Taller 13 - Asociación de Historia Contemporánea

Comentarios

Transcripción

Taller 13 - Asociación de Historia Contemporánea
Taller 13
Los problemas de la construcción del Estado contemporáneo en España durante el
siglo XIX
Coordinadores: Juan Gay Armenteros (Universidad de Granada),
María José Vilar (Universidad de Murcia), Gonzalo Butrón Prida (Universidad de
Cádiz), y Juan Luis Simal (Universidad Autónoma de Madrid),
[email protected]; [email protected] ; [email protected]; [email protected]
Textos aceptados (14)
.
13.1. Araque Hontangas, Natividad (Universidad de Castilla-La Mancha), ―Proyectos de
cambios educativos y fiscales en las Cortes de Cádiz‖………………………………….3
13.2. Brito, Ricardo de (bolseiro de doutoramento FCT, ICS-ULisboa/CH-ULisboa),
―Exílios de liberais ibéricos: reflexões em torno do conceito de revolução nas primeiras
décadas de oitocentos‖ …………………………………………………………………17
13.3. Bustos, Sophie (Universidad Autónoma de Madrid) y Poveda Martínez, Ángel
Ramón (Universidad Autónoma de Madrid), ―Liberales exaltados y progresistas:
aspectos ideológicos de dichas formaciones con vistas a la construcción de un sistema
político liberal en España‖……………………………………………………………...33
13.4. Cañizares Márquez, José Antonio (UNED), ―Legislación educativa y formación de
la identidad nacional de Cuba en el siglo XIX‖………………………………………..45
13.5. Castaño-Penalva, Máximo (Universidad de Murcia), ―Estatuto de Bayona:
espejismo de concordia‖………………………………………………………………..65
13.6. Feria San José, Cristina (Universidad del País Vasco), ―Familias políticas:
Pervivencia de las élites contemporáneas hasta el s. XX‖……………………………85
1
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
13.7. Fernández Armesto, Mónica (Universidade de Santiago de Compostela), ―Las
contribuciones de la Iglesia a la amortización de vales. La imposición de la jurisdicción
del Estado en el cobro de rentas (1808-1849)‖…………………………………………99
13.8. Giménez Vera, José Luis (Universidad de Murcia), ―Conspiraciones y alzamientos
en la España del Sexenio absolutista‖………………...………………………………117
13.9. Piñera Ayala, María Dolores (Universidad de Murcia), ―Las fábricas de luz:
contribución al debate historiográfico de la Revolución Industrial desde la región de
Murcia‖………………………………………………………………………………..133
13.10. Pubill Brugués, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona), ―La corrupción: ese
parásito transecular. Una mirada dilatada a un fenómeno europeo‖…………………...47
13.11. Saldaña Fernández, José (Universidad de Valparaíso), El internacionalismo
liberal más allá de Europa: Lecturas en clave nacional, Chile 1830-1848‖…………..167
13.12. Sánchez Álvarez, José Alfredo (UNED), ―El inicio de la España que conocemos:
1808-1814‖…………………………………………………………………………....183
13.13. Serra Martínez, Guillermo de la Paz (Universidade da Coruña), ―Importancia de
las sociedades de recreo en la construcción del Estado liberal decimonónico en la ciudad
de A Coruña‖..………………………………………………………………………...195
13.14. Yépez Piedra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona), ―Las campañas
humanitarias: Influir y movilizar la opinión pública‖.……………………………..…213
2
Proyectos de cambios educativos y fiscales en las Cortes de Cádiz
Natividad Araque Hontangas
Universidad de Castilla-La Mancha
Los cambios hacia un sistema político liberal en Europa, provocó importantes cambios
en la Inglaterra del siglo XVII, en Francia con la revolución de 1789 y en España con la
promulgación de la Constitución de 1812 y la implantación de un sistema de monarquía
parlamentaria que culminaría durante el Sexenio revolucionario (1868-1874).
En esta ponencia se habla sobre el cambio educativo y económico realizado en España
en el periodo 1808-1814, aprovechando la ausencia de la monarquía absoluta debido a la
Guerra de la Independencia contra Francia. Durante un periodo bastante convulso
motivado por el conflicto bélico, se desarrolló un modelo institucional liberal amparado
por las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812. El liberalismo
español se diferenciaba del francés en que al diseñar las nuevas instituciones se tuvo en
cuenta el sentimiento nacional frente al invasor extranjero. También compartía los
planteamientos políticos del liberalismo inglés frente a la Corona inglesa y la idea de que
el progreso económico, eliminando una fiscalidad propia del Antiguo Régimen con una
base en la exención y la desigualdad social, para propiciar la creación de una
contribución única, que consideraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Este
estudio se centra en dos importantes documentos el Informe Quintana y al decreto de 13
de septiembre de 1813, el primero desarrolla unos planteamiento ideológicos educativos
liberales y establece la génesis del sistema público de enseñanza en España, mientras
que el segundo establece un modelo económico liberal basado en una tributación
3
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
mediante la implantación de una contribución única, eliminando la fiscalidad del
Antiguo Régimen.
La política educativa del liberalismo español: la influencia de la Revolución
francesa
A comienzos del siglo XIX estaba de moda en España la cuestión pedagógica,
los métodos de Pestalozzi habían adquirido un interés inusitado en nuestro país según
comenta Méndez Bejarano en su obra sobre Blanco-White y destaca el papel que habían
desempeñado Blanco y Antillón en este ámbito Josef de Vargas Ponce fue el personaje
que más destacó por su impulso de la educación en España, el cual publico una obra
titulada la instrucción pública, único y seguro medio de la prosperidad del Estado, en
1808, además de ejercer su cargo de miembro de la Junta de Instrucción Pública desde
1797 por nombramiento del entonces ministro Jovellanos.
Gaspar Melchor de Jovellanos cuando era miembro de la Junta Central, en 1809,
intentó mejorar la instrucción pública a través de la elaboración de las ―Bases para la
formación de un plan general de Instrucción Pública‖, en las que aparece la instrucción
pública ligada a la prosperidad social bajo el influjo del Dictionnaire encyclopédique,
educando al pueblo en base a las virtudes morales y cristianas y con objeto de eliminar
paulatinamente el Antiguo Régimen. Jovellanos abandonó el dominio de la moral para
entrar en el de la psicología y el de la lógica, además proyectó la creación de una Junta
de Instrucción Pública, con objeto de que propusiese todos los medios para el progreso,
la mejora y la extensión de la instrucción nacional1.
La Junta central, que era el máximo órgano de gobierno, había creado la
Comisión de Cortes compuesta por siete juntas, una de ellas tenía como misión la
elaboración de un proyecto de Constitución, y otra de ellas tenía que elaborar un
proyecto de arreglo de la instrucción pública. Esta última, estaba presidida por
Jovellanos (redactor de las Bases para la formación de un plan de instrucción pública,
en noviembre de 1809) y compuesta por Joaquín de Fondevilla, Isidoro Antillón
(geógrafo y profesor del Instituto Pestalozziano), Alberto Lista (profesor de
1
Rufino BLANCO: Quintana. Sus ideas pedagógicas, su política y su significación filosófica, Madrid,
Imprenta de la revista de archivos, 2010.
4
matemáticas y humanidades y autor de varios escritos sobre educación), Manuel Abella,
Manuel de Valbuena, Juan Tineo, Higinio A. Lorente, Mariano Gil de Bernabé, Jaime
Villanueva, Juan C. Bencomo y José I. Morales (canónigo sevillano y autor de
opúsculos sobre la educación).
Las Cortes de Cádiz se constituyeron en septiembre de 1810, convirtiéndose en
el máximo órgano político hasta su disolución en 1814, adoptando decisiones políticas y
educativas fundamentadas en la corriente liberal, que dieron lugar a la promulgación de
la Constitución de 1812. Concretamente, el título IX de dicha norma suprema, recogía
en los artículos 366 a 371 todo lo relativo a la instrucción pública, mediante una
terminología ilustrada y liberal que propugnaba una enseñanza general, uniforme,
nacional, centralizada y bajo la protección del gobierno. En dichos artículos se hacían
declaraciones programáticas, como era el establecimiento de escuelas de primeras letras
en todos los pueblos del país, para la enseñanza de la lectura, escritura y cálculo, así
como el catecismo de la religión católica y una breve exposición de las obligaciones
civiles, con la exigencia de que se supiese leer y escribir a partir de 1830, para ejercer
los derechos de ciudadano (el derecho al voto), lo cual se distanciaba del sistema
napoleónico, que proponía la educación de las élites . Además, se manifestaba la
necesidad de crear un número competente de universidades y otros establecimientos de
instrucción, que se conjugarían dentro de unos criterios de centralización, atribuyendo a
las Cortes la competencia máxima en materia educativa. También, en el artículo 369 de
la Constitución de 1812 se establecía la creación de una Dirección General de Estudios,
a cuyo cargo estaría la inspección de la enseñanza pública, bajo la autoridad del
Gobierno.
La labor educativa de las Cortes de Cádiz correspondió a la Comisión de
instrucción pública designada el 23 de septiembre de 1811, para elaborar un informe o
plan de bases para el arreglo de la instrucción pública, como contrapunto a las
actuaciones de la Junta de Instrucción Pública, nombrada el 12 de febrero por José
Bonaparte. La Comisión de 1811 estaba compuesta por: Jovellanos, Luis de Salazar,
Vicente Blasco, Quintana, Manuel Abella, Juan de Ara, Josef Rebollo, Martín de Navas,
Eugenio de Tapia, Bartolomé Gallardo, Diego Clemencín y José Oduardo . Por
entonces, ya se había abierto los colegios y universidades, que fueron clausurados el 30
de abril de 1810, mediante el decreto de 16 de abril de 1811, aunque en ellos reinaba la
desorganización.
5
Los planteamientos educativos de la Constitución de 1812 y los posteriores
informes y reglamentos para desarrollarlos, estuvieron basados en el liberalismo y en el
nacionalismo defendido en el proyecto que Condorcet presentó a la Asamblea
legislativa francesa en 1792, sentando así las bases de un sistema educativo nacional
basado en tres pilares básicos: una instrucción primaria con carácter universal, para
todos los ciudadanos, y gratuito; en segundo lugar, el plan general de estudios quedaba
a cargo de la Nación, puesto que era el Parlamento el encargado de elaborar el plan
general de instrucción pública; en tercer lugar, la dirección del sistema quedaba a cargo
de un órgano colegido independiente, que estaría en la cúspide del mismo, sólo bajo la
autoridad del Parlamento2.
En todos los documentos en los que participa Quintana (el Informe de 1813, el
Dictamen y proyecto de 1814, el Reglamento de 1821 y el documento de arreglo
provisional de 1836, entre otros) queda patente que fue uno de los representantes del
pensamiento laicista y enciclopédico en la España de comienzos del siglo XIX. Todas
las grandes cuestiones que se debatirían después en España (libertad de enseñanza,
gratuidad, centralización, uniformidad, entre otras) estaban tratadas en el Informe y
posterior dictamen y proyecto de 1813 y 1814, respectivamente. Estos documentos
educativos influyeron en el Trienio Liberal, concretamente en el Reglamento de
instrucción pública de 1821; y en las reformas educativas progresistas de 1836 que,
entre otras cosas, dieron lugar a la creación de la Universidad Central y de la Dirección
General de Estudios, que algunos autores la denominan el tercer pilar condorcetiano .
Los diputados de las Cortes Constituyentes de Portugal, en diciembre de 1820,
tomaron como referencia los ejemplos de las Constituciones francesa y española. Al
igual que en España, los proyectos educativos que se discutían en las Cortes
portuguesas estaban inspirados en los ideales de libertad, gratuidad y obligatoriedad de
la enseñanza, que eran propios de la revolución francesa y, más concretamente,
aparecían en los documentos de Condorcet, Le Peletier, Lanthenas, Romme, Lakanal o
Fourcroy, por mencionar sólo algunos.
La creación de escuelas privadas estaba unido al pensamiento de libertad de
enseñanza que se incluyeron, con anterioridad, en los planes de Mirabeau, Talleyrand y
2
Natividad ARAQUE: Manuel José Quintana y la instrucción pública, Madrid, Universidad Carlos III,
2013, pp. 83-85.
6
Condorcet, a pesar de que eran defensores de un sistema educativo a cargo del Estado.
Mientras que en España, durante el Trienio liberal, se elaboraba una normativa basada
en los planteamientos educativos de la Constitución de 1812; en Portugal se publicó la
ley de 28 de junio de 1821, cuyo contenido giraba en torno a un modelo de enseñanza
público, libre y gratuito, debiendo existir un acuerdo entre los interesados, sin que
tuviesen que depender de la realización de algún examen o licencia. Sin embargo, la
realidad fue que algunos maestros incumplían el precepto de gratuidad, obligando a los
alumnos a pagar pequeñas cantidades o a prestar de manera gratuita diversos servicios a
favor del centro escolar3.
En Portugal también se dabatió sobre la obligatoriedad de la educación durante
el periodo de 1820-1823, en base a criterios que se habían utilizado en Francia tres
décadas antes. En contra de esta medida estaban los diputados que veían la
obligatoriedad como una medida opuesta a los derechos de las familias. En el otro
extremo, estaban los diputados que defendían la idea de que los ciudadanos pertenecían
más a la Patria que a sus propios padres. La obligatoriedad de la educación no se
decretó hasta 1835, que es cuando comenzaron a realizarse algunas ideas defendidas
durante los primeros años del liberalismo. Se impuso la obligatoriedad de que el
Gobierno proporcionase a todos los ciudadanos la instrucción primaria, mientras que los
padres debían enviar a sus hijos a las escuelas públicas, cuando hubiesen cumplido siete
años de edad, siempre que no tuviesen ningún impedimento físico o moral y si no
disponían de medios para instruirlos de otra manera.
El plan concebido en París por uno de los más importantes estadistas
portugueses de la primera mitad del siglo XIX, Luis da Silva Mouzinho de
Alburquerque, merece especial atención, puesto que afirmaba que ―sin luces no hay
libertad‖, Mouzinho de Alburquerque manifestaba que era imposible ―regenerar la
instrucción pública con medidas y disposiciones parciales‖ y elaboró un plan de reforma
en 1823, que estaba inspirado en Talleyrand y en Condorcet, abarcando los mismos
niveles de enseñanza: escuelas primarias –escuelas secundarias-, liceos y academias .
Los problemas propios de la implantación del liberalismo y la guerra civil
(1828-1834) en Portugal, fueron las causas que hicieron inviable la puesta en práctica de
3
Diego MARTÍNEZ TORRÓN: Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal. Sevilla, Ed.
Alfar, 1995.
7
los proyectos sobre la creación de un sistema de educación nacional a partir de la
revolución de 1820. A partir de 1835-1836 se materializó en Portugal un sistema de
enseñanza influido por el modelo de la revolución francesa que se había propuesto a
partir de 1820. Según Joel Serrao, la legislación educativa de 1836 estaba vinculada a
los proyectos que se habían elaborado durante periodo liberal: ―son dos fases de un
mismo proceso, del proceso de la contemporaneidad portuguesa, es decir, del proyecto
burgués en su tormentoso comienzo‖.
La normativa que configuraría el sistema educativo contemporáneo en Portugal,
fue diseñada por Passos Manuel (1836) y también por Rodrigo de Fonseca Magalhaes
(1835), mediante la creación de: escuelas normales para la formación del profesorado,
que tuvieron gran importancia durante la segunda mitad del siglo XIX; liceos en las
capitales de provincia (distrito); conservatorios de artes y oficios; escuelas médicoquirúrgicas; y escuelas politécnicas (Lisboa y Oporto), que rompieron con el monopolio
de la Universidad de Coimbra . La denominación de los establecimientos evidencia la
influencia francesa: écoles normales, lycées, conservatoires des arts et métiers, écoles
polytechniques.
El Informe Quintana de 9 de septiembre de 1813
Mediante una orden de 18 de junio comunicada por el ministro de la
Gobernación, el rey encargaba un informe para proceder al arreglo de los distintos
niveles de la instrucción pública. El 7 de agosto de 1812, el diputado Villanueva solicitó
la formación de una junta que arreglase el plan general y diese uniformidad a la
educación pública, y Caneja solicitó que se consultase a las Universidades de
Salamanca y Valladolid, para que se adoptasen medidas urgentes respecto a su
organización. Pelegrín exigió la creación de una Dirección General de Estudios el 9 de
septiembre de 1812. Por otro lado, Guereña hizo una propuesta relativa a que todo
ciudadano pudiese contribuir con su dinero a la creación de establecimientos públicos
de educación e industria, siguiendo los principios de la Constitución de 1812.
La Regencia consideró, el 18 de junio de 1813, que la Comisión de 1811 no
había entregado conclusiones satisfactorias, por lo que nombró una nueva Comisión
compuesta por: Martín González de Navas, Josef Vargas Ponce, Eugenio de Tapia,
8
Diego Clemencín, Ramón de la Cuadra y Quintana, con el objeto de que redactase un
informe y proyecto general de Instrucción Pública. Esta Comisión tuvo en cuenta las
Bases de Jovellanos redactadas para otra Junta similar y El Plan para la educación de la
nobleza de Vargas Ponce, al mismo tiempo que los planes y propuestas de reforma que
se habían elaborado en Francia durante la Revolución.
El documento del Informe, al cual se le puede considerar como el primer texto
programático del liberalismo español en materia educativa, fue entregado a las Cortes,
redactado principalmente por Quintana y datado en Cádiz el 9 de septiembre de 1813,
con el título de Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de
proceder al arreglo de los diversos ramos de la Instrucción pública, cuyo contenido
respondía a la ideología liberal en materia educativa, impregnado del pensamiento
laicista y patriótico de Quintana, que para algunos autores no era ―el reaccionario sino el
liberal y moderno‖, al igual que su moralismo no era ―el clerical sino el laicista y
moderno‖4.
Este informe se dividía en siete apartados: instrucción, bases generales de toda
enseñanza, división y distribución de la enseñanza pública, Dirección General de
Estudios, Asamblea Nacional y fondos para la enseñanza. En realidad, supuso el primer
intento de organizar un sistema educativo de nueva planta, que abordaba los problemas
de la primera, segunda y tercera enseñanza y la creación de la Dirección General de
Estudios, con objeto de organizar los concursos de oposición a las cátedras de la
enseñanza pública.
Entre otras cosas, se aludía a la existencia de tres clases de educación que los
hombres recibían en la sociedad: la educación literaria, la educación física y la
educación moral. El objetivo es la elaboración de un plan general y particular de
estudios en el que estuviesen determinados y prescritos no sólo los conocimientos y
doctrinas que debían formar la enseñanza pública, sino también los métodos, los libros,
la distribución del tiempo y el arreglo económico y gubernativo de todos los
establecimientos que debían servir a la instrucción nacional.
4
Federico GÓMEZ RODRÍGUEZ DE CASTRO: Génesis de los sistemas educativos nacionales, Madrid,
UNED, 2002.
9
En dicho Informe se consideraba que la reforma y mejora de la instrucción pública,
fundamentadas en la razón y en la filosofía, no se habían podido conseguir en épocas
anteriores, por ningún ministro u hombre ilustrado revestido de autoridad, porque las
intrigas, la ambición y el fanatismo prevalecían por encima de los deseos de mejorar la
educación del pueblo para sacarle de su ignorancia. El Informe también hace mención a
que la mayoría de los Gobiernos no habían tenido una fuerte intención de mejorar las
facultades intelectuales de los españoles, puesto que era impensable una mejora
educativa en un país donde todavía había Inquisición y se negaba la libertad de
imprenta. Se relacionaron los términos de ―ignorante y esclavo‖ como si fueran
sinónimos, para hacer hincapié en que los españoles estuvieron sometidos a una
opresión que les hacía ser esclavos y de esta manera era imposible sacarles de su
ignorancia ―si el pueblo no podía dejar de ser esclavo, ¿a qué empeñarse inútilmente en
que no fuese ignorante?‖.
Se hacía alusión a una ―revolución política‖ que llevó aparejada la restitución de
la libertad de pensamiento y de los derechos de los ciudadanos, con el fin de una justicia
y utilidad común, mediante la promulgación de la Constitución de 1812. Se muestra la
oposición a la destrucción o la paralización de actividades en los antiguos
establecimientos de instrucción por ―la opresión de feroces enemigos‖, refiriéndose a
los franceses. Además, se afirma que la razón de los ilustrados estaba superando los
obstáculos de los más reaccionarios, para configurar un modelo social, político y
educativo acorde con los progresos que se habían producido en otros países.
El Congreso nacional, que había restablecido el ejercicio de la voluntad de los
españoles, debía procurar todos los medios para que esa voluntad estuviese bien
dirigida. Esos medios debían estar bajo la influencia de la instrucción, por lo que se
consideraba que los legisladores debían acometer la organización de un sistema de
instrucción pública que fuese digno de un pueblo libre, al mismo tiempo que la
organización de los poderes que mantendrían el nuevo sistema político. También, se
alude a que la instrucción debía desarrollar las facultades y talentos de los ciudadanos,
con el fin de que les enseñase lo que podían llegar a ser en el futuro, ocupando cada
ciudadano el puesto que le correspondiese en la sociedad. De igual manera, se debían
enseñar los derechos y las obligaciones que debían cumplir con los ciudadanos, con los
objetivos de que fuesen felices y útiles para los demás (Araque, 2013).
10
Lo máximo que se consiguió fue la realización de algún proyecto particular o a
algún establecimiento en concreto, en el que se establecían métodos más razonables, es
probable que este Informe se estuviese refiriendo a la creación de la Escuela
Pestalozziana por Jovellanos. También, se menciona en el Informe que la mejora
efímera de la educación y la cultura en nuestro país había quedado acuñada en la
creación de las academias, los colegios de medicina y cirugía, seminarios, escuelas
militares y fundaciones, con objeto de que los estudios estuviesen al nivel científico del
―mundo civilizado‖.
La comisión que elaboró el Informe, presidida por Quintana, abogaba por un
sistema público de enseñanza que proporcionase una uniformidad desconocida en
aquella época, puesto que los contenidos, métodos educativos, etc., eran muy diversos
en cada uno de los establecimientos de enseñanza, independientemente del nivel
educativo. La comisión denunció que los puntuales intentos de mejorar la educación
quedaban paralizados por la fuerte influencia reaccionaria del momento ―Jardines
amenos y apacibles, plantados entre arenales, que más tarde o temprano parecen
anegados a la esterilidad que les rodea‖5.
Planteamientos reformistas sobre aspectos fiscales
Los planteamientos reformistas plenamente partidarios de la Contribución única se
materializaron mediante la promulgación del decreto de 13 de septiembre de 1813,
obedeciendo el mandato constitucional que sentaba las bases de un nuevo sistema
tributario, como respuesta al nuevo modelo de Estado planteado en la Constitución de
1812. El sistema fiscal en la España del siglo XVIII tenía una estructura propia del
Antiguo Régimen, puesto que la práctica totalidad de las clases privilegiadas estaban
exentas, y existía un mecanismo administrativo muy complejo en que no todos los
territorios contribuían en la misma proporción ni su sistema impositivo tenía una
normativa uniforme. Por un lado, estaban los territorios de la Corona de Castilla y León
con un sistema fiscal basado en la imposición indirecta. Además, la fiscalidad en la
Corona de Aragón se regía por la contribución única implantada en el segundo decenio
5
Natividad ARAQUE: Manuel José Quintana y la instrucción pública, Madrid, Universidad Carlos III,
2013, pp. 93-100.
11
del siglo XVIII, y por último, Navarra y País Vasco gozaban de unos privilegios forales
que dieron lugar a regímenes tributarios particulares.
La Corona de Castilla y León soportaba la mayor presión fiscal sostenida por
tres modalidades de imposición indirecta: las rentas provinciales y sus agregadas, las
rentas generales o de aduanas y las rentas estancadas. Las rentas provinciales gravaban
el consumo de bienes de primera necesidad y los contratos de compra-venta en el
interior de la provincia. Este tipo de rentas podían estar administradas o encabezadas, en
el primer caso se recaudaban directamente, mientras que las encabezadas, es decir, la
Hacienda recibía un cupo fijo y la localidad encabezada se encargaba de recaudar la
suma entre sus vecinos, haciendo uso fundamentalmente del arriendo de los puestos
públicos, lo que significaba subastar la concesión exclusiva de venta al por menor de
una serie de artículos de consumo. Este sistema era regresivo y suscitaba unos elevados
gastos de recaudación. Era necesario un gran número de empleados públicos y,
principalmente cuando se recurría al encabezamiento, entre los intermediarios se perdía
gran parte de los ingresos obtenidos produciéndose un doble efecto: el pueblo estaba
sobrecargado de impuestos y la Real Hacienda no ingresaba lo suficiente para satisfacer
sus necesidades.
Los territorios pertenecientes a la Corona de Aragón comenzaron a contribuir a
la Hacienda Pública a partir de los Decretos de Nueva Planta. La monarquía, tras la
Guerra de Sucesión, tuvo grandes dificultades económicas y recurrió a los territorios
vencidos. En un primer momento, se intentó implantar el sistema de imposición
indirecta de Castilla y León pero ante el fracaso se optó por el establecimiento de una
Contribución global, denominada única contribución o contribución real en el Reino de
Aragón, catastro en Cataluña, talla en Mallorca y equivalente en Valencia. El nuevo
impuesto directo se dividía en: 1) real, que recaía sobre la valoración de las haciendas y
sobre los rendimientos del capital, y 2) personal, que se cargaba sobre los rendimientos
del trabajo y de las actividades comerciales6.
La contribución global se implantó en los territorios vencidos como "castigo"
por no haber apoyado al nuevo monarca durante la guerra. No obstante, lo que
inicialmente tenía como objetivo incrementar los ingresos de la Hacienda real a
6
Joseph FONTANA: La crisis del Antiguo régimen: 1808-1833, Barcelona, Editorial crítica, pp. 26-38.
12
expensas de los territorios de la Corona de Aragón, sin ánimo de emprender una
reforma del sistema fiscal que introdujese la imposición directa, se convirtió en una
contribución que fue adoptada como modelo a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Era
una obviedad que planteaba problemas estadísticos que acarreaba, en los intentos de
reforma de la hacienda castellana apareció siempre el catastro como punto de referencia.
De cualquier manera, el objetivo era frenar los problemas financieros de la hacienda real
que dieron lugar a reformas para evitar el déficit de caja y, en absoluto, se planteaba
como un ideario liberal que buscaba la generalidad, proporcionalidad, sacrificio igual o
capacidad de pago. A pesar de que algunos planteamientos a favor de una Contribución
única, en sustitución del sistema de imposición indirecto, recordaban al impuesto único
defendido por los fisiócratas, ninguna de las reformas tenía bases ideológicas
.
El decreto de 13 de septiembre de 1813
En las Cortes de Cádiz existió una gran polémica entre los defensores y
detractores de la contribución directa versus contribución indirecta. Las discusiones
evidencian la existencia dos posturas: la defensora la contribución directa por ser una
medida reformista y modernizadora, y la que defendía el sistema tradicional de rentas,
es decir, la contribución indirecta. El grupo partidario de la contribución directa triunfó
en las Cortes de Cádiz, con la aprobación del real decreto de 13 de Septiembre de 1813,
que establecía una contribución directa sobre las actividades productivas distribuidas
según la riqueza de cada contribuyente. Se suprimían las rentas provinciales y sus
agregadas, las rentas generales o de aduanas y las rentas estancadas, es decir, las
contribuciones indirectas que constituían el sistema impositivo de Castilla y León. Se
disponía como base del reparto el Censo de Frutos y Manufacturas del año 1799. Ante
la inexistencia en dicho censo de las rentas obtenidas por el comercio, a estos efectos se
debía utilizar el estado comparativo de la riqueza comercial de las provincias aprobado
el 22 de agosto de 1813.
Se impuso una contribución directa para todo el país y la uniformidad provincial
relativa al pago de contribuciones. Además, se estableció la proporcionalidad entre el
gravamen y la renta individual, según lo dispuesto en los artículos 8 y 227 de la
Constitución de 1812. El decreto unificó la condición económica de los españoles de
cara a la Hacienda, intentado favorecer la igualdad política y social amparada en la
13
mencionada Constitución. Obviamente, se había creado un nuevo sistema fiscal, de
inspiración liberal, en el que se planteaba un cambio estructural de los principios del
sistema, además de la reforma de las rentas. Entre los defensores de la contribución
única estaba el diputado aragonés Isidoro Antillón, para quien el cambio suponía vencer
los impedimentos que el régimen absoluto había desarrollado para evitar la
implantación de un impuesto directo. No sólo se trataba de un cambio normativo, sino
también de las conciencias de los ciudadanos que debían hacerse eco de contribuir y
participar en el nuevo sistema político.
La postura a favor del sistema de rentas tradicionales fue defendida por algunos
diputados como: José Duaso y Latre, Antonio Plana, Vicente Alcalá Galiano y José
López-Juana Pinilla, quienes planteaban las ventajas de la imposición indirecta,
destacando la facilidad de pago, la proporcionalidad, la universalidad, el estímulo al
ahorro, la insensibilidad en el pago del tributo al ir añadido al precio del bien y la
voluntariedad ya que se podía eludir el consumo del bien gravado. Aunque también,
eran conscientes de los vicios de la contribución indirecta resumidos en los tres
siguientes: regresividad al tratarse de tributos que gravaban el consumo al por menor y
artículos de primera necesidad, excesivo número de empleados necesarios para afrontar
la recaudación y elevado fraude fiscal. Por otro lado, se mostraron disconformes con la
implantación de la contribución directa al señalar que: 1) recaía con frecuencia sobre los
capitales por lo que perjudicaba la inversión, la acumulación de capital y en definitiva la
riqueza y el desarrollo del país; 2) el pago de una contribución directa era
excesivamente evidente y poco agradable para el ciudadano; y 3) conducía a grandes
desigualdades al resultar casi imposible el conocimiento de la riqueza gravable de todos
los contribuyentes.
El nuevo sistema debía aplicarse en el marco político-territorial denominado
Nación, Fuentes Quintana calificó al proyecto como ―el primer ensayo de unificar bajo
un principio personal de reparto de la carga tributaria el poder fiscal de España (Fuentes
Quintana, p. 170. También, debemos añadir que la aplicación del decreto de 1813
comprendía todo el territorio español7. Por otro lado, el conjunto de medidas
proyectadas en paralelo a la implantación de nuevo sistema tributario, relacionadas con
7
Juan HERNÁNDEZ ANDREU: ―Evolución histórica de la contribución directa en España desde 1700 a
1814‖. Revista de Economía Política, 61, 1972, p. 89.
14
la libertad de circulación, desestancos, libertad de trabajo, fabricación e industria,
arrendamiento, libertad de venta de comestibles, supresión de aduanas interiores y
organización del comercio exterior, abolición de los señoríos y reformas en lo referente
a la administración de la Hacienda y gobierno político-económico de las provincias eran
aspectos tendentes a la unificación fiscal.
En la parte expositiva del decreto se hacía alusión a la relación entre el sistema
tributario y el político, económico y social que debía financiar, puesto que resultaba
incompatible la Constitución con las exenciones y los privilegios, los obstáculos al
comercio y a la industria, la insuficiencia y escasa movilidad del sistema y la
desigualdad en la exacción.
La contribución directa sustituyó a las rentas suprimidas dentro del ámbito
peninsular y de las islas adyacentes y se debía repartir entre todos los contribuyentes sin
excepción y en función de sus facultadas. La riqueza nacional se dividió en: territorial,
industrial y comercial y, partiendo de estas modalidades, debía ser asignado a cada
provincia, pueblo y contribuyente el cupo respectivo. Los empleados públicos debían
contribuir directamente con sus haberes sin incluirse en la riqueza de las provincias las
utilidades producidas en el ejercicio de sus profesiones, puesto que la base imponible la
constituía la posesión de riqueza y la percepción de utilidades y rentas por actividad
personal. En este sentido, Lampreave8 considera que no se contemplaba a la persona
como sujeto pasivo en cuanto centro de imputación de todas sus rentas, sino como
propietario de riqueza o actividad productora de utilidades. Esta teoría se aproxima a la
calificación de impuesto de productor que gravaba las rentas territorial, industrial y
comercial que plantea el profesor Hernández Andreu9.
El reparto debía hacerse aplicando el tipo de gravamen sobre la suma resultante
de los productos de los tres modelos de riqueza, hasta cubrir el cupo asignado por las
Cortes a cada provincia, sustituyéndose el sistema de cuota por el de cupo, de manera
que el Estado calculaba los gastos y repartía los ingresos que necesitaba para cubrirlos
entre las provincias, según unas estimaciones más o menos precisas de la riqueza.
8
José Luis LAMPREAVE: 1813 y 1817: dos intentos de una contribución directa. Revista de Derecho
Financiero y Hacienda Pública, 83, 1969, p. 875.
9
Juan HERNÁNDEZ ANDREU: ―Evolución histórica de la contribución directa en España desde 1700 a
1814‖. Revista de Economía Política, 61, 1972, p. 87.
15
Inicialmente, se determinaba la base o riqueza del país, y de ella se deducía la cantidad a
exigir mediante la aplicación del tipo de gravamen, la base última del repartimiento era
la riqueza individual, que pretendía realizar una distribución proporcional. El profesor
Artola (Artola, 1986, p. 23) consideraba que las Cortes se habían decantado por el
sistema de cupo por provincias como un medio indirecto de llegar al contribuyente,
motivado por la inexistencia de estadísticas fiables que impedía llegar de manera
directa.
Este proyecto ha sido defendido y también criticado por diversos autores. Entre los
defensores se encuentra Munchada (1847, p. 177), que basándose en los principios de la
Escuela moderna considera que se construyó el mejor plan posible en consonancia con
las circunstancias adversas de aquel momento. De manera que, una vez construido el
edificio político, se suprimieron todos los impuestos que frenaban el desarrollo y se
implantó un nuevo sistema tributario que pretendía proporcionar a los pueblos todos los
elementos de mejora y progreso que necesitaban, simplificando la recaudación existente
en aquel momento debido a la multitud de contribuciones existente.. Entre los más
críticos se encuentran Fontana (pp. 91-93), quien mencionó que era herencia de los
ilustrados y que no innovaba nada, además de la poca aportación teórica del plan
proyectado, puesto que consistía en la constatación del déficit y propuesta para cubrirlo.
Pedro Voltes señala que el proyecto es poco original, salvo en su extensión territorial,
puesto que se trataba de la puesta en práctica del modelo tributario implantado por
Felipe V en la Corona de Aragón10. También, cabe señalar que Artola manifestó que era
más un propósito teórico que práctico en lo relativo a la mejora del reparto de la carga
fiscal, adjetivándolo de proyecto ineficaz y de escasa calidad.
10
Pedro VOLTES: Historia de la Economía española en los siglos XIX y XX, Madrid, Editora Nacional,
1974, p. 382.
16
Exílios de liberais ibéricos: reflexões em torno do conceito de
revolução nas primeiras décadas de oitocentos
Ricardo de Brito
bolseiro de doutoramento FCT, ICS-ULisboa/CH-ULisboa
Introdução
No período compreendido entre o último quartel do século XVIII até
sensivelmente meados do século XIX, assistimos no continente europeu a significativas
mudanças políticas e sociais que abalaram o edifício do Antigo Regime. Décadas de
perturbações violentas, a transição das estruturas políticas das monarquias absolutas
para regimes liberais e constitucionais ficou sujeita a avanços e recuos 1. Victor Hugo,
na sua obra Os Miseráveis (1862), sintetizou, forma incisiva, estas décadas: "No tempo
de Robespierre, tivera a palavra Revolução; no tempo de Bonaparte, tivera-a o canhão;
no tempo de Luís XVIII e Carlos X, chegou também à inteligência a sua vez de ter a
palavra. Cessou o vento, acendeu-se o facho"2. A Península Ibérica, como se sabe, não
ficou à margem destas transformações, em grande medida precipitadas pelos desfechos
da Revolução Francesa; nem as suas colónias, principalmente no continente americano,
e que se traduziram em longos processos de independência. Concomitantemente, estas
décadas de grandes perturbações políticas são comummente entendidas como o período
de charneira de um "novo" ou reformulado léxico político e social, que foi
1
Para uma visão panorâmica e de síntese, veja-se Jacques SOLÉ, Révolutions et révolutionnaires en
Europe, 1789-1918, Saint-Amand (Cher), Gallimard, 2008.
2
Victor HUGO, Os Miseráveis, vol. IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 1977, p. 12.
17
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
acompanhando - e, por outro lado, deu sustentação - aos projectos políticos e de
sociedade que tendiam a surgir e que tem sido objecto de estudo nas última décadas3.
O fim das guerras napoleónicos e o pós Congresso de Viena (1815), ditou um
retrocesso no terreno de ideias reformistas ou liberais nos reinos europeus. Difícil e
sinuoso caminho se encontrava no horizonte para os sectores e figuras que pugnavam
por ideias reformistas e liberais, quer em Portugal como em Espanha. De certa forma,
voltava-se a um cenário semelhante aos anos em que a Revolução Francesa difundia os
seus ideais e em que as monarquias absolutas proibiam e perseguiam a publicação de
panfletos, periódicos ou prendiam figuras afectas a ideias revolucionárias (afrancesados,
liberais ou até mesmo republicanos), obrigando assim a uma clandestinidade.
Clandestinidade ou emigração. Convém pois recordar que décadas antes das primeiras
grandes vagas de emigração política4 que caracterizaram os momentos prérevolucionários de 1820 e subsequentes, nos finais do século XVIII e inícios de XIX,
este tipo de casos migratórios já se fazia sentir5. Não obstante a experiência de exílio
não constituir novidade6, a verdade é que a emigração política que se registou nas
primeiras décadas de oitocentos adquiriu contornos diferentes, tendo por base a luta
(armada e de ideias) contra os regimes absolutistas.
Existem períodos que nos permitem identificar as grandes vagas de exílios políticos que
perpassaram o continente europeu nesta conjuntura: 1814-1815 para o caso espanhol;
3
Entre a proliferação de estudos, destaque-se o esforço de síntese global que constitui o projecto
Iberconceptoso, já com resultados publicados. Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (dir.), Diccionario
politico y social del mundo Iberoamericano: la era de las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Fundación
Carolina/Sociedade Estatal de Conmemoraciones Culturales/Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2009.
4
Seguiremos a proposta sintética sugerida por Andreas Fahrmeir para o conceito de emigrado/exilado
político: "The term is notoriously difficult to define. It can cover people who flee punishment for the
expression of political opinions or for political acts; those who fear discrimination or prosecution for their
opinions without being political activists; those who wish to leave abroad, possibly intending to further
the overthrow of the government of their native state from distance; or even those whose ability to make a
living is curtailed by a difficult economic situation caused by political uncertainty. (...)For practical
purposes, however, political refugees are people who commit acts or subscribe to opinions which are
considered criminal in their own country, but held to be legal (or even laudable) in the country which
considers them refugees", Andreas FAHRMEIR, «British Exceptionalism in Perspective: Political
Asylum in Continental Europe», in Sabine FREITAG (ed.), Exiles from European Revolutions. Refugees
in Mid-Victorian England, Berghahn Books, New York-Oxford, 2003, p. 33.
5
Para o caso português veja-se, Maria de Lourdes SANTOS, Intelectuais portugueses na primeira
metade de oitocentos, Lisboa, Presença, 1988, p. 108;, Isabel Nobre VARGUES, , Luís Reis TORGAL
«Exílio Político», in, José MATTOSO (dir.), História de Portugal, vol. V, Lisboa, Círculo de Leitores,
pp. 78-79;
6
Juan LUIS SIMAL, Emigrados. España y el exilio internacional, 1814-1834, Madrid, CEPC, 2012, pp.
33-34.
18
1820-1821, no caso dos Estados italianos de Nápoles e Piemonte; 1823, quer em
Portugal como em Espanha; e, por último, as da década de 1830, especialmente em
Itália, Polónia e Alemanha. Estas balizas temporais oferecem um pequeno guião dos
exílios, mas convém notar nuances, essencialmente para o caso português: uma primeira
vaga em 1823, como se referiu, mas essencialmente a partir de 1828, com a definitiva
chegada de D. Miguel ao trono. Também o caso da emigração política italiana apresenta
diferenças, quer na sua duração (mais longa), quer nos seus propósitos, subjacentes ao
Risorgimento7.
Como se viu, o exílio político não foi uma realidade exclusiva dos países ibéricos. Pelo
contrário. De facto, os avanços e recuos das propostas de regimes liberais e o
subsequente exílio destes grupos, permitiu gerar teias de solidariedade (ideológica) que
iam para além da dimensão nacional dos seus países8. Neste sentido, é pois com algum
interesse que se detecta uma ideia de internacionalismo liberal9, na medida em que
apesar dos grupos liberais não serem homogéneos (caso a caso, registam-se fracturas no
seio das famílias liberais), tinham um inimigo comum, ou seja, a monarquia absoluta. A
luta por um ideal de Liberdade assumia pois o principal destaque. Como também aponta
Juan Luis Simal, "La oposición a la contrarrevolución, movilizó a las fuerzas e intereses
reformista europeos, que veían en los avances liberales o retrocesos reaccionarios de sus
propios países una expresión de un enfrentamiento similar a nivel europeo, que una vez
en el exilio experimentarían en sus propias carnes. El exilio favorecería la
profundización de los contactos ideológicos, el impulso a las transferencias políticas y
culturales, y la invención definitiva de una causa común internacionalista liberal, que
abriría grandes esperanzas"10.
A emigração política espanhola e portuguesa teve pontos de partida desiguais,
fruto de experiência históricas e políticas diferentes. Como se deu a entender, a
emigração portuguesa de transição de século deu-se essencialmente durante os inícios
7
Maurizio ISABELLA, Risorgimento in exile, Italian émigrés and the Liberal Internacional in the PostNapoleonic Era, New York, Oxford University Press, 2009.
8
Veja-se, por exemplo, a forma como os exilados italianos se solidarizaram com a primeira revolução
liberal portuguesa, Isabel Nobre VARGUES, «Liberalismo e Independência. Os exilados italianos em
Portugal (1820-1850)», in Revista Portuguesa de História, t. XXXI, vol. 2, 1996, pp. 411-426.
9
Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, «Liberales sin fronteras. Cadiz y el primer constitucionalismo
hispánico», in Costituzione, Nazione e Libertà, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano,
2015, pp. 465-490.
10
Juan LUIS SIMAL, Exilio y liberalismo internaciona, 1814-1833. Una propuesta de interpretación,
Seminario de investigación-Departamento de Historia Contemporánea (UCM), 2011. p. 1-2
19
do século XIX e foi-se prolongando até 1820. A emigração política liberal (e
afrancesada) espanhola
assume maior relevância a partir de 1814, ano em que a
primeira experiência liberal constitucional na Península Ibérica termina, com o regresso
de Fernando VII e a monarquia absoluta. Embora este pequeno desfasamento, que
certamente se veio a reflectir nas propostas discursivas dos liberais dos dois países, a
verdade é que neste período da história contemporânea o desenvolvimento da política
portuguesa encontrou-se intimamente interligada com o contexto político espanhol e,
noutro patamar, com o europeu. Tendo assim esta dimensão presente, este trabalho
assume uma abordagem tendencialmente comparativa entre as duas emigrações
políticas nas vésperas das revoluções de 1820 e antes do definitivo retorno destes
grupos nos inícios da década de 1830. Embora o pano de fundo deste trabalho sejam os
exílios (e tudo o que isso comportou), não se pretende fazer um estudo aprofundado de
todas as dinâmicas que a eles se relacionaram11. Pretende-se focar um aspecto em
particular: perceber, tendo em conta formatos discursivos de vários tipos, os diferentes
usos e entendimentos do conceito de revolução e de que forma este conceito (que
assumiu particular destaque neste período) foi utilizado pelas diferentes tendenciais
liberais de forma a sustentar e legitimar os projectos políticos que defendiam. Existem
semelhanças na utilização deste conceito por parte dos liberais dos dois países nas
vésperas de 1820? De que forma o alargamento dos "campos de experiência" adquiridos
após o fracasso do Vintismo e do Triénio Liberal influenciaram os "horizontes de
expectativa" na ideia de revolução proposta pelos revolucionários ibéricos no exílio12?
11
Que são várias. Pode-se observar os exílios no sentido da vivência ou sobrevivência nos países de
acolhimento; a relação dos países de acolhimento com estes grupos; a produção literária (neste período
encontramo-nos no advento do movimento cultural e político romântico); preparação militar com o intuito
de regresso aos países de origem, entre muitas outros campos.
12
Tendo em conta o propósito deste trabalho, e a definição dada por Andreas Fahrmeir, assumimos como
viável a utilização de "exilado" ou "exílio" como conceitos operativos. No entanto, convém deixar registo
de que, tendencialmente, quer portugueses como espanhóis, raramente empregaram estes conceitos para
categorizarem a sua experiência no exterior. Utilizaram, maioritariamente, "emigrado" ou "emigração".
No caso dos portugueses, "desterro" ou "desterrado" também foi bastante usual. Sobre a evolução deste
tipo de conceitos, Juan FRANCISCO FUENTES, «Imagen del exilio y del exilado en la España del siglo
XIX», in Ayer, nº 47, 2002, pp. 35-38.
20
A preparação de uma «revolução regeneradora»
A invasão da Península Ibérica pelos exércitos napoleónicos traduziu-se em
diferentes resultados nos dois países e, como tal, estas diferenças históricas e políticas
reflectiram-se na semântica do conceito de revolução. A fuga da família real portuguesa
para o Brasil evitou que esta tivesse semelhante subjugação que os Bourbons tiveram
em Espanha. A revolta contra o invasor francês em Portugal movimentou-se
essencialmente em torno de um ideal de realeza e, de certa forma, com um carácter
conservador. Nas publicações a louvar a luta contra os franceses, a utilização de
revolução foi relativamente limitada e, essencialmente, o seu sentido continuou a
possuir entendimentos muitos próximos de revolta ou perturbação; não obstante, o
termo que melhor categorizou estes movimentos revoltosos, tendo em conta a sua
natureza, foi restauração13. Não se colocava em questão a mudança de regime14. No
caso espanhol a guerra e a revolução foram dois fenómenos análogos e não estanques.
Tendencialmente, a utilização do conceito de revolução neste período obedeceu a
alguma prudência: era um conceito com fortes raízes da experiência da Revolução
Francesa, principalmente ao período de maior perturbação e violência (essencialmente
depois de 1793). Deste modo, a cultura política liberal espanhola tentou demarcar a
revolução em Espanha do processo francês, conferindo-lhe
um carácter nacional
próprio, como se verifica nos comunicados da Junta Suprema Central Governativa, "La
revolución española tendrá [...] caracteres enteramente diversos de los que se han visto
en la francesa"15, utilizando igualmente qualificativos que pretendiam reforçar esta
ideia, como "gloriosa" ou "santa". De qualquer forma, a utilização deste conceito neste
período, e que distinguiu claramente do caso português, foi o seu duplo sentido, ou
seja, luta contra os ocupadores franceses e luta contra a monarquia absoluta16. O
13
Um claro exemplo da utilização de Restauração pode ser encontrado na obra de José Acúrsio das
NEVES (figura politicamente conservadora), História Geral das Invasões Francesas em Portugal e da
Restauração deste Reino (1810-11).
14
Num primeiro momento, com a entrada de Junot (1ª Invasão), uma pequena franja da população
ilustrada depositou algumas esperanças de uma monarquia reformada, apresentando de facto uma projecto
de Constituição. As pretensões de Junot, contudo, ditaram o fracasso desta iniciativa, Miriam Halpern
PEREIRA, «A crise do Estado de Antigo Regime. Alguns problemas conceptuais e de cronologia», in Ler
História, nº 2, 1983, José TENGARRINHA, «La batalla de las ideas: conservadores y reformistas en
Portugal (1808-1810)», in Pedro RÚJULA, Jordi CANAL (eds.), Guerra de ideas. Politica y cultura en la
Espanã de la Guerra de la Independencia, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 57-72
15
Cit. Juan FRANCISCO FUENTES, Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, «Revolución», in Juan
Francisco Fuentes, Javier Fernández Sebastián, Diccionario político y social del siglo XIX español,
Madrid, Alianza, 2003, p. 629.
16
, Maria CRUZ SEONE, El primer lenguaje constitucional español, Madrid, Editorial Moneda y Credito,
1968, p. 41.
21
conceito de revolução (e não só) empregue pelas culturas políticas liberais ibéricas só
veio a encontrar ecos idênticos com a experiência de exílio.
O texto constitucional gadatino teve uma vigência curta. Em 1814, Fernando VII
regressou ao poder, o que, a breve trecho, obrigou à emigração por parte dos sectores
liberais17. Os destinos, por excelência, foram Inglaterra e França (mas também o
continente americano). Foi o caso de figuras cimeiras deste primeiro liberalismo
espanhol: Álvaro Flórez Estrada, conde de Toreno (que chegou a passar por Portugal),
ou Pedro Pascasio Fernández Sardino. Também no caso português a consciência liberal
encontrava desenvolvimentos no exterior, principalmente a partir de Inglaterra: José
Liberato Freire de Carvalho, João Bernardo da Rocha Loureiro, entre outros, formavam
parte deste grupo. Ora, o veículo mais comum para ampliar e partilhar as suas ideias foi,
sem dúvida, a imprensa, principalmente em Inglaterra, em que tinham uma relativa
facilidade de publicação18. Das publicações espanholas que teve mais difusão neste
primeiro exílio destaca-se o El Español Constitucional (1816-1820), do médico Pedro
Fernández Sardino19, acima citado, e de Manuel Maria Acevedo. Da emigração
portuguesa, destacam-se, entre alguns que tiveram uma longa longevidade, o Campeão
Português e O Português ou Mercúrio político. Encontraremos pontos em comum de
doutrinação nestes jornais?
Certamente, o facto de Espanha já ter tido uma revolução implicou que esta
tivesse sido louvada, enaltecendo parte dos seus actores e, obviamente, reafirmando
uma especificidade do caso espanhol. A "Introdução" a um número de 1818 do El
Español Constitucional é disso reveladora:
"La revolución de España presenta un vasto campo para todo. En ella no solo
encontramos los hechos heróicos de una guerra nacional, los rasgos sublimes del
patriotismo sin límites de un pueblo, para recobrar su independencia (á pesar de
17
E não só. Outros sectores revolucionários também se viram nesta situação. Para uma visão global desta
primeira emigração veja-se Juan LUIS SIMAL, Emigrados..., pp. 61-114.
18
Para uma visão de síntese do periodismo espanhol deste período veja-se, Juan FRANCISCO
FUENTES, Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Historia del periodismo español. Prensa, Politica y
Opinión Pública en la España Contemporánea, Madrid, Editorial Sinteses, 1998, pp. 58-60; Para o caso
português, , José TENGARRINHA, Nova História da Imprensa Portuguesa, Das origens a 1865, Lisboa,
Temas e Debates/Círculo de Leitores, 2013. pp. 185-217.
19
Também tinha estado à frente de um outro periódico importante, durante as Cortes de Cádis, o El
Robespierre Español (1811).
22
que casi toda la Europa había sucumbido ya baxo el yugo de un orgulloso
conquistador) j sino también los nobles esfuerzos de una Nación, que víctima del
desorden y arbitrariedad de muchos siglos, trataba de establecer su libertad
política y civil, restaurando, con arreglo á las circunstancias, las leyes santas de
sus antepasados, que él despotismo mas insolente y la desmoralización mas
escandalosa de un gobierno corrompido habían sepultado baxo la tumba del
olvido y del desprecio."20
Foquemos, contudo, a parte em que se refere ao restabelecimento de liberdades
políticas e civis que o povo espanhol teria, na sua ideia, usufruído em outros tempos.
Encontramos semelhante retórica no Campeão Português, de José Liberato:
"Chama-se ordinariamente revolução o transtorno que sofre um país pela
inteira mudança de suas leis, hábitos, e costumes; e por conseguinte diz-se que
um país está revolucionado se, em vez de reger-se por suas antigas leis, hábitos e
costumes, é regido pela vontade arbitrária de um só homem, ou de uma
Oligarquia composta de uns poucos indivíduos. Em governos assim constituídos,
e em verdadeiro estado de revolução, hão há outra lei se não a vontade de quem
manda (...)"21
Na verdade, encontramo-nos perante a ideia de um "constitucionalismo histórico"22,
argumento utilizado numa arquitectura retórica estabelecendo um conjunto de supostas
liberdades numa certa ideia de Cortes medievais, com o intuito de legitimar convocação
de Cortes na conjuntura presente. Não era um instrumento novo, visto já ter sido usado
nos primórdios da Revolução Francesa e, igualmente, na primeira revolução em
Espanha. A convocação deste tipo de Cortes, apesar de representar uma linha moderada,
não deixou de constituir, como depois se ficou a saber, de um astúcia discursiva, pois
esta convocação, tendo em conta o passado histórico recente (Estados Gerais em
20
El Español Constitucional, Tomo I, Londres, 1818, p. 4
O Campeão Português, Vol. I, Londres, 1919, p. 160.
22
María Cruz ROMEO MATEU, «Nuesta antigua legislación constitucional ¿modelo para los liberales de
1808-1814?», in, Pedro RÚJULA, Jordi CANAL (eds.), Guerra de ideas. Politica y cultura en la Espanã
de la Guerra de la Independencia, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 75-103.
21
23
França), poderia facilmente desencadear um processo que levaria às Cortes constituintes
liberais23.
No Campeão Português observa-se, de certa forma, uma linha mais moderada.
Com alguma cautela, pretende-se antes de revolução uma reforma, "Sim nós precisamos
de uma reforma, mas não precisamos nem nos faz conta arruinar o nosso antigo edifício
político, que fez nossa grandeza, e já deu ao nome Portugal uma glória tão durável
como o mundo"24, não descartando, contudo, a possibilidade de haver uma revolução;
uma revolução de cúpula, demonstrando, ao mesmo tempo, que os propósitos
revolucionários não iam em oposição ao Rei, "bem longe de desejar revoluções na sua
pátria, se oporá constantemente a elas; e só defenderá e pedirá uma revolução generosa
e pacifica, feita por seu próprio Rei e governo, para que o povo nunca a faça e até nem a
deseje fazer"25. De forma crítica e combativa apresentou-se O Português ou Mercúrio
Político, de Rocha Loureiro. São evidentes as diferenças, pugnando por uma revolução
que apenas equaciona o papel determinante ao sujeito «povo», "Nós temos um santo
respeito por todas as revoluções da natureza e também por as da política se estas são
feitas por o povo"26. Apelava pois às bases da sociedade, afastando-se de uma via
reformista.
Voltando ao periódico do exaltado Fernández Sardino, observamos o emergir
de um discurso revolucionário universalista (timidamente repercutido na imprensa
portuguesa), talvez um pouco à semelhança da "revolução geral" de falara Flórez
Estrada anos antes27: "Esta santa y universal Revolución se ha de verificar precisamente,
aunque es imposible señalar la deseada época en que suceda. No es este el suero de una
fantasía delirante: es el resultado de las reflexiones á que nos convida el estudio de la
historia, principalmente e la moderna, después de la invención de la imprenta."28
Embora o conceito de revolução tenha sido adoptado na linguagem política
destes liberais, o triunfo da monarquias liberais constitucionais, quer em Portugal como
em Espanha, no ano de 1820, veio a ser essencialmente entendida na época como
regeneração. No caso espanhol a opção por este conceito não era nova. Já tinha sido
23
José TENGARRINHA, Nova História da Imprensa Portuguesa..., p. 207.
Campeão Português, Vol. 2, 1919, p. 10
25
Idem, vol.1, 1919, p. 7
26
O Portuguez, vol. IV, 1816, pp. 602.
27
Juan FRANCISCO FUENTES, Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, «Revolución», Diccionario
político y social del siglo XIX español , p. 629
28
El Español Constitucional , Tomo III, 1820, p. 170.
24
24
utilizado, embora com algumas cautelas pela sua ligação à revolução francesa 29, nas
vésperas das Cortes de Cádis, mas teve uma reabilitação de maior envergadura em
182030. De facto, a ideia de regeneração política aplicava-se com maior probidade ao
período de 1820, visto ser entendida como o restabelecimento das liberdades perdidas31.
Também em Portugal a primeira cultura liberal política definiu o momento como
regeneração, "Nós vamos ultimar convosco a grande obra da nossa regeneração (...)"32,
conceito que veio a ser bastante usado depois nos debates das Cortes vintistas33,
evitando, de certa forma, o uso do conceito de revolução pelas ligações ao período mais
conturbado do processo revolucionário francês. Encontramos pois um nexo linguístico
nos discursos políticos liberais dos dois países, fruto, possivelmente, da influência de
leitura teórica adquirida no contexto de exílio (e não só, obviamente). Mais curioso, a
primeira revolução portuguesa apresentou semelhanças significativas com a primeira
revolução espanhola, isto é, teve um carácter nacionalista contra a presença inglesa que
se tinha estabelecido após as invasões dos exércitos franceses34.
O fracasso do Vintismo e do Triénio liberal: o exílio como reflexão revolucionária?
Como tínhamos deixado referência, os inícios da década de 1820 foram bastante
auspiciosos para o triunfo do liberalismo nos países do meio-dia. O pronunciamento de
Rafael de Riego em Cádis revelou um modelo revolucionário a seguir, alicerçado numa
insurreição organizada por sociedades secretas (maçónicas ou paramaçónicas), com uma
liderança militar e, obviamente, com uma agenda reformista e liberal. Estas
características estiverem presentes nos levantamentos nos Estados italianos, Grécia, e,
obviamente, em Portugal35. Se estas revoluções partilharam características comuns na
29
Mona OZOUF, «Régénération», François FURET, Mona OZOUF (dir.), Dictionaire critique de la
Révolution Française, Paris, Flammarion, 1988, pp. 821-830.
30
Juan FRANCISCO FUENTES, «Regeneracion», Diccionario político y social del siglo XIX español,
pp. 604-605.
31
Alberto GIL NOVALES, Las Sociedades Patrioticas (1820-1823), vol. II, Madrid, Editorial Tecnos,
1975, p. 980.
32
«Proclamação aos habitantes de Lisboa», in Manuel Fernandes TOMÁS, A Revolução de 1820,
(recolha, prefácio e notas de José Tengarrinha), Lisboa, Seara Nova, 1974, p. 47.
33
Maria Cândida PROENÇA, A primeira regeneração. O conceito e a experiência nacional (1820-23),
Lisboa, Livros Horizonte, 1990.
34
Para além do mal estar que a presença britânica tinha criado na sociedade portuguesa, a revolução
portuguesa também tentou responder ao facto da perda do monopólio mercantil com o Brasil e,
obviamente, com a ausência da família real do outro lado do Atlântico.
35
Maurizio ISABELLA, Risorgimento in exile..., p. 21.
25
sua estruturação e triunfo (entre os quais a utilização do texto constitucional gadatino
como influência das Constituições nacionais36), também é verdade que passados poucos
anos quase todos estes regimes liberais chegariam ao fim praticamente na mesma altura.
Quer por oposição interna, quer com a ajuda da Santa Aliança, em 1823 chegava
ao fim o Triénio Liberal em Espanha. Em Portugal, estes ecos contra-revolucionários
começaram igualmente a se sentir, criando forças de bloqueio à recém-criada
Constituição de 1822. Fruto de políticas internas conturbadas, até aos inícios de 1830
registou-se um dos maiores fluxos de exílio político que este ciclo de lutas liberais
conheceu. Contudo, os processos de emigração durante a década de 1820 não foram
coincidentes no dois países. Em Espanha, Fernando VII, pese embora resistências
internas, conseguiu uma fase do seu reinado de forma mais sistemática até 1833,
período que ficaria conhecido por Década Ominosa, o que lhe permitiu uma perseguição
mais severa dos sectores liberais ou reformistas37. Em Portugal, a política interna foi
significativamente mais sinuosa. Em 1823, dá-se o golpe de Vila-Francada, sustentada
pelo sectores mais conservadores. A curto prazo, este movimento não teve sucesso. D.
João VI (morreu em 1826) dissolveu as Cortes liberais e a Constituição, tentando no
entanto estabelecer um equilíbrio entre os princípios monárquicos tradicionalistas e uma
visão mais moderada. Igualmente, não partilhou da repressão violenta contra os liberais
que se desenrolava no vizinho ibérico. Em 1824, outro golpe de carácter absolutista
(Abrilada) tenta novamente impor os princípios absolutistas; mais uma vez, não chega a
bom termo e D. Miguel é enviado para o exílio em Viena. Até 1828, ano do regresso
definitivo deste monarca absolutista, a cultura liberal desenvolveu os aspectos
distintivos e que de certa forma fracturaram a família liberal portuguesa e que se
estenderiam para lá da consolidação do regime liberal no país. Por uma lado, os
partidários da Constituição de 1822, mais radicais nos seus pressupostos; por outro, o
cartistas, partidários da Carta constitucional, outorgada por D. Pedro IV, que em 1826
foi proclamado rei de Portugal, abdicando da coroa brasileira. Num certo sentido,
poder-se-ia estabelecer paralelos entres dois grupos e o "exaltados" e "moderados" em
36
Joaquín Varela SUANZES-CARPEGNA, «O constitucionalismo espanhol e português durante a
primeira metade do século XIX (Um estudo comparado)», in Historia Constitucional, nº 11, 2010, pp.
237-274.
37
Juan LUIS SIMAL, Emigrados..., p. 182.
26
Espanha38. Mais uma vez, portanto, a luta contra os princípios absolutistas e em defesa
das ideias liberais fez-se a partir do exterior.
Como tinha acontecido antes das revoluções de 1820, os lugares de emigração
por excelência foram Inglaterra e França39 (muitos exilados se deslocaram o continente
americano40) especialmente a primeira. O contingente português não se encontrava,
obviamente, isolado neste fluxo. Para além de espanhóis, também italianos se foram
juntando. Estas características eram fundamentais para se estabelecerem teias de
solidariedade política, o desenvolvimento do internacionalismo liberal, para além de
que Inglaterra neste período constituía um centro comercial, intelectual e artístico;
também auxiliava o facto de muitos sectores da sociedade britânica aparentarem
simpatia pela causa destes liberais41. Ora, tal como existiram fracturas no liberalismo
português, também no liberalismo espanhol exilado estas se fizeram sentir. Algo que
não ficou despercebido da sociedade inglesa42.
Pese embora algumas vicissitudes que estes emigrados passaram, principalmente
no início em Inglaterra43, a sua produção intelectual foi intensa e bastante
diversificada44. Por parte da cultura liberal espanhola, em que sentidos podemos
encontrar o conceito de revolução? A estratégia insurreccional proposta por estes
liberais exilados veio a ser, inicialmente, muito semelhante aquela que se arquitectou
38
Exaltados, os maiores defensores da Constituição de Cádis, mais «radicais» quer em termos de acção
políticas como de linguagem; Moderados, tentaram estabelecer um equilíbrio entre os antigos princípios
monárquicos, como é bem revelado pela sua tentativa em introduzir uma Câmara Alta (aristocrática).
39
No caso português, as emigrações de 1823 e de 1828 apresentaram diferenças na sua composição. Na
primeira, pontificaram figuras que tinham entrado no aparelho de Estado liberal vintista; na segunda,
destacam-se essencialmente voluntários que queriam combater o absolutismo, Maria de Lourdes dos
Santos, Intelectuais portugueses na primeira metade de oitocentos, p. 111.
40
Luz SORIANO, História da Guerra Civil e do Estabelecimento do Governo Parlamentar em Portugal
Compreendendo História Diplomática Militar e Política Deste Reino Desde 1777 até 1834, Terceira
Época, Tomo 3, Parte 1, Lisboa, Imprensa Nacional, p. 164-165; SIMAL, Emigrados..., pp. 227 e
seguintes.
41
Juan LUIS SIMAL, Emigrados..., p. 187.
42
The Times, «Disputes Among the Spanish Exiles», 15 de Octubre, 1825, p. 2 Cit. Peter COOKE, «Siete
Cartas de Londres: Aspectos de autonomia y moralidade en Ocios de Españoles Emigrados», in Visiones
del Liberalismo, Valencia, Universidad de Valencia, 2008, p. 44.
43
Veja-se as descrições para o caso português, Vitorino NEMÉSIO, A Mocidade de Herculano, Lisboa,
INCM, 2003, pp. 373-519.
44
Para o caso espanhol veja-se a síntese compreensiva de, Vicente LLORENS, Liberales y Románticos,
Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, Editorial Castalia, 1968; Javier
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Liberales y Liberalismo, 1810-1850. La Forja de un concepto y la creación
de una identidad politica», in Revista de Estudios Politicos, nº 134, 2006, p. 166.
27
antes de 1820, mas desta vez com uma componente internacionalista mais evidente45.
No entanto, o conceito de revolução parece ter exercido uma plano secundário ou
tímido. Pelo menos da imprensa periódica consultada, o conceito parece não ter sido
muito utilizado. Como sugerem Juan Francisco Fuentes e Javier Fernández Sebastián,
"la utilización recurrente del término (consecuencia en parte de la larga duración del
ciclo revolucionario) y el consiguiente agotamiento de muchas de las esperanzas
nacidas en 1808 y de las fórumulas que habían servido para expresarlas traerían consigo
a partir de los años trinta un cierto desprestigio social de la palabra"46. De facto, a
análise aos periódicos que se destacaram em importância no exílio espanhol, Ocios de
Españoles Emigrados (1824-27) e, de certa forma, o seu sucessor El Emigrado
Observador (1828-29), com uma importante colaboração de Canga ArgÜelles, e que
tiveram um importante papel na produção literária em múltiplos sentidos, detecta-se nas
suas páginas dedicadas à política a tendência para um tom conciliador47. Este tom
reconciliatório veio a traduzir-se numa tendência geral, possivelmente para proporcionar
uma mudança política o mais rapidamente possível, não descurando, obviamente, uma
certa ideia de catarse que o exílio proporcionou48 (ou exigiu...). O caso português
apresentou um diferente cenário.
Esta década de exílios não produziu inovações semânticas no conceito de
revolução. Este já tinha consolidado a sua semântica moderna nas vésperas de 1820,
embora a sua utilização tenha sido relativamente limitada se compararmos com outros
conceitos, como o de regeneração. Contudo, a cultura liberal portuguesa no exílio
empregou-o sem grande preocupações. Não obstante as bem conhecidas fracturas no
seio da família liberal portuguesa que se agudizaram nos tempos de exílio49, importanos aqui olhar para um outro aspecto: o pendor reflexivo que o exílio proporcionou no
olhar sobre as últimas décadas revolucionárias e a forma como este se traduziu, quer
retrospectivamente, quer num sentido de visão política futura.
45
Irene CASTELLS OLIVAN, «Constitucionalismo, estratégia insurreccional e internacionalismo liberal
en la lucha contra el Antiguo Regimen español (1823-1831)», in Revista de História das Ideias, vol. 10,
1988, p. 487.
46
«Revolución», Diccionario político y social del siglo XIX español, p. 630.
47
Vicente LLORENS, Liberales y Románticos, p. 308-309; Juan LUIS SIMAL, Emigrados..., p. 366-367.
48
Juan FRANCISCO FUENTEs, «Imagen del exilio y del exilado en la España del siglo XIX», p. 50.
49
Um grupo, chefiado por Palmela, em Inglaterra, de actuação moderada, tendencialmente anglófono e
próxima de D. Pedro, com figuras como Cândido José Xavier, José da Silva Carvalho ou Rodrigo da
Fonseca Magalhães; um outro, encabeçado por Saldanha, que se estabeleceria principalmente em França,
maior defensor da Rainha D. Maria II e, tendencialmente, com um discurso mais radical, em que
figuraram figuras como Rodrigo Pinto Pizarro ou os irmãos Passos.
28
Um dos jornais de maior difusão na emigração portuguesa foi o Paquete de Portugal
(1829-1831). É nas suas páginas que iremos encontrar importantes interpretações dos
momentos
revolucionários
do
passado
próximo.
Apresenta-se,
embora
epidermicamente, a defesa de um principio reformador, "Se os Reis e os Governos
teimarem em não querer reformar as velhas instituições políticas, os povos hão de ser
necessariamente reformadores"50, argumentando, inclusivamente, o sujeito «povo»
como um acto/agente importante, e que teria ganha essa preponderância na França
revolucionária, "Neste estado de coisas, que a ninguém agradavam, fez o povo o seu
catorze de Julho de 1789; e desde então já não foi impossível impedir que o Povo fosse
reformador"51. O povo como sujeito/agente revolucionário começava pois a ser
equacionado, e isto tendo em conta as revoluções de 1820, que foram essencialmente
um produto de elites. Num outro número, referindo-se à inevitabilidade da revolução ou
de revoluções, fruto da degeneração de um Estado (de leis, costumes e de abuso de
poder), pugna-se pela total substituição destes52. Porém, porque falham as revoluções?
Pela falta de prática e de implementação dos pressupostos revolucionários: "a razão
porque a maior parte das revoluções políticas, ainda as mais necessárias, e justas, nunca
vão avante, e nunca prosperam; pois que o povo se julga enganado, se nellas não acha
realizadas as vantagens que se lhe prometeram"53.
Uma das figuras cimeiras do liberalismo português, Almeida Garrett, legou
igualmente um importante e significativo trabalho escrito ao longo dos tempos do
exílio, e com um sugestivo título, Portugal na Balança da Europa. Publicado em 1830
no exílio, e possivelmente animado pela revolução do mesmo ano em França, coloca na
sua narrativa em paralelo Revolução com Liberdade. Liberdade, entenda-se, contra o
despotismo do Estado absolutista numa larga cronologia e geografia. Faz, obviamente,
uma apologia ao "sistema de liberdade meridional"54, como lhe chama, das revoluções
de 1820, demarcando-as da Revolução Francesa, que "destruía e abrasava", enquanto as
de 1820 eram "poderosas e serenas". Mantinha assim a ideia da revolução pacífica que
tinha caracterizado parte do discurso liberal nos inícios do vintismo. Mas o campo de
experiência, com o fracasso desta primeira revolução, tinha-se alargado e o autor
reconhece os fracassos, traçando um diagnóstico. Na sua visão, as revoluções de 20
50
Paquete de Portugal, vol. I, 1829, pp. 150-151
Idem, p. 152.
52
Paquete de Portugal, vol.3, 1830, p. 112.
53
Idem, p. 113.
54
Almeida GARRETT, Portugal na balança da Europa, Lisboa, Livros Horizonte, 2005 [1830], p. 41.
51
29
tinham sido revoluções militares, mas tinha sido precisamente este pormenor que tinha
ditado o seu fim; refere que "Certo é que sem o auxílio da força armada era impossível
qualquer revolução no estado daqueles países. Mas fazer-se do que só devia ser auxilio,
agente único e exclusivo, eis aí o grande, o máximo, o capital erro das revoluções
peninsulares de 1820"55. Ou seja, o facto de o "povo" não ter sido um agente activo no
processo revolucionário, dando-lhe sustentabilidade pela base, terá sido um dos motivos
pelo fracasso da primeira revolução. Para ele, teria de haver um equilíbrio entre os dois
corpos, ou seja, "fazer a revolução militar e civil". É bastante discutível que na altura,
com as características que a população portuguesa possuía
(maioritariamente
analfabeta, rural e pobre) fosse possível convocar a totalidade do corpo que pretendia.
Não obstante, convém notar que estamos perante um primeiro exemplo da ideia de uma
"revolução popular" com sentido positivo. Mas, note-se, não na lógica de «revolução
popular» que veremos anos mais tarde com a Maria da Fonte, espontânea por parte das
populações. Curioso é notar a forma como Garrett apelida a Belfestada: como "como
revolução ilegítima", por não ter tido preparação um alguém capaz à sua frente. De
qualquer forma, o ano de 1830, o "Waterloo dos Povos" como lhe apelidou, viria, no
seu entender, a ser um passo importante no derrube definitivo das monarquias absolutas
na Europa.
Um outro aspecto interessante de notar neste escrito de Garrett, é o nexo de
Liberdade que este encontra não só no contexto das revoluções europeias, mas
inclusivamente no continente americano, quer a Norte ou a Sul. Num certo sentido, seria
possível fazer um pequeno paralelo com uma ideia de "revolução atlântica"
desenvolvida pelo autor espanhol Blanco White56.
A terminar o texto, Almeida Garrett é bastante peremptório em relação a uma
eventual união com Espanha neste conturbado contexto político, "Talvez uma
Federação...Mas suspendamos por ora todas as reflexões sobre este objecto"57. A
solidariedade internacional dos exilados, mormente dos ibéricos, conheceu episódios
que merecem algum destaque. É verdade que em contexto de exílio se formaram
sociedades que ajudaram a estreitar os laços de ajuda ou de comunicação entre os
55
Idem, p. 41-42.
Carlos SECO CERRANO, «Blanco White y el concepto de revolución atlántica», in GIL NOVALES,
Alberto (ed.), La Prensa en la Revolución Liberal: España, Portugal y America Latina, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1983, pp. 265-275.
57
Almeida GARRETT, Portugal na balança da Europa, p. 133.
56
30
diferentes emigrados. Existiram várias ao longo dos anos, em que pertenceram
espanhóis, portugueses e italianos, como o «Centro Universal de Actividade Patriótica»
ou a «Société Cosmopolite» fundada em 1826, em Paris, pelo General Lafayatte.
Porém, uma momento importante marcou essa estreita colaboração ibérica: a ideia de D.
Pedro como rei que unisse as duas coroas58. Possivelmente, a frase de Almeida Garrett
referia-se a este plano que, como se sabe, não chegou a ser concretizado.
Considerações finais
As lutas internas nos dois países prolongar-se-iam para lá da década de 1830 nos
dois países, quer por oposição ao absolutismo ou sectores mais conservadores, como em
lutas internas entres as famílias liberais. A consolidação definitiva dos regimes liberais
constitucionais, pelo menos na sua forma definitiva, foi, portanto, sinuosa e conflituosa.
Do período analisado que considerações podemos tirar?
Os dois países, com algumas nuances significativas, partilharam experiências
políticas e históricas relativamente semelhantes. No fundo, e como sugeriu Almeida
Garrett, encontram-se numa balança europeia. Os apontamentos lexicais que aqui
tentámos evidenciar, centrados no conceito de revolução, permitem-nos observar tanto
semelhanças como diferenças. Num primeiro momento um desfasamento no que toca à
absorção do novo entendimento semântico que revolução passou a ter a partir da
Revolução Francesa, demonstrado nos diferentes cenários que ocorreram na Península
Ibérica. Em Espanha, como se viu, Revolução passou a assumir o carácter de mudança
de regime mais cedo do que em Portugal.
Nas vésperas de 1820, os significados de revolução já tinham encontrados ecos
idênticos nas duas culturas políticas liberais. Como se viu, uma parte importante da luta
contra a monarquia absoluta foi feita e preparada a partir do exterior, sendo aqui que
encontramos semânticas coincidentes. De ambas as partes, detectam-se cautelas na
utilização do conceito, principalmente pelo lastro de memória deixado da Revolução
Francesa. Porém, se historiograficamente se apelida de revolução os pronunciamentos
mediterrânicos de 1820, a verdade é que o conceito que pareceu congregar maior
58
Braz Augusto Aquino BRANCATO, «Exilados espanhóis em busca de um rei constitucional», Estudos
Ibero-Americanos, vol. XI, nº 1, 1985, pp. 78-105; Irene CASTELLS OLIVAN, «Constitucionalismo,
estratégia insurreccional e internacionalismo liberal en la lucha contra el Antiguo Regimen español
(1823-1831)», pp. 488-499.
31
consenso nos dois países foi regeneração, termo que melhor caracterizou, à luz dos seus
actores, os propósitos a que se tinham projectado.
Os exílios da década de 1820 parecem ter ditado desfasamentos. Pelo menos
quanto aos seus usos. Embora a componente internacionalista liberal tenha ganho mais
força neste período, pareceu-nos, pela parte dos liberais espanhóis, uma utilização mais
tímida do conceito. Como aponta a historiografia, o tom conciliatório, e o desgaste que
o conceito a que tinha sido sujeito nos anos anteriores e as suas desilusões, parecem ser
as razões para que o conceito não apareça frequentemente evocado. Por oposição, a
cultura política exilada portuguesa pareceu apostar com maior fulgor na sua utilização.
Não porque o conceito tenha adquirido semânticas novas, mas essencialmente porque
este passou a ser entendido como um fio condutor explicativo dos últimos anos.
privilegiando as análises históricas tendo como base este conceito, colocando-o,
obviamente, como categoria central na acção política que se pretendia desenvolver.
32
Liberales exaltados y progresistas: aspectos ideológicos de dichas formaciones con
vistas a la construcción de un sistema político liberal en España
Sophie Bustos (Universidad Autónoma de Madrid)
Angel Ramón Poveda Martínez (Universidad Autónoma de Madrid)
Introducción
El propósito de esta comunicación es examinar distintos aspectos programáticos de los
liberales exaltados del Trienio Liberal (1820-1823) y progresistas (1834-1844). Para
ello, en un primer tiempo, analizaremos elementos propios de la ideología exaltada especialmente su interpretación de la Constitución de Cadiz, vinculada con sus prácticas
políticas-. Luego, incidiremos en los liberales progresistas, con el fin de ver en qué
medida retomaron algunos de los valores y preocupaciones desarrollados por los
exaltados del Trienio.
Los liberales exaltados
Durante el régimen conocido como Trienio Liberal (1820-1823), los liberales se
dividieron en dos grupos: moderados y exaltados. Ambos grupos compartían la
Monarquía como forma de gobierno, pero cada uno elaboró su propia interpretación de
la Constitución de Cádiz. Mientras los moderados defendían un sistema de Monarquía
Constitucional -liderada por el poder ejecutivo, es decir, el Rey y sus ministros-, los
exaltados apoyaban un régimen de Monarquía Asambleria, encabezada por las Cortes,
única encarnación de la soberanía nacional. Lo que dio origen a esta disyuntiva era el
carácter relativamente abierto de la Constitución de 1812. Aunque en ella se planteaba
la separación de poderes -entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial- y la asignación,
para cada órgano del Estado, de unas funciones determinadas, algunos puntos del
código constitucional permitían una doble interpretación. Uno de ellos era la
33
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
participación del Rey de la potestad legislativa. Esta facultad, ardientemente defendida
por los moderados durante el Trienio, establecía una igualdad en cuanto a las iniciativas
de leyes del Parlamento y del poder ejecutivo. Pero a la vez, las Cortes estaban dotadas
de importantes facultades que les permitían controlar de cierta forma la política
impulsada por el Ejecutivo. Las atribuciones de los diversos poderes estatales estaban
asignadas de manera bastante nítida, pero al mismo tiempo se podía observar una
confusión en las tareas del Ejecutivo y del Legislativo. Apoyándose en el principio de
soberanía nacional, los exaltados quisieron convertir a las Cortes en el centro del Estado
mientras que los moderados defendieron las prerrogativas del poder ejecutivo y su papel
predominante.
Nuestra intención es desarrollar en esta parte de la comunicación algunos de los puntos
de la exégesis exaltada de la Constitución de 1812, centrándonos en los dos poderes que
generaron más conflictividad, el Ejecutivo y el Legislativo, con el fin de estudiar la
interrelación entre su lectura del código constitucional y su ideología y prácticas
políticas.
Exégesis exaltada de la Constitución de Cádiz
La interpretación asamblearia de los liberales exaltados planteaba que las Cortes eran el
motor de la política estatal. Puede considerarse que esta postura se veía respaldada por
la propia Constitución. En efecto, en el texto constitucional gaditano, características
tales como el unicameralismo, la indisolubilidad de las Cortes, o el que el Rey tuviese
que contar necesariamente con el consentimiento de las Cortes -o, en algunos casos, del
Consejo de Estado- en todos los asuntos de importancia, hacían del poder legislativo el
auténtico centro neurálgico del Estado1.
En cuanto a las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, los exaltados las
concebían como dialécticas. Al contrario de los moderados, que veían como necesaria
cierta colaboración entre ambos poderes2, los exaltados consideraban que no podía
1
Para las facultades de las Cortes, véase el artículo 131 de la Constitución de 1812. En cuanto a las
facultades del Rey, véanse los artículos 170 y 171. Es de notar que la Constitución de Cádiz recoge
expresamente, en su artículo 172, una serie de restricciones al poder real. Constitución política de la
Monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Recuperado de internet
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-politica-de-la-monarquia-espanolapromulgada-en-cadiz-a-19-de-marzo-de-1812-precedida-de-un-discurso-preliminar-leido-en-las-cortes-alpresentar-la-comision-de-constitucion-el-proyecto-de-ella--0/html/000d0672-82b2-11df-acc7002185ce6064.html)
2 En palabras del conde de Toreno: « Haya unión entre las Cortes y el Gobierno y todo se vencerá ».
Diario de Sesiones (en adelante DS), 4 de septiembre de 1820, p. 814.
34
haber unión entre ellos, ya que se desconfiaba del Ejecutivo -cuando se elaboró la
Constitución en las Cortes de Cádiz, el poder ejecutivo era considerado como enemigo
de la libertad; los liberales exaltados del Trienio reasumieron esta desconfianza-. Según
este grupo político, las Cortes debían velar por la marcha del Gobierno, y había que
imponer a éste el criterio parlamentario. Esta idea se tradujo, entre otros, en el uso de las
solicitudes de comparecencias ministeriales. Para los moderados, éstas se consideraban
útiles cuando las solicitaba un ministro -sea para exponer un proyecto de ley o informar
a las Cortes sobre puntos concretos-. En cuanto a los exaltados, su uso de la
comparecencia ministerial tenía un carácter intrínsecamente acusativo: se pedía la
comparecencia de un ministro con el fin de que rindiese cuentas por sus actos. Y de
estas peticiones de comparecencia se derivaba también la exigencia de responsabilidad
ministerial. En efecto, el pedir la comparecencia de un ministro, en la óptica exaltada, se
hacía para ver si « concurría alguna circunstancia para exigir responsabilidad »3. La
Constitución de Cádiz recogía la responsabilidad jurídica de los ministros: en el caso de
que un ministro infrinja una ley, las Cortes podían exigirle la responsabilidad penal4.
Sin embargo, a ojos de los exaltados, este tipo de responsabilidad no era lo
suficientemente pujante como para poner diques a los actos de los ministros. En este
sentido, aquella corriente liberal se decantó por la responsabilidad política, que
correspondía con su idea de controlar estrechamente la actividad del poder ejecutivo,
pues esta responsabilidad planteaba que los ministros debían responder de los actos
cometidos en el ejercicio de sus funciones cuando se consideraban contrarios al espíritu
de la Constitución.
Ya desde el primer año del régimen, en varias ocasiones, se pidió la comparecencia de
un ministro con el fin de exigirle la responsabilidad política. Un caso emblemático
puede encontrarse en septiembre de 1820, a raíz de la orden de disolución del llamado
Ejército de la Isla, aquel cuerpo que Riego había encabezado en los primeros meses de
1820 para llevar a cabo el pronunciamiento. Esta orden de disolución emanó del
3 Ignacio FERNANDEZ SARASOLA: Poder y libertad: Los orígenes de la responsabilidad del
Ejecutivo en España (1820-1823), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2001, p. 618.
4 La Constitución de Cádiz prevé la exigencia de responsabilidad a un ministro por parte de las Cortes en
los casos de extralimitación del poder ejecutivo. Véanse los artículos 172, apartado undécimo
(responsabilidad de los ministros en el caso de que firmen la orden de privación de libertad de un
individuo que no representa una amenaza para la seguridad del Estado) y los artículos 226 (« Los
secretarios del Despacho serán responsables a las Cortes de las ordenes que autoricen contra la
Constitución o las leyes, sin que sirva de excusa haberlo mandado el Rey »), 228 y 229 (relativos a la
formación de una causa, remitida al Tribunal Supremo de Justicia, que era el órgano encargado de llevar a
cabo el juicio). Constitución política de la Monarquía española…
35
ministro de Guerra, el marqués de las Amarillas, conocido por su compromiso realista.
Aunque Fernando VII cesó al marqués -por las numerosas protestas elevadas en contra
de la orden de disolución-, varios diputados exaltados, en las Cortes, solicitaron la
presencia del resto de ministros para conocer los motivos que llevaron a esta orden y, en
definitiva, exigirle la responsabilidad al Gobierno. En efecto, los diputados exaltados
consideraban esta orden de disolución como impolítica, pues se castigaba a los hombres
que habían hecho posible el restablecimiento de la Constitución en 1820. Esta propuesta
desencadenó un debate de gran magnitud, porque en opinión de los liberales moderados
no podía exigirse responsabilidad al Gobierno puesto que solo había usado de sus
prerrogativas, en este caso el separar del mando militar a algunos individuos, y ninguna
ley había sido infringida. El hecho de que estos individuos fuesen beneméritos de la
Nación no cambiaba nada, pues todos los hombres son iguales ante la Ley, incluso, « no
hay ninguno que no sea pequeño ». El pedir responsabilidad era entonces un « negocio
ajeno enteramente »5 a las facultades del cuerpo legislativo. Frente a eso, los exaltados
insistían en que el Gobierno, a pesar de haber actuado dentro de sus facultades, había
obrado de manera contraria al espíritu revolucionario. El diputado exaltado Istúriz,
quien calificaba esta disolución de escándalo, criticaba la postura de los moderados al
argumentar que este tipo de conductas (el realizar actos impolíticos sosteniendo que no
podía exigirse responsabilidad porque no había infracción legal o constitucional)
acabaría por poner en peligro el régimen liberal:
« Se dice que no se señala artículo de Constitución infringido, ni ley a que se
haya faltado; y yo replico que mañana u otro día, sin dejar de desempeñar las
Cortes sus atribuciones, y el Gobierno las suyas, y sin poder evitarlo, podría
llegar el momento en que las bayonetas se asomasen a esas puertas sin poder
decirse que se había infringido la Constitución ni quebrantado ley alguna »6.
En definitiva, los exaltados consideraban que era el deber del cuerpo legislativo, como
único órgano representante de la Nación soberana, el vigilar cualquier acto que tenía
que ver con la dirección y la salud del país. Las Cortes no estaban sometidas al
Gobierno, al contrario, éste no podía obrar a su antojo y ellas tenían la facultad de
cuestionar las acciones que estimaban impropias.
5 Las dos citas son de Martínez de la Rosa en DS, 5 de septiembre de 1820, pp. 828-829.
6 Istúriz en ibid., p. 830.
36
Prácticas políticas exaltadas
Esta interpretación asamblearia que hicieron los exaltados de la Constitución de 1812
se vio reforzada, en el ámbito ideológico y de las prácticas políticas, por dos elementos
fundamentales: la fiscalización de la actividad de los funcionarios y gobernantes, y la
creación y fortalecimiento de una opinión pública liberal, especialmente a través de la
prensa y las Sociedades Patrióticas.
En cuanto a la fiscalización de los funcionarios y gobernantes, a modo de ejemplo,
podemos citar el caso del nombramiento sucesivo de dos personas para el ministerio de
Guerra, a mediados de 1821. A finales de agosto, Fernando VII separó al ministro de
Guerra Moreno Daoíz y nombró primero en su lugar a Diego Contador y luego a
Gregorio Rodríguez. Ambos nombramientos disgustaron a los liberales, y especialmente
a los exaltados. El periódico exaltado El Eco de Padilla, después de recordar el por qué
estos hombres no eran aptos para ejercer un cargo ministerial -entre otros, el primero
por ser considerado absolutista, y el segundo por su vejez-, establecía lo siguiente: hay
que respetar la Constitución y el que el Rey pueda nombrar y separar libremente a sus
ministros, pero « sentimos que para ello (la elección del ministro de Guerra) no se dé a
la opinión pública el influjo que debe tener en un pueblo libre. » Al fin y al cabo, si se
hubiese consultado a la opinión pública, Contador y Rodríguez nunca hubiesen sido
nombrados. El Eco de Padilla va aún más lejos en el razonamiento, al manifestar que
puede exigirse la responsabilidad al ministro que, con su firma, había autorizado estos
nombramientos, pues se trataba de decisiones impolíticas, contrarias al bien de la
Nación. La responsabilidad que defiende en este caso el periódico exaltado es de tipo
político: « la responsabilidad de los secretarios del Despacho no está sujeta solamente a
los actos que infrinjan la Constitución, sino a los que en cualquier sentido puedan
entorpecer el sistema. »7
Con lo que respeta al tema de la creación y fortalecimiento de la opinión pública, nos
interesa citar el caso de la suspensión de las Sociedades Patrióticas en octubre de 1820.
Estas sociedades surgieron espontáneamente a raíz del pronunciamiento de Riego en
enero de 1820 y, pronto, se convirtieron en foros públicos de discusión política con
cierta participación popular -especialmente labradores y artesanos-. Los liberales
moderados veían en estas asociaciones una amenaza al orden -tanto el público como el
legal-, y se apresuraron en suspenderlas desde octubre de 1820. Los motivos que
7 Ambas citas están en El Eco de Padilla, 4 de septiembre de 1821, pp. 277-278.
37
utilizaron para justificar esta suspensión residían, por una parte, en la ausencia de
derechos naturales: cuando los hombres están constituidos en sociedad, solo existen los
derechos civiles, susceptibles de ser limitados por el Estado. Por otra parte, los
moderados argumentaron que la Constitución no reconocía el derecho de asociación,
que era la base de las Sociedades Patrióticas. En opinión de los exaltados, la existencia
de tales sociedades derivaba del ejercicio de derechos innatos, el de expresarse y el de
reunirse para deliberar8. Del mismo modo, las veían como establecidas por la
naturaleza, y de esta última debían provenir las limitaciones que se les podían aplicar.
Por consecuente se negaban a reconocer la facultad, por parte del Estado, de disolverlas.
Las Sociedades Patrióticas se basaban en el uso y disfrute de los derechos
imprescriptibles del hombre, y aunque él estuviera organizado en sociedad, la naturaleza
debía seguir rigiéndolas9. El Estado estaba entonces encargado de proteger los derechos
innatos del ser humano, y no podía pretender que estaban sujetos a limitación. La única
restricción existente era la Constitución, y ella no habilitaba al poder estatal para
coartarlos.
Los liberales progresistas
El inicio del reinado de Isabel II fue muy traumático. La minoría de edad de la futura
reina de España se ve complicada por el inicio de la I Guerra Carlista además del
proceso de desmantelamiento del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal.
Es importante remarcar, desde el principio, la no existencia de una historia acerca del
partido progresista, nacido al inicio del reinado de Isabel II y que va a desaparecer con
la monarquía de Amadeo I de Saboya, a pesar de la existencia de excelentes artículos a
cargo de Burdiel10 o Romeo Mateo11, una estupenda compilación editada por Suárez
8 « Para expresarse y rectificar los conceptos es menester que los hombres conferencien con otros, y este
derecho natural es el origen de estas sociedades que tratamos ». Lastarria en DS, 4 de septiembre de 1820,
p. 814.
9 Romero Alpuente declaraba: « La naturaleza las establece y las hace libres: las trabas que deben tener
son, pues, solas, las que la misma naturaleza les pone: el respeto debido a los hombres y a las leyes ».
Ibid., p. 807.
10 Isabel BURDIEL: ―La tradición progresista. Historia de un desencuentro‖ en Sagasta y el liberalismo
español, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura / Ediciones del Umbral, 2000, pp. 103 -122. Isabel
BURDIEL: ―Morir de éxito: El péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX‖ en Historia y
Política, Madrid, 1, (1999), pp.181 – 204.
11María Cruz ROMEO MATEO: ―Joaquín Mª López Un tribuno republicano en el liberalismo‖, en Javier
MORENO LUZÓN (ed.), Progresistas. Biografías de reformistas españoles (1808 – 1939), Madrid,
Taurus Editorial, 2006, pp. 59 – 98. María Cruz ROMEO MATEO: ―La ficción monárquica y la magia de
la nación en el progresismo isabelino‖ en Ángeles LARIO: Monarquía y República en la España
Contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 107 – 126; ÍD.: ―De patricios y nación: los valores
de la política liberal en España a mediados del siglo XIX‖ en Mélanges de la casa de Velázquez, 35, 1,
38
Cortina12, la obra de Perter Janke13, el intento de aproximación al partido progresista
(también moderado y otras tendencias) de Alejandro Nieto14 además del libro de Jorge
Vilches15 y Pedro Díaz Martín16, entre otros.
La Guerra contra el invasor francés derruyó parcialmente el Antiguo Régimen y plantó
la semilla del ideario liberal. La vuelta de Fernando VII, la restauración del absolutismo
y la corta experiencia del Trienio Liberal impidió, por el momento, su mayor
aclimatación y desarrollo. Fallecido Fernando VII, parecía llegado el momento, desde el
mundo liberal, de cortar el cordón umbilical con la decadente monarquía absolutista y
dar la bienvenida a los ideales de libertad y transformación en profundidad de la
sociedad española, con una monarquía constitucional al frente encarnada en la persona
de Isabel II, princesa de Asturias y futura heredera por contar con tan solo tres años de
edad. Pero los liberales se habían dividido en dos tendencias: moderados y progresistas.
La vuelta del exilio de los liberales tras su permanencia en Inglaterra y Francia, el inicio
de la guerra civil carlista tras la reclamación sucesoria de D. Carlos y los pasos
titubeantes de María Cristina, en convivencia con los elementos reformistas dentro del
absolutismo, no acaban de aclarar el panorama y plantean, de forma paralela, dos
problemas conectados entre sí cuya no resolución puede afectar de forma negativa al
buen funcionamiento del circuito liberal: la sucesión en el trono de la reina Isabel II por
la oposición de la causa carlista y la ralentización en el proceso de implantación del
liberalismo por la connivencia de la Corte con el mundo absolutista. La Historia de las
Regencias de Alcalá Galiano incide en esta misma idea y habla no de una guerra sino de
dos en frentes simultáneos, plano militar y político, de enorme gravedad para la vida
colectiva del país. En la resolución de la primera, será clave la buena sintonía Gobierno
(2005), pp. 119 – 143; ÍD.: ―Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 1834 –
1845‖, Ayer, 29, (1998), pp. 37 – 62; ÍD.: ―La cultura política del progresismo: las utopías liberales, una
herencia en discusión‖, Berceo, Revista Riojana de Ciencias Sociales y Humanidades, 139, (2000), pp. 930; ÍD.: ―Los mundos posibles del liberalismo progresista‖ en Emilio LA PARRA y Germán RAMIREZ
ALEDON (eds.), El primer Liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia:
Biblioteca Valenciana, (2003), pp. 287 – 314.
12 Manuel SUÁREZ CORTINA (ed.): Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808 – 1950,
Madrid, Marcial Pons Editorial, 2003; ÍD.: La redención el pueblo. La cultura progresista en la España
liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006.
13 Peter JANKE: Mendizábal y la instauración de la Monarquía constitucional en España, Madrid, Siglo
XXI Editorial, 2010.
14 Alejandro NIETO: Mendizábal. Apogeo y Crisis del Progresismo Civil. Historia Política de las Cortes
Constituyentes de 1836-1837, Barcelona, Ariel Editorial, 2011 (1ª. Edición).
15 Jorge VILCHES: Progreso y Libertad: el partido progresista en la revolución liberal española,
Madrid, Alianza Editorial, 2001.
16 Pedro DÍAZ MARTÍN: La monarquía tutelada. El progresismo durante la regencia de Espartero
(1840-1843), Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 2015.
39
– Ejército, suministros de primera necesidad y material de guerra adecuados y sin
retrasos junto a unos mandos militares con valor, decisión y energía para solucionar con
rapidez y eficacia el conflicto. He aquí, una de las razones del valor de la figura de
Espartero para convertirse posteriormente en un « mito » con la colaboración del pueblo
y familias liberales:
« La España se halla empobrecida con la paralización de su industria, los
recursos de riqueza están agotados, ella no puede sostener por más tiempo la
guerra civil que la consume y aniquila. Así es que no se oye por todas partes sino
un grito general, cual es la terminación de esta guerra fratricida para poder
disfrutar de la paz ».17
Por lo que respecta a la segunda, lo que preocupa a Alcalá Galiano y al Gobierno, no
era el normal desarrollo de la oposición en las Cortes, sino la conjuración y la rebelión
fuera de las mismas (« intereses y pasiones particulares ») que unido al conflicto bélico
que se estaba desarrollando en el norte del país, producía una gran presión sobre el
poder ejecutivo, que afectaba a la existencia del estado liberal y la sucesión en el trono
de Isabel II. En palabras de su autor:
« Esta guerra civil, nada semejante a la seguida al mismo tiempo contra D.
Carlos y los suyos, era más de palabras o escritos que de obras o combate.
Triunfante ya y no combatida ni tampoco agresora la rebelión, empezaron a
desunirse también los que la sustentaban. Llegó la infeliz España a un estado sin
igual de desconcierto; aclamando allí una cosa y allá otra; habiendo hasta un
reducido distrito que proclamó la Constitución de 1812 ».18
¿Qué nos quiere decir Alcalá Galiano con este texto? Conforme se iba acelerando el
proceso de descomposición y caída del modelo del Antiguo Régimen, los liberales
pusieron en marcha el proceso mediante el cual ocuparían el puesto privilegiado en el
nuevo sistema organizativo/estructural de la nación española. Su deseo primigenio fue
17 Marqués DE MIRAFLORES: Memorias para escribir la historia contemporánea de los siete primeros
años del reinado de Isabel II, por (…) Madrid, Imprenta de la viuda de Calero, 1844, vol. II. pp. 664-665
(Apéndice).
18 Antonio ALCALA GALIANO: Historia de las Regencias (1833-1843). Prólogo de Juan María
Sánchez-Prieto, Pamplona, Urgoiti Editores, 2008 (1ª. Ed. 1846), p. 72.
40
el de monopolizar el « Poder » en exclusiva, sin tener compañeros y socios de viaje en
la nueva andadura. La vuelta de Fernando VII, el restablecimiento del absolutismo y el
fracaso del Trienio Liberal dejaron claro, no solo la fragilidad del ideario liberal sino
también la división dentro del mundo liberal (« corrimiento /desplazamiento del dogma
original del liberalismo ») que constituye de por sí un grave contratiempo porque si la
imagen de cara al pueblo era polícroma, el contenido presente en la misma era difícil de
desentrañar y hacer realidad por la complejidad de matices, acentos, especificidades que
cada grupo hacía y, en virtud de los cuales, algunos se presentarían ante la ciudadanía,
con el trascurso del tiempo, como el genuino liberalismo procedente de la misma barrica
de la Constitución de 1812, por ejemplo, los demócratas y republicanos.
Sin quererlo ni desearlo en principio, el liberalismo se había disgregado en varias líneas
o propuestas de « familia » o « partido », cada una de las cuales se presentaba, con la
colaboración de la prensa, como el liberalismo posible, el liberalismo auténtico, el
liberalismo revolucionario. El equilibrio se había roto hace ya tiempo entre los
progresistas -como consecuencia de su proceso de refundación (Alcalá Galiano,…)- y
moderados que, gracias a su acercamiento a sectores prestos al cambio dentro del
absolutismo y al llamamiento de la Regente María Cristina para el desempeño de las
funciones de gobierno, se hallaban mejor situados en el poder que los progresistas.
Estos estaban más distantes por su empeño en configurar una Constitución donde la
figura del monarca quedaba sometida/sujeta a la misma (no en la misma posición o por
encima) y sus llamamientos repetitivos a la realización de la « voluntad nacional », que
favorecían más el desarrollo de la revolución que el crecimiento de la nación.
La palabra clave era la libertad y siempre que la misma estuviera en cuestión, el
progresismo levantaría la bandera de la revolución. Sin embargo, cuando por efecto de
la revolución, el progresismo alcanzaba el poder y no traducía en « ente concreto »
dicho axioma, perdía legitimidad entre las clases medias y daba pie a que el pueblo
iniciara un nuevo éxodo en busca de aquel/aquellos que le proporcionara/an el oxígeno
que colmara sus aspiraciones y deseos: el ejército, los demócratas, los republicanos…
que se presentaban como nuevos inquilinos en el edificio liberal reclamando no solo
vivienda sino también palabra y acción en la organización, desarrollo, evolución de la
comunidad liberal.
Llegados a este punto, nos encontramos con un elemento que es importante destacar del
partido progresista y que podríamos resumir con las siguientes palabras: falta de
41
coherencia entre el plano teórico y práctico en la arena política. A pesar que el
liberalismo progresista buscaba la integración política de la sociedad por medio de la
ampliación de las clases medias y la asunción de dogmas como el bicameralismo, veto
absoluto del monarca y derecho de disolución de las Cortes, su insistencia en el
principio de soberanía nacional y la forma empleada para llegar al poder – con la ayuda
de la Milicia Nacional y la posterior formación de Juntas – generaba incertidumbre en
cuanto a su capacidad de incorporación, de forma pacífica, al edificio político liberal.
Da la sensación, en base a estos hechos, que los elementos característicos dentro de los
liberales progresistas surgen más por oposición/diálogo con las otras fuerzas liberales
que por la creación de un corpus político propio y original19.
« … la libertad es el orden ; que la libertad no es otra cosa que el orden legal, el
orden establecido contra el despotismo… ; por lo mismo, para mi juicio, libertad
y orden son sinónimos. Pero el orden debemos buscarlo no en las palabras, sino
en las cosas ; no debe buscarse en una perfección imaginaria, no en una
abstracción metafísica, sino en la realidad… De otro modo, nos exponemos a
que a fuerza de abstracciones, cuando lo vayamos a reclamar el orden en un caso
físico, nos respondan los aullidos de la sedición o los silbidos de la anarquía. El
orden lo busco yo haciendo entrar todos los elementos y sobre todo los que
parecen puestos fuera de la esfera de la ley, en su misma acción, convirtiéndoles
así de elementos de discordia en elementos de orden : haciéndoles entrar en el
sistema legal, y convirtiendo hasta la ambición en instrumento de gobierno, en
vez de dejarlo ser de desgobierno. He aquí la diferencia de nuestras opiniones…
Ensanchemos la esfera de las Cortes para que nunca vuelva a aparecer en España
la esfera de las juntas »20
Este texto, que reproducimos aquí y perteneciente a Alcalá Galiano, nos muestra uno de
los elementos más significativos y diferenciadores del progresismo frente al
moderantismo: solamente la ampliación de la sociedad en un sentido político más
liberal podría frenar la revolución. Para ello, era necesario, entre otras cosas, disminuir
19 María Cruz ROMEO MATEO: ―Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas,
1834 -1845‖ en Isabel BURDIEL (ed.), La política en el reinado de Isabel II,… Ayer, Madrid, 29, (1998),
p. 49. Pedro DÍAZ MARTÍN: La monarquía tutelada. El progresismo durante la regencia de Espartero
(1840-1843), Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 2015, p. 17.
20 DS, Procuradores, 8 de enero de 1836.
42
el poder de la Iglesia, impulsar el desarrollo económico y ampliar las bases sociales
sobre las que se asiente el Estado liberal. El progresismo buscaba, con ello, un
equilibrio en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos con el fin de ir avanzando a
una sociedad política madura, en el sentido más estricto de la palabra. Ante la oposición
de los liberales moderados a este proyecto, por miedo al desarrollo de una revolución
violenta y una reestructuración de la sociedad, con la consiguiente pérdida de
preeminencia social, los progresistas se verán desplazados del gobierno, tras el fin de la
Regencia de Espartero, desaprovechándose una gran oportunidad de incrementar el
papel de las Cortes en la vida política española y de esta manera hacer evolucionar el
sistema político liberal español hacia formas políticas cada vez más cercanas al ideario
democrático.
Conclusión
Temas como el de la responsabilidad política de los ministros o el de las Sociedades
Patrióticas demuestran que, en sus prácticas políticas e ideología, los exaltados del
Trieno se apoyaban en elementos que no figuraban en la Constitución. Aquello significa
que esta corriente política interpretó la Constitución de Cadiz de una forma que
superaba la literalidad del texto. Este último elemento puede considerarse de dos
maneras. La primera interpretación inclina a pensar que los exaltados eran liberales
utópicos, totalmente desconectados de la realidad política de su época. Su inflexibilidad
a la hora de defender temas como el de la responsabilidad política de los ministros pudo
haber sido la fuente de muchos enfrentamientos con los moderados. En cuanto a la
segunda interpretación, que es la que defendemos aquí, consiste en afirmar que, para su
época, los exaltados ya tenían prácticas políticas modernas, que superaban la
interpretación «a la baja»21 que hicieron los moderados de la Constitución de Cadiz.
El progresismo como tendencia político liberal nace al mismo tiempo que el
moderantismo. Proviene de la rama más radical del liberalismo, a la que se denominó
21 «… el gobierno había desamortizado casi todos los bienes eclesiásticos y removido casi todos los
obstáculos a las libertades públicas. Ese casi ambiguo marca precisamente la distancia que media entre
unos y otros: entre moderados como el conde de Toreno, que abogan por un compromiso entre
aristocracia, burguesía y Corona, con exclusión del pueblo y sacrificio del patrimonio de la Iglesia, y
liberales íntegros que aspiran a llevar a la vida cotidiana el espíritu (…) de la Constitución. Los primeros
pretenden una revisión a la baja del texto gaditano (…). Son casi partidarios de la Constitución. Los
exaltados, en cambio, quieren toda la Constitución, sin alteración ni merma de sus postulados. Lo que
estaba en discusión, por tanto, no era el tempo político de la Revolución liberal sino su techo democrático.
» Juan Francisco FUENTES ARAGONES (ed.): Si no hubiera esclavos no habría tiranos, Madrid, El
Museo Universal, 1988, p. 7.
43
exaltada y exaltados fueron desde entonces los integrantes del grupo político que tomó
el poder encabezado por Evaristo San Miguel y todavía en 1834, al referirse a las
facciones políticas del sistema liberal, se utilizaban los conceptos moderado y exaltado.
No obstante, en las elecciones de 1836, en la prensa de la época, aparece ya la
denominación de progresista para calificar al grupo más radical que ganó las elecciones.
Al acercarnos a su programa, pueden detectarse algunos puntos claros que pueden servir
para diferenciarlos del moderantismo: el principio de soberanía nacional frente al de la
soberanía compartida entre el rey y las Cortes; Milicia Nacional, como fuerza
garantizadora de sus aspiraciones políticas; la libertad de expresión sin previa censura,
relegando a los jurados de imprenta la misión de calificar los delitos; la lucha contra los
impopulares impuestos de consumos y el estanco de sal y por último, la elegibilidad de
los Ayuntamientos y Diputaciones frente al sistema de designación directa, que
apoyaban sus oponente políticos (los moderados).
Con su llegada al poder, su intención fue la de transformar el liberalismo haciéndolo
accesible a sectores más amplios de la sociedad. Si se quería evitar la revolución, había
que reducir los efectos de la misma y para ello, era importante que cada vez más
población disfrutara de la bondades (a nivel político - ampliación del censo electoral-,
económico - desarrollo de la industria
y construcción del ferrocarril- y social -
ampliación de las clases medias-) del sistema político liberal.
A ello, hay que añadir que las contiendas en el Parlamento, el desarrollo de la prensa y
la movilización de la calle son otros factores que contribuirán a ir definiendo los
contornos ideológicos y su actitud en la práctica de estas dos tendencias del liberalismo
claves en el reinado de Isabel II.
44
Legislación educativa y formación de la identidad nacional de
Cuba en el siglo XIX
José Antonio Cañizares Márquez
UNED
Con la construcción de los estados liberales en el siglo XIX se producen
profundos cambios en las sociedades europeas que posibilitan la implantación de
sistemas de educación nacional, no obstante, la educación como sistema establecido ya
había surgido como una necesidad del mercado con la Revolución Industrial. En España
el siglo XIX está marcado por la vertebración de un sistema educativo liberal donde el
avance de la educación estatal hacia la educación nacional es bastante más lento que el
que se produce en otros países europeos más avanzados.
En el proceso de formación de la nación cubana tuvo una importancia
fundamental la implantación de la educación, la escuela tuvo un papel muy relevante en
la construcción de la nación creando identidad. La eliminación de la esclavitud supuso
la necesidad de importar mano de obra, y la progresiva incorporación de mejoras
técnicas a la industria del azúcar requería una mano de obra mínimamente cualificada.
En este contexto el Estado asumió el papel de cualificar y acreditar a los jóvenes para el
ejercicio de las nuevas profesiones, la educación asumió nuevas funciones. En la
formación de la identidad nacional tuvo una importancia decisiva el papel de los
profesores que se unen a la causa independentista a partir de la insurrección de 1868, en
ese contexto se empezó a configurar una mentalidad colectiva común en torno a la
adquisición del sentimiento de pertenencia a una identidad nacional propia
45
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
independiente de la metrópoli. En Cuba, el colonialismo es la clave esencial en la
formación de la identidad nacional.
Orígenes ideológicos del sistema educativo en el siglo XIX y estudio comparado de
la legislación educativa en Cuba y España
La escuela pública en España tiene su origen en la Constitución de 1812 en la
que por primera vez se establece que la responsabilidad única en materia educativa
corresponde al Estado. En el título IX dispone la obligación de establecer escuelas de
primeras letras en todos los pueblos del reino; universalidad, igualdad, uniformidad y
libertad son los principios sobre los que debería organizarse la instrucción pública1. Son
decisivas las aportaciones culturales de la Ilustración, los ilustrados españoles están
obsesionados con la extensión de la instrucción a las capas populares, aunque todavía en
el siglo XIX la educación tenía un componente clasista, en Cuba hasta 1864 para
acceder a la segunda enseñanza se exigía acreditar la limpieza de sangre2. La revolución
liberal tiene uno de sus pilares en la lucha por la implantación de una enseñanza
universal, laica, igualitaria, democrática, gratuita y científica a través de una escuela
pública que se debía distanciar de los parámetros dominantes hasta entonces
identificados por una educación dominada por la Iglesia, se sumaba el problema de los
Colegios Mayores, organizaciones de élite que se ocupaban de la segunda enseñanza en
el seno de la Universidad y que llegaron a formar auténticos grupos de presión3. En la
Constitución de 1812 se sientan las bases de una enseñanza universal controlada por el
Estado, para formular el concepto de nación los legisladores liberales tenían que
1
Constitución de 1812, capítulo IX.
Gaceta de la Habana de 31 de julio de 1864: se indicaba la necesidad de acreditar la limpieza de sangre
“De orden del Sr. Director se hace saber a todos los alumnos que deseen ingresar en este
Establecimiento en el año académico de 1864 a 65 que desde el primero hasta el 31 de agosto próximo
está abierta la admisión a los que han de seguir los estudios de segunda enseñanza o de aplicación. Los
que se dediquen a los primeros tendrán que acreditar por medio de partida de Bautismo haber cumplido
nueve años de edad y justificar ante el Director su limpieza de sangre y ser aprobado en un examen de
las materias que comprende la primera enseñanza elemental y especialmente de lectura, escritura,
ortografía y las cuatro reglas elementales de aritmética, y los que pretenden matricularse en los
segundos, además de tener diez años cumplidos serán examinados en las materias que comprende la
primera enseñanza superior que son: 1º Ampliación de la Enseñanza Elemental, 2º Principios de
Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, 3º Rudimentos de Historia y Geografía especialmente de
España, y 4º Nociones generales de Física y de Historia Natural acomodadas a las necesidades de la
vida. Habana, Julio 27 de 1864.- Paulino Álvarez Aguiñiga”.
3
Manuel De PUELLES BENÍTEZ: Educación e ideología en la España Contemporánea, Madrid,
Tecnos, 1999.
2
46
arrancar de las manos de la Iglesia la responsabilidad de la formación de los
ciudadanos4.
En Memoria sobre educación pública5 Jovellanos colaboró en los inicios del
sistema educativo liberal, para él la nación determina los fines de la educación, teoriza
sobre la importancia de la extensión de la educación a las capas populares y la
necesidad que la enseñanza se fundamente en una sólida instrucción, se plantea la
instrucción como fuente de progreso económico, fe en la instrucción como motor de la
producción y el crecimiento económico. Su pensamiento está cargado de optimismo
pedagógico, pondrá la educación al servicio de la economía, del desarrollo general de la
nación y del bienestar individual y colectivo, mantiene una posición antiescolástica y
realiza una defensa a ultranza de las enseñanzas científicas y utilitarias, plantea el
fomento de la industria popular a través de la generalización de la enseñanza
profesional. La institucionalización de los estudios de bachillerato se fundamenta en las
tesis que defiende, en la península estas ideas se implantan con el plan de estudios de
1845, en Cuba se aplicará con el plan de estudios de 1863.
En la península Manuel José Quintana6 contribuyó a la mejora del sistema
educativo, recogiendo las ideas de los reformadores ilustrados, creía posible la
regeneración política implantando los principios liberales de la Constitución de 1812. El
informe que redactó fue el primer proyecto educativo liberal que tuvo España, estaba
influido por el pensamiento de Locke, Rousseau, Voltaire, Condorcet, posteriormente
sus principios fueron asumidos por los progresistas. El informe no pasó de la fase de
proyecto pero tuvo una enorme influencia en la legislación del sistema educativo liberal.
Regulada la instrucción primaria por la ley de 1838, Antonio Gil de Zárate 7 redactó el
Plan General de Estudios de 18458, conocido como Plan Pidal, por el ministro de
Gobernación Pedro José Pidal, se trata del primer intento serio de crear un sistema
4
Carmen GARCÍA: Génesis del sistema educativo liberal en España, Oviedo, Servicio de publicaciones
de la Universidad de Oviedo, 1994.
5
Gaspar MELCHOR DE JOVELLANOS: Memorias sobre educación pública: o sea, tratado teóricopráctico de enseñanza, con aplicación a las escuelas y colegios de niños, Madrid, Biblioteca Nueva,
2012.
6
Manuel José QUINTANA: Obras completas del Excmo. Sr. D. Manuel José Quintana, Madrid,
Biblioteca de Autores Españoles, 1946.
7
Antonio GIL DE ZÁRATE: De la Instrucción Pública en España, Madrid, Imprenta del Colegio de
Sordo-Mudos, 1855.
8
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: Historia de la Educación en España. De las Cortes de
Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, MEC, 1985.
47
educativo liberal. El Concordato de 16 de marzo de 1851 supone la ruptura del proceso
secularizador y procede a una sacralización de la enseñanza, en un intento por conciliar
el liberalismo moderado con las pretensiones de la Iglesia, a cambio se procede a la
devolución de bienes desamortizados al clero.
Este Plan de Estudios pasaría a la Ley Moyano de 18579, ésta tuvo un amplio
consenso liberal. En la enseñanza secundaria se acusaban influencias del Plan General
de Instrucción Pública de 1836. Zárate creía en el poder de la instrucción como factor de
progreso, su pensamiento se basa en los principios de libertad, gratuidad, centralización,
inspección y uniformidad; considerado como el ideólogo del liberalismo educativo del
siglo XIX, en el preámbulo del plan de estudios de 1845 se constata su pensamiento. El
título segundo se ocupaba de la división de la enseñanza a la que clasificaba en primera,
segunda y tercera enseñanza. En la península en 1845 comienzan a impartirse los
estudios de segunda enseñanza en institutos de reciente creación como el Cardenal
Cisneros en Madrid10, en 1875 ya hay 51 institutos provinciales que impartían el
bachillerato completo, era muy significativa la figura del catedrático de instituto. La
novela que mejor refleja la sociedad colonial cubana del siglo XIX es Cecilia Valdés de
Cirilo Villaverde, en Cuba se crean los institutos de segunda enseñanza en 1863, los
catedráticos de segunda enseñanza ejercieron un papel muy significativo en la
insurrección de 1868. En estos años la segunda enseñanza estaba destinada a las élites,
la tasa de analfabetismo en 1875 en la península era del 72 por ciento, en Cuba en 1861
la tasa de analfabetismo era del 80 por ciento (70 % para los blancos y 95 % para los
negros), y en 1887 la tasa todavía era del 72 por ciento (65 % para la población blanca y
87 % para la población negra).
En Cuba la Real y Pontificia Universidad de la Habana se creó por Real Cédula
de 23 de septiembre de 1728, la segunda enseñanza se impartía en la Universidad hasta
1863 cuando se crean los Institutos de segunda enseñanza para impartir enseñanzas
académicas y aplicadas. En la Universidad de La Habana antes del plan de 1842 era
indispensable ser eclesiástico para ostentar el cargo de rector y vicerrector. El plan de
estudios de 1842 supuso la primera y mayor reforma de la Universidad, este plan
9
Ibid.
Gloria GONZÁLEZ y Begoña TALAVERA (eds.): El Instituto del Cardenal Cisneros. Crónica de la
enseñanza secundaria en España (1845-1975), Madrid, Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, 2014.
10
48
general de instrucción pública para Cuba y Puerto Rico de 1842 aumentaba las
exigencias que para la península marcaba el plan de 1836, indicaba que la inspección de
estudios designaba los libros de texto, sin embargo en la península el plan de estudios
de 1836 no establecía la obligación de seguir texto alguno en Institutos y Facultades.
Con las medidas adoptadas por el Gobernador Superior político de Cuba de 3 de abril de
1855 se le facultaba para señalar los libros de texto. Los estudios privados se
convalidaban por Real Orden de 20 de mayo de 1837. En la primera mitad del siglo
XIX algunas Juntas contaban entre sus actividades con la enseñanza, pero éstas fueron
suprimidas por el plan de estudios de 1842, más tarde, en 1854 por Real Decreto de 17
de agosto de 1854 ―las juntas y demás corporaciones que forman parte de la
Administración Pública de la isla‖ pasaban a ser cuerpos consultivos. Desde 1842
estaba previsto que los catedráticos pudieran viajar a Europa durante un año cada seis
años y estaba reconocido el derecho a pensión de los catedráticos y maestros, aunque las
pensiones de viudas y huérfanos no se regulan hasta 1863.
La ley de propiedad intelectual de 10 de junio de 1847 establecía la protección
de la propiedad literaria, disponía la obligatoriedad de depositar un ejemplar en la
Biblioteca Nacional, se hace extensiva a la isla de Cuba cuatro meses después, por Real
Orden de 30 de octubre, aunque se dicta la prohibición de introducir obras en español
impresas en el extranjero. La Real Orden de 13 de febrero de 1868 aprobaba para las
provincias de ultramar reglas para el cumplimiento de los tratados de propiedad
literaria. La nueva Ley de propiedad intelectual de 10 de enero de 1879 disponía en su
artículo 34 que para gozar de los beneficios de la propiedad intelectual era preceptivo
entregar en la biblioteca provincial o la del Instituto tres ejemplares de cada obra, uno
para la propia biblioteca, otro para el Ministerio de Fomento y otro para la Biblioteca
Nacional aunque la obligatoriedad de depositar un ejemplar en la Biblioteca Nacional y
en el Ministerio venía impuesta ya por la ley desde 1847.
En la península la primera ley que regula el sistema educativo es la Ley de
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, se debe entender como una cesión del
liberalismo doctrinario a la Iglesia. En este año la educación dependía del recién creado
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, antes, desde 1851 había
dependido del Ministerio de Fomento. En Cuba, las competencias de educación
dependían desde 1812 de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de
Ultramar, a partir de 1863 la Instrucción Pública pasa a depender del Ministerio de
49
Ultramar que se crea en ese año. El plan de instrucción pública para la isla de Cuba de
15 de julio de 186311 se basa en la ley de 1857 de la península, sin embargo no se aplica
de forma similar. Este plan desgaja de la Universidad los estudios de segunda
enseñanza, el artículo 190 del plan de estudios de 1863 disponía la creación de los
institutos de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe. Señalaba que
en los presupuestos generales de la isla hubiese una partida para la instrucción pública.
La ley de instrucción pública de 1857 reservaba al Ministro de Fomento la
potestad de otorgar el grado de Doctor, quedando en manos del rector el grado de
Licenciado. Para Cuba, en 1863, se reproduce lo dispuesto en 1857, con la única
diferencia de que es el Ministro de Ultramar quien tiene las atribuciones que tenía
encomendadas el de Fomento para la península. En la península, las universidades y la
segunda enseñanza se regían por el reglamento de 22 de mayo de 1859, según éste
correspondía al rector expedir los títulos de grado de bachiller en artes o un título
pericial. Este reglamento distinguía entre premios ordinarios y extraordinarios, pero en
Cuba no está reglamentado hasta 1880, aunque estaba previsto desde 1871 que se dieran
premios a alumnos de primera enseñanza. Hasta la publicación en 1859 de los
Reglamentos para los establecimientos de segunda enseñanza no se habían contemplado
períodos extraordinarios para efectuar las matrículas ni los exámenes. Por otra parte, las
hojas de servicios eran imprescindibles a los profesores para solicitar algún ascenso o
distinción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de
Instrucción Pública de 1859, ratificado en el de la Universidad de La Habana de 1880.
El Real Decreto de 26 de noviembre de 1854 regulaba la concesión de licencias
a empleados de Ultramar. La Real Orden de 22 de enero de 1855 disponía que la falta
de edad no fuese obstáculo para tomar parte en oposiciones, aunque por los expedientes
del Archivo Histórico Nacional no hay constancia que la dispensa fuese concedida en
algún momento. La Real Orden del Ministerio de Estado de 15 de agosto de 1856
regulaba las solicitudes de honores y condecoraciones. La facultad atribuida al rector en
el reglamento de 1859, de proponer al gobierno los directores de las escuelas
profesionales, no se recogió en la legislación de Cuba. Era preceptivo para Cuba un
examen ante una comisión para convalidación de estudios y habilitación profesional de
graduados en el extranjero. El Decreto de 6 de marzo de 1863 disponía que la provisión
11
Gaceta de la Habana, núm. 205 de 26 de agosto de 1863 y núm. 206 de 27 de agosto de 1863.
50
de plazas de directores de escuelas de instrucción primaria superior se hiciera por
oposición. En 1866 se aprueba por Real Decreto de 3 de junio el Reglamento Orgánico
de las Carreras Civiles de la Administración Pública en Ultramar, equiparaba los
derechos pasivos de los empleados de Cuba a los de la península. El Decreto del
Gobierno Superior Civil de 29 de diciembre de 1866 regía los estudios hechos en el
Seminario. El Reglamento de provisión de cátedras de Cuba es de 7 de julio de 1867 y
sólo contempla la excedencia forzosa del profesorado. Los exámenes para la
convalidación de títulos ante las juntas de profesores de las facultades se regulaban por
la Real Orden de 25 de febrero de 1868.
En la península se aprueba el reglamento de segunda enseñanza en 1859, y en
1867 se publica el Real Decreto de reforma del profesorado y circular a los rectores de
las universidades, Orovio prohibía a los profesores pertenecer a partidos políticos e
implantaba la movilidad de los catedráticos, por consiguiente surgía la ―primera
cuestión universitaria‖. Por los decretos de 2 de junio de 1873 en la Primera República
se procedía a la abolición del juramento político y regresaban a sus cátedras los
profesores separados en 1867. Con la Restauración borbónica se restablece por Real
Decreto y circular de 26 de febrero de 1875 la legislación anterior al sexenio siendo
ministro de Fomento el marqués de Orovio. En 1876 se aprueba una nueva
Constitución, se crea una cátedra de pedagogía fröbeliana (rousseauniano) en la Escuela
Normal de Madrid, siendo ministro de Fomento el Conde de Toreno, en este año tiene
lugar la fundación de la Institución Libre de enseñanza. En 1881 se publica la circular
dirigida por el ministro de Fomento José Luis Albareda, del primer gabinete liberal de
Sagasta, circular dirigida a los rectores de las universidades en defensa de la libertad de
ciencia y derogando el contenido de la circular de Orovio de 26 de febrero de 1875. En
1882 se crea el Museo de Instrucción Primaria bajo la dirección de Bartolomé Cossio,
desde 1884 recibe la denominación de Museo Pedagógico Nacional. En 1900 tiene lugar
la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por Real Decreto,
durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, siendo presidente
Francisco Silvela, el primer titular del Ministerio fue Antonio García Alix.
En Cuba, con la guerra de los diez años, el gobernador lleva a cabo la reforma de
la enseñanza en 1871. Coincidiendo con el tercer aniversario de la insurrección, aprueba
el Decreto de 10 de octubre de 1871, el Gobernador emprende una serie de reformas que
afectan a los estudios y al profesorado con las cuales se separa de lo dispuesto para la
51
península. La reforma de la enseñanza hecha por el Gobernador en 1871 ante la
necesidad de cubrir numerosas vacantes se refleja en el paso de muchos catedráticos a
las categorías de ascenso y término, de profesores auxiliares a catedráticos interinos y
en el nombramiento de supernumerarios para varias facultades, todos ellos en calidad de
interinos porque no se había cumplido el requisito de la aprobación real. El Decreto del
Gobierno Superior político de 8 de agosto de 1871 prohibía cursar simultáneamente
asignaturas de diferentes cursos, también prohibía la admisión a matrícula fuera de
plazo, así como el anticipo de los exámenes. El Reglamento Orgánico de la Instrucción
Primaria de Cuba, aprobado por Decreto del Gobierno de la isla el 17 de noviembre de
1871, reconoce las categorías de entrada, ascenso y término para las escuelas. Preveía
que las autoridades locales auxiliarían a los Institutos religiosos y asociaciones
dedicadas a la enseñanza. El Decreto de 29 de septiembre de 1874 regularizaba los
estudios de segunda enseñanza en establecimientos privados. La Real Orden de 22 de
febrero de 1879 restringía el número de alumnos insolventes en institutos para frenar
―tanta prodigalidad‖, a saber, gastar dinero con exceso y sin cuidado.
El Real Decreto de 18 de junio de 1880 establece el orden y régimen de los
estudios en la isla de Cuba. En él se establece la aplicación de lo dispuesto para la
Península en los reglamentos de 1859 y en el Decreto de 29 de septiembre de 1874. Se
reorganiza el profesorado de Cuba para asimilar su situación a la del profesorado de la
Península, se equiparan los sueldos a los profesores peninsulares, marcan los sueldos y
sobresueldos, una parte de los derechos académicos para los catedráticos servían para
mejorar unos haberes escasos. Las plazas de menor sueldo se podían cubrir sin
necesidad de oposición y el resto, mediante oposición. En la Universidad otorga la
propiedad a los interinos y supernumerarios e integra a los catedráticos en los
escalafones de la Península. Reconoce que ―el Gobernador General podrá conceder
subvención a los institutos con cargo a los presupuestos de la isla‖ (hasta entonces no
aparecen las ayudas con este nombre). El decreto también posibilitaba que los colegios
de religiosos sustituyeran a los institutos en las provincias donde no los había.
Todo ello se plasma en el Plan de Estudios y Reglamentos de segunda enseñanza
y de la Universidad de La Habana de 188012. El Reglamento de segunda enseñanza de 7
12
Gaceta de la Habana, núm. 16, de 19 de enero de 1881.
52
de diciembre de 1880, calcado del dictado para la Península en 1859, encomienda al
director del instituto el castigo de las faltas leves, la sanción de las graves compete a los
consejos de disciplina, las faltas más graves debían ser confirmadas por el Gobernador.
Este reglamento especifica los sueldos, sobresueldos y gratificación que
corresponden a cargos y empleados, también fija lo que deben cobrar los dependientes.
Según este reglamento correspondía al Gobernador General expedir los títulos de este
nivel de enseñanza, posibilita que los alumnos de segunda enseñanza matriculados en
plazo extraordinario, sean admitidos a los exámenes ordinarios. A partir de 1880 se
suprime el grado de bachiller en facultad que había mantenido el Gobernador en la
reforma de enseñanza que llevó a cabo en 1871.
La legislación de 1880 permitía realizar en un año los estudios de facultad con
los del año de ampliación. La Real Orden de 19 de abril de 1881 establece las bases que
regulan la adquisición de publicaciones con cargo a los presupuestos de ultramar, era
requisito obligatorio acompañar a la solicitud un ejemplar de la obra. Por Real Decreto
del Ministerio de Fomento de 5 de octubre de 1883 se dictaban reglas para la concesión
de subvenciones a particulares, sociedades o corporaciones que tuvieran como fin la
―instrucción popular‖ y se recomendaba al Gobernador la aplicación de ellas en Cuba.
Por Real Orden de 25 de febrero de 1887 se regulaba la adjudicación de premios
por antigüedad y mérito a los catedráticos de instituto. El Real Decreto de 5 de junio de
1887 aplicaba en Cuba lo dispuesto en la Península sobre la posibilidad de convalidar
asignaturas. La ley de 16 de julio de 1887 concedía derechos pasivos al magisterio con
cargo a los presupuestos generales del Estado y el derecho a pensión de sus viudas y
huérfanos. La Real Orden dictada el 28 de marzo de 1889 contemplaba la posibilidad de
adquirir publicaciones extranjeras, mapas, planos o grabados, siempre que su contenido
contribuyera al desarrollo de las provincias ultramarinas. Para comprobar las
representaciones de las obras dramáticas en ultramar se dicta el Real Decreto de 6 de
diciembre de 1889 por el cual las autoridades de las provincias tenían que elevar al
Gobierno General un estado mensual de obras representadas. Una Real Orden de 27 de
julio de 1891, confirma los derechos adquiridos de los maestros excedentes. Por Real
Decreto de 1 de febrero de 1894 se crea la Junta Central de Derechos Pasivos del
Magisterio. La Real Orden de 30 de noviembre de 1898 disponía que quedara excedente
todo el profesorado por cese de la soberanía española de la isla.
53
El papel de los catedráticos de segunda enseñanza en la formación de la identidad
nacional cubana en el siglo XIX
La mayor parte de la intelectualidad cubana y de los catedráticos de la
Universidad de La Habana eran propeninsulares y manifestaron su adhesión a España,
algunos defendían las ideas reformistas antes de 1868 o incluso defendían las tesis
autonomistas y unos pocos abogaban por la línea anexionista con los Estados Unidos, la
mayoría de los intelectuales estaban con el reformismo y el autonomismo entre 1850 y
1893. Sin embargo, los catedráticos de institutos que eran un cuerpo relativamente de
élite en la administración española del siglo XIX, en un porcentaje muy significativo,
sobre todo en la zona oriental de la isla, colaboraron con la causa independentista desde
1868. La insurrección empeoró el estado de la enseñanza en Cuba, aumentando el
número de vacantes e interinidades y en ese contexto el papel de los catedráticos de
segunda enseñanza en la formación de la identidad nacional cubana en el siglo XIX fue
decisivo. Como ya indicaba el que suscribe en La política colonialista de instrucción
pública en Cuba13, muchos catedráticos de segunda enseñanza:
―… tenían en común el anhelo independentista y es muy probable que
transmitieran ideas revolucionarias e independentistas a sus alumnos. No es de
extrañar, por lo tanto, que las autoridades españolas decidieran suprimir los
institutos donde éstos enseñaban, para impedir la expansión de las ideas
revolucionarias. También se ponía de manifiesto la imposibilidad de controlar el
acceso a cátedras para que éstas fuesen ocupadas por los más leales al gobierno,
teniendo en cuenta que el Gobernador Superior civil tenía todas las
competencias para poder elegir a los candidatos a cátedras.‖
Como muchos catedráticos seguían la causa del independentismo, el Gobernador
Superior Político decidió en septiembre de 1871 suprimir los institutos de Matanzas,
Santiago de Cuba y Puerto Príncipe. La mayor lealtad al Gobierno General de la isla de
Cuba de los profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, los
salvaguardaba de las medidas represivas, no obstante, algunos eran sospechosos de
colaborar con los independentistas, como el director Antonio Bachiller y Morales.
13
José Antonio CAÑIZARES MÁRQUEZ: La política colonialista de instrucción pública en Cuba,
Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015.
54
Las autoridades en algunos institutos públicos ponían en cuestión la labor del
profesorado, como se pone de manifiesto en el expediente instruido para la supresión (a
partir del curso 1871-1872) de los institutos de Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto
Príncipe14. Estas críticas ponen de relieve que los profesores contaban con gran
capacidad de influencia, y se sancionaba a los catedráticos por motivos políticos, como
se puede observar en los expedientes gubernativos de catedráticos del Archivo Histórico
Nacional. Asimismo en el expediente relativo a la supresión de los institutos de
Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe, que envía el Gobernador General de
Cuba Blas Villate y de la Hera, Conde de Valmaseda, al Ministro de Ultramar,
manifiesta la necesidad de las medidas llevadas a cabo, principalmente por cuestiones
políticas15. Para ejercer el profesorado en todas las enseñanzas se requería16:
―ser español, circunstancia que podía dispensarse a los profesores de Lenguas
vivas y a los de Música vocal e instrumental, también debían justificar buena
conducta religiosa y moral. Los profesores podían ser separados de sus puestos
en virtud de sentencia judicial que les inhabilitaba para ejercer su cargo o por
expediente gubernativo en el cual se declaraba que no cumplía con sus deberes o
que infundía en sus discípulos doctrinas perniciosas, o por ser indigno por su
conducta moral de pertenecer al Profesorado. El Gobernador Superior civil podía
suspender al profesor por estos motivos, oída la Junta Superior de Instrucción
Pública, y dando cuenta sin dilación al Gobierno Supremo con el expediente. La
separación de un Catedrático por causas distintas de las expresadas sólo podía
acordarse en Consejo de Ministros‖.
En Cuba, para aspirar a cátedras de Instituto en 1863, se requería tener
veinticuatro años cumplidos, tener el grado de Bachiller en la Facultad a que
14
Archivo Histórico Nacional, Ultramar, legajo 255, exp. 1 sobre el Instituto de Segunda Enseñanza de
La Habana, donde se envían los archivos de los institutos suprimidos y se critica al profesorado de esta
forma: “… sin contar con un profesorado idóneo que estuviese en condiciones legales para la enseñanza
y acreditado por sus buenas doctrinas y opiniones…”.
15
Archivo Histórico Nacional, Ultramar, legajo 272, exp. 17 sobre supresión de varios institutos y
organización del de La Habana. El Conde de Valmaseda, Gobernador General de Cuba manifiesta lo
siguiente: “Creo que al pasar V.E. la vista por el expediente instruido para esta parte de la reforma
llevada a cabo en la pública enseñanza, no podrá menos de prestarle su apoyo convencidos de que
cuanto se ha acordado han sido unas medidas por convenir así al mejor servicio público, bajo el aspecto
literario, económico, y sobre todo político, y que V.E. se dignará al presentarlo esta reforma a la
aprobación de S.M. apoyarla en un todo, para que recaiga en soberana sanción. Dios guarde a V.E.
muchos años. Habana Junio 27 de 1872. Excmo. Sr. El Conde de Valmaseda”.
16
José Antonio CAÑIZARES MÁRQUEZ: La política colonialista de instrucción pública en Cuba,
Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015.
55
corresponda la asignatura para los estudios generales de segunda enseñanza y para los
estudios de aplicación era necesario el grado de Bachiller en Facultad, para algunas
asignaturas, o título Superior o Profesional de la carrera a la que correspondían los
respectivos estudios. Los profesores de Lenguas vivas y Dibujo y los de Música vocal e
instrumental y Declamación no necesitaban título. En 1880, para aspirar a cátedras de
Instituto, se requería tener veintiún años cumplidos, tener el grado de Licenciado en la
Facultad a que corresponda la asignatura para los estudios generales de segunda
enseñanza y para los estudios de aplicación era imprescindible el grado de Licenciado
en Facultad, para algunas asignaturas, o título Superior o Profesional de la carrera a la
que correspondían los respectivos estudios. Al igual que en el Plan de 1863, los
profesores de Lenguas vivas y Dibujo y los de Música vocal e instrumental y
Declamación no necesitaban título.
En 1863 los Catedráticos de Instituto en Cuba se dividían según su antigüedad y
servicios en tres categorías, de entrada, de ascenso y de término. Formaban la primera
categoría las tres sextas partes de los Catedráticos de Instituto, la segunda categoría una
sexta parte de los mismos, y la tercera categoría las dos sextas partes restantes. Las
plazas vacantes de Catedráticos de entrada se proveían todas por oposición. De cada dos
plazas vacantes de Catedráticos de ascenso y de término se proveían, mediante
concurso, una en Catedráticos de Instituto de la Península y otra en Catedráticos de
Instituto de Cuba y de Puerto Rico. Los Catedráticos de entrada tenían un sueldo anual
de 1000 pesos, los de ascenso disponían de 1250 pesos y 1500 los de término. Los
Catedráticos de ascenso podían percibir un sobresueldo de 250 pesos y los Catedráticos
de término podían tener un sobresueldo de 600 pesos. Los Catedráticos de Institutos se
auxiliaban unos a otros en vacantes, ausencias y enfermedades. En cuanto a las
categorías de Catedráticos y sueldos de los mismos, el artículo 209 del Plan de Estudios
de 188017 establece las mismas categorías y sueldos que el Plan de Estudios de 1863.
El artículo 232 del Plan de Estudios de 1863 y el artículo 174 del Plan de
Estudios de 1880 establecían los motivos que dan lugar a expedientes gubernativos de
catedráticos por no cumplir con sus deberes, difundir ideas revolucionarias o por
conducta moral indigna. Para las penas de suspensión por más de tres meses o
17
Gaceta de la Habana, núm. 16, de 19 de enero de 1881.
56
separación era preceptivo el informe del Consejo Superior de Instrucción Pública. Los
expedientes se incoaron por abandono de destino o por motivos políticos.
Por decreto18 del Capitán General de Cuba Domingo Dulce de 12 de febrero de
1869, cesaban los efectos del decreto del 9 de enero de 1869, sobre libertad de imprenta.
Quedaba restablecida la previa censura, no podía publicarse ningún periódico sin
licencia del Gobierno Superior Político y la contravención a cualquiera de las
disposiciones establecidas en el decreto sería considerada como delito de infidencia y
sus autores entregados a los Consejos de guerra.
Bajo la palabra de infidencia estaban comprendidos los siguientes delitos19:
traición o lesa nación, rebelión, insurrección, conspiración, sedición, receptación de
rebeldes y criminales, inteligencia con los enemigos, coalición de jornaleros o
trabajadores y ligas, expresiones, gritos o voces subversivas o sediciosas, propalación
de noticias alarmantes, manifestaciones que con fines políticos tienda a perturbar la
tranquilidad y el orden público, o que de algún modo ataque la integridad nacional.
También se hacía saber que los robos en despoblado, sea cualquiera el número de los
ladrones, y en poblado pasando estos de tres serían juzgados por los Consejos de guerra,
lo mismo que los portadores de armas prohibidas.
Por la circular del 20 de abril de 186920 todos los individuos que se podía probar
que hubiesen tomado parte en la insurrección dentro o fuera de la isla, se declaraban
comprendidos en la circular de 15 de abril relativa al embargo de bienes de José
Morales Lemus, que había sido Presidente de la Junta central republicana de Cuba y
Puerto Rico, y otros. Los individuos comprendidos en la circular quedaban privados de
los derechos políticos y civiles, la resolución tenía efectos retroactivos desde el día 10
de octubre cuando había comenzado en Yara la insurrección (coincidiendo con el día
del cumpleaños de la reina Isabel II). Las autoridades procedían a la formación de
expedientes gubernativos para justificar el delito de los individuos comprendidos en la
resolución. Cuando se justificaba la culpabilidad se procedía al embargo de todos sus
bienes, derechos y acciones y al dictarse el mandamiento de embargo se convocaba por
los periódicos o por cedulones a las personas que poseían cantidades, efectos o valores
18
Gaceta de la Habana, núm. 37 de 12 de febrero de 1869.
Gaceta de la Habana, núm. 39 de 14 de febrero de 1869.
20
Gaceta de la Habana, núm. 97 de 22 de abril de 1869.
19
57
que pertenecían al individuo expedientado para que lo comunicaran a la autoridad
gubernativa y se les prohibía terminantemente el comprar, vender, pagar, trasferir, ceder
y hacer por si cualquier operación que afectara a la propiedad de los bienes embargados,
los infractores quedaban comprendidos en lo dispuesto sobre delitos de infidencia, del
decreto del 12 de febrero de 1869, y en consecuencia podían ser sometidos al Consejo
de Guerra.
En 1868 la relación de profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de La
Habana era la siguiente21: Antonio Bachiller y Morales, Emilio Auber y Noya, Paulino
Álvarez Aguiñiga, Fernando Páez, Joaquín García Lebredo y Lladó, Antonio María
Tagle y Granados, Manuel Fernández de Castro, José Luna y Parra, Ramón Querol
(presbitero), Fulgencio Llorens,
José García Toledo, Jesús Benigno Galvez, Isaac
Carrillo y O‘Farrill, José Jofre de María Santísima, Francisco Morales López, y Claudio
André Serpa. Los nombramientos de la mayoría de estos profesores aparecen en Gaceta
de la Habana de 30 de septiembre de 186422.
El listado de profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba
en 1868 era el siguiente23: José Ramón de Villalón y Hechevarría, Benito José Riera,
Manuel R. Fernández Rubalcaba, Francisco Losada, Federico García Copley, Pedro
Celestino Salcedo y Cuevas, José Antonio Alayo y Martí, Francisco González Santos,
Pedro Valdés Tapia, Francisco Martínez Betancourt, Tomás Mendoza y Durán,
Francisco de Paula Barnadas (presbítero), Ismael José Bestard, Darío Crespo y
Quintana, Rodrigo Rodríguez y Rodríguez, Vitaliano de J. Martínez, Ambrosio Valiente
y Duany, y Bernardo Nuñez de Villavicencio.
El personal docente del Instituto de Matanzas en 1868 estaba formado por24:
José Quintín Suzarte Hernández Arvelo, Francisco Valdés Rodríguez, Leonardo del
Monte y Aldama, Ramón María Estévez, Salvador Condaminas y Casacubarta,
21
Mariano DUMÁS CHANCEL: Guía del profesorado cubano para 1868: Annuario de Pedagogía y
Estadística de la Enseñanza, Matanzas, Imprenta El Ferro-carril, 1868. La relación casi completa de los
profesores de Cuba en 1868 se encuentra en esta guía.
22
Gaceta de la Habana, núm. 233 de 30 de septiembre de 1864.
23
Los nombramientos de la mayoría de los catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago
de Cuba se publican en Gaceta de la Habana, núm. 91 de 17 de abril de 1864 (Se habían convocado
aspirantes a cátedras, dotadas con un sueldo anual de 1000 pesos cada una, en Gaceta de la Habana, núm.
57 de 8 de marzo de 1864).
24
Las fechas de los nombramientos en Gaceta de la Habana de los catedráticos del Instituto de Segunda
Enseñanza de Matanzas son muy diversas: junio de 1864, 17 de julio de 1864, 1 de julio de 1865, 24 de
julio de 1865, 28 de septiembre de 1867.
58
Sebastián Alfredo de Morales González, Bernabé Maydagan, Sixto Lima y Macías,
Juan Francisco Prieto, Emilio Blanchet Bitton, Fernando Domínguez y Domínguez,
Juan de Melo Moreno, Pio Campuzano, Antonio Martínez del Romero, Domingo
Cartaya, Ildefonso de Estrada y Zenea, Antonio Faus (presbítero), y Jorge de la Calle.
En el Instituto de Segunda Enseñanza de Puerto Príncipe (actual Camagüey) 25 la
plantilla de profesores era la siguiente: José del Monte y Saray, Fernando Betancourt
Vallín, Juan María García de la Linde, Cristóbal Mendoza y Durán, Manuel
Monteverde, Manuel Gómez, José Freire y Góngora, Ladislao Fernández, Federico de
Miranda, Oliverio de Agüero, José Antonio Pichardo
Un porcentaje muy significativo de catedráticos, en torno al 43 por ciento,
colaboraron con la causa independentista. Del Instituto de segunda enseñanza de La
Habana hay que destacar a Antonio Bachiller y Morales, Joaquín García Lebredo y
Lladó, José Luna y Parra, Claudio André Serpa y Francisco Morales López. Antonio
Bachiller y Morales26 era el director, había sido decano de Filosofía en la Universidad
de La Habana y catedrático de Religión y Derecho natural en la misma, en el Instituto
ejercía como catedrático de Economía política, Legislación mercantil, Geografía y
Estadística comercial. Abandonó sus cargos de catedrático y director, considerado
infidente fue incluido en la circular de 20 de abril de 1869. En 1869 emigró a New
York, donde permaneció hasta 1878 sospechoso de colaborar con los independentistas,
su casa fue embargada en 187127. Fue sustituido por José Francisco Mantilla28 en abril
de 1869, a su vez éste cesó en septiembre de 1869 siendo sustituido por Antonio Blanco
Fernández29, lo que da una idea de la inestabilidad política del momento. Joaquín García
Lebredo y Lladó30 era profesor de Aritmética y Álgebra hasta ecuaciones de segundo
grado, fue catedrático supernumerario de Filosofía, emigró a España por razones
políticas tras la guerra de los diez años. José Luna y Parra31 catedrático de Psicología,
Lógica y Filosofía Moral, con el carácter de interino, había sido declarado infidente,
25
Expediente general del Instituto de Puerto Príncipe, Archivo Histórico Nacional, Ultramar 166, exp. 22.
Gacetas de la Habana de: 30/09/1864, 16/07/1869, 17/07/1869, 10/08/1869.
27
Expediente gubernativo de A. Bachiller y Morales, catedrático de instituto, Archivo Histórico Nacional,
Ultramar, 147, exp. 21
28
Gaceta de la Habana 02/04/1869. Expediente personal del director del Instituto de La Habana
Francisco Mantilla, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 147, exp. 13.
29
Gaceta de la Habana 04/09/1869. Expediente personal del decano de la Facultad de Ciencias de La
Habana Antonio Blanco, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 150, exp. 9.
30
Gacetas de la Habana 30/09/1864, 04/09/1869.
31
Gacetas de la Habana 30/09/1864, 04/09/1869.
26
59
extrañado en la isla de Pinos. Claudio André Serpa32 catedrático de Física y Química,
infidente, insurrecto incluido en la circular de 20 de abril de 1869. Francisco Morales
López33 catedrático de Gramática castellana, había sido detenido por motivos políticos
por estar en una reunión secreta sin permiso de la autoridad.
Procedentes del Instituto de segunda enseñanza de Matanzas ejercieron un papel
muy relevante en la insurrección José Quintín Suzarte Hernández Arvelo, Leonardo del
Monte y Aldama, Ramón María Estévez, Sebastián Alfredo de Morales González, Juan
Francisco Prieto, Emilio Blanchet Bitton, Fernando Domínguez y Domínguez,
Domingo Cartaya, Ildefonso de Estrada y Zenea y Jorge de la Calle. José Quintín
Suzarte Hernández Arvelo34 director y profesor de Economía Política y Legislación
mercantil, considerado infidente se le expedienta por mala conducta política y fue
cesado en 1870, se vio obligado a emigrar a México en 1868 por involucrarse en el
movimiento revolucionario, al firmarse la Paz de Zanjón regresó a Cuba. Leonardo del
Monte y Aldama35 catedrático de Dibujo lineal, de adorno y topográfico, infidente fue
sentenciado a la pena de muerte en garrote vil, había sido miembro fundador de la Junta
Republicana de Cuba36, solicitó el desembargo de sus bienes, petición que fue denegada
en 1873. Ramón María Estévez37 Bachiller en Artes, Agrimensor y Perito Tasador de
tierras, Perito Mercantil, ocupaba la cátedra de Mecánica industrial y Química aplicada,
infidente, insurrecto incluido en la circular de 20 de abril de 1869, consta un expediente
de embargo38 en el Archivo Histórico Nacional del año 1873. Sebastián Alfredo de
Morales González39 miembro de la Real Academia de Ciencias de la Habana,
catedrático de Historia natural y Agricultura, luchaba por la independencia de Cuba y
conspiró en la insurrección de 186840. Juan Francisco Prieto41, Licenciado en Medicina
32
Gaceta de la Habana 04/09/1869.
Gacetas de la Habana 04/09/1869, 18/11/1869, 01/02/1870, 12/03/1870.
34
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 09/10/1864, 23/04/1870, 24/07/1870.
35
Gaceta de la Habana 12/07/1864.
36
Gaceta de la Habana 26/11/1870.
37
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 17/04/1870.
38
Expediente de embargo de Ramón María Estévez, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 5840, exp.
10. A la consulta del gobernador de Matanzas sobre quién es Ramón María Estévez, comprendido en la
circular de embargos del 20 de abril de 1869, el gobernador superior político de Cuba responde que fue
catedrático del Instituto de Matanzas, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 4407, exp. 70.
39
Gaceta de la Habana 12/07/1864.
40
José Antonio CAÑIZARES MÁRQUEZ: La política colonialista de instrucción pública en Cuba,
Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015.
41
Gaceta de la Habana 12/07/1864. El Gobierno Político y Militar de Matanzas informa que no existe en
el archivo de la policía antecedente alguno contra Juan Francisco Prieto, Archivo Histórico Nacional,
Ultramar, 4440, exp. 49.
33
60
y Cirugía por la Universidad de la Habana, nombrado catedrático de Física y Química y
posteriormente catedrático de Retórica y Poética, existían sospechas de que estuviera
implicado en el proceso revolucionario y el gobierno superior político solicitó informes
a la policía, como consta en un expediente del Archivo Histórico Nacional, se
informaba que no existían antecedentes en el archivo de la policía. Emilio Blanchet
Bitton42 catedrático de Francés, declarado infidente, insurrecto incluido en la circular de
20 de abril de 1869, por expediente gubernativo43 se procedió a la separación de destino,
en 1869 durante la Guerra de los Diez Años tuvo que emigrar a Nueva York por sus
ideas políticas. Fernando Domínguez y Domínguez44, catedrático de Inglés, infidente,
insurrecto incluido en la circular de 20 de abril de 1869 por expediente gubernativo se le
separó del destino en 1868, fue sustituido por Ambrosio José González45. Domingo
Cartaya46, Bachiller en Filosofía y Doctor en Medicina de la Facultad de París,
catedrático de Lengua Griega, fue declarado infidente, insurrecto incluido en la circular
de 20 de abril de 1869. Ildefonso de Estrada y Zenea47, catedrático de Aritmética
elemental, abandonó Cuba en 1869 debido a su participación en la causa
independentista y emigró a México. En el expediente que se conserva en el Archivo
Histórica Nacional consta que renuncia a la plaza por motivos de salud, más allá de
éstos existían motivos políticos. Jorge de la Calle48 fue declarado infidente, insurrecto
incluido en la circular de 20 de abril de 1869.
En el Instituto de segunda enseñanza de Santiago de Cuba se implican en el
proceso independentista José Ramón de Villalón y Hechevarria, Federico Garcia
Copley, Pedro Celestino Salcedo y Cuevas, Francisco Martinez Betancourt, Tomás
Mendoza y Durán, Ismael José Bestard, Ambrosio Valiente y Duany y Bernardo Núñez
de Villavicencio. José Ramón de Villalón y Hechevarria49, Director y catedrático de
contabilidad, operaciones mercantiles, Teneduría de libros y Aritmética mercantil,
42
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 17/04/1870.
Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 147, exp. 16. Insurrectos comprendidos en circular de 20 abril
1869, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 4447, exp. 25
44
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 17/04/1870. Expediente gubernativo de Fernando Domínguez y
Domínguez, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 147, exp. 33. Insurrectos comprendidos en circular de
20 abril 1869, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 4447, exp. 25
45
Gaceta de la Habana 09/05/1869.
46
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 18/06/1870.
47
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 12/07/1870. Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 147, exp. 31.
48
Gaceta de la Habana 17/04/1870. Insurrectos comprendidos en circular de 20 abril 1869, Archivo
Histórico Nacional, Ultramar, 4447, exp. 25
49
Gacetas de la Habana 17/04/1864, 05/04/1870. Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 4343, exp. 25.
43
61
infidente, solicitó el desembargo de sus bienes en 1870. Federico García Copley50
catedrático de Geografía e Historia, participó en la insurrección. Pedro Celestino
Salcedo y Cuevas51, catedrático interino de Psicología, Lógica y Filosofía moral,
declarado infidente, fue deportado político. Francisco Martínez Betancourt52, profesor
de instrucción secundaria elemental y superior, y catedrático de Gramática latina y
castellana, considerado infidente, se le separa de la cátedra en 1870, en 1869 Gracia y
Justicia había solicitado informes sobre la existencia de antecedentes políticos. Tomás
Mendoza y Durán53, era hermano de Cristóbal Mendoza, había sido catedrático de
Historia natural, militaba en el grupo de combatientes que se incorporaron al proceso
revolucionario, colaboraba en la prensa54 y escribió dramas, comedias y zarzuelas, llegó
a ser comandante, firmó junto a otros el manifiesto independentista de los
expedicionarios de la goleta Galvanic y participó el 16 de agosto de 1869 en el ataque a
las Tunas donde murió. Ismael José Bestard55, catedrático de Doctrina cristiana e
Historia sagrada, colaboró con los independentistas. Ambrosio Valiente y Duany56,
Secretario y catedrático de Economía Política, Legislación mercantil, Geografía y
Estadística comercial, declarado infidente, insurrecto incluido en la circular de 20 de
abril de 1869, conspiró en las luchas independentistas de Cuba junto a Céspedes en los
días de Yara, se exilió y con la Paz de Zanjón de 1878 regresó a Cuba. Bernardo Nuñez
de Villavicencio57, declarado infidente, se le realizó un expediente gubernativo por
abandono el destino.
Del Instituto de segunda enseñanza de Puerto Príncipe hay que mencionar a Fernando
Betancourt Vallín, Manuel Gómez, José Freire y Góngora, y por encima de todos
destaca el protagonismo de Cristóbal Mendoza y Durán. Fernando Betancourt Vallín58,
es declarado infidente, insurrecto incluido en la circular de 20 de abril de 1869, el
Gobernador Superior Político decreta que sea transportado a la península, deportado por
50
Gaceta de la Habana 17/04/1864.
Gaceta de la Habana 17/04/1864. Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 4764, exp. 23 y Ultramar,
4419, exp. 20.
52
Gaceta de la Habana 17/04/1864. Expediente gubernativo de Francisco Martínez Betancourt, Ultramar,
147, exp. 25 y Ultramar, 4377, exp. 41.
53
Gaceta de la Habana 17/04/1864.
54
José Antonio CAÑIZARES MÁRQUEZ: La política colonialista de instrucción pública en Cuba,
Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015.
55
Gaceta de la Habana 17/04/1864.
56
Gacetas de la Habana 17/04/1864, 10/08/1869, 29/10/1970.
57
Expediente gubernativo de Bernardo Núñez de Villavicencio, Archivo Histórico Nacional, Ultramar,
147, exp. 6 y Ultramar, 75, exp. 22.
58
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 11/08/1869, 03/03/1970.
51
62
motivos políticos. Manuel Gómez59, señalado como infidente, insurrecto incluido en la
circular de 20 de abril de 1869. José Freire y Góngora60, separado de la cátedra, por
expediente gubernativo. Cristóbal Mendoza y Durán61, culpable de delito de infidencia,
insurrecto incluido en la circular de 20 de abril de 1869, miembro fundador de la Junta
Republicana de Cuba y Puerto Rico, en abril de 1869 los insurrectos instauraron un
nuevo Estado republicano, designando presidente de la República a Carlos Manuel de
Céspedes, para la secretaría de Relaciones Exteriores se designó a Cristóbal Mendoza
que había sido profesor de lengua inglesa en el Instituto de Segunda Enseñanza de La
Habana y en el momento de la insurrección era catedrático del Instituto de Segunda
Enseñanza de Puerto Príncipe, colaboró62 en Cuba Literaria, Revista de la Habana, El
Siglo y El Camagüeyano que dirigió y donde publicó con el seudónimo de Legión.
Cristóbal Mendoza se incorporó al proceso revolucionario en 1868, alcanzó el grado de
coronel, fue sentenciado a la pena de muerte en garrote vil, pero murió fusilado por el
ejército español el 30 de diciembre de 1870.
59
Gacetas de la Habana 12/07/1864, 18/03/1870, 20/03/1970.
Expediente gubernativo de José Freire y Góngora, Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 75, exp. 22.
61
Gacetas de la Habana 30/09/1864, 04/09/1869, 13/06/1869, 09/07/1869, 10/07/1869, 19/10/1869.
62
José Antonio CAÑIZARES MÁRQUEZ: La política colonialista de instrucción pública en Cuba,
Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015.
60
63
Estatuto de Bayona: espejismo de concordia
Máximo Castaño-Penalva
Universidad de Murcia
Introducción
La mayoría de los estudios sobre la España de principios del XIX han focalizado
su atención en aspectos militares o políticos obviando la riqueza del análisis históricojurídico. Trabajos fundamentales como el de Miguel Artola1 nos han permitido una
revisión historiográfica de uno de los protagonistas de ese periodo: los afrancesados. La
visión tradicional los había abocado al vilipendio, sin embargo cuanto más se ha
indagado sobre ellos, más se ha observado la complejidad de sus ideales y lo
desmesurado de los reproches. Otros trabajos imprescindibles los han llevado a cabo
López Tabar2, Gerard Dufour3, Claude Morange4 y Requeiro García5.
Si profundizamos en el estudio del Estatuto de Bayona, en cuyo texto se aprecia
la influencia afrancesada, el conocimiento sobre el complejo momento histórico se
amplía. La fusión entre la Historia Política y la Historia del Derecho, singularmente el
constitucional, enriquece los enfoques.
1
Miguel ARTOLA: Los afrancesados. Madrid, Ediciones Turner, 1976.
Juan LÓPEZ TABAR: ―Por una alternativa moderada: los afrancesados ante la Constitución de 1812‖,
Cuadernos Dieciochistas, 12 (2011), pp. 79-100.
3
Gerard DUFOUR: ―Los afrancesados o una cuestión política: los límites del despotismo ilustrado‖,
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VI (2007), pp. 269-277.
4
Claude MORANGE: ―A propos de <l´ainexistence> de la constitution de Bayonne‖, Historia
constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 10 (2009), pp. 1-40.
2
5
María Teresa REQUEIRO GARCÍA: Relaciones Iglesia-Estado. Afrancesados y doceañistas, Valencia,
Tirant lo Blach, 2011.
65
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
La Carta Magna de Bayona siempre ha gozado de controversia entre los
historiadores del constitucionalismo. Algunos no han incluido su estudio en sus obras,
entre ellos Francisco Tomás y Valiente, que rehusó alegando su dudoso cumplimiento y
su rechazo mayoritario por la sociedad6. Otros historiadores del Derecho, como José
Manuel Vera Santos7, discrepan de la anterior interpretación y descubren lo oportuno
del análisis del primer texto constitucional promulgado para España.
Entre los historiadores del Derecho que mayor dedicación han prestado a la
aludida Norma destacamos a Carlos Sanz Cid8, Ignacio Fernández Sarasola9, Esther
González Hernández10 y María Reyes Domínguez Agudo11.
Centrándonos en sus avatares, descubrimos que Napoleón, tras la ocupación
española, encargó la redacción de hasta tres proyectos de constitución con la finalidad,
evidente, de agradar a los nuevos súbditos de su hermano José y obtener así un aliado
fiable para su Imperio. Deseaba, en definitiva, conciliar sus objetivos con los de sus
potenciales aliados. El análisis de los proyectos y del Estatuto muestra las innovaciones
propuestas por el Sire para transformar el nuevo Reino de su hermano, regenerar la
sociedad española y modernizar el país superando el Antiguo Régimen, que a principios
del XIX todavía regía en España.
Comprobaremos como el Estatuto, en el fondo, procuraba un tránsito pacífico
del Absolutismo al Liberalismo. Su influencia resultó más que notable para la redacción
de la Constitución de 1812. Su influjo perduró en otras normas posteriores del mismo
siglo. Sin duda, la voz de los afrancesados modificó el proyecto original, adaptándolo a
las singularidades españolas y a sus aspiraciones políticas e ideológicas. No podríamos
6
Francisco TOMÁS Y VALIENTE: Obras completas. Volumen II, Madrid, Centro de Estudios políticos
y constitucionales, 1997, p. 1.370.
7
José Manuel VERA SANTOS: ―Con perdón: algunos argumentos ―políticamente incorrectos‖ que
explican la bondad del estudio del primer texto constitucional de España (o de la naturaleza jurídica,
contenido e influencia napoleónica en el Estatuto de Bayona) en Enrique ÁLVAREZ CONDE y José
Manuel VERA SANTOS (dirs.): Estudios sobre la Constitución de Bayona, Madrid, Instituto de Derecho
Público, 2008.
8
Carlos SANZ CID: El Estatuto de Bayona, Madrid, Editorial Reus, 1922.
9
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA: ―La primera Constitución española: el Estatuto de Bayona‖,
Revista de derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, 26 (2006), p. 89-109.
10
Esther GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: ―1808 y el Estatuto de Bayona: los inicios de la «Historiografía
constitucional española»‖ en Enrique ÁLVAREZ CONDE y José Manuel VERA SANTOS (dirs.):
Estudios sobre la Constitución de Bayona…, pp. 251-297.
11
María Reyes DOMINGUEZ AGUDO: El estatuto de Bayona, Tesis doctoral, Universidad
Complutense, 2004.
66
adentrarnos en el texto normativo sin apuntar las singularidades de uno de los actores
fundamentales.
Los afrancesados
Los afrancesados colaboraron con las autoridades francesas desde la ocupación
de España en 1808. Sus ideales no fueron homogéneos. La historiografía los catalogó
como los españoles que simpatizaron o cooperaron con los invasores franceses durante
la Guerra de la Independencia. Sin embargo, no todos lo hicieron por convencimiento.
Juan Bautista Vilar afirma que estas adhesiones a bandos enfrentados militarmente en
España, especialmente entre 1808 y 1939, dependía con asiduidad más que a razones
ideológicas, a circunstancias particulares o geográficas12.
Muchos actuaron por oportunismo, confiando en que su apoyo a una nueva
dinastía les aportara beneficios; también los hubo que simplemente se allanaron ante
una situación de fuerza; otros, los juramentados, se vieron obligados a jurar fidelidad a
José I tras la derrota de Bailén en 1808 y su posterior retirada de Madrid. Tras
reconquistar esta última plaza, y con el fin de ampliar sus adeptos, José I decidió que los
servidores de las nuevas autoridades debían jurarle fidelidad, consciente de que debía
tomar medidas más efectivas para obtener si no el afecto de sus súbditos, sí la
obediencia necesaria. Por ello, no solamente intentó convencerles de las bondades de
sus reformas, sino también sellar espiritualmente su sometimiento.
A pesar de las circunstancias, José I también congregó un círculo de partidarios
que creyeron en sus propósitos. Numerosos intelectuales e ilustrados comulgaron con
sus propósitos y confiaron en sus posibilidades. La mayoría de estos afrancesados
pertenecían a la corriente de la Ilustración, cuyo máximo exponente histórico en España
fue la Monarquía de Carlos III.
Los afrancesados de convicción coincidían en la necesidad de reformar el país,
detestaban el caos y el desgobierno surgido tras el alzamiento popular de mayo de 1808.
La proclama de la Junta de Bayona, reunida para elaborar el Estatuto, resulta
esclarecedora:
12
Juan Bautista VILAR: La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y
XX, Madrid, Editorial Síntesis, 2012, p. 96.
67
―Que viváis con tranquilidad; que cuidéis de vuestros domicilios; que no os
entreguéis ciegamente a los fatales desórdenes que son inseparables de las
insurrecciones y asonadas; y que esperéis con pacífica confianza mejorar de suerte y de
forma baxo el mando de un Monarca virtuoso…
La anarquía es el mayor azote que Dios envía á los pueblos: durante ella, la
licencia y el desenfreno saquean, queman, talan, cometen toda especie de
desórdenes…‖13.
Para estos afrancesados convencidos, principales protagonistas de este estudio,
los levantamientos animaban a la anarquía y a la revolución. El nuevo rey,
consideraban, aseguraría la independencia política respecto a Francia, la unidad
territorial del Reino y el orden. No celebraron, ni mucho menos, las crueldades de la
guerra ni la ocupación militar francesa, simplemente se amoldaron con pragmatismo,
confiados en que la nueva dinastía podía beneficiar al país14.
El Diario de Madrid, aspirando a pacificar el convulso entorno, difundió las
pretensiones napoleónicas: ―…las noticias dé los sucesos y de las circunstancias que
señalaren tan hermosos días: en suma el quadro político, filosófico y literario de la
regeneración de un pueblo heroico que Napoleón sabe apreciar, y cuya gloria quiere
reproducir‖15.
El periódico calificó a los alzados de ―populacho‖ y la ayuda francesa de
―imprescindible‖ para garantizar la estabilidad del país:
―Veránse bien pronto reparadas las dilapidaciones del tesoro público, asegurada
la propiedad, premiado el mérito, bien administrada la justicia, honrados y protegidos el
13
Proclama de los miembros de Consejos, Grandes de España y otros españoles reunidos en Bayona (8 de
junio de 1808). Diario de Madrid, 15 de junio de 1808, citado por Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA:
La Constitución de Bayona (1808), Madrid, Iustel, 2007, p. 144.
14
Juan LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen
(1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp.142-143.
15
Diario
de
Madrid,
1808,
hoja
suelta.
Recuperado
de
internet
(hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query...name=Diario+de...).
68
Comercio y la Agricultura exaltadas las ciencias y las artes, y nadie dudará entonces que
necesitábamos de un verdadero Gobierno, y qué para obtenerlo era forzoso desprenderse
de toda consideración que no fuese la del interés general‖16.
Frente a esta corriente aparece otra que aúna al resto de españoles apolíticos,
absolutistas o liberales. Para ellos, los afrancesados traicionaban a sus compatriotas,
eran despreciables impíos. El periódico Semanario Patriótico recoge entre sus páginas
la siguiente afirmación:
―La galo-mania era una epidemia de que adolecía infinitas gentes en los últimos
años de la dominación del baxá extremeño. Los unos por adular á la envilecida
corte; los otros por infatuación, y no pocos por inclinación a la degradada
Francia, engrandecían á su tirano honrándole con los pomposos dictados de
héroe, regenerador, nuevo Alexandro, y otras sandeces de este jaez‖
[…]
―Quien dude de que existen estos animales dañinos, recorra las tertulias, cafee,
calle ancha y plaza de San Antonio: verá retratada Va complacencia en sus
semblantes quando viene la noticia de una desgracia nuestra; el empeño en
desacreditar quanto es español, sea malo o bueno; el abultar nuestras pérdida, el
amenazar siempre con grandísimos refuerzos, y el llorar con hipocresía refinada
las calamidades de los pueblos donde se disputa nuestra independencia‖17.
Paradójicamente, el historiador Miguel Artola en su obra Los afrancesados
considera que el pensamiento de éstos lejos de congraciarse con el sistema político galo,
se asemejaba más al anglosajón. No creían ni en los dogmas de la Revolución Francesa
ni en el absolutismo, sino el Despotismo Ilustrado con matices18.
16
Ibid.
Semanario Patriótico, 12 de diciembre de 1811, p. 2. Recuperado
(www.memoriademadrid.es/fondos/.../Imp_41907_hem_spat_18111212.pd...)
18
Miguel ARTOLA: Los afrancesados, Madrid, Ediciones Turner, 1976, p. 51.
17
69
de
internet
En línea con esto último, confiaban en la figura del monarca como soberano y
centro político superior, aunque a diferencia de los absolutistas, su legitimación no
emana de la voluntad divina y debían limitarse sus potestades al tenor literal de una
carta magna. El rey, estimaban, habría de esmerarse en buscar el bien común rodeado
de una élite intelectual que le asesoraría con rigor. No debía repetir errores del pasado,
no ansiar beneficio personal ni familiar. El sistema que ideaban aspiraba a una especie
de tercera vía entre la monarquía tradicional absoluta del siglo XVIII y los nuevos
sistemas enclavados en la soberanía nacional. La designación real ya no se sustentaría
en la Gracia de Dios y su permanencia en el poder dependería de sus éxitos19.
Rechazaban la soberanía nacional, no aspiraban a un sistema parlamentario y no
confiaban en la voluntad de los ciudadanos ni en el potencial electorado, sino en el
grado intelectual del gobernante y sus asesores.
Frente a estas ideas, los liberales las valoraban desfasadas; para los absolutistas
resultaban demasiado innovadoras al negar la designación divina del monarca y limitar
sus poderes por el juramento constitucional.
Las aspiraciones afrancesadas alcanzaron un importante cauce de expresión
política en la Asamblea de Bayona donde el emperador presentó su primer proyecto de
constitución para España.
El Estatuto de Bayona
La proclama de Napoleón convocando la Asamblea transmitía un anhelo de
armonía y de reformismo con sus potenciales aliados. Su legitimidad y sus deseos de
favorecer al Reino de España parecían inequívocos:
―Vuestros Príncipes mé han cedido todos sus derechos… Yo no quiero reynar en
vuestras Provincias; pero quiero, adquirir derechos eternos al amor y al reconocimiento
de vuestra posteridad. Vuestra Monarquía es vieja, mi misión se dirige á renovarla:
mejorar vuestras instituciones, y os haré gozar de los beneficios de una reforma, sin que
experimentéis quebrantos, desórdenes ni convulsiones…
19
Ibid, pp. 60 y 62.
70
Entontes depondré todos mis derechos y colocaré vuestra gloriosa Corona en las
sienes de otro Yo mismo, asegurándoos, al mismo tiempo una Constitución que concilie
la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y los privilegios del
pueblo. Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad á lo que habéis
llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía.
Tened suma esperanza y confianza en las circunstancias actuales; pues Yo
quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y que exclamen: es el
regenerador de nuestra patria‖20.
Las directrices generales de la política española se plasmaron en la norma que
ambicionaba no alarmar a la clase nobiliaria ni al clero, configurando un sistema
político novedoso que respetase las tradicionales instituciones castellanas, aunque
aclimatadas a los tiempos. Para ello, veremos, transmitió la idea de continuidad con el
antiguo Derecho de Castilla mediante la recuperación de las llamadas Cortes, cuya vida
había languidecido con el absolutismo borbónico.
La prueba más evidente de la voluntad armonizadora fueron los tres proyectos
de constitución elaborados en Bayona antes de su aprobación final. La pretensión
apaciguadora de Napoleón quedó evidenciada al invitar a los asistentes a la Asamblea a
expresar sus opiniones. Nunca se había aprobado una constitución y el formalmente
titular de los derechos dinásticos invitaba a sus colaboradores a mejorar sus proyectos.
En el fondo, señala Fernández Sarasola, Napoleón no pretendía una quiebra con el
pasado, quería evolución pero no revolución, no deseaba violentar a la mayoritaria
sociedad tradicional española con los cambios revolucionarios franceses, por ello
impidió la libertad religiosa en los primeros artículos, respetó los privilegios nobiliarios
e intentó agradar a los descontentos con el anterior gobierno de Carlos IV y Godoy21.
La designación de José I como rey complació a los afrancesados. Respondió al
deseo de mostrar la relevancia del Reino al poner a su hermano mayor al frente. Sus
éxitos en Sicilia lo presentaban como un candidato ideal. El nuevo rey, en su discurso
20
―Barcelona cautiva, ó sea Diario exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientras la oprimieron los
franceses, esto es, desde el 13 de febrero de 1808, hasta el 28 de mayo de 1814‖, Tomo primero 1808,
Barcelona, en la oficina de Antonio Brusi año 1815, p. 246. Ateneo Barcelonés, nº 315519. Recuperado
de internet (https://books.google.es/books?id=4zvG_q1_fUMC).
21
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA: La Constitución de Bayona (1808)…, p. 35.
71
de coronación, invitó a los súbditos a colaborar por el bien del país: ―Españoles. Yo no
quiero almas bajas, y por consiguientes esclavas. Quiero de vosotros almas libres, y os
quiero súbitos que en poco tiempo me ayudéis a recobrar el esplendor que en alguna
época tuvo esta Nación‖22.
La búsqueda de avenencia del Emperador se palpó en la redacción del juramento
a la Constitución recogida en el artículo 6, que respondía fielmente a los deseos
soberanos de sus seguidores españoles:
―Juro sobre los Santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra Santa
religión, observar y hacer observar la Constitución, conservar la integridad y la
independencia de España y sus posesiones, respetar y hacer respetar la libertad
individual y la propiedad y gobernar solamente con la mira del interés, de la
felicidad y de la gloria de la Nación Española‖23.
Su compromiso expresaba la quiebra entre el Antiguo Régimen y el nuevo
sistema político, y respondió a los afanes de los afrancesados: confesionalidad del
Estado; sometimiento formal a la Carta Magna de los poderes del Estado; integridad y
autonomía del Reino; respeto a las libertades individuales y la propiedad privada. La
potestad del monarca ya no le otorgaba un poder ilimitado. El cambio y la modernidad
que presagiaba el nuevo sistema evidenciaban sus aspiraciones.
El viraje demostrado en Bayona no contentó, sin embargo, a todos los
asambleístas. Los absolutistas no apreciaron con agrado la transmutación acordada; para
ellos, el monarca ostentaba su poder por la Gracia de Dios y por Derecho divino,
postura que quedó pronto marginada. La cláusula del juramento, parece apuntar, a que
aquél se sometía a la fuerza vinculante de la misma, aunque luego, en el desarrollo del
articulado, quedaba patente su preponderancia24.
22
Archivo Privado de José Bonarparte, leg. 13, citado por Luís BARBASTRO GIL: Los afrancesados.
Primera emigración política del siglo XIX español. (1813-1820) Monografías 5, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1993 p. 55.
23
―Estatuto de Bayona de 1808‖, Departamento de Derecho Político (U.N.E.D.), www.uned.es/dptoderecho-politico/c08.pdf.
24
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA: La Constitución de Bayona (1808)…, p. 63.
72
El nuevo sistema ideado por Napoleón y sus acólitos armonizaba consejos, a
semejanza del francés, con las tradicionales Cortes estamentales, que a pesar de estar
subordinadas al rey serían escuchadas y valoradas. Para Enrique Gacto la Constitución
―Quiso representar un intento de equilibrio, de progreso sin ruptura, pues procuraba
atraerse a los enemigos del Antiguo Régimen sin provocar a los elementos
conservadores‖25.
La fórmula de Bayona, fiel al ideal ilustrado, no establecía ninguna restricción
de facto al monarca. Sin embargo, y para diferenciar el nuevo sistema del anterior, la
Carta Otorgada albergó un programa relativamente liberal, innovador para España.
Supuso un punto de inflexión: igualdad jurídica, supresión de privilegios, inviolabilidad
del domicilio, abolición de la tortura, reducción de mayorazgos, unidad de códigos,
libertad de imprenta, etc. Tales derechos fueron importados de las constituciones
foráneas, como la de Estados Unidos de 1786 y las francesas de finales del siglo XVIII,
y luego exportados a la Gaditana de 181226.
Los cambios se aprecian con nitidez en el articulado del Estatuto. Descuella la
disolución de la Inquisición. En el primer proyecto, en su artículo 48, Napoleón intentó
derogar el Santo Oficio. No obstante, tras escuchar a los asambleístas rectificó.
Probablemente el apoyo del Tribunal a la causa napoleónica convenció al Sire y
reconsideró su planteamiento. Como recoge Requiero García, el Consejo de la
Inquisición, había tildado de ―vergonzoso tumulto‖ el levantamiento popular del 2 de
mayo27.
La intención de regenerar el país no solamente se manifestó en la intención de la
supresión de la Inquisición, también se deseó reducir el excesivo número de clérigos. En
el primero de los proyectos se intentó, impidiendo la incorporación de nuevos novicios
a las órdenes religiosas hasta que sus filas se redujesen a la mitad. Sus bienes
25
Enrique GACTO FERNÁNDEZ, Juan Antonio ALEJANDRE GARCÍA y José María GARCÍA
MARÍN: El derecho histórico de los pueblos de España. (Temas y textos para un curso de Historia del
Derecho), Madrid, Agisa, 1994, p. 552.
26
Vicente GARRIDO MAYOL: «Valor jurídico y político de la Constitución de 1812», Revista de la
función consultiva, 19 (2013), pp. 239-255, esp. p. 251.
27
Los miembros de la Inquisición no fueron invitados a la convocatoria de autoridades eclesiásticas
convocadas por José I en julio de 1808, mostrando su indudable marginación. El toque de gracia llegó con
el decreto de 4 de diciembre de 1808 en el que la Gaceta de Madrid abolía el Santo Oficio: ―El Tribunal
de la Inquisición queda suprimido como atentatoria a la Soberanía y a la Autoridad civil… Los bienes
pertenecientes a la Inquisición se secuestrarán y reunirán a la Corona de España, para servir de garantía a
los vales y cualquiera otros efectos de deuda de la Monarquía‖. María Teresa REQUEIRO GARCÍA:
Relaciones Iglesia-Estado. Afrancesados y doceañistas…, p. 65.
73
improductivos, por el descenso de consagrados, serían destinados a aumentar las rentas
de los demás miembros de la congregación, a gastos sanitarios o a enriquecer las arcas
del Estado. Tal posibilidad no se mantuvo en el texto definitivo. El artículo primero
proclamó la religión Católica exclusiva y excluyente para toda la Nación: ―La religión
Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la
religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra‖28.
No se conservó en el texto definitivo la aprobación del Código civil de
influencia napoleónica, pese que el 53 del proyecto inicial introducía la codificación de
las normas civiles. Otro aspecto que no prosperó fue la introducción del matrimonio
civil y el divorcio, recogidos en el Código civil francés. La secularización del
matrimonio, legislado en Francia desde 1804, hubiera quebrado, sin duda, el
entendimiento con la mayor parte de la sociedad29.
Pero no todos los proyectos iniciales fueron obviados o dilatados, otras
novedades presentadas en el primer proyecto sí continuaron en la Constitución
definitiva y encarnaron un cambio sustancial. Siguiendo con el orden del articulado, la
creación del Secretario de Estado, en el artículo 28, significó la entrada de una nueva
figura que ―refrendará todos los decretos‖. Esta autoridad era una especie de ministro
que, en teoría, serviría de unión entre los ministros y el rey, permitiendo, según López
Tabar, un mayor control, coordinación y cohesión entre los miembros del Ejecutivo30.
El proyecto napoleónico aspiraba a reformar la cumbre del Estado, una
transformación desde la cúspide, para ello contaría con nuevos órganos como el Senado,
de origen francés, compuesto por los infantes de España y veinticuatro sujetos elegidos
por el rey entre ministros, capitanes generales, embajadores, consejeros de Estado y
consejeros reales. La edad mínima para poder acceder se establecía en 40 años. Entre
sus funciones, recogidas entre los artículos 32 y 40, destaca la declaración de estado de
excepción en casos graves, como amenaza militar, y la posibilidad de suspender las
28
―Estatuto de Bayona de 1808‖, Departamento de Derecho Político (U.N.E.D.), www.uned.es/dptoderecho-politico/c08.pdf.
29
El impacto en la sociedad española de tal derecho hubiera significado una ruptura social. De hecho, el
matrimonio civil fue aprobado por primera vez en 1870, con una aplicación muy relativa y el divorcio no
llegó a España hasta 1932 bajo el gobierno de Manuel Azaña, siendo derogado por el general Franco y
legalizado definitivamente en 1981.
30
Juan LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores…, p. 74.
74
garantías proclamadas, aunque siempre a propuesta del rey. Carecía de cualquier
potestad legislativa que residenciaba exclusivamente en el monarca.
El Senado también debía velar por el cumplimiento de la libertad de imprenta y
las irregularidades o abusos de autoridad por parte de la policía en casos de arrestos. Se
establecía el plazo de un mes desde la detención para que, a instancia de parte,
interviniese a través de una Junta de senadores formada por cinco miembros que
resolverían el desafuero o lo ajustado a derecho de la actuación gubernativa.
Otro de los órganos asesores del monarca recogidos en el Estatuto fue el Consejo
de Estado, regulado en el artículo 52. Presidido por el rey, tendría seis secciones, una
para cada competencia: justicia y negocios eclesiásticos, policía, hacienda, guerra,
marina e indias. Los ministros y el presidente del Consejo Real, recogía el texto,
podrían formar parte por la relevancia de sus cargos. El Consejo de Estado, cuyos
orígenes se remontan al siglo XVI, sería auxiliado por abogados, consultores y
asistentes, resolvería en caso de conflicto de competencias entre administraciones
públicas a la vez que elaboraría dictámenes sobre leyes civiles, administrativas y
criminales. La intención era clara: rodear al monarca de efectivos consejeros.
El modelo respondía al francés, con un Senado, con unas Cortes y con un
Consejo de Estado, todos de asesoramiento y controlados en última instancia por el
soberano. Además se proclamaban derechos y garantías privadas, aunque, como
acabamos de comprobar, los derechos políticos se obviaron.
Sin duda, uno de los aspectos más sorprendentes consistió en la delimitación de
la Asamblea de Notables, denominada Cortes. Las Cortes presentadas en el primer
proyecto apenas variaron del texto aprobado. En aquél se establecían 150 miembros,
mientras que en el definitivo 172. Las Cortes o Juntas de la Nación era una asamblea
estamental: nobleza, clero y pueblo llano. Concretamente clérigos (25), nobles (25) y el
resto de procuradores provincianos (62), representantes de las ciudades e islas (30),
comerciantes o negociantes (15) y universitarios o personajes ilustres (15). Los
procuradores debían pertenecer a la oligarquía municipal, exigiéndoles detentar bienes
raíces31. Los comerciantes también accedían a este estamento siempre que perteneciesen
a familias pudientes.
31
Bienes inmuebles.
75
El papel de las Cortes aparecía en la Norma muy controlado por el monarca que
podía convocarlas, prorrogarlas o disolverlas. La única limitación, al menos formal,
consistía en su convocatoria al imponer el artículo 76 que debían celebrarse, al menos,
una vez cada tres años. En las reuniones el ministro de Hacienda daría cuenta de los
ingresos y gastos anuales del ejercicio. La principal misión de las Cortes sería fijar los
gastos generales del Estado, así como promover la aprobación de decretos. También
consentía que las Cortes expusieran quejas contra los ministros. La estructuración de
este binomio Rey-Cortes influyó, según Vera Santos, en el ulterior constitucionalismo
conservador y será defendido por las cartas magnas decimonónicas desde el Estatuto
Real de 1834 hasta la Constitución canovista32.
En el artículo 96 se estipulaba la obligación de la codificación en materia civil y
penal en lugar de las desfasadas y maltrechas recopilaciones legislativas. El proceso
respondía a la corriente europea de codificación que se extendió por Europa a finales del
siglo XVIII y principios del XIX y refleja otra de las innovaciones de Bayona.
Uno de los aspectos más novedosos y de gran empaque en el espíritu de la
Norma consistió en la proclamación de la independencia judicial, recogida en el artículo
97. La imposibilidad de destitución de los jueces, salvo decisión del Consejo Real y por
aprobación del rey, quedó sancionada. También la creación de los recursos
jurisdiccionales en segunda instancia y un alto tribunal denominado ―Tribunal de
Reposición‖, génesis del futuro Tribunal Supremo, que estaría formado por los
miembros del Consejo Real, revelan el avance en las garantías constitucionales. No en
vano el actual Tribunal Supremo surgió de las teorías jurídicas de Derecho Público
elaboradas por filósofos franceses33.
La celebración del juicio penal de forma pública quedó recogida en el artículo
106. De esta forma se dificultaba el oscurantismo en los procesos criminales. En el
mismo artículo se establecía la posibilidad de la creación de los jurados populares como
órganos jurisdiccionales, muestra evidente del deseo de acercar la justicia a los
32
José Manuel VERA SANTOS: ―Con perdón: algunos argumentos ―políticamente incorrectos‖ que
explican la bondad del estudio del primer texto constitucional de España (o de la naturaleza jurídica,
contenido e influencia napoleónica en el Estatuto de Bayona)‖, en Enrique ÁLVAREZ CONDE y José
Manuel VERA SANTOS (dirs.): Estudios sobre la Constitución de Bayona…, pp. 393-420, esp. p. 410.
33
La idea caló también en Cádiz que no obvió la conveniencia de esta instancia judicial.
76
ciudadanos y otro síntoma de nuevos tiempos34. En el artículo 109 se establecía la
creación de un Tribunal especial encargado de enjuiciar a los miembros de la familia
real, cuya eficacia sería muy limitada, ya que sólo se ejecutarían sus sentencias previa
aprobación del rey.
Las novedades y las reformas no se limitaron al organigrama administrativo,
legislativo y judicial, sino también afectando a los derechos individuales. El artículo
126 consagra la inviolabilidad del domicilio por primera vez en la historia de España. El
texto denominaba la casa ―asilo inviolable‖35 exigiéndose autorización previa de una
autoridad pública.
Otra de las pruebas que vislumbraban la superación del Antiguo Régimen
conformando el Estado Contemporáneo se aprecia en la proclamación de la libertad de
imprenta, recogida en el artículo 145. Gozaba de gran amplitud y especial protección,
sólo se podía denegar cuando su contenido perjudicase al Estado y se garantizaba a
través de la Junta del Senado anteriormente citada.
Se declaraba la igualdad en el acceso a los cargos, a pesar de la existencia de los
diferentes grados de nobleza. El artículo 141 establecía que tal distinción no permitía
privilegiar el acceso a cargos públicos civiles, militares o eclesiásticos, intentando de
esta forma implantar un sistema de méritos.
Otra de las propuestas modernizadoras fueron las modificaciones en las cargas
impositivas que mostraban un sustancial cambio en el sistema fiscal. José I intentó
transformar la Hacienda pública española para hacerla más eficiente y moderna. En el
Estatuto se determinó la igualdad impositiva para todo el Reino. Sin embargo, la
administración bonapartista no se limitó a esa equiparación, creó nuevos tributos bajo su
control, como el de los juegos de azar, las rentas por alquiler, las contribuciones sobre
las especies, las patentes industriales y el comercio del arte o profesión mediante el
34
Aunque en honor a la verdad su efectividad fue nula. No llegó a aprobarse hasta 1995. En la exposición
de motivos de la Ley de 1995 se declara: ―Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede
considerarse una constante en la historia del Derecho constitucional español; cada período de libertad ha
significado la consagración del jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y
1931 y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido
considerablemente ese instrumento de participación ciudadana en paralelo y como complemento a las
restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos‖.
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
35
Constitución de Bayona, www.uned.es/dpto-derecho-politico/c08.pdf.
77
previo pago de la pertinente licencia que les permitía desempeñar tal oficio 36. Las
reformas fiscales ideadas por el gobierno josefista buscaban reformar el caótico sistema
impositivo anterior, intentando luchar contra el fraude fiscal y la alta morosidad37.
La reducción de mayorazgos, recogidas en el artículo 135 del texto definitivo,
motivó honda preocupación por los ilustrados por sus perjuicios al desarrollo
económico del país, ya denunciados en tiempos de Carlos III, fue presentada en el
proyecto y promulgada. Finalmente los mayorazgos fueron limitados a aquéllos cuya
renta sobrepasara los 5.000 pesos. El primer proyecto tan sólo permitía su existencia por
concesión real38.
Al final del articulado las disposiciones generales, como las prohibiciones de
detención de cualquier individuo por parte de las autoridades sin autorización legal y
escrita, salvo por delito fragante; la prohibición de incomunicación de los reos, salvo
expresa orden judicial, que expresase se estableciese lo contrario; y la de infligir torturas
o tormentos, elevándolos a la categoría de delito, prueban el progreso del texto39.
A pesar de los adelantos de la Norma, la influencia del Corso rezumó en el texto,
degradándolo. Antes de las garantías de los derechos y las libertades, se recogían las
disposiciones generales en el Título XIII. En ellas se constitucionalizaba el pacto militar
entre Francia y España. Tal inclusión evidenciaba no solamente la vinculación entre
ambos países, sino la dependencia española. La obligación de mutuo auxilio aparece
justo antes de la declaración de derechos, como exponente de mayor notabilidad. La
alianza militar franco-española se mantuvo en todos los proyectos de constitución.
Realmente la incorporación al texto normativo de una alianza militar no era apropiada
para una norma de estas características y demuestra la preponderancia y el empeño
francés de salvaguardar sus intereses.
El orden de los capítulos no resultaba baladí. Primero dedicado al rey, su
séquito, después los órganos de Consejo, Administración de Justicia, militares y para
36
Juan LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores…, p. 53.
Luís LORENTE TOLEDO: Agitación urbana y crisis económica durante la Guerra de la
Independencia. Toledo (1808-1814.), Cuenca, Colección humanidades, Universidad de Castilla La
Mancha, 1993, p. 100.
38
Véase Rafael GIBERT Y SÁNCHEZ: La disolución de los mayorazgos, Granada, Escuela Social de
Granada, 1958.
39
La abolición del tormento en España se inició con la Orden del ministro de Gracia y Justicia Manuel de
la Roda en el año 1776, aunque formalmente su derogación se proclamó en el Estatuto de Bayona. Javier
CRUZ ROS: «La supresión del tormento en la Constitución de Cádiz de 1812», Revista española de la
Función Consultiva, nº 19 (2013), pp. 129-144, esp. p. 133.
37
78
concluir los derechos y libertades individuales. La Corona, y no las Cortes, era la piedra
angular del sistema. La soberanía, como afirma Manuel Martínez Sospedra, residía en el
rey, su preeminente lugar en el texto constitucional lo evidenciaba y como decía el
nombrado autor: ―En política, y en Derecho constitucional, el orden de los factores
siempre altera el producto‖40.
Como hemos podido comprobar las reformas proclamadas en el Estatutos
descubren unas aspiraciones regeneracionistas y unos anhelos de transformar el status
quo anterior avanzando hacía un sistema liberal arrastrando la estructura que
garantizaba el poder tradicional del monarca. Sin embargo, la realidad desveló el
espejismo.
El desprestigio afrancesado
A pesar de los afanes reformistas no todo aconteció como se vaticinó por las
nuevas autoridades. José I, desde el comienzo de su reinado, asesorado por los
afrancesados, pretendió ser un verdadero monarca, servir al país y promover el
regeneracionismo. Demandó a su hermano el control efectivo de España y los recursos
financieros necesarios para la marcha de su administración. Sin embargo, el conflicto y
el rechazo a Francia imposibilitaron su aplicación.
No quiere decir esto que a José I le moviera exclusivamente el altruismo ni un
repentino sentimiento de identificación con sus nuevos súbditos. Los saqueos y la
ostentación del monarca se descubrieron notables y las denuncias de sus pillajes
numerosas. El célebre expolio tras su definitiva huida de Madrid en 1813, desvalijando
objetos procedentes del Palacio Real, del Escorial, del Archivo de Simancas, de la
residencia de Godoy, de iglesias, incluso documentos del gabinete de Historia Natural,
incluyendo su botín, vajillas, plata, oro, esculturas, muebles, documentos y lienzos, le
deshonran41.
40
Manuel MARTINEZ SOSPEDRA: ―El Estatuto de Bayona: originalidad e imitación en la primera
Constitución española‖, Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 58-59 (2007),
pp. 95-131.
41
Benito PÉREZ GALDÓS: Los episodios nacionales. Citado por Ana Jesús MATEOS GIL: ―Expolios y
saqueos. Consecuencias de la Guerra de la Independencia en el patrimonio artístico calagurritano‖,
Kalakorikos, 13 (2008), pp. 71-106.
79
Además los desastres de la guerra minaron la credibilidad de los afrancesados.
La ocupación de Córdoba por las tropas del general Dupont, donde los jóvenes soldados
franceses violaban a mujeres españolas y saqueaban las iglesias, indignó a las clases
populares. Este proceder revela la actitud francesa en las zonas ocupadas. Como
describió Francois Malye: ―Córdoba sí fue saqueada después de que lo jóvenes reclutas
franceses se arrojaran en las inmensas barricadas del espeso vino español, mezclado con
guindillas, que los vuelve locos‖42.
Los saqueos franceses, bajo el pretexto del aprovisionamiento de víveres,
devinieron cotidianos. La capacidad del país para abastecer a más de cien mil nuevos
soldados foráneos era francamente difícil, pero los abusos y los robos sobrepasaban la
mera subsistencia. Un pariente de la emperatriz Josefina, Maurice Tascher, así lo
describe:
―Sacaron millones del palacio arzobispal […] los vasos sagrados no fueron
respetados en absoluto, lo que provocaba que los españoles nos mirasen
horrorizados, pues dicen abiertamente que ¡prefieren que sean violadas sus
mujeres antes que sus iglesias! Por lo demás hicimos ambas cosas. Los
conventos de las religiosas sufrieron todo lo que puede concebir el desenfreno y
los ultrajes del soldado abandonado a sí mismo‖43.
Las atrocidades entre españoles y franceses se extendieron: fusilamientos,
torturas, amputaciones, ahorcamientos, soldados castrados con sus miembros en la boca,
etc. El panorama de la guerra española era desolador. Las carnicerías fueron brutales.
En el sitio de Zaragoza, 50.000 españoles, militares y civiles, sucumbieron frente a
3.000 franceses. Los españoles colgaban muertos a sus compatriotas poco
comprometidos con la lucha, dejando sus cuerpos a exposición, creando un clima
siniestro44.
42
François MALYE: Napoleón y la locura española, Madrid, Edaf, 2008, p. 49.
Maurice DE TASCHER: Le Journal de campagne d´un cousin de l´impératrice, 1806-1813. Citado por
François MALYE: Napoleón y la locura española..., p. 58.
44
François MALYE: Napoleón y la locura española…, p. 205.
43
80
Para la mayoría de la sociedad los afrancesados los traicionaban. No podían
comprender cómo defendían sus compatriotas las bondades de la nueva dinastía
mientras aniquilaban sus pueblos. A la vista de los hechos, la convocatoria de Bayona
por el Corso no era más que una farsa. El historiador francés Morange mostró el fingido
acercamiento francés:
―[Napoleón] –écrit-il– cedió la Corona española a su hermano José; y a fin de
dar a estos actos una autoridad risible, propia de la charlatanería francesa, se
convocó a Bayona una junta de españoles, vendidos unos, débiles otros, nulos
los más; los cuales sin comisión ni representación pública, prestaron sus firmas y
su aprobación al miserable índice que Napoleón y sus secretarios decoraron con
el pomposo título de constitución española‖45.
En 1810 Napoleón ignoró sus compromisos anteriores. Dejó el control exclusivo
de la zona de Castilla la Nueva a su hermano José; Madrid quedó bajo el general
Berthier; Aragón, la zona más fronteriza con Francia, al general Mac-Donald y al
general Suchet, Cataluña.
Otra de las decisiones político-militares que reflejan el desprecio de Napoleón a
España y a sus seguidores afrancesados fue la anexión de Cataluña a Francia a
principios de 1812. El Emperador dividió la región catalana en cuatro departamentos,
para tal decisión, ni contó con su hermano José ni con las autoridades españolas.
Liberales y absolutistas compartían el desprecio hacía los colaboradores de los
invasores franceses, incluidos aquellos que acudieron a Bayona. El periódico El duende
de los cafées del viernes así lo describió:
―Voy à hacer algunas reflexioncitas, que las entenderàn todos; y mucho mas
ciertos bribones […] Supongamos […] que 20, 30, ó 40 Diputados elegidos para
las Cortes ordinarias, se hallasen animados de los infames deseos y detestables
miras de varios satélites de Napoleón, y con el fin de trastornar el Estado y
45
Claude MORANGE: ―A propos de <l`inexistencia> de la Constitución de Bayonne‖…, p. 26.
81
proporcionar fácilmente el triunfo à aquel aborrecido tirano, se apandasen en
alguna Ciudad, Villa, ó Lugar,…‖46.
Con prontitud los contrarios a la invasión comenzaron la redacción de una
norma fundamental en Cádiz que enterrará la impuesta por los usurpadores. Los
fundamentos constituyentes de la Constitución gaditana, proclamada cuatro años
después, sepultaría la labor de Bayona47.
Aunque no debemos obviar que la Constitución de Cádiz poseía mayores
derechos y mejores garantías, como la del Habeas Corpus48, su articulado imitó a la de
Bayona, un claro ejemplo lo encontramos en la abolición de la tortura y los apremios
por parte de las autoridades49.
Conclusiones
Con todos los aspectos negativos que existieron, el Estatuto de Bayona significó
el principio del fin del Antiguo Régimen en España. A pesar de que el texto reservaba la
máxima potestad del Reino al monarca, el hecho de limitar sus poderes mediante
juramento, significó un retroceso en sus tradicionales poderes soberanos. Si a esta
limitación sumamos unas relativas garantías para el ciudadano y unos derechos y
libertades innovadores para España, quedaba claro que el proceso modernizador había
alcanzado un punto de inflexión.
Napoleón intentó transmitir la impresión de respetar el derecho tradicional de
Castilla con nuevas instituciones más modernas que mejoraban el sistema anterior,
compaginando unas Cortes estamentales tradicionales, con instituciones nuevas como el
Senado y el Secretario de Despacho. Fruto de esa idea modernizadora, el régimen
46
―El duende de los cafées del viernes, 27 de agosto de 1813‖ (1813) BNE. Hemeroteca digital, nº 27, p.
109. Recuperado de internet (hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query...name=El+Duende...).
47
Fernando MARTÍNEZ: «La constitución de Bayona y la experiencia constitucional josefina», Historia
y política, (2008), pp. 151-171, esp. p. 169.
48
Tal derecho consiste en la garantía de la puesta en conocimiento del juez competente del arresto del
detenido en un plazo de tiempo establecido en la ley, con el fin de evitar abusos por parte de las fuerzas
de seguridad.
49
Jorge NOVELLA SUÁREZ (ed.): «La constitución de Cádiz en su bicentenario (1812-2012)», en
Francisco GUILLAMÓN ÁLVAREZ: Las Cortes de Cádiz, de Imperio a Nación, Murcia, Editum.
Universidad de Murcia, 2013, pp. 17-46, esp. p. 25.
82
bonapartista aspiró a la trasformación del país a todos los niveles: religión,
organización, justicia, impuestos, etc., aunque con un resultado nulo de facto.
En Bayona se evidenció el espejismo de concordia que Napoleón intentó
transmitir. A pesar de la apariencia de acuerdo y armonía, el Corso impuso las líneas
maestras del nuevo orden. La primera: la autoridad soberana que recaía en su hermano.
Y la segunda: el pacto militar entre Francia y España. Estos dos elementos no se
negociaron y se incorporaron a todos los proyectos. El resto resultaba secundario y
modificable para las autoridades galas.
A pesar de las limitaciones, la Norma discurrió entre tradición y modernidad, entre el
Antiguo Régimen y Estado Contemporáneo. Del aquél conservaba la superior autoridad
del monarca, cuya potestad sólo se veía limitada por el Estatuto. Sin embargo, que el
rey ya no lo fuera sólo por la gracia de Dios, era un cambio esencial. Si a esto añadimos
la proclamación de derechos individuales vislumbraremos la tercera vía. Como sostiene
José Manuel Vera Santos, la Constitución de Bayona supuso un ―aldabonazo a nuestro
primigenio liberalismo‖50.
50
José Manuel VERA SANTOS: La reforma constitucional en España, Madrid, Grupo Wolters Kluwer,
2007, p. 82.
83
Familias políticas: Pervivencia de las élites contemporáneas
hasta el s. XX
Cristina Feria San José
Universidad del País Vasco
Introducción
Durante los últimos años hemos oído con demasiada frecuencia la palabra élites, casta o
notables para referirse a una oligarquía que disfruta de los privilegios del poder tanto
político como económico, sin asumir ninguna de las responsabilidades sociales. Una
clase política endogámica interesada en permanecer en el poder por encima del interés
general. Pero ¿Qué es una élite? ¿Quiénes forman parte de la élite de un país?
Son varios los autores que nos aportan estudios sobre las élites políticas. Tuñón de Lara1
define las élites como <<un grupo reducido de hombres que ejercen el poder o que
tienen influencia directa o indirecta sobre el poder>>. Aunque la siguiente definición se
refiere a la sociedad norteamericana, Wrigth Mills2 define élite como: «los círculos
políticos, económicos y militares que, como un conjunto intrincado de camarillas que se
trasladan e imbrican, toman parte en las decisiones que por lo menos tienen
consecuencias nacionales»3. Por otra parte, Pedro Carasa define a las élites como
<<colectivo o pluralidad de individuos que no toman directamente las decisiones, pero
tienen influencia sobre quienes deciden>>. Por último, incluimos la definición de
Montserrat Baras4 que califica a las élites como <<una minoría que dirige, que se eleva
1 Manuel Tuñón de Lara: Historia y realidad del poder. Ed. Cuadernos para el dialogo. Madrid. 1967.
pp.26
2 Manuel Tuñón de Lara: Historia y realidad…pp.15
3 Pedro Carasa: <<Presentación. Las familias garantizaron la viabilidad de las élites y la sostenibilidad de
los pobres>> . Historia Contemporánea. nº 49 . Pág 403-434. pp. 403
4 Montserrat Baras: <<Las élites políticas>>. Revista del centro de estudios constitucionales. nº 10.
(1991). Pág 9-24. pp. 10
85
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
sobre los demás, que sobresale. El poder no recae ni en uno ni en todos, sino siempre en
una minoría: la élite>>.
Las élites políticas liberales inician su carrera en un contexto bélico y tienen que
aprender cómo afrontar la transformación del estado, reforma de la administración y
nuevas formas de representación política. Sin duda, una labor costosa que se transformó
con La Restauración y con los herederos de la élite isabelina.
Nuevas Élites para un Estado Liberal
La restauración administrativa que se llevó a cabo con la llegada de los Borbones
permitió que años más tarde hombres ilustrados de profesiones libres procedentes de la
aristocracia local y de familias distinguidas, se convirtiesen en los nuevos políticos con
ideas liberales de ―pueblo soberano‖ y de ―individuo-ciudadano‖. A mediados del s.
XVIII se vislumbraba una nueva corriente de pensamiento al calor de los
acontecimientos de la Revolución norteamericana y más tarde francesa. Este
pensamiento ―rupturista‖5 buscaba no solo el reconocimiento de la propiedad privada y
libertades individuales, sino derechos civiles y políticos más amplios.
El cierre de las fronteras decretado por el Conde de Floridablanca que trató de
que las ideas francesas no penetrasen en España, no impidió que grandes personalidades
del gobierno, funcionarios, incluso parte del pueblo llano se empapase de las ideas
revolucionarias. Este abanico de singularidades políticas se reflejó durante la invasión
francesa en 1808 en dos grupos: los afrancesados y patriotas, que aglutinaba a los
partidarios del Antiguo Régimen y liberales.
Estas nuevas élites se embarcaron en la construcción de un nuevo estado basado
en la representación política y la participación6 en una nueva etapa que dejaba atrás el
parlamentarismo del Antiguo Régimen a pesar del superior peso de los ilustrados sobre
los liberales y de la resistencia de la Iglesia en las Cortes de Cádiz. No es baladí el
número de eclesiásticos que participaron en la cámara gaditana: de 306 diputados, 97
eran eclesiásticos según M. Fernández Almagro, 90, entre 291, que contabiliza Ramón
Solís, y 94, entre 303, según M. Morán Ortíz7. El resto de la cámara estuvo representada
5 Ignacio Fernandez Sarasola; El primer liberalismo en España (1808-1833), Historia Contemporánea
43:pág 547-583, pp. 551
6 Pedro Carasa Soto; Élites parlamentarias de Castilla la Vieja y León en las Cortes Generales (18101874), Ediciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014, pp.14
7 Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO: Orígenes del régimen constitucional en España, Barcelona,
1976, 78; Ramón SOLÍS: El Cádiz de las Cortes. La vida en la ciudad en los años 1810 a 1813,
86
por hombres de profesiones liberales como abogados, médicos, escritores, funcionarios
públicos, profesores universitarios, militares así como comerciantes y propietarios.
Aquellos provenientes de la función pública, y que habían realizado el <<Cursus
Honorum>> tenían alguna experiencia electoral, como eran los casos de la elección de
los procuradores del común en los ayuntamientos u otros procedimientos internos
institucionales8. La dificultad del proceso electoral residía en la organización tanto a
nivel estatal con base en el municipio y la provincia en un contexto bélico con unas
dimensiones nunca antes alcanzadas. Dicha situación de inestabilidad se mantuvo
prácticamente hasta el fin de las Guerras Carlistas afectando muy negativamente en la
preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales. Pero no solo eso: este
contexto bélico dificultó la posibilidad de reproducción de las élites divididas en
facciones, algunas con la imposibilidad de pervivencia como fue el caso de la
generación del ocho o la pervivencia de dos estados en España durante la Guerra
Carlista que ejercían el poder en función de la victoria de su bando9.
Las élites pronto abandonaron la idea gaditana de que cada Diputado representaba a la
nación para centrarse en objetivos más localistas y censitarios durante la Regencia.
Aquellos hombres revolucionarios que habían pasado por el exilio en países como
Francia e Inglaterra, abandonaban el modelo revolucionario gaditano y del trienio para
acuñar un doctrinarismo ―posrevolucionario‖10 al estilo francés; un discurso que trata de
relacionar orden y libertad, que no desvincula a la monarquía del estado y que no hace
partícipe al pueblo de la vida política.
De grupos o facciones políticas a partidos
Uno de los obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar los nuevos políticos liberales
fue la organización y agrupación de sus ideas en partidos políticos. No podemos hablar
de partidos políticos tal y como los conocemos hasta los años 30 del XIX, pero si
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958, 250; Manuel MORÁN ORTÍ: «Conciencia y revolución
liberal: Actitudes políticas de los eclesiásticos en las Cortes de Cádiz», en Hispania Sacra, 86 (1990), 487.
Un análisis más pormenorizado, del mismo autor, «Los diputados eclesiásticos en las Cortes de de Cádiz:
Revisión crítica», en Hispania Sacra, 42 (1990), n.° 1, pp. 35-60 en LEANDRO HIGUERUELA DEL
PINO; <<La Iglesia y las Cortes de Cádiz>>, Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 24, 61-80
,(2002) , pp. 64
8 María Antonio Peña, <<El aprendizaje de la representación>>, en Pedro Carasa (Dir): Castilla la Vieja
y León en las Cortes de Cádiz. Valladolid. Fundación Villalar. 2013
9 Pedro Carasa: <<Una mirada cultural a las Élites políticas en los primeros pasos del Estado
Constitucional>>. Trocadero. 19. 2007. Pág 31-54. pp.43
10 El termino moderantismo posrevolucionario es utilizado por el grupo de investigación de Pedro Carasa
para definir el discurso que se adapta durante la Regencia de María Cristina y que se mantendrá en el
tiempo como moderantismo isabelino. Ibid…,38
87
existían grupos políticos con una ideología definida al calor de los acontecimientos. Es
por ello, que durante la etapa gaditana y el trienio los liberales se dividieran en
<<exaltados y moderados>>. Los exaltados se afanaron en defender el texto gaditano
contra aquellos que amenazaban con el retorno al absolutismo adquiriendo tintes
jacobinos al identificar cultura constitucional con liberalismo radical y democratismo
republicano11. Por otra parte, los moderados habían adquirido ya posturas
posrevolucionarias adquiriendo nuevas doctrinas que hiciera compatible la <<libertad
de las naciones con la seguridad de los pueblos>>12, así como de mantener poderes
reales que confiriesen estabilidad al sistema liberal.
Aunque estos dos grupos serán los embriones de los futuros partidos moderado y
liberal, Alcalá Galiano13 durante su exilio en Inglaterra clasificó los grupos existentes
entre facciones y partidos. Los moderados y exaltados eran los partidos principales; de
los moderados surge una facción al que se denomina <<modificadores>> o <<partido de
las cámaras>> mientras que los exaltados recibían el nombre de sectas divididos en
comuneros y masones. La descripción de Galiano fue el preludio de la heterogeneidad
de los partidos durante toda la época isabelina.
Pero, ¿quiénes eran aquellos que engrosaban las filas de los partidos? Hemos
puesto de relieve que muchos de los liberales que participaron en el proceso pertenecían
al funcionariado público o ejercían las llamadas profesiones libres. Podemos establecer
una aproximación del perfil social de los diputados durante la época isabelina. Dentro
de los moderados, los diputados poseían en su mayoría estudios universitarios de
derecho y eran grandes propietarios, elemento que jugaría a su favor como propaganda
electoral14. Hijos de familias acomodadas e influyentes a nivel social en su provincia o
localidad.
Dentro del partido progresista encontramos hombres de profesiones libres, funcionarios
en su mayoría, pertenecientes a dos ramas de la administración: Justicia y Universidad.
El carácter público de las profesiones de los progresistas provocó ceses y ascensos en
11 Fidel Gómez Ochoa: <<El liberalismo conservador español del s. XIX: La forja de una identidad
política (1810-1840)>>, en Manuel Suárez Cortina: El liberalismo español.Historia y Política, núm. 17,
Madrid, (2007), págs. 37-68. pp.47
12 ibídem…,pp.45
13 Ignacio Fernandez Sarasola; El primer liberalismo en España (1808-1833), Historia Contemporánea
43: 547-583, ISSN: 1130-2402, pp. 582
14 Juan Antonio Cano Garcia:<<De la improvisación a la profesionalización>> en Pedro Carasa: Élites
parlamentarias de Castilla la Vieja y León en las Cortes Generales (1810-1874), Ediciones de la
Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014, pp.367
88
sus carreras fruto de la desestabilidad política. Es de destacar grandes fortunas creadas
personalmente o bien por matrimonio15.
No podemos olvidar el protagonismo que adquirió el ejército durante la etapa isabelina
y a su contribución al mantenimiento del estado liberal. Fueron dos héroes de guerra
quienes ocuparon los los asientos más importantes de la política española. Y es que la
falta de talante y profesionalidad de los políticos civiles provocó una intromisión de los
militares que participaron activamente en las tareas de gobierno. Esto, unido a la activa
propaganda en favor de los héroes de guerra promovido por el moderantismo isabelino
promovió el estereotipo de prohombre militar16. Ejemplo de ello fue Espartero,
considerado un prohombre tanto por moderados como por republicanos para ser más
tarde denostado por los mismos. Por las mismas vías bélicas asciende Narváez desde el
ejército hasta la política activa. Otro héroe de la Guerra Carlista que alcanzó el éxito
encabezando la intentona contra el regente Espartero y contra el que era presidente del
Gobierno, Salustiano Olózaga.
A pesar de la fuerza que tuvieron estos generales militares no fue suficiente para
evitar que distintas fuerzas foráneas de la política se entrometiesen en los asuntos de
gobierno. La debilidad del estado se traducía en inestabilidad provocada por
embajadores y acreedores europeos desde fuera y camarillas que controlaban el poder
de palacio desde dentro. Clubes, sociedades secretas y cafés donde se fraguaba las
destituciones de ministros y cambios de gobierno. La falta de oportunidades de acceso
al gobierno arrastró a los progresistas a las constantes revueltas e insurrecciones
populares porque como bien explica María Cruz Romeo Mateo, si los progresistas
fueron revolucionarios lo fueron por necesidad, no por coherencia con sus premisas17.
Al igual que los moderados, los progresistas abogaban por el cambio burgués y
controlado sin la intromisión de grupos no respetables. Sin duda, la herramienta por
excelencia de los progresistas para acceder al gobierno fue la Milicia Nacional de la que
hacía uso el partido progresista tantas veces como el proceso electoral no les resultaba
favorable. Si bien la Milicia Nacional sirvió de puerta de entrada a la política local y
15 ibídem…,pp.367
16Juan Antonio Inarejos Muñoz: <<El Aura del General Espartero. Construcción y deconstrucción y
apropiación de los perfiles carismáticos de un prohombre>>. Historia y política. nº 30. (2013). Pág. 205213. pp.207
17 María Cruz Mateo Romeo: <<Lenguaje y política del nuevo liberalismo>> , Ayer, 29, (1998), pág. 3762, pp 52
89
provincial de muchos notables, y desde la cual pasarían más adelante a la política
nacional.
Esta inestabilidad política impidió la formación de una élite fuerte que se
mantuviera en el poder como sí ocurrió más adelante en la Restauración. Estas élites no
crearon un cuerpo legislativo fuerte aplicable al estado; fueron más teóricos que
prácticos olvidándose que la influencia se ejercía a través de la gestión poder.
Pero las élites venideras aprendieron de los errores del pasado.
Con la
Restauración se eliminaban muchos de los elementos que se habían injerido en la
política, y con ello se iniciaba una época de turnismo entre los dos principales partidos:
conservadores y progresistas. Las élites de la Restauración pertenecían ya a sagas
familiares de políticos locales y provinciales que habían ejercido el cargo a nivel
nacional. Podemos decir, que el escaño del Congreso de los Diputados formaba parte de
la herencia familiar.
Los instrumentos de acceso a la política pasaban, en primer lugar, por ocupar
cargos en la administración pública como Diputaciones o Ayuntamientos. Su condición
de abogados les permitía conocer la legislación y el funcionamiento del Estado lo que
les dotaba de la posibilidad de permanecer en los cargos el máximo tiempo posible. No
era extraño que muchos de ellos tuvieran cargo en consejos de administración mientras
ejercían su cargo de Diputado o fueran dueños de los principales medios periodísticos
de la época, de grandes empresas o directores de la banca.
En segundo lugar el matrimonio fue una buena puerta de acceso a la política
nacional y a la vida social relacionándose entre iguales en cafés, casinos, academias o
ateneos. El matrimonio entre las grandes familias creó una red endogámica de poder ya
no solo a nivel local o provincial sino a nivel nacional. Y es que las familias fueron el
núcleo más importante de sociabilidad de la época. Mientras que la hombre se
encargaba del ámbito público, la mujer se reservaba la esfera privada, es decir, el
domicilio, la religión y la educación de los hijos. Aunque la mujer ha quedado en un
segundo plano incluso relegada de los estudios de las élites, a ella corresponde la
transmisión de valores y la continuidad de las sagas familiares y del linaje de <<la
casa>>. La mujer tenía que reforzar la imagen del político a través de su belleza, saber
estar, delicadeza, caridad y conocer el buen gobierno de la casa. Existía la permanencia
de ciertos valores del Antiguo Régimen como gestos aristocráticos, derechos de
primogenitura y de escala interna familiar y social, puesto que la burguesía política
90
buscaba su ennoblecimiento. Cuatro18 eran las funciones de una buena mujer de la élite:
buen gusto en la decoración, esmerado trato con sus iguales, educación selecta de sus
hijos y cuidada aparición en actividades benéficas.
La beneficencia era la única aparición pública para una mujer de alta sociedad. A
través de ella, trasladaba los cuidados del hogar hacia los necesitados del exterior
manteniendo contactos con la Iglesia y con las instituciones a las que trasladaban su
preocupación hacia los problemas sociales y políticos. Las jóvenes mujeres eran
educadas para el ejercicio del gobierno del hogar y en la enseñanza de la sociabilidad en
círculos selectos. Preparadas para el matrimonio, su mejor aval era su apellido y estatus,
así como el patrimonio de su padre.
Pero para estas élites, no solo era importante mantener buenas relaciones entre ellos,
sino mantener una buena red clientelar en sus circunscripciones electorales. Como bien
nos explica Carasa19, era incluso más importante satisfacer las demandas de su círculo
de apoyo social que en atender las requisitorias superiores del aparato de poder. Para
ellos, fue importante establecer hombres de confianza o intermediadores encargados de
mantener la influencia del Diputado en los territorios locales. Relaciones de clientelismo
que en muchas ocasiones eran recíprocas y en otras de sometimiento social, económico
y político. Recíprocas puesto que entre patrono y cliente se establecen unas relaciones
de beneficio mutuo de mejoras económicas a cambio del voto incluso de beneficio
cultural a través de los valores gestionados por las élites como son las jerarquías y
prestigios, dependencias profesionales, deuda contraídas por favores e información,
imágenes de patrono protector, méritos en forma de prestamos, donativos de familia o el
nombramiento de apellidos en los callejeros20.
Mecanismos de mantenimiento en el poder
El voto no fue el único mecanismo que utilizaron las élites para mantenerse en el poder
y para ejercer su influencia política. Las Constituciones, las leyes electorales, Decretos
incluso los Presupuestos Generales del Estado eran creados para favorecer sus intereses
políticos y económicos.
18 Pedro Carasa: <<Presentación. Las familias garantizaron la viabilidad de las élites y la sostenibilidad
de los pobres>>. Historia Contemporánea. nº 49 . Pág 403-434. pp. 410
19 Pedro Carasa. "Élites castellanas de la Restauración: del bloque de poder al microanálisis"." Historia
Contemporánea (1996): 13-14. Pág 157-196, pp.165
20 Pedro Carasa: <<Presentación. Las familias garantizaron la viabilidad de las élites y la sostenibilidad
de los pobres>>. Historia Contemporánea. nº 49 . Pág 403-434. pp. 407
91
El falseamiento del sistema estatal se divide en tres áreas según Nieto21: el
funcionamiento de las Cortes, el equilibrio constitucional de poderes y en las
actuaciones judiciales. Dichas actuaciones comienzan en las Cortes de Cádiz en la
elección de diputados siendo estos designados o cooptados. Si bien la justificación del
contexto bélico puede ser correcta, cuando estas élites tuvieron la oportunidad de aplicar
la teoría del estado constitucional fueron incapaces de realizarlo y mostraron enormes
vacíos de cultura política.
Por encima de los derechos políticos, civiles y libertades se anteponía el
mantenimiento del orden y de la nación, y si para ello había que recurrir a la tiranía no
había elección. Alcalá Galiano llegó a afirmar que al despotismo se llegaba <<más por
el quebrantamiento de las leyes que por las leyes demasiado represivas>>22. Dentro de
estas afirmaciones, la política moderada encontró su justificación a medidas polémicas
como la supresión del jurado para los delitos de imprenta a través de una ley que
consagraba el control del gobierno en detrimento de una de las libertades básicas de la
revolución liberal, rehabilitación de la ley de Ayuntamientos de 1840 que permitía al
gobierno la elección de alcaldes sin pasar por las elecciones, encarcelamientos y
detenciones arbitrarias a sospechosos de conspiración, supresión de la Milicia Nacional
en favor de la nueva Guardia Civil, cuerpo creado como órgano represivo de revueltas
en el medio rural. Dicha política excluyente y autoritaria contraria a los principios del
sistema liberal impidió el normal funcionamiento de la sociedad civil burguesa, a la vez
que obligaba al partido opuesto a alzarse en armas para poder ejercer el poder.
Las leyes electorales mantenían el censo restringido y dependiendo de quien
estuviera en el gobierno el electorado era mayor o menor. Si los progresistas
aumentaban el censitarismo era simplemente para asegurarse una mayor ventaja
electoral. Eso no impedía que tanto unos como otros realizaran diferentes tretas para
acceder al poder. Borrego23 explica algunas de estas <<buenas prácticas>> electorales
que se llevaban a cabo cuando llegaba el dia señalado:
21 Alejandro Nieto, Los primeros pasos del Estado Constitucional. Historia administrativa de la Regencia
de María Cristina de Borbón. Barcelona. Ariel. 1996. 12. pp. 41
22 22 María Cruz Mateo Romeo: <<Lenguaje y política del nuevo liberalismo>> , Ayer, 29, (1998), pág.
37-62, pp 44
23 Melchor Fernandez Almagro: <<Las Cortes del s. XIX y la práctica electoral>>. Revista de estudios
políticos. Nº 9. (1943). Pág. 383-419. pp. 387
92
<<Falsear las listas, incluir en ellas a los muertos, y también a los vivos sin derecho a
figurar en ellas; hacer que apareciesen como votantes los que jamás se presentaron en
los Colegios; leer los escrutadores otros nombres que los escritos en las papeletas que
sacaban de las urnas; anular indebidamente los votos de Secciones enteras para cambiar
el resultado de los escrutinios>>
Infringir miedo a los electores se convirtió en algo común para elegir al candidato
ministerial y no fueron pocas las actas que se levantaron contra estas irregularidades,
como fue el caso de Zamora:
24
<<Primero: Haber sido llamados al Gobierno de provincia y a la Administración de
Hacienda pública muchos alcaldes, secretarios e individuos de Ayuntamiento, no
comoquiera para recomendarles una candidatura determinada, sino para hacerles, tanto
en una dependencia como en otra, terminantes promesas de despacharles
favorablemente algunos expedientes, y de eximirles de responsabilidades que les
resultaban en otros, al mismo tiempo que se solicitaban sus votos para la candidatura del
Gobierno.
Segundo: Haberse abusado de varias maneras que detalladamente y en concreto se
señalan en la solicitud e información, de varios actos administrativos, como
fueron, entre otros, una visita del papel sellado, girada a varios pueblos del distrito
durante el mes próximamente anterior a la elección, y la petición, durante el mismo
período, de las cuentas atrasadas de Propios desde 1839, a unos en el termino de ocho
días, a otros en el de tres, y a todos bajo la multa de 500 reales.
Tercero: Haber recorrido varios empleados de Montes muchos pueblos-del distrito,
cohibiendo la voluntad de los electores.
Cuarto: Haber sido preso por agentes del Gobierno de provincia, la víspera de la
elección, una persona influyente, que pocos días antes había sido llamada a dicho
Gobierno y se había negado a las exigencias que le había hecho un oficial del mismo,
para que votase la. candidatura oficial, con la amenaza de que en otro caso se le quitaría
la subdelegación que desempeñaba; y haber sido detenido en el mismo Gobierno de
24 Melchor Fernandez Almagro: <<Las Cortes del s. XIX y la práctica electoral>>. pp.393
93
provincia durante la votación del primer día, el apoderado general del candidato
vencido.
Quinto: Haber sido obligados material y violentamente a ir al Gobierno de provincia
varios electores que se dirigían a votar, por salvaguardias armados de sables, a pesar de
la resistencia que aquéllos opusieron en distintos puntos de las calles más céntricas de la
capital, llegándose a causar un escándalo, que presenció una población de 40.000 almas,
y habiendo estado a punto de causarse un tumulto.>>
A pesar de los esfuerzos de los partidos por interferir en los procesos electorales, como
ya hemos indicado anteriormente, la permanencia de un Diputado o Ministro dependía
de factores externos más que de sus propios méritos o facultades.
Nos encontramos, por tanto, con un sistema electoral precario e inexperto en el que se
cometían constantes irregularidades como la repetición de votaciones, denuncias,
presiones gubernamentales y actas protestadas. Un sistema que restringía la
participación y exigía como independencia del Diputado su propia riqueza personal ante
la falta de un estipendio.
Otra de las presiones que se ejercía sobre estos notables era, según Carasa, el público
asistente de la cámara de los Diputados que con frecuencia provocaba alborotos y
altercados. Jóvenes pagados por Ministros y diputados ministeriales que abucheaban a
la oposición y realizaban gestos irregulares, así como presidentes de la cámara
dirigiendo discusiones o infiriendo tratos discriminatorios a los oradores desafectos,
salidas de tono verbal llegando incluso a las agresiones físicas25. No es por tanto extraño
que la mayoría de partidos en la oposición lanzasen mensajes a favor de un sufragio
universal masculino conseguido definitivamente en 1890.
La Restauración no consiguió imponer un sistema electoral libre de sospechas y
amaños, sino todo lo contrario, fue la época del caciquimismo y el pucherazo. Una
época en la que la élites constituidas en familias políticas poseen el poder y la influencia
suficiente como para que sus cargos políticos sean rentables. El Parlamento fue
producto de la actividad oligárquica, de lo que Cánovas26 denominaba familias
parlamentarias. Unas familias compuestas por apellidos como los Maura, Gamazo,
25 Pedro Carasa: <<Una mirada cultural a las élites políticas en los primeros pasos del Estado
Constitucional>> . Trocadero. (19). 2007. Pág. 31-54. pp 50
26 26 Manuel Tuñón de Lara: Historia y realidad del poder. Ed. Cuadernos para el dialogo. Madrid. 1967.
pp.26
94
Silvela, Alba, Villaverde o Dato que repiten en puestos Ministeriales y trazan una red
endogámica de poder e influencia.
Pero, ¿cómo se actúa en el proceso electoral?
Los dos partidos turnistas,
conservadores y liberales no fueron partidarios de la transparencia en los procesos
electorales y pusieron en marcha todos los mecanismos disponibles para falsear las
elecciones: coacciones, sobornos, compra de voto, falseamientos de listas de electores,
etc. Los Gobernadores Civiles se encargaban de poner en marcha la maquinaria a nivel
provincial y local para que el candidato de turno fuera elegido sin contratiempos,
aleccionando a los alcaldes para que interviniesen en las votaciones. Santiago Alba27
explica como se actúa en los procesos electorales:
«La primera labor es aquélla: la del encasillado. Ahí es donde se da la batalla, donde se
decide el éxito, donde de cien casos en noventa y cinco queda, como ahora se dice,
«descontado» el secreto de la papeleta electoral. El progreso del sistema es tan grande
que antes no se encasillaba sino a los diputados oficiales o adictos; ahora son todos
oficiales, porque se encasilla también a los de la oposición. El Gobierno «echa sus
cuentas»; se adjudica una mayoría espléndida; y después reparte los huecos entre las
minorías…»
«El candidato oficial, adicto o de oposición, triunfa; y si no, se le hace triunfar. ¿Cómo?
¡Esto lo sabemos bien todos los españoles! Mediante el clásico pucherazo, como el
encasillado, glorioso invento nacional.» «...En España estas barrabasadas del cacique
tienen hasta las simpatías de las gentes, que cuentan y ríen cómo el gobernador A robó
un acta; cómo la Guardia Civil (sarcasmos de la vida) detuvo a un alcalde; cómo el
secretario A sorprendió a los interventores sus firmas»
No siempre el caciquismo se presentó como una acción de los poderosos contra las
clases populares. El caciquismo en Castilla la vieja y León28 se presentó como una
realidad que se diseña desde arriba, pero se construye, y se practica desde abajo. Las
élites tuvieron que adaptarse a las demandas de la región, de tal manera que se
rompieron alianzas y el turnismo cuando las demandas de infraestructuras o de
dotaciones pendientes no eran resueltas.
27 Manuel Tuñón de Lara: Historia y realidad del… pp.33
28 Pedro Carasa Soto (dir): <<Poder político, poder económico y parlamentarismo en Castilla durante la
Restauración>>. Revista de estudios políticos. nº 93. (1996). Pág 139-176, pp 158
95
Conclusiones
La nueva clase política que surge en las Cortes de Cádiz inició una nueva etapa política
que pasaba por aprender nuevos conceptos de representación, reconstrucción de la
administración y práctica del ejercicio del poder. Los fracasos de Cádiz y el Trienio
llevó a la separación de estas élites en distintas grupos o facciones; defensores del
doctrinarismo posrevolucionario que antepusieron orden y nación a derechos y
libertades.
La situación bélica en la que se desarrolló la política española isabelina impidió
la formación de una élite fuerte que pudiera mantenerse en el poder o en las
instituciones de forma prolongada. La intromisión en la política fue constante por parte
de fuerzas tanto del exterior, embajadores, como del interior representadas por el
ejército, la milicia nacional o las camarillas que se reunían en cafés o ateneos.
Tanto partido moderado como liberal falsearon el parlamento, elaboraron leyes
que impedía el buen funcionamiento del Estado obligando a la oposición a recurrir al
alzamiento para poder alcanzar el poder. Una élite más teórica que práctica en cuanto a
la elaboración del corpus legislativo desde el cual pudieran permanecer en el poder; una
clase política falta de talante que hubo que suplir con Generales victoriosos
caracterizados en prohombres por la prensa liberal.
La Restauración trajo el mantenimiento de las élites en el sistema a través de
distintos mecanismos como fue la Constitución, las leyes electorales incluso los
Presupuestos Generales del Estado. Las élites de La Restauración pertenecen a sagas
familiares locales que ejercen un poder de influencia notable permitiéndoles el acceso a
la política en paralelo a otras actividades como propietarios, abogados, escritores o el
desempeño de cargos en Bancos o consejos de Administración. Esta influencia política
les permitirá obtener el voto en sus circunscripciones con relativa facilidad a través de
redes clientelares secundarias sobre los que ejerce un poder económico, político, social
y cultural.
No podemos olvidar que estas familias políticas establecen un sistema endogámico a
través del matrimonio entre iguales en el que la mujer es uno de los pilares principales,
pues es esta quien se encarga de la imagen que se proyecta de la familia al ámbito
96
público trabajado en el ámbito del hogar. La mujer de clase alta fue la encargada de la
transmisión de los valores y el mantenimiento de las sagas familiares29.
29 Mi agradecimiento al profesor y Catedrático Pedro Carasa Soto cuyas investigaciones y contribuciones
en el estudio de las élites han hecho posible este artículo y mi futura tesis doctoral.
97
Las contribuciones de la Iglesia a la amortización de vales. La
imposición de la jurisdicción del Estado en el cobro de rentas
(1808-1849)
Mónica Fernández Armesto
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
La herencia del Antiguo Régimen
El estado jurisdiccional decimonónico
Suele aceptarse casi sin contestación el cambio revolucionario que 1812 habría
supuesto en cuanto a la forma de Estado en España. Aun paliada por las sucesivas
vueltas absolutistas, la impronta de Cádiz marcaría la política del siglo. Entre los
mismos contemporáneos, la idealización de la Constitución descansó sobre la deseada
igualdad ante la ley, ininterrumpidamente quebrada por las veleidades absolutistas.
Ahora bien, deseada y pretendida en las décadas de los 70 y 80 -cuando con seguridad
diversos autores escriben sobre la unidad del fuero de justicia-, pues cabe preguntarse si
a comienzos del siglo XIX esto fue así:
―La Constitucion de 1812 y la ley de 9 de Octubre del mismo año, parecían
haber puesto saludable término á males de tal magnitud. Abolidos fueron por
ellas casi todos los especiales ó privilegiados; pero desgraciadamente las
reacciones políticas de 1814 y 1823 restablecieron esos privilegios odiosos,
encarnacion de gobiernos absolutos, que con gran incremento se mantuvieron á
pesar del cambio político efectuado algunos años despues, hasta que en 26 de
Setiembre de 1835 se publicó el Reglamento provisional para la administracion
de justicia, en el cual se marcaron los asuntos exceptuados del conocimiento,
99
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
que concedió á los Jueces letrados de primera instancia para el ejercicio de la
jurisdiccion ordinaria‖1.
Lo cierto es que, al analizar el texto de Cádiz, la apreciación de Alonso y
Colmenares parece muy lata teniendo en cuenta que, bajo la voluntad de separación del
poder judicial del resto de poderes del Estado, la constitución no atacaba las
jurisdicciones especiales, sino más bien las garantizaba: Capítulo I de su Título V,
Artículos 249 y 250, sobre la permanencia de los fueros eclesiástico y militar. De hecho,
si en el Artículo 248 se dice, ―En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá
más que un solo fuero para toda clase de personas‖, este puede entenderse con base en
las causas personalísimas y no en el desempeño de negocios. Como puede leerse el
Artículo 277 en un intento de acabar con la llevada estrategia de Antiguo Régimen de
resolver litigios por vía extrajudicial, a través de los Consejos de la monarquía: ―Ningún
español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna Comisión, sino
por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley‖. Nada explícito con
respecto a la desaparición de las jurisdicciones especiales que, todo lo contrario, son
reconocidas a la hora de diseñar las funciones del Supremo Tribunal de Justicia (Art.
261.1.):
―Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre si en todo el territorio
español, y las de las Audiencias con los Tribunales especiales, que existan en la
Península e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo que
determinen las leyes‖.
Se perciben, eso sí, cambios notables basados en la independencia del poder
judicial con respecto al legislativo y ejecutivo. Aunque en 1812, la muerte del Estado
jurisdiccional se encuentra lejos todavía, máxime en la mencionada persistencia de
grandes jurisdicciones como la eclesiástica o la militar o de las mismas ―jurisdicciones
cobradoras‖ al servicio de la Corona que más adelante se explicarán. Si bien es verdad
que las Cortes de Cádiz procedieron a la supresión formal de ciertas jurisdicciones –la
jurisdicción de montes y la matrícula de mar-, hay que encajar semejantes cambios en
una dinámica transformadora del Antiguo Régimen en cuanto, después de todo,
1
Eduardo ALONSO Y COLMENARES: Jurisdicciones especiales, T. I, Madrid, Establecimiento
Tipográfico de P. Núñez, 1884, p. 32.
100
turbaban el desarrollo de la economía, pero no pueden ser entendidas todavía como
políticas del Estado liberal2. Del mismo modo que la abolición de la Inquisición
chocaba con la libertad de imprenta (Art. 371), y no con la libertad de creencias
prohibida expresamente por la Constitución (Art. 12). Bien visible en tanto el Decreto
de abolición contempla la sustitución de la Inquisición por los tribunales de fe,
retrotrayéndose así a la Ley de Partidas:
―En su conseqüencia se restablece en su primitivo vigor la ley II, título XXVI,
Partida VII, en quanto dexa expeditas las facultades de los Obispos y sus
Vicarios para conocer en las causas de Fe, con arreglo á los sagrados Cánones
y Derecho comun, y las de los jueces seculares para declarar é imponer a los
hereges las penas que señalan las leyes, ó que en adelante señalaren. Los jueces
eclesiásticos y seculares procederán en sus respectivos casos conforme á la
Constitucion y á las leyes‖3.
A mayores de una presumible vuelta ―legislativa‖ al pasado, se deduce que el
Estado jurisdiccional aun no está muerto, además, dada la creación de algún tribunal
especial a fin de juzgar casos de especial interés según los diputados de Cádiz.
Mismamente, el cometido del Decreto de 17 de octubre de 1811 de creación de un
tribunal especial con el objeto de juzgar á Don Miguel de Lardizábal:
―Habiéndose enterado las Córtes generales y extraordinarias del contenido de
un impreso que se titula, Manifiesto que presenta á la Nacion el Consejero de
Estado D. Miguel de Lardizábal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el
2
―Las Córtes generales y extraordinarias, con el justo fin de redimir los montes y plantíos de dominio
particular de la opresión y servidumbre en que por un espíritu de mal entendida proteccion los han tenido
hasta ahora las leyes y ordenanzas, tan contrarias al derecho de propiedad, como opuestas á la libre accion
del interes individual, imposibilitando por ellas de fomentar esta preciosa parte de la agricultura; y
deseando que al mismo tiempo que los propietarios entren en el goce de sus legítimos derechos, se eviten
á todos los españoles las vejaciones y perjuicios que han sufrido por los juzgados particulares de este
ramo y los abusos de sus dependientes”. ―Decreto CXVIII de Extincion de las leyes y ordenanzas de
montes y plantíos, y extincion de su conservaduría, subdelegaciones, etc.‖ (14 de enero de 1812), en
Coleccion de los Decretos y órdenes que han expedido las Córtes generales y extraordinarias desde 24
de setiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812. Mandada publicar de orden de las mismas, T. II,
Madrid, Imprenta Nacional, 1820, p. 52; ―Las Córtes generales y extraordinarias, atendiendo á que las
matrículas de mar en las provincias de América y Asia son inútiles, y aun perjudiciales en las primeras,
decretan que sean extinguidas inmediatamente las expresadas matrículas en las provincias
ultramarinas‖, ―Decreto CXIX de 14 de enero de 1812 sobre Extincion de las matrículas de mar en las
provincias ultramarinas‖ (14 de enero), en ibid., p. 55.
3
―Decreto CCXXIII sobre Abolición de la Inquisición y establecimiento de los tribunales protectores de
la Fe‖ (22 de febrero de 1813), en s. a.: Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes de Cádiz, Vol.
II, Madrid, Publicaciones de las Cortes Generales, 1987, p. 199.
101
supremo Consejo de Regencia de España é Indias, sobre su conducta política en
la noche del 24 de Setiembre de 1810, decretan:
Art. 1: Se crea un tribunal especial, compuesto de cinco Jueces y un Fiscal, que
juzguen al autor del citado Manifiesto, y entiendan en la causa que debe
formarse desde luego para descubrir todas sus ramificaciones, procediendo
breve y sumariamente con amplias facultades, y con la actividad que exige la
gravedad del negocio.
Art. 3: Este tribunal entenderá igualmente en todo lo relativo á la consulta del
Consejo Real, á que se remiten los votos particulares de los Ministros del mismo
D. Josef Navarro y Vidal, D. Pascua Quilez y Talon y D. Justo María Ibar
Navarro, que con los demás papeles pertenecientes al aunto se pasarán á dicho
tribunal‖4.
Ciertamente, esto habría ocurrido antes de la promulgación de la Constitución
gaditana. Sin embargo, todavía después de la muerte de Fernando VII, la reina María
Cristina sobrepone la jurisdicción de Hacienda a las alegaciones de fueros privilegiados
en casos del interés de la monarquía:
―He dado cuenta á S. M. la REINA Gobernadora de una exposicion del
Intendente Subdelegado de Rentas de Sevilla en que se manifiesta que D.
Antonio Esquivel y D. José Nogués, Escribiente el primero de la intervencion
militar, y el segundo Secretario de la Subinspeccion de Ingenieros de Andalucía,
resultan complices en la causa que está formando contra los Concejales que
fueron de Utrera, sobre malversación de caudales de la Real Hacienda y otros
excesos, por lo cual pide se pongan á disposicion (…) del Subdelegado de
Rentas de Sevilla (…) que en ningun pretexto entorpezcan los procedimientos de
los Juzgados de Rentas en las materias de su atribución contra individuos del
fuero militar, sino que por el contrario les presten todo su auxilio‖5.
4
―Decreto CII ‖ (de 17 de octubre de 1811), en s. a.: Coleccion de los Decretos y órdenes que han
expedido las Córtes generales y extraordinarias… p. 78.
5
―Real órden comunicada al Sr. Ministro de la Guerra mandando que no se entorpezca la jurisdiccion de
Real Hacienda en los procedimientos contra persona alguna, por privilegiada que sea‖ (9 de febrero de
1835), en s. a.: Coleccion de los Decretos y órdenes que han expedido las Córtes generales y
extraordinarias desde 24 de setiembre de 1811…T. XX, p. 152.
102
Así pues, Cádiz procede en realidad a una reorganización de la magistratura a
través de la implantación de los juzgados de primera instancia, las Audiencias y el
Supremo Tribunal como instancia ulterior de justicia. Porque el sistema de reforma
concernió fundamentalmente a la vía ordinaria de justicia, lo cual tampoco quiere decir
que no se hubieran producido reformas en la vía extraordinaria. Por supuesto, estas se
produjeron con respecto a aquellas jurisdicciones supeditadas al cobro de rentas para la
Corona, entre las cuales destacarían la Hacienda, Intendencia y Cruzada. No obstante,
para el caso que nos ocupa resulta esta última la más interesante en cuanto destinada al
cobro de los productos de la Iglesia que, nacida de la potestad eclesiástica del primer
concesor de la bula de Cruzada moderna –el Papa Sixto IV en 1479-, terminaría por
subordinar su actuación a los intereses de la Corona en un proceso que arranca, sino de
la Real Cédula de 13 de mayo de 1621, que sanciona la preeminencia del Consejo de
Hacienda al de Cruzada en el control de los recursos procedentes de las llamadas Tres
Gracias de la Iglesias -Cruzada, subsidio y excusado-, ya claramente a principios del
siglo XVIII de la supeditación del organigrama judicial y administrativo de Cruzada al
de la Corona a partir de las Ordenanzas de Intendentes de 4 de julio de 1718. Como,
sobre todo, de la ratificación del patronato regio por Concordato de 1753, a la par de las
propias necesidades fiscales surgidas de la amortización de los vales reales, que ponen
el patrimonio de la Iglesia en las miras de la Corona a lo largo de los siglos XVIII y
XIX.
Antecedentes históricos de la deuda pública
La creación de los vales reales arranca ya del último tercio del reinado de Carlos
III, a iniciativa del banquero ilustrado Francisco Carrabús como medida de emergencia
frente al grave déficit de la Hacienda Real, motivo de la intervención española en la
guerra de la independencia norteamericana y consecuente enfrentamiento entre España e
Inglaterra entre 1779 y 1783. Cando finalmente se firmó el tratado de paz, los intereses
anuales de la deuda emitida ascendían a 18 millones de reales. Para hacerle frente al
pago de los intereses y amortizaciones no se iba a crear ningún fondo especial, en
principio, recurriéndose únicamente al pago de intereses procedentes de los impuestos
ordinarios. No obstante, en el reinado del sucesor Carlos IV las guerras tampoco
cesaron, dejando detrás de sí un déficit asfixiante. La primera de ellas, la Guerra de la
Convención (1793-1795) propició que dicho déficit –cifrado en 2.767 millones de
103
reales- se volviese imposible de reducir, ni siquiera con los subsidios que habían sido
exigidos a todos los lugares de la monarquía ni con los donativos y anticipos de la
Iglesia. De tal modo que, lejos de paliar el problema, solamente se pudo volver a
recurrir a nuevas emisiones de vales que, en vez de contribuir a la diminución de la
deuda, la iban a agravar. Años más tarde, otra guerra con Inglaterra (1797-1802) todavía
incrementaría la deuda en un 40% más, lo que en cifras venía a significar un valor de las
emisiones de los vales por 3.150 millones de reales entre 1794 y 1799, además de la
depreciación de los emitidos con anterioridad6.
En febrero de 1798, el Secretario de Estado y de Despacho de Hacienda, Miguel
Cayetano Soler, crea una Caja de Amortización separada de la Tesorería Mayor, cuyos
ingresos se destinarían tanto al pago de los vales en vencimiento como a los intereses de
los mismos. Si bien en un principio, el problema podría estribar en qué tipo de ingresos
aplicar a la Caja de Amortización de Vales, enseguida se resuelvía esto a costa del
patrimonio de la Iglesia, siguiendo las tendencias regalistas de mediados del siglo
XVIII. Así pues, consecuencia del Concordato de 1753 la Santa Sé había cedido a la
Corona española el producto de los expolios y vacantes de los obispos y arzobispos,
instituyéndose a los pertinentes efectos una Colectoría General independiente de la
Hacienda Real por Instrucción de 11 de noviembre de 1798, especialmente vinculado a
la jurisdicción de Cruzada a partir del establecimiento de la Dirección de Bulas y Papel
Sellado en 1791.
He aquí las medidas menos problemáticas. Porque, en el contexto de recesión
económica, las cosas todavía podrían ir a peor. Por lo menos, para la Iglesia. A parte de
lo anterior, el gobierno recurrió a una medida extraordinaria: la apropiación por parte
del Estado de ciertos bienes ―amortizados‖, su venta posterior y la asignación de su
importe al pago de la deuda a través de la Caja de Amortización7. El punto de partida de
esta primera desamortización –después de las de Felipe II- lo constituyó el Real Decreto
de 19 de septiembre de 1798, mediante el cual se disponía la venta en subasta de todos
los bienes raíces de hospitales, hospicios, cofradías, obras pías y patronatos legos. Esto
es, de las categorías clericales que, debido a su carácter corporativo o a su bajo nivel de
influencia, tenían menor capacidad de protesta. El producto de sus ventas se colocaba en
la Caja de Amortización, como concernía a la finalidad de disminuir la pesada deuda
6
José CANGA ARGÜELLES: Diccionario de Hacienda para el uso de los encargados de la suprema
dirección de ella, T. V, Londres, Imprenta de D. Marcelino Calero y Portocarrero, 1827, pp. 229-230.
7
Para más información, consultar Francisco VERDEGUER SUÁREZ: Documentos del reinado de
Fernando VII, I. Real Caja de Amortización, Pamplona, Universidad de Navarra, 1965.
104
pública representada por los vales, los cuales además se depreciaban rápidamente. Así
pues, las cantidades ingresadas devengaban un 3% de interés pendiente de entrega a los
titulares de los bienes enajenados hacia el cumplimiento de los objetivos fiscales. Se
trataba, igual que en las desamortizaciones del siglo XVI, de cambiar un patrimonio por
una renta perpetua, mediante lo cual el Estado adquiría un fuerte ingreso, en cuanto los
propietarios no perdían nada ―en teoría‖. Porque, según Antonio Domínguez Ortiz, en la
práctica perdieron muchísimo. El Estado, en semibancarrota, no pagó o pagó muy mal,
conduciendo a la ruina de múltiples instituciones benéficas8.
La subordinación de la Iglesia a la amortización de vales
Los productos eclesiásticos destinados a la amortización de deuda
La Real Cédula de 30 de agosto de 1800 añadiría la entrada de nuevos productos
de recaudación de la Iglesia en la Caja de Amortización de Vales. Aunque sería la
legislación de finales del siglo XVIII la que determinó el destino de los bienes
eclesiásticos –y también de los no eclesiásticos- al pago de la deuda pública, cuyas
funciones se definían en el mencionado Real Decreto de 1798:
―El principal objeto de la Caxa de Amortizacion será atender puntualmente al
pago de los intereses, y progresivo reintegro del capital de los Vales Reales: de
los empréstitos creados por mis Reales Decretos de dos de Agosto de mil
setecientos noventa y cinco, doce de Julio y veinte y dos de Noviembre de
noventa y siete: de los préstamos en países extrangeros, y de qualesquiera otros
cuya satisfaccion corra en la actualidad directamente al cargo de mi Tesoreria
mayor; sin perjuicio de ir despues agregando los demas ramos de deuda
nacional‖9.
Con respecto a los rendimientos que entraban ya directamente en la Caja de
Amortización, la Real Cédula de 1798 explicitaba: el producto total del derecho de
8
Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: ―Patrimonio y rentas de la Iglesia‖, en Miguel ARTOLA (dir.),
Enciclopedia de Historia de España. Iglesia. Pensamiento. Cultura, Vol. 3, Madrid, Alianza Editorial,
1988, p. 113.
9
―Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el Decreto, en que
se erige una Caxa de Amortizacion con el objeto de consolidar las deudas del Estado, atender
puntualmente al pago de réditos y reintegro del principal de los Vales Reales, y de otros préstamos que
gravan á la Corona; con lo demas que se expresa‖ (1798), Biblioteca Xeral de la Universidade de
Santiago de Compostela, Fondo Antigo, Foll. Carp. 19-9, fo. 1/1.
105
indulto sobre la extracción de la plata; el de la contribución temporal extraordinaria
sobre frutos civiles; el aumento extraordinario de siete millones anuales del Subsidio
Eclesiástico; el producto de las vacantes de todas las dignidades, prebendas y beneficios
eclesiásticos; el del derecho de 15% sobre las vinculaciones: el de otro 15% sobre las
vinculaciones; el de otro 15% sobre el valor de los bienes que se adquieren por manos
muertas; la asignación anual de cuatro millones sobre la renta de Salinas; el producto
del Indulto cuadragesimal en Indias; la renta del papel sellado de los tribunales
eclesiásticos; y los derechos de la Aduana de Cádiz, ―especialmente hipotecados al
reintegro del préstamo de doscientos quarenta millones en los plazos señalados por mi
Real Decreto de dos de Agosto de mil setecientos noventa y cinco‖10. Para cuya
administración se prevenía la colaboración recaudatoria de la Hacienda Real con Iglesia,
que debería ejercer de cobradora sin voz ni voto en el destino inmediato de sus rentas,
pues éstas se quedaban bajo custodia de los intendentes de provincia en la Tesorería
Mayor, separada de la Caja de Amortización:
―Consiguientemente se expedirán por mi Consejo Real, por el Colector general
de los frutos y rentas de las vacantes eclesiásticas, y por la Direccion general de
Rentas, órdenes á los Intendentes, Subcolectores y Administradores respectivos,
para que á medida que se cobren qualesquiera cantidades procedentes de los
fondos y arbitrios, de cuya recaudacion se hallan encargados, y venzan las
asignaciones sobre las rentas, se entreguen al Banco en Madrid, ó á sus
Factores y Comisionados en las capitales de las provincias del Reyno, por
quienes se darán resguardos interinos, mientras que por la Direccion de la
Caxa se libran las cartas de pago formales, al modo que se practica en mi
Tesorería‖11.
Para la organización del cobro de los productos más recientes, el comisario
general de Cruzada debería despachar a favor de la Caja las correspondientes libranzas
contra los Cabildos de las Santas Iglesias y cuerpos colectores del Subsidio
extraordinario de siete millones anuales, organizando los pagos por mitades -en fin de
Junio y en fin de Diciembre de cada año-12. Mientras que el Juez de arribadas de Indias
10
11
12
Ibid., arts. 2 y 5.
Ibid., art. 12.
Ibid., art. 13.
106
en Cádiz, por su parte, dispondría el paso de los caudales procedentes del Indulto
cuadragesimal a la Caja de descuentos del Banco de San Carlos, donde se ubicaba dicha
Caja de Amortización13. Como resultó habitual, la propia creación de estos productos se
debió a las necesidades bélicas que motivaron la concesión por la Sede Romana de un
subsidio extraordinario de 7 millones de reales que, al igual que había ocurrido con
todas las contribuciones derivadas de la Iglesia al pago de intereses, enseguida se iba a
convertir en ordinario. Muy semejante en el caso del indulto cuadragesimal, en 1778
Carlos III acudió a la Corte de Roma acuciado de grandes necesidades al hallarse,
generalmente, interumpido el comercio marítimo en los reinos de España e islas
Canarias, infestados los mares de navíos ingleses y faltando, por lo tanto, el pescado
salado, alimento común de los pobres en los días cuadragesimales. Lo cual no
constituyó una concesión aislada, sino una prolongación de la misma a lo largo de los
siglos XVIII y XIX. De hecho, en 1808, por edicto encontrado en el Archivo de la
Catedral de Santiago de Compostela, el comisario general Don Manuel Fernández
Varela firmaba la prórroga por 10 años del indulto que, en su momento, Pío VI le había
concedido a Carlos III14.
Efectivamente, según previsión de la Real Cédula de 1798, iniciado el siglo
XIX, otros productos se iban a sumar a la amortización de vales. A parte del citado
noveno decimal o el papel sellado, el excusado eclesiástico –que había pasado a formar
jurisdicción propia a partir de 1761-, el subsidio antiguo y los expolios y vacantes de
obispos y arzobispos. Si bien la gran innovación con respecto a la Real Cédula de 30 de
agosto de 1800 tal vez haya sido el destino de una cuarta parte del precio de las bulas de
Cruzada a la amortización de vales, a efectos de lo cual experimentaban un incremento
del precio. Una innovación de Carlos IV, que en 1848 rescataba Isabel II, en cuyo
reinado estaba aún pendiente el pago de los vales:
―tuvo á bien el Señor Rey Don Carlos IV destinar, por su Real
Pragmática-
sancion de treinta de agosto del año de mil ochocientos, crecidos fondos
por
medio de varios nuevos arbitrios sobre los ya aplicados anteriormente al propio
efecto, habiendo sido uno de ellos el aumento de una
13
quinta parte en la
Ibid., art. 14.
―atendiendo al estado deplorable de nuestras pesqueras y marinería, efecto consiguiente de las
ocurrencias pasadas desde el año de 1808, y á que por ser cada vez mas difícil el proveer de pescado á sus
moradores en los expresados dias de abstinencia, habria necesidad de recurrir á la industria y abasto de
Reinos estrangeros, lo que ocasionaría gravísimos dispendios y una enorme extracción de numerario
sumamente ruinosa á la Nacion Española‖, s. d.: Archivo de la Catedral de Santiago, Tribunal de
Cruzada, leg. IG 266, papeles sueltos.
14
107
limosna de las Bulas de la Santa Cruzada de la clase comun
de Vivos y de
la de Difuntos, y la de una mitad en la de Ilustres, Composicion y Lacticinios, lo
cual empezó á regir ya desde la predicacion de mil ochocientos y uno
conforme á lo resuelto por las Cortes en su Decreto de nueve de
(…)
febrero de mil
ochocientos treinta y siete, que restableció el espedido por las ordinarias de mil
ochocientos veinte y uno en marzo del mismo año;á saber:
llamada de Ilustres diez y ocho reales; por la comun de Vivos tres
por la Bula
reales;
por la de Difuntos los mismos tres reales; por la de Composicion cuatro reales
y diez y ocho maravedís; por la de Lacticinios de primera clase cincuenta
y cuatro reales; por la de segunda diez y ocho reales; por la de tercera trece
reales y diez y ocho maravedís; por la de cuarta nueve reales; y por la de quinta
y última clase cuatro reales y diez y ocho maravedís, todo moneda de vellon”15.
La subordinación del aparato judicial de Cruzada al entramado fiscal de la Corona
La supresión del antiguo Consejo de Cruzada mediante Decreto de 8 de junio de
1750 y su conversión en Comisaría General supuso, en lo sucesivo, la escisión del
conocimiento de las Tres Gracias por dicha especialidad jurisdiccional. Su cobro y
administración iban a constituir, en adelante, competencia de la Real Hacienda,
relegándose la Iglesia a la puesta en marcha de la burocracia de recaudación. Sin entrar
en los pormenores del nuevo sistema, lo que interesa aquí para el siglo XIX es la
ulterior modificación sufrida tras la aprobación del Nuevo Decreto de Administración
del Sistema de Cruzada de 31 de mayo 1802, mediante el que se suprimieron las juntas
provinciales de recaudación, quedando en lo siguiente fijadas en 51 las administraciones
de tesorería de los diferentes reinos e islas de la monarquía: Madrid, Toledo, Alcalá de
Henares, Cuenca, Sigüenza, Sevilla, Badajoz, Plasencia y Coria, Jaén, Córdoba,
Granada con Guadix y Almería, Málaga con sus tres presidios menores, Cádiz, Murcia,
Valencia con Segorve, Orihuela, Cataluña –ubicado en Barcelona-, Valladolid, Palencia,
Medina del Campo, Osma, Segovia, Ávila, Zamora, Salamanca y Ciudad Rodrigo,
León, Oviedo, Santiago, Astorga, Ourense, Mondoñedo, Lugo, Tui, Santander, Reino de
15
Hallado en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago, Fondo General, Bula de Cruzada, Carp. 1239,
sin numerar.
108
Aragón –ubicado en Zaragoza-, Pamplona, Tudela, Canarias, Mallorca, Ceuta y el Valle
de Arán16.
Ahora bien, en tiempos de la invasión francesa José Bonaparte también
intentaría suprimir los tribunales especiales en 1809, reduciendo la Cruzada a una mera
Secretaría y Contaduría. Variación que, no obstante, iba a obligar al comisario Llorente
a la publicación de nueva instrucción de 30 de marzo de 1811; de escasa vigencia, en
tanto que al año siguiente volvería a restablecerse el Reglamento de 1802 hasta 1820. Es
en esta última fecha cuando el gobierno opta por la aprobación de una ley de
presupuestos a través de la cual se acometía otra reforma más a la Cruzada, de acuerdo
con las disposiciones siguientes:
―1º) Que se supriman las administraciones que hay en las provincias y las
diócesis.
2º) Que las bulas se remitan por la Comisaría general á los Tesoreros de Rentas
de las provincias, bajo la intervencion de las Contadurías.
3º) Que los Subdelegados de Cruzada espidan como hasta aquí los despachos y
veredas para repartirlas á los pueblos, inclusas las capitales, y dejen á cargo de
las justicias y ayuntamientos la espendicion de ellas.
4º) Que las justicias y ayuntamientos lleven á Tesoreria en los plazos
determinados los valores y las Bulas sobrantes con intervencion de la
Contaduría, y todas las formalidades y requisitos que se observen con las
contribuciones.
5º) Que el Comisario general retenga en las Tesorerías que le parezca las
cantidades que necesite para papel, impresiones, conducciones, sueldos, y
gastos de la Comisaría y sus oficinas, y mas que corresponda para la buena
dirección y manejo de este ramo, y del indulto cuadragesimal en toda la
Península‖17.
En lo sucesivo, las bulas deberían ser remitidas a los tesoreros de rentas a través
del comisario general, bajo la intervención de las contadurías y quedando los
subdelegados con el encargo de expedir los despachos, así como los justicias y concejos
16
―Decreto de Nueva Administración del sistema de Cruzada‖ (31 de mayo 1802), Art. 1º. Archivo de la
Catedral de Santiago, Tribunal de Cruzada, leg. IG 266, papeles sueltos.
17
―Disposición sobre nueva administración del sistema de Cruzada‖ (6 de noviembre de 1820), Archivo
Histórico Diocesano de Santiago, Fondo General, Bula de Cruzada, Carp. 1238, sen numerar.
109
de surtir los repartos por veredas18. Los caudales pertenecientes al ramo y concesión de
Cruzada serían divididos por los tesoreros y depositarios de rentas en las partes referidas
en el reglamento del ramo. De modo que la parte correspondiente a la Hacienda Pública
se quedaría en el arca destinada al custodio de dichos intereses. En cuanto la parte de los
productos aplicada al Crédito Público se retendría y custodiaría en un arca separada en
vistas de poder ser percibida mediante libramientos a expedir por el comisario general
según la forma preestablecida en el Reglamento19. Pero, lejos de culminar aquí la
supeditación de la jurisdicción especial a los intereses de la Corona, el manejo de los
caudales de la bula se estrechó para la Iglesia aún más si cabe a partir del Decreto de
Cortes de 29 de junio de 1822, que eximió definitivamente a los párrocos de la
distribución de bulas, al ser interpretada semejante obligación como impropia de su
estado, reservándose por tanto su ejecución a la justicia ordinaria de los pueblos20.
Nuevos productos al servicio de la deuda: el noveno decimal
En las postimetrías de la vigencia del diezmo, Roma concede a la Corona
española la capacidad de cobrar un noveno especial de la Iglesia, del mismo modo
destinado a la extinción de la deuda pública. Por Breve de 3 de noviembre de 1800, Pío
VI delega en los reyes de España la facultad de exigir la novena parte del valor de todos
los diezmos de las tierras peninsulares, americanas e insulares -sin excepción de
poseedores- para la amortización de los vales reales21. Este noveno especial que, a
semejanza del subsidio y del excusado, se había gestado con un carácter extraordinario
se acabaría convirtiendo en prácticamente ordinario22. Aunque en este caso, no fue la
Cruzada la jurisdicción encargada de su administración, cobranza y cuestiones
judiciales suscitadas, el pago del noveno decimal le correspondió igualmente a la Iglesia
con base en la voluntad regalista convertía a la Real Hacienda en su destinataria y
responsable final. Los fundamentos hallados a tal fin se basan en el argumento que el
Secretario del Despacho Universal remitió al rey Carlos IV en 11 de agosto de 1800,
sobre la connivencia de cargar la tributación sobre los diezmos eclesiásticos, ya que las
18
Archivo Histórico Diocesano de Santiago, Fondo General, Bula de Cruzada, Carp. 1238, sin numerar.
―Circular de la Comisaría General de Cruzada‖ (13 de enero de 1821). Archivo Histórico Diocesano de
Santiago, Fondo General, Bula de Cruzada, Carp. 1238, sin numerar.
20
―Decreto de las Cortes Generales para la nueva cobranza de la bula‖ (29 de junio de 1822), Art. 5.
Archivo Histórico Diocesano de Santiago, Fondo General, Bula de Cruzada, Carp. 1238, sin numerar.
21
Manuel Teruel GREGORIO DE TEJADA: Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona,
Crítica, 1993, p. 147.
22
Ibid.
19
110
rentas eclesiásticas procedentes de diezmos, bienes raíces, ganado, censos y demás, a
excepción de las catedrales y colegiatas, no se encontraban sujetas a más contribución
que a la ínfima correspondiente por subsidio23.
Por el citado Breve de 3 de noviembre de 1800 se nombraba exactor universal
del noveno al colector general de expolios y vacantes, a quien se le encomendaba
además la reglamentación de todas las cuestiones relativas a la recaudación de acuerdo
con la Dirección General del Excusado. Si bien los cargos de colector general de
expolios y vacantes y juez exactor del excusado recaían, no obstante, en el comisario
general de Cruzada, ambos constituyeron jurisdicciones especiales diferenciadas con sus
tribunales privativos desde 1 de enero de 176124, en el caso del excusado, y Real Cédula
de 1783 para expolios y vacantes. No obstante, el aparato judicial para la cobranza del
noveno decimal tuvo obligatoriamente que coincidir –según la disposición papal- con el
de la Colectoría General de Expolios y Vacantes, en tanto que la administración y
empleo de los fondos correrían a cargo de los comisarios de la Caja de Consolidación de
los Vales Reales ,bajo la dirección de la Real Hacienda y previa confección de listas de
contribución. A fin de racionalizar la exacción y administración de los frutos
correspondientes al noveno decimal, la Corona expidió Instrucción en 21 de agosto de
1805, reproduciendo el Breve papal al facultar rey como autoridad en la cobranza del
tributo y cuya recaudación tocaba al exactor universal, auxiliado por una plantilla de
administradores -bajo la jurisdicción real de Intendencia- y subcolectores por diócesis y
partidos25.
Al mismo tiempo, la Instrucción de agosto de 1805 dejaba establecida la
inembargabilidad26 y no sujeción a alcabala de los productos del noveno decimal27, sin
posibilidad de arrendamiento o venta si no mediaba orden de la Dirección General de
Rentas. Además, dejaba exceptuadas del pago del noveno las encomiendas del rey e
infantes, la casa excusada, las tercias reales no enajenadas por la Corona, diezmos de
exentos aplicados a la Caja de Consolidación de Vales y curas párrocos que no
23
José CANGA ARGÜELLES: Diccionario de Hacienda con aplicacion a España, T. I, Madrid,
Imprenta de Don Marcelino Carrero y Portocarrero, 1834, p. 368.
24
Nov., 2, 13, 3 y 2, 13, 4.
25
―Instrucción que su Magestad manda observar á los Administradores en los Arzobispados, Obispados
y demas partes del Reino para la recaudacion y Administracion del Real Noveno Decimal Extraordinario
que le está concedido en la forma que expresa el Breve Pontificio de 3 de Octubre de 1800‖, en [s.a.]:
Bula de Su Santidad de 3 de octubre de 1800, sobre exaccion de un noveno extraordinario de todos los
diezmos de España, Madrid, Imprenta Real, 1831, Cap. 1º.
26
Ibid., Cap. 26.
27
Ibid., Cap. 27.
111
completasen la congrua de de 600 ducados. También quedaban exentos los maestrazgos,
partes y lugares en los cuales le correspondiese al rey la totalidad de diezmos. Mientras
que en aquéllos en los cuales solamente llevase una parte, el noveno sería exigido en
proporción a lo no llevado28.
Amortización de vales y forma de Estado en la primera mitad del siglo XIX
Las obligaciones de pago después de Cádiz
La situación deudora en nada iba a cambiar con el constitucionalismo gaditano.
En cualquier caso, la deuda se vería incrementada debido a las vicisitudes derivadas de
la Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz, en su Decreto de 3 de septiembre
de 1811, reconocen la deuda estatal y crean una Junta del Crédito Público, que sustituía
a la llamada Consolidación de Vales Reales:
―Las Córtes generales y extraordinarias, constantes siempre en los principios de
justicia y de buena fe que tienen proclamados, y cuya observancia es el medio
mas seguro de consolidar el crédito nacional, decretan: Que todas las
obligaciones contraídas por el Gobierno desde 18 de Marzo de 1808, y las que
contraiga en lo sucesivo para sostener la justa causa de la Nacion, bien sea con
Potencias extranjeras amigas ó neutrales, ó con súbditos particulares de
cualquier Potencia, serán cumplidas religiosamente, aun en el caso de
declaracion de guerra‖29.
La Junta del Crédito Público habría de hacerse cargo, en lo sucesivo, de la
gestión de los arbitrios contemplados en la Pragmática de 1800 y deudas posteriores a
marzo de 180830. A tales efectos, se nombraba a nueve empleados con exclusividad de
oficio, cuya elección debería realizarla el Consejo de Regencia31. No obstante Fernando
28
Ibid., Cap. 28.
S. a.: Coleccion de los Decretos y órdenes que han expedido las Córtes generales y extraordinarias
desde 24 de setiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812. Mandada publicar de orden de las mismas, T.
II, Madrid, Imprenta Nacional, 1820, p. 1.
30
―Los atrasos de sueldos y de cualquiera otras asignaciones que resulten contra la Tesorería mayor
desde el 18 de Marzo de 1808, continuarán á cargo de la misma Tesorería, y tambien lo que deba por
contratas particulares, hechas desde aquella fecha‖, en ―Decreto XCVI de 16 de setiembre de 1811 sobre
la creacion de una Junta Nacional del crédito público, en lugar de la Consolidacion de vales reales‖, Art.
3, ibid., p. 2.
31
―El Consejo de Regencia propondrá á las Córtes nueve personas de conocida probidad, talento y
patriotismo, para que puedan elegir, á mayoría absoluta de votos, las tres que deben componer la referida
Junta nacional del crédito público‖, ibid, Art. 3.
29
112
VII, a su regreso de Valençay y ya en plena posesión de su soberanía, en virtud de una
Real Orden de 18 de mayo de 1814, ordenaría eliminar la novedad de la Junta del
Crédito Público, echando por tierra las medidas adoptadas en Cádiz que, con todo, no
habían resultado ni mucho menos eficientes32. La deuda continuaría creciendo hasta la
muerte del rey. De manera que hubo de seguirse innovando en arbitrios durante las
primeras décadas del siglo XIX. Ya no solo en materia eclesiástica, sino enteramente
civil:
―se ha servido S. M. mandar con presencia de todo, que el Crédito público
continúe recaudando los siguientes: el cobro de los arbitrios 1º, 2º y 3º, esto es,
en el de la media anata de los legados, herencias transversales, en el de un vale
de seiscientos pesos en la sucesion directa de título de Grande de España, otro
de trescientos pesos por el de Marques y Conde, y uno de ciento y cincuenta por
el de Baron y Vizconde, y el de diez por ciento en vales de la renta anual que
hereden dichos títulos y los mayorazgos y vinculistas, aunque no lo sean con
exclusion de las sucesiones transversales. El 4º, 5º y 6º, ó sea el cuatro por
ciento sobre los géneros extranjeros á su entrada en esta Corte: la mitad de
Alcabalas y Cientos sobre todas las especies que se introduzcan en Madrid por
los vecinos para su consumo: el tres por ciento sobre las manufacturas de seda,
lana, lino, cáñamo y algodon del Reino que igualmente se introduzcan:
asimismo el 8º, 10º y 11º, que son el derecho de subvencion, el impuesto sobre
aguardientes y licores en la forma propuesta, y el de frutos civiles, ó sea
extraordinaria contribucion temporal en que quedó subrogada de aquella,
subsistiendo su cobro en todo el Reino con la aplicación que previene el Real
Decreto de 29 de Agosto de 1794, entregándosele al mismo tiempo por la
Depositaría de Rentas las cantidades que resulten haber ingresado en ella en
razon de las consiganciones sobre los indicados artículos‖33.
32
Para un estudio detallado de las reformas sobre la Consolidación de Vales durante el reinado de
Fernando VII, consúltese Federico SUÁREZ VERDEGUER: ―La Real Caja de Amortización bajo el
Ministerio de López Ballesteros‖, Anuario de Historia del Derecho Español, nº 31 (1961), p. 236.
33
S. a.: ―Real orden comunicada á la Direccion general de Rentas por la que se manda que el Crédito
público continue cobrando los arbitrios que en ella se señalan con fecha de 20 de enero de 1824‖, en [s.
a.] Colección de decretos y leyes, T. IX… p. 78.
113
La Iglesia, por su parte, habría de seguir contribuyendo con los arbitrios
ordinarios a una Caja de Amortización que, fruto de las urgencias fiscales derivadas de
la guerra carlista, volvería a ser objeto de reforma en 183834. A esto habría que sumar el
producto de las desamortizaciones a partir de 1835, si bien sí se vería descargada del
pago del subsidio y del noveno decimal que, por ley de 21 de julio de 1838, quedaban
definitivamente abolidos y cuatro años después integrados en los gastos de culto y clero,
a incluir entre las obligaciones generales del Estado35.
La progresiva imposición de la jurisdicción del Estado en el cobro de la deuda
Con todo, la exención significativa de la Iglesia a las contribuciones de
subsidio y noveno decimal -que habían sido tan provechosas con anterioridad- no
aventuraban, al contrario de lo que se pudiese pensar, el final de la deuda.
Especialmente, cuando aún en la década de los 40 del siglo XIX era preocupación
común de la reina y del gobierno la entrega de efectivo al Banco de San Fernando para
el pago de la misma36. La próxima configuración del Estado liberal apuraba los últimos
pasos de la domesticación de la Iglesia que, si bien desde mediados del siglo XVIII
había puesto su engranaje administrativo y judicial al servicio de la Corona, su
subordinación como jurisdicción cobradora de recursos para la Real Hacienda se haría
patente a partir de las reformas emprendidas por la reina María Cristina en la década de
los 30 del siglo XIX. Así, el pago de la deuda hallaría faceta positiva al sentar
progresivamente la primacía del Estado a partir de una reorganización jurisdiccional
basada en las necesidades fiscales:
―Están sujetas á la jurisdiccion privativa de Hacienda pública, todas las
personas contra quienes se proceda por los delitos espresados en la regla 47 de
cualquiera gerarquia, clase, estado y condicion que sean, sin escepcion alguna,
entendiéndose derogados en cuanto á estos delitos todos los fueros especiales
34
S. a.: Proyecto de Ley Organica de la Caja de Amortizacion de la deuda del estado, presentado al
Congreso de los señores Diputados por el señor ministro de Hacienda en la sesion de 12 de diciembre de
1838, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-mudos, 1838.
35
Manuel Teruel GREGORIO DE TEJADA: Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona,
Crítica, 1993, p. 151.
36
―R.O. determinando que el Banco de San Fernando entregue á la Caja nacional de Amortizacion 60
millones de Reales con destino al pago de intereses de la deuda consolidada‖, en [s. a.]: Coleccion de los
Decretos y órdenes, T. XXI… pp. 2-3.
114
por privilegiados que sean, incluso el de la casa Real; y está prohibido que es
embarace el ejercicio espedito de la espresada jurisdiccion con competencias
que no puedan ser fundadas en ningun caso, siendo única, esclusiva y general
para estos delitos; inhibiéndose las autoridades militares, en cumplimiento de
esta disposicion, del conocimiento de toda causa sobre defraudacion de las
Rentas y atropellamientos que cometan los militares para eludir el pago de
derechos ó sustraerse de las formalidades fiscales‖37.
Dentro del panorama reformador, se mantendrán aquellas jurisdicciones
especiales cuyo objeto era el de cobrar tributos eclesiásticos. Como fue la Cruzada hasta
16 de marzo de 1851, suprimida por Concordato entre Isabel II y Pío IX38. Sin embargo,
los jueces cuyo ministerio emanase de potestades eclesiásticas 10 años antes perdían
voz y voto para juzgar a los imputados de fraude de su fuero privativo, quedando como
meros colaboradores de la Hacienda Real. Según José Canals,
―Los Jueces eclesiasticos no tienen otra intervencion en las causas de fraude que
la de concurrir en calidade de acompañados con el Subdelegado de Rentas á las
declaraciones y confesiones que se reciban á las personas de su fuero contra
quienes se proceda en dichas causas‖39.
Ahora bien, hay que encajar la dinámica de las reformas dentro de un proceso
más amplio llevado a cabo desde 1835, movido el ánimo de la Reina Gobernadora hacia
el ahorro burocrático:
―Queda suprimido el Tribunal Supremo de Hacienda; y las atribuciones que se
le asignaron por mi Real decreto de 24 de Marzo del año próximo pasado, serán
ejercidas por el Tribunal supremo de España é Indias, al cual pasarán aquellos
Ministros que Yo tenga á bien nombrar entro los que actualmente sirven en el
37
José Manuel CANALS: Manual de Hacienda ó Coleccion de reglas por rentas y ramos con sujecion a
la parte preceptiva de las leyes, reales ordenes, decretos y reglamentos vigentes, que producen
resolucion general en materias de Hacienda Pública, T. I e II, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1841, p. 61.
38
―Concordato celebrado entre Su Santidad y S.M. Católica firmado en Madrid el 16 de marzo de 1851,
y ratificado por S. M. en 1º de abril, y por Su Santidad en 23 del mismo‖, en [s. a.]: Legislación española
en sus relaciones con la Iglesia, desde la Novísima Recopilacion hasta nuestros dias, [s. l.], Imprenta de
F. Maroto é Hijos, 1879.
39
José Manuel CANALS: Manual de Hacienda ó Coleccion de reglas por rentas y ramos… p. 62.
115
primero, quedando los demas con el goce de sus honores y del sueldo que les
corresponda por clasificación‖40.
Hasta la supresión final de los tribunales especiales de Hacienda después de la
Revolución de septiembre de 1868.
Conclusión
Todavía jurisdiccional en su composición, el Estado del siglo XIX tendrá que
lidiar con instituciones corporativas para imponer su voluntad. Entre ellas, la Iglesia
española -aunque poderosa y tenaz en el mantenimiento de sus privilegios-, sería
progresivamente domesticada en un dilatado avance del regalismo que se consolida ya
en la segunda mitad del siglo XVIII (Concordato de 1753). Desde entonces, puede
decirse que pierde por completo su capacidad gestora sobre los recursos destinados al
pago de la deuda de la monarquía, cuanto más se ve obligada por Roma a destinar una
buena parte de los propios al mismo fin. Las guerras sucesivas que aún imbuirán a la
Corona en la primera mitad del siglo XIX no la eximirán de su deber fiscal. Si acaso el
incremento de la deuda agravará más si cabe la situación fiscal de la Iglesia, que en
mayor medida debe poner su aparato institucional –administrativo y judicial- al servicio
del Estado, a parte de un mayor número de sus recursos. En paralelo la monarquía,
sobre todo a partir de la regencia de María Cristina, tiende a emprender un proceso de
eliminación paulatina de la pluralidad jurisdiccional originaria de la Edad Media
mediante sucesivas reformas. Las cuales, lejos de asentarse –como tradicionalmente se
ha pensado- en la década de los 30-40 del siglo XIX, aún se extenderán hasta la
Revolución Gloriosa. Punto de partida real del Estado liberal, por el que a efectos
práctico es solamente mantenida la jurisdicción especial eclesiástica en lo concerniente
a las causas canónicas.
40
S. a.: Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su Augusta
Madre la Reina Gobernadora, y Reales Órdenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por
las Secretarias del Despacho Universal desde 1º de Enero hasta fin de diciembre de 1835, T. XXI,
Madrid, Imprenta Real, 1836, p. 374.
116
Conspiraciones y alzamientos en la España del Sexenio
absolutista
Jose Luis Giménez Vera
Universidad de Murcia
Introducción
Los acontecimientos acaecidos en España en la primera década del siglo XIX
responden a una coyuntura muy particular determinada por el contexto internacional. La
resistencia del pueblo a aceptar la tiranía de Napoleón y el reiterado rechazo de los
intelectuales a los gobiernos despóticos de Carlos IV, dieron la oportunidad para que
tras reunirse las Cortes de Cádiz se diera una de las primeras revoluciones liberales de
Occidente, que no contaba con otros precedentes que la Revolución americana y la
francesa. Pero esta Revolución no aseguraba la instauración de un gobierno
democrático, así que España vivió episodios de avance y retroceso en lo que a
democracia y derechos humanos se refiere. A esta situación Samuel Huntington1 la
llamará ―Primera Ola de Democratización‖, que tiene su culminación al final de la
Primera Guerra Mundial.
Tras la crisis de 1808 la Monarquía española había quedado en manos de
Napoleón Bonaparte. Éste a su vez otorgaría la Corona española a su hermano José I.
España estaba ocupada por el ejército napoleónico que, tras el Tratado de
Fontainebleau, había conquistado gran parte del país. Los acontecimientos de
revolución y alzamiento del 2 de mayo de 1808 supusieron el inicio de la Guerra de la
Independencia o Guerra Peninsular, como se conoce en la historiografía extranjera,
contra los franceses; en esta situación de caos político se formará una Junta Suprema
1
Samuel HUNTINGTON: The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma,
University of Oklahoma Press, 1992. p. 43.
117
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
Central presidida por el Conde de Floridablanca. Junta que pasará el poder a un Consejo
de Regencia, que gobernará en nombre del rey Fernando VII.
Esta Junta Suprema Central defenderá una monarquía histórica que, aun con
todos sus defectos y quiebra, no se tenía por liquidada. El propio constitucionalismo de
Bayona fue no sólo un reto al que responder, sino también una realidad de la que
ilustrarse. El cambio de bando era algo común en la época. En el caso de España el
tiempo jugaba, en efecto, a favor de un planteamiento constituyente (las Cortes de
Cádiz), llamadas a desembocar en la Constitución de 1812, de vigencia efectiva aunque
intermitente (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837).
El periodo de seis años que abarca desde la restauración violenta del absolutismo
de Fernando VII de 1814 hasta su derrota por el triunfo del alzamiento de Riego en Las
Cabezas de San Juan, no han merecido de los historiadores la misma atención que la
Guerra de la Independencia, el Trienio Constitucional o la Década Ominosa. Basta con
analizar, como haremos posteriormente, la obra de Miguel Artola en la que dedica tan
sólo 126 páginas de las 1.000 que contiene su obra sobre la primera restauración. Es
cierto que durante este periodo existe un empobrecimiento de las fuentes, debido a la
falta de libertad de expresión, pero ésta no es la única explicación. Aún quedan muchas
fuentes sin estudiar en los archivos, por lo que es bastante lo que resta por conocer de
nuestra historia decimonónica.
Muy decepcionantes resultan al respecto las páginas que se dedican al Sexenio
en las obras generales. Es común la reiteración de conceptos e ideas como quiebra
financiera, crisis general, arbitrariedad y represión, camarillas, instabilidad
ministerial, resistencia de los privilegiados a las reformas, revanchismo de la política
seguida con liberales y ex josefinos, vacío intelectual, retahíla de pronunciamientos
frustrados y así hasta que en 1820 triunfa en Cabezas de San Juan el golpe de Riego.
Uno de los objetivos de este trabajo es dar a conocer esa parte de la Historia menos
estudiada y algunos de los personajes que estuvieron detrás de todos estos
acontecimientos.
Aproximación al Sexenio absolutista a través de la correspondencia entre liberales
Durante el Sexenio Absolutista (1814-1820) se dio una total falta de libertad de
expresión, con eliminación de la mayoría de los medios de prensa, entre otros, que
dificultaría la comunicación de los liberales exiliados con quienes vivían en territorio
118
nacional. Para relacionarse entre liberales era frecuente recurrir a la masonería. Esta
situación hizo que la comunicación en muchas ocasiones sea en clave.
Para ilustrar esta situación analizaremos en la presente investigación cinco cartas
editadas entre mayo de 1819 y el 23 de julio del mismo año. Todas ellas están escritas
en clave, haciéndose pasar por meras cartas entre comerciantes. Este sistema
clandestino de enviar documentos fue un procedimiento corriente, como pone de
manifiesto Juan Romero Alpuente ―Para precaver toda sorpresa y burlar cualquier
asechanza de la policía francesa […], los pliegos finos de esta copia, los subdividí y
coloqué de modo que por distintos conductos los he reunido en Madrid‖2.
En estos documentos en primer lugar hallamos un extenso manifiesto, fechado
en Bayona, a 7 de julio de 1819, que no lleva título y Claudio Morange lo denominará
―instrucciones‖3. El contenido de estos documentos, eran las directrices que envió desde
fuera el Comité director de la conspiración a los ―socios‖ que residían en España. En el
texto se subrayan las necesidades que tenía la sociedad, como ―rehacer la revolución‖,
―nuevo plan para hacerla‖ y ―modo de ejecución‖.
Las cinco cartas, islotes testigos de un continente perdido del que sabemos muy
poco, por limitadas y enigmáticas, nos sumergen en el típico ambiente de las
conspiraciones liberales de los dos periodos de reacción absolutista del reinado de
Fernando VII. Podemos entrever como fue la vida de aquellas minorías que no
aceptaron doblegarse al poder del absolutismo. Se produjo una lenta construcción de
una red compleja de núcleos conspirativos, que relacionó liberales residente en España
y exiliados. Dichas relaciones se dieron mediante emisarios que viajaban ocultos bajo
nombres falsos, cartas duplicadas o con doble sobres para tratar de burlar la vigilancia
de las autoridades, uso de metáforas o palabras en clave, entre otras.
Estas cartas, sobre todo las tres primeras, se transmiten en clave comercial,
método que parece ser el más frecuente. En ocasiones era meramente un disfraz, en el
que se hacían pasar por comerciantes. Otras utilizaban casas de comercios para infiltrase
y poder pasar la frontera. Las autoridades estaban al tanto y sospechaban de toda
correspondencia comercial. Fernán Núñez en septiembre de 1818 informa de que
―…algunos malos españoles y revoltosos de Francia‖ mantenían una correspondencia
epistolar sospechosa. Casa-Irujo incrementó la atención de la correspondencia que
2
Juan ROMERO ALPUENTE y Alberto GIL NOVALES: Historia de la revolución española y otros
escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. T. II. 1989. p.133
3
Claude MORANGE: Una conspiración fallida y una constitución nonnata (1819), Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.
119
llegara de ciudades como Toulouse y Burdeos, y puso bajo vigilancia ―las dirigidas bajo
el sobrescrito de los hermanos Ysasi, de Cádiz, y García hermanos de Madrid‖, dos
casas de comercio4.
Siempre que era posible las comunicaciones se realizaban mediante emisarios.
Muestra de esto lo tenemos en la carta III que se reduce a acreditar al portador, quien
transmitirá lo esencial del mensaje de viva voz. El Gobierno tenía conocimiento de
muchos de estos movimientos por lo que recurriría a un buen número de confidentes y
espías. Es impresionante la lista de agentes infiltrados, confidentes de la policía, ex
conspiradores traidores, emigrados que aceptarían proporcionar alguna información a
cambio de una engañosa promesa de indulto, etc. Esta situación desembocó en un
ambiente paranoico, imperando la desconfianza entre todos.
Algunas de las noticias se obtenían mediante la interpretación de la
correspondencia particular por los administradores de correos, cuya función eran en
gran parte policial. Inquisición y control de correos producían cohibición y autocensura.
En este ambiente de misterio, agentes dobles, traiciones y omnipresencias policíacas,
que era la situación en la que se encontraba la resistencia clandestina de los liberales al
absolutismo fernandino, elaboraron los documentos para llevar a cabo su conspiración
en 1819.
Si analizamos las cinco cartas, las podemos dividir en dos grupos según su
forma de envío. Las tres primeras no se enviaron por correo sino por medio de uno o
varios emisarios. Las otras dos (la IVª y Vª) salieron al mismo tiempo por correo
normal. De la carta número IV, fechada el 16 de julio, por si el original no hubiera
llegado al destinatario se mandaría otra copia el día 23. La carta V es una contestación a
una misiva anterior. A continuación analizaremos brevemente cada uno de esos
documentos:
1º carta: Marsella, 20 de mayo de 1819, presunto autor ―José de Castro del Río‖,
enviada a la ciudad de Madrid para el Capitán Polo (esta información es añadida por la
policía, por lo que suponemos que es atribución de un confidente). El contenido es
breve y directo, en primer lugar autoriza al emisario a realizar ―negocios‖ en nombre del
emisor. Ello queda claro en: ―… vá autorizado con poderes amplios para todos los
negocios, y aunque provisto de las credenciales competentes al efecto, atendiendo a la
parte que siempre ha manifestado V‖.
4
AHN, Estado, leg. 5224. Sobre Lorenzo Garcías cf. DBTL.
120
En segundo lugar, podemos destacar de esa carta: ―Querido: el dador es amigo
mío y de toda mi confianza, sírvale Vmd. como a mí mismo. Está sumamente enterado
de los asuntos de mi casa, y él mejor que nadie informará a Vmd. del estado en que
queda su amº,…‖.
Al omitir la información real de la carta, lo que está transmitiendo al remitente
es que el portador de la misma está enterado de todos los asuntos sobre las
conspiraciones. Y por ello se le informará a través del mismo mensajero. Sin lugar a
dudas esta forma de comunicación resultaba mucho más segura, ya que apenas dejarían
rastro de información por escrito.
Otro punto interesante es la firma de esta última parte. Firma como ―El tuerto‖,
claramente un seudónimo de seguridad para el receptor del mensaje.
Dejando a un lado las rúbricas, es muy posible que cuando se menciona el
fallecimiento de ―nuestro D. Joaquín‖ estén refiriéndose al Coronel Joaquín Vidal,
ejecutado el 20 de enero de ese mismo año5.
2º carta: Burdeos, 12 de Junio de 1819. Firma y rúbrica ―Fersell‖. Esta carta al
igual que la primera se caracteriza por ser breve y directa. ―… del portador para dar a
Vmd. tan lisonjera notable y recomendarlo al mismo tipo a Vmd. […] Él dirá a Vmd.
verbalmente mil cosas que sería ridículo ponerlas por escrito, siendo otro yo el que debe
referírselas‖.
Volvemos a ver referencias directas al portador de la carta, en el que se autoriza.
Realmente él es el portador de la información de importancia. Siendo la carta una mera
―tapadera‖ para que el portador pueda cruzar la frontera sin problema.
En esta carta encontramos una referencia al ―sobrinito de D. Pedro‖, en el
estudio realizado por Morange, 2006; el autor deduce que esta mención podría ser a D.
Pedro Llano, comerciante coruñés afincado en Burdeos, que los conspiradores usan para
levantar menos sospechas ante la policía. Otra cuestión a destacar es que en la carta se
informa de que pronto se verán. Factor que nos lleva a pensar que la fecha de la trama
está cerca.
3ºcarta: Bayona 7 de julio de 1819. Nos encontramos ante una carta con dos
rubricas, un tal ―William‖ y otro firmante ―José Herrera‖. El primero se trata del autor
de la carta, siendo el segundo el portador de la misma. Carta similar en estructura a las
dos anteriores, en las que la información es escasa y se limita generalmente a dar al
5
Claude MORANGE: Una conspiración …, p. 365
121
portador los poderes de representación. Destacamos algunas frases como: ―Después de
mi largo é involuntario silencio, vuelvo a escribir…‖. Podemos entrever como el autor
se ha visto obligado a estar en el exilio, a no poder ―hablar‖. Volvemos a encontrar la
frase ―…recomendarle, en segundo lugar, a mi íntimo Amigo, el Dador…‖ autorizando
a transmitir cual información sea necesaria y no pueda ser escrita por miedo a ser
detenidos. También encontramos alusiones a la cercana fecha en la que se verán en
persona.
Las dos cartas restantes (IV y V), como ya hemos dicho anteriormente, salieron
al mismo tiempo por correo ordinario, la carta IV fue reenviada de nuevo el día 23 de
julio por si no había llegado, ya que no hubo contestación.
4º carta: Bayona 16 de julio de 1819, firma un tal Fernando. Contestación al
emisario José Herrera, en respuesta a la misiva enviada con anterioridad desde Vitoria
(11 de julio). Al no tener con exactitud la dirección de José Herrera, esta carta se manda
por duplicada a Madrid y Cádiz.
Dicha carta es mucho más completa que las anteriores, no es enviada con un
emisario por lo que encontramos toda la información encriptada en la misma.
Destacamos sobre todo dos frases: ―Sírvase V. hacer en el papel contra Tiberio‖
el propio Morange, 2006; asegura que se trata de un seudónimo para Fernando VII. Otra
frase que nos llama la atención de la carta es ―…porque el mejor gobierno es aquel que
procura más Libertad con el menor gasto‖, un final que deja en evidencia las
intenciones de estos conspiradores.
5º carta: es una respuesta a las que envió José Herrera los días 14 y 15. En la
misma se confirma el itinerario, el destino y la cronología de los desplazamientos del
comisionado encargado de llevar las ―instrucciones‖ a los conjurados del interior.
Parece ser que estaba previsto que el comisionado recorriera los principales
focos de la conspiración, pero por falta de tiempo y por los adelantamientos de los
sucesos de Andalucía, ―Fernando‖ le aconseja que se dé prisa en llegar a la ―feria
principal‖. La falta de coordinación temporal es uno de los factores a los que podemos
achacar el fracaso de la conspiración de julio. Varias veces se alude en estas dos últimas
cartas, la falta de numerarios y la urgencia para reunir fondos para la empresa. Los de
Bayona parece que esperan instrucciones de los de Marsella. Pero como tardan en
contestar, los de Bayona piensas que ―…habrá que comprar el papel y adelantarse a la
remesa de los fondos de Marsella‖.
122
Por lo que podemos deducir que el centro del dispositivo parece estar en
Bayona, al menos en la fase final. Lugar de paso en la carretera de Madrid a París. Y
zona estratégica de comercio entre los dos países. Al no tener ningún censo de
españoles en Bayona en esos años, es difícil identificar a los autores. Lo que sí
conocemos es que esperaban una ayuda de Marbella y que está llegaba tarde.
Además encontramos un dato curioso que es la inexistencia de relaciones con los
consocios de Londres y Bayona. Para relacionarse con Londres siempre pasa primero
por Marsella. En Gibraltar encontramos otro foco de revolucionarios españoles, éstos
encontrarían allí un mejor asilo que en Francia. El tercer foco lo hallamos en Burdeos,
ciudad repleta de burgueses comerciantes.
La conspiración tiene además ramificaciones en Portugal e Inglaterra, dos países
entre los cuales existían, desde la Guerra de la Independencia, estrechas relaciones
comerciales, que aprovecharon los conspiradores para crear una red de comunicación
clandestina.
Época de los pronunciamientos
El proceso restaurador, exagerado por el personalismo legitimista del monarca,
no tuvo en cuenta el complejo y difícil panorama acaecido por esos seis años de guerra
soportados por el país. El descontento fue en aumento al comprobarse que tanto
sacrificio habían servido únicamente para restablecer casi intacto el viejo orden y
devolver sus privilegios a los estamentos superiores.
Este descontento se generalizó tanto entre las masas rurales, por el
restablecimiento del régimen dominical, y entre las clases medias, por haber sido dadas
de lado en todos los campos. La represión fernandina a partir de 1814 causó un fuerte
impacto. Surgen ahora las figuras del delito y del delincuente político, creación según
Artola del ―régimen restaurado‖6, de igual forma que los liberales habían sido los
inventores de la fórmula de adhesión al régimen. En consecuencia, se abre paso a una
política subterránea antiabsolutista que, no pudiendo contar con la aristocracia
beneficiaria del orden restaurado, ni con la iglesia amenazada de reforma gubernativa y
de expropiación de bienes, forzosamente hubo de refugiarse en los cuarteles, único
organismo no sujeto a estrecha vigilancia policiaca.
6
Miguel Artola, ―El camino a la libertad de imprenta, 1808-1810‖, en Luis RODRÍGUEZ ZÚÑIGA,
María del Carmen IGLESIAS CANO y Carlos Vicente MOYA VALGAÑÓN (Coords.), Homenaje a
José Antonio Maravall, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) I, 1985, pp. 211-220.
123
Además encontramos otros factores determinantes para que fuese el Ejército el
opositor político del régimen de Fernando VII:
a) Es uno de los sectores sociales al que afecta en mayor medida la situación de
crisis que se vive en el país. Hallamos una gran rivalidad entre los representantes
del orden estamental y aquéllos que habiendo ganado sus ascensos en la guerra,
habiendo hecho saltar la rígida estructura del Ejército.
b) Al intentar restablecer esa estructura, se recuperan medidas del S. XVIII como
las pruebas de nobleza para los cadetes de Artillería.
c) Los puestos más altos se reservan y ocupan para la aristocracia, pasando a un
segundo plano y cortando la posibilidad de ascenso a los jóvenes militares que
hacían su carrera militar, en algunos casos estos jóvenes fueron degradados.
d) Se impone un injusto sistema selectivo para cubrir las plazas en los ejércitos
enviados a las colonias, éste se usa para eliminar elementos incómodos o
protestatarios.
e) La falta de fondos, produjo retraso en las pagas, además de las restricciones
introducidas en el presupuesto de Guerra o la reducción del mismo.
f) Si a todos los factores anteriores sumamos la ideología liberal de los amplios
sectores del Ejército promocionados por la guerra, que se labraron una posición
por su propio mérito, podemos hacernos una idea del porqué el Ejército fue un
instrumento clave para la oposición al régimen.
No existían cauces legales para la oposición. Ello pudo ponerse de manifiesto
con el efecto contraproducente causado por muchos de los memoriales protestatarios
elevados al monarca en la fase inicial del reinado desde dentro y fuera del país. Desde el
enviado por el Empecinado desde Madrid, al remitido por Flores Estrada desde
Londres. En consecuencia la oposición hubo de hundirse en la clandestinidad. Sus
instrumentos fueron en adelante la Masonería y la conspiración. Una y otra tuvieron
como efecto el pronunciamiento.
La Masonería de la época experimentó un profundo proceso de politización. Si
desechamos por falta de fuentes fidedignas cuanto de fantástico se ha dicho hasta ahora
sobre la Masonería española, hemos de convenir con Ferrer Benimeli7 y Álvarez
7
José Antonio FERRER BENIMELI: La Masonería española. Madrid, Istmo, 1995; e ÍD. (coord.): ―La
masonería española: represión y exilios‖, Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2011.
124
Lázaro8, que lo único probado es su carácter de centro de reunión para los conspiradores
liberales. Convirtiendo el término Conspiración y Masonería en sinónimos. No debemos
olvidar el anticlericalismo que va unido a la Masonería en la mayoría de países latinos,
debido a la beligerancia que muestra la iglesia Católica, a diferencia de otros países en
los que convivía y actualmente convive con las iglesias establecidas. La estrecha alianza
entre el trono y el altar hizo que en el programa de la Masonería señalase a la Iglesia de
Roma como fuerza política a eliminar.
El secretismo de la institución masónica fue utilizado por los liberales que
deseaban establecer la Constitución. Se hacían masones para conspirar, única forma de
acción política que les quedaba, pero sus móviles y fines nada tenían de oculto y
misterioso y mucho menos de tenebroso. Por el contrario, su único móvil fue
pronunciarse, esto es, declarar públicamente su fidelidad a la Constitución. La nueva
situación política obligaba a cambiar la técnica del asalto al poder. En lugar de la
fórmula pública de creación de nuevos organismos de gobierno, como aconteció en
1808, se recurre ahora a otra secreta basada en la utilización de la fuerza armada para
derribar el régimen existente.
El pronunciamiento, fenómeno y término nuevo, se convirtió en adelante en la
forma más habitual de combatir un sistema político. Según Comellas9, los elementos
que participan en el pronunciamiento por orden de importancia eran:
a) Los militares: generalmente eran militares jóvenes que ascendieron por sus
propios méritos en la guerra. Los que encabezaban los pronunciamientos solían
ser de alta graduación. Este fue caso del exguerrillero Porlier, que había
alcanzado el grado de mariscal de Campo y con solo 26 años se pronunció. Los
militares con mayor edad no participaban abiertamente en los golpes armados,
aunque sí mantuvieron un grado de implicación.
b) Los liberales: en su mayoría eran burgueses acomodados que practicaban la
masonería. Sus actividades tuvieron lugar a través de las logias, en donde
8
Pedro F. ÁLVAREZ LÁZARO: ―Iglesia-Masonería: génesis y desarrollo de un conflicto
inacabado‖, en ÍD. (coord.): Maçonaria, Igreja e liberalismo = Masonería, Iglesia y liberalismo: actas da
Semana de Estudos da Faculdade de Teologia, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1996, pp. 129142; e ÍD.: ―Masonería y librepensamiento españoles de entresiglos‖, en José Antonio FERRER
BENIMELI (coord.): La masonería en la historia de España: actas del I Symposium de Metodología
Aplicada a la Historia de la Masonería Española, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento
de Educación y Cultura, 1989, pp. 105-120.
9
José Luis COMELLAS: Los primeros pronunciamientos en España, 1814-1820, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Historia Moderna, 1958.
125
enlazaban con el elemento militar. Además hacían prestaciones de recursos
económicos.
c) Los desterrados: superaban la cifra de 4.000 personas entre afrancesados y
liberales, enemigos en la guerra, pero compartían un enemigo común, el
absolutismo. Esto haría que apartasen sus diferencias y tuvieran contacto con los
conspiradores del interior, saturando el país con propaganda antiabsolutista que
se introducía clandestinamente desde Gibraltar, Francia e Inglaterra.
d) Los comerciantes: Como estamento social, casi todos liberales. A sus filas
pertenecía la mayoría de los detenidos y comprometidos civiles. Sin duda, sus
reivindicaciones librecambistas no eran ajenas a su actitud.
Entre 1814 y 1820 fueron muchos las conspiraciones, intentos y golpes. No
obstante, hemos de destacar nueve pronunciamientos, ya que éstos compartieron
parecidos objetivos: derrocar a Fernando VII e instaurar el liberalismo. Éstos fueron: el
de Milans del Bosch, pronunciamiento de Valencia (17 de marzo 1814); Espoz y Mina,
pronunciamiento
de
Pamplona
(25
septiembre
1814);
Juan
Díaz
Polier,
pronunciamiento de la Coruña (19 de septiembre 1815); Vicente Richard, la famosa
Conspiración del Triángulo (21 febrero 1816); Lacy, Milans, Torrijos, pronunciamiento
de Caldetas (4 de abril 1817); Juan van Halen (21 septiembre 1817); San Miguel y
Valledor, la conjura del Palmar (8 de julio 1819); Joaquín Vidal, Lis y Calatrava,
pronunciamiento de Valencia (1 de enero de 1819); y finalmente el de Quiroga y Riego,
en Cabezas de San Juan (1 de enero de 1820).
El fracaso de una revolución “La traición del Palmar”
El denominado pronunciamiento del Palmar iba a ser protagonizado por el
ejército expedicionario de Ultramar, y la fecha prevista era el 8 de julio de 1819. Este
cuerpo se había formado cuatro años antes, con el fin de restaurar la soberanía de
Fernando VII en los territorios rebeldes de América. En 1816 se reunieron en la zona de
Cádiz, para partir a las américas, pero no fue así. Parte de sus unidades más tarde se
sublevaron y fueron los responsables en enero de 1820 de apoyar el alzamiento y dar
comienzo a la revolución que instaurará el régimen constitucional.
Pero antes del triunfo de Cabezas de San Juan, tuvo lugar otro episodio similar,
pero sin obtener la victoria. En el Puerto de Santa María se concentraron, durante los
126
primeros días de julio de 1819, quince de los veintitrés cuerpos que estaban destinados a
las américas. El día 8 fueron detenidos multitud de jefes y oficiales de nueve de estos
grupos y de la plana Mayor del Ejército. Además estuvieron relacionadas otra gran
cantidad de órdenes de arresto contra militares, y ciudadanos que estaban fuera del
puerto. El ambiente conspiratorio que encontramos durante el sexenio llega al máximo
en este momento. Los liberales buscan cambiar el régimen político existente.
A principios de julio se produjo un gran descontento entre los militares, cuando
llegó la noticia de que pronto partirían hacia América. Los conjurados, aprovechando el
momento se prepararon para actuar y decidieron asesinar al comandante en jefe, y así
nombrar a Sarsfield nuevo Jefe. Éste, introducido en la trama, avisó a su superior y dio
parte sobre el pronunciamiento. Traicionando a sus compañeros, buscaba la forma de
frenar el pronunciamiento que era inminente. La primera medida que se tomó fue
separar a los cuerpos militares, pero ello no impidió que éstos adelantaran sus
proyectos. El día 6 de julio, los jefes de cuerpo conjurados ofrecieron a Sarsfield tomar
el mando de la sublevación, éstos querían pronunciarse aquella misma tarde en el
campamento de la Victoria. El mariscal de campo, aun siendo uno de los conspiradores,
estuvo reteniendo la situación hasta conocer el posicionamiento del conde de La Bisbal.
El mariscal viajó a Cádiz para entrevistarse con el conde de La Bisbal
personalmente ante Arco Agüero, lugarteniente de Gutiérrez. Los dos generales dieron
falsas esperanzas fingiendo que apoyaban el levantamiento. Tras este encuentro, aun no
habiendo decidido en aquel momento ninguna acción concreta, perfilaron su plan
represivo. Acto seguido, el mariscal volvió al Puerto de Santa María para contener a los
rebeldes. Se celebró una junta urgente la noche del 6 de julio, el mariscal pudo
convencer a los jefes de los cuerpos del cantón de que el conde de La Bisbal
encabezaría el levantamiento, por lo que tendrían que esperar a su llegada. Como señal
de buena voluntad se retiraron las tropas. Este movimiento fue decisivo en la estrategia
represiva de los dos generales.
Sarsfield tenía la confianza de los conjurados, y debía mantenerla hasta el
momento de la represión. El mismo día 7 por la mañana fue a informar de los
acontecimientos a los cuerpos locales y volvió a Cádiz para dar parte de la reunión de la
noche anterior. Seguidamente viajó hasta Jerez para entrevistarse con Gutiérrez. Este
último confiaba en que el mariscal suplantase al conde, así que le dio directrices de lo
dispuesto para cuando se produjera la ruptura, prevista para la noche del 7 de julio.
127
Sarsfield recibió del conde las órdenes de que
―…debía esperarle con la caballería adicta frente al campamento de La Victoria.
Sobre las seis de la madrugada se encontraba en el punto indicado, con casi dos
regimientos de jinetes, que formados en batalla, estaban dispuestos a cargar
antes de que los rebeldes, que salían en formación, adquiriesen una posición
ventajosa‖10.
En la tarde del 7 de julio, el comandante en jefe había partido con la Guarnición
de Cádiz sobre el Puerto de Santa María, difundió que su salida era para proclamar la
Constitución. Y reforzando sus fuerzas con un batallón de marina llegó a San Fernando
y sometió al escuadrón de artillería que estaba preparado para unirse con los que se iban
a pronunciar en el campo de la Victoria. Sarsfield se encontraba en la posición que
había acordado con el conde, desde donde vio llegar los batallones por la retaguardia del
campamento. Encerrando a los conjurados entre dos frentes, con muy difícil escapatoria.
Los conjurados nunca pensaron que Sarsfield los traicionaría. En poco tiempo fueron
arrestados los jefes y oficiales que se consideraron responsables de aquella sublevación,
poniendo fin a este primer intento de pronunciamiento. En los siguientes meses hubo
tres intentos más, pero se saldarían con un fracaso. La victoria no llegará hasta Cabezas
de San Juan.
Cuanto el pronunciamiento llegó a oídos del Rey enviaría el 23 de julio un
mensaje al Conde de La Bisbal en el que se dice lo siguiente:
―El rey N.S. se ha enterado del oficio de V.E., de 23 del presente mes [de julio]
en que contestando a la real orden de 16 del corriente, manifiesta a V.E., las
causas que pueden haber producido el desagradable acontecimiento de la noche
del 7 al 8 del presente mes y S.M., conforme con las ideas de V.E., quiere que se
siga la causa con la actividad que está mandado, y quiere continúen haciendo las
más exquisitas diligencias no sólo para averiguar las causas que pudieron haber
motivado dicho suceso y origen que tienen, sino también los medios y agentes
10
Francisco VARO MONTILLA: ―El mariscal de campo Sarsfield y la represión del Pronunciamiento del
Palmar‖, Hispania Nova Revista de Historia Contemporánea. 3 (2003).
128
que para ello puedan haberse empleado, punto no menos interesante que los
otros mencionados11‖.
Conde de La Bisbal
Uno de los protagonistas de la conjura del Palmar anteriormente comentada, es
el Conde de La Bisbal, este personaje tuvo un papel crucial en el primer tercio del siglo
XIX en España. Pero a pesar de su importancia, es complicado encontrar información
sobre el mismo. Además de que podamos encontrarlo nombrado de distintas formas,
Conde de La Bisbal, Conde de Abisbal, Don Enrique José O‘Donnell Anethan, entre
otros.
Enrique José O´Donnel nació en San Sebastián en 1775, de descendencia
irlandesa Calvagh O'Donnell, jefe del clan irlandés de los O'Donnell of Tycornell, su
familia tuvo que abandonar Inglaterra tras la batalla del Boyne (1688). Su padre Joseph
O´Donnell era coronel del regimiento de Irlanda y su hermano formaba parte del
ejército carlista como general.
O´Donnell participó en la Guerra de la Independencia realizando una brillante
carrera militar, ascendiendo de mariscal en 1809 en tan solo un año ya era teniente
general, pronto será destinado a Cataluña como capitán general de la Región Militar.
Durante este periodo será cuando reciba el título de Conde de La Bisbal, en
favor de la gran hazaña militar que llevo a cabo en la población con el mismo nombre.
Donde el 14 de septiembre sorprendió e hizo prisionero a un ejército francés de 1.700
hombres, con su general, 60 oficiales y 17 piezas de artillería, consiguiendo así detener
al general francés François Xavier de Schwarz, y quedando cojo al resultar herido en
una pierna y valiéndole su distinguido comportamiento la Gran Cruz de San Fernando y
el título nobiliario de conde de La Bisbal12.
Fue partícipe de la toma de la fortaleza de Santa Engracia, así como también
recibió la distinción de capitán general de Andalucía, pero su actitud equívoca entre
absolutistas y constitucionales, le ocasionó su destierro voluntario.
11
Francisco VARO MOTILLA: La causa del Palmar. Conspiración y Levantamiento de 1819, Tesis
doctoral inédita. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Geografía e
Historia, 2009, p. 49, e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Fvaro/Documento.pdf.
12
José Luis SÁNCHEZ ISABEL: Real y Militar Orden de San Fernando: 200 años, Madrid, Ministerio
de Defensa, Dirección General de Relaciones Institucionales, D.L, 2011, pp. 56-57.
129
En 1819 participó en la llamada traición del Palmar, en 1820 se enfrentó, sin
éxito, al general Rafael de Riego en la sublevación del Ejército de Ultramar, que debía
partir para sofocar las revoluciones de las colonias americanas.
O´Donnell era en la masonería Bruto II, estuvo en tratos con las sociedades
secretas, fue recibido francmasón13, y esto le ayudaría a su destierro voluntario, ya que
durante el Trienio liberal fue apartado de todos los círculos de poder, teniendo que
marchar a Francia finalmente junto a los Cien Mil Hijos de San Luis.
En Francia residió en Limoges, años después recibió la amnistía, pero el 17 de
mayo de 1834 falleció en Montpellier.
Conclusiones
La Historia constitucional del primer tercio del siglo XIX, está repleta de
cambios políticos por tratarse de una transición del Antiguo Régimen al liberalismo.
Con nuestra aportación realizamos una visión global de algunas de las conspiraciones y
alzamientos de la época, pero nos centramos en un caso concreto como es la de la
Traición del Palmar y su entorno conspiratorio.
Es en 1819 donde se centran estos sucesos. Nos encontramos ante una red
compleja de núcleos conspirativos de ámbito internacional, que se comunican mediante
emisarios que viajan ocultos bajo nombres supuestos, cartas duplicadas, uso de
metáforas o palabras clave en sus escritos o envíos bajo sobre doble, a fin de poder
burlar la férrea vigilancia de las autoridades.
La falta de coordinación temporal es uno de los factores a los que podemos
achacar el fracaso de la conspiración. Este grupo de alzados, que no cumplían por
completo con los ideales liberales, rechazarán desde el principio a Fernando VII como
rey absoluto, pero en la confianza de hallar un posible monarca alternativo en la línea
sucesoria del mismo. Sobre esta cuestión existe un debate historiográfico abierto
actualmente, ya que no queda claro con exactitud qué monarca era buscado por el
liberalismo en el marco de la Constitución gaditana de 1812.
Como conclusión podemos decir que la situación a partir de 1814, no fue nada
sencilla para los liberales españoles. En primer lugar, tuvieron que salir de forma
precipitada del territorio español, y muchos partirían hacia Reino Unido, Francia y
13
Pío BAROJA: Juan Van Halen, El oficial aventurero, Edición de Juan Van-Halen, Madrid, Biblioteca
Edaf, 1998, p. 123.
130
Portugal. Una vez exiliados, se verían en tierra extranjera sin patrimonio alguno ni lugar
al que acudir.
A partir de aquí comenzó el verdadero exilio de estos liberales, donde se
enfrentarían a un bajo nivel de vida, en lugares donde muchos no conocían la lengua, y
sin posesiones, ni recursos para sobrevivir.
Aunque nos encontramos ante un periodo poco estudiado por los historiadores,
sí que hallamos amplias referencias literarias. Es curioso que en la gran obra de Benito
Pérez Galdós Los Episodios Nacionales se mencione al Conde de La Bisbal, al cual nos
referimos aquí ampliamente.
―Conspiración -refiere Galdós- del conde de La Bisbal en el Palmar (1819):
Durante su vida política y militar, el conde encendió siempre una vela al santo y
otra al demonio. En 1814, cuando se dirigía a felicitar al Rey por su vuelta,
llevaba dos discursos escritos, uno en sentido liberal y otro en sentido
absolutista, para espetarle aquel que mejor cuadrase a las circunstancias. En
1819, después de merendar con los conspiradores de Cádiz y los oficiales del
Ejército expedicionario de América, los arrestó de súbito, haciendo una escena
de farsa y bulla, que le valió la gran cruz de Carlos III‖14.
14
Benito PÉREZ GALDÓS: La segunda Casaca (Episodios Nacionales, 13. 2º Serie), Alianza Editorial,
Madrid. 2003. pp. 6-7.
131
Las fábricas de luz: contribución al debate historiográfico de
la Revolución Industrial desde la región de Murcia
María Dolores Piñera Ayala
Universidad de Murcia
Introducción
Las fábricas de luz en la Región de Murcia así como el avance que supuso la
llegada de la luz eléctrica a la misma es un tema que todavía no se ha estudiado en
profundidad. Por esa razón, esta investigación pretende cubrir parte de esta laguna
historiográfica, si bien la bibliografía existente es escasa, y se refiere principalmente a
otras zonas de España. Además, las fuentes documentales para su estudio se encuentran
dispersas en archivos históricos (públicos y privados, estos últimos correspondientes a
las propias fábricas); también en los fondos de ayuntamientos. Es preciso recordar que
la modalidad con la que irrumpió la energía eléctrica en las diferentes localidades
murcianas está vinculada a la existencia de grandes familias y políticos del último
cuarto del siglo XIX que vieron en ésta un modo de enriquecerse y de atribuirse un
cierto poder dentro de la sociedad. Por otro lado, un rasgo bastante común, es que casi
todos los promotores de fábricas eléctricas eran industriales o poseían minas en los
lugares donde las explotaciones estaban activas en aquel momento, como La Unión,
Calasparra o Cehegín.
133
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
Antolín1 señala que en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a
producirse cambios importantes en los países industrializados, aumentó la producción y
los intercambios comerciales entre ellos, provocando, de esta manera, un alza de las
tasas de crecimiento, donde la introducción de la energía eléctrica y su difusión es
importante para explicar este avance. Ese periodo es lo que se conoce en Historia como
Segunda Revolución Industrial, y es en este contexto en el que se inscribe este estudio.
Landes2 define la Segunda Revolución Industrial como el proceso de avance
económico que se origina en el primer tercio del siglo XX. En él, una nueva manera de
producir energía denominada electricidad y el motor eléctrico, inventado también en
estos años, fueron los protagonistas de ese desarrollo industrial, como sucediera con las
máquinas de vapor y textiles en la Primera Revolución Industrial. Este nuevo modo de
generar energía se tradujo en un ahorro de costes debido a que su transporte era más
económico y permitía el auge de las industrias existentes, así como el nacimiento de
otras vinculadas a esa producción de electricidad, tales como centrales eléctricas,
maquinaria vinculada a las mismas, electrodomésticos…
En España, las regiones donde el despliegue de la energía eléctrica fue más
importante y sirvió de avance al desarrollo fueron País Vasco y Cataluña. En esta última
región fue donde se estableció la primera fábrica de electricidad. Al principio se trataba
de competir con las empresas ya establecidas en algunas poblaciones durante la centuria
anterior, con energía producida por el gas, por ello los comienzos fueron débiles, ya que
había que convencer no sólo a las autoridades sino también a la población de los
beneficios de la nueva fuente de energía. Pero según Maluquer de Motes 3, el comienzo
de la industria eléctrica en España surgió por la iniciativa del comerciante y óptico
barcelonés Tomás Dalmau en 1874, una vez que tuvo conocimiento de la dinamo
inventada por el ingeniero Zenobe T. Gramme, y que fuera presentada, a nivel
internacional, en la Exposición Universal de Viena de 1873. Allí el empresario se dio
cuenta de las posibilidades que tenía el invento y comenzó a visitar, durante el año
siguiente, las distintas instalaciones existentes en París y Londres, entrevistándose con
ingenieros y técnicos que ya habían utilizado el invento. A su regreso realizó la primera
1
Francesca ANTOLÍN: ―Electricidad y crecimiento económico. Los inicios de la electricidad en España‖,
Revista de Historia Económica, 2 (1988), pp. 635-655.
2
David LANDES: The Unbound Prometheus, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1969.
3
Jordi MALUQUER DE MOTES: ―Los pioneros de la Segunda Revolución Industrial en España: La
Sociedad Española de Electricidad (1881-1884)‖. Revista de Historia Industrial, 2 (1992) pp. 121-142.
134
prueba de alumbrado eléctrico en la Fragata Victoria, perteneciente a la Armada
Española, empleando para ello la dinamo Gramme. El ensayo fue novedoso en la época,
colocando de esta manera a España por detrás de las pruebas realizadas en Francia y
Gran Bretaña. Después de este ensayo, se realizaron dos más, uno en una fábrica de
chocolate4 y en otra de tejidos de algodón5. En 1875, la iluminación, con un arco
voltaico, en el taller de fundición La Maquinista Terrestre y Marítima6, fue ya suficiente
para convencer a Dalmau de las posibilidades de la energía eléctrica y en 1876, adquirió
la patente Gramme por cinco años y comenzó a fabricarla en su factoría. En 1881 se
constituye en Barcelona la Sociedad Española de Electricidad en la que las patentes y
maquinaria son propiedad de Dalmau, que es designado director de la misma.
Nuñez7 indica que entre 1883 y 1886 se llevó a cabo la red eléctrica local de
Gerona convirtiéndose, de esta manera, en la primera ciudad española que estaba
iluminada totalmente por medio de energía eléctrica. A partir de ahí, el sector comenzó
a consolidarse y en 1890 la mayoría de las poblaciones españolas, incluyendo 30
capitales de provincia, contaban con alumbrado eléctrico o estaban en proceso de
tenerlo. Las ciudades que propusieron subastas para el alumbrado público en la última
centuria del siglo XIX fueron Badajoz, Jaén, Ronda, Cádiz y Alicante. Pamplona falló
su concurso en 1888. La instalación de una delegación de Siemens-Halske en Barcelona
en 1889, supuso una vía de financiación y apoyo técnico novedoso y trajo consigo la
aparición de nuevas fábricas que tenían como función principal el montaje del tendido
de un medio de transporte novedoso, los tranvías8. Según Núñez, hacia el año 1905 se
contabilizaban unas 792 empresas dedicadas la producción y venta de energía eléctrica,
cada una de ellas con sus características y localizaciones, que llegaron a constituirse
como uno de los sectores más importantes a nivel industrial y económico.
4
Fábrica de chocolate Juncosa, de Gràcia. Jordi MALUQUER DE MOTES: «Los pioneros de la Segunda
Revolución Industrial en España: La Sociedad Española de Electricidad (1881-1884)». Revista de
Historia Industrial, 2 (1992) pp. 121-142, esp. p.102.
5
Fábrica Batlló Hermanos de Les Corts. Ibid.
6
Este fue el primer ensayo ocasional. Posteriormente, la Corte y las corporaciones locales fueron los que
posteriormente organizaron espectáculos públicos con la intensidad de la iluminación de los arcos como
protagonista en plazas y jardines. De aquellos espectáculos destacaron, por su repercusión en prensa, las
que se llevaron a cabo en la Puerta del Sol de Madrid en 1881 y en el Paseo de Colón en Barcelona en
1882. Isabel BARTOLOMÉ: La industria eléctrica en España, Madrid, Estudios de Historia Económica,
Banco de España, 2007.
7
Gregorio NUÑEZ: ―Empresas de producción y distribución de electricidad en España (1878-1953)‖,
Revista de Historia Industrial, 75 (1995), pp. 39-80.
8
Isabel BARTOLOMÉ: La industria eléctrica en España, Madrid, Estudios de Historia Económica,
Banco de España, 2007.
135
El auge que se produjo en este periodo fue debido a que en la Península
irrumpieron empresas extranjeras dispuestas a suministrar alumbrado a las ciudades,
llegando amparadas en un mayor acceso tanto a la tecnología como a la maquinaria
necesaria para ello, motivado por la circunstancia de que en España residían sus
representantes. Pero en esta etapa se produjo otra novedad: la obtención de la energía
eléctrica utilizando otras fuentes, de esta forma, se pasó de la generación de energía por
medio de vapor a la utilización de la fuerza del agua. Bajo esa novedad, comienza a
finales del siglo XIX el surgimiento de las primeras empresas hidroeléctricas.
Bartolomé Rodríguez9 expuso que fue entre 1880 y 1901, cuando se pasó del uso de
arcos voltaicos a la formación, en la ciudad de Bilbao, de la primera empresa
hidroeléctrica, la Hidroeléctrica Ibérica10, en 1901. En este momento también
comienzan a instalarse en la Península técnicos e ingenieros expertos en la maquinara
precisa para ese tipo de industria así como especialistas en electrotecnia11.
Por otro lado, las innovaciones que se iban produciendo en la materia eran
accesibles al público en general, ya que las revistas especializadas traducían al
castellano los avances que tenían lugar en los países vecinos. En este contexto, la
iluminación de los centros urbanos con fluido eléctrico y la utilización del mismo en los
entornos industriales comenzaron a intuirse como un avance muy provechoso12.
Asimismo, la energía eléctrica se convirtió en un elemento importante para el desarrollo
industrial, por lo que se inició una batalla por el alumbrado, que, en España, no fue tal
puesto que, en aquel momento, algunas ciudades contaban con iluminación por el
sistema de gas. Por otro lado, las administraciones no ponían muchas trabas a que la
iluminación de los municipios se realizara con fluido eléctrico y la iniciativa de las
9
Isabel BARTOLOMÉ: La industria eléctrica en España, Madrid, Estudios de Historia Económica,
Banco de España, 2007.
10
Esta empresa es la después denominada Iberduero. Surgió por iniciativa del Banco de Vizcaya y era la
concesionaria de las explotaciones hidroeléctricas de los principales ríos del Norte de España.
11
A mediados del siglo XIX comienzan a introducirse estudios de Electricidad en las Escuelas de Minas y
Caminos Industriales. También se comienzan a impartir los estudios de Ingeniero Industrial. Incluso en
1857, Eduardo Rodríguez se considera el primer catedrático español que se interesó en el tema
impartiendo la asignatura ―Aplicaciones de la Electricidad y de la Luz‖. Estos estudios se extenderían
también, a finales de siglo, a las escuelas militares de ingenieros, artilleros y torpedistas.
12
La producción de energía eléctrica utilizando el vapor comenzó en 1882 con la inauguración de Pearl
Street por Edison, central que distribuía el fluido eléctrico a clientes que disponían de lámparas de
filamento metálico. Éstas se sustituyeron por otras más de más calidad, ya que la luz eléctrica lo permitía,
aumentando con ello la jornada laboral en las industrias, al mismo tiempo que eran más seguras. Isabel
BARTOLOMÉ: La industria eléctrica en España, Madrid, Estudios de Historia Económica, Banco de
España, 2007.
136
centrales eléctricas13 eran privadas. Además, la concesión de suministro eléctrico se
realizaba mediante subasta, empleando el abastecimiento de la empresa más competitiva
en este sentido. De esta manera, las corporaciones locales no sólo renunciaban a la
gestión del alumbrado sino a su distribución, dejando todo ello en manos de
particulares, que se encargaban de la producción, transporte y suministro, sin coste
elevado para el erario público.
Las compañías gasistas españolas eran en su mayoría de titularidad privada y
también lo siguieron siendo sus sucesoras, las compañías de suministro eléctrico. Esta
circunstancia ofrece una segunda explicación del éxito del alumbrado eléctrico en
España ya que supone una continuación en la forma de gestionar el negocio de la
iluminación de industrias y hogares, manteniéndose la gestión independiente a las
administraciones locales.
Las „fábricas de luz‟ en Murcia: inicios y características
En la Región de Murcia la llegada de la electricidad tuvo lugar una década más
tarde que en las demás zonas manufactureras y núcleos urbanos de España. El modo en
el que se implantó también fue diferente al de las otras regiones del país. Como se ha
dicho anteriormente, las primeras tentativas tuvieron lugar en los años 80, pero en la
Región se produjo un cierto desfase debido, por un lado, a la escasa contribución que
tuvieron las compañías eléctricas al desarrollo industrial y, por otro, a los intentos
limitados y frustrados, en alguna ocasión, de implantar el alumbrado en los principales
centros industriales y urbanos de la Región.
En el caso de Cartagena se instala la luz en 1883, pero el contrato para
electrificar la ciudad no se hace hasta agosto de 1887, realizándose el mismo con la
Compañía del Gas. Se tiene constancia de que en dicha ciudad había luz eléctrica desde
1890, algunas calles tenían alumbrado y, en 1896, se consigue iluminar el muelle con
ocasión de la celebración de la feria. La compañía Ahlemeyer de Bilbao compró las
instalaciones que ya tenía en el barrio de San Antonio Abad la compañía vasca
13
Desde 1880 la prensa técnica española siguió con atención los avances en el ámbito de la
hidroelectricidad: recogió las noticias sobre el éxito de aprovechamientos europeos en Saint Gallen,
Viene y Bellagarde, y de la explotación en Estados Unidos de Niágara, que enviaba 100.000 caballos de
potencia en corriente continua hasta Búfalo. No obstante, los proyectos que perseguían hacer llegar fluido
a los núcleos urbanos españoles se consideraron largo tiempo inviables.
137
Hispania, y en 1902 distribuía fluido eléctrico a toda la ciudad portuaria. Martínez
Carrión14 sostiene que Ahlemeyer se encontraba entre las tres centrales más potentes en
cuanto a capacidad y generación energética en 1910, junto a las de Barcelona y Madrid.
Después de Cartagena, la capacidad de la empresa permitió la expansión por todo el
campo cartagenero.
La construcción de la nueva fábrica de luz a principios de 1901, por parte de
Alhemeyer en los terrenos en donde se encontraba la anterior15, fue acogida con gran
entusiasmo por parte de la población de la ciudad. Hay que señalar que la instalación
para el suministro de energía eléctrica, tanto en el casco urbano como en la zona
industrial del municipio de la Unión, importante zona minera de la Región de Murcia,
comenzó casi simultáneamente a la construcción del edificio, hecho que se celebró por
los propietarios de las minas, debido a que la ausencia de luz eléctrica suponía un grave
problema económico para continuar con las explotaciones de las mismas.
Por otro lado, se van sucediendo las pruebas en Murcia, capital de la Región,
como las realizadas en el Casino (1886) o en el edificio del Ayuntamiento (1887),
aunque la luz no se estableció hasta 1897 en toda la zona urbana. En la ciudad, hasta la
última década del siglo XIX, el alumbrado se llevaba a cabo con gas y estaba a cargo de
La Compagnie Centrale16, dirigida por Charles Lebón y después por Eugene Lebón, su
hijo. La energía eléctrica la introdujo en Murcia el ingeniero cartagenero Isaac Peral y
Caballero17. Fue en 1894 cuando se inauguró la central que él mismo diseñó, y el
edificio se realizó en el jardín del Teatro-Circo Villar18, aprovechando un salto de agua
que procedía de la acequia de Caravija que por ahí discurría y todavía ha quedado
14
José Miguel MARTÍNEZ: Economía de la Región de Murcia, siglos XIX y XX, Murcia, Editora
Regional de Murcia, 2002.
15
La fábrica de Alhemeyer comenzó su funcionamiento en la Semana Santa de 1902, suministrando
alumbrado a la ciudad portuaria de Cartagena.
16
A partir de 1840 esta empresa realizó los primeros intentos de instalación de alumbrado eléctrico en
España (Barcelona, 1841; Valencia, 1843; Cádiz, 1868; Granada, 1863 y Almería, 1867). No obstante,
debido a la falta de seriedad de la empresa no tuvo éxito en ninguna de ellas. Ricardo MONTES: La
energía que ilumina. Historia de la iluminación en la Región de Murcia (1797-1935), Murcia, Cajamurcia,
1999.
17
Isaac Peral y Caballero (Cartagena, 1 de junio de 1851- Berlín, 22 de Mayo de 1895) fue un científico,
marino y militar español que inventó el primer submarino torpedero.
18
La introducción del suministro eléctrico no estuvo exento de las preocupaciones de la población, que no
confiaba en que el suministro pudiera realizarse cuando hubiera tormentas. Ante ello, al ingeniero no le
quedó más remedio que publicar un comunicado en los periódicos de la época para paliar esos temores,
indicando que la mejor manera de no tener problemas de aislamiento era estar abonados al servicio
general.
138
reflejado su nombre en una calle que parte desde la que se localiza hoy el Teatro Circo
(Enrique Villar) y la calle de la Merced.
Tal fue el éxito que tuvo Peral, que en 1894, solicitó construir una central
eléctrica en el municipio de Jumilla, aunque allí se encontró con la dificultad de que no
tenía la fuerza motriz del agua, como en Murcia, y tuvo que emplear otros medios para
poder prestar el servicio. Pero el ingeniero cartagenero no sólo suministró energía
eléctrica a la Región, sus aspiraciones empresariales le llevaron a solicitar el alumbrado
de la vecina localidad de Orihuela, provincia de Alicante, en 1898, presentando en el
ayuntamiento su propuesta de tendido eléctrico así como el establecimiento de 23 arcos
voltaicos en las 23 plazas que tenía la ciudad.
Las fábricas eléctricas en la Región de Murcia y el papel del empresariado político
Tras la exposición de los antecedentes, cabe preguntarse cómo se introdujo el
fluido eléctrico en la Región de Murcia. En este sentido, llama la atención que está
determinado por unas características singulares, pues los orígenes de las primeras
fábricas eléctricas en los márgenes de la Vega Alta y Media del río Segura están
vinculados a la presencia de una industria ya existente en la zona. A lo largo de la Vega
Alta comenzaron a establecerse fábricas que producían energía eléctrica sirviéndose de
los saltos de agua ya autorizados, o pidiendo concesiones nuevas19. Entre las primeras
podemos mencionar la fábrica San Antonio de Cieza, propiedad de Juan Marín y
Marín20, que se instaló aprovechando el salto de agua vinculado a la acequia Charrara
que era propiedad de la familia. Esta fábrica suministró fluido eléctrico a la población
19
El acceso y la tenencia de recursos hidráulicos en España se regían por la Ley de Aguas de 13 de junio
1879. La Ley reconocía al Estado como depositario del dominio público eminente de los cursos corrientes
de agua, pero posibilitaba la tenencia a través de concesiones finalistas. Eliminó los derechos de las
comunidades ribereñas e impuso el procedimiento de acceso vía concesión rogada, aunque garantizando
la continuidad de las antiguas prescripciones. Los permisos para la explotación industrial de las aguas se
otorgaban por parte de los gobernadores provinciales por un tiempo indefinido, se inscribían en el registro
correspondiente y el uso denunciado debía hacerse efectivo por su titular antes de cumplirse seis meses de
la autorización y no cesar durante un año. Salvo la inscripción, se suprimía toda contrapartida por parte
del usuario y los permisos podían transferirse por venta o cesión, aunque se debieran mantener las
condiciones de empleo. Estas leyes en materia de aguas, con un marcado carácter liberal, facilitó el uso de
los saltos de agua como aprovechamiento hidroeléctrico sin apenas alterar las utilizaciones de aguas
arriba o abajo, ocupando sólo zonas colindantes como la represa y el desvío, afectando sólo a los
propietarios de los terrenos adyacentes. La explotación se llevaba a cabo en las cabeceras de los ríos o en
sus remansos naturales mediante instalaciones de escasa magnitud. Este sistema de concesión facilitó la
explotación eléctrica. Isabel BARTOLOMÉ: La industria eléctrica en España, Madrid, Estudios de
Historia Económica, Banco de España, 2007.
20
Posteriormente se llamaría Menjú, por la finca donde se encontraba.
139
de la localidad y alrededores desde marzo de 1896, inaugurándose en esa fecha la luz
eléctrica en dicho municipio21. La sociedad creada para ello se llamaba Eléctrica
Ciezana22, pudiendo ser considerada precursora de las empresas hidroeléctricas y
anterior a la de Bilbao23.
En Blanca, Rafael Molina, alcalde del municipio, inauguraba el 1 de julio de
1893 la fábrica de luz de la localidad24. En Archena, la sociedad denominada Molinos
del Segura, obtuvo en 1845 la concesión para el aprovechamiento25 y utilización de la
producción de energía eléctrica de un salto de agua26. Entre los promotores de la misma
se encontraba Jerónimo Ruiz, alcalde de Murcia en aquel momento.
Fue a partir de entonces cuando comenzaron a solicitarse aprovechamientos en
otra poblaciones, y como ejemplo se pueden citar los siguientes: en la vecina población
de Abarán, Rafael González Díaz solicitó, en 1919, el aprovechamiento de un salto de
agua en el paraje conocido como Soto de Damián, destinado a la producción de energía
eléctrica27. En Ulea, en 1917, Joaquín Moreno Ramírez también lo hizo para un salto de
producción eléctrica en el paraje conocido como El Golgo. En ese mismo año, Rogelio
Manresa Illán solicitaba la concesión de un salto de agua en el sitio denominado Los
Almadenes, para producción eléctrica. Manresa Illán ya era fundador y dueño de la
empresa ―La Electromotora‖, que suministraba energía a Murcia desde 1903. En 1919,
Clemente Lavié Laborde solicitaba el desvío de agua del lugar denominado ―La
Serratilla‖ para producción eléctrica, que se encontraba en la finca ―Cañaverosa‖
(Calasparra), si bien los intentos de instalar una fábrica de electricidad en ese paraje se
remontan a 1869, denegándose siempre hasta principios del siglo XX. No obstante,
Calasparra, tenía alumbrado desde 1905, suministrado por la fábrica ―La Esperanza‖.
A todas estas fábricas se pueden añadir otras más pequeñas de las que se tiene
constancia, como la fábrica de Santo Cristo en Cieza, fábrica de harinas28 que también
21
Noticias Generales, Las Provincias (Murcia), 6 de marzo de 1896.
El nombre aparece en el periódico El Diario de Murcia, de 20 de agosto de 1896 en el artículo ―La
Feria de Cieza‖. Hasta ahora se pensaba que la compañía se llamaba San Antonio, como la fábrica.
23
Hidroeléctrica Ibérica, fundada en 1901.
24
Lo del día, El Diario de Murcia (Murcia), 1 de julio de 1893.
25
Al Heredamiento de Hacendados de la acequia Caravija, una parte del caudal de agua del salto estaba
destinado a la producción de energía eléctrica y el resto a regadío.
26
En un primer momento, el aprovechamiento se pidió para la producción de harina. Posteriormente, se
utilizaría para producir energía eléctrica.
27
En 1921 fue cedido a Nicolás Gómez Tornero, importante empresario industrial local, que fue fundador
de una importante industria conservera, siendo la más conocida Hero, instalada en Alcantarilla.
28
La fábrica que suministraba luz a Segovia también era una fábrica de harinas.
22
140
comenzó a producir fluido eléctrico. En 1908, los hermanos Villar inauguraban una
fábrica de luz en la Alberca (Murcia), y en Lorquí se sabe que había otra en 1900.
Pero no sólo en la Vega de Segura surgen factorías, en el Noroeste de la Región
también hubo intentos de alumbrar las poblaciones, así, en 1893, Alfonso Cabello y
Guillén de Toledo, importante jurista del momento, solicitaba dar alumbrado a la
población de Caravaca desde la fábrica que allí tenía, y en 1901 entró en
funcionamiento la de Moratalla; en Cehegín, ya existía en 1900 la fábrica ―La Cruz y las
Maravillas‖. Todo ello indica que la Región de Murcia ya contaba con alumbrado, más
o menos eficiente, a finales del siglo XIX y primeros años del XX.
Una característica común a todas estas primeras factorías es que sus fundadores
y/o promotores de las misma, eran empresarios y/o políticos de la época: Juan Marín y
Marín, Juan de la Cierva, el Marqués de Corvera, Pío Wandosell, Isaac Peral, Rogelio
Manresa o Joaquín Payá, son sólo algunos nombres de los que se dedicaron a establecer
fábricas de luz en la geografía murciana. Asimismo, algunas de ellas se encontraban
establecidas en fincas que se utilizaban como lugar de encuentro de la clase alta en
aquellos años y donde las edificaciones y ornatos respondían a las características del
momento. En este sentido se puede mencionar la finca de Cañaverosa (Calasparra), el
Menjú (Cieza), el parque de la Marquesa (Archena) o el Molino del Marqués (Murcia).
Además, estas industrias nacen junto a otras actividades, esto es, en sus comienzos eran
fábricas de hielo -Archena y Blanca-, molinos harineros -Santo Cristo-, de esparto -el
Menjú-.
La Vega Alta y Media del río Segura se convierte, de esta manera, en un espacio
donde las fábricas de luz se suceden suministrando fluido a las poblaciones de su
alrededor. Las factorías surgen por la existencia de otras y las fábricas de hielo, esparto
o harina ven como su funcionalidad se multiplica. Por otro lado, es importante destacar,
que muchos de los promotores de estas factorías eran a su vez dueños de minas de
hierro en La Unión -Rogelio Manresa-, Cehegín -Joaquín Payá- o Calasparra -Juan
Marín-, lo que indica que la necesidad de un modo de energía que permitiera la
explotación de las mismas era urgente. En definitiva, la iniciativa privada estaba
motivada, por un lado, por la necesidad de suministrar energía eléctrica tanto a las
empresas ya existentes como a los hacendados y, por otro, por las posibilidades de
negocio nacientes, siendo ésta una forma de enriquecerse rápidamente. Además, al estar
141
el fluido eléctrico en manos de políticos y empresarios, no era difícil conseguir las
concesiones de alumbrado de las ciudades, ya que la existencia de la fábrica como tal
favorecía la instalación de convertidores eléctricos29, lo que posibilitó vender la energía
excedente a las poblaciones de la Región30.
Liberales unos, conservadores otros, vieron en la luz eléctrica un modo de
enriquecerse e incluso, de ascender socialmente. Juan Marín y Marín, el dueño de la
fábrica San Antonio de Cieza, fundó el partido liberal en Cieza. Joaquín Payá, años
después, en 1914, fue diputado liberal también por Cieza, utilizando para sus fines la
finca del Menjú, que se convirtió en lugar de reunión de políticos del momento31. Rafael
Marín, dueño de la fábrica de Blanca, era el alcalde de la localidad en aquellos años al
igual que lo era de la ciudad de Murcia Jerónimo Ruiz, gerente de Molinos del Segura.
Rogelio Manresa fue concejal del ayuntamiento de la capital desde 1899. El mismo
Isaac Peral fue elegido diputado electo por el Puerto de Santa María en 1890. De todos
quizás el personaje más importante en el ámbito empresarial de energía eléctrica de la
región fue Joaquín Payá López de Azmenzola32. En poco más de 10 años controló el
29
La aplicación de dinamos a molinos hidromecánicos permitió transformar la energía en eléctrica. Esta
forma de introducción de la energía eléctrica en la Región de Murcia no fue exclusiva de la misma sino
que también tuvo lugar en otras cuencas, como en la del Júcar. Isabel BARTOLOMÉ: La industria
eléctrica en España, Madrid, Estudios de Historia Económica, Banco de España, 2007.
30
Desde 1890, dos hallazgos hicieron posible el desarrollo de la energía hidráulica y la transmisión
eléctrica a larga distancia. Por un lado se efectuaron los primeros transportes con éxito de corriente
alterna Lauffen-Frankfurt. Los mismos permitían unir mediante un tendido eléctrico en corriente alterna y
sucesivas transformaciones de la tensión los centros de producción hidráulica a gran escala y los centros
de consumo, reduciendo las pérdidas. El segundo fue la mejora de las turbinas Pelton. A principios del
siglo XX llegaron a España las turbinas Francis. Las primeras permitían adaptarse con gran eficiencia a
los saltos típicos de territorios que disponían de abundantes desniveles pero escasos caudales, y las
segundas mejoraron el rendimiento de los saltos bajos y caudalosos. Isabel BARTOLOMÉ: La industria
eléctrica en España, Madrid, Estudios de Historia Económica, Banco de España, 2007.
31
María Dolores PIÑERA: Análisis y propuesta de recuperación del Menjú: un estudio de casos, Trabajo
fin de máster, Universidad de Murcia 2015, http://hdl.handle.net/10201/47980
32
―Hijo de un funcionario de Correos, Joaquín María Payá Soria, y de Trinidad López de Amézola, nació
en Bilbao el 25 de noviembre de 1872. En su infancia vivió el sitio de Bilbao impuesto por las tropas
carlistas, y en 1877 su padre se traslada a Murcia, donde vivió y estudió Bachillerato. A los 17 años ya
escribía poesía, la cual se publicaba en el diario ―Cartagena Artística‖. En Madrid, realiza los estudios de
Derecho y Filosofía y Letras. Es Colegial en el Real Colegio Español de San Clemente, de Bolonia. Allí
fue alumno del poeta Carducci. Se casó con Mercedes Navarro Sánchez, y en 1897 fue destinado a la
embajada de Sanghai. Su formación humanística y su amistad con el conde de Romanones le abrirá las
puertas en los temas relacionados con los negocios de minas, agrícolas, política... Durante su vida se
relacionó con personajes de gran relieve social tanto de la política como de la cultura. La misma fue una
sucesión de traslados debido a sus negocios y a su actividad como diplomático y político. Como director
del Banco de Cartagena, viajaba continuamente para abrir sucursales, veraneaba en Fuenterrabía,
realizaba largas estancias en sus fincas del Menjú, de Cañaverosa (Calasparra) y Rodeo de la Ermita
(Torres de Cotillas). Debido a su gusto exquisito, estas fincas poseían bellos jardines y huertos, así como
una gran biblioteca que estaba centralizada en Cañaverosa. Su estancia en Sanghai fue complicada por la
situación que existía en aquellas latitudes a finales del siglo XIX, donde la crisis colonial de España era
evidente. A su vuelta a España decide comenzar su carrera política. En aquel momento Joaquín Payá se
142
suministro eléctrico de gran parte de la Región. Menjú, Solvente y Blanca se
convirtieron en referente y a ellas, se unían las de Abarán y Santo Cristo (Cieza), que
tenía en régimen de arrendamiento, y finalmente Cañaverosa, última central eléctrica
que construyó. Precisamente fue con la central del Solvente con la que consiguió
suministrar energía eléctrica a la ciudad de Murcia desde 1913 mediante un contrato que
realizó con la Sociedad Lebón y Compañía.
La electrificación en el interior de la Región estaba ya muy avanzada en esta
primera década del siglo XX y en la costa murciana también proliferaron permisos para
construir fábricas desde finales del siglo XIX, no obstante, comenzaron a funcionar en
el inicio de 1902, coincidiendo con la de Lorca. En estas poblaciones las fábricas
estaban vinculadas a balnearios y hoteles que se ubicaban en la orilla de la playa.
Aparecen, entonces, sociedades y compañías industriales encargadas de la
producción y gestión de suministro eléctrico a lo largo de toda la geografía murciana:
―La Electromotora‖, ―Eléctrica Alhameña‖, ―Popular Cartagenera‖, ―Eléctrica
Ciezana‖... son sólo algunas de las denominaciones de las empresas que se
constituyeron a finales del XIX en la Región, sucediéndose entre ellas en la gestión del
alumbrado y desapareciendo años después porque eran absorbidas por otras más
dinámicas. Pero no sólo ―fabricaban luz‖, sino que alguna de ellas también suministraba
la maquinaria necesaria para el montaje de otras factorías.
encuentra bien económicamente, y entre sus posesiones se encuentra la finca del Menjú, en Cieza, que
junto con su amistad con el conde de Romanones, y la dirección de la sucursal del Banco de Cartagena, le
serviría de plataforma para sus intereses y los del partido liberal-romanonista. Primero fue diputado en
Cortes por Cieza, después, por Cartagena, no obstante, enseguida empezaron a surgir desavenencias entre
él y Romanones, ya que este último quería colocar en Murcia a su yerno, el duque de Pastrana. A partir de
ahí su vida política está llena de enfrentamientos con él, llegando a participar en el levantamiento contra
Primo de Rivera. En el terreno económico, en 1905 se crea una sociedad que agrupaba a mineros,
industriales y comerciantes de Cartagena presidida por su amigo el Conde de Romanones. A partir de
aquí empieza a invertir en las minas de hierro de Gilico, en Cehegín, siendo incluso más importantes que
las de Cartagena. Casi al mismo tiempo invierte en la producción de energía eléctrica y funda en 1909 la
empresa ―La Eléctrica del Segura‖. En 1908 compra la finca del Menjú, en Cieza, donde desde 1896
funcionaba la Fábrica de la Luz San Antonio que suministraba de luz a la zona de Cieza. Poco a poco
decide expansionar el negocio y aprovecha los nuevos saltos de Cañaverosa, Blanca y Ojós. Estos saltos
funcionaban con alternadores suecos y turbinas alemanas, por lo que cuando llegó la Segunda Guerra
Mundial las reparaciones se realizaban de forma costosa y empezó a ser poco rentable. Posteriormente,
dirige su atención a la producción de luz en la costa. De esta manera, Joaquín Payá suministró energía a
Cieza, Blanca, Ricote, Villanueva, Ojós, Ulea, Alhama, Espinardo, el Puntal, Mula, Bullas, Cehegín,
Calasparra, Caravaca, Lorca, Puerto Lumbreras, Mazarrón y al aeródromo militar de San Javier. En
definitiva, con el tiempo se hizo con diversas compañías: Electra Caravaqueña, La Cruz y Las Maravillas,
Unión Electro-Industrial, La Clavellina, Electra de Lorca, Eléctrica Alhameña, Electra Aguileña, La Luz
del Quípar y Electra Totanera, o, al menos, sustituyéndolas en el servicio‖. Ricardo MONTES. Rasgos de
la vida de Joaquín Payá López. Andelma. Revista C.E.H. Fray Pasqual Salmerón, 19 (2010), pp. 5-10.
143
De fábricas de luz a paisaje cultural
Algunas de estas fábricas todavía permanecen en pie, edificadas al estilo de la
época, en mampostería y ladrillo, con techumbre a dos aguas. El techo solía estar
realizado con vigas de madera y el suelo cubierto con losas hidráulicas. El entorno
donde se ubican la mayoría de ellas, en el Valle de Ricote, su red de acequias y caminos
y canales, constituye un auténtico paisaje cultural tal y como se desprende de la
definición realizada en el Convenio Europeo del Paisaje33 (Florencia), aprobado por el
Consejo de Europa y marco de referencia europeo para el diseño de políticas de
protección, gestión y ordenación del paisaje en toda Europa. El Convenio entiende el
paisaje como un área, tal y como la percibe la población, el carácter de la cual es el
resultado de la interrelación que existen entre los distintos elementos y factores, tanto
naturales como humanos, así como las variaciones que se hayan producido en el mismo
a lo largo del tiempo. Una cuestión irrefutable, sin lugar a dudas, en el caso del espacio
que nos ocupa: el Valle de Ricote.
La percepción que resulta de la experiencia vital en un lugar determina, como
indica Nogué i Font34: ―Percibir el paisaje es un acto individual y fisiológico que
establece, de primeras, una diferenciación entre nosotros, no todos los seres humanos
perciben igual puesto que cada uno tenemos características visuales diferentes‖ por lo
que considera lo siguiente:
―Nuestros recuerdos, experiencias y los lazos afectivos sobre un paisaje
determinan, de alguna forma, la manera de percibirlo. Por otro lado, la manera de la
reacción que podamos tener, dependiendo de las modificaciones que sufra el mismo,
pueden variar de una persona a otra en función tanto de la familiaridad como del nivel
de conocimiento que se tenga sobre él. La percepción no sólo es individual sino que
también se puede considerar desde el punto de vista colectivo. En este sentido, cada
cultura crea sus propios arquetipos paisajísticos, sus símbolos y sus particulares
interpretaciones del paisaje. El paisaje, por tanto, puede interpretarse como un código de
33
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Oficina de Interpretación de Lenguas: ―Convenio
Europeo del Paisaje‖. MECD, (20-X-2000), http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/culturamecd/areas-cultura/patrimonio/Convenio_europeo_paisaje.pdf
34
Joan NOGUÉ I FONT: ―Turismo, percepción del paisaje y percepción del territorio‖, Estudios
turísticos, 115 (1992), pp. 45-54.
144
símbolos dinámico que nos habla de la cultura de su pasado, de su presente y en algunos
momentos, de su futuro‖.
Dentro de los paisajes culturales, como el que aquí se ha generado, se podría
hablar de los paisajes del agua que, siguiendo a Ribas Palom35, son el resultado de la
combinación dinámica de elementos físicos, donde el agua tiene una participación
relevante, y elementos antropogénicos. Esta unión los convierte en un entramado social
y cultural en continua evolución. Por tanto, los principales elementos que definen a los
mismos son el mar, los ríos, las ramblas, las lagunas, los estanques... pero siempre en
relación con aquellos otros elementos que nos muestran una permanencia histórica de
las relaciones entre la sociedad y el agua como podría ser las presas, los molinos, los
caminos, las propiedades, los canales industriales… De todo esto hay diversos casos en
la zona del mediterráneo donde las relaciones entre la sociedad y el agua han sido muy
habituales, generando paisajes de gran valor ecológico.
La idea de los paisajes del agua como paisajes culturales, se encuentra en las
aportaciones realizadas por Bruno Latour (1999) o James D. Proctor (1998), a quienes
cita Ribas Palom, desde el momento en que defienden que naturaleza y cultura, objeto y
sujeto, no son enteramente iguales pero tampoco son diferentes. De esta manera, se trata
de integrar los dos conceptos y alejarse de los sesgos naturalistas y de las ideas mismas
de las Ciencias Sociales para defender que cualquier realidad es una construcción
humana, incluyendo la realidad ambiental. Deben concebirse como redes compuestas de
asociaciones heterogéneas de elementos humanos y artificiales de manera que la forma
de gestionar sea respetuosa con la diversidad presente en el entorno fluvial. Los países
que se están adaptando al Convenio Europeo del Paisaje se comprometen a ―…integrar
el paisaje en las políticas de planificación regional y urbanística y en sus políticas
culturales, ambientales, agrícolas, sociales y económicas, así como en cualquier otra
política que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje‖ 36.
De las muchas fábricas que se construyeron a lo largo de la Vega Alta y Media del
Segura, algunas continúan en pie, incluso funcionando en la actualidad, como la del
35
Anna RIBAS: ―Los paisajes del agua como paisajes culturales: Conceptos, métodos y una
experiencia práctica para su interpretación y valorización‖, Revista de la Asociación de profesores de
Geografía, 32 (2007), pp. 39-48.
36
Artículo 5, apartado d), del Convenio Europeo del
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areascultura/patrimonio/Convenio_europeo_paisaje.pdf
145
Paisaje.
Recuperado
de
Solvente, en el término municipal de Ojós. La historia de cada una de las empresas, sus
vínculos con políticos relevantes, ingenieros e incluso nobleza española, muestra una
parte importante del lugar donde se ubicaron: balnearios, fincas, teatros... Más tarde, la
llegada del alumbrado eléctrico a la Región, relacionada con los intereses personales de
sus promotores, ofreció, como hemos visto, a los empresarios propietarios de minas,
poder continuar las explotaciones de las mismas; también a los dueños de talleres
textiles y de esparto aumentar no sólo la productividad de sus máquinas sino las horas
de trabajo en sus establecimientos fabriles. Integradas algunas de estas fábricas de luz
en el Valle de Ricote, otras muchas se encuentran en diversos lugares de la geografía
murciana, y todas ellas constituyen testimonio de cómo la historia forma parte del
entorno, integrándose en el mismo, conformando un paisaje cultural que hay que
proteger, salvaguardar y poner en valor, porque es parte de nuestra historia y nuestro
presente, y debería ser también parte de nuestro futuro.
146
La corrupción: ese parásito transecular. Una mirada dilatada a
un fenómeno europeo
Joan Pubill Brugués
Universitat Autònoma de Barcelona
La corrupción no nació con la democracia. Sin embargo, este sistema político, símbolo
de los derechos humanos y la libertad, epítome del progreso, no consiguió erradicarla.
Todo lo contrario: la corrupción consiguió penetrar en el parlamentarismo y
desprestigiarlo. Los pucherazos caciquiles durante la Restauración Borbónica; los
escándalos en la Tercera República Francesa; el clientelismo en la Italia giolittiana; el
estraperlo durante la Segunda República Española y las corruptelas franquistas son
prácticas que encuentran sus reflejos en casos bien conocidos de la historia europea más
inmediata y que demuestran cómo la corrupción no entiende de fronteras ni de unidades
temporales.
Breve presentación del fenómeno. Consideraciones y objetivos
No es muy difícil entender las razones que explican el interés por escudriñar los
rincones más oscuros de la política. Ni falta hace justificar por qué la corrupción es el
plato principal en esta cruzada cívica para exorcizar viejos vicios. Tal y como José
Carlos Bermejo Herrera ha puesto en relieve, el historiador es prisionero del tiempo, del
relato que crea en concomitancia con las preocupaciones que le rodean, sin que esta
contemporaneidad tenga que obstruir su juicio:
El historiador crítico no estudia un hecho por el mero hecho de que
pertenezca al pasado, sino en tanto que su análisis le sirva para iluminar
algunos de los problemas del presente. […] El trato con el pasado no deberá
estar, sin embargo totalmente condicionado por los intereses del presente. Por
147
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
el contrario, el espejo del pasado le permitirá al historiador relativizar el
presente y contemplarlo de un modo que no le sería posible si no pudiese
salirse, al menos imaginariamente, de él.1
De este modo, frente al constante goteo de información concerniente a escándalos y
casos, de tramas en cuyas telarañas han sucumbido y/o tejido tanto defensores de lo
público como gestores de lo privado, cabe preguntarse qué hay detrás de este fenómeno
tan antiguo como es la corrupción, cuyos tentáculos invisibles no entienden de
fronteras. Son pues, su envergadura temporal y enraizamiento en la práctica diaria las
características que convierten a la corrupción en un objeto de estudio interesantísimo,
no solamente por el efecto económico o el impacto socio-mediático que puedan acarrear
los ejercicios fraudulentos, sino también por los discursos y contra-discursos que genera
en relación al poder. Con mucho acierto, Frédéric Monier ha subrayado que el
escándalo no tiene solamente «un rôle de révélateur ou de miroir. Il agit aussi comme un
catalyseur, mettant à jour des évolutions». 2 Con todo esto, la revelación de un escándalo
de corrupción no tiene que entenderse meramente como el triunfo de la transparencia,
sino que se tiene que ir un poco más allá con el fin de entrever que, pese al peso de la
ley y el combate contra la defraudación o la prevaricación, la corrupción está integrada
en los mecanismos de poder y en los sistemas políticos, precisamente porque los
corruptos y los corruptores se deslizan por los bastidores de lo público y lo privado
cuando son enfocados por la lupa de la justicia. Sin embargo, tampoco se quiere argüir
que la historia política equivalga a una historia de la corrupción sin tapujos. Más bien,
se busca acomodar las prácticas que se consideran legal o moralmente corruptas en la
historia de la praxis política.
La acción de levantar la alfombra tampoco se circunscribe, empero, a hacer frente
una situación de adversidad, como Damien de Blic y Cyril Lemieux han analizado con
acierto, ya que entran en juego diferentes factores que tensan la relación entre corrupto
y audiencia, como la mediatización interesada, por parte de los mismos particulares o
del poder, de exponer lo sucedido.3 Para los sociólogos franceses, atrapar in fraganti a
los corruptos y corruptores supone poner en tela de juicio las estrategias que estos
mismos actores ejecutaron, quienes se ven desbordados por el desencadenamiento de
1
José Carlos BERMEJO HERRERA (1994), Entre historia y filosofía, Akal, Madrid, p. 122.
Frédéric MONIER (2011), Corruption et politique: rien de nouveau?, Armand Colin, París, p. 14.
3
John B. THOMPSON (2000), ―Tranformation de la visibilité‖, Réseaux, vol. 18, nº 100, 187-213, p.
200.
2
148
acontecimientos que no habían previsto tras someterse a la luz pública.4 De ahí que
señalasen la «force instituante» de los escándalos, los cuales, a efectos reales, modifican
la percepción que la ciudadanía tiene acerca de los corruptores en un proceso de acciónreacción cuyas consecuencias no se pueden predecir. No obstante, como John B.
Thompson subrayó, no se tiene que olvidar que la visibilización, la presentación al
público del fenómeno, al mismo tiempo que puede ser una tribuna para ser atacado o
defenderse, es una plataforma para atacar,5 con lo cual los vectores de reciprocidad
entre poder, audiencia e individuo resultan ser más complejos que lo que se puede
comúnmente intuir. De forma pionera en su estudio sobre el crack de la Union Générale
en 1882, Jeannine Verdès evidenció cómo los escándalos ponen en marcha la
maquinaria de juicios y argumentos apriorísticos que galvanizan la opinión pública en
un juego de intereses cruzados que poco tienen que ver con el caso en sí. Así, el caso se
instrumentaliza, sirviendo como pretexto para defender, atacar o calumniar según
convenga.6
Sobre todo, si se examina el trabajo demoscópico, la imagen representativa que se
obtiene resulta, como mínimo, llamativa a la par que sugerente. Por un lado, en la
encuesta que dirigió en noviembre de 2000 en Francia, Pierre Lascoumes reveló que el
grueso de la población no percibía la corrupción como un factor explícitamente
condenable.7 Por otro lado, después de analizar una ingente información empírica,
Manuel Villoria y Fernando Jiménez se inclinan por validar la tesis del círculo vicioso
existente que establecía que a mayor percepción de corrupción, más prácticas corruptas:
En suma, creemos que esas hipótesis se han validado. El panorama general que
el análisis nos deja —última hipótesis— es el de un círculo vicioso de
desconfianza que se autoalimenta; un círculo por virtud del cual la lucha contra
la corrupción genera noticias de detenciones de políticos que, a su vez, provocan
la percepción de una mayor corrupción y, con ello, refuerzan variables clave de
4
Damien de BLIC y Cyril LEMIEUX (2005), ―Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie‖
Politix, vol. 18, n° 71, 9-38.
5
John B. THOMPSON (2005), ―La nouvelle visibilité‖, Réseaux, nº 1, 59-87, p. 76.
6
Jeannine VERDÈS (1965), ―La presse devant le krach d‘une branque catholique: L‘Union Générale
(1882)», Archives de sociologie des religions, nº 19, 125-156, pp. 148-153.
7
Pierre LASCOUMES (2006), ―Politiques et citoyens: une relation corruptible. Problématiques et
premiers résultats‖, CEVIPOF (Corruption et Démocratie, 2003-2006), Sciences PO, pp. 12-13.
149
nuestra tradicional desafección institucional y desapego político, las cuales, a su
vez, podrían favorecer el desarrollo de la corrupción.8
Estas dos aseveraciones remiten a la intrincada interrelación que existe entre la
tolerancia a la fraudulencia y su necesidad práctica. Diversas aproximaciones a la
corrupción han sacado a la luz las paradojas con las que las sociedades decimonónicas –
como las actuales- tuvieron que lidiar frente a los casos de corrupción. Por muy confuso
que parezca, la corrupción no siempre se trata, o no tiene porque observarse desde una
panorámica general, como un fenómeno negativo. N. H. Leff postuló que la corrupción
económica ayudaba a dinamizar la economía frente a unas élites con tendencia a
bloquear el sistema.9 De hecho, tanto la evasión fiscal como las estafas electorales o la
compra de cargos fueron prácticas que bien se sitúan en este enrevesado marco entre lo
ético y lo político. En conjunción con lo que defendió José Varela, quien resaltó que la
corrupción y el fraude fiscal fueron pilares en cuyos capiteles descansaba la estabilidad
del sistema político,10 Francisco Comín ha señalado la intrincada consecuencia de la
evasión fiscal y las corruptelas políticas: mientras los sobornos probablemente fueron la
causa de la legislación liberalizadora y del impulso industrial, el caciquismo también
pudo ser un factor de retraso económico. Con ello, pese a la extensión de unas prácticas
fraudulentas
arraigadas,
la
tolerancia
ciudadana
estaba,
en
cierto
modo,
ambivalentemente acomodada a ese modo de proceder: por un lado, los que tenían
capacidad para evadir o sobornar, toleraban el sistema, mientras que los que no tenían
poder político, se limitaban a pagar a regañadientes generando una burbuja de ansia por
defraudar.11 Situación que encaja perfectamente con lo que pasó en 1992 con el
Tangentopoli, donde los actores atribuían a las transgresiones un carácter de
normalidad.12
8
Manuel VILLORIA y Fernando JIMÉNEZ (2012), ―La corrupción en España (2004-2010): datos,
percepción y efectos‖, Reis, n. 138, 109-134, p. 129.
9
Nathaniel H. LEFF (1964), ―Economic Development through Bureaucratic Corruption‖, American
Behavioral Scientist, vol. 8, 8-14.
10
Véase: José VARELA ORTEGA (1977), Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la
Restauración (1875-1900), Alianza, Madrid.
11
Francisco COMÍN (1998), ―Corrupción y fraude fiscal en la España contemporánea‖. En VV.AA.,
Institución y corrupción en la Historia, Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de
Valladolid, Salamanca, pp. 74 y 99-100.
12
Jean-Louis BRIQUET (2013), ―Le système des pots-de-vin. Normes et pratiques des échanges
corrompues dans l‘Italie de Tangentopoli‖. En Frédéric MONIER, Olivier DARD, Jens Ivo ENGELS
(Dirs), Patronage et corruption politiques dans l‟Europe contemporaine. Les coulisses du politique dans
l‟Europe Contemporaine, XIXe-XXe siècles 2, Actas del Coloquio «Faveurs et corruption» a Metz,
octubre 2012, Armand Colin, París, 229-245, pp. 239-240.
150
Para arrojar más complejidad al asunto, algunos ejemplos pueden ilustrar esta
aproximación sobre la ambivalencia de la corrupción como agente beneficioso. Por lo
que concierne a la Tercera República Francesa, Frédéric Monier ha puesto en relieve la
enorme transigencia con la que se contemplaba el favorecimiento de los representantes
políticos afines, cuyo colofón fue la circular de Émile Combres a los prefectos apelando
a favorecer instituciones y personas leales a la república. 13 De esta manera, la praxis
corrupta era un modo dudoso de asentar la legitimidad o de conservar el poder político
frente a los embates de quienes querían destruir la estabilidad. Otro caso que puede
resultar sorprendente por su actualidad es el de la especulación urbanística. Ligada a la
noción de corrupción como agente transformador, Nacima Baron-Yelles ha observado
que a la especulación costera le siguió la modernización regional, la metropolización y
la especialización económica del territorio.14
Con todas estas consideraciones hechas, establecer los límites de la corrupción es, sin
duda alguna, una labor que requiere de atención y cuidado. Primordialmente, porque su
materialización práctica en forma de praxis adquiere muchos rostros según el contexto
histórico, el tipo de régimen y la naturaleza de la esfera donde se pone la lupa, sea este
el ámbito económico o político, muchas veces conectados.15 Pese a todas estas
aclaraciones, en el presente trabajo no se hará distinción alguna en si dichas praxis
remiten a la evasión fiscal, a la venalidad o la aplicación arbitraria del poder político.
No porque no sea trascendente hacer la distinción, ni tampoco por un empeño
generalizador o sintético. Más bien, se debe a la voluntad de abordar la corrupción en su
dimensión más discursiva e ideológica. Empero, no se trata ni de omitir las
repercusiones político-económicas a pequeña escala y su efecto en los sectores
desamparados, como tampoco se quiere descuidar las intrigas ni las maniobras de la alta
política en particular. Más bien, se busca integrar ambas miradas: la de la historia desde
arriba con la de la historia desde abajo, con el fin de poder retratar ese ambiente etéreo
donde la tolerancia y la fechoría se entrelazan con un rebuscado e indescriptible abrazo.
Es el uso más prosaico de la corrupción lo que verdaderamente se quiere resaltar: en
13
Frédéric MONIER (2011), ―A 'democratic patronage': social integration and Republican legitimacy in
France (circa 1880 - circa 1940)‖. En Ronald G. ASCH, Birgit EMICH y Jens Ivo ENGELS (Eds),
Integration, Legitimation, Korruption. Politische Patronage in früher Neuzeit und Moderne, Peter Lang,
Berne, 97-112.
14
Nacima BARON-YELLES (2013), ―Une approche territoriale de la corruption urbaine en Espagne à
l‘orée du XXIe siècle‖. En Frédéric MONIER, Olivier DARD, Jens Ivo ENGELS (Dirs), Patronage et
corruption politiques… op. cit, 245-263, p. 256.
15
El clientelismo político y la corrupción económico están estrechamente ligadas según: Jean-François
MÉDARD (2000), ―Clientélisme politique et corruption‖, Tiers-Monde, vol. 41, nº 161, 75-87, pp. 84-85.
151
primer lugar, cómo el discurso anticorrupción sirvió para revocar el Ancien Régime y
dar legitimidad a la construcción de un nuevo estado. Por otro lado, cómo la praxis de
las corruptelas y el fraude electoral permitieron conservar la herencia de la revolución
liberal frente a las embestidas de los antiparlamentarios provenientes tanto del flanco
derecho como del izquierdo. En tercer lugar, observar cómo el discurso de la
anticorrupción fue usado en contra, precisamente, de los liberales en el poder por parte
de esas culturas políticas que querían marginar mediante esas praxis. Por último,
subrayar que la corrupción no entiende de sistemas políticos ni de fronteras,
esencialmente porque el uso de la corrupción es un arma de doble filo que permite
afianzarse políticamente, ya sea en beneficio personal o para con un colectivo, al mismo
tiempo que sirve como arma arrojadiza en manos de aquellos que han quedado fuera de
las cuotas de poder. Con ello, subrayar que si bien la democracia no erradica la
corrupción porque en muchos ámbitos resulta útil, tampoco otros regímenes
dictatoriales u opresores, pese a condenarla, son extraños a esas mismas prácticas.
Cuando la moralidad cambia de bando. Degradación, captura y asimilación de un
discurso crítico
Los cimientos que legitimaron la revolución francesa fueron los valores que se
contrapusieron al fasto y a la pompa derrochadora de la monarquía, a la que se le
imputaba una inmoralidad para con el deber del pueblo, a quién le debía obediencia
porque era quién ostentaba la soberanía. La virtud se convirtió, pues, en un leitmotiv
inherente a la causa revolucionaria, cuya misión era garantizar, como expresó SaintJust, la justicia social y la igualdad mediante la transparencia de las instituciones
públicas.16 Esa lógica detrás de la voluntad expresa de hacer tabla rasa con la venalidad
y el despilfarro que venía dada por supuestos privilegios naturales daría pie a un nuevo
lenguaje basado en la castidad ética y en la pureza de lo público. 17 Un argumento que se
basaba en la creencia del progreso como instrumento para la realización de una
humanidad ciudadana.18 El cambio de paradigma, en una clara resolución por acabar
16
Louis Antoine Léon de SAINT-JUST (1837) [1793-1794], ―Les fragments sur les institutions
républicaines‖. En Philippe Joseph Benjamin BUCHEZ y Prosper Charles ROUX (Eds), Histoire
parlementaire de la révolution française ou journal des assemblées nationales. Depuis 1789 jusqu‟en
1815, vol. 35, Librairie Paulin, París, 275-316, p. 275.
17
Raymonde MONNIER (2002), ―Républicanisme, libéralisme et Révolution française‖, Actuel Marx,
vol. 2, n° 32, 83-108, p. 104.
18
Thomas VAN DER HALLEN (2007), ―Corruption et régénération du politique chez Robespierre‖,
Anabases, nº 6, 67-82, pp. 69-70.
152
con el viejo modelo aristocrático y feudal, convirtió la anticorrupción en una noción
clave en los discursos políticos. En este sentido, como ha señalado Frédéric Monier, se
podría afirmar que la economía política no pudo separarse de las discusiones en torno a
la moralidad, como consecuencia del advenimiento del mundo contemporáneo, pese a
haber interesantes fluctuaciones y cambios en las percepciones sobre la corrupción.19 El
combate por la moralidad en lo público fue una de las causas de la crisis del sistema
político feudal que no se restringía a la revolución francesa. Tomando como referencia
el caso de la revolución liberal española, el ansia de ruptura con un régimen que fraguó
una enorme red clientelar con intereses cruzados resulta evidente, sobre todo con el
aumento de la venalidad y del enriquecimiento de válidos como Manuel Godoy.20 Como
bien dejó por escrito Ramón de Santillán, quien fue ministro de hacienda en 1840, la
voluntad de instaurar una sociedad cívica quedaría plasmada en las depuraciones de
personal dependiendo del régimen ya que era la fidelidad a la causa absolutista o liberal
lo que determinaba el acceso a las funciones públicas.21
Es en este cambio de modelo político dónde se tiene que poner atención en el
progresivo acomodo de los revolucionarios a las instituciones. Con esto, no se pretende
argüir que hubo una adopción de los vicios en la translación, ni mucho menos una
conservación de élites. Más bien, se busca subrayar, como bien alertó Jens Ivo Engels,
cómo la institucionalización de la revolución propició tanto un prolongamiento como
una reformulación de las prácticas que anteriormente se habían denunciado, como
consecuencia del nacimiento del estado liberal y de las mutaciones socioeconómicas de
la progresiva industrialización.22 En parte, la emergencia de los partidos, la estructura y
organización parlamentaria o la pugna para imponer o mantener intereses económicos
mediante lobbies fueron los causantes de la transformación de las prácticas
corruptivas.23 A nivel regional, resultan de gran ayuda para la interpretación holística de
la corrupción las aproximaciones al patronazgo o a la elaboración de redes clientelares.
19
Frédéric MONIER (2016), ―La corruption, fille de la modernité politique? ‖, Revue internationale et
stratégique, nº 101, 65-73, p. 67.
20
Francisco ANDÚJAR CASTILLO (2008), ―Nepotismo, clientelismo y fidelidad. De Floridablanca a
Godoy (1789-1798) ‖, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 7, 179-211, p. 183.
21
Ramón de SANTILLÁN (1996) [1860], Memorias, 1808-1956, Editorial Tecnos, Madrid.
22
Jens Ivo ENGELS (2014), ―La modernisation du clientélisme politique dans l‘Europe du XIXe et du
XXe siècle. L‘impact du capitalisme et des nouvelles formes d‘organisation politique‖. En Frédéric
MONIER, Olivier DARD, Jens Ivo ENGELS (Dirs), Patronage et corruption politiques… op. cit., pp.
34-35.
23
Para una lectura más detallada, véase: Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA (2009), Los partidos
políticos en el pensamiento español. De la Ilustración a nuestros días, Marcial Pons, Madrid, pp. 28 y
105.
153
Examinando las formas bajo las cuales se establecen relaciones de clientelismo en el
Mezzogiorno finisecular, Luigi Musella dedujo que las relaciones políticas entre cliente
y patrono se establecían a tres niveles de interacción que deben tenerse en cuenta para
entender su funcionamiento y lógica internos. En primer lugar, la relación se establece
entre personas de estatus, riqueza e influencia diferentes. Por otra parte, la formación y
preservación de la relación está sujeta a la reciprocidad en el intercambio de beneficio y
servicio, como por ejemplo lealtad personal o fidelidad electoral. En último lugar, la
relación es personal, directa y se establece teniendo en cuenta la proximidad.24 Es en
este entramado donde se debe ubicar el transformismo italiano, respuesta de las élites al
problema del censo y del control social, similar al turno español o a la red de favores
francesa, pero con significativas particularidades.25
Trabajos más recientes han perfilado los vínculos entre el clientelismo y el ámbito
del poder político en su esfera pública, en particular acerca de la actitud de votantes a un
representante elegido. En esta dirección, la investigación llevada a cabo por Frédéric
Monier en la Vaucluse del primer tercio del siglo XX resulta muy atractiva, porque
plantea el dilema epistemológico del individuo frente a su espejo: la contradicción entre
ser el portaestandarte de unos valores republicanos tales como la ética cívica y el deber
para con lo público y la actitud cuotidiana del ejercicio político. 26 En el caso del
liberalismo español, Gemma Rubí aclaró que las prácticas caciquiles respondían a esa
lógica de asegurar la consolidación de la revolución liberal y garantizar la estabilidad
social.27
Debido a este engranaje desajustado, producido por el choque entre el ideal teórico y
la práctica más prosaica, los discursos que legitimaron el cambio de paradigma
empezaron a resquebrajarse. La modificación de las nuevas formas parlamentarias de
relacionarse, juntamente con el grado de estancamiento en la capacidad de los sistemas
políticos para ofrecer ascenso social, cuestión que se sobreponía al debate acerca la
representatividad y la participación en lo político por parte de unas capas de la
24
Luigi MUSELLA (1988), ―Clientelismo e relazione politiche nel Mezzogiorno fra Otto e Novecento‖,
Meridiana, nº 2, 71-84, pp. 79-80.
25
Renato CAMURRI (2003), ―La Italia liberal y a España de la Restauración: una perspectiva
comparada‖. En Rosa Ana GUTIÉRREZ, Rafael ZURITA y Renato CAMURRI (Eds), Eleciones, cultura
y política en España e Italia (1890-1923), Publicaciones de la Universitat de València, Valéncia, 15-33.
26
Frédéric MONIER (2007), La politique des plaintes. Clientélisme et demandes sociales dans la
Vaucluse d‟Édouard Daladier (1890-1940), La Boutique de l‘Histoire, París.
27
Gemma RUBÍ CASALS (2014), ―La représentation de la corruption. L‘Espagne dans la construction
du libéralisme politique, 1840-1868‖. En Olivier DARD, Jens Ivo ENGELS, Andreas FAHRMEIR,
Frédéric MONIER (Dirs), Scandales et corruptions à l‟époque contemporaine. Les coulisses du pouvoir à
l‟époque contemporaine 3, Armand Colin, París, 165-180.
154
población con deseos de acceder a los canales del poder o de hacer llegar sus quejas,
fueron elementos que se advirtieron con recelo por todos aquellos que quedaban
excluidos políticamente o tenían un papel restringido, justamente, por la férrea praxis
liberal. En Francia, Jean-Jacques Mayeur señaló que el tuteo entre diputados y el nuevo
lenguaje no contribuyeron a limpiar la imagen de un parlamento cuyos miembros en
activo se asemejaban a una casta parasitaria en una coyuntura donde los escándalos
revelaban los intríngulis de los hombres en el poder.28 En este mismo sentido, Javier
Moreno Luzón apuntó que el caciquismo o el turno pacífico durante la Restauración,
métodos empleados para aferrarse al poder y conservar el orden social y la obra liberal,
pusieron la soga al cuello al discurso liberal, deslegitimando los valores e ideales que
pregonaba debido a la dinámica perversa en la que cayeron sus campeones. 29 Esta
sensación de fatiga del modelo liberal-parlamentario también hizo mella en la joven
Italia, donde abunda la literatura que retrata la vida parlamentaria. Un caso digno de
mención es la novela Le Ostriche (1901) de Carlo del Balzo, en cuyas páginas se
reflejan los ajetreos entre bambalinas, los casos de corrupción y la doble moral en que
cayeron muchos parlamentarios.30
El empleo de corruptelas era una práctica común que respondía a un doble objetivo:
por una parte, estabilizar los nuevos sistemas políticos, y por la otra, promocionar a
todas esas capas sociales que hicieron posible o se adhirieron al cambio. Por este
motivo, no debe extrañar que en buena medida la trampa en que cayeron los hombres de
lo público liberales en el poder, tanto republicanos como monárquicos, fuese construida
por ellos mismos en esa praxis de micropolítica que les permitía el ejercicio del poder.
De ahí que los políticos se encontrasen, como ha argumentado Jens Ivo Engels,
atrapados en las exigencias de la vida política pero arrastrando el peso de las estructuras
histórico-políticas que eran la base de su legitimidad, en unas coyunturas donde el caso
francés tiene que confrontarse y ponerse en relación a lo sucedido en los demás países
28
Jean-Jacques MAYEUR (1984), La vie politique sous la Troisième République, Éditions du Seuil,
París, p. 216.
29
Javier MORENO LUZÓN (1996), ―«El poder público hecho cisco»‖. Clientelismo e instituciones
políticas en la España contemporánea‖. En Antonio ROBLES EJEA (Ed), Política en la penumbra.
Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 169190, pp. 188-189.
30
Paolo Bernaba, protagonista de la novela, encarnaba las vicisitudes de Francesco Crispi en una
coyuntura delicada donde la vida nacional se percibía que en pleno trance de degradación. En Alessandra
BRIGANTI (1972), Il Parlamento nel romanzo italiano del secondo Ottocento, Felicie Le Monnier,
Florencia, pp. 134-141.
155
europeos.31 Desde esta perspectiva de análisis, la corrupción, en su lato sensu, sería
causa y efecto de la modernización.
Mattei Dogan ha señalado pertinazmente cómo una mayor percepción de corrupción
puede convertirse en un indicador de madurez política.32 Esto puede sorprender si
leemos el funcionamiento, probablemente caricaturesco, de los métodos caciquiles
como el pucherazo, a la par que reales y comúnmente empleados:
Acudían allí los curas acompañando y animando al rebaño de electores, a fin
de que no se dejasen dominar por el pánico en el momento de depositar el voto.
Para evitar que «se la jugasen», don Eugenio, valiéndose del derecho de
intervención, sentó en la mesa a un labriego de los más adictos suyos, con orden
terminante de no separar la vista un minuto de la urna. […] Trampeta en
persona, que daba sus vueltas por allí, llegó a impacientarse viendo el inmóvil
testigo, pues ya otra olla rellena de papelas, cubiertas a gusto del alcalde y el
secretario de la mesa, se escondía debajo de ésta, aguardando ocasión propicia
de sustituir a la verdadera urna. […] En este intervalo el secretario de la mesa
verificaba el trueque de pucheros: ni visto ni oído.33
Por más rocambolesco que pueda parecer el pucherazo retratado por Emilia Pardo
Bazán en Los pazos de Ulloa (1886-1887), la receptividad social del fraude puede ir
junto a un mayor grado de concienciación política. Oponiéndose al dualismo
reduccionista que asociaba clientelismo y praxis corrupta con tradición, Jean-Louis
Briquet evidenció, estudiando el caso del sur de Italia y Córcega, que la formación de
patronazgos y redes de amistades, junto con las estafas o sobornos, eran indicativos del
proceso de consolidación de la modernidad liberal.34 De esta forma, la sensibilidad a la
corrupción indicaría una mayor propensión y disposición al conocimiento de lo político
e iría, por lo tanto, en correspondencia al grado de politización de los ciudadanos como
sujetos conscientes de sus deberes y derechos.
Este auge de la sensibilidad se convirtió, pues, en el detonante para la crítica de los
sistemas políticos parlamentarios una vez estos parecían haberse afianzado y
31
Jens Ivo ENGELS (2013), ―La République est vivifiée par la vertu de ses hommes politiques‖. En
Marion FONTAINE, Frédéric MONIER, Christophe PROCHASSON (Dirs), Une contre-histoire de la
IIIe République, La Découverte, París, 40-53, pp. 46-48.
32
Mattei DOGAN (2003), ―La République est vivifiée par la vertu de ses hommes politiques‖, Revue
internationale de politique comparée, vol. 10, nº 3, 415-432, pp. 431-432.
33
Emilia PARDO BAZÁN (2009) [1886-1887], Los Pazos de Ulloa, edición Mª de los ÁNGELES
AYALA Cátedra, Madrid, pp. 356-357.
34
Jean-Louis BRIQUET (1995), ―Les pratiques politiques «officieuses», Clientélisme et dualisme en
Corse et en Italie du Sud‖, Genèses, nº 20, 73-94, pp. 74-75.
156
consolidado. El triunfo del liberalismo político y económico, en definitiva del moderno
Estado liberal, condujo a un irremediable callejón sin salida para los que lo impulsaban
y defendían. Esta paradoja en el seno del poder fue aprovechada por todos aquellos
sectores que veían con recelo y temor los derroteros de la modernidad. La captura del
discurso anticorrupción se hizo con una intención de ir más allá de la lucha por la
transparencia o por una mejora del sistema. Más bien, se quiso aprovechar la bandera de
la moralidad para revertir o rebanar de cuajo los cimientos que sustentaban el sistema
político parlamentario, ya fuera por demasiado burgués o por demasiado progresista.35
El capitalismo sería, junto con el parlamentarismo, la diana de los dardos de esos
sectores
inconformistas
o
contrarrevolucionarios.
Los
escándalos
financieros
visibilizaron el funcionamiento hasta entonces oculto de los resortes que conectaban el
aparato político con los entramados de los hombres de la economía al mismo tiempo
que daban argumentos a las fuerzas opositoras al sistema. La revelación de las
dinámicas internas del poder produjo una mezcolanza de tolerancia e indignación
debido a la aceptación de las praxis por parte de los beneficiarios y a su censura por
parte de los excluidos. Damien de Bic demostró que los escándalos como el de Panamá
en 1892 pusieron sobre la mesa que el desvelo de las prácticas corruptas tiene unos
efectos directos y concretos sobre la percepción social acerca de la naturaleza de la
corrupción. El escándalo empuja a la movilización tanto de los sectores que han salido a
la luz como de los censuradores. De aquí que el caso Panamá diese pie a la asimilación
del dinero con el antijudaísmo, una relación que pasaba por interpretar el advenimiento
del capitalismo como una forma de vida desdeñosa e inmoral.36 Con su pluma, Édouard
Drumont combatió los republicanos y su sistema asemejando dinero a corrupción y al
semitismo más burdo: «Nul siècle n‘a produit de type de basse corruption comparable à
celui-là, nul siècle n‘en produira jamais. Le Juif moderne s‘incarne tout entier dans cet
être hybride et singulier».37
En medio del alboroto producido una vez desvelada la corrupción, el desenlace del
escándalo, como arguyó de Blic, es imprevisible. El caso de la fallida de la Banca
35
Para un mayor detalle acerca de las posturas críticas de la izquierda con la praxis corrupta, véase:
Christophe PORTALEZ (2013), ―La Revue socialiste face à la corruption politique: du scandale de
Panama à l'affaire Rochette (1892-1914)‖, Cahiers Jaurès, vol. 3, nº 209, 15-32 y Jens Ivo ENGELS y
Anna ROTHFUSS (2013), ―Les usages de la politique du scandale. Le SPD et les débats sur la corruption
politique pendant le Kaiserreich (1873-1913)‖, Cahiers Jaurès, vol. 3, nº 209, 33-51.
36
Damien de BLIC (2005), ―Moraliser l‘argent. Ce que Panama a changé dans la société française (18891897)‖, Politix, vol. 3, nº 71, 61-82, pp. 71-72.
37
Édouard DRUMONT (1890) [1886], La France juive, Librairie Victor Palmé, París, p. 343.
157
Romana en 1893 demuestra que, pese al control férreo de los mecanismos de poder, los
acontecimientos pueden escaparse al control.38 La caída del primer gobierno de
Giuseppe Giolitti evidenció que las prácticas corruptas, una vez arrojadas a la luz
pública, pueden no ser aceptadas si escapan a los niveles de tolerancia que la sociedad
civil considera justificables para el bien común. El descrédito del estado liberal fue la
grieta por donde se colaron los críticos con la modernidad liberal y capitalista. La
búsqueda de una alternativa política tanto al liberalismo parlamentario como a la
democracia y a la revolución social se fue fraguando en el calor del descubrimiento de
esos escándalos. El boulangista Maurice Barrès definiría con exactitud la expectativa
con la que se esperaba con creces el anuncio de un escándalo para poner patas arriba el
sistema republicano vigente:
Des ennemis plus ou moins avoués s‘y réjouissaient d‘un désastre dont ils
ignoraient encore la nature. Dans ce chaos, quand sur les banquettes ou, debout,
près de cloisons et à tous les angles, chacun eut rejoint ses coreligionnaires, des
masses compactes, nettement dessinées et d‘importance inégale, firent
comprendre la géographie morale du Parlement : ici les suspects, tout auprès
leurs alliés, personnellement honnêtes, mais atteints par un scandale qui fortifiait
leurs adversaires, et enfin les agresseurs frémissants de sentir la brèche
ouverte.39
El discurso anticorrupción generaría una literatura crítica que bien podía significar
una llamada a la regeneración del sistema o a la instauración de otro régimen. En
España, las propuestas de refundación del sistema canovista entrarían en la primera
categoría, donde intelectuales krausistas u organicistas abogarían para derruir el
clientelismo y el circuito de favores propio del caciquismo a partir del cambio de siglo.
Joaquín Costa puso de manifiesto que, pese a que el liberalismo no engendró la
corrupción clientelar, sí que «Habrán podido el régimen parlamentario en general y el
sufragio universal en particular agrandar el campo de acción del caciquismo, o mudarlo
de asiento».40 Este tipo de aseveraciones resultaban suficientes para atizar los discursos
contra el statu quo y motivar la movilización de las masas y la agitación subversiva,
convirtiendo los escándalos en una oportunidad para politizar las masas y acceder al
38
Enzo MAGRÌ (1993), I ladri di Roma. 1893 scandallo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi
del Risorgimento all‟assalto del denaro pubblico, Mondadori, Milán, pp. 232-245.
39
Maurice BARRÈS (1902), Le roman de l‟énergie nationale 3. Leurs figures, Félix Juven, París, p. 134.
40
Joaquín COSTA (1902) [1901], Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España
urgencia y modo de cambiarla, Hijos de M. G. Hernández, Madrid, p. 120.
158
poder.41 El nacimiento de los populismos contestatarios como el lerrouxismo o el
boulangismo se alimentarían de ese clima de decadencia espiritual y de bajeza moral
propiciado por los mecanismos de salvaguarda del poder por las élites políticas.42
La revelación del funcionamiento de patronazgos o de sistemas clientelares, junto
con las corruptelas que iban dirigidas al enriquecimiento de particulares, no sólo tenían
un impacto sociopolítico, sino que la idea de perversión se trasladaba a un cuerpo más
abstracto y etéreo, pero igual de importante y sentido: el espiritual, cuyo ejemplo más
revelador lo aporta la crítica de Georges Bernanos al hombre moderno.43 La lucha por la
moralidad no se basaba sólo en la aportación de mejoras estructurales o de reformas
políticas para propiciar una mejor vida pública, sino que mantenía un combate tanto o
más férreo en el dominio de la condición humana. Maurice Barrès señaló la inmoralidad
de los parlamentarios y su hipocresía al hablar de virtud.44 Así, estas dos vertientes
estaban estrechamente interconectadas porque eran las causantes del clima de
decadencia que haría posible la fascistización de la sociedad.
La propuesta realista de Charles Maurras iba encaminada a presentar la monarquía
como el único sistema que podía garantizar la honradez: «Vous savez tous comment le
pillage du budget est pour nos députés le principal instrument de règne. Ce pillage est
une nécessité pour un État démocratique, qui doit chaque jour entretenir sa popularité et,
par conséquent, multiplier sans mesure les donaliva de toute espèce».45 Desde
posiciones elitistas, Gaetano Mosca se levantaría contra la vorágine de incluir cada vez
más capas de la población porque implicaba alimentar las redes clientelares, causante de
la crisis parlamentaria, del fraude y de la inmoralidad. Para Mosca, estos vicios habían
permanecido imperceptibles hasta el momento porque el sistema era ineficiente y poco
41
Frédéric MONIER (2014), ―La corruption injustifiable: débats publics, pratiques de pouvoir, cultures
politiques (XIXe-XXe siècles)‖, Séminaire de philosophie du droit 2013-2014, IHEJ - Institut des Hautes
Études sur la Justice, 14 de febrero, p. 14. Disponible en http://forumdelajustice.fr/ihej_wp/wpcontent/uploads/2014/02/Frederic_Monier_histoire_de_la_corruption.pdf [Consultado: 13 de febrero
2016].
42
Véase la comunicación presentada en este mismo congreso donde se abordan la génesis, las
motivaciones, el discurso y las paradojas de los populismos urbanos contemporáneos, el boulangismo y el
lerrrouxismo: Joan PUBILL BRUGUÉS (2016), ―Dos populismos modernos: boulangismo y lerrouxismo.
Nación, clase e identidad en los albores de la sociedad de masas‖, Congreso Asociación de Historia
Contemporánea «Lost in Translation», Albacete, 21, 22, 23 de septiembre.
43
Véase: Georges BERNANOS (1998) [1930], La grande peur des bien-pensants. Édouard Drumont,
Livre de Poche, París.
44
Maurice BARRÈS (1914), Dans le cloaque: notes d‟un membre de la Commission d‟enquête sur
l‟affaire Rochette, Émile-Paul frères, París, pp. 102-103.
45
Charles MAURRAS (1925) [1901], Enquête sur la Monarchie. Suivie de Une champagne royaliste au
“Figaro” et Si le coup de force est possible, Nouvelle Librairie Nationale, París, p. 19.
159
maduro para revelar los síntomas.46 Fue debido a la creciente burocratización y el
asentamiento de los partidos como los ejes de la vida política a partir de los primeros
decenios de siglo hasta el estallido de la Gran Guerra, cuando las redes de favores
entran en crisis de forma generalizada en Europa.47 De hecho, se puede establecer un
seguimiento del discurso anticorrupción que arrancó con la crisis finisecular, con una
coyuntura de mayor agudización después de 1918, hasta los años 30, cuando se
metamorfoseó en una dura crítica al régimen liberal y plutocrático en general. Olivier
Dard ha resaltado que la corrupción, en su sistema de representación y narrativas, se
articuló a través de tres mitos: el complot, la edad de oro y la salvación, trascendiendo la
dimensión de los escándalos y de las relaciones entre política y economía.48
Resulta muy ilustrativo ver en el continuismo una mayor intensidad y beligerancia en
el discurso a medida que el mismo sistema parlamentario era víctima de su voracidad.
Si Robert de Jouvenel advirtió en 1914 del control político de la magistratura y de la
ínfima separación de poderes,49 veinte años más tarde Daniel Halévy arremetió contra
«l‘ambition morale» de los funcionarios.50 En España, el discurso de la honestidad
pasaría de forma progresiva del catolicismo tradicional a manos de los falangistas, bajo
el auspicio de una nueva política que aglutinase el arco político de las derechas.51 La
presentación del Estado liberal como sinónimo de la corrupción, con el fin de hacerse
con la bandera de la moralidad y de la ética, llegaría a extremos sorprendentes. Alfredo
Rocco llegó a presentar el proyecto fascista de estado como el garante para «reprimire la
menzogna, la corruzione, tutte le forme di deviazione e di degenerazione della morale
pubblica e privata».52 Sin ningún reparo, Georges Valois argumentó que el fascismo
sacaba a relucir la virtud moral que se había perdido a lo largo del siglo XIX. Para el
46
Gaetano MOSCA (1884), Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare. Studii Storici e Sociali,
Tipografia dello ―Statuto‖, Palermo, p. 306.
47
Frédéric MONIER (2013), ―La République des faveurs‖. En Marion FONTAINE, Frédéric MONIER,
Christophe PROCHASSON (Dirs), Une contre-histoire… op. cit., 339-352, p. 340.
48
Olivier DARD (2011), ―La corruption dans la France des années 1930‖, En Jens Ivo ENGELS, Frédéric
MONIER, Natalie PETITEAU (Eds). En La politique vue d‟en bas. Pratiques privées et débats publics.
19e – 20e siècles. Les coulisses du politique dans l‟Europe Contemporaine 1, Actas del Coloquio de
Aviñón, mayo 2010, Armand Colin, París, 209-221, pp. 214-215.
49
Robert de Jouvenel (1914), La république des camarades, Bernard Grasset, París, pp. 178-179.
50
Daniel HALÉVY (1934), La république des comités. Essai d‟histoire contemporaine (1895-1934),
Bernard Grasset, París, p. 144.
51
Ferran GALLEGO (2014), El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo
(1930-1950), Crítica, Barcelona, p. 127.
52
Alfredo ROCCO (2013) [1925], ―Discorso alla Camera dei Diputati. 16 di maggio de 1925‖. En La
formazione dello Stato fascista. Scritti e discorsi di Alfredo Rocco, 1925-1934, a cura de Marco
PIRAINO y Stefano FIORITO, Binlioteca dil Covo, 794-798, p. 798.
160
líder de Le Faisceau, el movimiento fascista recuperaba la honestidad de la revolución
francesa, siendo su más fiel continuador.53
Conclusiones para proceder. La corrupción, ¿A prueba de regímenes?
Como han puesto en evidencia numerosos estudios sobre las dictaduras fascistas en
el período de entreguerras, la erradicación del parlamentarismo liberal, la supresión de
los valores democráticos y la regulación del capitalismo mediante el corporativismo no
pusieron fin a la corrupción. En la España franquista, Martí Marín demostró que los
cargos electos en Cataluña se escogían por nombramiento superior mediante la
confianza, un esquema que sería ligeramente matizado en 1948 bajo la máscara de la
democracia orgánica.54 No obstante, el sistema de fidelidades no sería la única praxis
corrupta que emplearía el nuevo régimen nacido de la guerra civil: la corrupción
económica fue una constante en muchos niveles de la administración y de las
instituciones públicas, las cuales no tenían ningún reparo en desviar fondos del erario
público para fortalecer vínculos clientelares que permitiesen el enriquecimiento
patrimonial.55 Según una reciente investigación de Ángel Viñas, el mismo caudillo usó
para beneficio propio su posición política para amasar un patrimonio ingente.56 En la
Francia de Vichy, bajo el mando de Pétain, las corruptelas iban desde la expropiación de
los inmuebles de los ciudadanos judíos hasta los escándalos en las oficinas de
repartición de alimentos.57 Tampoco consiguieron los fascistas italianos erradicar las
prácticas que tanto habían criticado en sus discursos previos al asalto al poder. Todo lo
contrario: Didier Musiedlak ha puesto sobre la mesa que la corrupción en la Italia de
Mussolini se convirtió en una pieza capital para gobernar.58 Todo esto, sin contar con la
inexistente separación de poderes que atañía al poder ejecutivo y al judicial. En los
53
Georges VALOIS (1927), Le fascisme, Nouvelle Librairie Nationale, París, pp. 38-39.
Martí MARÍN (2000), Els ajuntaments franquistes a Catalunya, prólogo Borja de RIQUER, Pagés
Editors, Lledida, pp. 50-51.
55
Carlos BARCIELA LÓPEZ (1998), ―Franquismo y corrupción económica‖, Historia social, nº 30, 8396.
56
Ángel VIÑAS (2015), La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Planeta,
Barcelona.
57
Alya AGLAN (2002), ―L‘aryanisation des biens juifs sous Vichy: le cas comparés de la France et
l‘Allemagne‖, Revue d‟histoire moderne et contemporaine, vol. 4, nº 49, 154-169; Sylvain LETEUX
(2010), ―Le commerce de la viande à Paris sous Vichy: qui tire profit de la situation?». En Sabine
EFFOSE, Marc de FERRIÈRE Le VAYER y Hervé JOLY (Dirs), Les entreprises de biens de
consommation sous l‟Occupation, Presses Universitaires François Rabelais, Tours, 81-98.
58
Didier MUSIEDLAK (2006), ―Industrie et corruption politique sous le régime fasciste‖. En Dominque
BARJOT, Olivier DARD, Jean GARRIGUES, Didier MUSIEDLAK y Éric ANCEAU (Dirs), Industrie et
politique en Europe occidentale et aux États-Unis (XIXe et XX siècles), Presses de l‘Université ParisSorbonne, París, 273-287.
54
161
regímenes fascistas español, italiano o alemán, los jueces tenían que desenvolverse con
mucha cautela en un marco donde la corrupción era el nuevo orden para no ir en contra
de los intereses del estado, el cual podía intervenir y controlar sin reparo alguno.59
Todas estas aportaciones que han radiografiado el nivel de prácticas corruptas dentro
de los sistemas políticos dictatoriales erigidos en nombre de la virtud perdida
demuestran que fueron ineficaces a la hora de ejecutar su propósito. No es sólo una
cuestión del desequilibrio entre discurso anticorrupción y la praxis política, sino que se
tiene que ir un poco más allá. En buena parte, porque los mantras que acusaban el
parlamentarismo liberal y la democracia de inducir la corrupción aún eran recitados
como seña de legitimidad: Pétain celebraría el control y organización de la economía
nacional porque «Ce système ne porte aucune atteinte à la liberté des hommes, si ce
n'est à la liberté de ceux qui spéculent, soit par intérêt personnel, soit par intérêt
politique».60 La contrarrevolución instrumentalizó la lucha contra la corrupción para
reafirmarse en el mapa político frente a la caduca casta política liberal y como
alternativa a los cauces de la modernidad que había generado, pero también quiso
aplicar un nuevo modelo que liberase la sociedad de los mecanismos perversos que
habían degenerado el estado, aunque para ello se cayese de nuevo en un círculo viciado
y vicioso. Hubo voces internas críticas con la práctica de esos mismos mecanismos que
antes se habían puesto en la picota. Véase la refriega entre Benedetto Croce y Giovanni
Gentile, en que el primero acusó a su homólogo de hipocresía por condonar el
favoritismo y la corrupción bajo el fascismo.61
De ahí que se tenga que aplicar el mismo análisis empleado para entender la
consolidación del estado liberal: la corrupción fue también un mecanismo de
asentamiento de los regímenes fascistas. Los escándalos en que cayeron las democracias
europeas contribuyeron a aumentar la sensación de necesidad de una regeneración
política profunda que divergiese del modelo asentado en el poder porque, si los sistemas
democráticos, que se presentaban como garantes de la realización humana y de los
valores del progreso, demostraban tales taras endémicas, parecía acertado pensar que no
eran sistemas fiables. La literatura de la anticorrupción durante la República de Weimar
59
Geoffrey C. HAZARD, Jr y Angelo DONDI (2004), Legal Ethics. A Comparative Study, Stanford
University Press, Stanford, California, p. 86.
60
Philippe PÉTAIN (1940), ―Discours du 11 octobre 1940: l‘ordre nouveau‖. En Discours aux Français.
17 juin 1940 – 20 août 1944, Albin Michel, París, 86-94, p. 93.
61
Fabio Fernando RIZI (2003), Benedetto Croce and Italian Fascism, University of Toronto Press,
Toronto, p. 85
162
producida tanto por la izquierda como la derecha pone de soslayo esa fabricación de un
clima de abatimiento generalizado mediante narraciones que, conectando diferentes
casos y episodios, querían evidenciar el fracaso republicano. Tal y como Annika Klein
ha señalado, después de la caída del imperio, la política tenía que adecuarse y ajustarse
a las nuevas transformaciones, induciendo a una situación de contingencia de la cual se
aprovecharon muchos actores nuevos.62 En Francia, la revelación del caso Stavisky en
1934 puso al gobierno republicano en el ojo del huracán, proporcionando argumentos a
la extrema-derecha para salir a la calle y empezar una campaña de difamación contra la
democracia, en un ambiente comparado con lo que sucedió cuarenta años atrás con la
crisis de Panamá.63 En la Segunda República Española, los escándalos no tuvieron
menor efecto sociopolítico que en el país vecino. El caso del estraperlo y el clientelismo
de los radicales sacudieron en 1935 la opinión pública. Las consecuencias de dichos
escándalos fueron notorios: la radicalización del clima política y la pérdida de un
consenso republicano.64 Cabe señalar que la práctica de la corrupción por parte de los
radicales es reveladora si se tiene en cuenta que los lerrouxistas hicieron gala, a
principios del siglo, de una voluntad regeneradora contra esos viejos vicios.
Tomando todo esto en cuenta, se puede aducir que el discurso de la anticorrupción fue
una espada de Damocles, un arma que terminó hiriendo cualquier cultura política que la
blandió porque ningún sistema político cimentado sobre ese discurso previo pudo
prescindir de esas praxis. Esto lleva a deducir que la corrupción, en su dimensión
práctica, es una forma de relación interhumana, donde los vínculos que se establecen
oscilan entre una tolerancia entre el particular y el resto de la sociedad, y cuyos
mecanismos de sociabilidad pueden sintetizarse en aquellos que Nathalie Dompnier
dedujo para la Tercera República Francesa: el valor transaccional del voto, el sentido
del intercambio, la llamada a la movilización electoral y el don como obligación y
fuente de legitimación. Especialmente este último punto resulta muy interesante porque
revela, como bien apuntó el antropólogo Marcel Mauss para las sociedades arcaicas, que
62
Annika KLEIN (2010), ―Crisis and corruption in the discourse of the Weimar Republic‖. En Jens Ivo
ENGELS, Frédéric MONIER, Natalie PETITEAU (Eds). La politique vue d‟en bas... op. cit., 194-208.
63
Paul F. JANKOWSKI (2002), Staviski: A Confidence Man in the Republic of Virtue, Cornell University
Press, Nueva York, pp. 196-197.
64
Nigel TOWNSON (2000), ―La ruptura de un consenso: los escándalos «Straperlo» y «Tayá»‖, Historia
y Política, nº 4, 31-42.
163
el intercambio establece un vínculo de reciprocidad que va más allá del beneficio
material65.
Esta apreciación puede conducir a la hipótesis de que la continuidad entre prácticas
corruptas y discursos anticorrupción es indisociable del proceso de politización de la
sociedad, característica sine qua non del estado moderno. Es decir, que la dinámica
recíproca entre crítica a la corrupción y praxis corrupta es un binomio cíclico que
responde a la misma lógica de hacer política, actuando como un agente catalizador y
convirtiéndose en un motor de la vida política nacida de las revoluciones liberales e
industriales. De este modo, ni los estados contemporáneos del bienestar escaparían de
este bucle, ya que esa lógica se encontraría también en la concepción misma de entender
el juego político actual. Si se contrastan estudios que abordan diferentes países tomando
en cuenta una cronología distinta, se puede engrosar este hilo interpretativo, así como
reforzar la idea del uso de la corrupción como mecanismo de consolidación en el poder.
En el caso de la Quinta República Francesa, el estudio sobre la figura de Louis
Jacquinot y su red clientelar pone de manifiesto que la madurez democrática no está
exenta de dichas praxis. Como Julie Bour ha destacado, el diputado hacía de puente
entre dos comunidades: aquella de los habitantes y de los dirigentes, coordinándolas o
articulándolas.66 Una explicación que mantiene fuertes paralelismos con la definición
que ha proporcionado Gemma Rubí para describir el entramado de la Restauración: el
notable o cacique desempeñaba un rol de intermediador entre la sociedad local y la
administración.67 Cesare Mattina ha revelado la pervivencia de la praxis clientelar en las
sociedades locales a través del estudio de Nápoles y Marsella señalando que, si bien ha
habido matices en la articulación y relación de prácticas clientelares en el espacio
urbano, las redes de fidelidad permanecen igual de activas.68 Otro ejemplo de
65
Nathalie DOMPNIER (2013), ―Corruption ou système d‘échange local? Des normes en concurrence
pour la définition de la légitimité électorale en France sous la IIIe République‖. En Frédéric MONIER,
Olivier DARD, Jens Ivo ENGELS (Dirs), Patronage et corruption politiques... op. cit., Armand Colin,
París, 129-140, pp. 138-140.
66
Julie BOUR (2010), ―Le clientélisme sous la Ve République: l‘exemple du député Louis Jacquinot‖. En
Jens Ivo ENGELS, Frédéric MONIER, Natalie PETITEAU (Eds). La politique vue d‟en bas... op. cit.,
223-239, p. 236.
67
Gemma RUBÍ CASALS (2013), ―Clientélisme, corruption et mobilisation électorale dans l‘Espagne
contemporaine. Catalogne, 1900-1923‖, Siècles. Revue du Centre d‟Histoire ''Espaces et Cultures'', nº 38,
1-9, p. 3. Disponible en http://siecles.revues.org/2362 [Consultado: 25 de febrero 2016].
68
Véase diferentes investigaciones concernientes al caso: Cesare MATTINA (2004), ―Mutations des
ressources clientélaires et construction des notabilités politiques à Marseille (1970-1990)‖, Politix, vol.
17, nº 67, 129-155 y Cesare MATTINA (2007), ―La transformation des politiques clientélaires de
redistribution. Nouvelle gestion urbaine et pratiques politiques à Marseille et à Naples‖, Politiques et
management public, vol. 25, nº 1, 1-18.
164
continuidades se encontraría en la especulación urbanística en el Levante español, cuyas
raíces se encuentran en el desarrollismo desenfrenado del final de la dictadura, y el
boom inmobiliario actual69.
Con todo, las continuidades estructurales y mutaciones coyunturales en las prácticas
corruptas y en los discursos anticorrupción parecen bastante nítidas: la corrupción no
sólo es un parásito transnacional, sino que se adapta al tiempo y a las circunstancias de
tal modo que, como muy pertinazmente sacó a relucir Yves Mény, se convierte en
«l‘imparfait démocratique»,70 pero también en un motor de dinamización y cambio
político tanto en su praxis desde el poder como en su versión de crítica cuando se utiliza
para acceder a él, y cuya aplicación no se limita a los sistemas políticos parlamentarios,
sean de naturaleza liberal o democrática. A modo de conclusión, evocar la lapidaria
sentencia de Vilfredo Pareto: «sono trascorsi molti e molti secoli, sono stato scritti molti
e molti trattati di morale, e fatto innumerevoli prediche per ricondurre gli uomini ad un
onesto e retto operare; e, poiché tutto cio è stato vano, è manifiesto che le teorie etiche e
le prediche sono stato assolutamente impotenti di fare sparire, o solamente di diminuire
la corruzione politica»71.
69
José MANUEL NAREDO y Antonio MONTIEL MÁRQUEZ (2011), El modelo inmobiliario español
y su culminación en el caso valenciano, Icaria, Barcelona.
70
Yves MÉNY (1995) [1992], La corruption de la République, Fayard, París.
71
Vilfredo PARETO (1964) [1917], Trattato di sociologia generale, vol. II, indtroducción de Norberto
BOBBIO, Edizioni di Comunità, Milán, p. 693.
165
El internacionalismo liberal más allá de Europa: Lecturas en
clave nacional, Chile 1830-1848*
José Saldaña Fernández
Universidad de Valparaíso
Los movimientos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848 disponen de una
evidente matriz europea. Definidos en clave continental, constituyen una suerte de
escenario compartido en el que los sentimientos y las acciones nacionales confluían en
una conciencia internacionalista de esencia liberal en clara confrontación con el modelo
del absolutismo restaurado postnapoleónico. En este contexto, como refiere Ángeles
Lario, ―desde 1815 hubo en Europa una «epidemia de conspiraciones» y entre los
gobernantes de la Restauración surgió un miedo extremo a que se reavivara la hoguera
de la revolución‖1. Eso sí, esa ―epidemia de conspiraciones‖ fue dotándose de nuevos
contenidos y significados a lo largo de sus tres décadas de desarrollo, de tal manera que
al juego de tensiones y conflictos que definía la oleada de 1820 venían a sumarse otros
factores en 1830 y 1848 a la luz de las nuevas realidades políticas, sociales, económicas
e ideológicas de aquellos trascendentales años. En palabras de Judith Casali y Luciano
de Privitellio,
―La dialéctica dominante durante 1815 a 1830 entre reacción y
liberalismo se desplaza ahora a la lucha entre el liberalismo y las fuerzas
democráticas y socialistas. El viejo temor a la democracia, siempre presente en
el modelo de los notables y oculto transitoriamente por una estrategia política
frente al absolutismo, reaparece entonces como una «pesadilla recurrente»
*
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación HAR2015-65991-P: ―Entre revolución y
contrarrevolución. Ciudades, espacio público, opinión y politización (1789-1888)‖, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
1
Ángeles LARIO: ―Estabilización y desarrollo del Estado liberal‖, en Ángeles LARIO (coord.): Historia
contemporánea universal. Del surgimiento del Estado contemporáneo a la Primera Guerra Mundial,
Madrid, Alianza, 2015, p. 174.
167
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
rápida y violenta, conmoviendo ya no los pilares políticos sino sociales del
liberalismo‖2.
En definitiva, las oleadas revolucionarias que tuvieron lugar en Europa en la
primera mitad del siglo XIX se establecen como momentos esenciales en el proceso de
conformación e implantación del liberalismo, dando impulso además a lecturas más
extensas y complejas respecto a las primeras formulaciones prácticas de la nueva cultura
política liberal que las auspiciaba. Ahora bien, aún reconociendo la importancia de este
fenómeno desde una clave europea, no parece que sus contornos puedan situarse
exclusivamente en los límites precisos del viejo continente. No hay que perder de vista,
por ejemplo, que al otro lado del Atlántico se estaba asistiendo durante aquellos mismos
años al proceso de formación de nuevos Estados nacionales que asumían como base
ideológica constitutiva, al menos formalmente, la filosofía liberal3. Pero no debe
obviarse asimismo, según sostiene Luis Corvalán, que ―la creación de Estados
nacionales en la América postindependentista emprendida por las elites criollas
triunfantes estaba destinada a encontrarse con grandes dificultades‖, situándose
precisamente el momento más crítico y caótico entre 1820 y 18504.
En fin, las oleadas revolucionarias activadas en Europa en la primera mitad del
siglo XIX venían a coincidir en el tiempo con la etapa de mayor tensión y debate en
torno a la configuración del nuevo mapa político e institucional de la ex América
española. Resulta conveniente, por tanto, abrir nuevas vías de entendimiento y
confluencia respecto a los acontecimientos ocurridos en ambos escenarios, más si cabe
si tenemos en cuenta, por un lado, la lectura en términos de universalidad que se había
fijado en torno a los valores del ideario liberal, y, por otro, la conexión precisa que en
algunos casos concretos se daba entre lo sucedido a nivel general y lo acontecido en el
ámbito más particular. Tal fue el caso de la República de Chile, sumida en significativas
tensiones desde los primeros momentos de su independencia, pero que, como otros
países de la región, no pudo abstraerse de algunas de las dinámicas que caracterizarían
la revolución liberal desde una perspectiva más amplia y universalista.
2
Judith CASALI DE BABOT y Luciano DE PRIVITELLIO: ―Las revoluciones burguesas y los sistemas
políticos del siglo XIX‖, en Julio ARÓSTEGUI, Cristian BUCHRUCKER y Jorge SABORIDO (dirs.): El
mundo contemporáneo: historia y problemas, Buenos Aires-Barcelona, Biblos-Crítica, 2001, p. 145.
3
Luis CORVALÁN MÁRQUEZ: El que no lo vea, renuncie al porvenir. Historia de América
Contemporánea. Una visión latinoamericanista, Santiago de Chile, Ceibo Ediciones, 2016, pp. 46-47.
4
Ibid., pp. 45 y 51.
168
El complejo escenario abierto en Chile desde la década del veinte quedaba
articulado en buena medida en torno a facciones o grupos ideológicos contrapuestos: los
liberales (pipiolos), los conservadores de espíritu tradicional (pelucones), los partidarios
del establecimiento de un régimen autoritario (o‟higginistas), y los defensores de un
estado fuerte que propiciase el fin del desorden de los primeros tiempos (estanqueros);
los tres últimos, ―deseosos por arrancar la delicada flor del liberalismo‖5, y considerados
por algunos autores, por tanto, como facciones dentro de un mismo conjunto ideológico
definido por su conservadurismo6. A la dialéctica liberal-conservador se sumaban otros
ejes de tensión relacionados, por ejemplo, con el modelo de articulación del poder entre
los distintos territorios del nuevo Estado7. En palabras de Julio Pinto, Arturo Mancilla y
Carlos Durán:
―Resuelto (aparentemente) el conflicto de la dependencia externa, quedó
al descubierto el conflicto de las dependencias internas. La polarización
‗abstracta‘ entre patriotas y realistas dejó paso a la polarización más concreta
entre «pelucones» y «pipiolos», y entre «centralistas» y «federalistas»‖ 8.
El panorama descrito contiene algunos de los rasgos que también estuvieron
presentes en los procesos de construcción de los Estados liberales en el continente
europeo. Aunque sin obviar ritmos y dinámicas propias, el marco compartido de fondo
conduce a pensar en una lectura de amplio recorrido respecto al internacionalismo
liberal y las oleadas revolucionarias de la primera mitad del siglo XIX, con ejes y
proyecciones fuera del propio marco europeo. Las páginas que siguen constituyen una
5
Simon COLLIER y William F. SATER: Historia de Chile, 1808-1994, Madrid, Cambridge University
Press, 1999, p. 55.
6
Por ejemplo, Manuela Fernández y Leandro Martínez refieren la existencia de un amplio ―conflicto
entre las dos grandes facciones de la vida política chilena en el siglo XIX: el liberalismo, encarnado por
los ‗pipiolos‘ en la década de 1820 y por la facción del congreso en el conflicto de 1891, y los
conservadores, los llamados ‗pelucones‘ en los turbulentos años que siguieron al gobierno de O‘Higgins,
incluida su facción más conservadora, los ‗estanqueros‘, desde cuyas filas dio Diego Portales al Estado
chileno la forma que, a grandes rasgos, habría de adoptar entre 1830 y 1891‖. Manuela FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ y Leandro MARTÍNEZ PEÑAS: ―Alteraciones violentas de la vida política en Chile
(1810-1891)‖, Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 10, 2 (2010), pp. 29-60, esp. p. 53.
7
En todo caso, como sostiene Byron S. Asken, son cuestiones que se entremezclan, de tal manera que,
durante el periodo de la ―Anarquía‖, entre 1823 y 1830, ―las disputas encontraron su expresión en la
configuración de dos proyectos políticos en el seno de las elites: el conservador o pelucón, partidario de
un Estado centralista, autoritario y librecambista, y el liberal o pipiolo, defensor de un Estado con una
organización más descentralizada, democrática y promotor de la producción nacional‖. Byron S. ASKEN
MONTES: ―Autonomía y centralismo: la configuración del Estado y la Nación chilena (1823-1830)‖,
[email protected]érica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas, 16 (2016), pp.
1-23, esp. p. 2.
8
Gabriel SALAZAR, Arturo MANCILLA y Carlos DURÁN: ―Estado, legitimidad, ciudadanía‖, en
Gabriel SALAZAR y Julio PINTO: Historia Contemporánea de Chile, vol. 1, Santiago de Chile, LOM,
2014, p. 31.
169
primera aproximación a ese fenómeno desde la perspectiva concreta de uno de los
países del cono sur americano. En concreto, teniendo en cuenta algunos de los
acontecimientos determinantes de aquel periodo en Chile –como la guerra civil de 1829
y el levantamiento armado de 1851, que en buena medida vienen a enmarcar dos de los
hitos fundamentales del ciclo revolucionario europeo-, se apuesta por explorar el uso y
referencialidad que alcanzaban las revoluciones de Francia en 1830 y 1848 en la prensa
y papeles públicos del momento, contribuyendo con ello a trazar de manera más precisa
el marco de representaciones y significados que fue gestándose en torno a los mismos
fuera de escenarios centrales y substanciales.
La revolución de 1830: afianzamiento de la independencia y construcción del
Estado portaliano
La construcción de la nueva estructura estatal chilena fue tomando cuerpo a lo
largo de quince años, los que van de la primera Constitución de Bernardo O‘Higgins de
1818 hasta la Constitución de Diego Portales de 1833, situándose entre ambas además
tres cartas fundamentales que tendrían escasa vigencia, en los años 1822, 1823 y 18289.
Dentro de esos tres lustros se localiza además un periodo de siete años que ha sido
caracterizado por la historiografía tradicional chilena peyorativamente como
―Anarquía‖, si bien es cierto que actualmente esta visión se encuentra en proceso de
revisión10. En todo caso, desde la perspectiva concreta de nuestro análisis cabría
destacar cómo en 1829, en los últimos meses de ese periodo, se asistía a un hecho
fundamental: el enfrentamiento civil entre las fuerzas conservadoras del círculo de
Portales y el ejército liberal del general Freire, dando como resultado la victoria de los
primeros en abril de 1830 e inaugurándose desde entonces un nuevo orden conservador
que mostraría su consistencia durante las siguientes décadas11. En ese escenario
complejo e inestable, recién salido de un enfrentamiento en armas entre las facciones
liberal y conservadora, se producía la llegada de las noticias sobre los trascendentales
9
Armando de RAMÓN: Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000),
Santiago de Chile, Catalonia, 2015, pp. 69-70.
10
Byron S. Asken considera insuficiente su caracterización como caos endémico producto de la
ignorancia o como etapa de aprendizaje y formación política, apostando en cambio por una lectura que
insiste en su identificación como expresión de las tensiones generadas entre los distintos pueblos
soberanos, las cuales se vieron apaciguadas durante la guerra de independencia pero que volvieron a
aflorar con las pretensiones centralistas de Bernardo O‘Higgins. Byron S. ASKEN MONTES:
―Autonomía y centralismo…‖, p. 2.
11
Manuela FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y Leandro MARTÍNEZ PEÑAS: ―Alteraciones violentas…‖, p.
39; COLLIER y William F. SATER: Historia de Chile…, p. 55.
170
acontecimientos de Francia en 1830. En este contexto, las lecturas que ocuparon el
espacio público chileno en torno a la revolución de julio no debieron de resultar inocuas
e inocentes, y eso a pesar de la enorme distancia geográfica que separaba a uno y otro
escenario.
Las páginas de El Mercurio, periódico de Valparaíso que comenzaba su
publicación en septiembre de 182712, pueden contribuir a calibrar el impacto e interés
suscitado en torno a los acontecimientos de París, y, por supuesto, acerca de su
significación y referencialidad desde claves internas. En este sentido, aunque las
primeras noticias sobre la revolución en Francia no aparecieron hasta casi cuatro meses
después, entretanto se publicaron algunas referencias puntuales sobre las difíciles
circunstancias políticas en las que se encontraba el país galo con anterioridad a la caída
de Carlos X. Así, por ejemplo, a finales de julio se hacía referencia, apoyándose a una
información recogida en el Morning Chronicle, a ―que los días del gobierno monárquico
de Francia están contados‖ por la tendencia general al republicanismo, ―y que una
revolución más completa que la de 1789 se aproxima rápidamente‖13. Y en los primeros
días de agosto, considerando de nuevo el contenido de los periódicos ingleses que
habían llegado al puerto de Valparaíso procedente de Liverpool –cuyas últimas fechas,
por cierto, alcanzaban hasta finales de abril-, se mencionaba que ―el Estado de la
Francia es algo turbulento en la actualidad‖, aunque minimizaba el alcance de aquellas
turbulencias, y es que ―todo quedará en nada añaden, porque el aparato no es más que
vapor que se disipa con facilidad‖14.
Las primeras informaciones sobre la revolución datan del mes de noviembre. De
hecho, en el número del día 11 se recogía, en un espacio encabezado bajo la expresión
―muy notable‖, que con la llegada del correo del día anterior desde Santiago había
empezado a circular por ese puerto la noticia acerca de ―que la Francia se halla en
revolución actualmente‖ (sic), aunque las informaciones de aquel ―gran suceso‖
resultaban todavía poco claras y precisas en relación, por ejemplo, a las fechas concretas
de su desarrollo y las causas últimas que la habían provocado 15. El artículo de opinión
publicado en el número siguiente se abría manifestando precisamente cómo ―hasta
12
Raúl SILVA CASTRO: Prensa y periodismo en Chile (1812-1956), Santiago de Chile, Universidad de
Chile, 1958, pp. 127 y ss.
13
El Mercurio, 31 de julio de 1830.
14
El Mercurio, 9 de agosto de 1830.
15
―Según inferimos este acontecimiento, ha tenido lugar a fines de Julio procsimo pasado o principios de
Agosto, consecuencia inmediata de la muerte de Jorge rey de Inglaterra‖. El Mercurio, 11 de noviembre
de 1830.
171
ahora carecemos de datos circunstanciados para apuntar las causas, que hayan
producido su egecución‖, si bien ello no era óbice para marcar el desajuste de la
administración francesa como la circunstancia última que de manera inevitable había
conducido a una agitación de consecuencias imprevisibles:
La falta de equilibrio de que ha adolecido el establecimiento
administrativo de la nación francesa, la ha amenazado con un gran sacudimiento
nacional, que al fin debía efectuarse, como ha sucedido ya; y cuyas
consecuencias es muy difícil preveer‖16.
Durante los siguientes meses se fueron publicando noticias extraídas
principalmente de otros periódicos, en las que entre otras cuestiones se hacía constar
que ―la revolución de Francia ha conmovido a todos los vecinos‖17. A pesar de lo que
cabría esperar en cuanto a la selección y filiación de los contenidos reproducidos,
llegaba sin embargo a transcribir textos que presentaban visiones no sólo diferentes sino
claramente contrapuestas: por ejemplo, al reproducir la información recogida por el
periódico de Santiago El Araucano, trasladaba unos perfiles positivos sobre las jornadas
insurreccionales de París a partir, por ejemplo, de la identificación de conceptos como
patriotismo, pueblo, libertad o concordia18; mientras que al hacer lo propio con la
Gaceta Mercantil de Buenos Aires, terminaba transmitiendo una imagen totalmente
contraria por cuanto recogía, entre otras cuestiones, que no existían motivos que
avalasen el movimiento revolucionario toda vez que Francia ya contaba con los
mecanismos legales para poder alcanzar los cambios deseados, además de que se había
puesto en riesgo a partir de entonces la paz y el entendimiento general entre países19.
16
El Mercurio, 12 de noviembre de 1830.
En los primeros momentos, la información resultaba muy vaga e imprecisa. Por ejemplo, en el número
del 22 de noviembre se recogía que ―cartas del Rio Janeiro recibidas por el último correo de Buenos
Ayres anuncian: que la Cataluña está en revolucioa (sic) así como Madrid; que Fernando según unos ha
escapado y según otros ha sido asesinado; que el Portugal está en revolución así mismo, la Holanda y los
Países Bajos‖. El Mercurio, 22 de noviembre de 1830.
18
―El recuerdo de la defensa de Paris en el día 29 de Julio, figurará en la historia como la defensa de
Zaragoza, cubierto de un velo fúnebre, y refulgente del más puro y santo patriotismo. Esta guerra de dos
días, sostenida por padres de familia, y una juventud heroica, parecía capitaneada por los primeros
generales de Europa. Esas masas industriosas, arrancadas de sus pacíficas faenas, y que se arrojaban a la
muerte con el mayor entuciasmo, hubieran presentado el espectáculo más hermoso sino hubiese amargado
la idea, que los que peleaban eran amigos y hermanos. Así es que nunca debe hacerse a esta memorable
jornada la injuria de compararla con una sedición. El 28 de Julio es una contestación de la fuerza a la
violencia: una victoria cívica cuyos frutos serán la libertad y la concordia‖. Palabras transcritas del
periódico de Santiago El Araucano, que se basaba asimismo en un artículo de carta de Buenos Aires con
fecha de 20 de octubre. El Mercurio, 23 de noviembre de 1830.
17
19
―Hemos reprobado la revolución francesa, porque nuestros principios se oponen a la adopción de las
vías de hecho a no ser que se hallen obstruidas enteramente las legales, y porque no hallamos ningún
172
Ello no impediría, con todo, que en un editorial de su propia cosecha fuese crítico con
autores que habían cultivado esta segunda lectura20.
Más allá de las consideraciones y las valoraciones plurales que fueron
generándose en torno a los acontecimientos de julio en Francia, parece razonable
sostener que su sombra fue algo más alargada de lo que explícitamente se reconocía. Es
decir, los análisis que se hacían sobre política interior no podrían desprenderse, de una u
otra manera, de las nuevas realidades que traía consigo el ejemplo francés. Así, por
ejemplo, cuando en un editorial de El Mercurio se hacía referencia a la necesidad de
reformar la constitución entonces vigente ―por medios pacíficos, que eviten la anarquía
y sus desastrosos horrores, sin tumultos, sin desordenes que asolan inútilmente a los
estados‖21, no podemos dejar de pensar, aunque no se recogiese de manera explícita, en
lo ocurrido en Francia algunos meses atrás. Aunque fuese de manera indirecta, venía a
marcar algunas líneas de actuación en política interna y sin cuyo concurso posiblemente
no podría entenderse, al menos en toda su dimensión, algunas de las acciones puestas en
marcha en los siguientes años.
Otro fenómeno que sería resignificado, de una manera u otra, por los
acontecimientos de Francia sería el marco general de las relaciones entre ambos lados
del Atlántico, o por lo menos el contorno de las lecturas y las perspectivas que fue
trazándose a partir de entonces en torno al mismo. Por ejemplo, en una fase inicial y
tentativa en la que aún se desconocían el desarrollo y las consecuencias de la revolución
–entre otras cuestiones, por la distancia que mediaba respecto al continente europeo y el
retardo de las informaciones que llegaban al puerto de Valparaíso-, El Mercurio
componía un artículo en el que no sólo atendía y valoraba el nuevo modelo político a
instaurar en Francia, sino que además manifestaba la trascendencia y conmoción que la
revolución podía generar a nivel mundial con la posible ruptura del equilibrio
motivo bastante poderoso que pueda justificar un acontecimiento que compromete la paz general de
naciones enteras. […] Desafiamos al Francés que nos pruebe esa esclavitud en que dice gemía la Francia.
Al contrario no trepidamos en asegurar que jamás disfrutó aquel país de mayores goces. Poseía todo lo
que habían trabajado por obtener en 1789 los Estados Generales, y cuya consecución fue el obgeto de la
pasada revolución. Aun quizá tenía más libertad que la que se hallaba en disposición de gozar sin abusar
de ella, y tal vez este es el verdadero origen de todos sus males‖. Palabras transcritas de la Gaceta
Mercantil de Buenos Ayres, de fecha 18 de octubre. El Mercurio, 10 de diciembre de 1830.
20
―Deberá notarse de paso, que el editor actual de la Gazeta Mercantil es un italiano Signore d‘Angelli
colaborador de la Crónica, pagado como su otro socio para escribir a favor de la unidad, como lo hicieron
[…]. También deberá notarse, que uno de esos portentosos escritores incurre en una contradicción muy
notable, aprobando en Francia lo mismo que desaprueba en Chile, es decir, esa unanimidad que ha
inducido a los franceses a castigar la osadía con que unos pocos hombres querían sojuzgarlos‖. El
Mercurio, 18 de diciembre de 1830.
21
El Mercurio, 9 de diciembre de 1830.
173
internacional, los riesgos de guerra entre las potencias europeas y, en consecuencia, la
oportunidad que ello ofrecía al continente americano para alcanzar su definitiva
independencia:
―Una convulsión general de la Francia es un suceso de tal importancia,
que debe escitar el temor de que todo el mundo se conmueva. Muchos de
nuestros lectores no ignoran que los tres grandes poderes, que hoy influyen
sobre los destinos del mundo moderno, que también se denomina civilizado, son
la Rusia […]; la Francia […]; y la Inglaterra […]. En sus manos tiene la balanza
que equilibra los poderes reguladores, razón por la cual es necesario prestar oído
a las voces que profieran los órganos de la opinión de su gobierno, cuando se
quiera formar un concepto sobre las actuales dimensiones domésticas de la
nación francesa. El Courier dice: que la Francia debe limitarse a ser una
monarquía moderada, gobernada por leyes constitucionales, para que subsista el
equilibrio, por descontado, ―sin tendencia al despotismo monárquico o a la
turbulencia republicana‖. Esta declaración es terminante, es positiva y también
es muy fácil deducir las consecuencias que arroga de sí. Considerando por otra
parte, que el orgullo nacional de los franceses, cimentado en prodigiosos hechos
militares y en un estado de prosperidad envidiable, induzca a los
administradores de la nación a pretender erigirse en primer poder regulador,
como debe fundadamente inferirse, atendiendo a la obstinación con que han
trabajado más de un siglo por conseguir ese su tan suspirado objeto; si lo
intentan abiertamente, se colocan en uno de los extremos que según la
Inglaterra, pierden el equilibrio, motivo que la obliga a disputar su
restablecimiento engolfándose y engolfando a todo el mundo en una guerra, si
no hay otro medio de conseguirlo […].
Si los actuales disturbios de Francia, suscitan una guerra en Europa, las
atenciones de ella distraerán a sus políticos, de que se ocupen de América; y por
consecuencia, nos será más fácil arreglar definitivamente nuestros asuntos por
acá‖22.
Entre las preocupaciones de aquellos días se encontraban, por tanto, las
repercusiones que el cambio en el mapa político de Europa pudiese tener sobre el
escenario americano. En buena medida, el desafío que aún representaba España con su
22
El Mercurio, 6 de diciembre de 1830.
174
intento de revertir la situación de independencia de aquellos territorios estuvo muy
presente a la hora de calibrar el alcance de lo acontecido al otro lado del Atlántico. En
concreto, entre las páginas de El Mercurio pueden rastrearse varias líneas de
interpretación al respecto: por una parte, sobre las consecuencias directas que la
insurrección de Francia pudiese tener en España, ya sea impulsando un proceso similar
en este país, o ya sea condicionando la política que éste tomaba en relación a sus
antiguas colonias; y por otro, acerca de los desajustes que provocaba en la escena
internacional y los riesgos de apertura de un conflicto entre grandes potencias, que en
última instancia podría desviar la atención europea de los territorios americanos.
En definitiva, el movimiento revolucionario francés generaría no pocas
expectativas respecto a la inauguración de un nuevo clima internacional que facilitase el
mantenimiento y la consolidación de las nuevas realidades estatales americanas, si bien
es cierto que no todos compartían esa visión positiva23. De la dimensión que alcanzaban
esos temores y prevenciones daban buena cuenta las palabras con las que se despejaban
las dudas acerca de la actitud que tomaba la nueva Francia respecto a las repúblicas
americanas, en las que se anunciaba finalmente el establecimiento de relaciones
formales de carácter político y comercial:
―Tenemos la satisfacción de anunciar a nuestros lectores: que ya han
dejado de ecsistir los motivos de rezelo, que inspiraban a la América
independiente, las relaciones de intimidad e identidad de intereses de la Francia
y de la España. S. M. Luis Felipe ha resuelto en consejo de gabinete, celebrar
tratados de amistad y comercio con las nuevas repúblicas‖24.
23
De hecho, como sostenía un artículo de la Gaceta Mercantil de Buenos Aires de fecha 18 de octubre de
1830, y que El Mercurio transcribía varios meses después: ―Se nos quiere persuadir que la revolución en
Francia refluirá en beneficio de las nuevas Repúblicas de la América del Sur. Puede ser que la Francia
reconozca ahora nuestras independencia, pero esto no será más que dar formalidad a un acto que ya se
egecutó virtualmente con el establecimiento en esta República de un consulado general debidamente
acreditado. Hay probabilidad de que se revuelva la España y que se restablezca allí la constitución. Lo
único que ganaríamos con esto sería que se suspendiesen por ahora las espediciones, pero por lo demás
tan enemigos de nuestra independencia son los constitucionales como los realistas. Demasiados
comprobantes tenemos de esta verdad. Los últimos sucesos en Francia pueden también haber determinado
a Fernando VII a acceder a la proposición del consejo general de Castilla, que le ha aconsejado a
conceder a sus pueblos instituciones liberales. En este caso, recelamos que poco tendríamos que
agradecer a la nueva revolución francesa.
Ya hemos espuesto francamente los motivos que nos han obligado a reprobar un acontecimiento que ha
sido tan celebrado por nuestro contemporáneo y su corresponsal. De todo corazón deseamos que nuestros
tristes presentimientos sobre sus ulterioridades salgan fallidos, y que estas sean provechosas a la causa de
la libertad y la civilización, como tememos sean perjudiciales a la prosperidad de la misma Francia y la
paz general de las naciones‖. El Mercurio, 10 de diciembre de 1830.
24
El Mercurio, 3 de enero de 1831.
175
En fin, el movimiento revolucionario francés de 1830 tendría una significativa
proyección en el continente americano. Al menos es lo que se desprende de este primer
acercamiento, que si bien resulta parcial y limitado en su campo de análisis y
tratamiento, permite identificar en cambio algunos de los ejes básicos sobre los que se
situó esa proyección.
Desde el punto de vista internacional cabría subrayar la resignificación que
comportaba no sólo respecto a los marcos de relación Europa-América del sur, sino
también en relación al contorno mismo de la independencia, toda vez que, por ejemplo,
se generaba entonces un nuevo escenario más propicio al reconocimiento de las nuevas
realidades estatales.
Desde el punto de vista de la política interna de Chile, no parece que los años
inmediatos a la redacción y promulgación de la Constitución de 1833 pudiesen
abstraerse de los trascendentales cambios que se habían dado en Europa en el marco de
la Restauración y respecto a la misma definición y concreción del liberalismo como
base para el ejercicio del poder. Los debates y las tensiones entre facciones políticas
enfrentadas se articularían en planos diversos y complementarios, escenario en el que la
referencialidad de los acontecimientos europeos debió de jugar un papel nada
despreciable.
La revolución de 1848: aperturismo político y desestabilización del régimen
conservador
Como sostienen Collier y Sater, ―la coalición conservadora que llegó al poder en
1830 fue la primera de las tres alianzas políticas sucesivas que gobernaron Chile en las
seis décadas siguientes‖, años en los que se ―asentaron las bases de una tradición de
estabilidad política única en la América española del siglo XIX‖25 . Ello no significa,
con todo, que durante el largo periodo del ―gobierno autoritario conservador‖ 26 el país
hubiese quedado al margen de tensiones y conflictos políticos y sociales. Y es que,
como reconoce Armando de Ramón en referencia a la Constitución de 1833 –base sobre
la que se edificó el nuevo orden político-, ―una cosa es escribir y jurar una Constitución
y otra la tarea de regirse por las normas que ésta había constituido‖, quedando definida
la historia de Chile en los siguientes años ―por una vida política agitada y dura‖, que,
25
Simon COLLIER y William F. SATER: Historia de Chile…, p. 56.
Pablo ALVARADO, Patricio IBARRA y Cristóbal ZÚÑIGA: ―La prensa chilena y la Revolución
Francesa de 1848‖, Anuario de Pregrado, 1 (2004), pp. 1-18, esp. p. 2.
26
176
entre otras cosas, contó con dos momentos importantes de carácter revolucionario en
1851 y 185927.
Pero este convulso ambiente de los cincuenta no podría explicarse de forma
aislada, sino dentro del escenario de agudización de las tensiones políticas y sociales
que se venía manifestando abiertamente desde la década anterior. Como ha señalado
Cristián Gazmuri, las elecciones presidenciales de mediados de los cuarenta supuso la
reactivación de las pasiones y las rivalidades entre los sectores pipiolo y pelucón –que
habían estado aletargadas durante los años precedentes-, de tal manera que después de la
violenta campaña de prensa orquestada desde sectores pipiolos con motivo de las
elecciones del presidente, se llegó a alcanzar un ambiente propicio a un estallido cívicomilitar28. Y aunque la situación logró reconducirse desde el gobierno pelucón mediante
políticas de excepción, la situación no volvió sin embargo al marco de inacción y
pasividad
anterior
a
184529.
Clima
de
tensión
y pugna
que
encontraba
significativamente un nuevo impulso con la llegada de las primeras noticias sobre la
revolución del otro lado del Atlántico:
―La agitación política, social y económica […] se transformó en acción
política abierta y concreta contraria el gobierno pelucón, como consecuencia de
las noticias que llegaron a Chile (y aparecieron publicadas en los periódicos a
partir de mayo de 1848) de las revoluciones europeas, así como la conducta
pública de algunos jóvenes chilenos que las vivieron personalmente (o al menos
su ambiente previo) y regresaron a Chile por esos mismos meses o poco
después‖30.
En efecto, la noticia sobre la revolución en Francia y la caída de la Monarquía de
Julio generaron en Santiago claras muestras de alegría, como quedaba patente en las
palabras escritas entonces por el cónsul general de Francia en Chile, quien afirmaba que
―en el teatro, la compañía italiana y los espectadores cantaron el Himno Nacional y La
Marsellesa‖. No obstante, también suscitaron conductas en un sentido contrario, ya que,
según continuaba señalando el referido cónsul, una parte de la aristocracia ―parece
aterrorizada‖, toda vez que ―se teme un acercamiento entre la franca práctica de los
27
Armando de RAMÓN: Historia de Chile…, pp. 69-70.
Cristián GAZMURI: El “48” chileno. Igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos,
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1998, p. 43.
29
Ibid.
30
Ibid., p. 63.
28
177
principios de la Francia republicana y las pretendidas libertades de Chile, que no son
más que mentira y burla‖31.
Estas primeras muestras de efervescencia y agitación se verían acompañadas
durante las siguientes semanas por la extensión de los análisis y los debates en la prensa
en torno a las consecuencias que tenía el movimiento francés para el sistema político
chileno. En este contexto, los periódicos manifestaban abiertamente sus posiciones en
correspondencia con el bando político al que se adscribían32. Así, por ejemplo, El
Mercurio, cabecera defensora de la ideas liberales, sostenía a finales de mayo que
―oponerse al torrente sería suicidarse‖, pues ―no hay barreras para las ideas y sobre todo
para las ideas generosas proclamadas por los hombres sinceros de la Francia‖33.
Barreras que, por supuesto, no podrían contener los esperados cambios en Chile, al que
aún le restaba por alcanzar una libertad auténtica y verdadera:
―La revolución francesa de 1848, hecha al interés de la humanidad,
conducida por la ilustración y sancionada por la religión, traerá a Chile la
verdadera libertad y aunque se hagan los más inauditos esfuerzos para contener
ese espíritu y este sentimiento que germinando en la tierra hace tanto tiempo,
nace hoy con una lozanía y vigor, que nada puede oponerse a su desarrollo‖34.
Desde posiciones conservadoras próximas a los planteamientos del gobierno se
situaba El Comercio de Valparaíso, entre cuyas páginas se abrían paso, por tanto, ideas
contrarías al cambio y al aperturismo del régimen a partir del ejemplo francés. Incluso
algún observador de la época situaba a este periódico como parte de las estrategias
desarrolladas por el gobierno para combatir y desactivar la línea editorial mantenida por
El Mercurio35. Entre sus páginas se localizaría habitualmente la firma de Juan Bautista
Alberdi, publicista, escritor y abogado argentino cuyo pensamiento resultaría clave para
el desarrollo del constitucionalismo de aquel país36. Durante su exilio en Chile –entre
1844 y 1855, con residencia en la ciudad de Valparaíso-, participó activamente en la
vida pública y política del país de acogida, de tal manera que incluso fue nombrado para
31
Jorge EDWARDS: ―El decenio de Bulnes a través de los archivos del Quai D‘Orsay‖, Boletín de la
Academia Chilena de la Historia, 74 (1966), pp. 7-25, esp. p. 20. Cit. en Cristián GAZMURI: El “48”
chileno…, pp. 63-64.
32
Pablo ALVARADO, Patricio IBARRA y Cristóbal ZÚÑIGA: ―La prensa chilena…‖, p. 16.
33
El Mercurio, 30 de mayo de 1848. Cit. en Cristián GAZMURI: El “48” chileno…, p. 64.
34
El Mercurio, 9 de junio de 1848. Cit. en Cristián GAZMURI: El “48” chileno…, p. 64.
35
El cónsul de Francia en Chile sostenía que el gobierno había creado El Comercio de Valparaíso con la
finalidad de combatir las ideas liberales de El Mercurio, periódico que también tenía su sede en
Valparaíso. Pablo ALVARADO, Patricio IBARRA y Cristóbal ZÚÑIGA: ―La prensa chilena…‖, p. 3.
36
Carolina BARROS (comp.): Alberdi periodista en Chile, Buenos Aires, Verlap, 1997, p. 4.
178
el ejercicio de algunos cargos públicos37. Pues bien, en sus artículos del mes de junio de
1848 mostraba una visión sobre los acontecimientos de Francia y sobre sus posibles
consecuencias en el otro lado del Atlántico que casaba bien con los postulados
mantenidos por el gobierno, principalmente en su rechazo a aquellas ideas que veían en
la revolución gala una oportunidad para la crisis y el cambio en Chile. Entre los
argumentos que empleaba para minimizar el alcance pronosticado desde otras
posiciones políticas se hacía referencia a que el movimiento francés no había hecho sino
equiparar a ambos países dentro del sistema republicano y del constitucionalismo
democrático, pero que no traía ninguna novedad para el país suramericano, que ya
disponía de estas características desde tiempo atrás38:
―La noticia de la revolución francesa ha sido recibida en Chile con
entusiasmo. Gobernantes y gobernados, todos han repetido: ¡Viva la República!
Este entusiasmo ha inducido a decir que el Congreso va a abrirse bajo los
auspicios de esa revolución, que puede en circunstancias dadas producir una
crisis en Chile, vulcanizado y conmovido con las ideas y noticias que le traerá
cada vapor.
[…] Cuando una nación ha gozado largos años de paz, como por ejemplo
Chile, y ve vinculada a esa paz su prosperidad presente y sus destinos futuros,
sus Congresos llegan a ser para esa nación más que cuerpos políticos, cuerpos
conservadores de los principios salvadores de la libertad, en primer lugar, y de
reformas administrativas, judiciarias, económicas y financieras en segundo
lugar. […]
Pero se dirá: más abajo del Congreso está el pueblo, y el pueblo se
embriagará bebiendo de esas ideas nuevas. Vamos a demostrar que esta aserción
está igualmente destituida de fundamento.
¿Qué ha hecho la Francia? Derrocar un trono.
¿Qué forma se ha dado? La República.
¿Cómo se constituirá? Cambiando su constitución monárquica por una
constitución democrática.
37
Ibid., pp. 4-5.
En el artículo titulado ―Comparación del régimen político que hoy gobierna en Francia con el que rige
en Chile‖ afirmaba que todo lo proclamado por la revolución en Francia ―existía ya en Chile hace 37
años‖. El Comercio de Valparaíso, 8 de junio de 1848. Recogido en Carolina BARROS (comp.): Alberdi
periodista en Chile…, p. 270.
38
179
Chile ha hecho antes de ahora todo esto: ha renegado la monarquía, ha
establecido la república y se ha dado una constitución democrática. […]
Este trabajo que Chile ha hecho ya sobre su constitución política, la
Francia lo va a hacer recién, con la diferencia que por lo pronto su trabajo será
más de desorganización que de organización, hará más uso del ariete que de la
escuadra, y tendrá que barrer las ruinas que amontona antes de empezar la obra
de la reconstrucción. […]
Véase, pues, por este ligero paralelo, cuán infundada es la alarma que se
quiere esparcir, porque un pueblo republicano aplaude a un nuevo pueblo
republicano, porque las almas generosas adoptan ideas generosas, porque
hombres libres proclaman principios de libertad. Regocijémonos por el contrario
de que esa revolución haya sido saludada y comprendida del modo que ha sido
entre nosotros […]‖39.
En fin, la tesis principal defendida por Alberdi pasaba por equiparar los modelos
políticos establecidos en Francia y Chile, desde cuya perspectiva quedaba desactivada
por tanto la idea de que el ejemplo galo podría actuar como revulsivo de cambio para el
país americano40. Y en cualquier caso, si bien es cierto que reconocía la necesidad de
adoptar algunas mejoras en los sistemas políticos de América, éstas no debían
efectuarse, como ambicionaban los más exaltados, bajo el impulso de acciones
revolucionarias41 siguiendo el ejemplo de lo vivido en la lejana Europa42, sino a partir
39
―Chile y la Revolución Francesa‖, El Comercio de Valparaíso, 2 de junio de 1848. Recogido en
Carolina BARROS (comp.): Alberdi periodista en Chile…, pp. 264-265.
40
Idea que hacía extensiva a todo el continente americano. Así, en un artículo titulado ―La Revolución
Francesa y la América del Sud‖ apuntaba: ―¿No es la América la que ha derramado su sangre por fundar
el árbol de la libertad republicana? ¿No es la América la que después de la Joven Italia ha adoptado las
palabras simbólicas de igualdad, libertad, humanidad? ¿No es la América la que ha hecho de Rousseau en
tiempos pasados y de Lamennais en nuestros días, el vademécum de sus teorías políticas? ¿No es la
América la que ha dicho primero: la Europa está vieja y enervada, es necesario que se temple en nuestra
energía; que se alimente de nuestro pan democrático; que se regenere en la fuente de vida que ha de
brotar de nuestras sociedades tan llenas de vigor y juventud? Si todo esto es cierto ¿por qué alarmarse y
suponer que la revolución francesa pueda ocasionar conmociones en América?‖. El Comercio de
Valparaíso, 1 de junio de 1848. Recogido en Carolina BARROS (comp.): Alberdi periodista en Chile…,
p. 259.
41
En el artículo titulado ―Comparación del régimen político que hoy gobierna en Francia con el que rige
en Chile‖, Alberdi afirmaba que ―es necesario no equivocarse: la revolución francesa es un revolución
más social que política y no es parodiando banquetes y barricadas como hemos de regenerar nuestras
sociedades, empobrecidas por la guerra civil y desmoralizadas por la anarquía, sino educando al pueblo,
cicatrizando sus llagas, y admitiendo con amor esas ideas evangélicas que, como la abolición de la pena
de muerte, han de hacer nuestra felicidad futura‖. El Comercio de Valparaíso, 8 de junio de 1848.
Recogido en Carolina BARROS (comp.): Alberdi periodista en Chile…, p. 272.
42
En un artículo titulado ―Los miopes ven más clara la libertad a la distancia‖, refería: ―¿No es
irreflexivo, frívolo y ligero pensar que una revolución republicana sucedida en el otro continente pueda
tener influjo en ésta y comunicarle su agitación, cuando hace 60 años que tenemos en América el ejemplo
180
de reformas y reajustes administrativos como aconsejaban las políticas de la moderación
y el orden:
―Así, el deber de la parte sana y pacífica del país en esto de reformas es
separarse de los que quieren arrastrarla a su bandera y convertirla en
instrumento de cambios distintos de los que realmente la interesan. Los cambios
progresivos que el país quiere no exigen ni sangre ni pelea. No son de sistema,
de principios. Son moderados, orgánicos, que se obran poco a poco y
pacíficamente. Nadie se opone a ellos, nadie los niega por principios, y en
nombre de un sistema retrógrado. Son cambios que jamás se hacen con
violencia, pues son obra exclusiva de la razón, de labor y de la ciencia. […]
Una equivocación en este punto grave y decisivo puede poner a los que
desean la quietud, el orden, los adelantos y el bienestar de Chile, en las filas de
los que sólo ambicionan en cambiar la constitución política por la revolución y
para la revolución de hecho‖43.
No obstante, la situación posterior no se desarrolló precisamente dentro de la
quietud y el orden. De hecho, la ya difícil situación política sufrió un evidente deterioro
a partir de 184944. No hay que perder de vista las conexiones que este fenómeno tendría
con el 48 parisiense. Como refiere Alfredo Jocelyn-Holt, una generación de jóvenes
intelectuales y futuros políticos, siguiendo el ejemplo de los acontecimientos de Francia,
crearon la Sociedad de la Igualdad, un club político formado por obreros y profesionales
que actuaron contra el gobierno conservador e intentaron detener la candidatura oficial
encabezada por Manuel Montt ―mediante desfiles, discursos altisonantes y una
improvisada asonada callejera con barricadas‖
45
. La Sociedad –cuyo lema sería
―Libertad, igualdad y fraternidad‖ y que empleaba de manera preferente el término
―ciudadano‖ para dirigirse a las personas46- no alcanzó sus objetivos, de tal manera que
terminaba restableciéndose el orden y se garantizaba la continuidad del régimen
conservador amparado por la Constitución de 1833 por algunos años más.
de una República veinte veces más liberal, que la que se ha proclamado en febrero de este año en
Francia?‖. El Comercio de Valparaíso, 9 de junio de 1848. Recogido en Carolina BARROS (comp.):
Alberdi periodista en Chile…, p. 273.
43
―Naturaleza y carácter de las reformas convenientes en Chile. Ellas son administrativas, no
constitucionales‖. El Comercio de Valparaíso, 1 de junio de 1848. Recogido en Carolina BARROS
(comp.): Alberdi periodista en Chile…, p. 278.
44
Manuela FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y Leandro MARTÍNEZ PEÑAS: ―Alteraciones violentas…‖, p.
42.
45
Alfredo JOCELYN-HOLT LETELIER: ―Los girondinos chilenos‘: una reinterpretación‖, Mapocho.
Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 29 (1991), pp. 46-55, esp. pp. 46-47.
46
COLLIER y William F. SATER: Historia de Chile…, p. 104.
181
La repercusión de la revolución europea de 1848 en los motines chilenos de
1850 y 1851, e incluso en la guerra civil de este último año, queda fuera de toda duda. Y
aunque ya Benjamín Vicuña Mackenna había dejado claramente marcado ese fenómeno
en su obra Los girondinos franceses47, nuevos estudios han venido a redimensionar su
proyección posterior por encima de lo concedido tradicionalmente por la historiografía
–particularmente en su versión más conservadora-, al señalar que del legado de los
acontecimientos chilenos de mediados del siglo XIX ―quedam muestras importantes aún
en el presente‖48.
47
Publicada como artículo de prensa en octubre de 1876. Cuenta con ediciones posteriores, entre otras:
Benjamín VICUÑA MACKENNA: Los girondinos chilenos, Santiago de Chile, Editorial Universitaria,
1989.
48
Cristián GAZMURI: El “48” chileno…, p. 205.
182
El inicio de la España que conocemos: 1808-1814
José Alfredo Sánchez Álvarez
UNED
El primer cuarto del siglo XIX español, reúne una serie de características que
lo hacen particular, al ser simultáneamente un tiempo de revolución (en cuanto
cambio profundo en las estructuras políticas y socioeconómicas nacionales —caída
del Antiguo Régimen, invasión extranjera, pérdida de posesiones transoceánicas,
quiebra económica…—), un tiempo de violencia (guerra de la Independencia, varias
sublevaciones militares…) y un tiempo de búsqueda de libertad, un tiempo nuevo para
el liberalismo y el constitucionalismo.
Se trata por tanto de un periodo de gran interés, cuyo estudio es necesario para
comprender los mecanismos que han originado los cambios y las bases que se
asentaron, muchas de las cuales permanecen vigentes en nuestros días, haciendo de
esta etapa ya no sólo una de las más interesantes de nuestra historia, sino también uno
de los periodos más trascendentes y decisivos de nuestra historia, como lo han
sostenido diferentes historiadores. Para Artola, 1808 es «el año crepuscular de una
España nueva que en sus grandes rasgos continua vigente en nuestros días»1. Para
Comellas se trata de «una de las etapas más dramáticas de la historia de España, y
también de las más decisivas. Es decisiva —dirá— tanto por lo que resuelve como por
lo que plantea».2 Y el mismo historiador comparte junto a otros muchos la idea de que
«tras la generación de Fernando VII prevalece una distinta dinámica histórica, que en
cierto modo resulta ser ya la misma en que nosotros nos encontramos inmersos […] y
los problemas que en sus inicios se plantean son los mismos que nosotros nos
1
Miguel ARTOLA: Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2000, p. 9.
2
José Luis COMELLAS: Del antiguo al nuevo régimen: hasta la muerte de Fernando VII, Ediciones
Rialp, S.A., 1981, p. XIII.
183
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
esforzamos todavía en resolver».3 Y en un sentido muy similar sostendrán sus tesis
Rafael Gambra, Jose Antonio Escudero (―El dintel del tiempo que vivimos‖), etc. A
estos periodos históricos se referirá Gadamer como «acontecimientos epocales» como
aquellos en los que «ha ocurrido algo tan nuevo que no será superado fácilmente por
otra novedad y que, a la inversa, debemos llamar ―antiguo‖ a lo anterior en un sentido
cualitativamente especial y unívoco». 4 No en vano, los acontecimientos del primer
cuarto del siglo XIX darán lugar a un cambio en la periodización, ya que suponen el
tránsito en España de la Edad Moderna a la Contemporánea.
En este momento histórico, el inicio del siglo XIX, nacerá un fenómeno
histórico que será bautizado como las «dos Españas», concepto cuyo uso es continuo
en la historiografía española. Conviene, no obstante, acotar la definición no a un
concepto histórico-sociológico —como se tiende a hacer infructuosamente—, sino a
un concepto político. En este planteamiento, no son parte de las dos Españas la España
americana, la España nacionalista, la España intelectual o la España científica, ni
mucho menos la España exiliada, aunque formaran parte de una o de otra en algún
momento. En definitiva, no forma parte de las dos Españas colectivo alguno que por
ser minoritario o por no gozar del respaldo o fuerza suficiente haya estado al margen
de la lucha por el poder político.
Ahondando en la perspectiva política de la idea de las dos Españas, no cabe
duda de que una de esas dos Españas, en algún momento, es aquella —cualquier que
sea— que ha detentado el poder. Y sería la otra España el colectivo —cualquiera que
sea— que lucha contra el primero por arrebatarle el poder. Así, sería posible hablar de
dos Españas: la absolutista y la liberal en un tiempo (1814), que en otro tiempo (1936)
se llamarían nacional y republicana. No es una misma idea la absolutista y la nacional
o la liberal y republicana, pero si revelan la existencia de modelos paralelos de una
fuerza que se opone a otra.
Otra característica que me parece necesario resaltar es que el concepto de las
dos Españas no representa a la mayoría de la población, sino que se trata de dos
colectivos dentro de la sociedad con fuerza suficiente para conquistar el poder, pero
sin que ello implique un respaldo en lo cuantitativo de la población. Absolutistas no
eran la mayoría de los españoles en 1814 ni liberales en 1808, 1812 o 1820, como
tampoco nacionales en 1936. En este sentido, el concepto omnicomprensivo de toda la
3
4
Ibíd.
Hans-Georg GADAMER: Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1992, vol. II, p. 136.
184
sociedad española, aunque divida en dos, bajo la idea de las dos Españas nos parece
también incorrecto. No toda la población —podemos afirmar— pertenece o perteneció
a alguna de las dos Españas, ya fuera en los distintos grados de vinculación como la
simpatía, el apoyo tácito o el expreso. En definitiva, formarían y forman las dos
Españas las oligarquías.
Llegado a este punto nos vemos en la necesidad de proponer un concepto que
sustituya al de las dos Españas o simplemente sugerir el abandono de su uso, por su
inexactitud para describir simples procesos de luchas por el poder en los que, a falta
de una verdadera representación, las facciones en lucha buscan su legitimación en un
respaldo popular ficticio, por lo que esencialmente débiles, difícilmente pueden
presentar resistencia —siendo prueba de ello la sucesión de levantamientos en la
historia contemporánea española—.5
Cabe, no obstante, preguntarse por el momento en que esta pugna tiene su
comienzo,6 siendo generalizada la datación por la historiografía en los comienzos del
siglo XIX, no por otro motivo —a nuestro entender y en coherencia con la
construcción realizada hasta ahora— que por ser el inicio de una lucha por el poder
hasta entonces inexistente.
El ejercicio del poder por el rey había sido indiscutido durante siglos en
España, pero la invasión francesa va a dar lugar a su caída y el comienzo de la lucha
por el poder. Fernando VII aspiró a derrocar a su padre Carlos IV ante la debilidad de
su gobierno, consiguiendo su abdicación. Era el triunfo del partido fernandino frente
al partido godoyista. Partidos que en su composición eran minoritarios frente al resto
de la población, pero con capacidad suficiente para colonizar el poder y ejercerlo. A
este movimiento le seguirá una nueva abdicación o derrocamiento del rey Fernando
VII en favor de José I. Se hablará entonces de patriotas y afrancesados. Las provincias
nombraron a representantes ante la Junta Central y formaron las cortes gaditanas, que
legislarían con descontento para los empleados públicos, la nobleza, el ejército, la
iglesia y la dinastía borbón, motivo por el cual unidos éstos apoyaron el regreso de
Fernando VII como rey absoluto. Al triunfo de éste le seguirá la persecución de
liberales y reacción a ello, los levantamientos y la lucha y pugna cada vez más
encarnizada, generando una dinámica de venganza difícilmente superable.
5
Aspecto esencial en este punto es el uso de medios propagandísticos y militares.
Su fin, desgraciadamente para nosotros, no parece que pueda afirmarse, aunque así lo hagan algunos
historiadores, pues no se daría su condición resolutoria que sería la libertad política.
6
185
De entre todos estos episodios de lucha entre oligarquías, hoy me interesa
llamar la atención sobre uno de ellos, uno de los primeros generadores de abierta
lucha, quizás el detonador de este fenómeno a gran escala, donde el gran número de
personas afectadas y el daño producido serán explicación posterior de la reacción y
apoyo que recibirá Fernando VII a su regreso. Me refiero a las persecuciones políticas
que las Cortes gaditanas hicieron de los empleados públicos que ejercieron sus cargos
bajo dominación francesa, motivo por el cual fueron perseguidos como traidores, con
dramáticas consecuencias para ellos: pérdida de empleos, hambre, exilio, privación de
la libertad y la vida...
Dejaremos al margen el estudio de estos procesos7 para describir los efectos
que esta persecución tuvo, basándonos en la obra de Félix José Reinoso, «Examen de
los delitos de infidelidad contra la patria»8, que en este año 2016 celebra su
bicentenario y que pasa por ser una obra olvidada, mal entendida, pero fundamental
para entender el comienzo de la dinámica de venganza de nuestra historia con lecturas
—incluso— para la España presente.
Quisiera comenzar con un extracto de la obra de Reinoso, ubicado ya casi al
final de su obra, cuando exclama:
«Si hay una pluma digna de hablar a los siglos futuros (que entre nosotros dudo
se salvó alguna de la persecución, según ella crece cada día) no podrá, por
moderada que sea, referir el término de nuestra lucha sin tocar en la ruina y
amargura que trajo a tanto número de ciudadanos. Aunque la España, dirá, por el
fin de esta guerra y por la cesación de las vejaciones del enemigo, empezase a
gozar de tranquilidad, sin embargo, la dureza con que las Cortes y el gobierno
procedieron contra los empleados públicos y otros vecinos particulares, esparció
de nuevo el terror por toda la península y causó el abatimiento y desolación de
familias innumerables y la prosperidad de los refugiados en Cádiz y de sus
amigos, que se elevaron sobre las ruinas de los primeros.
La sola sospecha de haber sido afectos a los franceses era castigada con
procesos eternos, con prisiones durísimas, con mil daños y pesadumbres. Para
perseguir a los empleados y demás tratados como infidentes, se sirvió el
7
Sobre las características de estas persecuciones me detengo en otra conferencia de este congreso bajo el
título «Persecuciones políticas en España (1812-1814)».
8
Félix José REINOSO (publicado como Anónimo): Examen de los delitos de infidelidad á la patria,
imputados á los españoles sometidos baxo la dominacion francesa, Burdeos, Pinard, 1818.
186
gobierno de ministros que, recibiendo lucro de su perdición, desempeñaron este
encargo con un celo y puntualidad dignos de una causa más justa. Los hombres
instruidos y sensatos desaprobaron esta conducta, y varios escritores de las
provincias alzaron la voz contra la dureza de tales procedimientos, aplaudidos
por los papelistas de Cádiz. Pero en vano se representaba y clamaba a las Cortes
cuando había tal hambre por los empleos».9
Reinoso hará una crítica en su obra «Delitos de infidelidad contra la patria…»
a la forma en la que se formaron las Cortes, sobre la legitimidad de los diputados, las
medidas de represión política adoptadas y el efecto de las mismas, finalizando su obra
con la petición de una amnistía general.
Aunque nos centraremos en los efectos de la represión, enunciaremos
someramente algunos factores que, todos ellos reunidos, favorecieron el conflicto,
comenzando por el sistema electoral. Constituye en sí misma la forma de acceso al
poder una causa de confrontación, por cuanto las reglas establecidas favorecen la
llegada al poder de unos colectivos frente a otros, dando lugar a la oposición de los
colectivos relegados. Así se reflejará en las elecciones de 1813, donde las oligarquías
perdedoras en las elecciones anteriores se habían preparado para jugar el partido bajo
las reglas electorales de las Cortes gaditanas. Sin duda, el resultado de las elecciones
de 1813 reflejará la confrontación existente, con unas Cortes divididas y por tanto
débiles para responder con la fuerza suficiente al regreso de Fernando VII.
Sin embargo, ninguna medida de las Cortes generó reacción contraria
semejante a los decretos para la represión de la infidencia.10 Las Cortes, a medida que
en la guerra contra Napoleón se iba decantando a favor de las armas aliadas españolas
e inglesas, pasaban a depurar a los empleados públicos de los territorios que quedaban
bajo su jurisdicción:
«[…] son el único medio de asegurar la recta administracion y gobierno de las
provincias que vayan quedando libres de la opresion enemiga; […] para
9
Félix José REINOSO (publicado como Anónimo): Examen de los delitos…, p. 456.
Decreto CLXXXIV de 11 de agosto de 1812, «Varias medidas para el mejor gobierno de las provincias
que vayan quedando libres»; decreto CXCII, de 21 de septiembre de 1812, «Medidas para asegurar la
confianza de la Nación respecto de los empleados y otras personas públicas» y decreto CCIX, de 14 de
noviembre de 1812, «Se prescriben las reglas para la rehabilitación de los empleados públicos que
continuaron en sus destinos bajo el gobierno del rey intruso».
10
187
este mismo objeto conviene tomar previamente algunas medidas, que facilitando
desde luego el des-pacho de los negocios del Estado en cada una de ellas,
afiancen la buena elección de las personas que hayan de manejarlos».11
Tal política afectó a un número elevado de empleados, como señalaría Reinoso
en los comienzos de su obra: «se olvidó por desgracia de que no hay felicidad en la
nacían donde se persigue, donde se atormenta, donde se arruina á tan crecido número
de habitantes».12 Ese «crecido número de habitantes» era notable, cuantificándolo
Reinoso en doscientos mil españoles: «lo que las Cortes de Cádiz y las de Madrid
hicieron, y lo que la Regencia o sus ministros ayudaron para aniquilar la fortuna y la
opinión, primero de doscientos mil padres de familia, y después de diez o doce mil
refugiados en Francia».13 Atendiendo a la documentación y normativa estudiada, los
procesos de purificación afectaron por igual a todos los cargos públicos, con
independencia de su adhesión ideológica o política; afrancesados o no. La persecución
de las Cortes comprendía a todo tipo de empleados de la administración, también de la
local y regional, religiosos, militares… todo aquel que hubiera ejercido un cargo
público bajo dominio francés era sometido a los procesos de purificación política.
Los empleados públicos, que habían ejercido sus cargos bajo las difíciles
circunstancias de la ocupación francesa, incluso siendo privados de sus sueldos por el
gobierno de José I, veían como las Cortes, en contra de la opinión de los pueblos,
favorecían a las partidas de milicianos en su perjuicio.
11
Decreto CLXXXIV de 11 de agosto de 1812, «Varias medidas para el mejor gobierno de las provincias
que vayan quedando libres».
12
Félix José REINOSO (publicado como Anónimo): Examen de los delitos…, p. 8.
13
Félix José REINOSO (publicado como Anónimo): Examen de los delitos…, p. 477. Vid. supra y Juan
LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores: los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (18081833), Biblioteca Nueva, 2001, pp. 106-107, donde se realiza un estudio aproximado del impacto de los
exiliados en número y según sus diferentes funciones en la administración intrusa. También se ofrece la
misma cifra en Luis BARBASTRO GIL: Los afrancesados primera emigración política del siglo XIX
español (1813-1820), óp. cit., p. 11. Reinoso cifra el número de exiliados en doce mil familias y cuarenta
mil individuos vid. Félix José REINOSO, óp. cit., p. 431. También en el extranjero los afrancesados
fueron objeto de extrañamiento por parte de los embajadores de las Cortes primero y luego de Fernando
VII. A éste respecto vid. carta del embajador en París, conde de Fernán Núñez al secretario interino del
Despacho de Estado, fechada el 11 de mayo de 1814 en París en «Documentos de Inglaterra», (18131814), A.H.N., A.G.S., Estado, 8175: «La Forest me ha sacado la conversación sobre los individuos que
han tomado partido con Josef, como queriendo probarme que son tan españoles como nosotros y que la
intención de Fernando VII es perdonarlos como ha hecho Luis XVIII a los suyos. Sobre este punto me
sostuve enteramente por las instrucciones que V.S. me ha comunicado, asegurando que nada trataría yo
que pudiera revocar en la menor parte los Decretos dados por las Cortes, y que hasta recibir órdenes en
contrario, ni podría decir otra cosa ni verlos ni recibirlos en mi casa».
188
La lucha por el poder provocará un nuevo fenómeno: el de los exilios, masivos
desde este momento y que serán la tónica general de la España contemporánea:
afrancesados, tradicionalistas, liberales, republicanos…
Nada más revelador de las circunstancias de los afectados por las
purificaciones que su testimonio. Como ejemplo, el Banco Nacional de San Carlos,
tras la recuperación de Madrid, va a ser objeto de un proceso de purificación política
que afecta a todos sus empleados. El acta de la junta general de 1814, no en vano, y a
pesar de que va a suponer la reorganización de la entidad tras la liberación, se ocupará
principalmente de la purificación política de sus empleados, aspecto éste que era su
mayor preocupación y queja, como manifestará el director de la institución.14
«Jamás creyó ésta haberse hecho indigna de la confianza que había merecido á
los accionistas antes de la revolución; pero quál fué mi sorpresa al ver el acuerdo
quinto de la Junta celebrada en Cádiz el 30 de abril del año próximo pasado.
Acuerdo el mas denigrativo é injurioso para los Directores y dependientes, y en
el que atropellados los reglamentos del Banco y su inconcusa circunspección, se
intenta el oprobio y muerte civil de una porción de ciudadanos honrados, sin otra
causa ni motivo que haber tenido la desgracia de residir en este pueblo durante la
dominación enemiga; y no bastan-do sin duda que semejante anátema quedase
reservado entre sus pocos autores, se unió al acta de dicha Junta; é impreso y
publicado, ha gravado en nuestra reputación una mancha que solo podrá borrar
un nuevo acuerdo de esta Junta, fundado en la justicia y equidad que la
caracterizan».
Y si eran tajantes las manifestaciones del director, los empleados no van a
reducir el tono de las suyas cuando les llegó su turno:
«Los infrascriptos empleados en el Banco nacional de San Cárlos, penetrados
de la mas viva aflicion al considerar la humillación vergonzosa á que nos ha
14
Vid. «Junta General del Banco de San Carlos, celebrada en la casa del mismo banco, en el día 21 de
abril de 1814», (1814), A.H.B.E., Actas de Juntas Generales de Accionistas. 1814. De las 100 páginas que
ocupa el acta, salvada la lista de accionistas, la memoria justificativa del director, Manuel de la Torre,
ocupa de la pág. 27 á 70, la del secretario, don Andrés de la Cuesta, ocupa las págs. 107 á 116 y la de los
empleados del establecimiento de Madrid las págs. 98 á 106. Todas juntas ocupan más de la mitad del
texto del acta de la junta.
189
reducido el acuerdo de la Junta general celebrada en Cádiz en 30 de abril último,
nos presentamos á V.E. y V.SS. á reclamar una reparación de justicia que nos
restituya el honor, los derechos y destinos de que nos hallamos privados: hemos
permanecido en Madrid invadida por el tirano, es verdad, pero no por esto
hemos faltado á los deberes de bue-nos y fieles españoles, ni ménos hemos
prestado auxilio á las ideas tiránicas del enemigo, oponiéndonos constantemente
á sus disposiciones en union de los Directores.
Llegó por fin el dia deseado de la última evacuación de Madrid en mayo del
año próximo pasado y esta época de triunfo y alegría para esta gloriosa capital aguó la
nuestra con el anuncio del acuerdo de la citada Junta general para que cesasen todos
los dependientes del Banco en Madrid, sin satisfacer á ninguno los sueldos atrasados
en todo ni en parte: este golpe fatal no pudo dexar de causarnos la mas viva aflicción,
pues después de todas nuestras esperanzas, sufrimientos, privaciones y antiguos
servicios, nos veíamos proscriptos, despojados, igualados con los enemigos de la
patria, sin honor y sin destino: la idea de semejante situación hizo acabar con la
existencia de algunos de nuestros desgraciados compañeros y nosotros tuvimos el
dolor de verlos perecer al rigor de su miseria, sin tener arbitrio para poder atender por
nuestra parte á su socorro».
Sin duda alguna, se trata de un testimonio desgarrador que revela los efectos de
los decretos de las Cortes, su injusticia y el malestar suscitado por toda España. Y no
es el único; podemos encontrar testimonios en cualquier administración:
ayuntamientos constitucionales, ejército, parroquias, obispados… y toda la planta de
éstos, como los juzgados de Aragón, que se habían quedado sin oficiales para el
despacho de los asuntos, como indicará el gobernador político de la provincia.
«El jefe político de Aragón representó a la Regencia en 14 de agosto: que
inhabilitados por las leyes los empleados públicos que habían servido baxo la
dominación intrusa, se hallaron los jueces de 1ª instancia sin escribanos que
actuasen las muchas sumarias que formaban a un excesivo numero de personas
por su adhesión al gobierno francés y el público privado de poder deducir sus
derechos y continuar los que tenía pendientes por falta de procuradores que unos
y otros habian acudido al xefe político solicitando les habilitase interinamente y
190
que los jueces de 1ª instancia le manifestaron repetidas veces la necesidad de
verificarlo como con efecto lo hizo a 8 es-cribanos y 9 procuradores despues de
asegurarse de su conducta politica, pero sin perjucio de que obtengan su
rehabiltación y reparación por los medios que las leyes prescriben: y concluyo
diciendo la aprobación de esta medida a que le obligaron las circunstancias en
que se hallaba aquella capital.
En 17 del propio mes hizo otra exposición refiriendo la 1ª y añadiendo que
todos los pueblos de la provincia se hallaban en el mismo caso y estado que había
expuesto respecto de la capital: que se le había hecho presente la necesidad de un
pronto reme-dio y según era la urgencia iba habilitando interinamente aquellos mas
precisos
precedidos
de
los
ayuntamientos
constitucionales
los
informes
correspondientes y que esperaba que S.A. no lo llevara a mal atendidos las causas que
le habían impelido a to-mar dicha medida».15
La persecución de las Cortes se extendía por toda España, como denunciará
Reinoso:
«¿Habría esposas desoladas, niños desamparados, familias desvalidas,
que clamasen por sus maridos desterrados, por sus padres encarcelados, por el
sustento perdido? ¿Que turbasen con ayes de dolor el gozo general por la
restitución de Fernando, salud y alegría de los españoles? ¿Pudiera llamarse feliz
esta gran familia, sembrada por todas partes de millares de desventurados?» 16
Las Cortes se habían ganado el odio de importantes sectores de la población,
pero —consideramos— ninguna torpeza fue mayor que perseguir al propio ejército.
Desde Valencia, el 24 de abril, el general Elío se dirigirá al rey solicitando se atienda a
las necesidades de los soldados que regresan de Francia en un estado calamitoso:
«Representación del General Elío á S.M.:
Señor: el general en jefe del 2º exército A.L.P. de V.M. zeloso por el bien y
reme-dio de los beneméritos oficiales de su exército, que arrostrando los riesgos
y fatigas mayores se han huído de Francia, y que desnudos y sin medio alguno
15
16
«Juntas de purificaciones», (1814), A.H.N., Consejos, 11807-11808.
Félix José REINOSO (publicado como Anónimo): Examen de los delitos…, p. 473.
191
tampoco pueden ser atentidos por mi hasta que purificados tengan acomodo en
los cuerpos; recurre a V.M. por si su piadoso corazón encuentra medio de
destinar defensores, y que tanto se distinguen en amar a V.M.: esta gracia se
añadirá á las demás con que V.M. va honrando a los militares, que sostendrán a
V.M. hasta la muerte.
Valencia 21 de abril de 1814
Señor
Xavier Elío
…
Contestación de S.M.:
Excelentísimo Sr.: se ha enterado el Rey de la representación que V.E. le ha
dirigido pidiendo un socorro para los beneméritos oficiales, que arrostrando los
mayores riesgos y fatigas se han fugado de Francia; y S.M. siguiendo los
impulsos de su corazón me ha mandado poner a disposición de V.E. veinte y
cinco mil rs. vn. para que los distribuya entre dichos oficiales, sintiendo S.M.
que las circunstancias estrechas en que se halla no le permitan hacer mas por
ahora.
Y lo participo a V.E. de su real orden para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Valencia, 22 de abril de 1814
M. el duque de S. Carlos
Señor
Don Francisco Xavier Elío
El comandante general de la provincia
Lavalle
Diario prov. de Valencia»17
Este texto no lo hemos encontrado recogido por la historiografía, pero quizás
sea uno de los más reveladores de este momento histórico, por trasladarnos un hecho
decisivo: sobre cómo el rey se granjeará el apoyo del estamento militar, no por el
mero hecho de disfrutar del apoyo de un general concreto, sino de todo su ejército, al
recibir éste mejor trato que el recibido por el gobierno de las Cortes. En efecto, el
17
"El Conciso", 30 de abril de 1814, nº 105, p. 839.
192
apoyo del general Elío y su ejército será clave en la recuperación del poder por
Fernando VII, dando lugar a los decretos de mayo de 1814, el derrocamiento del poder
de las Cortes y la derogación de su Constitución.
Frente a las Cortes, Fernando VII regresaba del destierro con su autoridad
intacta, reconocida por las mismas Cortes y ensalzada por toda la sociedad, siendo
recibido con el mayor entusiasmo. Así se recoge en «El Fernandino» del 5 de mayo de
1814, publicación que, con ocasión de la partida del rey desde Valencia hacia Madrid
publicará:
«Se acerca, Valencianos, el sensible momento en que nuestro amabilísimo
Monarca el Sr D. Fernando VII se ausentara de esta Capital para trasladarse a su
Corte de Madrid. […] Provincias huérfanas y afligidas, pueblos desolados,
ciudades llorosas, millones de españoles impacientes, justos oprimidos levantan
las manos al cielo, y piden fervorosos al Dios de la patria no retarde el instante
deseado de su consuelo. El decreto de justicia ha sido revocado; la bondad de lo
alto dexóse por fin vencer de tantos ruegos».18
La partida estaba ganada por Fernando VII. Los decretos de purificación política fueron
sin duda uno de los mayores errores de las Cortes gaditanas, consiguiendo la más firme
oposición de importantes sectores de la sociedad. Se había asentado un principio de la
historia contemporánea española: el gobernar para unos y no para todos. Las oligarquías
sucesivamente ocuparán el poder y actuarán en su beneficio, con exclusión de
importantes sectores de la sociedad. El constitucionalismo español quedará muy lejos
del americano: la libertad política permanecerá como un ideal malogrado. A partir de
este momento imperará la arbitrariedad oligárquica. La amnistía, ansiada por Reinoso
como fin de las persecuciones políticas de las Cortes, será una hábil herramienta en
manos de Fernando VII quien por el contrario será sanguinarios contra sus enemigos:
los liberales.
18
"El Fernandino", 5 de mayo de 1814, pp. 77-80.
193
Importancia de las sociedades de recreo en la construcción del
Estado liberal decimonónico en la ciudad de A Coruña*
Guillermo de la Paz Serra Martínez
Universidade da Coruña
Las transformaciones políticas, económicas, sociales, urbanas y, en suma,
culturales, experimentadas por la sociedad europea, entendida como la más avanzada de
la época contemporánea decimonónica, trajeron consigo nuevas y diversas formas
societarias que conformaron un espíritu de asociación, ―el espíritu del siglo‖ como lo
denominara Mesonero Romanos1, que constituyeron verdaderas señas de identidad de
una civilización burguesa elitista, que las utilizará como vehículo de cambio de la vida
social a lo largo del siglo XIX contribuyendo, con ello, a la construcción del Estado
liberal.
En efecto, la aparición de asociaciones o sociedades culturales, en general, y
recreativas en particular en Galicia, enlaza directamente con el nacimiento coetáneo en
toda Europa2, a comienzos del siglo XIX, de toda una serie de espacios privados, como
salones, clubs políticos, sociedades patrióticas, círculos masónicos, cafés literarios,
centros artísticos, casinos, etc., cuya acción constituye una característica sociológica
*Esta comunicación se inscribe dentro del proyecto de investigación de mi tesis doctoral denominado ―La
sociabilidad recreativa en la ciudad de A Coruña en la Restauración (1874-1923)‖, dentro del vigente
Programa Oficial de Doctorado en Sociedad del Conocimiento de la Universidade da Coruña.
1
Ramón DE MESONERO ROMANOS: ―El espíritu de asociación (1839)‖, en ÍD: Escenas matritenses
por el Curioso Parlante, Madrid, 4ª edición. Imprenta y librería D. Ignacio Boix, 1845, p. 487.
Recuperado de internet. (http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000050545&page=1)
2
En Inglaterra se puede destacar el nacimiento del Union Club (1799) o del Union Society (1821), cuyos
modelos fueron reproducidos después por toda Europa, copiando a aquellos se fundaba en París en 1828
el Cercle de l‘Union, difundiéndose, a partir de entonces, otros similares por toda Francia, en María
ZOZAYA MONTES: ―Sociabilidad y Fraternidad. Influencias masónicas en la creación de círculos
asociativos (1800-1850)‖, en José Antonio FERRER BENIMELI (coord.): La masonería española.
Represión y exilios, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
2010, pp. 1377-1378.
195
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
fundamental de la difusión del liberalismo en su sentido más amplio3 y que si, durante
el primer tercio de la mencionada centuria, la crisis y tensión de la sociedad española y
las restrictivas normas impuestas por Fernando VII impidieron el florecimiento de estas
asociaciones, la vuelta de los exiliados liberales, con la regencia de María Cristina y
el reinado de Isabel II, supuso la importación de las modas de esos ateneos, liceos
franceses, conservatorios, tertulias, círculos recreativos, clubs ingleses o casinos
italianos, a los que la burguesía coruñesa no fue ajena, tal y como se mostrará en esta
investigación4.
Esta comunicación pretende poner de relieve, a partir, fundamentalmente, del
vaciado de documentos del fondo de asociaciones del gobierno civil de A Coruña5,
obrante en el Archivo del Reino de Galicia, de la búsqueda de reglamentos estatutarios
en la Biblioteca Digital de Galicia –Galiciana, que es como se la denomina y que
nosotros en adelante nos referiremos a ella como tal-, de otra documentación hallada en
la Real Academia Galega o en el Diccionario Madoz de 1847 y de otras fuentes
referenciales 6, la existencia de sociedades recreativas en un periodo histórico de
profundos cambios políticos, sociales y de lentas reformas, en A Coruña, espacio
liberal por excelencia, configurada por unas élites urbanas que disponían de tiempo
para el esparcimiento y cuyos miembros fundarán círculos culturales similares a las
establecidos por sus coetáneos en los países europeos más avanzados.
El texto, como fin último, mostrará el papel desempeñado por las sociedades de
recreo en el proceso de implementación del liberalismo, resaltando la conexión existente
entre los socios elitistas de estos circos recreativos y la difusión de los valores
liberales, así como la pertenencia de algunos de ellos a la masonería.
Por tanto, en este texto resaltaremos la aparición de una sociabilidad formal
recreativa en la ciudad herculina, desde mediados del siglo XIX, de la mano de un élite
3
Francisco VILLACORTA BAÑOS: ―Los ateneos liberales. Política, cultura y sociabilidad intelectual‖,
Hispania, LXIII/2, núm. 214 (2003), p. 430.
4
Rafael VILLENA ESPINOSA y Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE: ―Espacio privado, dimensión
pública: hacia una caracterización del casino en la España contemporánea‖, Hispania, LXIII/2, núm. 214
(2003), p. 450.
5
Imprescindible, como señala Elena Maza, pues es depositario desde la Ley de Asociaciones de 1887 de
los libros-registro y de todo tipo de documentación asociativa. Elena MAZA ZORRILLA: ―Elites y
asociacionismo en España (1850-1923)‖, en Rafael ZURITA y Renato CAMURRI (eds.): Las élites en
Italia y en España (1850-1922), Valencia, Universitat de Valencia, 2008, pp. 184 y 185.
6
Ana ROMERO MASIÁ: A Coruña liberal. 1808-1874. A loita polas liberdades a través da
documentación municipal, A Coruña, Baía Edicións, 2005.
196
social bastante bien definida7, dado que en un mundo demográfico, económico y social
como el agrario gallego decimonónico, macrocosmos de rusticidad, incultura y
analfabetismo, resaltaba un micro espacio urbano correspondiente a una minoría selecta
de la burguesía, la pequeña burguesía y el artesanado de mayor nivel cultural. Y nos
referiremos, también, a las conexiones políticas, masónicas, sociales, económicas y
dinamizadoras de la vida colectiva de la ciudad, a partir del estudio de las sociedades de
recreo, reseñando la difusión de los valores liberales de la cultura burguesa como
conformadores de la contemporaneidad de nuestro país.
Espacios privados de ocio no mercantil
El análisis de estos espacios, en el campo de la investigación histórica, conlleva
la utilización del concepto de sociabilidad como una herramienta imprescindible hoy
en día, siguiendo la senda marcada por el historiador francés Maurice Agulhon8 hacia
finales de los sesenta y setenta del pasado siglo y tras su repercusión en nuestro país con
trabajos como el de Jordi Canal en 19929. El historiador francés trabajó con intensidad
en el análisis de las formas y los espacios de sociabilidad sin separarse del estudio
global de la Francia burguesa; partiendo de que el café es un personaje histórico, al
igual que el salón y el club, se preguntaba si no tendrían también categoría histórica la
creación de esas instituciones y el gusto de gozar de ellas, lo que le llevó a considerar
el estudio de la sociabilidad dentro del ámbito de la historia anecdótica, de la vida
cotidiana10.
7
Alberto J.V. VALIN FERNÁNDEZ: ―La masonería como vehículo propagador del liberalismo político.
El caso gallego‖, en José Antonio FERRER BENIMELI (coord.): Masonería, revolución y reacción,
Alicante, Diputación Provincial de Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1990, p. 188.
8
Maurice AGULHON: ―La sociabilité meridionale. Conferies et associations en Provence orientale dans
la deuxiéme moitié du XVIII siécle‖, Annales de la Faculté des Lettres, Aix-en-Provence, série Travaux
et Mémoires, n° XXXVI, (1966). Asimismo hay que destacar, por lo que afecta a este trabajo de
sociabilidad burguesa recreativa, ÍD: Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Étude d‟une
mulatión de sociabilidade, Paris, Librairie Armand Colin, 1977, obra que, a pesar del tiempo
transcurrido y, sobre todo, dada la trascendencia que la sociabilidad ha tenido en particular en nuestro
país desde hace casi veinticinco años, no ha sido editada en España, contando, eso sí, para este trabajo,
con una traducción en castellano editada en Argentina, ÍD: El círculo burgués. La sociabilidad en
Francia, 1810-1848, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009. Buenos Aires.
9
Jordi CANAL I MORELL: ―La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea‖, en
Historia Contemporánea, núm. 7, (1992), pp. 183-205.
10
Maurice AGULHON: El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-… p. 37. Así, con el
siguiente esclarecedor argumento suficientemente definitorio de noción histórica de la sociabilidad, se
expresaba el historiador francés en 1977: ―La gran historia, académica y universitaria, tenía ya bastante
con la religión, la política, la economía y la revolución. Pero hoy nos damos cuenta de que todo lo
ocurrido es digno de interés, y que es anticientífico distinguir materiales históricos nobles de otros que
serían fútiles. Si el sentimiento de familia, si las formas de la piedad, si incluso el amor y, la muerte,
tienen un historia y están en la Historia ¿por qué no habría de tenerla, a fin de cuentas la sociabilidad? ―.
197
Podemos definir, por tanto, la sociabilidad como la aptitud de los hombres
para relacionarse en colectivos, más o menos estables, más o menos numerosos, y las
formas, ámbitos y manifestaciones de vida colectiva que se estructuran con este
objetivo. Concepción abierta que integraría los aspectos más formalizados de la vida
asociativa y los menos estructurados de la vida cotidiana, centrándose este trabajo en los
primeros, pertenecientes a una sociabilidad más organizada que se vinculaba en el siglo
XIX, principalmente, al ocio de las élites urbanas, que se regían por reglamentos o
estatutos de constitución de los que, junto a la celebración de juntas de socios, tenían
que dar cuenta a la autoridad sometiendo por ello su actividad al control del poder.
Conforme a nuestro Diccionario de Autoridades11, la entrada ocio aparece
definida como ―Cessación del trabajo, inacción o total omissión de hacer alguna cosa‖,
con una visión negativa de la ociosidad, a la que califica como ―El vicio de perder o
gastar el tiempo inútilmente” lo que implicaría no hacer nada, ninguna actividad
y
que podría incluirse en la amplia categoría de tiempo libre12, lo que lo distingue del
tiempo propiamente de recreo, al que nuestro diccionario de 1737, tras añadir una cita
positiva, lo remite al término recreación, al que califica como “Diversión para alivio
del trabajo, con especialidad en casas de campo o lugares amenos‖, lo que a mi juicio ya
implicaría un hacer, una acción de divertimento. Además, si acudimos al Diccionario de
la profesiones de Galicia 1845-192413 , nos encontramos la descripción de la voz
recreo, hallada en los padrones de Ferrol de 1877, que la califica de denominación
imprecisa, evidentemente refiriéndose al ámbito laboral, y que define del siguiente
modo ―<<Recreo>>, término no profesional, es acción de recrearse o divertirse.
También es sitio o lugar apto o dispuesto para la diversión. De acuerdo con esta última
acepción, podría relacionarse con una sociedad de recreo”. Quizá, por ello, son
11
Diccionario de la lengua castellana o Diccionario de Autoridades, tomo V (1737). RAEL,
Recuperado de internet ( http://web.frl.es/DA.html ).
12
El tiempo libre lo constituirían todas aquellas necesidades personales de comer, dormir y cuidar la
salud y los aspectos individuales, así como los deberes familiares, sociales, cívicos y religiosos. No era el
ocio la simple holgazanería o el ejercicio de las actividades a las que uno se entregaba tras el final de la
jornada laboral. El tiempo de ocio consistía en deducir del mismo todas aquellas necesidades personales
y las actividades retribuidas propias del trabajo, caracterizadoras del tiempo libre. Por tanto, sólo se
puede hablar de tiempo de ocio cuando en el transcurso del mismo se realizaban actividades fruto, en
principio de una elección libre, desinteresada y ausente de propósitos directamente comerciales, utilitarios
o ideológicos y, a través de los cuales, se buscase un estado de satisfacción personal e individual; en Jorge
URÍA: La España liberal (1868-1917). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Editorial Síntesis, S. A., 2008,
pp. 94-95.
13
Carmen FERNÁNDEZ CASANOVA: El trabajo en la ciudad. Diccionario de profesiones de las
ciudades de Galicia, 1845-1924, Madrid, CSIC, 2011, p. 530.
198
calificadas así en los expedientes de asociaciones de los distintos archivos públicos y
no como meras sociedades de ocio.
Más allá de la contraposición lexicológica del Diccionario de Autoridades, la
palabra ocio u otium gozó siempre de una amplia tradición concebida como el conjunto
de actividades realizadas en un tiempo de ausencia de trabajo, de reposo,
en
contraposición
la
al
negotium, lo que no se descarta por otra parte, dentro de
sociabilidad formal ya que, conforme a la tesis de María Zozaya14, al calor del ocio se
generaron redes sociales que propiciaron toda clase de negocios, económicos, políticos
o familiares, con notorias repercusiones sociales en la ciudad, principal espacio de
socialización.
Repercusión social que ya planteaba el sociólogo y economista Thorstein
Veblen, en 1899 con su libro ―Teoría de la clase ociosa‖, donde describía
minuciosamente las características reales y simbólicas de la clase dominante surgida
de la revolución industrial,
interpretando el ocio como un territorio en el que la
burguesía se entregaba a un consumo improductivo de tiempo, con ostentosidad y
que, pese a su carácter superfluo, contribuía a producir buena reputación y, por tanto,
a reproducir su estatus y las oportunidades para perpetuarlo15 .
En este trabajo se entenderá el ocio o recreo en un sentido contemporáneo del
término que nace en el marco de la industrialización, de las nuevas revoluciones
liberales y en una sociedad abierta, secularizada, de progreso, de confort, donde se
incrementa la movilidad social y la libertad personal,
con una multiplicación de
asociaciones, entre ellas las recreativas, en el dinámico escenario de la ciudad,
conceptuándose el ocio, en este marco, como el conjunto de actividades lúdicas al
margen del trabajo, las necesidades y las obligaciones laborales, familiares,
comunitarias o religiosas 16.
14
María ZOZAYA MONTES: Del ocio al negocio, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007, p.13.
Tanto en su tesis como en obras posteriores plantea que al calor del ocio, en torno al que socializan
formalmente los miembros del Casino de Madrid, se gestaban proyectos comunes y ―propiciaba que se
constituyesen relaciones sociales que articulaban gran variedad de ámbitos económicos, políticos y
familiares‖.
15
Jorge URÍA: ―El nacimiento del ocio contemporáneo‖, Historia Social, núm. 41, Fundación Instituto
de Historia Social, (2001), p. 67.
16
Lucía CRESPO JIMÉNEZ: Trato, diversión y rezo. Sociabilidad y ocio en Toledo (1887-1914),
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p.19.
199
Destacar también el carácter no mercantil17 de estos espacios privados que,
como tales, se sostenían con el importe de la cuotas mensuales o anuales que abonaban
los socios de la mismas, siendo los destinatarios de las actividades lúdicas que en estas
asociaciones se desarrollaban los socios e invitados a las mismas, a través del ―billete‖,
ticket o carnet que poseían tanto unos como otros, siendo temporal el de estos últimos.
Fueron diversas las asociaciones de ocio nacidas en los inicios del Estado
liberal como los ateneos, los liceos, los casinos, los círculos o circos recreativos,
presentando distintos nombres o denominaciones. Si bien los dos primeros surgieron,
en contraposición a las academias ilustradas –que no respondían a las inquietudes de sus
coetáneos-, para servir a la causa pública, con fines artísticos, culturales o científicos18,
los últimos constituyeron espacios específicos de recreo para las élites urbanas y en las
que a efectos de difusión de los valores que representaban los nuevos aires liberales,
contemplaban también la faceta instructiva19, más de formación que de enseñanza, de
sus socios procedentes de las diferentes capas de la emergente clase social de la
burguesía.
Hay que indicar, respecto al amplio espacio temporal en el que se inserta este
trabajo, las encuestas periódicas emprendidas en la Restauración por el Ministerio de la
Gobernación20
y en particular
la estimación de enero de 1887 realizada por la
Dirección General de Seguridad, poco antes de la publicación de la legislación de
asociaciones
de Sagasta, que revela el crecimiento del movimiento asociativo en
general (más de una cuarta parte en sólo cinco años) y de las sociedades de recreo, en
particular,
que, con un total de 1658, constituyen más de la mitad de las 3.108
censadas21, siendo notoriamente resaltable que sólo tres de las veinticuatro modalidades
17
Al respecto, hemos encontrado un documento que prueba la no mercantilización del ocio por las
sociedades recreativas, consistente en una nota para el Negociado de Asociaciones donde el señor
gobernador disponía la prohibición de continuar celebrándose bailes en el local, en este caso, de la
titulada sociedad ―Coruña humorística‖ ―por ser aquellos bailes públicos donde se cobraba dinero por la
entrada. En Archivo del Reino de Galicia, Registro de Asociaciones del Fondo del Gobierno Civil de A
Coruña. Legajo 2496, exp. 43, núm. 125, signatura: 32175.
18
María ZOZAYA MONTES: ―Ocio Liberado. El ocio en España durante el siglo XIX‖/ ―Aisialdi Askea.
Aisialdia Espainian XIX. Mendean Zehar‖, en: El descubrimiento del Ocio. Guipúzcoa, Diputación Foral:
Museo Zumalacárregui. [Catálogo de la Exposición presentada en el Koldo Michelena, Donosti], 2008, p.
49.
19
De ahí que, en los diferentes Archivos y otras fuentes consultadas para esta investigación, aparezcan
estas asociaciones como sociedades recreativas o de recreo e instrucción.
20
Jean Lois GUEREÑA: ―Fuentes para la historia de la sociabilidad‖, en Estudios de Historia Social,
núms. 50-51 (julio-diciembre 1989), pp. 282-287.
21
Jean Lois GUEREÑA: ―La sociabilidad en la España Contemporánea‖, en Isidro SÁNCHEZ
SANCHEZ y Rafael VILLENA ESPINOSA: Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a
1898. GEAS, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 1999, p. 33.
200
societarias que componen aquella, las sociedades de recreo, socorros mutuos y culturainstrucción, superan el 80% del total censado 22, determinando con ello la importancia
del objeto de estudio de este trabajo en el período histórico citado.
Las sociedades recreativas en la ciudad herculina en el siglo XIX
A Coruña, ejemplo por excelencia de ciudad liberal23 de la novedosa
demarcación territorial24 establecida en el siglo XIX, se constituyó en ―un centro
burocrático administrativo de la nueva organización liberal‖25, configurándose como la
ciudad de servicios más importante de Galicia, afianzándose como tal en la etapa
histórica de la Restauración. Durante el siglo XIX la población de nuestro país creció
hasta duplicarse comprobando, si nos atenemos a las estadísticas demográficas oficiales
del Estado, el ascenso progresivo de A Coruña que la convirtió en la ciudad más
22
―Resumen de las Sociedades de todas clases existentes en España en el día 1 de enero de 1887, con
expresión de su objeto según los datos oficiales facilitados a esta Dirección General‖, Sección
Gobernación, Legajo 575, Archivo Histórico Nacional (AHN), citado por Elena MAZA ZORRILLA:
―Preferencias y destinatarios del asociacionismo vallisoletano en su rodaje contemporáneo‖, en Elena
MAZA ZORRILLA (coord.): Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis
interdisciplinar. Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio editorial, Serie. Seminarios
Simancas nº 2, Universidad de Valladolid, 2003, p. 147.
23
Así, le fue reconocida a la ciudad de La Coruña el hecho de ser el segundo baluarte de la libertad en
España, después de Cádiz, al ser la primera ciudad de Galicia en levantarse contra los franceses en 1808,
al ser la sede de la Junta Superior del Reino de Galicia, al protagonizar en 1815 el pronunciamiento de
Porlier contra el absolutismo, al levantarse el 21 de febrero de 1820 dando lugar al Trienio Constitucional
y por la fuerte resistencia de la ciudad desde el 15 de julio al 17 de agosto de 1823, contra las tropas
españolas y francesas que combatieron en defensa del Antiguo Régimen, en Xosé Ramón BARREIRO
FERNÁNDEZ: ―Prólogo. O liberalismo coruñés‖ en Ana ROMERO MASIÁ: A Coruña liberal. 18081874. A loita polas liberdades a través da documentación municipal, A Coruña, Baía Edicións, 2005.
p.9
24
―La verdad es que en ninguna parte he encontrado un sentimiento localista….tan fuerte…, sentimiento
agravado en no corta medida por la traslación de la capitalidad provincial…desde Santiago a La Coruña‖,
así se expresaba George Borrow, vendedor de biblias protestantes, en sus andanzas por Galicia a
mediados del siglo XIX, conocido en España como ―Jorgito, el inglés‖. Georges BORROW: La Biblia en
España. Primera edición en español de 1921. En este estudio se ha utilizado la edición de Madrid,
Alianza Editorial, 4ª reimp., 2005, p. 316. En efecto, más allá de esta descripción literaria, conforme al
art.1º del Decreto de Javier de Burgos, a la sazón Ministro de Fomento del gobierno de la Reina
Gobernadora María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (29.09.1833), ― El territorio español en la Península
é islas adyacentes queda desde ahora dividido en 49 provincias, que tomarán el nombre de sus capitales
respectivas..‖, especificándose en su segundo precepto las provincias pertenecientes a cada uno de los
territorios, mencionando en ―Galicia, las de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra‖, no entendiéndose
limitada al orden administrativo esta división provincial sino que, además, se arreglará a ella las
demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda (art.4º), constituyéndose Coruña como provincia de
primera clase a efectos de los subdelegados de Fomento. Real Decreto de 30 de noviembre de 1833
mandando hacer la división territorial de provincias, publicado en la Gaceta de Madrid nº 154 de 3 de
diciembre de 1833, fuente encontrada en la página del BOE, Gazeta colección histórica. Recuperado en
internet ( http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1833/154/A00657-00658.pdf. ).
25
José Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ: Historia de la ciudad de La Coruña. La Coruña, La Voz de
Galicia, S.A., 1986, p. 280.
201
poblada de Galicia26 alcanzando en 1900 la población de derecho de 44.057
habitantes27.
Debido a este acelerado crecimiento, y en paralelo a las urbes europeas más
avanzadas, la ciudad decimonónica de A Coruña experimentó una gran transformación
urbanística con la demolición de las antiguas murallas medievales y sobre todo con la
creación del Ensanche, configurando una bella ciudad conforme a los criterios más
avanzados de la época en materia de higiene, confort y salubridad.
El tejido social urbano lo conformaba una burguesía como grupo social pujante
que aumentó su poder económico e influencia gracias a la propiedad de la tierra y
demás bienes eclesiásticos desamortizados, y a las empresas industriales, financieras y
comerciales, incluyéndose en este grupo también los altos cargos de la Administración y
los profesionales liberales. Junto a las élites más acomodadas, estabilizadas con la
percepción de rentas o con el comercio, aparecerán unos burgueses más dinámicos,
destacando en actividades de gran alcance como el tráfico marítimo, el
aprovisionamiento del ejército,
el transporte intenso de pasajeros, en su mayoría
emigrantes, del que vivían muchos de ellos como consignatarios de buques,
intermediarios de grandes compañías navieras, o canalizando sus inversiones en
actividades como la construcción, la realización de nuevas carreteras y una cierta
rentabilidad de las líneas ferroviarias con el transporte de producto fresco y en conserva
hacia el interior peninsular, favorecido todo ello por la configuración de un nuevo
puerto, más moderno y funcional, acorde a los tiempos y a las nuevas necesidades
económicas de la urbe.
Estos nuevos grupos sociales, sobre todo urbanos, tendieron a fusionarse con
las élites nobiliarias, mostrando un afán por distinguirse de las clases populares y
forjando una identidad propia que se manifestaba, entre otras cosas, en la pertenencia
de sus miembros a exclusivos círculos de sociabilidad.
En el nuevo Estado liberal decimonónico con la publicación de la Real orden de
28 de febrero de 1839, sería preceptiva, para las sociedades que se constituyesen, la
elaboración de unos Estatutos, así como la obligación de presentarlos a la autoridad
26
Ibid., p. 279-280, conforme a esta obra y en un sentido aproximativo pero sin apartarse de los censos
oficiales, en 1857, Santiago contaba con 26.500, Ferrol con 18.000 y Lugo y Vigo con 8000; en 1877, en
Santiago 24.000 y El Ferrol, Lugo y Vigo experimentan un estancamiento poblacional, cuyo despegue se
verificará ya en el siglo XX; en 1897, Lugo se convierte en la segunda ciudad de Galicia con 27.000,
seguida de El Ferrol con 25.000, Santiago 24.000 y Vigo con una población de 17.000 habitantes.
27
Censo de 1900 en el siguiente enlace con la página web del INE
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=69565&ext=.pdf
202
para su conocimiento, indicando además la directiva de la sociedad y debiendo avisar al
jefe político o alcalde de cuantas juntas celebrase aquella. Desde entonces,
la
regulación asociativa irá en sentido restrictivo, salvo en el periodo del Sexenio con el
reconocimiento del derecho de asociación parejo al de reunión por Decreto de 1 de
diciembre de 1868 y que se encontrará protegido por el art. 17 de la Constitución
Democrática de la Nación Española de 6 de junio de 186928. Tras el golpe de Pavía, en
virtud de los Decretos de 10 de enero y de 18 de julio de1874 se prohibían las
asociaciones y reuniones que atentasen contra la propiedad, la familia y demás bases
sociales, ordenándose la disolución de todas aquellas que conspirasen contra la
seguridad, pública y los altos y sagrados intereses de la patria, contra la integridad
territorial y contra el poder constituido. Eso sí, aunque con la nueva normativa se
irán poniendo más límites y restricciones al derecho de asociación, se autorizarán las
científicas, literarias, benéficas y, en relación a este trabajo, las recreativas. Con la
Constitución de 1876 se regulará en lo mínimo,
dejando abierto el camino a un
desarrollo posterior que se producirá once años después con la Ley de Asociaciones de
188729, con Práxedes Mateo Sagasta al mando del poder ejecutivo.
La sociedad recreativa más antigua de la capital coruñesa, es la denominada
Circo de Recreación, del que hallamos un reglamento de régimen interior de 1840 y otro
revisado de 184330, corroborando también su existencia consultando el Diccionario de
Madoz31 donde se señala, -si bien con el sustantivo corto-, que el ―Circo de Recreo es
una sociedad de los más distinguido de la Coruña, gobernada por los estatutos y
28
Esta constitución definía ―las líneas maestras de una monarquía democrática y parlamentaria, que, tras
su fracaso durante el reinado de Amadeo I de Saboya, no volvería a formularse hasta 1978, aunque en
este caso de forma más coherente desde un punto de vista jurídico y con un notable éxito político‖, en
Joaquín VARELA SUANZES-CARPENGA: ―La monarquía en las Cortes y en la Constitución de 1869‖
en
Historia
Constitucional
(revista
electrónica),
nº
7,
(2006).
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/48/38
29
Acceso a esta ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 por medio del siguiente enlace de internet
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/reunion/1887.htm.
30
Que se pueden consultar en el siguiente enlace de Galiciana o Biblioteca de Galicia. Recuperado de
internet.
(http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/gl/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?idOr
igen=1726&descrip_materiasumario=Sociedades+recreativasGalicia&busq_materiasumario=Sociedades+recreativas-Galicia&tipoResultados=BIB)
31
―Se halla establecido en una casa de la calle Acebedo con vista a la bahía y está sostenido por los socios
quienes pagan 100 rs. de entrada y 10 mensualidades; consta de un salón bajo perfectamente amueblado
en el cual se celebran las juntas y se reúnen los socios en tertulia; tienen además dos piezas altas
destinadas al juego de billar y á otros permitidos, y una sala de gabinete de lectura de periódicos donde se
encuentran los principales que se encuentran en la Córte y algunos franceses é ingleses‖, en Pascual
MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo
VII, 1847, p.98. Recuperado de internet.
(http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_autorida
desbib=BAA20070025024 )
203
reglamentos aprobados en 1840 y reformados posteriormente...‖. El Reglamento
Fundamental del Circo de Recreación de la Coruña, nos informa en primer lugar que
―Esta Asociación32
tiene por objeto EXCLUSIVO los placeres permitidos en la buena
sociedad‖ citando los de proporcionar la lectura de periódicos nacionales y extranjeros,
políticos y literarios, y establecer mesas de ―villar, naipes y ajedrez‖, proscribiendo
absolutamente los juegos de suerte y envite, con interés o sin él. Nos dice que el número
de socios es ilimitado, disfrutando todos de los mismos derechos y que ―contribuyen
privativamente y con igualdad personal‖ a los
gastos ordinarios del Circo. Para ser
admitido como socio se requería en el candidato ―las prendas o cualidades que dan lugar
en las concurrencias de buena sociedad‖. Todas las fuentes, reglamentos y diccionario,
coinciden en la cuota de 100 reales que deben pagar los socios de entrada, más diez
mensualidades de 10 rs., excepto a los militares de activo servicio y guarnición en la
ciudad que estarían exentos del pago del primer semestre, lo que determina alto nivel
socioeconómico de la sociedad recreativa descrita, pues está claro que las clases
populares no disponían de esa cantidad de dinero33. El total de socios fundadores e
inscritos posteriores, nos informan las fuentes, fueron, en ese año, de 235.
Estas normas reglamentarias más allá de regular estas sociedades, constituyen
verdaderas fuentes documentales en este estudio dado que suelen venir acompañadas de
relaciones o listas de socios fundadores o inscritos posterioridad, comprobando con
respecto a esta sociedad recreativa la existencia en su seno de miembros de la
masonería, como son José Fullós o Antonio de Espiñeira34.
Otra de las sociedades nacidas a finales de la década de los cuarenta del siglo
XIX es la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos de La Coruña35, conocida
popularmente como Circo de Artesanos, -que sobrevive en la actualidad sin la fuerza
social de antaño-, que si bien se mantuvo durante años controlada solo por ese grupo
32
El reglamento no denomina a este circo como sociedad sino como ―Asociación‖, lo que refuerza ese
espíritu del siglo del que nos habla Mesonero Romanos en su libro publicado con anterioridad y al que
nos hemos referido al principio de este trabajo.
33
Así, un peón en todo el siglo XIX nunca superó los 80 reales de salario. En David REHER y
Esmeralda BALLESTEROS: ―Precios y salarios en Castilla la Nueva: la construcción de un índice de
salarios reales, 1501-1991‖, en Revista de Historia Económica. Año XI. Nº 1, Madrid, Universidad
Carlos III, Alianza Editorial en colaboración con el Centro de Estudios Constitucionales, 1993, Madrid, p.
145.
34
Alberto VALÍN FERNÁNDEZ: La masonería y La Coruña. Introducción a la historia de la masonería
gallega. La Coruña, Edicións Xerais de Galicia, 1984, p. 58-61.
35
Reglamentos Adicionales
de la Reunión
de 1848. Recuperados de internet.
(http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo
&idValor=23672). Igualmente podemos acceder a reglamentos posteriores del Circo de Artesanos en el
Archivo del Reino de Galicia, Legajo 3121, expediente 2, número 27, signatura 32800.
204
social y alejada de las contiendas políticas, a finales de la centuria, la burguesía y alta
burocracia fue controlando parcelas de poder36. En esta sociedad hemos comprobado, a
través de diversas fuentes,
la existencia de distintas secciones de declamación o
musicales pertenecientes a las sociedades, particularmente formadas, en algunas de
ellas,
por socios y socias de mérito, lo que contradice el criterio generalizado del
exclusivismo de los hombres en este tipo de asociaciones basado en las estrictas
normas impuestas en los clubs ingleses de la época. Además, comprobamos en nuestro
ámbito, que fueron las socias37 las que solicitaron en diciembre de 1849 que los bailes
debían ser de máscaras, triunfando con la propuesta por acuerdo de la mayoría en la
Junta Directiva, frente al criterio de 130 socios que se habían mostrado en contra.
La Tertulia La Confianza de La Coruña, constituida en 1848 y con pervivencia
durante todo el siglo, puede ser considerada también como una sociedad recreativa de
alto nivel económico pues su reglamento regulador nos informa del pago de una cuota
de 100 rs. de entrada y 8 rs. al mes38, a satisfacer por lo socios, llegando incluso a
exigir el abono de 200 rs. en la década de los años sesenta.
De esta década también encontramos un reglamento de la sociedad denominada
Casino Coruñés39, donde la burguesía que no compartía el liberalismo cada vez más
laicizante de la Reunión, prefería reunirse en el Casino creado en 1862, aunque las
actividades eran parcialmente las mismas40, hecho éste que podría ver determinado por
la presencia como vicepresidente del mismo de José Pardo Bazán41, comprendiendo de
este modo lo anotado por el profesor Brey de acudir a este Casino las personas que
huían del cada vez más laico Circo.
36
José Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ: Historia de la ciudad de .., p. 334.
Felix ESTRADA CATOYRA: Contribución a la historia de La Coruña: la Reunión Recreativa e
Instructiva de Artesanos en sus ochenta y tres años de vida y actuación. La Coruña, Tip. El Ideal Gallego,
1930, pp. 27-28.
38
Reglamento de la Tertulia de La Confianza de 1848.
Recuperado de internet.
(http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/gl/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo
&idValor=25314).
39
Reglamento de la sociedad de recreación titulada Casino de 26 de enero de 1862, impreso por Puga en
1867, y que se puede leer en el siguiente enlace de la biblioteca virtual Galiciana. Recuperado en
internet. ( http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/consulta/registro.cmd?id=8402).
40
Gerard BREY: ―La sociedad gallega (1874-1936)‖ en Jesús DE JUANA y Julio Padra: Historia
contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, 2005, p. 183.
41
José Pardo Bazán, heredó los vínculos y mayorazgos. Fue un hombre progresista, culto y
comprometido con Galicia que desde su escaño en las Cortes defendió también los intereses de la Iglesia
y el Papa lo recompensó con el título de conde de Pardo Bazán, legalizado más tarde por el rey Amadeo.
Casó en 1850 con Amalia Rúa Figueroa en A Coruña y un año después nació su única hija, Emilia.
Extraída esta información de la página web del Faro de Vigo, 2012. http://www.farodevigo.es/sociedadcultura/2012/11/09/secreto-pardo-bazan/709231.html
37
205
Del periodo decimonónico de la Restauración se pueden citar otras sociedades
de recreo halladas en distintas fuentes, como el Círculo Méndez Núñez, el Liceo
Brigantino o el Liceo Bretón de los Herreros que convivirán en el tiempo con las
referidas hasta ahora y que contribuyeron con ellas a la modernización y progreso de la
ciudad de A Coruña. De finales del citado periodo, hayamos en Galiciana dos
reglamentos con el nombre de Sporting-Club, uno de 1890 y otro de 189342,
pertenecientes a dos sociedades distintas, la primera remarcando la palabra Club43,
siguiendo la denominación de la actualidad anglosajona del sport del momento en que
se funda la asociación, y la segunda más específicamente de recreo al uso, ambas
presididas por la misma persona Ricardo Caruncho44.
Destacar también, por un lado, la importancia que las sociedades recreativas
otorgaban al gabinete de lectura o la biblioteca, de donde no se podían sacar los
ejemplares
o hablar en voz alta y, por otro, reseñar la importante labor que
desempeñaba el conserje sin el cual no se hubiera podido desarrollar el normal
funcionamiento de las mismas, con indicación de los valores de las sociedad de buen
tono que poseía la burguesía dirigente de la asociación y que el conserje debería cuidar
que fuesen cumplidos por los mozos y todo el servicio, que han llegado hasta nuestros
días.
Dinamización de la vida colectiva de la ciudad y difusión de los valores liberales de
la cultura burguesa por las sociedades de recreo
Las sociedades recreativas más allá de espacios privados de ocio se convirtieron
en verdaderos agentes sociales de la época en defensa de los intereses de la ciudad.
Fueron entidades dinamizadoras de la vida ciudadana que realizaron
una importante
labor social. Las asociaciones de recreo analizadas actuaron como ejes vertebradores de
los valores de la buena sociedad, impulsando iniciativas y desarrollando actuaciones
42
Reglamentos
obrantes
en
Galiciana.
Recuperados
de
internet.
(http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_autoridades
bib=BDGA20130010526).
43
Aunque este tipo de sociedad, como fundamentalmente deportiva, escapa del análisis recreativo
propuesto en este trabajo, es lo cierto que el desarrollo de estas asociaciones, básico para comprender la
actual actividad del deporte, estuvo en consonancia con la realidad de progreso del momento que refleja como señalan Pujadas y Santacana- ―en parte, el ascenso de la burguesía industrial y de los profesionales
liberales urbanos‖ , principales practicantes de las actividades deportivas y, por ello, pertenecientes a la
sociabilidad de tipo burgués. Xavier PUJADAS y Carles SANTACANA: ―El club deportivo como marco
de sociabilidad en España. Una visión histórica (1850-1975)‖, en Hispania, LXIII/2, núm. 214, CSIC,
(2014), p. 508.
44
Militar, periodista y escritor gallego. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Caruncho
206
que, lejos de intereses lucrativos, se dirigieron no sólo a fomentar la realización de
actividades lúdicas o instructivas de sus asociados sino también a impulsar proyectos
de marcado carácter benéfico, social o cultural.
En 1883, con motivo de la inauguración del ferrocarril en la ciudad de A
Coruña, tuvo lugar una comida extraordinaria para los acogidos en los establecimientos
de beneficencia, provincial y municipal, ―así como á los presos de la Cárcel de
Audiencia y de Partido de esta ciudad, por cuenta de las respectivas Corporaciones‖
distribuyendo ―a expensas del Ayuntamiento y del Liceo de Artesanos, 4.000 bonos
equivalentes á igual número de libras de pan (medio kilogramo), y por la Tertulia de
Confianza 200 de 2 pesetas, 50 céntimos cada uno (10 reales)‖45. En las fiestas de tal
carácter celebradas en 1891, se acordó en la Reunión Recreativa ―subvencionar al
Ayuntamiento con quinientas pesetas y conceder un premio para las carreras de
velocípedos, tan en boga entonces en Galicia…que se envió a la Sociedad SportingClub‖, patrocinadora del espectáculo; y se celebró en el Teatro Principal un gran
concierto vocal e instrumental por las sociedades de recreo de la ciudad, aplicándose el
producto de este festival a obras benéficas, como comidas extraordinarias de los presos
de la cárcel y a los acogidos en el Asilo municipal46.
Benéficas también eran las actividades desplegadas por las sociedades
recreativas con las tragedias que se produjeron en aquella época, no sólo locales sino en
todo el país, celebrando funciones teatrales, bailes, iniciándose de inmediato
suscripciones entre socios y amigos, o participando en otras, abiertas por las
autoridades, a efectos de hacer frente a las necesidades que se derivasen de aquellas.
Ejemplos son, la contribución que hizo este Circo para socorrer a los supervivientes de
la tragedia que se produjo en abril de 1878 en la costa cantábrica a causa de un
temporal, con una función lírico dramática el 19 de mayo de ese año en ese teatro;
celebración de un baile en los salones de esta sociedad para remediar la miseria de las
familias víctimas de las inundaciones de Murcia en 1879, ―obteniéndose un ingreso de
tres mil ciento ochenta reales que se entregaron al Alcalde para que sumase esa cantidad
a la suscripción iniciada por el Ayuntamiento‖, indicar también que se celebró una
función en el Teatro Principal en 1880 a beneficio de las familias que habían sufrido por
las inundaciones de la coruñesa villa de Padrón, u organizando un concierto en sus
45
―La Coruña en la mano. Guía de La Coruña. 1883‖. Recuperada
(http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/en/consulta/registro.cmd?id=8202) .
46
Felix ESTRADA CATOYRA: Contribución a la historia .. p. 140.
207
de
internet.
salones con motivo de la situación angustiosa y precaria de los pescadores del puerto de
Cariño, a causa de los temporales47.
Una importante actividad de dinamización social lo constituía el Carnaval, o
baile de máscaras, en A Coruña. Esta fiesta evolucionó desde las batallas de ceniza,
harina y huevos entre mozos y mozas en las calles de la ciudad, que fueron reprobadas
por la burguesía y autoridades locales, a un Carnaval más domesticado cuando se llega a
la Restauración48 , donde dominarán los concursos de disfraces que premiaban al más
elegante, al más refinado, olvidándose de la exhibición de lo grotesco, donde los bailes
de máscaras de las sociedades recreativas, en cuya entrada se les rogaba las mujeres
enseñaran un instante su cara para evitar que alguna mujer de la vida se colara en la
sala. Los momentos fuertes del carnaval en este periodo serán los citados bailes y el
llamado ―entierro de la sardina‖, municipalizando cada vez más esta fiesta, con el
propósito evidente de asentar su autoridad política y económica sobre la ciudad. Este
carnaval al pasar por un proceso de domesticación se convirtió en una fiesta cada vez
más civilizada y refinada, más propia de los grupos de la burguesía local que de los más
populares, que a estas alturas ya habían roto ideológicamente con aquellos.
Singular relevancia presenta la participación de las sociedades recreativas en
cualquiera actividad que contribuyese a la mejora y al progreso de Galicia, en general,
y de A Coruña, en particular, como la puesta en marcha y celebración de la Exposición
49
agrícola, industrial, artística, científica y literaria en la capital coruñesa en julio de
1878, que ocupó la “casa número 2 del Cantón Pequeño, hoy desaparecida para la
construcción del edificio del gran Banco Pastor‖50, o en la visita de los reyes Alfonso
XII y María Cristina, a finales de agosto de 1883, tanto en el recibimiento como en la
47
Ibid., pp. 96, 98, 100, 101 y 121.
Gérard BREY y Serge SALAÜN: ―Los avatares de una fiesta popular: el Carnaval de La Coruña en el
siglo XIX‖, en Historia Social, núm., 7, Fundación Instituto de Historia Social, (1989), pp. 25-35. En
esta obra, los profesores Brey y Salaün nos ilustran sobre esta evolución, señalando que frente a este
carnaval de batallas de huevos y agua callejeras, se desarrollaba uno en los salones, de carácter más
tranquilo, en las sociedades recreativas que rivalizaban para que su baile fuera el más brillante, el más
atractivo y donde se organizaba una rifa cuyo premio gordo, ―la piñata‖ colgaba de una araña. Con el
deseo de transformar el Carnaval, eliminando las manifestaciones más indecentes o más agresivas,
tratando de evitar los excesos de los muchachos, el Ayuntamiento en 1862 buscó el apoyo del Circo de
Artesanos, al ser la más popular de las sociedades de recreo de la ciudad. Esta sociedad se convirtió en
intermediario de los proyectos de la corporación municipal y de la población cuando el Alcalde propone
unas fiestas carnavalescas de nuevo cuño, siguiendo el modelo de lo que se hacía en Barcelona. Se
sustituyeron las batallas espontáneas por los desfiles de carrozas de comparsas, durante los cuatro días
que dura el carnaval, con una formalización y elegancia en los disfraces y donde cada batallón de
máscaras respeta el lugar que se le atribuye.
49
Exposiciones muy habituales en los países europeos más avanzados en el siglo XIX.
50
Felix ESTRADA CATOYRA: Contribución a la historia..., p. 96.
48
208
inauguración del ferrocarril
aportaciones
el primero de septiembre, contribuyendo con sus
a los festejos por dicho motivo. La comisión organizadora, en su
presentación al público, nos revela la importancia de la presencia de las sociedades de
recreo al situarlas al mismo nivel que la corporación municipal.
En estos festejos destacarán las actividades costeadas por las distintas
sociedades recreativas de la ciudad de A Coruña. El Circo de Artesanos reconoció por
su contribución a la terminación del ferrocarril, a través de una serenata a los señores
don Juan Montero, don Benigno Revellón y don Fernando Rubine, nombrados socios
de honor; se iluminó la calle Juana de Vega, con farolillos a la veneciana, se ofreció
un baile en obsequio a los forasteros en los salones de la Reunión y se quemaron fuegos
de artificio. El Casino Coruñés, además, ofreció un suntuoso baile a los forasteros en los
lujosos salones de la sociedad, el cuatro de septiembre, y la iluminación de la calle de
San Andrés, antes Espoz y Mina, con infinidad de farolillos de variados colores. El
Liceo Brigantino también contribuyó a los festejos con la celebración de un certamen
musical en el Teatro Principal y unas regatas marítimas, con hasta siete premios para los
participantes, según nos da cuenta el secretario de esta sociedad recreativa, don Ricardo
Caruncho51.
Reseñar, dada la trascendencia social que tuvo –y tiene, ya que aún subsiste- la
creación de la Cocina Económica de La Coruña. A iniciativa de la Reunión, - quien
aportó dos mil quinientas pesetas recibidas por el Alcalde por la suscripción que esta
sociedad hizo para atender a los gastos por la posible epidemia de cólera de 1884–, se
fundó esta obra benéfica, instalándose en la Fábrica de Harinas, sita en la calle del
Socorro que era propiedad de Enrique Núñez, inaugurándose el 20 de junio de 1886.
Esta institución a partir de aquí sería sostenida con los donativos de los particulares y
las subvenciones oficiales, pudiendo dar alimento a las clases humildes por un módico
precio, evitando al mismo tiempo la pobreza callejera de la ciudad herculina.
Las sociedades recreativas también participaron en movimientos de protesta
ciudadanos, velando siempre por los intereses de la ciudad. En 1888 el Circo de
Artesanos inició una manifestación pública de protesta por el traslado del Regimiento
de Caballería de Galicia, formado en la capital coruñesa, a Santiago, ordenado por el
Ministerio de la Guerra, al que se adhirieron las demás círculos de recreo y el
Ayuntamiento que con su dimisión y con una proclama de su Alcalde don Tomás
51
―La Coruña en la …‖ pp. 5-7, 13, 14, 20-22, 24,25 y 30. El señor Caruncho, como vimos, a inicios de
los años noventa será presidente de la sociedad recreativa Sporting-Club de La Coruña.
209
Iglesias Lloreda protestaron por el hecho, produciéndose el cierre de fábricas y
comercios en solidaridad. Pese a estas protestas unánimes de los ciudadanos de A
Coruña el día 21 de marzo partió para Santiago la plana mayor del Regimiento de
Galicia52 .
Otro ejemplo de movilización activa ciudadana se produjo en junio de 1890,
con motivo de las reclamaciones para que tres expediciones de vapores correos de las
Antillas que se dirigían a Santander, en época de cuarentena, hiciesen escala en el
puerto coruñés, produciéndose una gran manifestación en la que participaron gran
número de socios del Circo de Artesanos, con su presidente al frente don Maximiliano
Linares Rivas, las demás sociedades de recreo, muchos ciudadanos y el Ayuntamiento
– que presentó su dimisión-, que se dirigieron al Gobierno Civil exponiendo en éste su
actitud contra el monopolio y el privilegio. Pese a la tensión del momento con la
concentración de la Guardia Civil en A Coruña, por medio de la gestión de diputados y
senadores gallegos, el Consejo de Ministros resolvió ampliar el Lazareto de Oza y
otorgar trescientas mil pesetas anuales al puerto de la capital53.
Destacó en estos movimientos de protesta con relevante participación de las
sociedades de recreo, el que se produjo, desde el 12 marzo de 1893, con motivo del
pretendido traslado de la Capitanía General de Galicia a la ciudad de León. El alcalde
José Soto se puso de inmediato al frente de la causa y tras reunir a la corporación
convocó en el Ayuntamiento a las fuerzas vivas para decidir cómo evitar la afrenta.
Hubo una auténtica guerra de telegramas entre las autoridades locales y de Madrid; pese
a ello, el Gobierno no se doblegó y publicó el decreto con la reforma tal como la había
previsto.
La Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos movilizó, entonces, a todos
sus socios y a la ciudadanía y, por su petición, la corporación municipal dimitió en
señal de protesta. Creó una comisión, que sería el germen de la llamada Junta de
Defensa, naciendo un movimiento de cohesión popular ante el ultraje a la ciudad, al
que se sumaron todas las fuerzas vivas de la misma. El 28 de junio, la Junta de Defensa
difundió una dura proclama ante el agravio del Gobierno a la ciudad. A partir de ese
momento -decía- "se suspende el pago de toda contribución directa al Estado y, por
consiguiente, los propietarios, fabricantes, industriales, comerciales, abogados, médicos,
farmacéuticos, y todos aquellos que estén inscritos en el padrón industrial, se abstendrán
52
53
Felix ESTRADA CATOYRA: Contribución a la historia..., p. 125.
Ibid., p. 137.
210
de pagar las matrículas". Era toda una llamada a la desobediencia civil y quien la
contraviniera sería declarado "traidor a la Patria", por lo que los miembros de la Junta,
con el alcalde Soto a la cabeza, fueron procesados y llevados a la prisión de Santo
Domingo. El Circo de Artesanos promovió una suscripción entre la población,
recaudándose mucho más de lo que importaba la multa para liberar al mandatario
municipal54. La protesta fue imparable y el Gobierno tuvo que rectificar, restituyendo el
10 de septiembre la sede militar a la ciudad.
Conclusión
En definitiva, basándonos en distintas fuentes, hemos constatado la existencia
de sociedades recreativas en A Coruña en el siglo XIX y que el papel jugado por las
mismas desborda el característico de proporcionar solaz recreo o instrucción a sus
socios, participando en la organización de fiestas locales, exposiciones, bailes,
certámenes, regatas, costeando los mismos, tanto en beneficio de los habitantes de la
ciudad, pobres o no, como de los infortunios y tragedias, tanto gallegas como del resto
del país, con el procedimiento normal
de financiación de la época, a través
de
suscripciones de donativos o aportando bonos de pan entre los más necesitados y
actuando, por tanto, como corporaciones auxiliares muy poderosas en el panorama
ciudadano municipal, apareciendo, como representantes sociales, junto a las autoridades
en los principales eventos, demostrando todo ello la activa función de dinamización
social que cumplían las sociedades recreativas burguesas en el moderno Estado liberal
del siglo XIX.
Significar, por último, el carácter abierto, liberal y laico de la capital coruñesa, de
fuerte resistencia ciudadana en defensa de profundos cambios de la urbe hacia la
modernización, comandados, salvo alguna excepción, por alcaldes que pertenecieron
o/y presidieron sociedades recreativas que, más allá de espacios privados de ocio, se
convirtieron en verdaderos agentes sociales de la época, intermediarios de los
ciudadanos, en defensa del progreso de la ciudad, determinando así su importancia en
el panorama decimonónico liberal.
54
Ibid., pp. 145-148.
211
Las campañas humanitarias: Influir y movilizar la opinión
pública
Daniel Yépez Piedra
Universitat Autònoma de Barcelona
¿Campañas humanitarias?
En períodos señalados en los que supuestamente estamos más sensibles como las
Navidades o tras sucesos que conmocionan las diversas
opiniones públicas se
desarrolla de forma recurrente un proceso: la aparición de campañas humanitarias de
muy diferente cáliz protagonizadas por individuos, grupos, asociaciones u
organizaciones no gubernamentales. Realizan llamadas para nuestra implicación,
enseñando el objetivo de esas campañas o aquellas situaciones que se podrían beneficiar
de nuestras colaboraciones.
Podemos considerar esa implicación como algo contemporáneo, incluso actual.
Sin embargo, campañas como la atención a los refugiados, la lucha contra la pobreza
más allá de la beneficencia o la reclamación derechos políticos son procesos recurrentes
y podemos vertebrar un hilo argumental que nos llega hasta actualidad. Podemos
encontrar precedentes en el pasado, convirtiéndose en una historia de éxitos y fracasos.
Como concepto, ‗campañas humanitarias‘ puede ser algo difuso. Podemos
definirlo como aquel conjunto de causas públicas y cívicas que pretenden realizar una
serie de cambios con efectos supuestamente positivos sobre la sociedad y acabar,
cambiar o matizar nuestras prácticas cotidianas o situaciones del mundo que nos rodea.
Pretenden influir en la opinión pública, movilizarla, sensibilizarla hacia su objeto de
atención y conseguir por diferentes métodos presionar al Estado para que adopte
políticas favorables a esos intereses. Toda campaña humanitaria comienza con la
identificación de un problema, de un hecho que a ojos de un determinado grupo de
213
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
personas con opiniones similares hay que eliminar o cambiar. Aquellos más
comprometidos deciden no mantenerse pasivos e intervenir.
Centrándonos en las culturas anglosajonas, debemos retroceder a mediados del
siglo XVIII para encontrar sus inicios, aunque las primeras décadas del siglo XIX
fueron testigo de sus primeros éxitos gracia a una movilización masiva. El caso
británico ejemplifica como sus participantes estuvieron implicados en otras luchas
cívicas o políticas, desde la ayuda a los refugiados liberales a la lucha por la reforma
política pasando por la reforma moral o la beneficencia.
El factor clave en el desarrollo de esas campañas es la interactuación entre los
individuos sensibilizados y comprometidos a través de asociaciones y organizaciones
que las impulsaban. La forma de actuar y de organizarse es variable, ya que hubo
grupos locales que se vincularon a través de una estructura estatal y tejieron conexiones
con organizaciones similares o filiales de la misma a nivel internacional, o esa misma
organización estatal extendió la reivindicación en cuestión en otras zonas del país
fundando secciones de aquella organización en esas otras áreas. Estos grupos iniciaron
sus acciones para sensibilizar la opinión pública y movilizarla. Las lecturas públicas, las
peticiones, los artículos en prensa, las campañas de consumo responsable, etc. Fueron
acciones que esos grupos pudieron desarrollar.
Para conseguir su objetivo necesitaron aliados que hubiesen participado en esas
campañas o que decidiesen colaborar por motivos altruistas o no. Estos aliados fueron
aquellos que dieron el contenido político a estas reivindicaciones en forma de mociones,
de proposiciones o de leyes. Y a pesar de tener estos aliados, miembros de estas
campañas participaron en el juego político para defender ellos directamente esas
propuestas en las cámaras parlamentarias.
La ansiada reforma moral y cívica provocaba el estallido de estas campañas, su
prolongación el tiempo, su vinculación y la aparición de nuevas campañas. Muchos de
los participantes en una campaña se implicaban en otras e incluso iban más allá y se
implicaban en las movilizaciones más políticas. Muchos ejemplos transitaron de la
lucha contra la esclavitud hacia el radicalismo, el cartismo e incluso el sufragio
femenino. Estas situaciones hacen resaltar las similitudes con la actualidad.
214
La lucha británica contra el tráfico de esclavos
La Gran Bretaña de finales del siglo XVIIII y de la primera parte del siglo XIX no vivió
una única campaña humanitaria o cívica sino que se entrelazaron diversas campañas con
un claro contenido moral y humanitario, y un contenido político que parece ser
olvidado. Cualquier visitante extranjero podría percibir el carácter vivo de estas
campañas, e incluso los exiliados de las diferentes oleadas liberales europeas, se
convirtieron en el objetivo de nuevas campañas como fueron la acogida y el
sostenimiento de estos refugiados políticos.
Pero la campaña que encontró más apoyos y cuya intensidad fue más notable fue
la lucha contra la esclavitud. Fue un proceso reformista dividido en fases, primero
contra el tráfico de esclavos y después contra la propia institución en los territorios
británicos repartidos por todo el mundo, especialmente en la isla de Mauricio y en las
colonias caribeñas productoras de azúcar, y finalmente en el resto del mundo.
Estas campañas ejemplifican las actuaciones de ese gran movimiento de reforma
moral y humanitaria muy determinado por las convicciones religiosas de sus
participantes. Los objetivos de este asunto moral con proyección política se quisieron
conseguir a través del trabajo asociativo que desarrollaron. La primera muestra fueron
las peticiones que cuáqueros, verdaderos creadores de la conexión transatlántica en esa
lucha con los abolicionistas de los Estados Unidos, enviaron al Parlamento.1
En 1787 se fundó la Society for the Abolition of the Slave Trade (1787), cuyos
miembros impulsaron toda una serie de acciones como el imprimir diversos panfletos o
el abstenerse de consumir azúcar conseguido con mano de obra esclava.2 Entre 1787 y
1792 se produjo una inusitada unión entre los círculos radicales y los evangélicos en
torno a esta lucha. Sus organizadores entendieron que necesitaban tanto influir sobre la
opinión pública como en los sectores políticos, ya que la solución definitiva tenía que
partir de ese sector al evidenciar que la sociedad estaba comprometida y sensibilizada
con esa causa. Su conversión en una de las primeras campañas masivas de movilización
política trajo la consecuencia de su integración en el juego parlamentario.
1
Clare MIGLEY: Women against slavery: The British campaigns, 1780 – 1870, Londres, Routledge,
1992, p.15.
2
Lynn Julie HOLCOMB: “„There is death in the pot:‟ Women, consumption and free produce in the
transatlantic world,” Tesis doctoral, The University of Texas at Arlington, 2010. Recuperado de Internet
(https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/handle/10106/5124.)
215
Esas campañas contra el tráfico de esclavos tuvieron un elemento inesperado.
Necesitaron la implicación femenina para su desarrollo y su penetración en las
diferentes capas sociales hasta adquirir el carácter masivo que tuvieron. Esta
implicación suponía su participación en la esfera pública y pudo ser interpretada como
socialmente aceptable porque la filantropía se consideraba parte del ámbito reservado a
la mujer y su participación en esa causa humanitaria no la comprometería socialmente
mientras que no traspasasen ciertos límites.
A través de ellas y de su posición en esta lucha podemos reseguir la evolución
de esta duradera campaña humanitaria. Ellas estuvieron allí desde el principio, como lo
demuestra el interés de Mary Knowles, próxima a los miembros de esa Society, y con
unas ideas religiosas muy claras que apoyaban su visión de la esclavitud, y los pasos
que se tenían que dar para su abolición.3
Otros personajes destacados que se interesaron por esta lucha y por la forma de
proceder de sus líderes fue la escritora religiosa Hannah More. Ella mostró un gran
interés por acabar por el tráfico y por la institución y apoyaba la abolición por sus
profundas ideas cristianas.
Desde un primer momento las mujeres utilizaron las redes misioneras para
vincularse a esa causa, a veces únicamente como subscriptoras, otras con un papel más
activo. Religiosamente, hubo una gran unanimidad al encontrarse mujeres cuáqueras,
anglicanas evangélicas, unitarias y de otras denominaciones disidentes en ese espacio
común.4
Ellas nunca tuvieron la dirección de esos movimientos, pero sin su ayuda las
actuaciones planteadas iban a fracasar y ellas estaban dispuestas a utilizar todas sus
habilidades para conseguir su objetivo. Su presencia hizo que se presentara una especial
atención a las mujeres afectadas por esa situación debido a su condición de madres,
hijas y esposas. En esa primera fase las mujeres se convirtieron en subscriptoras de la
causa, o en participantes en las campañas de abstenerse de consumir el azúcar
procedente de las plantaciones coloniales, trayendo la campaña contra la esclavitud a la
esfera de tradicional influencia de la mujer, el hogar. Esa campaña tuvo un impacto
mínimo porque llegaron pocas cantidades de azúcar ―libre‖ proporcionado por la
3
Judith JENNINGS: ―A trio of talented women: abolition, gender, and political participation, 1780–91,‖
Slavery & Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies, 26 (2005), pp. 55–70.
4
Clare MIDGLEY: Women against slavery…, p.82.
216
Compañía de las Indias Orientales con el que cuestionar el monopolio azucarero de las
Indias Occidentales.5
A pesar del relativo fracaso, esa primera acción proporcionó a esas mujeres una
experiencia que aprovecharían en las décadas posteriores. Muchas de ellas notaron que
habían marcado una diferencia y se convirtió en una primera vía para su integración en
ese movimiento.
Sin embargo, la presión del gobierno sobre las actividades extraparlamentarias
más allá de 1792 y las reuniones públicas, por el estallido de la guerra con la Francia
revolucionaria y por la amenaza revolucionaria latente en el seno de la sociedad
británica, reforzado a partir de 1796, paralizó esta campaña. Su máximo líder, William
Wilberforce, y la Society for the Abolition, tuvieron que optar por el único camino legal
que les quedaba: la lucha parlamentaria. A lo largo de los siguientes años, él y otros
diputados evangélicos batallaron por la cuestión de la situación de los esclavos, aunque
sus mociones eran derrotadas hasta conseguir la aprobación en 1807 de la Abolition Act,
que pretendía acabar con el tráfico de esclavos en los territorios británicos. Esta ley
supuso el gran éxito político de Wilberforce, quién se benefició de las redes del
patronage, como otros políticos, al apoyar a candidatos favorables al fin del tráfico de
esclavos.6 Anne Stott nos informa, por ejemplo, que fue una mujer, Margaret
Middleton, lady Middleton quien influyó en este líder para iniciar su campaña para
abolir ese tráfico.7 Pero esa abolición es además un éxito de los sectores fuera de la
élite, de los gobernados sobre los gobernantes, aunque marcaron las elecciones de 1807
y 1808. 8
En el verano de 1808 esa abolición seguía presente, tal como nos lo recuerda
Eliza Fletcher durante una visita a la ciudad de Liverpool. Allí conoció al diputado
William Roscoe, diputado en la Cámara de los Comunes por esa circunscripción junto a
William Rathbone. Ambos se habían implicado en la lucha contra el tráfico de esclavos.
Su anfitrión le llevó a visitar un barco negrero:
5
Ibid. p.61.
Ibid. p.24.
7
Anne STOTT: ―Women and religion,‖ en Hannah BARKER y Elaine CHALUS (eds.); Women‟s
History: Britain, 1700-1850. An Introduction; Londres, Routledge, 2005, p. 111.
8
Seymour DRESCHER: ―Whose abolition? Popular pressure and the ending of the British slave trade,‖
Past and Present. 143 (1994), esp. pp. 142 – 151
6
217
―We were taken to see the last ship which had sailed from the port of Liverpool
for trade in human beings. It was then undergoing a change for the stowage of
other goods than those wretched Negroes who had formerly been crammed in
the space between-decks not more than four feet high. The iron hooks remained
to which they had been chained. It was a sickening sight,—but those chains were
broken.‖9
El gobierno británico asumió rápidamente la defensa de esta abolición, ya que en
las negociaciones en el Congreso de Viena intentó imponer el fin de este tráfico a las
diferentes potencias y se desarrollaron intensas negociaciones alrededor de este tema
que perduraron durante los años siguientes.
La implicación de las mujeres británicas en la lucha contra la esclavitud
La renovación de la campaña a favor de la abolición de la esclavitud como
institución en las colonias británicas comenzó en 1823 marcada por una nueva
organización, la Anti-Slavery Society.10 Wilberforce se retiró por motivos de edad y
hubo nuevos líderes que llevaron las riendas de ese tema en el Parlamento, tales como
Thomas Fowell Buxton y Lord Henry Brougham. Entre sus objetivos nuevos, más allá
de presionar a la opinión pública y en la prensa, estuvo el de resaltar la protección
parlamentaria del que gozaban las producciones esclavistas coloniales, en especial el
azúcar. Aplicando las ideas previas de Adam Smith que describían la esclavitud como
un sistema productor ineficiente y arcaico, defendieron el fin de estas protecciones
como argumento justificador del fin de la esclavitud.11 Inicialmente consiguieron
aprobar medidas para la mejora para la situación de los esclavos, que tuvieron un
impacto mínimo. Esta renovación del argumentario les sirvió para cuestionar los
supuestos beneficios de la esclavitud, el mayor apoyo que tenían los intereses
esclavistas. Las colonias esclavistas eran presentadas por los abolicionistas como una
rémora mercantilista, contrarias a los valores económicos que estaban cambiando en
Gran Bretaña.12
9
Mary R. RICHARDSON (ed.): Autobiography of Mrs. Fletcher, with letters and other family
memorials, Edimburgo, Edmonston and Douglas, 1875, p.98.
10
Su nombre completo es el de: The Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery
throughout the British Dominion.
11
Clare MIDGLE: Women against slavery …, p.61.
12
James WALVIN: ―The Propaganda of Anti-Slavery,‖ en James WALVIN (ed.); Slavery and British
society (1776 – 1840), Londres, Palgrave, 1982, p.66.
218
El predominio protestante de los miembros de estas asociaciones queda
matizado en Irlanda. El líder irlandés Daniel O‘Connell apoyaba abiertamente la
antiesclavitud aunque no se vinculó a la Anti-Slavery Society hasta la última fase de la
lucha. En Dublín y en otras ciudades irlandesas se crearon sociedades apoyadas por la
gentry y por las clases medias católicas, aunque muchos de sus miembros tenían como
principal objetivo político la eliminación de las barreras legales a los católicos. El tema
de los católicos no es banal, porque Seymour Drescher defienden que los católicos y su
Iglesia adoptaron unas posiciones políticamente defensivas a lo largo de la primera
mitad del siglo XIX respecto a este tema y otros, y que con la excepción puntual
irlandesa, las primeras campañas protagonizadas por católicos las encontramos en las
llamadas a los emigrantes irlandeses en los Estados Unidos en 1841 y las campañas que
se desarrollaron en Francia en 1847 y 1848.13
En 1825, hubo además un cambio decisivo al crearse en Birmingham la primera
asociación femenina, la Birmingham Ladies‟ Society for the Relief of Negro Slaves.14
Supuso la gran novedad de esta fase de la campaña, aunque esta intervención femenina
fue interpretada como una extensión de su trabajo misionero,15 como un ejemplo más
del reconocimiento público a sus tareas benéficas. Fue obra de Lucy Townsend, la
mujer de un vicario anglicano, evangélica y miembro de la Ladies Bible Association
local, de su amiga, Mary Lloyd, una cuáquera, y de la baptista Sophia Sturges. Esta
asociación dio paso a toda una red de asociaciones femeninas, en ciudades como
Liverpool o Colchester, cuyo centro era esta asociación de Birmingham mientras otras
se vincularon a la Anti-Slavery Society masculina. Las que habían constituido la primera
red operaban independientemente, plenamente ejecutada por mujeres, con una
estructura plenamente desarrollada (con su comité, su tesorería y su secretariado).
Podían iniciar campañas para otros fines como el contacto con las esposas de los
misioneros o el apoyo a las primeras mujeres misioneras en distintas partes del Imperio.
13
Seymour DRESCER: Capitalism and Slavery. Mobilization in comparative perspective, Londres,
Macmillan, 1986, pp. 115 – 116. Una visión más reciente y amplia del caso francés en Lawrence C.
JENNINGS: French Anti-Slavery: The movement for the Abolition of Slavery in France, 1802 – 1848,
Ottawa, University of Ottawa Press, 2006.
14
Esta asociación siguió con sus reuniones hasta 1919 y fue casi la única que se mantuvo activa más allá
de 1870. Sobre sus tareas me remito a: Louis BILLINGTON y Rosamund BILLINGTON: ―‗A Burning
Zeal for Righteousness,‘ Women in the British Anti-Slavery movement, 1820 – 1860,‖ en Jane
RENDALL (ed.): Equal or Different, Women‟s Politics, 1800 – 1914, Oxford / Nueva York, Basil
Blackwell, 1987, pp. 85 – 88.
15
Alex TYRELL: ― ‗Woman‘s mission‘ and pressure group politics in Britain, (1825 – 1860),‖ Bulletin of
the John Ryland‟s Library, 63 (1980 – 1981), esp. pp. 206- 207
219
Muchas de estas mujeres heredaron la idea ilustrada de la superioridad británica en la
civilización y la readaptaron, pensando que la mujer británica representaba el ideal
máximo de civilización y se veían justificadas a imponer sus modos de hacer, pensar y
actuar a las mujeres de otras partes del imperio.16
Esta intervención tan activa no fue bien vista por algunos de los líderes de la
lucha contra la esclavitud, en especial por el antiguo líder William Wilberforce, quién
temía que se viesen implicadas en la lucha política cuando no era el ambiente que
encajaba con las características con las cuales caracterizaba a las mujeres.
―I own I cannot relish the plan. All private exertion for such an object become
their character, but for ladies to meet, to publish, to go from house to house
stirring up petitions - these appear to me proceedings unsuited to the female
character as delineated in Scripture. And though we should limit the interference
of our ladies to the cause of justice and humanity. I fear its tendency would be to
mix them in all the multiform warfare of political life.‖17
Otros líderes destacados antiesclavistas como Lord Brougham, apoyos como la
prensa religiosa y los metodistas se mostraron abiertos a la intervención femenina en
esta campaña y a sus formas más políticas, como las peticiones femeninas. Esta acción
suponía entrar en contacto directo con la política parlamentaria y su vinculación con el
proceso nacional de toma de decisiones, apoyando a aquellos candidatos favorables a la
causa, y no era protagonizada por mujeres de los círculos radicales o que apoyasen la
emancipación femenina, sino por
mujeres asociadas al moviendo evangélico,
preocupadas por el trabajo misionero tanto fuera como dentro de la sociedad británica.18
Predominaban así las mujeres de las clases medias, hijas y esposas de familias
acomodadas, de clérigos y comerciantes, o miembros de familias para que la
antiesclavitud se había convertido en una verdadera lucha familiar. Muchas de ellas
eran conscientes que para que sus acciones se convirtieran en masivas necesitaban la
colaboración de las mujeres de las clases trabajadoras. 19
16
Kathleen WIKSON: ―British women and empire,‖ en Hannah BARKER y Elaine CHALUS (eds.);
Women‟s History …, p. 267.
17
―From William Wilberforce to Thomas B. Macaulay, 31 st January 1826,‖ en Robert Isaac y Samuel
WILBERFORCE (eds.); The Life of William Wilberforce, Londres, John Murray, 1840, Vol. V, p.264.
18
Clare MIGLEY: Feminism and empire: Women activists in Imperial Britain, 1790 – 1865, Londres,
Routledge, 2007, pp. 80 – 81.
19
Clare MIDGLEY: Women against slavery…, p.85.
220
Sin embargo, las mujeres de las clases trabajadoras en aquellos momentos tenían
sus propias demandas centradas en aspectos sociales, laborales y políticos. Así, el líder
radical William Cobbett cuestionó algunas de los visiones de los líderes antiesclavistas
y resaltó sus contraindicaciones. Sin atacar al movimiento, señaló su falta de
preocupación por las clases trabajadoras. En esta crítica coincidió con comentaristas
muy alejados de él. Charlotte Elizabeth Tonna era una tory y evangélica que también
apoyaba la abolición de la esclavitud y que criticó la falta de preocupación por los
trabajadores británicos cuyas condiciones de vida y de trabajo eran extremadamente
duras.20 En última instancia, Cobbett sí apoyó la abolición, reconociendo que debía su
elección como diputado por la circunscripción de Oldham a la sociedad antiesclavista
local, aunque sin olvidar ese otro tipo de demandas como la limitación de los horarios
del trabajo infantil. No obstante, muchos de los antiesclavistas adoptaron la lucha por la
reforma parlamentaria.
En esa segunda fase las mujeres ya no sólo fueron suscriptoras o participantes en
los boicots, eran organizadoras, escritoras, y movilizadoras ante cualquier petición que
se iniciase, muchas de ellas masivas o con muchas firmas de mujeres como la de
Nottingham de 1833. También hacían campaña puerta a puerta o financiaban a agentes
viajeros que realizaban giras para impartir lecturas públicas sobre la antiesclavitud.
Elizabeth Heyrick, una cuáquera de la ciudad de Leicester, destacó en estos momentos
por su compromiso con la emancipación directa, sin esperar a pasos intermedio. Así lo
reflejó en su panfleto Immediate, not Gradual abolition (1824), donde pedía a las
mujeres una participación más activa en las acciones contra la esclavitud. Ella misma
colaboró a formar en su ciudad una sociedad femenina de la red cuyo centro era
Birmingham, y adquirió relevancia social en su ciudad al pedir el voto para candidatos
proabolición en las sucesivas elecciones. Al quedarse soltera y vivir de sus escritos se
convirtió en una activa filántropa al fundar escuelas y hospitales y pedir mejorar en las
prisiones locales.21 Su texto no pasó desapercibido y algunas sociedades femeninas,
como la de Sheffield, cambiaron su orientación al optar por opciones más rupturistas al
20
Kathryn GLEADLE: ―Charlotte Elizabeth Tonna and the mobilization of Tory women in early
Victorian England,‖ The Historical Journal, 50 (2007), esp. p.103.
21
Sarah Richardson, The political worlds of women: Gender and politics in nineteenth century Britain,
Londres, Routledge, 2013, pp. 76 – 77.
221
exigir la extinción progresiva de esa institución en los dominios británica y no limitarse
a pedir la mejora de la situación de los esclavos.22
Muchas de las líderes antiesclavistas dieron sus primeros pasos en el espacio
público en estas asociaciones, como Mary Ann Rawson al frente de la Sheffield AntiSlavery Society, con una actividad frenética que incluyó lecturas públicas, la
recaudación de fondos o la publicación de diversos escritos. En una de las declaraciones
de esta asociación clarificó la implicación moral de su lucha:
―We would remind every lady in the United Kingdom that she has her own
sphere of influence, in which she may usefully exert herself in this sacred cause;
and the effect of that influence (even if it were quietly and unobtrusively
confined to the family circle, or to the immediate neighborhood) in awakening
sympathy, in diffusing information, in imbuing the rising race with an
abhorrence of slavery and in giving a right direction to the vices of those whom,
under Providence, hang the destinies of the wretched slaves.‖ 23
La lucha contra esta institución se convertía en una obligación moral para no ser
cómplice de esa explotación inhumana, y estaban dispuestas a que esa lucha también se
librase en el hogar. Muchas le aportaron el componente religioso al calificar de pecado a
la esclavitud y de su lucha de causa cristiana. Pero todas esas actitudes supusieron,
como afirma Clare Midgley, no únicamente un cambio en el papel de las mujeres en ese
movimiento y la propia reformulación de ese movimiento al ampliar y reforzar sus
apoyos sociales, sino un cambio en su rol en la sociedad británica y su primera
participación masiva en una campaña política.24
Muchos de los y las participantes en esta campaña lo hacían sin tener un
conocimiento directo del mal que querían erradicar. Anna Jemina Clough no se implicó
en el movimiento, pero sí tenía ese conocimiento directo al residir varios años en
Charleston de pequeña. Su padre era un comerciante de algodón y su contacto con los
‗demonios de la esclavitud,‘ le impresionaron para toda su vida, tal como recordaba en
sus reminiscencias.25
22
Alex TYRELL: ―‗Woman‘s mission‘ and pressure …, esp. p.224.
Elaine CHALUS y Fiona MONTGOMERY: ―Women and politics,‖ en Hannah BARKER y Elaine
CHALUS (eds.); Women‟s History: Britain, 1700-1850. An Introduction, Londres, Routledge, 2005,
p.247.
24
Clare MIDGLEY: Women against slavery…, p.44.
25
Blanche Athena CLOUGH (ed.): A memoir of Anne Jemina Clough, Londres, Edward Arnold, 1897,
p.10.
23
222
Para muchas de ellas fue el primer paso para su vinculación con otras luchas
coetáneas o posteriores y con otros grupos de presión de las clases medias en los
siguientes años, incluyendo un pequeño sector que se acercó a los radicalismos. Anne
Knight, por ejemplo, había fundado la Women‟s Anti-Slavery en su localidad natal,
Chelmsford. Su trabajo en esa lucha le permitió entrar en contacto con diversos círculos
radicales, preocuparse por la defensa de los derechos de las mujeres, y conocer el
utopismo sansimoniano francés, al vivir varios años en Francia, incluyendo el episodio
revolucionario de 1848.26
El tema de las peticiones es interesante ya que al igual que aquellos otros
sectores excluidos del voto, ese método se convertía en su única forma para que sus
demandas y sus reivindicaciones se escucharan en las cámaras parlamentarias. Ese
recurso político era considerado como un instrumento masculino, pero en esta segunda
etapa algunas mujeres pensaron que era una mejor vía para conseguir sus objetivos que
los boicots. Su desarrollo fue facilitado por varios factores: una sensación de urgencia
hacía necesaria impulsar esa lucha, y las peticiones hechas por mujeres y hombres de
diferentes lugares y de diferentes congregaciones (unitarios, baptistas, independientes)
ante las persecuciones de misioneros en determinadas áreas del imperio y las peticiones
presentadas entre el mes de febrero de 1829 y el mes de marzo de 1830 que pedían la
abolición la práctica del sati en la India27 les animó. Algunas de estas últimas peticiones
fueron planteadas por pequeños grupos de mujeres y no fueron interpretadas como un
hecho inadecuado a su género, sino que fueron justificadas en términos religiosos, lo
que las hacía socialmente aceptable. Las peticiones posteriores relativas a la esclavitud
siguieron su ejemplo, y procuraron que las peticiones presentasen el hecho como un
asunto humano y moral, alejando de las cuestiones políticas, y como llamadas a esos
hombres que podían decidir más que pone en cuestión su autoridad.
Hacia 1830 había sociedades femeninas en muchas localidades británicas,
impulsaban la opinión pública a través de lecturas públicas, de poemas, de propaganda
o de otras publicaciones que distribuían estas asociaciones y aportaban cantidades
elevadas como fondos recogidos a la asociación principal antiesclavista en Londres.
Priscilla Johnston ejemplifica esta implicación, asistiendo a mítines multitudinarios en
26
Gail MALMGREEN: ―Anne Knight and the Radical subculture,‖ Quaker History, Vol. 71 (1982), pp.
100 – 113.
27
Clare MIGLEY: ―Female emancipation in an imperial frame: English women and the campaign against
sati (widow-burning) in India, 1813–30,‖ Women's History Review, 9:1 (2000), pp. 95 – 121.
223
la ciudad de Exeter, en los cuales su padre, Thomas Fowell Buxton era uno de los
oradores asistentes, o realizando un seguimiento de las peticiones previas a la
aprobación de la abolición.
28
Esta implicación se explica porque ella se convirtió en la
confidente de su padre y en su principal apoyo mientas ocupó el cargo de miembro del
Parlamento donde fue uno de los principales líderes de la campaña parlamentaria para
su abolición. Ella además fue nombrada en 1832 secretaria de la London Female AntiSlavery Society, y en 1833 participó, junto a otra destacada líder antiesclavista Amelia
Opie, en la organización de la petición femenina a nivel nacional presentada al
Parlamento en 1833 que consiguió reunir más de 180000 firmas. En 1834 se casó con el
también diputado y colaborador de su padre, Andrew Johnston el día justo en que
entraba en efecto la abolición de la esclavitud.29
Muchas mujeres entendieron esta implicación no como un hecho excepcional,
sino como parte de sus responsabilidades domésticas que tenían una proyección pública
y como una realización de su compromiso misionero, sin romper los esquemas
adecuados a su género femenino. Algunas mujeres, como la esposa de un ministro
religioso, Ann Taylor Gilbert, consideraron que sus trabajos diarios suponían la
desaparición de las fronteras entre las esferas anteriormente descritas para actuar en un
mundo más amplio, y que permitía su intensa actividad filantrópica y la forma que tenía
de entenderlo sin que ello implicase una reclusión en el ámbito doméstico.30 La
actividad misionera, en la cual debemos encajar el compromiso de las mujeres
evangélicas con la lucha contra la esclavitud y en otros aspectos sociales, representaba
una parte integral de estas mujeres cuyas prácticas filantrópicas y domésticas iban
encaminadas a la construcción de un nuevo orden social y moral.
En esta fase de la campaña se cultivaron dos imágenes para ganar la opinión
pública. Una imagen fue la imagen de los horrores que suponía la esclavitud en América
y la extensión de los prejuicios y de las discriminaciones hacia los negros, incluyendo y
resaltando especialmente, a sus compañeras de género americanas. La otra imagen era
más simbólica al pretender apelar las mentes y corazones de las mujeres, al realizar
28
Euphemia MacInes (ed.): Extracts from Priscilla Johnston‟s Journal; and Letters, Carlisle, Charles
Thurman and sons, 1862, pp. 46 – 61.
29
Clare MIGDLEY: ―Priscilla Buxton (1808 – 1852),‖ Oxford Dictionary of National Biography, 2010,
http://www.oxfordnb.com/index/55/1010555183.
30
Alison TWELLS: ―Missionary Domesticity, global reform and ‗woman‘s sphere‘ in Early nineteenthcentury England, Gender and History, 18 (2006), esp. pp. 273 – 275.
224
equiparaciones de las mujeres con los esclavos. Estas imágenes fueron utilizadas
posteriormente tanto por el owenismo como por el feminismo.31
La intensificación de la campaña a inicios de la década de los 1830s provocó la
aparición de un grupo más radical llamado la Agency Committee, con el objetivo de
elegir a sus líderes como parlamentarios para impulsar la reivindicación. Ese grupo fue
promovido por abolicionistas como Joseph Sturge y recibió el apoyo financiero de trece
asociaciones
femeninas.
Esa
nueva
organización
tenía
seis
conferenciantes
profesionales que visitaban todo el país para ampliar la red de las asociaciones
antiesclavistas. Estas asociaciones femeninas apoyaron expresamente a estos
conferenciantes, como George Thompson, quienes a su vez les ayudaron a establecer
contactos con las abolicionistas americanas.
El caso antes mencionado de Cobbett además no fue excepcional. Otros
diputados whigs elegidos gracias a la reforma parlamentaria de 1832 y que iban a
apoyar al nuevo gobierno whig del conde Grey debieron su elección a las acciones de
las sociedades antiesclavistas en favor de ellos. Muchos de ellos apoyaban la abolición
y facilitó que en 1833 se aprobase el fin de la esclavitud en el Imperio Británico con la
Slavery Abolition Act.32
El trabajo de estas asociaciones no acabó con esta aprobación, ya que su interés
se volcó hacia dos temas: la lucha contra el apprenticeship system y la profundización
de los contactos con las abolicionistas americanas. Esta doble vertiente revigorizó la
actuación de algunas de estas asociaciones ya que habíamos asistido a su momento
álgido para muchas de esas asociaciones. Otras desaparecieron, permanecieron inactivas
o se implicaron en la ayuda a los esclavos de las colonias. Pero se crearon de nuevas
vinculadas a estos dos asuntos, como la Edinburgh Ladies Emancipation Society,
fundada en 1833.
En primer lugar, la lucha contra el apprenticeship system, ese sistema intermedio
entre la esclavitud y la libertad, quedó establecida al ser rechazado por muchos sectores
antiesclavistas. En 1837 generó una nueva oleada de peticiones masivas aprovechando
la doble coincidencia del inicio de un nuevo reinado y de unas nuevas elecciones
31
Barbara TAYLOR: "The Men Are as Bad as Their Masters . . .": Socialism, Feminism, and Sexual
Antagonism in the London Tailoring Trade in the Early 1830‖, Feminist Studies, 5(1979), pp. 7 – 40.
32
La abolición no era completa porque la ley contemplaba las excepciones de Ceilán, las posesiones de la
Compañía de las Indias Orientales y de la isla de Santa Elena. Estas excepciones fueron eliminadas en
1843.
225
parlamentarias. En 1839 se declaró la supresión de ese sistema intermedio en medio de
las celebraciones de estas asociaciones.33
Por otro lado, los contactos con los y las abolicionistas americanos eran previos
a la aprobación de la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Tras su entrada en
vigor, algunos líderes británicos dudaron si mantener o no esa conexión transatlántica e
implicarse en el apoyo a los antiesclavistas de los Estados Unidos, aunque esas dudas no
existieron entre algunas asociaciones femeninas. Muchas abolicionistas británicas
reforzaron esos contactos sin olvidar sus contactos con los otros grupos abolicionistas
europeos. Gran Bretaña se convirtió en un modelo para los grupos abolicionistas
norteamericanos, y así lo reconocían tanto las asociaciones femeninas como la Boston
Female Anti-Slavery Society o la sociedad creada en Filadelfia, con miembros tan
destacados como Lucrettia Mott, como líderes como Benjamin Lundy o William Lloyd
Garrison. La posición de segundo, favorable a la inmediata emancipación, era
minoritaria en el conjunto del abolicionismo norteamericano pero las asociaciones
femeninas de ambos lados del Atlántico se sintieron atraídas por su mensaje. 34
Algunos destacados abolicionistas británicos visitaron los Estados Unidos
durante esas décadas centrales del siglo XIX. Harriet Martineau, periodista y
reformadora social, mostró su preocupación por la persecución de los antiesclavistas en
diversos estados. Ella decidió emprender un viaje por ese país en la primavera de 1834
sin esconder nunca su compromiso abierto con esa causa. Llegó a la siguiente
conclusión:
―I afterwards learned that the whole country was divided into three parties: the
Pro-slavery multitude, the Colonisationists (represented in Europe by the beforementioned Elliot Cresson), and the Abolitionists. The Colonisationists were
simply a selection from the Pro-slavery multitude, who did the Slave States the
service of ridding them of clever and dangerous slaves, and throwing a tub to the
whale of adverse opinion, and easing lazy or weak consciences, by professing to
deal, in a safe and beneficial manner, with the otherwise hopeless difficulty.‖ 35
33
Alex TYREL: ―The ‗Moral Radical Party‘ and the Anglo-Jamaican Campaign for the Abolition of the
Negro Apprenticeship System,‖ The English Historical Review, Vol. 99, Nº392, (1984), pp. 481 – 502.
34
Louis BILLINGTON y Rosamund BILLINGTON: ―‗A Burning Zeal for Righteousness,‘… pp. 91 –
92.
35
Maria Weston CHAPMAN (ed.): Harriet Martineau‟s autobiography and Memorials of Harriet
Martineau, Boston, Houghton, Osgood and Co, 1879, 4th Edition, Vol., I, pp. 337 – 338.
226
Ella quiso entender las razones que aducían los propietarios de esclavos para
defender el mantenimiento de esa institución y entabló conversaciones con ello tanto en
Washington como durante las semanas que estuvo en Carolina del Sur. Pero sus
opiniones reafirmaron sus puntos de vista y ella se implicó de forma más intensa en la
lucha de los abolicionistas americanos durante los siguientes meses que estuvo en los
Estados Unidos. Asistió a mítines en distintas partes, se relacionó con políticos de todo
orden y se asustó ante las noticias de linchamientos y las amenazas a los abolicionistas.
Llegó a predecir que las cláusulas constitucionales que permitían la esclavitud iban a
ser pronto eliminadas al evidenciarse su necesidad.36
Joseph John Gurney, por otro lado, se implicó en la lucha antiesclavista en su
Norwich local y realizó un extenso viaje por los Estados Unidos y diversas islas
caribeñas, incluyendo Cuba, entre 1837 y 1840. Quería investigar la situación de la
esclavitud y contactar con los grupos antiesclavistas locales. Esta lucha le llevó también
a realizar una gira europea entre 1841 y 1842 relacionándose con los grupos
antiesclavistas franceses o con las autoridades danesas y holandesas para tratar sobre la
posesión de esclavos en sus colonias. 37
La intervención femenina en el apoyo a la lucha contra la esclavitud en otros
lugares influyó en la evolución del movimiento en Gran Bretaña. En 1839 Joseph
Sturge creó una nueva organización, la British and Foreign Anti-Slavery Society, con el
objetivo de eliminar la esclavitud en todo el mundo.38 El inicio de esta fase de la
campaña fue coetánea al inicio de las otras campañas reformistas británicas. El año
anterior se había formado la Anti-Corn Law League para acabar con las leyes que
pesaban sobre los cereales e imponer el librecambismo como política económica. Las
relaciones entre ambas campañas fueron difíciles a pesar de tener apoyos similares.39
Parte de las asociaciones femeninas aún existentes decidieron mantenerse en la
lucha como auxiliares de la nueva organización. La Sheffield Ladies Association for the
Universal Abolition of Slavery creada en 1837 por la anteriormente citada Mary Anne
Rawson ejemplifica esta situación. Este último personaje es muy complejo ya que sin
querer romper con los roles femeninos y muy cómoda con las obras filantrópicas y el
36
Ibid, pp. 376 – 377.
Joseph Bevan BRAITHWAITE: Memoirs of Joseph John Gurney, with selection from his journal and
correspondence, Philadelphia, J. B. Lippincott, 1857. Estos viajes ocupan gran parte de su segundo
volumen.
38
Henry RICHARD: Memoir of Joseph Sturge, Londres, Partridge, 1864, pp. 206 – 208.
39
Simon MORGAN: ―The Anti-Corn Law League and British Anti-Slavery in transatlantic perspective,
1838 – 1846,‖ The Historical Journal, 52 (2009), pp. 87 – 107.
37
227
carácter misionero dado a ellas, apoyó la abolición general de la esclavitud y de los
estadios intermedios.40
Algunos de sus miembros como Thomas Fowell Buxton, William Allen y Josiah
Conder se encargaron de organizar en 1840 en Londres la Primera Convención Mundial
contra la esclavitud. Los representantes norteamericanos llegaron divididos. Los más
radicales bajo el mando de Lloyd Garrison mantuvieron el control de la American AntiSlavery Society, mientras que sus oponentes se fijaron en el modelo británico, crearon la
American and Foreign Anti-Slavery Society. La primera no dudó en nombrar a mujeres
como Lucrettia Mott o Elizabeth Cady Staton para esa convención. Los organizadores
británicos rechazaron las representantes femeninas norteamericanas se dirigieran al
plenario, y señalaron que las asistentes únicamente lo podrían hacer como observadoras,
sentadas en la galería y alejadas de las reuniones. Joseph Sturge, también miembro del
comité organizador, se excusó alegando que era la norma usual de proceder en Gran
Bretaña. George Thompson fue la figura que más decepcionó al aceptar esta situación.
Este conferenciante profesional había realizado entre 1834 y 1835 una gira por los
Estados Unidos, financiado por las asociaciones femeninas británicas, y donde expuso
su apoyo a la abolición inmediata, influyendo a muchos de sus oyentes americanos en
esta dirección.41 Otros abolicionistas americanos destacados, como George Bradburn,
señalaron su omisión pero no se quejaron.42 Otros asistentes como Daniel O‘Connell o
Sir John Bowring habían esperado un cambio y protestaron ante esta decisión. Las
representantes norteamericanas se sorprendieron que este rechazo también fuera
apoyado por parte de los representantes llegados de los Estados Unidos.
Este Congreso quedó reflejado en un retrato grupal realizado por el pintor
Benjamin Robert Haydon, actualmente expuesto en la National Portrait Gallery de
Londres. Suscitó muchas quejas, como la de Anne Knight, quién escribió a Lucy
Townsend quejándose de que la mayoría de las figuras femeninas envueltas en la
campaña contra el tráfico de esclavos no iban a ser incluidas en la pintura, y aquellas
40
Alison TWELLS: ―Missionary Domesticity, global reform and ‗woman‘s sphere‘ in Early nineteenthcentury England,‖ Gender and History, 18 (2006), esp. pp. 269 – 270.
41
Kathryn Kish SKLAR: ―‗Women Who Speak for an Entire Nation‘: American and British Women at
the World Anti-Slavery Convention, London, 1840,‖ en John C. VAN HORNE y Jean Fagan YELLIN
(eds.): The Abolitionist Sisterhood: Women‟s Political Culture in Antebellum America, Ithaca, Cornell
University Press, 1994, p.306.
42
Frances H. BRADBURN (ed.): Memorial of George Bradburn, Boston, Cupples, Upham and Co, 1883,
p.76.
228
que iba a estar reflejadas, lo iban a estar de forma secundaria o vinculada a un papel
como esposa o madre, no como luchadora por esa causa.43
El Congreso supuso, por lo tanto, un momento de ruptura dentro de los grupos
abolicionistas británicos, ya que los grupos más próximos a Garrison vieron sus
posiciones derrotadas por las posiciones mayoritarias de los sectores evangélicos en la
BFASS y su oposición a la implicación pública de las mujeres en esa lucha. La Bristol
and Clifton Ladies Anti-Slavery Society, creada en 1846 optó por abandonar esa
asociación, al igual que la Leeds Female Anti-Slavery Association, fundada en 1853,
dispuesta a mantener la implicación femenina en la campaña. A pesar de estas
divisiones, todos sabían que necesitaban a las mujeres como apoyos en sus nuevas
campañas, como los boicots al algodón recogido con mano de obra esclava, o la
asistencia a los esclavos huidos.
La atención a la situación en los Estados Unidos perduró en los años 1840s,
1850s y 1860s. Las mujeres británicas implicadas en estas campañas tuvieron que
aprender que varias lecciones sobre la lucha en los Estados Unidos. Estuvieron
sorprendidas por la no participación en similares condiciones de las Iglesias cristianas, y
sus agentes, que le sabían ayudado a extender por Gran Bretaña la lucha y que habían
ido a los Estados Unidos a realizar una serie de giras de conferencias y lecturas
públicas, llegaron con informes desalentadores. Incluso en los estados del norte se
mantenía el prejuicio racial y tuvieron que hacer frente a los ataques de multitudes
contrarias a la abolición. Estos ejemplos de violencia física no los habían padecido en
Gran Bretaña, y las mujeres habían podido desarrollar su campaña casi sin oposición.
Con posterioridad y en otras campañas contra las Contagious Diseases Acts o por el
tema del sufragio femenino, sí padecieron ataques similares. Sin embargo, estos actos
no evitaron la implicación en la ayuda a las abolicionistas americanas o su integración
en las redes americanas. Fue el caso de Elizabeth Pease, hija de uno de los pioneros del
movimiento, que había creado una asociación femenina en Darlington y que había
impulsado la lucha en el noreste y en Escocia.44 En marzo de 1838 se unió a Jane Smeal
de Glasgow para publicar un panfleto, Address to the Women of Great Britain, en el que
43
John Siskin: ―Women‘s Anti-Slavery Associations‖, Spartacus Educational. Recuperado de internet:
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/REslaveryW.htm. En ese cuadro sí aparecen varias mujeres como
Amelia Opie, Elizabeth Pease o Mary Anne Rawson, o la propia Anne Knight pero no Lucy Townsend.
44
Louis BILLINGTON y Rosamund BILLINGTON: ―‗A Burning Zeal for Righteousness,‘… pp. 93- 95.
229
urgía a las mujeres a organizar nuevas asociaciones antiesclavistas y creía que las
mujeres implicadas en esta campaña debían de poder hablar en público.
Ella, y otros casos anteriormente citados, como Elizabeth Heyrick,
ejemplificaron las conexiones íntimas entre el movimiento abolicionista y las otras
campañas, entre una causa moral y con un claro sentimiento religiosos y humanitario,
con una campaña política. Los finales de los 1830s Gran Bretaña había asistido a la
agitación cartista y encontramos el apoyo de estas mujeres por sus claras vínculos con
los círculos radicales. Esta presencia no representaba una novedad porque en los años de
crisis de postguerra que siguieron al fin de las guerras napoleónicas se desarrollaron las
primeras asociaciones radicales femeninas. Sus acciones fueron similares a las que
pudieron desarrollar las asociaciones femeninas antiesclavistas, e intentaron utilizar el
vector familiar para la politicización de la sociedad. Pero la opinión pública las vio
como mujeres que rompían los roles adecuados y socialmente aceptables a su condición.
El rechazo de 1840 se convirtió en significativo porque algunas de estas mujeres
confirmaron su posición discriminada, 45 y la vinculación de la lucha antiesclavista con
las luchas por los derechos de las mujeres, especialmente, la de su acceso al sufragio.
Otras mujeres no hicieron esa evolución y negaron la necesidad de la proyección
política de las mujeres, pero mantuvieron su apoyo a la lucha antiesclavista de forma
muy diversa en las siguientes tres décadas, una lucha llena de tensiones. Apoyaron con
fondos a los esclavos huidos, facilitando a veces su refugio en Canadá, se interesaron
como la cuáquera Mary Howitt por las visitas realizadas por Garrison, quién en 1845 se
acompañó del esclavo huido Frederick Douglass poco después de publicar sus
memorias,46 iniciaron campañas para el uso de algodón no cultivado con mano de obra
esclava en las industrias textiles o recogieron firmas para las diversas proclamas que se
hicieron a la población de los Estados Unidos o a sus mujeres. Tras la Emancipation
Proclamation de 1863 animó a las asociaciones británicas femeninas existentes a
recoger fondos y a ayudar a los esclavos liberados.
45
Lillian L. SHIMAN: Women and Leadership in Nineteenth-Century England; Houndmills, Macmillan.
1992.
46
Margaret HOWITT (ed.): Mary Howitt: an Autobiography, Boston / Nueva York, Houghton Mifflin,
1889, p. 185. Él era un esclavo que había publicado sus memorias bajo el título Narrative of the Life of
Frederick Douglass en 1845, con gran éxito editorial. Ella lo había conocido previamente en 1840, junto
a las delegadas estadounidenses.
230
Algunas ideas finales
Las campañas humanitarias se han convertido en un hecho cotidiano en nuestras
vidas diarias. Nos parecen hechos actuales, pero hunden sus raíces en los siglos
anteriores, en el último cuarto del siglo XVIII y en el siglo XIX. Todos estos procesos,
vistos con perspectiva histórica, estaríamos frente a una actualización de los mismos.
Esta reconsideración afecta a sus objetivos y acciones, ya que aunque podemos
encontrar diferencias, también encontramos semejanzas que construyen todo un hilo
argumental que nos hace vincular con épocas pasadas.
El caso ejemplar de lucha primero contra el tráfico de esclavos y después contra
la propia institución de la esclavitud ejemplifica esas campañas humanitarias,
convertidas en masivas y en verdaderos movimientos reformistas. Estas campañas
evidenciaron la necesidad de presionar dentro y desde fuera del Parlamento para
conseguir unos cambios legislativos que realizasen el objetivo ansiado y su vinculación
con otras luchas cívicas y morales de la época.
Su otra característica singular radica, más allá de su influencia y de su amplitud,
en la implicación femenina. Como otras campañas morales, esta intervención basculó
entre la autonomía respecto a los liderazgos masculinos o de la aceptación de su
posición subordinada. Ambas acciones eran consideradas, sin embargo, socialmente
aceptables al ser vistos como parte de la beneficencia, una de esas actividades propias
de la supuesta esfera femenina. Pero esta campaña fue un paso más allá al entrar una de
sus acciones principales, el boicot al azúcar recogido por esclavos y a la promoción del
azúcar libre de trabajo esclavo, en el ámbito doméstico, la esfera tradicional de control
femenino.
Pero como nos recuerda Linda Colley y otras historiadoras de los ámbitos
femeninos anglosajones, la teoría de las esferas separadas era un teoría, y que en
realidad esta división tan estricta no funcionaba así, sino que esos ámbitos eran muchos
más permeables. Linda Colley afirma que la intervención femenina en esos boicots
durante la primera fase de estas campañas confirió un poder a ciertas mujeres que lo
aprovecharon en otras causas filantrópicas pero con otro tipo de contenido. Una vez que
estallaron las guerras revolucionarias, y la lucha contra el tráfico de esclavos quedó
acallada, estas mujeres formaron otros comités, siguieron haciendo visitas a sus vecinos
y siguieron recogiendo fondos a través de subscripciones públicas, participaron en los
231
jubileos reales o tejieron ropa para los soldados.47 Su influyente estudio se vio matizado,
ampliado, y enriquecido con multitud de obras de autoras como Jane Rendall,48Elaine
Chalus,49 los estudios ya citados de Clare Midgley y otras que reflejaban la actuación
de las mujeres británicas a lo largo del siglo XVIIII y las primeras décadas del siglo
XIX, y que encontraban una serie de continuidades y conexiones intermitentes,
especialmente en el terreno de la política electoral y parlamentaria, o en los
movimientos de reforma política, actuando desde sus periferias.
Pero lo más contradictorio del asunto es que se movilizaron como una extensión
de sus ideas y actividades religiosas, escudándose ante la respetabilidad de sus acciones
filantrópicas y negando cualquier atisbo de acción política. Incluso el instrumento más
político que utilizaron, y que más reflejó su movilización y su influencia en la sociedad,
la petición, se transformó en un reflejó de sus actividades religiosas. Las campañas y las
organizaciones y asociaciones que las llevaron a cabo ayudaron a la socialización de
estas mujeres y a su posterior e inesperada politización. Algunas siguieron este camino,
otras no se sintieron atapadas en el hogar ya que la participación en esta campañas y en
otras campañas misioneras desde el ámbito doméstico les permitían acceder al mundo e
intentar cambiarlo. Buena parte de este segundo grupo eran ese grupo de mujeres
evangélicas cuyas prácticas filantrópicas y domésticas se vinculaban al objetivo superior
de construir un nuevo orden social y moral.
Aunque el supuesto final de estas campañas lo dicta un acto parlamentario, ese paso
político no se explica sin toda la presión exterior realizada por los miembros de esta
campaña, que consiguieron sensibilizar, influir y movilizar la opinión pública a favor de
su reivindicación y en contra de los influyentes propietarios de plantaciones en las
Indias Occidentales y de aquellos que se beneficiaban de la pervivencia de esa onerosa
institución y el tráfico de humanos que implicaba.
47
Linda COLLEY: Forging the Britons, 1707 – 1837, New Haven y Londres, Yale University Press,
1990, pp. 277 – 278 y 371.
48
Jane RENDALL: ―Women and the Public Sphere,‖ Gender and History, 11 (2000), pp. 475 – 488; etc.
Me remito a los citados a lo largo del texto. También podemos añadir Elaine CHALUS: ―Elite women,
social politics and the political world of late eighteenth-century England.‖ The Historical Journal, 43,
(2000), pp. 669 – 697.
49
232

Documentos relacionados

Taller 24 - Asociación de Historia Contemporánea

Taller 24 - Asociación de Historia Contemporánea 24.5. Lario González, Ángeles (UNED), “El liberalismo social. La reforma de la idea liberal”………………………………………………………………………………….75 24.6. Martos Contreras, Emilia (Universidad de Almería), “Trabajo y mi...

Más detalles