dio seguimiento a sus procesos legales sobre todo con el objetivo de
permitirles acceder a la reubicación; claramente un esfuerzo sustancial fue desarrollado hacia las familias que habían sido beneficiadas
con la construcción de la vivienda de quincha mejorada. La labor con
ellas fue orientada principalmente a informarlas, solucionar sus trámites legales y presentar sus demandas frente a las autoridades; casi
el 90% de las familias beneficiadas por el proyecto encontraron una
atención legal preferencial para asegurar su reubicación o subsanar
sus documentos en el caso fuera necesario.
17
La opción de reconstruir en el terreno recién comprado, habilitado y ya saneado físicolegalmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos permitió concentrar la asesoría legal sobre asuntos relativos al acceso a la reubicación por parte de las
familias damnificada.
/ 31
Línea 3: Capacitación en técnicas de construcción con quincha
mejorada para la autoconstrucción de viviendas
La línea de capacitación consistió en involucrar a las familias damnificadas en la misma reconstrucción de sus viviendas; ella se desarrolló de acuerdo a la migración de las familias al terreno, y se realizó
a través del dictado de talleres teóricos y prácticos de construcción
con la metodología de la quincha mejorada a grupos de familias que
aplicaban los aprendizajes en la reconstrucción de su vivienda, bajo
la asesoría de ingenieros y maestros de obra. Esta actividad tuvo repercusiones no solo desde el punto de vista del desarrollo de capacidades sino también desde el punto de vista psicológico y económico:
permitió afirmar la labor de la mujer dentro del proceso de reconstrucción así como otorgar protagonismo a las familias damnificadas
promoviendo y visibilizando su aporte en la reconstrucción; favoreció
el trabajo cooperativo entre familias del vecindario para la optimización de los recursos en algunas etapas de la construcción; contribuyó a la construcción de nuevos lazos sociales o al reforzamiento de
antiguas amistades extraviadas por el desplazamiento; promovió el
trabajo conjunto en el núcleo familiar, otorgando un espacio nuevo y
productivo donde propiciar el reencuentro entre padres e hijos; sirvió
para dar más oportunidad de empleo a los pobladores y reducir la
brecha de género en el caso de las mujeres, ya que muchos de los y
las participantes de las capacitaciones fueron contratados, luego, por
otras familias para prestar servicio y apoyar con su experticia.
Al final de la intervención se pudo contabilizar 292 personas capacitadas (entre ellas más del 50% fueron mujeres) en la metodología del
proceso constructivo.
Línea 4: Acompañamiento psicosocial de la población infantil y
adolescente
Esta línea de trabajo marcó una continuidad con la labor ya implementada en la etapa de emergencia en que contábamos con cinco
módulos lúdicos para la atención psicosocial a niños y niñas, ubicados
en zonas diferentes del distrito. En esta línea particularmente, la labor
fue desarrollada por un equipo de promotores locales asesorados por
una educadora y una psicóloga y tuvo como objetivo mejorar las con-
32 /
diciones de vida de los niños y niñas, proporcionando un lugar tranquilo donde pudieran jugar y aprender de manera lúdica y grupal. Se
instalaron tres ludotecas en diferentes zonas según las necesidades
de las familias damnificadas y sus desplazamientos dentro del distrito
y se plantearon actividades con diverso matiz, según los momentos
vividos por los niños y las niñas en las diversas etapas de la reconstrucción.
Si en la primera etapa de la intervención nos concentramos en coordinar con los centros educativos para evitar la dispersión escolar y
proporcionar un espacio lúdico a los niños y niñas para favorecer su
equilibrio emocional, en la última etapa se implementaron las ludotecas en el nuevo emplazamiento y se trabajó la adaptación de los
menores al nuevo contexto de vida. En algunos casos se impulsó la
participación de los padres de familias para darle la posibilidad de reconstruir espacios de relación con sus hijos.
A lo largo del trabajo, se identificaron en los niños y las niñas que frecuentaban con cierta regularidad los talleres unos cambios positivos
en su conducta, como una mayor empatía, la comprensión y expresión de sentimientos, la tolerancia y adaptación al entorno, la capacidad paulatina para resolver conflictos; en general se señalaron comportamientos de tipo cooperativo, una mayor tolerancia y altruismo
entre ellos. Las mejoras fueron resaltadas también por parte de los
padres y ellos mismos reconocieron la importancia de la participación
de sus hijos en este tipo de espacio a lo largo de los años de intervención. Las actividades dirigidas a los menores incluyeron los talleres de
identidad cultural en la zona de Cruz Verde (zona de fuerte presencia
afro-descendiente), donde se fomentó la reactivación de grupos de
música y baile conformados por niños, niñas y adolescentes como
estrategia de recuperación de su cultura a través de la revaloración
de sus raíces y de su historia; en el marco da la coordinación con los
centros educativos de la localidad, como la IE San Martín (Cruz Verde)
y la IE Juan XXIII del cercano distrito de Chincha Baja, se organizaron
reuniones en la escuela de padres para tocar el tema de la violencia
familiar, agudizada por la situación de crisis y el hacinamiento que
padecían los pobladores en las viviendas temporales.
/ 33
En general en los módulos lúdicos se logró atender a 511 niños, niñas
y adolescentes de manera continua por toda la duración de la intervención; además se aseguró la participación del 89% (sobre 997) de
los alumnos del distrito en los colegios, evitando la dispersión escolar.
El restablecimiento de cierto orden en la organización de su rutina
diaria permitió que los asistentes a los módulos se adaptaran con mayor facilidad a sus nuevas condiciones de vida, en el distrito de Tambo
de Mora.
34 /
Capítulo 2
Desarrollo de la experiencia de apoyo a
la población afectada
En este capítulo presentamos el recuento de la intervención para informar al lector con respecto a las acciones que se implementaron y
a la metodología utilizada. Además se hará referencia a los eventos
del contexto y a las dificultades vividas por la comunidad a través de
testimonios de los mismos pobladores; estos testimonios están referidos principalmente a la reubicación de las familias desplazadas y a los
hechos previos que han determinado su desarrollo.
Para facilidad de comprensión hemos repartido el proceso de reubicación en cuatro etapas1:
1. Negociaciones para la compra del terreno (entre marzo y
mayo del 2008).
2. Espera para la reubicación, mientras el terreno es nivelado y
lotizado y las autoridades elaboraban la lista de beneficiarios
(entre junio y agosto del 2008).
Estas etapas responden a la necesidad de organizar los eventos y corresponden a lo
acaecido, es decir se fundamentan en la misma experiencia; de ninguna manera tienen
referencias con eventuales modelos teóricos relativos a un proceso de reubicación. Se
ha dividido así el proceso para facilitar el análisis de los aspectos personales, sociales y
políticos en cada momento.
1
/ 35
3. Desplazamiento no planificado y en parte desordenado de
las familias desplazadas desde el albergue al nuevo emplazamiento (entre agosto del 2008 y febrero del 2009).
4. Reorganización de la comunidad y seguimiento a los avances
del proceso de urbanización en el nuevo emplazamiento, denominado Nuevo Tambo de Mora (entre setiembre del 2008 y
abril 2009)2.
Primera etapa: la reubicación de los desplazados de
Tambo de Mora
En la intervención desarrollada a través del proyecto se ha priorizado
trabajar con los grupos más vulnerables, es decir ancianos, mujeres
y niños sobre todo. Esta preferencia responde a los criterios de intervención con población en situación posdesastre para asegurar un
acompañamiento constante a las personas más expuestas en situación de precariedad económica y social3.
Tenemos todavía viva en la memoria, la imagen de los niños y las niñas caminando por las calles desiertas del albergue en Vilma León o
en el mismo emplazamiento del Nuevo Tambo de Mora, entre las profundas zanjas excavadas en el terreno o las bolsas de basura tiradas
en cada esquina; jugando en la arena blanca del asentamiento, con la
ropa empolvada, los labios secos y las manos sucias. Recordamos a los
adolescentes que nos confiaban su preocupación e incomodidad por
las condiciones en que vivían, por deber compartir con los adultos los
espacios angostos de una carpa o de un refugio temporal fabricado
con estera y madera, por respirar una tensión constante en la familia
debido a la preocupación y a los inevitables reajustes económicos de
su canasta diaria.
Las etapas 2, 3 y 4 se sobreponen en diferentes momentos.
2
Ver la Guía del IASC (Inter-Agency Standing Comittee) sobre salud mental y apoyo psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes.
3
36 /
No podemos olvidar el sentimiento de culpa de los jóvenes, la sensación de impotencia que transmitían sus gestos y sus frases cortadas
a la mitad, por no poder ayudar a sus padres y finalmente por desconocer el futuro inmediato de su familia. Por otro lado tenemos bien
presente su activismo, la necesidad de apoyar a sus seres queridos
y ayudar en los momentos de mayor dificultad. En este contexto a
menudo los menores desarrollaban tareas no correspondientes a su
edad, exponiendose a peligros externos, y asumiendo responsabilidades por encima de sus mismas capacidades, llevando sobre sí toda
la carga afectiva de acciones vitales para la sobrevivencia familiar,
como vigilar el hogar o cuidar a los hermanos más pequeños.
Por otro lado la familia, que ya vivía un proceso de fragmentación de
las relaciones externas e internas, debido a la dificultad del momento, no transmitía ya seguridad y reparo, ni era fuente de ese equilibrio
emocional que ayuda a mantener un hogar tranquilo, por encima de
los acontecimientos externos. No debemos olvidar, por supuesto, que
son los adultos quienes dentro del hogar deben ayudar a los niños y
niñas en la difícil tarea de apropiarse de (dar sentido a) los eventos
externos y familiarizarse con ellos. Podemos definir esta labor como
capacidad de metabolización de la realidad y para niños muy pequeños es central la presencia de los adultos significativos para desarrollarla. Consideramos que en un contexto posdesastre determinado
por situaciones de inestabilidad, puede disminuir la aptitud del adulto
para desarrollar un rol de mediador de la realidad, por el motivo que
su atención se orienta hacia necesidades consideradas más urgentes4.
En situaciones de posdesastre el comportamiento humano responde a los principios de
la “pirámide de las necesidades humanas” del filósofo y psicólogo Abraham Maslow y
aspectos como las necesidades fisiológicas y la seguridad toman mayor importancia y
deben ser satisfechos antes que otros.
4
/ 37
Es absolutamente importante entonces estar presente con un programa de acompañamiento a los menores que tenga como objetivos
sostenerlos frente a una situación disruptiva5 y reorientar la atención
de la comunidad hacia sus necesidades y prioridades.
Cuando empezó la ejecución del proyecto, las familias damnificadas
ya llevaban ocho meses viviendo en el albergue. En la narración de las
personas involucradas, la reubicación empezó cuando, debido al terremoto la población buscó amparo lejos de sus viviendas, en zonas lejanas de la playa como son la loza deportiva Miguel Grau o los terrenos
descampados alrededor. Desde este momento se inició la odisea de las
familias que habían perdido sus casas y que debían pensar en cómo reconstruir sus vidas. La mayoría de ellas se asentó en un albergue, en un
terreno privado ubicado a la espalda de la UPIS Vilma León, al costado
de la avenida José Olaya.
El testimonio de las familias describiendo su experiencia de vida en el
albergue en esas primeras semanas, grafica horror y rechazo. Muchas
personas compartían el mismo estado de ánimo entre depresión e incredulidad, resumido en las palabras de una señora del albergue que
dijo: “tú vivías porque tenías que vivir”. Es decir, cada uno enfrentaba
el reto de estos días de manera automática, sin pensar, intentando
funcionar para ganar el pan de cada día, descuidando a los hijos pequeños y negando oportunamente la destrucción alrededor suyo. No
es improbable que esta actitud de rechazo y negación de la realidad
haya fomentado también la elección de algunos pobladores de regresar a la parte baja del pueblo, totalmente destruida por el movimiento
telúrico.
Las condiciones de vida en el albergue fueron muy difíciles, con precaria salubridad debido a escasez de agua; además había dificultad
para idenficar zonas donde botar los desechos, falta de servicios hi-
Citamos el término disruptivo a la manera del psicólogo y psiquiatra M. Benyakar que
se refiere con él a un evento y/o contexto que genere un cambio inesperado y de difícil
metabolización para el sujeto (adulto o niño). Véase “Lo Disruptivo”, M. Benyakar, Editorial
Biblos, Argentina, marzo 2003.
5
38 /
giénicos, inseguridad en las carpas y/o esteras utilizadas como refugio. Los perros merodeaban alrededor de las calles entre un refugio
y el otro, contribuyendo a la suciedad y al descuido del ambiente;
sin embargo las familias que sentían en piel propia la vulnerabilidad,
apostaron más por la seguridad de sus pobres carpas que por la higiene, manteniendo la cercanía con sus animales domésticos. En la
escala de las necesidades cobraron más importancia la seguridad personal así como la búsqueda de alimentos día tras día.
En este contexto la situación se tornó particularmente complicada,
sea por las condiciones de vida objetivamente difíciles, sea por la relación con personas extrañas, que no eran los vecinos habituales ni
en algún caso eran familias del mismo pueblo, visto que el terremoto
y la dinámica de las ayudas nacionales e internacionales habían generado en algunos casos desplazamientos de gente de las cercanas
provincias de Pisco y Lima6. Cada familia intentó organizarse como
pudo, armando pequeñas chozas, aprovechando piezas recuperadas
de las viviendas derrumbadas. Dentro de la vivienda temporal en que
vivía una misma familia había espacios muy reducidos y multipropósito que, a largo plazo no permitieron convivir tranquilamente y favorecieron el hacinamiento, con la consecuente pérdida de la propia
intimidad; compartir los lugares terminó siendo percibido como una
invasión por parte del otro al natural espacio personal, con la imposibilidad de expresarse como estamos acostumbrados a hacerlo en
nuestra dimensión más intima. Es así que la convivencia forzada en
situación de hacinamiento empezó a generar problemas entre los
miembros de la familia, relaciones dependientes o conflictivas7, y en
algunos casos ruptura parcial o total del vínculo. También se multiplicaron los casos de enfermedades de la piel y de los pulmones en la
En algunos casos las familias damnificadas eran visitadas por sus familiares de Lima o Pisco los cuales terminaban por quedarse con ellos, aunque generalmente no vivían con sus
familias de Tambo de Mora. Sería interesante saber cuántos de estos reagrupamientos
familiares fueron determinados por la natural necesidad de estar con los seres queridos
en una situación tan trágica y cuanto por la posibilidad de aprovechar la ayuda.
6
Nos referimos al miedo a la pérdida del otro que puede desencadenar una protección
excesiva (por ejemplo de los padres hacia sus hijos) o un conflicto abierto, en el caso haya
por la otra parte conductas de rechazo a esta actitud invasiva.
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/ 39
estación invernal; así como los focos infecciosos en verano. Niños y
mujeres fueron los que se llevaron la peor parte por mayor exposición
a la insalubridad de la zona.
Mientras tanto el contexto posdesastre seguía dictando de manera
improrrogable las necesarias pautas de sobrevivencia: mientras los
hombres buscaban trabajo durante el día, las mujeres se dedicaban a
integrar las largas colas para la distribución de los alimentos y los niños y niñas se quedaban a cuidar el lugar donde vivían para evitar los
reiterados hurtos y robos. En este período tanto los adultos como los
niños8 se dedicaron a recolectar alambres y fierros de los escombros
de las zonas derrumbadas, para venderlos por kilos y poder obtener
algo de dinero. Las ruinas de lo que fue el antiguo barrio en el cual crecieron, servían paradójicamente como medio para su supervivencia
mientras que, simbólicamente se alimentaba la sensación de perpetuar la destrucción de su propia antigua comunidad.
En el albergue por un lado se encontraban personas que reconocían
el esfuerzo que hizo desde un primer momento la asociación Nuevo
Calle Nueva con el objetivo de obtener la reubicación de las familias y
coordinar con las autoridades para agilizar los trámites correspondientes; por otro lado habían quienes señalaban que no todas las familias
damnificadas estaban de acuerdo con la reubicación y con el abandono del terreno de origen. Entonces, ya desde un primer momento podemos reconocer dos caminos alternativos, uno de los reubicados y
el otro de las familias que por decisión voluntaria volvieron al terreno
de origen, después de su experiencia en el albergue. Si los primeros
señalaron la rapidez con la cual el grupo de damnificados reactivó la
UPIS Nuevo Calle Nueva, los otros lamentaron la falta de información
con respecto a la necesidad de reubicarse en otro terreno. Lo interesante es que los dos grupos tuvieron una mirada muy parecida con
respecto a las condiciones de vida en el albergue, aunque su reacción
a esta vivencia fue diferente. Igualmente ellos evidenciaron tres dificultades básicas en su experiencia de convivencia en el albergue:
Los niños se dedicaban a esta actividad sobre todo porque aún no se regularizaban las clases.
8
40 /
•
La presencia de vecinos violentos.
•
Las condiciones insalubres del albergue.
•
Las prácticas no higiénicas en la vida cotidiana.
La relación entre personas fue un tema muy importante, en la medida
en que muchas familias tuvieron como vecinos personas en parte o
totalmente desconocidas, o con las cuales no tenían una relación muy
cercana. Al dolor de haber perdido la compañía de los vecinos habituales, se añadía la dificultad de negociar con extraños sus necesidades y sus espacios, así como la dificultad en implementar conductas
de vida conciliadoras y cooperativas. Si por un lado el terremoto como
evento que genera estrés, debilita los lazos sociales y el tejido ciudadano; por el otro disminuye también la confianza entre las personas y
la posibilidad de construir otros tipos de relaciones. En los contextos
menos controlados puede dar cabida en la ciudadanía a un estado
de anomia9 que justifica cualquier conducta indigna e irrespetuosa.
Todo esto no ayuda a responder adecuadamente en una situación tan
urgente, en la cual la colaboración es uno de los pocos recursos que
todavía perduran en la comunidad. Por este motivo hubiera sido importante tener una organización en el mismo albergue la cual hubiera ayudado a convivir con personas que hacen un uso diferente de los espacios
o que no respetan las normas de convivencia pacífica, sea por costumbre
personal, sea como consecuencia del estrés y del malestar generados por
un contexto posdesastre.
En el testimonio de los entrevistados se mencionó también el uso de
armas por parte de vecinos y gente desconocida, lo cual es una señal
más de la imprevisibilidad de la situación experimentada, en la cual
se puede estar en contacto con personas que pueden conducirse de
manera antisocial y/o sumamente peligrosa. La presencia de armas
de fuego, es evidencia de aquella violencia y anomia que el contexto
posdesastre facilita en el momento en que no hay una autoridad o
Definimos anomía, según la definición de la vigésima segunda edición del diccionario de
la Real Academia Española, como el conjunto de situaciones que derivan de la carencia
de normas sociales o de su degradación.
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un conjunto de actores que trabajan para garantizar el respeto de las
normas sociales a partir de la relación entre grupos. Si se termina con
aceptar la ley del más fuerte, las armas sirven para aumentar la distancia entre quién ejerce la fuerza y quién está sometido a ella.
“Había violencia, se peleaban con pistolas, por eso nos
regresamos”.
El tema de la organización del albergue incluye además otros aspectos por lamentar en la gestión del mismo, como la presencia de basura en las calles, en la quebrada del río, cerca de las casas donde vivían
algunas familias; la presencia de roedores, insectos y pulgas en las viviendas temporales y en los senderos llenos de polvo y barro. Sobre
todo la presencia de los insectos (moscas y cucarachas), a pesar de las
fumigaciones de la zona que se promovían periódicamente, generó
mucho malestar y miedo por las eventuales enfermedades que la población más expuesta, como los niños, las niñas y los ancianos podían
contraer. La presencia de heces en bolsas de plástico echadas al rio o
peor aún, “olvidadas” en los techos de los refugios, aumentó las posibilidades de contraer infecciones así como el deseo de no quedarse
un minuto más a vivir en estas condiciones.
“...yo me acostaba y debajo de la frazada echaba Baygón
para estar tranquila”.
Para muchos fue la suma de todas estas situaciones lo que generó
una respuesta impulsiva y resolutoria que los llevó a mudarse nuevamente al terreno de origen.
“Nosotros nos mudamos, cuando cayeron las moscas
en los platos de comida, mi esposo cogió las cosas, las
empaquetamos y ese mismo día nos fuimos abajo”.
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Entre noviembre del 2007 y febrero del 2008, movidos por el mismo
tipo de problemas (incomprensiones con vecinos, condiciones insalubres de vida, falta de servicios), 30 o más familias abandonaron el
albergue para volver al terreno de origen en la parte baja del distrito.
Mientras tanto en esta zona se habían tumbado las últimas viviendas,
y la Nueva Calle Nueva aparentaba el semblante de una ciudad bombardeada pues parte de los escombros seguían allí, para desanimar el
regreso de las familias. Sin embargo las condiciones de vida eran más
tolerables en la parte baja donde los lotes de terreno eran más grandes, el clima era más ventilado por la cercanía del océano, no había insectos, la presencia de ratas era controlada y las condiciones higiénicas en general eran mejores, dependiendo más del esfuerzo de pocas
familias en tener el ambiente limpio y no tanto de la cooperación de
muchos vecinos reacios a colaborar para un mayor orden y una mayor
limpieza del sitio. A diferencia del albergue no había problemas con
la basura sea porque el servicio de recojo era operativo en la zona,
sea porque algunos habitantes botaban la basura en áreas lejanas del
sitio donde estaban viviendo.
Si las personas que decidieron regresar al terreno de origen evidenciaron el malfuncionamiento del albergue así como las dificultades
que encontraron en su experiencia como refugiados, las familias que
se mantuvieron en el albergue, esperando reubicarse en el terreno
del Nuevo Tambo de Mora, prefirieron señalar episodios de solidaridad entre ellos para hacer frente a los problemas generados por las
difíciles condiciones de vida que padecían. Algunos testimoniaron
como habían personas que proporcionaban agua con manguera a las
familias del albergue Nuevo Sol y Mar10 y cómo se organizaron para el
aprovisionamiento del servicio energético, acordándose en grupo y
pagando una cuota mensual a una de las familias cercanas que repartía el servicio. Estos episodios demuestran por un lado las dificultades
encontradas y por el otro la actitud propositiva para solucionarlas de
manera colectiva.
Este era el nombre de una zona del albergue general.
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Sin embargo familias reubicadas y no reubicadas convergen también
en otros aspectos de su estadía en el albergue: principalmente en el
miedo probado cada día al pensar el ser desalojado por los propietarios del terreno, donde temporalmente se había constituido el albergue. La escasa garantía respecto de la permanencia en el terreno así
como los intentos fallidos por parte del gobierno regional de Ica de
negociar la compra del terreno para que los damnificados pudieran establecerse definitivamente, aumentaron la percepción de ser personas
sumamente desamparadas, y se expandió el miedo a que se realizara
lo que los rumores estaban amenazando: un desalojo forzado11.
Podemos pensar que también esta sensación de desprotección jugó a
favor de la decisión de regresar a sus terrenos en algunos, mientras que
en otros despertó una mayor predisposición a aliarse o buscar compañerismo para superar la dificultad encontrada. Cabe señalar que hasta
este momento no hubo una decisión definitiva por parte de la población sobre la reubicación. Es cierto que muchas familias abandonaron
el albergue para vivir en mejores condiciones de vida en el antiguo
terreno pero no estaban totalmente decididas a quedarse en la parte
baja. Más bien las familias que vuelven a su terreno son las primeras en
cuestionar algunos aspectos de la reubicación, como el metraje de los
lotes por ejemplo. En el momento en que se planteó la reubicación de
los damnificados en lotes de 108 metros cuadrados, algunas familias
no estuvieron de acuerdo, pues la nueva vivienda no tenía la misma
área de la vivienda perdida. Muchas de estas familias vivían en lotes de
más de 200 metros cuadrados con otros integrantes y sus respectivos
núcleos familiares, así que el traslado a un terreno más pequeño no le
permitía vivir como estaban acostumbrados a hacer.
Entonces, si en un grupo de damnificados el recuerdo del terremoto
y de una alarma de tsunami fundamentó su decisión de permanecer
En el imaginario de la persona damnificada que se aloja en un albergue temporal y no
puede regresar a su terreno de origen, la posibilidad de ser desalojado es la enésima
representación del desarraigo forzado al cual está siendo sometida por todos los actores
del contexto. Sería importante que en una situación posdesastre se evite la generación
de ambigüedades e incomprensiones, que hacen revivir el miedo relativo a la vivencia
anterior de desarraigo.
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a regañadientes en el albergue, tanto que pasó a un segundo plano
la cuestión del metraje y del justiprecio, en otro grupo el canje de
propiedad propuesto como compensación no fue considerado ventajoso. Además en la parte baja estas familias gozaban de una mayor
tranquilidad, lejos de los fastidiosos problemas de la convivencia forzada y en un terreno que reconocían como el propio, del cual nadie
tenía el derecho de sacarlos. En más de una ocasión remarcaron su
renovada paz, afirmando que en su zona “hay más tranquilidad” y hay
que “trabajar para seguir manteniéndose así”, haciendo hincapié sobre
la reconquista de un espacio propio, con el cual se identificaban, porque así había sido desde su primer día de vida, a pesar de la falta de
certificados y títulos de propiedad.
“Aquí tengo más seguridad, porque no nos iban a sacar…
es mi puerta; es mi puerta, tu tocas mi puerta y se cae mi
ventana, ¡pero es mi ventana!”
La decisión de regresar a la tierra que los ha visto nacer tenía un significado simbólico muy fuerte y le dio nuevo ánimo para enfrentarse a
los problemas día tras día; sin embargo los aisló físicamente y terminó
por generar necesidades diferentes de las de sus conterráneos que
seguían viviendo en el albergue en la parte alta.
Estas familias sentían de no ser consideradas con respecto a las donaciones o subvenciones implementadas a favor de los damnificados de
Tambo de Mora, así como vivían en piel propia hechos de discriminación, como es el caso señalado por una señora a la cual otros pobladores le cuestionaron su presencia en una cola para la recepción de víveres, argumentando que ella tenía supuestamente mayores recursos
económicos que los demás. Lo que demuestra que entre las personas
seguían dándose episodios de intolerancia y discriminaciones que facilitaban la revictimización del damnificado12.
Ya durante la etapa de emergencia se evidenciaron episodios de intolerancia y racismo
hacia unas minorías y enfrentamientos entre grupos; recordemos que la composición
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A partir de este momento la impresión general es que la vida del distrito empiece a gravitar alrededor de la reorganización de las familias
destinadas a reubicarse, siendo que, a los ojos de la opinión pública,
los damnificados que habían vuelto a la parte baja habían marcado ya
su proprio destino.
En esta primera etapa nuestra intervención se concentró en preparar
las bases para el trabajo de selección de las familias por beneficiar con
las viviendas de quincha mejorada, y coordinar con las autoridades y
los organismos nacionales como las municipalidades, FORSUR, COFOPRI o el Ministerio de Vivienda, para identificar los terrenos necesarios
y facilitar la construcción de las viviendas de quincha. Principalmente
este período se caracterizó por una marcada relación con las familias
de la UPIS y la junta directiva que las representaba, dando a conocer
los ámbitos de intervención del proyecto, las etapas de implementación, los objetivos y las estrategias; pero sobre todo especificando
la necesidad de emprender un camino con ellos donde la población
controlaría el planteamiento correcto de las mismas etapas.
Para lograr la identificación de las 80 familias beneficiarias de la vivienda de quincha se empezó a ubicar a las familias damnificadas pertenecientes a la UPIS Nuevo Calle Nueva. En este momento se aclaró
la importancia de tener documentos notariales de la asociación13 y
se fijó, conjuntamente con la directiva, un plazo para recibir inscripciones en el libro de socios, que era para nosotros el documento de
referencia que identificaba a las familias con las cuales trabajaríamos.
Ello ayudó a que la asociación tuviera más en orden sus documentos
y a que se reorganizara internamente.
poblacional de Tambo de Mora está conformada por comunidades afroperuanas, migrantes de la zona de la sierra y costeños de la parte Sur. Estos enfrentamientos son típicos en una situación post- desastre, siendo la disgregación del tejido social una de las
consecuencias del estrés generalizado, lo cual puede llevar a agudizar relaciones marcadas por el prejuicio y el racismo.
Un libro de socios convalidado por un notario y la inscripción de la asociación en el registro de asociaciones.
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En seguida se empezó la elaboración y aplicación de las fichas socioeconómicas para la identificación de las características y de los
componentes de vulnerabilidad de los núcleos familiares. La primera
ficha socioeconómica tenía como objetivo recoger información social
sobre familias vulnerables, considerando los siguientes criterios14:
•
Familias viviendo en condición de hacinamiento
•
Familias con madres solteras
•
Familias con muchos niños
•
Familias con adultos mayores
•
Familias con escasos recursos económicos
Se aplicaron un total de 257 fichas a las familias inscritas en el padrón
de la asociación, obteniéndose una relación de 174 familias que fueron denominadas “preseleccionadas”.
La lista de 174 familias preseleccionadas fue presentada y colgada en
lugares públicos para que los pobladores (pertenecientes a la UPIS u
otras asociaciones) pudieran aportar sus reclamos en el caso estuvieran disconformes por la presencia de familias que por su condición
socioeconómica no deberían considerarse vulnerables. Esta actividad
hacía parte de un mecanismo de control socializado con la comunidad y preveía la fiscalización por parte de los miembros del equipo,
para constrastar los reclamos de los pobladores. Fue así que se observaron 19 familias, entre las cuales algunas renunciaron espontáneamente a su derecho de recibir ayuda, otras reconocieron que tenían
posesiones en distritos cercanos o que no habían vivido en Tambo
de Mora durante el terremoto. Después de un tiempo adecuado para
permitir las observaciones y la fiscalización, la lista de 174 preseleccionados se redujo a 155 familias.
Los criterios mencionados se refieren a la identificación de condiciones y/o grupos considerados vulnerables cuya díficil condición puede ser agudizada por un contexto posdesastre.
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Este trabajo de identificación estuvo acompañado por la labor dirigida a los niños y niñas del albergue, con la prioridad de garantizar un
espacio de acogida para ellos y sus familias. Este espacio, específicamente dirigido a las familias de la UPIS (pero que al final fomentó la
participación de otras familias y niños del pueblo), se organizó inicialmente en el albergue, a través de la implementación de una carpa, en
el sector conocido con el nombre de “Nuevo Amanecer”.
En este primer momento los niños tenían conductas ligadas a problemas psicosociales, por la imposibilidad de expresar sus sentimientos
contrastantes, el odio-amor hacia los adultos por la difícil situación
que estaban viviendo, el sentimiento de culpa por no poder cumplir
algunas tareas, la incomodidad y la frustración por la precariedad del
contexto. La misma condición de vida en los albergues así como la
incertidumbre sobre los tiempos de realización del proceso de reubicación (ya se había identificado el terreno para la reubicación de las
familias damnificadas), enfrentaban los niños a un problema de tolerancia de la situación, de activismo desesperado o depresión sutil. En
este contexto el sufrimiento de los niños y niñas aumentó por la imposibilidad de tener un espacio específico para ellos, y se expresó en
la rabia improvisa e inexplicable, así como en las conductas aisladas y
agresivas hacia los compañeros.
Por esos motivos, en esta etapa el trabajo con los menores consistió
en brindar principalmente espacios recreacionales, organizar el juego
libre y recibirlos diariamente en los lugares donde se armaron carpas
o módulos para sus actividades, en diferentes zonas del pueblo, en la
parte baja así como en el albergue principal. En este primer período
el objetivo principal con los niños, las niñas y los adolescentes de las
familias damnificadas fue otorgar un espacio lúdico y una presencia
constante para que ellos y ellas pudieran tener otras personas de referencia en su comunidad y dedicarse a actividades placenteras; por
esta razón se trabajó con promotoras (profesoras de primaria) que
formaban parte del imaginario y eran modelos de referencia de la infancia de Tambo de Mora.
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“ASPEm hizo una vez una navidad dando regalitos de
acuerdo a su edad y los niños cómo lo valoraban, si
usted hubiera visto cómo salían los niños alegres con sus
regalitos, fue bueno porque solo entraban los niños y las
mamás estábamos afuera a menos que fuera un niño muy
pequeñito, bebito, después ellos entraban solos y fue muy
bonito, con payasos, juegos, la mayoría comentó que estuvo
bien como se organizó”.
Segunda etapa: El Tambo de arriba y el Tambo de abajo
La segunda etapa del proceso fue caracterizada por una verdadera distancia entre las familias que seguían viviendo en el albergue
(Tambo de arriba) y las familias que regresaron a su terreno de origen
(Tambo de abajo). Mientras las primeras estaban pendientes del proceso de reubicación y de los trámites relativos, las segundas intentaban vivir lo mejor posible en la destruida Calle Nueva, organizándose
con el fin de reconstruir su barrio, pues en ningún momento abandonaron la idea que la parte baja de Tambo de Mora, con su Plaza de
Armas, con sus calles principales, no pudiera volver a ser la misma de
antes. Se organizaron en la asociación Pro-reconstrucción con otras
familias ubicadas en barrios contiguos, logrando algunas mejoras de
la zona, entre ellas la reparación del sistema de desagüe destruido por
el terremoto.
El uso del sistema, la disponibilidad de espacio, la limpieza y la presencia de aire fresco en la zona a la orilla del océano, conformaron una
situación más llevadera que la que experimentaban en el albergue
las familias a la espera de la reubicación. Tal paradoja por la cual el
terreno de origen, teatro de un violento sismo que provocó el hundimiento de las viviendas, garantizaba mejores condiciones de vida
que el mismo albergue, creó un desfase evidente entre la versión
oficial sobre la peligrosidad del terreno, la situación de las 30 o más
familias que habían regresado y las duras condiciones de vida de la
opción “albergue”; además la falta de una postura firme por parte de
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las autoridades sobre la peligrosidad de la zona no ayudaba a aclarar
la situación15.
Más allá de este tema particular, en la zona baja las familias reiteraron
su sentido de pertenencia al nuevo grupo mencionando el apoyo recíproco en situaciones de peligro, como cuando tuvieron que apagar
un incendio en noviembre del 2008, en una de las chozas y participaron todos en un extremo gesto de solidaridad entre vecinos. En las
palabras de una de las lideresas “hay compañerismo, usted hubiera podido ver: señoritas, mujeres, hombres, niños, con su baldecito para apagar el fuego, pues acá se quiere más el terreno…”.
En ese entonces se beneficiaron del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de Naciones Unidas a cambio de actividades de limpieza y cuidado del propio barrio, pero señalaron como objetivo de la asociación, principalmente, el reconocimiento de su derecho a quedarse en
la zona considerada a riesgo y la posibilidad de promover estudios de
suelos e investigaciones para fundamentar la construcción de viviendas alternativas, con metodología sismo-compatible.
“Y aprendimos a comer alverja y atún, todos los días
atún, uno había que ingeniársela para no aburrirse,
lentejita de ayuda mundial… ellos nos ayudaban para el
mantenimiento de las calles, barrer, aunque la obligación
era de nosotros para limpiar pero lo hacíamos y ellos nos
ayudaban con víveres, esto fue por todo un año”.
La percepción de los eventos que involucraban la parte alta del pueblo era fragmentada; desde junio a diciembre del 2008, las familias
de la asociación Pro-Reconstrucción manejaron rumores de diferente
tipo sobre la reubicación y accedieron a las informaciones tras las vi-
Se tenía una resolución de la Municipalidad Provincial sobre la peligrosidad del terreno
así como documentos de Indeci, pero la población no terminaba de asumir totalmente
este tipo de aviso.
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sitas a familiares de la parte alta o a través de los niños que asistían
en el colegio. La preocupación por su destino aumentó en ocasión de
los rumores según los cuales las ayudas para la reconstrucción sólo
eran para la población que aceptara reubicarse, mientras se iban evidenciado mayormente los problemas de naturaleza legal relativos al
acceso a la reubicación.
Dada esta situación, sean las personas que regresaron a la Calle Nueva, que las que se mantuvieron en el albergue tenían dudas con respecto a si habían tomado la decisión correcta para sí y sus familias; si
a causa de la difícil comprensión de la situación hubieran cometido
un error, si no malinterpretaron los rumores, si no hubiera sido mejor
esperar más tiempo antes de tomar la decisión o elegir otra opción.
Estas situaciones indefinidas causaron emociones intensas como tristeza, sentimientos de culpa, rasgos y conductas depresivas en algunos casos. El clima de incertidumbre se transmitió también dentro
del hogar y generó más tensión y discusiones entre parejas y con los
hijos sobre la reubicación. Por ejemplo en el caso de las familias que
habían regresado a la Calle Nueva se conformaron grupos opuestos
entre quienes estaban a favor de desplazarse a la zona alta y quienes
preferían quedarse en el terreno de origen, porque no estaban convencidos de la opción “reubicación”. Ni los niños y niñas estuvieron
excluidos del enfrentamiento entre posiciones.
“Entré en conflicto con mi esposo, pues yo quería reubicarme,
más él y mis dos hijos no, porque preferían quedarse en la
parte baja”.
Algunas personas entrevistadas declararon que sus familiares no querían trasladarse al Nuevo Tambo de Mora, apelando a un sentido de
pertenencia a la zona16 o a las dificultades que se encontraban en esta
opción, como por ejemplo la imposibilidad de canjear su terreno por
En la mayoría de los casos las familias que decidieron quedarse en los terrenos de origen
eran conformadas por parejas de adultos mayores.
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un lote de las mismas dimensiones o de obtener los documentos necesarios para acceder a la compensación. Pero, sobre todo se mencionó la situación de favoritismo para los ex inquilinos de la Calle Nueva,
en la medida en que la reducción del área del lote canjeado respondía
a la necesidad de reubicar más familias damnificadas que estaban viviendo como huéspedes o arrendatarios en las viviendas de la Calle
Nueva17. Tal situación desató una querella (no solo en el grupo de noreubicados, sino también en el grupo de reubicados) entre titulares e
inquilinos que cruzaba diferentes aspectos, de tipo intergeneracional,
económico y cultural. El aspecto más interesante de este enfrentamiento fue que a menudo oponía los padres a sus hijos, criticados por
recibir una indemnización para una vivienda, sin el menor esfuerzo.
Esta situación ya bastante complicada se volvió más crítica por el díficil acceso a las subvenciones para la reubicación y a las informaciones
necesarias para poder decidir lo mejor para sí y sus seres queridos.
Muchas veces la información procedía de familiares que integraban
la junta directiva local, la cual coordinaba con la municipalidad para
la elaboración de la lista de reubicados; pero en el momento en que,
por cualquier motivo este contacto se interrumpía, con mucha dificultad llegaba a la parte baja una información completa de lo que
se estaba haciendo. Esta situación de escasa información se originó
entonces por una mezcla entre malas prácticas de difusión por parte
de los organismos competentes y cierta actitud pesimista de las mismas familias, que las llevaba a concentrarse más en sus problemas y
responder con conductas de autoaislamiento a la hostilidad percibida
en el entorno. Fue así que entre octubre y noviembre se intensificaron
unos rumores alarmantes relativos al hecho que las autoridades estaban haciendo lo posible para desalojar de la zona baja a las familias
que habían regresado a sus terrenos.
17
Todos los problemas mencionados se refieren a la poca socialización de un marco jurídico para indemnización durante el proceso.
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“Venían cachaquitos y nosotros, cada uno, estaba en su casa
para que no nos saquen”.
En los casos reportados por los entrevistados se denunció el clima de
amenaza en general, sin evidenciar en concreto los actores amenazadores. Solo se mencionó el episodio en que “llegaron unas personas
para limpiar18 , eran soldados y las pobladoras se encontraban alertas,
asustadas, se pasaban información si ellos se encontraban lejos o no, que
se encontraban haciendo, si seguían limpiando como decían o llegaron
para que los sacaran”.
Esta referencia a un episodio tan aterrador como puede ser sentir que
uno es obligado a dejar su casa por segunda vez, es expresión del
desamparo vivido por las personas, de la desesperación por creer que
las autoridades no las ayudan porque han decidido vivir en una zona
de peligro. El estado anímico de la población que vivía en la parte
baja empeoraba a medida que aumentaba su percepción de soledad
y abandono, lo que no favoreció la reconstrucción de una relación colaborativa con la población que vivía en la parte alta.
En esta etapa nuestra intervención con menores de edad se concentró en motivar su participación diaria en espacios recreativos como
una forma de aliviar la preocupación de las familias y acompañar a
los niños y niñas en la difícil tarea de asimilación de la propia realidad.
La labor con los niños tuvo que enfrentar las mismas particularidades
evidenciadas en los dos grupos de adultos. También en ese segmento
de la población se creó un hiato entre los niños que se habían quedado en el albergue y los que habían regresado a la parte baja con
sus familias. También entre ellos se marcaba irremediablemente una
distancia en los proyectos de vida siendo diferente la situación de las
respectivas familias; por este motivo se garantizó nuestra presencia
tanto en el albergue como en Calle Nueva. Los hijos de las familias
Se refiere a remover los escombros.
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que se preparaban a mudarse expresaban curiosidad hacia el nuevo lugar pero, al mismo tiempo, mucho miedo y desconfianza por
no conocerlo y no saber tampoco como iban a estar redistribuidos
en el plan del asentamiento. El trabajo con ellos fue más dirigido a
recuperar confianza en sí mismos y a desarrollar sus capacidades de
cooperación.
Al contrario los niños y niñas de la parte baja seguían viviendo el drama del abandono con sus familias; ellos mismos parecían visitadores
de otro pueblo cuando alcanzaban a los primos o a los compañeros
en Vilma León o en el albergue para jugar juntos. Era inevitable sentir
que en la parte alta se estaba concertando la reconstrucción de un
barrio que iba a sustituir este donde ellos vivían. La labor con ellos fue
más orientada en seguir cuidando el aspecto emocional, garantizando un lugar seguro donde se respetara su privacidad y se fomentara
su participación a través de talleres de creatividad, nivelación escolar
y acompañamiento lúdico; fue nuestra preocupación darle un trato
igualitario respecto a sus compañeros e involucrarlos en actividades
que se promovían en el distrito para reducir la distancia (geográfica y
psicológica) con sus pares de otra zona.
“Nuestros hijos nos decían por qué no vamos allá, allí (en la
parte alta) dan regalos”.
Fue así que se mantuvieron por un buen tiempo los módulos lúdicos
ubicados en la calle Benavides19, en la UPIS Vilma León y en la zona del
albergue conocida como Nuevo Amanecer.
Paralelamente se trabajaba también la línea legal con la mayoría de
los habitantes de Tambo de Mora, pero mientras los pobladores de
la parte alta y los integrantes de la UPIS aprovechaban ese servicio,
Este módulo era el único que estaba en la zona denominada de riesgo, acompañando las
actividades de los hijos de las familias que habían decidido quedarse en la Calle Nueva
totalmente destruida.
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los pobladores que estaban viviendo en la parte baja y que no estaban tramitando documentos para ser reubicados no le veían mayor
utilidad. A pesar de esto los informábamos constantemente sobre
los avances del proyecto y proporcionábamos informaciones útiles
para el proceso de reubicación. Por otro lado nuestra línea política
de intervención con relación a la parte baja específicamente, no preveía fomentar posibilidades relativas a poblar nuevamente una zona
considerada peligrosa, pues hasta al momento no había ningún tipo
de documento oficial emitido por el Estado, las instituciones técnicas
u organismos internacionales que garantizara sobre la seguridad del
suelo y la posibilidad de reconstruir en la zona.
Es importante evidenciar que respecto a nuestra postura hubo cierto
resentimiento por parte de algunas familias que reivindicaban su derecho a reconstruir y repoblar la parte baja; hubo quien irónicamente dijo que, para agradecer la ayuda por parte del proyecto, hubiera
puesto en las calles un cartel: “Gracias ASPEm por nada”. Sin embargo, otras familias que estaban viviendo en la Calle Nueva valoraron
el aporte del proyecto con respecto a las demás actividades implementadas (sobre todo la lúdica con los niños), además de resaltar el
rol de fuente de información clara y escueta en un contexto donde
el autoaislamiento y la exclusividad del proyecto de reubicación promovido por el Estado determinaban la percepción de inequidad de
oportunidades entre la población de la parte alta y de la parte baja.
Solo para demostrar la confusión generada por la desinformación se
pueden reportar las afirmaciones de las familias de la parte baja que,
aunque conocían los nombres de diferentes entes que intervinieron
en el proceso, como FORSUR, el gobierno regional, la provincia, el
gobierno local, ASPEm y APY, afirmaron que el actuar de algunos de
estos actores había sido percibido como vacío y cuestionable. Si por
un lado algunos han sido señalados como entes sin algún tipo de incidencia práctica, otros han sido resaltados por su actitud negativa
o peor amenazadora. Del equipo de FORSUR se mencionaron informaciones inexactas (canje del terreno solo a propietarios, metraje del
lote para la reubicación, entrega de lotes con viviendas ya construidas), las cuales se habían quedado como promesas incumplidas. De
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las autoridades en general, sean locales o provinciales, se denunció la
escasa predisposición en informar, como también la difusión de información no contrastada, que se revelaba equivocada o inactual. Esta
escasa información, la poca accesibilidad física (ni FORSUR ni INDECI
tenían oficinas locales) y transparencia en la difusión de la información, determinaron a menudo sospechas y marcaron mayor lejanía
con las autoridades.
Con respecto al actuar de nuestras instituciones, se señaló que la información socializada por el equipo de proyecto no siempre era vigente (como dijo una señora entrevistada y que vivía en la parte baja
“a veces no nos daban la información correcta, pero era porque a ellos
-los integrantes del equipo del proyecto- también no le daban una
correcta información”). La población asentada en la parte baja del
distrito valoró finalmente el rol de ASPEm y APY en apoyar a los más
necesitados, siempre atentos en dar información y en presentar las
diferentes etapas del proceso de manera sencilla para que estuvieran
al alcance de todos.
“Con ASPEm sí, hubo transparencia y se apoyó a los que
necesitaban, yo no fui beneficiada y eso me gustó; algunos
pensaban que como estaba apoyando a mí me iban a dar
algo y no fue así, por eso digo que sí, hubo transparencia”.
Paralelamente a estas actividades de trasmisión de información continuaba el proceso de identificación de las 80 familias por beneficiar
con viviendas de quincha mejorada entre los pobladores del albergue
que querían reubicarse.
El proceso fue largo y complejo y como se ha mencionado, nos había
dado la posibilidad de identificar 155 familias preseleccionadas para
la vivienda de quincha. Siendo su eje principal asegurar la participación de los mismos pobladores para garantizar la transparencia, se
convocó a una reunión en junio del 2008 al grupo de 155 familias
preseleccionadas y se trabajó con ellos para decidir cómo construir
la vivienda, donde ubicarla en el lote, si en la parte delantera o pos-
56 /
terior del terreno y con qué tipo de diseño. En el taller fueron escuchadas las propuestas de los pobladores, se presentaron algunas
indicaciones por parte de los técnicos del proyecto, y se ratificó el
consenso alrededor de la propuesta final. En esta etapa la población
pareció valorar el esfuerzo por compartir el diseño de la vivienda y
las informaciones, y reconoció la posibilidad de ser parte importante
del proceso de selección a través de la depuración de la lista de preseleccionados. En este encuentro se les brindó información sobre los
avances del proceso, y se les pidió el compromiso para la autoconstrucción de las viviendas.
Mientras tanto, la demora en la elaboración de la lista oficial de reubicados en el nuevo emplazamiento por parte de las autoridades, nos
estaba generando el problema de tener nuestra lista de beneficiarios
finales sin saber previamente si podían tener acceso a la reubicación
o no (es decir, si iban a ser parte de la lista de reubicados en el nuevo
emplazamiento que las autoridades estaban elaborando); sin embargo, se optó por seguir el proceso y eventualmente solucionar legalmente los casos de las familias beneficiadas con la vivienda, pero sin
acceso a la reubicación.
Después de la reunión sobre el diseño de la vivienda se aplicó al grupo de preseleccionados una segunda ficha, cuyo objetivo era profundizar más los aspectos sociales y económicos para entender desde
diferentes puntos de vista la condición de la familia y lograr un cuadro
real de la situación. En el transcurso de la aplicación se sumaron seis
familias seleccionadas de común acuerdo con la junta directiva y la
población, por tener condiciones de vida muy precarias, a pesar de
no estar en el patrón de asociados, haciendo un total de 161 fichas
sociales aplicadas.
Como en el caso anterior, para facilitar la transparencia y la difusión
del proceso de selección se procedió a identificar los puntos del distrito más accesibles y frecuentados por la población, como la puerta
del consejo municipal, la posta médica, la sede de la gobernación, los
albergues donde las personas vivían, las entradas de los colegios, la
puerta de la oficina, y se colgó la lista de familias seleccionadas en la
última aplicación. Con el mismo objetivo se realizaron charlas infor-
/ 57
mativas y atención constante en el local de la oficina para absolver las
preguntas y recoger la información de las observaciones que alcanzaban los vecinos respecto a la publicación de la lista.
En este caso no hubo mayores observaciones por parte de los habitantes del distrito. Fue así que se procedió a convocar a un comité
evaluador que se encargara de la revisión y evaluación de las fichas de
las 161 familias. El comité estaba integrado por un representante de la
municipalidad distrital, dos representantes de ASPEm que no habían
tenido contacto con ninguna de las familias de la zona (eran trabajadores de la oficina de Lima), dos representantes de la comunidad y un
veedor de las Naciones Unidas invitado para la ocasión.
En un primer momento las familias de la comunidad estaban disconformes con el proceso selectivo y pensaban fuera mejor un sorteo,
por el motivo que el sorteo, según su percepción, es un mecanismo
que no permite eventuales estafas; el proceso de selección, en el imaginario popular sí permite la manipulación de los datos y eventuales
fraudes. Se invirtió entonces una buena dosis de tiempo y recursos
para poder debatir este punto con los pobladores y demostrarle que
la conformación del comité para la identificación de las familias así
como la metodología ejecutada, garantizaba la imparcialidad de la
selección final.
La participación de la comunidad se hizo efectiva a través de la elección mediante una asamblea, de dos representantes populares que
integraron el comité. En esta asamblea se explicó la metodología
para el funcionamiento del comité y se aclaró que las familias iban a
ser identificadas con un código, lo cual aseguraba la objetividad de
la elección. El día 2 de julio de 2008 el comité se reunió para elegir
entre los preseleccionados las 80 familias que iban a reconstruir su
vivienda de quincha mejorada, según los criterios de vulnerabilidad
ya mencionados en relación a la aplicación de las fichas. Estas familias
iban a tener así una mayor facilidad en reubicarse en el nuevo emplazamiento, siendo que la vivienda de quincha iba complementando el
local de drywall otorgado por el Estado y permitiendo una vida más
digna para sus integrantes.
58 /
La imparcialidad del comité fue garantizada por la transparente composición del mismo, la presencia de veedores internacionales y el uso
de códigos para mantener las familias en el anonimato. El comité asignó a cada criterio de vulnerabilidad un puntaje particular, de manera
que la familia que acumulaba más puntos vendría a ser la elegida. Esta
metodología garantizó cierta autonomía al comité, en la medida en
que los miembros del mismo indicaron de manera autónoma y sin
alguna influencia por parte del equipo el puntaje de cada tipo de criterio; a pesar que en algunos casos hubiéramos podido no estar de
acuerdo20 se respetó su voluntad. Este aspecto fue reconocido posteriormente como otra demostración más de un proceso realmente
objetivo y transparente.
Una vez compilada la última lista de 80 familias beneficiarias y 14 alternativas o suplentes (por si las primeras no pudieran acceder a la
reubicación por algún motivo), fue expuesta en lugares públicos para
su conocimiento general. En este último caso no hubo algún tipo de
crítica pues la comunidad había sido parte del proceso y presentado
sus críticas en las diversas etapas, desde la aplicación del primer cuestionario, la exposición de las listas, la participación de representantes
populares el día de la selección y el método objetivo utilizado por el
comité. Su participación era la principal demostración de la transparencia y equidad del proceso.
Lamentablemente la elaboración de la lista de reubicados no se obtuvo coincidentemente con los plazos del cronograma de ejecución
del proyecto, razón por la cual algunas familias beneficiadas con la
vivienda de quincha no estaban aún en la lista de reubicados en el
nuevo emplazamiento. En estas ocasiones, con nuestro apoyo se agilizó el ingreso de las familias beneficiadas por el proyecto en la lista
de reubicación, sobre todo cuando la dificultad consistía en un simple
tema de asesoría legal (organización de los documentos y tramitación
de los mismos frente a COFOPRI a tiempo) y no había mayores problemas de extravío de los documentos.
Por ejemplo, el equipo del proyecto, por su trayectoria y composición, le daba un valor
más alto al criterio “vivir en hacinamiento” pero el comité optó por darle otro valor.
20
/ 59
Mientras tanto la identificación objetiva de otras familias por beneficiar se tornó útil cuando se planteó la construcción de 32 viviendas
más21, logrando un total de 112 familias beneficiadas22.
Tercera etapa: reubicación versus reasentamiento
Hemos dicho que después de la compra del terreno, se planificó un
trabajo de preparación del mismo que requirió una organización y
coordinación entre actores: el terreno fue nivelado y lotizado bajo la
vigilancia del Ministerio de Vivienda, mientras que COFOPRI se dedicaba a reactualizar los censos de la población (la lista de COFOPRI fue
continuamente confrontada con el censo de damnificados presentado por la municipalidad distrital en colaboración con los representantes de los vecinos). La Junta Directiva de la UPIS Nuevo Calle Nueva,
por su parte, colaboró con las autoridades para la reubicación de sus
representados. En este entonces la vida de las familias que alojaban
en el albergue empezó a gravitar alrededor de los requisitos necesarios para ingresar en la lista de pobladores por reubicar.
Entonces, si en un primer momento el asunto legal no fue considerado muy importante por la comunidad, tanto que el equipo se preocupó en sensibilizar a los pobladores que aplicaban las fichas socioeconómicas sobre la importancia de tener los documentos en orden en el
caso de una reubicación y en general para acceder al estatus de damnificado beneficiario; en un segundo momento se despertó el interés
de los pobladores hacia la cuestión legal al concretarse la habilitación
y la lotización del nuevo emplazamiento. Las familias damnificadas
Para la adjudicación de estas viviendas adicionales el proceso de evaluación fue diferente ya que se incluyó a otras zonas, y se contemplaron criterios adicionales que permitieran priorizar entre todas las familias a evaluar. Sea la inclusión de otras zonas sea de
los criterios adicionales fueron conversados con los integrantes de la directiva y con la
comunidad, los cuales aceptaron los cambios propuestos. Estos cambios se dieron sobre
todo porque en esa temporada estaba ya claro que el nuevo emplazamiento era destinado a cuantas familias, viviendo en zonas de riesgo, hubieran querido reubicarse en una
zona segura.
21
El aumento del número de familias beneficiadas se dio por la variación en los precios de
los materiales y por el cambio del dólar.
22
60 /
constataron la importancia de los documentos legales y se dieron
cuenta de la necesidad de subsanar las observaciones pendientes
para su reubicación.
Los principales problemas relativos a la reubicación fueron los casos
de tenencia colectiva, como la subdivisión de terrenos y de predios
sin licencia municipal; asimismo el caso de las tenencias legales como
las viviendas en herencia, las cuales nunca contaron con la subsanación de la documentación necesaria registrando como titular del lote
a la persona ya fallecida, o las viviendas que simplemente por desinterés de las familias no contaban con un documento como el título de
propiedad. Otro problema era relativo al estatus civil de algunas mujeres separadas, las cuales no habían formalizado su separación conyugal y su predio tenía un título de propiedad a nombre del esposo,
inutilizable para acceder a la reubicación. Otros casos más fueron los
de reconocimiento de la pertenencia de un bien de manera compartida23 a un grupo familiar y/o usufructo. Así, familias que por mucho
tiempo habían convivido de manera legítima en la vivienda se encontraron en serias dificultades por no ver reconocidos sus derechos a la
indemnización y reparación como damnificados.
De este modo, el componente de asesoría legal consideró estas y
otras variables para brindar las orientaciones necesarias, en busca de
la incorporación de las familias dentro de la lista de damnificados con
derecho a la reubicación.
Mientras tanto se había conformado ya una mesa de actores sociales
que incluía no sólo a las autoridades locales y a los representantes
de los grupos de base de la población, sino también al Ministerio de
Vivienda y a COFOPRI; podríamos llamar esta mesa “grupo promotor”
pues tenía el objetivo de organizar la reubicación de las familias. En
esta ocasión la junta directiva de la UPIS pidió a los integrantes del
proyecto que le brindara asesoría legal durante el proceso de coordi-
Las constancias de posesión y los títulos de propiedad tendían a desconocer las prácticas
de convivencia multifamiliar, despojando a núcleos familiares “subsidiarios”, cuya reintegración inicialmente no era posible por el escaso metraje de los lotes para reubicar.
23
/ 61
nación con las autoridades para lograr la reubicación de sus afiliados,
por el motivo que los criterios y el procedimiento para acceder a la
reubicación aunque no complicados, no fueron objeto de una información exhaustiva por parte de los organismos competentes. Los
requisitos en parte se revelaron dispendiosos y el marco jurídico de
referencia en el cual se inscribiría la acción de indemnización y reparación no fue dado a saber de manera clara a la población.
Vista esta situación, la acción del proyecto se concretó en la asesoría
legal a la junta directiva y la supervisión de las condiciones mínimas
para una correcta reubicación. De ninguna manera se intervino en
el tema de la elaboración de la lista de familias a reubicar, siendo de
competencia de la autoridad local y de los representantes de las mismas familias. En este ámbito nuestro rol fue el de facilitar la comprensión de algunas dinámicas de trabajo con las autoridades, cuidando
siempre que los integrantes de la junta entendieran lo que la autoridad local le estaba proponiendo y ayudándolos en cuestiones legales y logísticas. Con respecto a las personas que integraban el grupo
promotor, la participación del equipo fue siempre dirigida a favorecer
en ellas la comprensión de los pedidos y mecanismos para llegar a la
inclusión de las familias por reubicar; así como hacia los pobladores
nuestro aporte fue más el de informar sobre los trámites correctos
para obtener la reubicación y apoyar en el caso que se entorpeciera o
retrasara por algún motivo el trámite legal correspondiente.
Sin embargo la labor del proyecto tenía el propósito principal de despertar en los usuarios del servicio legal la conciencia de la importancia del ejercicio de los derechos fundamentales que les asisten como
seres humanos, derechos escasamente interiorizados y ejercidos por
parte de la comunidad. Para lograr este objetivo se coordinó con la
junta directiva la organización de reuniones para informar a los pobladores sobre los avances de la coordinación del grupo promotor;
cuando no asistíamos, procurábamos saber si la población había sido
informada por sus representantes. La promoción y desarrollo de las
reuniones representaba nuestra principal preocupación, es decir que
los pobladores fueran adecuadamente informados sobre su derecho
a ser reubicados y sobre los trámites necesarios para ejercer este derecho.
62 /
Participábamos también de la mesa de ONG que trabajaban en la provincia, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); esta mesa tenía el objetivo de dar seguimiento e integralidad al trabajo de reconstrucción y nuestra participación tuvo el
fin de sensibilizar a las demás instituciones sobre las dificultades que
los damnificados de Tambo de Mora padecían. A través de la mesa
se obtuvo información social y económica para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, se incluyó a la población de Tambo
de Mora en algunas actividades impulsadas por otras instituciones,
se captó información importante sobre los aspectos políticos y/o normativos que afectaban el proceso de reubicación.
En este contexto se dieron los primeros cismas dentro de los desplazados, con familias que decidieron quedarse definitivamente en la
parte baja del pueblo, en la antigua Calle Nueva y así renunciar a la
reubicación en el Nuevo Tambo de Mora.
Por otro lado se intensificaron unos rumores relativos al destino del
terreno de origen, los cuales volvían más compleja la situación pues
las dudas se albergaban en los vacíos informativos de la autoridad
así como en las elucubraciones de los vecinos. Por este motivo, este
momento particular del trabajo con la población de Tambo de Mora
fue dirigido a la facilitación de información actualizada sobre los derechos de las personas y específicamente sobre las condiciones del proceso de reubicación, para que la comunidad pudiera elegir la opción
mejor entre las que se les estaban dando.
Remarcamos que esta tarea no fue fácil por diferentes motivos:
•
Se pretendía facilitar un proceso en el cual era importante
defender los derechos de las personas, pero no todos los actores del contexto tenían una misma visión sobre este tema;
algunas veces había diferencias con la misma población o
con los integrantes de la junta directiva sobre cuestiones de
derechos y se originaban interesantes intercambios y discusiones que abordaban temas de justicia, equidad, reparación. Fue el caso de la prioridad para reubicar a las familias
integradas por adultos mayores, defendida por el equipo
/ 63
del proyecto, la cual no era considerada importante por parte de la población; o la postura de nuestras instituciones que
era la de apoyar la reubicación de todos los damnificados, la
cual se enfrentó con el pensamiento de algunos ciudadanos
que defendían la reubicación de los titulares de predio y no
de los arrendatarios de las viviendas. Sin embargo, lejos de
lamentar esta situación, queremos acá señalarla, pues determinó un contexto vario y desafiante para los principios
que muchas veces damos por obvios, y favoreció una sana
confrontación entre diferentes visiones de la realidad, con
relación a la dignidad humana y los derechos universales.
•
Las personas que vivían en el albergue y que habían tenido acceso a la reubicación querían ya mudarse, para no seguir viviendo en las condiciones precarias en las cuales se
encontraban; este afán se traducía en un activismo lleno de
ansiedad que los llevaba a prepararse para la mudanza con
la perspectiva de seguir viviendo en refugios temporales, sin
reivindicar sus derechos a una reubicación más digna.
•
El contexto político no jugaba a favor de una clara información, lo que aumentaba el miedo de la población hasta de
perder la posibilidad de reubicarse; la reubicación era casi
vista más como un favor que se le hacía y no como un derecho legítimo por ser damnificados. La desinformación no
era supuesto útil para reivindicar de la manera adecuada sus
derechos para una reparación justa.
Las mismas autoridades consideraron la tercera y cuarta etapa del
proceso como algo personal y relativo a cada familia; no hubo ese matíz social que era deseable esperar en una situación de tal gravedad.
La autoridad estatal no asumió completamente su papel de garante
en defensa de los derechos de sus ciudadanos en situación crítica, es
decir no consideró la posibilidad de organizar un reasentamiento de
la población, que prevé no solo la organización del aspecto logístico
del desplazamiento sino el acompañamiento en las diferentes etapas
hasta a garantizar un nivel de vida digno de los pobladores, en lugar
de una simple reubicación autogestionada. Además no estaba bien
64 /
especificado quién iba a asumir eventuales reclamos en la gestión de
la reubicación; generalmente la gente se dirigía a la municipalidad local porque ni la provincial, ni la sede de FORSUR en Chincha eran referentes directos del proyecto de reubicación. La manera de intervenir
del equipo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
era muy eficaz, pero su aptitud resolutiva no consideraba un tiempo
para atender eventuales reclamos, siendo que sus visitas a Tambo de
Mora tenían un cronograma estricto y objetivos preestablecidos; más
bien por un acuerdo (no sabemos si de tipo tácito) del grupo promotor, se creyó que fuera la municipalidad local a gestionar problemas
considerados internos a la comunidad. Por su lado la municipalidad
local coordinaba con los dirigentes comunitarios, pero en el local
municipal no había una ventanilla para eventuales reclamos ni había
otra institución que desarrollara este tipo de función. Sencillamente
la gente no sabía a quién reclamar pues el mismo municipio distrital
no tenía la total responsabilidad de los eventos, ni el manejo de todas las variables de la situación. La dificultad era determinada por el
hecho de no tener un referente con la responsabilidad de informar y
aclarar las dudas; finalmente para la comunidad este referente era la
junta directiva integrada por los dirigentes locales, pero cuando se
deterioró la relación entre ellos, se interrumpió el flujo de información
y la posibilidad de opinar sobre los eventos.
Siempre en el marco de una visión más social de la reubicación, el
proyecto no sólo asesoró legalmente a la junta directiva sino acogió
el pedido de los integrantes de la UPIS Nuevo Calle Nueva de lograr
la disposición original de las calles, pedido relativo a la necesidad de
recuperar su antigua relación física como vecinos y de seguir viviendo
en un barrio parecido al de origen. Este tema fue motivo de negociación en el grupo promotor para la elaboración de la lista de reubicados, cuya definición pautaba la mudanza más o menos caótica al
nuevo emplazamiento donde ya estaban ubicados los módulos de
drywall.
En esta temporada familias enteras abandonaron su sitio en el antiguo terreno del albergue, a menudo quemando los desechos dejados
y se transfirieron con todas sus pertenencias al nuevo lote, replicando
/ 65
en el Nuevo Tambo de Mora las díficiles condiciones de vida anteriores. Los más afortunados contaban con un módulo de madera que
podían armar al costado del local de drywall e iban cercando el lote
con palos de madera, esteras u otro material por miedo a los robos. El
paisaje no representaba nada nuevo con respecto a unos meses antes
en el albergue.
Fue en este contexto que el proyecto facilitó la reubicación de las familias beneficiadas con la vivienda de quincha, pues una vez obtenida
la lista de familias a reubicar24 se empezó la confrontación con la lista
de las 80 familias beneficiadas por el proyecto y se iniciaron las coordinaciones para el trabajo de autoconstrucción en el nuevo terreno.
Así se dio inicio a los primeros cursos de construcción con la técnica
de la quincha mejorada y se acompañó de cerca el proceso de adaptación de las familias al nuevo contexto. La posibilidad de construir una
pequeña vivienda en el lote, y complementarla con la casa de drywall,
dió a las familias la esperanza de contar con condiciones más dignas
dado que el área construida llegaba a 36 metros cuadrados; esta pequeña vivienda permitía por lo menos una mínima repartición entre
área común y espacio para dormir, evitando el hacinamiento familiar.
El proceso de capacitación contó con una parte teórica brindada por
los técnicos en campo (sobre todo el ingeniero) y una parte práctica,
supervisada de manera constante por el ingeniero y los maestros de
obra. Se planteó la repartición de las familias por grupos de trabajo,
según su acceso a la lista de reubicados. De otro lado, el emplazamiento era muy grande por lo que se optó por agrupar a las familias vecinas para acelerar la construcción de las viviendas y reducir el
campo de acción de los técnicos y el del transporte de material. Los
grupos fueron convocados para una charla informativa e introducto-
Hay que señalar que la lista final de reubicados de las familias de la UPIS Nuevo Calle Nueva no se logró sino después de mucho tiempo (alrededor de febrero del 2009) cuando la
construcción de las viviendas habían ya empezado. Lo que nos entregaba el municipio
distrital eran listas parciales de familias por reubicar y eso nos obligaba periódicamente
a revisar las listas parciales para identificar eventuales divergencias en la secuencia de
nombres entre familias beneficiadas con la reubicación y familias beneficiadas por el proyecto.
24
66 /
ria donde se les explicó la metodología a emplear en la construcción
de las viviendas, y la necesidad de garantizar la participación de por lo
menos dos personas de cada familia para que trabajaran en su construcción. A pesar que los cursos de capacitación estaban abiertos a
todos los que quisieran participar, la manera en que se dieron (en relación con la elección de las familias) y el lugar donde se desarrollaron
(el nuevo emplazamiento) motivaron a que participaran sobre todo
las familias reubicadas y beneficiadas con la construcción de la vivienda de quincha.
Este proceso de capacitación contó con un acompañamiento desarrollado por los maestros de obra y el ingeniero en la parte técnica y
por la trabajadora social en la parte relativa a la distribución de tareas,
resolución de conflictos entre pobladores o respeto de las reglas negociadas para el avance en la obra. Como referentes del proyecto estaban también un almacenero (que cuidaba el material y se ocupaba
de su distribución a las familias que lo requerían), un voluntario y dos
promotores locales que apoyaban en las actividades de reconstrucción. Junto con el responsable del proyecto, este equipo estaba a menudo presente en el nuevo emplazamiento, visitando los lotes donde
se procedía a la construcción o las familias que esperaban de empezar
en su grupo de capacitación. Esta presencia y asesoría constante nos
permitió construir un sistema de consulta, recepción de quejas y resolución de problemas25, al mismo tiempo efectivo y rápido, y tener
sobre todo una relación muy cercana con los beneficiarios, fortaleciendo así los lazos de confianza y respeto mutuo en dicho trabajo.
La construcción de la vivienda permitió otorgar a la familia espacios
por compartir y socializar, pues todos los integrantes de la familia,
desde los padres hasta los hijos más pequeños, participaron en las
diferentes etapas, dando su contribución, aportando cada uno y favoreciendo la valoración de cada integrante del núcleo familiar. En la
misma tierra árida del nuevo emplazamiento, una madre o su hijo se
ponían a hacer zanjas y levantar columnas esperando que el padre re-
25
En algunos casos se convocaban reuniones cuando el motivo de las quejas era compartido por varios beneficiarios.
/ 67
gresara del trabajo, para apoyar y concluir la obra. Además las familias
involucradas pedían el apoyo de otros familiares y vecinos, así como
de otras familias beneficiadas, creando una preciosa y eficaz red de
relaciones que cobraban importancia frente a la desconfianza que el
contexto posdesastre había alimentado entre los grupos familiares.
“Cuando empezamos a construir las casas de quincha, había
un grupo que estaba ahí que no sabían cómo hacer, (ellos)
estaban preocupados y nosotros los hemos ayudado”.
Cabe resaltar que también en esta situación se actuó de manera fiel
al criterio de convertir a los pobladores en protagonistas de la reconstrucción, según la estrategia que requiere un rol activo del damnificado, para expresar las fortalezas que tiene y que son importantes para
su comunidad.
El desplazamiento de familias al Nuevo Tambo de Mora, si bien por un
lado complicaba la convivencia a nivel práctico por plantear cada día
un flujo desordenado y caótico de personas que ocupaban su lote,
por el otro permitía que la gente pudiera darse cuenta de los avances
que cada familia lograba en la construcción de la vivienda de quincha,
estimulando el planteamiento de construir de manera ordenada y organizada, sin repetir la tumultuosa situación del albergue.
Por nuestra parte tanto en la gestión del proceso, como en la participación en los cursos, o en el trato directo con la gente, hemos tenido
-como equipo- la preocupación de informar constantemente sobre
el desarrollo de las actividades y de conversar con las familias no sin
pasar momentos críticos y difíciles, por ejemplo, como cuando el almacén no se proveía de materiales a tiempo, cuando había retrasos
en la entrega de los mismos o cuando las tareas cotidianas de las familias interferían de manera importante en el avance de la actividad
de autoconstrucción.
Las frecuentes visitas de campo tenían también un valor emotivo muy
alto y podemos resaltar la importancia de las mismas si las compa-
68 /
ramos con las pocas visitas que se organizaban en la parte baja del
pueblo, ya sea por parte nuestra o por parte de otros actores.
Con respecto al trabajo con niños y niñas cuando ya las familias empezaron a mudarse al Nuevo Tambo de Mora, se desarmó la carpa
del albergue y se implementaron dos pequeños módulos de madera para desarrollar actividades lúdicas. Uno de los módulos estaba
ubicado en la parte este del emplazamiento mientras que el otro en
la parte oeste, colindante con la carretera camino a Chincha Baja.
Cuando el pueblo joven empezó a activar sus servicios, previas coordinaciones necesarias, se decidió pasar a un local de propiedad de
la Iglesia de Chincha Baja, en el mismo lote que albergaba el módulo
oeste, para garantizar a los niños y niñas un ambiente duradero más
limpio y presentable, en acuerdo con el rostro del pueblo que estaba
cambiando.
En esta etapa del trabajo y en la siguiente, los temas enfrentados fueron sobre todo el miedo a lo desconocido, la dificultad en acostumbrarse a vivir en un nuevo emplazamiento con diferentes familias, la
necesidad de despedirse definitivamente de su antiguo barrio y la urgencia de reconectarse con representantes locales y autoridades que
no transmitían la necesaria confianza.
Una de las características de un contexto posdesastre es la pérdida
de confianza hacia autoridades y actores locales por parte de los ciudadanos, desconfianza que se refleja en las palabras y acciones de los
adultos que siempre son un modelo, bueno o malo, para los hijos. Por
este motivo los niños y niñas desarrollan actitudes y conductas de
desconfianza hacia las personalidades de la comunidad, imitando los
comentarios y gestos críticos de sus padres. Por otro lado, en el caso
de hijos adolescentes, sobre todo, la situación de precariedad puede
generar resentimiento y desconfianza hacia los padres que tienen la
tarea de protegerlos; de la misma manera que los ciudadanos hacia
sus autoridades, también los hijos asumen una actitud de reclamo
hacia sus padres. A su vez, los padres se sienten muy culpables por
no saber garantizar una condición de vida digna, lo que genera un
círculo vicioso.
/ 69
Las actividades con los niños se orientaron a estas necesidades, promoviendo el mantenimiento y adorno del local de las reuniones para
ser parte del proceso de reconstrucción y de los cambios del entorno.
Se organizaron reuniones con personalidades de la comunidad (el alcalde, consejeros, médicos, brigadistas capacitados en intervención
posdesastre, dirigentes comunitarios, grupos de base) con el objetivo
de reducir la distancia con los referentes locales y actuar sobre el miedo a lo desconocido.
Se organizaron paseos por el terreno sea durante la temporada de
obras para advertir sobre los peligros debidos a maquinarias y/o zanjas en el camino, sea posteriormente para averiguar la calidad y el
avance del proceso de urbanización. Se impulsaron entre una sesión
lúdica y otra, visitas de campo para identificar aspectos positivos y
negativos del nuevo terreno y de las construcciones, según la mirada
particular de los niños. La labor que se quiso promover fue toda dirigida a la generación de capacidades personales y al empoderamiento
con respecto a aspectos de su comunidad, así como se trabajó sobre
la capacidad de razonamiento crítico.
Podemos decir que las diferentes acciones que se llevaron a cabo con
los adultos y con los niños tenían como objetivo la adaptación al nuevo terreno, sea a través del empoderamiento de las familias sea a través del mejoramiento de las condiciones del emplazamiento.
Sin embargo si los niños de las familias reubicadas participaban de
manera activa en el desplazamiento, armado y construcción de una
casa temporal (sea con el proyecto, sea por propia cuenta), los niños
de las familias que habían quedado en la parte baja siguieron participando en el espacio lúdico implementado por el proyecto hasta que
esto se terminó como consecuencia de una decisión de tipo institucional; fue así que el módulo lúdico de la calle Benavides fue retirado
ya que no se podía seguir brindando el servicio a los niños y niñas cuyas familias permanecían en la zona, que no era apta para vivir debido
a la calidad del suelo. De este modo el proyecto siguió trabajando con
solo dos módulos: uno en Nuevo Tambo de Mora y uno en la UPIS
Vilma León.
70 /
La imposibilidad de seguir organizando espacios lúdicos para los niños y niñas de la parte baja, junto con sus problemas en frecuentar
los espacios implementados en el Nuevo Tambo de Mora y en Vilma
León, determinó poco a poco una lejanía con los niños y con las familias de la Calle Nueva, así como una progresiva ignorancia de sus
necesidades y problemas particulares.
La cuarta etapa: pueblo joven y problemas antiguos
Como se mencionó anteriormente, esta última etapa del proceso en
algunos casos fue contemporánea a las demás: paralelamente a la
elaboración y aprobación de las listas para la reubicación de las familias, las personas iban desplazándose al nuevo lote. La mayoría de
las familias de la Calle Nueva ya estaba reubicada y se preparaba a
vivir en condiciones parecidas a las del albergue, con servicios parcialmente operativos y con deficientes medidas de seguridad. Los lotes
contaban con las casas temporales de drywall, así como algunos con
las viviendas de quincha mejorada, pero por mucho tiempo se esperó el cumplimiento del proceso de urbanización con la construcción
de un sistema de agua y desagüe definitivo, el alumbrado público, la
implementación de pistas, veredas y espacios de recreación. En el primer período el servicio de agua fue temporal, abasteciendo algunas
piletas distribuidas en puntos estratégicos del emplazamiento; igualmente se implementaron baños provisionales que iban a sumarse a
los baños construidos por la cooperación italiana, los cuales cubrían
parcialmente la demanda. Por largos periodos no se contó con un
sistema de luz y después de la seis de la tarde cuando empezaba a
atardecer, las mujeres, los niños y las niñas no salían de la casa y todo
el emplazamiento se quedaba en la oscuridad absoluta, acompañado
solo de los ladridos de los perros. Visto que el desplazamiento de las
familias al terreno no fue organizado se dieron obras de adecuación
de los servicios mientras que los lotes iban a ser paulatinamente ocupados por sus legítimos propietarios, ocasionando malestar, problemas logísticos y de seguridad a quien pasaba la mayoría del día en el
emplazamiento (mujeres y niños sobre todo); muchas zanjas abiertas
en el terreno debido a las obras en vía de ejecución representaban
un peligro para los niños y un motivo más de preocupación para los
/ 71
adultos. La falta de presión del agua y el consecuente escaso aprovisionamiento del servicio reducían las piletas a un elemento inservible
dentro del terreno. Sin control ni conocimiento de los planes de urbanización no se dieron las condiciones ideales para dar un seguimiento
al proceso y adaptarse a la nueva situación.
Ademas el proyecto de reconstrucción implementado por el Estado
preveía el acceso a subvenciones estatales para la reconstrucción de
las viviendas, a través de la intervención de empresas privadas que iban
colocando entre los pobladores su propuesta constructiva26. La recontrucción de las viviendas fue así supeditada al interés del sector privado
con demoras y escaso control en el proceso reconstructivo, que padecieron las familias en piel propia. Todo esto se dio en un contexto en el
cual se desconocía el cronograma de reconstrucción de las viviendas
por ser dejado al trato directo entre empresas y clientes, sin considerar
que era de prioritaria importancia acelerar el proceso reconstructivo,
para evitar que las personas siguieran viviendo en situación indigna.
Durante este período la junta directiva dejó de ser representativa de
la asociación y los pobladores más bien se organizaron por manzanas
debido a que algunas zonas del terreno estaban pobladas y otras todavía no. Es probable que una vez logrado el objetivo principal de su
constitución, la asociación perdió poder de convocatoria frente a sus
asociados y razón de existir27.
La fragmentación del tejido asociativo por un lado ayudó a la conformación de grupos por manzanas que cuidaban sus intereses particulares, pero por el otro no permitió una coordinación a nivel más
amplio para la solución de dificultades compartidas, que interesaban
a unidades más grandes que una o dos manzanas. Durante este pro-
El Estado se preocupó de ampliar los criterios de acceso a las subvenciones de los programas de construcción de viviendas para permitir la colocación de los mismos entre las
familias damnificadas.
26
Sin embargo hay acá un factor desintegrador de tipo político que debería ser investigado
con mayor profundidad, pero que solo señalamos en vista que es un elemento que va
más allá de los alcances de esta sistematización.
27
72 /
ceso se dieron momentos críticos que requerían de control y supervisión de los avances de la urbanización (garantía de funcionamiento
de servicios de agua, desagüe y luz, recojo de la basura, seguridad),
pero la junta no funcionó en su rol monitor y se originaron sólo pequeñas experiencias fomentadas por la intervención del proyecto,
como el grupo de promotoras ambientales que cuidaban el uso y la
limpieza de los baños públicos28.
Quizás sólo los niños y las niñas en esta última etapa mostraban una
mejor adaptación al nuevo lugar. Con ellos se desarrollo un programa de conocimiento y visitas en la nueva zona, haciendo referencia a
los aspectos positivos y contribuyendo a su adaptación al nuevo ambiente; la nueva labor se enfocó en brindar herramientas a los niños y
niñas para proyectarse en el futuro recomenzando a cobrar confianza
en sí mismos, en su familia y su entorno. Consideramos que la labor
específica de contención emocional y de reconocimiento del nuevo
medio ambiente fue importante para su adaptación al contexto del
nuevo emplazamiento y contribuyó entre los demás componentes de
la intervención a la mejora del clima familiar.
A pesar de las dificultades y vacíos respecto a la vigilancia sobre el
proceso de urbanización, esta última etapa tuvo su nota positiva en
la voluntad de los beneficiarios del proyecto en reconstruir sus casas
con el método de la quincha mejorada, en los esfuerzos demostrados
por cada integrante de la familia, en la voluntad de ayudarse recíprocamente en la construcción, en la disponibilidad a colaborar con el
mismo proyecto y ayudar a solucionar las dificultades de su implementación. En la narración de la gente se evidenciaron momentos
significativos comunes, que demuestran la intensidad del proceso
vivido. Hay quien resume el pasado en una única frase afirmando que
Se hace acá referencia a la intervención en emergencia financiada por la cooperación
italiana y que se ocupó de la construcción de unos baños públicos y de la organización
de la comunidad alrededor del uso y cuidado de los mismos. A pesar de ser otro tipo de
intervención iba complementando la del proyecto en el sentido de integrar y cubrir otras
necesidades que se generaban en el Nuevo Tambo de Mora.
28
/ 73
si “antes estábamos mejor en Vilma León29 porque el Nuevo Tambo de
Mora era pura pampa, no había nada” ahora “estamos mejor todavía
que Vilma León, en poco tiempo tenemos desagüe y cancha deportiva.”
Quién se esfuerza en recordar remarca que “éramos 120 familias, y con
velas nos alumbrábamos y se armó directiva para limpiar los baños que
ASPEm hizo30” como otro hito importante.
La conformación de grupos de trabajo y seguridad alrededor de una
edificación útil para las familias, ayudó a las madres de familia a sentirse parte del proceso de reconstrucción e invertir su tiempo en algo
constructivo para la comunidad: “nos dijeron que la directiva debería
proponer promotores por manzana, recibimos charlas, aprendimos a
hacer que las personas se involucren para participar”.
Si parte de los reubicados se organizaron en el desarrollo de tareas
como la limpieza de los baños y de la zona alrededor, la organización
del uso de los mismos entre las familias, la seguridad y la vigilancia de
la zona, otra parte de las familias se interesaron más en construir su
vivienda31 según las modalidades y los preceptos aprendidos durante los cursos, acostumbrándose a su nueva realidad de manera más
sencilla, mediada por las mismas dinámicas sociales generadas por la
actividad colectiva de reconstrucción.
La construcción de una vivienda en la cual se recibió el apoyo de los
demás y se descubrió la propia capacidad, representó simbólicamente un proceso de renacimiento personal y familiar que ayudó a metabolizar lo desconocido (en el caso actual una nueva vida en un lugar
La zona de Vilma León es la parte de Tambo de Mora donde se encuentra la homónima
UPIS.
29
Se refiere a la construcción de los baños públicos ya mencionada y alrededor de la cual se
organizó el grupo de promotores ambientales para la gestión de los mismos, en la época
de la primera ola de familias que se reubicaban en el nuevo emplazamiento.
30
No es solo el hecho de construir una vivienda; mencionamos una anécdota: el momento
en que se entregaron las llaves de las puertas de las casas de quincha fue muy particular,
pues finalmente después de dos años, los damnificados podían ir dentro de su habitación y cerrar la puerta, dejar detrás de sí todo el polvo, el barro, la confusión de la calle. Ya
ellos no pertenecían a la calle, ya no eran damnificados.
31
74 /
tan diferente de lo anterior, un lugar donde ya no se miraba al océano
desde su orilla, sino a la huaca desde su base de piedra). Por otro lado
las expresiones de afecto y apoyo entre vecinos y familiares fueron
mediadores sociales32 que facilitaron este proceso de acercamiento y
habituación a la nueva realidad.
Desde este punto de vista, la reubicación de quienes pasaron de una
estera ubicada en un albergue a la misma estera colocada en un lote
del Nuevo Tambo de Mora, fue más complicada, por no tener en el inmediato recursos de tipo humano y sociales provenientes de la nueva
vecindad, que facilitaran el proceso de conocimiento del lugar, el descubrimiento de sus potencialidades y de sus debilidades, finalmente
la reconstrucción de una red social.
Si desde el punto de vista familiar (sobre todo para las familias beneficiadas por el proyecto) la reconstrucción de la vivienda representaba
un avance, desde lo comunitario no se progresaba mucho. Todo esto
se evidenciaba en el escaso nivel organizacional y en la relación con
las autoridades la cual, desde la cuarta etapa, no fue constante, es decir no hubo una comunicación asidua y programada para informar
sobre los avances de la urbanización y de las subvenciones para la
reconstrucción. Más bien delegaciones de pobladores casi periódicamente se acercaban a la municipalidad local para exigir cuentas sobre
los servicios básicos (sobre todo el recojo de basura) y los avances del
proceso de urbanización, mientras que grupos como las promotoras
ambientales daban soluciones a problemas de menor escala.
Consideramos el término de mediador social en el sentido de un objeto y/o grupo de
actividades dirigidas a un objetivo que filtran la interpretación de la realidad y dan un
nuevo sentido a una situación particular. Este sentido puede ser el resultado de un proceso de interpretación personal de la realidad, así como el producto de una significación
compartida que expresa un valor.
32
/ 75
Por otro lado el enfocar los recursos del proyecto en el acompañamiento a las familias reubicadas, a través de actividades de reconstrucción de las viviendas y de tipo recreacional con los niños y niñas,
no permitió reconstruir lazos con las familias de la parte baja después
de suspender la labor lúdica con sus niños y niñas. Estas familias defendieron su decisión de quedarse en los terrenos de origen y mantenerse alejadas del proceso de reubicación de la parte alta del distrito,
y buscaron así implementar desde allá su idea de reconstrucción del
pueblo.
76 /
Una de las viviendas
destruidas en la calle Nuevo
calle Nueva.
Una persona damnificada
intenta recuperar sus
pertenencias en la vivienda
colapsada.
Algunos pobladores viviendo
en el albergue improvisado en
Wilma León.
Los refugios temporales
eran construidos con
esteras y madera.
Una de las reuniones
informativas con la gente
sobre la metodología
para la construcción de la
vivienda de quincha.
Uno de los promotores
del proyecto pega en
la pared la lista con los
nombres de las personas
preseleccionadas para
recibir la vivienda; de esta
manera cada poblador
podría opinar sobre la
composición de la lista.
Reunión de devolución de los avances del
proyecto, del proceso de reubicación y consulta
de eventuales problemas señalados por la
comunidad.
Un grupo de pobladores y representantes
de la UPIS Nuevo calle Nueva esperan ser
atendidos legalmente respecto a temas de
reubicación.
Una marcha protagonizada
por los niños en defensa de
la salubridad en el Nuevo
Tambo de Mora.
Los niños y niñas posan
con una de las promotoras
frente al modulo lúdico en
el Nuevo Tambo de Mora.
Durante la marcha los
niños y niñas han recorrido
todo el Nuevo tambo
de Mora pidiendo más
seguridad y limpieza para
ellos.
Cada lote otorgado a los
damnificados contaba
con un módulo de drywall
donde la familia se
organizaba inicialmente
esperando de poder
construir su vivienda.
Toda una familia trabaja
en la construcción de
la vivienda de quincha
mejorada.
Uno de los maestros de
obra controla la ubicación
de las vigas verticales.
También las mujeres han dado su aporte en
la construcción, en este caso preparando las
cañas para la construcción de las paredes.
El esqueleto de la casa
de quincha con sus vigas
y techo de madera y sus
paredes de caña.
Una familia prepara
el barro mezclándolo
con paja para seguir
recubriendo las paredes.
Una señora distribuye el
barro en las paredes de su
vivienda.
Visión de la vivienda luego
de haber tarrajeado las
paredes externas.
Durante el día de la entrega de las
casas una familia posa feliz frente a su
vivienda.
Como parte de la celebración se rompe
la botella de champagne frente la
puerta de la nueva vivienda.
Capítulo 3
Reflexiones y aprendizajes
Presentamos en este capítulo las reflexiones desarrolladas con relación a la pregunta eje que nos acompañó en todo el proceso de
sistematización, es decir, identificar aquellos aspectos de la intervención que han favorecido o dificultado el proceso de reubicación de
las familias damnificadas, como parte del aprendizaje general que
se quiere socializar para saber enfrentar futuras situaciones de igual
criticidad. En algunos casos no podremos separar estos aspectos de
nuestra intervención desde características relativas a la presencia y
accionar de otros actores, así como a condiciones estructurales del
contexto mismo.
Para entender en qué sentido algunas actividades implementadas
han facilitado o dificultado el proceso de empoderamiento comunitario, nos parece necesario en un primer momento aclarar algunas
características generales de un contexto posdesastre, las cuales se refieren a aspectos psicosociales que puede padecer la población.
Consecuencias psicosociales en un contexto posdesastre
Hablando de una situación posdesastre es importante tener en claro
las condiciones físicas y psicológicas en las cuales encontramos a la
población. Muchos manuales y textos especializados nos muestran
cuales son las características típicas del comportamiento y los sínto-
/ 83
mas psicológicos1 más evidentes de las personas que han pasado por
un evento que rompe la cotidianeidad de su existencia y las obliga a
reconsiderar muchos aspectos de su vida2. Para entender mejor este
punto nos parece pertinente considerar el concepto de entorno disruptivo tal como lo define M. Benyakar, cuando se refiere a las condiciones de ruptura de las reglas básicas que norman las expectativas
y los pactos sociales entre grupos; este nivel de desorganización no
permite imaginarse en un futuro cercano, ni pensar en nuevos planes
de vida dentro de cada núcleo familiar. Además se genera desconfianza y hostilidad hacia las personas y/o las autoridades que deberían preservar el orden constituido; tal desconfianza puede minar la
relación sobre la cual se basa el orden social y todo el aparato institucional3. Frente a lo que se considera inexplicable se genera una
búsqueda desesperada de sentido, mientras se refuerza la vivencia de
desamparo y desvalimiento, mezclada a conductas automáticas por
la necesidad de funcionar dentro de un medio generalmente hostil.
1
No se considera la dimensión estrictamente individual de las consecuencias psicológicas
frente a situación de crisis, porque el eje de intervención del proyecto es de tipo psicosocial y comunitario. Sin embargo a nivel individual podemos señalar que las consecuencias de tipo conductual y de tipo emocional que los individuos experimentan interesan
todo un espectro muy amplio, desde reacciones psicóticas con un claro distanciamiento desde la realidad hasta estados de ansiedad o de tipo histérico donde el criterio de
realidad no está seriamente comprometido, pero siguen los episodios sintomáticos (a
menudo ligados a estímulos que generan ansiedad) y las dificultades para retomar una
existencia tranquila. Generalmente estos síntomas están acompañados de emociones
violentas, tendencia al aislamiento, culpa, depresión, sentimiento de inseguridad y desamparo.
2
No nos referimos a un evento traumático, pues considerando el punto de vista del investigador y psicoanalista M. Benyakar no es adecuado hablar de ello sin un diagnostico de
trauma (palabra muy utilizada equivocadamente). Preferimos hablar de situación disruptiva en el caso de un evento inesperado, como un desastre natural, que genera toda una
serie de consecuencias psicológicas, sociales y económicas que inciden sobre el futuro
plan de vida de las personas. Muchas de las reflexiones aquí presentadas se deben a los
aportes de este autor en los diferentes libros publicados sobre el tema.
3
“En los entornos disruptivos, sin embargo poblados de amenazas los referentes pierden
su valor de sostén mutuo y por lo tanto su credibilidad”. Lo Disruptivo, M. Benyakar, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003, pág. 63.
84 /
Finalmente un contexto disruptivo favorece cierta propensión a revictimizar a los damnificados, lo que fomenta la identificación y la
autoidentificación de ellos mismos como individuos pasivos: “En el
imaginario dominante, la víctima es alguien que tiene su capacidad perceptiva, emocional, intelectual, disminuida por el sufrimiento. Se le adjudica impotencia, debilidad… 4”. Esta actitud deshumaniza a la persona
damnificada y se pierde su historia personal dentro de la gran tragedia vivida como colectividad.
Bajo una mirada general podemos vislumbrar en la comunidad lo que
se denomina una mentalidad poscatástrofe, es decir una actitud pasiva frente a los problemas, conductas de agresividad dentro de un mismo grupo social e intergrupos5, pérdida del sentido de pertenencia al
grupo de referencia, anomia generalizada. Lo más peligroso desde un
punto de vista comunitario es la limitada capacidad de reconocer las
propias fortalezas como individuos y como comunidad, lo que genera
cierto inmovilismo o al contrario un activismo excesivo, descontrolado, caótico y al final de la cuenta inservible para lograr objetivos
precisos.
A nivel comunitario las vivencias de un contexto posdesastre (escasez de recursos, falta de servicios, pérdida de pertenencias, desplazamiento involuntario, precariedad de los albergues, problemas legales, enfrentamiento entre individuos y grupos, mal manejo de las
dificultades encontradas por parte de las autoridades, entre otros)
demuestran la necesidad improrrogable de conseguir la estabilidad
de la estructura social, que es un elemento central para una respuesta
bien orientada y eficaz. La red social de apoyo formal e informal es
el elemento catalizador de cualquier acción que tenga como fin a la
reconstrucción material y a la rehabilitación económica de la comunidad. Sin poder contar con una estructura social reconstruida hasta en
sus pequeños grupos de base y que se preocupe de reforzar la unidad
de las familias del vecindario, sería extremadamente difícil alcanzar
Lo Disruptivo, M. Benyakar, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003, pág. 69.
4
5
Se encuentran casos de extremos enfrentamientos entre grupos sociales de diferente
proveniencia étnica, política y/o socioeconómica.
/ 85
resultados importantes en la reconstrucción física y social de la comunidad.
Estos elementos característicos de una situación disruptiva pueden
permanecer por mucho tiempo después de un evento estresante,
influyendo sobre la gestión del contexto y añadiendo más criticidad
a la situación, sobre todo en presencia de eventos generadores de
más estrés, como un reasentamiento involuntario. Si las consecuencias psicosociales que hemos podido reconocer en un contexto catastrófico se refieren principalmente a problemas de desintegración
del tejido social, a mayor razón podemos imaginar que estos mismos
problemas manejados de manera inadecuada pueden aportar más
dificultad a un contexto de reubicación y polarizar los ánimos, dando
pie a sentimientos y conductas destructivas en la comunidad.
Los aspectos que han facilitado el proceso de reubicación
En situaciones de este tipo hay importantes elementos a tomar en
cuenta para una respuesta eficaz, pues podemos enfrentarnos con
conductas generalizadas de desconfianza, actitudes reivindicativas e
inestabilidad social6. La reflexión sobre nuestra intervención a partir
de la pregunta eje nos demuestra que desde un principio se tomó en
cuenta la causa de estas conductas, pues en caso contrario se hubiera
corrido el riesgo de trabajar sin brújula. Por este motivo, como nuestro pequeño aporte al marco general de la reconstrucción y en particular del proceso de reubicación, podemos presentar los aspectos de
nuestra intervención que la población mostró haber apreciado más,
como ha sido recalcado en algunas entrevistas con los pobladores de
la comunidad, utilizadas para contrastar nuestras opiniones. Por la na-
Detrás de estas conductas y causas principales de los problemas mencionados, encontramos los mecanismos internos de la atribución de responsabilidad y del autoeficacia
percibida. Estos dos mecanismos psicológicos, fruto de la investigación en psicología
social cuya discusión excede las posibilidades del presente documento, deberían ser el
primer objetivo de cualquier respuesta efectiva que busque solucionar los problemas
psicosociales encontrados, dado que su expresión influye sobre la percepción de legitimidad social de una situación.
6
86 /
turaleza y complejidad de la intervención es posible que algunos aspectos que han facilitado el proceso de reubicación no dependan exclusivamente de la actividad del equipo en el terreno; consideramos
importante señalarlos, pues dependen de otros actores y demuestran
cuanto es necesario una vez más saber articular esfuerzos en este tipo
de situación.
Accesibilidad
Consideramos que el primer aspecto que favoreció la construcción
de una relación de confianza entre el equipo del proyecto y la comunidad fue estar presente en el territorio. La presencia continua en la
zona fue un elemento facilitador ya que las dos instituciones se mostraban como parte del paisaje local; además vivir en el mismo contexto ayudaba al reconocimiento de las necesidades y de las soluciones compartidas. La cercanía física reduce las diferencias percibidas
psicológicamente y permite construir una relación más concreta ya
que tanto el poblador como el trabajador saben que se comparten
momentos difíciles y alegres.
Esta accesibilidad logística se complementaba con cierta disponibilidad del equipo a conversar e intercambiar opiniones con la población. La presencia de una oficina visible y ubicable, en la cual los pobladores sabían que se les iba a absolver preguntas y dudas sobre las
actividades, reflejaba cierta estabilidad y firmeza de la intervención.
Este elemento de permanencia del equipo en zona permitió un contacto profundo con la comunidad de Tambo de Mora, mientras el
hecho de estar presente como instituciones desde las primeras semanas después del terremoto le dio mayor consistencia a la relación.
En un contexto en el cual no se tienen muchos puntos de referencia institucionales, la accesibilidad del personal del proyecto en el
terreno marcaba cierta diferencia con las demás instituciones que no
estaban presentes en la zona y permitía la construcción de una relación que, en algunos casos, se enriquecía de aspectos personales y
cotidianos.
/ 87
Esta relación preferencial fue un elemento decisivo en la confianza
con la cual se pudo llevar a cabo la recopilación de la información
para clasificar a las familias y aclarar la situación socioeconómica de
los damnificados. A pesar que no estábamos recopilando información para un proceso de indemnización, el recojo de datos sobre las
familias fue cuidadoso y abarcó diferentes aspectos (composición
familiar, número de familiares activos laboralmente, ingresos y egresos mensuales, presencia de miembros con discapacidad). Los pobladores sabían que podían acercarse a la oficina y conversar con el
equipo de sus diferentes problemas y/o propuestas para mejorar el
proceso, conformándose casi naturalmente un mecanismo de quejas que tenía un valor terapéutico, no sólo por permitir la descarga
emocional sino por alentar la participación de la población en las
actividades.
En este sentido se dio algo parecido a una consulta popular continua
basada en la comunicación e intercambio con la población, lo que nos
dió la posibilidad de medir día tras día la percepción subjetiva de la
gente sobre los avances y retrocesos de las actividades. Esta percepción, lejos de ser elemento accesorio o problemático, es parte de la
realidad vivida y debe ser objeto de interés por parte de los actores
presentes, pues en muchos casos es el fiel de la balanza de la opinión
pública.
Podemos entonces entender cuán importante es que los actores que
intervienen en una situación de reubicación estén cerca de la población y construyan con ella esta opinión pública favorable al proceso,
pues de esto depende la legitimidad social de la acción emprendida.
Participación
La participación es otro aspecto central y trasversal a las actividades
y consiste en facilitar la presencia activa de los damnificados en las
diferentes etapas de la intervención. Queremos empezar señalando
algo que en nuestra experiencia fue muy importante desde el punto de vista participativo, la formación espontánea de una asociación
(la UPIS) para lograr la reubicación de las familias damnificadas de la
88 /
Calle Nueva. Esta conformación no fue consecuencia de la acción del
proyecto sino producto de la capacidad de autoorganización comunitaria y de la voluntad de resolución del problema, que se originó en la
misma comunidad y que facilitó el proceso de reubicación. Queremos
señalarlo porque sin este acto autogestionario, no estaríamos hablando de una participación consciente de la comunidad.
Este tipo de organización permitió que se desarrollara una sensibilidad común por parte de la comunidad sobre algunos aspectos de la
reubicación que ellos querían garantizarse, como por ejemplo la organización y distribución geográfica del nuevo emplazamiento según
los nombres de las calles originales o la reubicación de las familias en
sus calles de procedencia, para mantener el vínculo con el vecindario.
Estos y muchos otros ejemplos van de la mano con esa reconstrucción del tejido social de la cual hemos hablado anteriormente, la cual
es un supuesto básico para poder concertar otros tipos de reconstrucción y rehabilitación comunitaria7.
Con respecto a las actividades promovidas por el proyecto que facilitaron la reubicación, empezaremos señalando la acción de acompañamiento a las familias solicitándoles un compromiso activo con relación a dos aspectos muy importantes: su participación en el proceso
de selección de los beneficiados con las casas de quincha y su aporte
en el proceso constructivo.
En lo que se refiere al primer aspecto, la asociación de familias damnificadas de la UPIS Nuevo Calle Nueva participó en momentos claves
(haciendo observaciones a la composición de las listas de seleccionados, eligiendo a los representantes comunitarios que integraban
el comité para la selección final de las familias beneficiadas), recuperando así un papel protagónico. La población ha estado presente y ha
7
“Se debe evitar el desmembramiento de las comunidades, ya que el mantenimiento de
las redes sociales que vinculan a los miembros de las comunidades afectadas puede ser
fundamental para la adecuada adaptación de esas comunidades a sus nuevas circunstancias”. Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco
Mundial, abril 2002, pág. 45-46.
/ 89
sido informada sobre las etapas del proceso a través de las asambleas
consultivas con la comunidad, y mediante la comunicación directa
con los líderes comunitarios. Hemos considerado las dos acciones
porque estamos convencidos que el monitoreo de las actividades no
puede delegarse solo a los dirigentes comunitarios, no por desconfianza hacia ellos sino porque en situación de crisis la población debe
asumir su rol de vigilancia de todo lo que se está planteando, incluso
del accionar de sus representantes. Solo de esta manera rescatará su
papel protagónico dentro de la planificación misma.
Relativamente al segundo aspecto, el aporte de la participación comunitaria, fue evidente desde la organización de los talleres para
presentar el diseño de la vivienda de quincha e incluir observaciones
para su mejora, hasta el desempeño de las familias en los cursos de
construcción con el método de la quincha mejorada, y luego en la
misma autoconstrucción de las viviendas. La participación familiar no
solo marcó un hito importante del proceso y aseguró en cada momento su legitimidad social, sino que permitió la construcción de una
base de confianza necesaria para poder superar otros momentos críticos, que se dan de manera natural en procesos tan largos y complejos.
De esta manera se implementó una estrategia de empoderamiento
constante de la comunidad, alcanzado a través de la participación activa en la construcción de la vivienda. Consideramos que este proceso
fue importante para la resolución de los problemas posdesastre ya
mencionados, por los siguientes motivos:
•
A nivel comunitario, otorgó a los pobladores un espacio
donde compartir una acción común, intercambiar ideas,
apoyarse mutuamente, reencontrarse con sus familiares y
vecinos, reconstruyendo esos lazos de confianza y amistad
que el desplazamiento forzado antes y la vida en el albergue
después, habían debilitado con consecuencias importantes
desde el punto de vista de la integralidad comunitaria.
•
A nivel familiar, favoreció la integración entre padres e hijos,
esposa y esposo, tíos y primos, todos y todas involucrados
en un proceso de reconstrucción activa y concreta al servicio
de un bien común: la tranquilidad y privacidad de la familia
90 /
después de una larga temporada en la cual las necesidades
de sobrevivencia y de seguridad habían dejado de lado las
prioridades de cada uno de los integrantes, y enfriado en
parte las relaciones entre ellos.
•
A nivel personal, los habitantes no sólo se capacitaron en
una técnica sismo-compatible que les permitió ser parte
activa en una reconstrucción más responsable8 de su hogar, sino que retomaron confianza en sí mismos al darse
cuenta que podían reconstruir sus viviendas y superar el
difícil momento. Su activismo, ese rasgo distintivo de un
contexto posdesastre, se orientó hacia un objetivo doblemente reparador, tanto por el proceso que señalamos
como por el producto concreto de la actividad de construcción.
Para entender mejor el efecto positivo de la participación en la actividad de la reconstrucción dentro del marco de la reubicación no podemos silenciar la importancia del valor simbólico de ser parte activa
en la reconstrucción de la vivienda destruida. Si la consideramos en
su significado más amplio, la vivienda representa un espacio seguro
donde se construye la identidad de cada uno, donde se plasman los
roles y funciones que cada miembro de la familia ejerce. Por otro lado
es el lugar que representa herencia, legado intergeneracional, estabilidad y reconocimiento social, autonomía y privacidad. Lugar donde
confluyen los intereses de los miembros, lugar de rituales compartidos, de representación de las raíces y los valores atávicos. Así como
es devastador ver sepultado bajo los escombros el hogar en el cual
hemos vivido muchos momentos felices, es igualmente reconfortante reconstruir la propia vivienda con el esfuerzo y la colaboración de
toda la familia unida. Esta actividad marca un hito en el proceso de
empoderamiento personal; es como si la persona admitiera el de-
8
No hay que olvidar que ya desde las primeras semanas después del terremoto las familias
que podían reconstruir utilizando recursos propios se dedicaban a la autoconstrucción
de su vivienda desconociendo las reglas básicas de edificación a nivel nacional y reproduciendo así situaciones peligrosas a nivel de la seguridad de las construcciones, exponiendo sus familiares a una nueva amenaza.
/ 91
rrumbe de su antigua casa y con ella su plan de vida, en la medida en
que se empeña a levantar otra vivienda que le permita reconstruir su
perspectiva futura a partir de la aceptación de lo acaecido9.
Bajo esta óptica, la reconstrucción de la vivienda no representa solo
un objetivo personal y/o familiar que busca el beneficio individual
sino un logro compartido, elaborado de manera común, en el cual el
resultado último no es menos importante que el proceso mismo. A
nivel individual devuelve esa dimensión íntima y privada a la persona, dimensión violada por la potencia del derrumbe sísmico, así como
por las incomprensiones y conflictos que pueden llevar consigo la
desintegración económica y social de la comunidad.
Otro aspecto importante de la participación se vio en el acompañamiento, por parte del equipo del proyecto, en las reuniones del grupo
promotor. A pesar de las dificultades por ser integrado por diferentes actores sociales, la colaboración dentro del grupo promotor fue
efectiva, y consideramos que en Tambo de Mora se dio una experiencia interesante en la cual este grupo promotor, encargado de llevar a
cabo la reubicación, integrado por las autoridades locales, con participación de organismos del Estado (Ministerio de Vivienda y COFOPRI en algunas etapas) y los dirigentes comunitarios (representantes
de las diferentes zonas que accedieron a la reubicación) tuvo un rol
central. El acompañamiento por parte del equipo de proyecto especificamente a la junta directiva ayudó a sus integrantes a tener una
participación firme y con objetivos claros, apoyándolos en aspectos
legales y logísticos, pero sobre todo, favoreciendo su presencia activa
en un contexto de toma de decisiones sobre su futuro. Si por un lado
la articulación interinstitucional pudo atrasar en algo el proceso10, por
el otro hemos podido ver cuán productiva fue la colaboración entre
9
A dos años del terremoto, para muchos damnificados era todavía imposible hablar de lo
que había pasado o volver a la zona donde el sismo había derrumbado la mayoría de las
viviendas.
10
Nos referimos a que cada integrante del grupo promotor desarrollaba una tarea específica y el proceso se hacía muy largo algunas veces, por que había que acomodarse a los
tiempos de cada institución.
92 /
las fuerzas comunitarias y las autoridades, para dar mayor legitimidad
social a la acción de reubicación.
Trabajo directo con grupos vulnerables
La valoración del aporte comunitario también fue nuestra prioridad
en el caso del involucramiento de los grupos más vulnerables11, niños
y mujeres sobre todo. Conforme a este enfoque se promovió la participación de las mujeres en las labores de reconstrucción de su vivienda de quincha mejorada. Ellas asistieron en gran cantidad en los cursos de capacitación, lo que favoreció su empoderamiento personal y
grupal e impulsó diferentes estrategias económicas de subsistencia,
reduciendo así las brechas de género.
Por otro lado, su participación en la construcción compartida de la
vivienda ayudó a reafirmar a la mujer como referente del hogar y a
valorar su aporte en el proceso de reconstrucción del plan de vida
familiar. Todo esto favoreció una mayor armonía en las relaciones
internas (mientras la recuperación de la casa aseguraba el regreso a
condiciones más dignas de vida) y un mayor grado de satisfacción de
la mujer, miembro de la familia que más ha sufrido las condiciones
de la caótica reubicación por la sobrecarga de las tareas domésticas
y productivas.
Finalmente, la atención prestada al trabajo con niños y niñas también
fue un elemento importante del acompañamiento en el proceso de
reubicación. El trabajo con ellos fue un factor de cercanía entre la comunidad y los miembros del equipo y ha sido reconocido como una
actividad importante para el bienestar12 de los menores. Podemos
decir que aportó de manera inequívoca a la serenidad y al equilibrio
El proyecto no trató directamente con otros grupos vulnerables en situación posdesastre, aunque tuvo en cuenta entre los criterios socioeconómicos para la elección de familias beneficiadas con la vivienda de quincha mejorada, la presencia en la familia de
miembros con discapacidad mental o física.
11
Cabe señalar que en estos tres años ASPEm y APY han sido las únicas instituciones no
autóctonas que se interesaron en el trabajo con los niños y niñas de la comunidad.
12
/ 93
emocional de toda la familia y ayudó a las que se trasladaron al terreno del Nuevo Tambo de Mora, asegurando una mayor metabolización
de la difícil experiencia de desplazamiento.
A fin de comprobar lo dicho hay que resaltar que el proyecto, desde
un primer momento, se preocupó de ofrecer a los menores un espacio personal en un contexto en el cual vivían en refugios precarios y
en condiciones de hacinamiento. Su situación generaba sentimientos
encontrados y afectaba el derecho a la privacidad, así como en general, sus perspectivas futuras. La acción se concentró en una primera
etapa en la contención emocional y luego en el empoderamiento y
recuperación de la confianza en el entorno, paralelamente a la mejora
de las condiciones de vida (por ejemplo, con la construcción de su
vivienda de quincha o el embellecimiento de la ludoteca donde se reunían en el nuevo emplazamiento). La devolución de un espacio solo
para ellos y ellas, en el cual se promovía también la participación de
los padres (siempre en función de compartir espacios constructivos
y lúdicos con los hijos/as) permitió influir en la reconstrucción de los
lazos familiares y devolver relativa tranquilidad a los integrantes de
las familias13. En este sentido, la intervención directa con niños y niñas tuvo efectos benéficos sobre el núcleo familiar, permitiendo que
unos padres, casi siempre cansados y preocupados por su condición
de vida y por la de su familia, recuperaran la sonrisa.
Transparencia, flujo de información y sistema de consulta
Es necesario reconocer también la importancia de la información en
un contexto de este tipo; su ausencia o informaciones no contrastadas, pueden favorecer percepciones subjetivas de los eventos, motivar reacciones prejuiciosas e impulsivas, generar ambigüedad y toma
de decisiones equivocadas14.
Como muchas madres nos comentaron, de manera informal, ver a sus hijos jugando tranquilamente, les devolvía más fuerza para enfrentar los problemas cotidianos.
13
Este punto es central, y sería importante pensar en una gestión correcta de la información hacia la población en situación posdesastre, con el apoyo responsable de los medios
de comunicación.
14
94 /
Dadas estas premisas, el equipo intentó siempre alcanzar información importante a las familias damnificadas (no solo las de la UPIS) y
socializar esta información en las reuniones y asambleas que se llevaban a cabo casi semanalmente para informar sobre los objetivos del
proyecto, las coordinaciones con los dirigentes comunitarios, las modalidades de ejecución, las responsabilidades de cada organismo y/o
miembro de equipo, los avances y retrocesos de las actividades, los
mecanismos y procedimientos para presentar quejas, los sistemas de
monitoreo por parte de la comunidad. Este método de información
y consulta estuvo vigente por todo el período de intervención. Cuando no hubo condiciones para seguir organizando asambleas comunitarias porque la mayoría de los beneficiarios ya vivían en Nuevo
Tambo de Mora y trabajaban en la reconstrucción, las asambleas fueron sustituidas por otro sistema de consulta consistente en visitas
cotidianas de miembros del equipo al emplazamiento (y a los lotes
de los reubicados), sea para monitorear los avances de la reconstrucción de viviendas, sea para escuchar eventuales reclamos y en el caso
de quejas generales, socializarlas y solucionarlas con toda la gente
involucrada.
Las consultas y entrega de información no se limitaban a la implementación de las actividades del proyecto sino que abarcaban otros
aspectos que teníamos el deber de informar a la población. Una situación de posdesastre es muy caótica y hay muchos eventos que pueden influir sobre la condición del contexto y la implementación de las
actividades. Recibir este tipo de información y socializarla era una de
las tareas indispensables para evitar un clima cargado de incertidumbre, desconfianza y paranoia. Por este motivo, durante las diferentes
etapas del proyecto se continuó garantizando el flujo informativo hacia los pobladores que ya no participaban directamente de la reubicación (es decir, de las actividades de capacitación y reconstrucción de
la vivienda temporal), los que vivían en la parte baja enfrentándose a
problemas diferentes, los que seguían teniendo dudas relativas a la
condición legal de sus posesiones o que nos pedían asesoría legal. La
función de informar (mediante visitas de campo periódicas a la parte
baja y otras zonas de Tambo de Mora) seguía siendo esencial, aunque
ya no con un rol de referente principal, sino de fuente secundaria para
/ 95
contrastar informaciones y aclarar perplejidades sobre la reubicación.
Como hemos señalado en los testimonios del capítulo dos, no fue
tanto la autenticidad de la información proporcionada sino la buena
disposición a informar de manera cautelosa y clara, lo que la población terminó agradeciendo al equipo.
En este sentido el proyecto siempre puso particular atención en proporcionar a la población la información necesaria para ejercer un rol
activo, sea cómo protagonista en la implementación de las actividades principales del proyecto, sea como supervisora en garantía de un
proceso digno de reconstrucción.
A pesar de esto, la gestión de la información no siempre fue fácil y, en
algunos casos, involucraba otros actores del proceso reconstructivo.
Por ejemplo, en el caso del grupo promotor para la reubicación de
los damnificados en Nuevo Tambo de Mora, la comunicación entre
dirigentes y asociados fue fluida hasta la elaboración de la lista de
reubicados, pero después se fue perdiendo, además porque gradualmente disminuyeron las asambleas convocadas por la junta directiva.
Si bien era comprensible que los dirigentes convocaran a reunión solo
cuando había que informar algo importante, consideramos que vista
la situación de posdesastre, la junta directiva subestimó la necesidad
de la gente de estar al tanto de los eventos, aunque no haya cambios
sustanciales entre una reunión y la otra. Es importante mantener este
tipo de espacios, pues en ellos se demuestra que se valora la necesidad de la población de escuchar y de comunicar su estado de ánimo o
sus inquietudes. En caso contrario no se estará dando acceso directo a
la información y habrá más posibilidades de informaciones inexactas,
erradas o voluntariamente falseadas, desprestigiando la labor realizada. Las reuniones o asambleas comunitarias juegan un papel muy importante porque son, al mismo tiempo, espacios de desahogo emocional, lugar de información y legitimación social de lo planteado por
la dirigencia, momento de participación popular y monitoreo activo.
Una reflexión aparte merece el tema de la consulta porque, como hemos señalado en más de una ocasión, es uno de los pilares sobre el
cual se basa la legitimidad social de cualquier tipo de intervención en
situación de posdesastre. Queremos acá señalar otro aprendizaje, es
96 /
decir que el espacio de consulta refuerza la participación de la comunidad en la medida en que se integren en él los siguientes aspectos:
•
Presencias de grupos formales e informales de base
•
Actividades de sensibilización a la población sobre sus derechos y deberes15
•
Toma de decisiones compartidas sobre eventuales problemas que surjan en el camino
•
Socialización de decisiones que pueden perjudicar a alguien
pero necesarias
•
Decisión consensuada sobre la manera y los medios para
informar.
•
Control del avance respecto al plan de actividades y fundamentación de las eventuales detenciones o retrocesos en el
camino.
•
Monitoreo del desempeño de las autoridades, de los dirigentes y de la misma comunidad a la cual se le debe exigir
el cumplimiento de sus compromisos.
Queda claro, en consecuencia, que el objetivo de la consulta no es
solo informar y traspasar datos, sino movilizar a los diferentes líderes
y lideresas de la comunidad (no sólo a los dirigentes elegidos formalmente sino también a los líderes y lideresas informales, que en situación de crisis pueden desarrollarse de manera inesperada) para que la
participación en el plan de reasentamiento sea integral. Las consultas
periódicas y las acciones de recolección de información que alimentan la generación de una opinión pública permiten dar seguimiento a
la eficacia de las actividades, entre ellas las medidas de rehabilitación
“La transmisión constante de información actualizada a las personas afectadas acerca
de sus derechos y responsabilidades es fundamental para el éxito de la planificación del
reasentamiento”. Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI,
Banco Mundial, abril 2002, pág.58.
15
/ 97
de los medios de subsistencia y de las iniciativas de desarrollo16. Al
mismo tiempo nos da la posibilidad de corregir en el camino las estrategias que se revelan incorrectas, y valorar la participación activa
de una población que debe reencontrar confianza y estabilidad para
diseñar su plan de vida dentro de un contexto completamente nuevo.
Parte de esta responsabilidad compartida es el seguimiento de los
resultados planificados. En la experiencia de Tambo de Mora con el
grupo promotor, si bien hubo cierta coordinación entre actores nacionales, internacionales y locales para el seguimiento de las actividades
hasta el momento de la habilitación del terreno y adjudicación de los
lotes, durante y después de la mudanza de las familias este interés disminuyó gradualmente por considerar que el desplazamiento físico, la
organización en el nuevo emplazamiento, la construcción de viviendas
(aparte de la activación de subvenciones estatales), la rehabilitación
de grupos vulnerables, o los subsidios de transición y la renovación de
corrientes de ingresos, no necesitaban ni apoyo directo, ni planificación, ni seguimiento por parte de las diferentes entidades del Estado17.
Por los anteriores motivos y con respecto a la experiencia desarrollada por el equipo del proyecto, podemos remarcar la importancia
de elaborar mecanismos de control, como el seguimiento sobre el
desempeño de las instituciones, e integrarlos con instrumentos que
permitan a la población formular críticas cuando se identifican dificultades y/o problemas. Uno de estos instrumentos podría ser un
procedimiento para los reclamos, considerado como una herramienta
de protesta al alcance de la población a través de la cual se encaminen eventuales críticas y se las atienda. Este mecanismo de escucha,
“La metodología de seguimiento cualitativo más eficaz es la de las consultas directas
con la población afectada mediante reuniones periódicas, grupos de discusión o foros
similares… para facilitar la participación pública como parte del programa de consultas”.
Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial,
Abril 2002, pág. 66.
16
Sin embargo, según la ley y la Directriz Operacional del Banco Mundial OD 4.30 sobre
Reasentamiento Involuntario (que hemos considerado como referencia en partes del documento), el Estado debería asegurar en todas las etapas una vida digna y las defensas
de los derechos de los desplazados.
17
98 /
potenciado por una metodología participativa y un acceso directo a
la información, cerraría el círculo de la consulta y favorecería la legitimación del proceso.
A partir de nuestra experiencia podemos sugerir que, en un plan de
reasentamiento18 así elaborado se debería detallar un procedimiento
específico de quejas que cuente con los siguientes elementos mínimos: referentes identificados y accesibles para los reclamos, procedimiento de queja conocido por la población, atención y respuesta a la
comunidad. Un mecanismo que atienda los reclamos de la comunidad requiere que el organismo encargado de atender y/o desarrollar
una tarea sea accesible. Sin embargo, uno de los problemas que la
comunidad señaló, en esta experiencia, fue la escasa accesibilidad de
las instituciones involucradas en el proceso de reconstrucción y, más
específicamente, en la reubicación provocada por el sismo.
Marco legal y acompañamiento para el enfrentamiento
de la emergencia
Como parte de la reflexión sobre la experiencia de reconstrucción en
Tambo de Mora, creemos importante señalar un aspecto que a pesar de no haber sido directamente promovido por la intervención del
proyecto, queda como aprendizaje general y elemento insustituible
para una correcta gestión de la situación de reasentamiento posdesastre. En situaciones de este tipo es necesario hacer referencia directa a un marco legal reconocido y universal19. Lo mencionamos acá
de manera parcial porque fue un aspecto que facilitó el proceso de
reubicación, pero el escaso conocimiento que la población tenía de
él no permitió la implementación de un verdadero proceso de reasentamiento. Si queremos resaltar el concepto de reasentamiento
poblacional, además del Decreto Supremo Nº 013 del 17 de abril de
En este caso mencionamos un plan de reasentamiento, porque queremos diferenciarlo
justamente de una simple actividad de reubicación.
18
En este caso no consideramos la nueva ley sobre reasentamiento (Ley Nº 29869 de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, de 28 de mayo del 2012) por
el motivo que al momento en que se desarrollaron los eventos, esta ley no estaba vigente.
19
/ 99
2008 que establece las directivas para la reubicación de familias damnificadas en consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007, uno de
los elementos normativos a considerar puede ser el documento que
contiene las directrices del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), específicamente de la Dirección General de Asuntos SocioAmbientales del Subsector Transportes y Comunicación (de enero del
2004) para casos de desplazamiento de población y reubicación. Este
documento prevé la presentación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (en adelante, PACRI) considerando como
base legal los siguientes documentos:
•
El Reglamento General de Tasaciones del Perú, sus ampliatorias, modificatorias, complementarias y conexas
•
La Ley General de Expropiaciones N° 27117
•
La Política Operativa del BID OP-270 sobre Reasentamiento
Involuntario
•
La Directriz Operacional del Banco Mundial OD 4.30 sobre
Reasentamiento Involuntario
Los principios para la compensación y reasentamiento que se señalan en el PACRI son: la equidad social, las soluciones diferenciadas, la
sensibilidad hacia la población de acogida, la participación y reconocimiento de los derechos de la población afectada, la garantía de
recursos para la cobertura de pérdidas, la articulación interinstitucional, la identificación de aspectos socioeconómicos y de la calidad y
aspiraciones de vida, la asistencia técnica durante el traslado y apoyo
a la población durante el período de transición, la implementación
del programa de habilitación del terreno y construcción de módulos
(mediante coordinaciones y convenios con entidades como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia
de Bienes Nacionales, la Comisión de Formalización de la Propiedad
Informal, el Banco de Materiales así como empresas de luz, agua, etc.).
Es importante señalar que el programa se refiere específicamente
al reasentamiento involuntario tal como está definido en la directriz
operacional del Banco Mundial OD 4.30.
100 /
Tanto la ley Nº 28223 de 2004 sobre desplazamientos internos como
el Decreto Supremo Nº 004-2005-MIMDES establecen algunas prioridades en situaciones de reasentamiento por desastre, que identifican
específicamente la responsabilidad y las tareas del Estado en situaciones de este tipo. Remarcamos solo las que nos parecen las más importantes: el artículo 4° de la ley Nº 28223 establece claramente que son
las autoridades nacionales (léase, del gobierno nacional, regional o
local) quienes tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados. Antes de
decidir el desplazamiento las autoridades deben asegurarse de haber
estudiado todas las alternativas para evitarlo, minimizarlo y/o reducir
sus efectos adversos20.
Además, se establece que las autoridades responsables deben asegurar que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de
seguridad, alimentación, salud e higiene y no comporte la separación
de los miembros de una misma familia, brindando la garantía de facilitar a los desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y en su caso, sobre la indemnización
y el reasentamiento (artículo 8.3°, literal b). La Ley también señala que
la asistencia humanitaria se debe prestar durante no menos de seis
meses, recayendo la fiscalización en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. El texto de la norma otorga a los Gobiernos Regionales y
a las municipalidades la facultad y la obligación de incluir de manera
sistemática la atención de las necesidades de los desplazados y el restablecimiento de sus derechos básicos, mientras que al Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social (ente rector) cabe el asesorar, capacitar y
atender a la población desplazada, con el objetivo de transferir esta
responsabilidad a los Gobiernos Locales y Regionales, destacando la
articulación de esfuerzos públicos y privados, para la adecuada prevención y atención de los casos de desplazamientos internos.
Estas condiciones serán definidas de manera más completa en la directriz del Banco
Mundial OD 4.30 y tienen gran importancia pues con respecto a ellas se deciden las siguientes acciones.
20
/ 101
Al año siguiente de su promulgación, la Ley fue reglamentada mediante Decreto Supremo N° 004-2005-MIMDES, cuyo objetivo es
la precisión de la naturaleza legal del desplazamiento interno y la
atención de los problemas jurídicos que pudieran surgir a partir de
la calificación de desplazado. Por otra parte, destaca que ciertos grupos dentro de los desplazados deberán recibir protección y atención
especial, como las niñas, los niños y adolescentes, las personas con
discapacidad, las personas adultas mayores y aquellas pertenecientes
a pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, minorías y
otros grupos étnicos. En cuanto a la asistencia se aclara que durante el
proyecto de reasentamiento y reconstrucción el Estado debe garantizar la logística para el transporte en condiciones de seguridad física
y emocional, el acompañamiento del equipo técnico especializado y
las Fuerzas Armadas y Policiales; a ello debe seguir el traslado de los
módulos de asistencia con alimentos, abrigo y primeros auxilios.
Creemos que teniendo en cuenta estos marcos legales y conociendo
estas referencias normativas (por cuanto no directamente específicas
de una situación de reasentamiento por desastre), la población hubiera podido vigilar de manera más consciente el proceso y reivindicar sus derechos, con respecto a la intervención del Estado en sus
diferentes niveles. A pesar del trabajo conjunto y de las buenas articulaciones que se lograron por momentos entre población e instituciones del Estado, esta experiencia tuvo algunas limitaciones por no haberse socializado previamente el marco de referencia. Esto llevó a que
los pobladores y en parte también las instituciones que apoyaban, no
tuvieran claras todas las etapas del proceso de reasentamiento y sus
relativas dificultades. Nos referimos, por ejemplo, a la atención legal
que necesitaba la población para acceder a la reubicación, y que el
proyecto pudo asumir sólo para los integrantes de la UPIS Nuevo Calle
Nueva; lamentablemente en el caso de otros vecinos que igualmente
querían reubicarse no había un organismo bien identificado con esta
función y sobre todo, físicamente accesible. Nos referimos también al
derecho de ser acompañado y asistido durante toda la reubicación
el cual no fue respetado totalmente, considerando que el desplazamiento físico al nuevo terreno y la organización del pueblo joven fue
dejado en su mayoría a la creatividad y recursos personales de cada
102 /
familia. Además, las autoridades no consideraron previamente la socialización y uniformización de la definición de damnificado, dando
por obvio que toda la población le daría el mismo significado. Ello
generó problemas al permitir la reubicación a los inquilinos y repercutió sobre la percepción de la indemnización justa de los propietarios
damnificados.
La imposibilidad de acceder a un referente establecido sobre el tema
legal era aún más grave si se consideraba lo que la destrucción había
dejado completamente al desnudo, es decir los problemas relativos
a la titularidad del predio. La falta y/o descuido de los documentos
de propiedad o las informales subdivisiones prediales eran costumbre común para muchos de los damnificados. Es entendible que, en el
caso de una compensación por desastre y del requerimiento de documentos legales que comprueben sus derechos a la misma, los pobladores acostumbrados a cierta informalidad sobre este asunto hayan
tenido dificultad en entender un aspecto tan ajeno a su cotidianidad;
la falta de un documento de posesión de la vivienda no permitía a los
pobladores defender su derecho a una compensación por pérdida,
lo cual podría ser visto como una brecha21 más entre el Estado y la
población. Tal situación grafica claramente el enfrentamiento entre la
legitimidad de la práctica social y la norma, y denuncia un contexto
en el cual se fomenta una cultura de la informalidad que mina los derechos de la comunidad.
Citamos el aspecto legal porque es uno de los casos en el cual las condiciones del contexto influyen sobre cualquier tipo de intervención,
y demuestra cómo las actividades se circunscriben al marco de referencia y dependen no sólo de los actores que las ejecuten sino de las
prácticas consuetudinarias.
Por lo dicho anteriormente, el acompañamiento y orientación legal
a la asociación y la comunidad en general, fue uno de los elementos
No podemos desarrollar acá un punto tan amplio e importante, sobre todo por razones de
espacio; sin embargo hay que señalarlo pues es parte de las recomendaciones útiles para
enfrentar y solucionar el problema de la distancia y desconfianza entre poblador y Estado.
21
/ 103
más importantes de nuestra experiencia, y la escasa atención que se
le dio por parte de las autoridades fue un motivo más de dificultad
en el proceso de indemnización previo a la reubicación. Si la orientación legal brindada por el proyecto facilitó la reubicación de muchas
familias de la UPIS Nuevo Calle Nueva, lo mismo no sucedió con otras
familias que necesitaban asesoría legal, sea que vivieran en el albergue a la espera de la reubicación o en otras zonas del distrito. Pero lo
que consideramos más importante es señalar que el conocimiento de
un marco normativo es básico para que la gente pueda entender e
interiorizar sus derechos y sobre todo para que pueda, a partir de esta
interiorización, ejercerlos a través del reclamo y recuperar así una vida
digna, a pesar de la precariedad del contexto.
Por otro lado situaciones como ésta nos llevan a considerar con mayor énfasis la importancia de las políticas públicas que solucionen
definitivamente estas necesidades, que no son consecuencias de un
desastre, sino hacen parte de una realidad del país; creemos que el
Estado tiene el deber de solucionar estos problemas como estrategia
de prevención y mitigación de posibles daños futuros.
Aspectos que han dificultado el proceso de reubicación
Como ya hemos señalado en el caso de los aspectos que han facilitado el proceso de reubicación, también con respecto a aquellos que
lo han dificultado haremos una diferenciación entre las actividades
que dependían directamente del proyecto y aquellas que han tenido
como protagonistas y/o coprotagonistas a otros actores del contexto,
intentando en lo posible señalar las diferencias.
Necesidad de una constante planificación y vigilancia del proceso
Con respecto a nuestra intervención específicamente, hubiéramos
debido incidir más con las autoridades locales para fomentar su mayor participación en brindar un acompañamiento a la comunidad en
la etapa de reubicación y post-reubicación. A un inicial interés de las
autoridades, que tuvo el mérito de lograr la implementación de los
servicios temporales no siguió un compromiso mayor para monito-
104 /
rear su correcto uso y funcionamiento ni velar por una vida digna de
los pobladores. De otro lado, no socializar oficialmente un plan de
urbanización y reasentamiento, con plazos y responsabilidades bien
identificados, para lograr el aprovisionamiento definitivo de los servicios y una reconstrucción rápida, influyó sobre la capacidad de la
comunidad de exigir a sus autoridades la necesaria vigilancia. En este
sentido, habría que evaluar en qué medida nuestra presencia en la
primera etapa del proceso de reubicación (con el asesoramiento al
grupo promotor) no determinó el desinterés posterior de las autoridades en velar por los derechos de los damnificados.
Por otro lado, ya hemos hablado de la fragmentación de los intereses
de la comunidad. Con el paso del tiempo y el logro de algunos objetivos, la representatividad de los dirigentes iba disminuyendo y más
bien se formaban grupos de vecinos que gestionaban sus problemas
como necesidades limitadas a sus cuadras o manzanas. Es decir, se
daba cierta fragmentación que no ayudaba un proceso eficaz de monitoreo y seguimiento por parte de la comunidad. Los intentos del
proyecto por promover experiencias de autoorganización comunitaria, si bien habían tenido buena respuesta hasta la reubicación de las
familias, no dieron resultado en la nueva etapa de urbanización.
La acción del proyecto se concentró en el acompañamiento a las familias que reconstruyeron su vivienda, como forma de empoderamiento
de la comunidad, pero no aportó de manera efectiva al tema organizacional interno, lo cual es importante sobre todo en relación a la peligrosa ausencia de planificación por parte de las autoridades en campos como la comunicación de los avances del proceso, la transferencia
de información a la población, y la programación de actividades para
garantizar los servicios en un contexto precario y en continua transformación. Las experiencias de organización de grupos con objetivos
dirigidos a la mejora de las condiciones de vida del emplazamiento
no generaron el efecto multiplicador esperado por todo el equipo.
Aunque la respuesta reconstructiva sea rápida, cuando se acompaña de una escasa planificación por parte de las autoridades, y poca
capacidad de autoorganización de la misma comunidad, no ayuda al
proceso de metabolización de la vivencia del desplazamiento.
/ 105
Podemos buscar los motivos de estos problemas en muchas situaciones y contingencias relativas al accionar de las mismas autoridades o de los grupos de la comunidad; probablemente en determinados momentos se reactivó la desconfianza entre pobladores y
autoridades, entre la comunidad y sus representantes, entre asociados y junta directiva. Si las instituciones o los representantes involucrados en un proceso no otorgan las facilidades para que su acción
sea vigilada, la intervención no será aceptada solo porque es necesaria. La proliferación de ideas y teorías paranoicas22 para justificar el
hecho de querer reubicar a las familias de la Calle Nueva, nos enseña
que muchas veces preferimos creer en lo imposible para no aceptar
lo irremediable.
De otro lado, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para informar de manera detallada y clara sobre los móviles de una acción y
despejar las dudas con respecto a otras alternativas; sin este ejercicio encontraremos siempre grupos nostálgicos y defensores de la
“opción no considerada”. Se debería fomentar acciones planificadas
y socializadas, que permitirían evitar errores; por ejemplo, en la experiencia, se debió evitar intervenciones de mejora de la zona destruida, que enviaron mensajes ambiguos a la población y causaron el
repoblamiento del lugar de origen. De la misma manera, una buena
planificación se preocuparía de despejar cualquier duda sobre la imposibilidad de asentarse nuevamente en la zona declarada en riesgo.
En todo proceso de reubicación existen dos principios que facilitan su
implementación: el conocimiento del destino del terreno de origen
(de preferencia con un proyecto que involucre los expropietarios) y
mejores condiciones de vida en el refugio temporal con respecto al
terreno de origen. Cuando no se respetan estas dos simples pautas,
nos encontramos en serias dificultades.
Para terminar es necesario decir que, aunque no estuvo directamente planteado en la elaboración del proyecto, como consultores del
Entre algunas de ellas el hecho que el terreno de origen tenía petróleo y este era el motivo por el cual se le sugeria a la gente de mudarse al nuevo emplazamiento, es decir poder
aprovechar la riqueza del “oro negro”.
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grupo promotor y como equipo del proyecto que implementaba un
acompañamiento legal y social a las familias para su reubicación, hubiéramos debido insistir más sobre la universalización de la asesoría
legal a los damnificados y sobre la autoorganización de grupos de
base para el monitoreo y seguimiento del proceso de saneamiento
físico legal, urbanización y reubicación en el nuevo terreno.
Escasa capacidad de diversificación de la respuesta según las
diferentes demandas de la población
Fieles a este concepto de accesibilidad y participación, debimos implementar una estrategia más adecuada con respecto a los pobladores damnificados que vivían en la parte baja. En tanto la relación con
ellos seguía motivada por el trabajo de asesoría legal y la labor lúdica
con niños y niñas, no se pudo cubrir hasta el final las necesidades y
demandas de las personas con respecto a la reconstrucción y repoblamiento de la zona.
Consideramos que la coincidencia de tres factores: una información
no contrastada sobre el destino del sitio de origen que alimentaba
rumores; la falta de un documento oficial sobre la inhabitabilidad de
la zona; y la firmeza por parte de las dos instituciones (ASPEm y APY)
en señalar su desacuerdo sobre el repoblamiento de la parte baja, generaron una situación delicada en la cual no siempre las decisiones
tomadas fueron las más adecuadas para la población que regresó a la
Calle Nueva. En un contexto de este tipo es necesario considerar diferentes estrategias, según las particulares necesidades de los grupos
humanos, puesto las limitaciones de recursos humanos y materiales
son una dificultad real en la gestión de situaciones tan complejas.
Bajo esta perspectiva es importantísimo aunar esfuerzos y articular las
acciones con otros actores presentes en la zona, para responder a las
demandas de la población. Si en un primer momento nuestra labor se
concentró también en esta actividad complementaria (a través de la
participación en las reuniones de coordinación en el PNUD Chincha),
en un segundo momento una menor actividad coordinadora del órgano internacional y una mayor preocupación por cumplir con nuestros
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objetivos de proyecto llevaron a no considerar todas las necesidades,
sobre todo las de la población de la parte baja de Tambo de Mora.
Escaso mantenimiento del sistema de monitoreo comunitario
relativo a la identificación de las familias beneficiadas.
Finalmente hay que señalar que algunas familias beneficiadas con
la casa de quincha (9 sobre 112) no se trasladaron inmediatamente
al nuevo emplazamiento, aunque participaron en todo el proceso
constructivo. Su atraso en mudarse al Nuevo Tambo de Mora se debía
principalmente a las precarias condiciones de salubridad en el emplazamiento, ya que los servicios de agua y desagüe eran aún temporales
y no se daban condiciones de vida adecuadas; aunque la dificultad de
algunas familias se debía a tener miembros con discapacidad mental
y/o física o adultos mayores enfermos, lo que los obligaban temporalmente a postergar la mudanza. Pero en el caso de otras familias su
conducta no tenía algún tipo de justificación que no fuera la precariedad de los servicios en el emplazamiento.
Al haber participado la población en todo el proceso de selección,
se generó una ligera crítica por esta situación, que legitimaba algunas dudas sobre la real necesidad de las familias de recibir una
vivienda donde mudarse. A pesar de que las condiciones precarias
de los servicios no permitían criticar mucho a aquellas familias que
seguían hospedadas en las casas de sus seres queridos en otras
zonas del distrito, hubiera sido mejor fomentar la presión social
dentro del grupo y reforzar la conciencia del monitoreo comunitario para evitar casos de esta naturaleza, que deslegitiman un mecanismo construido con mucho esfuerzo para asegurar un sistema
compartido y democrático.
Por otro lado, cuando se organiza un reasentamiento es necesario
garantizar condiciones dignas y los problemas de agua y desagüe
en el nuevo emplazamiento no lo permitían. En este sentido una
vez más, nuestra intervención hubiera sido más efectiva acompañada por un cronograma de urbanización y acciones de vigilancia
y monitoreo comunitario relativo a todo el proceso.
108 /
Capítulo 4
Legitimidad social y derechos
En este último capítulo, a manera de conclusiones queremos resumir
nuestros aprendizajes relativos a los temas desarrollados.
Para empezar, es central remarcar la importancia de que el equipo
intervenga con una actitud comprometida y sincera en el trabajo con
población desplazada, especialmente en un marco de crisis agudizada por la incertidumbre y la desintegración del tejido social.
La reconstrucción del sentido de identidad social1 puede darse a través del reforzamiento ciudadano y del protagonismo de los grupos
formales e informales reconocidos dentro del cuerpo social. En ese
sentido, un objetivo explícito de la intervención está en relación al
fomento de la participación de la comunidad y la transparencia, los
1
Abordar un tema como este y describir la compleja dinámica de las relaciones entre
grupos (véase los estudios de Tajfel y colegas) y del sentido de pertenencia a un grupo,
excede los objetivos de este texto; sin embargo será suficiente saber que situaciones
económica y socialmente polarizadas y/o de crisis de identidad y valores (como puede
pasar después de un desastre natural o antrópico) pueden generar en el individuo una
desidentificación del grupo de pertenencia y/o enfrentamientos entre grupos sociales
distintos, que perciben la situación con discriminación y empiezan a poner en duda la
legitimidad del “estatus quo”. Aunque estos conceptos se refieran a la relación entre grupos sociales dentro de una situación percibida como discriminatoria para la movilidad
social ascensional, se puede adaptar también a un contexto posdesastre en la medida en
que hay una clara percepción de inmovilidad social que mina la legitimidad social en la
relación entre grupos.
/ 109
cuales son ingredientes esenciales para que el proceso, aunque no
nos asegure ser exitoso, pueda ser socialmente legitimado.
La legitimidad social es un concepto complejo que depende de diferentes elementos: entre ellos destacan la accesibilidad, la gestión del
flujo de información y la transparencia informativa, trasversalmente
soportados por la participación activa de los miembros de la comunidad que les permite percibir que su aporte es constructivo para el
proceso a través de su acción directa y del control de las actividades
planificadas.
Si todo esto es aconsejable en relación a una situación de crisis, con
mayor razón lo es ante un evento puntual como el reasentamiento
de familias damnificadas y desplazadas. Sin la participación activa de
las familias el proceso de reasentamiento se puede convertir en una
actividad asistencialista, carente de un norte preciso en términos de
empoderamiento comunitario.
De acuerdo a lo expuesto hasta ahora, la accesibilidad es para nosotros
el punto de partida del sistema. La concebimos teniendo en cuenta
el doble significado de ser accesible: física y humanamente. En el primer caso podríamos referirnos a la situación en la cual la cercanía física
garantiza el acceso a la persona y sobre todo, compartir una misma
realidad. Esta última característica permite construir un diálogo sobre
la base de visiones compartidas del contexto en que se vive y, finalmente, legitima a los ojos del interlocutor la interpretación del otro,
por tener una vivencia parecida.
El compartir el mismo territorio también facilita una relación basada
en aspectos emotivos graficados en gestos, situaciones, eventos vividos en el contexto de intervención. Estos aspectos concurren a la
humanización de los actores presentes, y permiten la expresión del
elemento humano que debe complementar la capacidad técnica en
situación de crisis. Además, sin una suficiente accesibilidad no podría
ser realizable un buen sistema de reclamos, lo cual es parte de la estructura participativa que permite el aporte directo de los grupos de
base, garantizando su función de monitoreo del proceso implementado.
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La transparencia se refiere a acciones que permiten transmitir de manera cristalina lo que se está haciendo. En el caso de nuestra intervención hemos podido mantener cierta transparencia a través de actividades específicamente diseñadas con este fin. Al obligarnos a rendir
cuenta a la comunidad con respecto a nuestras acciones, la transparencia fomentó cierta autocrítica y la búsqueda del involucramiento
de la población en las actividades, además de ayudar a construir una
relación más estable con la comunidad. La consideramos indispensable para combatir la desconfianza, que caracteriza a menudo la relación entre pobladores y autoridades o beneficiarios y organismos no
gubernamentales, sobre todo en situaciones de crisis.
Finalmente, pero no menos importante es la gestión del flujo de información. Consideramos que su libre circulación permite lograr los
siguientes objetivos: uniformizar los conceptos de referencia y asegurar una información compartida; garantizar debates entre personas
informadas y evitar interpretaciones ambiguas y equivocadas; empoderar a las personas sobre su situación y devolverles dignidad en
la medida en que un conocimiento real de lo acaecido en su medio
les permite contrastar la información y averiguar el real avance de los
procesos2; promover el derecho de la persona a elegir de manera más
justa y consciente.
Pensamos que el flujo de información en situación de crisis debe tener
algunas características. En primer lugar, ser continuo y liderado por
una fuente oficial, eventualmente contrastada con fuentes alternativas. Igualmente, ser parte de la planificación de las actividades, cuyo
avance también debe ser informado. La información debe ayudar en la
identificación y resolución de problemas y debe ser adaptada a su público receptor, llegando a todos los estratos socioeconómicos y culturales de la población, de manera que se vuelva discurso compartido e
“Recibir información reduce la ansiedad y es un fundamento esencial de la responsabilidad y la obligación comunitaria”. Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas
para la respuesta humanitaria, pág. 62, edición 2011. Casi refrendando una de nuestras
principales preocupación el mismo documento de la Carta humanitaria confirma la importancia de este aspecto.
2
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uniformizado del proceso mismo de reasentamiento. Una información
con estas características será considerada verdadera y transparente y
servirá también para dar legitimidad a su fuente de origen.
En todos estos aspectos podemos encontrar un elemento transversal:
la participación3 comunitaria, a través de consultas, asambleas, ejecución directa de actividades, monitoreo y control interno del proceso.
Sin la participación activa de la población en todas sus fases de elaboración e implementación, el proceso de reconstrucción o de reasentamiento no encontraría respaldo a su finalidad. Y puesto que se
retroalimenta con los elementos mencionados anteriormente (transparencia, flujo de información, accesibilidad), sin ellos no se daría la
posibilidad de una participación clara y firme de la comunidad. Ésta,
lejos de tener un rol pasivo en un contexto que a menudo prefiere
verla más como víctima que como sujeto de derechos (quizás porque
una víctima agradece por lo que recibe, mientras que un damnificado
consciente de sus derechos puede exigir), debe asumir el justo protagonismo y vigilar el respeto de sus derechos humanos, económicos,
sociales, ambientales. Esto significa ejercer legitimamente el poder de
decidir con respecto a su vida y su futuro, sin entregar las riendas a
quienes podrían preferir sus intereses personales a las necesidades de
las personas afectadas.
Lo anteriormente planteado nos confirma que la legitimidad social,
como resultado del entramado de transparencia, gestión del flujo de
información y accesibilidad dentro de un marco de participación activa, puede ser punto interesante de debate sobre las intervenciones
propuestas por las instituciones, y sobre el rol de la comunidad en
procesos similares. Allí donde no se garantice la presencia y el control
comunitario, será menor también la legitimidad que otorgue la comunidad a las acciones implementadas.
3
“La participación activa en la respuesta humanitaria es un fundamento esencial del derecho de las personas a vivir con dignidad…” Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas
mínimas para la respuesta humanitaria, pág. 61, edición 2011
112 /
En nuestra experiencia, cuando nos referimos al hecho de promover
la legitimidad social no entendemos decir que no hubo discusiones
con la comunidad y sus representantes sobre las actividades del proyecto y sus efectos; entedemos afirrmar sobretodo que los pobladores sabían que en los diferentes momentos de implementación de las
actividades, habían tenido la posibilidad de opinar a favor o en contra,
dar sugerencias, reclamar por sus derechos y sobre todo, ver reconocidos sus reclamos cuando tenían adecuada fundamentación.
Estamos frente a un sistema que intenta fomentar la convergencia entre participación protagónica, eficacia del reclamo y aceptación social.
Un sistema de este tipo garantiza la percepción de influencia sobre
el proceso, en el sentido de que las personas que participan sienten
que pueden dar seguimiento y orientar el proceso mismo. Esta sensación de poder les permite recobrar cierta autonomía sobre algunos
aspectos de su existencia. Bajo esta óptica, podemos entender a la legitimidad social como prueba de la interiorización por parte de la comunidad de sus derechos y de sus deberes4, a través de mecanismos
de participación activa y control sobre el proceso de reconstrucción.
El mismo concepto nos aclara la diferencia entre una reubicación y
un reasentamiento, entendiendo el segundo como un proceso que
asegura y prevé el conocimiento y la elaboración compartida de sus
etapas, el monitoreo de la implementación de las mismas y la participación de la población en las actividades más importantes, como
supuestos irrenunciables5 para ejercer sus derechos.
Esta afirmación encuentra una confirmación indirecta en todas las situaciones de reclamos y protestas sociales en las cuales generalmente la población denuncia la imposibilidad de ser dueña de su propio destino.
4
Además, como es mencionado en las directrices de organismos supranacionales, se debe
recuperar el rol protector de las autoridades, la necesidad de un acompañamiento continuo a los desplazados, desde lo logístico hasta lo legal, lo psicológico y lo organizativo.
Finalmente, su papel no termina con la habilitación de un terreno otorgado a los damnificados como parte de la indemnización, sino debe asegurar la rehabilitación social y
económica de la población afectada.
5
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Evidentemente, en los casos en que falta un plan de reasentamiento o
no es oportunamente socializado, se complica el logro de resultados,
puesto que la legitimidad social reconocida por los diferentes actores
que conforman una comunidad será débil.
Es oportuno entonces que un grupo promotor, conformado por representantes de la comunidad, de las autoridades, de las instituciones locales o extranjeras que están apoyando en la etapa de crisis, elabore
un plan concertado de la intervención. Este plan debe ser socializado y
toda la población debe estar informada sobre los plazos de ejecución,
las responsabilidades de las instituciones involucradas, el uso de un
mecanismo de reclamos y quejas6 relativos a todo el proceso. Además,
grupos de la comunidad deben tener un papel protagónico en la implementación del plan y no solo de control sobre el cumplimiento de
las etapas.
En la etapa previa a la implementación del proceso de reasentamiento es necesario proceder a un censo de la población damnificada
considerando, entre los datos socioeconómicos, la diferenciación en
grupos vulnerables y la situación legal.
Es vital solucionar los problemas legales de las familias damnificadas
y socializar el marco normativo de referencia, los mecanismos de indemnización y las subvenciones para la reconstrucción y rehabilitación económica que el Estado va a implementar.
Por otro lado, no se pueden descuidar servicios de atención psicológica y psicosocial con enfoque comunitario dirigidos a los grupos más
vulnerables (niños, niñas adolescentes, mujeres y adultos mayores)
con el objetivo de empoderarlos frente a las condiciones de crisis y
revalorar sus recursos personales y colectivos7.
“Las personas tienen derecho a formular una queja a una organización y recibir la correspondiente respuesta. Los mecanismos oficiales para presentar quejas y obtener reparación son componentes esenciales de la rendición de cuentas ante la población y ayudan
a las comunidades a recuperar el control de su vida”. Proyecto Esfera. Carta humanitaria y
normas mínimas para la respuesta humanitaria, pág. 63, edición 2011.
6
“Las iniciativas comunitarias y la autoayuda contribuyen al bienestar psicológico y social
7
114 /
No se debe incurrir en el error de dejar de lado las oportunas coordinaciones interinstitucionales8, para cubrir necesidades de otros grupos de la zona de intervención, como fue el caso de las personas que
no querían reubicarse, las cuales tenían ya otro tipo de demandas.
Una mayor articulación con otras instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, hubiera permitido aliviar el sufrimiento de estos grupos de la población y responder a las necesidades de toda la
comunidad.
En esta etapa es fundamental que no haya incongruencia entre la comunicación de las autoridades con el grupo beneficiario o entre las
acciones de las diferentes instituciones presentes en el terreno; además se debe cumplir con los plazos de habilitación del terreno donde
se reubicarán a las familias y su saneamiento físico-legal, previa fundamentación a través de estudios de la inhabitabilidad del terreno
de origen. Por lo visto es indispensable que los representantes del
grupo promotor sean accesibles, transparentes en sus actividades y
desarrollen de manera firme su papel de fuente de información sobre los avances del plan. Esto requiere una circulación continua de
información entre ellos, para uniformizar su versión y no generar más
confusión.
El procedimiento para acceder al reasentamiento y los documentos
necesarios deben ser muy claros, y las listas de familias por reasentar
deben ser expuestas en lugares fácilmente accesibles para la población. Pero sobre todo, el proceso de elaboración de las listas debe desarrollarse de manera transparente para quien quiera participar y no
de las personas afectadas por el desastre, restaurándole su dignidad y dándole cierto
grado de control sobre la situación”. Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas
para la respuesta humanitaria, pág. 61, edición 2011. Esta recomendación la encontramos
también en las 79 lecciones aprendidas del texto “Lecciones aprendidas del Sur” publicado
por INDECI. La lección Nº 14 afirma que “La recuperación emocional de la población afectada y/o damnificada por un desastre es un aspecto central” y que “una población con
mayor capacidad de recuperación psicológica facilita el cumplimiento de los procesos
de atención a la emergencia”, pag. 188-189.
La articulación entre instituciones que intervienen en zonas de desastre es un imperativo, pero hay variables que influyen sobre su efectividad, como los objetivos de intervención, la duración de la intervención, el impacto que se quiere lograr.
8
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sólo para los representantes del grupo promotor, ya que no se debe
dejar de lado el rol monitor de la comunidad y no se puede subestimar las diferencias entre representantes y población.
Una vez identificadas las familias y aprobado su reasentamiento, es necesario organizar su desplazamiento por grupos, de manera ordenada
y con atención a los grupos vulnerables de la población, evitando un
flujo caótico de personas en puntos diferentes del emplazamiento.
Se debe fomentar también la creación de un comité conformado por
grupos formales e informales, que gestione los inevitables problemas
organizacionales de un pueblo joven. Lo más importante es tener un
grupo de referencia legitimamente elegido, que conozca los compromisos contenidos en el plan de reasentamiento, pueda monitorear los
avances de la urbanización y sigua coordinando con el grupo promotor para controlar el proceso y poder reclamar con efectividad en el
caso de retrasos o dificultades. En este momento la presencia del grupo promotor, y de las autoridades estatales sirve para garantizar un
plan de rehabilitación socioeconómica, y la participación de la comunidad en actividades integrales de reconstrucción y organización del
emplazamiento. Las entidades deben velar por las familias mientras
que se gestiona la reconstrucción de sus viviendas y garantizar que
esta reconstrucción pueda ser rápida, efectiva y participativa. En lo
específico se debe evitar el error de limitar la presencia de las autoridades a las tres primeras etapas consideradas en el capítulo dos; para
garantizar una rehabilitación social, económica y emocional de la población desplazada, es necesario que el grupo promotor siga funcionando, con participación de entidades del Estado como garantes de
la mejor implementación del plan de reasentamiento, y del acompañamiento integral a las familias que lo necesitan.
El gobierno, las instituciones locales y extranjeras, las ONG, el mundo
de la empresa privada, pueden invertir recursos para proyectos de capacitación y formación de las personas damnificadas, con el objetivo
de que participen del mundo del trabajo asalariado y/o impulsar el
financiamiento de proyectos de microcrédito para las familias. Si consideramos a la población femenina y/o a los niños, es importante no
solo preparar el terreno para limitar al mínimo las dificultades cotidia-
116 /
nas de quien se queda cuidando la vivienda, sino pensar a largo plazo
y fomentar iniciativas para la mejora de la condición de las mujeres
en el contexto de intervención9. Entre estas actividades señalamos los
programas de alfabetización, la mejora del acceso a bienes productivos, la capacitación para acceder al trabajo e impulsar la igualdad
de oportunidades de empleo, el aumento de la participación en la
toma de decisiones. Todos estos aspectos deben hacer parte de una
planificación que tome en cuenta a los grupos vulnerables, y apoye
con el fin de consolidar y proteger las relaciones sociales que son las
bases sobre las cuales fundar un proceso de reconstrucción social y
económica.
Nos parece importante, entonces, terminar especificando los puntos
que nuestra experiencia nos ha ayudado a identificar como esenciales
en un proceso de acompañamiento a una población por reasentar:
1. Elaboración de un detallado plan de reasentamiento, incluyendo un cronograma, concertado con la comunidad y respetuoso
de las necesidades de los grupos vulnerables, y que tenga como
objetivo la reconstrucción de las viviendas y del tejido social,
con un marco normativo claro y socializado
2. Creación de un grupo promotor integrado por representantes de la comunidad, del gobierno local y de otras instituciones presentes en la zona
3. Presencia constante del equipo que acompaña el reasentamiento en el terreno de operaciones
4. Información sobre el destino del terreno de origen
“La discriminación por razón de sexo limita el acceso de las mujeres a los recursos, oportunidades y servicios públicos que necesitan para mejorar su nivel de vida y el de sus
familias. El resultado es que, con frecuencia, las mujeres son las primeras en sufrir las
consecuencias de un reasentamiento mal planificado o ejecutado. Las mujeres tienden
a depender más que los hombres de las redes de apoyo informales, como la ayuda de
amigos, vecinos o parientes, para el cuidado de sus niños.” Manual para la preparación de
un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial, Abril 2002, pág. 49. También en
este caso un documento oficial del Banco Mundial nos confirma la importancia de haber
intervenido para la reducción de la brecha de género en una situación posdesastre.
9
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5. Atención en el tema legal a la población por reasentar
6. Acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes
7. Otorgamiento de información constante a la población beneficiada a través de diferentes modalidades
8. El involucramiento de la población a nivel de coordinaciones,
tareas, control de los avances del proyecto, reconstrucción de
viviendas temporales y/o definitivas
9. Presencia de todos los miembros de las familias en la implementación de las tareas, sin descuidar la participación de las
mujeres y los adolescentes
10. Elaboración de un procedimiento para el reclamo de la población y respuestas efectivas a las quejas
11. Auto-organización comunitaria (grupo de referencia) para el
monitoreo de los procesos relativos a la urbanización y reasentamiento en general
118 /
B i b l i o gra f í a
Manual para la preparación de un plan de acción en
reasentamiento, CFI, Banco Mundial, www.ifc.org 2002.
Lo Disruptivo, M. Benyakar, Editorial Biblos, Argentina, 2003.
Lo Traumático (vol. 1 y 2), M. Benyakar y A. Lezica,
Grafica LAF SRL, Buenos Aires, 2006.
Guía del IASC sobre salud mental y apoyo psicosocial
en emergencias humanitarias y Catástrofes, 2007.
Apuntes históricos de chincha 1870-1950, C. M. Pachas Lévano, J&C impresores S.R.Ltda, Perú, 2006.
La respuesta solidaria en el Sur: intervención de emergencia en Tambo de Mora 2007, ASPEm, Perú, 2008.
El Rol del Estado afectado: Un estudio de caso de la
Respuesta al terremoto Peruano, S. Elhawary, G. Castillo,
HPG, www.odi.org.uk/hpg 2008.
Impacto Socioeconómico y Ambiental del Sismo del
15 de Agosto de 2007, INDECI, Grafica Industrial Alarcón
S.R.LTDA, Perú, 2011.
El Proyecto Esfera carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, E.I.R.L., Perú, 2011.
/ 119
Gruppi umani e categorie sociali, H. Tajfel, Il Mulino,
Italia,1995.
Lecciones aprendidas del Sur, INDECI, GMC Digital
SAC, Perú, 2009.
120 /
Se terminó de imprimir en setiembre de 2012
en los talleres gráficos de SINCO editores
Jr. Huaraz 449 - Breña • Teléfono 433-5974
[email protected]
Sistematización de una intervención
en el marco del proyecto
“Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria
para la Reconstrucción de Tambo de Mora”
E
l 15 de agosto del año 2007, un sismo de 7.9
grados de magnitud afectó la zona sur del país. El
epicentro de este terremoto según reportes del
Instituto Geofísico del Perú (IGP), estuvo localizado a
74 Km en dirección oeste de la ciudad de Pisco; el
hipocentro fue a 40 kilómetros de profundidad y se
propagó en diferentes zonas del país, siendo las
principales afectadas Pisco, Ica y la provincia de
Chincha.
Los daños generados por el sismo y la necesidad de
atender a las personas afectadas, motivaron un flujo
de ayudas nacionales e internacionales hacia las
zonas
golpeadas.
Algunos
organismos
no-gubernamentales (ONG) que venían trabajando
en la zona o en el país, se ocuparon de organizar la
primera respuesta a la emergencia, entre ellas la
ONG italiana ASPEm (Asociación Solidaridad Países
Emergentes) presente en el Perú hace más de 20
años, aunó esfuerzos con la fundación española APY
- Solidaridad en Acción para garantizar ayuda a la
población damnificada.
Como primera respuesta las dos instituciones
ejecutaron un proyecto de emergencia en favor del
distrito de Tambo de Mora y, bajo pedido de la
población damnificada y de las autoridades, al
terminar el primero desarrollaron un segundo
proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de
rehabilitación y reconstrucción de la comunidad.

Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora

Transcripción

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