1. NORTE DE SANTANDER: TERRITORIO DIVERSO, INFAMIA

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1. NORTE DE SANTANDER: TERRITORIO DIVERSO, INFAMIA
1. NORTE DE SANTANDER: TERRITORIO DIVERSO, INFAMIA AGUDA ..................................4
PRESENTACIÓN..........................................................................................................................................4
INTRODUCCIÓN
6
SUBREGIONALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
7
CONTEXTO GEOGRÁFICO
9
RECURSO PETROLERO EN EL DEPARTAMENTO FRONTERIZO: ................................................12
BREVE REFERENCIA ..............................................................................................................................12
2. PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN LA REGIÓN ...............................................................15
GRUPOS INSURGENTES 15
GRUPOS PARAMILITARES
FUERZA PÚBLICA 22
19
3. LOS SUJETOS HABLAN, EL MOVIMIENTO ANDA: ...................................................................23
LOS CAMPESINOS 25
LAS ORGANIZACIONES CÍVICAS 26
LA POBLACIÓN URBANA 27
LOS SECTORES OBREROS Y SINDICALES
28
LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 30
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
34
LOS INDÍGENAS BARÍ
34
LOS MARGINADOS Y EXCLUIDOS SOCIALES 36
MOVILIZACIONES Y LUCHAS DEL MOVIMIENTO POPUALR .......................................................37
PARO CÍVICO DEL NORORIENTE: ITINERARIO DE UNA PROTESTA
37
LAS JORNADAS DE MAYO DEL 88
43
¿Y DESPUÉS DE LAS MOVILIZACIONES QUÉ…?
44
4. PROVINCIA DE OCAÑA .....................................................................................................................46
PROCESOS CRISTIANOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 46
MOVIMIENTO CÍVICO Y POPULAR DE OCAÑA 47
PERSECUCIÓN A MARGINADOS SOCIALES
49
LA PERSECUCIÓN CONTRA ASINORT 50
LA REACCIÓN REPRESIVA AL PARO DEL NORORIENTE EN LA PROVINCIA 54
CASOS DE ASESINATOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “DESCONOCIDOS”
LA PERSECUCIÓN A LA FAMILIA ASCANIO
72
ÁBREGO
81
CÁCHIRA
90
BUCARASICA
93
LA ESPERANZA
93
56
5. REGIÓN DEL CATATUMBO .............................................................................................................96
1
HISTORIA PETROLERA 99
PROCESOS ORGANIZATIVOS
TIBÚ 104
SARDINATA 124
LA PLAYA
127
SAN CALIXTO
129
HACARÍ
140
EL CARMEN 143
EL TARRA
146
TEORAMA 152
CONVENCIÓN
159
101
6. REGION CENTRO ..............................................................................................................................169
LOURDES
169
GRAMALOTE
SALAZAR
170
ARBOLEDAS 170
CUCUTILLA 174
SANTIAGO 175
169
7. REGION SUR – OCCIDENTE...........................................................................................................177
PAMPLONA 177
CHITAGÁ
180
PAMPLONITA
CÁCOTA
182
181
8. REGIÓN SUR – ORIENTE.................................................................................................................185
LABATECA
TOLEDO
DURANIA
185
186
187
9. REGIÓN ORIENTAL..........................................................................................................................188
EL ZULIA
189
VILLA DEL ROSARIO
LOS PATIOS 194
SAN CAYETANO
197
PUERTO SANTANDER
191
198
10. CUCUTA ............................................................................................................................................199
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................199
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
200
LA CIUDADELA JUAN ATALAYA 201
2
PERSECUCIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL 216
PERSECUCIÓN CONTRA LOS EDUCADORES 219
PERSECUCIÓN CONTRA EL SECTOR ESTUDIANTIL 220
PERSECUCIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN POLÍTICA 222
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES CONTRA LA INSURGENCIA
223
PERSECUCIÓN A LOS POBLADORES URBANOS Y EL SECTOR POPULAR
228
LAS FOSAS COMUNES DEL ANILLO VIAL 242
PERSECUCIÓN A LÍDERES SOCIALES 258
LOS CAMPESINOS 259
EL ORIENTE NORTESANTANDEREANO: AVANZADA PARAMILITAR CON PROTECCIÓN
ESTATAL
260
11. PANORAMA GENERAL EN NORTE DE SANTANDER DESPUÉS DE 1998 .........................263
ALGUNAS CIFRAS… ....................................................................................................................................263
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PARAMILITARISMO ................................................264
ESTRATEGIA MILITAR .................................................................................................................................264
ESTRATEGIA POLÍTICA: COPAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ..............................................267
DESPLAZAMIENTO DESBORDADO ...............................................................................................................269
12. CONCLUSIONES ..............................................................................................................................272
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................274
3
1. NORTE DE SANTANDER: TERRITORIO DIVERSO, INFAMIA AGUDA
“TODO ESTÁ CARGADO EN LA MEMORIA, ARMA DE LA VIDA Y DE
LA HISTORIA”1
PRESENTACIÓN
Con este informe sobre Crímenes de Lesa Humanidad –CLH- en la zona V se busca presentar a
ustedes una herramienta contra el olvido, un instrumento de recuperación y salvaguarda de la
memoria de nuestro pueblo, víctima de horrendos crímenes que se han perpetrado para acallar sus
voces y para opacar sus sueños, crímenes que permanecen en la impunidad y que ponen en juego
la dignidad humana, no sólo de las víctimas y sus familias, sino de la totalidad de la especie
humana; se busca la verdad histórica, historia de tantos, personas y organizaciones que hoy no
están o que se han visto diezmadas, pero cuyas luchas buscamos significar, esclarecer y
reivindicar en estas páginas, para no olvidar y para no darle la victoria a los que han querido
acallar su grito, su propuesta y su proyecto, con estrategias, estructuras e instituciones de terror.
Por que sus luchas y sus sueños siguen vivos presentamos acá un panorama general de las
condiciones sociales y económicas en el Norte de Santander, en un contexto que busca aportar los
elementos más importantes que permitan identificar y entender las razones por las cuales estos
CLH han sido cometidos, contra qué sectores, por qué intereses, los responsables y los efectos
que han generado en la región.
Cuando se habla de Crímenes de Lesa Humanidad se habla específicamente de “los actos
inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las
persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos
o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por
instigación de dichas autoridades o con su tolerancia”2 cometidas de manera sistemática y
generalizada y que en este texto se centrarán en las torturas, los asesinatos y las desapariciones
forzada de personas, cometidos por agentes del Estado o por otros con su aquiescencia. Sin
embargo, para dar una mirada general al contexto social, aquí presentaremos casos de
persecuciones, amenazas, acusaciones falsas, allanamientos, destrucción de bienes, detenciones
arbitrarias, desplazamientos y despojo de territorios, como métodos utilizados por el Estado como
actor violento para disuadir y censurar a la población desarmada sobre una forma de pensar, una
ideología, una opción alternativa al modelo de sociedad imperante3.
Las causas de la comisión de estos crímenes en el departamento nortesantandereano son
múltiples, los intereses por obtener tierras que representan ventajas económicas o el control de
territorios geográficamente estratégicos para consolidar un modelo económico y político
hegemónico, generar desplazamientos masivos de poblaciones enteras para obtener y extraer los
1
Leon Giego. “La Memoria”. 2005.
Documentos oficiales de la Asamblea General, noveno periodo de sesiones, Suplemento No 9 (A/2693 y Corr. 1). P
10-11.
3
Proyecto Colombia Nunca Más. Introducción Informes. P. 33.
2
4
recursos minerales y ambientales de territorios de comunidades ancestrales o campesinas, acabar
y acallar voces disidentes que se oponen a la política imperante y proponen un país diferente, una
construcción social incluyente y diversa.
Deseamos que estas páginas sean un aporte para entender la dinámica regional, sus principales
ejes de análisis y algunos elementos de su trayectoria histórica, para que todas aquellas víctimas y
las propuestas que representaban no queden en la impunidad y en el olvido.
Este volumen sobre los Crímenes de Lesa Humanidad –CLH- perpetrados en el departamento de
Norte de Santander entre los años 1966 - 1998 se divide en doce partes. En la primera se
describen algunas características geográficas importantes para ubicar en el departamento, pues
orientan y dan cuenta de la ubicación geográfica de los municipios que lo integran y de los
recursos naturales que como el petróleo, se convierten en una de las principales causas de la
comisión de CLH en la zona. En la segunda se hace referencia a los diferentes actores armados
que hacen presencia en la región y en la tercera se hace un contexto social que da cuenta de los
principales sectores sociales que han sido victimizados en la zona, sus apuestas más importantes
y algunos elementos de sus contextos, y que organizados, movilizados y en acciones y luchas se
convierten en objetivo de la victimización por razones de su protesta social.
Los siguientes seis apartes (del 4 al 10) presentan las sub-zonas en las cuales ha sido divido este
tomo –incluyendo la ciudad de Cúcuta- y los casos de comisión de Crímenes de Lesa
Humanidad, organizados cronológicamente, de acuerdo al municipio. El aparte once muestra la
situación más reciente en el departamento, a partir de 1998 en aspectos económicos, sociales y de
violencia que vive el departamento hasta nuestros días. Finalmente el aparte 12 da algunas
conclusiones de lo recorrido a lo largo del texto.
La información aquí presentada ha sido obtenida de varias fuentes: los archivos del Proyecto
Colombia Nunca Más –PCNM- y sus registros documentales y testimoniales, así como los
archivos de sus organizaciones integrantes puestos a disposición para esta investigación; las
entrevistas realizadas a líderes, dirigentes sociales y habitantes de la región, información
suministrada por diversas ONGs de Derechos Humanos y de investigación y finalmente,
bibliografía general incluida al final de esta presentación regional. Los casos de CLH aquí
incluidos hacen parte de la Base de Datos del Proyecto Colombia Nunca Más, construida con la
sistematización y homologación en un mismo formato de la información, la memoria y los casos
recogidos en diferentes periodos de tiempo por el PCNM.
Algunos de los municipios que integran el departamento e incluso algunos periodos de tiempo no
se presentan en el presente documento. Este hecho NO significa que en estos municipios y que en
estos periodos de tiempo no se hayan cometido CLH, muestra la dificultad en la consecución y
acceso a la información requerida.
Finalmente, los siete apartes restantes dan cuenta del proceso de victimización de la población
nortesantandereana mediante la exposición de los casos de CLH en cada región del departamento:
provincia de Ocaña con un breve contexto de su especificidad, la región del Catatumbo con
particularidades económicas y organizativas, región centro, región sur occidente, región sur
oriente, región oriental y finalmente Cúcuta, que como zona urbana presenta una dinámica propia
y distinta a la zona rural.
5
Campesinos, sindicalistas, organizaciones comunales y cívicas, comunidades religiosas,
defensores de los Derechos Humanos, partidos políticos y en general la población civil residente
en el departamento han sido las principales víctimas por décadas de la persecución y la represión,
impulsada por altos mandos militares y en vínculo y asocio con estos, los grupos paramilitares,
como parte de una estrategia encaminada a ejercer control social sobre la población y a ejercer el
dominio sobre este diverso y rico territorio.
Al realizar un análisis de la situación del departamento en el periodo 1966-1998 se podría hablar
de tres causas principales para que en el Norte de Santander se hayan perpetrado Crímenes de
Lesa Humanidad:
1. Los intereses económicos del Estado y de las Multinacionales, dada la existencia en la
región de importantes recursos naturales, principalmente energéticos, como el carbón, el
gas y el petróleo.
2. Su posición geográfica que convierte la región en zona estratégica como tránsito entre
departamentos y hacia la frontera con Venezuela
3. La necesidad de ejercer el control social, aniquilando todo tipo de organización social que
lucha por los derechos socioeconómicos.
Estos elementos, que si bien no explican la totalidad del conflicto en la región, si dan luces sobre
su desarrollo histórico: la condición geoestratégica de este departamento debido a su situación de
frontera internacional con Venezuela ha ocasionado que los grupos paramilitares se lancen a la
conquista de sus territorios para obtener su dominio y control; la gran riqueza de recursos
naturales, como el petróleo, el gas y el carbón ha desatado grandes ambiciones e intereses por el
control de las zonas de explotación; las permanentes y duras luchas sociales que durante el
periodo aquí presentado se generaron, pusieron incómodos a los poderes tradicionales y en
amenaza a las empresas interesadas en explotar los diversos recursos de la región.
Por estas razones el departamento nortesantandereano ha tenido la presencia de múltiples grupos
paramilitares que, con diversas estrategias de acuerdo a diferentes periodos históricos, han
sembrado el terror a lo largo y ancho de toda su geografía, intentando mantener por la fuerza un
orden unívoco y apropiarse de las tierras más aptas para el establecimiento de grandes
megaproyectos.
INTRODUCCIÓN
El departamento de Norte de Santander se compone de 40 municipios, cada uno con
especificidades geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales, que sin embargo,
comparten entre ellos, algunas similitudes. Por este motivo y para efectos de la organización del
texto, se hará un agrupamiento de algunos de ellos de acuerdo a características culturales,
sociales y geográficas que conformen para este fin 6 subregiones.
6
SUBREGIONALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SUBREGION
PROVINCIA DE
OCAÑA
REGION DEL
CATATUMBO
REGIÓN CENTRO
REGION SUR –
OCCIDENTE
REGION SUR ORIENTE
MUNICIPIOS QUE LA COMPONEN
Ocaña, Ábrego, La Playa.
Tibú, Sardinata, San Calixto, El Carmen,
El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí.
Villa Caro, Lourdes, Gramalote, Salazar,
Arboledas,
Cucutilla,
Santiago,
Bochalema, Chinácota, La Esperanza,
Cáchira, Bucarasica
Pamplona, Chitagá Pamplonita, Cácota,
Silos, Mutiscua, Ragonvalia, Herrán.
Durania, Toledo, Labateca.
Zulia, Puerto Santander, San Cayetano,
REGION ORIENTAL Los Patios, Villa del Rosario, además de
7
Y CUCUTA
la capital nortesantandereana, Cúcuta;
ciudad donde la comisión de CLH será
tratada de manera particular en este
informe.
Si bien se tuvo en cuenta la subregionalización oficial del departamento, la Provincia de Ocaña y
la región del Catatumbo se dividieron en dos subregiones, constituyendo una excepción a esta
lógica de agrupamiento territorial, debido a que en sus territorios se generan dinámicas diferentes,
entre las que se encuentran la configuración del conflicto armado, la explotación de recursos
energéticos, las dinámicas organizativas, entre otras. En la provincia de Ocaña sobresalieron los
procesos de comunidades eclesiales de base, de organizaciones cívicas, culturales y de derechos
humanos, así como varios sindicatos.
Para la presentación de la región fronteriza del Catatumbo y sus municipios se tomaran los
criterios organizativos, productivos, sociales y culturales por encima de los políticoadministrativos para su configuración en este texto. Allí se generaron especialmente procesos de
organización campesina y un fuerte trabajo de las Juntas de Acción Comunal. Así mismo tuvo
importancia la Unión Sindical Obrera USO por la presencia de yacimientos petroleros explotados
desde 1903 que se prolongan hasta la actualidad.
La región Centro del departamento ha visto cómo la agricultura de subsistencia ha sido
reemplazada por la agricultura comercial, situación que ha ido aparejada con un proceso
acelerado de ganaderización que ha incrementado la pobreza y vulnerabilidad de sus habitantes,
así como la concentración de la propiedad y la riqueza. Allí los campesinos, los educadores y los
líderes cívicos y comunales fueron, en el periodo estudiado, los sectores más victimizados.
La región Sur – Occidente, importante corredor entre los departamentos Santander del sur y
Santander del Norte, ha sufrido un acelerado desarrollo económico, donde la ganadería extensiva
y la agricultura comercial se han convertido en las principales actividades económicas,
modificando sustancialmente la tenencia de la tierra. Sin embargo, en municipios como Chitagá y
Cácota, la principal fuente de sustento sigue siendo la agricultura de subsistencia. Esta región
presenta una gran riqueza mineral, razón por la cual la zona se ha convertido en uno de los
principales centros de interés para multinacionales y poderes locales. En la región sur occidente
han sido los campesinos, los trabajadores agremiados, los estudiantes y los líderes cívicos los
sectores más fuertemente reprimidos.
La región sur oriental posee yacimientos de carbón, hierro y azufre, minerales que comenzaron a
ser explotados en un periodo de tiempo reciente, este fenómeno ha convertido a la minería en una
de las principales actividades económicas de la región. Así mismo, la ganaderización acelerada
ha modificado sustancialmente la tenencia de la tierra. Allí los campesinos han sido las
principales víctimas de CLH.
De algunos municipios como Villa Caro, Sardinata, Mutiscua, Ragonvalia, Herrán, Silos y
Bochalema, el Proyecto Colombia Nunca Más no tiene datos ni información sobre comisión de
CLH, razón por la cual no aparecen en el texto.
8
La ciudad de Cúcuta, por su carácter urbano y de capital departamental obliga a tomar sus
características particulares, razón por la cual se le adiciona un pequeño contexto en el que se
podrá encontrar una referencia a los movimientos cívicos que tuvieron mayor importancia en los
procesos de crecimiento urbano y de protesta cívica. A partir de 1998 se generaron en esta ciudad
procesos de la mal llamada “limpieza social”, fenómeno que se observará, abordando su
significación y la descripción de los casos.
CONTEXTO GEOGRÁFICO
Además de considerarse una zona de gran importancia geoestratégica debido a su condición de
frontera con Venezuela y por la existencia de yacimientos minerales que hacen que grandes
proyectos de capital nacional y extranjero pongan sus ojos sobre esta región, el Norte de
Santander es un departamento heterogéneo en todos los aspectos, desde su geografía hasta su
configuración social y política. El departamento está conformado por 40 municipios, los cuales
ocupan una extensión de 22.637 kilómetros cuadrados del total del territorio nacional.
De acuerdo al XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda realizado por el Departamento
Nacional de Estadística DANE en 1993, el Departamento presentó una población censada de
1.046.577 habitantes4, concentrándose especialmente en Cúcuta con el 46% del total, Ocaña,
segunda área urbana del departamento con el 7%, los municipios circunvecinos a la capital Villa
del Rosario con el 4.5%, Los Patios con el 4.5%, Pamplona con 4.3% y el municipio petrolero de
Tibú con el 3.3% de la población departamental. En estos municipios, cada uno con una
población mayor a 34.000 habitantes, se concentra el 74% del total poblacional del Norte de
Santander.
En la zona andina del departamento reside el 70% de la población rural, ligada a la pequeña y
mediana propiedad. Los valles interandinos contienen sólo el 30% de la población campesina.
Por otra parte, esta subregión presenta un alto predominio de la gran propiedad y procesos de
colonización vigentes, tierras dedicadas a la ganadería extensiva con algunas áreas de agricultura
comercial, como el arroz y la caña de azúcar, influenciadas por la dinámica comercial fronteriza.
La movilidad poblacional y la colonización se han constituido en fenómenos trascendentes en el
departamento nortesantandereano a través de su historia. Desde comienzos del siglo XX la
explotación del crudo en la región del Catatumbo atrajo a miles de personas de varios
departamentos del país, quienes atraídos por el sueño de una bonanza económica generaron
procesos de colonización y asentamiento en toda la región. Después, dada la situación fronteriza
del departamento, este territorio representaba un escenario atractivo para la llegada de
4
www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo81.htm. Agosto de 2006.
9
pobladores, hecho que tomó fuerza a partir de los años 70 por las expectativas de la población por
alcanzar mejores condiciones de vida, motivados por el auge que alcanzó la economía venezolana
hasta finales de la década del ochenta. La difícil situación económica del vecino país que se
presentó posteriormente, al darse una caída vertiginosa del precio de la moneda venezolana5, a
parte de tener graves repercusiones en la economía fronteriza, frenó el ingreso de colombianos a
ese país y por consiguiente, la llegada y asentamiento masivo de población a la subregión oriental
del departamento en ese periodo. Esto conllevó a que dicha subregión adquiriera ciertas
características socioculturales y económicas que la hacen diferir sustancialmente del resto del
departamento. Un ejemplo de ello es el énfasis en las actividades comerciales que poco a poco
suplantaron la tradicional economía agraria de subsistencia.
Así mismo, la región del Catatumbo difiere en sus características específicas del resto de
subregiones que conforman el departamento, pues las grandes reservas de hidrocarburos como el
petróleo, los minerales, el carbón y las riquezas ambientales como el agua como recurso
estratégico hacen de esta zona uno de los principales focos de atención de los planes de inversión
de las empresas multinacionales, quienes en el marco de la globalización se encuentran
explotando estos recursos.
Respecto a la propiedad sobre la tierra, pese a que en toda la región nortesantandereana se han
desarrollado procesos gubernamentales de reforma agraria que se remontan al año 1962 en los
valles de los ríos Zulia y Pamplonita y en el municipio de Ábrego, estos sólo se han tratado de
procesos de reforma marginal, como ha sucedido en el resto del país. Según información
suministrada por el Instituto Colombiano para la reforma Agraria INCORA, 3.294 familias se
beneficiaron de la adjudicación de tierras, obteniendo un área de 68.275 hectáreas en todo el
departamento. La mayoría de las familias campesinas no lograron obtener estos beneficios.
Durante el período de 1987 a 1990 se desarrolló otro proceso de Reforma Agraria con el Plan
Nacional de Rehabilitación PNR, el cual tampoco logró solucionar la problemática de la falta de
tierra para los campesinos y jornaleros, quienes histórica y reiteradamente han sido expropiados
de sus parcelas por diversos actores regionales. El PNR se creó en el marco del Plan Económico
Social de Virgilio Barco y tenía como objetivo “quitarle la base social a la guerrilla mediante
proyectos de desarrollo para las zonas rurales donde ésta tenía más arraigo”6, lo que muestra que
no se buscaba dar una solución real a la problemática de la tenencia de la tierra sino disminuir las
posibles causas de resistencia y organización campesina en la región. El campesinado en Norte de
Santander ha luchado históricamente por la falta de tierra, por la titulación de terrenos baldíos,
pero también por la demanda de créditos y mejoras en las condiciones de mercadeo de sus
productos, pues en zona de presencia mayoritaria de pequeños productores, parceleros y
campesinos pobres, aunque se tenga la tierra no se cuenta con recursos para trabajarla.
En el departamento se han combinado diversas formas de tenencia de la tierra, entre las que
prevalece el sistema de propiedad, con el 80% de la superficie total; seguido del sistema de
colonato con el 7.9%; la reserva indígena en la Zona del Catatumbo y el sur del departamento con
5
El Bolívar pasó de tener un precio de 16 pesos colombianos a 5, hecho que generó la quiebra de pequeñas y medianas empresas
de la zona y un impacto negativo en la clase media de la ciudad de Cúcuta.
6
MUNERA RUIZ, Leopoldo. Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988. CEREC,
Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales IEPRI. Bogotá, 1998. p. 434.
10
un 6.3 % del área; y el sistema de aparcería y arrendamiento con el 5.8%. El 54% del área total
del territorio nortesantandereano se encuentra en manos del 5.6% de los propietarios, mientras
que el 12.4% es propiedad del 68.6% de los habitantes, hecho que muestra una gran
concentración de la tierra en pocas manos, ubicada según datos 1998 de la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, en un 0.75 en el coeficiente de Gini.
Estos indicadores permiten dimensionar el desequilibrio que genera la concentración de la
propiedad territorial en términos de la presión socioeconómica que soportan los pobladores de las
localidades ubicadas en condiciones de ladera con alto grado de fragilidad de los recursos
naturales, lo cual afecta los cultivos de pancoger con los cuales subsisten centenares de
campesinos del territorio nortesantandereano7.
Cabe anotar que en la actualidad el departamento es considerado por los grandes poderes locales
como un territorio de enormes ventajas económicas, debido entre otras cosas a la disponibilidad
de bosques naturales y a tierra con potencial productivo, pero que por falta de condiciones de
accesibilidad y de conflicto son tierras subutilizadas que para los grandes terratenientes sólo
expresan una productividad marginal; situación que poco a poco se ha venido modificando con la
aparición de las grandes agroindustrias y el fomento de la ganadería extensiva en varios
municipios de Norte de Santander.
Otra problemática que se presenta en este departamento tiene que ver con el proceso migratorio
de la población rural hacia los centros urbanos, hecho que conlleva a que la actividad agrícola se
deje en un segundo plano, no sólo en términos de productividad sino también de abastecimiento
alimentario. Durante el periodo intercensal comprendido entre 1985-1993 se observó un
decrecimiento del 4% de la población rural, fenómeno que generó también grandes desequilibrios
en el ámbito urbano por la baja oferta de servicios y el aumento de la demanda alimentaría, dada
la creciente urbanización de la población campesina y el consecuente abandono del trabajo
agrícola.
Este fenómeno se ha dado por dos razones básicamente, la primera, como un desplazamiento de
tipo económico, cuando la población busca en otros territorios, especialmente en centros urbanos,
posibilidades de mejorar sus ingresos económicos y así aumentar su calidad de vida y el segundo,
que se intensificó de manera significativa a partir de la segunda mitad de la década de los 90 y
especialmente en la región del Catatumbo, el desplazamiento generado por la violencia en la
región, por la violación sistemática de los derechos humanos, por la comisión de Crímenes de
estado, por las pocas garantías de organización y expresión dadas en el departamento.
7
Proyecto CNM. Equipo Regional Norte de Santander. Informe Trimestral: marzo – abril – mayo. San José de
Cúcuta. 1999. p. 12
11
RECURSO PETROLERO EN EL DEPARTAMENTO FRONTERIZO:
BREVE REFERENCIA
El siglo XX comienza en el mundo con la búsqueda de nuevas fuentes energéticas para satisfacer
la creciente demanda de energía a nivel global, acentuadas después de la primera guerra mundial.
Este interés lo demostraron las empresas norteamericanas e inglesas (potencias industriales para
la época) de encontrar, abastecerse y apropiarse del petróleo como un importante recurso
energético. En sintonía con el contexto internacional, durante los primeros años de este siglo
Colombia comienza la exploración petrolera y se centra en tres regiones estratégicas: el
Magdalena Medio con su centro en Barrancabermeja, la región del Zulia – Catatumbo limítrofe
con Venezuela con su epicentro en Petrólea y en el antiguo departamento de Bolívar con su
epicentro en San Andrés de Sotavento.
Las primeras concesiones, De Mares en el Magdalena Medio y Barco en la región del Catatumbo
fueron cedidas por sumas irrisorias a empresas norteamericanas como la Mobil Texas y la
Tropical Oil Company. La ocupación militar fue la estrategia para entrar a regiones inhóspitas y
“salvajes” donde se podrían encontrar reservas de petróleo. Este fue el caso del Catatumbo, en
donde las empresas ocuparon territorios de los indígenas Barí y el gobierno de Rafael Reyes armó
cuadrillas especiales del ejército para contener la fuerza y la resistencia de los motilones. Las
compañías petroleras llegaron hacia 1913 y ampliaron su presencia hasta 1964, usurpando la
tierra de los indígenas y confinándolos a territorios cada vez más reducidos.
Esta usurpación de territorios a indígenas y campesinos ha sido una causa de conflicto
permanente en las regiones donde se han presentado hallazgos y explotaciones de hidrocarburos.
Las empresas petroleras recurrieron a los sucesivos gobiernos para obtener el apoyo militar y
garantizar así las explotaciones y el transporte de crudo. Junto a la infraestructura de transporte se
generaron las principales vías de penetración -junto al corredor del oleoducto- para facilitar su
construcción y operación, y estos también se convirtieron en los corredores de la colonización,
12
fenómeno de gran significación en la región, pues generó en poblaciones foráneas el deseo de
obtener nuevas tierras, de aumentar sus posibilidades de trabajo y de mejorar sus condiciones de
vida.
“El Estado colombiano, tanto en el caso de las actividades petroleras en el Catatumbo, como en el
valle medio del Magdalena actuó como un actor económico más, interesado en obtener pingues
ganancias, con el argumento de la importancia del excedente petrolero como fuente de ingresos y
divisas, (interés que) llevó a los gobiernos a firmar importantes contratos de concesión con
empresas del exterior que garantizaron con creces las ganancias de los capitales invertidos por las
compañías petroleras extranjeras. La industria del petróleo en el periodo comprendido entre 1921
y 1957, introdujo al país 127 millones de dólares y retiró por utilidades 1.137 millones de dólares,
lo que arroja como utilidad líquida para dicha industria el 807%.”8
La migración permanente de personas de otros departamentos a estas zonas petroleras generó la
aparición de nuevos actores sociales en la región que también expropiaron a los lugareños,
construyendo campamentos petroleros como Petrolea o verdaderas ciudades como Tibú.
En la región del Catatumbo, las empresas petroleras Gulf, Texas, Mobil y la Empresa
Colombiana de Petróleo ECOPETROL han generado con su presencia enclaves petroleros que
han centralizado el poder económico, social y militar, desconociendo a los lugareños y generando
condiciones de vida paupérrimas para los pobladores. “En estos territorios se diluye la
institucionalidad y se mantiene el poder real de los agentes externos, que no responden por los
reclamos de los actores económicos y sociales locales”9.
Esta actividad ha generado escenarios de profunda inequidad social y la destrucción de recursos
ambientales estratégicos como la biodiversidad y el gran potencial y riqueza de recursos como el
agua dulce, los bosques y las tierras fértiles; la madera ha sido comercializada incluso por
empresas venezolanas que la llevaban a su país de origen. Otros efectos que ha propiciado la
extracción del hidrocarburo son la quema de bosques para la construcción de pozos y
campamentos, la destrucción de culturas y territorios de comunidades ancestrales, la degradación
de los ecosistemas, el exterminio de la fauna y la afectación de la salud ambiental alrededor de
los campamentos petroleros. Así mismo se han producido efectos como el repoblamiento, el
cambio de la cultura y la inserción de nuevos valores, el desplazamiento de trabajadores del
campo hacia el sector petrolero, el destierro de comunidades de sus territorio que afectan la
producción agropecuaria, la violación grave a los derechos humanos y la creación de enclaves de
producción que desestabilizan las economías locales.
Los pobladores ubicados a lo largo de los oleoductos, generalmente pequeños campesinos
minifundistas, han visto cómo se ha dado la destrucción de sus fincas, los pescadores del río
Catatumbo han sentido las repercusiones en el taponamiento de los drenajes naturales y la
disminución de la pesca10 lo que ha generado desnutrición y pobreza.
8
AVELLANEDA CUSARÍA, Alfonso. Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia, p. 467. En: CARDENAS Martha y
RODRIGUEZ Manuel. Guerra, sociedad y medio ambiente. Foro Nacional Ambiental. Bogotá. 2004.
9
Ibid. p. 468.
10
AVELLANEDA CUSARÍA, Alfonso. Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia. P. 494
13
Los conflictos políticos sobre la soberanía de los recursos energéticos en tierras colombianas se
han dado fuertemente. El ELN, que ha tenido una presencia histórica en esta región petrolera, es
la organización que con mayor frecuencia se ha referido a la problemática petrolera y el problema
político que genera su explotación. Esta guerrilla desarrolló frentes militares en esta zona de
exploración y alrededor de la infraestructura industrial y ha realizado ataques contra su
infraestructura. La primera campaña de guerra de esta organización insurgente se presentó en
1987 y se denominó “Despierta Colombia, nos están robando el petróleo”, llamado que buscaba
defender los recursos naturales del país.
Recientemente en la región del Catatumbo ECOPETROL explota hidrocarburos de manera
directa en los campos de Tibú, Orú-Yuca, Petrólea, Sardinata y Río Zulia y administra tres
contratos de producción con riesgo para campos descubiertos no desarrollados o campos
inactivos, dos de los cuales se suscribieron con la compañía Petroesting Colombia S.A. para la
reactivación de los campos Puerto Barco y Río de Oro y otro con la compañía Mompos
Construction Co., Inc., con el cual se reactivó el campo Carbonera- La Silla. Frente a las
licencias de exploración de hidrocarburos vigentes, ECOPETROL es operador en tres contratos
de Exploración y Producción en etapa de exploración en el Catatumbo, dos de manera directa en
Álamo y en González (anteriores a diciembre de 2003) y uno con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, como administrador de las reservas petrolíferas de la Nación.
14
2. PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN LA REGIÓN
GRUPOS INSURGENTES
En el territorio nortesantandereano han hecho presencia histórica tres grupos insurgentes, el
Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. A continuación presentamos algunos
antecedentes históricos de estas estructuras armadas y los frentes con los cuales han organizado
su accionar en el departamento.
•
Ejército de Liberación Nacional –ELN-
Esta organización insurgente llegó a la región haciendo una primera incursión armada en el
municipio de Convención en el año 1978. Posteriormente, a mediados de la década de los ochenta
el ELN creó nuevas estructuras: en la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña se crearon
los frentes “Armando Cacua Guerrero”, en la provincia de Pamplona se creó el frente “Efraín
Pabón” y en los años noventa, su presencia se vio reforzada con la puesta en operación del frente
“Claudia Isabel Escobar Jerez”, el “Juan Fernando Porras” en la zona rural de Cúcuta y
municipios del occidente y el “Carlos Velasco Villamizar” en Cúcuta. La guerrilla del ELN se
consolidó así como la agrupación insurgente con mayor presencia en la zona y que para 1999
contaba con nueve frentes guerrilleros, ubicados de la siguiente manera11:
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
FRENTE
MUNICIPIOS
Puerto Santander,
CARLOS GERMÁN
Cúcuta, Villa del Rosario,
VELASCO VILLAMIZAR Los Patios, El Zulia
y Sardinata.
Puerto Santander, El Zulia,
Sardinata, Bucarasica,
Lourdes, Gramalote,
JUAN FERNANDO
Santiago, Salazar,
11
Ibíd.
15
PORRAS MARTÍNEZ
CARLOS ARMANDO
CACUA GUERRERO
CLAUDIA ISABEL
ESCOBAR JEREZ
EFRAIN PABÓN PABON
CAMILO TORRES
COMPAÑÍA SIMACOTA
•
San Cayetano,
Durania, Arboledas,
Bochalema, Chinácota,
Rangonvalia, Herrán.
Tibú, El Tarra,
Teorama, Convención,
Ocaña, San Calixto,
Hacarí, La Playa,
Ábrego, Sardinata
La Esperanza, Cáchira.
Ragonvalia, Herrán,
Pamplonita, Pamplona,
Silos, Cácota,
Chitagá, Toledo.
Ocaña, El Carmen,
Convención, Ábrego.
Toledo
Ejército Popular de Liberación -EPL-
El EPL nació en la región en el municipio de El Tarra entre la población campesina y para
mediados de los años 80 contaba con un número de 150 combatientes repartidos en la provincia
de Ocaña, en la zona del Catatumbo y en la frontera colombo venezolana12.
Posteriormente el EPL se organizó en dos frentes, el “Frente Ramón Gilberto Barbosa” en la zona
de frontera, que en la década de los 90 llegó del Magdalena Medio para asentarse en la región y
el “Libardo Mora Toro”, creado a mediados de los 80 y que contaba con proyección en
Barrancabermeja, Bucaramanga y Ocaña. Estos dos frentes se encontraban dispuestos parar 1999
así13:
EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN
FRENTE LIBARDO
MORA TORO
Cúcuta
El Zulia
Sardinata
Ocaña
FRENTE RAMON
GILBERTO BARBOSA
Puerto Santander
La Esperanza
Cáchira
Tibú
El Tarra
Ábrego
San Calixto
Teorama
Hacarí
12
VILLARRAGA S. Álvaro, PLAZAS N. Nelson. Para reconstruir los sueños (Una historia del EPL). Fondo Editorial para la
Paz y Fundación Progresar. Bogotá. 1994. P403 y ss.
13
FUENTE: Proyecto CNM. Equipo Regional Norte de Santander. Informe Trimestral: marzo – abril – mayo. San José de
Cúcuta. 1999. p. 13
16
La Playa
En 1989 el EPL comenzó un proceso de reinserción con el gobierno nacional cuando era
gobernador del departamento nortesantandereano Eduardo Asaff Elcure y creó para tal fin el
campamento “La Esperanza” ubicado en el municipio de El Tarra. Posteriormente, el 17 de
diciembre de 1990 se inaugura el Campo Giles en el Catatumbo, para organizar la
desmovilización14. La dejación de armas se realizó el 1 de marzo de 1991, sin embargo no todos
los combatientes se desmovilizaron, los frentes que actualmente hacen presencia en la zona
fueron aquellos que no participaron de dicho proceso de reinserción.
•
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-
Esta organización guerrillera tiene presencia en la región con dos frentes, el Frente 33 que fue
creado a mediados de la década de los 80 y el frente 4515 creado para la región del Sarare. Estos
frentes están distribuidos en otros municipios del departamento como se muestra a
continuación16:
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
FARC
FRENTE 33
FRENTE 45
Cúcuta
Pamplona
Tibú
Chitagá
Sardinata
Silos
Gramalote
Mutiscua
Ocaña
Toledo
La playa
Toledito
Hacarí
San Calixto
Teorama
El Tarra
El carmen
Convención
Salazar
Cucutilla
El Zulia
Puerto Santander
Las Mercedes y
La Victoria
Campo Alicia
La Floresta
Agua Clara
Astilleros
Filogringo
La Curva y Orú
La Laguna
San Bernardo de Bata
Samore
14
Ibid.
Vicepresidencia de la República. Observatorio de los Derechos Humanos y DIH. Panorama actual del Norte de Santander.
Bogotá, 2002, p.5
16
FUENTE: Proyecto CNM. Equipo Regional Norte de Santander. Informe Trimestral: marzo - abril – mayo. San José de
Cúcuta. 1999. p.12.
15
17
En síntesis, la guerrillas del ELN hace presencia en las provincias de Ocaña y Pamplona, así
como en regiones del Catatumbo y el Sarare y el área metropolitana de Cúcuta, constituyendo la
presencia guerrillera más preponderante de la región, las FARC hacen presencia en el Catatumbo
y el Sarare y el EPL opera en la Provincia de Ocaña y en la región del Catatumbo.
18
GRUPOS PARAMILITARES
El paramilitarismo irrumpió en Norte de Santander a partir de 1982, año en el que se comenzó a
evidenciar un alto índice de incursiones paramilitares, cometiendo a la par con el ejército y la
policía un número considerable de Crímenes de Lesa Humanidad. Entre las estructuras
paramilitares más reconocidas en la región se pueden mencionar las que adoptaron nombres
como MAS -Muerte a Secuestradores- con presencia en Ocaña, Convención, El Tarra, San
Calixto y Teorema; Los Tunebos; la Sociedad de Amigos de Ocaña, SAO (que también adquirió
el nombre de Los Ovejos), MACO (Muerte a Comunistas), COLSINGER, RAMBO, pero
también hicieron presencia posteriormente estructuras como las Autodefensas Unidas de
Colombia AUC (Autodefensas de Córdoba y Urabá, Ramón Isaza, o la Compañía General
Santander, Compañía que se creó el 1 de mayo de 1997 y buscó asentarse en los municipios de El
Zulia, Santiago, Salazar, Arboledas, Cucutilla y Durania17) Norte de Santander18, Autodefensas
Campesinas del Nororiente Colombiano Bloque Santander con presencia en Cúcuta; las
17
Comunicado emitido en razón de su creación. Archivo del Proyecto Colombia Nunca Más
Quienes tenían como lema y así lo dejaban plasmado en volantes y panfletos: “Por una nueva Colombia sin guerrilla ni
corrupción”. Archivo del Proyecto Colombia Nunca Más
18
19
Autodefensas Campesinas del Catatumbo o las Autodefensas Campesinas del Oriente
Colombiano19.
Dichos grupos comenzaron a amenazar y a perseguir a todo aquel que consideraran amigo o
difusor del comunismo y de los ideales de izquierda, personas y organizaciones entre las cuales
se encontraban defensores de Derechos Humanos, trabajadores hospitalarios, periodistas,
propietarios de emisoras, profesores, dirigentes cívicos y comunales, campesinos de la región,
todos ellos quienes sufrieron gran cantidad de señalamientos, persecuciones, desapariciones,
torturas y asesinatos, siendo acusados y señalados en su mayoría como pertenecientes o
simpatizantes de grupos insurgentes como las FARC, el ELN o el EPL, sin que tales acusaciones
tuvieran fundamento.
Las acciones paramilitares llevadas a cabo conjuntamente con aquellas de los organismos de
seguridad estatales manifestaron los elevados niveles de violencia que comenzaron a vivenciarse
en la mayor parte del territorio de Norte de Santander –de los más altos del país en términos
comparativos- y que se incrementaron con el devenir de los años, intensificándose a partir de
1998, año en el cual culmina la presentación de este informe, pero que no puede de ninguna
manera omitirse ni dejar de reseñarse.
La puerta de entrada del paramilitarismo en la región: la provincia de Ocaña
La llegada de los paramilitares al departamento se produjo desde los años ochenta en la región
oriental, Provincia de Ocaña, con la Sociedad de Amigos de Ocaña SAO, con el Muerte a
Secuestradores MAS y con los escuadrones de la muerte pertenecientes a “La Mano Negra”,
cuyos hombres provenían del municipio de Rionegro, Santander y del departamento del Cesar, de
los municipios San Martín y San Alberto, quienes posteriormente extendieron su radio de
operaciones a la región nortesantandereana20.
A mediados de los años noventa los paramilitares provenientes del Cesar siguieron el recorrido
de Ocaña a Tibú en la región del Catatumbo, atravesando la zona montañosa. Estos tenían como
uno de sus objetivos principales el dominio de los cultivos ilícitos de los campos del Catatumbo,
el control de los puntos neurálgicos del sistema de comunicación terrestre del departamento, para
poder lograr la constitución de un corredor bajo su control desde Urabá hasta el Catatumbo y el
control de zonas estratégicas por sus recursos naturales e hidrocarburos.
Primero tomaron el control de la carretera Ocaña–El Tarra-Tibú. Más recientemente consolidaron
un corredor geográfico entre el Catatumbo y el Sarare, lo que les permitió lograr la movilización
de la fuerza necesaria para hacer incursiones sobre Arauca e impedir el paso de la guerrilla de
19
Denuncia interpuesta por líderes de la región del Catatumbo y la comunidad en general a la Cruz Roja en el municipio de Tibú,
Norte de Santander, el 24 de octubre de 1997.
20
“En 1983 la Procuraduría General de la Nación publicó un informe en el que sindicaban a 59 militares de hacer parte del grupo
paramilitar M.A.S., el alto mando militar se solidarizó con los inculpados destinando un día de sueldo de todos los miembros de
las Fuerzas Armadas para su defensa”. Amnistía Internacional 1988. Citado en: MÚNERA RUIZ, Leopoldo. Rupturas y
continuidades. P. 431.
20
este departamento hacia Norte de Santander. Posteriormente, los paramilitares llegaron a Cúcuta
y otras localidades próximas a este sector, en las cuales poco a poco se han consolidado.
La oleada de violencia emprendida por los grupos paramilitares se evidenció con mayor
contundencia con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a la región
desde 1994. Otro de los rasgos más visibles del poderío paramilitar en el departamento se
manifestó en el año de 1999, expresado en varias masacres realizadas por paramilitares en los
municipios de Tibú y El Tarra21.
El tipo de violencia que ejercieron los paramilitares en su acometida se realizó principalmente
por medio de dos modalidades criminales. La primera consistió en el asesinato selectivo, el cual
generalmente se antecedía de señalamientos y persecuciones contra los objetivos previstos y se
ejecutaban mediante el empleo de “listas negras”. La segunda modalidad empelada por los
paramilitares fue la realización de asesinatos indiscriminados cometidos con el fin de propagar el
terror entre los pobladores. Dichas herramientas represivas lograron que la avanzada paramilitar
fuera controlando las cabeceras municipales del departamento.
21
Vicepresidencia de la República. Observatorio de los Derechos Humanos y DIH. Panorama actual del Norte de Santander.
Bogotá, 2002.
21
A pesar del control de la región por parte de las fuerzas militares con los patrullajes constantes y
la vigilancia de la población, los paramilitares operaron sin restricción. En camionetas y con
armamento de corto y largo alcance acribillaban a sus víctimas y huían rápidamente de sectores
en donde minutos antes los militares habían hecho presencia. En varias oportunidades la
comunidad observó cómo los criminales, después de cualquier acción represiva, ingresaban a las
instalaciones militares.
FUERZA PÚBLICA
El Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” ubicado en Ocaña y el
Batallón de Contraguerrillas No. 50 “Batalla de Palo Negro” con sede en Convención, ambos con
jurisdicción competente sobre el territorio delimitado, simplemente realizaban dos funciones: una
en el papel, que podíamos llamar “saludo a la bandera”, por su completa omisión ante las
circunstancias que se estaban dando en la región y otra de acción, encaminada a la protección y
colaboración de los paramilitares, bien sea por su aquiescencia a actividades criminales o por su
participación en dichas acciones.
Las estaciones de Policía frente al accionar represivo no se quedarían atrás, incluso su
colaboración con los paramilitares era algunas veces más explícita y cercana, como sucedió en la
población de San Calixto, e incluso delincuencial, como lo muestra la Comisión de la Superación
de la Violencia en el siguiente texto: “Más preocupante aún es la conducta de la policía en el
departamento, y especialmente de la SIJIN; no sólo se les imputa a agentes de este último
organismo campañas de “limpieza social” como las realizadas en el pasado por “la Mano Negra”
en Ocaña, y el asesinato de dirigentes populares, sino que su actuar es en ocasiones francamente
delincuencial: muchas fuentes los sindican de relaciones con el narcotráfico, incursiones en la
delincuencia común y extorsiones a pequeños comerciantes, entre otras cosas brindando así un
panorama de corrupción generalizada”22.
En relación con la actividad militar en Norte de Santander, dos unidades en especial tuvieron
directa incidencia en la ejecución de los crímenes y actos de hostigamiento que sufrió la
población a causa de los militares: el Grupo Mecanizado No. 5 “Hermógenes Maza”, y una
estructura que hizo presencia efímera en la zona: la VIII Brigada Móvil (normalmente ubicada en
Armenia) y su Batallón Rook. Cada una de ellas a su manera implantaron métodos de control
extremos y de sometimiento sobre la población en general. Para garantizar la impunidad de los
crímenes, varias de las víctimas de la andanada opresiva estatal aparecían como “guerrilleros
muertos en combate”, opresión que abarcó buena parte del departamento.
En forma mayoritaria, el Grupo Mecanizado No. 5 “Hermógenes Maza” es la unidad militar que
ha sido encargada de operar en la mayor parte del territorio nortesantandereano y ha concentrado
su accionar en la región del Catatumbo, hacia Tibú. En esta zona, incluyendo la Provincia de
22
COMISIÓN DE SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA. Pacificar la Paz: Lo que no se ha negociado en los acuerdos de Paz. P.
62.
22
Ocaña, además del Grupo “Maza”, actúa también el Batallón de Infantería No. 15 “General
Santander” y anteriormente el Batallón de Contraguerrillas No. 50 “Palo Negro”, reemplazado
por el Batallón Plan Vial y Energético No. 10 “José Concha”. Por su uniformidad táctica, los
militares tienen similitud en su operatividad sin importar a qué cuerpo castrense pertenecen.
Una de las unidades militares encargadas del control poblacional y de la lucha contrainsurgente
en la región del Catatumbo es el Batallón 46 “Héroes de Saraguro”, con sede en Tibú. Esta y las
demás estructuras a las que hemos hecho mención han sometido a los habitantes de la región a
una represión sistemática, cuyo foco principal ha sido el campesinado. No obstante, la población
urbana poco a poco se ha convertido en otro de los epicentros de la arremetida militar y de las
estructuras paramilitares, las cuales operan con la aquiescencia y permisividad de la fuerza
pública que hace presencia en el departamento.
3. LOS SUJETOS HABLAN, EL MOVIMIENTO ANDA:
SECTORES SOCIALES VICTIMIZADOS EN NORTE DE SANTANDER
“Toda lucha del hombre contra el poder deshumanizado
es una lucha de la memoria contra el olvido”23
23
Justicia y Paz, Revista de Derechos Humanos, No. 10, 1999
23
A partir de problemáticas como la pobreza, la desatención y el olvido estatal, la ausencia o
precariedad de servicios públicos, la falta de infraestructura o inversión, entre otras, los
pobladores de Norte de Santander desarrollaron, en el periodo presentado en este informe (19661998), una serie de procesos reivindicativos y organizativos. Los diversos sectores activos y
organizados en movimientos sociales y políticos, con un alto nivel de conciencia social, además
de tener gran protagonismo por su lucha y movilización, también lo han tenido por la
victimización a que han sido sometidos, como consecuencia de sus acciones en busca del
mejoramiento de sus condiciones de vida. Aunque en el presente aparte no es posible
mencionarlos a todos, con la totalidad de sus aportes y propuestas, por lo extenso que se haría el
relato, se presentarán aquellos que tuvieron una mayor incidencia en la dinámica regional.
Uno de ellos, el campesinado, ha fundamentado su lucha en relación con el derecho a la tierra, la
cual está concentrada en manos de pocos, encontrándose en muchas ocasiones ociosa, tierra que
sólo alimentan el poder y el prestigio de sus dueños, pero también el acceso a créditos y a
asistencia técnica para poder trabajarla. La falta de propiedad por parte de este sector, la
imposibilidad de generar de ella su subsistencia o incluso su expropiación han ocasionado a su
vez el desplazamiento de los campesinos a los centros urbanos desencadenando,
consecuentemente, otro tipo de problema social vinculado con demandas urbanas por vivienda,
servicios públicos y mejoras en las vías.
El sector sindical se ha manifestado principalmente en los centros urbanos en donde se gestó a
mediados de los ochenta un proceso muy fuerte en el que participaron activamente los
educadores de la región, especialmente de la capital nortesantandereana, quienes confluyeron en
la Asociación de Institutores del Norte de Santander -ASINORT-, sindicato enfáticamente
asediado por la fuerza pública y los organismos paramilitares en el departamento desde sus
comienzos hasta nuestros días. Asó mismo, los trabajadores de la industria petrolera
sindicalizados en la USO han tenido presencia en la región y han librado importantes luchas
sociales.
Así mismo, los grupos cristianos y las Comunidades Eclesiales de Base CEBS fueron duramente
asediados y victimizados por los grupos paramilitares y las fuerzas militares, debido a sus
procesos de organización y de formación comunitaria que realizaron en la región, especialmente
en la provincia de Ocaña. Ellos, junto con diversas organizaciones cívicas constituyeron el
Comité Cívico y Popular de Ocaña, que fue duramente reprimido, sus dirigentes asesinados o
desplazados y su organización diezmada por la fuerza y la barbarie.
El movimiento cívico y comunal en Norte de Santander tuvo en el periodo presentado una gran
influencia en el departamento, desarrollando grandes movilizaciones regionales como el Paro del
Nororiente en 1987 y las Jornadas de mayo de 1988 e importantes niveles de organización que se
reflejaron en la fuerza cívica de sus protestas y los logros obtenidos frente a prestación de
servicios públicos y dotación de infraestructura, entre otros, como es el caso de las Ciudadelas
Juan Atalaya y La Libertad en Cúcuta y también en los diversos municipios de la región del
Catatumbo, donde las Juntas de Acción Comunal JAC y las cooperativas tuvieron un gran
24
protagonismo. Sus líderes sufrieron el asedio y una dura arremetida militar y paramilitar,
enfrentando amenazas, persecuciones, torturas, asesinatos y el desplazamiento de sus principales
dirigentes.
Los partidos políticos de izquierda que tuvieron presencia en la zona, como A Luchar, la Unión
Patriótica y el Frente Popular fueron perseguidos, estigmatizados y fuertemente golpeados por el
accionar militar y paramilitar.
A partir de 1998 en la ciudad de Cúcuta se presenta con gran fuerza otro sector social victimizado
por los agentes estatales y paraestatales, los excluidos y marginados sociales, y aunque este más
reciente periodo de tiempo no está incluido dentro del presente informe, se hará mención de esta
franja poblacional en virtud de la fuerza represiva que ha soportado y que no puede pasarse por
alto.
A continuación se presentan algunos de los rasgos más sobresalientes de los sectores
anteriormente señalados, en cuanto a sus procesos de resistencia y propuesta social y política y a
la victimización que enfrentaron. Tal análisis se hace necesario para comprender las razones por
las cuales fueron perseguidos por el establecimiento y por los grupos paramilitares sin tregua
alguna.
LOS CAMPESINOS
El sector campesino nortesantandereano se ha caracterizado por ser uno de los más perseguidos
de la zona V; inicialmente por parte de los organismos armados gubernamentales (ejército,
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, policía) quienes arremetieron contra cualquier
tipo de asociación o grupo formado por tal sector, cuyos fines se encaminaran a la expresión de
las inconformidades y necesidades sociales ante el inminente abandono estatal. El temor que
suscitaban los representantes de la “ley y el orden” se fundamentó en desapariciones, torturas y
asesinatos de campesinos que generalmente eran aprehendidos y violentados mientras
desempeñaban sus actividades cotidianas o se reunían con sus familiares y amigos, por lo que era
común que muchos de los involucrados en tales crímenes fueran frecuentemente victimas
circunstanciales.
Cabe anotar el recurrente estado de embriaguez de los miembros de las fuerzas militares y
policiales en el momento de cometer dichas agresiones. A lo anterior se sumó la quema de
ranchos, los malos tratos y las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por la policía. Un ejemplo
de ello ocurrió en 1971; los campesinos afectados fueron los habitantes del sector de Aguaclara,
zona rural de Cúcuta, quienes denunciaron los hechos con el apoyo de la Asociación de Usuarios
Campesinos de esta ciudad.
Acorde con lo anterior, la criminalización de las protestas sociales y de las inconformidades ante
la gestión gubernamental expresadas por organizaciones campesinas como la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y posteriormente la ANUC-UR (Unidad y
Reconstrucción), conllevó a la extinción de dicha organización en la región a manos de los
organismos estatales, lo cual comenzó a evidenciarse a finales de los años setenta y a comienzos
de los ochenta. Sin embargo, mientras tuvieron presencia en el departamento de Norte de
25
Santander, en municipios como Pamplona, Chitagá, Cácota, Silos, Mutiscua y Pamplinita, entre
otros, esta organización tuvo presencia en Juntas de Acción Comunal, Comités de Mujeres,
Microempresas Cooperativas y desarrolló programas de capacitación y seminarios, entre varias
actividades.
Desde mediados de la década de los ochenta, los grupos paramilitares elaboraron de manera
conjunta con las fuerzas estatales “las listas de la muerte” o “listas negras”, criminalizando y
amenazando de muerte a todo aquel que hubiese participado en el Paro Cívico del Nororiente.
Este tipo de operatividad criminal se convirtió en una señal contundente de la represión contra el
campesinado. Otro agravante de la situación campesina en Norte de Santander a finales de los
años ochenta fue el gran número de desalojos sufridos por estos en manos de las fuerzas militares
y paramilitares que trajeron como consecuencia procesos de desplazamiento forzado. Así, varios
municipios del Norte de Santander se vieron afectados por este catastrófico escenario de
represión y sometimiento. Entre ellos pueden mencionarse las localidades de San Calixto,
Cáchira, El Zulia, Tibú, Arboledas, Ábrego, Teorama, Convención y Ocaña.
LAS ORGANIZACIONES CÍVICAS
Según Javier Giraldo “como movimiento cívico caracterizamos un conjunto de acciones
colectivas, coordinadas por un grupo relativamente prolongado y con objetivos reivindicativos
que miran a la satisfacción de demandas sociales de un amplio sector poblacional”24.
El bloqueo de carreteras, la toma de oficinas del estado, el sabotaje al transporte público y la
interrupción durante uno o varios días de las actividades normales de una localidad o una región
constituyeron elementos cotidianos de la práctica reivindicativa y política de los sectores
populares en Norte de Santander, lo que se generalizó como las luchas cívicas, en donde se
buscaba obtener una solución directa a los problemas más urgentes25. Los actores que participan
en estas luchas utilizan el término de cívico para denotar una serie de reivindicaciones comunes a
amplios sectores de la población, respaldadas por movilizaciones o actos masivos a nivel local y
regional, especialmente a lo referente a acceso a servicios públicos o a bienes de consumo
colectivo, que de forma conjunta buscan autonomía y que las reivindicaciones no se pierdan en
derechos generales y abstractos.
En estos movimientos cívicos hacen presencia juntas de acción comunal, sindicatos, obreros,
campesinos, izquierda social y política, organizaciones de mujeres, madres comunitarias,
alcaldes, concejales, párrocos, juntas de acción comunal, estudiantes, profesores, campesinos;
sectores que contribuyeron a impulsar los paros promovidos por los comités cívicos, buscando
solucionar problemas en materia de vivienda, acceso a servicios como acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica, infraestructura vial, salud, educación y transporte, frente a gobiernos
indiferentes con las dinámicas y apremios regionales y locales. “La protesta cívica articula en un
24
GIRALDO, Javier. Reivindicación urbana en Bogota. CINEP. Bogotá, 1987. Citado en: MÚNERA RUIZ, Leopoldo. Rupturas
y Continuidades. p. 439.
25
MUNERA RUIZ, Leopoldo. Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988. CEREC,
Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales IEPRI. Bogotá, 1998. P. 406 y ss.
26
mismo movimiento diferentes tipos de organizaciones populares, gremiales y políticas, con
personas provenientes de diversas clase sociales y activistas de izquierda.”26
Fuera de los paros y bloqueos, estos sectores realizaron también Asambleas Populares y Cabildos
Abiertos como mecanismos de participación, en donde se discutían los principales problemas de
las comunidades.
El movimiento cívico tuvo gran repercusión en el departamento de Norte de Santander,
especialmente el Paro Cívico del Nororiente, ocurrido en junio de 1987, cuando tanto los
habitantes rurales de todo el departamento como los habitantes urbanos, sobretodo de Cúcuta, de
Ocaña y otros, participaron en las protestas, y por municipios, como se verá más adelante,
presentaron pliegos de peticiones que negociaron con el gobierno y que éste incumpliría en la
mayoría de los puntos dispuestos. Este incumplimiento sería la razón principal para convocar a
un nuevo paro en mayo de 1988, que mantendría las características generales de la lucha cívica.
Así mismo, uno de los procesos de mayor recordación por su lucha cívica fue el desarrollado por
los pobladores de las Ciudadelas Juan Atalaya y La Libertad, de las comunas 6, 7 y 8 de Cúcuta,
sectores muy deprimidos de la capital nortesantandereana que durante los procesos de
poblamiento, urbanización y desarrollo de los barrios, la organización social produjo procesos
importantes de formación política, coordinación local y movilización, propuestas alimentarias
como las ollas comunitarias, planes de comunicación con jóvenes, de vivienda, microempresas,
comités de deportes, de cultura, de defensa de Derechos Humanos, entre muchos otros.
LA POBLACIÓN URBANA
En la década del noventa la población urbana – popular del departamento se convirtió en uno de
los blancos centrales de la represión paraestatal. Los primeros visos de la represión contra los
pobladores de los centros urbanos se manifestó en la década de los ochenta, a manos de los
organismos de inteligencia del Estado: La seccional de la policía judicial SIJIN y el CIAES del
ejército. Sin embargo, durante los años noventa los grupos paramilitares se encargaron de dicha
labor, por lo que las acciones de la fuerza pública disminuyeron radicalmente. No obstante, el
grado de descomedimiento y la omisión de los agentes estatales frente a la comisión de los
crímenes de lesa humanidad en los centros urbanos se mantuvieron.
Las organizaciones y agremiaciones sindicales experimentaron un sinnúmero de persecuciones,
amenazas y señalamientos además de algunos atentados contra sus centros de reunión. Tales
actos se atribuyeron en su mayoría a los cada vez más recurrentes grupos paramilitares entre los
cuales sobresalió la Sociedad de Amigos de Ocaña SAO, además de otros grupos irregulares
como “Rambo”27.
26
Ibid. P. 446.
27
Periódico Revolución. 9 – 15 de junio de 1986. “Recrudece la actividad de los paramilitares”. p. 5.
27
A pesar de las denuncias presentadas por habitantes de la región nortesantandereana, los grupos
paramilitares realizaron sus operaciones sin que las fuerzas militares tomaran medidas restrictivas
al respecto. Por el contrario, su logística y sus armas fueron ampliamente utilizadas por aquellos
en sus operaciones con enorme facilidad. De tal manera, la bota paramilitar se asentó
principalmente en la zona oriental del departamento, para finalmente ir poco a poco ganando
territorios hacia el occidente, como lo expresan los casos ocurridos en la zona rural de Cúcuta. Su
modo de actuar se ceñía a un modo general, pero no único: las incursiones a las viviendas de las
víctimas o zonas comunes cercanas a la capital, donde se tenía de antemano el objetivo
específico, fundamentalmente con listas, para retenerlo y/o ultimarlo en el acto. Varios
pobladores resultaron acribillados por caravanas paramilitares de la muerte que rondaban en los
campos. Sus cuerpos inmolados son el testigo perpetuo de la violencia de estos sujetos, quienes
los acribillaron buscando despojarlos por completo de su dignidad.
LOS SECTORES OBREROS Y SINDICALES
Educadores de Norte de Santander
Desde comienzos de la década del ochenta, los educadores de Norte de Santander lograron
consolidar un gran número de organizaciones y sindicatos cuyas manifestaciones y protestas
sociales tuvieron una gran acogida y apoyo por parte de otros gremios sindicales que los
respaldaron por medio de marchas y acciones conjuntas. Tal fue el caso de las protestas llevadas
a cabo por el Comité Cívico de Ocaña, conformado entre otras organizaciones por la Asociación
de Institutores de Norte de Santander, ASINORT, cuya acción les acarreó a sus miembros la
persecución, amenazas y asesinatos en manos de paramilitares, grupos como la SAO Sociedad de
amigos de Ocaña. La cada vez más fuerte persecución y señalamiento de los educadores en
manos de los miembros del ejército y los organismos paramilitares estuvo encabezada en algunos
de los casos por oficiales adscritos al Grupo Mecanizado “Hermógenes Maza”.
ASINORT fue uno de los gremios sindicales que, en compañía de la Coordinadora Popular del
Nororiente y Unión Sindical de Trabajadores de Santander USITRAS, participó en la realización
del Paro del Nororiente y las marchas campesinas de mayo de 1988. El apoyo del sindicato a las
protestas y reivindicaciones populares y campesinas de tales fechas, conllevaron a que sus
miembros fueran perseguidos y eliminados por las fuerzas paraestatales, cuyo propósito central se
encaminó a la supresión definitiva de las organizaciones sociales de toda la región.
Uno de los primeros indicios de la retaliación de las estructuras paraestatales a la Asociación de
Institutores por su participación en el Paro Cívico del Nororiente fue el atentado perpetrado
contra su sede principal, que para la época se encontraba ubicada en el municipio de Convención.
Los hechos ocurrieron a finales de julio de 1987 cuando una bomba estalló en la sede del
sindicato. En los días inmediatamente anteriores, el Obispo de Ocaña había hecho una intensa
difusión del documento de la Conferencia Episcopal del mes de julio de 1987, resaltando los
28
párrafos contra los maestros contagiados de “ideología marxista”. Al día siguiente circularon
volantes de La Sociedad de Amigos de Ocaña SAO motivando a “acabar con los comunistas”28.
A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, los miembros de la Asociación de
Institutores fueron víctimas de hostigamientos por parte de miembros activos de las fuerzas
militares que hicieron uso de torturas y allanamientos para agredir a los educadores, que en
muchos casos fueron asesinados también por desconocidos. Las amenazas se realizaron dentro
del contexto en el cual los grupos paramilitares utilizaron diversos nombres para sembrar el terror
en todas las organizaciones sindicales de educadores a nivel nacional, amenazando paralelamente
a los directivos de asociaciones como la Federación Colombiana de Educadores FECODE,
ADEA, AIC, Asociación de Institutores de Norte de Santander ASINORT y el Sindicato de
Educadores de Santander SES, entre otras.
Los casos registrados contra este sector social se concentraron especialmente en dos ciudades de
Norte de Santander: Cúcuta y Pamplona, ciudades en las que los educadores mostraron una gran
fuerza organizativa, fortaleza que fue socavada por los paramilitares en el transcurso de la década
del noventa.
Junto a los educadores se encontraban los estudiantes, quienes en diversos periodos de tiempo
protagonizaron protestas, marchas, mítines y diversas luchas en busca primero, de su
consolidación como sector organizado y luego, de mejoras en la calidad de la educación, mayor
cobertura (como por ejemplo el reclamo por que la Universidad Francisco de Paula Santander
tuviera una sede en la ciudad de Ocaña o la ampliación de cobertura de dicha Universidad en la
ciudad de Cúcuta, debido a que un porcentaje muy elevado de jóvenes no pueden acceder a la
educación superior por los limitados cupos y la estrecha infraestructura con que cuenta para tal
fon el departamento nortesantandereano), rechazo a la privatización, entre otras reivindicaciones.
Este sector tuvo mayor incidencia en las dos principales ciudades del departamento, Cúcuta y
Pamplona, donde han sido, a lo largo de los años, duramente reprimidos y victimizados.
La Unión Sindical Obrera USO
La Unión Sindical Obrera USO, más que una personería jurídica o un sindicato más ha sido en la
historia de nuestro país “un símbolo con raigambre en la sociedad y en el mundo del petróleo”.
Los trabajadores de esta industria han buscado, a través de diferentes momentos históricos,
procesos de nacionalización del hidrocarburo y posteriormente de los recursos energéticos en
general, tales como el carbón y el gas, rechazando la inversión extranjera en las industrias
colombianas.
28
Documento número 050807, julio de 1987, testigo directo
29
El sindicato se crea en la década de los años veinte por la toma de conciencia que hacen los
trabajadores de la industria del petróleo sobre sus malas condiciones laborales, además de la
pésima asistencia en salud que tenían, así como las condiciones de los lugares de vivienda, las
relaciones laborales, la calidad de la alimentación, entre otras.
Este sindicato, uno de los que integran y que ha liderado la Federación Nacional de Trabajadores
Petroleros de Colombia FEDEPETROL, ha tenido en el departamento de Norte de Santander
presencia en los municipios de Tibú y El Tarra, en la región del Catatumbo. A partir de los años
70 y 80 el sindicato se extendió considerablemente, pues al avanzar los procesos de reversión de
los contratos de concesión al Estado, los sindicatos regionales correspondientes a las empresas
concesionarias empezaron a fundirse en la USO, como es el caso de los trabajadores del
Catatumbo, que con la Concesión Barco, ante la compra que hace ECOPETROL de las acciones
de la Concesión, entran a hacer parte de la organización. De esta manera la Unión Sindical
Obrera se convierte en el sindicato más importante y dominante en la industria de los
hidrocarburos.
En 1979 los trabajadores petroleros y sus sindicatos optaron por la nacionalización del petróleo y
de los demás recursos naturales sin indemnización como política en el manejo de los recursos
naturales. La USO junto con otros sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores CUT y
FEDEPETROL presentaron en 1990 la propuesta de una “política petrolera nacionalista”, que se
centraba en las necesidades de dotar al país de una ley de hidrocarburos, de fortalecer a
ECOPETROL y de nacionalizar las reservas petroleras y las instalaciones industriales, así como
presentar una propuesta de ampliación y consolidación del mercado interno. En 1995 y 1996
propusieron una reestructuración de ECOPETROL y posteriormente presentaron una propuesta
denominada “ECOPETROL para el siglo XXI”29.
La USO siempre ha defendido la idea de que la empresa ECOPETROL es un ente del Estado que
administra el petróleo como un recurso de la nación pero que no es propiedad del gobierno de
turno y por lo tanto, que estos deben hacer su administración más no disponer de él ni de los
excedentes que el crudo genera. Estos debates han generado incertidumbres frente al destino que
deben tener las ganancias que obtiene la industria petrolera y el manejo que se le de al
hidrocarburo. “La incertidumbre es producto de la ausencia de un modelo de desarrollo y del
establecimiento en 1986 de la exportación, como el objetivo básico de la economía del petróleo y
cuyos resultados positivos en la balanza de pagos se destinan principalmente al rubro Gastos de
Gobierno”30.
Pese a sus propuestas permanentes de política energética y la fuerza política y organizativa que
ha tenido la USO en la historia del país, o tal vez por esto mismo, el Estado ha hecho recurrentes
intentos por acabar con el sindicato petrolero mediante varios mecanismos que van desde la
estrategia represiva militar y paramilitar hasta la legislativa.
Los Partidos y Movimientos Políticos
29
GALINDO LEON, Pedro Elías. Petróleo y paz. Aportes a una metodología para la negociación temática. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá, 2002. P. 104 y ss.
30
Ibid. P. 104
30
A Luchar
A Luchar surge entre los Colectivos de Trabajo Sindical CTS (organización político sindical
marxista que seguía las tesis de Camilo Torres), el Movimiento Pan y Libertad MPL (de
tendencia maoísta), la Corriente de Integración Sindical CIS (de tendencia Marxista Leninista) y
el Partido Socialista de los Trabajadores PST (de tendencia trotskista), el 4 de agosto de 1984,
después de la firma de la tregua de las FARC con el gobierno y antes de la firma de tregua del
Movimiento 19 de abril M19; como un acuerdo político sindical que expresara su oposición
contra el “proyecto burgués de diálogo, tregua y apertura democrática”31. Nace como fuerza
dispuesta a legitimar un camino de confrontación extrainstitucional convencida de que sólo con
acciones de hecho se pueden abrir caminos de expresión de los sectores populares.
Desde el momento de su conformación hasta el paro de 1985 A Luchar es una corriente política
sindical que buscaba impulsar la organización y la lucha del movimiento obrero. Posteriormente
a esta fecha, A Luchar ve la necesidad de ampliar su radio acción hasta otros sectores sociales
como los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los cristianos, entre otros, buscando
constituirse en un movimiento político de masas amplio en el que el movimiento obrero estuviera
al frente. A este movimiento se sumaron posteriormente la Coordinadora Obrera Revolucionaria
COR, el Comité de Activistas Creditarios CAC y Opinión Obrera.
Frente a la reforma a la constitución que se lanza en julio de 1987 y la elección popular de
alcaldes, en plena coyuntura electoral y de descentralización administrativa, A Luchar no
presenta candidatos y adopta una posición abstencionista, pues considera que se deben construir
formas de poder alternativo. Rechaza esta iniciativa de reforma constitucional por considerar que
en lo político no se podría evidenciar ninguna transformación real pues el poder seguiría
concentrado en el ejecutivo y en lo administrativo y los municipios seguirían dependiendo de los
ingresos del gobierno central32.
A Luchar busca entonces construir una Asamblea Nacional Popular como alternativa de poder
que busca la soberanía nacional, el no pago de la deuda externa, el cese de la militarización del
país, el derecho a la vida y la construcción de poder popular, como forma de ejercer la
democracia directa y la construcción de autoridades propias. De allí nació una campaña que tenía
como lema “El pueblo habla, el pueblo manda” que implementó mediante Cabildos Populares.
A Luchar utilizó los Cabildos Populares (asambleas donde la comunidad se reunía y ejercía la
democracia directa), para construir desde allí una propuesta política de Frente Político Amplio
que reuniera a las fuerzas de izquierda y las democráticas. Uno de estos cabildos se realizó en
Convención - Norte de Santander, con una participación de 5 mil personas, entre pobladores del
casco urbano, campesinos y el alcalde del municipio; allí se lanzó una propuesta para mejorar la
situación económica y social de la región. En Cúcuta se convocó a una marcha en la que
participaron más de 5 mil campesinos, que se reunieron con pobladores de 15 barrios de la capital
para discutir sus problemas comunes y elaborar un pliego de exigencias que se entregaría al
31
HARNECKER, Marta: Entrevista con la nueva Izquierda. Colombia: A la conquista de las grandes ciudades. Entrevista a
Nelson Berrío. P. 99 y ss
32
Ibid, p. 106 y ss.
31
gobernador del departamento. A Luchar estuvo presente en las organizaciones del nororiente
colombiano e hizo parte activa del Paro Cívico del Nororiente y de las jornadas de mayo de 1988.
A Luchar creció rápidamente entre los sectores campesinos y obreros más radicales.
Unión Patriótica UP
La Unión Patriótica se creó en 1985 como una coalición política de izquierda, como resultado de
los “acuerdos de la Uribe”, acuerdos de tregua que se realizaron entre el gobierno del presidente
Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, aprovechando el
momento de apertura política que dicho presidente presentaba. Allí confluyeron fuerzas como el
Movimiento de Autodefensa Obrera MAO, el Partido Comunista con gran incidencia, el Frente
Amplio del Magdalena Medio FAMM y algunos sectores del Partido Liberal como la Nueva
Fuerza Liberal, además de movimientos de carácter regional como el Movimiento Democrático
Popular y el Movimiento Causa Común. De esta manera, la Unión Patriótica buscó generar un
camino institucional para constituirse como alternativa real al bipartidismo liberal-conservador,
que históricamente se había consolidado en Colombia, apoyó dicha tregua y la propuesta de
reformas políticas que se estaban presentando.
La UP tenía como objetivo alcanzar una democracia verdadera superando la democracia
restringida en la que se encontraba el país, buscando el derecho a ejercer la libre oposición, en la
que participaran todos los sectores y fuerzas políticas, tanto de izquierda como democráticas,
mediante la participación abierta y la construcción de una nueva Constitución surgida de la
Asamblea Nacional Constituyente, en donde los sindicatos, las organizaciones comunales, los
estudiantes, los intelectuales, sectores del partido liberal que formaban la burguesía, entre otros,
jugaran un papel protagónico de transformación. Así mismo, promulgaba por acabar la relación
existente entre las fuerzas armadas y la guerra sucia, pues sólo 6 meses después de su
conformación habían caído ya bajo las manos de los paramilitares 165 dirigentes y militantes33.
En las elecciones de 1986 la Unión Patriótica se consolidó como la tercera fuerza parlamentaria
del país. En estas elecciones en el Departamento de Norte de Santander obtuvo 6 concejales en 4
municipios con 4625 votos y en la campaña presidencial la UP alcanzó 328.752 votos para Jaime
Pardo Leal, de los cuales 6198 votos fueron en dicho departamento34.
La Unión Patriótica fue víctima cruel y sufrió una implacable persecución y exterminio, al ser sus
militantes y dirigentes sistemáticamente asesinados, entre los cuales se encontraban
parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes sindicales y cívicos. La totalidad de los
activistas de la UP, a lo largo y ancho del territorio nacional, padecieron en carne propia la
asechanza de los actores paraestatales y la fuerza pública. Asesinatos, torturas, detenciones
irregulares, solo por mencionar algunas, se instituyeron en los mecanismos de ataque contra esta
organización.
Frente Popular
33
HARNECKER, Marta: Entrevista con la nueva Izquierda. Colombia: A la conquista de las grandes ciudades. Entrevista a
Bernardo Jaramillo de la UP. P. 11 y ss.
34
BUENAVENTURA, Nicolás. Unión Patriótica y Poder Popular. P. 96 y ss.
32
El Frente Popular nación en 1986 luego de los acuerdos de tregua y diálogo nacional entre el
gobierno y el Ejército Popular de Liberación EPL y el Movimiento 19 de abril M19.
Durante los años 80 el Partido Comunista Marxista Leninista PC - ML por medio del Frente
Popular retomó con fuerza el trabajo en Norte de Santander, en las regiones del Catatumbo y en
la provincia de Ocaña, logrando influencia en el movimiento sindical, especialmente en los
trabajadores petroleros de Barranca y Tibú, en el magisterio donde lograron presencia en
ASINORT, así como también con los empleados bancarios y los estudiantes. Entre el
campesinado hubo presencia especialmente en zonas atrasadas y marginales, “sin mayor peso
político, económico y social” en los municipios de El Zulia, Convención, Teorema, Ábrego, El
Tarra (la vereda “El Caracol” especialmente), San Calixto, Tibú (Campo Dos) y la zona rural de
Cúcuta, especialmente el corregimiento de Puerto Santander. El Frente Popular lanzó en 1988
listas propias a Consejos y Asambleas y estuvo presente en el Paro Cívico del Nororiente a
principios de junio de 1987 y formó parte de la Coordinadora Obrero Popular35.
Esperanza, Paz y Libertad
El movimiento político Esperanza, Paz y Libertad se constituyó en el período posterior a los
diálogos de paz que se desarrollaron entre el Ejército Popular de Liberación EPL y el gobierno de
Virgilio Barco (1986 – 1990). Los primeros pasos para el acuerdo de paz fueron realizados por el
EPL en el mes de mayo de 1989, donde anunciaron un cese al fuego al gobierno, pero a su vez
pidiendo el final de la guerra sucia y la apertura de canales y espacios legales para una lucha
política democrática, advirtiendo que buscaban condiciones de participación y no una revolución
por acuerdo36.
Después del llamado para concertar la paz, propuesto por el EPL, el gobierno concertó una fase
de distensión y dio curso al proceso. De tal forma, el 15 de febrero de 1991 se firmó el acuerdo
de paz entre el gobierno de Cesar Gaviria y el EPL después de dos años de negociaciones. Uno de
los pactos entre la administración gubernamental y el grupo insurgente fue el de promover la
participación política de los amnistiados, los cuales dieron lugar al movimiento político
Esperanza Paz y Libertad. En otro aparte del acuerdo, el gobierno se comprometía a salvaguardar
la vida de los excombatientes y velar por el respeto de sus derechos. Sin embargo, todas estas
promesas quedaron sólo en el papel; pocos meses después de la firma de los acuerdos las fuerzas
paramilitares arremetieron contra los desmovilizados, dando inició a las operaciones de
exterminio de esta nueva opción política.
Cabe anotar que la presencia de los militantes del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad en el
departamento de Norte de Santander era considerable, dada la presencia de varios frentes del EPL
en todo el territorio nortesantandereano, cuyos combatientes se acogieron a los acuerdos de paz
con el gobierno. Asimismo, Cúcuta se proyectó como uno de los principales centros de la nueva
35
VILLARRAGA S. Álvaro, PLAZAS N. Nelson. Para reconstruir los sueños (Una historia del EPL). Fondo Editorial para la
Paz y Fundación Progresar. Bogotá. 1994
36
Boletín Informativo Justicia y Paz. Volumen 7, Numero 3, Julio-Septiembre 1994. p. 15.
33
opción democrática, situación que aprovecharon los agentes paraestatales para arremeter contra
los activistas de oposición.
Defensores de Derechos Humanos
La labor de defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander jugó un papel importante
en el acompañamiento a las luchas sociales y campesinas de la región, la asistencia jurídica, la
educación y la denuncia, fueron herramientas preponderantes para la promoción y defensa de los
derechos humanos en el departamento, pero esta labor ha sido históricamente criminalizada y
perseguida, a tal punto que sus organizaciones fueron exterminadas de la región.
Señalamientos, seguimientos, amenazas y ejecuciones extrajudiciales fueron modalidades
utilizadas para impedir que esta labor se desarrollara en el departamento, tal es el caso de la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, seccional Cúcuta, que durante
la década del 90, la mayoría de sus miembros fueron obligados a abandonar la ciudad, otros
exiliarse para proteger sus vidas y en el año 1995 fue asesinado uno de sus mejores abogados
defensores de derechos humanos, JAVIER BARRIGA VERGEL, lo que obligó a que con el
tiempo esta seccional desapareciera.
LOS INDÍGENAS BARÍ
Su territorio ancestral se denomina Ishtana en lengua Barí. La explotación petrolera del siglo XX
por parte de empresas norteamericanas en el departamento de Norte de Santander, especialmente
en la región del Catatumbo ha afectado en forma crítica la existencia de este pueblo indígena, su
territorio y su cultura. De igual manera lo ha hecho la colonización de población migrante de
otras zonas del país, como se ha mencionado anteriormente y la presencia civil y armada del
Estado que ha afectado de forma crítica su estabilidad y existencia como pueblo.
La explotación de petróleo en el Catatumbo, según Carlos Augusto Salazar ha atravesado por tres
periodos diferenciados, el primero entre 1900-1930 que inicia la exploración del crudo en la
región y las primeras explotaciones, cuando los Bari inician su brava resistencia, el segundo
periodo de 1930-1960 que empieza con la intervención directa de las empresas y el gobierno de
Estados Unidos para controlar el petróleo en el Catatumbo con apoyo militar del gobierno de
Colombia y el tercer periodo 1961-1975 cuando los indígenas Barí buscan acuerdos con los
gobiernos después de encontrase debilitados por el genocidio de su pueblo, paralelamente se
consolida la colonización en la región generada por esta explotación.
Según este autor, los Bari pasaron de tener un territorio ancestral a inicios del siglo XX de 16000
Km2 para terminar en la década de los años ochenta, con los últimos datos que se tienen, con
2400 Km2, demostrándose que la etnia Barí ha sido una población altamente violentada y
victimizada por la explotación de recursos naturales en la región del Catatumbo.
Cambios territoriales y de población Barí
34
Año
1900
1950
1960
1970
1980
Total área
(Aprox.)
16000
7400
5100
3300
2400
Km2 Población estimada
2000
1200
800
1200
1400
(Fuente: (Bekerman 1983) Fuente. Jaramillo, 1993) Citado en: Salazar l. Carlos Augusto.
La apertura de vías, aeropuerto, bases militares, prostíbulos, clubes, pozos petroleros y los
campamentos que fueron construidos para albergar a los trabajadores para la explotación del
hidrocarburo, la infraestructura petrolera generaron el desplazamiento de varias comunidades
Barí y la pérdida de una importante porción de su territorio, tierras de gran aptitud agrícola y
productiva, sufriendo un cercamiento territorial, siendo víctimas de un genocidio que no era
producido solamente por la guerra y que “los privaba de las fuentes de recursos y de sus
condiciones básicas de movilidad y reproducción cultural”37. Así mismo, han sufrido persecución
por parte del ejército y de los grupos armados de las petroleras.
37
Ibid. P. 138.
35
En la actualidad el conflicto armado, el narcotráfico, la débil presencia del estado, los
megaproyectos de petróleo y de carbón presentes en la zona y la presión constante de la
colonización siguen poniendo en grave riesgo la supervivencia de este pueblo indígena, de su
cultura, de su territorio.
ECOPETROL ha iniciado trabajos de exploración en el Bloque Álamos 1 ubicado en territorio
ancestral Bari y con impacto directo en los territorios que ocupan en la actualidad.
Los marginados y excluidos sociales
La persecución a personas marginadas y excluidas económica y socialmente, denominada por sus
patrocinadores “limpieza social”, es otro de los crímenes que abanderaron los agentes estatales y
paraestatales en la región de Norte de Santander, especialmente en la ciudad de Cúcuta y su
región oriental, con más fuerza a partir del año 1998. Esta política de exclusión se estructuró con
el fin de “desaparecer” a los sectores marginales, que se convirtieron en el reflejo fiel de las
desigualdades estructurales mantenidas por décadas; en palabras de un analista, “en los sectores
menos favorecidos la propensión a buscar salidas ilegales para resolver su subsistencia aumenta,
en la medida en que el Estado colombiano, dependiente de las decisiones del capital trasnacional
responde a sus condicionamientos, en el marco de la globalización de los mercados, expulsando a
grandes masas de la población que no se resignan a morir de hambre”38. A su vez, los
marginados y excluidos de la sociedad representaron para la población “de bien” una mancha en
el paisaje urbano; por lo tanto, la medida a tomar fue su eliminación sistemática.
En palabras de los victimarios, su exterminio respondió a una “limpieza social” que sirve para
“eliminar a la no persona, lo inhumano, lo monstruoso, lo que atenta contra la moral y las buenas
costumbres, lo que afea, lo que se sale de las manos y, desde luego, lo diferente (...) los
delincuentes empobrecidos, las mujeres empobrecidas y prostituidas, los niños de la calle, los
recicladores de desechos, los mendigos, los homosexuales públicos y empobrecidos, los jóvenes
de sectores populares consumidores de droga, los miembros de pandillas juveniles”39, en suma, lo
que buscan las prácticas de “limpieza” es ocultar la ineficiencia del Estado para cumplir con su
labor de garante de los derechos económicos, sociales y culturales, eliminando los vestigios de la
mala administración del gobierno de turno y solucionando temporalmente un problema
estructural que no se agota y mucho menos se soluciona con la eliminación física de quienes
padecen la exclusión.
Sus principales victimarios inicialmente fueron agentes estatales, particularmente la SIJIN y
tiempo después los organismos paramilitares. El objetivo de la arremetida fueron los
homosexuales, indigentes, recicladores, vendedores ambulantes y ex - presidiarios, entre otros.
38
PEÑA, Abilio. La mal llamada limpieza social. El desprecio a lo débil y diferente, el grito de lo humano desde las víctimas.
En: Justicia y Paz. Op cit. p. 43.
39
Ibid. p. 44
36
Las prácticas delictivas en contra de estos sujetos terminaban siempre con el asesinato. Quizá lo
más revelador de estas prácticas de “limpieza” fue la intensidad de los crímenes, pues casi a
diario aparecía una persona asesinada.
MOVILIZACIONES Y LUCHAS DEL MOVIMIENTO POPUALR
El departamento de Norte de Santander ha sido siempre un escenario en el que diversos sectores
sociales han transitado un camino de luchas, de acciones colectivas, de movilizaciones, de
demandas, reclamos y exigencias, ha sido escenario de propuestas y debate, de creación de
utopías posibles, en el andar de su construcción social, cultural e histórica como región en sus
diversos territorios. Estas luchas, en muchos casos, no han surgido exclusivamente de la situación
local o departamental en la que viven sus habitantes, muchas de ellas han nacido de las lecturas
macroregionales o de las necesidades de una nación en construcción en la que los sectores
populares piden la palabra.
De estos múltiples flujos emancipatorios de acción contrahegemónica, abordaremos aquí tan sólo
dos hitos que marcaron historia en el nororiente colombiano, el Paro Cívico del Nororiente de
1987 y las Jornadas de mayo de 1988.
En una década de importantes luchas cívicas y teniendo como antecedentes el Primer Paro Cívico
Nacional realizado en 1977 y el Segundo Paro Cívico Nacional realizado en 1981 como
movilizaciones masivas de diversos sectores sociales que tuvieron gran envergadura nacional, al
Paro Cívico del Nororiente también lo precedieron las jornadas de protesta en los departamentos
de Nariño y Chocó, en los meses de febrero y mayo de ese mismo año.
El paro se gesta en el Encuentro de Trabajadores del Sector Energético del Nororiente del país en
1985, encuentro que fue convocado por la Federación de Trabajadores del Petróleo
FEDEPETROL, organización que formaba parte del Comité de Unidad del Sindicalismo
Independiente CUSI y se materializa en enero de 1987 por convocatoria realizada por la
Coordinadora Popular de Nororiente. Esta Asociación de gremios populares, sindicales y
campesinos convoca la realización de un paro obrero, campesino y popular que tuviera incidencia
macroregional y que generara acciones en los departamentos de Santander, Norte de Santander,
Arauca, Cesar y Boyacá, durante los días 7, 8, y 9 de junio de 1987 como en efecto sucedió. Su
llamado tuvo eco y sin embargo la movilización se prolongó cinco días más, por la lentitud con la
que el gobierno nacional asumió el proceso de negociación40.
En este paro participaron también la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio (en marcha
que inició en la ciénaga de San Lorenzo hasta Barrancabermeja y luego en Barranca de Loba); la
Central Unitaria de Trabajadores CUT (que participó como asesora de la comisión negociadora
en Barrancabermeja) y la Unión Sindical Obrera USO.
Paro Cívico del Nororiente: Itinerario de una protesta
40
Nelson Berrío. En: HARNECKER, Martha. Entrevista con la nueva izquierda, Nelson Berrío, A Luchar. P. 103 y ss.
37
El paro se comienza a preparar de 6 a 8 meses antes de su realización, casa por casa y vereda por
vereda. Los campesinos guardan alimento, ahorran recursos económicos para las necesidades que
pudieran presentarse y cuando finalmente llega el momento, los labriegos se organizan por
veredas, definiendo quién va al paro y quien se queda cuidando de las casas y parcelas. Se inician
las marchas a las cabeceras municipales, se definen lugares como puntos intermedios de
concentración, así como los puntos de llegada. Los pliegos de peticiones han sido construidos por
veredas, por municipios y allí mismo se nombran y eligen las personas que formarán parte de la
comisión negociadora.
En algunas ocasiones el ejército intentó impedir el paso de los marchantes pero la población logra
romper los bloqueos militares, pues el ejército acordona los poblados y ciudades donde se realiza
el paro. Las personas se organizan bien en Guardias Cívicas compuestas por grupos de 5 a 10
individuos o bien por veredas como unidades de coordinación. Se organizan comisiones de
alimentación, de salud, de seguridad.
El paro comienza a paralizar -en las cabeceras municipales y ciudades donde van llegando los
marchistas- el comercio, las actividades de las entidades oficiales, las escuelas y se va ganado
solidaridad y apoyo a los pobladores.
La respuesta frente a estas movilizaciones, bloqueos y mítines fue la militarización intensa de las
zonas, el envío de tanques cascabel a las calles de las ciudades más importantes, el
desplazamiento de contingentes enteros del ejército a los departamentos de Norte de Santander y
Arauca, el hostigamiento por retenes militares instalados en las vías de acceso a los municipios
elegidos para realizar las concentraciones, en Valledupar, Barranca y Ocaña se produjeron
prácticamente ocupaciones militares, el ejército utilizó gases lacrimógenos para disolver los
mítines, cientos de personas fueron detenidas, el gobierno estigmatizó y habló del paro impulsado
por la guerrilla, la dirección nacional liberal prohibió a sus militantes participar en el paro y los
medios de comunicación generaron procesos de desinformación y contra-información.
Sin embargo hubo muchos logros, el altísimo grado de participación y de articulación de
diferentes sectores sociales de toda la región, se ganó en organización campesina y popular, se
firmaron acuerdos con el gobierno y aunque éste se comprometió a invertir en obras públicas y a
que las procuradurías regionales investigaran los casos de amenazas, asesinatos y desapariciones
que se venían dando en el contexto de la guerra sucia, los temas de la desmilitarización y de la
soberanía nacional fueron negados para negociar. Las demandas de los diversos sectores
evidenciaban el fracaso de los programas de gobierno y la ilegitimidad que tenía el régimen
político.
El Paro del Nororiente, a pesar de ser un paro de tipo regional, logró tener una envergadura
nacional y fue el tema obligado de los más importantes medios informativos nacionales y
regionales, así como de gobernadores, ministros, partidos políticos y la población en general. Se
movilizaron decenas de municipios y ciudades, aquellas cercanas a Valledupar, Ocaña, Chitagá,
Barrancabermeja, Tibú, San Vicente de Chucurí, Saravena, San pablo, Tame y Arauquita.
Aunque la expresión social y organizativa más poderosa fue la de los campesinos que
movilizaron a 120.000 labriegos, sin contar con los pobladores urbanos que se unieron a las
38
marchas, el paro afectó también la producción petrolera de Tibú, la actividad económica de
Barrancabermeja y la actividad laboral de los trabajadores de INDUPALMA.
¿Cuáles fueron las razones para la protesta?
En este paro se dieron a conocer unos pliegos de exigencias construidos entre los diversos
sectores sociales presentes en la región, que tenía que ver con demandas sobre servicios públicos,
salud, educación, vivienda, recursos naturales, derechos humanos, civiles y políticos y derechos
laborales.
Los trabajadores de la salud pedían que se solucionaran de una vez por todas los problemas de
presupuesto y los laborales; los maestros exigían que se respetara el derecho a trabajar y que se
firmaran contratos a término indefinido; en la defensa de los recursos naturales se solicitó la
protección de la empresa Fertilizantes de Colombia FERTICOL (que posteriormente fue cerrada),
la recuperación del río Magdalena y que ECOPETROL rompiera los contratos de asociación con
las multinacionales, con el fin de que fuera el propio colombiano el que explotara sus riquezas41.
Así mismo se pedía agua potable, recursos para el funcionamiento de universidades, el cese a los
desalojos de los predios ocupados pacífica y productivamente por miles de campesinos en la
zona; respeto a la organización, a la movilización y a la libre expresión, además de pedir por la
soberanía nacional. Un punto muy importante en estos pliegos de peticiones estuvo relacionado
con el respeto a la vida, frente al cual se pedía la desactivación de los grupos paramilitares, el
levantamiento del estado de sitio y el cese a las detenciones, las torturas y las desapariciones que
se venían dando en la región42.
A continuación se presentan los pliegos de peticiones que fueron elaborados, como se ha visto,
por los pobladores de cada municipio de Norte de Santander de acuerdo a las necesidades más
sentidas de sus territorios, para el Paro del Nororiente. Aunque las peticiones son básicamente las
mismas, con algunas pequeñas variaciones, se incluyen las listas completas para obtener una
mirada general sobre las grandes dimensiones que tenía la problemática social, condiciones de
pobreza y marginalidad, precariedad en la prestación de servicios básicos, ausencia del Estado,
que vivían y que aún hoy siguen viviendo los pobladores del departamento. Se ha puesto en
negrilla las exigencias relacionadas a comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y violación a los
Derechos Humanos y derechos fundamentales:
PLIEGOS DE PETICIONES Y ACTAS DE ACUERDO DEL PARO DEL NORORIENTE
EN NORTE DE SANTANDER
PLIEGO DE PETICIONES DEL PARO DEL NORORIENTE POR MUNICIPIOS EN NORTE DE SANTANDER43
Acta de compromiso entre el Gobierno Departamental, la Administración Municipal, las Comunidades Campesinas de
TOLEDO, LABATECA Y CHITAGÁ.
41
El Yariguí Chucureño. Junio 7, 8 y 9: Paro del Nororiente. Mayo de 1987, p. 1
HARNECKER, Martha. Entrevista con la nueva izquierda, Nelson Berrío, A Luchar. P. 103.
43
COORDINADORA NACIONAL DE MOVIMIENTOS CÍVICOS. Marchas, tomas y paros cívicos: Actas de Compromiso.
42
Bogotá.
39
Nombramiento de maestros, reparación y dotación de escuelas
(unidades sanitarias, conducción de aguas limpias, salones).
Designación de médicos permanentes y promotores de salud, dotación
4 noviembre 1986
y mantenimiento de centros de salud.
Vías de comunicación y
Construcción de carreteables, mantenimiento y adecuación de vías,
carreteables
mantenimiento de caminos, reparación de puentes y hamacas,
sostenimiento de plazas de maestros.
Electrificación
Electrificación de veredas y lograr aprobación de planes de
electrificación en zona de conflicto.
Acta de compromiso suscrita entre los integrantes de la Comisión Negociadora de la Movilización Campesina del 23 de
Marzo “Coordinadora Veredal de la Trinidad” y el Equipo de Gobierno Departamental de Norte de Santander, después de
tres días de negociaciones
Ampliación del centro de salud de Guamalito, municipio de El
Carmen, construcción y dotación de puestos de salud en Cartagenita,
Salud
La Trinidad, Teorema, San Calixto, Miracotes, Santa Inés,
remodelación del Hospital “Benito Ovalle”, nombramientos de
médicos, odontólogos, promotores rurales.
CONVENCIÓN
Adquisición del predio Río Negro, definir linderos de la reserva
Motilón Barí, constitución del resguardo, continuar titulación de
Sector Agrario
baldíos, programas de desarrollo agropecuario, apertura de una agencia
26 de marzo de
de la Caja Agraria en El Carmen, cursos de artesanía, proyectos
1987
rentables de ovinos o porcinos, programas de inseminación artificial.
Vías de comunicación
Construcción de cinco carreteras, construcción de puentes.
Construcción de locales
Centros múltiples, cooperativas, Casas Campesinas.
Educación
Construcción de escuelas, nombramientos para el Instituto Agrícola,
Profesores.
Acta de compromiso suscrita entre el Gobierno Departamental y Nacional, con el Comité Organizador del Paro Cívico del
Nororiente Colombiano
Pavimentación de vías, terminación de plazas de mercado y del centro
de capacitación comunitaria, casa campesina, incrementar la
capacitación a distancia de inseminación artificial, capacitación
CHITAGÁ
empresarial campesina, contabilidad y electricidad, iluminación del
8 de junio de 1987
parque, construcción de carreteables, local para tenderos en Cúcuta
para venta de productos de la región, nombramiento de maestros,
acueductos y planta de tratamiento, puentes, escuelas, garantizar el
libre y normal desplazamiento de las comunidades participantes en el
paro y del Comité Organizador.
Educación
Salud
Pliego de peticiones suscrita entre la Alcaldía Municipal de Tibú, la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y la
Comisión Negociadora del Paro del Nororiente Colombiano
Acueducto y alcantarillado, condonación del la deuda de habitantes
con EMPONORTE, construcción del matadero, servicio de telefonía
Servicios públicos
de Telecom, refinanciación de las deudas de los campesinos por parte
de la Caja Agraria, entrega de fincas de colonos a indígenas de la
comunidad BEBOQUIRA.
Nombramiento de maestros44, construcción de la casa cultural, pago de
salarios atrasados de los maestros, centro zonal del Instituto
Educación
Colombiano de Bienestar Social ICBF y programas de asistencia legal,
nutrición y protección a la niñez.
CATATUMBO
Plan de vivienda para 150 familias con el Instituto de Crédito
11 de junio de 1987
Vivienda
Territorial, terminación y dotación de la Casa Campesina de Tibú, El
Tarra y La Gabarra.
44
Sin embargo, “la COMISION NEGOCIADORA DEL PARO CIVICO DEL NORORIENTE, región del CATATUMBO dejan
constancia que la solución al problema de la educación no es el nombramiento de maestros pro contratos”. oordinadora Nacional
de Movimientos Cívicos, ACTAS DE COMPROMISO.
40
Recursos Naturales
Vías
Salud
Electrificación
Acueducto
Indemnizaciones por parte de la Occidental de Colombia para
campesinos afectados por la avalancha del río Tibú, Vivero Central de
Tibú por parte de CORPONOR, Campañas de Educación Ambiental
en las escuelas, montaje de viveros veredales (Río de Oro, El Tarra,
Luis Veros), reforestación, Programa de Granjas Integrales por parte
de CORPONOR, modelos de sistemas agroforestales, estudio de
rayandería de yuca, agilización del resguardo Motilón Barí, Programa
de capacitación y Desarrollo crediticio para indígenas, adquisición y
adjudicación de terrenos para población de Campo Hermoso,
adjudicación de tierras, estudios para la titulación de baldíos.
Pavimentación de vías, carretera Tibú-El Tarra, y construcción de siete
caminos vecinales.
Hospital de San José de Tibú, puestos de salud SAPHADANA,
IKIAKARORA, Río de Oro, La Gabarra, Campo Dos, Petrólea;
unidad médica móvil, centro de salud de El Tarra.
Electrificación de La gabarra.
Acueducto en la Angalia y Playa Cotiza.
Acta de Acuerdo sobre el pliego de exigencias del Paro Nororiental Colombiano en Ocaña,, después de una amplia
discusión vereda por vereda y punto por punto, 13 de junio de 1987
Educación
Escuelas rurales y su dotación, Unidad sanitaria, nombramiento de
profesores, construcción de restaurantes escolares
Salud
Dispensario de salud, dotación de droga para puestos de salud.
Infraestructura
Mantenimiento de carreteras, construcción de puentes, acueducto rural
Hacarí
y planta de tratamiento, Casa campesina, servicio de
telecomunicaciones, estudios de formación a distancia por el Sena
Educación
Nombramiento de profesores, dotación para las escuelas.
Salud
Vivienda para el médico, Puestos de Salud, creación de botica
comunal.
San Calixto
Infraestructura y otros
Construcción y mantenimiento de Carreteras, puentes, acueductos y
alcantarillados, casa campesina, remodelación del matadero,
suministro de implementos deportivos.
Educación
Construcción de colegios, reparación de escuelas, nombramiento de
profesores.
Salud
Ampliación, remodelación y dotación de los puesto de salud.
Acueducto, construcción de escuelas, programa de caminos veredales,
Ábrego
Infraestructura y varios
suministro de herramientas, ensanche de carreteras, instalación de
trapiches, reubicación de las familias de la reserva forestal de Ábrego,
rebaja de tarifa de agua.
Educación
Reparación y dotación de escuelas, nombramiento de profesores.
Salud
Construcción y dotación de puestos de salud, creación de boticas
comunales.
Construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, acueductos y
Convención
Infraestructura y varios
alcantarillados, campos deportivos, Casa Campesina, caseta de
Telecom, dotación y remodelación del Hospital.
Educación
Nombramiento de profesores, dotación de escuelas.
Salud
Remodelación y dotación de puestos de salud y letrinajes.
Construcción de carreteras, acueductos, carreteables, canchas
Infraestructura y varios
deportivas, parques, puentes, cambio de transformador y alumbrado
La Playa
público, electrificación, programa de formación a distancia por el
Sena, suministro dispensario.
Educación
Restaurantes escolares, dotación de escuelas, nombramiento de
profesores.
salud
Construcción y dotación de Puestos de salud.
Mantenimiento de carreteras y levantamiento topográfico para su
construcción, tuberías, construcción de bodega de almacenamiento de
Infraestructura y varias
productos agropecuarios, implementos deportivos, arreglo de caminos
El Carmen
veredales, letrinas, casa campesina, centro múltiple, acueductos,
campos deportivos, programa de formación a distancia por el Sena,
Educación
Nombramiento de profesores, dotación para escuelas veredales.
41
Salud
Teorama
Infraestructura y varias
salud
Ocaña
(Sector Rural)
Sector vías y varios
Remodelación, dotación, y funcionamiento del Hospital,
nombramiento de promotores de salud.
Construcción de carreteras, acueducto y planta de tratamiento, casa
campesina, programa de formación a distancia del Sena.
Contratación de médico, ambulancia, inventario de puesto de salud.
Construcción de carreteras y puentes, electrificación, planta municipal
educativa, dispensarios para zonas rurales, suministro de botiquines
médicos, reparación de escuelas, acueducto y alcantarillado, escuelas,
rutas de transporte, estudio del Plan de desarrollo, proyecto fiquero,
condonación de deudas con EMPONORTE, central de transportes de
Ocaña, centro de acopio de Ocaña, planta física de seccional de la
Universidad Francisco de Paula en Ocaña, disminución de tarifas de
servicios públicos, crear un organismo del orden departamental de
cultura, establecer sede de bellas artes de la Universidad Libre en
Ocaña y presupuesto para su funcionamiento, equipos de patología y
cavas para el Hospital, condonación de deuda de comunidad de barrios
de Ocaña, plan de telefonía rural, caminos veredales, corregir déficit
presupuestal de la universidad Francisco de Paula Santander y
congelación de matriculas, investigación de las renuencias sobre la
existencia de grupos paramilitares, garantías de libre
movilización, ausencia de represalias por parte de las autoridades
militares y las entidades oficiales contra las personas participantes
en el paro, garantía de las libertades políticas para los nuevos
grupos políticos que surgieren en la región.
Vistos los pliegos de peticiones elaborados en los contextos rurales, a continuación se presenta el
Acta de Compromiso de la Ciudad de Cúcuta. Vale la pena notar que las exigencias no están
discriminadas por sectores (salud, educación, infraestructura), sino que se elaboró un paquete
general que involucra básicamente los barrios y las comunas que, como mencionamos con
anterioridad, y como se presentará en el aparte de esta capital, hacen referencia a las luchas
cívicas de la ciudadela Juan Atalaya:
CIUDAD DE CUCUTA
Acta de compromiso, de acuerdo a las peticiones realizadas por los Representantes de la Marcha Campesina, el gobierno
concluye lo siguiente
Ampliación de horarios de prestación de servicios de agua en barrios
marginales, exoneración de deudas de acueducto, alcantarillado y aseo
para barrios que no cuentan con el servicio, construcción de
alcantarillado para Doña Ceci y Antonia Santos, presentación de informe
por parte de las Empresas Municipales sobre estado de acueducto y
alcantarillado en el barrio Belisario y presentar prioridad de prestación
Cúcuta
de este servicio, cumplimiento de los turnos de aseo en la ciudad por
18 de septiembre de
parte de las Empresas Municipales, ensanche de servicio de aseo a
1987
barrios que no lo tienen, ampliación de acueducto de la ciudad,
construcción de vías de barrios Niña Ceci y el sector siete de agosto,
entrega de informe por parte de la Empresa Centrales Eléctricas de
Norte de Santander sobre programas adelantados de alumbrado público
de barrios marginados y sobre políticas para instalación de
electrificación, participación de todos los sectores afectados o
interesados en los problemas fronterizos colombo-venezolanos en la
Asamblea de Parlamentarios Colombianos, garantizar el normal
desarrollo de las investigaciones a funcionarios que incurran en abuso de
autoridad en la zona fronteriza.
Tras la realización en el mes de junio de 1987 del exitoso paro cívico que cobijó los
departamentos de Santander, Cesar, Norte de Santander y la por entonces intendencia de Arauca,
42
trece dirigentes que participaron en las negociaciones y mesas de discusión con representantes del
Estado fueron asesinados entre junio y septiembre del mismo año.
A finales del mes de junio de 1987 se conocieron las llamadas "Listas de la muerte" que incluían
a cientos de personas en todo el país. La lista que recogía los nombres de 77 personas a las que se
iba a asesinar fue elaborada por grupos paramilitares. Además de los asesinatos de dirigentes
campesinos y sindicales en Bucaramanga, Barrancabermeja y otras regiones de Santander y Norte
de Santander, las sedes de ASINORT en Cúcuta y Ocaña fueron semidestruidas por las bombas
paramilitares y los dirigentes sindicales de USITRAS, ASINORT y USO fueron amenazados de
muerte45. En las listas, que incluían cuatro familias, se señalaba con nombre propio a los
residentes de diferentes municipios del departamento de Norte de Santander, entre los cuales
figuraban: un concejal por la Unión Patriótica UP, dirigentes cívicos y varios campesinos
conocidos en la región.
A partir de este suceso se puso de manifiesto la utilización de grupos paramilitares para realizar
la labor de exterminio de los dirigentes campesinos relacionados con el Paro Cívico del
Nororiente en el país, desvinculando con ello a las fuerzas de seguridad del Estado que
participaron de la elaboración de las "listas negras", así como a los sectores políticos y
económicos afectados en sus intereses por este paro cívico. En contraste, las soluciones a las
reivindicaciones planteadas en los pliegos estaban lejos de verse convertidas en hechos, situación
que hizo que las marchas campesinas del año siguiente pusieran en la cabeza de sus acciones la
defensa de la vida por encima de las carencias regionales y sociales.
Las Jornadas de Mayo del 88
Las marchas realizadas entre el 22 y el 30 de mayo de 1988 o Jornadas de Mayo como se les
conocieron movilizaron 80 mil campesinos, pobladores y trabajadores de Santander, Norte de
Santander, Cesar, Sucre, Córdoba, Bolívar, Nordeste antioqueño, Magdalena, Atlántico y Arauca.
En Bogota se dieron marchas de respaldo con un paro cívico en el sur de la ciudad y con una
concentración en el centro de la capital, realizadas con el carácter de asambleas populares,
además de la toma de la embajada de México por estudiantes, trabajadores y pobladores.
Aunque no llegaron a las capitales de los respectivos departamentos como se había planteado en
los objetivos principales de las movilizaciones, a diferencia del Paro del Nororiente que había
buscado llegar a las cabeceras municipales, estas acciones lograron tener un gran impacto en toda
la macro región por su acción en una gran amplitud territorial (costa atlántica, nororiente y parte
de Antioquia) y por la participación masiva de diversos sectores sociales, logro obtenido pese a
que el gobierno había hecho prohibiciones expresas de no participación ni apoyo, amenazando
con utilizar la fuerza, mediante la toma por parte del ejercito de las ciudades de confluencia.
Estas jornadas de movilización fueron apoyadas por un paro de 48 horas que realizaron los
trabajadores petroleros de Barrancabermeja y de bloqueos y movilizaciones de cerca de 5000
obreros en Mamonal, Cartagena, además de las tomas de las procuradurías regionales en
Barranquilla y Bucaramanga.
45
Periódico Revolución. 3 al 9 de agosto de 1987, p.4
43
En las Jornadas de Mayo, aparte de la exigencia por el cumplimiento de los compromisos
firmados por el gobierno en el Paro del Nororiente, que no habían sido cumplidos y por la
exigencia del Derecho a la Vida, la población se movilizó sumando la bandera de las “libertades
políticas” y el “derecho a la movilización”.
En esta ocasión y después de la experiencia que había obtenido el gobierno con el Paro del
Nororiente, el ejército lanzó una línea de contención, primero contra los indígenas y campesinos
que se desplazaban de Santa Marta a Fundación, ocasión en la que hubo heridos y desaparecidos
y luego contra los 5 mil marchistas que venían del Sur de Bolívar hacia Cartagena, quienes
fueron detenidos por un cordón militar en el municipio de Magangue. A las marchas provenientes
de Santander se les tendieron cordones militares pero además se les hizo bloqueo de alimentos,
les decomisaron la comida e inmovilizaron el transporte.
Es decir, el gobierno a través del ejército utilizó variados mecanismos de represión: bloqueo de
vías principales, inmovilización de vehículos, decomiso y destrucción de alimentos, detención de
participantes, desalojo violento de los lugares de concentración y de refugio.
Después de que los sectores sociales movilizados lograron ejercer mucha presión sobre los
gobiernos regionales y central, en las jornadas de mayo sólo se lograron negociar los pliegos del
Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el departamento de Bolívar.
¿Y después de las movilizaciones qué…?
En la década del noventa en el departamento de Norte de Santander el sector campesino continuó
siendo uno de los más golpeados por las acciones de las fuerzas militares y paramilitares. Por un
lado, en su afán de presentar resultados y desarticular cualquier tipo de propuesta comunitaria, los
militares continuaron sindicando a sus víctimas de ser colaboradores de la guerrilla o de militar
en sus filas, sindicaciones que son por demás una práctica constante que da lugar a la impunidad
y legitiman el accionar criminal de las fuerzas militares. Pero además de seguir siendo señalados
como una población potencialmente subversiva, sus organizaciones comunales y sus líderes
cívicos comenzaron a ser exterminados por las estructuras paraestatales.
Otra práctica criminal consistió en el accionar de victimarios que no pudieron ser reconocidos y
por tanto, no fue posible dirigir una acusación que permitiera identificar a los responsables de
estas acciones de las cuales han sido víctimas las comunidades campesinas. Cubrir el rostro con
pasamontañas, utilizar camionetas con vidrios polarizados, secuestrar a sus víctimas y
presentarse en grupo vestido de civil y disparar sin mediar palabra, son algunos de los
mecanismos que junto a la intimidación, la amenaza y el abandono de cadáveres evitaron que los
posibles testigos identificaran a los victimarios.
En muchos de estos casos se denunció la presencia de paramilitares en la zona, especialmente la
región del Catatumbo, donde el accionar paramilitar cobró numerosas vidas.
Debe insistirse aquí en el hecho de que los mecanismos operativos empleados por los que algunos
llaman “desconocidos” son los mismos empleados por los grupos paramilitares. Además, desde
comienzos de los años noventa se vislumbró otra forma de victimización: la aparición de
44
cadáveres dejados en parajes solitarios rurales, signo inequívoco de la violencia que se desató en
las zonas donde han tenido presencia estos grupos paramilitares. Teniendo en cuenta lo anterior,
podemos sostener que las muertes ejecutadas por agentes “desconocidos” bajo las modalidades
descritas son propiamente responsabilidad de estructuras paramilitares, pues dicha operatividad
es la que manejan y han manejado estas maquinas de exterminio y de terror.
45
4. PROVINCIA DE OCAÑA
PROCESOS CRISTIANOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Las Comunidades Eclesiales de Base –CEBS-46 y los grupos cristianos, quienes tenían trabajo y
hacían presencia en Ocaña, San Calixto, La Playa y Mesa Rica, crean en 1973 “Hombres Nuevos
para un Mundo Nuevo”, organización que en sus inicios estuvo conformada por animadores que
venían del proceso de formación denominado “Cursillos de Cristiandad”, fundamentándose en la
teología de la liberación como doctrina orientadora de su práctica social y donde recorrían las
comunidades en los barrios para conocer sus realidades específicas. Allí participaron Salomón
Avendaño, Jorge Rincón, Fernando Quintero, Miguel A. Quintero, Jorge Ramírez, El Gato, Deisy
Avendaño, María Andrade Rincón, Otilia Gómez, Marvin de la Hoz, Ana Josefa Jácome, Isabel
Rincón, Ofelia Vergel, Argenida de Bacca, Natali Vanegas, Juan Romano Marun, Leonel Pineda
y los sacerdotes españoles Miguel Linares Troyano y Lorenzo García, de origen español, y
Milcides Rico de Colombia.
“Hombres Nuevos para un Mundo Nuevo” buscaba generar procesos de formación política y
conciencia en las comunidades sobre los problemas estructurales de la sociedad, mediante la
creación de emisoras comunitarias, la emisión de programas radiales, la impresión de periódicos;
espacios donde se discutían pasajes de la Biblia y se pedía por los derechos básicos de la
población, tales como educación, vivienda, agua y vida digna. Así mismo, crearon supermercados
y cooperativas que comercializaban productos más baratos a la población. Este fue el caso en la
cooperativa de pescadores de Pita en el departamento de Cesar, en donde se organizaron para
vender sus productos a mejores precios sin intermediarios, aportando dinero a la parroquia.
Hombres Nuevos preparaba novenas, aguinaldos, encuentros comunitarios, mingas de trabajo
para las cosechas, asesorías contables para las cooperativas.
Posteriormente en Ocaña se crea el depósito cooperativo (supermercado) y surge la central
cooperativa conformada por pre-cooperativas y cooperativas en la Provincia y al sur del
departamento del Cesar.
El gobierno empieza a percibirlos como una amenaza y empiezan las persecuciones contra esta
agrupación, materializada en la primera masacre, ocurrida en la vereda Mesa Rica en el
Municipio de Ocaña, donde son asesinados varios miembros de la familia Ascanio.
Sintiéndose amenazada, la Iglesia retira formalmente a “Hombres Nuevos para un Mundo
Nuevo” de su estructura, como también sucede en la Pastoral Social en 1984.
Salomón Avendaño tuvo que desplazarse posteriormente a varias ciudades del país, pues sufrió
amenazas y persecuciones. Un representante de las comunidades de Mesa Rica, vereda del
municipio de La Playa en la provincia de Ocaña, Abraham Ascanio, en sus relatos cuenta que
nació con los Cursillos de Cristiandad en 1969 con los padres Francisco Linares, Franciscoo
Núñez, De la Fuente, el ocañero Ramón Emilio Mora, acompañados de Marbel Muñoz y del
docente Antonio Sierra.
46
Grupo Focal. Entrevista realizada a integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base de Ocaña el día 21 de junio de 2006.
46
Por esta misma época las Comunidades Eclesiales de Base CEB’s se empiezan a organizar a nivel
parroquial, en las veredas se conforma una junta central y se reunían para analizar los problemas
de la región como la falta de vías y de escuelas, los altos costos de los alimentos, de esta manera
se organizaban con palas y picas para trabajar en las vías, la consecución de los maestros y
recursos para la infraestructura de los centros educativos, la comercialización de productos
agrícolas como el café, la cebolla, el fríjol. En este escenario surgió la idea de conformar el grupo
pre-cooperativo para aliviar el precio del transporte, y la venta de productos agropecuarios y se
consiguen mejoras en los transportes, adquisión de vehículos y mejoramiento de vías.
La formación política de las comunidades, realizada por esta y otras agrupaciones populares,
empieza a incidir en la organización comunitaria, en 1985 realizan un paro en la ciudad de Ocaña
y para el año 1987 los problemas en la zona, como la falta de puentes sobre los ríos, las
comunicaciones terrestres, la ausencia de un hospital que prestara servicios de calidad, la falta de
electrificación se agudizan y las agrupaciones cristianas entran a participar en el Paro Cívico del
Nororiente por estos reclamos. De esta manera fue creciendo la protesta social, traducida en
paros, movilizaciones, cabildos populares, etc. Posteriormente el trabajo se vio fuertemente
disminuido, los señalamientos, la persecución, las amenazas, las detenciones arbitrarias, las
torturas, los atentados, los hostigamientos y los asesinatos han debilitado el proceso organizativo
de estos grupos.
Casos son el asesinato de Adriano Ascanio ocurrido en Ocaña en 1999, denuncia presentada ante
la defensoría del pueblo de la ciudad de Cúcuta, Yolanda y Yadira Pérez,
Movimiento Cívico y Popular de Ocaña
Juntas de Acción Comunal JAL, el proceso “Hombres Nuevos para un Mundo Nuevo”,
cooperativas, madres comunitarias, organizaciones de mujeres, líderes naturales, dirigentes
comunales, cívicos y barriales, sindicatos (Sintramunicipales, Sintraminobras, Sintratelecom,
Asinort, sintrahospitales, centrales eléctricas, entre otros), dan origen el 11 de junio de 1985 al
Movimiento Cívico y Popular de Ocaña, que llegó a tener una gran incidencia política en toda la
provincia.
Los primeros visos de la represión contra la población de la Provincia de Ocaña se evidenciaron
a finales de los años setenta, cuando la fuerza pública dio inicio a una estrategia de persecución
sistemática contra los sectores organizados, como obreros y trabajadores agremiados, sectores que
impulsaban la lucha popular en el departamento. Esta represión -que inicialmente era centralizada
y legal y era comandada por los efectivos del Batallón Santander -creado en 1978 y con sede en
Ocaña- se modifica sustancialmente a comienzos de los años ochenta, dando paso al empleo de
mecanismos irregulares que garantizaron la impunidad de los crímenes contra la población,
tratando de encubrir cualquier tipo de vínculo del estado en la comisión de los mismos.
El accionar paramilitar se abrió paso en todo el departamento arremetiendo contra los
campesinos, trabajadores, sindicalistas y líderes cívicos, quienes eran vistos por el
establecimiento y las estructuras paraestatales como opositores del sistema, y por ende, como un
peligro para su permanencia, razón por la cual debían ser eliminados. Uno de los primeros
47
objetivos de los grupos paramilitares que incursionaron en la Provincia de Ocaña, fueron los
miembros del Comité Cívico y Popular de Ocaña.
La lucha cívica, obrera y popular de los habitantes de la Provincia comenzó a ser acallada con la
irrupción del paramilitarismo a través de estructuras como la Sociedad de Amigos de Ocaña –
SAO-, grupo paramilitar que empezó a ejercer el control en la región desde mediados de los
ochenta, arremetiendo inicialmente contra
el Comité Cívico y Popular de Ocaña y
posteriormente contra todo aquel que hubiese participado en el Paro cívico del Nororiente y las
Jornadas de Mayo del 88; persecución que fue implementada a su vez por las fuerzas militares.
A esta oleada de violencia se sumó la persecución en toda la región contra sectores marginados
que se justificaron como “limpieza social”, y fue realizada por escuadrones de la muerte como
“La Mano Negra”, grupo paramilitar proveniente de Santander y cuyo accionar se extendió
paulatinamente al departamento nortesantandereano. Así mismo hicieron presencia en la zona
grupos paramilitares como el Muerte a Secuestradores MAS, Muerte a Comunistas MACO, los
MASETOS y COLSINGER.
Durante la década del noventa la comisión de CLH en el territorio correspondiente a la Provincia
de Ocaña se incrementó sustancialmente, mediante el accionar de los “desconocidos”, quienes se
movilizaban en motocicletas o vehículos desde los cuales interceptaban a sus víctimas dándoles
muerte inmediata o reteniéndolos para asesinarlos posteriormente.
La represión contra los habitantes de la Provincia de Ocaña se intensificó en el año de 1993, año
en el que “hacen presencia los paramilitares en la provincia de Ocaña, en los municipios de
Ábrego y Cáchira, quienes se trasladan desde el Sur del Cesar, en especial de los municipios de
San Alberto y San Martín. Esta presencia paramilitar se caracteriza por los primeros
desplazamientos forzados – inicialmente en poco volumen – y por el asesinato selectivo de líderes
sociales, en especial de aquellos que participaron a finales de los años ochenta en convocatorias
de movilización popular o participaron en la elección popular de alcaldes y concejales”47. Uno de
los escuadrones de la muerte que se encargó de sembrar el terror contra los campesinos y los
pobladores urbanos de la provincia fueron “Los Tunebos”.
Paralelamente, las unidades de la Brigada Móvil No 2 comenzaron a sembrar el terror en toda la
región, ocupando militarmente poblaciones como Ábrego, en donde varios pobladores fueron
detenidos y sindicados como subversivos. La comisión de CLH continuaría ascendiendo, a
medida que las tropas paramilitares se posicionaban en la zona e imponían su autoridad por la
fuerza y la sangre.
La situación se agravaría con el devenir de la segunda mitad de los años noventa, período en el
cual las tropas paramilitares comenzaron a implementar las masacres como un método expedito
para exterminar los movimientos sociales y a todo aquel que contraviniera su orden hegemónico,
asumiendo el control de la región. Este mismo método criminal se empleó también por la fuerza
pública, la cual, bajo el pretexto de la lucha contrainsurgente arremetió contra el campesinado.
47
Informe de la Misión Humanitaria “Por la Vida del Catatumbo”. Septiembre 6 al 9 de 2004. Bogotá,
Noviembre de 2004. p. 7.
48
La aparición de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU- y con ellas las
Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- en el departamento nortesantandereano conllevó a que
la comisión de CLH continuara ascendiendo de manera alarmante. Este grupo paramilitar se
posicionó en la Provincia de Ocaña a finales de los noventa; “las acciones de las ACCU-AUC en
la Provincia de Ocaña, al parecer, se encuentran relacionadas con la posibilidad de establecer la
conexión entre el Magdalena Medio, el Sur del Cesar y el resto del departamento de Norte de
Santander. El bloqueo de este corredor significa, en la lógica del conflicto, la posibilidad del
aislamiento y la dispersión de fuerzas por un lado, y el control de una retaguardia segura para los
movimientos de expansión paramilitares hacia los frentes norte y oriental, por el otro”48.
A finales de la década de los setenta y durante los años ochenta, se manifestó la agudización de
la persecución contra el sector sindical nortesantandereano. En general las víctimas pertenecían a
grupos de trabajadores organizados y a empleados que reivindicaban sus derechos laborales por
medio de huelgas y manifestaciones cuyo objetivo principal era el de ser escuchados y atendidos
por el estado.
La represión contra los trabajadores en el municipio de Ocaña se desencadenó el 13 de febrero de
1979 cuando el empleado CARLOS DURAN CLARO, miembro de una organización sindical,
fue detenido, torturado, sindicado y procesado por miembros del ejército. Posteriormente, Carlos
fue recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Paralelamente a los constantes operativos militares en la población de Ocaña, se presentaron los
patrullajes de los paramilitares, quienes comenzaron a controlar la región por medio del terror y
la comisión de crímenes. Coincidiendo con esta operatividad, el accionar de los “desconocidos”
se extendió durante finales de los ochenta y comienzos de los noventa. Las prácticas criminales
de este tipo de agentes se aunaron a las actuaciones coercitivas desplegadas por los miembros de
la Policía Nacional, quienes también fueron responsables de la eliminación de decenas de
habitantes de la localidad.
Persecución a marginados sociales
La década de los ochenta estaría atravesada por la persecución permanente contra los marginados
sociales; de esta manera, junto a la consolidación del paramilitarismo como principal herramienta
del nuevo modelo represivo del Estado en anuencia con los miembros de la fuerza pública,
comenzó una estrategia de “limpieza social” que buscaba “quitar” de la región a las personas al
margen de las actividades productivas comunes o aquellas en extrema pobreza. A continuación se
presentan algunos casos que describen la situación enunciada.
El 23 de septiembre de 1985, ANA DIVA LIZARAZO BARONA, de 22 años, LUIS CARLOS
ORTEGA FRANCO, de 25 años, HUGO SANCHEZ NAVARRO, y un hombre llamado
JOVANNY, de 22 años, fueron asesinados en la zona urbana de Ocaña por 6 hombres armados
entre los que se encontraban miembros del Ejército, paramilitares y 2 agentes de policía de
apellidos Ladino y Collazos. Los asesinos llegaron a la humilde vivienda donde se encontraban
las víctimas y sin mediar palabra las asesinaron. Dos años más tarde, el 16 de julio de 1987, los
48
http//www.mindefensa.gov.co/derechos_humanos/desplazados/20011201informedefensoríadesplazados.pdf
49
jóvenes SAID RINCON y LUBIN BARBOSA, habitantes de un sector popular, fueron
asesinados por el grupo paramilitar "Escuadrón de la Muerte".
Las brigadas de limpieza social prosiguieron el 9 de marzo de 1988, cuando el latonero
MIGUEL ROJAS ARENAS, de 25 años, fue asesinado por desconocidos de tres disparos en la
cabeza con arma de fuego. La misma suerte corrió el ex presidiario SALVADOR LOPEZ
TRILLOS, asesinado por miembros del grupo paramilitar La Mano Negra, en inmediaciones de
la plaza de mercado, el 20 de octubre de 1988.
Dos meses más tarde, el 18 de diciembre de 1988, MARTIN TRILLOS fue asesinado de varios
disparos por “desconocidos” de varios disparos, en la vía circunvalar de Ocaña. Recientemente
había terminado de purgar una condena judicial de 29 meses de prisión.
La persecución contra ASINORT
La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos ASINORT, fue creada a finales de la
década del cincuenta en la ciudad de Cúcuta. Este gremio sindical surgió como producto de la
fusión del Comité de Acción Social y Económica del Magisterio y la Asociación de Institutores
Jubilados de Norte de Santander. Uno de los propósitos centrales de ASINORT desde su
aparición fue el de liderar la lucha por los “intereses sociales, económicos y culturales del
magisterio Nortesantandereano”. En la década del sesenta, la Asociación se afilió a la UTC, y a la
Unión de trabajadores de Norte de Santander UTRANORTE, gremios con los cuales, el Sindicato
de Profesores lideró importantes reivindicaciones laborales en todo el departamento durante el
curso de la década del setenta.
Desde comienzos de los ochenta, los educadores de Norte de Santander lograron consolidar un
gran numero de organizaciones y sindicatos cuyas manifestaciones y protestas sociales tuvieron
una gran acogida y apoyo por parte de otros gremios sindicales que los respaldaron en la
realización de marchas y movilizaciones cívico - populares.
Las importantes reivindicaciones y luchas populares promovidas por ASINORT, comenzaron a
ser frenadas de manera sistemática a mediados de la década del ochenta, periodo en el cual se
presentó en Ocaña una fuerte arremetida contra la organización sindical, cuyos miembros fueron
señalados como “profesores marxistas” que le hacían mal a los estudiantes. Incluso desde los
púlpitos de las iglesias se estigmatizó a aquellos pobladores que pertenecían a movimientos
populares alternativos a los establecidos por la hegemonía. La arremetida contra los integrantes
de este gremio sindical es un claro ejemplo de la persecución sistemática implementada por el
Estado y los grupos paramilitares contra las movilizaciones y alternativas populares y obreras,
vistas por el establecimiento como un “peligro” para la permanencia del orden.
Esta persecución fue paralela a la de los demás gremios sindicales de la región. Como se
mencionó anteriormente, el asedio contra ASINORT comenzó a evidenciarse más claramente a
partir del 9 de enero de 1986, cuando el presidente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio
de Educación, FARIEL ALFONSO SANTANA PORTILLA, fue asesinado por 3 paramilitares
que irrumpieron en su vivienda y le propinaron 9 disparos delante de sus hijos. Desde ese
momento, la eliminación sistemática de los educadores se convirtió en una de las puntas de lanza
50
de las fuerzas paraestatales. En Norte de Santander, los miembros de ASINORT fueron los más
afectados por dicha arremetida, siendo duramente sometidos a la barbarie paramilitar y a los
hostigamientos de las tropas militares.
La Asociación de Institutores de Norte de Santander, lideró varios procesos populares en la
provincia de Ocaña, e integró el Comité Cívico de esa localidad, comité que fue creado con el fin
de impulsar acciones para presionar por el mejoramiento de los servicios públicos en el
municipio. A comienzos de 1986, los miembros del Comité fueron amenazados por los
paramilitares. Las amenazas fueron realizadas en momentos en que estas estructuras utilizaron
diversos nombres para sembrar el terror en todas las organizaciones sindicales de educadores a
nivel nacional, intimidando a los directivos de asociaciones gremiales de maestros en todo el
país (FECODE, ADEA, AIC, ASINORT y el SES).
Las amenazas fueron proferidas el 28 de febrero de ese mismo año, fecha en la que LUIS
VICENTE CARVAJALINO, DAVID AWAD, ISABEL NIÑO, MARIO ROCHEL AWAD,
RAMON DAVID ROPERO, JOSE RICARDO TORO, DAVID BOTELLO ORTEGA, el
comerciante ELIAS JOSE AWAD MAESTRE, el educador del colegio Alfonso López Pumarejo
y dirigente sindical de la Asociación de Institutores de Norte de Santander, JESUS HERNANDO
SANGUINO, los educadores oficiales y sindicalistas JORGE SERNA SERNA, ALFREDO
ANGARITA QUINTERO, NATALIA BUSTOS, BERTHA PAEZ FRANCO, y el líder cívico y
militante del partido político A Luchar JOAQUIN SANTIAGO, todos miembros del Comité
Cívico de Ocaña, fueron amenazados de muerte por miembros del grupo paramilitar MAS. Los
nombres de las víctimas figuraron en una lista conocida por medio de volantes repartidos por los
paramilitares, que además anunciaba el inicio de sus acciones en los municipios de Ocaña,
Convención, Hacarí, San Calixto y Teorama.
Las personas amenazadas también fueron víctimas de seguimientos y hostigamientos por parte
del F-2 de la Policía y algunas fueron interrogadas en el Comando de Policía. Posteriormente, de
las 14 víctimas, seis fueron nuevamente agredidos.
Año y medio después de las amenazas contra sus miembros, una bomba estalló en la sede del
sindicato de ASINORT, el 20 de julio de 1987, un mes después de la realización del Paro del
Nororiente, movilización en la que ASINORT tuvo una activa participación.
Días antes del atentado, el obispo de Ocaña hizo una intensa difusión del documento de la
Conferencia Episcopal de julio de 1987, especialmente resaltando los párrafos contra los
maestros contagiados de ideología marxista. Al día siguiente de la explosión de la bomba, en la
población se difundieron volantes de la Sociedad de Amigos de Ocaña (SAO), motivando a
“acabar con los comunistas”49 En los últimos días del mes de julio se intensificó la campaña de
llamadas telefónicas amenazantes, especialmente contra los principales dirigentes de ASINORT
entre los cuales figuraba el profesor JESÚS HERNANDO SANGUINO JACOME, quien fue
asesinado tres días después del atentado.
49
PROYECTO CNM. Testimonio número 050807, julio de 1987
51
Después del atentado, la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos emitió un
comunicado público en donde se denunciaron las acciones criminales de los paramilitares contra
los miembros del sindicato y en general contra todos aquellos que participaron en el paro de
Nororiente:
“La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, ASINORT
Ocaña, comunica a la opinión pública en general, que el día 20 del
presente mes, nuestra Sede Sindical fue objeto de un vil atentado
terrorista, que destruyó la puerta de entrada y averió algunos muebles y
enseres de nuestra asociación. Paralelo a este hecho, circularon en la
ciudad unos panfletos en donde condenan a muerte a los organizadores
del PARO DEL NOR-ORIENTE (...)
Teniendo en cuenta lo anterior condenamos enérgicamente estos hechos
que pretenden intimidar y acallar la protesta popular. Quienes agencian y
realizan estos actos terroristas como la S.A.O (Sociedad Amigos de
Ocaña), están en contra de nuestra ciudad, pues no quieren que Ocaña
progrese (...) Hacemos un llamado a la ciudadanía en general para que
rodeen y protejan a todos los compañeros que desinteresadamente luchan
por el progreso de Ocaña y a la vez rechacen este tipo de actos y
organizaciones (S.A.O) que buscan sembrar el terror y la zozobra en el
pueblo”50.
A pesar de esta y otras expresiones de repudio realizadas por diferentes organizaciones en apoyo
al sindicato de institutores y en contra de estos crímenes selectivos51 con miras a eliminar a los
miembros de ASINORT, la persecución contra los educadores y la población en general se
incrementó en toda la provincia. La mayoría de estos vejámenes fueron responsabilidad de la
Sociedad de Amigos de Ocaña.
Cuando apenas habían transcurrido tres días después del atentado contra la sede de ASINORT,
fue asesinado el profesor del colegio Alfonso López Pumarejo de Ocaña y dirigente sindical
afiliado a la Asociación de Institutores de Norte de Santander, JESUS HERNANDO
SANGUINO JACOME, el 23 de julio de 1987. Jesús fue ultimado por miembros del grupo
paramilitar "Sociedad de Amigos de Ocaña", quienes le dispararon cuando salía del colegio y se
dirigía a su casa. Anteriormente, Jesús Hernando había sido amenazado junto con otras trece
personas, miembros del Comité Cívico de Ocaña, por paramilitares del grupo MAS.
Jesús Hernando también había sido víctima de seguimientos y hostigamientos por parte del F-2
de la Policía, debido a su participación en el Paro del Nororiente. Su cuerpo sin vida fue arrojado
entre los municipios de Chimichagua y La Gloria, en el departamento de Cesar. Posteriormente
continuó el amedrentamiento contra los dirigentes del paro cívico del nororiente.
50
Junta Directiva ASINORT-Ocaña. Comunicado a la Opinión Pública, junio 25 de 1987.
La Junta directiva del Sindicato de Vendedores de las Plazas de Mercado de Ocaña, emitió un comunicado en protesta al
atentado contra ASINORT, con fecha del 25 de junio de 1987. Igualmente la Junta Directiva del Sindicato de base de trabajadores
del Distrito de Obras Públicas Nacionales, envía un mensaje de apoyo a los miembros de ASINORT, fechado el 30 de junio de
1987.
51
52
Finalizando este año, en diciembre de 1987, los educadores oficiales y sindicalistas ANIBAL
MUÑOZ, CECILIA MOLINA, JORGE SERNA, ALFREDO ANGARITA QUINTERO,
NATALIA BUSTOS, BERTHA PAEZ FRANCO, ADRIANO JACOME, RUBEN BECERRA,
IVAN MALDONADO, RAMON TAMARA y YESID CHONA, fueron amenazados de muerte
por miembros del grupo paramilitar MAS. Jorge, Alfredo, Natalia y Bertha, junto con once
personas más, miembros todos del Comité Cívico de Ocaña, fueron amenazados, al igual que
había ocurrido un año antes en la misma ciudad. También habían sido víctimas de seguimientos y
hostigamientos por agentes del F-2 de la Policía Nacional.
Los hostigamientos contra los miembros de ASINORT que integraban el Comité Cívico de
Ocaña se reanudaron el 22 de noviembre de 1988, fecha en la que el educador oficial y activista
de la Asociación de Institutores de Norte de Santander-ASINORT-, LUIS JOSE PESOTI, de 38
años, fue asesinado por desconocidos que cubrían sus rostros con capuchas. El cuerpo sin vida de
la víctima fue encontrado con 5 impactos de bala en la vía que de Ocaña conduce a la ciudad de
Cúcuta, a la altura del balneario San Luis.
La persecución sistemática contra el sindicato de profesores prosiguió en la década del noventa.
En el segundo semestre de 1991 los paramilitares, apoyados por la fuerza pública asesinaron a
UN PROFESOR que estaba agremiado a ASINORT en la población de Ocaña, poco tiempo
después de que el educador denunciara los desmanes del ejército y los paramilitares en el Foro
Regional por los Derechos Humanos que se llevó a cabo en la localidad. El educador fue uno de
los organizadores de este foro y durante el mes anterior a su realización algunos de los
organizadores recibieron amenazas escritas en las que les decían que todos los que apoyaran y
convocaran al Foro serían asesinados.
En 1992 el presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (ASINORT), y
cuatro trabajadores más fueron detenidos, amenazados y torturados por tropas de la base militar
La Esmeralda del Batallón de Infantería de Montaña No. 18 Coronel Jaime Rooke en la vía que
de Convención conduce al municipio de Ocaña. Los trabajadores fueron sometidos a
interrogatorios y torturas psicológicas. A los funcionarios del Ministerio los liberaron luego,
mientras que a los demás los trasladaron a una camioneta del ejército totalmente carpada,
amenazándolos diciéndoles que los iban a matar y a desaparecer "sin dejar rastro". Los
educadores de Ocaña iniciaron un paro en protesta por el hecho.
A comienzos del mes de diciembre de 1992, el día 7, el comerciante LUIS EMILIO AREVALO
y el educador FREDY BECERRA, fueron desaparecidos, torturados y asesinados, después de ser
interceptados por varios hombres que se movilizaban en una camioneta Luv blanca mientras ellos
se transportaban en un automóvil placas XII 819, en el barrio El Llano de Ocaña. Posteriormente
fueron hallados sus cuerpos incinerados en cercanías al municipio de Aguachica. La junta
directiva de la Asociación de Institutores de Norte de Santander-ASINORT- rechazó el hecho.
Los familiares señalaron que las víctimas "no eran auxiliadores de los grupos guerrilleros y que
tampoco estaban comprometidos en actos ilícitos", y agregaron que se quería justificar su muerte,
"señalándolos como insurgentes, o delincuentes atracadores y jaladores de carros".
53
La reacción represiva al Paro del Nororiente en la Provincia
Como lo evidenció el caso de la persecución contra ASINORT, las actuaciones represivas por
parte de los miembros de las instituciones castrenses no se detendrían y por el contrarío se
incrementarían en los meses posteriores a la realización del Paro del Nororiente que se llevó a
cabo entre el 7 y el 14 de junio de 1987. Durante esos días, los pobladores de la región del
Magdalena Medio incluyendo al departamento de Norte de Santander, protagonizaron dicha
movilización de protesta, reivindicando el Derecho a la vida, el cese a la militarización sufrida en
diferentes municipios de la región y la revisión de los contratos de explotación petrolífera, de
forma que “garantice la soberanía nacional y el beneficio económico y social para los
habitantes de las zonas de explotación”52.
No bastó con la represión abierta e “institucional” que abanderaban los miembros del ejército con
el pretexto de proteger el orden público, deteniendo y sindicando a los campesinos, quienes
además fueron “obligados a caminar descalzos sobre las brasas dejadas por las barricadas
levantadas por la población”53, también entraron en escena los grupos paramilitares, quienes
apoyaron las operaciones de exterminio contra los manifestantes que iniciaron las tropas
militares.
Durante los meses que siguieron a la realización del paro, se hizo común el uso de “listas negras”,
de las cuales se valían los paramilitares para interceptar a sus víctimas con nombre propio. El
grupo paramilitar que protagonizó estos actos lesivos, fue la Sociedad de Amigos de Ocaña SAO,
organización auspiciada en realidad por los “amigos” de la riqueza injusta y de la politiquería
tradicional.
Un primer caso a relacionar es el del campesino y militante de A Luchar VICTOR
CONTRERAS quien fue desaparecido y su cuerpo encontrado el 23 de agosto de 1987. Este
asesinato, como el del profesor Jesús Hernando Sanguino Jácome, se presentó en medio de las
retaliaciones paramilitares contra los activistas y dirigentes del Paro del Nororiente de junio de
1987. Tanto Víctor como Jesús Hernando habían sido sus líderes en la región. El exterminio
contra los participantes de la movilización prosiguió en los meses siguientes.
52
Paro es Paro. No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista!!!. En: revista Colombia Hoy Informa, Año VIII, No. 50,
Bogotá, 1989. p. 9
53
Ibíd.
54
LA FAMILIA BARBOSA ZAMBRANO
La primera señal de la persecución contra la familia Babosa Zambrano tuvo lugar entre el 17 y el
24 de agosto de 1983, fecha en la que los dirigentes populares y comerciantes RAMON
GILBERTO BARBOSA ZAMBRANO y DANUIL (o DANIEL) GUERRERO GAONA, fueron
desaparecidos, torturados y asesinados, después de ser detenidos por agentes de inteligencia del
Ejercito pertenecientes al B-2 de la V Brigada en Tibú.
Después de su detención el 17 de agosto, los jóvenes fueron entregados por miembros del
Ejército al comando de Policía de esa localidad, de donde fueron trasladados a las instalaciones
del F-2 de Cúcuta, el 21 de agosto. Ambos sujetos habían sido señalados como integrantes del
EPL. Tres días después, sus cadáveres fueron encontrados en la ciudad de Cúcuta. Los cuerpos
presentaban señales de tortura, quemaduras en manos, cara y cabeza.
Por estos hechos, el 26 de septiembre de 1983, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional
inició investigación disciplinaria, la cual finalmente se archivó el 22 de agosto de 1985, porque a
pesar de los esfuerzos realizados no encontró pruebas que comprometieran a funcionario público
alguno involucrado en lo sucedido.
Cuatro años después, el 9 de agosto de 1987, un hermano de Ramón Gilberto, el campesino
JESUS EVELIO BARBOSA ZAMBRANO, quien participó en el Paro Cívico del Nororiente, fue
detenido, torturado, desaparecido y asesinado por miembros de la Policía Nacional. Ese domingo
Jesús Evelio había vuelto de Cúcuta a Ocaña y hacia las 3:00 PM. y en plena calle 11 (calle
céntrica de la ciudad), a una cuadra del parque San Agustín, cuatro sujetos armados lo arrestaron
y lo subieron a un vehículo de color amarillo, con placas venezolanas, el cual era conducido por
un agente de policía. Media hora después volvió a pasar el vehículo con dirección al barrio La
Primavera
Posteriormente, hacia las 4:30 p.m. lo subieron en una camioneta de la policía de Ocaña y se lo
llevaron con dirección a Aguachica, departamento del Cesar. Sus familiares presentaron la
denuncia por desaparición ante la Procuraduría Provincial de Ocaña. El 15 de agosto, se supo
sobre la existencia de un cuerpo no identificado, que coincidía con las características de Jesús
Evelio, el cual fue encontrado el 10 de agosto anterior y levantado por el Inspector de Policía de
San Alberto, Cesar. Al ir a preguntar por él, el Inspector respondió que no se trataba de Jesús sino
que se trataba de un NN.
Tres días más tarde, en el noticiero radial de “Radio Catatumbo de Ocaña” emisión de las 12:30
p.m., el Procurador dio la noticia a los medios periodísticos de que “según informe del
comandante del Batallón "Santander" de Ocaña, había sido dado de baja el "extorsionista" Jesús
Evelio Barbosa en San Alberto en encuentro armado con una patrulla del Ejército”. Ese mismo
día los familiares de Jesús volvieron a preguntarle sobre su paradero al Inspector de Policía, el
cual aceptó haber mentido “porque no sabía de quién se trataba”. Por otra parte, el cuerpo de la
víctima presentaba señales de tortura.
En los días siguientes al hecho, los organismos de seguridad del Estado continuaron hostigando
y acusando a los familiares de ser parte de la guerrilla. Como antecedente a esta situación se
55
cuenta que cinco meses atrás había sido allanada ilegalmente la finca "La Suiza" de propiedad de
la familia Barbosa Zambrano, en el municipio de Teorama, por parte del ejército y la policía,
causándoles graves destrozos materiales y psicológicos, pues la familia tuvo que desplazarse de
su lugar de vivienda, huyendo de la represión que se ensañó contra ellos.
Luego de mostrar la sistematicidad en la persecución adelantada contra el magisterio Ocañero, en
este apartado se presentan otros casos ocurridos en el municipio de Ocaña siguiendo un orden
cronológico. Aquí se advierte una persecución a diferentes sectores sociales tales como
pobladores urbanos, dirigentes cívicos, profesionales, comerciantes y algunos campesinos, que se
realizaron simultáneamente a la ejecutada contra los maestros, lo que evidencia el propósito de
desvertebrar el movimiento social en su conjunto. Los agentes responsables de estos crímenes y
hostigamientos fueron principalmente las estructuras paramilitares, las cuales se dieron diferentes
nombres a lo largo del periodo aquí registrado, 1987-1998, y que logran el mayor éxito de la
impunidad al dejar sin posibilidad de reconocer autores específicos en muchos de los casos.
Entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 1987, RAMON DEL CARMEN ARIAS RINCON fue
detenido y torturado por militares adscritos al Batallón de Infantería Nº 15 "Santander", en
momentos en que regresaba en automóvil con unos familiares hacia la cabecera municipal de
Ocaña. Al pasar por un retén militar, los militares mandaron a Ramón a parar el vehículo, lo
hicieron bajar junto a sus familiares, los requisaron y los entraron al Batallón. Entre sus
familiares se encontraban niños y mujeres, quienes fueron obligados a subir en una camioneta del
Ejército, y luego dejados en el parque principal de Ocaña. A Ramón lo mantuvieron detenido tres
días, durante los cuales, fue sometido a torturas e interrogatorios. Posteriormente, lo montaron en
un vehículo tipo campero con las manos amarradas y le dijeron que lo iban a matar, acusándolo
de haber puesto un petardo en el parque de Ocaña y de distribuir propaganda subversiva; le
dieron varias vueltas y luego lo llevaron de regreso al Batallón, lo subieron a otra camioneta y lo
entregaron al comando de policía. Al día siguiente lo llevaron nuevamente al batallón y lo
encerraron en un cuarto oscuro, reseñándolo y poniéndolo a órdenes de la policía. Un día después
un familiar de Ramón abogó por su liberación, la cual fue autorizada por un Capitán, dejando el
vehículo retenido para investigaciones. La víctima denunció los hechos, temiendo que fueran a
atentar contra su vida.
La provincia de Ocaña tiene importancia militar y económica debido a su ubicación
geoestratégica, que limita con el departamento del Cesar, es punto que conduce a la capital
departamental y hacia el norte con la región del Catatumbo. Se convierte en corredor estratégico
para intereses militares y punto céntrico para la recepción y distribución de productos
agropecuarios, hacia Cartagena, Santa Marta, Riohacha y Valledupar.
CASOS DE ASESINATOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “DESCONOCIDOS”
1998
FECHA
07 - enero
NOMBRE
UN HOMBRE
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Asesinado en el Corregimiento Aguas Claras,
el cuerpo fue encontrado con seis impactos de
bala, en la vía que une Teorama con Ocaña.
56
07 – enero
16 – enero
20 – enero
08 – abril
JESUS IVAN ALVAREZ
EMIRO QUINTERO
CAÑIZARES.
RAFAEL PEREZ
JACOME
RAMON SÁNCHEZ,
PETRONA SANCHEZ
La víctima tenía 26 años
No hay datos
No hay datos
Las 2 víctimas eran campesinos.
La víctima era abogado de la Universidad
Libre; fue asesinado en el interior de su
07 - mayo
automóvil por desconocidos que le dispararon
tres veces.
GERARDO ACEVEDO Asesinado en su residencia, en presencia de
07 - mayo
PEREZ
sus familiares.
Asesinado con tres impactos de pistola 9mm
en el rostro, cuando se desplazaba en un
RICAURTE QUINTERO
10 – mayo
vehículo Renault 4 de su propiedad, en
SALAZAR
compañía de su hija de 4 años quien resultó
ilesa.
Mientras se encontraban en su casa, los
esposos Ramiro y Yolanda fueron atacados
por desconocidos quienes asesinaron a don
Ramiro y dejaron gravemente herida a su
RAMIRO SÁNCHEZ
señora. Yolanda fue hallada posteriormente
ARIAS, YOLANDA
con varios tiros en la cara, por uno de sus
06 - octubre
CAÑARETE
vecinos quien al verla aún con vida la llevó al
QUINTERO.
hospital, donde minutos después cinco
encapuchados la remataron a tiros. Por estos
hechos fueron detenidos, el ex - agente Mario
García Espinel y los efectivos Henri Vera
Vera y Nelson Villamizar Torres.
CARLOS ALBERTO
ÁLVAREZ
Es importante anotar que paralelamente a la realización de estos crímenes, aparecieron nuevas
víctimas con autores claramente identificados. Así, dos representantes del movimiento social
conservador fueron asesinados en hechos atribuidos al grupo paramilitar “Sociedad de Amigos de
Ocaña” SAO.
El 16 de mayo de este mismo año, el guardabosques CARLOS MANOSALVA QUINTERO, fue
asesinado por desconocidos quienes le dispararon a quemarropa cuando transitaba por el centro
de la ciudad. Al mes siguiente, el día 2 de junio, el policía JORGE CASTILLA GUERRERO, de
30 años, fue asesinado por dos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le
dispararon en repetidas oportunidades cuando transitaba en otra motocicleta por el barrio Modelo.
Por esta época, comenzó a operar en la zona el grupo paramilitar “Rambo”. Uno de sus primeros
crímenes ocurrió el 26 de julio de 1988, cuando MANUEL MARIA BLANCO y MANUEL
DOLORES CARRASCAL fueron asesinados por miembros de ese grupo paramilitar.
57
En el último trimestre de 1988, la fuerza pública se encargó de arremeter nuevamente contra los
pobladores de la región. El 10 de octubre de 1988, el conductor MOISES NAVARRO
PACHECO, de 27 años, fue detenido, torturado y asesinado por miembros de la Policía en el
corregimiento La Floresta, en Ocaña. Moisés trabajaba como conductor de servicio público en un
jeep y había salido a las 6:00 a.m. de su casa a trabajar, contratado para hacer un viaje al
aeropuerto de Aguas Claras donde fue visto por un familiar. De regreso la víctima fue detenida
por los agentes e interrogada en la vía respecto del paradero de unos guerrilleros que lo obligaron
a transportarlos y que habían emboscado una patrulla policial causando la muerte de un Cabo.
Cuando los acompañaba al lugar en la patrulla fue torturado, asesinado y posteriormente su
cuerpo transportado en una ambulancia desde Convención al hospital, bajo la afirmación de que
era un guerrillero. El Agente Luis Aníbal Suaza se atribuyó el hecho de la muerte justificándose
en un supuesto ataque de la víctima por lo que tuvo que dispararle una vez.
La familia de Moisés recibió el aviso de su muerte a las 9:00 a.m. por parte de un compañero
suyo de trabajo; éste los notificó sobre una emboscada a la policía y que Moisés estaba detenido y
el carro abandonado en la vía. Un hermano de él se dirigió hasta la estación de policía para
averiguar que había sucedido sin obtener ninguna respuesta, sólo que esperara hasta las 5:00 p.m.
ya que probablemente saldría un comunicado. A las 2:30 p.m. los familiares de Moisés
recibieron una llamada del hospital donde les comunicaban que allí se encontraba un cadáver
para reconocer. La familia reconocería el cuerpo como el de Moisés; presentaba claras señales de
tortura; tenía puesto solamente el pantalón, estaba raspado como si hubiera sido arrastrado, su
rostro se encontraba golpeado salvajemente y con residuos de pólvora por los disparos recibidos,
dos en la cabeza y uno en el hombro izquierdo; en la muñeca tenía muestras de haber sido
amarrado; en la boca y el tórax presentaba quemaduras con ácido. Los documentos de
identificación y el dinero que portaba se perdieron. El médico legista Miguel Baruque Esteban no
examinó el cuerpo, limitándose a manifestar que los signos que presentaba el cadáver no eran
torturas, sino producto de una bomba que había estallado en la emboscada. Según se pudo
establecer, la víctima había sido muerta lejos de donde ocurrió la emboscada y después de la
misma.
Las versiones de los miembros de la policía explicaban cómo Moisés atacó al Agente Suaza
viéndose este obligado a dispararle, pero estas afirmaciones son contradictorias entre sí pues no
explican los otros dos disparos ni las huellas de tortura. El 25 de octubre de 1988, el Comando
del 4º Distrito de Policía de Ocaña expidió un comunicado respecto a los hechos en los que se
asegura que "se están llevando a cabo las investigaciones penales y disciplinarias por las
oficinas competentes", señalando que "es menester dejar en claro que, los bandoleros... son
sujetos que subrepticiamente, en manada y de incógnitos hacen sus acciones; situación que es
bien conocida por la ciudadanía de bien de Ocaña y por ello la necesidad de sembrar la cizaña
entre sus agentes, desinformando a la opinión pública."
En el asesinato de Moisés participaron, además, el Capitán Jairo Salcedo García, comandante del
operativo, y los Agentes Duberley Galvis Aljure, Nahum Rodríguez Contreras, Jorge Alonso
Ramírez Arias, Luis Arnulfo Murcia Céspedes y otro Agente de apellidos Escobar Cardona,
todos pertenecientes, junto al Agente Luis Aníbal Suaza, al Comando del 4º Distrito de Policía de
Ocaña.
58
Otro caso que puso de manifiesto la arremetida del ejército contra la población civil fue el del
ingeniero forestal al servicio de la firma Tecnicontrol Protécnica y encargado de la conservación
del oleoducto Caño Limón-Coveñas, LUIS ENRIQUE HERNANDEZ, quien fue asesinado el 16
de noviembre de 1988 por una unidad militar en un retén.
El 27 de diciembre de 1988, fue desaparecido de su consultorio por varios desconocidos, el
médico de filiación liberal y presidente de la Comisión 8ª de la Cámara de Representantes,
GUSTAVO SILVA GOMEZ.
El 4 de enero de 1989, el hacendado ROQUE ANTONIO GUTIERREZ DURAN, de 26 años, fue
torturado y asesinado de varios impactos de bala por desconocidos, en el sitio "Los Almendros",
ubicado en la vía que conduce al municipio de Aguachica. Roque había sido retenido el día
anterior en la finca "La Minca", por 5 sujetos que llegaron a bordo de un vehículo Nissan Patrol
color blanco. Siete días más tarde, 11 de enero, en las horas de la mañana, el comerciante JOSE
ANTONIO SANGUINO, de 24 años de edad, fue asesinado también por autores no precisados
que le propinaron varios disparos, cuando se disponía a abrir un establecimiento público de su
propiedad.
En el transcurso de la misma semana, el 15 de enero de 1989, el sargento retirado de la policía,
PABLO EMILIO MARTINEZ CUBILLOS, de 44 años, y sus cuñados LUCAS y ELI
QUINTERO, de 29 y 21 años, respectivamente, fueron asesinados por desconocidos que portaban
armas automáticas en la vereda Yeguera de Ocaña.
Durante el mes de febrero los desconocidos cobraron la vida de otro poblador, se trataba del
conductor del Distrito No. 2 de Obras Públicas de Ocaña, ARMANDO GOMEZ, de 38 años,
muerto en un atentado realizado al vehículo donde se movilizaba, el 14 de febrero de 1989.
Armando se encontraba en compañía del ingeniero VICENTE PICCIOTI, quién resultó ileso. A
pesar de que el ingeniero logro salvar su vida, 10 días más tarde, el 24 de febrero de 1989, sería
asesinado por los mismos agresores cuando se dirigía a su residencia a bordo de su vehículo.
Por otra parte, la tortura y el asesinato fueron también dos modalidades utilizadas frecuentemente
por los miembros de la policía y los paramilitares durante 1989 para amedrentar a la comunidad
de Ocaña. El 30 de mayo de 1989, fueron asesinados por el grupo paramilitar La Mano Negra, en
el sitio "Filipotes" del barrio Buenos Aires de Ocaña, el estudiante de 10º grado del Colegio
Nacional José Eusebio Caro, OSCAR JOSE TRILLOS ACOSTA, y el joven CARLOS
ARTURO CARRASCAL BALLESTEROS. Los cuerpos de las víctimas se encontraban
maniatados y presentaban huellas de tortura.
El 21 de agosto de 1989, JESUS EMIRO SANCHEZ PEREZ, de 15 años, fue torturado y herido
por
miembros
de
la
patrulla
Nº
777
de
la
Policía
Nacional.
Después de ser torturado, Jesús Emiro fue herido de ocho puñaladas por los policías, quienes lo
abandonaron a la orilla de la laguna La Virgen, creyéndolo muerto. Al día siguiente fue
encontrado por vecinos del lugar y trasladado al hospital. En horas de la noche, la víctima sufrió
otro intento de asesinato en el centro hospitalario, por parte de un sujeto que se hacía pasar por
médico. Los trabajadores del hospital lograron impedir que el joven fuera asesinado.
59
Los crímenes perpetrados por los “desconocidos” continuaron en ascenso en 1990. El 14 de
marzo de 1990, el conductor y empleado GERMAN NOGUERA CANO, de 50 años, fue
desaparecido, torturado y asesinado por “autores no precisados”. Germán había salido de su casa
a las 5:00 p.m. dejando razón de que no se demoraba. Al día siguiente su familia se preocupó por
que no tenían información sobre su paradero y a los dos días salieron a buscarlo por la carretera
que de Ocaña conduce a Convención. 45 minutos antes de llegar a este último municipio,
encontraron su cuerpo sin vida y con señales de tortura en una "hoyada". Sus familiares se lo
llevaron hasta su casa, donde le hicieron el levantamiento y el 17 del mismo mes le dieron
sepultura. Por el hecho se presentó denuncia el 21 de marzo ante la Procuraduría Provincial de
Ocaña y denuncia ante los juzgados de orden público y policía judicial.
Algunos días más tarde, en la noche del día 6 de abril de 1990, la inspectora de policía de Aguas
Claras por el Partido Conservador, ADELA PEÑARANDA SANCHEZ, fue asesinada por un
desconocido en ese corregimiento. Cinco meses después, el 13 de septiembre de 1990, el director
de la cárcel municipal de Ocaña, ALVARO SUAREZ FUENTES, fue asesinado de 16 disparos
por desconocidos que se movilizaban en moto, en momentos en que conversaba con una amiga
frente a la casa de ésta, en la zona urbana de Ocaña.
Los crímenes de los “desconocidos” disminuyeron considerablemente durante 1991. Sin
embargo, en el mes de agosto de ese año volvieron a presentarse los actos criminales de estos
victimarios, con el asesinato de la inspectora de policía de Pueblo Nuevo por el Partido Liberal,
LUZ HELENA FUENTES CRIADO, de 47 años, cuyo cuerpo fue encontrado maniatado con
varios impactos de bala el 5 de agosto de 1991 en el sitio "La Quebradita" de la vereda Cauca.
Luz Helena fue sacada de su residencia por unos 10 hombres armados y vestidos de militares.
Una de las versiones sobre el hecho señaló como responsables del mismo a miembros del
Ejército Popular de Liberación, EPL.
En los últimos días del mes de agosto de 1991, el Comité de derechos humanos en Ocaña,
organizó un foro de derechos humanos, cuyo fin principal se centró en el clamor generalizado de
la población por el cese a la violencia de los grupos paramilitares que criminalizaron a los
lugareños y sembraron el terror en toda la región. En los días previos, el 28 de ese mes, a la
realización del evento que se denominó “Foro Regional por los Derechos Humanos y los
Derechos de los Pueblos”, fue asesinado JESUS ARMANDO VERGEL por los mismos
“desconocidos” que desde finales de los ochenta sembraron el terror en la zona. En los días
siguientes a la realización del Foro, sus participantes recibieron amenazas anónimas que los
señalaron como un organismo “de fachada” de la insurgencia.
Facsímile de la amenaza dirigida a los participantes en el “Foro Regional por los Derechos
Humanos y los Derechos de los Pueblos” el 25 de septiembre de 1991
“Equipo Coordinador para la defensa de los bandoleros y comunistas de la provincia de Ocaña.
Los famosos foros para los Derechos Humanos no son más que una reunión de malandros, en
donde se reúnen para decirle a los bandoleros que es lo que tienen que hacer cuando sean
60
capturados por las autoridades... allí no asiste gente de bien; todos los que tengan problemas
con la justicia son los asistentes a todos esos foros de bandidos.
Cuídense señores comunistas de los Derechos Humanos...Dejen de tener ese organismo de los
Derechos Humanos como fachada. Dejen de ser bandidos y de engañar a la gente de bien. La
van a pagar bien caro.”
Fuente: Equipo coordinador para la defensa de los derechos humanos de la provincia de Ocaña.
Acción urgente. Anexo anónimo. 10 septiembre 1991.
En la misma semana en la que se llevó a cabo el Foro, el 31 de agosto de 1991, fue asesinado el
abogado y artista de 62 años, ORLANDO CLARO CARRASCAL, ultimado por desconocidos
que le propinaron 3 impactos de bala 9 milímetros cuando se dirigía a su finca por la vía al
aeropuerto local a bordo de un vehículo de su propiedad. Tres días más tarde, el 3 de septiembre,
los desconocidos cobrarían una nueva vida: la del campesino y presidente de la junta de acción
comunal de la Inspección Departamental Buenavista, LIBARDO SANCHEZ, quien fue
asesinado en este lugar.
Al día siguiente, en la calle 7ª con carrera 13 de Ocaña, fue asesinado por miembros del F-2 de la
Policía Nacional el estudiante de Zootecnia de la Universidad Francisco de Paula Santander
(Seccional Ocaña), y representante de la comunidad estudiantil, FABIO AMAYA GARCIA, de
26 años, quien recibió seis impactos de bala. Fabio se disponía a viajar a Cúcuta en horas de la
madrugada, cuando los agentes del F-2 le dispararon y además, para ocultar su identidad, hicieron
disparos al aire y dispersaron a los pocos transeúntes que estaban en el lugar. Los policías se
movilizaban en una motocicleta negra, la cual fue vista en la sede del IV Distrito de la Policía de
Ocaña. Fabio y sus familiares habían tenido que desplazarse de Tibú a Cúcuta y de allí a Ocaña, a
causa de su trabajo con la comunidad. Según habitantes de la región, existía al momento de su
asesinato una lista de 40 nombres de personas amenazadas de muerte.
Dos semanas más tarde, el 21 de septiembre de 1991, el comerciante CARLOS JORGE
ASCANIO PEREZ, de 59 años fue asesinado por un desconocido que le propinó 6 impactos.
Carlos murió en el Hospital "Quintero Cañizares" pocos minutos después de ingresar gravemente
herido.
El año de 1992 comenzó con incertidumbre para los pobladores de Ocaña, quienes percibieron
una “tensa calma” en la región, producto de algunas amenazas recibidas en la puerta de sus casas
cartas instándolos a desalojar el pueblo en un plazo determinado. Los comerciantes de la región
expresaron su preocupación como un sector claramente perseguido; al respecto uno de ellos
afirmó: “(...) si bien las amenazas han cesado, las posibilidades de recuperar la tranquilidad y el
comercio son pocas o casi nulas, pues uno no ve a los bandidos pero siente su presencia”.
Además de estas afirmaciones, los campesinos manifestaron que la persecución era impulsada
por el grupo paramilitar “Prolimpieza del pueblo”.54
54
El Tiempo. Ocaña: Rehén del miedo. Febrero 09 de 1992. p. 1B
61
La calma aparente se rompió el 27 de abril de 1992, cuando el empleado TIRSO ZABALA de 45
años y el trabajador informal ALVARO CEBALLOS RODRIGUEZ de 31 años, fueron
asesinados por paramilitares pertenecientes a un Escuadrón de la Muerte en los barrios Los Alpes
y La Victoria respectivamente. Los agresores llegaron primero a la casa de Álvaro con la excusa
de practicar una requisa; lo sacaron a la fuerza, siendo llevado posteriormente al barrio La
Victoria donde vivía Tirso Zabala. Finalmente en una calle de este sector ambos fueron
asesinados con disparos en la cabeza. Se tuvo conocimiento de que los paramilitares llegaron a
las residencias correspondientes de cada una de las víctimas con una lista en la mano donde
figuraban los nombres de estos.
El 21 de julio de ese mismo año, la Jefe de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos,
abogada BERNARDA GOMEZ DE BALLESTEROS, fue asesinada por dos desconocidos que
le dispararon 4 balas calibre 9 milímetros en el centro de Ocaña. Bernarda había llegado semanas
atrás, trasladada desde el municipio de San Vicente de Chucurí.
En los últimos meses del año, las tropas militares del Batallón de Infantería No. 15 ocuparon la
población de Ocaña y hostigaron a varios de sus pobladores. Así, el 5 de noviembre de 1992,
EVERALDO CONTRERAS QUINTERO y ALIRIO ROMERO, fueron detenidos y torturados
por miembros del ejército pertenecientes al Batallón de Infantería Nº 15 "Francisco de Paula
Santander". Posteriormente el cuerpo sin vida de Everaldo apareció al frente de las instalaciones
de la unidad militar, en la vía que conduce de Ocaña hacia Ábrego.
Everaldo, quien tenía estacionada su camioneta frente a una droguería, estaba hablando con su
amigo Alirio cerca al mercado público de Ocaña cuando tres hombres vestidos de civil los
encañonaron con armas cortas y los tiraron al platón de la camioneta, quitándole las llaves.
Mientras pasaban frente al Batallón "Santander", Everaldo empezó a pedir auxilio diciendo que
lo iban a matar. Los soldados empezaron a disparar, ante lo cual el conductor del vehículo
aminoró la marcha e ingresó presentándose como personal del batallón. Allí fueron torturados e
introducidos cada uno a un calabozo.
A Alirio le hicieron firmar un documento de buen trato y lo dejaron en libertad, en tanto que
Everaldo apareció muerto al frente de la guarnición militar en la vía que conduce a Ábrego.
Según un comunicado de una emisora local, el comandante del Batallón informó al día siguiente
que Everaldo había sido ultimado por sus tropas al no acatar las órdenes de un retén y que
además llevaba el usufructo de una extorsión que acababa de hacer en el mercado de Ocaña.
Las primeras semanas del año de 1993 estuvieron igualmente marcadas por la violencia contra la
población del municipio. Precisamente a partir de ese año comenzaron a ser desaparecidos
numerosos habitantes de la localidad. Entre el 12 y el 29 de enero de 1993, NUEVE
CAMPESINOS fueron desaparecidos por efectivos de la Brigada Móvil No. 2. Los familiares de
las víctimas reconocieron al soldado José del Carmen Guerrero Sánchez como uno de los que
participó en las mencionadas desapariciones.
Otro caso de desaparición se registró en ese mismo mes. El 22 de enero de 1993, EDILMA
ROSA PABON fue desaparecida por varios hombres armados que incursionaron en su residencia.
62
A mediados del mes de marzo de 1993, se evidenció la persecución contra los funcionarios
judiciales, quienes se convirtieron en otro de los blancos de la represión paraestatal. El día 20 de
ese mes, los agentes investigadores de la Fiscalía de Norte de Santander, WILSON IVAN
RODRIGUEZ URREA y WILLIAM DUARTE CRISTANCHO, de 24 años cada uno, fueron
asesinados por varios desconocidos que se movilizaban en un campero, en momentos en que se
dedicaban a almorzar en el restaurante "El Picoteo".
En los últimos días del mes de julio volvió a presentarse la oleada criminal de los desconocidos.
El 27 de julio de 1993, CECILIA GOMEZ SANGUINO, esposa de un dirigente sindical de la
Universidad Francisco de Paula Santander, fue asesinada por desconocidos que le dispararon en
la cabeza, en momentos en que llegaba a su casa ubicada en la calle 7ª Nº 21A-91, en el barrio El
Llano. Un mes después, el 26 de agosto, TRES HOMBRES de apellido CHOGO y un HOMBRE
más fueron desaparecidos por desconocidos que los sacaron violentamente de sus viviendas en
horas de la noche, en la Inspección de Policía Departamental Otaré.
En el transcurso de los últimos meses de 1993, la acometida de los desconocidos se centró a la
población urbana de la población de Ocaña. El 25 de noviembre, CIRO BAYONA fue asesinado
por integrantes del grupo paramilitar "Los Tunebos", quienes lo acribillaron después de
perseguirlo en dos motocicletas. La población estaba completamente militarizada y momentos
después del crimen una patrulla policial recogió a la víctima. El 5 de julio anterior, Ciro había
sido detenido por tropas de la Brigada Móvil No. 2, que lo acusaron de hacer parte del frente
Camilo Torres de la Unión Camilista -Ejército de Liberación Nacional -UC ELN-, pero cuatro
días después lo dejaron en libertad por falta de pruebas.
Además de la persecución contra la población urbana, los militantes políticos de oposición fueron
otro de los blancos de los “desconocidos” en el transcurso de 1993. El 11 de diciembre de ese
año, los comerciantes de libros, ex militantes de la Unión Patriótica y pobladores de Río de Oro
(Cesar), ARMANDO ROJAS PICON y LAUREANO PICON CASALLAS, fueron asesinados en
un atentado perpetrado por dos hombres que arrojaron una granada debajo del vehículo en que se
movilizaban las víctimas, frente a la plaza 29 de Mayo, en el parque Tacaloa de Ocaña. Después
de la explosión de la granada, se formó una balacera en la que murió uno de los agresores y
resultaron heridas tres personas; Armando y Laureano murieron cuando eran trasladados a un
centro asistencial. Ambos eran amigos del Jefe de la Oficina de Control de Precios, Pesas y
Medidas de Ocaña, cuyos familiares habían sido agredidos en un atentado el día anterior en el
mismo sitio. Los comerciantes estaban de paso en Ocaña y se dirigían a su lugar de residencia en
el Cesar. La población estaba permanentemente militarizada, especialmente el centro de la
ciudad, porque en la región frecuentemente se presentaban enfrentamientos entre la guerrilla y el
Ejército.
Tres semanas más tarde, otro comerciante fue victimizado. El 29 de diciembre de 1993, JESUS
HELI GUERRERO ARIAS, de 48 años, fue asesinado por dos hombres jóvenes quienes le
propinaron 19 disparos de pistola calibre 9 milímetros, cerca al mercado Central de Ocaña.
Desde los primeros meses de 1994 las unidades del ejército militarizaron la población de Ocaña,
enfrentándose con la insurgencia constantemente. A pesar de que la zona estaba militarizada, el
12 de enero de 1994 dos hombres armados acribillaron de cinco impactos de bala al soldador y
63
trabajador informal, WILLIAM CARREÑO SANJUAN, cuando este se encontraba en su taller,
ubicado en la carrera 6ª con calle 5ª, en el barrio Santa Clara.
Ese mismo día, el vendedor ambulante JULIO PALLARES, de 34 años, fue asesinado por dos
hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar “Los Tunebos” que se movilizaban en una
motocicleta, y quienes le propinaron 15 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo en el
barrio Cristo Rey de Ocaña. Los crímenes que se llevaron a cabo durante este día ponen de
manifiesto cómo los grupos paramilitares operaban y sembraban el terror en la localidad con la
permisividad de las fuerzas militares que para entonces patrullaban cotidianamente el casco
urbano de Ocaña.
Un mes más tarde, el 3 de febrero de 1994, HENRY MARTÍNEZ CASTRO, FERNANDO
ANTONIO CASTRO RINCON, ALBERTO VILLAREAL LOPEZ, EFREN RUBIO, CESAR
MONTERO HERNANDEZ y REINALDO MONCADA, fueron detenidos y torturados por
miembros del grupo UNASE de la V Brigada, al mando del Sargento Segundo Jorge Mario
Tobon Calderón, en las instalaciones del Batallón de Infantería No. 15 "Santander".
Las seis víctimas fueron detenidas inicialmente en un hotel cercano a una sucursal del banco
Davivienda en Ocaña, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, en un operativo conjunto de
miembros del DAS con personal del UNASE. Este se desarrolló porque según el organismo de
inteligencia, se tenía información de que la sucursal bancaria iba a ser asaltada por diez miembros
del ELN portando armas cortas y largas así como explosivos. Luego de la aprehensión, los
militares llevaron a los seis sujetos a las instalaciones del batallón Santander, lugar donde
comenzaron a torturarlos mediante la imposición de bolsas plásticas en la cabeza y vendas sobre
la cara, golpes en la cara y en el estómago, y puntapiés en la espalda. Mientras tanto eran
interrogados sobre la existencia de unas ametralladoras y amenazados de muerte constantemente.
El más afectado por el maltrato indiscriminado fue Henry, quien en varias ocasiones perdió el
conocimiento e incluso, llegó a ser tan grave su estado, que los uniformados primero intentaron
darle respiración boca a boca para reanimarlo y después lo llevaron al Hospital de la localidad
para que lo atendieran ante el temor de que falleciera. Allí urgieron al personal médico para que
lo atendiera rápidamente "porque tenía un ataque de asma".
Posteriormente, todos los detenidos fueron procesados en la Fiscalía Regional de Cúcuta por
tentativa de hurto y porte ilegal de armas, específicamente de ametralladoras. Frente al último
cargo alegaron que los militares "los habían cargado con armas que no eran de su propiedad". Al
final, la Fiscalía los acusó por el hurto y los absolvió del segundo delito, inclusive ordenó
compulsar copias para que investigaran dicha irregularidad. Al pasar el proceso al Juzgado 3º
Penal del Circuito de Ocaña, se anotó que los dictámenes de medicina legal practicados a dos de
los acusados y las indagatorias rendidas por ellos eran prueba fehaciente de las torturas a las que
fueron sometidos.
Tiempo después, el 30 de mayo de 1994, Henry Martínez sería amenazado de muerte y torturado
por miembros del grupo UNASE de la policía que estaban haciendo una requisa a la penitenciaría
de Cúcuta, donde lo recluyeron. Además lo obligaron a firmar una constancia de buen trato
mientras duraba la diligencia policial. Por tales motivos, el señor Martínez Castro inició una
64
queja en la Procuraduría con el objeto de pedir el respeto a sus derechos fundamentales y a su
integridad personal.
Las acciones perpetradas por los “sicarios” y “desconocidos” continuaron en el mes de febrero de
1994. El día 4 de ese mes, el presidente de la Asociación de Vivienda Popular y
Autoconstrucción de Ocaña -ASOVIPA- y sindicalista de la Secretaría de Obras Públicas,
CRISTOBAL NAVARRO, fue herido en un atentado perpetrado por dos sicarios que le
dispararon cuando atravesaba la plaza central de Ocaña. Aunque la plaza se encontraba llena de
militares, estos no reaccionaron para impedir el hecho o para capturar a los culpables. Varios
testigos presenciales que aprehendieron a los dos pistoleros, los dejaron a cargo de una patrulla
de la policía que los liberó sin cargos. Cristóbal hacía parte de una "lista de la muerte" que
apareció en Ocaña, donde figuraban 60 dirigentes comunitarios locales amenazados de muerte si
no abandonaban la región.
El 25 de marzo de 1994 fueron hallados dos cadáveres en la vía que conduce al Aeropuerto de
Aguas Claras. Los cuerpos correspondían al soldado de la Brigada Móvil Nº 2, ASAEL
ENRIQUE BONETH DIAZ y el obrero JESÚS HUMBERTO QUINTERO DIAZ, quienes
fueron encontrados asesinados con múltiples disparos de pistola calibre 9 milímetros en el lugar
mencionado.
Dos semanas más tarde, el 14 de abril de 1994, el comerciante LISANDRO ANTONIO CLARO
TORRADO, fue asesinado por desconocidos que le propinaron 5 disparos mientras éste se
encontraba en el depósito "El Pariente". Según una fuente, el hecho fue cometido por presuntos
guerrilleros del Ejército Popular de Liberación -EPL- que estarían extorsionándolo y que le
habían dicho que de negarse a pagar "tomarían represalias contra su vida". Otra fuente indica que
la víctima había sido sometida a seguimientos por parte del Ejército, bajo la acusación de ser
"auxiliador de la guerrilla".
Desde los primeros días del mes de junio de 1994, los paramilitares sembraron el terror en la
población de Ocaña eliminando a todo aquel que cuestionara o se opusiera a sus órdenes y
mandatos. Los primeros indicios de la oleada criminal se presentaron el día 2, con el asesinato del
taxista MILCIADES BAYONA PALACIO, de 53 años, muerto por encapuchados que le
propinaron varios disparos con armas de diferentes calibres cuando se desplazaba por la vía hacia
la cabecera municipal, a la altura de la Inspección de Policía Departamental Pueblo Nuevo. Cabe
anotar que un sobrino de Milciades estaba secuestrado.
Seis días después, el 8 de junio, dos cuerpos sin vida hallados en zona rural del municipio. Uno
de los cadáveres era el de UN HOMBRE de 38 años que fue encontrado asesinado de varios
disparos en la vía que conduce a El Carmen, a la altura del sitio "Santa Bárbara”. La víctima tenía
1.63 metros de estatura, contextura mediana y tez trigueña. El segundo cuerpo correspondía a
otro HOMBRE de aproximadamente 25 años, el cual fue encontrado asesinado a orillas del río
Algodonal, a la altura del sitio "La Granja", con un disparo en la mitad de los ojos y otro en el
parietal izquierdo. El hombre era de 1.65 metros de estatura, tez trigueña y contextura delgada;
vestía chaqueta de poliéster gris, camisa chalis de colores, pantalón blanco, tenis negros y
pantaloneta de dacrón.
65
Cinco días después del hallazgo de los dos cuerpos, el 13 de junio de 1994, DANIEL PAEZ
PEREZ, de 23 años, fue asesinado por varios desconocidos que le dispararon 2 veces dentro de
un salón de billares en el barrio Simón Bolívar. Ese mismo día, fueron encontrados asesinados el
comerciante ALFREDO VEGA ORTEGA, de 24 años, quien fue ultimado en horas de la noche
por desconocidos que le propinaron 8 disparos en el barrio Santa Clara y SANTIAGO
MALDONADO, campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de
Policía Departamental La Curva del municipio de Bucarasica, quien fue ultimado por el grupo
paramilitar “Los Tunebos” en el sector "Dulce Nombre" en Ocaña.
Santiago, quien había sido acusado por los paramilitares de ser colaborador de la guerrilla, viajo a
Ocaña a vender su cosecha de cebolla. En varias ocasiones, la Brigada Móvil Nº 2 había allanado
y requisado su finca "sin encontrar algo anormal". Los pobladores de la zona y de Bucarasica
especialmente, lo recuerdan como “uno de los más destacados líderes de la región del
Catatumbo, que en su posición de presidente de la Junta de Acción Comunal de La Curva,
adelantaba proyectos de electrificación y acueducto para varias veredas e impulsaba la creación
de una Casa Campesina y un expendio comunal de carne en la localidad”.
Para la época de la comisión de los crímenes, el grupo paramilitar "Los Tunebos" se encontraba
patrullando la localidad de Ocaña, y estableció como centro de operaciones el barrio Primavera,
lugar aledaño al centro operativo de otro grupo paramilitar: Los Ovejos.
El 26 de julio de 1994, el obrero JOSE ARISTOBULO AREVALO, de 29 años, fue asesinado en
la finca Jujualito del corregimiento Aguas Claras, por varios desconocidos que irrumpieron en el
predio donde vivía y le dispararon en varias ocasiones para luego huir aprovechando la oscuridad.
Cinco días más tarde, se manifestaría una nueva arremetida contra los comerciantes de la
población. El 1 de agosto de 1994, los comerciantes MILAN CARRASCAL LEON y RODRIGO
ROJAS PEREZ, fueron asesinados por desconocidos en el barrio Santa Clara. Al día siguiente, 2
de agosto, SERGIO ALBERTO MARTINEZ SARMIENTO, de 39 años, Juez Penal Militar Nº
26 adscrito al Batallón de Infantería Nº 15 "Santander", fue asesinado por dos hombres que se
movilizaban en una motocicleta quienes le propinaron disparos de revólver en la nuca, en la calle
7ª Nº 35-155 del barrio La Gloria. La víctima desarrollaba varias investigaciones de casos
relacionados con narcotráfico, guerrilla y hurto de gasolina al poliducto de la Empresa
Colombiana de Petróleos -ECOPETROL-. El Comandante del Batallón "Santander", Coronel
Lorenzo Polanco Castañeda, sindicó del hecho a la guerrilla.
En la tercera semana de agosto de 1994, se registró la comisión de dos crímenes más, en los
barrios Santa Clara y Lago III, donde el accionar paramilitar era frecuente. El 23 de agosto, fue
asesinado el ex agente de policía y ex secretario del Comando del IV Distrito de Policía de
Ocaña, NAHUM RODRÍGUEZ CONTRERAS. Los victimarios le propinaron diez impactos de
arma de fuego en el barrio El Lago III Etapa. Al parecer, Nahum había sido retirado de la
institución por estar sindicado de vender armas a presuntos guerrilleros.
Dos días después, el 25 de agosto de 1994, el celador del Palacio Municipal de San Calixto,
JAVIER DE JESUS ANGARITA CLARO y el joven campesino DANIEL BARBOSA, de 18
años, fueron asesinados por paramilitares en el barrio Santa Clara. Los jóvenes estaban de pie
sobre la carretera, frente al Instituto Técnico Industrial ubicado en el barrio La Primavera, y se
66
acababan de bajar del autobús que los traía de San Calixto. Momentos después pasó un vehículo
con miembros del Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia -SIJIN- de la Policía, y
sus ocupantes al verlos pararon y los mantuvieron vigilados un rato, luego de lo cual el vehículo
se alejó. Después aparecieron los paramilitares fuertemente armados, quienes obligaron a las
víctimas a subir a un vehículo blanco con placas de matrícula NGA-688. El vehículo dio algunas
vueltas por el barrio Buenos Aires hasta que los trasbordaron a otro automotor y posteriormente
los asesinaron en un puente del barrio Santa Clara. Algunos vecinos presenciaron los hechos y
escucharon a las víctimas pidiendo ayuda. Javier había sido detenido 22 días antes por la Brigada
Móvil Nº 2 y la policía.
En el curso del mes de septiembre de 1994, volvió a registrarse la comisión de CLH en la
población de Ocaña. El 6 de octubre de ese año, UN HOMBRE de 22 años fue encontrado
asesinado con un disparo en la cabeza en la vereda Versalles. La víctima era de tez morena,
cabello crespo y 1.70 metros de estatura. Vestía un pantalón azul y un buzo.
Pocos días después, en la noche del 16 de octubre de 1994, el comerciante ORLANDO
ALVAREZ SANCHEZ, de 25 años, fue asesinado, y UN NIÑO de 8 años y OTRO HOMBRE
fueron heridos por desconocidos que dispararon contra un grupo de personas que se encontraban
en un establecimiento público. DOS JOVENES fueron heridos la misma noche en un lugar
cercano en las mismas circunstancias.
Además de los pobladores de los sectores populares, en el mes de octubre de 1994 los
paramilitares concentraron su accionar criminal en la erradicación de aquellos cuya labor
consistía en la permanente denuncia de sus vejámenes en la región: los defensores de derechos
humanos. El 24 de octubre de 1994, aproximadamente a las 4:30 p.m., el integrante del equipo
regional para la defensa de los Derechos Humanos de Ocaña, miembro de la Asociación de
Vivienda Popular y Autoconstrucción de Ocaña (ASOVIPA), líder cívico y comunitario
HERMES RENDON OCHOA, quien se dirigía desde su residencia al barrio Cañaveral, en
compañía del menor de edad CESAR AUGUSTO QUINTERO, a bordo de una motocicleta; fue
interceptado por dos individuos que se movilizaban en un automóvil Chevrolet Sprint, color
blanco hueso, de placas 947 cuando el joven y él se disponían a bajarse. Uno de ellos disparó
contra el menor dejándolo herido y luego contra Hermes, quien, pese al impacto, alcanzó a correr
pero fue alcanzado por los atacantes. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un rastrojo del
barrio El Carmen; presentaba dos impactos de bala en la cabeza, uno en él cuello y otro en una
pierna, todos hechos a corta distancia y por la espalda. La semana siguiente, los mismos
individuos a bordo del mismo carro, patrullaron continuamente por los alrededores de la
residencia de ANASTASIO CANONIGO, OMAIDA ANGARITA, y de LUZ MARINA PEREZ,
todos miembros del mismo equipo regional de Derechos Humanos. Ante el permanente
hostigamiento, tuvieron que desplazarse de Ocaña para proteger sus vidas.55
Los dirigentes cívicos de los barrios Santa Clara, Bermejal y José Antonio Galán denunciaron “el
constante estado de guerra” que se vivió en dichos sectores, protagonizado por “comandos
guerrilleros y grupos paramilitares”. Agregan que “en la noche no podemos descansar
55
MINGA. Asociación para la Promoción Social Alternativa. Informe preliminar. Estrategia contrainsurgente y paramilitarismo
en el nororiente colombiano, Bogotá, marzo de 1996.
67
tranquilos porque cuando menos pensamos se escuchan disparos y detonaciones. Nadie se atreve
a observar lo que ocurre por el temor de ser alcanzado por los proyectiles o esquirlas”.
A pesar de las múltiples denuncias proferidas por los pobladores ante la alarmante oleada de
violencia, los hostigamientos y embates de los grupos paramilitares continuaron en 1995. El 7 de
febrero de 1995, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron al ex
celador y mensajero de la municipalidad de Ocaña, LUIS ANTONIO DURAN ROJAS, de 33
años, a quien propinaron 18 disparos de pistola calibre 9 milímetros, en la calle 7ª con carrera 30.
Tres días más tarde, el 10 de febrero de 1995, YEBRAIL RUEDA NAVARRO, de 40 años, fue
asesinado por desconocidos que le propinaron 10 disparos en diferentes partes del cuerpo, en el
barrio 20 de Julio.
El día 3 de marzo de este mismo año, en la vía que conduce de Ocaña a Aguachica (Cesar), fue
encontrado el cuerpo sin vida de WILMAR BALLESTEROS RINCON, quien presentaba 14
disparos en diferentes partes del cuerpo. La zona permanecía militarizada y era frecuente la
presencia y el accionar de grupos paramilitares.
Tres días después, el 6 de marzo de 1995, CARMEN ALIRIO LOPEZ QUINTERO, de 26 años,
fue asesinado por paramilitares fuertemente armados quienes lo acribillaron cuando se encontraba
en un establecimiento comercial de la plaza de mercado de Ocaña. El asesinato fue cometido a
plena luz del día y en medio de una gran afluencia de personas, hacia las 12:50 de la tarde. Pese a
la fuerte presencia militar, los pistoleros pudieron moverse por la localidad sin ningún
impedimento. Además, había sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, especialmente
contra la población campesina.
El 23 de junio de 1995, el trabajador informal y tramitador de documentos ante los diferentes
juzgados del Circuito Judicial de Ocaña, JUVENAL AREVALO TORRADO, de 52 años, fue
asesinado por hombres armados quienes lo acribillaron con varios impactos de pistola en la calle
13 con carrera 11, en el sector denominado "Tamanco". La víctima había sido objeto de un
atentado ocho años atrás.
Cinco días después, el 28 de junio de 1995, en horas de la madrugada, fueron hallados los
cuerpos de DOS HOMBRES, cada uno con seis impactos de bala calibre 38 en la cabeza, en la
vía a la Inspección de Policía Departamental Pueblo Nuevo. Ambos fueron llevados por los
victimarios hasta el lugar en un vehículo y allí los acribillaron. Una de las víctimas tenía
aproximadamente 30 años, era de tez trigueña y 1.70 metros de estatura. Vestía pantalón tipo
overol color morado, camiseta manga larga color azul y tenis negros.
En el mes de septiembre de 1995 fueron asesinados dos pobladores más. El día 7, en la vereda el
Perico, jurisdicción del municipio de Ocaña, se encontró el cuerpo sin vida del comerciante
GILBERTO BLANCO MORALI, de 35 años, quien tenía cinco impactos de arma de fuego,
calibre 9 milímetros. La víctima se dedicaba al comercio entre esta localidad y poblaciones
cercanas. Algunos días después, el 18 de septiembre a las 3 de la madrugada, CARLOS JULIO
MANZANO NAVARRO de 24 años, fue asesinado por desconocidos que lo acribillaron cuando
caminaba por una de las calles del barrio José Antonio Galán.
68
La acometida paramilitar disminuyó en el último trimestre de 1995. Sin embargo, el 23 de
octubre se registró la comisión de otro crimen, esta vez contra un dirigente cívico de la población.
Ese día, ISMAEL TARAZONA ORTIZ, de 56 años de edad, propietario de una pequeña finca en
El Tarra y dirigente de ese municipio, fue retenido a las 3:00 de la madrugada por 10 hombres
fuertemente armados, con la cara cubierta y vestidos de civil, quienes lo sacaron de su residencia
en el barrio La Popa y posteriormente lo torturaron y asesinaron en el Inspección de Policía
Departamental Pueblo Nuevo, en Ocaña. El cuerpo de Ismael fue encontrado con tres disparos en
la cabeza y señales de tortura en un sitio en el que era necesario pasar por una base militar del
Batallón de Infantería Nº 15 "Santander", en el Alto de Sanín Villa.
A finales del mismo mes, el 28 de enero de 1996, los campesinos LUIS JOSE GUERRERO
ARIAS y JOSE SOSA fueron desaparecidos por un grupo de paramilitares cuando se
encontraban en una vivienda de la zona urbana de Ocaña. Los paramilitares se identificaron
frente a las víctimas como miembros de la Fiscalía General de la Nación y afirmaron estar
realizando un allanamiento, llevándose a los campesinos. Luego buscaron a los hermanos Numa
y Eduardo Criado Guerrero en su residencia del barrio Villanueva; al no encontrarlos se
desplazaron a la vereda Alto del Lucero y dispararon contra la residencia familiar donde se
encontraban tanto los hermanos mencionados como sus hermanas Ilmar y Deisy, Diani Vergel
(esposa de Numa) y sus dos hijos: Rosa Yuliana, de 5 años, y Numar Fakir, de ocho meses de
nacido, así como cinco trabajadores de la finca. Informaciones preliminares indicaron la posible
muerte de algunas personas en este ataque, así como sobre heridas a otras, pero no fueron
confirmadas porque el grupo paramilitar no permitió el ingreso de los familiares a la vereda.
A mediados del mes de marzo de 1996 las tropas paramilitares incursionaron en la Inspección
departamental Pueblo Nuevo, sembrando el terror en toda la zona. El 15 de marzo, CIRO
ALONSO GUERRERO QUINTERO, de 45 años, y HERNANDO SERRATO RODRIGUEZ, de
18 años, fueron torturados y asesinados, por un grupo de seis hombres armados quienes en horas
de la noche irrumpieron en una humilde vivienda del corregimiento, ubicada en la vereda
Danubio, amarraron a sus habitantes y se los llevaron. Ciro Alonso fue hallado en inmediaciones
de la misma vereda con huellas de tortura, castrado y sin ojos; el cuerpo sin vida de Hernando fue
encontrado en el corregimiento Venadillo. A comienzos del año se produjo la detención de varias
personas (de la vereda Danubio), sindicadas de pertenecer a una banda de delincuentes comunes,
pero los implicados fueron dejados en libertad.
Un mes más tarde, el 15 de abril de 1996 a las 8:30 de la mañana, el comerciante y propietario de
un almacén de extintores y elementos contra incendios, JORGE VERGEL JACOME, fue
asesinado por dos hombres que lo acribillaron de 10 disparos de pistola calibre 9 milímetros
cuando se disponía a pagar una cuenta en una tienda, en el barrio El Playón. Jorge fue uno de los
fundadores de la Cruz Roja, hizo parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la Defensa
Civil de la localidad.
La arremetida paramilitar se reanudó a comienzos de octubre del mismo año. El día 4 un grupo
de paramilitares que se identificaron como miembros de la fiscalía atentaron contra la vida del
educador oficial JOSE ANTONIO TAMAYO ORTEGA en su residencia, ubicada en el barrio
Santa Clara.
69
Los paramilitares le exigieron a José Antonio abrir la puerta de su vivienda; ante la negativa de
sus ocupantes, intentaron tumbar la puerta y rompieron algunas tejas. Uno de los paramilitares
fue herido y cayó en una casa vecina cuando pretendía entrar por el techo, a consecuencia de un
disparo que le propinó José Antonio. Los demás encapuchados huyeron. La policía se hizo
presente dos horas más tarde, pese a ser avisada desde el inicio del atentado. El encapuchado fue
detenido e identificado como Javier Wilmer Martínez, quien fue liberado a los tres meses. El
educador venía sufriendo amenazas desde años anteriores; en el año 1994 fue víctima de un
atentado del cual salió ileso. Por las continuas amenazas contra su vida, el educador se vio
obligado a salir de Ocaña en 1995. Anteriormente, José Antonio había participado en un proceso
de recuperación de terrenos en el barrio Santa Clara.
Dos semanas más tarde, el 21 de octubre de 1996, la hermana de Nicolás Rodríguez Bautista,
conocido como "Gabino", BEATRIZ
RODRIGUEZ BAUTISTA, fue asesinada por
paramilitares que la sacaron de la floristería de su propiedad, ubicada en la calle 11 con avenida
1ª, en pleno centro de Ocaña, y le dispararon.
La persecución sistemática contra los defensores de derechos humanos del municipio prosiguió
en noviembre de 1996. El día 10 de ese mes, el promotor de derechos humanos en el municipio
de San Calixto, integrante de las comunidades eclesiales de base -CEBS- y ex funcionario de la
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- para la región, JAFETH
MORALES, fue asesinado por dos paramilitares que se acercaron hasta una tienda donde se
encontraba y le propinaron nueve disparos, en el barrio El Carretero. Los victimarios constataron
su muerte y huyeron en una camioneta blanca con rumbo desconocido. En 1992, mientras se
desempeñaba como técnico forestal de la UMATA en San Martín (Cesar), había tenido que
desplazarse forzadamente como consecuencia de las denuncias que hiciera por las torturas y
asesinatos2 de Nelsón Duran Chinchilla y otras tres personas, crímenes perpetrados por
miembros del ejército adscritos a la bases militares Morrinson y Aguas Claras, en Aguachica
(Cesar).
En el segundo trimestre de 1997 se recrudeció la acometida paramilitar en la población de Ocaña.
El 10 de marzo, tres hombres armados y encapuchados dieron muerte a LIBARDO ALONSO
SARMIENTO D’VERA de 40 años. El periodista y secretario de gobierno municipal fue
interceptado por los encapuchados cuando se movilizaba en una motocicleta a la vereda
Papamitos del corregimiento Agua La Virgen.
El 5 de abril de 1997 otro líder comunitario de la localidad fue asesinado por las estructuras
paramilitares; se trataba de JULIO HERNANDO ENRIQUEZ, quien fue ultimado por tres
paramilitares fuertemente armados en momentos en que se disponía a sacar de un parqueadero,
ubicado en cercanías del mercado, una camioneta de su propiedad, en la calle La Paz de Ocaña.
Julio era el representante legal de la Precooperativa Granja Avícola Santa Clara, proyecto
comunitario apoyado por la cooperación internacional que benefició a más de 20 familias
desplazadas por la violencia. El 26 de mayo siguiente, la finca de la Precooperativa fue tomada
por los paramilitares, quienes obligaron a las familias que allí trabajaban a desplazarse.
Dos semanas más tarde, el 6 de junio de 1997, el pastor evangélico ESAU ECHAVARRIA
GONZALEZ, de 66 años, el condcutor de bus CIRO ALFONSO PARADA SUAREZ, de 30
años, el comerciante LUIS CONRADO PERDOMO, de 40 años, FREDDY ALFONSO
70
VELASQUEZ LINDARTE, de 29 años, y PEDRO CESAR QUINTERO OJEDA, menor de
edad, estudiante de 17 años, fueron asesinados por paramilitares que interceptaron el bus de
servicio público en el que se movilizaban, y les ordenaron bajarse y tenderse en el suelo boca
abajo para dispararles en la cabeza. La masacre ocurrió en la vía que de Ocaña lleva a la
población de Convención. Una de las víctimas era un estudiante.
En el segundo semestre de 1997 comenzó una oleada de violencia contra los funcionarios
públicos que corrió por cuenta de grupos de hombres desconocidos que operaban haciendo uso de
capuchas, armas de corto y largo alcance y desapareciendo a sus víctimas, cuyos cuerpos eran
hallados con varías señales de tortura. La primera víctima de esta acometida fue la funcionaria
municipal, MAGALY PEÑARANDA AREVALO, de 36 años, asesinada el 27 de junio de 1997
por desconocidos en el barrio Villanueva de Ocaña. Magaly era la tercera funcionaria municipal
asesinada en menos de cuatro años en la población. Los hostigamientos contra los funcionarios se
reanudaron el 16 de abril de 1998, fecha en la que fueron amenazados de muerte por
desconocidos los concejales del municipio, CLAUDIA VERGEL VILLAMIZAR y
FRANCISCO ALFREDO ALVAREZ. Las intimidaciones se realizaron mediante llamadas
telefónicas en las que se les daba un plazo de 72 horas para abandonar la región.
En el segundo semestre de 1998 la violencia paraestatal se centro en la localidad de Ocaña en la
“limpieza social”. Uno de los principales blancos de dicho accionar fueron los jóvenes, que e
convirtió en uno de los sectores más afectados. El 3 de octubre de 1998, los jóvenes FREDDY
RODRIGUEZ, YOGAN RAMON TORRES ORTEGA y WILMER OMAR CONTRERAS
PALLARES, cuyas edades oscilaban entre los 21 y 24 años, fueron asesinados por varios sujetos
armados en el sitio "Los Mangos", en la vía que lleva de Ocaña a Convención. Existen dos
versiones del crimen: un a relata "que en el lugar se hallaban varias personas, cuando llegaron
unos desconocidos que después de identificarlos los apartaron del grupo y les dieron muerte a
balazos" y otra que afirma que las víctimas "fueron bajadas de un vehículo que transitaba por esa
vía y que sin mayores explicaciones les dispararon"56.
Además de la “limpieza social” en el casco urbano del municipio, a finales de 1998 aparecieron
las “listas negras de la muerte” realizadas por los paramilitares y la fuerza pública para identificar
y asesinar a sus víctimas; este suceso incrementó la tensión entre los habitantes de Ocaña; la
población estaba en medio del fuego y no tenía otro remedio que refugiarse en el silencio y el
miedo. Las primeras victimas de esta arremetida paraestatal, relacionadas en listas fueron
abordadas en un reten paramilitar. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 1998, fecha en la
que
el ayudante de vehículo GEOVANNY TORRES, CIRO FLOREZ, LUIS JOSE
SANGUINO, LUIS SEPULVEDA y OTRO HOMBRE, fueron asesinados por 20 paramilitares
que iban vestidos de civil, fuertemente armados, con la cara cubierta con capuchas y brazaletes
alusivos a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, en un retén realizado en el
sitio "El Chamizo" sobre la vía que comunica a Convención.
Los paramilitares montaron el retén desde la madrugada hasta las 10:30 de la mañana, tiempo
durante el cual detuvieron a más de 100 vehículos y obligaron a los pasajeros, tanto de buses de
servicio público como de los carros particulares, a bajarse de los carros con cédula en mano. Sus
56
Banco de Datos de Derechos Humanos y violencia Política del Cinep & Justicia y Paz. Noche y Niebla No 10, Octubre –
Diciembre de 1998.
71
nombres fueron comparados con la lista de 144 personas amenazadas de muerte en el municipio
de San Calixto, lista que fue elaborada por el comando de policía de esa localidad. En esta
ocasión fueron asesinadas las cinco víctimas. A pesar de que el retén paramilitar duró
aproximadamente 6 horas, la fuerza pública no hizo nada para evitar la masacre. Como lo pudo
establecer la Defensoría del Pueblo, "...el ejército aparece encapuchado en San Calixto. La
explicación que le dieron a la Defensoría del Pueblo era que ellos estaban encapuchados porque
hacía mucho frío. Realmente ese día estábamos en el orden de unos 17, 18 grados en un sol
picante de montaña...no había explicación para que ellos estuvieran encapuchados... Y menos en
esta zona donde pueden confundirse con paramilitares o éstos con la fuerza pública y crear más
reacciones de terror y de confusión en la población...”.
LA PERSECUCIÓN A LA FAMILIA ASCANIO
“Hoy nuestra familia está destrozada
todos somos desplazados, todos somos perseguidos,
no nos quedaron fuerzas para seguir,
son dos, cuatro y más
los que aún continuamos luchando
hoy nos sumamos más y más para encontrarnos”57
Los miembros de la familia Ascanio fueron víctimas de la persecución y el exterminio
sistemático por parte de miembros de la Fuerza Pública desde finales de la década de los setenta.
La persecución contra los integrantes de esta familia se recrudeció a raíz de las denuncias que los
Ascanio presentaron, quienes sufrieron y fueron objeto de toda clase de hostigamientos que van
desde simples amenazas, hasta desapariciones, torturas y asesinatos que pretenden no dejar huella
ni memoria alguna de su familia. La opresión vivida por está familia se dio en varias localidades
de Norte de Santander, fundamentalmente en La Playa, Hacarí, Convención y Ocaña.
Para la Fuerza Pública, especialmente para la Brigada Móvil No. 2, cualquier Ascanio es símbolo
de la insurgencia. Incluso, después del martirio y la muerte, la paz de los sepulcros no fue
suficiente para la tranquilidad de estos atormentados. Una clara muestra de la sevicia y el
aborrecimiento que manifestaban las unidades militares contra los Ascanio tuvo lugar el 22 de
marzo de 1995, cuando sus efectivos violentaron las tumbas de algunos miembros de la familia
que se hallaban sepultados en el cementerio de La Vega de San Antonio, municipio de La Playa,
para después dejar sus restos mortales al aire libre. Así como les negaron el más elemental de los
derechos, el de la vida, a los Ascanio tampoco les dejaron el mínimo derecho de descansar en la
eternidad pacíficamente.
Los primeros hostigamientos contra la familia Ascanio se produjeron en febrero de 1979, cuando
fueron detenidos en un allanamiento realizado en Ocaña los señores ANA BELINA ASCANIO,
ANTONIO ASCANIO TELLEZ, sus hijos AGUSTIN ASCANIO, SIMONA ASCANIO enferma
mental en ese entonces, sus nietas ANA BERTINA ASCANIO, NELDA ASCANIO y su nuera
ANA ABELINA ASCANIO, quienes estaban alojados donde un compadre mientras
desarrollaban diligencias de salud con tres familiares. Los militares los sindicaban de haber
57
Fragmento de poema realizado por integrante sobreviviente de la Familia Ascanio.
72
participado en la toma de Convención en 1979 que hacía pocos días había realizado la
insurgencia.
Bajo tales afirmaciones los seis detenidos fueron llevados al Batallón Santander, donde los
tuvieron por espacio de un día y una noche en condiciones degradantes, con los rostros expuestos
al sol, sentados en un hormiguero, sin poderse mover ni ingerir ninguna clase de alimentos. Un
día después fueron dejados en libertad puesto que no encontraron pruebas para procesarlos.
Historia Del Genocidio
58
Esta es la historia a relatar
que en Mesa Rica fueron a asesinar,
a campesinos pobres muy honrados,
que los mataron señores uniformados.
Llegaron el día 8 de Marzo
enfurecidos en casa de Abel Ascanio;
pidieron documentos de los difuntos
sabiendo que la familia estaba de luto.
Antonio el abuelo padre se negó a ceder
y todos los presentes se asutaron sin entender.
¡Fuego mis soldados!, esa fue la orden
Y los soldados dispararon en gran desorden.
La gente corre, los niños lloran, se para el rezo,
hay desepero y se oyen de gran dolor,
son los Ascanio que están tendidos en puro suelo
mientras que mueren los dos patriarcas de la región.
Antonio y Don Teodoro eran dos viejos abuelos
que tenían de edad 90 años y un poco más
padres y tíos de todos los que allí murieron.
Campesinos indefensos que no nacieron para pelear.
Es una estrategia inexplicable de relatar:
Muere completa una familia en la región;
Poco tiempo duró el sonido de la balacera
Y nueve viudas que quedaron sin su señor.
Cuarenta y cinco huérfanos es otra cosa de lamentar,
se quedaron sin padre en un momento de espavilón;
y la pobre Argemira sale corriendo con desespero,
cae de inmediato yerta de sangre, inclinada al suelo.
58
Poema realizado por habitante dela región, al cumplirse el primer aniversario de la masacre aquí relatada. Marzo 8
de 1982.
73
Don Teodoro muere en el quicio de aquella casa,
mientras don Antonio siente un explosivo en el corazón,
muere Agustín, Elcido Ascanio y Antonio Luis
mientras al cabo lo dan de baja junto al portón.
¡Gracias a Dios que a ese cabo lo dan de baja!
Porque huía de prisa de aquella casa como un león
Pues no alcanzó a desactivar una gran granada
Que en ese instante había zafado de su cinturón.
Los cadáveres de Víctor Julio y de Alcibíades
Se descompusieron rápidamente en el interior
Porque el resto de gente en esa casa los encerraron
Mientras llegaron más pelotones del Batallón.
Allí estuvieron encerrados hasta la media noche
Mientras se instaló un juzgado para declarar
Tres días de angustia, de gran zozobra y desespero
Con los difuntos, ya mal olientes sin enterrar
Así pasó esta tragedia de la masacre
Inolvidable para la familia de la región
Quedando impune y desapercibida por la justicia
Quien hizo caso omiso, tergiversando esta versión.
Efectivamente, como relata esta historia, ds años más tarde, el 8 de marzo de 1981 la familia
Ortiz Sepúlveda organizó un baile en la finca “El Charco”, ubicada en la vereda Mesa Rica,
jurisdicción del municipio de La Playa. En dicho baile, resultaron cuatro personas muertas y una
herida; entre los fallecidos figuraban ALCIBÍADES, VICTOR JULIO, EVELIO Y AREMILSE
ASCANIO. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de Alcibíades y Víctor Julio fueron llevados a
la finca de su padre, Antonio Ascanio, aproximadamente a las 12 del día. Mientras los familiares
y amigos se encontraban en el velorio, se presentó violentamente una patrulla de doce
uniformados de la compañía “PANTERA”, comandada por el Cabo Primero Peregrino Sánchez,
Jaime Alfonso y el dragonianante Luis Jesús Rojas. Tan pronto ingresaron al sepelio los militares
solicitaron los documentos de identidad de los cadáveres y requisaron grotescamente a los
familiares de las victimas, insultándolos. Ante estos hechos el abuelo Antonio Ascanio de 70
años les dijo “que respetaran, que estaban de duelo y los invitó a acompañarlos”59.
Ante esta situación, el cabo de la escuadra militar gritó “Fuego mis soldados”, golpeando a su
vez con la carabina que portaba, la cara del anciano. Los uniformados cargaron las armas y
dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, entre ellos ancianos, mujeres y
niños. Muchos de ellos salieron corriendo como LUIS JESÚS ASCANIO a quien a cien metros le
disparó el soldado Parada; así lo confirmó el militar. Así mismo el Inspector de Policía Cristóbal
Ropero Díaz que se encontraba en el sitio, manifestó a uno de los soldados “Présteme su fusil que
yo soy de ustedes mismos, yo les ayudo a disparar”. Estos hechos dejaron como resultado,
59
MINGA. Continúan el genocidio de las familias Ascanio y Pérez Guerrero del Norte de Santander. Mayo 9 del 2002.
74
además de la muerte de Luis Jesús, seis víctimas más de la familia Ascanio: TEODORO
ASCANIO de 80 años, ANTONIO ASCANIO de 70 años, los hijos de Teodoro: ANTONIO
LUIS ASCANIO y ARGEMIRA ASCANIO de 50 y 35 años de edad respectivamente y sus
sobrinos AGUSTÍN y ELCIDO ASCANIO.
En las horas de la mañana del día siguiente, los cerdos y los perros desgarraban las carnes del
cadáver de Luis Jesús en presencia de los familiares sin que los militares permitieran que estos
protegieran los cuerpos. Los muertos permanecieron en el mismo lugar donde fallecieron por
espacio de dos días, hasta que dieron la orden de que los enterraran.
El siguiente testimonio corresponde a uno de los miembros de la familia Ascanio, en el cual
relata los vejámenes a los que fueron sometidos sus familiares, durante y después de la masacre:
La permanente victimización de la familia Ascanio
“Este si es un caso que ya a nosotros nos empieza a doler más, porque yo digo, en el caso de la
primer familia, pues se murieron a tiros, los mataron. Pero, ya estos compañeros si no los
asesinan, son asesinados vilmente por una patrulla del Batallón Santander directamente, y
compañeros que fueron detenidos entrando a la vereda en el corregimiento de Astilleros, fueron
torturados de una forma cruel, o sea todas las señas que aparecen fueron violados,
despedazados y los semienterraron, o sea después del hecho pues cogen y los semientierran uno
tras del otro y les quitan, por ejemplo, traían dos motos, una moto de esas la esconden y la otra
se la llevan, se lo llevaron ellos, ya este hecho si siembra otro precedente grandísimo, pero muy
doloroso entre nosotros porque cuando se encuentra con una persona que la mataron, o sea, se
tiene como la felicidad uno de encontrar el cuerpo y darle sepultura, porque de todas maneras
nos resignamos como a eso, que tenemos que nacer y tenemos que morir, pero este hecho si
empieza a dañarnos otra vez”. 60
Posteriormente, los miembros de la patrulla del ejército encerraron a más de 200 personas en tres
habitaciones pequeñas, con los cadáveres y heridos impidiendo por más de diez horas su salida.
En las horas de la noche llegaron nuevos refuerzos del Batallón Santander de Ocaña,
comandados por el Mayor Rodríguez, quienes abrieron la puerta de la casa, permitiendo que las
mujeres y los niños salieran de las habitaciones, con las manos en alto, requisándolos a todos y
manoseándoles el busto a las mujeres. A estas personas las hicieron pasar la carretera (costado
derecho de la casa), despachando a las mujeres en fila con los niños de pecho, para el monte. En
la casa quedaron detenidas 42 personas, entre ellas 7 menores de 12 años quienes estuvieron tres
días con los muertos de la masacre de la familia Ascanio. El testimonio de un sobreviviente de
dicha masacre ilustra el sufrimiento de la familia y las acciones encaminadas por los soldados
para llevar a cabo los asesinatos:
60
PROYECTO CNM. Testimonio de un sobreviviente de la familia Ascanio, Ocaña, Norte de Santander.
75
El ejército ni permitió ir al entierro
“Eran las 12 del día, me acuerdo precisamente 12 en adelante, se estaban velando los cadáveres,
el hecho impactaba mucho porque eran seres muy queridos, la gente que acompañaba esto,
habían aproximadamente unas 200 o 300 personas en el sitio donde estábamos velándolos. De
las 12 en adelante el cabo se hizo presente con, pues se trajo casi todos los soldados de la base
esa, llegan.... Ya a las 12 llegó el cabo y venía sarao, trabado, azarado, vuelto nada a pesar de
que la gente que había ahí eran amigos y conocidos de él, llegó grosero, agresivo, que necesitaba
una requisa, inclusive me acuerdo yo, le dice al abuelo que necesitaba los documentos de los
muertos y eso a él le dolía muchísimo, entonces ya al abuelo no le gustó y dijo que no, y lo invita
todavía a que lo acompañe, y no que él no había venido a acompañar, que la requisa y ahí pues
de una vez el cavo sale afuera y ordena; le ordenó a los soldados que procedieran a requisar y
que si no dejaban requisar que les dieran plomo porque estábamos arrechos, que la gente que
estaban ahí estaban arrechos.
Estando como en esa discusión pues ya el cabo entra como en ese choque con el abuelo y le
pega con la trompetilla de su fusil, lo golpea; le pegó duro por la cara con ese fusil, bueno ahí se
comienza ante esa cantidad de gente, gente que estaba almorzando, donde habían ancianos,
niños, toda la familia estábamos ahí, empieza a disparar a mansalva al que corriera y al que no
corriera. Ya ahí es donde sucede el hecho preciso donde asesinan el resto de la familia Ascanio,
entre esos cae el abuelo Antonio, su hermano, sus sobrinos.
A pesar de los muertos que quedaron afuera, la mayoría quedaron afuera, quedaron algunos
heridos que después fallecieron por falta de atención, digo porque esta el caso de un abuelo, el
abuelo Teodoro 70, 75 años en ese entonces. Pues claro que él no iba a vivir porque estaba
perforado.... y encierran toda esta gente, le digo que el área de la casa, el saloncito donde se
metió la gente apiñorada no media más de 10 metros por unos 4 metros de ancho. Allí la gente
se desmayaba de sed, los muertos quedaron afuera, quedaron adentro, y allí permanecieron por
el resto de la tarde casi hasta el otro día y ya le meten represión, casi todo el batallón fue al
levantamiento y a hacer una lista de todo el mundo que estaba ahí, y lo más doloroso fue que el
ejército no dejo asistir a los familiares a ese entierro, ninguno de nosotros pudo ir a ese entierro,
no dejaron asistir a nadie, inclusive yo no volví a ver a mi padre estando ahí con él, la familia no
pudo ver a sus hijos ni pudo enterrar los que estaban ahí” 61.
Estos hechos se sumaron a la cruenta persecución vivida por la familia Ascanio desde finales de
la década del setenta en manos de las fuerzas militares, que acusando a los miembros de la familia
como subversivos, dieron inició a la erradicación de todos ellos.
Seis años después, se reanudó la persecución contra esta familia. El 15 de febrero de 1987
ABRAHAM ASCANIO fue detenido por tropas militares cuando viajaba en un bus desde el
municipio de Hacarí al municipio de Ocaña. Don Abraham fue conducido al Batallón Santander
de Ocaña, donde fue torturado física y psicológicamente, dejándolo a punto de perder la voz y
con una costilla fracturada. Cinco días después de su detención, fue puesto en libertad y le
expresaron que “agradeciera que no lo mataban porque la gente que iba en el bus con él, al
61
PROYECTO CNM. testimonio de uno de los sobrevivientes de la masacre, REF 04 – 24- 31
76
momento de su captura, se había dado cuenta de su detención y estaban denunciando”. Además
de estos hechos, el organismo militar le estipuló presentarse cada quince días a esa unidad militar
sin previo conocimiento de ninguna autoridad competente.
Durante toda la década de los noventa, la familia Ascanio siguió viviendo la persecución y
represión de todos sus miembros, por parte de la Brigada Móvil No.2, especialmente, y de grupos
paramilitares que desplegaron su accionar macabro ante los ojos inertes de la fuerza pública y de
sus organismos de seguridad, los cuales, a través de sus gestiones de encubrimiento u omisión en
las investigaciones, completaron el bastión de la larga cadena de impunidad que rodeó los
crímenes contra esta familia.
El 27 de noviembre de 1990 fue detenido ilegalmente por una patrulla de policía del 4to. Distrito
de Ocaña GUSTAVO ASCANIO, quien se encontraba en el corregimiento de Aspasica,
municipio de La Playa, donde coordinaba un taller de Derechos Humanos, con la población. Una
vez fue detenido, los militares lo torturaron y agredieron físicamente. Gustavo quedó
inconsciente debido a los golpes y permaneció un mes hospitalizado. Gracias a la oportuna acción
de los familiares y de las personas que presenciaron la acción de la Policía no lo pudieron
desaparecer.
Año y medio más tarde, el 22 de febrero de 1992, LUIS EMEL ASCANIO TÉLLEZ, de 21 años
de edad, fue desaparecido en Hacarí. Era de cabellos castaños claros ondulados y piel trigueña; al
momento de su desaparición vestía overol pantalón azul, camisa de flores y zapatos color marrón.
Un año más tarde, el 22 de enero de 1993, los campesinos CARMEN ELI ASCANIO de 22 años
y JAIME ALONSO ASCANIO de 11 años, ABRAHAM ASCANIO (hijo), ANA ABELINA
ASCANIO, y SIETE PERSONAS más fueron torturados por tropas de la Brigada Móvil Nº 2 en
la vereda Mesa Rica corregimiento La Vega de san Antonio, en en el municipio de La Playa. En
esta oportunidad, los militares llegaron a la casa de los Ascanio y torturaron a Carmen Elí y
Jaime Alonso. Los soldados habían estado previamente en la casa de esta familia preguntando por
Abraham Ascanio, presidente de la junta de acción comunal, quien aparecía en una lista de
dirigentes comunitarios que llevaban los militares. Ante la ausencia del señor Ascanio los
militares amenazaron a su esposa ANA ABELINA ASCANIO BAUTISTA con retenerla si no
les proporcionaba datos para encontrar a su esposo.
Ese mismo día los soldados de la Brigada Móvil regresaron, esta vez para torturar física y
sicológicamente a los hermanos Ascanio. Al día siguiente los militares volvieron a la casa de la
familia amenazando nuevamente a la señora Ana Abelina; esta vez, insistieron en que de no
aparecer Abraham Ascanio, se la llevarían a ella. El ejército permaneció los nueve días siguientes
en la casa de la familia Ascanio, tiempo durante el cual sometieron a torturas sicológicas y
continuas amenazas a los integrantes de la familia. A la casa llevaron varias personas retenidas y
los mantenían encapuchados, entre ellos a Ramón Villegas, uno de los primeros detenidos del
corregimiento de San José del Tarra, perteneciente a Hacarí y a Roque Ortiz de la Vega de San
Antonio, quienes fueron reconocidos por la misma familia Ascanio. Roque Ortiz logró escapar
vestido de uniformado.
El 26 de enero de 1993, tres días después de que se estableciera la tropa en el hogar de los
Ascanio, otro miembro de la familia, el joven campesino LUIS ERNESTO ASCANIO
77
ASCANIO, de 16 años de edad e hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal Abraham
Ascanio, fue detenido, torturado y posteriormente desaparecido y asesinado por militares de la
Brigada Móvil Nº 2. Luis Ernesto fue desaparecido cuando se dirigía a su casa, pues volvía de
una finca donde trabajaba como jornalero. Ese día, los militares encerraron en la cocina a todos
los que se encontraban en la casa y no les permitieron salir. Acto seguido, los miembros de la
familia escucharon gritos durante varias horas y a continuación varios disparos. A demás de
asesinar al joven, los militares mantuvieron a los Ascanio incomunicados durante 10 días porque
Abraham Ascanio no se encontraba allí; continuamente amenazaron a la esposa del líder comunal
diciéndole que “si no llegaba su esposo, se la llevaban a ella".
Cuando una hermana de Luis Ernesto pudo evadir el cerco militar, los vecinos le preguntaron si
su hermano había llegado a la casa, ya que ellos lo vieron dirigirse hacia allá. Esta
inmediatamente denunció la desaparición del joven ante la Procuraduría Provincial de Ocaña.
Algunos días más tarde, el 14 de febrero de 1993, la Comisión de Investigaciones Especiales de
la Procuraduría encontró su machete a 300 metros de la casa, en el lugar donde se habían ubicado
los soldados.
El 21 de mayo del mismo año, las autoridades municipales, entre las que se encontraba el Juez
Penal Militar Camilo Suarez, exhumaron unas fosas comunes de NN en el cementerio central de
Ocaña en la que se encontraban los cuerpos de personas no identificadas supuestamente muertas
en combate. En ella se hallaron unas ropas que la familia Ascanio reconoció como pertenecientes
a Luis Ernesto al momento de su desaparición. Sin embargo, su cadáver jamás se identificó
oficialmente.
Un mes después de la desaparición de Luis Ernesto, el 27 de febrero de 1993, el campesino y
miembro activo de la Junta de Acción Comunal y del Consejo de Administración de la
Cooperativa Unión Mesa Rica LTD (COOPUMA) y presidente del Comité de deportes
GUSTAVO ASCANIO, fue desplazado de su parcela ubicada en la vereda de Mesa Rica, por
miembros de la Brigada Móvil Nº 2. Los soldados de esta unidad rodearon la casa del señor
Ascanio, forzaron las puertas y procedieron a requisar toda la vivienda. Su familia se había ido
del lugar una hora antes, luego de ver cómo los soldados se acercaban a su vivienda.
La persecución contra la familia Ascanio, que en un inicio fue emprendida por las unidades
militares, posteriormente fue asumida por las estructuras paramilitares. El 20 diciembre de 1994,
los campesinos RAMON ELI y CARMEN EMIRO ASCANIO PEREZ, de 31 y 16 años,
respectivamente, fueron asesinados por paramilitares en momentos en que se disponían a regresar
al hospedaje "La Cabaña", en zona urbana de Ocaña. Los campesinos se encontraban en Ocaña
de viaje y cuando salían de un restaurante se presentó un repentino corte de energía eléctrica.
Momentos más tarde, camino al hospedaje, fueron interceptados por un grupo de hombres
fuertemente armados quienes les enfocaron el rostro con una linterna y sin mediar palabra
arremetieron contra Ramón propinándole 10 disparos de armas calibre 9 y 7.65 milímetros.
Carmen Emiro trató de refugiarse en el sitio de hospedaje pero fue alcanzado y baleado en
repetidas ocasiones. Los asesinos se movilizaban en un vehículo campero color blanco,
identificado por los pobladores como uno de los que habitualmente utilizaban los paramilitares
para patrullar.
78
Tres meses más tarde, el 7 de marzo de 1995, RAMON DAVID ASCANIO PEREZ, de 26 años,
fue asesinado por paramilitares fuertemente armados en cercanías a la plaza de mercado de
Ocaña. Según testigos del crimen, los responsables fueron los mismos hombres que asesinaron a
Carmen Alirio López Quintero el día anterior. Ramón David era uno de los huérfanos de la
masacre de 1981, en donde fue asesinada su padre, precisamente , el día del asesinato de Ramón
se cumplía el 14 aniversario de su muerte. Los hechos ocurrieron en momentos en que existía en
la zona una fuerte presencia militar; sin embargo los victimarios pudieron moverse por la
localidad sin ningún impedimento. Además, pocos días antes había sido denunciado el accionar
de grupos paramilitares, que actuaban en la región especialmente en contra de la población
campesina. Algunos días después del crimen, el 22 de marzo de 1995, las tropas militares
violentaron las tumbas y los restos mortales de algunos miembros de la familia Ascanio que se
hallaban sepultados en el cementerio de el corregimiento de La Vega de San San Antonio del
Municipio La Playa, los cuales fueron dejados después al aire libre.
A mediados de 1997 se reanudó la persecución contra la familia Ascanio. El 20 de julio de 1997,
la hija de Adriano Ascanio y esposa de Ramón Torrado, ELIZABETH ASCANIO BAYONA, de
21 años; la madre de Adriano, ANA DILIA PEREZ; la esposa de Adriano y madre de Elizabeth,
ANA ELIDA BAYONA; JUAN ABEL ASCANIO y JORGE ELI ASCANIO, hijos de Ramón y
Elizabeth, UNA BEBE de 21 meses y UN BEBE de 12 meses de apellidos TORRADO
ASCANIO; y DIEZ NIÑOS más primos entre sí de apellido ASCANIO, todos campesinos, cuyas
edades oscilaban entre uno y diez años, fueron torturados y amenazados en una acción conjunta
entre tropas del ejército del Batallón de Infantería Nº 15 Santander, paramilitares y algunos
encapuchados, quienes a las 6:45 de la noche incursionaron en una finca en la vereda Mesa Rica
corregimiento La Vega de San Antonio del municipio de La Playa , identificándose como
miembros del grupo paramilitar de Ábrego y Ocaña. En total, diecisiete miembros de la familia
Ascanio fueron agredidos ese día.
Los victimarios preguntaron por Adriano Ascanio, reconocido dirigente comunal y activista de
derechos humanos y su yerno Ramón Torrado, quienes no se hallaban en el lugar;
inmediatamente comenzaron a realizar las agresiones contra los miembros de la familia allí
presentes. Los hijos menores de la familia Torrado Ascanio fueron igualmente golpeados y
sometidos a amenazas de degollamiento con navajas en sus cuellos.
Una vez los agresores entraron a la casa de don Adriano preguntaron por este y su yerno Ramón
Torrado (esposo de Elizabeth), y al no encontrarlos procedieron a ultrajar física y verbalmente a
la familia de la siguiente forma: a Elizabeth la sacaron de su casa y la ultrajaron pasándole varios
hombres por encima de su cuerpo; la amenazaban con una navaja, rasgándole el vestido y
poniéndosela en la nuca y el cuello, amedrentándola si no decía donde estaban su papá y marido.
A la señora Ana Edilia le pegaron con la cacha de una pistola en la cabeza y le dijeron que si
seguía intercediendo por sus familiares la mataban.
A Ana Elida la sometieron a tratos crueles físicos y verbales, manifestándole que a su hija
Elizabeth se la habían llevado y asesinado. A Juan Abel lo golpearon en la cabeza con una piedra
fracturándole el cráneo, se le pararon encima y con golpes de culata y fusil lo agredieron en la
ingle y la espalda. A Jorge Elí lo golpearon varias veces en la cabeza para que no intercediera por
sus familiares. Los 10 niños fueron agrupados y amenazados con degollarlos colocándoles
navajas en el cuello. Uno de los menores, quien se hallaba durmiendo, fue levantado por la fuerza
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a culatazos. Al día siguiente, cuando Elizabeth se dirigía al hospital de Ocaña, fue interceptada la
ambulancia en que se transportaba por tropas del Batallón "Santander", quienes la sometieron a
un intenso interrogatorio; allí reconoció a uno de los sujetos que un día antes había estado en su
residencia.
Antes de que las tropas militares y paramilitares arribaran a la Vereda Mesa Rica, acamparon en
un sitio denominado Cerro Negro, en el que se hicieron pasar por guerrilleros del ELN. No
obstante, según versiones de la población, parecían miembros del ejército porque tenían
armamento de este y su comportamiento era igual a los del ejército.
Dos años después, en 1999, continuó la tragedia para esta familia; esta vez el turno le
correspondió a don ADRIANO ASCANIO quién además de ser cabeza de familia, era uno de los
líderes sobresalientes en esta comunidad, en la cual era ampliamente conocido por su apoyo a los
procesos comunitarios, labor en la que trabajó como presidente de la Junta de Acción Comunal
de la vereda Mesa Rica, vicepresidente del consejo de Administración de la Cooperativa
COOPUMA LTDA; presidente de la Asociación de Juntas del municipio de La Playa y fiscal de
la confederación de Juntas Departamentales.
Adriano fue ejecutado por un grupo paramilitar de los que operan en la región en complicidad
con los distintos organismos del Estado, civiles y militares, en cumplimiento de su “deber” de
conservar el establecimiento acorde con los intereses de explotación y sometimiento de la clase
dirigente. Su muerte es otro de los indicios de como la historia de la familia Ascanio esta signada
por el dolor y la humillación de ver perder uno a uno a cada miembro de la familia, a manos de
aquellos que piensan que con la muerte se acaba la memoria y se aplaca la lucha por una vida
digna.
Miembros de la familia Ascanio victimizados por la fuerza pública y estructuras
paramilitares
FECHA VICTIMAS
Febrero Ana Belina Ascanio,
/ 1979
Antonio Ascanio
Nelda Ascanio,
Agustín Ascanio,
Simona Asacanio
Ana Bertina Ascanio
08/03/81 Antonio Luis Ascanio,
Elsido Antonio Ascanio
Bautista
Antonio Ascanio Tellez
Teodoro Ascanio Téllez
Agustín Ascanio
Luis Jesús Ascanio
Argemira Ascanio
Alsibiades Ascanio
Evelio Ascanio
CRIMEN
Abuso de
Autoridad por
detención
arbitraria e
injusta y torturas
LUGAR
Perímetro Urbano
MUNICIPIO
Ocaña
Asesinato
Vereda Mesa Rica
La Playa
Por miembros de
la base Pantera
del ejército
pertenecientes al
Batallón
Santander de
Ocaña
80
Víctor Julio Ascanio
15/02/87 Abraham Ascanio
Abuso de
autoridad por
detención
arbitraria e
Injusta y torturas
22/02/92 Luis Emel Ascanio Téllez Desaparición
forzada
22/01/93 Carmen Eli Ascanio, Jaime Torturas y
Alonso Ascanio, Ana
ocupación de
Belina Ascanio
vivienda por
Siete Personas
miembros de la
Brigada móvil
No 2 del ejército
22/01/93 Ana Belina Ascanio
Amenazas y
Bautista
desplazamiento
forzado
26/01/93 Luis Ernesto Ascanio
Desaparición
Ascanio
forzada
20/12/94 Ramón Eli Ascanio Pérez Asesinato
Carmen Emiro Ascanio
Pérez
07/03/95 Ramon David Ascanio
Asesinato
Pérez
20/07/97 Elizabeth Ascanio Bayona Torturas y
Ana Dilia Pérez
amenazas
Ana Elida Bayona
Juan Abel Ascanio
Jorge Eli Ascanio
Dos niños Torrado Ascanio
Diez niños Ascanio que
vivían en la misma casa
Perímetro Rural: Vía Ocaña
Hacarí – Ocaña.
Sin Dato
Hacarí
Vereda Mesa Rica
La Playa
Vereda Mesa Rica
La Playa
Vereda Mesa Rica
La Playa
Perímetro urbano
Ocaña
Perímetro urbano
Ocaña
Inspección de
Policía
departamental El
Cincho
La Playa
ÁBREGO
Los primeros casos de CLH que se registraron en este municipio dan cuenta de una represión que
en sus inicios fue centralizada por el poder policial, cuyos agentes se atribuyeron el derecho de
imponer el “orden” en la región.
El 25 de diciembre de 1986, un agente de policía asesinó al campesino y menor de edad
ALBEIRO VERGEL TORRADO, de 8 años. Los hechos ocurrieron cuando el joven se dirigía
a la misa de las 5 de la mañana en compañía de su padre.
El 14 de agosto de 1990 TRES HOMBRES fueron encontrados asesinados en la vereda Vijagual.
Las víctimas presentaban varias heridas de bala y huellas de torturas. Según las autoridades, se
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trató de una venganza entre grupos guerrilleros. Otra fuente asegura que los victimarios eran
miembros del ejército.
Entre mayo y junio de 1991 se incrementó la oleada de violencia en la localidad de Ábrego. El 1
de mayo de ese año, hacia las 3:00 de la tarde, agentes del F-2 quienes al parecer se transportaban
en un vehículo con placas venezolanas, detuvieron, torturaron y asesinaron al campesino y líder
comunal, GIOVANNI ORTIZ TORRADO, de 25 años, en hechos ocurridos en el Caserío Pavez.
Al día siguiente, 2 de mayo, su cuerpo sin vida se encontró en el sitio "Filipote", en el municipio
de Ocaña, con varios impactos de bala en la cabeza, degollado y con graves señales de tortura: le
quitaron la lengua, las uñas y los ojos. El cuerpo sin vida de la víctima iba a ser enterrado como
NN, pero la búsqueda oportuna de sus familiares y amigos permitió encontrarlo. Ese mismo día,
hacia las 10:00 p.m, al frente de la casa donde se realizaba su velorio, miembros de la Policía
dispararon sus armas desde una camioneta cuatro puertas, generando pánico y terror entre los
asistentes. Esta situación se repitió en el cementerio, haciendo que los asistentes se retiraran
rápidamente.
Los desmanes de los agentes paraestatales contra la población de Ábrego continuaron el 4 de
junio de 1991, fecha en la que DONAY RODRIGUEZ BACCA, de 22 años, fue desaparecido
después de visitar a su familia en la vereda La Arenosa. Donay fue visto por última vez en el
trayecto de regreso a Venezuela, en el sitio "El Tarrita". Como antecedente de su muerte, cabe
anotar que Donay había sido desplazado forzosamente hacia Venezuela debido a la persecución
que sufría por parte de la policía.
Las agresiones de la fuerza pública y los grupos paramilitares en la población cesaron por un
lapso aproximado de ocho meses. Sin embargo durante la segunda semana de abril de 1992
varios miembros de la policía asesinaron a 2 pobladores e hirieron a cinco más.
El 13 de abril de 1992, los abogados OSCAR IVAN ANDRADE SALCEDO y FARIDE
HERRERA JAIME, de 31 años, fueron asesinados y ASTRID LEONOR ALVAREZ
ANDRADE, GLORIA BEATRIZ ALVAREZ JAIME, FELIPE ALVAREZ -menor de edad-,
ESPERANZA ALVAREZ JAIME y LEONARDO AREVALO, fueron heridos por miembros de
la policía comandados por el Mayor Cesar Emilio Camargo Cuchia, en la vía que de Ábrego
conduce a Cúcuta, a la altura del sitio conocido como Alto del Pozo. En el operativo también
participaron el Capitán Eduardo Guzmán López y los Agentes Óscar Oviedo Cáceres, Roberto
Rosero Montero y Henry Sánchez Bueno.
Un informe forense sobre Oscar Iván dio cuenta de que la víctima no tenía ningún proyectil al
interior de su cuerpo que permitiera dilucidar la causa de su muerte. Su cuerpo sin vida no tenía
orificios de salida de los proyectiles, por lo que debieron ser extraídos por la misma Policía,
cuyos expertos realizaron la necropsia y un reconocimiento posterior. Sin embargo, el
comandante del Cuarto Distrito de Policía de Ocaña, Mayor Cesar Emilio Camargo Cuchia y el
comandante de la Policía de Norte de Santander, Coronel Germán Darío Moreno Acero,
emitieron comunicados y dieron declaraciones a la opinión pública, según los cuales se presentó
un fiero combate entre la patrulla de la policía y guerrilleros del Ejercito de Liberación Nacional,
el cual habría terminado cuando una camioneta Toyota cruzó la línea de fuego, situación
aprovechada por los guerrilleros para atacarla con granadas y disparos de fusil, facilitando su
huida, "ya que la policía se dedicó a atender a los heridos". Esta versión fue desvirtuada por los
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sobrevivientes, que se movilizaban en la camioneta, quienes al recuperarse afirmaron que no
hubo enfrentamiento alguno y que fueron atacados por los policías.
El Estado colombiano le presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una
explicación, según la cual la motivación del ataque fue la existencia de información en el sentido
de que integrantes de un grupo guerrillero habrían estado desplazándose por la zona en un
vehículo de igual marca pero de color azul. La prensa local dio cuenta de las víctimas como
"guerrilleros abatidos por la Policía en combate con el ELN", reproduciendo los comunicados
oficiales al pie de la letra cuando se tenían otras fuentes de información, como los familiares de
las víctimas, máxime cuando Oscar Iván era sobrino del senador nortesantandereano Félix
Salcedo Baldión.
Actuaciones Judiciales
El Juzgado 16 de Instrucción Criminal inició la investigación. También conoció del hecho
la Fiscalía y fue radicado en la Unidad de Vida de Cúcuta, con el radicado No. 2769,
siendo vinculados cinco miembros de la Policía Nacional.
La jurisdicción penal militar creó una colisión de competencias con la justicia penal
ordinaria, siendo asignada la investigación a la primera por el Consejo Superior de la
Judicatura. Al pasar a los tribunales castrenses el proceso fue radicado con el Nº 351 en la
Auditoría Superior de Guerra de la Inspección General de la Policía Nacional, contra un
Mayor, un Capitán y dos Agentes, por homicidio y lesiones personales.
El apoderado de la familia de Faride Herrera presentó demanda de constitución como
parte civil, el 4 de octubre de 1994, la cual fue rechazada el 25 de octubre.
Esta decisión fue apelada ante el Tribunal Superior, despacho que la confirmó en fallo del
15 de diciembre de 1994, argumentando que “... se desprende que para esta fiscalía no
procede la figura de la parte civil y que por lo tanto la posición del A – quo se
fundamentó en las normas vigentes de carácter adjetivo atribuidas a esta especial
jurisdicción. De igual manera, si el procurador judicial hace saber su petición de
pretender constituirse en parte civil sólo con el ánimo de restaurar el derecho y bajo el
criterio antes esbozado, el juzgador primario le niega la calidad de parte civil pero le
autoriza el acceso a la justicia... consideramos que se obró con equidad, con justicia y en
derecho”.
La investigación fue asignada al Juez 70 Penal Militar, radicado Nº 2014. En mayo de
1994 fue realizado Consejo Verbal de Guerra, cuyos vocales profirieron veredicto
absolutorio a los acusados. El presidente del consejo declaró contraevidente el veredicto y
el Tribunal Superior declaró fundada dicha declaratoria, con lo cual se convocó un
segundo Consejo de Guerra que deliberó del 13 al 21 de diciembre de ese mismo año, en
el cual el fallo absolutorio, fue confirmado en su totalidad en el Tribunal Militar, quien no
obstante anotó: “[este Tribunal] no puede adoptar otra decisión que la de impartirle
confirmación al fallo que exonera de toda responsabilidad a los policiales justiciables,
sin importar desafortunadamente, que las pruebas que se incorporaron al plenario
durante la etapa instructiva, hagan demostración contraria. [..] La sentencia absolutoria
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será causa de confirmación, pero porque así lo ordena la ley, no porque al abrigo de las
probanzas allegadas se haya demostrado la inocencia o no responsabilidad de los
encausados”.
En el plano disciplinario, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional realizó una
investigación, radicada con el Nº 020-134805. El 10 de agosto de 1994 decidió en única
instancia, sancionando con solicitud de destitución (separación absoluta del cargo) al
Mayor Camargo, al Capitán Guzmán y a los Agentes Rosero y Sánchez y exonerar al
Agente Oviedo por aplicación del in dubio pro reo.
Al fallo anterior le fue interpuesto recurso de reposición por parte de los sancionados el
cual fue admitido fuera de fecha, pero aceptado por considerar que la notificación del
auto de agosto no se hizo en los términos de ley, por lo cual el recurso de reposición fue
recibido el 27 de agosto de 1994 y resuelto el 27 de julio de 1995, decidiendo no reponer
la decisión.
Ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander fue presentada demanda contra el
Estado, la cual fue radicada con el Nº 7825. El 6 de julio de 1999 se realizó audiencia de
conciliación sin que se lograra acuerdo, a pesar de la existencia de la solución amistosa
ante la CIDH.
En el sistema internacional, el 22 de julio de 1995 el caso fue presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde fue radicado con el Nº
11.531. El 3 de marzo de 1997, se suscribió un acta de entendimiento en la cual se acordó
crear un “comité de trabajo para la búsqueda de una solución amistosa en los casos de
Roison Mora y Faride Herrera y otros”, integrado por delegados de la Procuraduría
General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos –en representación del Estado– y miembros del
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y de la Comisión Colombiana de Juristas
– a nombre de los peticionarios–.
El 27 de mayo de 1998 se suscribió el acuerdo de solución amistosa; sin embargo, a 9 de
marzo de 1999, el Gobierno colombiano sólo había cumplido con lo referente a un acto
público de desagravio para las víctimas, estando aún pendientes los demás tópicos del
acuerdo.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano presentó una
explicación según la cual la motivación del ataque fue la existencia de información en el
sentido de que integrantes de un grupo guerrillero habría estado desplazándose por la
zona en un vehículo de igual marca pero de color azul.
Cinco meses después, el 7 de septiembre de 1992 se presentó un nuevo crimen en la zona rural
de Ábrego. Ese día, el campesino JULIAN TARAZONA, de 31 años, fue asesinado en el solar
de su casa por un grupo de cinco hombres armados y encapuchados, en momentos en los que la
zona se encontraba militarizada.
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A comienzos de 1993 la Brigada Móvil No. 2 desarrolló una serie de operaciones de
contrainsurgencia en la población de Ábrego, militarizando toda la zona. Desde su llegada, los
miembros del ejército hostigaron y agredieron indiscriminadamente a los habitantes del
municipio, acusándolos de “pertenecer a la subversión”. Los blancos principales de las acciones
militares fueron los campesinos y líderes comunales, quienes sufrieron la injustificada
arremetida de la fuerza pública.
El 14 de enero de 1993, el campesino agricultor, carpintero y Secretario de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Bellavista, NAHUM ELIAS SANCHEZ VEGA, el campesino agricultor
RAMON EMILIO SANCHEZ SANCHEZ, de 23 años, el campesino agricultor y miembro de la
Asociación de Juntas de Acciones Comunales de la región y ex presidente del Comité de
Deportes de la Vereda Bellavista, LUIS HONORIO QUINTERO ROPERO, de 24 años, y su
hermano, el campesino RAMON EMILIO QUINTERO ROPERO, de 22 años, fueron detenidos
arbitrariamente, desaparecidos y asesinados por miembros de la Brigada Móvil Nº 2, en el
municipio de Abrego vereda Bella Vista.
Los militares llegaron con lista en mano a la región, buscando a los líderes comunales de amplia
trayectoria y reconocimiento por parte de las autoridades civiles departamentales, sindicándolos
de ser colaboradores de la colaboradores de la guerrilla. Poco tiempo después de la detención de
los campesinos se escuchó un tiroteo y, según habitantes de la región, “... se encontraron huellas
como amarras a árboles y sangre" y una caja dental, por lo que se cree que fueron asesinados y
presentados como jóvenes guerrilleros muertos en combate. Los padres de algunas de las
víctimas reconocieron a sus hijos en las fotos tomadas por investigadores de la Fiscalía General
de la Nación a algunos de los "muertos en combate", aunque no fueron identificados plenamente
los cuerpos. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía e investigado por la Comisión de
Investigaciones especiales de la Procuraduría en Ocaña.
Por estos hechos, sumados a una serie de crímenes cometidos por la Brigada Móvil No. 2 en el
mes de enero del 93 en los municipios de Ábrego, Hacarí y La Playa, fueron vinculados a
investigación disciplinaria por la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos
Humanos el 14 de marzo de 1997, el Mayor José Rafael González Villamil, el Capitán Mauricio
Serna Arbeláez, el Teniente Juan Carlos Mejía Gutiérrez, el Subteniente Francisco Chilito
Walteros, y los Cabo Primero José Vicente Rodríguez y Guillermo Rodríguez Hernández.
Posteriormente, la Delegada en providencia del 27 de febrero de 1998, decretó la extinción de la
acción disciplinaria frente al Capitán Serna Arbeláez por haber fallecido en 1994; y el archivo de
las diligencias respecto de los demás implicados por prescripción de la acción disciplinaria.
Los crímenes perpetrados por los “desconocidos” volvieron a presentarse el 12 de abril de 1993,
fecha en que el soldado NADIM ANTONIO BAYONA adscrito a la base militar Morrison,
localizada en el sur del departamento del Cesar, fue asesinado por desconocidos que le dispararon
con una pistola calibre 9 milímetros, en el barrio La Piñuela, barrio de Ocaña. Para la época de su
asesinato, Nadim se encontraba de licencia. Cuatro meses más tarde, el 27 de agosto de 1993, el
ex alcalde, ex concejal de Ábrego por el Partido Liberal y comerciante JESUS ALBERTO
CARRASCAL YARURO, de 61 años, fue asesinado por varios hombres armados que le
propinaron seis disparos, en la vereda El Oroque.
85
Durante 1994, se percibió una profundización en la arremetida paramilitar , cuyas tropas
contaron con el apoyo y los refuerzos de la fuerza pública para controlar la población de Ábrego.
Un ejemplo de ello ocurrió en marzo de 1994, cuando los campesinos IGNACIO BAYONA de
45 años y UN CAMPESINO de 38 años, junto al comerciante RAMIRO de 25 años fueron
detenidos, amenazados y torturados, en la vereda de Guasiles. Los tres hombres pertenecían a una
organización campesina y fueron interceptados por unidades militares acompañadas de una
patrulla paramilitar.
La persecución contra los pobladores del municipio continuó en el mes de septiembre de 1994. El
12 de septiembre, ORLANDO REYES VERGEL fue asesinado y TRES HOMBRES más fueron
heridos como consecuencia de la explosión de una bomba colocada por desconocidos en un
centro comercial de la población. Dos semanas más tarde, el día 26 de septiembre, el empleado
público asesor del alcalde municipal de Ábrego, JORGE YAMIL BAYONA, de 31 años, fue
asesinado por encapuchados que interceptaron el vehículo en el que se desplazaba en compañía
del alcalde, propinándole a Jorge varios disparos. La victima se dirigía a revisar un buldózer en
el lugar del crimen.
En el último trimestre de 1994 las fuerzas militares reanudaron sus operativos en la localidad de
Ábrego. El 27 de octubre de 1994, CIRO ALFONSO GALEANO SANDOVAL y DIOMAR
PEREZ PACHECO, fueron detenidos ilegalmente por el Subteniente José Mauricio Márquez
Sánchez, adscrito al Batallón de Infantería No. 15 “Santander”, en el barrio San Antonio.
Hacia las 7:00 de la noche de ese día, una bomba panfletaria explotó con propaganda alusiva al
ELN, en cercanías de un billar donde se encontraban jugando Ciro y Diomar. Media hora después
arribó el Subteniente Márquez con una patrulla al lugar, procediendo sin orden judicial alguna a
detener a Ciro y Diomar porque tenían en su poder un solo papel. Según el Oficial los detenidos
tenían varios panfletos y los estaban repartiendo por lo que procedió a aprehenderlos; además los
señaló
como
miembros
de
dicho
grupo
subversivo.
Los dos hombres duraron detenidos cerca de 20 días para luego ser enviados a las instalaciones
del Batallón de Infantería No. 15 "Santander" en Ocaña, donde los dejaron a disposición de la
Fiscalía de la ciudad por rebelión. Sin embargo, el 30 de marzo de 1995, la Fiscalía precluyó la
investigación.
El año de 1995 representó para el municipio de Ábrego la persecución sistemática contra los
comerciantes de la localidad. Los hostigamientos a los miembros de este sector social
comenzaron el 24 de enero, día en que el comerciante JESUS ADOLFO TARAZONA, de 46
años, fue asesinado por desconocidos que sin mediar palabra le dispararon cuando la víctima se
movilizaba en una motocicleta por la vía que conduce a Cúcuta, en el caserío Río Frío.
El 7 de febrero de 1995, los paramilitares asesinaron a tres personas, en tres lugares distintos de
la población. Dos de las víctimas eran campesinos y la tercera pertenecía al gremio de los
comerciantes, gremio perseguido en todo el departamento nortesantandereano. Los asesinatos se
produjeron en las horas de la noche del 7 de febrero de 1995. Inicialmente, UN CAMPESINO
fue asesinado por desconocidos. Ese mismo día, el comerciante ANTONIO MARIA PAEZ
ANGARITA, de 47 años, fue asesinado por un grupo de paramilitares quienes llegaron a su casa
identificándose como miembros de la Fiscalía y se robaron el dinero que encontraron. Acto
86
seguido, sacaron a Antonio de su vivienda y lo asesinaron frente a su residencia, luego de
acusarlo de ser guerrillero. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el barrio La Ceiba, con disparos
de pistola calibre 9 milímetros. Para la época de la comisión de los crímenes, los paramilitares se
habían reunido con militares en el Comando de Policía local de Ábrego. En la población se
denunció que los paramilitares andaban uniformados en una camioneta Blazer color verde crema
con vidrios oscuros.
La trágica jornada culminó con la muerte del campesino PABLO ELI CARDENAS BAYONA,
de 21 años, en la vereda 20 de Julio, quien fue asesinado por varios paramilitares vestidos de
civil, dos de ellos con la cara tapada. Una vez llegaron a la residencia de la víctima, tumbaron la
puerta para ingresar y le propinaron a Pablo varios disparos de pistola calibre 9 milímetros. Los
agresores se movilizaban en una camioneta Toyota Trooper, cuyo vagón tenía las placas distintas,
que luego fue vista a una cuadra de la Estación de Policía.
Tres días después de estos acontecimientos, el 10 de febrero de 1995, el comerciante y ex
concejal de Ábrego, TARCISIO TORRADO ALVAREZ, de 63 años, y el profesional JOSE
LUIS ARÉVALO ALVAREZ, de 31 años, fueron asesinados por varios hombres que llegaron al
lugar donde las víctimas se encontraban en compañía de varios trabajadores cobrando su sueldo y
los acribillaron sin mediar palabra en el sitio "Puente Riofrío", de la vía que conduce al
corregimiento de El Tarra, en el municipio de Ábreo. Los dos hombres trabajaban en el proyecto
de adecuación del puente de Riofrío, el primero como transportador de arena y demás materiales
en su volqueta, y el segundo como arquitecto.
Otra víctima de los paramilitares fue el campesino ALIRIO JACOME JACOME, de 18 años, el
cual fue asesinado por un grupo de paramilitares armados con fusiles R-15 y Galil, el 5 de marzo
de 1995. Los paramilitares interceptaron la camioneta en la que se movilizaba Alirio, en una
vereda de la Inspección de Policía La María. Posteriormente lo asesinaron luego de identificarlo y
de decir que " el hijo es lo mismo que el papá", refiriéndose así a Enrique Jácome, padre de la
víctima y dirigente popular.
Cuatro meses más tarde, otro miembro de la familia Jácome sufrió el embate de la barbarie
paramilitar. El 23 de julio de 1995 UBER VACA JACOME, fue retenido por varios
paramilitares en su residencia, ubicada en el barrio La Torcoroma de Ábrego, quienes
posteriormente lo torturaron y asesinaron en la vereda Oropoma del mismo municipio. Los
paramilitares, que se movilizaban en 2 camionetas, llegaron a la casa de Uber, y luego de
identificarse como miembros de la Fiscalía, se lo llevaron. Al parecer, en la huida lo llevaron a
una base militar y luego a la vereda Oropoma, en donde fue asesinado. Al día siguiente fue
encontrado su cuerpo sin vida con signos de tortura. No contentos con la muerte de Uber, los
paramilitares amenazaron a los familiares de la víctima para que no denunciaran el hecho. Con
todo, la queja fue puesta en conocimiento de la Personería.
Ante la alarmante oleada de violencia emprendida por los paramilitares y la connivencia entre
estos y la fuerza pública, fue una constante entre 1995 y 1996. Los pobladores de Ábrego
afirmaban que los retenes de los grupos paramilitares y sus desplazamientos, eran custodiados
por el ejército en varios sectores de los municipios de la región como en la vereda El Páramo del
municipio del Carmen, y en el Alto de Sanín Villa. La efectividad de dicha protección era tal que
se ampliaba a los combates. En 1996, después de un enfrentamiento militar entre la guerrilla y los
87
paramilitares, ocurrido en el último de los sitios mencionados, llegó un helicóptero del ejército a
apoyar al grupo paramilitar, según versiones de pasajeros y choferes que se encontraban en el
lugar.62
Uno de las consecuencias de la toma del oriente nortesantandereano por parte de los
paramilitares, fue la práctica de utilizar a supuestos “desertores de la guerrilla” quienes a cambio
del pago de recompensas señalaban a lideres y sectores de la población civil como guerrilleros o
colaboradores de grupos insurgentes. De esta manera se elaboraron listas con las cuales se
amenazó y atacó de manera incesante a estas personas, que se vieron obligados a desplazarse con
sus familias para poder salvaguardar sus vidas.
Este tipo de mecanismo de señalamiento y persecución tenía como fin último, la destrucción de
cualquier tipo de opción de organización y gestión de las comunidades. En medio de esta política
de guerra integral, se vislumbró, desde 1994, un proceso de legitimación de las acciones de los
grupos paramilitares a través de diálogos con el gobierno Nacional- Gobierno de Samper- para
una supuesta desmovilización, proceso paralelo a la legitimación y legalización de las llamadas
“asociaciones de Vigilancia Rural” o “Cooperativas Rurales de Seguridad”, que como se ha
demostrado fueron conformadas por los mismos grupos paramilitares que ahora buscaban una
fachada legal como “grupos de vigilancia privada”. Entre tanto, el paramilitarismo venía
constituyéndose en un proyecto nacional63.
Esta situación enmarcó los crímenes cometidos durante la segunda mitad del año de 1995. En tal
sentido el 31 de julio de ese año, el comerciante y tendero LUIS SAUL GOMEZ PEÑARANDA,
fue torturado y asesinado entre las 4:00 y las 4:30 de la tarde, por un grupo de paramilitares que
se movilizaban a bordo de un automóvil Chevette y llegaron a una tienda de propiedad de la
víctima, a la que torturaron, asesinaron y robaron $600.000 pesos, en el barrio Santa Bárbara. Al
parecer el hecho era una retaliación contra Luis Saúl por haberle vendido un automóvil, que no
funcionaba bien, a un policía, ya que los paramilitares se reunían frecuentemente con la fuerza
pública en la Base Militar y en el Comando de Policía del pueblo.
Dos meses más tarde, el 4 de septiembre de 1995, dos comerciantes más serían asesinados. Se
trataba de ISIDRO MARTINEZ RAMIREZ, de 24 años, y RAMON DARIO MEDINA, de 33
años, quienes fueron encontrados asesinados en la vereda El Guayabal. El paradero de los
comerciantes era desconocido desde el 2 de septiembre, cuando a las 10 de la noche fueron
sacados a la fuerza de sus viviendas en Aguachica (Cesar). Los encapuchados, quienes se
movilizaban en dos camperos Trooper y portaban armas automáticas, "manifestaron que después
enviaban una nota", pero al parecer "abandonaron el vehículo en Aguachica, pasaron por Ocaña
y llegaron hasta Ábrego. En la vereda conocida como El Guayabal se deshicieron de los
comerciantes y los asesinaron a tiros de pistola en la cabeza".
En 1996 disminuyó la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en la población de Ábrego. No
obstante, el 23 de junio de 1996, se registró el asesinato del concejal por el Partido Conservador,
URIELSON SANCHEZ NAVARRO, por parte de desconocidos que le propinaron dos disparos
en la cabeza cuando se dirigía al sitio "El Tabaco". Los asesinos lo abordaron a la altura de la
62
63
MINGA. Asociación para la Promoción Social Alternativa. Informe Preliminar. Estrategia contrainsurgente..., Op. cit.
Ibíd.
88
vereda Llano Suárez. Según el alcalde de la población, la víctima había recibido amenazas pero
se desconoce su procedencia.
En el ocaso de la década de los noventa, específicamente durante el año de 1997, las agresiones
contra los habitantes de Ábrego, por parte de los grupos paraestatales fueron marcadamente
explícitas gracias al apoyo consagrado de las fuerzas militares y policiales del municipio. Un
ejemplo de ello fue el asesinato el 21 de marzo, del trabajador informal CARMEN EMILIO
BACCA ANGARITA, de 31 años, quien fue ultimado por paramilitares que irrumpieron en su
lugar de trabajo y, luego de sacarlo a la fuerza, se lo llevaron consigo para ejecutarlo en el sitio
"La Estancia", en Ábrego.
Un mes después, el 27 de abril de 1997, el campesino CARLOS JULIO SANCHEZ PACHECO,
de 31 años, fue encontrado asesinado y su cuerpo enterrado en la vereda Santa Lucía. Su cuerpo
presentaba varios impactos de bala. La víctima había sido llevada a la fuerza por desconocidos
dos días antes cuando se dirigía al municipio de Sardinata.
En el segundo semestre de 1997 fueron asesinados 7 habitantes de Ábrego, a manos de los
paramilitares y las fuerzas militares del municipio, quienes concentraron su accionar en la
Inspección de Policía el Tabaco desde comienzos del año. El 17 de agosto, el comerciante de
cebolla ANTONIO VERGEL fue asesinado por un grupo de hombres armados que irrumpieron
en la Inspección de Policía Departamental Capitán Largo, se lo llevaron por la fuerza y lo
asesinaron horas después. Al día siguiente, 18 de agosto, los campesinos ANTONIO RICAURTE
MELO, de 42 años, GERARDO PABON, de 24 años, y SALVADOR CELIS, de 30 años, fueron
asesinados por hombres armados sin identificar, que incursionaron en tres viviendas de la vereda
El Rabo, sacando por la fuerza a sus ocupantes, para luego llevárselos y asesinarlos. Los cuerpos
sin vida de los campesinos fueron encontrados en la vereda Brisas del Páramo.
El 22 de octubre de 1997, dos meses después de la incursión paramilitar en la vereda el Rabo, fue
encontrado torturado y asesinado NADIN BAYONA SANTOS, candidato a la alcaldía de
Ábrego, en la Inspección de Policía El Tabaco. Nadin presentaba impactos de bala y señales de
tortura; la lengua le fue cercenada. Veinticuatro horas antes, había sido llevado a la fuerza por
desconocidos que lo interceptaron en la Inspección de Policía Departamental La Ermita.
A las acciones criminales de las estructuras paramilitares se sumaron los vejámenes y agresiones
de los efectivos del batallón Santander contra la población de Ábrego. El 11 de noviembre de
1997, a las 9:00 a.m., los campesinos JOSE DEL ROSARIO ORTIZ SANCHEZ, de 40 años,
JESUS SALVADOR ORTIZ SANCHEZ, de 28 años, y DIOMAR ORTIZ SANCHEZ, de 16
años, fueron detenidos y asesinados por soldados adscritos al Batallón de Infantería Nº 15
Santander de Ocaña, en la vereda Pavez. Esa mañana los campesinos salieron de su finca La
Esperanza a comprar mercado, cuando fueron atacados a tiros por militares desde la carretera que
queda cerca a la finca. Al sentir el ataque los campesinos corrieron y se entregaron con las manos
en alto a la patrulla militar que hacía el operativo ante la vista de varios testigos.
Posteriormente fueron hallados sus cuerpos en la funeraria de Ábrego. Estos asesinatos fueron
reportados por el diario La Opinión como “guerrilleros dados de baja en combate”, y a los que
supuestamente se les había incautado armamento. Algunos días más tarde, una tienda de la
hermana de los campesinos Ortiz Sánchez, ubicada en la misma vereda Pávez, fue saqueada y
89
destruida; además toda la familia (aproximadamente 60 personas, entre niños y adultos) tuvieron
que salir debido a las constantes amenazas que recibieron por parte del ejército y los
paramilitares. Dos días antes, se habían presentado enfrentamientos entre miembros del ejército y
guerrilleros que operan en la provincia de Ocaña.
Durante la investigación disciplinaria adelantada por el Comando de la V Brigada, en concepto
del 11 de diciembre de 1997, el funcionario de instrucción Coronel Oscar Leonel Pantoja,
concluyó que: "las acusaciones realizadas en contra del personal del Batallón de Infantería Nº 15
Santander, carecen de fundamentos de hecho y de derecho, que la conducta de los mismos fue
ajustada a derecho y que las pruebas obrantes impiden que se atribuya la comisión de conductas
constitutivas de falta disciplinaria y que por tanto no hay mérito para abrir investigación contra
los mismos". El 15 de diciembre de 1997 se profirió providencia de fondo por parte del Comando
de la Quinta Brigada en cabeza del Brigadier General Fernando Millán Pérez, en el que resuelve
abstenerse de abrir formal investigación disciplinaria y ordena el archivo de las diligencias.
En vista de lo anterior, al iniciarse las diligencias disciplinarias en la Procuraduría Delegada Para
la Defensa de los Derechos Humanos y por existir un pronunciamiento definitivo en materia
disciplinaria, el ente gubernamental mediante providencia del 16 de marzo de 1999 tuvo que
decretar la terminación del procedimiento por aplicación del principio de non bis in ídem. No
obstante la Delegada se apartó de las razones que tuvo el funcionario instructor y el Comando de
la Brigada para archivar la investigación, pues considera que las pruebas permiten dudar de la
ocurrencia del supuesto combate, como por ejemplo la existencia de tatuajes de pólvora en los
cuerpos de las víctimas; y la brevedad con que se manejaron las diligencias sin haber hecho
comparecer a los implicados, desconociendo la queja instaurada por uno de los parientes de los
campesinos, ni escuchar las declaraciones de los vecinos y familiares de los campesinos víctimas,
cuando el caso ameritaba un análisis de mayor rigurosidad. Por tanto, la Delegada de Derechos
Humanos instó al Comando de la V Brigada a estudiar la posibilidad de revocar el fallo de
archivo.
CÁCHIRA
Este municipio de origen y tradición conservadora, legalmente establecido desde 1911, tuvo
históricamente relación directa con los municipios de Ábrego y Ocaña al norte y con la ciudad de
Bucaramanga al sur. En la primera mitad del siglo XX este municipio atravesó por un duro
momento de violencia conservadora.
La comisión de CLH se presentó, según nuestro registro, a partir del 11 de noviembre de 1979,
cuando la señora SOLANGEL CACERES VIUDA DE MEDINA, fue asesinada por un agente de
la Policía, en el corregimiento La Vega.
Durante 1985, las FARC plantearon un cese de hostilidades con el gobierno Betancur dentro del
proceso de paz que adelantaban. La organización decidió apoyar el trabajo electoral de la Unión
Patriótica. Ante esto las unidades militares aprovecharon el cese al fuego del grupo guerrillero
para eliminar a sus integrantes destacados en la labor política legal, y socavar así la posibilidad de
constituir un espacio democrático alternativo.
90
De esta forma fue detenido el 15 de agosto de 1985 por miembros del ejército en la Inspección de
Policía departamental de La Vega, el guerrillero en tregua conocido como OMAR, quien
pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. Al momento de su
detención Omar se dedicaba a adelantar la campaña electoral de la Unión Patriótica. Al mes
siguiente, el 16 de septiembre, fueron asesinados por miembros del ejército en la misma
Inspección Departamental, los guerrilleros conocidos como CESAR y HELI, de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, y UN CAMPESINO militante de la Unión
Patriótica.
El 17 de septiembre fue detenido un campesino de nombre PEDRO por miembros del ejército.
Los militares justificaron su detención por el hecho de que su parcela quedara cerca a un
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.
En el primer semestre de 1986 se halló el cuerpo de un hombre asesinado en la Inspección de
Policía La Vega, donde meses antes las tropas militares habían dado muerte a dos guerrilleros en
tregua y un campesino militante de la UP. El 6 de mayo de 1986, UN HOMBRE de 30 años, fue
encontrado torturado y asesinado en el sitio "Las Azules". La víctima presentaba señales de
tortura, estaba sin ojos, con 26 puñaladas, y su cuerpo maniatado y en avanzado estado de
descomposición.
La incursión de las estructuras paramilitares en la población se evidenció a partir del segundo
semestre de 1988, período en el cual sus tropas arribaron a la Inspección Departamental La Vega,
donde años antes el ejército había agredido a varios pobladores. El 11 de julio de ese año, el
campesino GILBERTO ESTEBAN DIAZ, fue desaparecido por paramilitares cuando se
desplazaba en su caballo cargado de naranjas, desde su finca en la vereda Las Cuadras. El caballo
apareció solo posteriormente.
La barbarie paramilitar volvió a manifestarse nuevamente el 15 de noviembre de 1989, fecha en
la que el secretario y fotógrafo de la Registraduría Municipal del Estado Civil, MANUEL
BLANCO, de 35 años, fue asesinado cuando se desplazaba en moto hacia el casco urbano por la
vía que viene de la Inspección de Policía Departamental La Vega.
La década del noventa estuvo marcada por el terror desde el primer semestre de 1990. El 5 de
mayo de ese año, el grupo paramilitar Muerte A Secuestradores -MAS- asesinó al campesino
administrador de una finca NACIANCENO PORRAS, de 64 años, su esposa FLOR MARIA
VELASCO RAMIREZ, de 54 años, su hijo MARIO PORRAS VELASCO, de 28 años, y DOS
PERSONAS más.
Un año más tarde, los grupos paramilitares dieron inicio a la “limpieza social” en la población de
Cáchira. El 18 de febrero de 1991, los delincuentes LUIS ANTONIO CRUZ POSADA, ASAEL
TORRADO y LUIS PATINO PINZON fueron asesinados y sus cuerpos encontrados en la
Inspección de Policía Departamental La Vega.
Cinco meses más tarde, el 4 de julio de 1991, el campesino JESUS MARIA QUINTERO
BENITEZ, de 24 años, fue asesinado por miembros del ejército. Según el testimonio de su padre,
dos encapuchados se lo llevaron hacia el rió Cáchira, mientras el ejército mandaba cerrar todas
las casas de la zona. Luego, Jesús fue llevado al sitio denominado Tres Piedras, en la quebrada
91
Abedul del caserío Primavera, donde "lo vistieron con prendas militares, le colocaron equipos
como los que carga el ejército y luego lo asesinaron... le colocaron un revólver y una granada" y
las gafas oscuras que la victima utilizaba las llevaba un soldado en el bolsillo. En el acta de
levantamiento del cadáver se registró como guerrillero dado de baja en combate.
La comisión de CLH en el municipio cesó en 1992. No obstante, el 4 de abril de 1993, se reanudó
la oleada de violencia, esta vez a manos de desconocidos, cuyos métodos criminales eran iguales
a los de los grupos paramilitares. En la fecha mencionada, ELSA VASQUEZ VASQUEZ, de 22
años, fue asesinada, y UN HOMBRE de la misma edad resultó herido, por dos desconocidos que
le propinaron varios disparos de pistola calibre 7.65 milímetros, en el barrio Kennedy.
Los ataques de la fuerza pública y los paramilitares contra los habitantes de Cáchira prosiguieron
en 1994. El 8 de mayo de ese año, el campesino JOSE CONCEPCION PEREZ LLANOS fue
sacado de su vivienda, detenido y después asesinado, por el capitán del ejército Wilson Neyhid
Chávez Mahecha, el cabo Gildardo Rubiano y los soldados Alfredo Barrera y Wilfrido Toloza, en
hechos ocurridos en zona rural del municipio Cáchira. José Concepción era un labriego que
trabajaba en el fundo propiedad de su hermana, y "no tenía problemas con nadie", como lo
afirmaban sus conocidos en los testimonios recogidos por la Procuraduría. Por el contrario, los
agresores afirmaban que el campesino era un guerrillero que resguardaba caletas de los
insurgentes y fue muerto en combate. Para los agentes del Estado, los hechos como los
presentaban los familiares de la víctima es un mero deseo de ellos de conseguir una
indemnización.
A mediados de noviembre de 1994 los paramilitares incursionaron una vez más en la Inspección
Departamental La Vega, masacrando a cinco de sus habitantes, bajo la acusación de que estos
pertenecían a la guerrilla. El día 19, el comerciante mayorista y transportador DANIEL
RODRIGUEZ, el comerciante CONSTANTINO CARRILLO, los trabajadores informales
ENRIQUE ROLON y ORLANDO MORA, de 32 años, y el empleado CARLOS JOSE
NAVARRO, de 27 años, fueron asesinados por paramilitares que buscaban supuestos
colaboradores de la guerrilla en esa jurisdicción. Unos 20 encapuchados que portaban fusiles
Galil y G-3 incursionaron hacia las 8 de la noche a La Vega, sacaron de sus viviendas a varios
pobladores y, después de obligarlos a identificarse, escogieron a cinco de ellos, luego de
confrontar sus nombres con una lista que portaban. Después los llevaron hasta una glorieta,
donde los asesinaron luego de obligarlos a tenderse boca abajo, y huyeron en varios vehículos
advirtiendo a los pobladores que regresarían. Los victimarios pintaron consignas alusivas a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- pero "los pobladores sospechan que (la
masacre) pudo ser realizada por un grupo paramilitar, debido a la forma como se realizó la
incursión armada... tan pronto ocurrió el homicidio, llegaron los militares, que no tienen
explicación del caso".
Otro período de tensa calma se presentó en localidad de Ábrego durante 1995. Sin embargo, el 1
de agosto de 1996,los paramilitares volvieron a hacer presencia en la Inspección departamental la
Vega, masacrando a 4 campesinos. En esa fecha varios miembros de una estructura paramilitar
asesinaron a los campesinos y hermanos EFRAIN, NELSON y LUIS ALFONSO GONZALEZ
CASTRO, y al campesino RICARDO ROPERO. Las víctimas habían sido amenazados con
anterioridad por los paramilitares, quienes los sindicaban de ser auxiliadores de la guerrilla.
92
El terror que sembraron los paramilitares en la Inspección Departamental La Vega se extendió
hasta finales de 1998. El 29 de noviembre de ese año, varios hombres armados vestidos con
uniformes militares le dispararon en repetidas ocasiones, a la trabajadora oficial y jefe de la
oficina local de la empresa estatal de telecomunicaciones -TELECOM-, MARIA HILDA
CACERES, dándole muerte. Su caso cierra la lista de crímenes de lesa humanidad cometidos en
Cáchira en el curso de los años 1966 – 1998.
BUCARASICA
Este municipio, que fue el resultado de un proceso de poblamiento originado en el municipio de
Ábrego a finales del siglo XIX y con dificultades históricas para desarrollar la agricultura, mostró
una tendencia política entre 1931-1949 distante a la de los partidos tradicionales liberal y
conservador; durante el Frente Nacional se acercó al conservadurismo y para las elecciones de
1992 de alcaldes, concejales, diputados y ediles, la mayoría de curules quedaron en manos de los
conservadores64.
El número de casos registrados de CLH en Bucarasica es mínimo en consideración al alto numero
de agresiones conocidas en otros municipios de la Provincia de Ocaña como Ocaña y Ábrego. El
único caso del que se tiene conocimiento en esta población da cuenta de la barbarie con la que las
estructuras paraestatales comenzaron a hacerse al control de la zona, masacrando a los
campesinos que habitaban las áreas aledañas al casco urbano. El 25 de septiembre de 1989, hacia
las 3:00 p.m., los campesinos FREDDY SANGUINO ORTIZ, de 21 años, INOCENCIO
SEPULVEDA SANGUINO, de 54 años, OLIVA SEPULVEDA ORTIZ, de 21 años, WILLIAM
SEPULVEDA QUINTERO, de 22 años, JESUS ARBEY LINDARTE OVALLE, de 19 años, y
OVIDIO SEPÚLVEDA ARDILA, de 19 años de edad, fueron asesinados por desconocidos en la
Inspección de Policía Departamental La Curva. Los asesinos llegaron hasta el lugar en el que se
encontraban reunidas las víctimas, las asesinaron y emprendieron la huida.
LA ESPERANZA
La población de La Esperanza se constituyó como entidad territorial en 1994, año en el cual
pasó de Inspección Departamental del municipio de Cáchira a ser considerada como municipio.
Por esta razón, los casos de CLH que tuvieron lugar en esta población y que se presentaron en el
periodo anterior a 1994, se mencionan en este lugar cuando aún pertenecía a la jurisdicción del
municipio de Cáchira.
La irrupción de los paramilitares en La Esperanza se evidenció desde el 13 de septiembre de
1988, fecha en la que el campesino PEDRO SIERRA fue asesinado por desconocidos con arma
de fuego. Su cadáver fue encontrado en el sitio llamado "Caño de Hoyo", zona rural del
municipio.
Un año más tarde, el 24 de junio de 1989, DOS HOMBRES, de 20 y 30 años fueron asesinados
en circunstancias desconocidas en la vereda de Quince Letras de La Esperanza.
64
Jorge Meléndez Sánchez. Comarca incendiada. Serie Ocaña Siglo XXI Tomo III 1999. ed. Códice Ltda. Bogota.
93
En la década del noventa se intensificaron los hostigamientos contra los pobladores de La
Esperanza. La acometida fue realizada inicialmente por unidades militares que comenzaron a
patrullar constantemente la zona.
Un ejemplo de ello tuvo lugar el 25 de junio de 1991, día en el que el tesorero de Junta de
Acción Comunal, JOSE NASARIO GARNICA, y otro miembro de la Junta LUIS JOSE
RODRIGUEZ, fueron asesinados con disparos de fusil por un grupo de soldados al mando del
oficial comandante del ejército Tiberio Argotty Córdoba, en el corregimiento La Pedregoza. Las
víctimas se dirigían hacia las 8:15 de la mañana a la casa del señor Álvaro Ovallos a pagarle un
dinero que le debía José Nasario y luego irían a una reunión de la Junta que se realizaría el 27 de
junio siguiente. Al no tener noticias de José Nasario, un familiar suyo fue al lugar a averiguar por
su paradero, encontrándose por el camino con aproximadamente cincuenta (50) soldados. Al
llegar a la casa del señor Álvaro Ovallos, encontró todos sus enseres quemados; unos metros más
adelante se encontraban los cuerpos asesinados de José Nazario y Luis José con varios impactos
de bala en diferentes partes del cuerpo y vestidos con prendas militares.
Además de la acometida de las fuerzas militares contra la población rural de Cáchira y la
Esperanza que se incrementó en el segundo semestre de 1991, los grupos paramilitares se
encargaron de reprimir a los habitantes de dicha localidad. El 26 de agosto, los agentes
paraestatales dieron muerte al inspector de policía de La Esperanza, OLIVO ASCENCIO
BLANCO, de 46 años, quien fue asesinado de 5 impactos de bala 9 milímetros, cuando se
encontraba en su residencia en compañía de su esposa y sus 4 hijos. Las autoridades sindicaron
del hecho a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
El hallazgo de cadáveres en la localidad volvió a presentarse el 14 de diciembre de 1993, fecha
en que los campesinos JAVIER VILLAMIZAR y LUIS NIÑO OSORIO fueron encontrados
asesinados en un sector boscoso conocido como "La Unión", zona rural de La Esperanza. Su
paradero era desconocido desde el día anterior e inicialmente fueron reportados como cuerpos no
identificados. Cada uno de ellos presentaba un disparo de fusil en la cabeza y otro de revólver en
la espalda.
Cuatro meses más tarde, el 22 de abril de 1994, a las 3.00 p.m. unos hombres vestidos con
prendas de uso privativo del ejército con lista en mano, interceptaron un bus de la empresa
“Lusitania” , en la vereda Casablanca del corregimiento La Pedregosa. Una vez el bus se detuvo,
hicieron bajar a sus ocupantes y se llevaron al empleado y conductor WILLIAM MORA
MORENO, de 26 años, los empleados HUBER PABON PABON, de 27 años, PABLO ORTEGA
QUINTERO, de 31 años y el educador WILLIAM JAVIER PINZON. Los cuerpos sin vida de las
víctimas fueron encontrados a dos kilómetros del lugar y presentaban impactos de arma de fuego.
Los vejámenes de los grupos paramilitares se reanudaron el 22 de marzo de 1996, cuando los
campesinos RICHARD PABON OSORIO, de 18 años, ABIGAIL ANGARITA ORTIZ, de 57
años, LAZARO ORTEGA, de 16 años, y JOSE ANGEL GARCIA GOMEZ, de 28 años, fueron
asesinados en la vereda Los Planes. Quince hombres vestidos con prendas de la Policía, armados
con fusiles y portando una lista, irrumpieron en la vereda hacia las 9:00 de la noche, obligaron a
los pobladores a salir de sus casas y a formarse delante de los victimarios. Luego de
identificarlos, asesinaron a los cuatro campesinos en presencia de los vecinos. Los organismos de
seguridad del Estado "... consideran que los autores pertenecen a las bandas de paramilitares del
94
sur del Cesar"65. De tal manera, el empleo de las “listas negras de la muerte” se constituyó como
uno de los mecanismos represivos más empleados por los grupos paramilitares para localizar y
dar muerte a sus municipios, tanto en esta población como en otras localidades del departamento.
65
Boletín Informativo Justicia y Paz, volumen 9, numero 1. Enero – Marzo 1996.
95
5. REGIÓN DEL CATATUMBO
La región del Catatumbo está localizada en la parte noroccidental del departamento de Norte de
Santander, entre las estribaciones de la cordillera oriental y la cuenca del río Catatumbo navegable en sus partes más profundas-, extendiéndose hasta el sur del golfo de Maracaibo, en la
República de Venezuela Limita además por el oriente con el sur del departamento de Cesar, por
el sur con la ciudad de Cúcuta y con las poblaciones de Puerto Santander, El Zulia y Villa del
Rosario.
La región del Catatumbo la componen 9 municipios: Sardinata, Tibú, El Tarra, Convención, El
Carmen, Teorama, San Calixto y La Playa. En la zona del alto Catatumbo, en los municipios de
Convención, El Carmen, San Calixto, Tibú y Teorama, más de 158.125 hectáreas fueron
declaradas ende 1989 como reserva natural del Estado, por su riqueza ambiental en recursos
animales y plantas, creando el “Parque Natural Catatumbo - Bari”, nombre otorgado por la
presencia en este territorio de la comunidad indígena Motilón Barí que habita allí desde el
periodo prehispánico.
La región es rica en recursos hídricos y en biodiversidad, en minerales raros como el cobre,
plomo, caliza, fosfatos, barita, flurita, tiene yacimientos de petróleo que en la actualidad se
encuentran en explotación y cuenta con grandes extensiones de tierra que representan un alto
interés para la explotación agropecuaria.
Empero, la selva húmeda que constituía todo el territorio, hoy se conserva solamente alrededor
del cauce del río Catatumbo, especialmente sobre la Serranía del Perijá, por causa de la
construcción de carreteras, la intensa explotación forestal, ganadera, agrícola y petrolera,
actividades comerciales que han degradado ambientalmente de manera significativa la región.
El Catatumbo estuvo habitado inicialmente por la etnia milenaria Motilón Barí que ocupaban un
amplio territorio. Sin embargo, primero con la llegada de los españoles y luego con las
explotaciones petroleras iniciadas a inicios del siglo XX, los indígenas han perdido más de la
mitad de su territorio (100.000 has), encontrándose en la actualidad subsumidos en un reducido
territorio de 44.000 has que conforman la reserva ubicada en la serranía. Del total de su
población, 23 comunidades habitan en Colombia y 72 en Venezuela, conservando sus raíces
étnicas, sus costumbres y su lengua.
Estos pobladores ancestrales fueron duramente atacados por las petroleras desde comienzos del
siglo XX, empresas que lograron transformar drásticamente su forma de vida, sus costumbres y
sus territorios. Además de su gobierno tradicional, los indígenas se agrupan en las Asociaciones
Barí de Colombia y Venezuela y han hecho parte activa del movimiento cívico y comunal del
Catatumbo.
La determinación gubernamental de crear la reserva natural ha generado graves problemas
sociales y económicos para los indígenas, colonos y campesinos que residen allí, ya que estos no
96
pueden acceder ni tener propiedad sobre los terrenos en los que habitan, pues la propiedad sobre
los mismos es únicamente del Estado. Esto ha conllevado a la exclusión de la población, además
de facilitar su desplazamiento, puesto que no existe ninguna medida legal que les permita luchar
por el derecho sobre la tierra.
En cuanto a la producción alimentaria, los campesinos de la región tenían procesos de agricultura
de subsistencia basada en cultivos de pancoger (yuca, maíz, frutas y hortalizas para la propia
subsistencia y el autoconsumo) incluyendo la actividad pesquera. Al comenzar a ser un espacio
importante de producción diversificada para varios mercados, en la región se impone el
monocultivo siguiendo los parámetros del modelo económico nacional, primero de café y
después de cacao, caña, tomate y cebolla. Bajo la forma de asistencia técnica, préstamos y
revolución verde, el modelo rompe la economía campesina, quedando el terreno abonado para el
arribo de los cultivos de coca como única opción rentable, cultivos que para el año 2004
alcanzaban las 40.000 hectáreas de área sembrada66.
Los municipios de Sardinata, Tibú, Convención, El Carmen, San Calixto, El Tarra, Teorama, y
Hacarí, que integran el denominado medio y alto Catatumbo, albergan el 20 % del total de la
población del departamento, según datos del DANE de 2004, de los 2’283.340 de pobladores que
habitan este territorio, para el año 2004 el 44% residían en los cascos urbanos y 56% en áreas
rurales.67
Ante la enorme riqueza en recursos naturales, hídricos la región del Catatumbo ha sido
considerada como uno de los principales focos de los “planes de inversión de las empresas
multinacionales, quienes en el marco de la globalización se encuentran en concesión la
explotación de bienes y servicios naturales, especialmente en un país como el nuestro que ocupa
el segundo lugar en biodiversidad y fuentes hídricas después del Brasil”,68 este interés también
está dado por la existencia de importantes reservas petroleras y minerales en toda la región.
En la actualidad se está implementado la siembra de palma aceitera como programa oficial.
Además de la explotación petrolera en el municipio de Tibú, están en trámite proyectos de
exploración y explotación como el “Álamos 1”, en territorio del pueblo indígena Motilón Barí. A
su vez, en Sardinata existen yacimientos de oro, en el Carmen de uranio; y tanto en la parte alta y
baja del Catatumbo, la existencia de importantes reservas de carbón ha suscitado el
establecimiento de grandes proyectos de explotación.69
Por otra parte, la ubicación fronteriza de la región del Catatumbo hace que el territorio que la
comprende se constituya como un área geoestratégica del continente suramericano; “El
Catatumbo es punto de interconexión de toda la infraestructura energética, de transporte,
ambiental, social e industrial que requiere el comercio trasnacional...En torno a estos intereses se
han venido formando otros que han configurado a El Catatumbo como uno de esos puntos
geográficos del país en donde confluyen diferentes factores como: megaproyectos económicos,
empobrecimiento de la población, conflicto armado, cultivos de uso ilícito y sistemática violación
66
Ibídem. p. 17
Fundación para la promoción de la cultura y la educación popular, FUNPROCEP. Marginalidad, riqueza y negación. Conflicto,
derecho a la educación y desplazamiento en el Catatumbo. Bucaramanga, 2004.
68
Informe de la Misión Humanitaria “Por la Vida del Catatumbo”. Op. cit. p. 6.
69
Fundación para la promoción de la cultura y la educación popular, FUNPROCEP. Marginalidad, riqueza..., Op. cit. p. 16
67
97
de los derechos humanos de la población, entre otros. La presencia del Estado es casi inexistente,
y prácticamente lo hace a través de la fuerza pública, más en términos de una política de control
territorial y social que ofrezca estabilidad política a los grandes inversionistas, que con la
intención de proteger a la población”.70
Esta situación se refleja en aspectos como el padecimiento de altos niveles de pobreza en el
conjunto de la región. Su infraestructura vial es precaria; cinco de sus municipios mantienen un
alto nivel de servicios inadecuados; los niveles de pobreza en la mayoría de municipios
sobrepasan el promedio nacional, los índices de miseria son altos en al menos cinco de sus
municipios y es también alto el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas.71
Además de la presencia militar permanente en toda la zona, los grupos paramilitares se han
posicionado paulatinamente en la región con el fin de salvaguardar los intereses de las élites
locales y los grandes inversionistas extranjeros, argumentando su avanzada bajo el pretexto de
frenar a la insurgencia; “La región del Catatumbo es el extremo oriental de un corredor
estratégico que las AUC han pretendido establecer desde la región de Urabá. Desde finales de los
noventa, las Autodefensas Unidas de Colombia han ingresado a la región desde el Sur de Bolívar,
con lo cual buscan, por un lado, avanzar hacía la consolidación de un corredor paramilitar que
une la región del Urabá con la frontera con Venezuela, pasando por el Sur de Bolívar, el Oriente
Antioqueño, el Noroccidente de Antioquia, el Nudo de Paramillo, el eje bananero, y finalmente,
la región del Bajo Atrato Chocoano, por el otro, pretenden bloquear las acciones de las FARC en
la región Caribe”.72
La importancia económica y social del Catatumbo ha conllevado a que sea un centro cuyo control
territorial es uno de los intereses centrales tanto del establecimiento y los grupos paramilitares,
como de la insurgencia que hace presencia en la región. Bajo el pretexto de la lucha
contrainsurgente la fuerza pública y los grupos paramilitares han atacado indiscriminadamente a
la población campesina y urbana de la zona, con el fin de ejercer el control definitivo del
territorio y hacerse a los terrenos más productivos y rentables; “La paramilitarización del
Catatumbo no corresponde a un plan de exterminio del movimiento insurgente (…) se trata de la
contradicción radicalmente opuesta entre solución política al grave conflicto que vive el país y
militarización de la vida nacional para contener la potencialidad de las luchas de nuestro pueblo
en contra la estrategia neoliberal de hambre y dependencia. Los dueños del poder económico y
político desean exterminar a sus contradictores sociales y políticos por medio de la violencia
institucional con el seudónimo de paramilitarismo para seguir aumentando su poderío y
entregando nuestras riquezas al gran capital extranjero”73.
La persecución sistemática del Estado contra los habitantes del Catatumbo se resume en la
descripción que ellos mismos hacen de su situación y del lugar en el que residen: “Un cerro y un
70
Informe de La Misión Humanitaria “Por la Vida del Catatumbo”. Op. cit. p. 7.
Fundación para la promoción de la cultura y la educación popular, FUPROCEP. Marginalidad, riqueza..., Op. cit.
pp. 18-19
72
http//www.mindefensa.gov.co/derechos_humanos/desplazados/20011201informedefensoríadesplazados.pdf.
73
YEPES, Freddy. “Catatumbo: Drama de desplazados”. Ediciones Cambio de Siglo, Mérida -Venezuela, Noviembre
de 2000. p. 44.
71
98
río que atestiguan el despojo, las persecuciones y las luchas de un pueblo pacífico y trabajador
acosado desde siempre por el Estado”74, y que a pesar de la represión continúa adelante.
HISTORIA PETROLERA
Concesión Barco
El petróleo comenzó a tomar en el mundo una gran importancia después de que, concluida la
primera guerra mundial, los países que quedaran devastados necesitaran del petróleo para su
reconstrucción. A partir de ese momento las grandes potencias comenzaron “una agresiva disputa
por el control de las principales zonas petrolera”75 en todo el globo, en países donde se conocía
de sus reservas. Para atraer el capital extranjero, los países como Colombia comenzaron a otorgar
concesiones a las compañías petroleras, concesiones que representaban grandes ventajas y
beneficios para las empresas extranjeras que explotaban el crudo y que, para sus defensores,
traerían desarrollo y prosperidad a los territorios de acogida; sin embargo ”las concesiones se
convirtieron en la legitimación jurídica del comportamiento anti-nacional de las compañías
favorecidas, que después de estar asentadas en el territorio cedido, efímeramente, por le gobierno
de cierta nación, actuaban sin ningún tipo de control, hasta agotar el recurso mineral que se les
había concedido en aras de un supuesto desarrollo de las regiones receptoras”.76 Para las primeras
dos décadas del siglo XX las principales compañías petroleras ya se habían constituido: la
Tropical Oil Company, la Texas, la Mobil, la Shell, la Gulf y la Social77.
En el Catatumbo se encontraban grandes reservas de petróleo de gran calidad que fueron halladas
la última década del siglo XIX78. La concesión de estos recursos es cedida entonces en 1905 al
general Virgilio Barco y otorgaba permiso para explotar el petróleo y los depósitos de asfalto en
el Catatumbo, durante un periodo de 50 años, dándole al Gobierno de Reyes el 15% de utilidades,
y en 1906 se permitía establecer en Cúcuta un lugar para poner máquinas destinados a la
refinación del petróleo. De esta planta se empezó a producir gasolina que introdujeron en el
comercio de la capital nortesantandereana79. En 1918 debían dar el 15% de regalías al gobierno,
que bajarían y quedarían reducidas al 5% de utilidades líquidas.
El General Virgilio Barco (quien tenía fuertes vínculos con capital norteamericano) obtienen
entonces la concesión y en 1918 éste crea una “ficticia Compañía Colombiana de Petróleo” que
tenía en su mayoría accionistas de Estados Unidos80. Posteriormente la concesión pasaría a
manos de la COLPET (Colombian Petroleum Company), luego al consorcio Colpet y Sagoc y
finalmente en 1975 a la nación, en manos de ECOPETROL.
Este enclave petrolero (como en términos generales es un enclave), no le generó a la región
ningún beneficio en términos económicos ni sociales, pues no generó mercado interno, ni
74
Ibídem. p. 29.
“MOTILÓN” (seudónomo). Obreros, colonos y motilones. Una historia social de la concesión Barco (1939-1960). Santa fe de
Bogotá, 1992. pag. 73
76
p 74.
77
Ibid.
78
“el Barco liviano, de 45 grados de gravedad API, que es prácticamente la calidad del petróleo más fino del mundo”78
79
Ibid, Pag. 34-35
80
Pag. 76
75
99
mejoras, ni obras públicas, ni brindó un mayor bienestar a las comunidades presentes. Buscaba
por el contrario extraer el recurso y exportarlo, monopolizando el sistema de transportes y la
construcción de refinerías y oleoductos, generando malas condiciones de vida y de trabajo para
los obreros de la compañía y la permanente violación a la soberanía nacional.
En el Catatumbo se pueden diferenciar dos momentos en el desarrollo de la industria petrolera: de
1918 a 1931, etapa de consolidación, cuando las compañías toman el control de la concesión, y la
segunda, de explotación efectiva que se genera a partir de esta fecha.
Las compañías generaban la construcción de infraestructura para la extracción y transporte del
petróleo, toda una estructura administrativa que les permitía funcionar y actuar sin restricciones
jurídicas ni controles en el país. Las compañías dejaron impactos ecológicos devastadores al
tumbar y quemar indiscriminadamente los bosques para la construcción de la infraestructura
necesaria, alteró directamente la vida de los indígenas motilón Barí, acabaron con las principales
especies madereras, entre otros nefastos efectos de su presencia.
La concesión Barco terminó en 1975 y aparte de Tibú, la región carecía de agua potable y las
aguas de sus ríos y quebradas fueron contaminadas por la explotación petrolífera, no había
puestos de salud, pocas escuelas, el poder adquisitivo de los habitantes de la zona era bastante
bajo y no aumentó y las viviendas permanecían en mal estado,
Durante este largo periodo de explotación y extracción del recurso, se crearon varios sindicatos,
ya que los trabajadores en proceso de toma de conciencia de su situación progresivamente se
fueron organizando. De esta manera aparecieron el Sindicato de Trabajadores del Catatumbo,
SIDELCA creado hacia 1931. Estos sindicatos denunciaban los continuos atropellos que contra
ellos realizaban las compañías petroleras, (bajos salarios y pésimas condiciones laborales, por
ejemplo)81.
Luego de esta fecha se crea Utrapetrol (sindicalismo patronal) en donde los trabajadores fueron
sometidos a un estricto control político por parte de la iglesia y el anticomunismo. Después de
este periodo el sindicalismo renace con fuerza y SIDELCA renace, buscando la nacionalización
del petróleo. Gracias a estas luchas que duraron 15 años los trabajadores lograron que fuera
fundado el municipio de Tibú.
Los sindicatos realizaron varias acciones colectivas importantes que tuvieron impactos en la
zona, entre ellas encontramos las siguientes:
o La Huelga de arroz 1934, realizado por malas condiciones alimentarias que padecían los
trabajadores
o La Huelga de 1946, que buscaba remediar las pésimas condiciones de vida de los
trabajadores, como la ausencia de servicio médico, de agua potable, de bibliotecas y
escuelas y de viviendas.
o La Huelga de 1948, donde buscaban igualdad de salarios entre trabajadores colombianos
y extranjeros, pedían el uso de ambulancias, la construcción de un cementerio, apoyo a
educación y la reconstrucción de escuelas.
81
131
100
o El 9 de abril de 1948, que se vivió con intensidad en el Catatumbo, generalizándose la
persecución contra dirigentes liberales y comunistas en la zona.
o La Huelga de 1960, que al terminar la dictadura militar en 1957 y al comenzar el frente
Nacional al año siguiente, el movimiento obrero y popular conoció un inusitado ascenso
en sus luchas sociales y económicas”82
En 1978-79 se da el trabajo del oleoducto de la Chevron desde Aguas Claras (hoy Puerto
Santander), pasando por Tibú, El Tarra, Convencido y la estación de bombeo en un corregimiento
llamado hoy Bella vista. Posteriormente viene la electrificación Tibú-Ocaña-Agua Chica
La inversión petrolera generó en la zona del alto y medio Catatumbo –por la extrema pobreza de
la región - un proceso de colonización sin planificación, colonización que fue posible gracias a la
carretera que había sido construida entre Tibú y Convención, necesaria para la tendida del
oleoducto, y para las redes eléctricas Tibú - Ocaña - Agua Chica (que pasa por San Pablo,
Convención, El Aserrío).
PROCESOS ORGANIZATIVOS
Esta región del Norte de Santander que ha través de su historia ha sufrido desatención estatal,
pobreza y marginamiento, y donde su población ha tenido históricamente un gran cúmulo de
necesidades insatisfechas, se desarrollaron procesos de organización comunitaria de los
campesinos, colonos e indígenas desde la década de los 70 que marcaron los avances
organizativos y de desarrollo de la región.
Los habitantes del Catatumbo buscaban generar un desarrollo autogestionario que subsanara la
precariedad en prestación de servicios básicos, infraestructura y condiciones de vida digna. La
primera forma de organización local fueron las Juntas de Acción Comunal que de manera
autónoma comenzaron proyectos de cooperativismo y economía solidaria, organizándose en un
primer momento alrededor de las tiendas comunitarias. De esta manera generaban procesos
autónomos de intercambio y comercialización que favorecían a los pobladores con productos de
primeras necesidad y a precios más bajos que aquellos que se encontraban en el mercado y se
independizaban de las cadenas de intermediarios y comerciantes, quienes obtenían el mayor
porcentaje de las ganancias de estas actividades83. Los campesinos y otros sectores en el campo
se articulaban a estas expresiones como socios productores, como usuarios de los servicios que
prestaban las cooperativas o se articulaban a servicios afines o relacionados como el transporte84.
Este proceso de cooperativismo y de tiendas se dio en la mayoría de los municipios, pero logró
más desarrollo en algunos de ellos, como es el caso del municipio de Tibú, que con 160 veredas
82
144
Documento Cisca
84
Entrevista realizada a campesino de la zona el 31 de marzo de 2003. Cortesía del CISCA.
83
101
contaba para los años 80 con una participación de 44 de ellas en el proceso de organización
comunitaria85.
Algunas de estas experiencias fueron la Cooperativa Multiactiva de El Tarra- COOMULTAR-, la
Cooperativa de los indígenas Motilón Barí- COOBARI-, La Cooperativa Unión Mesa RicaCOOPUMA- del municipio de La Playa, Cooalpromerco, Cencooser (central cooperativa de
servicios) en Ocaña, Coagroriente, Coomulsan, Preagrocruz, Precoogumas, Copihacarí del
municipio de Hacarí, Agropanela, Coagronorte, Coluver, Cooperacafé, Asovipa, Precooafique,
Coodin, Asotivesca, Tequisán, Coopigón, Coobobalí, Asotivecu, entre muchas otras86.
Aunque las Juntas de Acción Comunal nacen primero de manera autónoma y espontánea en el
sector rural, luego algunas de ellas se institucionalizan con personería jurídica, tal es el caso de
aquellas creadas en El Tarra, San Pablo, Mesa Rica, Pueblo Nuevo y Ocaña.
Estos procesos organizativos permitieron también crear las casas campesinas de Hacarí, San
Calixto, San Pablo, los colegios agrícolas de Filo Gringo y del Aserrío y del Tarra.
De las necesidades de producción y abastecimiento de alimentos y productos básicos en la región,
estas organizaciones locales empezaron a buscar solucionar diversos problemas, como la
ausencia de puestos de salud, de escuelas, vías, mejoramiento de caminos y legalización de los
predios. Con su trabajo lograron a principios de la década de los años 80 la legalización de Tibú
y de El Tarra como municipios (antes corregimientos), acción que facilitaba la consecución de
documentos tales como el registro civil y el registro de defunción de los lugareños.
Durante esta década la Pastoral Social hace presencia y trabaja conjuntamente con las JAC en
iniciativas como los botiquines veredales o los centros de mercadeo.
Del proceso de las juntas comunales y las cooperativas surgió la necesidad de contar con la
administración municipal para poder consolidar el desarrollo regional. La elección popular de
alcaldes (antes elegidos por el gobernador), que se da por el acto legislativo No 1 de 1986 que
anota que: “Todos los ciudadanos eligen directamente presidente de la República, senadores,
representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales
municipales y del Distrito Especial”87, brindó la posibilidad para lograr lo que se había estado
buscando: el poder local. Se obtuvieron más de 70 alcaldías municipales en el Catatumbo, que
trabajaron en la elaboración de propuestas de planes de desarrollo local.
A partir de esta experiencia, las comunidades comienzan a realizar acciones de control, veeduría
y ejecución de proyectos y programas de las administraciones locales y a tener injerencia incluso
en el nombramiento de personeros y promotores de salud. Con la fuerza del Movimiento Cívico
ya consolidado y con la legitimidad ya ganada en la región comienza la arremetida paramilitar
85
Documento Cisca
Documento CISCA
87
Reforma constitucional
86
102
“La respuesta a todo este proceso de organización social fue una gradual represión, expresada en
un comienzo en dañinas legislaciones que para el caso de las cooperativas las desvirtuó de su
trabajo solidario y a las alcaldías las puso a “administrar la pobreza”. Sigue con la militarización
del ejército oficial que legitima su intervención con la lucha contra guerrillera y antinarcótica”88
Del fortalecimiento y crecimiento de las Juntas de Acción Comunal en la zona se crearon las
Asociaciones de Juntas. Luego, al integrarse a los distintos sectores sociales que habían
participado en procesos de organización locales los sectores urbanos, se crearon los comités
cívicos: “A partir de estos surge un comité cívico regional de la zona del Catatumbo y la
provincia de Ocaña que tenía como objetivo servir de apoyo a todas las iniciativas a favor de la
comunidad y ser veedores permanentes de las acciones que afectaran a la población”89.
A finales de lo años 80s el desarrollo social y económico de la región se podía observar en la alta
producción de diversos productos, en la dinámica comercial de los corregimientos y cabeceras
municipales, en la circulación del transporte, en la movilidad de las personas y en la formación y
coordinación presentes entre los habitantes.
También se avanzó en la integración regional y en trabajo cultural, que convocaba el Festival del
Río Catatumbo. Posteriormente, al aparecer los primeros grupos de justicia privada y los
atropellos de la fuerza pública se jalonó en trabajo en derechos Humanos.
Con los logros y avances obtenidos y con muchas necesidades aún insatisfechas, ya se tenía
terreno abonado para pensar en coordinar acciones de manera conjunta a nivel de la zona
nororiental colombiana, organizando acciones con organizaciones de características similares.
Se coordinaron entonces dos actividades de gran envergadura: el Paro del Nororiente realizado
en junio de 1987 y las movilizaciones de Mayo de 1988, en las que la población reclamaba del
Estado programas de desarrollo social, tierras, créditos, asesoría técnica, vías, acueductos,
alcantarillados, vivienda y protección de los derechos humanos de la población. Esas luchas
cívicas alcanzaron a tener coordinación regional, con negociación simultánea en diferentes
lugares como en Tibú, Convención, Ocaña y Barrancabermeja.
La militarización, el asesinato de dirigentes negociadores y las masacres, constituyeron la
respuesta oficial a las marchas de 1988, con las que se exigía el cumplimiento de los acuerdos
firmados en el Paro del Nororiente y de las acciones movilizadoras y de exigencia de la población
catatumbera.
Por las políticas antidrogas y sus esas operaciones antidrogas, se realizaron en 1997 otras
manifestaciones de reclamo al gobierno y que fueron señaladas como “marchas cocaleras”.
“Además de rechazar las fumigaciones de nuestros cultivos, los animales, los ríos y los hijos, le
demostramos al gobierno que su política de apertura económica nos había quebrado la
agricultura. Ya no éramos la gran despensa agrícola como se conoció al Catatumbo. De esas
negociaciones surgieron unos acuerdos que se acotejaron como el Programa de Desarrollo del
88
89
Plan de Vida
cisca.
103
Catatumbo. Más promesas que no se cumplieron. Y con los paramilitares encima no hubo manera
de hacerle seguimiento”.90
TIBÚ
Tibú es la población más importante de la región del Catatumbo, debido en gran parte a que es
justamente en esta localidad donde se desarrollan las actividades económicas más significativas
en relación con la exploración y explotación de los hallazgos petrolíferos que se encuentran tanto
en este municipio como en sus áreas aledañas91. La información sobre la existencia del petróleo
se dio desde la época colonial. “En el informe del general W. Briceño Méndez en junio de 1876,
se menciona: A poco más de siete kilómetros de la confluencia del Tarra y el Sardinata, se
levanta un dique o frontón de arenisca, de ocho o diez metros de altura, con una extensión de
veinticinco o treinta. En su superficie se ve una multitud de agujeros cilíndricos, como hechos
artificialmente y de diferentes diámetros, por los cuales brotan con violencia chorros de petróleo
y agua hirviendo, causando un ruido semejante al que podría producir dos o tres vagones
desahogando sus calderas. Este ruido se oye a una distancia considerable y la columna de vapor
que se levanta, podría percibirse, también, desde muy lejos, si no lo impidiese la espesura de
aquel extenso bosque. Todo ese terreno, hasta una gran distancia, está impregnado o cubierto de
petróleo; y es de admirar que el bosque que le da sombra, conserva una frescura y frondosidad
extraordinarias. Los raros explotadores de bálsamo de copaiba, que conocen este lugar lo han
bautizado con el nombre de “El Infierno”.92
En este municipio se encuentran las instalaciones petroleras de la Empresa Colombiana de
Petróleos ECOPETROL y del Consorcio Tibú, integrado por tres compañías norteamericanas:
Halliburton Latin América, Western Atlas International y Petrocolombia93. Además de la intensa
actividad petrolífera, la explotación forestal y de carbón hacen del municipio uno de los centros
urbanos con mayor recepción de mano de obra en todo el departamento.
El desarrollo industrial y urbano del municipio de Tibú ha respondido, más que a las necesidades
de sus habitantes, a “los intereses monopólicos. Se construyó el aeropuerto de Tibú para que los
empresarios del petróleo no viajaran incómodos por la trocha donde andan los obreros. Un
batallón para proteger a los mismos empresarios y sus intereses, instalaciones policiales con los
mismos fines, unas trochas para meter las maquinas que desangrarían la riqueza y algunas otras
obras de menor importancia que no cubren las reales necesidades de la gente”94. Por tal razón, los
habitantes de Tibú se han visto enfrentados a elevados índices de pobreza en una tierra llena de
riquezas.
A su vez, La Gabarra es el corregimiento más importante del municipio de Tibú. Cuenta con más
de 7.000 habitantes y una población flotante de por lo menos 30.000 trabajadores, y constituye la
90
CISCA
En la región existen ocho yacimientos, ciento cuarenta y nueve pozos activos; producción diaria de 2900 barriles y unas
reservas actuales de 15 millones de barriles de petróleo. Ibídem. p. 30
92
Jorge Meléndez Sánchez. Comarca incendiada. Serie Ocaña Siglo XXI Tomo III 1999. ed. Códice Ltda. Bogota. Ibid, p. 81 y
ss.
93
Ibíd.
94
Ibídem. p.36.
91
104
zona de asentamiento de las comunidades indígenas Motilón-Barí95. Esta jurisdicción ha sido una
de las más azotadas por la represión estatal y paraestatal; el establecimiento y los grupos
paramilitares han perseguido a los habitantes de La Gabarra sin tregua alguna, sembrando la
muerte y la desolación tanto en sus campos como en el casco urbano.
Pese a los múltiples hostigamientos a los que han sido sometidos los pobladores de este
corregimiento por parte de la fuerza pública y los grupos paramilitares, sus comunidades han
construido sus propias organizaciones de carácter cívico y articulado todas estas organizaciones
sociales, pensando en su desarrollo, conformando diversas instancias de coordinación96. La
fortaleza organizativa de la población ha sido estigmatizada por las estructuras paraestatales, las
cuales persiguen las iniciativas de lucha de los habitantes de La Gabarra, afirmando que son
motivadas e integradas por la insurgencia, lo que ha conllevado al exterminio de muchos
residentes de esta jurisdicción.
1966: Los comienzos de la represión
A partir de 1966, las detenciones arbitrarias y los ultrajes realizados por parte de la fuerza pública
contra los habitantes de Tibú, se caracterizaron como los mecanismos iniciales de represión
contra los pobladores de la región del Catatumbo, teniendo como víctimas principales a personas
adscritas o pertenecientes a organizaciones sociales, como los sindicatos; o habitantes de zonas
deprimidas socialmente. La relación de los siguientes casos pone de manifiesto esta situación:
En el mes de noviembre de 1966, MARCO AURELIO SALAZAR, dirigente del Sindicato de
Trabajadores Agrícolas del Catatumbo, fue asesinado por “desconocidos”. Este tipo de acciones
se complementó con medidas legales para reprimir al sindicato de la industria petrolera en Tibú,
como en octubre de 1969, cuando el gobierno declaró ilegal la huelga adelantada por los obreros
petroleros del municipio.
A partir de septiembre de 1973, los organismos policiales a la par con las autoridades locales
iniciaron una persecución contra los pobladores del sector popular aledaño a la plaza de mercado.
El 12 de septiembre, el empleado de apellidos VACA CRUZ y TRES PERSONAS más fueron
detenidos por la policía en el transcurso de un desalojo.97
Poco tiempo después del Paro Cívico Nacional que se realizó en 1977, en el que participaron
asiduamente los obreros de Tibú, constituyéndose en base para el éxito de las protestas, las
fuerzas militares acometieron contra los trabajadores que apoyaron la realización del paro. El 16
de noviembre de 1977, el obrero BENJAMIN AMAYA fue detenido por el ejército y llevado
posteriormente a la Base Militar de Ecopetrol.
El gobierno, facultado por la declaratoria de estado de sitio, decretó penas de arresto hasta de 180
días a quienes participasen en paros atentatorios del orden público. Continuando con estas
arbitrariedades estatales excusadas en la promulgación de dicha medida de excepción, el 10 de
marzo de 1979, los campesinos RAMON MARIA GELVEZ, VICTOR TORRES, ARCESIO
95
Ibídem. p.65.
Ibíd.
97
TORRES SÁNCHEZ, JAIME y colaboradores. Colombia Represión 1970–1981. CINEP, Bogotá, 1982. Para la época, Tibú es
una entidad territorial perteneciente al municipio de Cúcuta.
96
105
CORREA, DOMINGO ORTIZ, MARCELINO DELGADO, EUCLIDES ARIAS, ROSARIO
PADILLA y APARICIO PAEZ fueron detenidos, sindicados y torturados en la Inspección de
Policía Departamental de La Gabarra por miembros del ejército pertenecientes al Puesto Militar
de Tibú, lugar en el cual fueron recluidos, aislados e incomunicados. Durante su detención,
Ramón María fue sometido a múltiples torturas. A Marcelino le allanaron su residencia y fue
sometido a amenazas e interrogatorios prolongados junto con Euclídes, y a colgadas, golpes,
insultos, injurias y privación de alimentos.
Durante los cinco primeros años de la década del ochenta las familias campesinas de Tibú se
tomaron un terreno baldío en la vereda “Palmarito”, cerca de Cúcuta, ya que estas tierras eran
consideradas como improductivas y habían sido abandonadas hacía más de 20 años. La acción
que desembocó en las amenazas y persecución a las familias campesinas por parte de los
miembros de la policía nacional, quienes golpearon a los jornaleros y quemaron sus ranchos con
pertenencias y todo, dejando a las familias a la intemperie98. Esto, sumado a otros hechos que
ocurrieron durante los dos años siguientes, puso de manifiesto la creciente persecución de la que
fueron victimas los campesinos del Tibú durante en el transcurso de los años ochenta, sufriendo
gran cantidad de allanamientos y destrucción de sus viviendas.
Además de las detenciones arbitrarias y los diferentes vejámenes cometidos contra las víctimas
durante su retención, se presentaron allanamientos ilegales a las viviendas de los pobladores en
donde se cometían atropellos contra los habitantes de las mismas. EL campesino CARMELO
GALVES ORTEGA fue torturado y asesinado el 29 de junio de 1985, luego de un allanamiento
practicado a su residencia. Ese mismo día, los campesinos VICTOR MANUEL y LUIS JESUS
LEAL GUERRERO, fueron desaparecidos y asesinados por miembros del ejército en la
Inspección de Policía Departamental de La Gabarra. Los victimarios allanaron la vivienda de
Carmelo, de donde lo sacaron para torturarlo y asesinarlo en el sitio conocido como el Kiosco.
Luego, en el sitio Caño Salado, sacaron de su residencia a los hermanos Leal, cuyos cuerpos
fueron hallados los primeros días del mes de julio de 1985. A estos últimos le fueron robados
$14.000, una grabadora, una atarraya y elementos de cocina. Por estos hechos los familiares
hicieron denuncias ante la Procuraduría General de la Nación.
Después de la ocurrencia de los hechos, un comunicado oficial, firmado por el Brigadier General
Daniel García Echeverri, afirmaba que tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN- fueron “dados de baja” en combate, identificando a Carmelo Galves como uno de ellos.
Para desmentir esta versión oficial y exigir investigación y castigo para los responsables, 36
pobladores de la región llegaron hasta Cúcuta para protestar por ese pronunciamiento.
En 1986, en pleno contexto de diálogo nacional y “apertura democrática” a nivel nacional y
mientras los organismos paraestatales desplegaban su brazo macabro en distintas zonas del país;
los habitantes de Tibú siguieron enfrentándose a la persecución oficial, dirigida, especialmente
contra los miembros de la USO y los profesores afiliados a ASINORT. De esta manera se
presentaron dos casos en ese año: el 8 de enero, PEDRO ANTONIO CONTRERAS SALCEDO ,
trabajador de la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL- y activista de la Unión
Sindical Obrera -USO-, , fue asesinado con arma de fuego por miembros de una organización
paramilitar. Tiempo después, el 5 de septiembre, el educador oficial JUAN VICENTE GOMEZ y
98
Carta dirigida a Calixto Cortes Prieto, Procurador Departamental del Norte de Santander
106
OCHO campesinos más fueron desaparecidos por miembros del ejército pertenecientes al Grupo
de Caballería Mecanizado No. 5 "General Hermógenes Maza", después de ser detenidos durante
una serie de allanamientos realizados en la Inspección de Policía Departamental Pachelli.
Los militares, acantonados en la base militar del municipio de Tibú, llegaron alrededor de las
4:00 a.m. de ese día, allanaron todas las casas de la inspección y sacaron a los habitantes
arbitrariamente, la mayoría de ellos campesinos, se llevaron a las víctimas montándolos en los
camiones del ejército y se los llevaron para conducirlos, al parecer, a la base militar. Hasta el mes
de octubre, tanto los militares como la policía se negaron a dar información acerca de la suerte de
los agricultores, pretendiendo desconocer el sitio en el que se encontraban recluidos. En suma el
operativo fue realizado en la madrugada, las víctimas fueron llevadas a la base militar de Tibú, y
posteriormente se negó su presencia en las instalaciones militares y de policía a familiares y
amigos.
En 1988 se desencadenó una persecución sistemática contra los educadores del municipio,
caracterizada por ser ejecutada por hombres armados que no podían ser reconocidos. Esta
modalidad se constituyó como un nuevo mecanismo represivo, más soterrado. Junto con esta
forma de coerción, continuaron los hostigamientos de los miembros de la fuerza publica que se
ensañaron contra los maestros quienes además de ejercer su profesión eran miembros de otras
organizaciones sociales, apoyando diversos procesos cívicos, campesinos y populares. Este
trabajo les acarreó la estigmatización y persecución de los agentes paraestatales, que no
descansaron hasta socavar su fortaleza organizativa.
En ese mismo año, los miembros del Ejército realizaron numerosas detenciones arbitrarias en el
municipio de Tibú; los detenidos eran llevados posteriormente a las bases de los batallones, y
muchas veces obligados a vestir prendas militares y a patrullar con la tropa militar. Para el año de
1988 se encontraba como comandante de la V Brigada, el Brigadier General Alfonso Vacca
Perilla, quien estuvo involucrado en varias detenciones-desapariciones que ocurrieron en la
región, junto con el Brigadier General Juan Salcedo Lora.
En tal sentido, a partir de 1988, los crímenes en el municipio de Tibú se incrementaron
sustancialmente. Por ser una zona limítrofe con la República de Venezuela, las agresiones y
vejámenes contra la población se tornaron mucho más complejas, ya que la comisión de algunos
de los crímenes fue responsabilidad de miembros de la fuerza pública del país vecino; así lo
demuestra el caso ocurrido el 3 de mayo de 1988, cuando miembros de la Guardia Nacional
Venezolana lanzaron una granada al interior de la vivienda de la familia CORREA LEON, dando
muerte a CARMELINA LEON, de 40 años, y los hermanos ORLANDO, JAVIER y ANGEL
MARIA CORREA LEON, de 13, 11 y 9 años, respectivamente. Al parecer se trataba de una
represalia por no haber podido detener al esposo de Carmelina, José Correa, quién estaba
requerido por esa fuerza militar.
Cabe anotar el masivo apoyo de los pobladores de Tibú y toda la región del Catatumbo a la
realización de las multitudinarias marchas campesinas que se desarrollaron a partir del 22 de
mayo de 1988 en todo el nororiente colombiano. “Más de 5000 campesinos provenientes del
centro petrolero de Tibú, Norte de Santander, que iniciaron su marcha el 18, fueron bloqueados
en la localidad de Filogringo... En Tarra, 700 campesinos fueron contenidos por disparos de un
107
cordón militar...”99. La misma suerte corrieron los campesinos que se desplazaban desde los
municipios de Aserrío, corregimiento de Teorama, Teorama, San Calixto, La Playa y
Convención. La arremetida de la fuerza pública contra los manifestantes prosiguió en los días
siguientes a la marcha y se extendió durante 1989. De tal manera, el 28 de junio de 1988,
pocos días después de las movilizaciones, el campesino MANUEL GIRALDO fue detenido y
desaparecido, por miembros de la base militar de Tibú, adscritos al Grupo de Caballería
Mecanizado Nº 5 General "Hermógenes Maza". El padre de la víctima fue a reclamarlo y le
negaron que estuviera allí, reteniéndolo durante un día. A su hermana la amenazaron con
detenerla si persistía en preguntarlo.
Igual suerte corrió la educadora de 25 años NORELBA DE ORTIZ, quien fue asesinada por
hombres armados en la Inspección de Policía Departamental La Gabarra, el día 23 de noviembre
de 1988. Días mas tarde, el 28 de noviembre, LEONARDO DIAZ, de 28 años, dirigente de la
Unión Sindical Obrera -USO- y negociador del pliego de peticiones, fue desaparecido por
desconocidos en Tibú luego de salir hacia la ciudad de Cúcuta, a donde nunca llegó.
La oleada de violencia se intensificó durante el año de 1989. El 29 de enero de ese año, hacia las
9:30 de la mañana, el ex agente de la policía OVIDIO PARADA ESPINEL y el campesino
JESUS COTAMO PEREZ, ambos de 46 años de edad, fueron asesinados por un grupo de unos
30 hombres armados que llegaron hasta la Inspección de Policía Departamental Campo Giles, en
Tibú. En el lugar reunieron a sus moradores en el templo y eligieron a sus dos víctimas, quienes
fueron asesinadas en la cancha de fútbol. Este hecho marcó el comienzo de la arremetida
paramilitar en la población.
Durante el segundo semestre de 1989, continuó la comisión de CLH contra los campesinos. El 6
de agosto, los campesinos LUIS FRANCISCO HERNANDEZ SIERRA, de 55 años, LINO
RODOLFO HERNANDEZ, de 19 años, JESUS HERNANDEZ y LUIS ALBERTO
HERNANDEZ, fueron asesinados por desconocidos a las 5:30 p.m. en el sitio "Campo Dos" de
la Inspección de Policía Departamental Caño Victoria. Cada víctima recibió un disparo en la
cabeza y en el lugar fue dejada propaganda alusiva al Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
Dos semanas más tarde, el 27 de agosto de 1989, hacia las 9:30 de la noche, la campesina y
menor de edad ELIZABETH PABON GUERRERO, de 17 años, fue detenida en la Inspección de
Policía Departamental La Gabarra, y torturada en una base militar del Batallón de Infantería Nº
16 "Patriotas" (con sede en Honda-Tolima), base que para esa época estaba ubicada en
jurisdicción de Tibú. En el hecho participaron el Sargento Viceprimero Raúl Jaramillo, un
Suboficial de apellido Sepúlveda, un Coronel de apellidos Calderón Horta, y un militar con el
alias de “Juancho”. Inicialmente, Elizabeth fue reportada como desaparecida dada la forma como
fue realizada la detención. La denuncia fue presentada ante la Personería Municipal de Tibú y
posteriormente trasladada a la Procuraduría Regional de Cúcuta.
A mediados del mes de septiembre de 1989, los efectivos del ejército realizaron varías
operaciones de contrainsurgencia en la población de Tibú, deteniendo y sindicando a varios
pobladores. Así, a la una de la tarde del 18 de septiembre de 1989, el campesino DIOSAEL
VACCA GONZALEZ, conocido como “Cheo González”, fue detenido y torturado por una
99
COLOMBIA HOY INFORMA: Año IX, No. 58, Bogotá, 1988.
108
patrulla del Ejército que lo interceptó frente a la escuela de la vereda El Serpentino. Diosael fue
detenido mientras se desplazaba en un carro desde el casco urbano de Tibú hacia la vereda de Orú
Siete. Los militares hicieron bajar a todos los ocupantes del vehículo y los requisaron. Al pedirle
los documentos de identificación a Diosael, éste sacó su billetera y como allí tenía un papel con
unos nombres, los militares cogieron ese papel y le acusaron de ser guerrillero. Posteriormente,
fue conducido a la base militar San Jorge, para esa época adscrita a la VIII Brigada del ejército,
donde lo mantuvieron en un cuarto y lo golpearon continuamente.
Diosael fue tenido todo el día siguiente con las manos en la nuca y la boca recostada contra la
pared; le pedían información sobre el grupo al que pertenecía, cuántos eran, quienes eran las
personas del pueblo que les llevaban mercado a los guerrilleros y le preguntaron todo sobre su
vida. En la noche fue sometido a golpes, halado del pelo, y le daban patadas; apenas en la
madrugada lo dejaron dormir un poco.
El día 20 de septiembre, lo levantaron muy temprano en la mañana y lo pararon con las manos en
la nuca contra la pared hasta el medio día, luego lo interrogaron y después de las cinco de la tarde
fue amarrado y golpeado nuevamente. Posteriormente fue vendado y llevado a caminar
aproximadamente por diez minutos: lo tocaban con un revolver y lo amenazaban de muerte,
siendo amarrado después y dejado contra una pared toda la noche. Como a las cuatro de la
mañana del 21 de septiembre, continuaron golpeándolo e interrogándolo hasta las seis de la
mañana, hora en que fue soltado y le dijeron que se acostara. Al día siguiente de la detención
arbitraria fue presentada queja ante el Personero Municipal de Tibú, Eriberto Rodríguez Vera,
quien remitió la queja al Procurador Regional de Cúcuta.
Para el día 22, la VIII Brigada, en presencia del alcalde encargado y la inspectora encargada, hizo
entrega de Diosael Vacca Gonzáles, quien supuestamente estaba detenido en la Base Militar San
Jorge en un proceso de investigación preliminar como presunto miembro de enlace y correo del
ELN. El mismo día, el alcalde de Tibú lo entregó a la personería municipal.
El mismo día de la entrega al alcalde municipal, la víctima fue amenazada por los militares,
quienes le decían que, si no declaraba que era guerrillero, iban a pasar un informe afirmando que
él era comandante de la guerrilla. De hecho, en el “Acta de Entrega” Diosael fue obligado a
declarar que: “recibí un buen trato, también comida y dormida, todo lo que yo portaba en el
momento en que me retuvieron lo tengo”; además fue obligado a firmar unos documentos,
chantajeándolo con que, si no firmaba, no lo soltaban. Finalmente, le dijeron que tenía que
presentarse cada quince días ante la unidad militar100.
A pesar del supuesto buen trato recibido por Diosael, en el documento citado arriba se hace la
siguiente aclaración: “Diosael Vacca González (...) presenta un hematoma en la nariz, y otro
hematoma en la parte circular del ojo derecho y manifiesta que tiene todo el cuerpo adolorido
(...)”, Finalmente, el 26 de Septiembre de 1989, el Personero Municipal de Tibú remitió al
Procurador Regional de Cúcuta las diligencias adelantadas para la entrega de la víctima.
La década de los noventa, marcaría la agudización del accionar paramilitar que en un comienzo
se identificó con la categoría de responsable “desconocido”. Sin embargo, el desarrollo de las
100
Acta de Entrega al alcalde encargado del municipio de Tibú Jesús Alberto Escalante. Tibú, septiembre 22 de 1989.
109
agresiones contra la población demostró que se trataba de las mismas fuerzas paraestatales.
Mientras se extendía el radio de acción de los grupos paramilitares, los miembros del ejército y la
policía perseguían y torturaban a los habitantes de la región, bajo la excusa de “mantener el orden
público”. Los siguientes casos evidencian la alternancia de estas dos modalidades de represión:
por un lado, la oleada criminal de los paramilitares y por el otro las detenciones y torturas
realizadas por la fuerza pública.
La barbarie paramilitar que se presentó en Tibú se manifestó a partir del 30 de abril de 1990,
cuando el campesino RAFAEL BALAGUERA CACERES, de 62 años, fue asesinado por cinco
hombres que vestían prendas militares en la vereda Orú. Ocho meses más tarde, el 31 de
diciembre de 1990, JAIRO ENRIQUE MORON CAMARGO fue asesinado por desconocidos en
la vereda Barranca.
En agosto de ese mismo año, “activistas políticos y dirigentes sociales de Tibú denunciaron que
el ejército exigía a los propietarios de las canoas que los transportaran gratuitamente y los
obligaban a tramitar y a pagar un carné para poder transitar. Además denunciaron detenciones
arbitrarias con maltratos”101.
Durante 1991, en la localidad nortesantandereana de Tibú fueron asesinados 19 habitantes del
municipio por parte de hombres que no pudieron ser identificados, lo que se comprende por la
total impunidad en que fueron cometidos los crímenes. En el mes de enero de 1991 fueron
asesinados WILSON MOSQUERA VERA el día 12, y JOSE DEL CARMEN ROMERO
VILLALBA el día 26; la misma suerte corrió UN HOMBRE, asesinado por autores no precisados
el 27 de marzo.
Además del accionar criminal de los desconocidos, durante los meses de enero y febrero de 1991,
se presentaron entre los kilómetros 51 y 52 del casco urbano de Tibú, en la vía que conduce a la
Inspección Departamental de la Gabarra, varías agresiones, torturas y amenazas de muerte por
parte de miembros del ejército. Un ejemplo de ello tuvo lugar el 28 de enero de 1991, fecha en
que NANCY LEAL LAZO fue torturada por miembros del ejército en el lugar mencionado. La
denuncia fue instaurada ante el Comité Municipal de Derechos Humanos.
Seis días después, el 3 de febrero de 1991, FERNANDO CASTELLANOS VARGAS, fue
torturado por miembros del ejército en la vereda P-30; en esta misma vía. El día 6 del mismo
mes, este lugar registró un nuevo caso de tortura y amenaza contra FROILAN CRUZ TORRES a
la altura del kilómetro 6.
La comisión de asesinatos contra los pobladores de la región, continuaría en el transcurso del mes
de febrero de 1991. La represión se manifestó, de nuevo, bajo la responsabilidad de autores
“desconocidos”. El 16 de febrero, LUIS JESUS GRANADOS PINTO, SILVINO GRANADOS
CHAPARRO y ELEUTERIO APONTE GRANADOS, fueron asesinados en la vereda Las
Delicias. Pocos días después, el 24 de febrero de 1991, los campesinos y militantes de la Unión
Patriótica HECTOR PAYARES y MANUEL GIRALDO, la HIJA de Manuel, AUDEL
101
FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR. Paz te han vestido de Negro. Estudio sobre los
Derechos Humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia y el conflicto armado en Norte de Santander, Editorial Gente
Nueva, Bogotá, 2005. p. 10.
110
RODRÍGUEZ, PABLO PARRA Y la empleada LUZ MARY ROBLES fueron detenidos por
miembros del Grupo de Caballería No. 5 "Maza", en el Corregimiento de Filogringo. Tiempo
después todos los detenidos fueron dejados en libertad y denunciaron maltratos por parte de los
soldados que los aprehendieron. En el tiempo en que estuvieron bajo el poder de los militares no
se tuvo noticia de su paradero.
Otro caso de actuación por parte de desconocidos se registró el 14 de marzo de 1991,día en que
JESUS MARIA LIZARAZO JAIMES fue asesinado en vereda La Angalia.
La violencia contra el campesinado se intensificó en el corregimiento de Tres Bocas, zona
limítrofe con Venezuela, entre los meses de marzo y abril: Allí se presentaron casos de tortura y
amenazas por parte de la Guardia Venezolana contra los habitantes de la región. El 23 de marzo
de 1991, BERNABE SANCHEZ MEDINA fue torturado por miembros de la Guardia Nacional
Venezolana, en el corregimiento Tres Bocas, en Tibú. En este lugar, pero en el mes de abril, el
pescador RAMON DAVID JAIMES correría la misma suerte al ser torturado y amenazado de
muerte por miembros de la Guardia Nacional Venezolana.
Ante la alarmante oleada de violencia que azotaba la población, a finales del primer trimestre de
1991 varios habitantes del Corregimiento denunciaron atropellos y arbitrariedades por parte de
los uniformados mientras desarrollaban los operativos en la región.
Pese a las múltiples denuncias de los campesinos por la cruenta persecución a la que eran
sometidos por el ejército y los desconocidos, durante el mes de abril de 1991 fueron asesinados
otros tres campesinos por hombres fuertemente armados que no pudieron ser reconocidos. El
primer crimen se presentó el 18 de abril, cuando JOSE MARIA URIBE fue asesinado por
desconocidos; dos días más tarde, el 20 de abril, ARAMIS ESCALANTE JAIMES fue hallado
muerto en el sitio "La Batea" en la vereda La India. En este mismo sitio, el día 24,, los
desconocidos asesinaron a ISIDRO CRISTANCHO MARTINEZ.
Mientras los paramilitares comenzaban a sembrar el terror en toda la región, los miembros del
ejército continuaron con los hostigamientos y agresiones, esta vez encaminados contra la
población marginada de Tibú. De tal manera, el 6 de abril de 1991, RUBEN PAYARES
BECERRA fue torturado por una unidad militar en la zona de tolerancia del casco urbano de este
municipio.
La violencia paraestatal se intensificó en el mes de mayo. El 1 de mayo de 1991, los hermanos
ELIUMEN DAVID y WILSON MANRIQUE TORRES fueron asesinados por desconocidos. El
día 13 del mismo mes, RAMON DARIO MALDICA fue muerto en similares circunstancias, al
igual que JULIO ALBERTO MOSQUERA DELGADO asesinado al día siguiente, el 14 de
mayo, fecha en la que PEDRO JESUS HERNÁNDEZ y JUAN DE DIOS DURAN fueron
hallados muertos en el sitio “Campo Dos” de la Inspección de Policía Departamental Caño
Victoria.
La persecución y victimización contra los habitantes de “Campo Dos” continuó en los días
siguientes. El 18 de mayo, fueron ultimados por desconocidos, LUCELIA SANCHEZ JIMENEZ
y MIGUEL ANGEL QUINTERO GOMEZ. Similar suerte corrió al día siguiente, 19 de mayo,
ALFONSO PUCHE MENDOZA asesinado en la vereda La Ceiba de la Inspección de Policía
111
Departamental La Gabarra. Cuatro días más tarde, el 23 de mayo de 1991, CARLOS ANTONIO
ALFONSO PEREZ fue torturado por miembros de la policía, también en La Gabarra.
El mes de mayo culminaría con una muerte más. El día 28, la tesorera de la Asociación
Departamental de Usuarios Campesinos -ADUC-, RAMONA ADELIA ARTEAGA de
TARAZONA, de 37 años, fue asesinada cuando salía de su residencia por cuatro desconocidos
que le propinaron 18 impactos de bala.
Los meses de junio y julio se debatieron entre los asesinatos cometidos por “desconocidos” y las
extralimitaciones por parte de los organismos policiales. El 15 de junio de 1991 EUGENIO
IBARRA ORTIZ, fue asesinado por sujetos no identificados. Cinco días después, el 20 de junio,
LUIS ALBERTO OJEDA ARMAS fue asesinado por estos mismos victimarios en la Vereda Las
Vegas Km.60. Una semana más tarde, el 26 de junio, ELIGIO SANCHEZ MEDINA fue
torturado por miembros del ejército en la Inspección de Policía Departamental La Gabarra.
La represión paraestatal contra los habitantes de Tibú se incrementó sustancialmente durante el
mes de julio de 1991, principalmente en el área rural. El 1 de julio, el Corregidor de la población
de Reyes Campo Dos PEDRO NEL HERNANDEZ VILLANUEVA y el señor PATRICIO
MELGAREJO VARGAS fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional, en el
Corregimiento de Campo Dos, por orden del Capitán Luis Enrique Arcila Quesada, quien se
desempeñaba como comandante del Quinto Distrito de Policía de la localidad en la época del
suceso.
Las detenciones se llevaron a cabo poco tiempo después de una toma subversiva de la población
mencionada la noche anterior. Una vez detenidos por los policías, Pedro y Patricio fueron
conducidos a la sub-estación del lugar (destruida por el hostigamiento), el primero porque era
requerido por miembros del ejercito de la V Brigada para rendir información acerca de la toma;
mientras que el segundo fue arrestado debido a que unos agentes que regresaban del puesto de
policía de Campo Dos, se cruzaron con él en la calle cuando hablaba con unos amigos acerca del
combate ocurrido; inmediatamente lo trataron con malas palabras, lo amenazaron verbalmente e
incluso uno de ellos le "tendió el fusil de frente diciéndole que era guerrillero". Al momento del
ingreso a la sub-estación, no se hizo registro alguno de las detenciones en el libro de entrada.
Según el Capitán Arcila, no se realizo el registro porque al igual que Hernández Villanueva, el
señor Melgarejo fue "requerido" por miembros de la policía para que permaneciera en el lugar,
pues un oficial del ejercito iba a interrogar a este y a Pedro Nel por lo sucedido la noche anterior.
Dos días después otros tres pobladores fueron detenidos, sindicados y torturados por el ejército.
El 3 de julio de 1991, ERASMO GARCIA GRIMALDO, JOSE EVER CARRILLO QUINTERO
y NOE CARRILLO ROJAS, fueron torturados por miembros del ejército en la vereda La
Rochela. Estas acciones estuvieron directamente relacionadas con los operativos desarrollados
por el ejército en los días siguientes a la toma de la población por parte de la insurgencia.
La represión de las unidades militares continuó durante las semanas siguientes. El 11 de julio de
1991, miembros del ejército torturaron al campesino PAULINO CARRILLO, y a los hermanos
OSCAR ORLANDO y LUIS ALBERTO BUITRAGO, en la finca "La Palestina" en la vereda
Ambato de la Inspección de Policía Departamental Petrólea. Un grupo de aproximadamente 50
militares, llegó hacia las 5:00 de la madrugada al lugar, asaltó la casa de la finca, sacó a las tres
112
víctimas y, dejando otras dos personas encerradas, los retiraron unos 80 metros, y allí
comenzaron a preguntar por la guerrilla y por las armas de ésta. Al no recibir respuesta alguna,
los torturaron golpeándolos y les taparon la cara con una toalla, echándoles agua por boca y nariz;
además los militares se les pararon en los brazos, piernas y pecho. En los interrogatorios les
preguntaron que donde estaba Alfonso Buitrago y alguien llamado "Ojo de Águila", supuestos
guerrilleros. Después de tres horas y media, los dejaron ir a la casa y los obligaron a firmar
constancias de buen trato.
Dos semanas después, el 25 de julio de 1991, VICTOR JULIO NIÑO PORTILLO fue asesinado
por desconocidos en el sitio "La Pista" en la Inspección de Policía Departamental Río de Oro. Lo
mismo aconteció con BASILIO VIVAS CAÑIZARES, el 20 de agosto de 1991, muerto en el
sitio "El Empalme-La Silla", zona rural de Tibú. Ese mismo día, un HOMBRE fue asesinado por
desconocidos en la Inspección de Policía Departamental La Gabarra.
A finales del mes de agosto de 1991, el día 26, varios desconocidos asesinaron a LUIS EMIRO
RODRIGUEZ EPALZA. Pocos días más tarde, el 3 de septiembre de 1991, el Cabo primero de la
Policía LUIS RAMIRO ARAYON, el comerciante JOSE DE DIOS GUILLIN LOPEZ, y el
menor de edad MISAEL GUILLIN SALAZAR, de 16 años, fueron asesinados por desconocidos
en el sitio La Batea en la vereda Bertrania. Las víctimas fueron aprehendidas cuando se
movilizaban en un bus hacia la cabecera municipal, y, en La Batea, los victimarios bajaron a
todos los pasajeros, les hicieron varias preguntas, apartaron a Luis, José y Misael y los
acribillaron.
Un mes después de la masacre de La Batea, el 27 de septiembre de 1991, los campesinos y
hermanos JUAN DE DIOS y JOSE AGUSTIN MONTILLA CONTRERAS, de 56 y 28 años,
respectivamente, y el campesino RIGOBERTO BERNAL RINCON fueron asesinados por un
grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares, quienes les dispararon después de interrogarlos, en zona rural de Tibú. Las víctimas
trabajaban en una finca en la región del Catatumbo.
Prosiguiendo con la ola de dolor y muerte, el 2 de octubre de ese mismo año, PEDRO FELIPE
NAVARRO PEREIRA fue asesinado por desconocidos en el sitio "La Aduana", en la vereda
Quemadero. Dos días después, el 4 de octubre, JOSE ORLANDO ESTUPIÑAN y OTRO
HOMBRE, fueron muertos por desconocidos en el sitio El Samán en la vereda Bertrania. Ese
mismo día, VICTOR JULIO NEIRA BELTRÁN fue asesinado.
Durante la segunda y tercera semana de octubre de 1991, se desencadenaron más muertes en el
área rural y la zona urbana del municipio. El 10 de octubre, fue asesinado PABLO GELVES
CONTRERAS; posteriormente, el 13 de octubre de 1991 un HOMBRE fue asesinado por
desconocidos en el sitio La Batea de la vereda Bertrania. El día 20 del mismo mes JHOANY
SEPULVEDA SALAZAR también fue hallado asesinado; la última muerte que se registró en el
mes tuvo lugar el 24 de octubre, fecha en la que JOSE DE LA CRUZ CONTRERAS fue
asesinado en el barrio Miraflores. Todos ellos fueron victimizados en idénticas circunstancias
pues nunca se supo quienes habían ocasionado sus muertes.
En el transcurso de noviembre de 1991, los desconocidos dieron muerte a JOSE VIDAL YAÑEZ
BOTELLO el día 19, y el 24 a JAIME ORREGO OSPINO. Tres días después de la muerte de
113
Jaime, el 27 de noviembre de 1991, CARLOS DANIEL BERBESI GALVIS, fue torturado por
miembros del ejército en la plaza de mercado.
El año de 1992 se caracterizó por la permanente militarización del municipio y la
responsabilidad única del ejército en las agresiones y crímenes contra la población de Tibú por
parte de las tropas militares. Entre el 25 de enero y el 2 de febrero de 1992, DAVID ERNESTO
ROMERO LIZCANO y JACSSON JOSE BLANCO ROJAS fueron torturados por miembros del
ejército en la base militar de Tibú, luego de ser detenidos en la vía que conduce de Sardinata
hacia aquel municipio. Jacsson y David se movilizaban en una motocicleta hacia su lugar de
trabajo cuando fueron detenidos por los militares en la carretera señalada, siendo llevados de allí
a la base militar de Tibú. Los familiares de los detenidos se desplazaron a la base para preguntar
por ellos; un soldado les dijo: "¿ustedes vienen a preguntar por los detenidos de la moto?". En ese
momento apareció un oficial y negó que las víctimas se encontraran en las instalaciones de la
unidad militar. De igual manera, cuando el personero municipal solicitó autorización para
registrar el lugar y verificar si estaban o no detenidos Jacsson y David, le negaron la entrada.
Durante su cautiverio, los aprehendidos fueron torturados y obligados a vestir prendas militares, y
a ser transportados en helicóptero hacia diferentes bases militares. Finalmente fueron llevados a
Cúcuta, donde los obligaron a firmar constancias de buen trato y declaraciones en las que se decía
falsamente que se habían entregado a las autoridades debido al "mal trato recibido en la
guerrilla". Aunque Jacsson y David fueron dejados en libertad solo hasta el 2 de febrero siguiente
a las 7:00 de la noche, el ejército pretendía asesinarlos, pues a la salida un grupo de los mismos
militares los esperaba en un campero Samurai color café, usado anteriormente para transportar a
uno de ellos. Sin embargo, en el momento en el que salieron, ambos guardaron la moto que les
decomisaron y se movilizaron en taxi, razón por la cual les perdieron la pista y lograron salvarse.
La comisión de CLH en el municipio cesó por un breve período de diez meses. Empero, el 8 de
diciembre de 1992 tuvo lugar un nuevo crimen en el sitio La Balastra, ubicado en la vía que
conduce del caserío Campo Dos a Tibú. En el lugar y la fecha mencionados se encontró el cuerpo
sin vida de UNA MUJER de 25 años, tez blanca, contextura delgada y 1.75 metros de estatura,
quien presentaba 4 disparos calibre 9 milímetros. Para la época de la comisión del crimen, la zona
estaba completamente militarizada por el Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 "General
Hermógenes Maza" y el Batallón de Infantería Nº 15 "Santander".
Iniciando el nuevo año, el 27 de febrero de 1993, el campesino MARTIN CARRILLO, de 36
años, fue asesinado por encapuchados que en horas de la noche irrumpieron en una finca y
dispararon "contra lo que se movía", impactándole 5 disparos y huyendo posteriormente. Los
hechos ocurrieron en la vereda La Esmeralda de la Inspección de Policía Departamental La
Gabarra.
A partir del mes de marzo de 1993, la participación del ejército en la persecución sistemática
contra los pobladores cobró gran importancia con la llegada de la Brigada Móvil No.2 a la región.
Los casos de CLH que se realizaron desde este momento evidencian la intolerancia de las
instituciones estatales frente a los residentes de la región.
La Brigada Móvil No.2 en Tibú
114
Luego de su puesta en marcha, las Brigadas Móviles marcaron un punto de inflexión en la
estrategia militar de contrainsurgencia. Con la instalación de la Brigada Móvil No. 2, primero en
Barrancabermeja y posteriormente en Ocaña, se comenzó a observar un “coincidencial” auge de
los grupos paramilitares en regiones patrulladas por estos comandos de contrainsurgencia102.
Como fue constatado en numerosos casos, a propósito del accionar de estas unidades, “ha sido
claro que cuando los soldados buscan guerrilleros no se encargan de minimizar los daños
superfluos y los sufrimientos innecesarios de los civiles, como lo exige el Derecho Internacional
Humanitario. Lo que es peor, han actuado con despreocupación por la vida e integridad de civiles
inocentes”103.
Según denuncias de los pobladores y de organizaciones de Derechos Humanos, desde la llegada
de la Brigada Móvil Nº 2 a la región del Catatumbo fueron múltiples los atropellos contra la
población civil que habita la zona. El señalamiento, la tortura, desaparición y asesinato hacen
parte de las formas de operatividad regular empleadas por la Brigada Móvil No. 2. para
“controlar toda la región”. Las victimas y sus familias eran sometidas a torturas físicas y
sicológicas, golpes, intimidación a menores, amenazas etc.; en fin, infinidad de actos
escarnecedores que, aunados a la sindicación o presentación de campesinos como guerrilleros
caídos en combate, constituyeron formas de sometimiento del campesinado, cubiertas bajo la
mentira y la impunidad para que, al final y sin importar la infinidad de reclamaciones de las
gentes de Norte de Santander, los militares de la móvil perpetuaran su represión, con lo que
también se continuaba la práctica de crímenes de lesa humanidad.
El 18 de marzo de 1993, unos 150 líderes de diferentes lugares de Tibú y El Tarra se tomaron
pacíficamente las instalaciones de la Personería de Tibú para protestar por los reiterados
atropellos por parte de la Brigada Móvil Nº 2, entre ellos la violación a una menor y otra mujer
en el corregimiento Las Mercedes; la ocupación de sus viviendas y las escuelas como trincheras;
el robo de los dineros de una Junta de Acción Comunal; y las torturas, amenazas e intimidación
que hacían a la población.
No obstante, sus justificadas reclamaciones no sirvieron de nada ni tuvieron eco alguno en las
entidades gubernamentales ni municipales, pues, en vez de constituirse como un llamado de
atención para los efectivos y comandantes de la Brigada Móvil, con los sucesos que se
desencadenaron en el transcurso del año 1993 y la gravedad de los casos de CLH que se
presentaron, las demandas de los campesinos se convirtieron en un aliciente para que los militares
actuaran con más ferocidad, empleando métodos más inhumanos en su forma predilecta de
control de la población, las torturas y detenciones arbitrarias.
Una de las primeras agresiones perpetrada por los miembros de esta unidad militar se produjo el
4 de Junio de 1993, cuando los hermanos ANSELMO MORENO PÉREZ y JOSE LUIS
MORENO PÉREZ fueron detenidos y torturados por el Teniente William Roberto del Valle, en
la Base Militar del Corregimiento de La Gabarra.
José Luis se encontraba trabajando en el interior de la unidad militar construyendo una bodega
102
MINGA. Asociación para la Promoción Social Alternativa. Informe preliminar. Estrategia contrainsurgente..., Op. cit.
AMERICAS WATCH. Estado de Guerra. Violencia Política y contrainsurgencia en Colombia. 1ra edición en Español, Edit.
Tercer Mundo, 1994, Bogotá. p. 102
103
115
para ECOPETROL. Días antes de su detención, un compañero de trabajo le preguntó a un
soldado qué hacían con el bazuco que decomisaban, a lo cual respondió que lo enviaban a la
Base. José Luis intervino y dijo en tono jocoso "que iba a hablar con el Teniente para que le
vendiera un poquito porque era bueno con alcohol y servía para la artritis". El 4 de junio, al
llegar el Oficial del Valle a la Base, uno de los soldados le comentó que José Luis Moreno lo
estaba buscando para que le vendiera un kilo de bazuco, a lo cual el militar airadamente replicó
manifestando: "traigan a ese H.P que no le voy a vender un kilo, le voy a regalar dos".
Inmediatamente, los soldados aprehendieron a José Luis y lo llevaron ante el Teniente mientras lo
golpeaban duramente con sus armas; este luego le dio una patada en su espalda y lo condujo con
otros soldados a la parte trasera de la Base, mientras lo agredía verbalmente.
Anselmo, al enterarse que su hermano estaba detenido, quiso salir de la base para comunicarles la
noticia a sus familiares pero los militares se lo impidieron deteniéndolo. Luego lo llevaron a
donde estaba José Antonio con el Teniente del Valle quien le dijo: "ah, usted es el otro". Después
el Oficial ordenó separarlos y le ordeno a los soldados: ustedes que están haciendo ahí que no
han traído el agua con la sal. Acto seguido, José Antonio fue amarrado con un lazo; le pusieron
una toalla que le tapaba boca y nariz, lo acostaron a la fuerza y el Teniente le vació un balde de
agua con sal mientras le preguntaba por la persona que le dijo que él vendía bazuco, y por dos
sujetos presuntamente miembros de la guerrilla. Anselmo fue torturado de la misma manera. Al
final ambos fueron amenazados de muerte si se volvían a acercar a la base.
Después de torturar a los dos hermanos, el Teniente del Valle los llevó en una patrulla al pueblo,
donde reunió a varias personas y les dijo: "miren a este tipo (refiriéndose a José Antonio), ese
individuo que fue a la base a comprarme bazuco, por culpa de él de ahora en adelante al que
agarre lo voy a empapelar, y lo voy a echar para afuera porque si antes les quitaba el bazuco y
los soltaba ahora no va a ser así". Soltó entonces a Anselmo y llevó a José Antonio a los
calabozos de la Subestación de Policía.
Tres días después de la detención de los hermanos Moreno Pérez, el 7 de junio de 1993, el
campesino RAUL ORTEGA, de 22 años, fue asesinado por varios hombres armados que lo
interceptaron y lo acribillaron en horas de la madrugada, en el barrio Miraflores. En la época de
la comisión del crimen se desarrollaban en la región enfrentamientos frecuentes entre las tropas
de la Brigada Móvil Nº 2 y la guerrilla. Ese mismo día, en la zona rural, fue asesinado otro
campesino, LUIS ORLANDO CONDE QUINTERO, de 22 años de edad, ultimado por varios
hombres armados que lo interceptaron y lo acribillaron en la vereda Beltrania.
La acometida de los “desconocidos” volvió a presentarse el 22 de julio de 1993, día en el que el
joven ELI BUITRAGO TORRES, de 18 años de edad, fue asesinado por varios hombres que le
dispararon dos veces en la cabeza en momentos en que transitaba por una calle del barrio Camilo
Torres.
Ocho días más tarde, el 30 de julio de 1993, los campesinos NINI JOHANA PARRA GALLEGO
de 11 años, JESUS MARIA CAMACHO de 20 años, y una mujer llamada ANA, fueron
torturados y amenazados por miembros de la Brigada Móvil Nº 2, en la hacienda La Valera, del
Corregimiento La Llana. Los militares llegaron a la casa que administraba Jesús María,
amenazando a las personas que se encontraban allí, con el fin de que les dieran información sobre
la existencia de armas en la casa y de su supuesta pertenencia a la guerrilla.
116
A Jesús María lo llevaron a un cuarto alejándolo de las demás personas, donde amenazaron con
matarlo si no confesaba en qué lugar estaban las armas; además le pusieron un cuchillo sobre su
cuello y luego lo obligaron a cavar dos huecos donde los militares creían podían encontrar las
armas. Entretanto, los militares tomaron a Nini y la apartaron de los demás habitantes de la casa
conduciéndola a un cuarto donde se encontraba un capitán que la amenazó con un cuchillo y con
ahorcarla, luego le dijo a la niña "usted está buena como para comérsela" e insistió que si
contaba algo de lo sucedido en el cuarto, ellos volverían y los que sufrirían las consecuencias
serían sus padres. Al mismo tiempo amenazaron a Ana (empleada de la finca) con un cuchillo
para que les informara en que lugar se encontraban las armas.
Mientras los efectivos de la Brigada Móvil No.2 intimidaban a los campesinos, las tropas del
Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 “General Hermógenes Maza” sembraban a la par el terror
y la muerte en la población de Tibú.
El 31 de julio de 1993, el campesino MIGUEL ANGEL QUINTERO, de 18 años, fue detenido y
asesinado por una patrulla del ejército perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5
"General Hermógenes Maza", al mando del Teniente William Roberto del Valle, en Tibú. El
cuerpo sin vida de Miguel fue presentado a los medios de comunicación como el de “un
guerrillero dado de baja en combate”. Miguel había salido de su casa con un amigo hacia el bar
"El Sapo", donde los militares los abordaron durante un operativo de registro y control a las 7:30
de la noche, requisándolos y solicitándoles mostrar los documentos de identificación.
Posteriormente, se llevaron a Miguel Ángel hacia la Base Militar de Tibú del Grupo Mecanizado
"Maza". Hacia las 2 o 3 de la madrugada del día siguiente fue sacado de las instalaciones de la
base militar por una patrulla comandada por el Teniente William Roberto Del Valle.
El detenido fue encontrado asesinado un día después de su detención en la finca "Los Mangos"
de la vereda Las Vetas, en el kilómetro 49 de la vía que conduce a la Inspección de Policía
Departamental La Gabarra. Cuando se realizó el levantamiento del cuerpo de Miguel Ángel este
presentaba "diversos impactos de fusil en la parte posterior del cuerpo, así como prendas de uso
exclusivo del ejército las cuales no presentaban orificios de bala, y además no correspondían con
la talla de la víctima".
El Teniente Del Valle lo presentó como muerto en combate, en enfrentamientos entre la patrulla
del Ejército que él comandaba y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
-FARC-. Horas más tarde el comandante de la V Brigada, Brigadier General Ricardo Emilio
Cifuentes Ordóñez, manifestó el éxito obtenido en el supuesto enfrentamiento. Este crimen fue
denunciado el 19 de agosto de 1993 por el Comité Municipal de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos de Tibú. El 29 de noviembre de 1993 se instauró denuncia ante la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
Las operaciones y desmanes represivos continuaron en el mes de septiembre de 1993. El 4 de
septiembre, el campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Unión El
Brandy, CARLOS DANIEL TORO RAMIREZ, de 28 años, fue detenido y torturado por
militares de la Brigada Móvil Nº 2, al mando del Teniente Coronel Dagoberto Barrios Vásquez,
117
Comandante del Comando Operativo No. 5, en zona rural de Tibú. La unidad militar iba
acompañada por Luis Carlos Idárraga, informante del Ejército.
Los militares retuvieron a Carlos Daniel cuando regresaba a su casa, acusándolo de ser
guerrillero; como él mismo afirma: "... me amarraban una toalla en la boca y empezaban a
echarme agua-sal y yo perdí el conocimiento, y luego me agarraron a patadas y estoy todo
golpeado y me amarraron de los pies y de las manos y se me paraban en la espalda y me
metieron a un caño y los soldados se me paraban encima y me hacían tomar agua por la nariz y
la boca y me caía el sudor y luego volvieron y me metieron al caño y me arrastraban. Un señor
que estaba con pantaloneta y tenía un sombrero de esos que ellos usan color verde les decía a
los soldados que me partieran los brazos...". Entretanto, Idárraga lo señalaba como guerrillero, a
lo cual Carlos Daniel decía que solamente era dirigente comunal. Después, Carlos pidió hablar
con quién profería las órdenes a lo que le contestaron que "... aquí no hay mando, podés hablar lo
que querrás güevón que de nada te sirve... de aquí no te vas porque te vamos a matar..." y que la
única forma de no matarlo era que los llevara al otro día a donde supuestamente había un
comando guerrillero, a lo que Carlos contestó que “si como él eran todos los guerrilleros que
mataban a los únicos que mataban era a gente trabajadora y honrada".
En varias ocasiones Carlos se desmayó a consecuencia de las torturas; creyéndolo muerto lo
desamarraron, situación que aprovechó para correr, logrando salvarse al llegar a la casa de una
familia campesina donde le prestaron auxilio. En los días siguientes a su detención, el dirigente
comunal tuvo que permanecer escondido con su familia, sin poder conseguir alimentos ni
medicinas.
Entre el 3 y el 4 de octubre de 1993, la Brigada Móvil Nº 2, detuvo, torturó y asesinó a los
campesinos JESUS ARIZA, de 38 años, EDILIA ORTEGA, de 25 años, y ALVARO BLANCO,
de 20 años, en la vereda Puerto Barranca de la Inspección de Policía Departamental La Gabarra.
Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron abandonados el 4 de octubre frente a la prelatura del
Obispo de Tibú, LUIS MADRID MERLANO, reiterando con ello las amenazas que había
recibido el religioso por denunciar los atropellos cometidos por la Brigada Móvil Nº 2 contra la
población campesina e indígena de la región.
Los campesinos fueron presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", pero sus
cuerpos presentaban disparos a quemarropa. Al momento de su detención, las víctimas iban
acompañadas por dos niños y una niña; después, uno de los niños estaba siendo buscado por un
paramilitar de la región conocido como "Mano 'e Rinche", para "quitarlo del mapa". Los
crímenes fueron denunciados en el Foro por la Paz y los Derechos Humanos en Norte de
Santander, realizado el 9 de noviembre del mismo año.
Dos semanas después, entre el 16 y el 23 de octubre de 1993, el promotor de salud de La Gabarra
JOSE ANTONIO SAENZ RAMIREZ, de 32 años, y el dirigente campesino EDILIO LEON,
fueron retenidos, desaparecidos, torturados y posteriormente asesinados por seis (6) sujetos
vestidos de sudaderas, franela de esqueleto y tenis, quienes los acusaban de ser colaboradores de
la guerrilla y de "tenerle tienda a la subversión". Cinco de los autores del hecho estaban
cubriéndose la cara y la cabeza con pasamontañas, y el restante con la cara pintada portando
118
"armas largas". Una vez arribaron a la Inspección Departamental, sacaron a las víctimas de la
tienda comunitaria ubicada en la finca "La Golondrina", de la vereda Guadalupe.
En el hecho, la tienda fue saqueada, y el campesino ALEJANDRO RIVERO CARDENAS
también fue retenido y posteriormente liberado, porque no correspondía su nombre al de otra
persona que buscaban. Tiempo después, el sábado 23 de octubre de 1993, los cuerpos de Sáenz
Ramírez y León Contreras se encontraron sin vida en la vereda Barrancas, del mismo
Corregimiento de La Gabarra. Ambos tenían disparos en la cabeza, y además el cadáver de José
Antonio tenía signos de tortura.
Una vez retenidas, las víctimas fueron conducidas a la escuela de la vereda, y posteriormente se
les perdió el rastro. Poco tiempo después los pobladores crearon una comisión de búsqueda que
se entrevistó con el Comandante de la Brigada Móvil Nº 2, Brigadier General Agustín Ardila
Uribe, quien dijo: "Me parece extraño que estén detenidos si la orden es matar".
Para la época del crimen, el corregidor de La Gabarra Orlando Velasco Barrera, logró establecer
que ese sector era patrullado por tropas de la Brigada Móvil No. 2, agregadas a la Base Militar de
la Gabarra, encargadas de efectuar operaciones en esa área. Por otra parte, en cuanto a las
amenazas proferidas por una patrulla del ejército contra los pobladores por las muertes, los
militares argumentaron que "eran para que cogieran experiencia y no fueran cómplices de la
guerrilla". Además el administrador del hospital de "San José" de Tibú, Gersón Alberto Martínez
Solano, mencionó que las intimidaciones fueron simplemente "unas recomendaciones" hechas
por los soldados a por lo menos 50 personas del lugar.
Paralelamente a las agresiones de la Brigada Móvil No. 2 contra la población, el 18 de octubre de
1993, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos pobladores más. La primera víctima fue el
campesino MARCO AURELIO DURAN, de 54 años, encontrado asesinado en el corregimiento
Tres Bocas. Su cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza. Este mismo día, el
comerciante MISAEL BERMUDEZ PARRA, de 39 años, fue muerto, y UN CAMPESINO fue
herido por desconocidos que le propinaron cinco disparos de pistola en el tórax y el abdomen a
Misael y dos disparos al campesino, en la Inspección de Policía Departamental La Gabarra.
Cuatro días después, el 22 de octubre de 1993, el campesino HILARION ORTEGA, fue detenido
y torturado por miembros del ejército que irrumpieron en su vivienda, en la vereda Alto Río
Chiquito de la Inspección de Policía Departamental La Gabarra. Los militares lo patearon y le
dieron culatazos, le colocaron un trapo en la cara, le echaron agua con ácido y lo vendaron,
mientras varios de ellos se le paraban encima y lo acusaban de "ser guerrillero". Lo amenazaron
diciéndole que la próxima vez "lo matarían", así como amenazaron a su esposa y a sus hijos.
Luego se lo llevaron detenido. En el hecho participaron un Capitán, un Teniente, un Cabo y un
Sargento.
Quince días después de las agresiones perpetradas por los miembros de la Brigada Móvil No. 2 y
los “desconocidos” contra los pobladores de La Gabarra como retaliación a las denuncia hechas
por los pobladores, se volvieron a registrar nuevos hostigamientos por parte de esta misma unidad
militar. El 12 de noviembre de 1993, ELIECER OJEDA y JOSE ANGEL SUESCUN fueron
detenidos, torturados y amenazados de muerte por militares adscritos a la Brigada Móvil Nº 2. La
119
persecución de los militares contra el campesinado de esa inspección departamental continuó
entre el 23 y el 25 de noviembre de 1993, cuando los campesinos YOLANDA SUESCUN,
ALBERTO PARRA, HERMES QUINTERO, el trabajador de la finca "Las Rosas" de la vereda
Guadalupe, CRISTIN PARDO BENITEZ, y DOS CAMPESINOS más, fueron detenidos y
desaparecidos por tropas de la Brigada Móvil Nº 2 en el sitio "Caño Diablo" y en la vereda
Guadalupe. Luego del crimen, un Capitán de apellidos Niño Romero, perteneciente a la Brigada,
afirmó que ninguna persona había sido detenida por esos días. Sin embargo, en esa misma fecha
los militares reportaron un supuesto enfrentamiento entre el Batallón de Contraguerrillas Nº 16
"Caribes" y presuntos guerrilleros del frente XXXIII de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia -FARC- en el sitio "Caño Diablo", lugar donde fue detenida y desaparecida Yolanda el
23 de noviembre, y en el que habrían sido "dados de baja" ocho presuntos guerrilleros.
Al finalizar el año, el 12 de diciembre de 1993, a las 5:30 de la tarde, el campesino CAMPO
ELIAS BRICEÑO ARCHILA, de 48 años, fue asesinado en la Inspección de Policía
Departamental La Gabarra por un desconocido que le impactó un disparo de revólver;
La persecución sistemática contra el campesinado a manos de las unidades militares y las
estructuras paramilitares prosiguió en el año de 1994. A estos hechos se sumaron las agresiones
de las Fuerzas Armadas del vecino país de Venezuela, las cuales arremetieron en varias ocasiones
contra los habitantes de la región del Catatumbo. Entre el 21 y el 30 de abril de 1994, cuando el
campesino ANTONIO BOLIVAR GALLO PICO, de 58 años, fue detenido, torturado,
amenazado y su residencia allanada por militares venezolanos y miembros de la Guardia
Nacional Venezolana en la vereda Galán, en Tibú.
Antonio fue detenido ilegalmente por 7 integrantes de una patrulla de la Guardia Nacional
Venezolana, después de que aproximadamente 30 militares venezolanos allanaran su vivienda y
se llevaran medio millón de pesos y los documentos de propiedad de sus tierras, Una vez
detenido; Antonio fue llevado a Venezuela al puesto de la Guardia y el Ejército "San José",
donde lo torturaron y amenazaron.
Al otro día lo llevaron a un sótano junto con otras 15 personas y un encapuchado le preguntó
insistentemente por Pedro Gallo, al parecer un hermano de la víctima. Después fue golpeado con
una manguera por un Teniente de apellido Molina. Horas más tarde, lo trasladaron a Machaque,
donde nuevamente lo torturaron. El 23 de abril fue remitido a un puesto militar en la hacienda
"Altamira", donde lo ataron y vendaron, lo tiraron en un arenal y lo golpearon en diferentes
partes del cuerpo con fusiles, hasta que comenzó a sangrar. Mientras lo golpeaban, lo
amenazaban. Posteriormente, entre el 25 y el 30 de abril de 1994, fue trasladado junto con otros
colombianos a diversas instalaciones militares y finalmente fue liberado el día 30. Con éste, son
tres los casos reportados en los cuales los miembros de la Fuerzas Armadas del vecino país de
Venezuela cometieron actos lesivos contra la población de la región, situación que le añadió un
elemento más a la compleja situación vivida por los habitantes de Norte de Santander,
específicamente en el Catatumbo.
Los operativos alternados del ejército y las tropas paramilitares continuaron en el transcurso de
todo el año de 1994. La difícil situación de los habitantes de toda la región se evidenciaba con la
incursión y comisión de asesinatos por los grupos paramilitares un día y al siguiente, una serie
de arbitrariedades “legales” cometidas por la fuerza pública. De esta manera, el 11 de abril de
120
1994, a orillas del río Catatumbo en la vereda Bocas de San Miguel, fue asesinado el campesino
ALVARO ORTEGA MANTILLA, de 28 años, por un desconocido que lo abordó y, después de
"un ligero intercambio de expresiones", le propinó tres disparos de revólver, uno de ellos en la
cabeza.
Ocho días más tarde, el día 19 de abril de 1994, los hermanos EUCLIDES y EMEL CACERES
ALBA, de 26 y 22 años respectivamente, fueron encontrados asesinados en el sitio "Caño Trote",
en la vía que conduce de Tibú a la Inspección de Policía Departamental La Gabarra.
A comienzos de octubre de 1994, las tropas paramilitares volvieron a sembrar el terror en toda la
región, extendiendo su accionar desde la Inspección de La Gabarra hasta inmediaciones de la
Llana. El 7 de octubre, el campesino JOSE TEOFILO VELANDIA fue asesinado por varios
hombres que lo abordaron y le propinaron 7 disparos en la vereda Congojo de la Inspección de
Policía Departamental La Llana.
El posicionamiento de los paramilitares en la zona rural de Tibú se evidenció una vez más desde
octubre de 1994. El día 11 de ese mes, un grupo de paramilitares fuertemente armados irrumpió
el 11 de octubre de 1994 en la vivienda del obrero de Ecopetrol y presidente de la seccional Tibú
de la USO, HERNANDO CUADROS MENDOZA, de 38 años, para sacarlo y asesinarlo cerca al
Club Motilones, en la zona urbana del municipio. Según la Central Unitaria de Trabajadores
CUT, los paramilitares también pretendían atentar contra la vida de otros tres dirigentes de la
USO en la población. En la víspera del asesinato de Hernando los paramilitares, mediante una
llamada telefónica, anunciaron a la CUT nuevos atentados. Como protesta por el asesinato del
dirigente sindical, los trabajadores de la USO en Barrancabermeja y Tibú realizaron un paro de
24 horas en Ecopetrol.
El 1 de noviembre, el obrero FIODORO MARTINEZ, de 50 años, fue asesinado por un
desconocido que le disparó desde una motocicleta cuando transitaba por una calle de esa
inspección departamental. Para la fecha se habían presentado en la región enfrentamientos entre
la Fuerza Pública y la guerrilla, por lo que esta permanecía militarizada; además fue denunciado
el accionar de grupos paramilitares, como Los Tunebos, Los Ovejos y Colsingue.
Desde mediados de la década del noventa, los crímenes que se perpetraron contra los residentes
de la región, fueron cometidos en su mayoría por las fuerzas paraestatales. Esto indica que la
acción coercitiva de la fuerza pública institucional se replegó más no desapareció. Esta nueva
connotación señaló el comienzo de otro período represivo: ahora quienes izaban la bandera del
terror con más ímpetu eran los paramilitares. Sin embargo el accionar de las unidades de la
Brigada Móvil No. 2 siguió haciéndose visible el 8 de marzo de 1995, cuando el campesino
OMAR EUGENIO LEAL fue detenido y desaparecido por la Brigada Móvil No. 2, después de
ser víctima de acusaciones, señalamientos y amenazas, en la vereda Caño Victoria Norte.
Hombres desconocidos llegaron al potrero donde Omar Eugenio se encontraba trabajando en
compañía de un sobrino, a los cuales no supo identificar "si eran guerrilla o ejército". Le
pidieron que les guardara unos morrales, ante lo cual se negó diciendo que él tenía familia y ello
le podía traer problemas. Ya en la casa llegó el ejército permaneciendo allí desde las 10:00 de la
mañana hasta las 5:30 de la tarde, tiempo en el cual se dedicaron a acusarlo de colaborador y
delator de la guerrilla, igual que a los demás trabajadores.
121
Los militares lo obligaron a firmar varias hojas de cuaderno que ya estaban escritas pero que él
no pudo leer, almorzaron en la finca y se llevaron a Omar Eugenio en un helicóptero, diciéndole a
la esposa que podía ir a averiguar por él a Tibú. Desde entonces Omar desapareció. Su esposa lo
buscó en la base militar de Tibú pero la información que obtuvo fue que de allí había sido
trasladado para Ocaña. Según carta fechada el 7 de abril de 1995 y firmada por el Mayor Alberto
Bonilla Torres, comandante del Comando Operativo Nº 5 de la Brigada Móvil Nº 2, en respuesta
a la averiguación del Personero Municipal de Tibú, Omar fue detenido en la operación
"Cascabel" y trasladado a Ocaña para lo de ley, donde supuestamente fue dejado en libertad. El
hecho fue denunciado por la esposa de Omar el 9 de marzo de 1995, a través del Comité
Municipal de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Tibú.
Cinco meses más tarde, el 3 de agosto de 1995, UN HOMBRE de 32 años fue encontrado
asesinado con un disparo en la cabeza y en avanzado estado de descomposición en aguas del río
Catatumbo de la vereda Filo gringo. La víctima tenía 1.60 metros de estatura, contextura delgada,
tez trigueña y cabello castaño lacio. Tiempo más tarde, el 7 de octubre de 1995, el educador
JOHN JAIRO ZAPATA ALVAREZ, de 35 años, fue asesinado por varios hombres mientras
regresaba a su casa en las horas de la noche después de realizar algunas diligencias personales.
Los hechos ocurrieron en la vereda Beltrania.
En el último trimestre de 1995 las estructuras paramilitares dieron curso a una estrategia de
“limpieza social” en la población de Tibú. Los primeros objetivos de las estructuras paraestatales
en esta localidad fueron los expresidiarios: el 3 de noviembre de 1995, los delincuentes
ALVARO ENRIQUE CARDOZO PALENCO, de 36 años, VICTOR ORLANDO FORERO
CABALLERO, de 32 años, GEOVANNY BUITRAGO, de 28 años, OSCAR ALFONSO
BONILLA QUINTERO, de 32 años, y HENRY CHACON GUERRERO, de 26 años, fueron
encontrados asesinados con disparos de arma calibre 9 milímetros en la cabeza, maniatados con
una misma manila, amordazados, con señales de tortura y "tirados en un campo petrolífero", en la
finca "La Cela" de la vereda J-25, en Tibú. Una fuente presentó a las víctimas como integrantes
de una banda de piratas terrestres.
Los vejámenes de las tropas paramilitares continuaron el 3 de diciembre de 1995, día en que los
campesinos HECTOR ELI SERRANO MANTILLA, de 27 años, CIRO ALFONSO RIVERA
MANTILLA, de 21 años, y EDUARDO RIVERA MANTILLA, de 19 años, los dos últimos
hermanos entre sí, fueron asesinados. La masacre ocurrió a las 5:30 de la madrugada y fue
efectuada por un grupo de diez hombres que vestían prendas militares y portaban armas de corto
y largo alcance, en la vereda Soledad. Los uniformados incursionaron en el sitio, se identificaron
como miembros del Ejército y "ordenaron que todos los habitantes salieran para efectuar una
requisa".
Cuando les abrieron la puerta, entraron violentamente, sacaron a las víctimas y "manifestaron que
iban a ajusticiar a los tres trabajadores por cuatreros y ladrones". Los agresores se los llevaron
y poco después les propinaron dos, tres y un disparo, respectivamente, "al tiempo que gritaban
que estos eran guerrilleros del ELN". Los tres hombres eran oriundos de Codazzi (Cesar) y según
la madre de Ciro Alfonso y Eduardo, "ellos decían que estaban limpiando la región de esas
personas que causaban mal, pero mis hijos no eran delincuentes sino agricultores".
122
El 13 de marzo de 1996 se registró un nuevo crimen. Ese día los miembros del Cuerpo Técnico
de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el estudiante de derecho JAVIER
ALFONSO MARTINEZ VILA, de 28 años, y el tecnólogo QUINTIN DIAZ RONDON, de 24
años, fueron asesinados y TRES FUNCIONARIOS MAS de la Fiscalía fueron heridos, en un
ataque cometido a las 6:30 de la noche, por hombres armados quienes dispararon a quemarropa
contra el grupo de funcionarios judiciales en momentos en que se encontraban en el restaurante
"El Morichal".
En agosto de 1996, más de 20000 campesinos provenientes de 57 veredas del Catatumbo
marcharon desde Tibú hasta la ciudad de Cúcuta. Esta marcha sufrió la represión del ejército el
24 de agosto de ese año. Los marchistas exigieron el cumplimiento de los pactos que previamente
habían convenido con las autoridades seccionales y nacionales (referentes a la construcción de
vías e infraestructura, prestación de los servicios básicos y comercialización de los productos
agrícolas de la región, entre otros), y propusieron la realización de un Plan Estratégico de
Desarrollo Sostenible para El Catatumbo104. Además de la arremetida del ejército contra los
manifestantes, los acuerdos nunca se cumplieron, lo cual motivaría una nueva movilización que
se llevó a cabo dos años más tarde.
La persecución contra los habitantes de la localidad de Tibú se atenuó considerablemente entre
1997 y 1998, evidenciando la consolidación del proyecto paramilitar en la región. El 25 de mayo
de 1997, LEVIS ENRIQUE CARDENAS BARBOSA, de 28 años educador oficial de la
Inspección de Policía Departamental La Llana, fue asesinado por desconocidos que lo balearon
en repetidas oportunidades en las calles del casco urbano. Un año después, el 11 de mayo de
1998, fueron heridos en un atentado con ramas de fuego perpetrado por paramilitares, el
presidente de la Subdirectiva de Tibú de la USO CESAR BLANCO MORENO y MARTHA
ORTIZ.
Como ya se anotó, el control de los grupos paramilitares en todo el municipio y particularmente
en el corregimiento de La Gabarra avanzaba día a día, bajo la complicidad y aquiescencia de la
fuerza pública que ocupaba la zona. Así lo expresan los habitantes del lugar:
“Hasta el 21 de agosto de 1998 existió una base militar y un puesto de policía en
este corregimiento, el día que se retiraron manifestaron que ellos se irían pero que
después vendrían los paramilitares a masacrarnos. Desde entonces vivimos en un
permanente estado de zozobra, más aún cuando en los últimos operativos militares
de los batallones 46 Héroes del Saraguro, grupo mecanizado No. 5 Maza, batallón
50 Batalla de Palonegro y otras unidades de Contraguerrilla, traídas de Yopal y la
capital de la República, nos han manifestado: nosotros no les hacemos nada, pero
detrás vienen los paracos”105.
Poco tiempo después de la retirada de los militares, el 28 de septiembre de 1998, en la vía que
conduce a la Inspección de Policía Departamental La Gabarra, a la altura del Km.18, se
encontraron los cuerpos sin vida de PEDRO ELIAS CARRILLO GALVIS y CUATRO
104
FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR, Norte de Santander. Paz, Te han vestido de
negro..., Op. cit. p. 56.
105
YEPES, Freddy. Op. cit. p. 65.
123
HOMBRES más, todos con edades entre 35 y 40 años. Cada uno presentaba múltiples impactos
de arma de fuego. Estos hechos ocurrieron poco tiempo después de que los habitantes de la
región del Catatumbo se movilizaran masivamente con el fin de solicitar al estado una presencia
que no se restringiera únicamente a la coerción, sino que por el contrario, propendiera por el
bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores del Catatumbo.
Como lo afirmaron los manifestantes:
“La marcha campesina del 98 para exigir que en nuestra región en vez de
sumergirse en la marginalidad galopante se abriera paso a su desarrollo
sostenible, encontró a un gobierno sordo a las necesidades de la comunidad y
solo respondía con el lenguaje de la violencia. En el primer encuentro con los
representantes del gobierno que se llevó a cabo en la entrada a Tibú, donde el
ejército nacional disparó contra los marchistas, montó barricadas e intentó
evitar que continuáramos nuestra marcha; nuestra perseverancia logró vencer
a la arrogancia y continuamos. En las goteras de Cúcuta nuevamente el
ejército y la policía bloquearon la entrada a la ciudad durante varios días;
insistimos en llegar hasta la Gobernación de Norte de Santander y nuevamente
nos dispararon y asesinaron a un campesino y varios se ahogaron en el río
Zulia cuando intentaron atravesarlo en una arremetida violenta, lanzaron
bombas lacrimógenas, golpearon con garrotes y piedras a la mayoría de los
marchistas, encarcelaron a ciento quince de los campesinos de unos quinientos
que atravesaron las barricadas de la fuerza pública. Sin embargo, no podían
por la violencia atropellar la voluntad de 20 mil campesinos que desfilamos en
una marcha”106.
Pocos días después de las marchas campesinas la fuerza pública y el ejército arremetieron contra
los manifestantes, cobrando las vidas de muchos de ellos; esta persecución se extendió durante
todo el año de 1999.
SARDINATA
Este municipio evidenció básicamente dos tipos de accionar represivo, el primero, en la década
del setenta en el marco del Estatuto de Seguridad, legislación que facultó a los organismos de la
fuerza pública para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, que generalmente han
sido acompañados por la tortura. Una muestra de ello fue lo acontecido el 16 de octubre de 1977,
cuando JAIRO SEPULVEDA fue herido por el ejército.
Igualmente, el 26 de febrero de 1979, un campesino de apellido BLANDON fue detenido con
limitación de sus garantías procesales y torturado por el ejército. Durante su detención fue
sometido a múltiples vejámenes. El mismo día de su detención fue realizado un allanamiento a su
residencia. Momentos después fue sindicado y trasladado al Batallón Nueva Granada de
Barrancabermeja.
106
Ibídem. p. 33.
124
El segundo tipo de accionar represivo, tiene que ver con la ocurrencia de crímenes por parte,
primero de los grupos armados estatales, los cuales hicieron uso reiterado de la tortura como
práctica predilecta para utilizar en contra de los pobladores del municipio y la arremetida de los
grupos paraestatales o “desconocidos”; quienes dieron inicio a una serie de asesinatos,
argumentando sus crímenes en un “saneamiento social”, el cual consistía en exterminar a todos
aquellos que no encajaran en su modelo de orden social. Esta arremetida fue auspiciada por los
poderes locales. De tal manera, paramilitares y ejército se turnaron la responsabilidad de los
asedios contra la población de Sardinata. Como manifestaciones de esta aseveración se reseñan
los siguientes casos que datan específicamente de la década de los noventa.
La persecución sistemática contra los pobladores de Sardinata se evidenció claramente a partir
del 29 de febrero de 1992, fecha en la que el estudiante de quinto bachillerato del colegio Alirio
Vergel Pacheco, DANIEL RINCON BOTELLO, de 20 años, y el trabajador informal JOSE
NELSON LANDINEZ CASTRO, fueron torturados y asesinados por desconocidos en el sitio Las
Mercedes, ubicado en la Inspección de Policía Departamental Luis Vero. El día de su muerte, los
jóvenes se encontraban vendiendo ropa como lo hacían todos los fines de semana. Hasta allí
llegaron varios desconocidos, los llevaron a un lugar alejado donde los torturaron y luego les
propinaron numerosos impactos de bala en la cabeza.
Dos meses más tarde, el 30 de abril de 1992, el ex guerrillero del Ejército Popular de Liberación EPL- y miembro del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, ANDRES AVELINO
TORRES DURAN, fue encontrado asesinado en zona rural de Sardinata. El día anterior, luego de
firmar un pagaré en el Banco Cafetero -dentro del programa de reinserción-, fue drogado con
escopolamina y posteriormente raptado. La Policía informó que se trataba de un guerrillero
muerto cuando preparaba una emboscada contra el Ejército en un puente cerca a Sardinata.
Miembros del movimiento Esperanza, Paz y Libertad se tomaron el Consulado de Venezuela en
Cúcuta para protestar por el asesinato de Andrés Avelino.
La acometida de los desconocidos se presentó pocos días después y se intensificó en el mes de
mayo de 1992. el 4 de mayo, el campesino CIRO RIVERA RODRIGUEZ, de 23 años, fue
asesinado por un desconocido que llegó hasta la finca donde se encontraba y le disparó tres veces,
en la vereda La Palmita.
Trece días después, el 17 de mayo de 1992, el educador LUIS ALBERTO ALVAREZ
BOTELLO, de 30 años, y los campesinos MANUEL DEL CRISTO RODRÍGUEZ SALAZAR y
ROSALBA MARIA AREVALO, de 24 y 30 años, respectivamente, fueron asesinados por varios
desconocidos que los interceptaron cuando se movilizaban por la Inspección de Policía
Departamental Las Mercedes. Los habitantes de la región habían denunciado la presencia de
grupos paramilitares, en el municipio, lo cual lleva a suponer que fueron precisamente estos
quienes dieron muerte a los tres pobladores.
Al igual que en la población de Tibú, las unidades militares de la Brigada Móvil No. 2 sembraron
el terror en Sardinata desde los primeros meses del año 1993. El día 7 de febrero de ese año, el
campesino JESUS EVELIO BACCA GARAY fue detenido y torturado por miembros de la
patrulla Danta 2, adscrita a la Brigada Móvil No. 2, al mando del Teniente Juan Carlos Mejía
Gutiérrez, en la vereda Santa Cruz.
125
Jesús fue detenido junto con su primo CARMEN DANIEL SANCHEZ BACCA por estar ambos
supuestamente portando prendas de uso privativo de la policía. Tan pronto los dos campesinos
fueron separados, los militares empezaron a golpear indiscriminadamente a Jesús en todo su
cuerpo: recibió golpes en la espalda y la cara propinados con la culata de un fusil, además lo
amarraron fuertemente en las manos y pies, lo que le dejó huellas; uno de los golpes le hizo
perder parcialmente la audición por uno de sus oídos. Mientras era torturado, los militares lo
señalaban como miembro de un grupo subversivo y le decían que estaba sentenciado a muerte.
Jesús estuvo dos días en poder de los uniformados de la patrulla, quienes luego lo llevaron a las
instalaciones de la Brigada Móvil No. 2 en Ocaña y lo dejaron a disposición de la Fiscalía de este
municipio, siendo luego recluido en la Cárcel Municipal donde el médico del establecimiento
carcelario dio cuenta de las lesiones de la víctima.
Dos semanas después volvieron a presentarse los desmanes represivos de los efectivos de la
Brigada Móvil No. 2. El 20 de febrero de 1993, el campesino y catequista JOSE ALCIDES
SANCHEZ QUINTERO, fue asesinado, y su hermano, el campesino LUIS FELIPE SANCHEZ
QUINTERO, fue herido y desaparecido por tropas de la Brigada Móvil Nº 2 en el sitio "Hoyo
Pilón" del corregimiento Paramillo.
José Alcides y su hermano Luis Felipe fueron baleados por los militares cuando se dirigían a
jugar un partido de fútbol junto con otros campesinos, para el cual tenían autorización de la
Brigada, que se encontraba en la zona adelantando operativos de registro y control. Según la
versión militar, el jornalero fue "muerto en circunstancias confusas" pues se resistió a una
requisa por parte de una patrulla de la Brigada y se enfrentó armado a los soldados, y que "por tal
motivo le dispararon y lo ultimaron". Sin embargo, los campesinos de la región expresaron que
José Alcides era "conocido en la región porque desempeñaba las funciones de catequista y jamás
empuñó un arma contra nadie" y que el paradero de su hermano Luis Felipe es desconocido
desde entonces pues "no se sabe a dónde fue llevado y en qué condiciones se encuentre".
Poco tiempo después de los operativos realizados por el ejército, las tropas paramilitares
incursionaron en la población de Sardinata. El 8 mayo de 1993, el joven campesino HENRY
IVAN CONTRERAS IBARRA, de 14 años, fue asesinado por varios hombres armados que
irrumpieron en la casa de la finca de sus abuelos y lo acribillaron de cuatro disparos en la cabeza,
en el sitio "Villa Sucre". En la zona habían sido denunciados reiterados atropellos por parte de la
Brigada Móvil Nº 2, desde los primeros días del año. Mes y medio más tarde, el 23 de junio de
1993, fue encontrado el cuerpo de un INDIGENTE asesinado con disparos en la cabeza, en la vía
que conduce de la localidad de Sardinata a El Zulia. La víctima padecía de trastornos mentales.
Una nueva acometida paramilitar se presentó en el municipio en los últimos días del mes de
agosto de 1995. El 27 de agosto, el comerciante ISIDRO TARAZONA fue asesinado por dos
hombres, quienes llegaron a su casa y sin mediar palabra lo acribillaron, en la Inspección de
Policía Departamental Las Mercedes. En esa misma jurisdicción fue asesinado tres días más
tarde, el 30 de agosto de 1995 el corregidor de Las Mercedes, GONZALO ARDILA LOPEZ,
muerto por dos hombres encapuchados que llegaron a su casa y sin consideración alguna le
propinaron ocho disparos.
126
La arremetida contra los comerciantes, que se evidenció tanto en este municipio como en la
provincia de Ocaña, prosiguió el 13 de enero de 1997, día en que el comerciante HUMBERTO
FLOREZ GOMEZ, de 40 años, fue asesinado por desconocidos en la vía que comunica de la
población de Sardinata a El Zulia, a la altura de las veredas La Angelita y San Miguel. Cuatro
hombres armados, vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares y con los rostros
cubiertos por pasamontañas, lo abordaron cuando viajaba en su vehículo Renault 12 en compañía
de su hijo de 8 años, y le propinaron cinco impactos de bala calibre 9 milímetros en la cabeza. El
niño expresó que "a mi papá se lo llevaron los encapuchados diciendo que era uno de los que
ayudaba a la guerrilla". La familia de Humberto desmintió que él tuviera que ver con la guerrilla
afirmando que, por el contrario, el comerciante "venía siendo extorsionado por los subversivos".
LA PLAYA
Municipio de origen conservador en donde desde 1977 ubicaron la Base Militar Pantera. Luego
las tres principales masacres que se dieron allí fueron las siguientes:
1. Masacre del 81 la primera en ese municipio
2. Masacre del primero de agosto de 1987, cuando se dio la detención y desaparición de 3
miembros de la comunidad (de la Junta de Acción Comunal y un concejal del municipio,
Benjamín Quintero, Luis Humberto Pérez y Jorge Vivas)
3. En enero de 1993 se presentaron hostigamientos, torturas, detenciones y desapariciones por
parte de miembros de la Brigada No 2.
En este municipio de la región del Catatumbo la persecución puede explicarse a partir de tres
elementos: por un lado están los hechos relacionados con las marchas campesinas de mayo de
1988, después de las cuales las fuerzas paraestatales desplegaron una agresión contundente contra
todos aquellos pobladores partícipes de dichas manifestaciones. Específicamente en este
municipio, 700 campesinos fueron bloqueados por el ejército; quienes decomisaron sus
alimentos, vestidos y machetes; los golpearon y desvalijaron y pincharon los vehículos en los que
se movilizaban. Así lo declararon los campesinos de la región, quienes además mencionaban que
“a los participantes les tomaron fotografías, apuntaron sus nombres y fueron insistentemente
acusados de ‘guerrilleros’ y ‘bandoleros’”107.
Por otro lado están los crímenes cuya autoría se atribuye a miembros de las Fuerzas Militares,
como prueba de ello contamos con el caso que se presentó el 1 de agosto de 1988, cuando el ex funcionario del Estado y miembro del partido conservador, BENJAMÍN QUINTERO, y los
campesinos LUIS HUMBERTO PEREZ miembro de la Junta de Acción Comunal y miembro de
la Asociación Nacional de usuarios Campesinos ANUC y JORGE VIVAS fueron detenidos,
torturados, desaparecidos y asesinados por tropas del Batallón de Infantería No.15 “Santander”
en la vereda de Astilleros quienes fueron encontrados semienterrados cerca de donde ocurrieron
los hechos de su detención por familiares y amigos quienes avisaron posteriormente a la
Procuraduría provincial . Sus cadáveres presentaban señales de tortura (quemados con ácidos,
degollados, uno de ellos no tenía lengua y otro fue violado con un palo) cuando fueron
encontrados en el sitio . A partir de las investigaciones que se iniciaron contra 27 militares que
107
Carta dirigida al Procurador General de la Nación: Horacio Serpa Uribe, el 03 de junio de 1988, en la que se denuncian los
atropellos sufridos por los participantes de las Marchas campesinas del Nororiente colombiano en mayo de 1988. p. 6
127
participaron de la masacre, los familiares de las víctimas empezaron a ser perseguidos y
hostigados por sus denuncias.
Por último, aparecieron los crímenes realizados por estructuras paramilitares contra los habitantes
del municipio. La incursión del paramilitarismo en La Playa tuvo lugar durante la década de los
noventa, como lo ponen de manifiesto los siguientes casos.
El día 10 de noviembre de 1991, TRES CAMPESINOS, cuyas edades oscilaban entre los 25 y los
30 años, fueron asesinados por desconocidos en la vereda El Espejo. Los campesinos fueron
sacados de sus lugares de trabajo y les propinaron varios disparos de pistola y revólver. Las
autoridades militares responsabilizaron a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB- de
la masacre.
La década del noventa continuaría evidenciando los terribles indicios de la represión paraestatal
en los municipios pertenecientes a la región del Catatumbo. El 14 de diciembre de 1992 fueron
hallados los cuerpos de dos campesinos en avanzado estado de descomposición y con claras
señales de tortura en La Inspección Departamental Aguas Claras. Las víctimas fueron
identificadas como los campesinos OROZCO ANTONIO TORO VEGA y LUIS CARLOS
ORTEGA TORO. Las víctimas laboraban en la Inspección de Policía Departamental Aspasica,
jurisdicción de La Playa. Desde los primeros meses del año 1993 las unidades militares de la
Brigada Móvil No.2. dieron curso a una serie de operativos en toda la zona del Catatumbo, que
dejaron como resultado un sinnúmero de agresiones contra los habitantes de municipios como
Tibú y Sardinata.
Los pobladores del municipio de La Playa no escaparon a la oleada de violencia de las tropas
militares, cuyos miembros se dedicaron a detener, sindicar, torturar, desaparecer y/o asesinar a
varios de los habitantes de la región. La primera agresión de los efectivos de esa unidad en esta
localidad se produjo el 4 de enero de 1993, cuando los campesinos y dirigentes comunales
ANGEL OMAIRO QUINTERO DURAN y ORLANDO LAZARO, fueron detenidos, torturados
y amenazados por militares de la Brigada Móvil Nº 2, el Batallón de Infantería Nº 15
"Santander", y por miembros de la SIJIN de la Policía.
En los operativos participó el Cabo del ejército Porfidio Lumpaqui Gutiérrez, quién los amenazó
de muerte. Ángel Omairo, tesorero de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Vega de
San Antonio, municipio de La Playa, fue detenido por tropas de la Brigada Móvil Nº 2 en su
lugar de trabajo. Los militares lo llevaron a un sitio desconocido en el cual fue sometido a
torturas como ahogamiento; además le colocaron una toalla en la cara y le echaron agua y le
apuntaron en la cabeza con un fusil bajo la amenaza de “que si no decía dónde estaba la guerrilla
lo mataban”. También lo obligaron a cargar un saco que no sabía qué contenía ni de dónde lo
habían sacado.
Un mes más tarde, el 7 de octubre de 1993, los comerciantes FIDEL FRANCO ORTIZ, de 25
años, y JULIO TRIGOS FRANCO, de 16 años, fueron encontrados asesinados en una fosa
común en zona rural de La Playa. Los cadáveres fueron encontrados por tropas del Batallón de
Infantería Nº 15 "Santander".
128
Los hostigamientos de las tropas de la Brigada Móvil No. 2 volverían a presentarse el 23 de
octubre de 1993, día en el que UN CAMPESINO de 17 años fue detenido y asesinado por
miembros de la Brigada Móvil Nº 2, en la finca "La Joya" de la vereda Capellanía. El campesino
fue presentado como guerrillero del Ejército Popular de Liberación -EPL- muerto en combate.
El año de 1994 estuvo marcado por la violencia desde sus primeros días. El 10 de enero de ese
año, el campesino reinsertado del Ejército Popular de Liberación -EPL-y miembro del
movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, WILSON SANJUAN CRIADO, fue asesinado
por el grupo paramilitar "Los Tunebos" que le descargaron 12 impactos de arma de fuego, en la
Inspección de Policía Departamental Aspasica. Los familiares reportaron el homicidio el lunes en
horas de la tarde cuando lograron identificar su cuerpo, pues quedó en estado irreconocible".
En los meses posteriores, los paramilitares asumirían un control permanente en la Inspección
Departamental de Aspasica, como se evidenció el 13 de febrero de 1995, cuando los hermanos
VICTOR y SAID ROPERO GUERRERO, de 30 y 20 años, respectivamente, fueron asesinados
por unos 20 paramilitares fuertemente armados y vestidos con prendas militares. Los
paramilitares incursionaron en la localidad entre las 2:00 de la madrugada y las 6:00 de la
mañana, sacaron a los habitantes al parque "y con lista en mano empezaron a buscar nombres
entre la comunidad atemorizada". Luego se llevaron a los hermanos y los acribillaron de varios
disparos.
SAN CALIXTO
Municipio que a principios del siglo XX contaba con una alta producción cafetera que sacaban
por los valles del río Catatumbo, ha vivido a lo largo de su historia, como la mayoría de los
municipios de la región, una marcada desatención por parte del gobierno departamental y
nacional. Después de 1946 se configuró como un fortín del partido conservador.
Durante las décadas de los ochenta y noventa, los organismos militares y policiales, fueron los
protagonistas de las ofensas contra la población de San Calixto, aunque sus actos se asemejan
considerablemente a los de los grupos paraestatales: detenciones, torturas y asesinatos fueron la
secuencia macabra a las que sometieron a los que según ellos alteraban el “orden público”,
pobladores inocentes señalados como insurgentes o auxiliadores de los mismos. Los siguientes
casos corroboran esta afirmación.
El 25 de enero de 1982, el campesino ANIBAL CARRASCAL fue detenido por unidades
militares en la vereda Aserríos. Las agresiones de la Fuerza Pública se desencadenarían
nuevamente seis años más tarde, el 20 de noviembre de 1988, día en el que una patrulla militar
asesinó al campesino y militante de la Unión Patriótica, PEDRO ANGARITA RINCÓN.
Durante el segundo semestre de 1989 las tropas de la VIII Brigada del Ejército desarrollaron
varios operativos de Contrainsurgencia en la población de San Calixto, asediando a sus
habitantes. El 22 de septiembre de 1989, MARTIN ANGEL PARADA, fue torturado por
miembros de la Brigada VIII del ejército, adscritos a la base militar P.S.-4. En estos hechos
estaban implicados un Teniente de apellido García, de 1.65 metros de estatura, de color trigueño
y cara delgada y un hombre de raza negra con el alias "Mojica".
129
Los desmanes represivos de la fuerza pública siguieron presentándose en la década del noventa.
Uno de los sectores más vulnerados por las agresiones de los agentes estatales fue el de los
miembros de las Juntas de acción comunal del municipio, quienes eran vistos por el
establecimiento como “simpatizantes y/o colaboradores de la insurgencia.
La Persecución de la Policía contra las Juntas De Acción Comunal
El 12 de mayo de 1990, el campesino JOSE ISABEL ACOSTA GARCIA, fue asesinado por
miembros de la policía en el barrio Simón Bolívar. A las tres de la madrugada de ese día llegaron
unos encapuchados, armados de metralletas miniuzis y un fusil, al barrio Simón Bolívar y
obligaron a un vecino a que les indicara la vivienda y llamara a Carmen Ramón Acosta García,
empleado de la administración municipal, celador del matadero y miembro activo de juntas de
acción comunal. El vecino accedió, pero con su actitud le dio a entender a Carmen Ramón que
estaba siendo obligado a ello, razón por la cual el requerido no abrió su puerta.
Ante esto los encapuchados lo llamaron directamente, motivo por el cual el perseguido
entreabrió la ventana y reconoció a dos policías, entre ellos al agente Ortiz, quien en ese
momento no usaba capucha. Los hombres insistieron en que abriera, al punto de decir que no
tuviera miedo ya que ellos eran del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, que necesitaban
hablar con él y que si fuera para hacerle daño ya le abrían tirado una granada que exhibían en sus
manos. El ciudadano les respondió que él nada tenía que ver con la guerrilla por lo cual no
tendrían que estarlo buscando; y para ganar tiempo les dijo que ya les abría, mientras se devolvía
hacia su cama.
Momentos más tarde llegaron dos niños sobrinos del dueño de casa, para reclamar las llaves del
matadero, pues su padre, José Isabel, en días de sacrificio hacía de ayudante del matarife de la
localidad. La señora de la casa les entregó por la ventana las llaves a los niños, quienes fueron
retenidos por los policías. José Isabel, al ver la tardanza de sus hijos, se dirigió hacia la vivienda
de su hermano Carmen Ramón y cuando se acercaba fue requerido por su nombre por los
policías, a lo cual respondió que era José Isabel Acosta García. Inmediatamente y sin que
mediaran más palabras, José Isabel fue asesinado por los agentes de policía, quienes además
hicieron un simulacro, con varias descargas de armas de fuego y reportando después el hecho
como un asalto guerrillero.
"...Toda esta acción fue dirigida por el Comandante de la Policía un señor de apellido Arango...
él fue quien patrocinó esa muerte... el Comandante Arango buscaba al líder comunal por todas
partes y hasta ofrecía una gruesa suma de dinero a quien informara de su paradero. Razón por
la cual tuvo que desplazarse dejando su trabajo y exponiendo a toda clase de sufrimientos a su
familia...".
CARMEN RAMON ACOSTA GARCIA, hermano de JOSE ISABEL, comentó sobre la
persecución que se seguía contra él, su familia y contra las juntas de acción comunal en su zona:
"... por ejemplo, el ejército ha llegado hasta la casa mía y me han llevado retenido... pero como
he sido muy amigo de la comunidad y he trabajado por ella, la comunidad se ha reunido y ha ido
a reclamarme... que cómo es posible que me vayan a apresar si yo soy un hombre sano, un tipo
trabajador, que yo no les debo nada, que por qué hacen eso. Por esa razón me han largado...
130
pero uno vive con miedo porque en cualquier momento vuelven a llegar y pueden hacer más
daño.
"Cuando eso que me habían retenido y la comunidad me reclama, la policía decía: ¿Por qué
esos "gran h.p." lo reclaman? Yo les he dicho: pues será que no soy malo... Había un cabo del
ejército una vez que me tenía retenido y cuando la comunidad llegó y el Personero me dijo: oiga,
pero por qué está brincando la gente porque te tenemos aquí detenido? Yo le repetía que tal vez
era que yo no era malo como ellos se lo imaginan y entonces me han largado, me largan y yo me
voy para la casa y me pongo a trabajar, como ahorita que hace unos diítas ya, un tiempito que
me han dejado por ahí tranquilo no sé qué será...
"Yo no sé leer ni escribir, pero tengo buena memoria. Y sobre todo, me gusta mucho el trabajo
comunitario todavía donde yo llego y me gusta trabajar con las acciones comunales, con los
proyectos de cooperativismo, con las mingas que hacemos los campesinos para ayudarnos, me
gusta mucho... O sea quizás nací como para eso no? Porque a pesar de las amenazas que he
tenido que yo pienso que es por eso, no lo he dejado y no lo dejaré: ahí iré hasta el final de... si
esa es la causa para morir, hay que morir por la verdad porque uno tiene que hacer lo que le
gusta, el trabajo comunitario a mi me gusta entonces, pues si ese es el delito pues tocará morir
por eso...”
"...ahora más luego también siguieron buscando a varios líderes de ese entonces porque ellos
pensaban o sea el Estado pensaba y la policía pensaba, que nosotros los de las acciones
comunales, los de los proyectos de cooperativa... le habíamos hecho una toma al pueblo no?... y
eso fue la guerrilla, nosotros los líderes campesinos no tenemos nada que ver con la
insurgencia... la insurgencia allá en su en su campo, el ejército en su campo y nosotros los
campesinos en el campo de nosotros que es la agricultura y velar por la comunidad: Que haya la
electrificación, que haya la carretera, que hayan (sic) los servicios públicos... esa es la misión de
nosotros los líderes campesinos pero nosotros lo de la insurgencia no... en eso nosotros no
tenemos nada que ver eso que lo mire el Estado con la insurgencia que a nosotros como
población civil no nos metan en un conflicto armado... ya en estos momentos nosotros estamos
contra la espada y la pared, nosotros somos los que pagamos los platos rotos de lo que los
demás hacen... ese Estado que se enfrente con esa insurgencia y a nosotros que nos dejen en paz
que nos dejen producir... ahora que si nosotros no podemos producir pues yo no sepa donde nos
tendremos que ir y el Estado pues sabrá con que... porque quién sustentamos, quien cultivamos
el café, el plátano, el cacao, el arroz, todo lo de la ganadería todo... somos los campesinos
porque si así un Sr. Teniente del ejército puede tener una finca pero si no hay quien se la
administre... si los campesinos no se la administran quién se la administra entonces yo creo que
a nosotros los campesinos que nos deje el Estado en paz”.
Fuente: Proyecto CNM. Base de Datos, Testimonio del 12 de mayo de 1990
A partir de 1991 la arremetida de las fuerzas militares y paraestatales se consolidó en la región.
Como muestra de la selectividad de las agresiones contra la gente de San Calixto, puede
nombrarse el hecho de que los crímenes se cometían en las propias viviendas de las víctimas o,
en otros casos, se presentaban en sitios públicos, en donde, como producto de la arremetida sólo
resultaba muerto el “señalado”. De esta manera, el 4 de mayo de 1991, en las horas de la noche,
tres hombre encapuchados y vestidos de civil, llegaron a la casa de habitación del señor JESÚS
131
TORO, tocaron repetidamente a la puerta y preguntaron por su hijo RAMON TORO, quien no se
encontraba esa noche en la casa. Momentos después, los sujetos dispararon consecutivamente a
través de la puerta hiriendo a Jesús Toro de 60 años de edad, y matando a su hija ROSA TORO
de 20 años. Según los testigos, los encapuchados que perpetraron el hecho habían salido del
comando de policía de San Calixto vistiendo prendas militares. Los uniformados llegaron hasta la
residencia de la familia Toro y luego de derribar la puerta a patadas y a ráfagas de ametralladora,
ingresaron y asesinaron a Edilia Rosa e hirieron gravemente a su padre, como ya se anotó. Según
versiones de algunos testigos, entre los autores del hecho se encontraba un agente de Policía
conocido como "Yupi".
En 1993, se intensificaron los patrullajes de los grupos paramilitares en la población de San
Calixto. El 23 de abril de 1993 a las 2:00 de la tarde, el joven campesino GABRIEL PORTILLO
MARTINEZ, de 16 años, fue asesinado por varios hombres que le dispararon en cinco
oportunidades cuando se dirigía hacia su trabajo, en la finca "Mesitas", de la vereda Burgama.
A mediados de mayo de 1993 las unidades militares de la Brigada Móvil No.2, al igual que en
poblaciones como Tibú, Sardinata y La Playa, llegaron al municipio de San Calixto, sembrando
el terror en esta localidad. El día 11 de ese mes, los campesinos EDUARDO RINCON GUILLIN,
su hermano JOSE OLIVER RINCON GUILLIN y su cuñado JESUS GABRIEL PINZON, fueron
torturados por tropas de la Brigada Móvil No. 2, hacia las 3 de la madrugada en la vereda Potrero
Grande del municipio de San Calixto. Los militares acusaron a Eduardo de haberles robado una
camisa militar dos días antes cuando estuvieron en el predio pidiendo comida, sindicación que
rechazó la víctima. Entonces lo golpearon mientras le preguntaban por la guerrilla, lo ataron de
pies y manos, le cubrieron la nariz y la boca con un trapo mojado y le propinaban patadas en la
cabeza y el pecho. Después lo acusaron de intentar robarles un fusil y lo obligaron a hacer
ejercicio y lo apuntaron con un fusil en la cabeza, amenazándolo y golpeándolo, mientras le
preguntaban si ellos lo habían golpeado, hasta que respondió que no había sido golpeado. La
esposa de Eduardo y sus dos pequeños hijos de uno y cuatro años, fueron obligados a presenciar
las torturas a que era sometido.
Hacia las 4 de la madrugada también irrumpieron en una vivienda cercana, donde habitaban José
Oliver y Jesús Gabriel, los golpearon, les colocaron choques eléctricos y los amenazaron
apuntándoles el fusil hacia la boca, mientras les preguntaban por unas supuestas armas y por otras
personas "que traían anotadas en un papel". En la declaración que rindió José Oliver ante el
personero de Ocaña, él cuenta que los soldados no le creyeron cuando les dijo que no tenía
ningún conocimiento acerca de las actividades guerrilleras ni de donde se encontraba la guerrilla:
“Les dije que me mataran, que yo era inocente y que no sabia nada de la gente por la que me
preguntaban y mucho menos donde estaba la guerrilla. Me decían que todos los campesinos son
iguales, que decían que eran inocentes pero los soldados sabían que todos eran guerrilleros. Un
poco después me bajaron los pantalones, los calzoncillos y me amarraron los testículos con una
cuerda y la jalaron bien duro...”.
Además de estas acciones, a José Oliver lo despojaron de su ropa, luego lo ataron y lo tiraron al
piso boca arriba, lo vendaron y le colocaron un trapo mojado en la boca y le pegaron sacándole el
aire, luego, le derramaron agua en la cara para ahogarlo. Su madre y su hermana fueron
obligadas a bailar con unos soldados mientras lo torturaban. Finalmente, los soldados torturaron a
Jesús Gabriel, obligando a José Oliver a presenciar la tortura; después a ambos los llevaron a
132
otros sitios para que denunciaran a los guerrilleros, pero, ante la respuesta negativa, los liberaron
amenazándolos de muerte si denunciaban las torturas a que fueron sometidos. Vecinos del lugar
manifestaron que los soldados incursionaron por lo menos en tres viviendas más.108
Paralelamente a la ocupación militar de la población por parte de las tropas de la Brigada Móvil,
los desconocidos reanudaron sus operaciones criminales. El 16 de junio de 1993, el educador
oficial de una escuela rural WILLIAM CARRILLO BLANCO, fue asesinado por un desconocido
que le propinó cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo, cuando se desplazaba caminando
hacia su trabajo, en el sitio "Filo de la Banqueta".Para la época de la comisión del crimen, era
frecuente el accionar de los grupos paramilitares y se presentaron enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla.
Los operativos de la Brigada Móvil No 2 en San Calixto, se presentaron una vez más el 16 de
agosto de 1993, día en que un campesino de apellido BAYONA, de 18 años de edad, fue
detenido y asesinado por esta unidad militar en la Inspección de Policía Departamental Santa
Catalina. El campesino había sido detenido por militares que estaban realizando un operativo en
la zona, quienes se lo llevaron por hallarse indocumentado. Posteriormente fue encontrado
asesinado de varios impactos de fusil en el pecho, y presentado como guerrillero del Frente
Armando Cacua Guerrero de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional -UC ELN-,
muerto en un supuesto combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 15 "Los
Libertadores", adscrito al Comando Operativo Nº 5 de la Brigada Móvil Nº 2, en el que dos
militares habrían resultado heridos.
La segunda mitad de la década de los noventa, representó para la población de San Calixto la
agudización de la coerción institucional emanada por los miembros de la fuerza pública que
actuaron en la región. El 6 de octubre de 1996, miembros del batallón de Contraguerrilla No 50
“Batalla de Palo Negro”, detuvieron, torturaron, desaparecieron y asesinaron, al campesino y
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan, ANTONIO ANGARITA, de 35
años y padre de seis hijos, y el campesino y presidente de Junta de Acción Comunal, CARMEN
ANGEL CLAVIJO, de 30 años, cuando se desplazaban por el camino que conduce del sitio "La
Cantina" hasta las veredas San Juan y Oriente.
Los familiares de las víctimas, autoridades municipales y el Comité de Derechos Humanos
emprendieron la búsqueda efectuando visitas a las autoridades militares y de policía sin obtener
resultados positivos. Además se integraron en la búsqueda grupos de inspección en la zona rural.
Los cuerpos de los campesinos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición el 10
de octubre siguiente en un paraje rural; presentaban impactos de fusil y señales de tortura. El 5 de
octubre anterior, habían participado en una reunión de presidentes de las juntas de acción
comunal de San Calixto para tratar el tema de la estratificación.
Mientras se registraba la consolidación de la actuación paramilitar, en 1996 resurgió la represión
legal en San Calixto. Los casos que a continuación se registran, sólo son una muestra de los
estrechos vínculos entre los paramilitares y la fuerza pública. El 9 de octubre de 1996, SAID
DEL CARMEN GUILLÉN promotor de salud de la Inspección de Policía Departamental
108
Ver también: AMERICAS WATCH. Estado de Guerra. Violencia Política..., Op. cit. p. 103.
133
Palmarito, fue asesinado por paramilitares que vestían de civil frente al establecimiento público
Drogas La Rebaja de la ciudad de Ocaña.
Siete meses más tarde, el 9 de mayo de 1997, los campesinos y hermanos ALCIDES y JUAN DE
DIOS LEON CUADROS, de 28 y 19 años respectivamente, fueron asesinados por encapuchados
que los abordaron cuando se dirigían a cumplir sus labores habituales y les dispararon luego de
intercambiar algunas palabras, en la finca "El Rosario" de la vereda Lagunita.
En el segundo semestre de 1997, las unidades del ejército y los grupos paramilitares de la región
comenzaron a desarrollar acciones conjuntas en el municipio de San Calixto, con el fin de
“imponer el orden de una vez por todas”. El 13 de julio de 1997, JOSE ESTANISLAO AMAYA
PAEZ, personero de San Calixto, secretario de la Asociación de Personeros de La Provincia de
Ocaña (ASPROCAÑA), y destacado defensor y promotor de los derechos fundamentales, fue
amenazado de muerte por un grupo paramilitar denominado Autodefensas del Catatumbo, en
complicidad con miembros del ejército nacional del Batallón de Infantería No. 15 "Santander".
Como a las 7:00 p.m. José se encontraba en su casa en compañía de Wolmar Montaguth, cuando
tiraron por debajo de la puerta una correspondencia; Wolmar la recogió y se la entregó a José
Amaya quien al instante la leyó ( decía textualmente “Personero: tiene exactamente ocho días
para que desaloje el Norte de Santander y especialmente San Calixto. Autodefensas del
Catatumbo. Muerte a auxiliadores de la guerrilla y colaboradores de la guerrilla, después de
usted seguirán muchos más”). Luego, José salió corriendo a ver por la ventana quien estaba por
la cuadra, y desde allí solo divisó a Jorge Carvajalino. Inmediatamente fue a preguntarle quien
había pasado por su casa, y él le contestó que los únicos que habían pasado por esta calle eran los
miembros de una patrulla del ejército. Amaya salió en busca de su secretaria, y no la encontró; al
dirigirse hacia el parque vio un grupo de soldados que se sentaron en el centro del parque, entre
15 a 20 uniformados, y logro contar a 7 encapuchados. Al retirarse comentó lo sucedido al
Alcalde municipal y al comandante de la policía.
El día siguiente se convocó un consejo de seguridad donde asistieron autoridades administrativas,
de policía y militares, en las cuales se contaba el capitán Ricardo Bautista Díaz, comandante
militar, quien expresó que a esa hora no habían tropas de las que el dirigía, y mucho menos
encapuchados, pero aceptó que si tenia 2 personas de la región que se movilizaban encapuchadas
por cuestión de seguridad. Entonces José Amaya preguntó, que si no eran militares entonces
quienes eran, puesto que habían pasado sin ningún problema por la guardia del palacio municipal
y por la subestación de policía. Al día siguiente informó el capitán Bautista, que el grupo de
soldados que habían entrado al casco urbano pertenecían a una escuadra que venía de los lados de
Hacarí, al mando de un sargento. Según vecinos (testigos) esta patrulla llevaba un papel y
buscaban una dirección.
En hechos anteriores, un soldado que desertó del ejército, le mandó decir con un familiar a José
Amaya, que se cuidara del ejército, por que el Teniente Rayo, había dado la orden de “darle en la
mula”. También había otras personas cercanas a los militares que aseguraban que el personero
corría peligro.
El 27 de julio de 1997, en horas de la mañana (6.00 a.m.), JORGE CARRASCAL, fontanero de
la vereda San Roque, se dispuso a arreglar un daño en el acueducto de la vereda, cuando fue
134
herido por un soldado del ejercito nacional, perteneciente al Batallón Santander, al mando del
Capitán Ricardo Bautista Díaz, acción que posteriormente le causó la muerte. Según testigos, este
soldado le disparó desde un árbol, ubicado al frente de un jardín cuya finca pertenecía al señor
José de Dios Toro, habitada por unos aparceros.
Al momento de los disparos, el hijo de la víctima, de 10 años de edad, que llegaba al sitio de los
hechos, encontró a su padre herido, y entonces avisó inmediatamente a su madre, esposa de la
víctima. Ella se dirigió al sitio y trasladaron a Carrascal a la casa de la Presidenta de la Junta de
Acción Comunal de la vereda. Estando en este lugar se presentó el ejército haciendo dos disparos
al aire, intimidando a sus habitantes y luego se retiraron. Luego, Jorge fue trasladado al centro de
salud de San Calixto, donde falleció a las 7:30 a.m. del mismo día.
La denuncia fue hecha por su esposa Ana Isabel Rincón Vega ante el Personero Municipal de San
Calixto, José E. Amaya Páez, para que se investigara el crimen, se sancionara a los culpables y la
auxiliaran en su difícil situación de desamparo, ya que quedó con 5 hijos. Como antecedentes al
hecho, en febrero del 96, el Batallón de Contraguerrilla No.50 de la V Brigada con sede en
Bucaramanga, realizó un allanamiento ilegal en la residencia de la profesora Dioselina Guerrero
Carvajalino, la cual no se encontraba en ese momento. Se llevaron fotografías de los miembros de
la familia Carrascal, algunos documentos, casetes de audio y video, como también una grabadora.
El caso fue denunciado ante la personería municipal de San Calixto. El esposo de la profesora
había sido docente del municipio, promotor de juntas de Acción Comunal y ahora se dedicaba a
la construcción.
Es importante señalar que el personero del municipio citado, José Estanislao Amaya Páez,
servidor público que se destacó por defender, promocionar y proteger los derechos
fundamentales, fue amenazado de muerte el 13 de julio de 1997, por un grupo denominado
“Autodefensas del Catatumbo”, acusándolo de colaborador de la guerrilla. En los hechos se
identificó cierta responsabilidad de las Fuerzas Militares, tal como se denuncio en su debido
momento.
Durante los últimos tres meses del año 1998 los habitantes de la zona urbana de San Calixto
vivieron el hostigamiento directo de los paramilitares, quienes con una lista de 144 personas,
facilitada por el comando de policía del municipio, dieron inicio a una serie de amenazas y
asesinatos que obligaron a sus habitantes a confinarse en sus viviendas y a sumir el municipio en
el aislamiento. Los comerciantes y trasportadores no se atrevían a salir o entrar a la zona urbana y
sus alrededores por temor a ser victimas de los paramilitares que operaban sin restricción alguna,
los miembros de policía del comando fueron sacados de la zona en helicóptero. "... San Calixto es
de las llamadas " zonas rojas": existe la presencia de tres grupos subversivos con fuerte presencia,
principalmente del EPL con el Frente Libardo Mora Toro, a lo que se le aúna el ELN con el
Frente Armando Cacua Guerrero y el Frente 33 de las FARC con permanencia esporádica de la
Compañía Ocaña”, estos eran los argumentos de las autoridades municipales para tratar de evitar
cualquier tipo de ayuda a la población, sitiada por los paramilitares.
Un testigo afirmó al respecto que:
“la Policía Nacional fue quien elaboró la lista de más de 144 personas habitantes
de San Calixto, con nombres propios, apellidos, el alias en algunos casos que
135
muchas veces correspondía a apodos familiares; la agrupación subversiva a la
cual se les imputaba pertenecer: número de cédula; barrio donde residían estas
144 personas...”
En la lista aparecían campesinos, dueños de finca, pastores evangélicos, tenderos, conductores,
maestros, el Alcalde y Personero Municipales, otras personas de la administración municipal y
hasta comandantes guerrilleros, todos amenazados de muerte por los paramilitares. Con respecto
a esta lista, miembros de la Fiscalía y la Procuraduría realizaron una investigación en la cual se
adujo que “no parece que dicha lista haya sido enviada como sindicación a la Fiscalía o como
imputación para que se les investigue”, a pesar de que fue elaborada por el Comandante de la
Estación de Policía de la época, Teniente Alfonso Reyes y el anterior comandante, el Teniente
Antonio Arvenis Conde, y que la misma se encontró en un fólder junto al cual habían dos
informes de inteligencia que dirigía el Comandante de la Estación de Policía de San Calixto a la
ciudad de Ocaña, además de incluir al batallón de Infantería No. 15 Santander y al Comando
Departamental de la Policía de dicho municipio".
Como antecedentes de los hechos, el 30 de octubre de 1998 se le informó al Personero Municipal
que alrededor del puesto de Policía de San Calixto había un campo minado que servía de
protección a la fuerza pública. Como era su obligación, el personero municipal fue hasta esa
dependencia y trató de constatar si dicha medida se ajustaba a las normas del Derecho
Internacional Humanitario en relación con los riesgos hacia la población civil. Los agentes le
respondieron negativamente sobre el minado, pero se disgustaron mucho por la intervención del
funcionario.
Los habitantes que vivían cerca al comando de la Policía no se quedaban de noche en sus
viviendas; la gente se acostaba más temprano que de costumbre, y la misma policía temía un
ataque guerrillero. El 31 de octubre de 1998 en las horas de la mañana se produjo una
escaramuza con intercambio de disparos entre la policía y guerrilleros del EPL, dejando como
saldo dos policías, y al parecer, un guerrillero muerto.
Sobre este hecho, uno de los habitantes del sector dijo:
"... los agentes posteriormente andaban en un estado que no sé cómo calificar:
proferían insultos contra la población, decían que todos éramos unos hijos de
p... guerrilleros y que por eso ellos ya les habían pasado una lista a los
paramilitares y que se iban a ir para dejar a la población en manos de
aquellos; fueron hasta la oficina del Personero y lo amenazaron de muerte
acusándolo de hacer inteligencia a favor de la guerrilla, por la inspección que
había practicado acerca del supuesto minado en esa sede". Dicha lista había
sido elaborada según informes de inteligencia de la Policía y usada por los
militares para amenazar, torturar, detener, desterrar y hasta para asesinar a
quienes aparecen ahí nombrados109.
Las primeras víctimas de la arremetida paraestatal reseñadas en la lista fueron asesinadas el 9 de
noviembre de 1998 en la ciudad de Ocaña, por un grupo de 20 paramilitares que instalaron un
109
Banco de datos de Derechos Humanos y violencia política, Cinep & Justicia y Paz. Op. cit.
136
retén el vía que de Ocaña conduce a Convención, interceptaron todos los vehículos que se
movilizaban por el lugar, obligando a los pasajeros a descender de los automotores con cédulas
en mano. Cinco de los pobladores se encontraban reseñados en la lista elaborada por las
autoridades de policía del municipio y a consecuencia de ello los asesinaron.
Cinco días después de la masacre de los cinco pobladores, el 14 de noviembre de 1998, el terror
y la confusión de la población se acrecentaron, cuando según un habitante de la zona urbana:
“fueron evacuados en helicóptero, en horas de la noche, todos los miembros de
la Policía de esa subestación. Pocos días después volvió a incursionar el EPL
dedicándose en esta ocasión a arengar a la población para que saqueara la
abandonada sede policial, lo cual hicieron, llevándose todo, hasta las baldosas
de los pisos...".
Ese día, el conductor de camión JUAN TORO fue asesinado por paramilitares apoyados por el
Batallón Santander que llegaron hasta su vivienda y lo acribillaron, en el barrio El Carretero de
San Calixto. Al parecer, Juan hacía parte de la lista de más de 144 personas de San Calixto
amenazadas de muerte por los paramilitares. La víctima vivía sobre una avenida por donde
pasaba de rutina una patrulla policía, pero ese día esta no se vio en el sector. El mismo día habían
tratado de matar en una vivienda cercana a otro ciudadano que logro escapar. Al respecto, “los
miembros de la estructura paramilitar que asesinó a Juan son: Jairo Martínez Rincón, quien se
movilizaba en un carro Mitsubishi de placas 2-50, conducido por una mujer rubia de nombre
Oliva Angarita; el Cabo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC- Alonso
Balmaceda, el ex soldado de la Compañía Móvil Jorge Jaimes, y un militar activo de apellido
Muñoz, que un testigo a veces nombra como Sargento o Teniente, pero con un cargo importante.
Muchos de estos datos fueron recogidos de un ex Sargento retirado que les proporcionaba
munición extra a los paramilitares y les ayudaba en algunas actividades, según él, para ayudarse
económicamente”.
Los agentes de la policía se retiraron de la población para no tener que responder directamente
por las acciones paramilitares, dejando a la población sumida aún mas en la zozobra. Testimonios
de pobladores de San Calixto así lo confirman:
San Calixto: un municipio sitiado por el terror oficial y paramilitar
“Todo ello nos ha hecho vivir unos efectos muy negativos: en primer lugar nadie quiere sacar sus
productos a Ocaña personalmente, contratan intermediarios; los buses van y vienen vacíos hacia
y desde Ocaña; se teme una toma por parte de paramilitares al municipio y ahí una masacre de
grandes consecuencias, por el gran número de gente que aparece en esa lista; la existencia de
tantos informes de inteligencia sobre San Calixto con tantas sindicaciones es preocupante...
Entonces la gente tiene temor, casi que sería un caso para analizarlo desde la psiquiatría social,
por la esquizofrenia y la paranoia colectivas e individuales. Es decir hay una locura
generalizada... La gente, cuando hay una real o figurada amenaza paramilitar de entrada al
pueblo, duerme en las montañas, se desplaza, es decir estamos viviendo un régimen de terror...”.
Terror acrecentado por los señalamientos y acusaciones sin fundamento que realizaban los
miembros de la fuerza publica. Una de las personas que apareció en la lista testificó:
137
“El Teniente denominado Conde Arbeniz o Arbeniz Conde fue el que les escribió tanto al Capitán
de Ocaña como al Coronel en Cúcuta con su puño y letra, que yo soy secretario de las FARC.
Este hombre pues tiene muy baja inteligencia, muy bajo conocimiento de las cuestiones que se
manejan en un Municipio como San Calixto, debido a que desde 1988 pertenezco a la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia, soy una criatura nueva, he dejado de ser una persona agresiva,
esto lo conoce casi toda la región de Ocaña, conocen mi situación, cuáles son mis
procedimientos, cuál es mi forma de proceder ante la comunidad... la acusación posiblemente es
debido a que de una u otra manera uno le presta un servicio a la comunidad en una forma
desinteresada y de pronto ellos por cualquier situación de ganarse un ascenso o un traslado,
entonces hacen esa parte de inteligencia, que yo lo llamo una cosa muy equivocada”110.
Continuando con su testimonio la victima relata:
“Yo le decía al señor Luciani cuando vino aquí, le decía que yo admiraba al policía este Serrano
que está en Bogotá, por su capacidad de diálogo, por su generosidad que tiene porque es un
hombre muy brillante muy inteligente, pero tiene unos subalternos muy malos... porque y de eso
se trata de que las personas hagan las cosas en lo mayor posible perfectamente bien, si es el
Estado con mayor razón para poder encontrar en nosotros apoyo y a la vez que nos brinde la
seguridad que necesitamos y la justicia social a toda la comunidad de la Nación colombiana...
Bueno yo soy consciente también de la situación económica por la cual atraviesa el país. Pero el
Estado nunca es consciente de la situación que le sucede a la comunidad en general, sobre todo
en estos pueblos tan marginados donde la educación es una cuestión muy mediocre, donde la
salud casi no se ve, donde las vías de penetración casi no existen, son caminos de herradura lo
cual es una cuestión desesperante. Entonces pero a pesar de todo eso yo sé que esto es casi como
imposible decirle al señor Presidente de la República que me reconozca el daño que se me ha
causado a mí en lo material, en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, pero que sí cesen esas
cuestiones con buenos programas hacia las comunidades campesinas, que haya educación
gratuita para todos, que haya salud, que hayan vías de comunicación, que hayan obras de
infraestructura de verdad, bien adecuadas para que las personas las puedan utilizar, las puedan
usufructuar y así no haya ese masivo éxodo de campesinos hacia otros lugares..."111.
El 15 de noviembre de 1998, el alcalde de la población HENRY ALFONSO MACHADO, fue
torturado y asesinado por paramilitares fuertemente armados, pertenecientes a las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-. Los paramilitares incursionaron en su residencia
ubicada en el barrio El Retiro de Ocaña, se lo llevaron. El cuerpo del burgomaestre fue hallado
posteriormente en el sitio Cuesta de Sanín Villa de la localidad cesareña, con señales de tortura y
cinco impactos de bala de diferentes calibres.
Con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al municipio y la región, sus
pobladores comenzaron a vivir una espantosa pesadilla. Un funcionario de la alcaldía atestiguó
que:
110
111
Ibíd.
Ibíd.
138
“al comienzo de esa situación de noviembre y diciembre de 1998 se nos hacían
llamadas, no solo a mi casa sino al mismo despacho de la Alcaldía por parte de
los paramilitares que se iban a meter aquí a San Calixto e iban a hacer un
sancocho con todos nosotros. Una vez me llamaron a las dos de la mañana a la
casa para que la desocupáramos porque venían los paramilitares... entonces
tuvimos que correr hacia un lugar a donde protegernos. Y por ahí unas dos o
tres veces nos hicieron unas llamadas... pues ahora ha estado como calmada la
cuestión, Dios quiera que así siga para que no vaya a suceder nada...".
Los paramilitares no tenían ningún reparo en hacer circular la lista mencionada con nombres de
dirigentes populares y pobladores de cabeceras municipales, señalándolos de pertenecer a grupos
guerrilleros. Coincidencialmente, los nombres que aparecían en estas “listas” de los paramilitares,
eran reproducidas casi textualmente en los informes de los organismos de “inteligencia militar”.
Jorge Emidio Suárez, funcionario de la Administración Municipal, figuró desde noviembre de
1998 en y en un informe militar en los que se le señalaba como secretario de las FARC en el
municipio.
“En esa época me desempeñaba como Secretario de la Junta de Acción
Comunal de mi barrio si? eh...no entiendo por qué tiene que mezclarse a un
dirigente comunal con un supuesto subversivo y de alta peligrosidad...estoy
solo, mi esposa y mis hijos han tenido que ser trasladados a Cúcuta por la
circunstancia de la lista en que aparezco allí desde esa fecha del quince de
noviembre, por estar...pues
directamente acusado por un Teniente
denominado Conde Arbeniz, si quien fue él que manifestó al Capitán de
Ocaña y al Coronel en Cúcuta donde aparece, con su letra de su puño, con...
si puño y letra y donde yo soy secretario de la FARC... pero la lista no es la
que me preocupa, lo que más me preocupa es el informe llamado de
inteligencia, que ese sí lo elaboró el Teniente Arbeniz Conde Antonio, por
qué... porque al finalizar estampa su sello y su firma cuando se le envía al
Cuarto Distrito de la ciudad de Ocaña a las diferentes autoridades militares
que tiene la ciudad de Ocaña, como también a las diferentes autoridades
militares que tiene el Departamento Norte de Santander con asiento en
Cúcuta. Además, (en una ocasión unos policías dijeron) “ nos sacaron de
aquí pero la lista se las entregamos a los paramilitares y muy pronto
vendremos aquí a San Calixto”112.
Las consecuencias de esta serie de asesinatos y amenazas no fueron únicamente las relacionadas
con la infame muerte de algunas de las personas que aparecían en dicha lista; pues la comunidad
en general se convirtió en blanco de la represión. Un gran número de habitantes de la zona rural y
urbana se desplazaron hacia otras regiones, lo que conllevó al abandono de propiedades o ventas
de las mismas a menor precio. El temor permanente de los pobladores paralizó las actividades
laborales, económicas y sociales y dejó sin perspectivas claras hacia el futuro, a la mayoría de
ellos. En consecuencia, la incertidumbre se apoderó de los pobladores que todos los días
esperaban que pasara lo peor. La desconfianza hacia la fuerza pública por múltiples razones
112
PROYECTO CNM. Testimonio tomado en san Calixto, Norte de Santander. Diciembre 13 de 1999
139
acerca de sus comportamientos frente a la población fue un agravante de dicha situación. El
abandono del Estado a un grupo humano numeroso y trabajador y el deterioro de las condiciones
de vida en la región, facilitó la consolidación del nuevo poder que se impuso por la fuerza y el
terror.
HACARÍ
Municipio que mostró en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1931 y 1949 una
tendencia diferente a los partidos tradicionales, durante el Frente Nacional se inclinó hacia el
conservadurismo. Vale la pena anotar que este municipio en las elecciones para corporaciones
públicas en Asamblea Departamental, Senado y Cámara de Representantes, del 19 de abril de
1970 tuvo una altísima participación electoral, pues del potencial de sufragantes que se ubicaba
en 2501 personas, votó el 82%113 cuando el promedio de participación electoral departamental
estaba en 53%. Para las elecciones de 1992 de alcaldes, concejales, diputados y ediles, la mayoría
electoral la tuvieron los partidos o movimientos políticos diferentes al bipartidismo.
Durante mucho tiempo la existencia de este municipio estuvo marcada por el aislamiento del
centro y de la capital departamental y por la dependencia vial con Ocaña, además de haber
padecida una fuerte violencia política bipartidista.
A finales de la década del ochenta y comienzos de los noventa, los asesinatos perpetrados en
Hacarí respondieron a filiaciones ideológicas, o en sentido estricto a adscripciones políticas
opuestas al orden imperante; es el caso de los miembros del movimiento político Unión
Patriótica, blanco a nivel nacional de la ira partidista tradicional. Por otra parte, los asesinatos a
educadores oficiales, marcarían una tendencia no sólo en este municipio sino a nivel
departamental, que se intensificó a finales de la década del ochenta. La persecución sistemática
contra los habitantes de este municipio revela tanto la participación de la fuerza pública como la
de los grupos paramilitares en la comisión de los Crímenes de Lesa Humanidad –CLH-.
Los primeros vestigios de la barbarie paramilitar en Hacarí se evidenciaron a mediados del mes
de abril de 1988. El 8 de abril de ese año, los educadores oficiales de la escuela El Pozón
GIOVANNY PORTILLO MORENO, de 18 años, y EDISON ALVAREZ PEÑARANDA, de 19
años fueron asesinados por paramilitares en el corregimiento de San José del Tarra.
Por otra parte, el exterminio de la oposición política se desencadenó en Hacarí a comienzos de la
década del noventa, en el período previo a las elecciones presidenciales de ese año. Entre el 2 y el
4 de febrero de 1990, el concejal de Hacarí y ex - concejal de San Calixto por la Unión Patriótica,
JESÚS AMAYA ALSINA, fue desaparecido y asesinado de 4 impactos de bala por desconocidos
en la Inspección de Policía Departamental Astilleros, en donde fue encontrado su cuerpo sin vida.
Diez días más tarde, el 15 de febrero de 1990, el inspector de policía de Astilleros, LUIS
FRANCISCO MORALES, fue asesinado de 8 impactos de bala por desconocidos cuando salía de
113
República de colombia. Registraduría nacional del estado civil. Resultado de los escrutinios.
Departamental
Asamblea
140
su despacho en esa misma jurisdicción. La fuente sindicó a guerrilleros del Ejército de Liberación
nacional, ELN, como responsables del asesinato.
El 30 de mayo de 1990, fueron amenazados por varios agentes de policía JOSE ORIELSO
TORRADO AVENDAÑO, WILSON QUINTERO BAYONA, ANTONIO NAVARRO, ALIRIO
ALFONSO TORRADO, HERNAN CASTILLA Y LUIS FELIPE QUINTERO en el municipio
de Hacarí. En esa fecha - dos días antes de la posesión del alcalde de Hacarí a realizarse el 1 de
junio - varios miembros de la policía fueron asesinados y despojados de su armamento por
miembros del frente XXXIII de las FARC-EP. A raíz de estos acontecimientos fue inculpado
José Orielso de ser uno de los ejecutores de la toma guerrillera, al mismo tiempo que fue allanada
su casa. José fue llevado al cuartel de la policía donde estaban los señores Wilson Quintero
Bayona, Antonio Navarro, Alirio Alfonso Torrado, Hernán Castilla y Luis Felipe Quintero;
acusados también de participar en la acción subversiva. Todas estas personas iban a ser llevadas a
Ocaña en una volqueta, pero, el párroco, el personero, y el alcalde de Hacarí no lo permitieron.
En ese momento los encargados del procedimiento les dijeron que debían presentarse ante el
departamento de investigación de la SIJIN en Ocaña.
Los detenidos se presentaron ante el organismo de inteligencia, donde no se encontró ningún
motivo para detenerlos. Posteriormente, el 9 de diciembre de 1991, aproximadamente 15
miembros del GOES llegaron a la casa de Luis Felipe; lo intimidaron y lo obligaron a llevarlos
donde se encontraba Wilson Quintero con el párroco del pueblo, allí los amenazaron y les
advirtieron que si aparecía un policía muerto "ellos serian los primeros en morir". A partir del 15
de enero de 1993 la Brigada Móvil Nº 2 en Hacarí comenzó a buscarlos, por lo cual las victimas
se vieron obligadas a huir del lugar.
La persecución que ejerció la policía sobre estas personas se remonta al año 1988 cuando José
Orielso empezó a ser acusado por miembros de la policía de realizar letreros subversivos a
nombre del Ejercito Popular de Liberación EPL. Por estas acusaciones, José fue detenido en el
cuartel del pueblo, pero diferentes pobladores, entre estos el párroco y el alcalde, entregaron
recomendaciones de buena conducta con lo cual se logró su salida. A mediados del año 1989,
cuando José Orielso trabajaba como celador en el Colegio San Miguel, fue abordado e indagado
por miembros de una patrulla del Batallón de Infantería Nº 15 de Ocaña por su presunta
colaboración con la guerrilla.
En el último trimestre de 1990 se manifestó nuevamente el accionar criminal de los
“desconocidos” en Hacarí. El 1 de diciembre, el vicepresidente del concejo municipal LUIS
EDUARDO RAMIREZ fue asesinado. Ocho días después, el 9 de diciembre de 1991
DULCELINA TORRES CLARO, de 23 años de edad, fue asesinada por desconocidos que le
propinaron dos impactos de pistola 9 mm en la cara. Las autoridades de policía del municipio
responsabilizaron del hecho a miembros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB-.
Los hostigamientos contra la población de Hacarí cesaron durante el año de 1991. Sin embargo,
El 8 de febrero de 1992, los desconocidos volvieron a sembrar el terror en el municipio. En esa
fecha, el campesino DIOSELI CARRASCAL CARREÑO, de 31 años, fue asesinado en la vereda
San Pablo. Tres hombres que llegaron hasta su casa preguntaron por Dioseli y le propinaron
cinco disparos en el momento en que salió. Las autoridades de policía municipales sindicaron a la
guerrilla del hecho.
141
Desde los primeros días de 1993, las tropas de la Brigada Móvil No 2, dieron curso a las
operaciones de Contrainsurgencia en toda la región del Catatumbo. A medida que militarizaban
la zona, los efectivos del ejército llevaban a cabo toda clase de agresiones y hostigamientos
contra la población. Las primeras agresiones perpetradas por esta unidad militar en el municipio
del Tarra se produjeron el 13 de enero de 1993. Ese día, a las 5 de la mañana, los campesinos
LUIS ALBERTO CORONEL y MISAEL CORONEL fueron torturados física y
psicológicamente y amenazados de muerte por tropas de la Brigada Móvil Nº 2 en el
corregimiento San José del Tarra del municipio Hacarí. Los militares, quienes se encontraban
encapuchados, irrumpieron violentamente en sus residencias, obligándolos a salir junto con sus
esposas e hijos. Luego, fueron llevados a unos metros de su casa y allí fueron sometidos a
torturas mediante golpes en diferentes partes del cuerpo y colocándoles bolsas plásticas en la
cabeza con el fin de que dieran información sobre la guerrilla. Uno de ellos fue amenazado de tal
manera que si no daba información traerían a uno de sus hijos y lo asesinarían. A pesar de que los
militares amenazaron de muerte a las víctimas para que estos no denunciaran el hecho, el caso fue
denunciado ante la Procuraduría Provincial de Ocaña.
Al igual que en otras poblaciones de la región del Catatumbo, desde los primeros días de 1993,
los efectivos de la Brigada Móvil No. 2 del Ejército, militarizaron la localidad de Hacarí, dando
inicio a una serie de agresiones y crímenes contra los habitantes de la zona rural del municipio. El
14 de enero de 1993, los campesinos WILSON QUINTERO y RAMON VILLEGAS TELLEZ,
de 19 años, fueron detenidos, torturados y desaparecidos; al igual que los campesinos LUIS
ALFONSO ASCANIO y GUSTAVO CORONEL, de 26 años, quienes fueron detenidos,
torturados, desaparecidos y asesinados, por tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 17
"Motilones" adscrito a la Brigada Móvil Nº 2, en operaciones realizadas en el corregimiento San
José del Tarra.
Los militares llegaron en tres helicópteros que aterrizaron cerca de la casa de Gustavo; allanaron
las casas del corregimiento y con una lista en mano de los líderes comunales sacaron a la fuerza
a varios habitantes, los reunieron en un patio y los hicieron colocarse de rodillas mientras los
amenazaban con sus armas, los golpearon y luego los trasladaron a un lugar cerca de una
quebrada; en todo momento los amenazaban de muerte. Desde allí los hicieron caminar hasta una
montaña con el fin de interrogarlos, dejando en libertad a varios de los detenidos, y se llevaron a
cuatro campesinos, a los que se les vio por última vez a las 11:00 de la noche. Antes de
llevárselas, las víctimas fueron obligadas a señalar a los líderes campesinos.
Tres días después, la prensa informó que cuatro jóvenes guerrilleros no identificados
pertenecientes al frente XXXIII de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-,
habían sido dados de baja en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 17 de la
Brigada Móvil No. 2. Entre los cuerpos fueron identificados por sus familiares Luis Alfonso y
Gustavo.
Cinco días después de la masacre de San José del Tarra, el 19 de enero de 1993, otros CUATRO
CAMPESINOS de 19, 22, 24 y 30 años, fueron asesinados por tropas de la Brigada Móvil Nº 2 y
presentados como guerrilleros de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional -UC ELNmuertos en combate, en la quebrada "La Sanjuana" del municipio de Hacarí.
142
EL CARMEN
Este municipio de tradición liberal, la represión.se desencadenó a finales de la década del ochenta
y se reproduciría por muchos años más. En esta población, la comisión de CLH comenzó a
evidenciarse con la aparición de los cuerpos de los pobladores que yacían muertos en las calles.
Este tipo de modalidad represiva fue empleada contra habitantes de sectores sociales diferentes;
sin embargo, campesinos, maestros y comerciantes, se convirtieron en el blanco principal de los
desconocidos que, casi una década después, serían nominados emblemáticamente como “Los
Masetos”, grupo paramilitar que impuso su autoridad en la localidad por medio del terror y la
sangre.
El número de casos que se presentan como accionar de desconocidos es alto y perdurará hasta
bien entrada la década de los noventa. Como evidencia de lo anterior se reseñan los siguientes
casos.
El 19 de mayo de 1988, el inspector de policía EDGAR DELGADO PACHECO, el campesino
LUIS ALBERTO QUINTERO y OTRO CAMPESINO, fueron asesinados en la Inspección de
Policía departamental Maracaibo.
El 11 de febrero de 1990, el educador oficial, DANIEL RANGEL CONTRERAS, de 46 años, fue
asesinado de 12 impactos de bala. Cuatro meses más tarde, el 13 de junio de ese mismo año,
MELQUIADES HERRERA TABARES fue asesinado en la vereda Control. La oleada de
violencia continuó dos meses después; esta vez en el casco urbano del municipio. El 27 de agosto
de 1990,
MISAEL TARAZONA RODRÍGUEZ y su hermano JESUS TARAZONA
RODRIGUEZ fueron asesinados por desconocidos en el barrio Castilla. Los asesinos se
movilizaban en un automóvil Campero azul y blanco, de placas AN 0815.
Después de la arremetida contra la población de El Carmen que se desencadenó en 1990, los
pobladores del municipio experimentaron una clama aparente que se rompería, el 17 de agosto de
1993, fecha en la que el comerciante BALTASAR OBREGON ROPERO, de 29 años, fue
encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposición en zona rural de la localidad.
Baltasar había sido desaparecido el 9 de agosto anterior y su familia ya había sido objeto de
cuatro desapariciones.
El 14 de noviembre de 1993, el joven campesino ANIBAL CONTRERAS LOZANO, de 19 años,
y OTRO JOVEN CAMPESINO, fueron asesinados por un grupo de hombres sin identificar que
los abordaron y les propinaron ocho disparos a cada uno en la vereda Sul. Mes y medio más
tarde, el 28 de diciembre de 1993, UN JOVEN de 17 años, fue asesinado por varios hombres
armados quienes irrumpieron en su vivienda y después de identificarlo le propinaron tres disparos
en la cabeza, en el sitio "El Ramal" de la Inspección Departamental de Policía Maracaibo.
La comisión de CLH por parte de los desconocidos continuó en 1994. El 10 de mayo de 1994, el
comerciante RAUL GUTIERREZ QUINTERO, de 27 años, y el empleado TRINO GUTIERREZ
QUINTERO, de 35 años, hermanos entre sí, fueron encontrados asesinados con varios disparos
de pistola calibre 9 milímetros en la cabeza en la Inspección de Policía Departamental Guamalito.
Según los habitantes de la vereda Otare, donde habían residido las víctimas, 5 desconocidos que
143
se movilizaban en una camioneta llegaron a la finca "Patiecitos", preguntaron por los hermanos y
los obligaron a subir al vehículo, pasando tranquilamente por el centro del corregimiento hasta
salir a la vía que conduce al Carmen. Pocos días antes, las víctimas se habían trasladado a
Bucaramanga (Santander).
Paralelamente al accionar criminal de los desconocidos, los miembros de la Brigada Móvil No. 2,
que arribaron a la población de El Carmen en 1993, sembraron el terror tanto en este municipio
como en sus corregimientos aledaños. Entre el 12 y el 14 de marzo de 1993, el campesino
ABIMAEL CHAPARRO RIVERA, de 37 años, su hermano ERIBERTO CHAPARRO
RIVERA, LUIS JESUS CONTRERAS OCHOA y ALONSO CELON fueron detenidos y
torturados por miembros de la unidad militar mencionada. Según testimonios de las víctimas, los
militares los detuvieron por más de 50 horas, los insultaron y amenazaron, acusándolos de ser
guerrilleros. Posteriormente fueron dejados a órdenes de la Fiscalía, pero fueron puestos en
libertad por no encontrarse mérito para detenerlos.
Durante el segundo semestre de 1994 el ejército y los paramilitares desarrollaron varias acciones
conjuntas en El Carmen, eliminando a varios campesinos bajo la absoluta impunidad. Entre el 1 y
el 2 de octubre de 1994, el campesino LORGIO ANTONIO GARCIA y TRES CAMPESINOS
AGRICULTORES fueron asesinados, y el campesino ANTONIO NAVARRO fue torturado y
asesinado, en una acción conjunta entre miembros del ejército y paramilitares que se llevó a cabo
en un retén instalado sobre la vía que conduce a la vereda El Páramo y en la vereda El Limonal,
zona rural de El Carmen. En el mismo operativo, la residencia de una mujer llamada LADY fue
allanada y UNA MUJER más fue amenazada de muerte por un soldado.
Por la mañana del 1 de octubre, los paramilitares montaron el retén y detuvieron en la vía a todo
vehículo que pasaba para comprobar la identidad de los ocupantes y compararla con una lista que
portaban. Allí detuvieron a Lorgio y a su hermano, y le exigieron al primero que fuera a buscar a
unos supuestos guerrilleros mientras su hermano se quedaba como rehén. Según los testigos del
asesinato, cuando Lorgio intentó escapar fue abatido a tiros. Durante el incidente los
paramilitares retuvieron a tres campesinos, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 27 años, y
mantuvieron constante comunicación por radio con el ejército.
Entretanto, en la vereda El Limonal un grupo de 12 paramilitares vestidos de civil y fuertemente
armados llegaron con una lista de pobladores del lugar a quienes acusaron de ser colaboradores
de la guerrilla. De la lista sólo fue encontrando Antonio, a quien torturaron y le propinaron varios
disparos. Minutos después de cometer el asesinato, una patrulla del ejército llegó al sitio pero no
hizo ningún esfuerzo por perseguir a los responsables; en lugar de ello se dirigieron a la vereda El
Páramo y entraron por la fuerza a la casa de Lady, a quien acusaron de colaborar con la guerrilla.
La mujer consiguió escapar antes que la detuvieran.
Mientras se desarrollaban los fuertes operativos del ejército en las veredas El Limonal, El Páramo
y Tierra Azul, sus moradores fueron víctimas de hostigamientos y amenazas. Por la tarde del
mismo día, la patrulla combinada de militares y paramilitares que asesinó a Antonio fue atacada
por la guerrilla, resultando cuatro de ellos muertos, entre estos tres soldados. Dos paramilitares
escaparon y obligaron a un taxista local a sacarlos de la zona. Hacia a las 7:00 de la noche llegó
una patrulla del ejército que instaló un retén entre las veredas El Páramo y Otaré, registró las
casas e intimidó a sus habitantes.
144
Al día siguiente, los tres agricultores retenidos anteriormente fueron encontrados asesinados en la
vereda El Páramo y cada uno presentaba un disparo en la cabeza. Las víctimas habían sido
llevadas hasta el lugar, donde fueron asesinadas. En esa fecha, 2 de octubre, llegaron a El Páramo
varias autoridades locales, entre ellas el personero municipal, el inspector de policía y una
patrulla del Ejército. Los habitantes identificaron a uno de los soldados como uno de los que
había participado con los paramilitares en la acción del día anterior; éste último amenazó a los
aldeanos, los sindicó de guerrilleros y le dijo directamente a una mujer "que no saldría viva de la
zona".
Los familiares de Lorgio intentaron recuperar algunas pertenencias de su casa pero no pudieron
porque un Capitán del ejército les impidió entrar, argumentando para ello que el lugar lo tenían
minado. El caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la
Defensoría del Pueblo.
Un año después de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 17 de noviembre
de 1995, MARITZA RICO MANDON fue amenazada y torturada física y psicológicamente por
un grupo de hombres fuertemente armados en la finca "La Vega". Los desconocidos irrumpieron
violentamente en la finca a las 12:30 de la madrugada preguntándole a Maritza por Otoniel Julio
Flórez, su esposo, quien había logrado escapar. Al no encontrarlo, procedieron a intimidarla junto
con unos obreros, mientras ella se encontraba con su hija de cuatro años. Los hombres le decían
que la iban a violar y le tocaban el cuerpo con sus armas.
Luego empezaron a darle patadas en varias partes del cuerpo, la sacaron de la casa y allí la
cogieron del cabello y la arrastraron al mismo tiempo que la amenazaban de muerte si no decía
donde se encontraba Otoniel. Los victimarios abandonaron el lugar después de dejar todos los
electrodomésticos inservibles y saquear las joyas, ropa, libros y $700.000 pesos en efectivo. Los
agresores se transportaban en dos vehículos, uno de los cuales era una camioneta Luv blanca
cuatro puertas con vagón de Toyota, de placas ZZD 851. El caso fue puesto en conocimiento de
la Defensoría del Pueblo.
Las estructuras paramilitares siguieron incursionando en la población durante 1996. Uno de los
mecanismos más empleados por los paramilitares para identificar a sus victimas y controlar la
zona era la instalación de retenes como el que instalaron en la vereda El Páramo dos años atrás,
en 1994, y que dejó como resultado la muerte de cuatro habitantes del municipio. Un caso similar
se produjo el 19 de mayo de 1996, cuando los campesinos y hermanos JESUS DOLORES,
ABIMAEL, ANGEL y JUAN CHAPARRO RIVERA, de 42, 40, 36 y 31 años, respectivamente,
fueron torturados y asesinados por el grupo paramilitar Los Masetos, en la Inspección de Policía
Departamental Guamalito.
Los paramilitares instalaron un retén en la vía que conduce de El Carmen al departamento del
Cesar donde interceptaban los vehículos que pasaban; según uno de los testigos de tales hechos:
"bajaron a los pasajeros... y con lista en mano llamaban a los campesinos y los
hacían tender boca abajo en el piso... En vista de que Abimael no respondía,
optaron por amedrentar y golpear a los asustados pasajeros y cuando por fin
éste se identificó, fue maltratado de una manera brutal y... procedieron a matar
145
a sangre fría a los tres hermanos", quienes "fueron degollados y abandonados a
un lado de la carretera que va hasta la vereda La Mata, Cesar". "Abimael fue
llevado en el Trooper en el que se movilizaban los asesinos y fue hallado muerto
en el punto conocido como Besote, Cesar".
De Los Masetos, se tenía noticia con anterioridad ya que en la finca Santa Rosa, pintaron las
paredes con mensajes alusivos a esa organización paramilitar. También, como antecedente a este
caso, cabe mencionar que entre el 12 y el 14 de marzo de 1993, Abimael Chaparro Rivera y su
hermano Eriberto fueron detenidos, torturados, señalados de ser subversivos y sindicados por
tropas de la Brigada Móvil N° 2, en El Carmen.
Tres meses después de la masacre de los hermanos Chaparro Rivera, el 1 de agosto de 1996, los
paramilitares asesinaron a ocho habitantes más del municipio. Las víctimas fueron los
campesinos ANTONIO TORRADO, de 21 años, EMILIO VILLAMIZAR, de 65 años, JUAN
PABON M., de 28 años, y CINCO CAMPESINOS más, quienes trabajaban en las veredas El
Cacao, San Pablo y La Vega y fueron asesinados por varios hombres armados. En junio de 1986,
Emiliano Villamizar había sido detenido y golpeado por cuatro agentes de policía en el municipio
de Arboledas.
EL TARRA
La represión contra el campesinado de El Tarra, sólo es una muestra de la persecución
desplegada contra los habitantes de toda la región del Catatumbo; persecución que en un
comienzo se fundamentó únicamente en las agresiones “legales”, pero con el devenir de los años
se realizó de manera más sistemática y descentralizada. Los hostigamientos contra los pobladores
de este municipio liberal se registraron a partir de noviembre de 1969. En fecha no precisada de
ese mes y año, el campesino ALEJO RANGEL fue detenido y torturado por el ejército en la
inspección de policía Orú, para la época entidad territorial adscrita al municipio de San Calixto.
Durante su detención, Alejo fue sometido a amarradas, colocación de esposas y golpes.
Una nueva oleada de violencia se desencadenó en la población a partir de la segunda mitad de la
década de los ochenta. En el mes de junio de 1986 se dio a conocer en todo el departamento una
lista de cuarenta campesinos que fueron amenazados de muerte por los grupos paramilitares y
entre quienes se encontraban varios dirigentes de la propuesta ANLA. Por tal motivo, en el Tarra
fueron retenidos por paramilitares TRINIDAD y LUIS CESAR TORO, quienes fueron
sometidos a torturas por parte de sus captores114.
En 1988, los paramilitares incursionaron nuevamente en esta localidad. Un mes antes de que se
llevaran a cabo las marchas campesinas de mayo a las que asistieron centenares de habitantes del
municipio, tres campesinos fueron asesinados y cinco más desaparecidos por una patrulla
paramilitar. Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 1988, día en que los campesinos RAMON
DEL CARMEN QUINTERO, JESUS MANUEL LEON QUINTERO y LUIS ALFREDO
SERRANO PAEZ fueron asesinados, y CINCO CAMPESINOS más fueron desaparecidos por un
grupo de quince hombres armados en la vereda Tarra Azul.
114
Diario Revolución. 9 al 15 de junio de 1986. p. 5
146
La persecución contra los trabajadores del campo del Tarra se prolongó durante las Marchas
Campesinas que se desarrollaron algunos días después. Esta vez serían los efectivos del ejército
quienes se encargarían de acometer contra la población.
Las víctimas de las marchas de mayo
Las multitudinarias marchas campesinas de mayo del 88 fueron duramente reprimidas por la
fuerza pública, cuyos miembros estigmatizaron las jornadas de protesta, afirmando que eran una
iniciativa promovida por la insurgencia. En consecuencia, el 24 de mayo en la población del
Carmen, fueron detenidos OCHO CAMPESINOS; al día siguiente sus 600 compañeros se
dirigieron al puesto de policía para reclamar la libertad de los detenidos. El Ejército les respondió
con disparos, golpes con las culatas de los fusiles y patadas, les quitaron la comida, la ropa y los
enseres.”115
Tres días después, el 27 de mayo, 900 marchantes fueron dispersados a golpes y tiros al aire. De
igual manera, fueron aprehendidos varios campesinos, en el Aserrío.
Mientras tanto, en el corregimiento de Filogringo, 500 campesinos concentrados, fueron
golpeados y dispersados con los mismos métodos. Los campesinos aseguraron que luego de la
desmovilización campesina “se ha incrementado el hostigamiento a los pobladores”. Una
muestra de ello, es el siguiente caso:
En el Aserrio fue asesinada pocos días después de las movilizaciones campesinas CARMEN
ACOSTA quien sufría de retardo mental cuando se dirigía a una casa vecina a conseguir leche.
Según versiones del Batallón Santander “murió en enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército
y le fue incautada dinamita”. Después del crimen, los miembros del batallón se emborracharon
en las tiendas del caserío, en donde pidieron diferentes artículos y encubriéndose en sus armas se
negaron a cancelar lo que habían consumido.
Fuente: Carta dirigida al Procurador General de la Nación: Horacio Serpa Uribe, el 03 de junio de
1988. En que se denuncian los atropellos sufridos por los participantes de las Marchas
campesinas del Nororiente colombiano en mayo de 1988. p. 6
Durante 1989, los paramilitares comenzaron a ejercer el control del municipio, control que se
consolidó en el transcurso de la década del noventa. El 22 de junio de 1989, los paramilitares
dieron muerte al campesino OSCAR SANTIAGO MOLINA de 33 años, quien fue asesinado por
un hombre, quien se le acerco mientras éste se encontraba trabajando y luego de preguntarle por
su nombre le propino tres disparos. Seis meses más tarde, el 17 de diciembre de 1989, los
campesinos PABLO CASADIEGO y HECTOR CASADIEGO fueron detenidos y torturados por
miembros de la Brigada VIII, en la vereda San Isidro del corregimiento de Filogringo.
115
Carta enviada al Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe. Por delegados de la coordinadora popular del
Nororiente. Marchas del Magdalena Medio. Bogotá, junio 03 de 1988. pp. 6-7
147
La década de los noventa comenzó con la declaración de El Tarra como entidad territorial
independiente del municipio de San Calixto al cual estaba agregado, lo que no significó un cese
de los hostigamientos contra la población. En 1991 comenzó a evidenciarse el accionar
coordinado entre la fuerza pública y las estructuras paramilitares. Un ejemplo de ello, tuvo lugar
el 14 de febrero de 1991, día en el que ISRAEL CORTES MATEUS fue torturado por miembros
del Ejército Nacional en la vereda Orú-7 Carboneras, lugar donde funcionaba un retén militar
permanente.
Durante la segunda semana de febrero de 1991, el ejército militarizó la población del Tarra. Las
operaciones de la Brigada Móvil No. 2 en este municipio y el resto del departamento de Norte de
Santander, fueron simultáneas a la entrada de miembros del Ejército procedentes de Barranquilla,
adscritos a la Brigada Móvil No. 1, en el corregimiento Filogringo, en El Tarra. De tal manera, el
20 de febrero de 1991, los militares torturaron a JOSE MANUEL GIRALDO MARTINEZ,
AUDEN RODRIGUEZ QUINTERO, RAMON DAVID CARRILLO ROJAS, ALIX CARLINA
IBARRA ROLON, HAVIMILET BARBOSA FRANCO, AGUSTIN BARBOSA RINCON,
ALFREDO QUINTERO AVENDAÑO, OSCAR HELI GAITAN VARGAS, GILBERTO
BAUTISTA QUINTERO y NOEL ANTONIO BECERRA DURAN.
La persecución contra los habitantes del Tarra volvió a manifestarse a mediados del año 1992.
EFRAIN CARDONA, trabajador de Ecopetrol y miembro de la USO, fue encontrado asesinado
el 22 de junio con dos disparos de fusil en la cabeza que le propinaron sujetos no identificados, en
el sitio Barranquillita, zona rural del municipio. El día anterior había sido llevado por varios
hombres armados que llegaron en horas de la noche hasta el campamento de la empresa
Tecnicontrol. Días más tarde, el 29 de junio en ese mismo sitio el campesino JOSE RAUL
BUITRAGO MORENO, fue torturado y asesinado por desconocidos. José fue rociado con
gasolina, quemado y rematado de varios impactos de bala.
Seis meses después, se presentó una nueva arremetida paramilitar en el municipio. El 16 de
diciembre de 1992, el campesino ERNESTO SÁNCHEZ fue asesinado de varios disparos, por un
grupo de hombres armados, quienes sin mediar palabra le dispararon, y según la versión de las
autoridades, dejaron una hoja de una organización guerrillera. El hecho ocurrió en la vereda
Campo de Yuca, ubicada en una zona de enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla.
La Brigada Móvil No. 2, durante su actuación en la jurisdicción de la Quinta Brigada, amplió su
repertorio de ignominia y criminalidad a la violencia contra las mujeres. Tal y como lo estableció
Americas Watch, “a las mujeres se les ve no solo como una fuente de información, sino de
gratificación sexual”116. Como se anotó anteriormente, a principios de 1993, los dirigentes
comunales de Tibú y El Tarra, informaron a la procuraduría que los soldados de la Brigada Móvil
N° 2 habían violado a una mujer y una menor de 15 años117.
En efecto, uno de los casos tuvo lugar el 9 de febrero de ese año, cuando dos soldados
encapuchados, uno de ellos llamado Victoriano Boita Mejía, llegaron a la casa de la menor
NUBIA ELIZABETH ESTUPIÑAN ARIAS, de 15 años, durante un operativo realizado por
miembros de la Brigada Móvil Nº 2 en horas de la noche en la vereda Playa Cotiza del
116
117
AMERICAS WATCH. Estado de Guerra. Violencia Política..., Op. cit. p. 100
Ibídem. p. 101
148
corregimiento Filo Gringo. Una vez en la residencia de la menor encerraron al resto de la familia
en uno de los cuartos, y obligaron a Nubia a salir de la casa diciendo que el comandante quería
hablarle, mientras la amenazaban con matar a sus padres si se negaba.
Una vez que la retiraron, como a 20 metros de la casa, un soldado le dijo al otro "compadre ahí le
traje la china" y el otro respondió "métale un tiro o hágale lo que quiera a esa hijueputa";
entonces el soldado obligó a la joven a quitarse la ropa y acostarse, la violó y después la amenazó
para que no le contara a sus padres. Luego la mandaron entrar a la casa y que se quedaran todos
adentro por que ellos iban a estar toda la noche rondando.
La joven logró identificar al soldado que la violó por los rasgos físicos y por la cara: bajito,
moreno, cabello liso y áspero, de color castaño, orejas grandes, ojos grandes y negros, con una
"tetilla roja" dentro de un ojo, dientes sobre puestos y una cicatriz en el labio. El soldado había
estado días antes en la casa haciendo preguntas en varias oportunidades, por lo que fue
identificado como Victoriano Boita Mejía, tanto por la víctima como por los familiares. Nubia
fue amenazada de muerte si le contaba a sus padres o a cualquiera la violación de la que fue
objeto por el soldado Boita Mejía. El hecho se denunció ante la Personería Municipal de Tibú el
4 de marzo de 1993.
Los hostigamientos y agresiones de los miembros de la Brigada Móvil No. 2 continuaron el 21 de
noviembre de 1993. Ese día el joven EDUARDO MARTINEZ VERA y DOS JOVENES más
fueron asesinados por militares en estado de embriaguez, pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 2
en el corregimiento Filo Gringo. Eduardo y otro joven fueron sacados de un billar luego de ser
intimidados, y a unos 20 metros del lugar los asesinaron por la espalda; más adelante, en una casa
cercana, asesinaron al otro joven. Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados en
helicóptero a Tibú y presentados como "guerrilleros muertos en combate cuando pretendían
colocar una carga de dinamita en el oleoducto Caño Limón-Coveñas".
Un mes más tarde, el 28 de diciembre de 1993, la joven campesina NELSY PATRICIA
RODRIGUEZ, de 15 años, fue asesinada por varios hombres armados en la vereda Campo Yuca
de la Inspección de Policía Orú.
Las agresiones contra la población por parte de la Brigada Móvil No. 2 cesaron durante el primer
semestre de 1994. Empero, el 6 de agosto de 1994, se registró un nuevo crimen bajo la
responsabilidad de los miembros de esa unidad militar. Ese día, el campesino CARLOS
HERNAN GONZALEZ OREJARENA fue detenido y asesinado en un retén de la Brigada Móvil,
en el caño Las Lajas, zona rural de El Tarra. El militar al mando era el oficial Jorge Ralps Cruz y
un sargento de apellido Botello, oriundo del municipio nombrado.
El campesino se transportaba en una canoa junto con otros campesinos, cuando los militares les
ordenaron que se bajaran para una requisa. Luego les dijeron que se podían marchar y, en el
momento en que Carlos se iba a subir a la canoa, el comandante que dirigía el reten lo llamó y le
dijo a los demás que a él lo iban a dejar porque nadie lo conocía y lo miraban como sospechoso.
Los campesinos respondieron que si lo conocían hacía como tres meses. Entonces el comandante
le ordenó a Carlos que le mostrara la cédula y, cuando Carlos la iba a volver a guardar, el
comandante le dijo que le dejara ver la billetera, en la que le encontró una carta de su esposa
donde le decía "Mijo pídale permiso a la plaga para que lo dejen bajar que usted no esta
149
quemao, el quemao es Nano. Tómelo por una broma, ja ja ja". El comandante leyó esto último en
voz alta y luego le dijo a Carlos: "Cayó como legítimo guerrillero" y dirigiéndose a las otras
personas de la canoa les dijo que se fueran y que si se encontraban en el camino con otro retén
que no dijeran que se habían encontrado con ellos.
Después de haber sido asesinado, Carlos Hernán fue transportado en un helicóptero y
posteriormente presentado como guerrillero muerto en combate. El cadáver fue enterrado como
NN en el cementerio de El Tarra y los militares presionaron al inspector de policía del municipio,
Luis Gerardo Molina, para que hiciera un falso levantamiento del cadáver.
Un mes más tarde, el 26 de septiembre de 1994, los campesinos RAMON DAVID BAYONA
BAYONA, de 18 años, y JESUS ANTONIO HERNANDEZ CALDERON, de 20 años, fueron
asesinados por un grupo de hombres armados que los acribillaron de varios impactos de bala en
la vereda Manzanares.
En el segundo semestre de 1996, continuaron los hostigamientos perpetrados por la fuerza
pública y los grupos paramilitares contra los habitantes del área rural del Tarra. Al poco tiempo
de que se efectuaba un operativo militar, hacían su aparición los paramilitares, quienes se
encargaban de “completar” las jornadas de intimidación y muerte emprendidas por el ejército.
El 29 de septiembre de 1996, a las 10:30 de la noche, el campesino LEON ANGEL CANO fue
asesinado y SU ESPOSA fue torturada por el ejército en el sitio "Barranquillita" del caserío
Kilómetro 90. Los victimarios llegaron uniformados y con armas largas, irrumpieron
violentamente en la vivienda de las víctimas y, ante la negativa de los campesinos a entregarles
un ternero, procedieron a torturar, atar y amordazar a la mujer quien se encontraba embarazada y
apuñalaron gravemente a León. Los individuos permanecieron por espacio de dos horas en la
vivienda, comiendo, inspeccionando y saqueando el lugar. El herido se quedó quieto haciéndose
el muerto y, cuando se fueron los criminales, como pudo desató a su compañera y fue hasta
donde un vecino para que avisara a su familia. A las cinco de la mañana fue llevado al puesto de
salud, donde murió.
Según el testimonio de un habitante del lugar, "Los militares permanentemente efectúan los
patrullajes... colocan la hora que tiene uno que irse a dormir, bien temprano; llevan a cabo
allanamientos a algunas casas... que me acuerde yo por ejemplo con un señor que le decían
Santander, le hicieron varios allanamientos y se lo tenían al rojo como decían, pasaban casa por
casa haciendo unos listados, unas encuestas, esto si lo hacían parejo... pues eso, de todas
maneras a uno le da miedo porque uno no sabe que pretenden hacer con todo eso... ahí por
ejemplo no recuerdo la fecha, pero no hace mucho en el puesto de salud, los militares le dijeron
a todo el mundo que estaba ahí, que aquí tenían que llegar los paramilitares y que nos iban a
matar a todos, que este pueblo lo que es, es una parranda de hijueputas guerrilleros y que tal... y
nos cogieron por ese lado no? Entonces uno dice bueno, ellos ¿será que salen y los mandan,
mandan a los paramilitares? ...".
Los individuos inicialmente se identificaron como del Ejército Popular de Liberación -EPL-,
aunque vecinos del sector afirmaron que una patrulla militar había estado rondando la casa de las
víctimas hacia las 7:30 de la noche. Este sitio estaba ubicado aproximadamente a 800 metros del
Batallón de Contraguerrillas Nº 46 "Héroes de Saraguro". Los hechos fueron referidos por la
150
misma víctima quien dijo que “estos individuos eran militares que andaban buscando a unos
individuos dizque "el Paisanito" y "Carmito"; que seguramente para sacarle información habían
dicho que eran del EPL y que luego para disfrazar las cosas sobre todo delante de la esposa que
quedaba viva, habían afirmado ser paramilitares...". La familia por temor no denunció el crimen
ante las autoridades competentes. En el Foro de Derechos Humanos que se hizo en la región sí se
hizo la respectiva denuncia: "...la comunidad pues se consternó, vino al pueblo y protestó".
El 9 de octubre de 1996, el líder comunal CRISTIAN EMEY RINCON, de 30 años, fue
asesinado, y UN HACENDADO de 57 años sufrió un atentado. Las agresiones fueron realizadas
por individuos uniformados, armados y encapuchados quienes los atacaron por la noche en sus
residencias en el sitio "Los Balsos", en El Tarra. Los asesinos tocaron a la puerta de la vivienda
de Cristian diciendo que les abrieran que ellos eran "los compas". La víctima temerosa hacía por
ganar tiempo, pero una de sus pequeñas hijas les abrió la puerta.
Al ver a los hombres encapuchados Cristian salió corriendo e inmediatamente fue asesinado por
la espalda, en presencia de sus cuatro hijas y su esposa quienes se habían levantado sobresaltadas
por los golpes en la puerta. Los tiros que impactaron su cuerpo fueron de fusil calibre 32, igual
que las bainillas encontradas y los tiros en las paredes.
Uno de los testigos afirmó “sabemos que los militares estaban ahí cerquita acampando. No
sabemos si era el Batallón Cincuenta que también operaba aquí en la zona o eran los del
Saraguro que eran otros de los que estaban operando aquí en ese tiempo... Incluso el dueño de la
finca donde los soldados acampaban fue atacado la misma noche por los encapuchados que
asesinaron a Cristian, pero a pesar de sus 57 años, logró rodar por la ladera y escapar...". Bajo
estas circunstancias, el comportamiento militar deja mucho que desear porque estaban cerca del
lugar de los hechos, incluso uno de los testigos afirma que “esa tarde al oscurecer pasó una
comisión de seis soldados que estaban adscritos a la base que se sitúa en el Kilómetro Treinta y
Cuatro... un muchacho los encontró en Barranquillita a las siete media de la noche... O sea que
ajenos al hecho, no se hicieron presentes...".
Recordando un entrañable amigo
"...Cristian había trabajado mucho tiempo como presidente de una Junta Comunal en la vereda
Manzanares, y aquí apenas llegó se afilió a la Junta; era una persona que le gustaba trabajar
por el desarrollo de las comunidades, se destacaba como líder, y donde quiera que llegaba él
colaboraba mucho con las comunidades, en arreglo de caminos, en fundación de escuelas, etc.
Era una persona que le gustaba el desarrollo comunitario, entonces pues nosotros no nos
explicamos tampoco la muerte de él... Llevaba bastante tiempo como líder. El trabajaba con las
Juntas donde quiera que llegara, pues él criado en esta zona tenía aproximadamente como unos
diez años de trabajar con Juntas Comunales... O sea, no directamente, unas veces como líder y
otras como socio de una Junta... le gustaba mucho impulsar el desarrollo...".
Al año siguiente, entre el 18 y el 25 de abril de 1997, el campesino HUMBERTO MARTINEZ
DURAN, de 27 años, fue detenido, torturado, desaparecido y asesinado; y DOS HOMBRES más
fueron detenidos, torturados y amenazados de muerte, por miembros del ejército pertenecientes al
Batallón de Contraguerrillas Nº 50 "Batalla de Palo Negro" al mando del Oficial Germán Isaías
Niño.
151
Humberto fue detenido en compañía de dos amigos y llevado a la Estación de Policía de El Tarra.
Cuando los familiares se enteraron de su detención, fueron a dicha estación y lograron verlo,
hablando con él en dos ocasiones; en una de ellas él solicitó que por favor hablaran con la
personera municipal porque los habían tratado muy mal. A la tercera visita ya no les permitieron
verlo, pues el comandante de la estación informó que él estaba detenido por andar en compañía
de una persona que portaba unas semillas de coca y que las visitas para él estaban prohibidas.
Posteriormente, en una cuarta visita les informaron que Humberto había escapado y que ya se
había instaurado denuncia por ello.
Sus familiares se dieron a la tarea de buscarlo y solicitaron ayuda a la personera del municipio,
pero ella los atemorizó y les recomendó que lo mejor que podían hacer era abandonar el pueblo
porque corrían peligro. A pesar de esta advertencia su familia continuó la búsqueda, hasta que el
25 de abril hallaron su cuerpo sin vida colgado de un árbol con un orificio de bala en la espalda y
con señales de tortura.
Los pobladores que habían sido detenidos con Humberto fueron dejados en libertad el 20 de abril
y desmintieron la versión dada por las autoridades, ya que a Humberto siempre lo dejaban
esposado a uno de ellos; afirmaron que la noche que desapareció no lo habían dejado con ellos y
que lo único que escucharon fue unos disparos. También dijeron que los obligaron a firmar una
constancia en donde decía que ellos habían visto la fuga de Humberto, así como también una
constancia de buen trato. Agregaron que habían sido amenazados para que no denunciaran las
torturas y malos tratos de los que fueron víctimas todos los detenidos.
Cinco meses más tarde, en septiembre de 1997, los paramilitares arribaron al casco urbano del
municipio del Tarra y dieron muerte a uno de los habitantes. La víctima fue el carpintero JESUS
MADARRIAGA, quien fue asesinado en horas de la noche por varios hombres fuertemente
armados que vestían uniformes militares y estaban encapuchados, en el barrio El Tarrita. Los
victimarios llegaron a su casa, preguntando a su esposa por él, que se encontraba acostado en su
cama cuando los asesinos entraron violentamente a su cuarto y le propinaron varios disparos en la
cabeza. Ese día no hubo patrullajes del ejército en el pueblo, ni de las autoridades militares
instaladas en la base militar del sitio "Bellavista".
Los patrullajes de los paramilitares en la población de El Tarra volvieron a presentarse el 5 de
enero de 1998, día en el que varios hombres fuertemente armados incursionaron en una finca
administrada por CARLOS PALACIO y RAMONA TRIGOS, obligándolos a salir para luego
atarles las manos y conducirlos al sitio “Puente Bárbula” donde los asesinaron a tiros.
TEORAMA
Este municipio que durante la primera mitad del siglo XX fue liberal, para las elecciones de 1992
de alcaldes, concejales, diputados y ediles la mayoría se la llevaron los conservadores. En 1946 el
alcalde conservador atropello duramente a los liberales y además “el púlpito de la iglesia sirvió
para sugerir que la guerra era santa pues (… ) manifestaba que no era pecado matar liberales, sino
que tal acto ayudaba a la salvación”. La violencia bipartidista provocó la muerte de muchos
pobladores y la migración forzada a la Costa Atlántica saliendo por el municipio de El Carmen.
152
El resultado de toda esta persecución conservadora fue que Teorama dejó de ser un municipio
Libera118. Aunque la presencia bipartidista siempre fue muy fuerte, allí también hizo presencia la
Unión Patriótica.
La represión implementada por el estado y las estructuras paramilitares contra la población del
Catatumbo pone de manifiesto como la acción coercitiva ejercida por militares y paramilitares,
logró suprimir cualquier viso organizativo de las comunidades y e imponer un orden unívoco e
incuestionable en toda la región. El 3 de mayo de 1985, un campesino padre de familia de
apellido GOMEZ, sus hijos menores de edad LUIS A. GOMEZ, de 16 años, y VICTOR FABIO
GOMEZ, de 14 años, y sus primos ORLANDO VEGA, de 25 años, y JOSE AGUSTIN VEGA,
de 22 años, fueron asesinados, entre las 6 de la mañana y el mediodía en una acción conjunta
perpetrada por miembros del ejército y paramilitares en jurisdicción de la vereda Vijagual. Los 15
hombres que realizaron la acción vestían prendas militares y otros uniformes azules. Estos hechos
ocurrieron en el sitio El Aserrío, donde fueron asesinados dos campesinos aproximadamente a las
6:00 a.m.
En los años posteriores, no se volvió a registrar una acción conjunta en Teorama. Sin embargo,
lo que sí se logra evidenciar es una lógica de “relevos” en la autoría de los crímenes, los cuales
fueron cometidos tanto por la fuerza pública como por los grupos paramilitares que poco a poco
se posicionaban en toda la región, configurando una misma acción criminal que no tuvo ninguna
consideración con los pobladores del municipio. En los primeros meses de 1987, los
desconocidos comenzaron a sembrar el terror en la población. El primer crimen se registró el 16
de marzo de 1987, día en el que el campesino ISIDRO MONTAÑO PALLARES fue asesinado
en el cementerio de la Inspección de Policía Departamental San Pablo.
Durante el segundo semestre de 1988 las tropas del ejército ocuparon la población de Teorema
arremetiendo contra los campesinos que según su consideración, auxiliaban a la insurgencia. El
31 de octubre de 1988 en horas de la noche, el carnicero y pesero NEFTALI FRANCO
VILLAMIZAR de 30 años y su hija ALEYDA FRANCO de 11 años, fueron asesinados por
militares que llegaron hasta su vivienda en la Inspección de Policía Departamental San Pablo. Esa
madrugada, los militares llamaron a Neftali por su nombre y procedieron a disparar, sin que él
alcanzara a abrir la puerta. Los mismos disparos que atravesaron su cuerpo fueron a dar al de su
pequeña hija, asesinándola cuando dormía. Testigos de los hechos afirmaron reconocer en la voz
que hizo los llamados, la de un militar que solía dialogar con Neftalí y que pertenecía al Batallón
Vencedores.
La represión sistemática contra los habitantes de Teorama se reestableció a comienzos de mayo
de 1992. Con el paso del tiempo los ataques contra la población comenzaron a dirigirse a
sectores antes no vulnerados. El 5 de mayo de 1992, el joven estudiante EDUARD LEANDRO
DURAN TRIGOS, de 13 años, fue asesinado por desconocidos en el barrio El Carretero. Ese día,
varios sujetos llegaron hasta la tienda de propiedad de su mamá, pidieron dos gaseosas y, en el
momento en que el muchacho salía hacia el colegio, le dispararon. La comunidad estudiantil
repudió el hecho y exigió que se investigara y se hallara a los responsables. Los directivos del
Colegio José Vicente Concha declararon tres días de duelo por el homicidio de Eduard. Seis
118
Jorge Meléndez Sánchez. Comarca incendiada. Serie Ocaña Siglo XXI Tomo III 1999. ed. Códice Ltda. Bogota. P. 76
153
meses después los miembros de la policía del municipio masacraron a siete habitantes de
Teorama que se encontraban departiendo en un billar conocido como “Tutty”.
Masacre en el salón de billares “Tutty”
El 22 de noviembre de 1992, el comerciante y dueño del salón de billares "El Tutty" JULIO
ANGARITA ANGARITA, su hermano ELI ANGARITA ANGARITA, el comerciante ALIRIO
MENDEZ MARTINEZ, el obrero JOSE TRINIDAD BENITEZ, el campesino JOSE
CARVAJALINO RODRIGUEZ, el estudiante JOSE DAVID BUITRAGO CARRILLO y
ANTONIO PEREZ ROJAS, fueron asesinados por miembros de la de policía.
Hacia la 1:20 de la madrugada mientras varias personas se divertían, ingresó a los billares "El
Tutty" un policía vestido de civil y encapuchado, quién disparó con un fusil de alta potencia a los
presentes en ese establecimiento. El agresor arribó hacia el interior del salón, disparando y
saltando en zig - zag de un lugar a otro. Como resultado de su agresión asesinó a tres personas y
dejó a otros heridos que se encontraban en las primeras mesas; un joven herido, llamado José
David Buitrago, sacó un arma calibre 22 y dio muerte al encapuchado, quien resultó ser Roimer
Antonio Silvia Sierra, reconocido agente de la subestación de policía de la localidad.
Cuando cesó el tiroteo todas las personas que no estaban gravemente heridas salieron corriendo
del salón, unos pocos por la puerta principal y otros por una puerta lateral que comunicaba a la
sala de la casa con el billar, en uno de los cuartos se encontraba durmiendo Teresa López, esposa
del dueño del local, con sus tres pequeños hijos. Aproximadamente 15 minutos después llegó al
lugar una patrulla de cinco policías, entre ellos el Agente Carlos Orlando Lastra Páez, quién con
un fusil comenzó a rematar a las personas que su compañero Silva Sierra, el encapuchado, había
dejado heridas, y contra los presentes que aún quedaban. Mientras los policías remataban a las
víctimas les gritaban: "la ley es acabarlos a todos, porque si no cuentan la verdad". En ese
momento salió Teresa con su hija en brazos y al percatarse que Lastra iba a rematar a Julio, su
esposo, tomó con su mano izquierda el cañón del fusil que aún estaba caliente y que le produjo
graves quemaduras en la mano. Ella imploró insistentemente que no lo matara, pero el agente la
retiró y dirigió su fusil por encima del mostrador y lo asesino.
Lastra le gritaba que "suelte la niña para matarla a usted también", pero alguien gritó desde
afuera que a Teresa no la mataran, entonces ella logró salir corriendo hacia la casa de sus padres,
cerca del cementerio de la entrada al pueblo, donde contó lo sucedido y dejó a salvo a su hija.
Allí recordó que había dejado en el billar a sus dos pequeños hijos y regresó corriendo, gritando
por la calle que habían asesinado a su esposo. Cuando llegó al billar, Lastra continuaba allí y le
apuntó; ella le dijo "si me mata, me mata, pero yo los niños los saco". Otro policía gritó desde
lejos: "A la señora la deja entrar a sacar a los niños".
Entonces Teresa ingresó al cuarto donde había dos camas y al no ver a sus hijos gritó: "¿donde
están mis hijos?". Los niños se habían escondido con José David Buitrago y Antonio Pérez.
"Aquí estamos nosotros, mamá" y ella los tomó de la mano y los sacó. Enseguida escuchó la voz
de Antonio que le decía: "vamos a morir inocentes por estar jugando". El agente Lastra que se
encontraba cerca los escuchó, se agachó y le disparó a José David en la cabeza y luego mató a
Antonio. Teresa salió mientras escuchaba los tiros que dejaron toda la habitación destruida.
154
Media hora después de las primeras muertes en el billar, el Inspector de Policía de Teorama
Hernando Clavijo Montejo recibió en su casa al sargento Antonio Batista Aponte (comandante
del puesto de policía) con cuatro agentes más (todos fallecidos en un ataque subversivo hecho a
la estación de policía posteriormente), quien le ordeno trasladarse al lugar de los hechos para que
hiciera el levantamiento del cadáver del agente que habían matado (Silva Sierra). Efectivamente
él se desplazo con su secretaria Nubia Gómez. Cuando llegó se sorprendió del número de
víctimas que había, por ello decidió ir a la Inspección con su secretaria a traer mas papelería y
elementos necesarios para la diligencia, siendo deber suyo el quedarse a realizar el levantamiento,
pues era la función propia de su cargo. En ese intermedio ocurrieron los disparos que causaron
la muerte a José David y Antonio, los cuales fueron escuchados por Clavijo en la inspección. Una
vez regreso al billar, los policías le exigieron que hiciera primero el levantamiento del cuerpo de
su compañero Silva Sierra; suceso que ocurrió a las 2:30 de la madrugada conjuntamente con el
de los demás civiles muertos, debido a la presencia de los familiares de estos. A las 4:30 se
encontraron dos víctimas más "en el traspatio" del billar.
Después de estos acontecimientos Teorama fue militarizado por la fuerza elite y el ejército,
quienes quisieron en principio hacer creer que la masacre se cometió para contrarrestar un intento
de toma de la guerrilla; posteriormente reconocieron que su afirmación era errada ante las
autoridades que desarrollaron la investigación del hecho. Por su parte, la versión policial justificó
la masacre, aduciendo que guerrilleros dieron muerte y desarmaron al agente Silva Sierra, por lo
que "el personal de la subestación acudió para dar captura a los autores del hecho". Agregó
además que en "un confuso hecho" perdieron la vida los siete hombres, y que en poder de las
víctimas fue encontrado un fusil de dotación de la policía. Ese día, el agente José Libardo
Mayorga Garay estaba de Comandante de Guardia y su superior era el sargento segundo Manuel
Antonio Bautista Aponte de la subestación de Teorama.
En la investigación subsiguiente al hecho, según la oficina de investigaciones especiales-policía
judicial, en respuesta a concepto técnico ordenado de balística, determinó que analizado el acervo
probatorio de todas las diligencias realizadas se tiene que "las 17 vainillas de calibre 7.62 mm
recogidas en el escenario de los hechos, presentaron características de identidad con las
percutidas en prueba con el fusil marca Galil SAR, calibre 7.62 mm No. 8-1935025, lo que
significa que esta arma disparó los 17 cartuchos; arma que según relación de dotación le
pertenecía al agente de policía Lastra Páez".
La persecución a los líderes de las nuevas propuestas políticas surgidas de los diálogos entre la
insurgencia y el gobierno desde la década de los ochenta, se explicitó en Teorama, no sólo por
parte de los grupos paramilitares sino por la fuerza pública, la cual “formalmente” declaraba su
deber patrio de proteger a la población civil y en la practica realizaban una represión abierta,
mostrando su intolerancia con los opositores al establecimiento. Una muestra de las operaciones
de exterminio emprendidas por los agentes del estado contra la oposición política tuvo lugar el 3
de abril de 1993, día en el que el campesino y concejal de Teorama por el movimiento Esperanza,
Paz y Libertad, FREDDY BUITRAGO ESTRADA, de 29 años, la joven campesina NUBIA
CELIZAMA BUITRAGO, de 17 años, y un campesino conocido como "POLONCHO" de 20
años, fueron torturados y asesinados por militares de la Brigada Móvil No. 2 en la vereda La
155
Llana de la Inspección de Policía Departamental San Pablo. Inicialmente, las víctimas fueron
presentadas como guerrilleros de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional -UC ELNmuertos en combate, pero pobladores de la región desmintieron la versión y afirmaron que las
víctimas eran "campesinos de la región y servidores de la comunidad" que fueron ultrajados y
fusilados por los militares.
Una semana más tarde, el 10 de abril de 1993, caería otra victima a manos de los efectivos de la
Brigada Móvil No. 2. Ese día, la promotora de salud de la vereda La Llana ELIDA ANGARITA,
fue herida en un pie y torturada por los militares en la misma jurisdicción.
Los hostigamientos contra los habitantes de la Inspección departamental de San Pablo
continuaron en el segundo semestre de 1994. El 13 de junio, los militares torturaron y
desaparecieron al campesino LUIS ALIRIO RODRIGUEZ PINEDA; entretanto, su esposa
CELINA FRANCO fue sometida a torturas psicológicas. Los militares llegaron a su residencia
hacia las 5:30 de la mañana, derribaron la puerta, golpearon a Luis Alirio y le ordenaron que les
dijera "todo lo que sabe". También insultaron a su esposa Celina Franco y la amenazaron con
matar a su bebé de tres meses y a otros dos de sus hijos si no hablaba; después se lo llevaron con
rumbo desconocido.
Al día siguiente Luis Alirio fue torturado en las Instalaciones de la II Brigada con sede en
Barranquilla; después de ello, no se conoce nada sobre su paradero. Su esposa ha denunciado el
hecho a las autoridades en reiteradas ocasiones; sine embargo, estas no han dado respuesta sobre
la ubicación de su esposo.
Durante 1995, los paramilitares dieron inicio a una fuerte arremetida contra la población de
Teorama, la cual se evidenció desde mediados del mes de abril. El día 18 de ese mes, fue
asesinado UN HOMBRE conocido como “TOÑO”, en la vereda Quince Letras del corregimiento
de San Pablo. Cuatro meses más tarde, el 21 de agosto de 1995, fue asesinado UN HOMBRE de
27 años en la Vereda Puente Azul del mismo corregimiento.
A pesar de las denuncias proferidas por la población de Teorama y la personera municipal ante la
alarmante oleada de violencia, la comisión de CLH continuó desde los primeros días de octubre
de 1995, en la Inspección Departamental de San Pablo, jurisdicción del municipio terriblemente
azotada por el terror paraestatal. El primer día del mes, el campesino JOSE DE JESUS MORA
fue asesinado por tropas del ejército pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas Nº 50 "Batalla
de Palo Negro" que llegaron a su vivienda, lo sacaron de su casa y luego le dieron muerte en el
sitio "La Batea", ubicado entre la Inspección de Policía Departamental San Pablo y el
corregimiento El Aserrío. En el hecho, SU CUÑADO fue señalado y hostigado por un Teniente,
que además le tomó fotografías. José de Jesús fue presentado como un guerrillero conocido como
"David" del Frente Armando Cacua Guerrero de la Unión Camilista Ejército de Liberación
Nacional -UC ELN-, "muerto" en un supuesto enfrentamiento con tropas de la unidad militar
mencionada.
Finalizando el año, el 1 de diciembre de 1995, LUIS ALFONSO PEREZ ROJAS fue asesinado
por el paramilitar Giovanny Torrado Aro, alias "Yim", "Yimy" o "Andrés", en la vereda Puente
Azul de la Inspección de Policía Departamental San Pablo.
156
1997 manifestó un número considerable de acontecimientos delictivos cometidos por la alianza
militar-paramilitar. El primero de ellos data del 2 de febrero, cuando el joven MANUEL
GUERRERO FRANCO de 28 años fue asesinado en extrañas circunstancias en la vereda la
Llana del Corregimiento de San Pablo. Nueve días después, el 11 de febrero de 1997, las amas de
casa CARMEN MARIA MELO SUAREZ, de 50 años, ALBA ROSA SALAZAR MELO, de 23
años, y la campesina NUBIA ESTELA SALAZAR MELO, de 15 años, fueron asesinadas por
individuos fuertemente armados en la Inspección de Policía Departamental San Pablo. Los
asesinos, que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, iban encapuchados y
fuertemente armados, ordenaron a las víctimas a tirarse al piso; luego las amarraron y se las
llevaron a unos minutos del caserío de la parte central de San Pablo, en donde se escucharon
varios disparos. Sus cuerpos sin vida fueron hallados más o menos a 350 metros de esta zona
habitada, en la vía que conduce al corregimiento El Aserrío.
Tres días después de la masacre de la familia Melo, el 14 de febrero de 1997, el campesino
DIOSEMEL MENDEZ MARTINEZ, de 35 años, fue amenazado y torturado física y
psicológicamente por miembros del Batallón de Infantería Nº 15 "Santander" en el caserío El
Trigo. Los militares acusaron a Diosemel de estar involucrado en la muerte de un soldado en el
cerro "Las Flores" y lo sometieron a torturas mediante ahogamiento y golpes en todo el cuerpo.
Uno de los soldados que se quedó a cargo de la víctima lo amenazó diciéndole que le iba a quitar
las uñas una por una, le iba a cortar las orejas y que lo iba a tirar por un monte abajo.
Posteriormente lo llevaron al Batallón, donde le hicieron curaciones, le aplicaron una inyección y
le lavaron la ropa ensangrentada. Finalmente lo obligaron a firmar unos documentos de buen
trato, diciéndole que era para no tener problemas. El caso fue puesto en conocimiento de la
Personería Municipal de Teorama el 17 de febrero de 1997.
Dos meses más tarde, el 12 de abril de 1997, el campesino JOSE NAUM SANTIAGO
QUINTERO, de 33 años, la ama de casa MARY LUZ LEMUS ROPERO, de 20 años, y la
campesina YULIETH LEMUS ROPERO, de 13 años, hermanas entre sí, fueron torturados por
miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 50 "Batalla de Palo Negro" en el sitio "La
Muralla", zona rural de Teorama. Los militares llegaron a la casa de José Naum y golpearon a la
puerta, al no abrir rápidamente, irrumpieron de forma violenta y lo tiraron al piso boca abajo;
luego lo sacaron de la casa, allí le amarraron las manos atrás y lo pusieron boca arriba con una
toalla amarrada alrededor de la cara. Posteriormente le empezaron a echar agua hasta casi
ahogarlo mientras lo golpeaban y le preguntaban por la guerrilla y por unos fusiles que según los
militares, unos guerrilleros habían dejado allí el día anterior. Los militares buscaron en toda la
casa y se llevaron a José a unos metros de la misma, donde prosiguieron las torturas; luego
regresaron a la casa y obligaron a la víctima a excavar en el patio para ver si encontraban los
fusiles. El caso fue puesto en conocimiento de la Personería Municipal de Teorama el 23 de abril
de 1997. Una semana después de los operativos de los miembros del batallón Palo Negro, fue
asesinado un HOMBRE de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda Caño Seco del
corregimiento de San Pablo, el 20 de abril de 1997.
Los vejámenes del ejército y los grupos paramilitares prosiguieron a mediados de agosto de
1997. El 14 de agosto, el estudiante de secundaria del Colegio Departamental Integrado del
Catatumbo y personero estudiantil, ERNESTO BALMACEDA CARRASCAL, de 18 años, y el
cobrador de impuestos rurales del municipio, ROBERTO UMAÑA ASCANIO, de 30, fueron
asesinados por dos soldados del ejército en el Corregimiento El Aserrío. Según testimonios, los
157
militares les propinaron varios disparos de arma de fuego en la cabeza y huyeron. El doble
crimen fue cometido a sólo 150 metros de una base militar, de donde no se recibió ayuda alguna
para capturar a los responsables. Cuatro días después, el 18 de agosto de 1997, los campesinos
ANTONIO RICAURTE MELO, de 42 años, GERARDO PABON, de 24 años, y SALVADOR
CELIS, de 30 años, fueron asesinados por hombres armados sin identificar, que incursionaron en
tres viviendas de la vereda El Rabo, sacando por la fuerza a sus ocupantes, las víctimas, para
luego llevárselos y asesinarlos. Los cuerpos sin vida de los campesinos fueron encontrados en la
vereda Brisas del Páramo.
Las operaciones del ejército y los paramilitares en Teorama
A finales de 1997 las unidades del ejército realizaron varios operativos de contrainsurgencia en el
área rural de Teorama, acompañados por Giovanny Torrado Aro, exguerrillero del EPL y
paramilitar de la región, conocido como “Yim”, “Yimy”, o “Andrés”, responsable de la muerte
de uno de los habitantes del municipio y encargado de “identificar” a los “integrantes o
auxiliadores de la insurgencia”.
En diciembre de 1997, ABEL ANTONIO BAYONA, campesino de 26 años, fue detenido y
torturado por el ejército y por el paramilitar Giovanny Torrado Aro, alias "Yim", "Yimy" o
"Andrés". Posteriormente fue encarcelado varios años por haberle dado alojamiento en una
oportunidad a éste último, cuando era guerrillero del Ejército Popular de Liberación -EPL-. Ese
día, Abel Antonio se encontraba realizando un trabajo en el Hotel Jorgito. Hasta allí llegó el
ejército acompañado por un encapuchado; una vez allí golpearon a Abel, lo sacaron del sitio y lo
llevaron a patadas hasta su vivienda, donde al llegar fue tirado al piso y humillado delante de su
esposa e hijos. Posteriormente, los agresores requisaron el lugar y dañaron los pocos enseres que
había.
El encapuchado que acompañaba a la tropa descubrió su rostro y fue reconocido por Abel
Antonio y su esposa como "Yimy" o "Yim", un muchacho a quien le habían dado alojamiento en
su casa y de quien supieron después que era militante del EPL. La esposa recordó haber
escuchado en una oportunidad a su esposo discutir con ese individuo y a éste amenazarlo;
después de ese incidente no lo volvió a ver. Ahora había aparecido a acusarlo de auxiliar y
colaborador de la guerrilla, lo mismo que le venía haciendo junto con los militares a muchas otras
personas de la región, algunas de las cuales ni lo conocían.
Abel Antonio fue llevado al Batallón de Infantería Nº 15 "Santander" en Ocaña, donde estuvo
varios días recluido. Sus familiares y abogado temían por su vida pues cuando su esposa fue a
visitarlo una vez en la Fiscalía le encontró moreteada la cara, hinchados los ojos y golpeado el
cuerpo, pero no quisieron hacer la denuncia de torturas por temor. Al momento de su testimonio,
después de dos años, estaba a punto de recobrar su libertad.
Anteriormente, Abel Antonio había sido detenido por miembros del ejército, quienes lo liberaron
una vez le tomaron una declaración y lo reseñaron. El testimonio de un campesino expone el
señalamiento a que son sometidos tanto Abel como los demás pobladores de esta región: “...no
se cómo tenemos que vivir los campesinos: ya no se puede conversar con nadie, con ninguna
persona. Si una persona entra armada a una casa ya también nos tienen por guerrilleros... en
158
fin, que si el ejército, entonces el ejército tampoco puede dentrar a ninguna casa... qué diremos
(sic)! Y es que todo humano tiene derecho entonces a dentrar a quien quiera a su casa... uno
tiene que estar humillado de todo y por todo... En una casa puede entrar un guerrillero, puede
dentrar uno del ejército... que nosotros cómo hacemos para echarlo pa fuera... sí, nosotros cómo
hacemos? Puede pedir que le den agua... nosotros tenemos que brindarle agua, si hay café... café
porque nosotros somos campesinos y consideramos el que anda por ahí, que anda es sufriendo,
sufriendo, entonces por qué hay que cerrarle la puerta? Los campesinos no somos así. Si el
ejército llega y está sufriendo también anda buscando ayuda y cualquiera, claro, que dentre!
Pero cómo va a ser que porque entre a la casa la guerrilla, entonces nos tan dijendo porque
somos guerrilleros y nosotros como campesinos cómo...? Cómo hacemos con el gobierno...".
El mismo grupo paraestatal que torturó a Abel Antonio Bayona, compuesto por miembros del
ejército y el paramilitar Giovanny Torrado Aro, alias "Yim", "Yimy" o "Andrés", en fecha no
precisada del año 1997 asesinó al campesino ARTURO AMAYA. A la esposa de Arturo le
avisaron que su madre había muerto en Cúcuta, por lo cual la pareja decidió viajar hacia esa
ciudad. Cuando se desplazaban en un bus de servicio público, el automotor fue detenido en el
paraje "La Ye" por los militares quienes hicieron bajar a los pasajeros, llevándose además a
Arturo. La esposa, muy confundida, les suplicaba que no le hicieran nada, que él era un
trabajador común y corriente que no le hacía daño a nadie. Entre los uniformados apareció un
individuo que alguna vez había pedido alojamiento en su casa y que en ese entonces dijo llamarse
Yimy. Éste les dijo a ambos inmediatamente que "si era que no se acordaban cuando él era
guerrillero que lo dejaban dormir en su casa". ...Después de muchas súplicas éste individuo le
prometió a la señora que no iba a pasarle nada a Arturo, que hiciera ella la diligencia en Cúcuta
que al regreso lo encontraría ahí. Pero al día siguiente la señora fue notificada del asesinato de su
marido. Su cadáver fue encontrado doblado dentro de una alcantarilla.
CONVENCIÓN
Durante los últimos años de la colonia española este municipio se ocupaba de exportar el cacao
que tenía sembrado en sus partes bajas y mantenía cultivos de caña de azúcar. Luego el café tomo
el lugar más importante en la producción agropecuaria, justo cuando este producto tomaba gran
importancia a nivel internacional. El café fue la causa principal de poblamiento hasta bien
avanzado el siglo XX, como nos cuenta Jorge Meléndez: “el café es el rector de la economía
lugareña y el mayor índice de su progreso”, así mismo fue durante mucho tiempo el municipio
primer productor de caña panelera en el departamento Nortesantandereano119.
Además allí hubo “presencia de dos decenas de extranjeros en su marco urbano y ellos, en su
mayoría norteamericanos. La razón está en el oleoducto de la SAGOC”.
Los primeros blancos de la represión estatal en Convención fueron los miembros del sector
estudiantil cuyas luchas y reivindicaciones cobraron un fuerte impulso durante la década del
setenta en todo el departamento. En el mes de abril de 1976 un número considerable de
estudiantes fueron detenidos y sindicados por la policía, el F-2 y otros funcionarios públicos en
este municipio. Esta situación tuvo lugar específicamente el 26 y 27 de abril de ese año. En el
119
Jorge Meléndez Sánchez. Comarca incendiada. Serie Ocaña Siglo XXI Tomo III 1999. ed. Códice Ltda. Bogota. P. 79 y ss.
159
curso de los días señalados, SEIS ESTUDIANTES fueron detenidos por miembros de la policía y
agentes del F-2.
A mediados de la década del ochenta se desencadenó la persecución
sistemática contra la población de Convención que apoyó el Paro Cívico del
Nororiente que se llevó a cabo en junio del 87, y las marchas campesinas de
mayo del 88. En los periodos posteriores a estas manifestaciones masivas se
evidenció la complicidad entre los grupos paramilitares y la fuerza pública
para contener y eliminar a los pobladores que según ellos, se contraponían o
cuestionaban el “orden social”. Paralelamente las unidades del ejército dieron
curso al exterminio sistemático de la oposición política que hacía presencia
en el municipio, caracterizado por un amplio apoyo a corrientes políticas
alternativas como la Unión Patriótica.
El paro del Nororiente y las listas de la muerte en Convención
Después del primer Paro Regional del Nororiente que tuvo lugar en el mes de junio de 1987, 16
dirigentes de la Coordinadora Popular, una de las organizaciones que convocaron a la
movilización, fueron asesinados por la fuerza pública y por los paramilitares entre junio y
septiembre de ese año: “Más de 10 activistas y dirigentes sindicales y populares que participaron
de manera decidida tanto en las tareas de preparación como de realización del movimiento,
fueron asesinados por los supuestos grupos paramilitares”120. Así mismo, las sedes de ASINORT
en Cúcuta y Ocaña fueron semidestruidas por las bombas paramilitares y los dirigentes sindicales
de USITRAS, ASINORT y USO recibieron varias amenazas de muerte.
En el mes de junio de 1987 se conoció la existencia de las llamadas "Listas de la muerte" que
incluían a cientos de personas en todo el país. Una de las listas mencionadas apareció en Norte de
Santander y recogía los nombres de 77 personas a las que se iba a asesinar. Esta lista de la muerte
fue elaborada por grupos paramilitares, tras la realización, a comienzos del mismo mes del
exitoso Paro Cívico que cobijó los departamentos de Santander, Cesar, Norte de Santander y la
intendencia de Arauca.
A mediados del mes de junio de 1987, los dirigentes campesinos y cívicos SAID QUINTERO
PEREZ, HECTOR MELO, JORGE TELLEZ QUINTERO y WILSON BECERRA, líderes del
Paro Cívico del Nororiente del país, fueron asesinados en diferentes circunstancias por miembros
del grupo paramilitar Muerte A Secuestradores -MAS-, en Convención. Las víctimas
encabezaban la mencionada "lista negra" de dirigentes campesinos, tomada a un agente de la
120
El día 29 de junio de 1987 fue asesinado el abogado José Francisco Ramírez en Valledupar; el 6 de julio a escasos metros de
los cuarteles de la policía y el F-2 en Bucaramanga, fueron baleados Nicasio Jerez, Roque Jerez Guisa y Ciro Antonio Guisa,
hechos en los que quedó paralítica Luz Marina Galeano. El 15 de julio en Barrancabermeja fue asesinado Euclides Garzón y al día
siguiente, en la vía Málaga Santander fueron asesinados Bernardino García, Jairo Blandón y Luis Francisco Guzmán, los tres
dirigentes sindicales de la Empresa Gas de Santander. El 23 de julio de 1987 en Ocaña fue asesinado el profesor Jesús Hernando
Sanguino Jácome y en la vía Río de Oro, Norte de Santander, apareció el cadáver de Víctor Contreras, dirigente campesino
desaparecido unos días antes. Periódico Revolución, 3 al 9 de agosto de 1987. p. 4
160
Policía Nacional por miembros de la oposición. Frente a sus nombres aparecía la palabra
"Cumplido".
Otras sesenta y siete personas, así como cuatro familias, participantes en el paro cívico y
residentes en diferentes municipios del departamento, estaban igualmente relacionadas en la lista,
entre los cuales figuraban los dirigentes campesinos y cívicos LUIS COLLANTES, ANTONIO
AREVALO, JORGE SANCHEZ, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER CASTILLA, CARLOS
MENDEZ, EMILIO SOLANO, PATROCINIO GUERRERO, ALFONSO ZAPARDIEL,
MOISES PAYARES, GUSTAVO MENDEZ, ALFONSO TORRES ORTEGA, ANTONIO
ESTEVEZ, JUAN ORTEGA SUAREZ, HELI MANOSALVA, PEDRO JULIO ABRIL, JESUS
PEDROZA, JESUS GALVIS, ANTONIO RIOBO, CAMPO ELIAS MOLINA, SAUL
QUIROGA, JOSE DEL CARMEN CASTILLA, MANUEL BOTELLO, GUSTAVO
CONTRERAS, WILLIAM SUAREZ, KENNEDY ARDILA, LUIS SANTIAGO, JOSE DEL
CARMEN LOZANO, FERNEL MANZANO, LUIS CARLOS CARRASCAL, SANTOS
ESTEVEZ, JUANITA ORTEGA, FIDEL GALVIS, MARCOS ZAMBRANO, LUIS ORTEGA,
ENCARNACION VELASQUEZ, CARMELO SOLANO JUNIOR, PABLO AREVALO S.,
ALFARO SOLANO, MIRIAM DE RIOBO, DAVID CARRASCAL, JOSE DEL CARMEN
CONTRERAS, HERMES CARRASCAL, CHITO O. VELASQUEZ, MIGUEL QUINTERO,
ALVARO TORRES, MANUEL RIOBO, FEDERICO MENESES, ALIRIO PINO PEINADO,
ANTONIO PACHECO, conocido como "El Conejo" y un hombre de apellido QUINTERO.
En la "lista negra" también fueron amenazados los campesinos OBDULIO CASTILLA,
ALONSO ORTIZ, CENOVIO MARIA ROPERO, MARGARITA SUAREZ DE MENESES,
DIOCEMEL MENESES, JOSE TRINIDAD GARCIA, BALMES TELLEZ ABRIL, JULIO
QUINTERO, JOEL PEREZ, conocido como "El Negro", un campesino de apellidos TELLEZ
ABRIL, conocido como "El Mono", un campesino de apellido SUAREZ, conocido como "El
Mocho", un campesino de apellido SANDINOS, un campesino de apellido ANGARITA, un
campesino de apellido PACHECO, un campesino de apellido TORRES, un campesino de
apellido SANTIAGO, un campesino de apellido CORONEL, un campesino llamado ARTURO,
conocido como "El Negro", y un campesino llamado JUAN, conocido como "El Chapulín".
A partir de este suceso se evidenció la utilización ilegal de grupos paramilitares para realizar la
labor de exterminio de los dirigentes campesinos relacionados con el Paro Cívico del Nororiente,
desvinculando con ello a las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en la elaboración
de la "lista negra", así como a los sectores políticos y económicos afectados en sus intereses por
este paro cívico. En contraste, las soluciones a las reivindicaciones planteadas en el pliego a
partir de la discusiones entre los manifestantes y el gobierno estaban lejos de verse, situación que
hizo que las marchas campesinas del año siguiente pusieran como objetivo principal de sus
acciones la defensa de la vida por encima de sus carencias regionales y sociales.
Las Jornadas de Mayo de 1988
Como precedente a las multitudinarias marchas campesinas en defensa de los derechos
fundamentales que se realizaron en la última semana de mayo de 1988, se presentaron dos
crímenes en los primeros meses del año en Convención. El 7 de enero LUIS DARIO BAYONA
QUINTERO sería asesinado por desconocidos, mientras que el día 26 del mismo mes el
161
candidato a la alcaldía del municipio y dirigente de la Unión Patriótica, UP, RAMON ANIBAL
DIAZ CARVAJAL, la personera municipal y miembro del mismo partido político ELIA
CECILIA CASTRO PARADA DE DIAZ, y el ex funcionario del Estado y miembro del Partido
Conservador ALIRIO ALFONSO VERA JACOME, serían asesinados igualmente por
desconocidos al salir de una reunión política en Convención. Ramón Aníbal había sido
reiteradamente amenazado de muerte por sus denuncias sobre las desapariciones que en la zona
se venían cometiendo por parte de los grupos paramilitares.
El 23 de marzo de 1988, dos meses antes de las multitudinarias marchas campesinas, 5000
campesinos ocuparon la población de Convención para exigir al gobierno solución a algunas de
sus reivindicaciones y presentar su protesta por las frecuentes violaciones a los Derechos
Humanos en esta región; éste acto sentó las bases de apoyo popular para las importantes
movilizaciones que se presentarían después. A propósito de estos acontecimientos, uno de los
dirigentes de las protestas exponía las razones por las cuales los pobladores habían decidido salir
a las calles: “ (...) en vista de tantos engaños que hemos padecido siempre, tantas promesas por
parte de los politiqueros, organizamos una movilización campesina a Convención (...)” la
situación de derechos humanos “es bastante lamentable, se sufre mucho la represión, mucha
tortura y son especialistas en esto, desaparecidos, invasiones a las casas, infinidad de cosas”121.
Dos meses después tuvieron lugar las Marchas de Mayo, protagonizadas por miles de
campesinos de toda la región quienes cansados de los atropellos y el olvido oficial se lanzaron a
las calles para hacerse escuchar.
Desde el 22 al 26 de mayo, fueron bloqueados 200 campesinos en Convención, quienes fueron
igualmente objeto de atropellos, robo de alimentos y ropa, y los vehículos en que se movilizaban
desvalijados”122. El 23 de mayo, prosiguieron los hostigamientos contra los manifestantes y
lideres de las marchas. Una de las primeras víctimas fue un líder político de A Luchar,
organización que promovió las marchas campesinas. Se trataba del campesino y miembro de ese
movimiento, JESUS VERGEL, quien fue asesinado el 23 de mayo por un Teniente de apellido
Romero del Batallón de Infantería No. 15 Santander, en la vereda Guasiles del corregimiento La
Trinidad.
La arremetida contra los participantes de las marchas campesinas continuó el 3 de julio de 1988,
fecha en la que el campesino cofundador y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos -ANUC- en Convención, miembro del concejo asesor de la sucursal de la Caja
Agraria y del concejo municipal de rehabilitación, JAVIER DE DIOS ACOSTA SANCHEZ, de
43 años, fue asesinado, por paramilitares que le dispararon 5 veces cuando se dirigía a una casa de
su propiedad en el barrio La Primavera de Convemción. Cuatro semanas más tarde, el 27 de julio
de 1988, el ingeniero agrónomo y alcalde de Convención por el partido conservador, RAMIRO
GARCIA VELÁSQUEZ, de 27 años y MAGOLA RAMÍREZ PEREZ, fueron asesinados por
desconocidos en presencia de las autoridades policiales, las cuales no hicieron nada por impedir el
homicidio del alcalde y su acompañante.
121
Movilización Campesina en Santander. La toma de Convención. En: REVISTA SOLIDARIDAD, No. 84, mayo 1987, Bogotá.
pp. 18 - 19
122
Las marchas de Mayo. En: COLOMBIA HOY INFORMA, junio 1987. Bogotá
162
La oleada de violencia emprendida por el ejército y los paramilitares continuó en los últimos
meses del año. El 9 de agosto de 1988, el militante de la Unión Patriótica LUIS JESÚS
ARÉVALO BLANCO, fue detenido y desaparecido por miembros del ejército en la vereda
Cartagenita. Seis días más tarde, el 15 de agosto de 1988 en la misma jurisdicción, HUGO
GAONA fue torturado y asesinado por desconocidos, después de ser sacado de su vivienda. El
cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de tortura, en la vereda La Laguna del mismo
municipio. En la época de la comisión del crimen, la zona estaba totalmente controlada por el
Ejército Nacional.
Un mes más tarde, el 24 de septiembre de 1988, otro activista de la UP fue victimizado por tropas
del ejército. Se trataba del concejal por la Unión Patriótica y dirigente cívico HUGO FERNEL
SANGUINO DURAN, quien fue detenido en su residencia y desaparecido por el ejército en la
vereda Las Pitas. Durante varios días, su vivienda permaneció rodeada por los militares. El
crimen contra Hugo Fernel tiene un largo antecedente de amenazas contra su vida. El 31 de
diciembre de 1986, siendo concejal por la Unión Patriótica, fue amenazado de muerte mediante
llamadas telefónicas realizadas por desconocidos en Convención. Posteriormente, en junio de
1987 fue nuevamente amenazado de muerte por el grupo paramilitar Muerte A Secuestradores MAS-, por haber participado en el paro cívico del nororiente.
En diciembre de 1988, los “desconocidos” cobraron la vida de otro de los miembros de la ANUC
que lideró la realización de las marchas campesinas, Esta vez la víctima fue el activista de la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ALIRIO MENESES, quien fue desaparecido, en
fecha no precisada de mes de diciembre de 1988.
A partir de la década de los noventa, la represión abanderada por las fuerzas militares y la policía
se dirigió decididamente en contra de la población de Convención. Paralelamente, los
desconocidos siguieron sembrando el terror en todo el municipio, centrando su accionar contra el
campesinado. Un panorama de esta situación son los casos que se presentan a continuación: el 3
de marzo de 1991, el campesino ENRIQUE OVALLO OVALLO, de 24 años, y el campesino y
menor de edad REINEL SOLANO ARGOTA, de 14 años, fueron asesinados, y DOS
PERSONAS más fueron heridas, por varios desconocidos que portaban armas de calibre 9 mm y
38 largo. Las autoridades sindicaron del hecho a “una columna subversiva”.
Durante ese mismo año, el 3 de julio de 1991, los campesinos CIRO SOLANO LOPEZ y JESUS
SANTIAGO PINO, fueron detenidos y desaparecidos por miembros de la policía, y encontrados
asesinados en el sitio "Puente Búrbura”, en zona rural de Convención. Los cuerpos sin vida de las
víctimas presentaban señales de tortura. Dos meses más tarde, el 30 de agosto de 1991, el
campesino LUIS ESTEBAN GARCIA junto a OTRO CAMPESINO, fueron detenidos y
torturados en la base militar La Esmeralda por miembros del ejército pertenecientes al Batallón
de Infantería de Montaña Nº 18 "Coronel Jaime Rooke". Los campesinos fueron liberados al día
siguiente, ya que por presión de organismos de derechos humanos fueron puestos a disposición
de un juez ordinario, quien les otorgó la libertad "por falta de pruebas de ser subversivos".
La persecución contra los profesores agremiados en la Asociación de Institutores de Norte de
Santander ASINORT, se reanudó durante el último trimestre de 1991, esta vez a manos de los
miembros del batallón “Coronel Jaime Rooke”, los cuales venían intimidando a la población
desde mediados del año.
163
ASINORT, blanco de la represión
El 13 de octubre de 1991, HUGUES LOPEZ ANGARITA, de 38 años, educador oficial de la
Escuela Rural Brisas del Catatumbo en el municipio de Teorama y quien residía en el municipio
de Convención desde hacía 12 años y miembro de la Asociación de Institutores de Norte de
Santander (ASINORT) Seccional Ocaña, fue asesinado, por dos hombres vestidos de civil, a
quienes habitantes de la región habían visto en la base militar La Esmeralda, adscrita al Batallón
de Infantería de Montaña No. 18 Coronel Jaime Rooke.
El 13 de julio anterior dos miembros armados de la Base Militar La Esmeralda intentaron
asesinarlo; Hugues los reconoció plenamente y los describió, presentando la denuncia.
Posteriormente, el 2 de agosto, el Mayor del ejército Leonardo Alfonso Borrero Gordilla presentó
denuncia penal ante el juez promiscuo municipal de Convención por el delito de calumnia en
contra de Hugues. El 24 de agosto siguiente, Hugues denunció estos hechos ante organismos
gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales, en el
Foro Regional por los Derechos Humanos que se llevó a cabo en Ocaña. El educador fue uno de
los organizadores de este foro y durante el mes anterior a su realización algunos de los
organizadores recibieron amenazas escritas en las que les decían que todos los organizadores del
Foro serían asesinados, tal y como sucedió dos meses después con Huges.
Los victimarios llegaron el 13 de octubre a las 5:00 p.m. a la casa de Huges, ubicada en el casco
urbano, y luego de intercambiar algunas palabras con él, le propinaron seis disparos de revólver.
Las directivas de ASINORT condenaron el hecho y protestaron por la negativa de trasladarlo con
anterioridad a su asesinato, a pesar de que había sido amenazado en varias oportunidades.
En noviembre de 1991, el grupo paramilitar Comité para la Reivindicación Moral de Convención
(CRMC), amenazó de muerte por medio de cartas a 26 personas, dándoles un plazo de 30 días
para abandonar el municipio. Dentro de los amenazados se encontraban familiares de la víctima,
educadores, comerciantes, campesinos y conductores. Dos días antes de cumplirse el plazo
llegaron varios sujetos armados recordando la amenaza, por lo cual muchos decidieron irse,
dejando sus trabajos y bienes.
Como producto de la represión anterior al crimen y del asesinato de Hugues, la población se
desplazó masivamente del municipio, los miembros de los sectores organizados tuvieron que
marcharse tras las amenazas de muerte y la población fue aterrorizada de tal manera que no se
atrevía a realizar ningún tipo de denuncias.
Con la aparición del grupo paramilitar Comité para la Reivindicación Moral de Convención
(CRMC) y las amenazas proferidas por dicho escuadrón contra 26 habitantes del municipio, se
marcaba el inicio del posicionamiento paramilitar en Convención. El 9 de noviembre de 1991,
OLVEYN TRUJILLO PAEZ fue asesinado por dos sujetos encapuchados que vestían prendas
militares, momentos después de que un civil lo sacó de su casa a las 5:00 de la tarde. Una
hermana de la víctima había sido visitada e interrogada días antes por miembros de la Batallón de
Infantería de Montaña Nº 18 "Coronel Jaime Rooke" y por varios encapuchados que iban con
164
ellos. En fecha no precisada del mismo año, fue desaparecido el poblador de Convención,
conductor y trabajador informal LUIS DELGADO AMAYA, de 40 años, quien fue retenido por
desconocidos. Luis manejaba un camión marca Dodge, color azul celeste. La última vez que su
familia supo de él, fue por una llamada que hizo a su esposa, supuestamente, desde Santa Marta,
el día 8 de noviembre, en la cual le comunicaba que viajaba para Bogotá llevando una carga.
Según un conocido de Luis, él viajó de Convención con dos individuos para la ciudad de Maicao
(La Guajira) a transportar un viaje de juguetería que iba para Bogotá. Según otras versiones, al
parecer podría estar detenido en la cárcel de Tunja (Boyacá) o en una cárcel de La Guajira.
La persecución contra las organizaciones e iniciativas populares que aun pervivían en el
municipio se incrementó a partir de 1992. Además del señalamiento y agresiones realizadas
contra los miembros de las organizaciones sindicales, cívicas y populares, los defensores de
derechos humanos se convirtieron en otro de los objetivos que debían ser eliminados ya fuese a
manos de las instituciones del orden o de los grupos paramilitares. El 31 de enero de 1992, el
presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (ASINORT), LIBARDO
SOLANO GUTIERREZ, otro SINDICALISTA de la misma organización, un DEFENSOR DE
DERECHOS HUMANOS del Comité de Derechos Humanos de Convención, un CONDUCTOR
y un INSPECTOR DE VIAS, ambos del ministerio de obras públicas, fueron detenidos,
amenazados y torturados por tropas de la base militar La Esmeralda del Batallón de Infantería de
Montaña No. 18 Coronel Jaime Rooke en la vía que conduce al municipio de Ocaña, en la
vereda La Esmeralda.
Libardo fue detenido junto con su compañero de organización, el conductor del vehículo y un
inspector de vías cuando se transportaba en un vehículo del ministerio de obras públicas hacia a
Ocaña. Además, fue detenido con ellos un integrante del Comité de Derechos Humanos que
intentaba trasladarse a Convención. Las víctimas fueron sometidas a interrogatorios y torturas
psicológicas. A los funcionarios del ministerio los liberaron luego, mientras que a los demás los
trasladaron a una camioneta del ejército totalmente carpada, amenazándolos de que lo iban a
matar y a desaparecer "sin dejar rastro".Los educadores de Ocaña iniciaron un paro en protesta
por el hecho.
Así mismo, cuando se cumplían 11 años de la masacre contra la familia Ascanio, tres campesinos
hermanos y miembros de la misma fueron detenidos, torturados y masacrados por tropas del
batallón de infantería de montaña No 18 “Jaime Rooke”. Sus cuerpos fueron abandonados en la
quebrada “La Sangre”, del municipio de Teorama. Los tres hermanos asesinados eran
MAMERTO, DINAEL y HERMIDES BAUTISTA ASCANIO, de 26, 24 y 22 años,
respectivamente.
Los campesinos, quienes eran habitantes de esta región, fueron detenidos por los militares en el
parque principal de Convención hacia las 11:30 de la noche y conducidos a pie hasta la salida
para Ocaña. Allí fueron obligados a abordar un carro Renault de placas KDB – 655 de Medellín,
de propiedad del Sargento Segundo Gildardo José Ospina, quien conducía el vehículo en
compañía del cabo José Cincery, llevándolos con rumbo desconocido. Al día siguiente fueron
encontrados en la vereda “La Sangre” con graves señales de tortura, amordazados con
esparadrapo, vendados y con varios disparos de armas de diferente calibre por encima de las
vendas
165
A finales del año 1993, los efectivos de la Brigada Móvil no. 2 sembraron el terror y la muerte en
Convención, a la par con otros municipios de la Provincia de Ocaña y la región del Catatumbo,
donde se establecieron desde mediados del año anterior. En la población de Convención las
unidades militares realizaron varias acciones conjuntas con las tropas paramilitares, agrediendo
indiscriminadamente a la población. Entre el 9 y el 11 de noviembre de 1993, el campesino
HUGO SANCHEZ, quien era enfermo mental, fue detenido, torturado y asesinado en una acción
conjunta entre paramilitares y miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 16 "Caribes",
adscrito a la Brigada Móvil Nº 2. Luego de asesinar a Hugo, los militares lo llevaron a Tibú y lo
vistieron con prendas militares para presentarlo como "guerrillero dado de baja en combate" el 11
de noviembre. Uno de los paramilitares que participó en el crimen fue el conocido con el alias
"Mano 'e Trinche", desertor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.
La oleada de violencia se mantuvo en 1994. En enero de ese año, el campesino ALID DE JESUS
TÉLLEZ, de 28 años, sufrió un atentado en confusas circunstancias y fue torturado en una vía
pública del municipio de Convención. El 14 de octubre de 1994, el conductor del candidato a la
Alcaldía de Convención, ALFONSO QUINTERO SOLANO fue asesinado por desconocidos
que interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto con el dirigente político y un concejal,
por la vía que conduce a la inspección departamental Cartagena. Los victimarios hicieron bajar a
Alfonso y lo acribillaron de 4 disparos; luego se llevaron el automotor y lo incendiaron a un
kilómetro del sitio del crimen. El candidato y el concejal fueron mantenidos en cautiverio durante
unas 6 horas. Alfonso era hermano de un diputado a la Asamblea Departamental.
La represión se tomó de nuevo las calles y veredas de Convención en el segundo semestre de
1995. El 10 de junio de ese año, los campesinos jornaleros, DAVID CARRASCAL CASTRO, de
20 años, y NUMAEL SANCHEZ LINDARTE, de 17 años, fueron detenidos y asesinados por
militares de la base La Esmeralda en el sitio Puente Búrbura. Dioselín y Nomael fueron detenidos
hacia las 9:00 de la mañana en un retén militar en el sitio mencionado, en la afueras de
Convención. A Dioselín le dijeron "este H.P. tiene es cara de guerrillero"; después de esto les
permitieron continuar hacia el municipio. Hacia las 4 de la tarde, cuando se encontraban en la
zona de tolerancia de la localidad, los obligaron a montarse en una camioneta 350 al servicio de
la base militar La Esmeralda.
Una hora más tarde los militares, simulando un enfrentamiento en el sitio Puente Búrbura en el
Trópico, pararon los carros e hicieron disparos al aire; luego presentaron a los dos jóvenes como
guerrilleros del Frente Armando Cacua de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional UC ELN- muertos en combates con tropas del Batallón de Infantería Nº 15 "Santander",
supuestamente asesinados luego que atacaran una caravana militar que se desplazaba por el sitio
"El Trópico" en la vía que une al municipio de Convención . Sin embargo, los cuerpos sin vida de
las víctimas presentaban disparos propinados a quemarropa y en las axilas, pues los habían
obligado a levantar las manos y arrodillarse, acribillándolos. Los pobladores del corregimiento La
Trinidad, donde habitaba Dioselín, y de la Inspección de Policía Departamental La Libertad
certificaron que las víctimas eran jornaleros y que el día de los hechos se dirigían desde allí hacia
el pueblo.
En la segunda semana del mes de octubre de 1995, una patrulla paramilitar incursionó en la
Vereda El Hoyo, quitándole la vida a dos de sus moradores. Los hechos ocurrieron el 9 de
octubre de 1995, día en el que la propietaria de la finca "San Miguel", JERONIMA
166
SARMIENTO DE SANTIAGO, de 51 años, y su empleado JOSE ANTONIO CARRASCAL
MARTINEZ, de 37 años, fueron asesinados, por unos quince desconocidos que portaban armas
de corto y largo alcance, quienes incursionaron en la finca de propiedad de Jerónima. Los
desconocidos, después de requerir la presencia de la mujer, la condujeron hasta el trapiche y la
acribillaron. En la finca se encontraba José Antonio, "quien se convertía en el único testigo
presencial de los hechos y por eso corrió la misma suerte de la patrona". A las dos víctimas les
propinaron disparos de armas de diferentes calibres. Anteriormente, el 28 de marzo del mismo
año había sido asesinado el esposo de Jerónima.
El registro de casos por parte de las estructuras paraestatales contra los habitantes de Convención
disminuyó considerablemente en 1996 y 1997. Sin embargo, el 12 de septiembre de 1998, a las
7:30 de la mañana, el ejército masacró a siete habitantes del caserío La Esperanza, ubicado en la
Inspección de Policía Departamental Las Mercedes. Ese día, el comerciante JESUS ANTONIO
MENDOZA ESPINOSA, de 28 años, TRES HOMBRES más y OTRAS TRES PERSONAS
fueron asesinadas en un operativo del ejército al mando del Teniente Coronel Víctor Hugo
Matamoros, ejecutado por miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 46 "Héroes de
Saraguro" y del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 "General Hermógenes Maza".
Esa mañana, los militares lanzaron morteros desde sectores lejanos contra la población,
destruyendo la casa de Jesús Antonio y el sector cercano en el que se encontraban las demás
personas, quienes fueron asesinadas con las bombas. Las víctimas fueron presentadas en las
instalaciones del Grupo "Maza" del ejército como guerrilleros. Días antes la insurgencia se había
tomado el puesto de policía de Las Mercedes llevándose a varios agentes con ellos, por lo que la
masacre fue tomada por los pobladores como una retaliación del ejército. Jesús Antonio era un
comerciante que se movilizaba por todo el departamento y anteriormente había aparecido en un
listado como colaborador de la subversión.
Después de estos hechos el ejército empezó una fuerte retaliación contra los campesinos de la
región; se empezó a infundir el terror en los pobladores y los señalamientos hicieron caer a la
población en una especie de paranoia colectiva; según un habitante de la región: "si veían varias
personas reunidas ya decían que era guerrilla; si se encontraban una persona que no conocían,
decían que era guerrilla, si andaba por ahí un forastero, por ese sólo hecho decían que era
guerrilla...".
El accionar militar coincidió con el ingreso de grupos paramilitares a la zona que con el apoyo
militar terminaron por consolidarse. A partir de ese momento las actuaciones que realizaban los
militares como miembros oficiales del ejército fueron transferidas a los grupos paramilitares,
tratando de esa manera de no relacionar la comisión de crímenes contra la población con la
institución militar. No obstante, los pobladores sabían lo que estaba pasando y de donde
provenían tales medidas. Respecto a la masacre de Las Mercedes, la comunidad se encontraba
inmovilizada por el miedo, pues temían nuevas represalias "...eso es lo que nos preocupa acá en
esta zona y por eso la gente tiene mucho miedo de lo que dice, pero yo si soy consciente de que
denunciando las cosas que suceden se le puede poner algo de coto a las malas actuaciones...".
Posteriormente a la avanzada paramilitar en este municipio se produjo un desplazamiento masivo
que detuvo el proceso de progreso y desarrollo que la misma comunidad había trazado para sí
misma por medio de sus líderes. Al respecto un campesino comentó que:
167
“Una de las cosas que nos preocupa acá en la región, ante la violencia que
estamos viviendo es que la mayor parte de líderes comunitarios, de los
principales líderes comunitarios de esta zona se fueron; todos han ido
abandonando sus cargos y han abandonado sus veredas. Gente que luchó
porque esto, por el municipio, porque tuviera luz, porque esta zona salga
adelante en el desarrollo como un pueblo más de Colombia, derecho que
tenemos como colombianos. Pero ya vemos: la mayor parte se han ido y las
pocas personas que quedamos nos mantenemos aquí porque no tenemos para
dónde irnos... porque como se dice, nos mantenemos luchando porque tenemos
hijos y esperamos que esto cambie...".
168
6. REGION CENTRO
La región Centro del departamento nortesantandereano está compuesta por siete municipios, los
cuales “soportan un alto grado de marginalidad que limita su articulación a la dinámica regional;
no obstante su alto potencial productivo”123. Esta situación se evidencia con mayor claridad si se
tiene en cuenta que la agricultura de subsistencia, principal sustento económico de la región hace
algunos años, ha sido reemplazada poco a poco por el establecimiento de la agricultura
comercial, actividad que beneficia a un sector muy reducido de la población. Por otra parte, el
acelerado proceso de ganaderización que se ha ido produciendo en municipios como Villa Caro,
Arboledas, Lourdes y Cucutilla, ha conllevado a que la acumulación de la riqueza siga quedando
en manos de unos pocos, en detrimento del común de la población.
Como si los factores señalados no bastaran, la presencia del Estado en esta región
Nortesantandereana es mínima y se reduce únicamente a la presencia militar, por lo que la
prestación de servicios básicos como la salud y la educación es muy precaria. Ello ha conllevado
a que los niveles de pobreza en las poblaciones que hacen parte de esta región de Norte de
Santander sean alarmantes.
Además del abandono al que ha sido sometida la población del centro del departamento por parte
del Estado, desde mediados de la década de los ochenta se desencadenó una persecución
sistemática por parte de la fuerza pública contra el campesinado de la población de Arboledas,
que con el devenir de los años se extendió a los demás municipios de la región. A ello se sumó la
llegada de los grupos paramilitares que hicieron su aparición en la zona a finales de la década del
ochenta y comienzos de los noventa, estructuras que tienen gran parte en la responsabilidad de la
comisión de CLH en la región. Empero, fue principalmente la fuerza pública, la institución que
más agobió y victimizó a los habitantes del centro del departamento.
LOURDES
El único caso de CLH del que se tiene registró en este municipio de tradición conservadora tuvo
lugar el 30 de abril de 1990, día en el que el campesino ELISEO ANGARITA BERMUDEZ, de
40 años, fue asesinado por varios hombres armados que llegaron hasta su casa, después de
acusarlo de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional -ELN-, lo sacaron de su vivienda y lo
acribillaron en un lugar cercano, en la vereda Casa de Zinc.
GRAMALOTE
123
PROYECTO CNM. Equipo regional Norte de Santander. Op. cit. p. 12.
169
En Gramalote, al igual que en Lourdes, únicamente tenemos registro de la comisión de un solo
crimen, el cual fue realizado por miembros de la policía el 8 de diciembre de 1975. Ese día un
grupo de agentes asesinaron al campesino GUILLERMO ALBARRACIN. Allí hizo presencia el
Movimiento 19 de Abril M19, aunque el municipio tiene historia conservadora.
SALAZAR
En este municipio, en donde tuvo presencia el Movimiento 19 de Abril M19, la represión contra
los habitantes se produjo a partir de la década del noventa, cuando los grupos paramilitares
hicieron su aparición el municipio, imponiendo el orden por la fuerza y la sangre.
Cuatro años después, el 3 de julio de 1996, el campesino ELOY VILLAMIZAR CONTRERAS
fue asesinado por un grupo de aproximadamente 12 paramilitares armados con revólveres,
quienes irrumpieron en su residencia hacia las 11 de la noche y golpearon a sus ocupantes
preguntando por él. Finalmente, Eloy fue sacado de la vivienda y ejecutado a 200 metros del
lugar con varios impactos de bala en la cabeza y el tórax.
En 1997 se registró otro crimen bajo la responsabilidad de los grupos paramilitares. El 16 de abril
de ese año, el personero municipal LUIS ALFONSO RAMIREZ CAICEDO fue asesinado y el
concejal PEDRO JULIO RODRÍGUEZ resultó herido, cuando varios hombres irrumpieron en la
sede de la Personería y le propinaron tres impactos de arma de fuego a Luis Alfonso, hiriendo a
Pedro Julio, quien salió en su defensa.
ARBOLEDAS
Arboledas es el municipio de la región Centro donde se manifestó con mayor contundencia y
sistematicidad el accionar represivo de la fuerza pública y los grupos paramilitares contra sus
pobladores. El primer caso que se registró tuvo lugar entre el 11 y el 30 de julio de 1985. Ese día,
el campesino y dirigente de la ANUC, ZOILO MORENO ORTEGA, fue detenido por miembros
del ejército sin que le fuera formulado ningún cargo. Año y medio más tarde, el 5 de noviembre
de 1986, el dirigente político SAMUEL TURIAN fue desaparecido por miembros del ejército,
según denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la Nación.
Desde los primeros días del 1990, las unidades militares del Batallón Maza dieron curso a una
serie de hostigamientos contra los pobladores de Arboledas que se extendieron durante todo el
año. La primera víctima de los operativos militares fue un miembro de la ANUC, organización
campesina duramente perseguida por los agentes estatales en la población. Entre el 7 y el 11 de
febrero de 1990, el dirigente campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC- y de la Junta de Acción Comunal de la vereda Huerta Grande, corregimiento Villa Sucre,
PEDRO PABLO CONTRERAS CONTRERAS, fue detenido y desaparecido por una patrulla
militar, compuesta por aproximadamente 80 hombres, adscritos al Grupo de Caballería
Mecanizado No. 5 "General Hermógenes Maza", quienes a las 2 de la mañana del día 7
registraron totalmente su vivienda, ubicada en esa vereda.
170
Ese día, el Capitán que comandaba la patrulla detuvo a Pedro Pablo y le dijo que se alistara para
que los acompañara que no lo demoraría; la víctima así lo hizo y se fue con los militares, luego
de que algunos de ellos apagaran la luz de la casa y que otros se quedaran allí hasta las 4 de la
tarde del mismo día. Esa noche no regresó a su vivienda. El día jueves, sus hijos salieron en su
búsqueda y lo encontraron en la casa del señor Pedro Toloza. El Capitán no les permitió que
hablaran con él, aunque los soldados les aseguraron que él estaba allí y ellos lo escucharon. Ese
mismo día su esposa fue a llevarle ropa y una cobija y a pedir que lo dejaran en libertad, pero
cuando llegó a la casa donde lo tenían, ya el ejército se había ido.
El domingo 11 de febrero la señora de Pedro Pablo fue hasta la vereda Guarda Chiquita, donde le
dijeron que lo tenía el ejército. Allí lo encontró, pero no pudo hablar con él porque el Capitán se
lo impidió. El militar le dijo que lo pondrían a disposición del comando de Arboledas, pero hasta
el momento no se tienen noticias del líder campesino.
A mediados de ese mismo año, las unidades del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 “General
Hermógenes Maza”, militarizaron la población de Arboledas y dieron inicio a una serie de
hostigamientos contra la población que dejaron como resultado, la desaparición de dos
campesinos; cabe anotar que los dos eran miembros de una misma familia.
Las tácticas de contrainsurgencia del grupo mecanizado no 5. “Hermógenes Maza”
Entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 1990, el campesino GERMAN ANTONIO PARADA, de
22 años, fue detenido, torturado y asesinado y el campesino y primo del anterior JAIRO JOSE
JIMENEZ BAUTISTA, de 24 años, fue detenido, torturado y desaparecido por tropas del ejército
nacional del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 "General Hermógenes Maza", luego de un
allanamiento efectuado a la finca “San Francisco”, ubicada en la vereda San Onofre. El diario La
Opinión, en su emisión del 3 de agosto de 1990, presentó a Germán Antonio como un subversivo
dado de baja en combate, de conformidad con las declaraciones hechas por el Brigadier General
Carlos Julio Gil Colorado, comandante de la V Brigada.
En un operativo realizado por el ejército a las 4:00 p.m., las tropas allanaron la finca "San
Francisco" donde se encontraban las víctimas descansando. Los militares, dentro de los cuales
dos tenían el rostro tapado, sacaron a los dos jóvenes y se los llevaron hacia un cafetal, a cada
uno por diferente lado, y al resto de la familia los llevaron para el lado contrario. La madre de
Germán fue llevada a la casa y allí se desmayó. Momentos después unos soldados entraron en la
casa, sacaron sábanas, unas cuerdas y una cuchilla, y luego llevaron un balde en el cual
repetidamente transportaban agua. Simultáneamente comenzaron a escucharse los gritos de los
jóvenes.
Ya oscureciendo, unos soldados fueron a la casa y pidieron una muda de ropa para el primo de
Germán. Luego fueron por ropa para Germán; específicamente pidieron unas botas pantaneras, ya
que a las víctimas se las habían llevado en pantaloneta y sin zapatos. En la noche los soldados
reunieron al resto de la familia en la casa y los encerraron. Momentos después empezaron a tocar
en la puerta y en las ventanas y con voz baja les decían "compa’s ábranos", pero ellos no lo
hicieron.
171
El día siguiente, 30 de julio, como a las 2:30 a.m. sonaron disparos hacia el sector de la carretera.
Ya hacia las 5:30 a.m., los familiares de las víctimas salieron de la casa y, cuando vieron que la
tropa se había retirado hacia la carretera, fueron a revisar en la finca donde se encontraban los
campesinos detenidos y que destrozos se habían causado. En el sitio donde habían torturado a los
jóvenes encontraron pisoteado el barro, pedazos de garrote, trapos mojados y los lazos con que
los amarraron.
Ese mismo día, llegaron de nuevo los soldados y les preguntaron a los familiares de las víctimas
nombres, números de cédula y edad, anotándolos en un cuaderno. Al retirarse les advirtieron
que se quedaran dentro de la casa, que si los veían en los potreros les disparaban. Hacia las 1:00
p.m. vieron subir una camioneta de propiedad del municipio de la cual se bajaron tres hombres de
civil y en compañía de los militares se dirigieron hacia el puente de cemento. Hacia las 2:00 p.m.
el mismo ejército llamó a los familiares que estaban en la casa para que fueran con ellos. Sólo
uno de ellos acudió y lo llevaron por la carretera arriba en donde estaban otros militares, le
preguntaron si era familiar de Germán Parada, al afirmarlo, le preguntaron que a que se
dedicaban y en especial Germán, a lo que contestó que trabajaban en la finca, entonces el militar
le manifestó que el joven les había salido por arriba, y además le dijo "allá está muerto vaya y lo
reconoce"; el familiar se dirigió al sitio debajo del puente de cemento donde estaba el cadáver.
Allí se encontraban otros militares y el inspector de policía del corregimiento Castro, quien ya
había realizado el levantamiento. Posteriormente se enteraron que en el acta de levantamiento
figuraba que la víctima había sido encontrada con un revólver y dos proveedores, lo cual no era
posible porque cuando se lo llevaron los militares de la casa se encontraba en pantaloneta y sin
nada.
El cuerpo presentaba señales de tortura tales como: contusiones y raspones en la cara y en todo el
cuerpo, los oídos reventados, las manos moradas y con heridas de arma cortante, señales de
cuerdas en las manos y el cuello, las manos untadas con tinta azul, y presentaba en el tórax y
abdomen impactos de bala y heridas con arma corto punzante. Se pudo ver que la ropa no
presentaba perforaciones. Cuando transportaban el cadáver en la camioneta del municipio, fueron
interceptados por tres camiones del ejército, cuyos ocupantes hicieron bajar el cadáver y le
tomaron fotos por diferentes lados, e irónicamente preguntaron que quien lo había matado.
Los medios de comunicación radio y prensa124 presentaron a la víctima, de acuerdo a
declaraciones hechas por el brigadier general Carlos Julio Gil Colorado, comandante de la V
Brigada, como un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, alias "Jairo", dado de
baja en combates con una patrulla militar del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 "General
Hermógenes Maza".
Jairo José, luego de ser retirado de la casa con su primo Germán, fue llevado a un lado en un
cafetal y allí le preguntaron por la guerrilla. Al no saber nada le pidieron la cédula y al expresar
que la tenía en la casa lo llevaron a ésta para que la buscara, pero continuaron preguntando por la
guerrilla. El Capitán que los comandaba (un hombre alto, flaco, cara alargada, de bigote un poco
rubio y barba sin afeitar, ojos claros, cejas rubias, cabello ondulado y medio rubio) mandó a un
soldado por unos trapos, lo amarraron, le envolvieron la cabeza y la cara con una camisa, lo
124
La Opinión, 3 de agosto de 1990
172
llevaron cerca de un chorro, lo hicieron acostar boca arriba y comenzaron a echarle agua por la
cara, le apretaron la nariz, un soldado se le sentó en el estómago y otros dos en las piernas,
mientras le preguntaban por la guerrilla. Un soldado le bajó la pantaloneta y comenzó a apretarle
los testículos, por lo cual el empezó a gritar. Luego lo hicieron bañar y vestirse con la ropa que
sacaron de la casa. Dos soldados lo sacaron por el lado de arriba de la casa para salir a la
carretera, siguieron por ésta hasta una platanera donde lo amarraron a un árbol. Allí lo tuvieron
hasta las 12:00 p.m.
Posteriormente, siguieron caminando por la carretera y cerca del puente de cemento escucharon
varios disparos y lo hicieron acostar en el piso para hacerle creer que había un enfrentamiento.
Cuando terminó el tiroteo, llegó un Teniente (hombre de color negro, alto, delgado, pelo lacio,
sin bigote) y le expresó que confesara su pertenecía a la guerrilla. Lo comenzó a golpear con la
culata del fusil en las piernas, luego dijo: "voy a matar este perro", desaseguró el fusil, lo apuntó
en la cabeza y cuando se disponía a disparar otro militar no se lo permitió. Después de esto se
quedaron en el sitio hasta el amanecer.
El 30 de julio los militares mantuvieron a Jairo sentado en la carretera, amarrado y con la cabeza
envuelta con un plástico que le cubría casi todo el cuerpo. Como a la 1:00 p.m. lo llevaron a ver
el cadáver de su primo, le hicieron preguntas sobre él y lo devolvieron al mismo sitio para
cubrirlo con el plástico. Hacia las 5:00 p.m. Jairo fue trasladado a la Base Puente Julio ubicada en
Arboledas, allí lo amarraron a un árbol de plátano dejándolo así toda la noche.
Al día siguiente a las 7:00 a.m. lo desamarraron y lo mandaron a bañarse, le hicieron colocar un
uniforme militar camuflado y lo subieron a una camioneta; en ese momento intentó escapar ya
que temía por su vida. Para intimidarlo, le hicieron algunos disparos, al parecer al aire, un
soldado lo alcanzó y lo derribó, propinándole una "paliza tremenda". Posteriormente, lo
amarraron de los pies y las manos, le taparon la boca y lo subieron en la camioneta para
conducirlo a la base militar Los Alpes. En ésta base le decían que era guerrillero y que confesara
cuantos campesinos había matado; al negarlo, lo metieron al calabozo hasta el otro día.
A la mañana siguiente, el 1 de agosto, Jairo fue sacado de la base y trasladado a la finca
"Baguechi", donde lo mantuvieron encerrado en la casa de Zoilo Urbina. El 3 de agosto le
tomaron fotos. Allí llegó un Capitán que le dijo "yo lo voy a dejar libre y lo tengo que presentar
abajo ante la personería (de Arboleda), pero conforme yo le diga tiene que decirlo abajo, si le
preguntan que si iba detenido diga que no, que por su propia voluntad iba enseñando el camino",
además que si preguntaban por los moretones en la cara dijera que había sido en una borrachera.
Luego, lo trasladaron de nuevo para la base Puente Julio, y a las 4:00 p.m. lo entregaron a la
personería, en presencia del personero, el alcalde, una mujer y el mismo Capitán que puso la
condición sobre la declaración.
Las agresiones contra los habitantes del municipio por parte del Grupo de Caballería Mecanizado
No. 5, volvieron a registrarse en septiembre de 1992. En fecha no precisada de ese mes, el
campesino, líder cívico y comunal de la vereda Santa Bárbara, ALEXIS MAURICIO GELVES
RIVERA, fue asesinado por miembros del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 "General
Hermógenes Maza", en la Inspección de Policía Villa Sucre. Alexis fue presentado como
guerrillero del Ejército de Liberación Nacional -ELN- muerto en combate con el ejército. Los
habitantes de la zona denunciaron el asesinato ante la Procuraduría.
173
A mediados de la década del noventa, los paramilitares irrumpieron en Arboledas. Con su llegada
y posicionamiento en el municipio se desencadenó una oleada de violencia que se prolongaría
hasta mediados de 1996. La primera señal de la barbarie paramilitar en el municipio fue la
masacre perpetrada por sus miembros el 4 de febrero de 1995. Ese día, los campesinos ALBEIRO
JOSE ORTEGA PEREZ, de 22 años, JOSE ANTONIO CARDENAS CONTRERAS, de 22 años,
IVAN ANTONIO PARADA GUERRERO, de 16 años, HENRY HUMBERTO VARGAS
ROJAS de 24 años, JOSE ANTONIO MORA GOMEZ, de 23 años, y OMAR MORENO
MONTAÑEZ, de 27 años, fueron asesinados por varios hombres armados y vestidos con prendas
de uso privativo de las Fuerzas Armadas, quienes hacia las 2 de la madrugada irrumpieron en sus
viviendas, los sacaron a la fuerza, los colocaron en hileras y los acribillaron en la finca "El
Rodeo" ubicada en la vía a Arboledas, en el caserío Román. Las víctimas trabajaban en el predio
donde fueron ultimados. Mediante un comunicado, el Frente Juan Fernando Porras de la Unión
Camilista Ejército de Liberación Nacional -UC ELN- negó versiones según las cuales se les
responsabilizaba de la masacre y atribuyó el hecho a Ramón Carrillo Galvis, ex guerrillero del
mismo Frente vinculado a las fuerzas de seguridad del Estado y al paramilitarismo de la región,
quien "viene creando el inconformismo y división en nuestra organización (y) ha venido
atropellando y asesinando campesinos a nombre de nuestra organización".
Ocho meses después, el 8 de octubre de 1995, la activista política de Arboledas y ex funcionaria
de la Gobernación de Norte de Santander, NURY GISELA RINCON, de 35 años, fue asesinada,
por un grupo de hombres que la interceptó y atacó a tiros.
En el segundo semestre de 1996 los paramilitares arremetieron nuevamente contra los habitantes
de Arboledas; en esa ocasión sus objetivos fueron dos educadores del municipio, quienes se
caracterizaban por su liderazgo comunitario. El 1 de junio, los educadores JOSE SAMUEL
GELVES BOADA, de 45 años, y LUZ MARINA PEREZ BOTERO, de 43 años, fueron
asesinados en horas de la tarde por un grupo de hombres armados cuando se encontraban
conversando, en la zona urbana de Arboledas. Los educadores se dedicaban al trabajo en
educación para adultos. Voceros de ASINORT denunciaron que "tres profesores fueron
asesinados el pasado fin de semana (junio 1 y 2) en Norte de Santander, mientras otros 60 han
recibido amenazas de muerte". Por esos hechos se anuncio un cese de actividades en todo el
departamento con el fin de solicitar a las autoridades la vigilancia para garantizar la integridad
física de los educadores125. En el curso de ese mismo mes, cuatro agentes de policía detuvieron y
golpearon a EMILIANO VILLAMIZAR.
CUCUTILLA
Municipio de tradición conservadora, en donde los primeros indicios de la represión contra su
población se remontan, de acuerdo a nuestros archivos, al 18 de octubre de 1987, fecha en la que
LUIS JESUS ORTEGA PARADA, fue detenido y torturado por el Sargento Segundo José del
Carmen Franco Franco, comandante de la estación de policía del municipio.
Una semana antes, el 11 de octubre de 1987, Luis Jesús había sido detenido en los calabozos por
el sargento cuando se encontraba cerca a un lugar donde se habían escuchado disparos. Según
125
Boletín Informativo Justicia y Paz, volumen 9, numero 1.
174
este, Luis Jesús lo había irrespetado y tratado con palabras soeces. Al querer llevárselo a la
Subestación, los familiares intercedieron por él y fue liberado con la condición de que se
presentara a declarar lo sucedido al día siguiente, pero Luis Jesús nunca lo hizo.
Ocho días después, el 18 de octubre, cuando el Sargento Franco se enteró que Luis Jesús se
encontraba en un establecimiento público del municipio, se dirigió al lugar y lo detuvo para
aplicarle un correctivo policial de arresto por 24 horas. En la Subestación el aprehendido fue
agredido y duramente golpeado, lo cual le valió una incapacidad de 8 días. Finalmente, el
Suboficial llamó al Comando de Policía de Pamplona donde le informó a un Capitán que Luis
Jesús era informante de la guerrilla, según un señalamiento hecho por el párroco de la localidad.
Por tanto le ordenaron que lo enviara a Pamplona para reseñarlo.
En el segundo semestre de 1992, los paramilitares hicieron su aparición en Cucutilla. La primera
victima de estas estructuras fue el joven campesino de apellidos MENESES ORTEGA, asesinado
por varios hombres armados en la Inspección de Policía Departamental San José de la Montaña,
el 24 de agosto de 1992. Tres semanas después, el 15 de septiembre de 1992, en la misma
Inspección Departamental, un grupo de hombres fuertemente armados, con armas de diverso
calibre asesinó en su propia casa a seis miembros de una familia. Las víctimas fueron los
campesinos PABLO ANTONIO MENESES, sus hijos CENON, FABIO, RAFAEL y
ORLANDO MENESES ORTEGA, y su sobrino ALFONSO VILLAMIZAR RINCON, quienes
fueron sacados al patio de su vivienda, donde los acribillaron. Una niña de 6 años logró
escaparse.
A mediados de 1994, las tropas del Batallón No 13, “General Custodio García Rovira”
desarrollaron varios operativos de contrainsurgencia en la región que dejaron como resultado la
muerte de uno de los habitantes del municipio. El 24 de agosto de 1994, una unidad militar del
Batallón mencionado, asesinó a JOSE IGNACIO SUAREZ ALBARRACIN en el sitio "Puente
Capira". Voceros de la V Brigada indicaron que fue muerto durante un supuesto enfrentamiento
entre tropas del Batallón y presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -FARC-, ocurrido el 29 de julio anterior.
SANTIAGO
La represión paraestatal en Santiago se manifestó más tardíamente que en los demás municipios
de la región Centro. Sin embargo, el posicionamiento y control de las estructuras paramilitares en
la población se evidenció desde los primeros días del año 1993. El primen crimen perpetrado por
los paramilitares en la localidad tuvo lugar el 27 de enero de ese año, cuando el campesino
ALIRIO ANTONIO CONTRERAS, de 62 años, fue encontrado asesinado con una herida de bala
en la mitad de la frente en la finca "El Porvenir" de la vereda Pijón, después de haber sido
desaparecido por hombres fuertemente armados de la finca "La Vega".
Un año más tarde, el 2 de febrero de 1994, fueron hallados los cuerpos de otros dos campesinos,
en la finca “Las Lajas” de la misma vereda. Los cuerpos pertenecían a los jornaleros RAMON
ALFONSO PEÑARANDA, de 25 años, y otro llamado ISRAEL. Los campesinos eran
trabajadores de fincas de la Inspección de Policía Departamental La Llana, en Tibú, y fueron
llevados de El Zulia para ser abandonados en Santiago. Sus cuerpos estaban atados de pies y
175
manos con una cuerda de nylon y cada uno presentaba dos impactos de pistola calibre 9
milímetros en la cabeza.
176
7. REGION SUR – OCCIDENTE
La región Sur – Occidente del departamento nortesantandereano, está integrada por los
municipios de Pamplona, Chitagá, Pamplonita, Cácota y Silos. Esta zona representa un
importante corredor que comunica el departamento de Santander con el territorio
Nortesantandereano.
Una de las particularidades de la región suroccidental es el amplio contraste existente entre las
poblaciones que la componen; un ejemplo de ello es el acelerado desarrollo económico que se ha
venido presentando en los últimos años en los municipios de Pamplona, Pamplonita y Silos,
donde la ganadería extensiva y la agricultura comercial se han convertido en las principales
actividades económicas, modificando sustancialmente la tenencia de la tierra (el latifundio se
convierte día a día en el tipo de propiedad predominante) en contraposición con las localidades de
Chitagá y Cácota, lugares en los que la principal fuente de sustento se basa en la agricultura de
subsistencia de los campesinos.
Desde comienzos de la década del noventa, la zona se ha convertido en uno de los principales
centros de interés para los poderes locales y las grandes empresas multinacionales, dada la gran
riqueza mineral que yace en los subsuelos de la región, la cual representa para los sectores
mencionados un gran potencial económico.
La represión contra los habitantes de esta región se manifestó inicialmente en las poblaciones de
Pamplona y Chitagá, donde los campesinos y trabajadores agremiados fueron duramente
perseguidos por los miembros de la fuerza pública, quienes estigmatizaron las luchas y
reivindicaciones populares, afirmando que estas eran iniciativas de la insurgencia.
En la década de los ochenta la persecución se extendió a los estudiantes y líderes cívicos y
campesinos que participaron activamente en movilizaciones masivas como El Paro del
Nororiente de 1987 y las marchas campesinas de 1988. Esta labor fue reforzada por los grupos
paramilitares que comenzaron a hacer presencia en la región y que se posicionaron en ella a
mediados de la década del noventa, razón que influyó determinantemente en la disminución de
los casos de CLH, que dejaron de presentarse una vez las tropas paramilitares lograron imponer
su dominio en la zona.
PAMPLONA
Pamplona, de gran inclinación conservadora, es el municipio más importante de la región y el
segundo más relevante del departamento, después de Cúcuta, la capital. Su importancia se debe
en gran parte al acelerado proceso de industrialización que se ha generado en los últimos cuarenta
años, lo cual ha conducido a su vez al crecimiento urbano del municipio, y a que sea
precisamente esta población el epicentro de la región a nivel administrativo, financiero y
comercial.
177
Desde la segunda mitad de la década de los setenta, se presentó en este municipio una fuerte
ofensiva por parte de los organismos de seguridad del Estado en contra de los pobladores de la
región, sin que pudiera determinarse una línea de persecución clara, dirigida específicamente a
algún sector de la sociedad. Esta situación se prolongó durante más de una década. El primer
caso que se presentó data del 6 de noviembre de 1975, fecha en la que el educador ANTONIO
TORRES fue detenido por la policía. Tres meses más tarde, en fecha no precisada de febrero de
1976 el empleado bancario JUAN ANTOLINEZ fue herido, torturado mediante fracturas y
golpes y detenido por miembros de esa misma institución, quienes posteriormente lo sindicaron
judicialmente.
Los vejámenes contra la población por parte de los agentes de policía se reanudaron en la década
del ochenta. El 25 de mayo de 1982, a las 2:30 a.m. los educadores y estudiantes de la
Universidad de Pamplona, JAIME HUMBERTO GRANADOS VILLAMIZAR, FELIX MARIA
GONZALEZ VILLAMIZAR y RAFAEL CASTILLO CAICEDO fueron detenidos por la policía
en esta ciudad. Posteriormente fueron trasladados al Batallón García Rovira y allí un cabo al
mando les dijo: “Aquí no es como en la policía, los derechos humanos se quedan más allá de la
puerta de la muralla”. Dicho esto los vistieron con uniformes, los fotografiaron e interrogaron
por ordenes de un Capitán, acusándolos de subversivos y de pertenecer a un grupo guerrillero. El
fotógrafo era un militar, músico de la banda del batallón y su nombre fue identificable por las
víctimas como Aníbal Wilches. Después fueron reseñados y se les obligó a firmar una
“constancia de buen trato”, en la cual debían afirmar que no fueron torturados ni ofendidos por
los miembros del ejército. La detención de Félix y Rafael se debió a su participación activa como
representantes de los estudiantes en la defensa de sus intereses y el apoyo que manifestaban al
magisterio.
A su vez, Jaime fue detenido circunstancialmente, por acompañar a Félix y Rafael. El abogado
convocado por los familiares de los educadores, VLADIMIR PARADA, conocido como líder
sindical y amigo de los detenidos, accedió a ayudarlos, y al dirigirse al batallón para tener
noticias de ellos fue detenido y reseñado, impidiéndole ejercer su ejercicio profesional y
acusándolo a la par como subversivo. Las víctimas fueron obligadas a vestir camuflados por
órdenes de un Capitán de la Policía, con el fin de tomarles fotografías y simular que así se
encontraban vestidas en el momento de la detención, facilitando así posteriores señalamientos
como miembros de un grupo armado. Después, los miembros de la policía informaron a las
emisoras y periódicos que Jaime, Humberto y Félix “repartían información subversiva y
pertenecían a un grupo guerrillero” información que efectivamente se hizo pública.
Los hostigamientos de la fuerza pública a los habitantes de Pamplona se intensificaron a partir de
la segunda mitad de los ochenta. El 6 de mayo de 1985, miembros del ejército detuvieron a
WILLIAM VILLAMIZAR MORENO y ERNESTO MORENO PARADA, a quienes sindicaron
de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
Dos años y medio más tarde, el 26 de noviembre de 1987, MIGUEL ANGEL GUEMBE y el
profesor de la Concentración Escolar José Antonio Nariño, RUBEN DARIO JIMENEZ PABON,
conocido como "El Japonés", fueron amenazados de muerte por el Capitán de Infantería Félix
Aponte Castro. Esa noche Miguel Ángel y Rubén Darío se encontraban departiendo con muchas
personas, entre ellas el médico Jorge Wilches, el magistrado del Tribunal Guillermo Ramírez, y
los militares que estaban con sus uniformes y bailando en la discoteca del Hotel Cariongo.
178
Cuando Rubén Darío pasó por la barra del bar, el capitán Aponte lo invitó a tomarse un trago y le
preguntó: "¿A usted cómo le dicen?", él le dijo "me dicen El Japonés""; el capitán continúo
diciendo repetitivamente:"entonces usted es alias El Japonés". En ese momento Rubén Darío
notó que el militar se iba poniendo cada vez más furioso, entonces le mostró la cédula para
despejar cualquier duda sobre su identidad y trató de irse pero antes de eso el capitán se
sobresaltó y no quería devolverle la cédula y le dijo: "usted mata capitanes, retírese porque lo
voy a matar" y sacó un revólver y se lo puso en el pecho.
Cuando Aponte le estaba apuntando a Rubén Darío llegó el Teniente Bernal, lo tomó del brazo y
le dijo que estaba detenido. En ese momento Rubén Darío empezó a gritar para llamar la atención
y llegó Miguel Ángel a interceder por él, pero fue igualmente encañonado por los militares. Fue
allí cuando el magistrado intervino y logró que los militares no se los llevaran.
Rubén Darío se retiró y vio que el Capitán Aponte y el Teniente Bernal se iban. Sin embargo,
más tarde volvieron con otros policías y trataron de llevárselo de nuevo, pero el magistrado logró
disolver la situación y que Rubén Darío permaneciera en la discoteca.
A finales de los ochenta, los “desconocidos” comenzaron a sembrar el terror en la población. El
10 de Enero de 1989, a las 12:10 de la madrugada, el comerciante PEDRO HIPOLITO PEÑA
CARVAJAL, fue asesinado por dos desconocidos que le descargaron tres impactos de bala,
cuando se dirigía hacia su residencia, ubicada en la Cll. 7ª con Cra. 18.
Una nueva oleada de violencia se desencadenó a finales de 1991 y se extendió hasta mediados de
los noventa, periodo en el cual los grupos paramilitares comenzaron a controlar la población. El
16 de diciembre de 1991, OSCAR GALVIS SEPULVEDA fue encontrado asesinado en la vereda
Chíchira, ubicada en la vía al municipio de Chitagá, en Pamplona. Según la Policía, sobre el
cuerpo se encontró propaganda alusiva al Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
A finales de 1992, las unidades del Batallón de Infantería “General Custodio García Rovira”
arremetieron contra los jóvenes del municipio. El 17 de diciembre de ese año, el estudiante e
integrante del grupo de jóvenes del Club Rotaract, JOSE IVAN ARTURO HIGUERA PEÑA, de
26 años, fue asesinado y SIETE JOVENES más fueron detenidos por miembros del Batallón
mencionado, en la carrera 6ª entre las calle 8ª y 9ª.
Hacia la 1:15 de la madrugada, los militares dispararon contra el campero en que se movilizaba
José Iván con otros 7 jóvenes, luego de participar en una fiesta del club, sin motivo aparente y sin
haber hecho señales para que se detuvieran. Al percatarse de que José Iván estaba herido, sus
compañeros se dirigieron hacia el hospital, siendo seguidos por la patrulla militar, cuyos
integrantes continuaron disparándoles en repetidas ocasiones. José Iván murió en el trayecto a
consecuencia de un disparo de fusil Galil en el cuello, mientras que los demás jóvenes fueron
detenidos y llevados a las instalaciones del Batallón García Rovira. Voceros del Batallón
indicaron que estaban haciendo "seguimiento desde hace más de un mes a estos jóvenes que se
reúnen en el hotel Cariongo" y afirmaron que los soldados hicieron señales de pare pero, como
"trataron de fugarse", dispararon contra el vehículo.
179
Otro crimen de los desconocidos se produjo el 10 de enero de 1993, cuando los obreros EMIR
DANIEL VILLAMIZAR GARCIA, de 23 años, y PEDRO DE JESUS RIVERA CARVAJAL, de
19 años, fueron encontrados torturados y asesinados en la vía que conduce a Saravena (Arauca)
en la vereda Uncacias. Los cuerpos sin vida de las víctimas estaban atados de pies y manos hacia
atrás con un lazo, tenían evidencias de haber sido golpeados y presentaban varias heridas de
arma de fuego. Según la Policía, se sindicó del asesinato al Ejército de Liberación Nacional ELN-, pero no se encontró algún escrito donde esa guerrilla se atribuyera el crimen. Cinco meses
más tarde, el 4 de junio de 1993, el campesino EFRAIN GELVES SIERRA, de 72 años, fue
asesinado por un grupo de hombres que a las tres de la madrugada irrumpieron en su vivienda y
le dispararon, en la vereda Alto Grande.
El último caso de CLH que se registró en esta localidad ocurrió el 28 de agosto de 1995, día en el
que el educador CIRO ALFONSO ENRIQUE ORTIZ, de 24 años, fue desaparecido por
desconocidos.
CHITAGÁ
En este municipio de tradición liberal y donde hubo presencia del Movimiento 19 de Abril M19,
se presentaron los primeros visos de la represión implementada por el estado contra sus
habitantes a finales de la década del setenta, cuando la fuerza pública dio curso a la persecución
sistemática de los campesinos agremiados de la población. La arremetida contra los gremios
sindicales comenzó el 3 de octubre de 1979, día en el que fue detenido el campesino JOSE
CALDERON, perteneciente a una organización gremial, quien además fue sindicado por
miembros del ejército.
Un mes después, se agravarían los hostigamientos, con la detención de 5 campesinos más. El 3 de
noviembre de 1979, los campesinos, CRISOSTOMO ROJAS, MARCOS COSMEL, ALCIDES
IBÁÑEZ, TEODOMIRO BASTO y NICOLAS MANOSALVA, también pertenecientes a
organizaciones gremiales, fueron detenidos con limitación de sus garantías procesales, torturados
y sindicados por miembros del ejército y la policía. Marcos y Alcides fueron sometidos además
a aislamiento e incomunicación.
A partir de 1986, los miembros de la fuerza pública reanudaron su accionar criminal contra los
habitantes de Chitagá. El 22 de marzo de ese año, el educador oficial de la población de Cubará,
JAIME CASAS ROJAS, fue detenido y desaparecido por la policía en la vereda El Porvenir. Dos
años después, el 12 de marzo de 1988, el campesino URBANO QUIÑONES fue detenido y
torturado por personal del ejército al mando del Capitán Álvaro Solano Rivera, en la Inspección
Departamental de Policía San Luis de Chucarima. Inicialmente Urbano fue señalado por un
miembro de la patrulla militar como integrante del ELN, por lo que el Capitán Solano empezó a
interrogarlo y a decirle que le colaborara por las buenas y le diera los nombres de los demás
guerrilleros.
Lo único que acertaba a decir el aprehendido era que trabajaba en el campo, labrando la tierra.
Ante dicha respuesta el Oficial le dijo: "si no me colabora a las buenas lo hará a las malas".
Inmediatamente ordenó a Urbano desnudarse y mandó a dos soldados a que trajeran un lazo y
180
una toalla. Acto seguido estos colgaron a Urbano a una horqueta y amarraron sus brazos con la
toalla; mientras tanto le decían que en caso de no darle información de los guerrilleros lo
mataban, a lo cual el campesino respondía no saber nada. Urbano duró aproximadamente una
hora colgado. Luego lo llevaron al campamento donde durmió amarrado de pies y manos,
custodiado por un soldado armado. Allí estuvo dos días sometido totalmente.
Cuando pasaron los dos días, los militares obligaron a Urbano a dirigirse con ellos hacia otra
zona conocida como El Porvenir. En la marcha, estando el campesino amarrado, le preguntaban
insistentemente por información de la subversión, y como Urbano solamente les decía que no
sabía nada pues simplemente su trabajo era la agricultura, los soldados lo golpeaban, incluso con
sus armas y lo herían con una navaja. Estos maltratos cesaron únicamente hasta el momento en
que el Capitán Solano le comunicó a su tropa que "dejaran quieto" a Urbano. Sin embargo los
golpes continuaron poco tiempo después y lo pusieron a cargar el equipo de un Teniente de
apellido Rondón.
El campesino duró detenido por los militares 8 días hasta que fue entregado en un paraje rural
conocido como Carrillo al Comandante del Batallón de Infantería No. 13 "García Rovira",
Teniente Coronel Plinio Rodríguez Villamil. De este lugar transportaron a Urbano a las
instalaciones del Batallón en Pamplona, donde estuvo detenido hasta el 8 de septiembre de ese
año, día en que Rodríguez Villamil le dio la libertad. Desde su entrada a la unidad militar hasta la
fecha en que recobró su libertad, Urbano siempre fue negado por el Teniente Coronel Rodríguez
quien impidió a funcionarios de la Procuraduría verificar si se encontraba en el lugar.
En la década del noventa se tiene registro de un caso de CLH en el municipio de Chitagá, el cual
ocurrió el 9 de diciembre de 1995, fecha en la que los campesinos JAIRO ENRIQUE ESTEBAN
RODRIGUEZ, de 28 años, PEDRO LUIS JAIMES MONTAÑEZ, de 26 años, y JOSE HERMES
RODRIGUEZ, de 31 años, fueron asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados
quienes a las 6:30 de la noche llegaron a la vivienda de las víctimas y las acribillaron. La
residencia estaba ubicada en el sitio "El Delirio" de la vereda Pueblo Viejo. Los campesinos
laboraban en una finca del sector.
PAMPLONITA
Municipio conservador en donde la ocurrencia de CLH que se conocen son responsabilidad de
los grupos paramilitares que incursionaron en la zona a mediados de 1990 y se posicionaron
paulatinamente en el municipio. La primera acción de estas estructuras en el municipio se
produjo el 22 de mayo de 1990 hacia las 10:30 de la noche, día en el que JOSE VIRGILIO
MENDOZA JACOME y TRES AGENTES ADUANEROS fueron asesinados por unos 20
hombres armados que atacaron un retén aduanero ubicado en el sitio denominado "Villa Belén"
en la Inspección de Policía Departamental El Diamante.
La persecución contra sectores marginados realizada por los escuadrones de la muerte y los
organismos de inteligencia del estado desde comienzos de los años noventa en los principales
centros urbanos del departamento, se extendieron también hasta este municipio. El 10 de enero de
1995, un INDIGENTE fue encontrado asesinado en la ribera izquierda del río Pamplonita, en
181
zona rural del municipio. Era de tez trigueña, cabello ondulado y negro; vestía camiseta roja con
rayas negras horizontales y pantalón azul.
CÁCOTA
El principal blanco de la persecución paraestatal en el municipio liberal de Cácota fueron los
campesinos, quienes fueron sometidos a múltiples hostigamientos y agresiones por parte de la
fuerza pública y los grupos paramilitares, por el simple hecho de expresar su inconformidad y
solicitar al Estado mejoras en su calidad de vida.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe anotar que la represión sistemática contra el campesinado del
municipio comenzó en el periodo posterior a las marchas campesinas que se llevaron a cabo en
mayo de 1988, marchas que fueron duramente reprimidas durante y después de su realización.
Tanto en Cácota, como en otras poblaciones de Norte de Santander y del Oriente del país, la
represión se desencadenó inicialmente contra los líderes campesinos, políticos y cívico populares que impulsaron tanto el paro del Nororiente en 1987 como las marchas del 88.
El 8 de octubre de 1988, los campesinos PRIMITIVO SILVA y MARTIN CALDERON
JURADO, de 39 años, este último presidente del Concejo Municipal de Cerrito (Santander),
miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) e integrante del Comité de
Solidaridad y Derechos Humanos de la Provincia de García Rovira, fueron asesinados por
miembros del Batallón García Rovira en Cácota, cuando viajaban en un camión en el que
transportaban papa del municipio del Cerrito (Santander) al de Chitagá (Norte de Santander). El
crimen fue ordenado por el Teniente Coronel Plinio Rodríguez Villamil, Comandante del
Batallón, y ejecutado por los sargentos Cesar Augusto Jiménez Ruiz y David Puentes Ramírez.
En junio de 1987, Martín había sido uno de los negociadores del paro del Nororiente, y participó
activamente en el II Foro por la Paz y en Defensa de la Vida celebrado en Málaga (Santander) los
días 7 y 8 de agosto de 1987, razones por las cuales fue amenazado en varias oportunidades.
Por otra parte, el 20 de marzo de 1985 Valentín Basto Calderón, compañero de ANUC de Martín,
había puesto en conocimiento mediante una denuncia ante el alcalde local, Crisanto Fernández
Delgado, las amenazas, señalamientos y hostigamientos de los que eran víctimas él y los demás
miembros de la organización. Uno de los hostigamientos se produjo pocos días antes de la
denuncia, el 17 marzo de 1985, cuando Eliberto Ramírez buscó a Valentín en una caseta en la
que departía y le dijo que “si continúa con las reuniones con el alcalde y la policía como esa de
ayer, para controlar el abigeato, si sigue de lambón, por ahí le tenemos un hombre para usted, el
señor ese Martín Calderón y otra pinta que tenemos entre ojos”. Luego le dijo: “si usted
pertenece al M-19 o a las FARC, tenemos una organización muy bien montada para bajárnoslos
fácilmente”126.
126
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. RAD: 022 -78877
182
Actuaciones Judiciales
En 1988, la Procuraduría General de la Nación inició la investigación y comisionó a la
Procuraduría Regional de Bucaramanga para adelantar algunas diligencias. El 26 de enero
de 1989, la investigación pasó a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares,
siendo vinculado Plinio Rodríguez Villamil. El 13 de septiembre de 1990, el Procurador
Delegado para las Fuerzas Militares, José Plinio Moreno Rodríguez, ordenó archivar la
investigación por falta de mérito, al considerar que no había prueba de participación
alguna en el hecho de personal de las fuerzas militares.
Por otra parte, la investigación penal se inició por parte del Juzgado Promiscuo Municipal
de Cácota. Sin embargo no se tienen mas datos de la actuación pues el 9 de marzo del
2000, la Fiscalía Única Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Málaga informó que
en esta Fiscalía no existía ninguna investigación sobre el caso, al igual que lo hizo el 3 de
mayo del 2000 la Unidad de Fiscalía Especializada de Cúcuta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció de manera inequívoca la
responsabilidad del Estado en la ocurrencia de los hechos. Al pronunciarse sobre el caso
esta instancia resolvió:
"1. Declarar que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligación de
respetar y garantizar los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad
personal), y 25 (sobre protección judicial), en conexión con el Art. 1.1, consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte,
respecto del asesinato de MARTIN CALDERON JURADO y don PRIMITIVO SILVA;
persona que conducía el vehículo en el que se movilizaba.
2. Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnización compensatoria a los
familiares de las víctimas.
3. Recomendar al Estado Colombiano disponer se completen las investigaciones en
relación con el asesinato del señor MARTIN CALDERON JURADO y del conductor del
vehículo don PRIMITIVO SILVA y se sancione a los responsables de tan execrable
hecho".
Posteriormente, el 25 de septiembre de 1992, la CIDH, a petición del Gobierno de
Colombia en el plazo previsto en el reglamento de la Comisión, reconsideró el Informe
32/91 y por encontrar que no había elementos nuevos por considerar, ordenó trasladar el
Informe al Gobierno Nacional y además publicarlo dentro del Informe Anual a la
Asamblea General de la OEA de 1992. La decisión de la CIDH condenando al Estado
Colombiano por el homicidio de MARTIN CALDERON JURADO y PRIMITIVO
SILVA fue sometida a consideración del Comité Ministerial creado por la Ley 288 de
1996 a efecto de que evaluara si se reunían o no las condiciones de hecho y de derecho
para dar cumplimiento a la decisión del órgano internacional. El Comité Ministerial
expidió la Resolución No 5/96 del 11 de septiembre de 1996 mediante la cual emitió
concepto favorable al cumplimiento de la decisión internacional.
183
El último caso de CLH que se denunció en la población se llevó a cabo el 7 de diciembre de
1991. Ese día el campesino LEONARDO VILLAMIZAR GRANADOS, de 35 años, fue
asesinado por desconocidos en el sitio "Paso Bravo".
184
8. REGIÓN SUR – ORIENTE
El Sur – Oriente de Norte de Santander se caracteriza por ser un territorio con una abundante
riqueza mineral, lo cual ha hecho de esta zona otro de los puntos de mayor interés para la
implantación de megaproyectos que potencien la explotación del subsuelo de la zona. Los tres
municipios que componen la región suroriental poseen altas reservas de carbón, hierro y azufre,
minerales que comenzaron a ser explotados recientemente, fenómeno que ha convertido la
minería en una de las principales actividades económicas de la región, relegando a un segundo
lugar a la agricultura. Empero, la mayoría de los beneficios económicos de la explotación
mineral van a parar a manos de las grandes trasnacionales, razón por la cual, la población sigue
enfrentando elevados niveles de pobreza, a pesar de habitar en territorios de enorme riqueza.
Otra de las problemáticas que se evidencia en la región es la acelerada ganaderización que se
viene presentando en municipios como Toledo, donde se ha modificado enormemente la tenencia
de la tierra. Con la aparición de la ganadería extensiva, los terratenientes, haciendo uso de la
fuerza, han llevado a cabo varías acciones violentas con el fin de expropiar a los jornaleros de sus
parcelas para poder consolidar sus “emporios ganaderos”, situación que ha contribuido al
desplazamiento forzado de la población campesina.
Desde finales de la década del setenta, los habitantes de Toledo y Labateca ha tenido que
enfrentarse a la represión de la fuerza pública, la cual desde ese momento emprendió una
persecución indiscriminada contra los habitantes de dichos municipios que se incrementaría en el
curso de los años ochenta.
LABATECA
Municipio de Tradición liberal en donde la persecución de “las fuerzas del orden” contra los
moradores comenzó a partir de 1977. En enero de ese año, LUIS RANGEL fue asesinado por la
policía.
Casi una década después, en el primer trimestre de 1988, se reanudaron las agresiones de la
fuerza pública contra los residentes en Labateca. El 17 de marzo de 1.988, aproximadamente a las
5:00 am, los campesinos LUIS ROBERTO VELANDIA GARCIA, ALEJANDRO VELANDIA
BARAJAS, padre del anterior, y FRANCISCO SIERRA, fueron detenidos por militares en la
vereda La Hojancha. Posteriormente los labriegos fueron torturados por miembros de la estación
de policía de Toledo, siendo asesinado Luis Roberto por uno de ellos, el agente Edgar David
Portillo López.
Luis Roberto y su padre Alejandro fueron detenidos inicialmente por una patrulla del ejército en
su finca, ubicada en la vereda mencionada, y fueron conducidos a la base Militar El Cedral, del
municipio de Toledo, en compañía de Francisco Sierra, quien había sido aprehendido momentos
antes. En esa base permanecieron aproximadamente desde las 8:30 a.m. hasta mediar la tarde,
después de lo cual fueron llevados a la Estación de Policía de Toledo. Luego de registrar su
ingreso e interrogarlos sobre una supuesta vinculación con la guerrilla, los sometieron a
confesiones y múltiples torturas. Finalmente fueron encerrados en calabozos separados.
185
Alrededor de las nueve de la noche, Luis Roberto fue llevado por un Sargento y el Agente
Portillo López, quienes lo interrogaron nuevamente y lo torturaron, hasta cuando se escuchó un
disparo que le produjo la muerte inmediatamente, propinado por el uniformado Portillo. Como
consecuencia de esto, el padre de la víctima fue trasladado a la cárcel de Pamplona, donde
permaneció 45 días. Su esposa Filomena García falleció por la noticia de la muerte de su hijo y la
reclusión de su esposo. Cuando obtuvo la libertad, Alejandro Velandia tuvo que vender la finca.
En 1990, los desconocidos irrumpieron en Labateca. El 11 de febrero de 1990, OSCAR
GUILLERMO RAMON DURAN, inspector de policía de Gibraltar fue asesinado de 11 impactos
de bala en esa misma Inspección Departamental. Junto a su cadáver fueron hallados panfletos
alusivos al Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Dos meses más tarde, caería una nueva
víctima a manos de los “desconocidos” esta vez se trataba del alcalde electo de Labateca por el
Partido Liberal, ENRIQUE MORALES MONCADA, de 32 años, quien fue asesinado el 9 de
mayo de 1990. Antes del hecho Enrique había sido amenazado de muerte.
El último caso de CLH denunciado en la década del noventa tuvo lugar el 13 de agosto de 1991.
Ese día, la educadora oficial de la escuela del caserío La Cabuya, CARMEN ALICIA
ESTUPIÑÁN LIZARAZO, fue asesinada, por los mismos desconocidos que a comienzos de la
década comenzaron a sembrar el terror y la muerte en la población.
TOLEDO
La comisión de CLH en Toledo, municipio conservador, fue en su mayoría responsabilidad de los
organismos de seguridad del estado, quienes a partir de 1977 dieron inicio a la persecución
indiscriminada contra los habitantes del municipio. En enero del año en mención, el estudiante
ALIRIO JIMENEZ fue detenido miembros del ejército y posteriormente obligado a desplazarse.
A mediados de la década del ochenta la fuerza pública arremetió nuevamente contra la población
de Toledo. El 28 de diciembre de 1984, el fotógrafo y trabajador informal ALFONSO RIVERO
fue detenido, torturado, desaparecido y asesinado por miembros de Inteligencia Militar luego de
salir de una fiesta. Su cuerpo apareció maniatado en Pamplona los primeros días del mes de enero
de 1985. Un día después de la desaparición de Alfonso, el 29 de diciembre de 1984, el
comerciante ALFONSO HERNANDEZ HERRERA, de 33 años, fue detenido y desaparecido por
miembros del ejército, después de ser obligado a bajarse de un taxi en el cual se dirigía hacia la
ciudad de Cúcuta.
Un año más tarde, el 25 de diciembre de 1986, varios miembros de la policía detuvieron a
JORGE ENRIQUE CARDENAS SANTAFE en el corregimiento de San Bernardo de Bata.
Después de su aprehensión, Jorge fue torturado en la Subestación de Policía del municipio y
posteriormente en una base militar, por efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado Nº1,
"General Silva Plazas" del ejército, al mando del Teniente Gabriel Alberto Becerra Pacheco. Los
militares acusaron a Jorge Enrique de pertenecer al ELN.
Jorge estuvo inicialmente detenido en la subestación hasta el día 27 de diciembre, tiempo en el
cual sufrió varias torturas. Después fue entregado a la unidad militar mencionada que lo trasladó
a una base militar en Samoré, donde le fueron infligidas múltiples torturas. La víctima relató que:
186
“el ejército me propinó patadas y coñazos, poniéndome contra una pared y
diciéndome que era guerrillero, que dónde tenía las armas; que dónde estaban
los otros compañeros de la guerrilla; y que me iban a matar... que lástima que
me hubieran agarrado delante de la gente, sino me habían matado y me habían
hecho desaparecer. Además agrega: “fui obligado a firmar una constancia de
buen trato para que no me pegaran tanto".
Jorge nunca pudo verificar lo que iba a firmar. Ya en la madrugada del 29 de diciembre, lo
trasladaron nuevamente, esta vez al Batallón García Rovira en la ciudad de Pamplona, instalación
de la que lo sacaron para dejarlo en libertad el 30 de diciembre a las 7:45 de la noche.
En la década del noventa los desconocidos hicieron su aparición en la vereda Bolegia del
corregimiento de San Bernardo de Bata, dando muerte a un campesino. Los hechos ocurrieron el
4 de febrero de 1990, cuando el agricultor OLINTO MONTERREY de 53 años, fue asesinado en
extrañas circunstancias. Su cuerpo presentaba cinco impactos de bala en diferentes partes.
DURANIA
En la década del noventa, el F–2, organismo de inteligencia estatal arremetió contra la población
del municipio liberal de Durania que hasta este momento no registraba comisión de CLH contra
sus habitantes. El saldo de dicha arremetida fue la masacre de tres miembros de una misma
familia, hecho que marcó el inicio del control represivo del municipio por medio de la violencia
irregular.
El 8 de marzo de 1990, los campesinos REGULO ANTONIO SANDOVAL, de 65 años, y sus
hijos ERIC ROBERTO y FELIX JAIME SANDOVAL VILLAMIL, de 20 y 18 años
respectivamente, fueron asesinados por 5 hombres pertenecientes al F-2, en la vía que conduce de
Durania a Cúcuta. Los hombres llegaron en la madrugada a la vivienda de la familia Sandoval,
sacaron al padre y a los dos hermanos y les dispararon en la cabeza. Los cuerpos fueron
encontrados por los habitantes de la región a tres kilómetros de la finca Santa Cruz.
Cinco años más tarde, los desconocidos operaron en Durania. El 8 de enero de 1995 fue
encontrado en el sitio "Chimborazo" de la vereda Puente Milagro, el cuerpo sin vida de
CARLOS LEOPOLDO SILVA, de 40 años, quien presentaba ocho impactos de pistola. Varios
desconocidos llegaron a su casa para alquilar el servicio de su camioneta, solicitándole que los
transportara al sitio "Morretón". Ante su negativa, Carlos fue obligado con armas de fuego a
abandonar la vivienda, siendo posteriormente asesinado.
187
9. REGIÓN ORIENTAL
La región oriental del departamento nortesantandereano está compuesta por los municipios de El
Zulia, Villa del Rosario, Los Patios, San Cayetano y Puerto Santander. Las tres primeras
poblaciones conforman a su vez el área metropolitana de Cúcuta, capital del departamento.
Una característica común de los municipios ubicados en el oriente del departamento es el
predominio de las actividades comerciales como principal sustento económico de la región,
puesto que su localización de frontera con Venezuela ha convertido esta zona en uno de los
puntos del país con “mayor relación comercial e integración”, con el país vecino y los
departamentos del nororiente colombiano127.
La agricultura comercial es otra de las principales actividades económicas del oriente
nortesantandereano. Desde mediados de la década de los ochenta, los suelos de la región han sido
considerados como “ricos y con una potencialidad agrícola excepcional, con tierras
mecanizadas...donde se cultivan los de alto rendimiento, como arroz, sorgo, etc”128. Con la
aparición de las grandes agroindustrias de cultivos de arroz, sorgo y algodón, los terratenientes
han incrementado enormemente su capital, en detrimento de los jornaleros y pequeños
agricultores, quienes cada vez encuentran más obstáculos para poder intercambiar y vender sus
productos, lo cual ha conllevado a que el sector campesino de la zona tenga que enfrentar
mayores niveles de pobreza. A esta problemática se suma la rápida ganaderización de los campos
de las poblaciones de El Zulia, Los Patios, San Cayetano y Puerto Santander, emprendida
también por los latifundistas de la región.
Los factores mencionados han contribuido notablemente al “decrecimiento y la baja densidad de
la población rural, indicadores que reflejan el abandono paulatino de la actividad agropecuaria, lo
que constituye una verdadera amenaza para la capacidad productiva del campo Norte
Santandereano y por lo tanto, baja capacidad alimentaria; a la vez que se generan grandes
desequilibrios en el ámbito urbano respecto de la capacidad de oferta de servicios en cuanto a
vivienda, servicios y fundamentalmente generación de empleo”129.
En el municipio de El Zulia existen importantes reservas de carbón y caliza que actualmente
están siendo explotadas por las grandes trasnacionales, por lo que sus beneficios económicos no
se ven reflejados en el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores de dicha localidad. Esta
situación es característica de otras regiones del departamento como El Catatumbo, donde a pesar
de la enorme riqueza natural, los pobladores deben enfrentarse a la miseria y el abandono estatal.
Empero, la población de la región aún subsiste gracias al desarrollo de otro tipo de actividades
127
FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR, Norte de Santander. Paz, Te han vestido de
negro..., Op. cit. p. 27.
128
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO. República de Colombia,
Departamento de Norte de Santander, San José de Cúcuta, diciembre de 2000. p. 53.
129
PROYECTO CNM. Equipo Regional Norte de Santander. Op. cit. p. 7.
188
como la pesca, que en municipios como Puerto Santander y Los Patios representa una fuente
económica de importancia.
Las difíciles condiciones de subsistencia a las que se han visto sometidos los pobladores de la
región, posibilitaron la creación de formas organizativas de lucha entre el campesinado, que logró
grandes reivindicaciones como la adjudicación de varios predios por parte del INCORA a
comienzos de los años noventa lo que permitió fortalecer el movimiento campesino. “Estaban
presentes la ANUC, sindicatos y cooperativas con capacidad de liderazgo e interlocución. Sin
embargo, con el correr de los años, los cambios del mercado y la competencia, como también el
debilitamiento de los créditos, de la asistencia y de los programas institucionales, llevaron al
debilitamiento y quiebra de los parceleros del INCORA”130.
La persecución contra los habitantes de la región oriental, que comenzó a ser implementada por
la fuerza pública a comienzos de los años setenta contra la población de El Zulia, con el devenir
de la década del ochenta se extendió a los habitantes de Villa del Rosario donde los agentes
paraestatales comenzaron a posicionarse desde finales de aquella década. Tanto en este municipio
como en San Cayetano, Los Patios y Puerto Santander, la fuerza pública y “los desconocidos”
mantuvieron un accionar criminal constante durante los primeros años de la década del noventa,
que les permitió posicionarse rápidamente en la región. Sus blancos principales fueron los
campesinos, dirigentes comunales, estudiantes y educadores de la región.
Otra modalidad represiva empleada por los organismos de inteligencia del estado y los grupos
paramilitares en el oriente del departamento, fue la práctica de la “limpieza social”, accionar que
se evidenció en El Zulia a finales de los ochenta, y que paulatinamente se extendió a las demás
localidades de la región.
En el caso particular de Villa del Rosario, aunque la persecución contra la población marginada
se manifestó de manera más tardía que en los demás municipios de la región, dicha operatividad
se presentó de manera más sistemática y contundente; a partir de 1994, los escuadrones de la
muerte que se presentaron bajo la denominación de “La Mano Negra” dieron inicio a una serie de
crímenes que expresaron la crueldad y el rechazo del establecimiento y sus fuerzas irregulares a
la población marginada.
EL ZULIA
Los primeros casos de CLH en el municipio liberal de El Zulia se remontan a los primeros años
de la década del setenta. Desde los primeros años de la década, la fuerza pública arremetió contra
los campesinos de la población, expropiando de sus viviendas a varios de ellos. Esta situación
volvería a presentarse a mediados de la década del ochenta, evidenciando cómo el control social
emprendido por el “establecimiento”, lejos de salvaguardar la integridad de los pobladores,
impedía su derecho a cultivar y habitar la tierra, protegiendo los intereses de los grandes
terratenientes.
130
Esta situación refleja las difíciles condiciones de trabajo y el deterioro social que afecta a los agricultores nortesantandereanos
en un contexto donde se conjugan el modelo económico aperturista, que llevó a la crisis al sector agrícola a nivel nacional, las
dificultades económicas que sobrevinieron en el país, el negativo efecto económico de la penetración de la coca en relación con
los cultivos tradicionales y el impacto de la violencia. Al respecto: FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN
PROGRESAR, Norte de Santander. Paz, Te han vestido de negro..., Op. cit. p. 29.
189
Los primeros hostigamientos de este tipo se produjeron en fecha no precisada de febrero de 1972,
cuando DOS CAMPESINOS fueron detenidos y sus residencias allanadas en el curso de un
desalojo realizado por la policía en compañía de algunos funcionarios públicos y el terrateniente
Alfonso Ruán en la Inspección de Policía Departamental de Campo Alicia. En el hecho fueron
expulsadas y encarceladas varias familias.
En la década del ochenta se incrementaron las agresiones de la fuerza pública contra los
habitantes del municipio. El primer crimen que se registró a comienzos de la década a manos de
los agentes estatales puso de manifiesto la intención del establecimiento de perseguir
sistemáticamente la oposición política que se incrementaría en todo el territorio nacional en los
años siguientes. El 7 de noviembre de 198, el dirigente político LUIS VICENTE FALLA
TORRES fue desaparecido por el B-2 de la V Brigada, según denuncias de la Procuraduría
General de la Nación. Posteriormente Luis Vicente apareció vivo.
Los hostigamientos de los agentes estatales contra la población del Zulia se reanudaron desde los
primeros meses de 1985; una vez más los campesinos fueron el blanco de la represión del
establecimiento, la cual continuó protegiendo y amparando a los grandes gamonales de la región,
arremetiendo una vez más contra los jornaleros. El 22 de febrero de ese año los campesinos y
padres de familia DAVID FLECHAS, JORGE DURAN, JULIAN RAMIREZ, PEDRO PAEZ,
GERMAN RIVERA, ELISEO RIVERA, OSCAR RIVERA, GUILLERMO REY, FRUCTUOSO
JIMENEZ y JESUS VERA fueron detenidos por la policía en un desalojo realizado a una finca
donde residían 70 familias campesinas que se vieron obligadas a desplazarse de sus tierras.
Durante el primer trimestre de 1988 se comenzó a presentar la “limpieza social” en El Zulia que a
finales de la década del ochenta comenzó a implementar los grupos paramilitares y los
organismos de inteligencia del estado en varias regiones del país: El 7 de mayo de 1988 los
homosexuales JOSE HUGO SAENZ VIDAL, de 35 años, conocido como “PEGGY”; DARIO
TRUJILLO GALLEGO y PEDRO CANAL fueron asesinados por desconocidos. Posteriormente
los cadáveres de las víctimas fueron encontrados en la carretera que conduce de este municipio a
la localidad de Tibú.
La oleada de violencia se extendió durante los primeros años de la década del noventa. El 2 de
noviembre de 1991, el estudiante del Colegio Integrado Agrícola NORMAN ALEXANDER
TRUJILLO CORREA y el joven campesino ALBERTO ALARCON SALCEDO fueron
detenidos y torturados por miembros del ejército pertenecientes al Grupo de Caballería
Mecanizado Nº 5 "General Hermógenes Maza", al mando del Teniente Miranda.
Norman fue torturado durante tres horas, tiempo durante el cual lo colocaron boca abajo
amarrado, recibiendo puntapiés y puños; estando boca arriba, lo vendaron con una toalla y le
practicaron el llamado "submarino". Al tratar de salir del agua, la víctima hizo caer
accidentalmente a uno de los militares, quien lo amenazó colocándole un puñal en el cuello.
Luego lo vistieron con prendas militares, llevándolo al sitio "La Ye", donde se realizaba un bazar,
para que señalara a los supuestos guerrilleros que allí había. Al encontrar a los estudiantes del
Colegio Integrado Agrícola los militares dijeron que: "todos los alumnos de ese colegio son
guerrilleros, vamos a ir a allanar ese colegio y a traer los profesores y toda esa parranda de
190
guerrilleros que hay allá". Posteriormente, trataron de obligar a Norman a que le diera puñaladas
a Alberto, quien también se encontraba detenido y torturado.
La Personera Municipal de El Zulia, en carta enviada a la Procuraduría Departamental, informó
que acompañó al estudiante a hacer la denuncia y al momento de salir se dieron cuenta que el
policía de turno anotaba los datos de las víctimas y sus acompañantes en un cuaderno diferente
del registro habitual. De acuerdo con el informe de Medicina Legal, Norman presentaba múltiples
lesiones en el cuerpo, especialmente quemaduras, al parecer producidas con químicos.
Tres meses más tarde, el 6 de febrero de 1992, el profesor y abogado de la Universidad Libre de
Cúcuta, JAVIER ERNESTO TORRES GUTIERREZ, de 30 años, fue asesinado y SU CUÑADA
resultó herida, cuando cuatro desconocidos los atacaron en momentos en que se encontraban en la
panadería "Zulipán", ubicada en la calle 5ª No. 3-59. Los victimarios llegaron en un campero
hasta el establecimiento, de propiedad de un hermano de Javier, donde le dispararon hasta
causarle la muerte e hiriendo a su cuñada.
VILLA DEL ROSARIO
Villa del Rosario, municipio de tradición liberal, es uno de los de la región oriental donde se
desencadenó con mayor contundencia la violencia sistemática de los agentes paraestatales. Las
estructuras paramilitares irrumpieron en la población a finales de 1989 y desde su llegada
comenzaron a controlar la zona por medio de la muerte y el terror. El primer crimen perpetrado
por dichas estructuras tuvo lugar el 30 de noviembre de 1989, cuando los campesinos JORGE
ELIECER MORENO PEREZ de 24 años y los hermanos, SIMON de 28 años y CARLOS JOSE
CASTELLANOS SILVA de 30 años, fueron torturados y asesinados por hombres armados que
los sacaron de sus fincas, abandonando los cuerpos de las víctimas en el sitio "La Laguna" del
corregimiento La Uchema.
A Jorge Eliécer le propinaron ocho tiros de pistola, Simón presentó dos tiros en la cabeza y
Carlos recibió un tiro en el parietal izquierdo. Los cuerpos fueron encontrados por campesinos de
la vereda Santa Rita, quienes informaron que junto a los cadáveres se encontraron panfletos con
el escrito "muerte a cuatreros"; sin embargo, sus familiares los identificaron y negaron cualquier
nexo con ese tipo de actividades, relacionada con robos de diferente envergadura.
A mediados de 1990 se reanudó la violencia en la población, esta vez a manos de los
desconocidos. El 18 de junio de ese año, VICTOR JULIO ZABALA concejal de Villa del
Rosario fue asesinado y OTRA PERSONA herida por desconocidos que atacaron esta localidad
en horas de la madrugada.
La fuerza pública también es responsable de la violencia que cubría Villa del Rosario en los
primeros años de la década del noventa. El 16 de enero de 1992, en horas de la mañana, los
campesinos ELGIO FLOREZ, REYNALDO GONZALES GONZALES, MARIO CARREÑO
CARREÑO, VENTURA FLOREZ GARCIA, VALENTIN ALMEIDA, LUIS ALBERTO
ARENAS, LUIS ARTURO LAZO SERRANO, DOMINGO RAVELO SAMACA, JORGE
ROBERTO ESCOBAR PANQUEVA, ARIOSTO CORREA MARIN, LAUREANO
HERNANDEZ SUAREZ Y LUIS HUMBERTO ESCALANTE, fueron detenidos por el Capitán
de la Policía Nacional Edwin Rizzo Rivas en el sector del Anillo Vial, corregimiento de Lomitas
191
del municipio de Villa del Rosario. La fuerza pública acusó a los pobladores como presuntos
invasores de tierras. El Oficial ordenó el decomiso de las herramientas de trabajo de los
campesinos a los agentes que lo acompañaban, dejando a disposición del Juez Promiscuo
Municipal de Villa del Rosario a los aprehendidos. Ese día los campesinos fueron desalojados del
predio sin orden judicial alguna por el Capitán Rizzo. Al mismo tiempo, este tumbó una
enramada y mejoras del bien, adquiridas por el señor Escobar Panqueva, ordenando después la
detención del mismo y de los demás presentes hasta el día siguiente.
En abril de 1993 los “desconocidos” incursionaron nuevamente en Villa del Rosario, dando
muerte a otro de los pobladores. El 5 de abril de 1993 ALIRIO CONTRERAS BLANCO, de 20
años, obrero de una fábrica de ollas de aluminio, fue asesinado en el barrio San Judas Tadeo.
Cinco encapuchados llegaron hasta su vivienda y preguntaron por él, como no les abrieron,
rompieron el vidrio de la ventana y dispararon indiscriminadamente, para luego huir en un
vehículo que les esperaba. Alirio recibió quince disparos de pistola calibre 7.65 mm y de revólver
calibre 32, en presencia de la esposa y sus tres hijos. Uno de los encapuchados portaba una gorra
de la Policía Nacional.
Cinco meses más tarde, el 17 de noviembre de 1993, la presidente del Comité Projunta Comunal
del sector de invasión Sendero de la Paz y cuñada del alcalde de Villa del Rosario, MAGALY
MICHEL DARLING GOMEZ, fue asesinada por dos desconocidos que ingresaron en su
vivienda, amenazaron a su esposo y la asesinaron propinándole un disparo en la cabeza y otro en
el seno izquierdo, mientras dormía en compañía de su hijo de dos años, en el barrio La Palmita.
Un cuñado de la víctima fue acusado en enero del mismo año de ser guerrillero, por una persona
vinculada a la SIJIN de Norte de Santander.
El año culminó con el asesinato de otro dirigente comunal de los barrios de invasión del
municipio. El 26 de diciembre de 1993, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
de invasión Montevideo, FERMIN PARRA BARON, de 45 años, fue asesinado por un grupo de
aproximadamente cinco hombres que le propinaron seis disparos de pistola calibre 9 milímetros
en éste barrio, ubicado en el corregimiento Lomitas.
Durante 1994 se dio inició a la “limpieza social” en Villa del Rosario. Este tipo de accionar lo
materializaron grupos paraestatales como La Mano Negra que emprendieron la arremetida contra
los pobladores urbanos de los sectores marginales de ese departamento. Tal modalidad a finales
de los ochenta se extendió a mediados de los noventa al área metropolitana nortesantandereana,
poniendo de manifiesto cómo la continuidad de los crímenes se ceñía a unos mismos parámetros
que se utilizaron en prolongados períodos de tiempo y en lugares distantes, no obstante el relevo
permanente de los agentes estatales comprometidos, lo que evidenciaba una Política de
Estado131. La arremetida contra la población marginada a manos de la Mano Negra comenzó en
el mes de febrero, cuando UN EXPENDEDOR de bazuco fue asesinado. Pocos días más tarde, el
7 de marzo de 1994, la vendedora de drogas alucinógenas BLANCA LUCIA TORRES
HIGUERA, de 26 años, LUCIO ANGELMIRO RAMOS SIERRA de 37 años, y el empleado
OSCAR PARRA RIQUET fueron asesinados por 4 hombres del mismo grupo que se
movilizaban en una camioneta Samurai y dispararon indiscriminadamente contra las personas que
131
Banco de Datos de Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad: Paramilitarismo de Estado 1988 – 2003. Bogotá,
p. 314
192
estaban en una caseta ubicada en cercanías a la cancha de fútbol de la Inspección de Policía
Departamental La Parada.
Los anteriores hechos dan cuenta de cómo el grupo paramilitar La Mano Negra que comenzó a
operar tanto en la Inspección de Policía Departamental La Parada, en Villa del Rosario, como en
la zona de frontera con San Antonio del Táchira, en Venezuela, dio inicio a una serie de
asesinatos que amedrentaron a toda la población de la región. Junto a los cuerpos de algunas de
las víctimas eran dejados escritos en los que se manifestaba que la finalidad de estos escuadrones
de la muerte era la de "limpiar de drogadictos, expendedores de drogas y ladrones al sector".
Para el mes de mayo de 1994 el accionar de La Mano Negra se incrementó de forma desmesurada
en la Inspección Departamental la Parada. El 2 mayo el drogadicto y lavador de carros NELSON
ENRIQUE CARDENAS fue asesinado por dos integrantes del mencionado grupo paramilitar
quienes le propinaron dos impactos de bala en la cabeza. Días después, el 18 de mayo de 1994, en
el barrio La Playa de esa inspección, el maletero WILLIAM ARTURO LANDINEZ
BOHORQUEZ sería asesinado por un hombre vestido de negro perteneciente a la misma banda,
quien se le acercó y sin mediar palabra le propinó un disparo en la cabeza. En similares
circunstancias y cuando apenas había transcurrido un día del asesinato de William, un hombre
conocido como "EL GATO" fue asesinado el 19 de mayo de 1994 por dos miembros de La Mano
Negra, uno de los cuales estaba armado con un revólver con el que le disparó en la cabeza. La
misma suerte corrió un indigente conocido como "AMERICO" o "BARBA" de 30 años, muerto
el 30 de mayo por varios paramilitares de este grupo que le descargaron 6 disparos en diferentes
partes del cuerpo.
Los crímenes contra los habitantes de la misma inspección continuaron en el mes de junio. El día
7 de ese mes, a las once de la noche, el obrero JOSE ARQUIMEDES DIAZ PEÑA fue asesinado
de un disparo en la cabeza por miembros de La Mano Negra. Esa noche José estaba reunido con
otras personas cuando aparecieron varios encapuchados, quienes pidieron a los presentes los
documentos de identidad y como la víctima no los portaba, lo acusaron de ser delincuente y lo
acribillaron en presencia de uno de sus hijos, menor de edad. Dos semanas más tarde, el 23 de
junio de 1994, UN HOMBRE de 33 años fue encontrado asesinado con un disparo en el corazón
en el barrio Santander. La víctima era de tez blanca, cabello negro lacio, bigote y chivera, y al
parecer fue asesinada en otro lugar. Ese mismo día fue encontrado UN HOMBRE de 27 años
asesinado con un disparo en la cabeza y otro en la espalda en la vereda El Palmar, en zona
limítrofe con el municipio de Cúcuta. La víctima era de 1.60 metros de estatura, tez negra y
cabellos ensortijados. El mes culminó con el asesinato del comerciante BALBINO APARICIO
CORDERO de 34 años, quien fue asesinado por 3 hombres armados, uno de los cuales estaba
encapuchado, quienes ingresaron a un establecimiento público de su propiedad y le realizaron un
disparo de revólver en presencia de su novia, en el barrio San Judas Tadeo, el 30 de junio de
1994. Se presume que los responsables fueron los paramilitares pertenecientes al grupo La Mano
Negra.
La acción criminal de la Mano Negra se manifestó una vez más en octubre de 1994. El día 11 de
ese mes el dirigente liberal, ex concejal y comerciante, JOSE LUIS NIÑO ESLAVA de 56 años y
el empleado RAUL LOPEZ DELGADO, fueron asesinados en un bar de la Inspección de Policía
Departamental La Parada. Dos jóvenes se acercaron al dirigente político y le dispararon; por los
gritos de Raúl también lo asesinaron, disparándole igualmente a una empleada del bar. Antes y
193
durante el doble asesinato, un grupo de desconocidos del que hacían parte los victimarios,
"previamente se había instalado en la calle principal de La Parada e inclusive había obligado a
tender boca abajo a varios transeúntes mientras se cometía el crimen".
En 1995 los paramilitares extendieron su accionar criminal contra los dirigentes comunales y
funcionarios públicos de la localidad. A medida que se posicionaban en la población estas
estructuras dieron curso a una estrategia de exterminio contra todo aquel que cuestionara sus
leyes o se opusiera a ellas. El 4 de febrero de 1995 el dirigente comunal y político de Juan Frío y
ex corregidor de la misma localidad, GILBERTO HERNANDEZ CAICEDO, de 44 años, fue
asesinado y UN JOVEN adolescente fue herido, por un hombre que les propinó varios disparos a
la 1:30 de la madrugada en el corregimiento Juan Frío. Gilberto había sido amenazado con
anterioridad y recientemente había entablado una tutela contra el municipio para que
pavimentaran la carretera que conduce al corregimiento. Seis meses más tarde, el 13 de agosto
de 1995, el concejal de Villa del Rosario CARLOS CARREÑO NIÑO de 27 años fue asesinado
por una tropa paramilitar mientras se encontraba conversando con un joven frente al jardín de su
residencia, en el barrio San Gregorio. “Tres hombres armados que usaban "gorras o cachuchas
abajo de la frente para cubrirse un poco la cara", abordaron al concejal en su casa y lo acribillaron
de 13 impactos de pistola y revólver. La madre de la víctima también fue atacada cuando salió a
ver qué pasaba. El joven que se encontraba hablando con él logró escapar luego de ser perseguido
por los victimarios.
A finales de 1998 volvió a presentarse la “limpiezas social” en Villa del Rosario. El 21 de
octubre un INDIGENTE fue asesinado por los paramilitares en el corregimiento Lomitas. Ese
mismo día el comerciante JORGE ROBERTO ESCOBAR PAQUEBA y DOS
COMERCIANTES más fueron torturados por miembros de la Guardia Nacional Venezolana
cuando las víctimas se encontraban en la finca "Casanueva" de la Inspección de Policía
Departamental La Parada, a 500 metros de la frontera con Venezuela. Una de la víctimas afirmó
que “se encontraban en ese lugar a las 3:30 a.m. esperando el paso de una mercancía que venía
de contrabando de Venezuela, cuando llegaron miembros de la Guardia y empezaron a
dispararles y los botaron por el piso dándoles golpes con los pies y las culatas de las armas".
LOS PATIOS
La comisión de CLH en el municipio liberal de Los Patios se manifestó a finales de la década de
los ochenta y continuó hasta mediados de los noventa. El primer caso que se denunció en el
municipio evidenció la persecución sistemática del establecimiento contra los educadores del
sindicato de ASINORT, que se llevó a cabo en todo el departamento. El 29 de agosto de 1989 los
miembros de la Asociación de Institutores de Norte de Santander, JAIRO MENESES OVALLOS
y JOSE DIDIN BEDOYA, fueron detenidos y sus residencias allanadas por el ejército. Los
hechos ocurrieron en la Avenida 12 Nº 12B-14 de la Urbanización Montebello. Ese mismo día un
SINDICALISTA de la misma organización, vecino del sector, fue igualmente detenido. A esa
dirección llegó un camión con soldados uniformados y un señor de civil, quien portando una hoja
manifestó tener orden para registrarla. Los detenidos fueron trasladados en el mismo camión en el
que se movilizaban los soldados.
A comienzos de los años noventa, la represión corrió por cuenta de los miembros de la SIJIN de
Cúcuta, los cuales comenzaron a operar en esta población, arremetiendo indiscriminadamente
194
contra sus pobladores. En fecha no precisada de comienzos de la década fue desaparecido
MIGUEL HERNANDO ROJAS TORRES y posteriormente torturado su hermano OMAR IVAN
por los Agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN de Cúcuta Luis Antonio
Morales Moscoso y Luis Jesús Contreras Rojas, en la urbanización Montebello. Los crímenes de
la SIJIN continuaron el 10 de marzo de 1992, fecha en la que ALEXANDER CHINCHILLA
FLOREZ fue detenido por el Cabo Primero Tiberio Torres Pulido, adscrito a la SIJIN, en unas
cabinas de Telecom ubicadas en el Centro Comercial Tierralinda. Posteriormente Alexander fue
torturado en las instalaciones del organismo policial en Cúcuta.
Alexander se encontraba haciendo una llamada, cuando el personal de la SIJIN procedió a
detenerlo porque según una investigación que adelantaban, aquel participaba en una extorsión.
Posteriormente lo condujeron a la SIJIN. Cuenta Alexander que aparte de los golpes
indiscriminados que le propinaron "estuve vendado y detecté que entraba a un recinto parecido a
una iglesia, que anduve por un pedregal y que en el lugar existía una mata de plátano que pude
ver
cuando
me
quitaron
las
vendas".
Medicina legal lo incapacitó por 7 días y dictaminó que no se podía determinar si sus lesiones
dejarían secuelas posteriormente y que además fueron producto de los maltratos recibidos durante
su detención.
Paralelamente al accionar de la SIJIN, los “desconocidos” hicieron su aparición en Los Patios y
con ellos se manifestó de nuevo el terror y la muerte. El 27 de julio de 1992, en el sitio conocido
como el Anillo Vial Oriente, jurisdicción del municipio de los Patios, fue encontrado el cuerpo
sin vida de CARLOS ARTURO SANCHEZ GUEVARA, quien presentaba tres heridas de bala
en la cabeza y estaba quemado con ácido.
En 1993 se evidenciaron los primeros indicios de la “limpieza social” en este municipio, acciones
que comenzaron a ser desarrolladas por la fuerza pública del municipio. El 18 de enero de 1993
el delincuente JESUS MUÑOZ CARREÑO de 27 años de edad, fue detenido y asesinado por
agentes en la Subestación de Policía. El día anterior, cuando Jesús intentaba robar unas cantinas
de leche, unos pobladores lo sorprendieron y lo golpearon, llamando luego a los miembros de
policía, quienes lo aprehendieron y condujeron a una celda de la subestación. "El hombre subió
sin problema alguno a la patrulla y lo llevamos. Se le notaba un golpe en el pómulo izquierdo. Al
llegar al puesto se le tomaron los datos personales los cuales entregó sin contratiempo alguno y
luego se llevó a la celda a las 23:45 horas"132. Posteriormente, Jesús apareció muerto en su
celda.
Los desmanes represivos de las fuerzas de seguridad estatales se reanudaron en el segundo
semestre de 1995. El 28 de junio de ese año, LUIS ALFONSO ROMERO NAVARRO y JESUS
ANTONIO AREVALO QUINTERO fueron desaparecidos por miembros de organismos de
seguridad del Estado en la urbanización Tierra Linda. Las víctimas se transportaban en una
motocicleta blanca TS 125 con rayas fucsia, cuando varios hombres vestidos de civil y
fuertemente armados los abordaron y retuvieron en una camioneta Luv blanca de platón y en una
Trooper. Los familiares de las víctimas acudieron a los sitios de reclusión de la SIJIN, el DAS, el
F-2, la Estación 100 de la policía de Cúcuta y el Ejército Nacional, lugares donde no dieron razón
del paradero de Luis Alfonso y Jesús Antonio.
132
Boletín Informativo Justicia y Paz, volumen 6, numero 1. Enero-Marzo 1993.
195
Luis Alfonso visto desde un testimonio…
A continuación se exponen fragmentos del testimonio de la esposa de Luis Alfonso, respecto a
las circunstancias de su desaparición:
-(…)El era un tipo muy trabajador, muy responsable, teníamos una familia conformada de 2
niños de él, que vivían conmigo y tenía los otros tres niños que vivían con la mamá en
Bucaramanga con la primera esposa.
Acá llegamos en el 89, empezamos a trabajar, él trabajaba, después con la plata compró un
carro y empezó a trabajar con ese carrito y con eso nos desenvolvíamos, pagábamos arriendo
hasta que unos días en Diciembre cayó preso que fue al siguiente año que fue cuando lo
desaparecieron o sea él cayó el 16 de diciembre, salió el 30 y a los 6 meses prácticamente fue
que lo desaparecieron.
Y bajo que cargo lo detienen a él?
Ellos dijeron que por tráfico de armas y de droga y eso, pero no le encontraron nada a él, ni fue
comprobado, porque a los 15 días fue dado en libertad.
¿Cómo fue lo de la desaparición?
El salió como de costumbre, salió muy temprano, había comprado una moto, salió en la moto en
la mañana como a las 6:00 y como a las 9:30 me llamó, exactamente a las 9:30 por que él no
tenía reloj y me preguntó la hora, me dijo que le dijera la hora, por que él tenía que ir a la casa,
no había dejado para el almuerzo entonces él me llevaba la plata para el almuerzo ese día,
entonces le dije son la 9:30, y dijo: ah yo por ahí a la 10:00 voy para allá y entonces llegó un
amigo de él y me dijo que si Alfonso estaba, entonces le dije: no señor pero no demora,
entonces él dijo: no es que a mi me parece que a él lo detuvieron, lo agarró la Ley allá en Tierra
Linda; entonces le dije ¿La ley, eso por qué? Me extraña, entonces dijo: sí, póngase pilas vaya
a ver para donde se lo llevaron, él iba en la moto e iba con otro muchacho de camisa roja,
entonces dije, yo no sé, lo que si sé es que él venía para acá a las 10:00 de la mañana de 10:00 a
10:30 llegaba y entonces dijo el muchacho: bueno yo lo vi, yo iba en la buseta, cuando vi que los
estaban echando a un carro y al otro muchacho también lo estaban echando a una camioneta, a
una FORD BLANCA, (en este momento no me acuerdo de las placas pero incluso las logre
averiguar), al otro muchacho le pegaron con un arma, tenían radio de comunicación, tenían
armas.....metras.... armas largas y cortas y los encañonaron, iban en una moto también y uno de
ellos se fue en la moto manejando la moto de mi esposo y a ellos se los llevaron y hasta esta es la
fecha que no sabemos nada.
¿Cuando tú tienes conocimiento de eso hacia que sitio te diriges?
Hacia la SIJIN (…) me dijeron que no tenían conocimiento de nada, luego me fui para la
estación de los Patios por que yo dije que de pronto en Los Patios, no? Porque como allá había
196
sido capturado… entonces no encontré nada respuesta por ahí tampoco, luego otra vez me vine
para la SIJIN y empecé todo ese proceso (…) en un momento yo no sabía donde recurrir.
De repente alguien me dijo, vaya a los Derechos Humanos, yo fui a los Derechos Humanos y les
dije no es que a mi esposo lo capturaron a las 10:00 a.m y esto y son las 3:00 de la tarde y yo no
se nada de él, donde lo tienen. Supongo que si fue capturado por alguna cosa, lo deben tener en
alguna parte, no se, la policía o algo ¿no? Y entonces ellos me dijeron que fuéramos al batallón
a ver si había sido el Grupo Maza que le había capturado fuimos y tampoco, ¡que nada! se pasó
esa tarde, ya al otro día volví en la misma rutina por todas las estaciones de policía buscándolo
hasta en San Mateo y tampoco, así transcurrió una semana que yo pedía que me dieran
información.
(...) Ah fui al DAS y en el DAS me dijeron que iban a revisar los calabozos a ver si había alguien
ahí por que no estaba escrito y que ¡tampoco!, entonces allá puse una denuncia, me dijeron que
hasta que no cumpliera las 72 horas y entonces; a lo que se cumplieron las 72 horas fui y
coloque la denuncia por desaparición y tampoco hicieron nada. Después, como a los 15 días
fueron dos muchachos del DAS y me preguntaron que si no sabía nada de mi esposo, yo dije que
no sabía nada. También estuve con los D.D.H.H, y dijeron que ellos me ayudaban, fuimos a ver
muertos por todos los lados, fuimos a ver quienes eran y vimos unos en Juan Frío, encontramos
unos quemados, dos personas que quemaron, porque encontramos dentaduras en las dos partes y
encontramos ojivas de armas, esto...supimos, que eran dos cadáveres porque encontramos las
muelas en dos partes ¿no?; pero como había mucho agua, había llovido, tal vez se había llevado
lo poco que había quedado, lo único que encontramos fue una parte del cráneo solamente y por
eso se identificaron que eran seres humanos, por que los habían calcinado, solamente quemados
con llantas, los quemaron porque ahí estaba el arrume de alambre que llevan las llantas y los
quemaron, no supimos si serían ellos porque no los logramos identificar, total que eran dos, pues
llegamos a pensar con el tiempo de que podrían ser ellos, pero realmente no tenemos con que
probarlo (…)
Fuente: Proyecto CNM. Testimonio de la esposa de Luis Alfonso Romero
SAN CAYETANO
La violencia paraestatal que se presentó en San Cayetano, se remite a 1991, año en el cual se
registró la comisión de dos crímenes. Los primeros blancos de la barbarie paraestatal fueron los
militantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad,
ROSA RODRIGUEZ
VELASQUEZ y ELIAS GUERRERO PABON, quienes fueron asesinados el 8 de marzo de 1991
por un grupo de desconocidos que los interceptaron cuando se movilizaban en un automóvil con
rumbo a El Zulia a pocos metros de llegar a la "Y", donde se bifurca la carretera que va hacia
Tibú y Sardinata. El vehículo L.T.D de color rojo en el que se movilizaban fue baleado, al ignorar
la señal de pare que le hicieron los agresores. Un mes más tarde, el 17 de abril de 1991, LUIS
RODRIGUES YEPES de 47 años, fue asesinado por dos hombres que le dispararon con una
pistola 9 mm, cuando se encontraba viendo televisión en la sala de su casa. En el momento del
asesinato no se encontraban sus escoltas, quienes habían sido asignados el 7 de marzo de ese
año, después de que Luis sufriera un atentado. Según versiones de la policía el asesinato obedeció
a una venganza personal.
197
PUERTO SANTANDER
Al igual que en San Cayetano, la represión contra los habitantes de Puerto Santander se evidenció
a comienzos de los años noventa. El 14 de Agosto de 1990, los campesinos GABRIEL
PALOMO ACUÑA de 23 años y ALFONSO BOLTARETE de 33 años, fueron asesinados en el
municipio de Puerto Santander (para la época Corregimiento de Cúcuta).
Cuatro años más tarde, se registró otro crimen bajo la responsabilidad de los “desconocidos”. El
16 de octubre de 1994, el vendedor de gasolina e integrante del Comité de Emergencia
Municipal, HERMES RANGEL, de 52 años, fue asesinado por varios hombres que se
movilizaban en motocicleta, quienes interceptaron el vehículo en que se transportaba con su hija,
lo obligaron a descender y le dispararon en varias ocasiones, en la vía que conduce al
corregimiento Aguaclara.
Apenas comenzando el año de 1995, se manifestó la actuación ofensiva contra los campesinos
por parte de las fuerzas castrenses de Venezuela, cuyas tropas incursionaron el 12 de enero de
ese año en esta población fronteriza. Ese día, los campesinos pescadores WILLIAM
VILLAMIZAR DUARTE y BENJAMIN MORALES, fueron torturados por miembros de la
Guardia Nacional de Venezuela en el sitio "Puesto Pital", zona rural de Puerto Santander. Los
pescadores se encontraban laborando hacia la media noche, cuando fueron abordados por
uniformados encapuchados de esa Guardia, quienes acusaban a las víctimas de narcotraficantes,
los insultaban y golpeaban, manteniéndolos detenidos durante aproximadamente tres horas en
una base militar.
198
10. CUCUTA
Introducción
San José de Cúcuta, capital de Norte de Santander, es una ciudad de vocación comercial, con un
incipiente sector industrial y un alto componente de economía informal, es una frontera muy
dinámica desde el punto de vista político, comercial y de flujos migratorios con el país vecino de
Venezuela, dinamismo posible debido a la existencia de importantes vías de comunicación como
“La carretera Bolivariana y Panamericana que viene desde Caracas y recorre el territorio
departamental, pasando por Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Silos y Pamplonita, entre otras
poblaciones133. En ella residen aproximadamente 789.250 habitantes134; quienes a pesar del
apresurado desarrollo comercial de la urbe han tenido que enfrentarse a problemáticas como “el
abandono estatal, la pobreza, los marcados conflictos sociales y altos niveles de violencia social y
política”135.
Debido al dinamismo comercial de la ciudad, esta se ha convertido en uno de los centros
principales de la “migración de personas provenientes de casi todas las regiones del país”136,
situación que se incrementó a partir de 1983, año en el que arribaron a la capital 250.000
desplazados, primero por la violencia y después por la bonanza de la economía venezolana. El
acelerado incremento de la población condujo a la proliferación de barrios informales y el
deterioro en la prestación de los servicios públicos137, los cuales en muchos casos son
prácticamente inaccesibles para la población que reside en la zona periférica de la capital.
Las reiteradas crisis económicas que se han presentado en Cúcuta desde comienzos de la década
del noventa han conducido al aumento de los niveles de desempleo y en consecuencia al deterioro
de las condiciones de vida de sus habitantes. A la falta de oportunidades de empleo se suma la
continua inmigración de campesinos desplazados por la violencia paraestatal, quienes constituyen
el 49% de sus habitantes. Esta situación desemboca paralelamente en el aumento del comercio
informal y la marginalidad de los barrios, a los que como ya se anotó, hasta ahora no han podido
llegar los servicios básicos138.
Ciudad con una muy fuerte presencia paramilitar: “El estudio precisa que del conjunto de
violaciones e infracciones identificadas, al comparar la presunta responsabilidad que puede
establecerse para los distintos actores, corresponde directamente a los paramilitares el 48.25 % y
a los llamados grupos de limpieza social el 44.05%, pero que, como se analiza con detalle, estos
llamados grupos de limpieza social ante todo comprometen a los mismos grupos paramilitares,
133
Vicepresidencia de la República de Colombia. Op. cit. p. 7
Ibídem. p. 32
135
Ibídem. p. 7
136
Ibíd.
137
PROYECTO CNM. Equipo Regional Norte de Santander. Op. cit. p.14
138
Ibíd.
134
199
por lo cual se deduce que, en definitiva, se les puede atribuir responsabilidad en
aproximadamente el 92.3 % de los homicidios cometidos.139”
Así, se mostrará en el siguiente texto los Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en la capital
nortesantandereana, partiendo de las siguientes hipótesis:
1. En la ciudad de Cúcuta se ha utilizado la mal llamada “limpieza social” como estrategia
de exterminio y de control militar de la población por parte de las estructuras
paramilitares.
2. El copamiento de espacios sociales, especialmente de barrios marginados y los escenarios
públicos les ha permitido a las estructuras paramilitares ejercer el control social y político
de la ciudad y del departamento.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República
Cartografía Básica DANE – Alcaldía Cúcuta
La ciudad está dividida en 10 comunas que agrupan a más de 150 barrios, 10 corregimientos y 72
veredas, en un área de 1.176 kilómetros cuadrados140; en este amplio territorio “la inseguridad y
la violencia encuentran un nicho propicio en las condiciones sociales de inequidad, corrupción,
impunidad e injusticia imperantes. Es notoria la precaria legitimidad de instituciones estatales, la
marcada desconfianza en los organismos de seguridad legales y la carencia de fuertes
mecanismos sociales y comunitarios de apoyo, dado el alto costo humano y social que ha
representado la intolerancia y la violencia política desatada durante las últimas décadas”141 y que
139
Paz, te han vestido de negro. Estudio sobre los Derechos Humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia y el
servicio armado en Norte de Santander. P 18
140
FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR, Norte de Santander. Paz, Te Han Vestido de
Negro... Op. cit. p.32
141
Ibídem. p. 35
200
se intensificó en las comunas 6, 7 y 8 correspondientes al sector popular conocido como “Juan
Atalaya”, zona en la que la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad ha sido una constante
desde finales de la década de los ochenta.
La comunas 6, 7 y 8, correspondientes al Norte, Noroccidente y Occidente de la capital, “se
caracterizan por ser de invasión de terrenos baldíos, ocupados por migrantes, por desplazados
forzados y por campesinos pobres que buscan nuevas y mejores oportunidades142; y que en
contraposición a sus sueños lo único que han recibido son las marcadas muestras de la
intransigencia estatal y la exclusión social, que ha llegado a límites tan reprobables como el
señalamiento y la sindicación como insurgentes, y la “limpieza social” emprendida por la fuerza
pública (SIJIN) y los grupos paramilitares que desde finales de los ochenta se han ido
posicionando en la ciudad por el medio del terror, controlando las principales vías de
comunicación, a la par con el contrabando de gasolina y su red de distribución143.
La comisión de CLH contra la población de Cúcuta no se centró únicamente contra el sector
popular y marginal del municipio, aunque cabe anotar que estos sectores sociales son quizás, los
más afectados por la violencia paraestatal. Los inicios de la persecución contra los habitantes del
municipio se remontan a comienzos de la década del setenta, período en el cual la fuerza pública
dio curso a la persecución sistemática de los obreros, educadores demás y trabajadores
agremiados, estudiantes y demás integrantes de cualquier tipo de forma organizativa que
promoviera la lucha popular, persecución que continua en la actualidad, evidenciando una
política de estado cuyo fin último es la consecución de un orden univoco e incuestionable, en el
que prevalecen los intereses de las elites y el sometimiento y control del común de la población.
Ante la alarmante oleada de violencia que se evidenció en la capital nortesantandereana desde
finales de los ochenta y que se incrementó durante los noventa, diversos sectores de la población,
cuya fortaleza aún no había podido ser socavada por los agentes paraestatales hicieron sentir una
vez más su voz de inconformidad, con el apoyo de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, cuyos miembros comenzaron a ser exterminados a mediados de dicha década.
LA CIUDADELA JUAN ATALAYA
La Ciudadela Juan Atalaya es uno de los sectores más deprimidos de la capital
nortesantandereana. “Esta zona se caracteriza por ser de invasión de terrenos baldíos, ocupados
por emigrantes, por desplazados forzados y por campesinos pobres que buscan más y mejores
oportunidades”144. “Juan Atalaya” primer barrio que surgió en este sector de la ciudad, le dio el
nombre a un amplio territorio que abarca toda la comuna 8, ubicada al occidente de la ciudad, a
la par con otros barrios del Norte (Comuna 6) y Noroccidente (Comuna 7) de la capital
nortesantandereana.
Los barrios de las comunas 6, 7 y 8 que componen la Ciudadela “Juan Atalaya” son los
siguientes:
142
Ibíd.
Vicepresidencia de la República de Colombia. Op. cit.
144
FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR, Norte de Santander. Paz, Te Han Vestido de
Negro... Op. cit. p.35
143
201
“Atalaya 1, II y III etapas, El Progreso, Antonia Santos, Cerro Pico, Palmeras, Belisario, Cúcuta
75, Los Almendros, Doña Ceci, Carlos Ramírez París, Doña Nidia, La Victoria, 6 de Enero, El
Rodeo, La Coralina, El Minuto de Dios, Nuevo Horizonte, Oasis, El Tesoro, 12 de Octubre, Los
Olivos, EL Desierto, 7 de Agosto, Juana Rangel de Cuellar, Las Palmeras y Valles del Rodeo,
(Comuna 8); Los Motilones, La Ermita, Chapinero, Tucunaré, Claret, La Primavera, El Paraíso,
Rosal del Norte, La Florida, Los Comuneros y Ospina Pérez (Comuna 7); y García Herreros, El
Salado, Toledo Plata, Carlos Pizarro, La Concordia, La Vegas Cerro de la Cruz, Divino Niño,
Porvenir, Aeropuerto, Camilo Daza, Panamericano, María Paz, Villa Paz, Los Molinos, Cecilia
Castro y Virgilio Barco (Comuna 6)”145. Además de ellos, los barrios Belén, Los Alpes, Carora,
Pueblo Nuevo, Rudesindo Soto; Torcoroma y Navarro Wolf de la comuna 9 son considerados
también como parte de la Ciudadela.
De los anteriores, algunos barrios como el Antonia Santos, Belisario, Doña CECI, el Claret, se
destacaron por desarrollarse allí procesos de organización cívica y popular con mayor intensidad.
Sectores de izquierda como el Partido Comunista de Colombia Maoísta Leninista PCCML, A
Luchar o el Frente Popular comenzaron a hacer presencia a partir del año 1978.
Allí el movimiento cívico tuvo una gran importancia, los habitantes de estas comunas se
movilizaban continuamente por obtener del estado la prestación de los servicios públicos,
primero con luchas frente al agua y el alcantarillado y posteriormente por la luz, la construcción y
pavimentación de vías para buses y busetas, la legalización de terrenos, la no privatización de la
educación, etc. De estas marchas y movilizaciones los pobladores lograban sentar al gobernador,
al alcalde y a otros funcionarios en mesas de negociaciones donde se firmaron acuerdos que
posteriormente no fueron cumplidos.
Fuera de los paros y bloqueos, diversos sectores realizaron asambleas populares y cabildos
abiertos como mecanismos de participación.
Uno de los procesos de mayor recordación para los pobladores en la Ciudadela Juan Atalaya fue
la campaña iniciada por los padres jesuitas llamada “Todos somos hermanos”146 con la que
consolidaron un importante trabajo de formación y organización comunitaria, con programas que
incluían las ollas comunitarias147, planes de comunicación con jóvenes, de vivienda,
microempresas, entre otros.
Las organizaciones cívicas que se conformaron iniciaron primero con el nombre de Junta popular
8 de marzo y fue integrada por grupos juveniles, culturales y de deporte, líderes de algunas Juntas
de Acción Comunal y líderes de los barrios, así como miembros de algunos sindicatos.
145
Esta clasificación ha sido retomada de: FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR, Norte
de Santander. Paz, Te Han Vestido de Negro... Op. cit. pp. 120 – 124; y el texto publicado por el diario La Opinión: San José de
Cúcuta. Un recorrido por sus barrios y comunas. Cúcuta, 2004, pp. 168 – 238.
146
Este proceso nació a raíz de la crisis generada por la caída del precio del Bolívar en Venezuela, cuando pasó de
costar 16 pesos a 5, lo que generó la quiebra de pequeñas y medianas empresas y un impacto negativo en la clase
media de la ciudad de Cúcuta.
147
Programa de gran impacto en el cual una familia por día se encargaba de recoger el mercado que les ofrecían
gratuitamente en diferentes puntos de la ciudad y de elaborar los almuerzos para toda la comunidad.
202
Así mismo las labores ejercidas por el programa institucional denominado Centro Integral de
Atención a la Familia CIAF, que primero tuvo el nombre de Centro de Desarrollo Vecinal CVC,
generó procesos de organización popular importantes, especialmente en el barrio Doña CECI.
Posteriormente, la junta directiva de esta institución fue amenazada y obligada a desplazarse para
proteger las vidas de sus integrantes. Su trabajo se vio diezmado por amenazas, el asesinatos de 2
de sus dirigentes y el desplazamiento al que fueron obligados los demás líderes.
Otra organización que generó procesos de formación en Derechos Humanos y programas contra
la corrupción fueron las madres comunitarias, quienes formaron con 700 afiliadas en 1996 el
Sindicato de Madres Comunitarias SINDIMACO. Este sindicato, en el que estaban afiliadas
tanto las “Madres Fami”, que daban atención prenatal y a madres lactantes, como las “madres
tradicionales”, quienes se encargaban de la atención directa a los niños, exigía al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF -entidad oficial encargada de la atención a menores de
edad-, mediante la realización de paros y tomas a las instalaciones de ICBF, puntos como los
siguientes:
1.Reconocimiento y estabilidad laboral, ya que las madres comunitarias no eran consideradas
como trabajadores del Estado sino como voluntarias al servicio de la comunidad.
2.Aumento de los precarios presupuestos que recibían para ejercer su labor, para mejorar la
atención a los menores, conseguir mercados de mayor calidad y cantidad, obtener dotación de
materiales didácticos y los muebles y enseres necesarios para las instalaciones.
3.Seguridad social para las Madres Comunitarias (pues contaban con atención médica muy
precaria y de mala calidad), pensión de vejez, reducción de jornadas laborales (la mayoría de
ellas trabajaba más de 9 y 10 horas diarias).
4.Ampliación de cobertura para atención a los infantes.
5.Capacitación y acceso a la educación
De estos reclamos lograron a través de la lucha sindical el acceso a educación secundaria de
algunas de ellas, aunque fue imposible obtener estudios universitarios, lograron la afiliación al
Seguro Social y la fundación de las “Ursulas”, hogares donde se reunían varias madres
comunitarias posibilitando la ampliación de cobertura del servicio.
Esta organización fue duramente perseguida, reprimida y estigmatizada, muchas de las madres
afiliadas al sindicato y a su cooperativa fueron señaladas de subversivas, otras asesinadas y
obligadas a salir de la ciudad, como lo demuestra el caso de su presidenta, la señora Sor Maria
Ropero, quien fuera asesinada, de Edilma Cuellar y Monguí Gómez, del barrio Belisario, quienes
fueron obligadas a desplazarse o de Albertina Contreras, quien aparecería como guerrillera en
una lista de la Fiscalía. Esta situación generó miedo por parte de las madres para afiliarse al
sindicato y la cooperativa, y el paulatino debilitamiento de la organización.
Así mismo organizaciones como la Corporación Adolfo León Guerrero, (que se encargaba de
generar proceso de formación para líderes), o las comisiones de trabajo, a las que llamaron el
203
Grupo de los 7, en donde participaban 7 juntas de Acción Comunal en la comuna 7 y La
Coordinadora de Barrios Populares (que incluía a las comunas 6, 7 y 8 especialmente los barrios
Los Alpes, 28 de Febrero, Atalaya y La Libertad) generaron procesos de organización y
movilización importantes.
En el periodo comprendido entre los años 1996-1997 -cuando era alcaldesa la señora Margarita
Silva de Uribe- se realizó un paro cívico con bloqueo de las principales calles de la ciudad, que
tuvo gran incidencia e impacto en la capital. De estas actividades resultaron 18 personas
detenidas, entre ellas una mujer embarazada, y fueron reseñados los participantes y dirigentes
como subversivos en la prensa local –periódico La Opinión-.
Uno de los protagonistas de estas organizaciones y movilizaciones fue el padre Pauselino
Camargo, que luego llegó a ser alcalde de Cúcuta y posteriormente fue asesinado en el año 2002.
Así mismo, Ramón Perozo, líder cívico de la organización “Por el rescate de Cúcuta y sus
barrios”, fue desaparecido en 1994 y luego 4 de sus hermanos asesinados.
Las comunas 6, 7 y 8 que conforman la ciudadela Juan Atalaya, fueron y aún son los territorios
donde se libra una gesta en contra los diversos sectores allí presentes. La operatividad empleada
por el establecimiento y las estructuras paramilitares para tal fin fue inicialmente el accionar de
actores desconocidos que la comunidad reconocía como grupos paramilitares o grupos de
“limpieza”, los cuales en poco tiempo se convirtieron en el foco causante de la persecución que
se apoderó de innumerables barrios humildes de la ciudadela.
Frente a los paramilitares, es de señalar que en este vasto sector de la ciudad se presentaron casos
en los que reconociéndose su participación no existía un móvil previo como el de la “limpieza
social” sino que, debido al no acatamiento a las ordenes impartidas de su parte, en el contexto
social de su área de influencia o de su actuación, procedían arbitrariamente a imponer su castigo,
con consecuencias fatales entre los pobladores148.
El paramilitarismo irrumpió en estos barrios en el año 1998 repartiendo volantes que eran
firmados por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá AUCC, buscando con lista en mano a
los líderes y amenazándolos.
Esto generó el desplazamiento forzado a otras ciudades y regiones del país e incluso el exilio de
algunos dirigentes. Además el terror y la desmoralización que se generalizaron, impidiendo a las
personas volver a organizarse y trabajar.
Los mecanismos represivos más empleados fueron la irrupción en las viviendas de las víctimas,
donde eran identificadas, las obligaban a salir para luego ultimarlas, en presencia de sus
familiares y allegados. También fueron frecuentes los ataques contra grupos de personas en las
principales calles de la ciudadela y la perpetración de ataques en sitios de entretenimiento como
los billares y otros establecimientos públicos.
148
Ibídem. p. 76
204
Los mecanismos de represión más empleados en la Ciudadela Juan Atalaya fueron la irrupción en
las viviendas de las víctimas, donde eran identificadas, las obligaban a salir para luego ultimarlas,
en presencia de sus familiares y allegados. También fueron frecuentes los ataques contra grupos
de personas en las principales calles de la ciudadela, la perpetración de ataques en sitios de
entretenimiento como “los billares” y demás establecimientos públicos y las masacres, como
ocurriría en barrios como Motilones, Belisario, Doña Ceci y La Ermita, entre las más recordadas.
Los primeros indicios de la persecución contra los habitantes de este sector de la ciudad se
evidenciaron a finales de 1988. El 23 de noviembre de ese año, en horas de la mañana, el
poblador del barrio Niña Ceci, JOSE VITERBO, fue detenido y desaparecido por agentes del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Los agentes del DAS se presentaron hacia las
6 de la mañana en la casa de José, ubicada en la calle 5 #10-29, preguntando por él y
argumentando que según informaciones, en esa casa tenían armas. Ante estas aseveraciones, se
les invitó a pasar al interior de la casa para que la requisaran, invitación que no aceptaron por no
tener orden de allanamiento en esos momentos. Como José no se encontraba en la casa, los
agentes manifestaron que volverían mas tarde. Horas después regresaron y le pidieron a José que
los acompañara. Él les preguntó si tenían alguna orden para detenerlo, pero ellos le respondieron
que no la necesitaban para un simple interrogatorio y procedieron a llevárselo. A las 2:30 de la
tarde se presentó la señora de Viterbo en las instalaciones del DAS para pedir información sobre
su esposo y allí le dijeron que él había sido trasladado al Batallón para someterlo a un
interrogatorio. Desde entonces se desconoce su paradero y estado.
El accionar criminal se extendió en poco tiempo del barrio Niña Ceci al barrio Ospina Pérez. El
24 de abril de 1989, LUIS ALFONSO ASCANIO PEREZ, de 48 años, presidente del concejo
municipal del municipio de La Playa y ex concejal del municipio de Ábrego por el Partido
Conservador, fue asesinado de 5 impactos de bala por varios hombres cuando se acercaba a su
residencia en el barrio Ospina Pérez. La versión oficial presumió un atraco como móvil del
hecho.
Cuatro meses más tarde, el 1 de septiembre de 1991 el empleado de Centrales Eléctricas de Norte
de Santander, NEFTALI SANTOS CHACON, de 31 años, fue asesinado y SU PADRE fue
herido por dos desconocidos que les dispararon en el barrio Atalaya Primera Etapa. Neftalí
vendía gaseosas y víveres en una caseta en los ratos libres, donde llegaron los asesinos y le
propinaron dos impactos de bala por la espalda, hiriendo de paso al padre de la víctima. Neftalí
había sido detenido recientemente, sindicado de portar propaganda subversiva.
Pocos días después del crimen de Neftalí, los “desconocidos” dieron muerte a otro poblador. El
14 de septiembre de 1991, el mecánico LUIS FERNANDO VALENCIA BECERRA, de 29 años,
fue asesinado. Luis Fernando dormía en su habitación, cuando cuatro hombres encapuchados y
fuertemente armados irrumpieron en su residencia, ubicada en la calle 2ª con Avenida 10ª de la
Ciudadela Juan Atalaya, se dirigieron a su cuarto y sin mediar palabra lo acribillaron. Su cuerpo
sin vida presentaba más de 9 orificios de pistola 9 mm.
A partir de 1992, los asesinos sin identificar comenzaron a implementar los ataques
indiscriminados y asesinatos colectivos como uno de los mecanismos operativos más eficaces
para exterminar a los pobladores de la zona. Mediante este tipo de accionar los agresores
comenzaron a sembrar el terror entre la población y de paso les manifestaban “quienes eran los
205
que mandaban”. El 27 de mayo de 1992, en horas de la madrugada, el trabajador informal JOSE
DEL CARMEN ARIAS, de 44 años; su hijo de 13 años, el estudiante EDWIN ARIAS
ORTEGA; y el empleado PEDRO JESUS ESPINOSA, de 18 años, fueron asesinados por
desconocidos en el barrio Doña Ceci. Los tres sujetos se movilizaban en una camioneta de
propiedad de José del Carmen, quien cargaba acarreos y mercados en Cenabastos, cuando fueron
interceptados por una camioneta Caribe verde en la cual se movilizaban cinco individuos. Estos
los obligaron a bajar y luego los acribillaron a tiros. A dos personas que estaban cerca del lugar y
presenciaron los hechos, les hicieron varios disparos sin alcanzarlos.
El 3 de julio de 1992, en horas de la madrugada, el reciclador de basuras ROBERTO RUIZ
CASAS, de 17 años, fue asesinado por desconocidos que le dispararon dos veces en la cabeza
con un revólver, cuando se encontraba recogiendo cartón en inmediaciones de la Ciudadela Juan
Atalaya. Un mes después, el 17 de agosto, el trabajador informal y fotógrafo REINALDO
GARCIA CASTAÑEDA, y UN SOLDADO PROFESIONAL, fueron asesinados por
desconocidos que los sacaron de una tienda y los acribillaron en el barrio El Desierto.
Durante el mes de septiembre de 1992, la maquina del terror paraestatal, centró su accionar
criminal en el barrio Ospina Pérez. El 13 de septiembre, el obrero EDGAR ANTONIO
GUERRERO PEÑARANDA, de 22 años, fue asesinado, y DOS PERSONAS MAS fueron
heridas, por desconocidos en un billar del lugar mencionado. Tres encapuchados portando
pistolas, ingresaron al establecimiento público y obligaron a las personas que allí se encontraban
a tenderse en el suelo, mientras uno se ellos señaló al obrero: "Éste es", haciéndole seis disparos e
hiriendo a dos personas más.
La persecución contra los moradores del barrio Doña Ceci continuó el 8 de diciembre de 1992,
fecha en la que un hombre llamado ALVARO, conocido como "Melequindo", fue asesinado en
horas de la madrugada por desconocidos que le propinaron un disparo, cuando se dirigía a su
vivienda.
En Doña Ceci, el 11 de enero de 1993, a las 2:00 a.m., el albañil ZABELIO ANTONIO
ARMESTO RINCON, de 28 años, y el delincuente OSWALDO DE JESUS MONTERROSA
VIANA, de 35 años, fueron asesinados en una casa de cartón. Zabelio Antonio falleció de
inmediato después de recibir un disparo de revólver calibre 38, mientras que Oswaldo de Jesús
murió en el hospital donde fue llevado gravemente herido con ocho perforaciones de bala en
varias partes del cuerpo. Oswaldo tenía antecedentes penales por hurto y tráfico de
estupefacientes.
En el mes de febrero siguiente, el accionar paramilitar se concentró sobre la población marginada
de los barrios de la ciudadela Juan Atalaya. El día 15, el indigente y reciclador de basuras, JUAN
CARLOS ATEHORTUA HINCAPIE, de 17 años, fue asesinado a bala por varios hombres
cuando se encontraba durmiendo debajo de un vehículo, en un parqueadero del barrio Antonia
Santos.
Paralelamente, prosiguió el exterminio contra los homosexuales, en la ciudadela Juan Atalaya. El
13 de abril de 1993, un homosexual conocido como "LA MOÑITO", de 38 años, fue asesinado
por un hombre que le propinó cuatro disparos cuando estaba sentado en una banca del parque
Antonia Santos. La víctima era de aproximadamente 1.74 metros de estatura, trigueño, vestía
206
falda, pantalón azul oscuro, camiseta blanca con estampados rojos, medias veladas blancas y
tenis negros.
En el barrio Belén, “los escuadrones de la muerte” desarrollaron sus operaciones criminales
asesinando a dos trabajadores. Los hechos ocurrieron a partir del 14 de abril de 1993, día en el
que el obrero ayudante de construcción, ALVARO SIERRA MANRIQUE, de 22 años, fue
asesinado, por hombres armados y encapuchados que entraron a su vivienda y lo acribillaron, en
el sector la Divina Patria. Los asesinos de Álvaro utilizaron capuchas para realizar el crimen,
obstaculizando su identificación. Al día siguiente, 15 de abril de 1993, a las 11:00 p.m., el
zapatero ENRIQUE HERNANDEZ CELIS, de 17 años de edad, fue asesinado por un
desconocido que le disparó en la cabeza mientras dormía en un parqueadero del barrio Belén.
Las acciones criminales de los desconocidos se intensificaron en el segundo semestre de 1993. El
9 de junio, el obrero LUIS ENRIQUE PADILLA DELGADO, de 50 años, y la joven MARIA
CRISTINA MORA ALONSO, de 15 años, fueron asesinados en el barrio de invasión Camilo
Daza. Luis Enrique fue asesinado por cuatro hombres armados con pistola calibre 9 mm, quienes
llegaron a una casa en la calle 43 No. 0-05, preguntaron por él, lo sacaron del predio y le
dispararon en cinco oportunidades; luego se dirigieron al sitio donde se encontraba la adolescente
y la asesinaron dentro de su vivienda. Dos meses más tarde, el 21 de agosto de 1993,
desconocidos asesinaron a UN HOMBRE en la avenida 3ª con calle 10ª en el barrio Doña Nidia.
La víctima fue bajada por varios hombres de un vehículo que era seguido por algunos
motociclistas, quienes le propinaron varias heridas de arma cortopunzante y varios disparos.
Según un testimonio, "llegó un carro color marrón y detrás tres motos. Los ocupantes bajaron al
hombre y lo mataron".
El 21 de septiembre de 1993, a las 6:30 de la noche, los vendedores ambulantes de gasolina y
limones LUIS RAMON RODRÍGUEZ RIVERA, de 34 años, y CARLOS ALBERTO JAIMES
GUTIERREZ, de 31 años, fueron asesinados por dos jóvenes que los atacaron en momentos en
que se desplazaban por una calle de la parte alta del barrio Los Alpes. Los vendedores
recientemente habían sido víctimas de un atentado y de seguimientos. Se descartó la posibilidad
de un presunto robo, pues a una de las víctimas se le encontró una suma considerable de dinero
en su bolsillo.
El último registro del año es el asesinato, el 24 de noviembre de 1993, del vendedor ambulante de
queso, ANTONIO GARCIA SERRANO, de 48 años, quien fue retenido y posteriormente
asesinado por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza en un vehículo del barrio Motilones. Su
cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente en el sitio "Pajarito" de El Zulia, por la vía que
conduce a Tibú, y presentaba un disparo en el ojo derecho, otro en el hombro izquierdo y un
tercero en el hombro derecho.
1994 fue un año trágico para los moradores de la Ciudadela Juan Atalaya. Desde los primeros
días del año, los agentes paraestatales incursionaron en la zona, sembrando la muerte y el terror.
El primer crimen se registró el 9 de enero de 1994, día en el CAMPO ELIAS ORTEGA
MONCADA, GILDARDO LIZARAZO BARON, JAIRO CASTILLO ACOSTA, CARLOS
ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, WILSON ANTONIO MORENO MENDEZ y JUAN
CARLOS OVALLES RODRÍGUEZ, fueron asesinados por unos quince hombres encapuchados
que se identificaron como miembros del F-2 (SIJIN). Armados de revólveres y pistolas, los
207
agresores llegaron hasta un salón de billares, ubicado en la calle 30 con avenida 6B, del barrio La
Ermita.
Después de llamar a lista a cuatro personas, los victimarios las sacaron del establecimiento y
luego las acribillaron en una esquina cercana al billar. Los agentes llegaron con lista en mano
buscando los jóvenes que supuestamente habían robado unas armas del señor Francisco Bonilla,
asesinado a las 4 a.m. del mismo día. Posteriormente, los victimarios huyeron en vehículos que
habían hurtado poco antes del múltiple crimen, dirigiéndose hasta la avenida 9 con calle 33,
donde asesinaron a Wilson Antonio Moreno Méndez de 17 años y Juan Carlos Ovalle Rodríguez
de 17. Una señora que presenció los hechos dijo: "Yo vi (sic) cuando los asesinos, con
expresiones de grueso calibre, preguntaban por una tal mona y uno de los jóvenes fue
acribillado porque salió a la puerta a darse cuenta qué pasaba, cuando escuchó los disparos".
Campo Elías fue asesinado cuando acompañaba a Gildardo Lizarazo Barón de 35 años, Jairo
Castillo Acosta de 17 años y Carlos Antonio Ramírez Sánchez de 19 años; éste último "...tenía
poco de haber llegado a Cúcuta procedente de San Vicente de Chucurí en donde prestaba sus
servicios a un escuadrón de contraguerrillas". Según la versión de los vecinos, “los individuos
llegaron en automotores a las viviendas y procedieron a requisarlas al tiempo que preguntaban
por las armas... Así anduvieron revisando cuatro residencias en busca de unos fusiles que, al
parecer, habían hurtado al sexagenario Francisco Bonilla luego de matarlo en la madrugada del
domingo, los autores de su muerte habían sido delincuentes comunes que se enteraron que el
sexagenario guardaba un armamento, al parecer de la subversión....Los autores del múltiple
asesinato balearon también la puerta y ventanas de vidrio del negocio de la calle 30 con calle 6,
sin importarles a dónde iban las balas... Las víctimas eran un estudiante, un conductor, un
soldado y tres trabajadores"149.
Tres días después de la masacre del barrio la Ermita, el 12 de enero de 1994, el comerciante de
ropa JOSE ANTONIO RINCON VARGAS fue asesinado de dos impactos de revólver en la cara
(en el pómulo izquierdo y en la nariz), por dos encapuchados, quienes lo sacaron de un billar
llamado "Bolo y Billares" ubicado en la Av.6 con calle 6 del barrio Doña Ceci. Luego de la
retención, los raptores de José Antonio lo llevaron a su casa, y requisaron la vivienda en
presencia de su hijo menor de edad y golpearon a su esposa. Después de la intromisión a la
residencia, los victimarios se llevaron nuevamente a la víctima y al llegar a la calle 7 con la
avenida 5, del mismo barrio, lo acribillaron.
La escalada criminal prosiguió pocos días más tarde en el Barrio Antonia Santos. El 18 de enero
de 1994, el lavador de carros CARLOS ANDRES BAUTISTA URE fue asesinado, por seis
individuos que ingresaron a su vivienda, lo sujetaron a la fuerza y lo golpearon. en la calle 17 #
68. Al mostrar resistencia para no dejarse sacar de su casa, uno de ellos le propinó cuatro disparos
de pistola. El hecho ocurrió en presencia de la madre y otros familiares de la víctima. Dos días
después,
el
20
de
enero,
un amigo de Carlos Andrés Bautista, el joven JAIME ALONSO ALVAREZ ALVAREZ, quien
laboraba como recepcionista de las residencias Hernández del barrio la Merced, fue asesinado.
149
Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 7 No. 1, Enero – Marzo 1994.
208
Los hechos ocurrieron a las 7:30 de la noche , cuando varios desconocidos lo abordaron mientras
salía a una tienda ubicada en la Avenida 53 entre calles 17 y 18. El cuerpo de la victima
presentaba nueve impactos de pistola calibre 9 mm. Los vecinos del sector afirmaron que los
victimarios hacían parte de "un escuadrón de la muerte que quiere liquidar a varios jóvenes del
barrio".
El mes culminó con el asesinato de tres pobladores más. El 28 de enero de 1994, a las 4 de la
madrugada, el músico CIRO ALFONSO RAMIREZ PALLARES de 31 años, fue asesinado por
hombres encapuchados que lo sacaron de su casa y le propinaron varios disparos en la cabeza, en
la calle 9 con la avenida 11 del barrio Doña Ceci. Tres días mas tarde, el 31 de enero de 1994, en
horas de la madrugada, los integrantes del grupo Mariachi Águilas de Plata, ELIECER RUIZ
DAZA y LUIS HORACIO PALACIOS TRESPALACIOS fueron asesinados por desconocidos
en este mismo barrio, donde habían sido contratados para una serenata.
Durante el mes de febrero de 1994 no se registró la comisión de CLH en este sector de la ciudad.
Sin embargo, a comienzos del mes de marzo, se reanudó la oleada criminal en la zona. El 3 de
marzo, los trabajadores de la empresa de seguridad Asedas ERNESTO GALVIS DIAZ y
LISANDRO MARTINEZ ROJAS fueron encontrados asesinados en un lote de la ciudadela
Atalaya. Los responsables recogieron a los trabajadores en un vehículo, les ataron las manos y
luego les dispararon. Dos semanas más tarde, el 14 de marzo de 1994, la vendedora de gasolina
LUDY LACHE LACHE de 34 años de edad, fue asesinada por dos desconocidos que se
movilizaban en una moto, quienes sin mediar palabra le dispararon en 10 ocasiones, en el barrio
Pueblo Nuevo. La mujer vendía gasolina que compraba a conductores venezolanos.
En el segundo trimestre del año, continuaron las operaciones de exterminio contra la población de
Juan Atalaya. El 24 de abril de 1994, el Albañil WILLIAM BOTELLO DUARTE de 19 años,
fue asesinado por desconocidos que lo interceptaron cuando se dirigía a su vivienda y le
dispararon en 2 ocasiones, en el barrio El Rosal. Un mes después, el 26 de mayo de 1994,
MARCO ANTONIO CARVAJAL GALVIS y LEONIDAS PARRA PINEDA, uno de ellos
conocido como el "Soldado", fueron asesinados; y tres HOMBRES mas fueron heridos por 3
hombres que se acercaron a un grupo de personas y les dispararon indiscriminadamente, en
hechos ocurridos en la ciudadela Juan Atalaya. Según un testigo, al parecer, las víctimas se
encontraban consumiendo droga, y agrega que los responsables podrían ser de "un grupo que
desea erradicar de Atalaya a las personas que por una u otra razón han caído en las garras del
vicio".
El 25 de junio de 1994, el administrador de la fuente de soda “La Kennedy”, ALFONSO
GOMEZ MEZA de 29 años fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado con
impactos de bala en la vía a cerro Tasajero. Su paradero era desconocido desde el momento en
que varios desconocidos armados que se movilizaban en un automóvil, lo interceptaron, lo
obligaron a subir al vehículo y se lo llevaron.
Los patrullajes de los escuadrones de la muerte y la fuerza pública prosiguieron durante el
segundo semestre del año, periodo en el cual fue constante la comisión de crímenes en varios
barrios de la ciudadela. El 18 de julio de 1994 a las 8:30 de la noche, el albañil JESUS EMILIO
QUINTERO de 22 años, fue asesinado, por dos encapuchados que se identificaron como agentes
del DAS, abrieron la puerta de la casa ubicada en la calle 27 No. 7-52 del barrio la Ermita y se
209
dirigieron hacia el cuarto de Jesús Emilio, a quien le propinaron 8 disparos. Algunas semanas
más tarde, el 4 de agosto de 1994, a las 9 p.m. OSCAR QUINTERO BLANCO de 31 años, fue
asesinado por un grupo de hombres que le propinaron 5 impactos de revólver calibre 38 en la
calle 22, entre avenidas 54 y 55. Los agresores afirmaron que Oscar era drogadicto y anotaron
que "formaban parte de una organización que desea acabar con vagos y viciosos". Los hechos
ocurrieron en el barrio Antonia Santos.
El 12 de agosto de 1994 se registró otro crimen, en el barrio Belisario. Ese día, 10 encapuchados
llegaron a la vivienda del reparador de electrodomésticos JOSE DOMINGO ROJAS de 34 años,
ubicada en la calle 10 Nº 10-11. Al llegar a la vivienda los agresores preguntaron por él, lo
sacaron de la casa y le propinaron un impacto de bala en la boca. La arremetida de los
desconocidos volvería a presentarse dos meses más tarde, el 9 de octubre de 1994, fecha en la que
LUIS DELGADO PABON y DOS HOMBRES más fueron encontrados asesinados en el sitio
conocido como Zona de Riego Nº 5, corregimiento La Buena Esperanza. Los cuerpos fueron
encontrados atados de manos con cuerdas de nylon y presentaban disparos en la cabeza. Delgado
Pabón tenía antecedentes penales y vivía en la Ciudadela Atalaya.
En el último trimestre del año las acometida paraestatal se extendió a los Barrios Doña Nidia y
Pueblo Nuevo. El 24 de octubre de 1994, FREDY RAMIREZ RIVEROS de 29 años, panadero de
oficio, fue asesinado, por ocho hombres armados y encapuchados, quienes llegaron a su vivienda,
ubicada en el barrio Doña Nidia. Después de preguntar por él, le exigieron que “entregara el
revólver”. Al negar tener en su poder el arma, los agresores revolcaron los enseres del lugar y al
no hallar lo que buscaban, lo llevaron a una esquina y le propinaron 5 disparos. Para esa época, y
ante la alarmante oleada de violencia, los pobladores de la zona comenzaron a denunciar el
accionar de los grupos paramilitares.
Desde los primeros días del mes de noviembre, los grupos paramilitares arribaron al barrio
Pueblo Nuevo, donde asesinaron a tres hombres. El 1 de ese mes, hacia las 8:20 de la noche, el
obrero ALVARO GOMEZ SERRANO de 48 años fue asesinado por desconocidos que le
dispararon cuando se encontraba en la sala de su casa viendo televisión. Cuatro días después, el 5
de noviembre de 1994, aproximadamente a las 9:00 p.m., los vendedores ambulantes PEDRO
ANTONIO CELIS LIZCANO y JUAN CARLOS CARDENAS CACERES fueron asesinados
por individuos que se identificaron como agentes del F2. Las víctimas se encontraban
conversando en una esquina cuando varios hombres les dispararon, hiriendo a Cárdenas Cáceres;
posteriormente, los jóvenes corrieron y se refugiaron en una casa, a donde entraron sus agresores
y los acribillaron de 5 disparos en diferentes partes del cuerpo y 2 disparos en la cabeza,
respectivamente.
Pocos días más tarde, las tropas paramilitares se desplazaron a los barrios José Antonio Galán y
Motilones, donde dieron muerte a dos pobladores más. El 9 de noviembre de 1994, el
Comerciante GERARDO GARCIA RODRIGUEZ de 25 años fue asesinado por 8 hombres
armados y encapuchados, quienes lo sacaron a la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio José
Antonio Galán, y le descargaron disparos de pistola calibre 9 mm, en la cabeza. En similares
circunstancias, el 15 de noviembre del mismo año, el también comerciante JESUS JIMENEZ
QUIROGA de 22 años, fue asesinado por 5 encapuchados armados que irrumpieron
violentamente a su vivienda ubicada en el barrio Motilones, y le propinaron varios disparos de
pistolas calibres 45 y 7.65 mm, en momentos en que veía televisión.
210
El último crimen del año se registró el 25 de noviembre de 1994, fecha en la que el electricista
PEDRO LIZARAZO JIMENEZ de 37 años fue asesinado por dos desconocidos que irrumpieron
en su vivienda ubicada en el barrio de invasión Esperanza Martínez y le propinaron en la cabeza
un disparo de pistola calibre 45.
A medida que transcurría la década del noventa, el exterminio de los pobladores de la Ciudadela
Juan Atalaya continuaba en ascenso. Eso fue precisamente lo que sucedió en el año de 1995,
periodo en el cual la comisión de CLH se incrementó sustancialmente en esta zona. El 24 de
enero de ese año, el obrero CRISTOBAL RINCON ANGARITA, de 35 años, fue asesinado por
varios hombres que ingresaron a su casa a las 7 de la noche y le propinaron varios impactos de
bala en la cabeza, en el barrio Promesa de Dios Cuatro días después, el 28 de enero de 1995, en
horas de la noche, JUAN CARLOS SANCHEZ y TRES JÓVENES más, todos de extracción
popular, fueron asesinados por un grupo de hombres armados que los interceptaron cuando
caminaban por el sector de la carrera 28 entre calles 2 y 3 del barrio Las Palmeras. Los
victimarios los llevaron al lugar mencionado, les ordenaron tenderse boca abajo en el suelo, los
separaron entre sí aproximadamente 50 centímetros y les dispararon varias veces en diferentes
partes del cuerpo. Los jóvenes vivían en el barrio Belisario. Los habitantes del sector denunciaron
en repetidas ocasiones la presencia y accionar de grupos paramilitares que han perpetrado varios
casos de asesinatos colectivos de jóvenes.
En horas de la noche del 30 de enero de 1995, el albañil NEPOMUCENO TORO RAMIREZ de
38 años, fue asesinado y su ESPOSA fue herida por un hombre que llegó hasta la casa de la
víctima en el barrio Los Almendros. El agresor preguntó por él y, cuando salió a atenderlo, le
propinó 8 impactos de pistola 9mm.
El 28 de febrero de 1995, LUIS CARLOS MARTINEZ fue encontrado asesinado frente a la
iglesia del barrio La Ermita en la calle 34 con avenida 8, presentaba tres disparos de revólver
calibre 38 largo y cerca al cuerpo fue encontrado un panfleto que decía:
"Declaramos una vez más la guerra a bandas de delincuentes como las existentes en los barrios
Chapinero, Santander, Las Colinas, Belén y otros más en general. A todo tipo de delincuentes,
que no hay perdón para ellos. La cura es la muerte. Se llevó a cabo esta ejecución por habérsele
comprobado participación en fechorías como extorsión, planeamiento en el secuestro a un
ganadero venezolano y muchos detalles más que son de nuestro conocimiento. Por un verdadero
bienestar social, ¡viva la limpieza de Cúcuta! Muerte a delincuentes, bazuqueros y jaladores de
carros”150.
El 9 de marzo de 1995, fecha en la que ASDRUBAL MAJIA RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO
ACEVEDO MURILLO, JORGE GARCIA ABRIL y DOS HOMBRES más fueron asesinados
por varios hombres armados que irrumpieron en dos establecimientos ubicados en los barrios La
Victoria y Torcoroma de la Ciudadela Juan Atalaya. Las dos primeras muertes ocurrieron en el
primero de los barrios mencionados, cuando los asesinos sacaron a las víctimas del
establecimiento donde estaban y las acribillaron en la calle; luego se dirigieron al otro
establecimiento del barrio Torcoroma, donde igualmente, sacaron de manera violenta a las otras
150
Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 8, No. 1 Enero – Marzo 1995.
211
tres víctimas y las acribillaron. El mismo día, otro HOMBRE resultó herido en el barrio
Tocoroma. Al parecer la masacre fue cometida por un grupo de “limpieza social", pues, según la
Policía, las víctimas estaban acusadas de "robo, contrabando de gasolina y venta de
estupefacientes".
En el mes de julio de 1995, pocos días después de los patrullajes y agresiones de los
“escuadrones de la muerte”, cuyo saldo fue el asesinato de dos pobladores, las unidades del
Batallón Mecanizado Maza incursionaron en la zona, sembrando una vez más el terror. El 4 de
julio de 1995, el trabajador JOSE ANDRES OSORIO RODRÍGUEZ, de 18 años de edad fue
asesinado, y un JOVEN herido por cuatro encapuchados quienes se los llevaron por la fuerza del
sector de invasión Carlos Pizarro, con otro joven. Más tarde fueron encontrados baleados en el
barrio Chapinero, en la avenida 1 con calle 2. José Andres presentaba varios disparos en
diferentes partes del cuerpo, en tanto que el otro joven presentaba heridas en la cabeza, por lo
cual lo trasladaron al hospital Erasmo Meoz, donde fue recluido.
Algunos días más tarde, el 20 de julio, tres encapuchados llegaron hasta la vivienda de JOSE
GERMAN MIRANDA, empleado de 33 años, donde lo asesinaron. Los hechos ocurrieron en el
barrio Antonia Santos. Dos días después del asesinato de José Germán, las tropas del ejército
arribaron al barrio Pueblo Nuevo, donde asesinaron a dos personas. El doble crimen fue
perpetrado el 22 de julio de 1995, a las 8 de la noche. En la fecha mencionada, los trabajadores de
una fabrica de guantes JOHNY ALBERTO DELGADO APONTE y ALEXANDER ROMERO
APONTE fueron asesinados por militares del Grupo Mecanizado No. 5 Maza. Las víctimas
fueron presentadas como integrantes de la UC-ELN, muertos en combate. Los jóvenes fueron
asesinados cuando departían en la casa de una amiga en compañía del padre de Johny Alberto. En
ese momento, “apareció el ejército y comenzó a disparar sin dirigir una sola palabra”. Los
testigos aseguraron que las víctimas “eran personas honorables, honestas y de una conducta
intachable. Jamás hicieron parte de algún grupo subversivo y siempre se distinguieron por ser
personas trabajadoras y estudiosas”. Alexander trabajaba, además, durante los fines de semana,
como celador de un restaurante.
El 20 de agosto de 1995, los albañiles MIGUEL HERRERA RINCON y CRISPINIANO
BUSTOS ORTIZ fueron asesinados por un grupo de individuos uniformados que portaban armas
de corto alcance, quienes los sacaron de un establecimiento público donde departían, y los
acribillaron de varios disparos, en el barrio de invasión Toledo Plata. Los victimarios llegaron al
lugar, y "procedieron a ordenar a los presentes que permanecieran quietos y empezaron a
requisarlos. Luego sacaron a la calle a dos de ellos y allí empezaron a hacerle preguntas a uno
de ellos"; "le preguntaban a Miguel Herrera Rincón por el armamento y que dónde lo tenía
guardado, pero como no respondió afirmativamente, le dispararon y lo mismo hicieron con el
amigo, Crispiniano Bustos Ortiz". Después, "los criminales huyeron tranquilamente a pie". Los
mismos agresores dieron muerte, un mes más tarde, al mecánico FERNANDO CACERES
SANCHEZ de 25 años, quien fue asesinado por seis hombres en el barrio Buenos Aires el 30 de
septiembre de 1995. Portando armas de corto y largo alcance, los agresores persiguieron a la
víctima hasta la calle 29 con avenida 6B y le propinaron cinco disparos con armas de diferentes
calibres. Al parecer, los victimarios “alcanzaron a lanzarle un petardo, porque eso sonó duro y le
causó daños a una vivienda del sector”.
212
El accionar de los agentes paraestatales se intensificó a partir de la segunda semana de octubre
de 1995.El 15 de octubre de 1995, JUAN JOSE RAMIREZ MENESES y OMAIRA HERRERA
BERMON, de 17 años de edad, fueron asesinados por desconocidos que se movilizaban en una
camioneta Toyota roja con franjas amarillas y vidrios polarizados. Los victimarios les dispararon
y después les lanzaron dos granadas, una de las cuales hizo explosión, mientras se encontraban
frente a un salón de billar del barrio Motilones. Juan José, de quien en fuentes oficiales se
afirmaba era informante del ejército, llegó al sitio en compañía de otro HOMBRE, quien resultó
herido en la acción al igual que OTRA ADOLESCENTE de 17 años, quien sufrió por las
esquirlas de la granada que lanzaron.
Cinco días después, el 20 de octubre de 1995, hacia las 9:00 a.m. el vendedor ambulante de 24
años JAVIER RIOS QUINTERO fue asesinado por varios encapuchados que le propinaron 12
disparos de pistola calibre 9 mm, mientras caminaba con su esposa por el sitio conocido como
"El Ranchón", vía peatonal que conduce a la escuela San José Obrero frente al kilómetro 194 del
barrio Pueblo Nuevo. El mes terminó con la muerte, el 25 de octubre de 1995, de CESAR
GUILLERMO ANGEL MOLINA, de 22 años de edad, quien fue asesinado por dos hombres
mientras descansaba junto a un rancho ubicado en el lote Nº 15, manzana Nº 1 del barrio de
invasión Antonio Navarro Wolf. Los asesinos llamaron a Carlos al llegar al sitio, y después de
hacerlo lo acribillaron de varios disparos de pistolas calibre 9 y 7.65 mm. Según los pobladores
del lugar, se "escuchaba decir que El Paisa tenía malas mañas, pero siempre lo conocimos como
una persona que le ayudaba a la gente a hacer los trabajos que necesitaba".
El año culminó con la realización de una masacre a manos de los paramilitares, en el barrio
Pueblo Nuevo, donde en el transcurso del año se denunció reiteradamente el accionar de los
escuadrones de la muerte. El 24 de noviembre de 1995, hacia el medio día, SALOMON
CARRASCAL, RITO ELIAS QUINTERO y SOSIMO VELASCO fueron asesinados por
cinco hombres que portaban armas de corto y largo alcance. Los asesinos llegaron a la casa de los
dos primeros ubicada en la avenida 4, parte alta del barrio; los intimidaron "al tiempo que les
preguntaban por las armas que guardaban. Como ninguno de ellos respondió, procedieron a
esculcar la casa y al no encontrar nada, les dispararon ...”, propinándoles cinco y tres impactos
de bala respectivamente. Posteriormente, se dirigieron a la casa de Velasco, ubicada frente a la
cancha de Los Alpes, y "luego de conversar un buen rato con él, lo asesinaron de 4 tiros".
En 1996, los paramilitares continuaron implementando su estrategia de exterminio en la
ciudadela Juan Atalaya. El primer crimen del año se registró el 13 de enero de 1996. Ese día,
hacia las 6:30 de la noche, el vendedor ambulante de 57 años MANUEL ZARATE ARTEAGA
fue asesinado por cuatro encapuchados, quienes irrumpieron violentamente en su humilde
vivienda en el barrio Toledo Plata, y le propinaron un disparo en la cabeza. El hecho fue
cometido en momentos en que la víctima descansaba en su residencia.
Poco tiempo después, los paramilitares incursionaron en el barrio Palmeras, donde asesinaron a
dos trabajadores. Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 1996, día en el que los empleados
CARMEN ANTONIO BECERRA SUESCUN y LUIS ANTONIO BECERRA RIVERA fueron
asesinados frente a su vivienda, por cuatro encapuchados, quienes les propinaron 1 y siete
disparos al parecer calibre 38, respectivamente, en el lote 3 de la manzana 38. Dos meses
después, el 11 de abril de 1996, RICARDO ALEXIS ESLAVA fue asesinado por desconocidos
en la casa de un vecino en el barrio Belén.
213
El 23 de abril de 1996, los miembros de La Mano Negra asesinaron a un joven en el barrio
Ospina Pérez. Los hechos ocurrieron hacia las 11:20 de la noche, hora en la que HENRY
MONTERO HURTADO de 22 años fue asesinado de 18 disparos que dos desconocidos le
propinaron mientras observaba un partido de microfútbol, en el complejo deportivo del barrio.
Montero Hurtado, quien se había desempeñado como soldado profesional, estaba tratando de
vincularse nuevamente al Batallón de Contraguerrilla Nº 46, Héroes de Saraguro. Según la
fuente, "todo parece indicar que los autores del crimen fueron integrantes del una tenebrosa
organización criminal, denominada Mano Negra, cuya consigna es "limpiar” el barrio Ospina
Pérez.
En el barrio Motilones, a mediados de 1996, el 5 de junio de ese año, el joven EDUARDO
SANTOS de 17 años, fue asesinado por desconocidos, hacia las 11 de la noche, cuando se
encontraba sentado frente a la entrada de su vivienda. Un testigo del hecho afirmó que
"... se
le acercaron unos individuos y sin mediar palabra alguna, uno de ellos desenfundó un revólver y
le disparó, para luego huir a pie sin que alguien hubiera podido detenerlo, cuando se encontraba
en la cancha de fútbol del barrio Ospina Pérez, para reconocerlos".
La víctima había sufrido un atentado el pasado 10 de marzo de ese año, por lo que fue internado
en el hospital Erasmo Meoz, de donde había sido dado de alta recientemente. Según la fuente, la
mamá expresó que "sabía que lo buscaban para matarlo” .
Con estas acciones continuaba en evidencia la persecución y exterminio sistemático de las
personas de extracción humilde que habitaban en barrios “ pobres” de la Ciudadela Juan Atalaya,
donde desde comienzos de los noventa fueron frecuentes los asesinatos. En octubre de 1996,
fueron masacrados OCHO HOMBRES por paramilitares que se movilizaban en camionetas con
vidrios polarizados y llevaban consigo armamento de corto y largo alcance. Era habitual, que los
miembros de estos grupos de “limpieza social” fueran vistos en las estaciones de policía,
departiendo con las autoridades del sector.
La acción criminal emprendida por los grupos paramilitares continuó el 6 de octubre de 1996,
fecha en la que el conductor ROBINSON GARRIDO GONZALEZ y ELICEO HERNANDEZ
CEPEDA fueron asesinados, por encapuchados en el barrio Doña Nidia. Al día siguiente, el 7 de
octubre, el menor de edad, JAIRO ANTONIO GALVAN fue torturado y asesinado, en el Barrio
Niña Ceci. Ese mismo día también fueron asesinados WILSON RAUL MIRANDA GELVEZ,
en el mismo sector y el albañil, RAMON RUBIO ORTEGA en el barrio Carora.
En similares circunstancias, fueron asesinados por desconocidos en el barrio La Libertad, el 11 de
octubre de 1996 YEBRAIN BAYONA y FREDY CORREA CANO. Dos días después, el 13 de
octubre, el comerciante CARMEN JULIO PARRA, fue asesinado en el barrio Nuevo Horizonte,
al igual que ASCENCIO ESPINOZA, ultimado el 14 de octubre de 1996. En la tercera semana
de octubre fueron ultimados dos pobladores más. El 15 de octubre de 1996, fue asesinado
LISANDRO PORRAS, por varios desconocidos en el Barrio Claret. En idénticas circunstancias,
el celador HENRY LIZCANO BERMON fue asesinado en el barrio Toledo Plata, el 19 de
octubre, al igual que JAIME FERNÁNDEZ, asesinado el 29 de octubre, en su residencia ubicada
en esta zona.
214
La arremetida de los paramilitares prosiguió en las primeras semanas de noviembre de 1996. El
día 3, a las 7:00 de la noche, el tendero MIGUEL ANGEL MARTINEZ fue asesinado por dos
varios hombres que llegaron a su casa en el barrio Antonia Santos. Los hombres le dispararon
frente a su hija y esposa, e inmediatamente huyeron del lugar en una camioneta. Diez días más
tarde, el 13 de noviembre, EFRAIN GUTIERREZ PEDRAZA y RAMON ARTURO
GUTIERREZ VELASQUEZ fueron asesinados por tres integrantes de un grupo de limpieza
social, que incursionaron en su residencia, ubicada en la calle 5 No. 9-75 del barrio Niña Ceci y
dieron muerte a las víctimas. Los homicidas se movilizaban en un vehículo de color amarillo,
portaban armas de corto alcance y cubrían sus rostros con capuchas. Pocos días después, el 19 de
noviembre de 1996, los hermanos ISMAEL GALVIS y ALVARO GALVIS fueron asesinados
por miembros de un grupo de limpieza social autodenominado "Ejército Revolucionario de
Colombia", ERC, quienes irrumpieron en su humilde vivienda, ubicada en el barrio Virgilio
Barco, y los acribillaron.
El último crimen que se presentó en ese año en la Ciudadela Juan Atalaya, fue el asesinato del
sacerdote, defensor de derechos humanos, director del Secretariado de Pastoral Social de la
Diócesis de Cúcuta y párroco de la iglesia del Divino Niño, ALVARO NELSON SUAREZ
GOMEZ, de 35 años, muerto el 4 de diciembre de 1996, al igual que LUIS ANDELFO PEREZ,
por varios paramilitares que incursionaron en el barrio de invasión Navarro Wolf.
En 1997 disminuyó el registro de la comisión de CLH en los barrios de la ciudadela, lo cual pone
de manifiesto cómo para la época, los grupos paramilitares ya habían logrado posicionarse e
imponer su régimen en la zona. No obstante, en el transcurso del año, fueron asesinados 11
habitantes de la zona. El primero de ellos ocurrió el 4 de mayo de 1997, fecha en la que GLORIA
MAGALY PEREZ, de 27 años fue asesinada por tres encapuchados que poco después de sacarla
de su vivienda, ubicada en el barrio Los Almendros, la llevaron a un lote cercano en donde le
propinaron dos impactos de bala en la cabeza. Tres meses más tarde, el 9 de agosto, en horas de
la noche, DAGOBERTO ARQUIMEDES VERGARA PACHECO y HENRY SOLER
BUITRAGO fueron Asesinados por varios encapuchados, que incursionaron en el barrio Toledo
Plata. Los encapuchados llegaron hasta un establecimiento público, y de allí obligaron a salir a
Dagoberto, propietario del local, y le dieron muerte a diez metros del lugar. Acto seguido se
dirigieron a otro establecimiento, cincuenta metros adelante y de allí sacaron por la fuerza a
Henry, quien atendía el local y lo asesinaron. Dagoberto fue víctima de una incursión similar tres
meses antes, cuando varios sujetos llegaron al establecimiento y se lo llevaron por la fuerza,
"pero a la hora lo soltaron y le dijeron que estuviera tranquilo porque con él no se iban a
meter".
En el último trimestre del año, los paramilitares recurrieron a la masacre como uno de sus
mecanismos de exterminio más eficaces. El 21 de octubre de 1997, SANDRO RAMIREZ REY,
SERGIO ANDRES CUADROS MANZANO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, EDWAR
SANCHEZ SANTIAGO y HERNANDO JACOME DURAN, fueron asesinados por un grupo de
paramilitares mientras estaban departiendo en el establecimiento publico Billares el Estanco. Los
victimarios ingresaron abruptamente al lugar, disparando contra los presentes. Estos se
movilizaban en una camioneta color blanco. Las víctimas eran habitantes del barrio La Ermita.
El 26 de noviembre de 1997, los paramilitares incursionaron en el barrio Chapinero y masacraron
a cinco de sus residentes. Las víctimas fueron, LUIS ORLANDO ORTIZ GONZALEZ,
215
WILLIAM JACOME GARCIA, ROLANDO CARRASCAL SANCHEZ, CARLOS ALBERTO
MARTINEZ y ROBINSON CARRASCAL SÁNCHEZ, quienes fueron ultimados por varios
hombres en dos incursiones espaciadas por pocas horas. El primer ataque ocurrió frente al puesto
de salud donde fueron acribillados Luis Orlando y William. Después, hacia las 11 de la noche, los
mismos desconocidos, encapuchados y portando armas automáticas, dieron muerte a los otros
tres hombres, dos de ellos hermanos, luego de derribar la puerta de la casa y hacerlos pasar a un
solar. Las víctimas, en su mayoría jóvenes albañiles, no habían recibido amenazas de muerte y se
dedicaban a trabajar, aseguran sus familiares.
Pocos días después de la masacre del barrio Chapinero, el 2 de diciembre de 1997, EDGAR
RODRIGUEZ y DOS HOMBRES más, fueron encontrados asesinados cerca de una mina, en la
inspección de policía Astilleros, municipio de El Zulia. Sólo uno fue identificado por sus
familiares y había desaparecido desde el pasado 20 de noviembre del barrio Niña Ceci, en la
Ciudadela Juan Atalaya, de Cúcuta, donde vivía. Edgar trabajaba en un taller de publicidad de
técnica screen. A pesar del avanzado estado de descomposición se pudo establecer que la muerte
se produjo por los numerosos impactos de bala que recibieron. Las víctimas, que estaban
desaparecidas desde hacía 13 días, presentaban huellas de torturas.
A finales de 1998, los escuadrones de la muerte realizaron otra masacre, en el barrio de invasión
Virgilio Barco. Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 1998. Ese día, DOMICIANO
SANTOS ESCALANTE, DOMICIALIANO SANTOS BALMACED, PEDRO ANTONIO
TORRES y MAXIMO RODOLFO TORRES CASTRO, fueron asesinados por miembros de un
grupo de "limpieza social". Los victimarios, que se movilizaban en un automotor y una
motocicleta portando armas de fuego de corto y largo alcance, llegaron a una vivienda de dicho
barrio donde se encontraban diez hombres consumiendo sustancias psicoactivas, entre ellos las
víctimas, y comenzaron a disparar en forma indiscriminada hacia el interior de la casa. Seis de los
ocupantes lograron escapar por la parte trasera de la vivienda, mientras que los otros cuatro
fueron obligados a quitarse la ropa y sacados a la calle, donde los asesinaron con múltiples
impactos de arma de fuego.
PERSECUCIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL
En Cúcuta la población de trabajadores y obreros ha sido objeto del sometimiento y control por
parte de los grandes intereses de las clases dominantes y la fuerza pública que hace presencia en
la región, la cual ha vinculado recurrentemente a los miembros de este sector social con las
actividades de la insurgencia. No obstante la reglamentación y protección legal y constitucional a
los derechos de los trabajadores, han podido más los intereses de dominación y sometimiento
desde los que se apela a toda clase de instrumentos y mecanismos represivos contra los gremios
sindicales, represión que desde la década del setenta cobró innumerables víctimas en la capital
nortesantandereana, donde se encontraban centrales obreras como FENOSTRA y UTRANORTE,
que posteriormente se fusionaron y crearon la subdirectiva de la CUT, que fue con sus
organizaciones filiales, duramente perseguida por los grupos paramilitares, como fue el caso de la
USO de Tibú. En Cúcuta también hicieron presencia sindicatos de choferes de transporte público,
de loteros, de vendedores de chance, de madres comunitarias, entre otros.
Los crímenes cometidos en la ciudad de Cúcuta contra el movimiento obrero y sindical en los
años setenta comenzaron a ser perpetrados por miembros del ejército adscritos al Batallón
216
Mecanizado Hermógenes Maza y la estación 100 de policía, instituciones que se perfilaron desde
aquella época como principales generadoras de persecución y señalamiento, tanto para el
movimiento obrero, como hacia los trabajadores y empleados públicos y/o independientes. Se
explicitaron además, los nombres de los responsables directos de dichas agresiones; tal es el caso
del Coronel Sabino Abril quien dirigía el grupo de Caballería Mecanizado No. 5 General
Hermógenes Maza y el teniente Bernal, perteneciente a la estación 100 de Policía.
En el momento de las agresiones, los trabajadores de las empresas públicas municipales, de
gaseosas y oleaginosas, al igual que los conductores del transporte público, se hallaban en huelga
por mejores condiciones de vida y de trabajo. En el transcurso de la jornada los manifestantes
fueron maltratados, ultrajados y amenazados por la policía.
De tal manera, el 8 de marzo de 1971, los obreros JOSE SANIN PEREZ, JOSE DEL CARMEN
GARCIA, JOSE ORTEGA y JOSE A. LOPEZ fueron detenidos y torturados por el ejército en las
instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado No.5 General Hermógenes Maza, mediante
golpes con objetos diversos y choques eléctricos con picanas. Así mismo, las víctimas y sus
familiares fueron amenazados de muerte. Las intimidaciones realizadas a las víctimas y a sus
familiares por el ejército se dieron con el fin de evitar la denuncia de las torturas. Ese mismo día,
CINCO OBREROS más fueron detenidos y torturados por la policía.
En el marco de la represión centralizada por el Estado y materializada a través del Estatuto de
Seguridad Nacional se presentó un enfático hostigamiento a los trabajadores de la región y en
especial al movimiento obrero y a los sindicalistas. Dicho hostigamiento se manifestó de manera
sistemática a partir de 1971, época en la cual se presentó un gran despliegue de la lucha popular
expresada en huelgas y protestas que demandaban mejoras en las condiciones laborales y el nivel
de vida de los trabajadores. Un ejemplo más del impulso de la lucha obrera tuvo lugar el 26 de
Mayo de 1971, fecha en la que se llevó a cabo en la capital del departamento, un paro cívico en el
cual participaron entre otras organizaciones el Comité Pro reversión, FENALCO, gremios
bancarios, industriales, UTC, CSTC, el Concejo Municipal, partidos políticos tradicionales, la
Anapo y el PC, además de un amplio sector del movimiento estudiantil. El motivo de la protesta
social fue la reversión al país de la Concesión Barco (Colpet); un gran número de habitantes de la
ciudad se sumaron a las marchas promovidas por las organizaciones151.
Cinco meses después del exitoso paro de mayo de 1971, en fecha no precisada del mes de octubre
del mismo año, CINCO OBREROS de Sofasa Renault fueron detenidos y amenazados por
miembros de la policía y agentes de la SIJIN. Los trabajadores de Sofasa Renault se encontraban
en ese momento protestando y denunciando las pésimas condiciones de trabajo que les imponía la
empresa.
La arremetida de las unidades del ejército contra los gremios sindicales se reanudó en el segundo
semestre de 1975. En el mes de septiembre, se registraron varias agresiones perpetradas por
miembros del Grupo mecanizado “Hermógenes Maza” al mando del Coronel Sabino Abril. El día
20, el empleado BASILIO CARVAJAL, perteneciente a una organización sindical, fue detenido
con limitación de sus garantías procesales y torturado. Durante su detención fue sometido a
151
SANTANA, Pedro. Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia. Bogotá, CINEP Serie Controversia No. 107-108, 1983.
Apéndice No. 1. Cronología de Paros Cívicos en Colombia 1971-1980
217
aislamiento e incomunicación, además fue sindicado y procesado. Seis días más tarde, el 26 de
septiembre de 1975, TRES EMPLEADOS fueron detenidos por esa misma unidad militar, en
medio de una huelga que realizaban los trabajadores de los “Almacenes Tía”.
La persecución contra los obreros y trabajadores agremiados volvió a manifestarse 10 años más
tarde, a mediados de la década del ochenta. El 12 de enero de 1985, el dirigente sindical de la
Federación Nortesantandereana de Trabajadores FENOSTRA (CSTC), ALEXANDER
BASTIDAS, fue torturado y amenazado por el policía motorizado Bernardino Hernández quien
afirmó que dispararía dos tiros contra la víctima. El 7 de febrero del mismo año, los dirigentes
sindicales de las empresas de gaseosas colombianas, ENRIQUE ALFONSO CAÑAS MORENO
y ALBERTO RODRIGUEZ fueron detenidos. ENRIQUE, además de ser torturado, fue
desaparecido, mientras tanto, ALBERTO fue detenido y torturado por miembros del F-2 de la
policía y del B-2 del ejército. Ante la desaparición de Enrique, se solicitó información en el
comando de policía, donde los policías negaron conocer el paradero del dirigente. Sin embargo,
allí figuraba por escrito el registro de la llegada de Enrique pero no el de su salida. Además,
Enrique fue visto por el abogado Heriberto Rodríguez Vega en el patio 2º del Grupo Mecanizado
Maza del ejército, donde estuvo colgado de un árbol, desmayado y vendado. Posteriormente, la
residencia de Enrique fue allanada por miembros del F-2 y del B-2. Por estos hechos fue elevada
denuncia ante la Procuraduría General de la Nación.
Los hostigamientos contra los dirigentes sindicales de la ciudad a manos de los organismos de
inteligencia del estado, continuaron el 16 de febrero de 1987, fecha en la que ORLANDO
ROLON ZAMBRANO, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la ConstrucciónSINDICONS-, fue amenazado de muerte por varios agentes del F-2, uno de ellos de apellido
Vargas.
Las agresiones contra los gremios sindicales que en un inicio se centraron contra los principales
líderes de dichas organizaciones, con el devenir de los años se extendieron a todos sus miembros.
El 23 de mayo de 1988, durante la realización de las marchas campesinas, los miembros del
Sindicato de Trabajadores de las Empresas Mineras del Norte de Santander NELSON
BARRERA RODRIGUEZ y HUGO CAMARGO fueron detenidos y desaparecidos, y
DIECISEIS PERSONAS MAS fueron detenidas por el ejército en el sitio Berlín, cuando
participaban en una marcha campesina.
En la década del noventa, la comisión de CLH contra los activistas sindicales pasó a ser
responsabilidad de los “desconocidos” y los grupos paramilitares. El 28 de febrero de 1992, el
obrero, dirigente sindical y presidente de la Organización de Madres Comunitarias de Cúcuta,
JOSE ARTURO MORENO RUGELES, de 25 años, fue asesinado, por varios individuos que le
dispararon en repetidas ocasiones detrás de la capilla del barrio Los Almendros. José Arturo
había denunciado irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y
había sido víctima de un
atentado en el que perdió un brazo, en diciembre de 1991. Durante
una marcha manifestó: "yo se que me van a matar pero voy a seguir insistiendo en mis denuncias
y organizando a las madres comunitarias". Dos años y medio más tarde, el 18 de julio de 1994,
Las Tesoreras del Sindicato de Vendedores del Mercado de la Sexta (SINVEMES) TRINA
SOTO CASTELLANOS y ROSARIO MORENO fueron asesinadas, por 2 encapuchados que
llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio Loma de Bolívar, y después de tocar la puerta, las
asesinaron de 5 y 4 disparos respectivamente. Uno de los victimarios fue detenido poco después,
e identificado como el celador Álvaro Caballero Rugeles. La dirigente sindical había sido
218
recientemente amenazada por 4 encapuchados quienes llegaron a su casa y la intimidaron, para
asesinarla luego. La oleada criminal de ese año culminó el 7 de septiembre de 1994, , fecha en la
que el obrero ELISEO CASTILLO MALDONADO de 23 años fue asesinado por un grupo de
paramilitares que se cubrían el rostro con un trapo en un establecimiento público, del barrio
Aeropuerto. Los victimarios le propinaron 4 disparos, dos de ellos en la cabeza.
La arremetida paramilitar contra la población obrera continuó a comienzos de 1998. El 2 de
febrero de ese año, los jóvenes obreros agrícolas ALFREDO MANCILLA SIERRA, ALBERTO
TRIANA SANCHEZ, MIGUEL MORALES, GEOVANNI ZAMBRANO y JOSE fueron
asesinados por paramilitares que incursionaron en cinco viviendas del Corregimiento la Buena
Esperanza, sitio la 25, en zona rural de Cúcuta. Los paramilitares, que vestían prendas militares y
capuchas y portaban armas automáticas de largo alcance, llegaron con lista en mano y tras
derribar las puertas de dos viviendas, sacaron a las víctimas a la fuerza, les ataron las manos a la
espalda y los llevaron hasta el sitio La 25 en la vía al municipio de Puerto Santander, en donde
los ejecutaron de varios impactos de arma de fuego en la cabeza. Esta masacre, fue una de las
señales que puso de manifiesto la consolidación del proyecto paramilitar en el principal centro
urbano del departamento.
PERSECUCIÓN CONTRA LOS EDUCADORES
La persecución sistemática contra los educadores de la capital comenzó a finales de 1977, año en
el cual la policía comenzó a agredir a los docentes universitarios de la ciudad. El 12 de diciembre
de ese año el profesor universitario CARLOS RAMÍREZ PARÍS fue detenido, torturado a golpes
y asesinado por los agentes de policía Contreras Ramírez y Hernández Caicedo en Cúcuta. Un
año más tarde, en agosto de 1978, el también profesor universitario LUIS ALMARIO fue
detenido y torturado mediante amenazas y golpes por el F-2 de la policía.
Los vejámenes represivos contra el gremio de los educadores se manifestaron una vez más a
finales de los ochenta, periodo en el cual la principal organización sindical de profesores del
departamento, ASINORT, fue duramente asediada por la fuerza pública y el grupo paramilitar en
MAS que había comenzado a intimidar a los miembros del sindicato en la Provincia de Ocaña
desde mediados de los ochenta. El 28 de abril de 1989, la educadora oficial de la escuela urbana
María Teresa Guasch Nº 56 y miembro de la junta directiva de la Asociación de Institutores de
Norte de Santander -ASINORT-, MYRIAM ARIAS CALDERON, fue detenida y torturada, y su
residencia allanada, por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 "General Hermógenes
Maza", en el barrio Doña Ceci. Myriam fue trasladada a las instalaciones de esta guarnición
militar y allí fue torturada y sometida a intensos interrogatorios por más de doce horas, siendo
además reseñada. Posteriormente, el 22 de agosto del mismo año, llegó a su residencia un camión
con miembros del ejército y tres civiles fuertemente armados, quienes rodearon toda la manzana,
llevando consigo una lista de nombres y preguntando por ella. Como en la casa no encontraron a
nadie, se subieron al tejado, partieron una teja, un vidrio y forzaron la puerta del patio.
En la década del noventa, los paramilitares se encargaron de seguir criminalizando al sector de
los educadores de la capital. En consecuencia, los hostigamientos contra los maestros, que
inicialmente consistían en las detenciones, amenazas y sindicaciones propias de la represión
institucional, se tornaron más graves, evidenciando una clara estrategia de exterminio. El 29 de
mayo de 1992, el licenciado en Física y Matemáticas, director y educador del Colegio Once de
219
Noviembre, ALVARO SANABRIA CASTILLO, de 38 años, fue asesinado por varios hombres,
quienes lo buscaron y le dispararon con un revólver, cuando se encontraba comiendo en el
"Desayunadero Punto Cero", en la Avenida 0 entre calles 15 y 16, en el centro de Cúcuta. Álvaro
murió en un centro asistencial el 5 de junio siguiente, a consecuencia de las heridas de bala.
Cuatro años más tarde, el 1 de junio de 1996, el líder comunitario HERNANDO MEZA
PEÑARANDA de 40 años, profesor del Colegio departamental Reymundo Ordóñez Yañez,
ubicado en la población de Lourdes, fue asesinado por desconocidos en momentos en que se
desplazaba en motocicleta por la vía que conduce al aeropuerto, frente al parque Los
Benefactores. El docente estudiaba los sábados, licenciatura en Matemáticas, en la Universidad
Libre de Cúcuta. Los voceros de la Asociación de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT)
denunciaron que "tres profesores fueron asesinados el pasado fin de semana (junio 1 y 2) en
Norte de Santander, mientras otros 60 han recibido amenazas de muerte". Debido a lo anterior
anunciaron “un cese de actividades para solicitar a las autoridades la vigilancia para garantizar
la integridad física de los educadores". Los educadores como uno de los sectores más
victimizados en el departamento, fueron blanco de asesinatos, desapariciones, atentados y
amenazas que los obligaron a desplazarse de su lugar se trabajo.
El último caso de CLH perpetrado contra los educadores de Cúcuta en el período de 1977 – 1998,
tuvo lugar el 18 de junio de 1997, fecha en la que el educador JAVIER CASADIEGOS
VERGEL fue asesinado por paramilitares, quienes lo bajaron del vehículo de transporte público
en el que se dirigía desde Ábrego hasta Cúcuta, a cobrar unas cesantías. Al día siguiente su
cuerpo fue hallado en un paraje cercano a Ábrego. El profesor Casadiegos había recibido
amenazas contra su vida de parte de un grupo paramilitar que comenzó a operar en la zona desde
febrero de 1997.
PERSECUCIÓN CONTRA EL SECTOR ESTUDIANTIL
La década de 1970 se caracterizó por ser un lapso de tiempo en el cual el movimiento estudiantil
colombiano persiguió su organización y consolidación, además de la expresión colectiva y
pública de las inconformidades y demandas sociales, en busca de una mayor equidad. El
departamento de Norte de Santander no fue la excepción a ello; por el contrario los estudiantes de
las instituciones públicas de educación secundaria y superior expresaron su descontento ante el
régimen y la represión gubernamental por medio de huelgas, mítines y protestas cuya puesta en
marcha condujo a que los miembros de la fuerza pública señalaran y persiguieran aún más a
cualquier estudiante que hiciese parte de este tipo de expresiones, sindicándolos como
subversivos y en muchas ocasiones, atentando contra su vida.
La represión contra los estudiantes de la capital nortesantandereana comenzó en marzo de 1971,
cuando CUATRO ESTUDIANTES fueron detenidos por el ejército. Posteriormente fueron
puestos a disposición de un Consejo de Guerra, el cual los condenó el 5 de noviembre del mismo
año.
Una nueva manifestación de las reivindicaciones estudiantiles tuvo lugar en el mes de octubre de
1973, mes en el que los estudiantes organizaron frecuentemente mítines contra la ola represiva
creciente del Estado y en solidaridad con el pueblo chileno, ante el reciente golpe de Estado que
depuso al gobierno socialista de Salvador Allende. Mientras se desarrollaban las protestas, el 17
220
de octubre de 1973, el estudiante JOSE MARIA ANTOLINEZ fue herido en la columna vertebral
por la policía, en desarrollo de un allanamiento al colegio de secundaria Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada -INEM-, operativo en el cual la fuerza pública actuó con gases
lacrimógenos y bolillo. En esta acción participaron además miembros de la SIJIN y otros
funcionarios públicos, entre ellos Elberto Ramírez Bueno, rector de la Institución, el cual
procedió a expulsar a los estudiantes que realizaban al momento de los hechos una manifestación
pacífica. El mismo día fue allanada y desalojada la Universidad Francisco de Paula Santander,
resultando detenidos varios estudiantes152.
A mediados de los setenta se reanudaron las operaciones represivas de la fuerza pública contra
los estudiantes de la ciudad. El 20 de septiembre de 1975, los estudiantes DANIEL RANGEL y
NESTOR LANDAZABAL fueron detenidos por unidades del ejército al mando del Coronel
Sabino Abril. Daniel y Néstor fueron sindicados y procesados y posteriormente fueron dejados en
libertad. Seis meses más tarde, en marzo de 1976, TREINTA ESTUDIANTES de la Universidad
Francisco de Paula Santander, que estaban realizando una manifestación, fueron detenidos y otros
más resultaron heridos por miembros de la fuerza pública.
Las agresiones de las fuerzas paraestatales contra los estudiantes de Cúcuta en los años ochenta
fueron perpetradas mediante el empleo de modalidades como las amenazas de muerte y el
asesinato; las víctimas de esta nueva oleada de violencia fueron en su mayoría, estudiantes
universitarios. El 2 de octubre de 1982, el estudiante JAMEL MOUSELEH SOLANO fue
asesinado por un agente de la policía.
Cinco años más tarde, el 2 de marzo de 1987, en la madrugada, el estudiante de Contaduría de la
Universidad Santo Tomás en Bogotá, GERMAN JOSE LUNA STELLA, fue asesinado a 12
balazos propinados por desconocidos. Los asesinos dejaron el cadáver en el sitio la Flora, a
orillas de la carretera que de Cúcuta conduce a Pamplona. Dos meses después, el 7 de mayo de
1987, el estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Tunja, HUMBERTO MANRIQUE SAN MIGUEL, fue amenazado de muerte mediante un
volante enviado a la residencia de sus padres.
La tortura y el asesinato fueron dos modalidades utilizadas frecuentemente por los militares y los
paramilitares para amedrentar a la comunidad estudiantil en la década del noventa. Es de anotar
que con supuestos motivos o sin estos, los victimarios procedían sin el menor escrúpulo.
El 13 de noviembre de 1991, en la finca "Manguellales", ubicada en el Km. 6 de la vía que
conduce de Cúcuta al municipio de Puerto Santander (para la época corregimiento de Cúcuta) se
encontraron los cuerpos sin vida de OSCAR ROLANDO LEON YAÑEZ, de 24 años de edad, y
CUATRO PERSONAS más, dos de ellas estudiantes de 27 y 35 años respectivamente. Cada una
de las víctimas presentaba varios disparos de fusil Galil y pistola 9 milímetros automática en la
cabeza. Uno de los estudiantes era trigueño y de cabello negro. Sólo vestía pantaloncillos negros
y a 11 metros de su cuerpo se encontraron un jean color uva y tenis blancos y azules.
Posteriormente los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio central de
152
VILLEGAS ARANGO, Jorge Orlando. Libro Negro de la Represión 1950–1980, Fundación para la Investigación y la Cultura
FICA, Bogotá, 1980. p. 165.
221
Cúcuta, después de una exhumación practicada por la SIJIN, en la que se identificó a Oscar y se
precisó que los demás cadáveres provenían de Medellín.
Los crímenes contra estudiantes prosiguieron. El 12 de agosto de 1994, a las 8:45 de la mañana,
la estudiante de cuarto año de derecho de la Universidad Libre de Cúcuta MARTHA MENDEZ
SANCHEZ de 34 años fue asesinada de un disparo que le propinaron tres desconocidos en el
barrio San Luis, Av. Demetrio Mendoza o 3ª con calle 11 de la ciudad. Martha se desempeñaba
como gestora de documentos de transito. Diez meses más tarde, los desconocidos cobrarían una
nueva vida: El 8 de junio de 1995, el estudiante CARLOS URIEL GARCIA VILLAMIZAR fue
asesinado por sujetos que le dispararon con revólver, en el sector Los Tanques del barrio Pueblo.
De igual manera sucedió con EDWIN LÓPEZ, estudiante de la Universidad Francisco de Paula
Santander e hijo de un profeso, quien fue torturado y asesinado.
PERSECUCIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN POLÍTICA
La comisión de CLH contra los activistas de los movimientos políticos de oposición en Cúcuta se
centró inicialmente en el exterminio de los miembros de A Luchar, la Unión Patriótica y el
Partido Comunista, quienes comenzaron a ser perseguidos de manera sistemática pocos días
después de la aparición oficial de dichas alternativa política en el escenario nacional.
Con la firma de los acuerdos de Paz entre la mayoría de las facciones del EPL y el gobierno
nacional que se desarrolló a comienzos de la década del noventa, el exterminio de la oposición se
extendió a los desmovilizados de dicho grupo insurgente, quienes constituyeron un nuevo espacio
político conocido como movimiento político “Esperanza, paz y libertad”.
Además de la persecución contra los militantes de estos partidos políticos de oposición, los
miembros de la Corriente de Renovación Socialista CRS fueron otro de los objetivos de los
agentes paraestatales en la capital nortesantandereana.
La totalidad de los activistas de la UP, a lo largo y ancho del territorio nacional, padecieron en
carne propia la persecución y asechanza de los actores paraestatales y la fuerza pública.
Asesinatos, torturas, detenciones irregulares, solo por mencionar algunas, se instituyeron en los
mecanismos de ataque contra la organización.
En el caso particular de la persecución contra la UP en la capital Nortesantandereana se evidenció
la responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado en las agresiones perpetradas contra
sus miembros, agresiones a las que les siguieron las intimidaciones y amenazas de los grupos
paramilitares.
El primer caso contra los integrantes del PC se registró el 28 de junio de 1985, día en el que el
dirigente sindical, miembro del Partido Comunista de Colombia y ex concejal por El Frente
democrático, MIGUEL ANGEL RUEDA, y los ex concejales por El Frente Democrático
TARCISIO SANTAFÉ Y ISIDRO MOGOLLÓN, al igual que la trabajadora vinculada a la
Unión de Trabajadores de Colombia –UTC-, CARMEN OLIVA VILLALBA, fueron detenidos
por Organismos de Seguridad del Estado. Posteriormente, el 2 de agosto del mismo año, dos de
222
los detenidos, Miguel Ángel Rueda y Tarcisio Santafé, junto con otros líderes políticos, fueron
víctimas de amenazas, las cuales fueron proferidas por un supuesto grupo paramilitar que se
identificó como “Los Rampuches”.
Siete años más tarde, se registró la comisión de un crimen contra un militante de la UP. El 15 de
noviembre de 1991, FELIPE GONZALEZ, dirigente de la Unión Patriótica y Presidente de la
Junta de Acción Comunal del Barrio El Progreso, fue desaparecido por agentes de seguridad del
Estado que lo sacaron de su casa sin orden judicial. Los agentes se movilizaban en dos
camionetas, una Toyota Samurai azul clara y una Ford de latón blanco y se lo llevaron con
destino al municipio de El Zulia.
A parte del PC y la Unión Patriótica, la oleada de crímenes contra los integrantes del Movimiento
Esperanza, Paz y Libertad en Cúcuta se desencadenó a mediados de 1991. El 2 de junio de ese
año, el miembro de esa opción política, actor, dramaturgo y poeta OMAR AUGUSTO
MARQUEZ PATIO, de 24 años, fue asesinado por desconocidos que lo interceptaron cuando se
movilizaba por la vía al municipio de Puerto Santander, para la época corregimiento de Cúcuta.
Omar colaboraba en unos talleres auspiciados por el Plan Nacional de Rehabilitación –PNR-.
Un año más tarde, a mediados de junio de 1992, el miembro de la Comisión de Reinserción del
movimiento, URIEL ANTONIO TORO VILLEGAS, de 28 años, fue desaparecido y asesinado
por varios desconocidos. Cuando Uriel Transitaba en compañía de otros compañeros por la
Autopista a la Ciudadela Juan Atalaya, varios hombres los obligaron a abordar un vehículo. Poco
tiempo después, los compañeros de Uriel fueron liberados pero él fue llevado con rumbo
desconocido. El 21 de junio siguiente, encontraron el cuerpo sin vida de Uriel enterrado en la
zona rural de San Cayetano.
Con el posicionamiento del paramilitarismo, los espacios de participación política alternativa se
redujeron en la capital nortesantandereana, ante la violencia sistemática emprendida por dichas
estructuras contra los militantes de cualquier tipo de alternativa política al régimen imperante.
Los pocos opositores que aún no se rendían al terror y la barbarie paraestatal, fueron en
consecuencia perseguidos y asediados hasta darles muerte. Tal es el caso del concejal por la
Corriente de Renovación Socialista LUIS DAVID FLORES de 46 años, quien fue asesinado
cuando se dirigía al Parque Ospina Pérez el 24 de mayo de 1993. Sus victimarios fueron un
hombre y una mujer que les dispararon en repetidas ocasiones mientras salía de una reunión con
la comunidad en un puesto de salud.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES CONTRA LA INSURGENCIA
En Cúcuta tenemos registro de dos casos de ejecuciones extrajudiciales de subversivos. A finales
de 1993, un INSURGENTE del EPL fue asesinado por varios miembros del batallón Mecanizado
Maza. El otro caso tuvo como eje precisamente otro subversivo de este grupo: Gerardo Lievano
García.
223
Cuando los militares hacen justicia con su propia mano: Gerardo Liévano García
Entre el 2 y el 5 de noviembre de ese año, el militante del Ejército Popular de Liberación -EPL- y
comerciante GERARDO LIEVANO GARCIA, conocido como "Comandante Libardo" o
"Ingeniero Ramírez", de 40 años, fue detenido, torturado, desaparecido y asesinado, y RAMON
ALIRIO PEREZ VARGAS, NELSON EMILIO ORTEGA, NELSON CASTRO GARCIA,
RAMON YESID TORRES GALVAN y alguien conocido como "HOOVER" fueron detenidos y
torturados, por miembros del Comando Antiextorsión y Secuestro (CIAES) del Grupo de
Caballería Mecanizado Nº 5 General Hermógenes Maza, adscrito a la V Brigada del Ejército,
quienes los sindicaron de pertenecer al EPL y de porte de droga. En el operativo también fue
detenido ilegalmente MIGUEL ANGEL OSORIO LEMUS; "Hoover" . Las viviendas de Miguel
Ángel y Ramón Alirio fueron allanadas ilegalmente, siendo éste último amenazado de muerte.
Los hechos se presentaron luego del secuestro de un ciudadano venezolano por presuntos
miembros del EPL, en Cúcuta.
Gerardo y Ramón Alirio fueron detenidos a las 11:45 de la mañana en el restaurante "Rincón
Paisa", frente al hotel Chucarima, en el momento en que realizaban un operativo por el secuestro
del señor Daniel Arismendi. Ramón Alirio fue golpeado brutalmente por los militares, quienes
aducían que la víctima pretendía quitarle el arma al soldado que lo custodiaba. Igualmente,
Gerardo fue fracturado en el hueso facial, producto de un golpe con objeto contundente.
Luego, los obligaron a subir a dos camionetas, en donde los torturaron. A Ramón Alirio le
pegaban patadas y le hacían "el submarino" mientras le preguntaban quien era Gerardo. Esto se
repitió en varias ocasiones durante el trayecto hasta el sitio Canoitas, cerca al acueducto de la
ciudad, en el corregimiento San Pedro de Cúcuta, donde los golpearon, simularon dispararles con
armas descargadas, les introdujeron objetos en la boca causándoles ahogo, les dieron puntapiés y
los amarraron con cables. Gerardo pedía a gritos que no lo golpearan más. Uno de los agentes le
quitó la camisa a Ramón Alirio, la empapó con un líquido y se alejó con ella; un momento más
tarde se escucharon los lamentos de Gerardo, quien murió a causa de los golpes y quemaduras
que recibió, luego de haberle echado gasolina; el cadáver fue encontrado el 5 de noviembre
totalmente incinerado en la vía de Termotasajero por la carretera que conduce a la Inspección de
Policía Departamental Urimaco, del municipio de San Cayetano, a 2 kilómetros de la Vía Central
Zulia, en el sitio Arenales.
El siguiente testimonio recoge la narración de las torturas propinadas a Ramón Alirio por los
miembros del CIAES:
“..Los que me detuvieron manifestaron que eran de las autodefensas pero después sentí que iban
para el kilómetro diez hacia el Batallón y sentí cuando pasaron por los policías acostados, pero
al momento se metieron por una carretera destapada y sentí pánico porque me di cuenta que me
llevaban para el acueducto, en esas escuché que decían “oríllese” pero nadie se baja porque
viene un carro, al ratico lo sacaron del carro y en la grama me agarraron a puntapiés, me
rasgaron la camisa y me la colocaron alrededor de la cara sujetándola con un lazo y luego me
tiraron como a una zanja porque sentí tierra en la espalda, el cuello y la cara, luego uno de ellos
gritó “páseme la pimpina” y se pararon encima de cada uno de los pies y de las manos; empezó
a caerme agua que sabía como a barro, al rato alguien gritó que no me estaban haciendo nada,
que me llevaran para la toma y procedieron a llevarme a rastras. Sentía el agua en la espalda y
224
trataron entre todos de ponerme boca abajo y no pudieron; en el forcejeo se me cayó la venda y
el del radio que iba en el carro dijo que si no quería que me mataran que dijera quien era ese
(refiriéndose a Gerardo), quien tenía las manos amarradas adelante. Yo les dije que lo había
visto en el restaurante y continuaron intentado meterme la cabeza en la toma y me volvían a
preguntar por el calvo y el secuestrado, continuaron con el forcejeo tratando de meterme en la
toma y yo ya sentía muchos dolores por el esfuerzo, y en ese momento alguien gritó
“comandante, el calvo se está muriendo”. Luego trajeron al otro para hacerle lo mismo y él le
dijo que para qué iban a cometer más injusticias y después se fueron donde el calvo y el Teniente
ordenó que lo subieran a la camioneta y se lo llevaron y lo dejaron en un cuarto, como pude me
solté las manos y las vendas mientras veía cómo le echaban gasolina a otro de los torturados.”.
Aunque en el restaurante también fue detenido Miguel Ángel, los informes del operativo fueron
alterados por los miembros del CIAES, ya que no registraban la captura de Gerardo. Al día
siguiente, el 3 de noviembre, Ramón Alirio fue llevado a la sede del Grupo "Maza", ubicada a un
kilómetro aproximadamente, siendo conducido a un cuarto que tenía un letrero en la puerta que
decía "Entrevistas", donde tenían a Nelson Emilio, un joven que había sido detenido bajo la
sindicación de porte de droga, quien le contó que lo habían llevado a Urimaco, donde lo
sometieron a diversas torturas, como quemarle y punzarle los testículos; luego le introdujeron un
cepillo para peinarse el pelo en la boca hasta la faringe en tres oportunidades, golpeándolo con
este y una piedra en los dientes de abajo, así como en las piernas y en el pecho para sacarle aire,
al tiempo que estaba vendado y le martillaban un revólver sin munición en los oídos, para que
confesara el paradero del señor Arismendi.
Momentos después, el Teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales, Comandante del grupo
CIAES, ingresó al cuarto de "Entrevistas" y le dijo a Nelson que la familia lo estaba buscando y
que lo tenían por desaparecido. Luego, interrogó una vez más a Ramón Alirio, diciéndole que
quería mostrarle resultados a los generales y que si no confesaba, lo implicaría en el secuestro.
Posteriormente, el mismo Teniente ordenó el allanamiento de la vivienda de Ramón Alirio, quien
fue llevado al operativo. Allí le preguntaron por unos morrales que tenía en su casa, a lo que él
respondió que era un trabajo que estaba realizando para un cliente. Luego lo regresaron a la sede
del Grupo "Maza", donde el Teniente le dijo que agradeciera que no le había colocado "uniformes
militares para decir que tenía una fábrica de la guerrilla"; luego le dijo que lo iba a soltar pero
que tenía que trabajar para ellos, así que le ordenó que fuera a la población de Tibú y averiguara
por un venezolano secuestrado. Le dio $20.000 para transporte y dos números telefónicos para
que se comunicara con el militar y lo amenazó diciéndole que si lo llegaba a denunciar, "no se
iba a olvidar, como no se habían olvidado los 16 hijueputas que me pusieron denuncio y todos
los he matado... si usted me traiciona, Colombia se queda pequeña para buscarlo, y si no lo
consigo a usted, consigo a sus hijos".
Ramón Alirio denunció estos hechos en un Foro por la Paz y los Derechos Humanos en Norte de
Santander, en el que se hallaban presentes este Teniente y varios soldados que habían participado
en las detenciones, torturas y asesinatos, quienes en ese momento estaban realizando labores de
inteligencia filmando a los asistentes. Ante las denuncias el militar respondió que "era un
montaje de la subversión". Altos funcionarios gubernamentales que se hallaban presentes, como
el Procurador Departamental, Carlos Bernal, el Defensor del Pueblo, Jaime Córdova Triviño y el
Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de la Roux, se
225
comprometieron a brindar protección a los testigos y a las víctimas. Sin embargo, días después, la
vivienda de Ramón Alirio fue allanada por personal militar, el cual retuvo ilegalmente a uno de
sus hijos menores de edad, cuando salía del colegio hacia su vivienda.
Ante esta situación, la familia tuvo que radicarse en otro sitio y para el traslado de sus
pertenencias contrataron a un transportador, quien también fue detenido y torturado
psicológicamente para que dijera el lugar donde se encontraban Ramón Alirio y su familia. Las
amenazas y seguimiento continuaron en los años siguientes. El 18 de agosto de 1995, estando
como refugiado político en la ciudad de Quito (Ecuador), Ramón fue detenido y torturado junto
con su esposa y otra persona en diferentes sitios, por militares ecuatorianos. Al parecer fue
sindicado por "presunta" participación en un atentado al Presidente de la República de Colombia,
Ernesto Samper Pizano.
El Agente de la Policía Nacional RAMON PATRICIO PINTO CASADIEGO, testigo de los
hechos y declarante dentro del proceso que adelantó la Procuraduría, recibió amenazas en su
contra y de su familia, pues logró identificar algunos autores materiales, como a Pedro Amado
Delgado y Néstor Fandiño García. Además, reconoció a Gerardo Liévano, quién le dijo “agente
me están estropeando” y él contestó a quién lo tenía que “así no se trata a la gente”, recibiendo
un empujón mientras otro Oficial con la mano enyesada le dijo por las buenas “agente retírese”.
Le pareció que era el comandante del operativo, identificado posteriormente como el Teniente
William Roberto del Valle, cuya mano estaba enyesada por un accidente de tránsito, según
estableció su subalterno Jairo Granja Hurtado.
Por otra parte, Nelson Castro García fue detenido la noche del 2 de noviembre de 1993 cuando se
encontraba en el sitio "La Ye”, llevándoselo cerca de Urimaco donde fue torturado al intentar
ahogarlo con orines que le echaban en la cara y un líquido que tenían en una pimpina amarilla.
Luego fue trasladado al Grupo "Maza", donde le hicieron firmar una constancia de buen trato,
soltándolo el 4 de noviembre. Nelson identificó como uno de los autores materiales a un Oficial
enyesado hasta el codo.
Ramón Yesid fue sacado de su casa el mismo día que Nelson aproximadamente a la una de la
tarde, además fue golpeado y vendado con una toalla hasta el siguiente día mientras estaba
retenido en el Grupo Mecanizado "Maza" . Finalmente fue puesto en libertad el día siguiente.
“Hoover” fue sacado por el ejército de la habitación que había arrendado, no sin antes golpearlo
al punto que botaba sangre por la boca.
Los miembros del CIAES que participaron en el operativo fueron: el Teniente César Alonso
Maldonado Vidales, el Teniente William Roberto del Valle, el Sargento Segundo Néstor Fandiño
García, el Sargento primero Pedro Amado Delgado, el Cabo primero Dous Alfonso Seña Acosta,
el Cabo primero Edilfonso Oliverio Goyes Buitrón, y los soldados José Misael Valero Santana,
José Raúl Delgado Mora, Efraín Niño Plazas, Jairo Granja Hurtado, Jesús Hernando Laguado
Suárez, José Gregorio Hernández Hernández, uno de apellido Castro y un militar sin rango
precisado llamado Jesús Alfonso Álvarez Osorio.
Actuaciones Judiciales
226
El 5 de noviembre de 1993 se inició el proceso penal ordinario con una investigación
previa. El 16 de noviembre de 1993 se decretó apertura de investigación, bajo el radicado
Nº 4243, vinculando al Teniente Cesar Augusto Maldonado Vidales y al personal que
estaba a su cargo. Mediante resolución del 4 de julio de 1996 se reasignó el caso a la
Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
El 26 de septiembre de 1996 se profirió resolución de acusación por los delitos de tortura
y homicidio. El Comandante de la V Brigada interpuso el recurso de colisión positiva de
competencias y el Consejo Superior de la Judicatura resolvió asignar la competencia a la
Jurisdicción Penal Militar.
En los tribunales castrenses, el 18 de julio de 1997, hubo llamamiento a Consejo Verbal
de Guerra por homicidio y tortura. Se presentó la ruptura de la unidad procesal ya que
mientras a Maldonado Vidales se le llamó a juicio, los demás sindicados se encontraban
en etapa de instrucción.
El 4 de mayo de 1998, la presidencia del Consejo Verbal de Guerra de la Quinta Brigada
absolvió por unanimidad a todos los sindicados y les concedió libertad provisional
cancelando una caución de un salario mínimo legal cada uno. En la diligencia se
presentaron irregularidades como la errónea formulación de los cargos contra los
sindicados, quienes debieron ser acusados por el delito de Homicidio Agravado y no por
los delitos autónomos de Torturas en concurso con Homicidio. A pesar de que la
Presidencia del Consejo advirtió la anomalía, el veredicto absolutorio se mantuvo.
La sentencia absolutoria fue apelada por la parte civil. El Tribunal Superior Militar en
providencia del 16 de febrero de 2001 declaró la cesación de procedimiento por los
delitos de privación ilegal de la libertad y violación de habitación ajena por prescripción
de la acción pero dejando claro que los implicados son responsables y que efectivamente
los ilícitos se cometieron. En cuanto al homicidio y torturas, determinó que estos no son
de su competencia, acogiendo la sentencia C-358/97 de la Corte Constitucional donde se
establece que los crímenes de Lesa Humanidad no son de su conocimiento por no ser
actos relacionados con el servicio. En consecuencia el Tribunal devolvió el proceso a la
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Para agosto de 2001 el proceso se
encontraba para calificación.
Según información de prensa por el hecho nuevamente se produjo una colisión de
competencias por los cargos de homicidio y torturas levantados contra los militares, entre
la justicia penal militar y la ordinaria, siendo resuelto en el Consejo Superior de la
Judicatura a favor de la última en razón a que los actos investigados nunca pudieron
considerarse parte del servicio prestado por los militares.
Por otro lado, el 16 de noviembre de 1993, se presentó queja por la tortura y desaparición
de Gerardo Liévano ante la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Defensoría
en Cúcuta. Se inició investigación preliminar el 23 de noviembre por la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.
227
El 1 de noviembre de 1994, la investigación fue remitida a la Procuraduría Delegada para
la Defensa de los Derechos Humanos, la cual decreto, el 7 de mayo de 1996, la apertura
de investigación disciplinaria, bajo el radicado 008-153954, contra los Tenientes del
Ejército Nacional Cesar Alonso Maldonado Vidales y William Roberto del Valle, el
Sargento primero Pedro Amado Delgado, el Sargento segundo Néstor Fandiño Mejía, el
Cabo primero Dous Alfonso Seña Acosta y el Cabo primero Edilfonso Oliverio Goyes
Buitrón.
Estas personas fueron investigadas por los siguientes cargos: retención ilegal de Ramón
Alirio Pérez Vargas, Gerardo Liévano García, Nelson Emilio Ortega, Ramón Torres
Galván y Miguel Ángel Osorio Lemus, desaparición de Gerardo Liévano, tortura a los
detenidos, allanamientos sin orden competente, omitir informar a la Personería las
detenciones y proceder a la liberación de los retenidos sin orden de autoridad competente,
así como ocultar al Comandante del Grupo de Caballería No. 5 "General Hermógenes
Maza" las irregularidades cometidas en el desarrollo de su labor como Grupo Especial.
El 21 de abril de 1998 se resolvió la sanción con separación absoluta del cargo o solicitud
de destitución a los Capitanes César Alonso Maldonado Vidales y William Roberto del
Valle, suspensión de 30 días sin Remuneración a los Sargentos segundos Dous Alfonso
Seña Acosta y Edilfonso Oliverio Goyes Buitrón, y se absolvieron de los cargos al
Sargento segundo Néstor Fandiño García y al Sargento primero Pedro Amado Delgado.
El 30 de octubre de 1998, en resolución simultánea de la consulta y los recursos de
apelación interpuestos por los sancionados, la Procuraduría General de la Nación se
apartó de la decisión proferida por la Delegada sosteniendo que si bien el conjunto de
irregularidades disciplinarias frente a las cuales existe certeza de su comisión por los
investigados, ameritarían la imposición de una sanción disciplinaria mas drástica en razón
de su gravedad en la medida que comportan graves hechos violatorios de derechos
humanos considerados como CLH; “en pro del derecho” no era de recibo la destitución
por aplicarse a miembros del ejército normas que no los cobijan, pues se violaba el
principio constitucional de legalidad de la sanción, lo cual hace imperativo acudir a sus
estatutos especiales. Por consiguiente, como el régimen disciplinario de las Fuerzas
Militares (decreto 085 de 1989) trae la destitución para faltas constitutivas de mala
conducta o contra el honor militar, y el caso en mención no se adecua a esta normatividad
debido a que los actos configurativos de CLH no tienen cabida en esos dos escenarios,
para el Despacho del Procurador el correctivo procedente era el de Reprensión Severa.
Mantuvo la absolución para los demás implicados
Por último, se instauraron las demandas de reparación directa por parte de Ramón Alirio
Pérez Vargas y los familiares de Gerardo Liévano ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Norte de Santander, a las que se les asignaron los radicados 9249 y
9250. No se tiene información al respecto de los procesos.
PERSECUCIÓN A LOS POBLADORES URBANOS Y EL SECTOR POPULAR
228
La comisión de Crímenes de Lesa Humanidad contra la población urbana en la ciudad de Cúcuta
se desencadenó a partir de la década del setenta. Desde ese momento, el establecimiento
implementó una serie de mecanismos represivos de control que afectaron de manera
indiscriminada a los habitantes de la capital nortesantandereana. Uno de los blancos principales
de la acometida estatal fue la población residente en los sectores populares de la ciudad, quienes
han tenido que enfrentarse a la persecución sistemática de las fuerzas del orden; ya que para los
poderes locales y las autoridades gubernamentales, los habitantes de los sectores deprimidos
socialmente, representan un peligro inminente para la permanencia del “orden”.
En consecuencia, la lucha popular de la población urbana cucuteña comenzó a ser ampliamente
estigmatizada y señalada por el establecimiento y sus instituciones de control como “brazo
desarmado de la insurgencia”, afirmación que sirvió de justificación para que los miembros de la
fuerza pública cometieran todo tipo de agresiones, vejámenes y crímenes contra la población
urbana.
Además de los pobladores de los sectores populares y marginales, otro de los sectores sociales
más victimizado en la capital nortesantandereana fue el de los comerciantes, quienes desde
comienzos de la década del noventa se convirtieron en uno de los principales objetivos de los
agentes paraestatales.
En síntesis, y como lo expresan los casos que se presentan a continuación, la comisión de
Crímenes de Lesa Humanidad en Cúcuta, se concentró en “los barrios marginales, principalmente
de invasión, habitados por población con grandes carencias y altos índices de pobreza. En menor
volumen también hubo ocurrencia de homicidios en el centro de la ciudad, en la zona rural,
también en los barrios populares, así como en las carreteras o vías de acceso”153
Caso Maldonado1
El día 2 de noviembre de 1993 a las 12:20 horas mientras se encontraban en el
restaurante “El Rincón Paisa” RAMON ALIRIO PEREZ VARGAS, GERARDO
LIEVANO Y NELSON ORTEGA, fueron retenidos por miembros de la unidad de
contraguerrilla de la división de especiales del Batallón Maza Mecanizado No 5 de San
José de Cúcuta, frente a varias personas.
Acto seguido fueron conducidos al sitio Bocatoma, donde fueron torturados física y
sicológicamente. Posteriormente se les traslado a las instalaciones del batallón Maza N-5
pero con RAMON ALIRIO PEREZ Y NELSON ORTEGA no regreso GERARDO
LIEVANO, quien posteriormente fue hallado el día 5 de noviembre incinerado en el
corregimiento Urimaco.
RAMON ALIRIO PEREZ instauró denuncias ante diversas autoridades señalando como
responsables al teniente CESAR MALDONADO VIDALES y otros militares, todos
ellos adscritos al grupo mecanizado No 5 maza del Ejército Nacional.
153
FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA – FUNDACIÓN PROGRESAR, Norte de Santander. Paz, Te Han Vestido de
Negro... Op. cit. p. 83.
229
Este caso es una manifiesta y probada violación de los Derechos Humanos por parte de
los miembros de las fuerzas militares, cegándose la vida de GERARDO LIEVANO y
atentándose contra la integridad física de RAMON ALIRIO y NELSON EMILIO.
Los primeros hostigamientos contra los habitantes de Cúcuta se registraron en agosto de 1970. En
fecha no precisada de ese mes, GUSTAVO RUGELES SANCHEZ fue detenido con limitación
de sus garantías procesales por agentes de la fuerza pública. El hecho se caracterizó por la
utilización abusiva de facultades por parte de sus captores para proceder a la detención arbitraria
de Gustavo, como en la mayoría de los casos de CLH de la época.
En los años siguientes las agresiones de la fuerza pública se focalizaron contra los vendedores
informales de la ciudad. El 8 de mayo de 1973, el vendedor ambulante MIGUEL GALVIS fue
detenido y torturado por miembros de la Policía Nacional. Durante su detención fue sometido a
amenazas, insultos e injurias, siendo posteriormente dejado en libertad. Dos años más tarde, el 30
de mayo de 1975, el vendedor ambulante y estudiante REYNALDO MONSALVE MELO, de 15
años, fue asesinado por efectivos del F-2. Reynaldo tenía un puesto de frutas, verduras y revistas
en un lote municipal, frente al mercado de la ciudad. Ese día miembros de la policía y del F-2
realizaron un desalojo de cerca de doscientos vendedores que ocupaban este lote, hecho en el cual
la víctima resultó muerta por un disparo propinado por uno de los agentes del organismo de
inteligencia policial. El cadáver de Reynaldo fue expuesto por los demás vendedores ante la
opinión pública para manifestar las arbitrariedades cometidas por los cuerpos de seguridad
mencionados hacia ellos, y la eminente criminalización y uso de la fuerza en el momento en que
los vendedores llevaban a cabo sus demandas154.
A pesar de las múltiples denuncias de los vendedores y la población en general, ante los
constantes abusos y agresiones de los cuerpos de policía que se evidenciaron con el desalojo a los
vendedores y la muerte del joven Reinaldo, para el mes de noviembre de 1975, los miembros de
la policía detuvieron a PEDRO SALAZAR, TEOFILO ROLON, ANSELMO HERNÁNDEZ y
ANTONIO CASTRO, pobladores del Corregimiento Aguaclara. A todos ellos los sindicaron y
recluyeron en la cárcel de la ciudad; sus garantías procesales nunca se les respetaron.
Posteriormente, todos fueron dejados en libertad. En diciembre de 1975, ARCADIO LUNA fue
detenido con limitación de sus garantías procesales, torturado mediante arrastramientos y golpes
con objetos diversos; y sindicado por los agentes de policía Sandalio Gómez y Rodrigo Acevedo
en el corregimiento Aguaclara.
Los organismos de inteligencia de la policía, que se caracterizaron por la recurrencia de sus
agresiones contra los habitantes de Cúcuta, continuaron con los hostigamientos contra dicho
sector social en la segunda mitad de la década del setenta. El 23 de octubre de 1976, GILBERTO
HERRERA fue detenido con limitación de sus garantías procesales por miembros del F-2 de la
Policía. Dos años más tarde, el 18 de junio de 1978, JOSE JOAQUIN ORTEGA fue asesinado
por miembros de la fuerza pública. Dos días después, el 20 de junio de 1978, ALIRIO
CALDERON ORTIZ fue asesinado por desconocidos. La cadena de asesinatos continuó en 1979,
año en el que fueron asesinados ROBERTO DURAN CLAVIJO y OTRA PERSONA, también
por autores no precisados.
154
Revista Alternativa, No. 37. junio 9-16 de 1975. p. 6.
230
La persecución contra los trabajadores informales se manifestó una vez más el 6 de febrero de
1979, cuando el trabajador independiente LUIS ENRIQUE GALVEZ PEÑALOSA fue detenido,
sindicado, torturado y herido por miembros de la policía al mando del teniente Bernal,
pertenecientes a la Estación 100, donde permaneció recluido Enrique. Dicha detención
obstaculizó la protección de sus derechos. En el mes de noviembre de ese mismo año, FIDEL
CALDERON y SILVINO MESA, fueron detenidos, sindicados y torturados mediante maniobras
de aislamiento e incomunicación, por miembros del ejército nacional.
Los operativos de control de los agentes del F – 2 continuaron a comienzos de la década del
ochenta. El 29 de enero de 1980, HENRY SANTAMARÍA, CARLOS RUEDA CARRASCAL y
CARLOS A. LOPEZ fueron detenidos con limitación de sus garantías procesales por miembros
del F-2. Henry fue sindicado por la policía en Cúcuta y posteriormente fue puesto en libertad.
Cinco meses más tarde, el 9 de junio de 1980, fue herido JUAN I. MOGOLLON. En el mismo
operativo, CARLOS R. RUEDA fue detenido y torturado, además lo obligaron a inhalar gases.
Estos crímenes ocurrieron el 9 de junio de 1980, a manos de desconocidos.
Al parecer, la persecución contra la población urbana de la capital disminuyó considerablemente
entre 1981 y 1985, período en el que no se tiene registro de CLH en la ciudad. Al periodo de
tensa calma señalado, lo siguió una nueva arremetida por parte de los organismos policiales que
se evidenció el 11 de febrero de 1986, cuando el joven LUIS JOSE DURAN COLMENARES fue
detenido, torturado y asesinado por miembros de la policía al mando del Capitán Jairo Parada
Moyano. Luis José fue inculpado en el robo a un banco, razón por la cual fue recluido. Al día
siguiente fue encontrado muerto dentro de su celda. El Instituto de Medicina Legal estableció que
murió a causa de brutales golpes en la cabeza.
Además del accionar represivo de la fuerza pública, los agentes paraestatales dieron curso a la
persecución sistemática de la población urbana cucuteña en el segundo semestre de 1986. El 3 de
agosto de ese año, el abogado y ex magistrado del Tribunal Superior de Cúcuta, LUIS
FRANCISCO CORONEL BECERRA, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en un
Renault 12 rojo de placa venezolana. Doce días después, el 15 de agosto de 1986, los hermanos
JOHN EDGARDO y LUIS GERARDO GAONA FLOREZ, fueron desaparecidos por
desconocidos, según denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación.
A medida que se incrementaban los crímenes perpetrados por los desconocidos, se puso de
manifiesto cómo uno de sus principales objetivos era la eliminación de los funcionarios judiciales
de la ciudad, situación que se evidenció con el asesinato del Ex Magistrado del Tribunal de
Cúcuta en agosto de 1986. La arremetida contra los funcionarios judiciales continuó el 29 de
septiembre de 1986, fecha en la que el abogado criminalista y Procurador Regional de Cúcuta,
RAFAEL SUSLYN, fue asesinado también a manos de sicarios. Anteriormente, venía siendo
amenazado de muerte mediante llamadas telefónicas.
Paralelamente, la policía siguió sembrando el terror entre la población. El 27 de noviembre de
1987, el señor HENRY DURAN HIGUERA fue detenido de manera arbitraria por agentes de la
policía, quienes dispararon contra la residencia de la víctima. Ante el reclamo de su progenitora
para que no se lo llevaran, esta fue tratada con palabras soeces por parte de los policías Campo
Aníbal Gutiérrez y Abraham Ardila. El fallo de la procuraduría consideró que los agentes
231
cometieron el hecho, y por lo tanto, al reconocer los mismos policías que si estuvieron en ese
sitio esa noche, y que efectivamente dispararon sus armas de dotación, se especificó un indicio
grave de su participación en la comisión de los hechos.
Durante el año de 1987, los “desconocidos” , comenzaron a controlar los sectores populares de la
ciudad, eliminando a todo aquel que según su parecer, no encajara dentro su esquema de orden
social. El 6 de abril de 1987, el conductor de un bus de servicio urbano, JORGE HERNANDO
ROPERO SUAREZ, fue desaparecido por varios hombres después de terminar sus labores,
cuando se dirigía hacia su lugar de habitación ubicado en el barrio Buenos Aires. El 27 de enero
anterior su residencia había sido allanada por el ejército, y poco antes de su desaparición agentes
secretos bajaron de un bus urbano a su hermano Emiro, quien fue detenido y llevado a las
instalaciones militares del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 General Hermógenes Maza.
Las reiteradas agresiones perpetradas contra Jorge antes de su desaparición por parte de la fuerza
pública, conllevan a pensar en la participación de tales unidades en la desaparición de la víctima.
Tres días más tarde, el 9 de abril de 1987, el Juez 20 de Instrucción Criminal de Cúcuta,
VICTOR JULIO APARICIO, fue asesinado por dos sicarios cuando se dirigía a pie hacia su
residencia. Víctor Julio era el tercer funcionario judicial asesinado por “sicarios”, en menos de
un año.
En mayo de 1987, se desató el accionar paramilitar en la capital nortesantandereana. El 16 de
mayo, el empresario industrial ARGEMIRO LOPEZ ARCILA, fue asesinado por paramilitares y
su cadáver abandonado en una vía que de la autopista de la frontera conduce al Seminario, en
Cúcuta. Argemiro se encontraba atado de pies y manos; además sobre su pecho tenía una hoja
con la leyenda "RAMBO, lo prometido es deuda para el pueblo".
Además de los funcionarios judiciales y la población popular, los profesionales fueron otras de
las víctimas de la arremetida paraestatal que se desencadenó a lo largo de 1987. Los
paramilitares, que inicialmente, obraron mediante mecanismos encubiertos como el empleo del
sicariato, poco a poco fueron develando sus principales blancos. El 25 de septiembre de 1987, el
médico veterinario MARCO TULIO SANCHEZ JACOME fue asesinado a balazos por dos
sicarios que lo atacaron, en momentos en que salió a la puerta de su residencia ubicada en el
barrio Quinta Bosch.
En el segundo trimestre de 1988, los “desconocidos” reanudaron sus acciones criminales en
Cúcuta. En fecha no precisada del mes de mayo, ELVIA ROZO ARIAS, de 19 años, y LUZ
MERY RAMIREZ, de 18 años, fueron asesinadas por varios hombres no identificados. Las
víctimas habían llegado a esta ciudad provenientes de Saravena (Arauca) y sus cuerpos fueron
encontrados en un parque de esta ciudad con varios impactos de bala.
El 29 de junio de 1989, ISMAR AVELLANEDA fue torturado y asesinado, al igual que ALEX
GARCIA y ARSENIO GONZALEZ. Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron hallados en un
paraje solitario de la vereda Oporapa. Dos meses más tarde, el 24 de agosto de 1989, el
propietario de la fábrica de calzado Rossi, ARGIRO VALLEJO MOLINA, de 35 años, fue
asesinado por desconocidos en el interior de su vehículo en el corregimiento El Salado. Dos días
antes la víctima había salido con destino a Venezuela.
232
Como lo evidencian los casos anteriores, la llegada a la residencia de las víctimas para asesinarlas
en su interior, o retirarlas a otro sitio para efectuar el acto; el abandono de los despojos mortales
en sitios apartados de centros poblacionales; y la movilización en vehículos difíciles de
identificar, prosiguieron como herramientas homicidas manejadas una y otra vez contra los
pobladores urbanos de la ciudad de Cúcuta. Estos crímenes, de manera oficial, fueron atribuidos
generalmente a los grupos paramilitares y a las operaciones de la fuerza pública, que, haciendo
uso de sus facultades policiales empleó reiteradamente la tortura y el asesinato como
procedimiento regular para someter y controlar a la población .
Entre el 27 y el 30 de septiembre de 1990, el señor JOINER DE DIOS FLOREZ VILLALBA fue
detenido y torturado por los agentes Luis Jesús Contreras Rojas, Luis Antonio Morales Moscoso,
Álvaro Pabón Benítez y Jorge Gregorio Amado, quienes para la época de los hechos se
desempeñaban como agentes profesionales del Departamento de Policía de Norte de Santander en
el grupo de Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN.
Los agentes inicialmente se presentaron en la casa de Joiner de Dios y, sin orden de allanamiento,
lo detuvieron y trasladaron a las instalaciones del cuerpo de inteligencia. Poco después, fue
llevado a un parqueadero, y allí le aplicaron toda clase de torturas y tratos crueles: primero lo
esposaron y lo sujetaron al guardabarros de un carro con las manos hacia atrás. Una vez
maniatado le tomaron del pelo y templaron su cuerpo completamente. Acto seguido, el agente
Contreras le puso una toalla que le tapo boca y nariz, echándole agua para intentar ahogarlo
mientras que los otros se le montaron encima; en ese momento le preguntaban por muchas
personas que él desconocía y el paradero de una persona presuntamente secuestrada. Después le
amarraron una bolsa al cuello, tapándole la cara hasta que perdió el conocimiento.
Además de lo anterior, la víctima afirmó haber sido golpeado en la cabeza, los testículos, el
estómago, colgado en un árbol de mango, arrastrado, orinado en la cara y vendado mientras los
agentes le oprimían los ojos con los dedos; finalmente lo dejaron sin camisa al sereno.
Después de la tortura, Joiner fue puesto a disposición del Juzgado Segundo Especializado de
Cúcuta, el cual al no encontrar mérito lo dejó en libertad. A pesar de ello, lo detuvieron
nuevamente y lo trasladaron al Juzgado Quince de la misma ciudad. Este se declaró impedido y
lo envió al Juzgado Primero Especializado. Al momento de recibir la declaración de Joiner, el
juez primero dejó constancia del estado en que se encontraba el detenido quien "presentaba un
pequeño hematoma en pómulo derecho, mancha de sangre en el ojo del mismo lado;
escoriaciones en la muñeca a causa de las esposas y presentaba una escoriación en el tobillo
derecho y huella de lazos con el que le amarraron"; constancia revalidada por el dictamen de
medicina legal, del 26 de octubre de 1990 y las declaraciones de los familiares de la víctima en la
investigación abierta por la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos
mediante resolución No.018 de 1995, en la que se decretó sancionar con destitución (o separación
absoluta) a los agentes responsables por los hechos ocurridos en contra Joiner de Dios Flórez
Villalba.
En 1991, se incrementó el accionar criminal de los “desconocidos”. El 23 de abril de ese año, el
reportero gráfico del semanario La Noticia y ex concejal de Cúcuta, ANTONIO M. ORTIZ G.
fue asesinado cuando se movilizaba en un bus urbano, en el caserío El Totumo. Antonio ya había
sido víctima de varios atentados.
233
Durante el mes de septiembre del mismo año, “desconocidos” asesinaron a dos habitantes más de
la ciudad. El día 6, el menor de edad EDUARDO GELVEZ PAEZ fue asesinado y DOS
PERSONAS más heridas, por desconocidos en la zona urbana. Veinte días más tarde, el
comerciante LUIS JESUS CORREA MOLINA de 26 años de edad, fue desaparecido y
posteriormente asesinado por miembros del F-2 (SIJIN), en una vía pública de Cúcuta, mientras
esperaba transporte junto a un amigo, en el barrio Doña Ceci. Los efectivos policiales se
movilizaban en una camioneta chevette azul, a la cual subieron a Luis Jesús a la fuerza, mientras
su acompañante huía del lugar. Al día siguiente, los familiares de Luis se dirigieron a las
instalaciones del F-2 (SIJIN) donde les negaron que lo tuvieran detenido. Tres días después
miembros de la funeraria del Cementerio Central, informaron a los familiares del desaparecido,
que su cuerpo había sido hallado en el sitio conocido como Peñas Blancas, lugar que para la
época comenzó a ser conocido un “botadero de cadáveres”.
El año culminó con el asesinato de un ex alcalde de la ciudad, perpetrado por los mismos
“desconocidos” que venían sembrando el terror desde meses atrás. Los hechos ocurrieron el 16
de noviembre de 1991, día en el que el empresario de la construcción, ex alcalde de Cúcuta, ex
contralor de Norte de Santander y Secretario del Municipio, GUSTAVO ARARAT NEGRON,
de 48 años, fue asesinado. Gustavo se dirigía hacia su casa cuando cuatro hombres y una mujer
interceptaron su automóvil con una camioneta Chevrolet y un Jeep y lo obligaron a descender del
vehículo; al parecer, opuso resistencia y entonces fue baleado tres veces en la cabeza y una vez
en el pecho, muriendo en la Clínica San José posteriormente. Sus familiares informaron que
había recibido amenazas.
En el segundo semestre de 1992, la fuerza pública reanudó los hostigamientos y crímenes contra
la población urbana de Cúcuta. El 15 de septiembre de 1992, JESUS BALLESTEROS, fue
detenido y desaparecido por miembros del B-2 de la V Brigada. Dos meses después, el 15 de
diciembre de 1992, GUSTAVO ADOLFO GOMEZ FRANCO, de 32 años, ortopedista al
servicio del seguro social, fue asesinado por miembros de la policía. El cuerpo sin vida de
Gustavo fue encontrado en una banca metálica del Malecón y presentaba un disparo en la cabeza.
La versión oficial afirma que Gustavo fue asesinado por dos hombres que al parecer pretendían
robarle su carro, pero el automóvil fue interceptado por una patrulla de la policía en la Autopista
Atalaya y sus ocupantes fueron muertos al hacer caso omiso a las voces de alto. Dentro del
Renault 18 color marrón se halló una bomba tipo Kleimor, de 4 kilogramos. Gustavo hacía parte
de proyectos comunitarios y hace varios años fue acusado por las autoridades de ser auxiliador de
la guerrilla.
Uno de los primeros signos de la arremetida contra la población de los sectores populares y
marginales en 1993, tuvo lugar el 13 de marzo, fecha en la que el comerciante CARLOS
ELIOCA DIAZ PICO, de 26 años, fue asesinado por desconocidos en su vivienda, en el sector de
invasión Esperanza Martínez. Cuatro hombres encapuchados que se movilizaban en un automóvil
derribaron la puerta de la casa y se identificaron como el F-2, y luego le dijeron "venimos a
matarlo de parte de las FARC", y le propinaron cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo.
Dos meses después, el 19 de mayo de 1993, otro comerciante fue asesinado; se trataba de
ANSELMO RODRIGUEZ, de 60 años, muerto por tres hombres que le propinaron diez disparos
en diferentes partes del cuerpo.
234
Durante 1994 se incrementó la oleada de violencia en toda la capital. El 28 de enero de ese año, a
las seis de la mañana, el periodista, comunicador social, abogado y director del Radio-Periódico
"La Fuerza" y de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas, JESUS ANTONIO MEDINA
PARRA, quien había militado en el grupo liberal que dirigía el senador Félix Salcedo Baldión,
fue asesinado, por dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje,
quienes lo esperaban en las afueras de la emisora Radio Punto. La víctima recibió cuatro
impactos de bala, dos en la cabeza y dos en el hombro izquierdo. Al parecer, había sido objeto de
amenazas anónimas y seguimientos. Sus últimos programas los dedicó a criticar a las entidades
estatales que no prestaban sus servicios oportunamente.
Un mes después, el 27 de febrero de 1994, a las 8 de la noche aproximadamente, el comerciante
DANULFO BOTELLO CASTILLO, de 32 años de edad, fue asesinado por tres encapuchados
que ingresaron a su vivienda, en el barrio Tucunaré, en momentos en que se realizaba una
reunión familiar.
La arremetida de los “desconocidos” prosiguió el 22 de abril de 1994. Ese día, IVAN
QUINTERO PEÑARANDA y el niño LEONARDO QUINTERO MARTINEZ de 2 años fueron
asesinados. En la misma operación la ESPOSA de Iván y una MUJER más fueron heridas por 8
encapuchados fuertemente armados que llegaron hasta su vivienda en el barrio 28 de Febrero. Al
llegar a la vivienda de Iván, los asesinos le exigieron que saliera; como él se negó los victimarios
lo hirieron y lo sacaron a la calle, a pesar de que llevaba cargado a su hijo. Allí lo acribillaron con
7 disparos en diferentes partes del cuerpo. La esposa fue herida al tratar de intervenir. El niño
murió en el hospital de la ciudad como consecuencia de las heridas que recibió cuando atacaron a
su padre. Los encapuchados se dirigieron luego hasta la vivienda de un hermano de Iván, ubicada
a pocos metros de su casa, e hirieron a la esposa de aquel, cuando ésta les contestó que su marido
no se encontraba.
Seis días más tarde, el 28 de abril de 1994, JUAN GABRIEL OSPINA, de 17 años, y JAIME
PADILLA, de 25 años, quienes se dedicaban a descargar camiones de una pescadería del
mercado "La Sexta" en Cúcuta, fueron encontrados asesinados después de que miembros del
grupo paramilitar La Mano Negra, les propinaran varios disparos en la cabeza, en la Inspección
de Policía Departamental La Parada. En el mismo lugar se halló el cuerpo del comerciante
HENRY JAVIER GUTIERREZ, en la madrugada del 30 de abril de 1994. Henry era una mas de
las víctimas de la escalada de asesinatos perpetrados por la banda paramilitar.
Dos meses después, el 5 de junio de 1994, seis hombres armados dieron muerte al celador JUAN
DE DIOS PARADA y LUZ MARINA GIL en el corregimiento El Carmen de Tonchalá. Contra
el vigilante existían acusaciones por hechos cometidos en el barrio Belén, donde era muy
conocido.
Un mes después, los “desconocidos” dieron muerte a otro celador. Hacia las 10:30 de la noche de
10 de julio de 1994, el vigilante JUAN CARLOS VILLAMIZAR fue asesinado por 3
encapuchados que irrumpieron en su vivienda, ubicada en el barrio Belisario y lo obligaron a salir
de la casa, y luego de caminar varios metros le dispararon en la cabeza y en la mejilla derecha.
235
El 22 de septiembre de 1994, el comerciante JESUS ALFONSO MEJIA PORRAS de 30 años
fue asesinado por desconocidos, quienes lo interceptaron en la fuente de soda "La Negra" del
barrio Aniversario, ubicado en la ciudadela La Libertad de Cúcuta, descargándole ocho impactos
de revólver calibre 38. La víctima había sido detenida bajo la sindicación de rebelión y como
sospechoso de participar en la muerte de un agente de policía de apellidos Flórez Amaya, el 16
de diciembre de 1992. Tres meses más tarde, el 7 de diciembre de 1994, hacia las 8 de la noche,
la niña BLANCA CECILIA JIMENEZ CONTRERAS de 12 años de edad, fue asesinada por 6
desconocidos armados, quienes irrumpieron en la avenida 34, ubicada entre las calles 16 y 17 del
barrio Rudesindo Soto. Los agresores llegaron al sector y empezaron a gritar a los pobladores que
se acostaran o se entraran a sus viviendas porque estaban patrullando. Como la menor era
sordomuda no escuchó y permaneció en la calle, por lo que le propinaron un disparo en el ojo
izquierdo. El desconocido que disparó dijo: "esto es para que aprendan a obedecer".
Con el transcurso de la segunda mitad de la década del noventa, la persecución sistemática contra
población popular y marginal se intensificó, evidenciando el posicionamiento del paramilitarismo
en los barrios periféricos de la ciudad. El 27 de enero de 1995, el vendedor ambulante LUIS
ALBERTO QUINTERO MALDONADO de 22 años, fue asesinado por dos desconocidos, en la
avenida Américas # 15E-77, zona de invasión de la ciudad de Cúcuta. Los victimarios llegaron a
su casa, preguntaron por la víctima y cuando salió, lo llevaron al solar de la vivienda en donde le
propinaron seis impactos de bala calibre 38 largo. Ese día también fue ultimado el cotero
TOMAS ENRIQUE OROZCO BAUTISTA de 33 años, quien fue agredido por varios hombres
que entraron a su casa y le propinaron ocho impactos de bala de pistola calibre 7.65 mm. en el
lote No. 35 de la zona de invasión María Paz.
Durante la tercera semana de febrero de 1995, los grupos paramilitares que hasta la fecha habían
operado bajo la clandestinidad total, comenzaron a manifestar abiertamente su presencia en la
zona rural de Cúcuta. En el transcurso de esa semana, tres habitantes más fueron asesinados por
dichas estructuras. El 24 de febrero de 1995, el expendedor de carne JOSELINO JAIMES
BARON de 39 años fue asesinado por varios individuos que llegaron a la vivienda de la víctima,
en el caserío Puerto Nuevo, zona rural de Cúcuta. Los victimarios preguntaron a su familia por él,
y cuando apareció para ver quiénes lo necesitaban, lo sacaron de la casa y a pocos metros de allí,
lo asesinaron. El mismo día, el vendedor ambulante EMIRO ORLANDO ESPINEL de 43 años
fue encontrado asesinado en la vía hacia al sitio El Rodeo en zona rural de Cúcuta. El cuerpo
presentaba 8 disparos. Emiro había sido sacado a la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio
Belisario. Cuatro días después, el 28 de febrero de 1995, fue hallado el cuerpo sin vida de otro
poblador, al frente de la iglesia del barrio La Ermita ubicada en la calle 34 con avenida 8ª. La
víctima era LUIS CARLOS MARTINEZ, quien presentaba tres disparos de revólver calibre 38
largo.
Aunque los paramilitares son éstos últimos los protagonistas de la represión de la época, la fuerza
pública persistió en sus acciones de hostigamiento. El 14 de mayo de 1995, ALFREDO
ANTONIO LIONES VILLEGAS, quien se encontraba detenido, fue asesinado por el soldado
Arley Guisa López en el interior de las instalaciones del Grupo Mecanizado Nº 5 Maza. Alfredo
Antonio se encontraba detenido en la sede militar, acusado de rebelión, y durante los días previos
al hecho, "se presentó una candente situación al extremo que los dos se amenazaban de muerte";
el día 16, hacia las 9:15 de la noche, el soldado ingresó a la sala de detenidos y le propinó una
herida de arma cortopunzante en el costado derecho del pecho, que le causó la muerte, a pesar de
236
ser llevado a un centro hospitalario. La fuente indica que además de la investigación disciplinaria
abierta por estos hechos, se efectúo otra para saber si algunos oficiales estaban enterados de la
discordia y no tomaron medidas de prevención.
A mediados de 1995, en horas de la madrugada del 5 de julio, RICARDO DIAZ MENESES y
un hombre llamado OSCAR fueron asesinados por desconocidos en momentos en que dormían
frente a las instalaciones del Cementerio Central. Las víctimas ayudaban a hacer el aseo en el
cementerio y a los vendedores de flores del lugar. Tres semanas después, el 26 de julio de 1995,
hacía las 9 de la noche, los vendedores de pollos JOSE LUIS OTALORA y GERMAN
EDUARDO CALDERON fueron asesinados por dos hombres que se movilizaban en una
camioneta con vidrios polarizados, quienes acercaron el automotor al andén donde varios
jóvenes departían, en el barrio Sevilla. Los victimarios bajaron de la camioneta y le dispararon a
José Luis.
Posteriormente, uno de los agresores le propinó 3 disparos a Germán Eduardo, quien se dirigía
caminando hacia su vivienda. Un poblador afirmó que "el hombre que disparó [a Germán] lo vio,
y sin vacilación alguna, se volteó, le apuntó y también le tiró". Después, los agresores "se
dirigieron a la camioneta, caminando tranquilamente y al pasar por el frente de la casa de la
familia Otálora, le dispararon a una señora porque salió a cerrar la puerta cuando escuchó los
tiros, sin saber que habían matado a su hermano José Luis...". Además agrega el testimonio que
"ese mismo vehículo ya lo habíamos visto dar algunas vueltas por el sector y uno de inmediato se
imagina quienes son los ocupantes".
Antes de asesinar a los jóvenes, los dos hombres habían perseguido a otro joven, quien "corrió,
se metió a una casa y pidió auxilio". Después de lo sucedido, los familiares de las víctimas
expresaron que "recurrirían a los funcionarios de Derechos Humanos para elevar las denuncias,
por cuanto consideran que los autores del doble crimen fueron personas con facultades para
portar armas de fuego y andar en vehículos de fuerza con vidrios ahumados".
El 30 de septiembre de 1995, INES FERNÁNDEZ, de 35 años de edad, fue asesinada por dos
hombres armados en la avenida 5ª, entre calles 7 y 8 . Sin mediar palabra uno de los asesinos le
propinó varios disparos de pistola. Veinte días más tarde, el 20 de octubre de 1995, el
comerciante PEDRO ELIAS DELGADO ACERO, fue asesinado por seis desconocidos que
tenían el "rostro cubierto con banderas de color rojo y verde", quienes llegaron a la vivienda de
la víctima, en el barrio Los Alpes. Los victimarios dijeron ser de las Milicias. Tres de ellos
entraron a la vivienda, mientras los otros dos requisaron la casa. Una vez adentro, los victimarios
dijeron: "cuando venga la Policía digan que fueron las Milicias Populares" y le dispararon a
Delgado Acero, quien murió dos horas después.
El último caso del que se tuvo conocimiento en ese año, ocurrió hacia las 6:45 de la noche del 24
de octubre de 1995, cuando YAJAIRA ORTEGA CARDENAS de 23 años, fue asesinada por
desconocidos que llegaron y la acribillaron a tiros en su vivienda, ubicada en el barrio Santa
Marta del corregimiento Aguaclara.
En los inicios de 1996 se presentaría un nuevo crimen. El 30 de enero, el vendedor ambulante
JOSE ALIRIO CLAVIJO ORTEGA de 28 años fue asesinado por varios hombres que le
237
propinaron un disparo en la cara y otro en la nuca, en la vereda La Jarra, ubicada en el
corregimiento Aguaclara.
Durante el mes de octubre de 1996, se evidenció una nueva arremetida de los desconocidos
contra los cucuteños. El 4 de octubre, en un paraje de la vía que conduce de Cúcuta a la población
de El Zulia, fue asesinado el comerciante SALOMON RUIZ OCHOA. Dos días después, el 6 de
octubre, el vendedor ambulante HIPOLITO RIVERA VILLA, fue asesinado por desconocidos
en el barrio Buenos Aires. Lo mismo sucedió el 8 de octubre, con el albañil y Pastor Evangélico
EDIBERTO Villamizar, quien fue ultimado en el Centro de la ciudad. Pocos días más tarde, el
12 de octubre, ALFREDO ORTEGA fue asesinado en el Barrio San Luis. El mes culmino con la
desaparición de RICARDO EUGENIO MORANTES quien fue interceptado por varios
desconocidos el 39 de octubre de 1996. El 29 de Noviembre del mismo año, Ricardo fue hallado
muerto en el anillo vial que une a Cúcuta ,vía Bocono con Villa del Rosario.
Terminando el año, el 18 de diciembre de 1996, PEDRO PABON TARAZONA y su esposa
SANDRA TARAZONA fueron asesinados por dos hombres armados que se movilizaban en una
motocicleta, quienes los interceptaron en el Terminal de Transportes de Cúcuta y les propinaron
varios impactos de pistola en momentos en que las víctimas viajaban en un automóvil Chevrolet
Monza, de placas SCS-764.
El 23 de febrero de 1998,se registró la comisión de un nuevo crimen en zona rural de Cúcuta.
Ese día fueron hallados los cuerpos de MIGUEL MORALES y otros DOS HOMBRES, en la
vereda Puerto Lleras.
Persecución a marginados sociales y supuestos delincuentes en otros sectores de la ciudad
La represión contra los pobladores de las zonas urbanas en la zona V tuvo objetivos muy
concretos. Uno de ellos es el de los marginados sociales, quienes se convirtieron en el centro de
toda clase de presiones y acosos contra su humanidad.
Las personas que mayormente fueron sacrificadas por la violencia desmedida que agobió el país a
finales de los ochenta y comienzos de los noventa, han sido los que por una u otra circunstancia
han sido excluidos de la sociedad. Los marginados sociales, por el simple hecho de su forma de
vida, o su no adaptación a los patrones económicos y culturales que se manejaban, debían ser
extirpados de la sociedad, arrebatándoles su propia vida. So pretexto de ello, “la limpieza social”
hizo su aparición con el animo de erradicar “las basuras o escorias humanas” que afectaban la
población.
Como fenómeno eminentemente urbano, esta práctica macabra y cruel hundió sus raíces en el
desprecio por el ser humano, y la supuesta superioridad de unos sobre otros en aras del
mantenimiento de la estructura social. La total impunidad con que se ejecutaba la “limpieza
social” se consolidó por la desinformación y el desconocimiento de los responsables en la
mayoría de casos, salvo contadas excepciones, en las que se logró identificar a la policía o los
grupos paramilitares, como los directos implicados en la comisión de los crímenes. Lo único que
se llegó a dilucidar y concluir es que el sacrificio de decenas de vidas se llevó a término por
intereses hegemónicos que no veían la culpa de la misma sociedad que condenaba a la muerte a
dichos sujetos, y su deuda para con estos, por la intolerancia en la que se sumió paulatinamente.
238
La “limpieza social” se implementó en Cúcuta a comienzos de los noventa, como mecanismo
propio del personal de la SIJIN, en función del control autoritario desarrollado por este
organismo de inteligencia policial, cuyo accionar criminal se propagó durante el transcurso de la
década señalada. Particularmente en 1991 los agentes de seguridad del Estado fueron con creces
más criminales que los delincuentes que combatían; quitar la vida en vez de protegerla, era el
retrato perfecto de la transfiguración del rol de “servir a la gente”.
La participación de mafias ligadas al contrabando fue determinante en la persecución contra los
delincuentes, muestra de ello es el siguiente texto encontrado en un papel sobre el pecho de una
de las víctimas:
La justicia de la “limpieza social”
"Alerta a las autoridades. Dejen de cuidar este H.P. Hay muchas personas buenas para cuidar.
Despierten. Se llamaba el venezolano, Víctor 'El Negro'. Esto le pasó por robar mercancía a
colombianos y ahora seguiremos con el resto de la banda. Se les olvidó que hay que respetar a la
mafia, ‘Amor por Cúcuta’.”155
Paralelamente se implementó el exterminio sistemático de indigentes, homosexuales,
delincuentes y toda clase de personas marginalizadas, quienes se convirtieron en el objetivo de la
maquina de muerte que comenzó a operar en la ciudad.
En la capital nortesantandereana, la mal llamada “limpieza social” se implementó inicialmente
contra la delincuencia común, particularmente contra personas que eran acusadas de ser
secuestradores. Otra característica importante es que en muchos casos las víctimas eran
informantes de la policía que después de un tiempo se convertían en un estorbo o en un riesgo de
cara a las investigaciones sobre los crímenes, de modo que los agentes de la SIJIN, en especial
del grupo antiextorsión y secuestro, decidían asesinar a sus cómplices como forma de garantizar
la impunidad de sus acciones.
Desde los primeros meses de la década del noventa, los organismos de inteligencia del Estado
dieron curso a la “limpieza social”. En los primeros días del año 1990, los informantes de la
Policía Nacional CAMILO CARREÑO VARGAS y JOSE LUIS PABON, fueron desaparecidos
en el barrio Daniel Jordán, y luego asesinados en la vía que de Cúcuta conduce a Pamplona, por
los Agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN de Cúcuta Luis Antonio Morales
Moscoso y Luis Jesús Contreras Rojas. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados
incinerados, uno de ellos sin genitales.
Según informaciones del ex Agente de la Policía Nacional, Reynaldo Vaquero Muñoz y el
informante de la Policía Nacional, Alexander Rodríguez Suescún, uno de los muchachos
agredidos que tenía antecedentes delincuenciales, le dijo a Morales Moscoso que en cierta casa
había un expendio de droga, por lo cual se realizó el allanamiento sin encontrar nada, razón por la
cual sus superiores lo amonestaron. Como los agentes implicados tenían la costumbre de lucrarse
155
Víctima encontrada asesinada el 31 de agosto de 1991 en el sitio "Agualinda", zona rural de Los Patios.
239
ilegalmente de los hallazgos que hicieran en el ejercicio de sus funciones, ejecutaron los crímenes
como retaliación.
Por la misma época, en los primeros días de 1990, fue desaparecido MIGUEL HERNANDO
ROJAS TORRES, y posteriormente torturado su hermano OMAR IVAN, por los agentes del
Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN de Cúcuta, Luis Antonio Morales Moscoso y Luis
Jesús Contreras Rojas, en la urbanización Montebello de Los Patios.
Miguel Hernando fue detenido por los dos agentes y no se volvió a saber más de él.
Aparentemente al agente Morales Moscoso le habían asaltado su casa, por lo que culpó del hecho
a Omar Iván, quién era su vecino, el cual fue sacado violentamente de su casa con la intención de
llevárselo, situación que impidió la familia de la víctima, aunque no pudieron evitar la golpiza
que le propinaron en la calle. Las víctimas habían sido anteriormente hostigadas por los agentes
para la obtención de provecho económico. Este hecho también se tuvo como indicio grave contra
los agentes involucrados en el proceso que se les llevaba a los mismos en la Procuraduría
Delegada para la Policía Judicial y la Policía Administrativa, por las 17 fosas comunes halladas
en el anillo vial de Villa del Rosario, crímenes por los que se investigó a los uniformados
mencionados.
Otro crimen que se registró a comienzos de los años noventa fue el de un agente de la policía de
apellidos PEREZ PICO, asesinado por el agente de la SIJIN Luis Antonio Morales Moscoso, en
Cúcuta. El agente Morales era conocido en la ciudad como “Guante negro” y como lo
demuestran los casos anteriores, se encontraba involucrado en numerosos crímenes cometidos en
la ciudad y sus municipios aledaños entre 1990 y 1991, contra personas acusadas de secuestro y
contra informantes de la policía.
Paralelamente al accionar criminal de los agentes de la SIJIN, los “desconocidos”, arremetieron
contra la población marginada de la ciudad. El 6 de mayo de 1990, el vendedor ambulante y
trabajador informal, ESAU ASCANIO ROPERO, de 27 años, fue desaparecido por
desconocidos. Ese día Esaú salió de su casa en Ocaña y luego de llegar e instalarse en la ciudad
de Cúcuta, hizo una llamada a su familia avisando que no se preocuparan por él. A los tres días
un familiar suyo llamó diciendo que Esaú no había vuelto al hotel donde estaba hospedado; desde
ese momento no se volvió a saber nada de él.
En julio de 1990, los miembros del grupo de antiextorsión y secuestro de la SIJIN, entre ellos el
agente Luis Jesús Contreras Rojas, allanaron la residencia de ESTEBAN PEREZ BAUTISTA
ubicada en el barrio Juan Atalaya. Inicialmente, los agentes detuvieron a Esteban y luego lo
torturaron, en las instalaciones del organismo policial de la ciudad. Al efectuar la diligencia de
allanamiento, los policías no portaban orden judicial alguna. Una vez detenido Esteban y
trasladado a las dependencias de la SIJIN, fue golpeado y colgado de una reja un día y una noche,
acusándolo de secuestrador. El agente Contreras Rojas instó a sus compañeros a llevarlo “para
donde sabemos, hay que matarlo” y le sentenció luego: “apenas salgas te mato”, además de
propinarle al detenido un puntapié en la cara durante la diligencia de declaración. Tiempo
después, Esteban fue llevado a la Cárcel Modelo de Cúcuta.
Un mes después, en agosto de 1990, JUAN DE DIOS ANAYA fue detenido y torturado por
agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN de Cúcuta, entre ellos Luis Jesús
240
Contreras Rojas. El agente Contreras lo golpeó cruelmente y le arrancó una uña del dedo índice
de la mano izquierda para que firmara unos papeles que tenían hechos, con el fin de sindicarlo en
un proceso con constancias de buen trato. Posteriormente el uniformado Contreras Rojas
reconoció ante la víctima su falta y le pidió “que lo perdonara” y que volviera pedir ampliación
de indagatoria para que dijera lo que era cierto, dándole la suma de $5.500 en efectivo.
El año culminó con más desmanes represivos por parte de los miembros de la SIJIN. El 29 de
diciembre de 1990, JOSE DE JESUS ESTUPIÑAN, ALIRIO VILLAMIZAR CACERES,
GABRIEL ANTONIO MIRANDA, LUZ MARINA SALAZAR MONCADA, LUZ MARINA
MIRANDA Y JOSE GIRALDO ESPITIA DUARTE fueron detenidos y torturados por los
agentes Luis Antonio Morales Moscoso, Mauricio Ordoñez Basto, José Gregorio Amado Godoy
y Álvaro Pabón Benítez, personal que actuó bajo el mando del Mayor Jairo Alberto Cook
González y el Teniente Jorge Andrés Restrepo Londoño. Ese día, tras su detención, los
aprehendidos fueron conducidos hasta las instalaciones de la SIJIN de la misma ciudad, donde
por turnos los sometieron a maltrato físico y psicológico con el propósito de que confesaran su
participación en el secuestro del señor Luis Eduardo Castilla León.
Según la declaración del señor Villamizar Cáceres, él fue llevado al parqueadero del F2
(instalaciones de la SIJIN) donde se le torturó mediante el uso de maniobras de ahogamiento con
agua, jabón y “límpido”, además fue amarrado y golpeado, mientras que lo interrogaban acerca
del secuestro y el paradero del secuestrado, perdiendo el conocimiento en tres oportunidades. En
igual forma declaró Espitía Duarte quien menciono haber sido llevado al mismo sitio y ser
torturado por el agente Moscoso y otros que le acompañaban, versión manifestada también por
Gabriel Antonio Miranda y Luz Marina Miranda Bayona.
Dos días después de las torturas, el 31 de diciembre, se hizo presente en las dependencias
mencionadas el Fiscal Primero de Orden Público, Carlos Mendoza Gonzáles junto con su
Asistente Jorge Dávila Guerrero, con el propósito de verificar el estado de los detenidos, sin
embargo, estos no pudieron cumplir su función normalmente. En palabras suyas, el funcionario
de la fiscalía dejo acta de expresa constancia de la detención de las víctimas, y del estado en que
se encontraban Alirio Villamizar y Gabriel Miranda quienes "presentaban laceraciones en sus
cuerpos", y relataron detalladamente como habían sido torturados. También el fiscal señaló
dentro del acta que al momento de la visita se estaba torturando un detenido y que el agente
Hernando Barrera, impidió el acceso a la Sección de Automotores, sitio desde el cual observó que
afuera una camioneta Samurai emprendía veloz huida con cuatro efectivos del F-2 (SIJIN), anotó
al darse cuenta de la presencia del fiscal. En ese instante se hizo presente el Mayor Cook quien le
dijo con palabras desmedidas que la diligencia "debía circunscribirse a los calabozos y no a
otras instalaciones, y que el daba permiso escrito para acceder al lugar cuando se le diera la
gana". La declaración del Fiscal fue confirmada por la versión de su asistente.
Debido a las torturas, se obtuvo de una de las víctimas el paradero del secuestrado Castilla León.
Inmediatamente, se hizo el operativo para su liberación, en el cual participó el Teniente Restrepo
Londoño y al cual acudieron los agentes que infligieron las torturas. Posteriormente se remitió a
todos los detenidos a la Cárcel de la ciudad; muchos testimonios certifican que estos presentaban
lesiones, que en gran medida dan crédito a las afirmaciones de los arrestados sobre las torturas
que les realizaron sus captores.
241
LAS FOSAS COMUNES DEL ANILLO VIAL
Existen sucesos que por su ocurrencia, desvirtúan por entero la supuesta función cumplida a
cabalidad por los miembros de la fuerza pública, de guarda de la vida, honra y bienes de los
colombianos, ya sean organismos del ejército o de la policía. Las disposiciones constitucionales y
legales que imponen dicha obligación se relegan a un segundo plano, pues ceden ante los móviles
de fuerza y represión, por decisiones arbitrarias y unilaterales. En el momento en que los sujetos
investidos de fuerza legítima coercitiva se sobrepasan en su accionar, teniendo como meta el
mantenimiento del orden social, basados en la muerte de aparentes agentes desestabilizadores,
uniendo a lo anterior sus intereses personales, se pierde todo respeto y noción de autoridad.
Las personas cuyos cuerpos fueron a parar en las fosas comunes de Villa del Rosario, dan
testimonio del desquicio al que llegaron quienes amparados en la formalidad de ser “agentes del
orden” se arrogaron la facultad decisoria de eliminar de acuerdo a su interés, “los elementos
perturbadores para la sociedad”, por un lado, aunque también debían ser sometidos los que
afectaban sus ambiciones. La “limpieza social” surgió entonces como mecanismo propio de la
crueldad extrema, característica del personal de la SIJIN de la época, cuyos agentes comenzaron
a sembrar el terror entre la población marginada partir de 1990. Con estos hechos, la obediencia y
respetabilidad de las autoridades estatales se hundió en lo mas profundo del olvido, lo cual
justificó el desconocimiento de sus pregones de orden y convivencia; en este panorama tan
desolador únicamente sobrevive el mas fuerte e irracional.
El 4 de diciembre de 1991 fueron encontradas 8 fosas comunes ubicadas en un área de 200
metros a la redonda, en el sitio conocido como “Anillo Vial”, corregimiento de Lomitas, en Villa
del Rosario, con 17 cuerpos que presentaban varios impactos de bala y quemaduras con ácido,
víctimas de los viles asesinatos consumados por los agentes de la SIJIN de Cúcuta, entre el 11 de
marzo y el 4 de diciembre de 1991, en la ciudad. De algunas victimas sólo fueron encontrados los
esqueletos; varias presentaban orificios de bala, otras estaban quemadas con ácido y cinco tenían
señales de estrangulamiento. En una de las fosas se encontraron placas de vehículos venezolanos,
diferentes prendas de vestir y una granada de fragmentación.
Los cuerpos sin vida hallados fueron los de el comisionista de carros NESTOR PEREZ YAÑEZ,
de 42 años; ANDRES ALBERTO JAIMES KOOP conocido como “el Cojo Koop”; OMAR
ALBERTO CUELLAR BAUTISTA, de 29 años, conocido como “Mecha Fina”; el trabajador
informal JOSE FRANCISCO RIVERA VEGA; el comerciante RUBEN DARIO PINZON
IBARRA; la abogada NOHORA LUZ GRASS GARCIA, de 37 años; WILLIAM BERMUDEZ
CARVAJAL, de 26 años, chofer de Nohora Luz; el conductor de volqueta PEDRO ANTONIO
GRANADOS ROJAS; los vendedores de gasolina JOSE DE JESUS ROJAS OLARTE, JESUS
MARIA PEÑA y JOSE ORLANDO FLOREZ LONDOÑO; el comisionista de carros MANUEL
PEÑA GARZON, de 36 años; el ingeniero de Petróleos LUIS ALFONSO RINCON BARON, 25
años; las estudiantes de Saravena NOHELIA SANTIAGO LOZANO, de 16 años, y NELCY
DURAN LOZANO, de 25 años; ALEJO DE LA TORRE ROCHA y un niño de 12 años llamado
JAIRO.
Néstor Pérez Yáñez fue detenido y desaparecido el 11 de marzo. Andrés Alberto Jaimes Koop y
Omar Alberto Cuellar Bautista fueron detenidos y desaparecidos el 14 de septiembre; José
Francisco Rivera Vega y Rubén Darío Pinzón Ibarra fueron detenidos y desaparecidos el 4 de
242
noviembre por agentes del F-2 (SIJIN), después de departir en el establecimiento denominado
“Picaddilly”, ubicado en la Calle 13 con la Avenida 2E en el barrio Los Caobos,
aproximadamente a las 8 de la noche. Los hombres armados los hicieron subir a dos vehículos de
vidrios oscuros, uno de los cuales era una camioneta de color blanco, y se llevaron una moto de
propiedad de uno de ellos. Otro hombre que se encontraba con ellos se salvó porque se escondió
en el baño del establecimiento de comidas. En el hecho DOS PERSONAS MAS fueron
desaparecidas.
Andrés, Omar, José Francisco y Rubén tenían antecedentes penales y fueron anteriormente
víctimas de hostigamiento, persecución, allanamientos y amenazas de muerte por agentes de la
SIJIN de Cúcuta con el fin de obtener beneficios económicos. Así lo constatan los familiares de
José Francisco, quienes relataron que en la anterior detención cuando le allanaron la residencia
sin la respectiva orden, los agentes del F-2 (SIJIN) dijeron que la próxima vez que fueran a
reclamarlo los familiares lo podían hacer pero “debajo de tierra”. Por otra parte, Rubén Darío era
ex guerrillero del Ejército Popular de Liberación -EPL- y los familiares denunciaron su
desaparición ante la Procuraduría Regional, el Juzgado de Instrucción Criminal y la Oficina de
Derechos Humanos.
La abogada Nohora Luz Grass García y su conductor William Bermúdez Carvajal desaparecieron
el 6 de noviembre. Nohora Luz estuvo detenida dos años en España por tráfico de drogas, y
William trabajó para ella durante los últimos 6 meses, habiéndose desempeñado anteriormente
como conductor en la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL-.
Pedro Antonio Granados Rojas fue detenido y desaparecido el 18 de noviembre por agentes de la
SIJIN de Cúcuta, después que estos lo persiguieran en un Ford Sierra color gris de placas XED483 de propiedad de la SIJIN-DENOR, hasta la venta de gasolina del barrio Claret, cuando Pedro
conducía una volqueta de placas PA-6615. La victima había estado implicada en el secuestro de
Jorge Mogollón Ballesteros, quién finalmente fue liberado el 7 de diciembre de 1991. En la
declaración de los hechos que hicieron los secuestradores, dijeron que el señor Granados,
conductor de volqueta, había sido obligado por ellos a transportar al secuestrado bajo amenazas
de muerte. Dioselín Serrano Pérez, uno de los secuestradores, relató que al momento de su
captura preguntó a los agentes del F-2 si habían matado al volquetero y “ellos comenzaron a
reírse y no me dijeron nada, sólo se reían”. Jairo Pineda Barbosa, otro de los secuestradores
capturados, relató que, los agentes lo amenazaron diciéndole: “si no les colaboraba podría correr
el mismo riesgo que había corrido el volquetero, pero que si les colaboraba me perdonaban la
vida”. La volqueta apareció luego estacionada en inmediaciones de la residencia del agente de la
SIJIN de Cúcuta, Medardo Guerrero Mendoza, en el barrio Aniversario II.
José de Jesús Rojas Olarte, Jesús María Peña y José Orlando Flórez Londoño fueron
desaparecidos el 25 de noviembre de 1991, y habían sido testigos de la persecución, detención y
desaparición del señor Granados Rojas, puesto que en dicha persecución los agentes de la SIJIN
les derribaron 2 pimpinas de gasolina que tenían para la venta. El hecho estaba siendo
investigado por la Procuraduría, y las víctimas fueron seguidas con anterioridad al crimen por
parte de varios miembros de la SIJIN.
243
Manuel Peña Garzón, Luis Alfonso Rincón Barón, Nohelia Santiago Lozano y Nelcy Durán
Lozano fueron desaparecidos el 26 de noviembre de 1991, después de asistir a un estadero
ubicado en las afueras de Cúcuta.
Jairo, el menor de edad encontrado asesinado junto con las otras víctimas, no pudo ser
identificado por las autoridades, aunque si logró ser reconocido por uno de sus amigos, el cual
explicó que trabajaba como ayudante en una estación de Terpel, vendiendo gasolina para cocinar
al menudeo.
En una de las fosas comunes también fue encontrado Alejo de la Torre Rocha, del cual no se sabe
qué circunstancias rodearon su desaparición.
Las acusaciones de un ex agente de la Policía que perteneció a la SIJIN de Cúcuta, Reynaldo
Vaquero Muñoz, señalaban que“el grupo de Antiextorsión y Secuestro tenía la costumbre de
detener a las personas y hacerlas desaparecer... tenían diferentes carros que decomisaban y
luego utilizaban para operativos y demás actividades, además empleaban varias placas
decomisadas para estarlas cambiando”.
Los implicados en los hechos descritos pertenecían casi en su totalidad al mencionado
organismo: los Agentes Luis Antonio Morales Moscoso, alias “Mano de Guante” o “Guante
Negro”, Luis Jesús Contreras Rojas, alias “La Lechuza” o “La Bruja”, Mauricio Ordóñez Bastos,
Álvaro Pabón Benítez, Norberto Sánchez Pabón, Alfonso Salgado, José Antonio Arias Sierra,
alias “El Gato”, Medardo Guerrero Mendoza, José Gregorio Amado Godoy, alias “Chapaleta”,
Reinaldo Laguado López, Jairo Carrillo y Hernando Casadiego Bautista; el Sargento Viceprimero
Alcibíades Cerinza Poblador, Jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro; el Mayor Manuel
Enrique Riaño Camargo, jefe de la SIJIN de Cúcuta de septiembre 30 de 1991 a enero 15 de
1992; y el Capitán Alberto Galindo Parra, jefe de la SIJIN de Cúcuta de enero a septiembre de
1991.
Las características comunes a todas las víctimas son sus antecedentes penales por delincuencia
común o narcotráfico; o bien por ser testigos de los asesinatos llevados a cabo por los agentes,
razón por la cual fueron en el primer caso extorsionados por estos para obtener un interés
económico o bien amenazados para que no fueran denunciados estos hechos a la opinión pública.
Durante la semana siguiente al hallazgo de las fosas comunes en el Anillo Vial, periódicos como
El Tiempo sólo emitieron los comunicados que sobre el hecho había realizado la DIJIN, en los
que se relacionaban las muertes como crímenes del narcotráfico, a pesar de la total
desvinculación que tenían algunas de las personas que fueron halladas muertas en el Anillo Vial
con estas organizaciones delincuenciales, como en el caso de las estudiantes de Saravena y los
vendedores de gasolina, incluyendo el menor de edad.
Actuaciones Judiciales
244
Una vez halladas las fosas comunes, la investigación penal ordinaria fue comisionada a
tres jueces de Cúcuta. El cuerpo central de inteligencia de la policía, la DIJIN, en un
primer informe involucró al narcotráfico en la consumación sistemática de los crímenes.
Luis Antonio Morales Moscoso rindió diligencia de indagatoria el 9 de marzo de 1992
ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Cúcuta. En el oficio Nº 148 de
septiembre 15 de 1992 de la Fiscalía Seccional Especializada de Vida de Cúcuta se
informó que Morales Moscoso se evadió de las instalaciones de los Cuarteles de San
Mateo, en donde se encontraba recluido con detención preventiva vigente, presentándose
al día siguiente con su defensora. El agente evadió en este lapso de tiempo la captura que
le iban a dar los Agentes del DAS. Con él se encontraba detenido Mauricio Ordóñez
Bastos y la investigación cursaba en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta. La
razón por la que se evadió de la detención preventiva fue que en compañía de Alfonso
Salgado y Mauricio Ordóñez Bastos se proponían ajusticiar a una persona, según consta
dentro de la investigación.
Mauricio Ordóñez Bastos, Álvaro Pabón Benítez y Norberto Sánchez Pabón se
encontraban recluidos en la cárcel Modelo de Cúcuta. Tanto el Juzgado Quinto Penal del
Circuito como el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la ciudad desestimaron la
coartada que pretendieron presentar, respecto a que la noche del 18 de noviembre de
1991, los agentes salieron a atender un caso de presunto secuestro del señor Adolfo Marín
en el barrio Valparaíso Suit, ya que el testigo invocado por los policías, el señor José
Genaro Álvarez, quién prestaba turno como vigilante en ese barrio, incurrió en
contradicciones. Alfonso Salgado se encontraba recluido en la Penitenciaria Nacional de
Cúcuta.
La Fiscalía Seccional Unidad Especializada de Vida, en acto del 20 de noviembre de
1992, ordenó la libertad provisional de José Antonio Arias Sierra, debido a un
“formulismo procedimental” por transcurrir 6 meses y 3 días sin haberse calificado la
investigación. Posteriormente, fue vinculado a la investigación penal y su situación fue
definida en el fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito y ratificado por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cúcuta con sentencia condenatoria, cuya pena principal
fue de 18 años de prisión.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta ordenó la libertad inmediata e
incondicional de Alcibíades Cerinza Poblador, pues no encontró mérito para condenarlo
ya que se desempeñaba como jefe de los grupos de Antiterrorismo y de Antiextorsión y
Secuestro de la SIJIN de Cúcuta, estando bajo su mando "160 hombres que no puede
controlar en su totalidad", afirmación con la cual demostró que había cumplido con los
procedimientos propios de la Institución.
La Fiscalía ordenó precluir la investigación penal a favor de José Gregorio Amado
Godoy, dándole la libertad inmediata e incondicional.
En calificación del mérito del sumario, el Juzgado Décimo de Instrucción Criminal no
halló certeza probatoria para dictar medida de aseguramiento contra el Agente Reinaldo
Laguado López. La misma decisión se presentó en los Juzgados Segundo y Décimo
245
octavo de Instrucción Criminal, frente al Agente Hernando Casadiego Bautista y el Mayor
Manuel Enrique Riaño Camargo, respectivamente. No se poseen mas datos de la
investigación.
Por otra parte, el 11 de Septiembre de 1992, la Procuraduría Delegada para la Policía
Judicial y Policía Administrativa, abrió formal averiguación disciplinaria para precisar las
conductas de los siguientes miembros de la SIJIN del Departamento de Policía Norte de
Santander: Mayor Manuel Enrique Riaño Camargo; Capitán Alberto Galindo Parra;
Sargento Viceprimero Alcibíades Cerinza Poblador, y los Agentes Luis Antonio Morales
Moscoso, alias “Mano de Guante” o “Guante Negro”, Luis Jesús Contreras Rojas, alias
“La Lechuza” o “La Bruja”, Mauricio Ordóñez Bastos, Álvaro Pabón Benítez, Norberto
Sánchez Pabón, Alfonso Salgado, José Antonio Arias Sierra, alias “El Gato”, Medardo
Guerrero Mendoza, José Gregorio Amado Godoy, alias “Chapaleta”, Reinaldo Laguado
López, Jairo Carrillo y Hernando Casadiego Bautista, en proceso disciplinario de única
instancia, hallándose bajo el radicado 015-120350.
Por la persecución, detención y posterior desaparición de Pedro Antonio Granados Rojas,
y por el uso indebido del Ford Sierra gris de placas XED-483 de propiedad de la SIJINDENOR para el efecto anterior, sin informar la actividad específica que iban a realizar el
18 de noviembre a las 2 de la mañana en el libro “Minuta de Guardia” de la SIJIN de
Cúcuta, fueron investigados los Agentes Luis Antonio Morales Moscoso, Luis Jesús
Contreras Rojas, Mauricio Ordóñez Bastos, Álvaro Pabón Benítez, Norberto Sánchez
Pabón, Alfonso Salgado y Medardo Guerrero Mendoza.
Frente a la desaparición de los testigos de los hechos anteriores, los señores José de Jesús
Rojas Olarte, Jesús María Peña y José Orlando Flórez Londoño, fueron involucrados los
anteriores Agentes y el Agente Hernando Casadiego Bautista, pues este último fue visto
por un informante de la policía indagando por los testigos, días antes de sus
desapariciones, además que el vehículo usado en la persecución de Granados Rojas fue
manejado también por él.
Por el hostigamiento, persecución, allanamientos, registro residencial y amenazas de
muerte con el fin de obtener beneficios económicos de Omar Alberto Cuéllar Bautista y
Andrés Alberto Jaimes Koop, quienes desaparecieron posteriormente, fueron investigados
los Agentes Luis Antonio Morales Moscoso, Luis Jesús Contreras Rojas, José Antonio
Arias Sierra, Medardo Guerrero Mendoza y Hernando Casadiego Bautista.
Por el hostigamiento, persecución, allanamientos, registro residencial y amenazas de
muerte con el fin de obtener beneficios económicos de José Francisco Rivera Vega y
Rubén Darío Pinzón Ibarra, quienes desaparecieron posteriormente, fueron vinculados los
Agentes Luis Antonio Morales Moscoso, José Gregorio Amado Godoy, Reinaldo
Laguado López y Jairo Carrillo.
Por “haber laborado indebidamente en el grupo de Antiextorsión y Secuestro
desempeñando funciones de investigación e inteligencia sin estar autorizado”, se
formularon cargos contra Luis Antonio Morales Moscoso y Luis Jesús Contreras Rojas,
pues siguieron “cometiendo actos arbitrarios, injustos y atentatorios contra los derechos y
246
garantías de las personas”, ya que el primero había sido desvinculado el 13 de noviembre
de 1991 y el segundo el 18 de junio de 1991.
Por haber laborado en forma indebida con los anteriores agentes desvinculados, fueron
formulados cargos contra Mauricio Ordóñez Bastos, Álvaro Pabón Benítez, Norberto
Sánchez Pabón y Alfonso Salgado.
Por no ejercer eficazmente la autoridad sobre sus subalternos, no informar oportunamente
a sus superiores de las irregularidades de los agentes bajo su mando, no prestar atención a
la denuncia y las peticiones formuladas por familiares del señor Pedro Antonio Granados
Rojas, y por permitir que laboraran en el Grupo Antiextorsión y Secuestro los Agentes
Luis Antonio Morales Moscoso y Luis Jesús Contreras Rojas estando desvinculados de la
institución, se formularon cargos contra el Sargento Viceprimero Alcibíades Cerinza
Poblador.
Por no inculcar los principios disciplinarios mínimos a sus subalternos, no establecer las
circunstancias que rodearon la detención de Pedro Antonio Granados Rojas, dejar laborar
en la institución a los Agentes desvinculados Luis Antonio Morales Moscoso y Luis Jesús
Contreras Rojas, y por incumplir las funciones propias del cargo al no disponer los
medios idóneos para la investigación criminal, fueron investigados el Mayor Manuel
Enrique Riaño Camargo y el Capitán Alberto Galindo Parra.
La Procuraduría argumentó que “en la comisión de homicidios propiamente dichos no se
logró directamente responsabilizar en concreto...”. Sin embargo, halló responsables por
los “actos de amenaza de muerte, persecuciones, hostigamiento y malos tratos físicos que,
como se comprobó, desplegaron contra varios ciudadanos los Agentes: Luis Antonio
Morales Moscoso, Luis Jesús Contreras Rojas, José Antonio Arias Sierra y Medardo
Guerrero Mendoza”. Son responsables “por lo menos de la detención ilegal del señor
Pedro Antonio Granados Rojas” los Agentes Mauricio Ordóñez Bastos, Álvaro Pabón
Benítez (también de amenazas) y Norberto Sánchez Pabón, y por guardar silencio ante sus
superiores de la participación de los agentes desvinculados Morales Moscoso y Contreras
Rojas.
En fallo del 6 de julio de 1995, sancionó a todos éstos con Solicitud de Destitución del
Cargo, porque “menoscabaron el prestigio de la Institución, se extralimitaron en el
ejercicio de sus funciones, actuaron arbitraria e injustamente”.
Respecto de los demás, resolvió absolver de responsabilidad disciplinaria, al no encontrar
"pruebas concluyentes que permitieran establecer algún tipo de participación en los
hechos descritos".
Además de los crímenes perpetrados contra las víctimas halladas en las fosas comunes del anillo
vial, los agentes de la SIJIN cometieron otros asesinatos en el transcurso del año 1991:
El 19 de abril de 1991, a las 5:30 p.m., RAUL RIOS LEON fue detenido y desaparecido por
miembros del F-2 (SIJIN) en el barrio La Merced. Raúl era poblador de Saravena (Arauca) y se
encontraba en Cúcuta realizando algunas diligencias. Según testigos, Raúl fue detenido por tres
247
hombres armados, pertenecientes al organismo de inteligencia, quienes lo obligaron a abordar
una camioneta Ford de color blanco sin placas en la cual se movilizaban, camioneta que también
era reconocida en la zona como uno de los vehículos en los que se movilizaban los agentes del F2. Algunas personas que conocían a Raúl dijeron que los agentes del F-2 lo habían estado
buscando en el hotel donde se hospedaba porque supuestamente, unos individuos que habían sido
detenidos y torturados por estos agentes el 16 de abril, lo habían vinculado a un secuestro. Al
momento de la denuncia no se conocía el paradero de Raúl.
Un mes después, el 27 de mayo de 1991, HELLMAN MORALES ARIZA fue asesinado por los
Agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN, Luis Antonio Morales Moscoso y Luis
Jesús Contreras Rojas. La víctima sufrió persecución, hostigamiento y amenazas de muerte por
dichos agentes debido a sus antecedentes por atraco y con otro nombre, por hurto de automotores.
A finales del mismo año, el 7 de diciembre de 1991, DIOSELIN SERRANO PEREZ, JAIRO
PINEDA BARBOSA, CARMEN DAVID VILLALBA QUINTERO, conocido como Carmito
Villamizar, RUBEN PEÑALOZA ORTIZ y GLORIA STELLA CORREA JAIMES, fueron
torturados por agentes de la SIJIN en el momento en que fueron capturados en el desarrollo de un
operativo encaminado a liberar al señor Jorge Mogollón Ballesteros, quién se encontraba
secuestrado.
En este caso, las características comunes a todas las víctimas son sus antecedentes penales por
delincuencia, razón por la cual fueron extorsionados por los policías en búsqueda de provecho
económico. Jairo Pineda Barbosa declaró que: “en el momento en que me estaban torturando los
señores del F-2 por el secuestro de Jorge Mogollón me dijeron que si no les colaboraba podía
correr el mismo riesgo que había corrido el volquetero, pero que si les colaboraba me
perdonaban la vida”.
Dioselín Serrano Pérez, uno de los secuestradores, relató que al momento de su captura preguntó
a los agentes del F-2 si habían matado al volquetero y “ellos comenzaron a reírse y no me dijeron
nada, sólo se reían”. Se refería a Pedro Antonio Granados Rojas, el conductor de volqueta que
fue obligado por los secuestradores, bajo amenaza de muerte, a llevar al secuestrado y que luego
fue detenido, desaparecido y asesinado por los agentes de la SIJIN de Cúcuta, y encontrado en
una de las fosas comunes halladas en el Anillo Vial el 4 de diciembre de 1991.
Todos los capturados fueron amenazados de muerte en el momento del operativo y los agentes
manifestaron que tenían que capturar a un tal Jonier para “hacerlo cantar” y matarlo luego. Se
referían a Jonier de Dios, el hermano de Carmen David Villalba Quintero, a quien los agentes del
F-2 dijeron que su familiar “ya olía a formol”, amenazándolos de muerte previamente por otros
negocios ilícitos.
En el hecho estaban implicados los Agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJIN de
Cúcuta Luis Antonio Morales Moscoso, Luis Jesús Contreras Rojas, Mauricio Ordóñez Bastos,
Álvaro Pabón Benítez, José Antonio Arias Sierra y Medardo Guerrero Mendoza, quienes
utilizaban la información sobre las redes delincuenciales de la ciudad para su propio provecho
económico.
1992: Comienza la arremetida de los “desconocidos”, contra la población marginada
248
Desde finales de 1991, los “desconocidos” prosiguieron con las operaciones de limpieza social
que venían siendo adelantadas por los agentes de la SIJIN. Mediante este tipo de operatividad, la
impunidad de los crímenes estaba garantizada, desvinculando a cualquier tipo de instancia
gubernamental en la eliminación sistemática de los excluidos. El primer crimen perpetrado por
los “desconocidos” se llevó a cabo el 14 de diciembre de 1991, fecha en la que fue asesinado un
homosexual conocido como "DORIS". La víctima murió en el Hospital "Erasmo Meoz" a
consecuencia de las heridas de arma de fuego que le causó el asesino, en momentos en que
transitaba por la avenida 6ª con calle 9ª.
Los casos que se presentan a continuación dan cuenta de cómo los “desconocidos” dieron inicio a
una oleada de violencia que se extendió desde comienzos de 1992 hasta finales de 1998. Esta
trágica situación puso de manifiesto la incursión y posicionamiento del paramilitarismo en la
capital nortesantandereana.
El 15 de febrero de 1992, en horas de la noche, JORGE ENRIQUE GOMEZ, conocido como "El
Rajao", de 20 años de edad, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego cuando se
encontraba en una esquina del barrio Chapinero. Jorge tenía antecedentes penales por homicidio.
En similares circunstancias fue asesinado, el 8 de marzo de 1992, el delincuente JULIO
ENRIQUE CARREÑO FLOREZ, de 48 años, quien fue ultimado por un hombre que le disparó
cuatro impactos de bala, en momentos en que transitaba por la calle 6ª con Avenida 6ª. Según el
F-2 registraba varias entradas a la cárcel por hurto y desvalijamiento de vehículos. Tres semanas
después otro delincuente fue asesinado; se trataba de JOSE DE JESUS CORDERO
VILLAMIZAR, conocido como "Cartagenita", el cual fue herido por un desconocido que le
disparó en tres ocasiones, el 28 de marzo de 1992. Como consecuencia de las heridas, José de
Jesús murió en el hospital "Erasmo Meoz" el 20 de abril siguiente.
El exterminio de la delincuencia común prosiguió en los meses de abril y junio de 1992: en el
periodo señalado los desconocidos exterminaron varios grupos dedicados al hurto. Uno de ellos
fue la banda de Tayson, grupo al que seis de sus integrantes los asesinaron. Estos hombres, entre
los 18 y 25 años, presentaban antecedentes por hurto. En todos los casos se presentaron hombres
encapuchados que acribillaron a las víctimas. De tal forma, el 6 de abril de ese año MARCELO
UREÑA BLANCO, conocido como "Pocho" e integrante de la banda, de 24 años de edad, fue
asesinado por desconocidos en el barrio San Miguel.
Los victimarios, que se movilizaban en un automóvil blanco, persiguieron la moto en que viajaba
la víctima y un acompañante, les hicieron varios disparos y los hicieron chocar. Marcelo trató de
huir y se refugió en una casa, hasta donde llegaron los agresores y le propinaron seis disparos. La
víctima presentaba antecedentes penales por atraco.
En el mes de junio fueron muertos las siguientes personas, pertenecientes a la estructura criminal
de la banda. El día 11 ROBERT MUÑOZ RUIZ, de 18 años en el barrio El Llano; el 18 de junio
JAIRO HERNANDO CRUZ, de 34 años, en la ciudadela Juan Atalaya y JOSE RENE MORENO
CORREDOR, conocido como "El Rolo" de 28 años , el 22 de junio . Este último había sido
testigo del asesinato de Marcelo Ureña.
249
El 5 de abril de 1992, el delincuente CARLOS JULIO ORTIZ SAYAGO, conocido como
"Maravilla" de 34 años de edad, fue asesinado por un desconocido que le propinó múltiples
impactos de bala a quemarropa cuando se encontraba cerca a su residencia en el barrio Cuberos
Niño. Carlos Julio registraba siete entradas a la Cárcel Nacional Modelo por el delito de hurto.
Estaba siendo buscado bajo la sindicación de estar implicado en la muerte de un menor de edad
por hurtarle una bicicleta. Una semana más tarde, el 11 de abril de 1992, el delincuente PEDRO
PABLO MENDOZA CACERES, conocido como "Chatarra", de 35 años, fue asesinado por
varios hombres que le dispararon con un revólver, en el barrio Nuevo. Pedro Pablo registraba
antecedentes por hurto y daño en cosa ajena.
Durante el mes de mayo también se manifestó la contundencia de la “limpieza social” contra la
delincuencia común. El 25 de mayo de 1992, a las 10:45 de la mañana, el delincuente JORGE
ELIECER CORREDOR, conocido como "El Atleta", de 46 años de edad, fue asesinado por un
desconocido que le descargó siete impactos de arma de fuego calibre 7.65 milímetros, cuando se
encontraba en el barrio Colsag. La víctima registraba antecedentes por desvalijamiento de carros
y hurto.
Además de ultimar a sus víctimas en las principales vías de la ciudad o cerca de sus residencias,
los agentes paraestatales, retuvieron, desparecieron y asesinaron a los pobladores para,
posteriormente, abandonar sus cuerpos en las afueras de la ciudad. El 6 de junio de 1992, en la
vereda Campo Alegre del corregimiento Aguaclara, se encontró el cuerpo sin vida del
delincuente PABLO ANTONIO NIÑO QUIROZ, el cual exhibía varios impactos de bala. Cerca
del lugar del hallazgo se localizó una motocicleta. La víctima tenía antecedentes penales por
hurto. Para esa misma fecha, a las 10: 30 pm, varios desconocidos asesinaron a JOSE LUIS
MUÑOZ, de 29 años de edad, en la Cll. 10 con Av. 11 de la capital nortesantandereana. Al igual
que Pablo Niño, José Luis presentaba antecedentes penales por hurto.
Pocos días después, el 10 de junio de 1992, el delincuente FRANCISCO ANTONIO GARCIA
MEDINA, conocido como "Mica Flaca", de 50 años, fue asesinado por desconocidos que le
dispararon cuatro balazos cuando se encontraba en el barrio Santander. Francisco tenía
antecedentes por los delitos de hurto y fuga de presos. En similares circunstancias fue asesinada,
el 13 de junio de 1992, en horas de la madrugada, la trabajadora informal y recicladora de
basuras DORA NELLY ORTIZ, de 24 años, quien fue ultimada por desconocidos que le
dispararon cuando se encontraba recogiendo basura en el barrio San Luis.
Poco tiempo después de arremeter contra la delincuencia común, los “desconocidos” se
ensañaron con los recicladores de basura de la capital. Un nuevo caso contra este sector de la
población se presentó el 25 de junio de 1992, cuando el reciclador de basuras ANGEL MARIA
PICO, conocido como El Lanero, fue asesinado con un impacto de revólver en la cabeza, cuando
transitaba por la Diagonal Santander, cerca a la Cruz Roja.
A mediados de julio fue asesinado otro delincuente, a manos de los “desconocidos”. El 11 de
julio de 1992, JOSE GUILLERMO ROZO CASTRO, de 38 años, fue asesinado por un hombre
que le propinó cinco impactos de bala calibre 9 milímetros en momentos que caminaba frente al
cementerio de Cúcuta. José registraba cinco entradas a la cárcel por diferentes delitos.
250
Mes y medio más tarde, el 29 de agosto de 1992, TRES HOMBRES, entre los 24 y 27 años de
edad, fueron asesinados por un escuadrón de la muerte. Posteriormente se encontraron sus
cuerpos en un sector despoblado del barrio Antonio Nariño. El levantamiento de los cuerpos lo
practicó la unidad móvil del cuerpo técnico de policía judicial, junto con el personal de la sala
técnica de la SIJIN, quienes les hicieron la necrodactilia para tratar de establecer sus identidades.
La persecución contra los pobladores con antecedentes penales se extendió hasta finales del año.
El 8 de septiembre de 1992, el recluso de la Penitenciaria Nacional de Cúcuta, PABLO PINILLA
TOLOZA, de 26 años, fue asesinado por desconocidos en el sector San Gerardo del
corregimiento El Salado, circunscripción de Cúcuta. Pablo se había fugado el día anterior y había
ido a El Salado en busca de unas armas que presuntamente le habían colocado allí. Estaba
cumpliendo una condena de 11 años por homicidio y porte ilegal de armas. El levantamiento del
cuerpo lo practicó la SIJIN. Dos meses más tarde, el 27 de octubre de 1992, en horas de la
madrugada, el joven FERNANDO ROPERO VELASQUEZ, de 14 años, fue asesinado en el
barrio Siete de Agosto. Momentos antes los individuos llegaron y sacaron de su vivienda a
Fernando, para obligarlo a abordar un taxi con el fin de que les indicara la casa de unos
"subversivos". Después sus captores lo hicieron bajar en el cruce de la calle 9ª con avenida 1ª y le
dispararon varias veces.
El 22 de noviembre de 1992, el delincuente y miembro de la pandilla "Los Muelones", ALVARO
GOMEZ HURTADO, de 21 años de edad, fue asesinado por desconocidos que le propinaron 9
disparos cuando se dirigía hacia su residencia por la cancha de fútbol del barrio Comuneros.
Álvaro tenía antecedentes penales por homicidio.
A finales de 1992, los “desconocidos”, dejaron de serlo, para mostrar su configuración
paramilitar, manifestando a su vez, su responsabilidad en la comisión de las “limpieza social”. El
1 de diciembre de 1992, JOSE ANTONIO VILLAMIZAR ANGEL, de 38 años, fue asesinado
por miembros del grupo paramilitar Muerte A Ladrones de Carros -MALACAR- en el patio de su
vivienda, en el barrio Chapinero. Tres hombres que se movilizaban en un campero Trooper
ingresaron a la casa de José y le propinaron ocho disparos en la cabeza, delante de la madre y la
esposa. Mediante llamadas telefónicas, la banda MALACAR se adjudicó el crimen:
"continuaremos en nuestra labor de limpieza de jaladores de carro". Villamizar tenía
antecedentes penales por hurto.
En la capital nortesantandereana, la eliminación sistemática de indigentes y recicladores se dio
con mayor ferocidad y sevicia en el sector del canal de Bogotá, lugar frecuentado por estos
sectores. Los asesinatos ocurridos en el Canal se caracterizan por los modos criminales de sus
ejecutores: uso de armas de corto y largo alcance, desplazamiento de los victimarios en
motocicletas o camionetas, y la complicidad de la noche para ejecutar sus actos.
El primer crimen contra los marginados en este lugar de la ciudad ocurrió el 19 de mayo de 1993.
Ese día, UN HOMBRE, fue asesinado por desconocidos que lo subieron a un vehículo y lo
llevaron hasta unos 300 metros del cruce del canal Bogotá con avenida Libertadores, en donde le
dieron un tiro en la cabeza. La víctima era de tez trigueña, 1.76 metros de estatura, contextura
regular y cabello ondulado; vestía camiseta gris a rayas negras y jean azul claro. Para esa misma
fecha, el cuerpo de OTRO HOMBRE fue encontrado asesinado y con señales de tortura, en el río
Pamplonita de la ciudad; estaba en un avanzado estado de descomposición.
251
A finales de ese mismo mes, el alcalde de Cúcuta denunció la aparición de un "bloque de
limpieza", financiado por comerciantes de la ciudad. El Alcalde denunció a su vez que:
"en Cúcuta existen personas que tienen resistencias contra los indigentes, pero
que no es justo que se los elimine, ya que también tienen derecho a la vida".
Agregó que "los comerciantes en vez de apoyar económicamente a este tipo de
grupos ante amenazas, deberían hacer un frente común para recoger no esta
suma sino muchas más y buscar un lugar donde se pueda recluir esta gente y
recobrarla para la sociedad".
La persecución contra los habitantes de las zonas de tolerancia se reiteró a comienzos de julio de
1993. El día 4 de ese mes, UN HOMOSEXUAL TRAVESTI fue asesinado por un desconocido
que le propinó una puñalada por la espalda y luego huyó en el barrio Latino. Este sector es
frecuentado por homosexuales que se dedican a la prostitución.
Entretanto, los indigentes y recicladores seguían siendo blanco de la represión paraestatal: El 13
de julio de 1993, el reciclador de basuras ISAIAS GOMEZ, conocido como "El Loco", fue
asesinado por un desconocido que le propinó un impacto de bala, cuando se encontraba frente a la
puerta de una entidad oficial ubicada en la avenida 6ª con calle 3ª.
A medida que transcurrían los meses, la sevicia con la que los escuadrones de la muerte
eliminaban a sus víctimas se incrementaba. El 12 de septiembre de 1993, en el kilómetro 5 de la
vía Cúcuta-San Cayetano, se encontraron los cadáveres de DOS HOMBRES, acribillados y
totalmente incinerados. Las víctimas "fueron primero baleadas y luego a los cadáveres les
rociaron gasolina y les colocaron encima neumáticos de carros para prenderles fuego”.
Entre la tercera y cuarta semana del mes de octubre de 1993, la maquina de la muerte paramilitar
reanudó sus operaciones de exterminio contra los indigentes y recicladores. El 18 de octubre de
1993, UN RECICLADOR DE BASURA fue asesinado por varios hombres que le dispararon dos
veces con un revólver cuando se encontraba en la avenida 6ª entre calles 4ª y 5ª. Ocho días más
tarde, el 25 de octubre de 1993, en horas de la madrugada, un indigente llamado LEONARDO,
de 35 años, fue asesinado por un grupo de hombres que le impactaron cuatro proyectiles de bala
en diferentes partes del cuerpo, cerca del parque "Los Benefactores". Su cuerpo sin vida se halló
frente a la iglesia La Candelaria, en el barrio Sevilla.
La comisión de CLH contra la población marginada continuó en ascenso durante 1994, año en el
que el grupo paramilitar denominado “La Mano Negra”, irrumpió en los barrios periféricos de la
capital. El 11 de enero, el homosexual CALE VILLAMIZAR conocido como "José", fue
encontrado asesinado con señales de tortura detrás de su residencia ubicada en la calle 2 # 3K-86,
barrio Chapinero. Junto al cadáver se encontró "una piedra de unos seis kilos en la cual estaban
impregnados cabellos del occiso". Según resultados médicos "de lo anterior se deduce que Calé
Villamizar fue ultimado a golpes con la piedra". Al parecer, el asesinato ocurrió el domingo 9 de
enero, pero su cadáver con la cabeza rota a pedradas fue hallado el martes 11. La víctima "tenía
los pantalones abajo, quedando al descubierto las nalgas". Varios testigos afirmaron que ese
domingo la víctima llegó en la noche a su residencia en compañía de dos hombres, al parecer
amigos suyos, y luego partieron con él nuevamente.
252
El 24 de abril de 1994, VICTOR MANUEL VILLAMIZAR PRADA de 42 años, presunto
ladrón de vehículos fue asesinado por dos encapuchados que llegaron hasta el lugar donde se
encontraba con su esposa en el barrio Villa Esther. Los victimarios le preguntaron algo, a lo que
respondió Villamizar "qué pasa mano ... creo que me están confundiendo", y uno de los
victimarios le disparó numerosas veces. Villamizar tenía antecedentes penales por hurto de
vehículos. Al parecer la víctima estaba en una lista del grupo autodenominado "Muerte a
Ladrones de Carros, MALACAR", que en los últimos dos meses fue responsabilizado de 6
asesinatos de supuestos comerciantes de carros robados.
Como consecuencia de la aparición de este y otros grupos paramilitares se evidenció la
responsabilidad directa de estos actores en la instauración de un régimen impuesto a punta de
atrocidades y crímenes, con el cual estas estructuras lograban su cometido de “limpieza social”,
sacrificando cualquier respeto por la dignidad humana. Precisamente en el transcurso del mes de
abril de 1994 el paramilitarismo incrementó notoriamente los hechos de violencia, lo cual
conllevó a los cucuteños a denunciar el accionar de estos grupos.
Pese a las denuncias, la oleada criminal continuó incrementándose. Hacia las 11 p.m. del 13 de
julio de 1994, el reciclador UBEIMAR CASTILLO CORTES, de 30 años, fue asesinado por dos
desconocidos quienes incursionaron en el sector del barrio Chino, ubicado en el Canal de Bogotá,
donde dormía con su esposa, y lo acribillaron a quemarropa. La víctima presentaba 3 disparos de
revólver calibre 38, en la mejilla. Dos meses después, el 7 de septiembre de 1994, el obrero
ELISEO CASTILLO MALDONADO de 23 años fue asesinado por un grupo de hombres que se
cubrían el rostro con un trapo en un establecimiento público, del barrio Aeropuerto . Los
agresores le propinaron a Eliseo 4 disparos, dos de ellos en la cabeza. La víctima presentaba
antecedentes penales por hurto.
El último crimen en ese año, tuvo lugar el 25 de noviembre de 1994. ese día, en horas de la
madrugada, UN INDIGENTE fue asesinado por un desconocido que le propinó 2 disparos en la
cabeza, mientras dormía "debajo de un árbol, en donde solía acostarse", en una calle cercana a la
Normal de Señoritas. La víctima era de tez trigueña, 1.63 m de estatura, cabello castaño
ondulado; vestía franela azul oscuro y anaranjado y pantaloneta negra.
A mediados de los años noventa se dio un giro de la situación, ya que comenzó a evidenciarse el
avance y consolidación de las estructuras paramilitares en la ciudad de Cúcuta, que una vez se
posicionaron en Ocaña y sus municipios circunvecinos, se extendieron hacia el occidente para
consolidar paulatinamente el dominio total del departamento. El control territorial que pretendían
llevar a cabo los paramilitares incluyó la realización de la “limpieza social”, que hasta ahora
había sido adelantada por los organismos de seguridad del estado, y que era muestra de la
intolerancia social y de la imposición de un orden univoco, en los centros urbanos más
importantes del departamento, como Cúcuta, Villa del Rosario y Ocaña, uniéndose a los sujetos
que ya venían ejecutando este tipo de acciones contra los excluidos, por lo que compartían los
mismos blancos, enfatizando en el exterminio de los delincuentes y drogadictos.
En el transcurso de la segunda mitad de los años noventa, el espectro de las víctimas de la
“limpieza social” se amplió e intensificó en Cúcuta y el resto del departamento. Los jóvenes y los
pobladores de las zonas urbanas marginales, fundamentalmente en la capital, se convirtieron en
253
parte de las personas consagradas a perecer para poder mantener un orden social excluyente,
eliminando los elementos que no encajaran en dicho orden.
Con el paulatino proceso de consolidación del paramilitarismo en Cúcuta, las acciones cometidas
tanto por la policía como por el ejército disminuyeron sensiblemente. Sin embargo, el apoyo de la
fuerza pública al accionar represivo de las estructuras paramilitares fue un hecho evidente que
facilitó el que dichas estructuras se posicionaran en la capital nortesantandereana.
En este orden de ideas, 1995 fue un año en el que la “limpieza social” se manifestó con mayor
contundencia en Cúcuta. El 12 de enero de 1995, el reciclador JAIRO ESTUPIÑAN REYES, de
39 años de edad, fue asesinado en la vía que conduce del basurero de Urimaco al sitio conocido
como El Rodeo, en zona rural de la ciudad. La víctima fue sacada de su vivienda y a unos 800
metros del lugar mencionado, le propinaron varios disparos en la cabeza. Jairo vivía había vivido
en el sector conocido como Los Peracos donde pocos días antes fue asesinado otro reciclador.
Una semana después, el 20 de enero de 1995, en la calle 7 entre avenidas 3 y 4, UN HOMBRE
travestí fue asesinado por un grupo de hombres que lo persiguieron y al alcanzarlo le propinaron
tres impactos de arma de fuego en el tórax. La víctima vestía una camiseta color negro con
estampado rojo y amarillo, dos pantalonetas color morado y tenía un arete en la oreja izquierda.
Este hombre frecuentaba el sector en horas de la noche.
En horas de la mañana del 8 de febrero de 1995, el reciclador CARLOS MANCILLA de 24 años
fue asesinado por desconocidos que le propinaron varios disparos de revólver, en la avenida 5ª
con calle 7. La víctima fue recogida por una patrulla policial y llevado a un hospital, donde
murió. Una semana más tarde, los “desconocidos” incursionaron en el barrio Carlos Ramírez
donde dieron muerte a uno de los pobladores. La víctima era JOSE ANTONIO RUIZ, de 32
años, quien fue asesinado por dos encapuchados que irrumpieron en su vivienda, hacia las 8:20
p.m. Los agresores le propinaron 4 disparos de pistola calibre 9 mm y de revólver calibre 38. El
crimen fue cometido delante de la esposa y el hijo de la víctima. José Antonio tenía antecedentes
penales por robo de motocicletas, desvalijamiento de carros y hurto en general.
Las “limpiezas” en el Canal de Bogotá se reanudaron a mediados de mayo de 1995. El día 15, en
la avenida 5ª, frente al lugar mencionado, el reciclador JUAN BAUTISTA SERRANO
CALDERON de 30 años fue asesinado por desconocidos que le propinaron varios disparos
desde un vehículo en marcha, mientras la víctima dormía en un andén.
Mes y medio más tarde, el 28 de julio de 1995, hacia las 8 de la noche, SAMUEL SOLANO
GUARIN y VICTOR OMAR GARCIA RINCON fueron asesinados por dos hombres que les
propinaron varios disparos de revólver, en hechos sucedidos en el barrio Gaitán. Los victimarios
huyeron caminando del lugar. Días antes de los asesinatos aparecieron pegados en los postes de
la parte baja del barrio,"unos panfletos en los cuales se señala una lista de personas sentenciadas
a muerte por mala conducta". En los bolsillos del pantalón de Solano Guarín, quien aparecía en
la lista, fueron encontrados varios cartuchos de arma de fuego.
Entretanto, el exterminio de los indigentes y recicladores se acentuaba con el correr de los días.
El 22 de septiembre de 1995, el Indigente JOSE GOTARDO CARRASCAL MENDOZA de 26
años fue asesinado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, cuando dormía en
la entrada del Terminal de Transportes. Los desconocidos, al llegar al sitio detuvieron la marcha,
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el parrillero descendió y se acercó a José y le disparó. La víctima merodeaba por el sector y
generalmente dormía en los alrededores.
El 6 de octubre de 1995, hacia las 10 de la noche UN RECICLADOR de 40 años fue asesinado
por desconocidos en la parte posterior de la escuela San José Obrero cuando se dirigía al sitio
donde habitualmente dormía. Los agresores lo interceptaron y le propinaron un disparo en la
oreja derecha y otro en la mejilla izquierda, "al parecer, calibre 9 milímetros, por una vainilla
que se halló en el lugar". La víctima era de 1.70 m de estatura, contextura delgada, tez trigueña,
cabello castaño con calvicie y chivera. Vestía camisa manga corta color morado, pantalón beige,
y tenis blancos.
El 8 de octubre de 1995, hacia las 2:45 de la madrugada UN INDIGENTE de aproximadamente
35 años de edad, fue asesinado por dos hombres armados, uno de los cuales le propinó un disparo
a la altura de la oreja derecha, con un revólver, “al parecer trabuco de un cartucho, calibre 38...”
en el barrio Sevilla, avenida 8. El cuerpo quedó frente al inmueble demarcado con el número 2b35. La víctima era de 1.70 m de estatura, bigote, barba escasa y cabello lacio negro; vestía
camiseta blanca con amarillo y verde, pantalón gris y "cotizas". En similares circunstancias fue
asesinado, al día siguiente, 9 de octubre, hacia las 3:15 de la tarde, YORMAN EUGENIO
GELVEZ MONTES de 19 años, quien fue ultimado por dos hombres armados en el barrio Carora
avenida 11, entre calles 3 y 4 . Uno de los victimarios le propinó 8 disparos calibre 9 mm. El
joven llegó al lugar y empezó a "consumir droga en forma descarada, lo que produjo
indignación por parte de varios habitantes que llamaron a la Policía, pero no se presentó
oportunamente para aprehender al drogadicto". Posteriormente aparecieron los asesinos.
La oleada de violencia prosiguió el 19 de octubre de 1995, cuando hacia la una de la madrugada,
FLORO SUAREZ FLOREZ, de 38 años de edad, fue asesinado por desconocidos que le
propinaron un disparo de escopeta en el lado derecho del cuello, en la calle 25 con avenida 9 del
barrio Cuberos Niño, sector conocido como "Pele el ojo". Inicialmente la víctima fue presentada
como indigente y basuriego y posteriormente como vendedor con antecedentes judiciales por
"hurto, raponazo, porte de marihuana y apartamentero", delitos por los cuales estuvo detenido en
12 ocasiones.
El último crimen del que se tuvo conocimiento ese año fue el de un indigente conocido como EL
GATO de 30 años aproximadamente, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 por
desconocidos que le dispararon en la avenida 8 con calle 5, en el canal Bogotá. Posteriormente
la víctima falleció en el hospital Erasmo Meoz, como consecuencia de las heridas que le
causaron.
La Mano Negra, estructura paramilitar que comenzó a implementar la “limpieza social” a
mediados de 1994, reestableció sus operaciones de exterminio a comienzos de 1996. El 19 de
enero de 1996, ALIRIO PABON ARENAS fue asesinado por miembros del grupo mencionado,
hacia las 11 de la noche cuando caminaba por el barrio El Porvenir. Varios de los integrantes de
la tenebrosa maquina de muerte lo interceptaron, "lo condujeron hacia un sitio desolado, lo
ataron de las muñecas y le propinaron un disparo en la cabeza", dejando en el lugar un letrero que
decía: "No aceptamos que roben familias pobres, ustedes tienen el barrio azotado, les damos 24
horas para que desalojen los barrios Porvenir, Aeropuerto y Virgilio Barco. Mano Dura con
ustedes viciosos".
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Pabón Arenas estaba sindicado de diversos hurtos en varias zonas de la ciudad y según los
habitantes del sector “el hombre en repetidas ocasiones había sido capturado por la Policía
luego de efectuar sus robos". Tres meses más tarde, el 10 de abril de 1996, hacia las 8 de la
noche, el expendedor de carne JOSE DE LOS ANGELES LEON SANGUINO, de 45 años, y
DOMINGO SÁNCHEZ, obrero de 32 años, fueron asesinados por un grupo de 18 hombres
uniformados y armados, quienes se movilizaban en dos camionetas, en el sitio La Arenosa. Los
hombres irrumpieron en la región Banco de Arena -caserío Campo Dos- reunieron a los
pobladores y “les dijeron que tenían conocimiento de que estaban robando ganado en Venezuela
y otras fincas cercanas y vendiendo la carne en la zona". Pasados 20 minutos, ordenaron a la
gente retirarse y preguntaron por los dos hombres a quienes se llevaron y a unos 500 metros, en
el sitio La Arenosa, los acribillaron de siete y once disparos de pistola calibre 9 mm,
respectivamente. La versión oficial responsabilizó a presuntos guerrilleros de la UC-ELN, pero a
finales del mes de mayo, el alcalde de Cúcuta denunció una vez más la aparición de un "bloque
de limpieza", financiado por comerciantes de la ciudad.
Dos semanas después, el 26 de abril de 1996, hacia las 10:00 de la noche, JOSE GREGORIO
SILVA ROJAS de 23 años y UN HOMBRE mas, fueron asesinados por un grupo de individuos
que tenían el rostro cubierto con capuchas y vestían franelas de color negro en el sector conocido
como El Callejón. Las víctimas se dirigían a comprar bazuco a una de las ventas, cuando fueron
sorprendidos por los encapuchados, quienes los asesinaron. Estos dijeron hacer parte del "grupo
'Serpiente Negra' de las Milicias Populares". Sin embargo, los pobladores del sector
responsabilizaron del doble crimen a los grupos paramilitares que operan en la zona.
En el segundo semestre del año, los escuadrones de la muerte cobraron la vida de tres pobladores
más. El 21 de agosto de 1996, en horas de la noche, TEODORO BRITO CHOLES de 35 años,
fue asesinado por miembros del grupo paramilitar "Muerte a Jaladores de Carros", MAJACA,
quienes lo acusaron de ser ladrón de vehículos en Cúcuta. Los victimarios le propinaron varios
disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo, y después dejaron un letrero que decía: "Muerte a
Jaladores de Carros".
Mes y medio después, el 6 de octubre de 1996, en horas de la noche, UN RECICLADOR, de 40
años, fue asesinado por desconocidos en la parte posterior de la escuela San José Obrero cuando
se dirigía al sitio donde habitualmente dormía. Los víctimarios lo interceptaron y le propinaron
un disparo en la oreja derecha y otro en la mejilla izquierda, "al parecer, calibre 9 milímetros, por
una vainilla que se halló en el lugar". La víctima era de 1.70 m de estatura, contextura delgada,
tez trigueña, cabello castaño con calvicie y chivera. Vestía camisa manga corta color morado,
pantalón beige, y tenis blancos.
La persecución contra los moradores del Canal de Bogotá se agravó a mediados de 1997. A partir
de ese momento los paramilitares comenzaron a atacar indiscriminadamente a aquel que
frecuentara dicha zona. El 4 de mayo de ese año, los recicladores HECTOR MORENO
HERRERA y WILLIAM DE JESUS GIRALDO CELADA fueron asesinados y CESAR
MUÑOZ y FERNANDO MEJIA fueron herido, en horas de la madrugada por un grupo de
hombres que se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra cinco recicladores que se
encontraban durmiendo.
256
El asesinato de la población marginada mientras dormía poco a poco se convirtió en una
constante en la operatividad de los agentes paraestatales. El 6 de junio de 1997, el indigente
ALEXANDER CUERVO LEAL de 22 años fue asesinado por desconocidos, en momentos en
que se encontraba durmiendo en un árbol ubicado al lado de la cancha de fútbol del barrio San
Eduardo. Vecinos del lugar señalaron que el indigente era adicto a las drogas.
Pocos días después, el 18 de junio de 1997, en la vía al corregimiento Carmen de Tonchalá, entre
el barrio Belén y Puente Cúcuta, se encontró el cuerpo sin vida de DAGOBERTO TORRES
LONDOÑO, de 36 años de edad. Dagoberto tenía la mano izquierda amputada y ácido en la cara,
hecho que no permitió inicialmente su identificación. Lograda ésta, se estableció que tenía varios
antecedentes penales. La policía afirmó que la víctima utilizaba una placa de policía "para
cometer algunas fechorías". Este hecho puso de manifiesto como otro mecanismo operativo
empleado por los escuadrones de la muerte en el curso del año en mención fue el de abandonar
los cuerpos de sus víctimas en las afueras de la ciudad. Un segundo ejemplo se evidenció 16 de
agosto de 1997, cuando ADOLFO BECERRA VILLAMIZAR, ANGEL MANUEL QUIROGA
RODRIGUEZ, JOSE RICARDO RICO ORTEGA y EDISON GUERRERO HERNANDEZ
fueron desaparecidos por miembros de un grupo de limpieza social. Posteriormente, 19 de agosto,
en la vereda Patillales ubicada en la vía que conduce de la capital al municipio de Puerto
Santander, se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas en alto estado de descomposición;
presentaban impactos de bala en la cabeza. Según testimonios los muchachos andaban "en malos
pasos y por ello fueron ajusticiados". La mañana siguiente, el 17 de agosto, hacia las 4 a.m. ,
TRES HOMBRES fueron asesinados por varios encapuchados, que les dispararon mientras
dormían sobre la vía pública frente a una bodega de propiedad de la arrocera El Oriente, ubicada
en el sector denominado La Ínsula, corregimiento El Salado. En el mismo hecho fueron heridos
otros dos pobladores.
La acometida paraestatal continuó el 20 de octubre de 1997, día en el que CESAR AUGUSTO
ALVAREZ fue asesinado por paramilitares en un establecimiento público de su propiedad,
ubicado en el barrio San Eduardo. Cesar se había desplazado del municipio de Ábrego por causa
de las constantes amenazas de los paramilitares. Quince días más tarde, el 6 de noviembre de
1997, en horas de la noche, UN JOVEN Indigente de 14 años aproximadamente, conocido como
"El Chinche" fue asesinado a bala, por un desconocido que se movilizaba a pie en el Canal
Bogotá. La víctima acostumbraba a pasar la noche bajo un puente de ese lugar, junto a otros
indigentes.
La arremetida contra los sectores marginales cesó por un lapso de cinco meses comprendidos
entre diciembre de 1997 a abril de 1998. Sin embargo, la calma aparente no duró mucho: El 20 de
mayo de 1998, HERNANDO PEÑA GOMEZ, JORGE ALIRIO CORRALES PAREJA y un
HOMBRE más fueron asesinados por paramilitares que incursionaron en el sector La Floresta del
corregimiento La Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta. Los agresores sacaron a las víctimas de
sus viviendas, los obligaron a tenderse en el suelo y procedieron a ejecutarlos delante de sus
familias. Dos meses después, el 4 de julio de 1998, hacia las 6 p.m, el joven de 17 años FABIAN
OROZCO SÁNCHEZ, fue asesinado por un desconocido, en la cancha de fútbol del barrio
Carora. La víctima estaba sindicado del hurto de una motocicleta.
Durante el mes de julio de 1998, los paramilitares centraron una vez más sus brigadas de limpieza
en el Canal de Bogotá. El 13 de julio, el reciclador FREDDY QUINTERO BARBOSA fue
257
asesinado y sus compañeros EDISON BARCETO MURCIA, MARIA ESTELA QUIJANO y
UN HOMBRE mas fueron heridos por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas,
quienes, usando armas automáticas, les dispararon cuando se encontraban en un lote situado en
el sitio conocido como canal Bogotá. Diez días después, el 22 de julio de 1998, en la madrugada,
un HOMBRE Indigente fue asesinado de un disparo en la cara, en momentos en que dormía en
un lugar ubicado entre el canal Bogotá y la diagonal Santander.
El 9 de septiembre de 1998, el indigente JOSE DANIEL BONILLA, y un hombre más apodado
EL MOCHO fueron asesinados por un grupo de hombres armados, quienes les arrojaron una
granada de fragmentación desde una camioneta Caribe de color azul desde la que se movilizaban.
En el hecho GEOVANNY RANGEL CHACON, RICARDO REYNA VELANDIA, RODRIGO
MENDEZ, RAFAEL
MAESTRE,
DARIO
GARCIA FORERO,
ALEXANDER
FERNNADEZ, JESÚS HORTUA y JESUS CARDENAS RINCON resultaron heridos.
PERSECUCIÓN A LÍDERES SOCIALES
Las agresiones contra los defensores de derechos Humanos en la ciudad de Cúcuta, se
desencadenaron a mediados de 1995 y se extendieron hasta el último trimestre de 1996. El primer
caso contra los defensores de derechos humanos se presentó el 16 de junio de 1995. A las 8:30
a.m. de ese día, el abogado JAVIER ALBERTO BARRIGA VERGEL, defensor de los Derechos
Humanos y de presos políticos, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP-, y colaborador de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR-, fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta DT de color
blanco e interceptaron el vehículo en el que se desplazaba hacia su trabajo, un campero Caribe
442, y sin mediar palabra, le dispararon, propinándole dos impactos de bala en el cuello y la cara.
Los hechos ocurrieron a la altura de la Avenida Guaimaral, frente a la Clínica del Instituto de
Seguros Sociales de Cúcuta.
En ese momento Javier Alberto era miembro del Consejo Directivo de la Caja de Compensación
Familiar, Comfanorte y brindaba asesoría jurídica a varios presos políticos de la región. El CSPP
estaba trabajando en numerosos casos de violación de derechos humanos cometidos por
miembros de la Policía y del Ejército, en la época de la comisión del crimen. Sus compañeros de
trabajo y la Asociación de Abogados Litigantes, ANDAL, repudiaron el asesinato.
Los crímenes contra los defensores de derechos humanos, y por ende contra todo aquel que
propendiera por la paz y el cese de la violencia paramilitar continuaron el 5 de junio de 1996. Ese
día, los dirigentes comunitarios MATEO CADENA, DAVID FLOREZ, MIGUEL GUALDRON
y HERNANDO MEZA, fueron asesinados por desconocidos en el área metropolitana de Cúcuta.
El 24 de octubre de 1996, JOSE EDUARDO VELANDIA ROJAS de 35 años, quien trabajaba en
la oficina de Derechos Humanos del Centro Integral de Atención a la Familia "CIAF", en la
ciudadela Juan Atalaya dependencia encargada de recepcionar quejas sobre la situación de
derechos humanos, fue desaparecido por autores no precisados. El día 28, José Eduardo fue
encontrado asesinado con un impacto de bala en la cabeza y en estado de descomposición en una
fosa común ubicada en la carretera que del anillo vial une a Cúcuta con Bocono.
258
LOS CAMPESINOS
La persecución contra el campesinado del área rural de Cúcuta se evidenció a partir del segundo
semestre de 1991. El 3 de junio de ese año, los campesinos HERDENES TREJOS AGUILAR,
LUIS EDUARDO FERRER AFACADOR y ALFONSO ROZO HERNANDEZ, fueron
desaparecidos y asesinados por desconocidos en el corregimiento Puerto Villamizar.
Al accionar de los desconocidos se sumaron las agresiones de la fuerza pública contra los
trabajadores del campo. El 14 de octubre de 1992, el campesino HENRY PALENCIA
ANTUNEZ, fue detenido y asesinado por el ejército en la Inspección de Policía Departamental
Limoncito, en un operativo realizado por efectivos militares fuertemente armados, quienes
vistiendo overoles de obreros, sacaron a la víctima de su vivienda hacia las 6 de la mañana y
luego lo devolvieron muerto. Después se pusieron uniformes del ejército, echaron el cadáver en
una bolsa plástica y lo llevaron a Cúcuta. Allí fue presentado inicialmente por el ejército como
guerrillero del Ejército de Liberación Nacional -ELN- "dado de baja en combate", identificándolo
como integrante de la columna Juan Fernando Porras Martínez. La Asociación Comunal de la
vereda El Limoncito denunció el hecho, indicando que en ningún momento hubo enfrentamiento
entre el ejército y la guerrilla, ni que la víctima vestía uniforme de la Policía, dedicándose
exclusivamente a labores agrícolas y no a cobrar "vacunas" a nombre de la guerrilla, como lo
afirman las fuentes militares.
Un año después, los desconocidos volvieron a sembrar el terror en el área rural de Cúcuta. El 5 de
diciembre de 1993, el campesino RAMON HERNANDO MORENO, de 22 años, fue asesinado
por desconocidos en la vereda Alto Viento del corregimiento Aguaclara, los cuales, una vez
llegaron allí, solicitaron su presencia y le dispararon en reiteradas ocasiones. La investigación
quedó en manos de las autoridades de ese corregimiento.
En 1994 se denunció la comisión de un crimen a manos de los mismos desconocidos que durante
el transcurso del año cobraron innumerables vidas en los sectores populares de la ciudad, y que
ahora extendían su accionar a los corregimientos aledaños a la capital. El 2 de junio de ese año,
los campesinos JESUS NOEL RICO MENDOZA y DONAR BAUTISTA SOLON uno de ellos
de 34 años, fueron encontrados asesinados de varios disparos en el precipicio Peñas Blancas. Las
víctimas eran residentes de la inspección departamental La Gabarra (jurisdicción municipal de
Tibú). Su paradero era desconocido desde que salieron de una casa del barrio Motilones. Las
victimas se encontraban en la población con el propósito de cobrar un dinero que les debían.
Durante 1995 se registró la comisión de tres crímenes más. El 5 de febrero, hacia el medio día, el
campesino ARSENIO PABA VILLEGAS de 29 años fue asesinado por dos hombres quienes lo
interceptaron y le propinaron varios disparos de pistola calibre 7.65 mm. en el barrio Motilones.
Ocho meses más tarde, el 20 de octubre de 1995, el campesino CIRO RIAÑO RAMIREZ fue
asesinado por dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta DT, color blanco en la
finca La Primavera, que era de su propiedad. Los victimarios llegaron al predio, dejaron el
vehículo cerca a la carretera e irrumpieron a donde la víctima trabajaba. Luego de hablar con el
jornalero, uno de los desconocidos le propinó cuatro disparos de pistola calibre 9 mm, dejándolo
gravemente herido. Arsenio murió cuando era transportado por su esposa a un hospital. La mujer
denunció que "la policía en vez de colaborarnos porque llevaba un herido, nos puso problema".
259
El último crimen contra la población campesina que se denunció en ese año fue el de JOSE
MARIA CALDERON BELTRAN campesino de 65 años, quien fue asesinado el 24 de octubre
de 1995, por varios hombres en la finca El Chochal, ubicada en el corregimiento La Buena
Esperanza. Los individuos irrumpieron a la una de la madrugada en el predio y después de
llamarlo por su nombre, lo acribillaron de un disparo en el tórax.
A partir de 1996 disminuyeron los crímenes contra el campesinado de la zona. No obstante, el 1
de agosto de 1996, hacia las 6:00 p.m., el campesino JUAN CARLOS ORTIZ OCHOA, fue
detenido torturado y desaparecido; y otro de nombre WILSON fue detenido y torturado por
miembros de la policía. Ortiz Ochoa fue interceptado en el barrio Toledo Plata, por dos hombres
que se movilizaban en una camioneta con vidrios oscuros. Al día siguiente, agosto 2, el otro
joven, compañero de labores de Juan Carlos, fue interceptado en el sitio Las Múcuras, por
hombres que portaban armas y prendas que los identificaban como miembros de la policía
nacional. Los dos hombres fueron conducidos a una finca donde los sometieron a tratos crueles,
mientras les indagaban por una mujer secuestrada; días después Wilson fue dejado en libertad,
desconociéndose el paradero y estado de Juan Carlos.
Hacia las 11 a.m. del 10 de junio de 1998, el dirigente campesino, ex concejal, Vicepresidente de
la Asociación de Juntas Comunales y miembros del Concejo Municipal de Desarrollo Rural,
CESAR AUGUSTO GAITAN fue asesinado por seis hombres armados que incursionaron en el
corregimiento La Buena Esperanza. La víctima había sido acusada por los paramilitares de ser
colaborador de la guerrilla. En varias ocasiones, la Brigada Móvil Nº 2 había allanado y
requisado su finca "sin encontrar algo anormal". Ocho días después, el 18 de junio de 1998, hacia
las 7 p.m. el campesino JOSE MERCEDES FLOREZ JAIMES fue asesinado, también a manos
de los paramilitares, que incursionaron en la finca Las Vacas, ubicada en el sitio La Floresta Camilo Torres.
El año finalizó con el asesinato de otro de líder campesino. Esta vez la víctima fue el ex
presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, LEONEL GIRALDO
FLOREZ, quien fue asesinado por varios hombres armados en el corregimiento Aguaclara, en
zona rural de Cúcuta, el 15 de diciembre de 1998. El líder campesino era integrante de la
Comisión Municipal de Paz de Cúcuta.
EL ORIENTE NORTESANTANDEREANO: AVANZADA PARAMILITAR CON
PROTECCIÓN ESTATAL
La llegada de los paramilitares al departamento se produjo desde los años ochenta en la región
oriental, con el MAS, la Sociedad de Amigos de Ocaña y los escuadrones de la muerte de “La
Mano Negra” cuyas tropas provenían del municipio de Rionegro, Santander y extendieron su
radio de operaciones a la región nortesantandereana.
A mediados de los noventa los paramilitares provenientes del Cesar siguieron el recorrido de
Ocaña a Tibú, atravesando la zona montañosa. Estos tenían como uno de sus objetivos el dominio
de los cultivos ilícitos de los campos del Catatumbo y el control de los puntos neurálgicos del
sistema de comunicación terrestre del departamento, para poder lograr la constitución de un
corredor bajo su control desde Urabá hasta el Catatumbo. Primero tomaron el control de la
260
carretera Ocaña–El Tarra-Tibú. Más recientemente consolidaron un corredor geográfico entre el
Catatumbo y el Sarare, lo que les permitió lograr la movilización de la fuerza necesaria para
hacer incursiones sobre Arauca e impedir el paso de la guerrilla de este departamento hacia Norte
de Santander. Posteriormente, los paramilitares llegaron a Cúcuta y otras localidades próximas a
este sector, en las cuales poco a poco se consolidaron.
El Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander”, ubicado en Ocaña y el
de Contraguerrillas No. 50 “Batalla de Palo Negro”, con sede en Convención, ambos con
jurisdicción competente sobre el territorio delimitado realizaban dos funciones: una en el papel,
por su completa omisión ante las circunstancias que se estaban dando, y otra de acción
encaminada a la protección de los paramilitares, bien sea por su aquiescencia o por su
participación en la misma. Las estaciones de Policía no se quedarían atrás, incluso su
colaboración con los paramilitares era algunas veces más cercana, como sucedió en la población
de San Calixto.
La zona oriental del departamento de Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo,
al igual que el centro principal de la región, Ocaña y otros municipios aledaños a la misma como
Cáchira, soportó la arremetida paramilitar tanto en el campo como en las zonas urbanas, que sin
dificultad alguna, se fue asentando paulatinamente en la zona a base de un régimen de terror y de
muerte. La oleada de violencia emprendida por estos grupos se evidenció con mayor
contundencia con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a la región
desde 1994. Otro de los rasgos más visibles del poderío paramilitar en el departamento se
manifestó en el año de 1999, expresado en varias masacres hechas por paramilitares en Tibú y en
El Tarra156.
El tipo de violencia que ejercieron los paramilitares en su acometida se realizó por medio de tres
modalidades criminales. La primera consistió en el asesinato selectivo, el cual generalmente se
antecedía de señalamientos y persecuciones al objetivo previsto. Otra modalidad fueron los
asesinatos colectivos, que se ejecutaban mediante el empleo de listas de la muerte. La última
modalidad empelada por los paramilitares fueron los asesinatos indiscriminados, cometidos con
el fin de propagar el terror entre los pobladores. Dichas herramientas represivas lograron que la
avanzada paramilitar fuera controlando las cabeceras municipales del departamento.
A pesar del control de la región por parte de las fuerzas militares con los patrullajes constantes y
la vigilancia de la población, los paramilitares operaron sin la mayor restricción. En camionetas y
con armamento de corto y largo alcance acribillaban a sus victimas y huían rápidamente de
sectores en donde minutos antes los militares hacían presencia. En varias oportunidades la
comunidad observó cómo los criminales, después de cualquier acción represiva, ingresaban a las
instalaciones militares.
Hasta acá hemos llegado con la recopilación de Crímenes de Lesa Humanidad en el departamento
fronterizo, en un esfuerzo que el Proyecto Colombia Nunca Más hace por recoger información
sobre la comisión de estos crímenes, la descripción de los modus operandi, los modelos de
represión utilizados, algunos responsables que hasta el momento se han podido identificar, los
principales sectores victimizados y algunas posibles causas para la realización de estos horrendos
156
Vicepresidencia de la República. Observatorio de los Derechos Humanos y DIH. Panorama actual..., Op. cit. p. 2.
261
crímenes, en un periodo de tiempo tan amplio como las décadas que cubren de 1966 hasta 1998.
Sabemos sin embargo que hace falta mucho camino por recorrer, esperamos que este esfuerzo
sirva como insumo para la superación de la impunidad y como instrumento de recuperación de la
memoria y de la verdad histórica, para que la justicia opere, porque las familias, los allegados y
las organizaciones, pero sobre todo la sociedad colombiana lo merecen.
262
11. PANORAMA GENERAL EN NORTE DE SANTANDER DESPUÉS DE
1998
Algunas cifras…
Después de haber hecho este doloroso recorrido por los crímenes ocurridos en el departamento y
recordar o conocer a tantos y tantos que han sido caídos en su trasegar, en el duro camino de
configuración política, económica y social de esta región a través de la infamia y de la fuerza y de
reclamar que sus luchas, sus vidas y el sentido que les dieron siguen vigentes y presentes,
abordemos ahora unos breves elementos de lo que ha ocurrido en Norte de Santander a partir de
1998, año en el cual culmina la presente investigación.
El panorama no puede ser más desalentador, según cifras de CODHES, para el 2000 el 53% de la
población de Norte de Santander estaba bajo la línea de pobreza y el 20 % en la indigencia, en el
año 2001 el departamento registró un índice de pobreza del 50.24 % y la cobertura de electricidad
en el sector rural no alcanzó el 70% y el agua llegó a sólo el 41.3 % de la población
departamental, cifras muy por debajo de las coberturas mínimas necesarias157. Además, los
cultivos de pan coger para el 2000 bajaron en un 21% en comparación con el año 1999 y las
exportaciones a Venezuela bajaron de unos 1700 a 700 millones en el año 2003158.
La desnutrición o malnutrición según FUNPROCEP se calculaba para los niños cucuteños en un
57% para finales del año 2003, en una ciudad que tenía, de acuerdo a datos de planeación
municipal en 2002, el 91.2% de la población en estrato bajo y medio bajo, el 6% en estrato medio
y 2% en estrato medio alto y no contaba con estrato socioeconómico alto159.
Para el año 2003 el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI en la ciudad de Cúcuta
mostraban a un 40.9 % de los habitantes viviendo en condiciones de miseria160 y para 2005 se
evidenciaba un acelerado crecimiento de los cordones de miseria existentes en ciudades como
Ocaña, Cúcuta y su área metropolitana161 debido a los desplazamientos masivos que ha vivido el
departamento, por causas que retomaremos más adelante.
Cúcuta es una de las ciudades capitales con mayor índice de violencia en el país, y genera
actividades como lavado de activos, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, presencia de
grupos armados en los barrios periféricos, entre otras graves problemáticas162. Para el año 2002
se calculó una tasa de homicidios de 115 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra muy superior
157
158
159
Paz, te han vestido de negro. P 26
Paz, te han. P 29 y 33.
FUNPROCEP. El derecho patas arriba y una historia sin derecho. Derecho a la educación, conflicto y desplazamiento en
Cúcuta. 2004. Bucaramanga- Colombia. P. 18
160
161
Paz, te han. P. 36
Ficha técnica de situación humanitaria departamento de norte de Santander (Catatumbo) sala de situación humanitaria febrero
de 2005. Naciones unidas Colombia
162
La paz te han vestido de negro. P 17
263
a cualquier ciudad capital latinoamericana, en donde tienen promedios de 30 por cada 100.000
habitantes.
El conflicto se ha recrudecido, especialmente en los años 2002 y 2003 en los que se vivió una
aguda crisis humanitaria en la ciudad de Cúcuta y en el departamento y de manera alarmante en
la región del Catatumbo, el crecimiento del conflicto interno ha puesto en alerta a organizaciones
humanitarias en Venezuela, como ACNUR que elaboró en el año 2002 un plan de contingencia
que buscaba prepararse ante una eventual migración masiva de colombianos. Esta organización
presentaba hasta diciembre de 2004 un total de 2669 colombianos refugiados en Venezuela y
3753 buscando asilo y evidenciaba que durante febrero de 2004 aproximadamente 800 familias
de campesinos colombianos se asentaron en la ribera de Río de Oro en territorio venezolano163.
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PARAMILITARISMO
Estrategia militar
Los grupos paramilitares y en especial las Autodefensas Unidas de Colombia AUC han
desarrollado a partir de 1998 una fuerte ofensiva en el departamento, buscando legitimidad y
control militar, pero también político, como en el caso del copamiento de la Administración
Pública, y control social con su marcada presencia en barrios y comunas de los centros urbanos
de Norte de Santander.
Han buscado y consolidado a través de la fuerza y de las acciones militares un corredor geoestratégico para su consolidación regional, facilitando sus operaciones militares y económicas de
negocios ilegales: “La expansión de autodefensas en el departamento se expresó, a partir de 1999,
en la acción sistemática sobre tres frentes: Tibú y El Tarra en el Catatumbo; Cúcuta, Villa del
Rosario y El Zulia; y Labateca y Toledo en el Sarare. Estos tres frentes configuran un corredor
geográfico continuo entre el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y la región del Sarare.
Salta a la vista el propósito de controlar los puntos neurálgicos del sistema de comunicación
terrestre del departamento que se articula a través de los tres frentes identificados”164.
Su expansión también se ha concretado mediante sangre y terror en La Gabarra, El Carmen,
Sardinata y otros municipios del departamento, en donde se intensificaron la comisión de
Crímenes de Lesa Humanidad como las masacres que, perpetradas por los grupos paramilitares,
tuvieron una intensidad, entre 1998 y 2001, de entre 5 y 7 en Tibú; entre 3 y 4 en Cúcuta, La
Esperanza, Cáchira y El Carmen; y entre 1 y 2 en Ábrego, Sardinata, El Zulia y San Cayetano, de
acuerdo al documento citado.
Para mayo de 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia AUC llegaron desde el sur del
departamento del Cesar, del municipio de San Alberto dirigiéndose hacia Ocaña, Convención, El
Tarra y La Gabarra, y bajo el mando de Alberto Pérez Betancur, alias “Comandante Camilo”,
163
Ficha técnica de situación humanitaria departamento de norte de Santander (Catatumbo) sala de situación humanitaria febrero
de 2005. Naciones unidas Colombia
164
Vicepresidencia de la República. Observatorio de los Derechos Humanos y DIH. Panorama actual del Norte de Santander.
Bogotá, 2002.
264
tomanron el control de carreteras, de vías de acceso y de varios centros urbanos y realizaron
bloqueos de alimentos a la población lugareña.
Según información de la Revista SEMANA, estuvo en la región un primo de Salvatore Mancuso,
máximo líder de las AUC y se habla de Jorge Ivan Laverde Zapata, alias “La Iguana”,
“Sebastián” o “Raúl” comandando el Bloque Norte de La Gabarra165. Además, el defensor del
Pueblo, Vólmar Pérez, constató que existen o se han creado otros nuevos grupos paramilitares en
Norte de Santander: "Los de Cúcuta se llaman Águilas negras, los de Tibú, Águilas azules, y los
de Ocaña, Águilas doradas"166.
Enmarcadas en las conversaciones con el gobierno nacional, las AUC declararon unilateralmente
el cese al fuego en diciembre de 2002. A partir de allí cambiaron sus estrategias, tratando de
mimetizar o de encubrir sus acciones, replegando sus estructuras militares o cambiando sus
nombres, como lo explica el defensor del pueblo. Sin embargo, los paramilitares no han cumplido
el cese al fuego ni a nivel nacional ni en el departamento de Norte de Santander167.
A mediados del 2004 en los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y Convención, en la
región del Catatumbo se dio una crisis humanitaria de grandes proporciones, generada por la
arremetida realizada por “fuerzas combinadas del Bloque Catatumbo, fuerzas de paramilitares de
las Autodefensas del Cesar y del Bloque Central Bolívar”168.
“El Bloque Catatumbo fue una estructura de combate altamente preparada, con un moderno
armamento, con un efectivo apoyo logístico de transporte terrestre y aéreo y un importante
número de hombres y mandos, con gran experiencia en técnicas de combate, provenientes en su
gran mayoría de las fuerzas militares y de regiones como Córdoba y Antioquia. (…) En ningún
momento mostraron interés en realizar un trabajo de consolidación social, o creación de bases
sociales u organizativas como sí ha ocurrido en otras regiones del país. Por eso fueron tan
efectivos en sus ataques a la población civil y la utilización de métodos crueles e inhumanos. La
elevada preparación militar estuvo siempre en correspondencia con su sevicia. Estas entre otras
características, les permitió que la primera etapa de posicionamiento en la región sólo durara tres
meses (…) Así obtuvieron el control de las cabeceras municipales, de las entradas y salidas a
pueblos y caseríos, del transporte y la economía local. Al tomar el control territorial todo quedó
bajo su mando y dominio absoluto”169.
Para el 10 de diciembre del año 2004 se desmoviliza el Bloque Catatumbo y sin embargo, allí se
mantienen las acciones paramilitares que estuvieron bajo la responsabilidad de Jorge 40 y de
Salvatore Mancuso en su momento.
165
166
Revista Semana Junio de 2004. Artículo Viaje al infierno
Revista Semana. Relevo criminal: Nuevos grupos armados, sangrientas 'vendettas' y traiciones internas son las consecuencias
de haber dejado intactas las estructuras mafiosas de los paramilitares.
167
PAZ, TE HAN VESTIDO DE NEGRO. Estudio sobre los Derechos Humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia y el
conflicto armado en Norte de Santander
168
Wilfredo Cañizares Arévalo. Catatumbo. La tragedia continúa. Corporación Nuevo Arco Iris. Arcanos No. 11. Diciembre de
2005
169
Ibid, Arco Iris
265
El cese al fuego no se respetó, las acciones paramilitares continuaron con una gran contundencia
en la región, doblegando y debilitando a pobladores, campesinos, comerciantes y organizaciones
locales; pero además, consolidaron toda una estructura ilegal que los soporta: “El proceso de
desmovilización parcial logró el desmonte de la estructura militar que realizó las primeras
incursiones y se consolidó en la región. Pero las estructuras que no se desmovilizaron, y que
actúan en la sombra, son las que en la actualidad manejan los negocios más rentables como el
narcotráfico, los precursores químicos, la gasolina, el contrabando, las extorsiones, las relaciones
con funcionarios públicos y sectores de la política y la economía.170” Las alianzas con sectores
económicos y políticos empezaron a conocerse incluso a nivel nacional, como veremos más
adelante, con el copamiento de la Administración Pública, comenzaron a legalizarse los capitales
de las estructuras paramilitares y se permearon íntimamente en la vida social del departamento,
especialmente en la ciudad de Cúcuta
Un ejemplo de las actividades económicas ilegales que los paramilitares realizan en el
departamento de Norte de Santander es el contrabando de gasolina. Cuando el ministro de minas
y energía, Luis Ernesto Mejía pidió a Pdvsa, empresa de petróleos de Venezuela, la compra de
gasolina por parte de Colombia a precios competitivos, como lo establece la resolución 296 de
ese país, el 9 de septiembre de 2002 se inició el proceso de compra, que buscaba frenar el
contrabando del combustible: "La compra de combustibles será única y exclusivamente para
abastecer las necesidades de consumo de los departamentos fronterizos"171, explicó el Ministro. A
partir de allí los paramilitares comenzaron a pedir vacunas a los pequeños distribuidores de
gasolina: “Cuando el Gobierno nacional anunció la autorización de la importación de gasolina,
inmediatamente incursionaron las AUC, al igual que otros. Desde entonces se conoce la versión
de que controlan todo el comercio ilegal de la gasolina que sale del departamento de Norte de
Santander por las vías al Cesar y a Santander. Así, almacenan miles de galones diarios en sitios
reconocidos; para el caso, utilizan garajes y grandes bodegas en Villa del Rosario, Puerto
Santander, Cúcuta y Ocaña”172.
Otro ejemplo es el negocio del cultivo de la coca, En 2002 el entonces comandante de las AUC,
Carlos Castaño confesó públicamente que el 70% de las finanzas de su organización provenían de
la región del Catatumbo173.
Con la nueva llegada y copamiento a los diversos territorios de Norte de Santander, los
paramilitares “lograron cambiar muchas cosas, especialmente en el negocio de la coca.
Impusieron sus reglas de juego. Fijaron el precio del kilo de la base de coca, centralizaron la
venta en compradores de las AUC, controlaron los insumos y el transporte, prohibieron sacar la
droga sin su autorización y, por supuesto, promovieron un aumento masivo de siembra de hoja.
Para 1996 y 1997 existían aproximadamente 2.580 hectáreas cultivadas de coca. Un año después
de la incursión paramilitar, esta cifra estaba alrededor de 12.390, según información del
Comando General de las Fuerzas Armadas para la época174.
170
Ibid. Arco iris
Revista Semana. Edición 1062. 9/09/2002. sección Nación.
172
La paz te han vestido de negro, p. 45.
173
Revista Semana. Junio de 2004. Artículo: Viaje al Infierno.
171
174
Wilfredo Cañizares Arévalo. Catatumbo. La tragedia continúa. Corporación Nuevo Arco Iris. Arcanos No. 11. Diciembre de
2005
266
En el oriente del departamento, específicamente en los municipios de Chinácota, Sardinata y
Cúcuta se han registrado, de acuerdo a datos de la Presidencia de la República, la compra de
tierras para fines del narcotráfico y con las ganancias que esta actividad ha generado se han
desarrollado procesos de reforma y ampliación urbana en la capital departamental.
Sin embargo, en el ámbito social las cosas son a otro precio, mediante el cultivo de la coca los
campesinos de la región logran acceder a servicios y bienes que de otra manera no tendrían, pues
se calcula que el jornal del raspachín es 4 veces mayor que el pagado en otras actividades
agrícolas. Esto trae como consecuencia el abandono de las labores propias del campo, como los
cultivos de pancoger, situación que pone a la población campesina dependiendo cada vez más de
productos que vienen de fuera de la región, perdiendo la seguridad y soberanía alimentaria, y
poniéndolos en situación de permanente riesgo, incluyendo no sólo el conflicto por el control del
negocio y sus vidas, sino también su salud con las fumigaciones, pues la aspersión aérea destruye
por igual coca y yuca, plátano, arroz y conlleva enfermedades y muerte de animales y
contaminación de fuentes de agua, entre otros graves nocivos.
Estrategia Política: Copamiento de la Administración Pública
La Administración Pública es un escenario que se ha visto copado por el paramilitarismo, en
especial en la ciudad de Cúcuta, en donde hay varios ejemplos del fenómeno:
“Cúcuta y Norte de Santander se han convertido en un fortín de las autodefensas. Las recientes
capturas indican que la infiltración es más profunda de lo que se cree”, mencionaba la Revista
SEMANA en junio de 2004175 cuando salían a la luz pública los vínculos del para entonces y
hasta hoy alcalde de esta ciudad, señor Ramiro Suárez, o de Claudia Cecilia Buitrago, concejal de
Pamplona en el año 2004, ambos capturados por vínculos con estas estructuras ilegales.
El Agente de la policía Martín Soto, jefe de seguridad del alcalde Ramiro Suárez, estuvo
fuertemente vinculado a la investigación por sus profundas relaciones con el paramilitarismo y
por haber realizado asesinatos selectivos en la ciudad. La investigación comenzó en 2003 contra
Soto cuando la policía aseguraba de sus vínculos con Carlos Enrique Rojas Mora, alias “El
Gato”, señalado de ser el jefe militar del “Bloque Fronteras” de los paramilitares.
A Soto y al alcalde se les vincula con la muerte del asesor jurídico de la alcaldía, ALFREDO
ENRIQUE FLOREZ y con la del candidato a la gobernación de Norte de Santander por el Polo
Democrático y quien encabezaba una encuesta publicada en el diario cucuteño La Opinión el 12
de mayo para este cargo, TIRSO VELEZ. Para el 4 de junio Tirso Vélez ya estaba muerto.
Quedaron en la contienda Luis Miguel Morelli, del Partido Conservador; Basilio Villamizar, por
el Partido Liberal; Andelfo Villamizar, del Movimiento Cívico Independiente que orientaba Jairo
Clopatofsky y Ricardo Elcure. Este último perteneciente al grupo Colombia Democrática,
movimiento político integrado, entre otros, por Pedro Juan Moreno y el ex general Rito Alejo del
Río. Pero esta situación no fue exclusiva de la ciudad de Cúcuta: "Los paramilitares les han dicho
a los alcaldes que si salen en sus municipios votos distintos a Elcure habrá muertos", dijo a
SEMANA un funcionario público que, por razones de seguridad pidió la reserva de su nombre,
175
Revista Semana No 1154. Junio 2004. Sección Nación. Artículo El Polvorín.
267
pero cuya afirmación fue ratificada con otras fuentes políticas de la región. "Hay candidatos del
departamento que han tenido que pagarles una cuota a los paras para poder inscribir su
candidatura a la alcaldía"176.
La detención del alcalde de Cúcuta Ramírez Suárez Corso fue dada con orden de captura por
concierto para delinquir y para el caso el vicefiscal Andrés Ramírez explicaba “Desde hace un
año, la Fiscalía adelanta investigaciones en Cúcuta para develar nexos y compromisos entre
servidores públicos con grupos al margen de la ley. Se sospecha que este bloque de las AUC
financió la campaña de Suárez, la muerte de Enrique Flórez el 6 de octubre de 2003. El 17 de
junio de 2004 se detuvo a Giovanni Enrique Buelvas, alias “El Zarco” o “Jerry” que trabajaba
para las autodefensas, autor material del asesinato de Enrique Flórez, asesor de la alcaldía de
Cúcuta. Se sospechaba de infiltración entre funcionarios públicos, comerciantes y
“personalidades de la sociedad de Cúcuta177.
En noviembre de 2003 la DIJIN y la policía capturaron a Magali Yaneth Moreno Vera, ex
investigadora del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Policía “señalada de tener vínculos
directos con paramilitares y de ser novia de un comandante de la organización ilegal”. Poco
tiempo después un fiscal dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra
María Flórez Silva, Directora de la Fiscalía de la Seccional de Norte de Santander por ser ficha
de los paramilitares: “En efecto, Ana María Flórez, la directora seccional de Fiscalía en Cúcuta,
quien huyó del país, es buscada por la justicia por el delito de concierto para delinquir con fines
terroristas por favorecer a grupos paramilitares”178.
“En los primeros cuatro meses del año [2004] fueron arrestados “Hernán”, “Cristian”,
“Escorpión” y “Dionisio”, cuatro de los más importantes paramilitares que actuaban en la capital
de Norte de Santander y sus alrededores. Pero la penetración “para” es tan alta que a pesar de
estos golpes la situación de orden público ha cambiado muy poco. Las muertes selectivas han
continuado, al igual que las extorsiones y las amenazas constantes en contra de los periodistas”179
Como se puede apreciar, con estos y otros ejemplos, la estrategia de copamiento de la
Administración Pública ha logrado penetrar lo más interno de la clase política
nortesantandereana, generando una profunda ilegitimidad de los escenarios estatales y
profundizando la aguda crisis de derechos Humanos que vive el departamento.
Fuera de los asesinatos arriba mencionados, queda una interminable lista de muertes ocurridas en
Norte de Santander, de personalidades públicas o de individuos anónimos que han caído bajo el
terror, la intolerancia y la imposibilidad de denunciar, contradecir o proponer una sociedad
diferente. De ellos mencionemos sólo algunos:
El caso de IVAN VILLAMIZAR LUCIANI, Defensor Regional del Pueblo de Norte de
Santander, asesinado por los paramilitares el 12 de febrero de 2001. El Defensor del Pueblo
176
Revista Semana No 1111 Agosto 2003. Artículo: La para-política. En plena negociación para desmovilizarse los
paramilitares afilan sus tácticas para ganar las elecciones en muchos municipios del país.
177
178
179
Revista Semana No 1156. Junio de 2004. Artículo: Tras un efecto dominó.
Revista Semana No 1154. Junio 2004. Sección Nación. Artículo: El polvorín
Ibid.
268
denunciaba varios asesinatos ocurridos en Tibú y La Gabarra por parte de los grupos
paramilitares al momento de su muerte. Frente a este caso: “Un fiscal de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, contra Carlos Castaño Gil y 6
personas más por su presunta participación en el homicidio del Exdefensor del Pueblo Iván
Villamizar Luciani”180. Además: Un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario dictó resolución de acusación contra el comandante
paramilitar Lorenzo González Quinchía, alias “Julián” sindicado de planear el asesinato del
exdefensor del Pueblo Iván Villamizar Luciani181.
Así mismo, en el año 2004 fue asesinado el Defensor de Derechos Humanos y dirigente del Polo
Democrático CARLOS BERNAL, el veedor comunitario PEDRO DURÁN “y una lista extensa
de estudiantes, periodistas y líderes comunitarios, hechos que han quedado en la absoluta
impunidad. A mediados de marzo de 2003, salieron a la luz pública informes y denuncias de
infiltraciones del paramilitarismo en la Fiscalía Seccional de Cúcuta, y el 22 de febrero de 2004
se publican informaciones acerca de nexos de funcionarios públicos de la ciudad con miembros
de grupos paramilitares, lo cual da como resultado la fuga de la entonces Directora Seccional de
Fiscalías, y que fuera privado de la libertad el Alcalde electo, quien actualmente tiene abierto un
proceso judicial por presuntos vínculos con miembros de grupos paramilitares”182.
Frente a este panorama inclemente de violencia, los gobiernos nacional y departamental han
implementado medidas que buscan evitar el aumento de la crisis, sin embargo, todas ellas tienen
un carácter policivo y militar, como incrementar el pie de fuerza con mayor control policial, crear
nuevas Brigadas (Brigada Antihomicidio con 8 policías que laboran las 24 horas con apoyo de
100 hombres) o las Fuerzas Especiales (en 2004 ingresan a la ciudad de Cúcuta 1000 hombres del
Ejército Nacional que conforman la denominada “Fuerza de Tarea Rápida Motilón”)183, factores
que aumentan y profundizan la confrontación armada, sin realizar inversión en lo social, en
educación, salud, vivienda, servicios básicos, opciones alternativas y viables a los cultivos de uso
ilícito, y en general, inversión que aumente y mejore la calidad de vida de los habitantes del
departamento.
Desplazamiento desbordado
Otro fenómeno de gran envergadura que se ha presentado en el departamento es el
desplazamiento forzado, especialmente en la región del Catatumbo, que se ha convertido durante
los últimos años en una de las zonas expulsora más importantes a nivel nacional, de acuerdo al
informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES. El
desplazamiento ha generado informalidad y pobreza urbana y plantea grandes y nuevas
exigencias frente al empleo, la vivienda, los servicios básicos de las zonas receptoras, agravando
las deficiencias preexistentes.
180
181
182
Boletín de Prensa No 20. Fiscalía General de la Nación.
Boletín de Prensa No 303. Fiscalía General de la Nación
EL DERECHO PARAS ARRIBA Y UNA HISTORIA SIN DERECHO. Derecho a la educación, conflicto y desplazamiento
en Cúcuta. FUNPROCEP. 2004. Bucaramanga Colombia. P. 18.
183
Ibid. P 18
269
Según Darío Fajardo y de acuerdo a la información suministrada por el informe de 1998 y el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, se pueden identificar tres
tendencias centrales en cuanto al fenómeno del desplazamiento se refiere: 1) la concentración de
la propiedad territorial, 2) el carácter generalmente violento que asume la expropiación de la
tierra por parte de los agentes de la gran propiedad y 3) la generación de una población
“excedentaria” que no encuentra condiciones favorables de articulación a los mercados laborales
urbanos y que debe fluir dentro de la economía informal urbana, las colonizaciones, las
economías extractivas y los eslabones primarios del narcotráfico. La crisis de la agricultura, el
desarrollo del narcotráfico y la “ampliación de la influencia de los capitales transnacionales, a
través de actividades extractivas y “megaproyectos” en un nuevo ciclo de globalización”184 han
generado en el departamento de Norte de Santander desplazamientos muy significativos,
ampliando los escenarios de conflicto.
Estos desplazamientos se generan especialmente en áreas rurales, pequeñas localidades e incluso
desde cabeceras municipales como La Gabarra hacia centros urbanos como Ocaña o Cúcuta, pero
también hacia Venezuela, aumentando la vulnerabilidad de las personas en situación de
desplazamiento, pues las autoridades de este país no les reconocen su condición de desplazados.
De acuerdo a datos de CODHES185, desde 1998 hasta junio de 2004 llegaron a Cúcuta casi
40.000 personas, el 48.5% del total de Norte de Santander, es decir, la mitad de desplazados del
departamento ha llegado a habitar los cinturones de miseria de la capital nortesantandereana;
dentro este 48.5% casi el 51% son menores de edad, principalmente de la región del Catatumbo,
cifra alarmante pues la tasa de expulsión de esta región es de 14.007 por cada 100.000 habitantes,
la más alta de Colombia, cuando la tasa de expulsión nacional está en 586 desplazados por cada
100.000 habitantes.
Los siguientes cinco municipios de la región del Catatumbo presentan las tasas de expulsión más
altas del país: El Tarra con 25.953 habitantes, Convención con 25.542, Teorama con 24.603, San
Calixto con 10.639 y Tibú 9.080, municipios que sobrepasan hasta en seis veces la tasa nacional.
Estas cifras muestran también a Ocaña y Cúcuta como municipios expulsores, este último debido
a la situación interna de conflicto en la ciudad y su área metropolitana. El informe indica también
que Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor número de hogares con predios
abandonados por personas desplazadas a nivel nacional y sus razones son las masacres, los
homicidios selectivos, las desapariciones y los enfrentamientos armados.
Los desplazamientos se han dado por el recrudecimiento de las acciones armadas y la irrupción
paramilitar en los diversos municipios nortesantandereanos, como se ha mencionado
anteriormente, pero también por la dinámica que ha traído a la región los cultivos de uso ilícito.
Después del departamento de Putumayo, el Norte de Santander ha concentrado los esfuerzos
nacionales de la política antinarcóticos, así es como en el año 2002 comienzan las fumigaciones
de cultivos de uso ilícito (que se concentran casi en su totalidad en la región del Catatumbo),
fumigaciones que han afectado la salud de las personas, de los diversos cultivos de pan coger y
184
Machado, 1998, p. 55-56, citado por FAJARDO, Darío. El conflicto armado y su proyección en el campo. P. 76 En: Guerra,
sociedad y medio ambiente. P. 78
185
Boletín No 44. Abril de 2003
270
de animales, además de afectar la economía y la seguridad de las familias. Estas fumigaciones
estuvieron acompañadas por la “Operación Holocausto” que utilizó bombardeos como medio de
exterminio de los centros de acopio y buscó realizar una operación de cerco a las FARC,
afectando directamente a la población civil; estos dos eventos han provocado nuevos
desplazamientos en la región.186
186
Cruce de fronteras, salida compleja CODHES Enero de 2004.
271
12. CONCLUSIONES
•
En el departamento de Norte de Santander el sector social más victimizados fue el de los
campesinos (entre ellos el movimiento cooperativo) que logró en la zona un alto nivel de
participación y de acción local en busca del mejoramiento de su calidad de vida. Este sector tuvo
una mayor incidencia organizativa y de movilización social (al participar activamente dentro del
movimiento cívico), llamando la atención de amplias capas de la sociedad a nivel nacional e
internacional. Además, los campesinos se encontraban ubicados en territorios estratégicos de
importantes intereses económicos, como es el caso del petróleo en el Catatumbo, o en corredores
de tránsito de disputa territorial, importante para la dinámica de la guerra; razones por las cuales
fue un sector duramente reprimido y victimizado.
•
En el escenario urbano fue el movimiento cívico el que logró una mayor fuerza e
incidencia política y social. Venían desplazados de diversas zonas del país por factores
económicos, (buscando mejorar sus condiciones de vida y bienestar y atraídos por la extracción
petrolera y por los beneficios de la economía de frontera) o desplazados por el conflicto (por el
terror, dada la comisión de masacres, asesinatos y desapariciones permanentes, las amenazas, la
estigmatización, la usurpación de territorios, la dinámica de guerra y las fumigaciones, entre
otros), llegando a los centros urbanos y generando procesos de construcción de periferias y de
barrios de invasión que requerían inversión en infraestructura y en prestación de servicios
básicos. Las organizaciones y el movimiento cívico en general, fueron importantes por la gran
fuerza organizativa que lograron, impulsando procesos de movilización regional con amplia
incidencia nacional. Cabe anotar que del movimiento cívico hicieron parte prácticamente todos
los sectores sociales, entre ellos los partidos y movimientos políticos de oposición y no
tradicionales, los campesinos, las organizaciones urbanas y barriales como las Juntas de Acción
Comunal o las asociaciones de madres comunitarias, los sindicatos, estudiantes, maestros, entre
otros.
•
Los sindicatos con mayor presencia e incidencia en el departamento de Norte de
Santander, con un alto numero de víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad fueron los maestros
sindicalizados en ASINORT, seguidos de los trabajadores hospitalarios de ANTHOC y los
obreros petroleros de la Unión Sindical Obrera Uso en el municipio de Tibú.
•
Los principales efectos que produjeron la comisión de CLH en la región fueron múltiples,
sin embargo, el más importantes de ellos fue el desvertebramiento de los sectores y
organizaciones sociales que lograron tener un mayor nivel de organización y de incidencia
política a nivel local, en los municipios y departamental, por medio del terror que producen las
torturas, los asesinatos (colectivos, selectivos, indiscriminados), las desapariciones forzadas, los
señalamientos, la estigmatización y las amenazas. Esto genera en las organizaciones locales y
regionales la muerte o desaparición de sus principales líderes o dirigentes, su desplazamiento
forzado (perdiendo sus bienes, viviendas, parcelas), el miedo para organizarse y movilizase. Por
estas razones la ciudad de Cúcuta en la actualidad tiene un muy diezmado y debilitado
movimiento social y en la región del Catatumbo prácticamente ha desaparecido el movimiento
cooperativo, tan fuerte en algunos momentos.
272
•
La lógica paramilitar en el departamento ha cambiado de estrategias, la primera utilizada
fue a partir del terror, (encapuchados, listas de la muerte, masacres colectivas, asesinatos
selectivos, amedrantamiento, arrasamiento territorial violento, la muerte y la barbarie), en la
actualidad aunque sigue vigente la primera, se incorpora el copamiento de los espacios públicos
de poder y de participación, como la Administración Pública, Juntas de Acción Comunal, Juntas
de Acción Local, Organizaciones barriales, alcaldías, personerías, concejos municipales,
diputados, cámaras, procuradores y funcionarios de la administración de justicia, espacios desde
donde se puede ejercer el control de manera permanente, donde se tienen a la mano mecanismos
para dejar en la impunidad sus crímenes, donde se cuenta con presupuesto y desde donde se
puede imponer de manera más eficaz un modelo político de sociedad.
•
En el departamento de Norte de Santander no se han dado de manera real los procesos de
desmovilización de las estructuras paramilitares, estas han cambiado su accionar, sus nombres y
sus estrategias, actúan a la sombra, pero se han consolidado, manejando los negocios de la coca,
el contrabando, la gasolina, incorporándose en la institucionalidad y manteniendo estrecha
relación con sectores de la economía y la política regional.
273
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