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Transcripción

_______________________________________
Apuntes Legislativos
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
Sexagésima Primera Legislatura
2009-2012
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
46
PODERES FÁCTICOS Y
ELECCIONES 2010
_______________________________________
Supervisión de edición:
Lic. Alfredo Sainez Araiza.
Diseño y edición de interiores:
Lic. Jonathan Hazael Moreno Becerra.
“Poderes Fácticos y Elecciones 2010”
LXI LEGISLATURA
H.
CONGRESO
DEL
ESTADO
DE
GUANAJUATO
© Por esta edición: Instituto de
Investigaciones Legislativas
Callejón de la Condesa Núm. 7
Centro. C.P. 36000. Guanajuato. Gto.,
México
Tel. 01 (473) 102–00–00 extensiones
6074, 6075 y 6080
www.congresogto.gob.mx
Primera edición, 2010–08–15
Año 6, Número 46
Impreso en México / Printed in Mexico
Esta publicación no puede ser
reproducida, incluyendo el diseño de la
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ni en parte, ni registrada en, o
transmitida por, un sistema de
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de
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en
ninguna forma, ni por ningún medio, sea
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magnético, electroóptico, por fotocopia o
cualquier otro, sin el permiso previo por
escrito del Instituto de Investigaciones
Legislativas del H. Congreso del Estado
de Guanajuato.
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MESA DIRECTIVA
Primer Año de Ejercicio Legal
Tercer Periodo Ordinario
Dip. Juan Antonio Acosta Cano
PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE
Dip. Ángel Alberto Robles Ávalos
PRIMER SECRETARIO
Dip. Alejandro Rangel Segovia
SEGUNDO SECRETARIO
Dip. David Cabrera Morales
PROSECRETARIO
JUNTA DE GOBIERNO y COORDINACIÓN POLÍTICA
Dip. Gerardo Trujillo Flores
PRESIDENTE
Dip. Héctor Hugo Varela Flores
VICEPRESIDENTE
Dip. David Cabrera Morales
Dip. José Luis Barbosa Hernández
Dip. Eduardo Ramírez Pérez
Dip. Héctor Astudillo García
SECRETARÍA GENERAL
Lic. Arturo Navarro Navarro
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
Lic. Tomas Bustos Muñoz
DIRECTOR GENERAL
Lic. Aarón Soto Martínez
COORDINADOR DE PROMOCIÓN Y FORMACÓN LEGISLATIVA
Lic. Alfredo Sainez Araiza
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LEGISLATIVO
Lic. Jonathan Hazael Moreno Becerra
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS
Lic. Gerardo López Cuéllar
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y PARLAMENTARIOS
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Pluma libre
Nos interesa lo mucho que sabes, compártelo con nosotros
Apuntes Legislativos
Esperamos tu valiosa colaboración con
en la Coordinación de Investigación
y Desarrollo Legislativo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato.
Callejón de la Condesa No. 7, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., teléfono: 01(473)102-0000
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CONTENIDO
Página
Presentación.
1
1
Poderes Fácticos.
Dra. Karina Ansolabehere.
Dr. Antonio Azuela de la Cueva.
Dr. Lorenzo Córdoba Vianello.
Dr. Pablo Larrañaga Monjaraz.
Dr. Raúl Trejo Delabre.
3
2
Los Poderes Fácticos y la Nueva Composición de los Congresos Locales
2010.
Alfredo Sainez Araiza.
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2.1. Antecedentes.
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2.2. Los Poderes Ilegales.
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2.3. Injerencia de la Delincuencia Organizada en las Elecciones Locales de
2010.
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2.4. Nueva Composición de los Congresos Locales 2010.
2.4.1. Elección de Yucatán.
2.4.2. Elecciones en Catorce Estados.
2.4.2.1. Aguascalientes.
2.4.2.2. Baja California.
2.4.2.3. Chiapas.
2.4.2.4. Chihuahua.
2.4.2.5. Durango.
2.4.2.6. Hidalgo.
2.4.2.7. Oaxaca.
2.4.2.8. Puebla.
2.4.2.9. Quintana Roo.
2.4.2.10. Sinaloa.
2.4.2.11. Tamaulipas.
2.4.2.12. Tlaxcala.
2.4.2.13. Veracruz.
2.4.2.14. Zacatecas.
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2.5. Comentario Final.
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Poderes Fácticos en Textos.
Gloria del C. Hernández Morales.
37
Julio y Agosto. Fechas relevantes en el desarrollo de la Independencia y
Revolución Mexicana en Guanajuato.
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3
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Poderes Fácticos y Elecciones 2010
Presentación
Apuntes Legislativos,
Con el compromiso asumido por
de ser un instrumento que
coadyuve al quehacer parlamentario realizado por la Sexagésima Primera Legislatura del
Estado de Guanajuato, y sobre todo de disponer de herramientas académicas al público
interesado en temas jurídicos, políticos, económicos y sociales, analizados desde diversos
ángulos, en esta ocasión en el número 46 se disponen de un par de documentos relativos a los
Poderes Fácticos y Elecciones 2010, temas que precisamente dan nombre a esta publicación
y nos ofrecen una panorámica relevante de ambos fenómenos y su interrelación.
En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México, llevó a cabo el 2 de
febrero de 2010 denominado Seminario Democracia, Paz y Derechos Humanos: Ejes de un
Pensamiento Ilustrado en el Centenario del Nacimiento de Norberto Bobbio, marco en el que se
presentó el Panel dedicado a los Poderes Fácticos.
El foro de expresión contó con la participación de Doctores de diversas instancias
académicas tales como: Antonio Azuela de la Cueva; Lorenzo Córdoba Vianello; Pablo
Larrañaga Monjaraz y Raúl Trejo Delabre, quienes moderados en sus puntos vista por la Dra.
Karina Ansolabehere reflexionaron, con fino tacto, en torno a los Poderes Fácticos. De esta
manera, la interesante charla dio inicio con los comentarios de la Doctora Ansolabehere –
moderadora del panel– al sentenciar que la noción de poder fáctico se usa más de lo que se
estudia. Destacando esto, como un primer punto interesante y afirmando además que, esto
dificulta la tarea a los académicos que están más acostumbrados a moverse en el ámbito de los
conceptos. Así, con el atinado pretexto que motivo la congregación en dicho evento, en honor a
la obra de Norberto Bobbio, se advirtió que por lo menos en el futuro de la democracia, el
jurista, ensayista, profesor y teórico del pensamiento político, originario de Turín, Italia, no
hablaba de poderes fácticos, hablaba de poderes invisibles antes que de poderes fácticos.
Comentario que valió la interesantísima opinión de cada uno de los expertos panelistas. Charla
que en esta ocasión
46.
Apuntes Legislativos presenta de manera íntegra en esta entrega número
En su segundo plano y en concordancia con la coyuntura de los procesos electorales
que en experimentaron 15 Estados de la República Mexicana, se presenta el interesante
análisis de los mismos, denominado Los Poderes Fácticos y la Nueva Composición de los
Congresos Locales 2010, documento que nos ofrece un panorama de lo sucedido y su relación
con los diversos acontecimientos, que marcaron su desarrollo.
Para rematar ambas colaboraciones, por lo que respecta a la Sección de la Biblioteca,
“José Aguilar y Maya”, de este Congreso del Estado de Guanajuato, se recomiendan 4 obras
literarias afines a los temas abordados en esta ocasión. Mismos que se ponen a la disposición
de Usted, distinguido lector, para su consulta.
Atentamente
Coordinación de Investigación y Desarrollo Legislativo
Instituto de Investigaciones Legislativas
1
2
1. Poderes Fácticos.*
Dra.
Karina
Ansolabehere
(moderadora): La noción de poder fáctico
se usa más de lo que se estudia. Creo
que éste es un primer punto interesante.
Esto no está mal pero nos dificulta la
tarea a los académicos que estamos
mucho más acostumbrados a movernos
en el ámbito de los conceptos. Esta
probablemente
es
la
principal
característica conceptual del término. Si
pensamos en la obra de quien nos
convoca este encuentro, por lo menos en
el futuro de la democracia, Bobbio, no
Profa. Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
hablaba de poderes fácticos, hablaba de
Sociales (FLACSO), México.
poderes invisibles antes que de poderes
Línea de investigación: Estado de derecho, derechos humanos y
democracia / Reformas Institucionales, Políticas Públicas de Trabajo y
fácticos.
En
vista
de
estas
Bienestar.
particularidades el objetivo que nos
propusimos en la mesa es tratar de poner en claro, ¿De qué hablamos cuando hablamos de
poderes fácticos? ¿Qué estamos connotando con ese uso? Y como este nos remite a ciertas
ideas de la democracia y deja fuera a otras.
Una de las tareas que teníamos que hacer los que nos invitaron a coordinar mesas, era
establecer preguntas para el debate, y las preguntas que nos proponemos para esta mesa
es tratar de pensar de qué hablamos cuando hablamos de poderes fácticos, a qué nos
remite y a qué se opone esta noción. Si no es la facticidad una la condición de ejercicio de
todo poder para ser considerado tal.
Si es útil esta noción, o más bien habría que plantearse nociones alternativas con mayor
potencial analítico, y tal como se utiliza normalmente la noción de poder factico, estos
poderes aparecen como nocivos para la democracia y para la noción de representación en
particular, y si esto es efectivamente así o podría pensarse otro modo.
Entonces, a falta de aproximaciones académicas en esta introducción, voy a tratar de hacer
una aproximación sociológica, ponerme mi sombrero de socióloga, más que el de politóloga
para intentar hacer un análisis sociológico del uso del término.
Quiero enfatizar dos puntos con ánimo de provocar y luego pasar la palabra a los colegas. El
primer punto que quisiera plantear es que el problema del que da cuenta el uso de la noción
de poderes facticos no es nuevo, probablemente es tan viejo como la política. Sin embargo,
la novedad está dado por la adopción de la denominación poder fáctico para caracterizar las
presiones privadas sobre los asuntos públicos con todo lo que ello implica, a la vez que se
desplazan otras formas de dar cuenta de esta misma situación.
El segundo punto que me gustaría poner sobre la mesa, es que la proliferación del uso de la
noción de poder factico no es casual y responde a una implicación particular, entre procesos
*
Panel llevado a cabo el 2 de febrero de 2010 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México en el marco del Seminario Democracia, Paz y Derechos Humanos: Ejes de un Pensamiento Ilustrado en el
Centenario del Nacimiento de Norberto Bobbio.
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históricos e ideas que le dan sentido, las cuales no están exentas de tensiones. Imbricación
que la noción de poder factico expresa un modelo deseable de la relación entre lo público y
lo privado, entre representación política y grupos de interés, entre el derecho y la política o
en términos más generales entre la política, el derecho, el mercado y la sociedad.
En cuanto al primer punto, si estamos ante un viejo producto con nuevo embase. El
problema viejo parece que podría frasearlo como los intereses privados en la política o en el
estado y por supuesto en clave contemporánea en la política democrática.
No puedo sacarme de la cabeza los textos de Fernando Enrique Cardoso, cuando antes de
ser presidente de Brasil, hablaba de la colonización del Estado para describir las
características del estado brasileño. La tradición marxista que hablaba de una autonomía
relativa del estado pero que de alguna manera reconoce que desde fuera de este, hay una
clase que busca apropiarse no solo de su manejo, sino también de sus ventajas, o los
estudios del pluralismo estadounidense en ciencia política que tiene como principal
exponente a Robert Dahl y que en oposición a perspectivas claramente elitistas, comenzaron
a hablar del lugar de los grupos de intereses del proceso político y de la relación entre los
grupos de interés y las instituciones democráticas representativas como positivas para el
funcionamiento de la democracia.
Más allá de los supuestos teóricos de cada una de estas aproximaciones, muchas veces
claramente contradictorias, hay una preocupación compartida, el de los intereses en la
política, la relación entre el denominado interés público y el interés privado, el lugar y la
capacidad de las instituciones políticas, fundamentalmente del estado para procesar esto.
De alguna manera buscan responder a la pregunta sobre qué tan factible es cumplir la
promesa del interés público. En este sentido, cuando se encuentra una definición de poder
fáctico y esto no es fácil, o de poderes fácticos, la misma hace referencia a poderes que se
ejercen al margen de las instituciones y que tienen la suficiente influencia por la disposición
de recursos estratégicos para ejercer presión y lograr decisiones favorables a sus intereses.
Aunque ahora en clave negativa, otra vez llegamos al problema de los intereses privados en
la política, sean estos legales o ilegales y por extensión a la fragilidad de la noción de la
representación democrática en el sentido más estricto.
En oposición a las perspectivas marxistas o no marxistas, que daban por sentado que el
estado iba a funcionar al servicio de una clase social, o del pluralismo que consideraba a los
grupos de interés como un componente positivo más en el proceso político democrático.
Probablemente la novedad a la que nos enfrenta esta noción, -la noción que nos ocupa- es
la de mostrarnos un mundo en que los poderes facticos están al acecho de las instituciones
de iure, esto es de las instituciones democráticas.
Estas, las instituciones democráticas están en peligro, son objeto de amenazas por parte de
estos poderes solo guiados por el frio interés. Lo deseable se deposita en las instituciones
democráticas y en las formas de representación democrática y lo indeseable en estos
poderes que presionan al margen y que manejan recursos que hacen que esa amenaza
crezca.
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De esta manera, para la izquierda las acciones de la clase dominante se convirtieron en
acciones de los poderes facticos, así como para el centro político pasaron a identificarse
como tales amplios grupos y movimientos desde empresas y organizaciones criminales, a
sindicatos y movimientos sociales, lo que más allá de sus diferencias, reivindicaciones y
asimetría de recursos que los caracteriza por el uso de su poder, se les caracteriza por el
uso de su poder privilegiado para presionar al estado.
Ahora bien, si aceptamos el punto anterior, esto de que es un tema viejo pero que se le ha
denominado y se está usando de otra manera, vayamos al punto siguiente que proponía.
¿Por qué hablamos de poderes fácticos y no de clases sociales, corporaciones o grupos de
interés? Propongo que esto no es casual, que responde a una imbricación particular entre
procesos históricos e ideas que le dan sentido. Su uso supone una mirada particular sobre el
poder que no toma en cuenta su facticia y carácter relacional, una idea dicotómica de poder,
que en este caso remite a la distinción entre poder de iure y poder de facto, poder de visible
o invisible, o poder formal y poder real, según el énfasis que quiera hacer el usuario.
Pero también implica una toma de posición frente a la relación entre al derecho y la política
que valoriza al estado de derecho con todas sus implicaciones como racional y seguro, y al
ejercicio del poder en la política como irracional o peligroso, que valoriza la dimensión
institucional de la política democrática en detrimento de su dimensión emancipadora y que
se preocupa más por la visibilidad del poder que por su invisibilidad y en todo caso que
considera a la visibilidad como antídoto a la corrupción que siempre entraña el uso de poder
.
Esta noción al tiempo que descarga al poder de su contenido relacional y a la política
democrática de su dimensión eminentemente política, de intereses y de negociación, de
conflictos y conspiraciones, embiste al derecho de un carácter sagrado, son las reglas
jurídicas y el adecuado funcionamiento de las instituciones que las hacen cumplir, llámese
poderes judiciales o tribunales constitucionales las que constituyen un real seguro frente al
mundo de las pasiones y los intereses.
Aquí se sostiene que la noción de poder factico se usa porque es consonante con esas ideas
de la política, la democracia, el poder y el derecho. Ideas que en México en particular, pero
probablemente podríamos suponer casi con certeza que no sólo en México, responden a un
imaginario social y político que resulta de la confluencia de tres procesos históricos y que a
su vez se expresa de una manera particular, tensiones entre estos tres procesos.
La democratización que se realizó bajo una idea de democracia exclusivamente como
régimen político, aunque con matices en los diferentes países pero que México, claramente
se construyó de tal manera, las reformas estructurales a la economía para desarrollar
condiciones propicias para el funcionamiento del mercado al que se consideraba el mejor
mecanismo de regulación social y en consonancia con un cambio de la función del estado,
un debilitamiento de su función de motor de desarrollo para considerarlo un facilitador de la
actividad económica.
Finalmente el tercer proceso al que se hace referencia es justamente el triunfo de la noción y
la promoción del estado de derecho considerada condición necesaria para las otras dos,
para la certidumbre económica, para el control del poder político democrático y para
garantizar los derechos de los ciudadanos.
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La cantidad de reformas judiciales por ejemplo: desarrolladas durante la década de los 90 y
al énfasis que estas implicaron o tuvieron, bastan como ejemplo para indicar un crecimiento
en las expectativas frente al derecho.
La idea de poder fáctico entonces arraiga en un momento en que conviven la democracia
política, la vigencia del estado de derecho y la economía del mercado. Procesos a través de
los cuales se ha modificado el lugar del estado, expresa la atención efectiva entre estos.
Fundamentalmente creo que entre la idea de una sociedad gobernada democráticamente y
un mercado autónomo con capacidad de regularse asimismo y a la sociedad.
Probablemente lo que hoy es la preocupación por la influencia de los poderes fácticos,
considera poderes de facto reales detrás del trono y demás por oposición a los poderes
formales invisibles, puede entenderse como una tensión entre la necesidad de gobernar
democráticamente y sometido a las reglas y por otra parte, la constatación de que la
distribución de recursos de influencia es inequitativa y que la dinámica económica y política
no la facilita. La democracia se ha asimilado a procedimiento, lo que creo yo que es
fundamental y parece que están por encima de estas reglas, indebidamente por encima de
estas reglas, ahora son o es una amenaza, son los poderes fácticos.
Creo que esta historización de la noción busca desarmar algunos de los supuestos básicos
hacer visibles algunas tensiones estructurales -valga el anacronismo- y sobre todo tratar de
entender mejor los procesos a los que nos estamos refiriendo, para poder modificarlos
porque en lo personal y sin considerar víctimas a las instituciones democráticas, prefiero un
régimen en que el ámbito público. No solo sea una caja de resonancia de los intereses
privados y pueda procesarlos y domesticarlos.
Pero esto no lo vamos a lograr sin una mirada realista de este proceso, quizás recuperar la
dimensión inherentemente conflictual y relacional de la política y comenzar a llamar las
cosas por su nombre sea un paso importante. Muchas gracias.
Karina Ansolabehere (moderadora): Le doy la palabra a mis colegas. Vamos a empezar
en estricto orden alfabético así que comienza Antonio Azuela de la Cueva.
Der. a izq. Antonio Azuela de la Cueva, Pablo Larrañaga
Monjaraz Karina Ansolabehere,
Lorenzo Córdoba Vianello y Raúl Trejo Delarbre
6
Dr. Antonio Azuela de la Cueva: Gracias
Karina. Muchas gracias a Pedro y a
Lorenzo por esta invitación que tiene un
significado muy especial. Dos de los que
estamos en esta mesa ya tuvimos una
discusión en otro contexto en donde
manifestamos nuestra incomodidad sobre
el concepto de poderes fácticos.
Entonces el hecho que nos vuelvan a
invitar quiere decir que hay una intención
de mantener un debate. Lo que voy a
tratar de hacer es como sociólogo del
derecho que soy, tratar de tomar la
Doctor en Sociología. Investigador Titular “A”, Instituto de Ciencias
Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México
palabra en el sentido de ver para qué
Líneas de investigación: Sociología del Derecho; Derecho ambiental;
Derecho urbanístico.
puede servirnos el concepto de poderes
fácticos, cómo podemos superarlo,
porque pienso que no nos sirve más que para iniciar una conversación y sobre todo cuáles
son los términos de una relación interdisciplinaria.
Es decir, una relación entre un punto de vista sociológicamente informado del derecho y un
punto de vista filosóficamente informado del mismo. Si me da tiempo al final voy a hablar un
poco sobre el significado de este reto de la interdisciplina como diplomacia, dentro de las
disciplinas que es a lo más que puede aspirar hoy en día.
Primero. Voy a tratar de decir por qué hablar de poderes fácticos no es una empresa
productiva para la comunicación entre sociología y derecho, sobre todo a partir de la idea de
que en cuanto empezamos a descomponer los poderes fácticos en tipos de situaciones
concretas el concepto pierde fuerza.
Se me ocurre mencionar cinco categorías que podrían entrar en lo que corrientemente o
recientemente se menciona como poderes facticos, para dar idea de que la diversidad de
significados de la frase compromete la solidez del concepto.
Primero, los poderes de facto que menciona Bobbio en un texto distinto al que leyó Karina,
en el texto que yo leí, Bobbio, sí habla de poderes de facto en la “Teoría General de la
Política”. Refiriéndose explícitamente al crimen organizado, las bandas de asaltantes o a una
sociedad secreta revolucionaria.
Es un tipo de poder muy fácil de definir en el contexto de esta discusión, porque son poderes
que se oponen abiertamente, frontalmente al poder jurídicamente instaurado, sin esgrimir
una legitimidad propia. Los asaltantes no tratan de convencer al público de que lo que están
haciendo está bien, simplemente ejercen ese poder, este sería el poder de facto del que
habla Bobbio.
Evidentemente, la preocupación que nos tiene aquí nos habla de otro tipo de situaciones.
Una segunda categoría sería la de poderes con alguna protección jurídica, que abusan de su
condición. Aquí estarían los medios de comunicación y las empresas privadas en general.
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Evidentemente la mayor parte de ellos, ejercen sus actividades con una protección jurídica,
pero lo hacen usando su poder, de una manera que nos resulta amenazadora para la
democracia o para el estado de derecho. Diferentes tipos de poder van a producir diferentes
tipos de efecto, dependiendo del recurso que monopolice el que lo ejerce.
Una tercera categoría sería la de poderes que se transforman con el paso del tiempo. Me
gusta pensar en los núcleos agrarios mexicanos en los ejidos y comunidades, son
propietarios de la mitad del territorio nacional, porque fueron creados como una forma de
propiedad y se convirtieron en una forma de gobierno.
Están usando un estatuto jurídico que en el mundo del derecho se define como derechos de
propiedad, pero están gobernando. Allí tengo una discusión con los colegas
constitucionalistas de este Instituto, porque yo digo que ese debería ser un problema para el
derecho constitucional y algunos de mis colegas acá dicen que eso no es un problema de
derecho constitucional, que es un problema de aplicación de la ley.
Yo creo que hay un orden de gobierno que está funcionando y que podríamos calificar como
un poder de facto. Una cuarta categoría sería la de poderes que se oponen a otros poderes
esgrimiendo cada uno de ellos derechos fundamentales.
Vendedores ambulantes, contra vecinos, ese es el ejemplo clásico. Los vendedores
esgrimen su derecho a ganarse la vida en la calle, los vecinos esgrimen su derecho a la
calidad de vida. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, acaba de sacar una
resolución en donde declara que los funcionarios de una circunscripción X de la Delegación
Cuauhtémoc, han violado sistemáticamente los derechos de los vecinos al permitir la venta
ambulante.
Evidentemente se trata de un panorama completamente distinto, son poderes de facto, cualquiera que conozca de cerca el problema lo puede definir así-, pero están esgrimiendo
derechos y esto es parte de la eficiencia de su poder.
Hay otros de difícil clasificación que podría retomar en la siguiente intervención. Me quedó
aquí para decir, que lo único que puede devolver unidad a la idea de poder fáctico, es una
postura meramente normativa, basada en la selección de aquellos poderes que nos resultan
particularmente ofensivos o inaceptables.
Pero esto tiene problemas, supone una opción previa porque parte del supuesto de que son
nocivas. Sería muy interesante discutir –pero yo no sería la persona más competente–, por
qué consideramos más nocivos un poder que otro,- para mí sería interesante saber si lo que
pienso que es compartido y en qué marcos y en qué categorías-, pero aquí no hay
comunicación posible entre la sociología y filosofía. Además el objeto me resulta demasiado
móvil.
Bajo el presidente Chávez, la televisión privada puede ser un poder que haga posible la
expresión de ideas distintas a la del régimen. Bajo Pinochet, la iglesia puede ser un poder
que proteja organizaciones comunitarias… (Inaudible)
A mí me cuesta trabajo adoptar una definición universal, en donde me pueda ubicar
normativamente respecto de todos ellos.
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Esas son las razones por las que pienso que no podemos llegar demasiado lejos, en la
exploración del concepto del poder fáctico. En donde creo que sí podemos caminar es en
una exploración, una forma de comunicación entre sociología y derecho a partir de una
reflexión más general sobre la relación entre derecho y poder.
Pero primero, un breve comentario sobre la democracia que era el tema más enfático de
esta mesa. Creo que en mi lugar tendría que estar Michael Johnston, que es un politólogo
que ha estudiado las formas de corrupción asociadas a las transformaciones de los
regímenes políticos y que en su libro: “Síndrome de corrupción‖, nos demuestra cómo en la
transición mexicana han aparecido formas de corrupción que son propias de la transición
política y no es que la democracia sea culpable de haber prolijeado estas nuevas formas de
corrupción, sino que en el orden político mexicano, había formas de corrupción que no
existían. No había ciertas formas de corrupción en el viejo régimen y aparecen ahora otras.
Se trata de una investigación empírica sumamente comprometida, en reconstruir las
condiciones específicas que en éste país, produjeron la emergencia de ciertas formas de
corrupción, de ciertos poderes facticos que restringen el ejercicio democrático.
Me voy al tema de la relación entre poder y derecho. Yo creo que aquí es posible encontrar
puntos de contacto entre estas dos visiones, una sociológicamente informada y otra
filosóficamente informada a partir del análisis precisamente de Norberto Bobbio, de la
relación entre derecho y poder.
Dice Bobbio, como es bien conocido, que poder y derecho son dos caras de la misma
moneda. El poder produce al derecho y el derecho regula al poder. Esto, para mí son
preguntas que pueden guiar la investigación de una manera mucho más productiva, que con
la idea de poderes fácticos: Primero, ¿cuánta desobediencia se requiere para declarar un
ordenamiento como no jurídico? En el centro del análisis bobbiano de la relación entre
derecho y poder, hay la idea de que sólo un orden que es habitualmente obedecido, merece
el nombre de un orden jurídico.
Eso significa que tiene que haber un ejercicio del poder dentro del derecho, para que el
derecho merezca el nombre de tal. Nos lleva a una serie de cuestiones poco elegantes pero
ineludibles, poco elegantes, como el tema de los indicadores ¿cuánta desobediencia se
necesita?, esa es una pregunta empírica y es tremendamente farragoso, aburrido y
fastidioso, la construcción de indicadores, pero vamos a tener que pasar forzosamente por
ahí para responder satisfactoriamente esa pregunta. Es la pregunta del sociólogo, pero
también es la pregunta del filósofo porque está en la definición misma que propone el filósofo
de lo que es un orden jurídico. ¿Cuánta facticidad, es decir, cuánto poder real ejercido dentro
del orden jurídico necesitamos para que el orden merezca ese nombre?
Vuelvo a mi asunto de los ejidos. ¿Cuántos ejidos necesitan monopolizar el control del agua
frente a las autoridades municipales, para que digamos que todavía existen autoridades
municipales, existe un régimen municipal que merezca el nombre de tal?
Segunda cuestión. El derecho no sólo regula al poder y aquí es donde Bobbio hace un punto
de partida y podemos empezar a ir más allá. El derecho no sólo regula el poder también lo
expresa simbólicamente. La función simbólica del derecho y su relación con la dimensión
simbólica del poder tiene que ser un centro de reflexión, para, no para cambiar de tema,
porque no estoy proponiendo que cambiemos tema, sino para profundizar en los debates
que nos preocupa, por ejemplo: el sindicato petrolero utiliza como patrimonio político, el mito
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patrimonial mexicano, es decir, la idea de que el petróleo nos pertenece a todos, es una idea
fuertemente arraigada en la cultura política nacional. Alguien se apropia de esa idea, y se
beneficia políticamente, no es nada más una cuestión fáctica, es una cuestión que tiene una
fuerza simbólica en amplios sectores de la población.
Segundo. El derecho no solo regula el poder, sino que lo transforma y ese es un viejo tema
que está en la fundación de la sociología del derecho especialmente en Belvedere una de las
preocupaciones de Belvedere es precisar en qué medida la juridificación de los problemas
añade algo que no estaba en el código básico del poder que lo produjo, si parafraseamos a
Belvedere con las palabras de Bobbio, la idea sería: el derecho expresa y regula al poder,
pero nunca de manera tan textual, tan nítida como para reproducirlo en toda su exactitud, el
orden jurídico, la cultura jurídica, el campo del derecho hablando sociológicamente añade
cosas y el resultado jurídico de la expresión del poder, no simplemente lo regula sino que lo
transforma. Esa es una pregunta de investigación ¿cómo ocurre esa transformación y a
dónde conduce?
Finalmente, ¿cuáles poderes pueden ser efectivamente regulados por el derecho o bajo qué
condiciones ello es posible? Esta es la pregunta más ardua de la sociología del derecho que
tendríamos que compartir con otras aproximaciones al derecho.
A menos que pensemos que no hay límites imaginables a lo que el derecho puede hacer con
el orden social, tenemos que aceptar, que precisar esos límites es una tarea para la
investigación, ¿cuándo, bajo qué condiciones podemos esperar que el derecho sea efectivo?
Es una pregunta que no se responde de manera automática, no se responde desde la teoría,
sino que requiere mucha elaboración a partir de trabajos empíricos.
Señalo un tipo de problema, cuándo van a aparecer mercados, ahí donde nosotros
declaramos derechos. Podemos imaginarnos situaciones donde hay acceso gratuito a ciertos
bienes y van aparecer mercados. El mercado tiene una lógica que hay momentos en donde
el derecho no puede hacer nada, es nada mas un ejemplo, pero el punto es, hay un
momento en donde la sociología, produce sus efectos más importantes desde el punto de
vista científico, pero que también son los más dolorosos desde el punto de vista político,
decirnos cuando es inviable la legislación.
Yo creo que ese es el punto de contacto quizás más intenso y más interesante de la relación
entre estos dos puntos de vista.
Yo creo que sólo con un programa fuerte de investigación interdisciplinaria, podemos llegar a
compartir éste como un problema común, porque es muy fácil que cada quien se vaya a su
instituto con sus propias capillas académicas y continué en la lógica de su reflexión, pero la
idea de poder discutir juntos algunos problemas en lo normativo, lo fáctico, están mezclados
y cuesta mucho trabajo, lograr una síntesis productiva. Es el reto que tendría que reunirnos.
Perdón por haberme pasado algunos minutos. Me quedan algunas reflexiones sobre la
interdisciplina pero creo que tengo que parar aquí. Gracias.
Karina Ansolabehere (moderadora): Le cedo la palabra a Lorenzo Córdoba Vianello.
Adelante.
10
Dr. Lorenzo Córdoba Vianello: Muchas
Gracias Karina. Uno de los problemas de
este formato es que uno tiene que estar
preparado para tener unos ejes digámoslo
así de planteamiento o de provocación,
pero los riesgos a los que uno está
expuesto es que esos ejes acaban
siendo, inevitablemente subordinados
ante la provocación de quien antecedió.
Investigador titular "A" de tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Líneas de Investigación: Ciencia Política; Democracia; Derechos
Fundamentales; Teoría de la Democracia, entre otros.
En ese sentido, agradezco las reflexiones
del
maestro
Azuela,
porque
efectivamente, digámoslo así, rompe con
el esquema en el que tradicionalmente
uno reflexionaría sobre los poderes
fácticos. Los poderes fácticos están ahí,
son malos, simplificó por supuesto y por
lo tanto hay que hacerse cargo de ello.
No quiero decir que los poderes fácticos no estén ahí y no sean malos, sí lo son, e intentaré
decirlo. Pero intentaré también plantear primero algunas reflexiones, digamos en respuesta,
para tratar de generar justamente lo que este formato quiere, que es polémica, a propósito
de lo planteado por Antonio, a reserva que más delante en las siguientes rondas abunden los
puntos.
Yo me atrevería a decir, asumiendo de entrada el señalamiento que nos hacía Antonio,
justamente, de la imprecisión conceptual de la expresión de poderes facticos, que al final del
día, si hay algo que caracteriza a todos independientemente de la bondad o no, de esta
miríada digamos de entidades sociales, económicas, laborales, ideológicas y diría hasta
políticas, en los contextos contemporáneos.
Y es el carácter ilegal en primer instancia, o en todo caso, o en caso de ser legales es el
carácter de abuso del poder o la propensión hacia el abuso del poder, es decir, el hecho
mismo y retomo el ejemplo provocatorio, sin duda sugestivo de las iglesias.
El hecho de que haya una iglesia que en el “pinochetismo” era axiológicamente buena en la
medida en la que lograba proteger comunidades digámoslo así, frente a los abusos del poder
político y en el caso mexicano no lo sea, al final del día, yo no sé sí en el “pinochetismo” la
presencia de esa iglesia hasta donde sería benéfica. Es decir, creo que al final del día lo que
acaba marcando el límite entre digámoselo así, la consideración de poder fáctico, que de
entrada creo –no quiero hablar ahora de que sean negativos, o derructivos necesariamente–,
pero si abre la posibilidad de este papel en el contexto social, es precisamente, insisto, el
abuso del poder.
Tiene razón Antonio, y en esto me allano a medias, en el sentido de que el concepto de
poderes fácticos, -ya lo anticipaba Karina- es un concepto más usado o que se usa más de
lo que se estudia, en efecto se trata de un concepto impreciso, al final del día, cabe la
objeción o el planteamiento inobjetable de que toda relación de supra subordinación política,
económica, ideológica, familiar, encarna un poder de facto concreto, en cuanto a tal, en la
11
medida en que encuentra una expresión concreta de los distintos ámbitos sociales o
privados de la realidad colectiva.
Tal vez sería conveniente como sugería Karina, encontrar una nueva categoría analítica para
definir con mayor precisión eso a lo que nos estamos refiriendo.
Sin embargo, mi objeción aquí no es una objeción conceptual, sino es una objeción
meramente pragmática asumiendo que la realidad social, nuestra tarea no es solamente
observar, analizar la realidad social, sino también de alguna manera tratar, si no como
académicos, al menos si como ciudadanos e incidir en ella.
Y es el hecho del término me parece que si se sostiene, insisto, no conceptualmente pero si
pragmáticamente. En cuanto a su oportunidad por dos razones, uno por la gran difusión que
ha tenido y dos también, porque lleva aparejada una carga negativa, que es la misma por
cierto, -ya lo anticipaba Karina- que al final se traduce, se desprende de la confrontación de
los poderes de iure y de facto, es decir, un poder, o de la legitimación de un poder, sobre
esto hay desde San Agustín hasta ahora digámoselo así, reflexiones por parte de la teoría
política.
El poder de facto tiene el gran dilema de estar precisamente, no claramente regulado, o que
en todo caso tiene la propensión de poder provocar abuso en el ejercicio de ese poder.
Insisto, más allá de la imprecisión analítica, también hay que señalar y que es otra de las
ventajas en general, aunque los ejemplos tal vez cuando hablas de poderes fácticos
evidentemente no estás pensando en elegido, al menos no en primer instancia, también en
términos generales, repito, hay coincidencias respecto a qué se habla y en los momentos
históricos y sobre todo con los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos de los que le
profesor Bovero, nos ha señalado solamente algunos tal vez los más ominosos, hablar de
poder fáctico de inmediato, insisto, con una carga bastante negativa por cierto, me refiere al
papel que juegan los medios electrónicos de comunicación, particularmente los poderes
privados y eso no es algo malo pensando, insisto, que hay una coincidencia quienes
estamos en la mesa defender a la democracia.
Creo que hay una pertinencia de mantener, no de no estudiar, pero una pertinencia de si
mantener esa incorrecta expresión desde un punto de vista conceptual.
Ahora permítanme hacer algunas reflexiones a propósito del vínculo, democracia – poderes
fácticos, o el papel de los poderes fácticos en los contextos democráticos, asumiendo que
probablemente esta es la parte menos polémica en el término, –debimos haber invitado al
señor Sergio Sarmiento o algún exponente de algún poder fáctico, para poder generar
polémica– respecto a este punto, porque creo que es obligatorio aquí volviendo a nuestra
tarea de análisis conceptual, delinear algunas de los efectos derructivos que pueden llegar a
tener los poderes fácticos en la democracia.
Aquí sería esencialmente telegráfico, para no abusar del tiempo.- Karina, ahorita que me
pase me dice y paro y voy a la siguiente ronda-.
La democracia supone como hemos escuchado también esta mañana, una serie de reglas
del juego, si, pero no sólo –permítanme hacer aquí un paralelismo respecto de la sugerencia
del profesor Ferrajoli, a propósito de los derechos– es decir, los derechos siempre han sido
vistos como un límite al poder, en primer instancia al poder público, pero recientemente se
12
ha sugerido la necesidad de un consciencialismo de derecho privado, es decir, los derechos
también se oponen a los privados.
Permítanme hacer un paralelismo para reflexionar a propósito de la democracia. La
democracia decíamos supone una existencia de reglas del juego, sí, y en primera instancia
respecto del cómo se gobierna, el quién y el cómo gobiernan una sociedad.
Pero hay otra faceta también que involucra la responsabilidad de los propios ciudadanos en
el ejercicio de esas reglas del juego, es decir, no son solamente reglas del juego para el
ejercicio del poder y en consecuencia que parten de la existencia de una serie de derechos
de los ciudadanos como aquellos que inician el juego de decisión democrática, sino también
supone que los gobernados deben atenerse a las reglas del juego, es decir, tiene que haber
una coincidencia y una aceptación de todos de jugar ciertas reglas del juego, y esas reglas
del juego como decía no solamente supone una base de derecho, -los llamados derechos
poder- sino también la obligación primigenia de jugar como decía con base en esas reglas.
Simplificando brutalmente el punto, la existencia de esos poderes fácticos, supone que hay
algunos participantes del juego democrático, que por la situación de hecho, de facto, que
guardan en la sociedad, convierten el ejercicio de los derechos, de sus derechos en
privilegios.
Pienso por ejemplo, -lo intento ejemplificarlo para concretar el punto- el caso de la libertad de
expresión, que es como se sabe uno de los derechos fundamentales, una de las grandes
libertades de las cuatro grandes libertades de las que Bobbio nos hablaba de los modernos,
y sin la cual el juego democrático es simple y sencillamente impensable.
¿El derecho de libertad de expresión es para todos? Sí, pero lo fraseo provocatoriamente de
la siguiente manera: hay algunos en este sentido que son más libres que los otros, y ese
ejercicio de un derecho que en los hechos se traduce más en un privilegio, puede provocar
que la libertad de los otros sea tan solo apariencia.
Una de las reglas esenciales de la democracia, el tercer universal procedimental de Bobbio
al que ya se hacía referencia esta mañana Michelangelo Bovero, supone que -cito a Bobbio-,
todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de votar según su
propia opinión, que debe haberse formado a partir de una libre selección entre diversos
grupos políticos organizados que concurren entre sí.
Ser libre en este sentido, al que se refiere Bobbio, supone dos cosas, uno, evidentemente
que no haya una coacción, que no se esté en una situación de heteronomía mediante la cual
alguien decide por uno, que es lo que se debe o lo que se quiere, lo que se debe hacer o lo
que se quiere.
Y dos la existencia de condiciones materiales para realmente poder decidir libremente o
autónomamente, y esto supone como ya se nos anticipaba, la existencia de información,
pero como sostendré en un minuto, no de cualquier información, y por cierto de otros
aspectos materiales que coinciden con las condiciones sustanciales a la que hacía referencia
Bovero esta mañana.
Se da el caso de que alguno de los poderes facticos, no todos, pero concretamente los
poderes ideológicos, como son las iglesias y los medios esencialmente y los poderes
13
económicos, resultan determinante para que esa condición especial o esencial de la
democracia, efectivamente se cumpla y eventualmente estos poderes pueden tener un
efecto derructivo por el funcionamiento de la misma.
Aquí no voy hacer mayor referencia solamente dejo el apuntamiento, a propósito de la
condición indispensable para la subsistencia de la democracia, incluso del estado, pero la
democracia en concreto como forma particular de gobierno, a la que Belvedere hacía
referencia cuando sostenía la necesaria distinción entre los poderes ideológico y económico
respecto del poder político y la indispensable autonomía de este frente a los otros.
Y tampoco, obvio, el hecho de que hoy los grandes emporios mediáticos, suponen grandes
concentraciones de poder económico, un inigualable poder ideológico y una capacidad de
incidencia y de ejercicio cada vez más directo del poder público incluso – si no pregúntenle a
Berlusconi- de ahí la necesidad de su control, y control en este sentido es simple y
sencillamente regulación o existencia de ciertas reglas esenciales. Cierro la idea solamente
para no abusar del tiempo.
Es que al final del día, insisto, sin la falta de esos controles, los poderes mediáticos, –
Ferrajoli los llama o identifica estos como uno de los posibles poderes salvajes– tienen hoy
en día, vista su insuperable capacidad de penetración en la sociedad, o juegan un papel
profundamente peligroso como ya se nos ha advertido esta mañana en la democracia-.
Esto es así porque en el contexto democrático los medios, sobre todo los electrónicos,
constituyen la fuente primordial de información para los ciudadanos, y no cualquier
información sirve para que los ciudadanos sean efectivamente libres, es decir, autónomos,
existen ciertas condiciones indispensables y que ahí sí la lógica del mercado,
inevitablemente no la proporciona, es decir, que la información sea cierta, plural y objetiva.
Una información manipulada, tendenciosa, sesgada y subjetiva impide que el ciudadano y/o
espectador sea realmente libre, en el sentido de esa tercera condición de la democracia de
la que hablaba Bobbio. Aquí le paro para no abusar del tiempo y eventualmente dejo para la
segunda ronda otra serie de reflexiones. Gracias.
Karina Ansolabehere (moderadora): Les recuerdo que si quieren enviar preguntas lo
vayan haciendo a lo largo de la mesa. Ahora le cedo la palabra a Pablo Larrañaga
Monjaraz.
14
Dr. Pablo Larrañaga Monjaraz: Gracias
Karina. Yo quiero iniciar rápidamente,
brevemente, pero no por ello menos
sentidamente. Agradeciendo al Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas,
particularmente a Lorenzo y a Pedro la
ocasión de encontrarnos aquí, para seguir
debatiendo
a
propósito
de
la
conmemoración del centenario del
natalicio de Norberto Bobbio, a bien que
nos ha influido a todos sin duda de
manera muy importante. Muchas gracias
por brindarnos esta ocasión.
Profesor de tiempo completo adscrito a la
División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales.
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Como la dinámica es estricta, voy a ir muy
rápidamente, tratando de apuntar algunos
temas que espero resulten de su interés y que susciten alguna polémica.
Yo voy a adoptar la posición teórico del derecho, de un teórico del derecho un poco anómalo
porque he venido a derivar en más o menos en economista en los últimos años, pero lo que
voy a tratar de hacer es básicamente complementar las opiniones de Karina y Antonio,
porque nos encontramos en sintonía, respecto de una idea general de que el concepto de
poder factico es poco útil.
Yo lo que voy a tratar de hacer es decir que es poco útil para la teoría del derecho, y que es
poco útil para una teoría del derecho, por lo menos como la que se cultiva
contemporáneamente en nuestras facultades. Yo diría en algunos institutos de investigación
también. No sé éste, en concreto, creo que también, pero en fin.
En este sentido mi participación básicamente es una aceptación de la invitación de Antonio,
de trabajar más en la frecuencia del multi o pluri, o transdisciplina, transdisciplinariamente.
Voy a tratar de señalar cuatro problemas que enfrenta la teoría del derecho, para que pueda
ser más un concepto de poder fáctico más útil, o podamos avanzar respecto de un
tratamiento teórico de aquello a lo que nos referimos como poderes fácticos, y que no
alcanzamos a tratar, me parece, los que nos ocupamos de la teoría del derecho,
constitucional y regulación económica fundamentalmente.
Pero para ello, voy a dar un paso que no suelen dar los teóricos del derecho con frecuencia
que es, referirme a algunos hechos, algunas cosas que ocurren en el mundo, y el primer
hecho, o el hecho general que voy a tratar de referirme es el hecho, de que los poderes
fácticos, no nace, se hacen.
Antonio mencionó un ejemplo: el ejido, algunos arreglos institucionales que regulan la
propiedad de la tierra en México, pero todos seguramente cuando hablamos de poderes
fácticos en este país, se nos ocurre por ejemplo pensar: ¿Qué pasó hace 18 años más o
menos cuando se privatizó el servicio de telefonía privada en este país? Y algunos nos
hemos dedicado después a pensar ¿cómo podemos hacer ahora para convivir o regular el
monopolio que se generó de la transferencia de un monopolio público, hacia un monopolio
privado?
15
Por azares de la vida, en ese momento yo estaba muy vinculado a los temas de la
privatización, y sobre todo a la cuestión de la competencia que existía entre agentes
económicos, para apropiarse del monopolio público.
En su momento, cuando se hizo el proceso de privatización, la oferta digamos ganadora,
ganó de una manera digamos muy sobrada, pagó sustantivamente más por la empresa
pública de lo que cualquiera de la otras ofertas disponibles.
También en su momento, -yo creo que de una manera un poco cándida- algunos de los
agentes económicos dijeron: “esto no es negocio”, “no puede ser, se equivocó”, “no puede
estar pagando tanto”, “no vale tanto”. Claro lo que no tomaban en cuenta – después hemos
visto que no se equivocó- en términos de la lógica capitalista fue un gran éxito ese negocio y
actualmente el consorcio empresarial que es dueño y el accionista particular, que es dueño
de la empresa telefónica, más o menos se dice que controla el 8% del producto interno bruto,
tiene el control sobre el 8% del producto interno nacional y el Estado mexicano más o menos
se calcula que entre el 11 y el 14% , entonces es un poder factico.
Es un poder económico que después de 20 años, la semana pasada, la Comisión Federal de
Competencias, que se encarga de regular los mercados, se decide a dar un pequeño paso
respecto de la dominancia en el mercado, y ya avisaron que a través del juicio de amparo
esto se va a parar tarde o temprano y se va a parar probablemente, y seguiremos así por
muchos años.
Entonces, este poder fáctico nació de una gestión pública, de una decisión política y de una
gestión pública que en el mejor de los casos podemos llamar torpe, pero probablemente
podríamos buscar algún otro tipo de referencia.
Para tratar este tipo de elementos, para decir, este consorcio industrial constituye un poder
factico, ¿Qué tendría que ocurrir en la teoría del derecho? o ¿Qué giros tendríamos que dar
en nuestras teorías de aproximaciones al derecho, para poder empezar a tratar el problema?
Y a lo mejor iríamos definiendo otro concepto, algunos conceptos familiares, o parecidos, o
redefiniendo parcialmente el concepto de poder fáctico, para poder ir tratando, y esos son los
cuatro problemas a los que yo quisiera centrarme ahora.
Son cuatro problemas que sin duda, supondría que empezáramos a trabajar sobre otras
líneas teóricas de las que actualmente cultivamos.
El primer problema es la ausencia del capitalismo, como el tercer eje de la construcción
normativa de la modernidad. Tenemos que empezar a trabajar, o tenemos que insistir en el
trabajo de las nociones que integran –hace un momento Antonio mencionó el mercado,
Karina también, Lorenzo también- pero que explican que de alguna manera nos permite
captar cómo realmente operan los mercados, cómo realmente operan las organizaciones
dirigidas a la producción y distribución de bienes económicos, que por cierto es a lo que
dedicamos la inmensa mayoría de nosotros, la mayor parte de nuestro tiempo a producir y
consumir.
Ese tercer eje tiene que articularse con el constitucionalismo y la democracia. Mientras
nosotros pensemos que podemos construir un eje constitucionalismo democrático, sin que
incida ese tercer eje, nuestro discurso va a ser un discurso, me parece que no puede
16
realmente explicar cuáles son los procesos sociales relevantes en esta materia, para poder
hablar verdaderamente de la naturaleza del poder social hoy, o en la modernidad.
El segundo tema que creo que hay que trabajar, es una teoría sobre el papel de los
intereses. Los intereses en el derecho, y este papel que fue probablemente uno de los temas
cortados de tajo de la economía política clásica. Estoy pensando Smith y compañía que no
hemos vuelto a tratar y que necesitamos volver a recolocar en los centros de nuestras
atenciones, de nuestra atención teórica, me parece para compensar y equilibrar lo que desde
mi punto de vista es un sobredimensionalismo o una sobre dimensión de los derechos en el
discurso jurídico. Hay que tomar también en cuenta los intereses, como un elemento que
reconoce uno de los motivos y evasiones de comportamiento individual y colectivo.
El tercer problema que yo observo, es la necesidad de romper la oposición, o prácticamente
la falta de diálogos entre el normativismo como concepción del derecho y sus conceptos, o
su concepto de derecho implícito y el funcionalismo como aproximación del derecho.
Tenemos que abrir como concepciones generales de derecho, una mayor recomposición de
nuestras categorías teóricas, respecto de cómo podemos explicar, qué es lo que vale la pena
explicar respecto del derecho.
Como cuarto problema, me parece ya mucho más concretamente, que tenemos que
modificar nuestra aproximación a los procesos jurídicos, y en particular, creo que sería
interesante, o provechoso en este contexto, dejar de tener un sesgo tan fuerte hacia el
proceso jurisdiccional, como el genuino proceso jurídico, a costa de no darle suficiente
atención al proceso legislativo y sobre todo, me pareció muy importante, al proceso
administrativo.
El derecho es también un instrumento, un elemento que regula la administración social y
particular, ya en la construcción teórica que regula las políticas públicas y las funciones del
ejecutivo. Los teóricos del derecho llevamos el enorme peso a los problemas de
determinación normativa, los problemas de ponderación de principios, etc., pero nos
olvidamos de manera importante, o no ponemos suficiente peso, a las decisiones
administrativas que deben ser también pertinentes para el derecho.
Con esto termino. Posiblemente una alternativa teórica que podría ser interesante en esta
integración, sin una aproximación institucional al derecho, en el corte un poco digamos de
Neal McCormick, el derecho como un orden institucional, o el derecho como un hecho
institucional.
Pero de todas manera y eso ya queda para la siguiente ronda, también esta aproximación al
final me parece, que nos llevaría a ciertos planteamientos teóricos que pondrían en duda, por
un lado, la separación que hemos tratado de hacer en nuestras construcciones teóricas entre
discursos normativos y discursos empíricos, tendríamos que reposicionar esa distinción y me
temo también por otro lado, el problema de la justificación del derecho.
Si el derecho realmente tiene una justificación particular, el derecho en la modernidad, el
derecho que tiene ciertos arreglos institucionales específicos, o si esto es completamente
contingente y eso nos podría llevar a renunciar a probablemente, o nos llevaría a plantearnos
uno de los grandes temas ilustrados, o el gran proyecto ilustrado, cosa que no favorecería
yo, pero luego tendríamos que volver a pensar.
17
Karina Ansolabehere (moderadora): Le doy la palabra a Raúl Trejo Delabre.
Dr. Raúl Trejo Delabre: Gracias Karina.
Creo que ha sido buena idea la
convocatoria
de
este
instituto,
particularmente de Lorenzo Córdoba, de
Pedro Salazar, para discutir de esta
manera y para hacernos leer o releer a
Bobbio. La verdad creo que el mejor
homenaje a cualquiera autor, máxime un
autor que nos ha servido de brújula en
numerosas ocasiones, como es Norberto
Bobbio, es convocar a leer o releerlo y
creo que a eso nos están invitando en
esta serie de sesiones.
Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, profesor de la misma.
Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
Voy a presentar algunas ideas iniciales.
Ninguna de ellas es novedosa, luego
espero tener un minuto para empezar a responder alguna de las provocaciones del maestro
Azuela, de las cuales, en parte se hizo eco el Doctor Larrañaga. Luego tendremos tiempo
para insistir en estos temas.
El de los poderes fácticos es evidentemente un asunto escurridizo. Todos sabemos de que
se trata cuando hablamos de ellos, pero esta definición nunca es del todo suficiente, ya
Karina en su exposición inicial, se preguntaba si esta noción es pertinente y esa es la gran
interrogante que está recorriendo a esta sesión.
Los poderes fácticos exceden los límites del estado, su influencia la ejercen precisamente
para desplegar sus intereses, más allá del interés legitimo que representan o debieran
representar las instituciones políticas, se manifiestan por cauces a menudo informales, no
siempre, incluso a veces hasta extra legales.
Los poderes fácticos quebrantan cartabones legales y políticos, son incómodos tanto para
los gobernantes como para los estudiosos, irritan a los juristas, porque atropellan la disciplina
de los sistemas legales, importunan a los politólogos cuando estos poderes se brincan las
trancas de los regímenes políticos –y como nos dijo hace un rato Antonio Azuela- incomodan
a algunos sociólogos.
La verdad es que ninguna definición los comprende a todos, porque los poderes fácticos son
–valga la redundancia- son manifestaciones de hecho, surgen más allá de las concepciones
teóricas y las desbordan, se imponen por la fuerza de la realidad a la cual intentan moderar
sus propias conveniencias.
Los poderes fácticos y ese es el centro de estas preocupaciones, debilitan y en ocasiones
incluso anulan la capacidad del estado, para garantizar el interés de la sociedad, de los
ciudadanos.
Los limites que en atención a este interés y para salvaguardarse a sí mismo, impone el poder
estatal, son estorbosos para los poderes fácticos. Trátese de corporaciones eclesiásticas,
ávida de influir en decisiones políticas, grupos empresariales afectados por regulaciones
18
estatales o medios de comunicación cuyos propietarios o usufructuarios acaparan el espacio
público.
Los poderes fácticos le regatean autoridad a las instituciones estatales cuando no funcionan
de acuerdo con sus intereses.
En otros casos se trata de fuerzas delincuenciales como las del narcotráfico, que de plano
tratan de quebrar o paralizar la capacidad del estado para hacer cumplir las leyes. A esta
constelación de fuerzas, intereses, grupos, poderes, ¿cómo les decimos? Se les puede
englobar dentro de la misma categoría, hay que diseccionarlos y hablar por separado de
cada uno de ellos.
En América Latina, los poderes fácticos se han constituido en uno de los atascos más
importantes para las transiciones que hemos experimentado en las últimas décadas. La
construcción de la democracia, ha supuesto el establecimiento de reglas, pero además de
compromiso de todas las fuerzas sociales y políticas, en torno a normas para la
competitividad y las representaciones electorales.
Los poderes fácticos que en ocasiones han empujado, han alentado los procesos de
transición, en algún momento también buscan valerse de ellos, con secuelas tan
significativas que Manuel Antonio Garretón, uno de los especialistas más destacados en el
estudio de estas transiciones en América Latina, ha considerado lo siguiente y lo cito:
―respecto de los poderes facticos que desempeñan un papel crucial en los casos de mayor
descomposición del sistema político en la región, nos referimos a entidades o a actores que
procesan las decisiones propias a un régimen político‖, es decir, poder político, ciudadanía,
demandas y conflictos, al margen de las reglas del juego democrático.
Es decir, los poderes fácticos actúan fuera de las instituciones, pero hay quienes los
identifican además entre actores de la vera institucional que rompen con cauces o normas
formales. El mismo Garretón, dice en un ensayo que ha publicado en distintos lugares: que
estos poderes fácticos pueden ser extra institucionales por ejemplo: grupos económicos
locales, o la corrupción y narcotráfico, o grupos insurreccionales o poderes extranjeros, pero
también existen actores, los sigo citando, que constituyen poderes de iure o poderes
institucionales, que se autonomizan y asumen poderes políticos más allá de sus atribuciones
legitimas, por ejemplo: presidentes que se exceden en sus funciones, parlamentos que
votan, que toman decisiones aún en contra de la legalidad que hipotéticamente lo respalda,
las fuerzas armadas en muchos casos en la historia latinoamericana, son poderes que han
estado sustentados inicialmente en las leyes y que rompen ellos mismos la legalidad.
La resistencia de los poderes fácticos al estado de derecho, ha sido identificada de muchas
maneras, prácticamente desde que se extendió la revisión política acerca del estado mismo.
Si uno se afana un poquito podemos encontrar en ―El Príncipe‖, alguna reflexión acerca de
los poderes que rebasan, -nos lo dice así Maquiavelo a “El Príncipe“, o Hobbes en su
conocido capitulo décimo de Leviatán, se refería a los poderes naturales e instrumentales,
que adquirían los hombres, y aunque entendía Hobbes al poder del estado como manual
vigoroso porque es el que concentra dice él, el poder de muchos hombres.
También apuntaba otras fuentes y manifestaciones de ejercicio de poder. Mucho tiempo
después para hablar de otro clásico, hay autores que encuentran la distinción entre poder de
hecho y poder de derecho, en las maneras como Belvedere, se refiere al comienzo …
19
sociedad a los conceptos autoridad y poder, aunque hay una gran discusión sobre la
traducción correcta de la alemana a otras lenguas.
Derecho y poder tendría que estar indisolublemente vinculados en una sociedad de
ciudadanos responsables y con un orden jurídico de plenos consensos, como esa situación
ideal no existe, Norberto Bobbio cuando se refiere a la justificación del poder, recuerda la
diferencia entre lo que es posible y lo que es lícito, entre la efectividad y la legitimidad.
La diferencia entre ámbito de la normatividad y el mundo del poder, le parecían a Bobbio un
tema de encuentro insoslayable, entre el derecho y la filosofía, sí se puede, si podemos tener
canales para discutir entre distintas vertientes disciplinarias.
En una carta a varios colegas de la Universidad de Turín, en una carta que publicó el
profesor Bovero, en un artículo que también ha sido reproducido en distintas versiones,
Bobbio decía lo siguiente: ―siempre he considerado la esfera del derecho y el de la política por usar una metáfora que me es familiar- como dos caras de la misma medalla, el mundo
de las reglas y el mundo del poder. El poder que crea a las reglas, las reglas que
transforman el poder de hecho en un poder de derecho‖. Aquí se explica está
complementariedad.
Los poderes fácticos seguramente nos resultan incómodos cuando hablamos de ellos, no se
ajustan a cartabones preestablecidos y por eso son un desafío muy atractivo para el
derecho, para la sociología, para la ciencia política.
Pero yo no encuentro otra manera de denominar, por ejemplo: al poder de las corporaciones
privadas que son sujeto de derecho, como decía Azuela, en la segunda de las categorías
que él nos relató, tienen protección jurídica, tienen registros legales, pero exceden la
capacidad de las leyes, en primer lugar, porque las desbordan, porque tienen tanto poder
que a veces pueden más que el estado en algunos campos y además porque en algunos
casos, no hay reglas suficientes para acotar el desempeño de estas corporaciones.
A Telmex, a la actual Telmex, no la creo tanto una licitación, sino la decisión expresa del
presidente Carlos Salinas, que dijo: ―ante el poder de los empresarios extranjeros, el
gobierno mexicano quiere crear empresarios nacionales con mucho poder‖, así se lo
escuchamos en más de una ocasión.
El problema que a Salinas se le olvidó el plural, en lugar de utilizar empresarios nacionales
creo uno solo, pero esta acumulación de atribuciones que tiene Carlos Slim, no fue resultado
de que ofreciera más dinero –quizás se pusieron de acuerdo para ello- fue el resultado de
una decisión política del estado mexicano.
¿Es Telmex un poder fáctico? Esto lo dejó para discutir en la siguiente ronda, pero me
parece adelantando, que Televisa indiscutiblemente, sí lo es, porque no hay una legislación
en materia de radio y televisión en este país, capaz de regular lo que hoy es, las
telecomunicaciones amalgamadas con la radio y la televisión, este poder factico sigue
funcionando a pesar de las leyes y no encuentro otra manera para designarlo. Muchas
gracias.
20
2. Los Poderes Fácticos y la Nueva Composición de los Congresos Locales 2010.
Alfredo Sainez Araiza
Rumbo a los festejos conmemorativos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, el sistema político mexicano presenta una
nueva configuración de gobiernos divididos, compartidos y yuxtapuestos en los estados y
municipios de nuestra República, que se devela desde que el partido del Presidente de la
República perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
como corolario de las elecciones federales de 1988; así como en las entidades federativas, a
partir de la alternancia en la gubernatura de Baja California en 1989 por parte de Ernesto
Ruffo Appel, primer Gobernador de uno de los Estados de México postulado por un partido
político diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 60 años, como
consecuencia de las elecciones locales del 2 de julio de ese año. Sin embargo, la politóloga
María Amparo Casar sostiene la tesis de que “la transición mexicana logró democratizar la
esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la
pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e
influencia de ciertos grupos de poder”.1 Para ello, nos distingue y ejemplifica entre el poder
político de jure – el que otorgan las instituciones políticas como la Constitución, las leyes y el
sistema electoral – y el poder político de facto –el que surge de la acción colectiva y del
despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o
el simple uso de la fuerza–. Pero, ¿hasta qué punto los poderes fácticos se han apoderado
del espacio público?
2.1. Antecedentes.
En el caso mexicano, formal y legalmente no existieron los partidos políticos en el siglo
decimonónico. En cambio surgieron agrupaciones políticas de ciudadanos en organizaciones
llamadas partidos o que actuaban como tales; las cuales no eran en realidad partidos, sino
movimientos políticos; es decir, no tenían estructura orgánica, ni normas de vida internas, ni
dirección permanente y única, sino eran simples tendencias de opinión, amorfas y hasta
cierto punto fluctuantes, agrupándose circunstancialmente ora en torno al gobierno, o de
alguna fracción oficial; ora en torno a un general o a la sombra de la Iglesia; ora en torno a
cierto órgano de prensa2. Por esta razón, es comprensible la inexistencia de partidos
políticos activamente participativos en la vida pública, en un país que salía apenas de una
larga opresión colonial y cuyos factores reales de poder3eran los caudillos, el clero y el
ejército, quienes tenían una participación predominante. Para muestra basta un botón:
Desde la instauración del imperio de Agustín de Iturbide en 1822 hasta las elecciones
presidenciales ganadas por Francisco I. Madero en 1911, la forma de hacer política fue a

Coordinador de Investigación y Desarrollo Legislativo del IIL del Congreso del Estado de Guanajuato.
Casar, María Amparo, Los poderes fácticos. Véase Nexos en línea en página web:
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=319
2
Fuentes Díaz, Vicente, “Los partidos políticos en el siglo XIX”, en El camino de la democracia en México,
coeditado por el Archivo General de la Nación, Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara de Diputados,
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1ª Edición, México 1988, p. 191.
3
González Casanova, Pablo, La democracia en México, Era, México 1985, pp. 45 y 46. Don Pablo sostiene que
los verdaderos factores reales de poder en México –como en muchos países hispanoamericanos– han sido y en
ocasiones siguen siendo: a) los caciques y caudillos regionales y locales; b) el ejército; c) el clero; d) los
latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros (...) que han influido o influyen en la decisión
gubernamental (...)
1
21
través de corrientes, logias, tendencias ideológicas (liberales y conservadores) y partidos por
analogía.
En el imperio de Iturbide aparecieron tres corrientes políticas perfectamente identificables:
los iturbidistas, los borbónicos y los republicanos.
Las logias de escoceses y yorkinos: Nicolás Bravo es Gran Maestre del Rito Escocés y
Vicente Guerrero lo es del Rito Yorkino. Los escoceses eran partidarios de un gobierno
monárquico bajo el mando de un príncipe europeo de la Casa de Borbón, en tanto que los
Yorkinos se pronunciaban por la República federal y la eliminación de los españoles en la
vida pública del nuevo país. Posteriormente la influencia de las logias decreció, pero de 1824
a 1828 la forma predominante de participación política fue a través de ellas.
A partir de la dictadura de Anastasio Bustamante hasta la Revolución de Ayutla, el debate y
las agrupaciones políticas se formaron en torno a las ideas de federalismo y centralismo, así
como de los personajes relevantes que encabezan no una unidad formal de partido sino más
bien corrientes de opinión que se materializaban en la vida pública, Gómez Farias encabezó
o atrajo a los federalistas y Santa Anna a los centralistas, llamados también liberales o
conservadores respectivamente.
Los liberales, a su vez, por la fuerza de sus planteamientos se dividieron en puros y
moderados; en diferentes etapas los más representativos de aquellos fueron Gómez Farías y
Juárez; el general Manuel Gómez Pedraza era reconocido como jefe de los liberales puros,
al cual se identificaban personajes como De la Rosa, Payno, Otero, Lafragua, Rodríguez
Puebla. En otros momentos, Santos Degollado y González Ortega fueron considerados
liberales moderados.
Después de la restauración de la República los conservadores desaparecieron como fuerza
política y los liberales triunfantes se identificaron alrededor de tres personajes: Benito Juárez,
Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.4 Sin embargo, después de la Reforma y del triunfo
de la República en 1867 el país seguía sin verdaderos partidos ¿Cómo iban a surgir éstos en
un país atrasado, de abrumadora mayoría analfabeta, con una economía semifeudal,
incomunicado, sin prensa popular, agobiado por el caciquismo y otras formas de opresión? 5
El general Díaz se levantó en armas contra el presidente Juárez con el Plan de la Noria, en
1871, en el cual propuso entre otros temas: “Que la elección de presidente sea directa,
personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido
por un solo día autoridad o encargo cuyas funciones se extiendan a todo el territorio
nacional. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y ésta será
la última revolución.”6
Apoyaron a Díaz los militares Donato Guerra, Vicente Riva Palacio, Trinidad García de la
Cadena, Jerónimo Treviño, Pedro Martínez, Miguel Negrete, Servando Canales, Francisco
4
Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997 de la Enciclopedia Parlamentaria de México, coeditada por el
IFE, IIL y LVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, México MCMXCVII, Volumen III, Tomo 2, Serie IV, pp.
31-33 y 34.
5
Fuentes Díaz, Vicente, El camino de la democracia en México, coeditado por el Archivo General de la Nación,
Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
1ª Edición, México 1988 p.193.
6
Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997 de la Enciclopedia Parlamentaria de México, Ibíd.
22
Naranjo, Juan N. Méndez, Juan Sóstomo Bonilla y otros. El dominio militar de la situación la
logró Juárez con el apoyo de los generales Ignacio Mejía, ministro de Guerra, así como de
Sostenes Rocha e Ignacio R. Alatorre.
A la muerte de Juárez, quedaron enfrentadas dos corrientes liberales: los civilistas
encabezados por el presidente Lerdo y los militares comandados por Díaz.
Durante el gobierno de Díaz las formalidades electorales fueron cubiertas organizándose
para cada reelección de Porfirio clubes políticos que desembocaron en dos corrientes: los
“Científicos”, agrupados en torno del poderoso secretario de Hacienda José Yves Limantour
y los “Reyistas”, partidarios del gobernador de Nuevo León y en una época secretario de
Guerra Bernardo Reyes.
Posteriormente, con el inicio de la Revolución en 1910 y la expectativa que despertó la
candidatura presidencial de Francisco I. Madero en 1911 surgieron varios partidos, todos de
vida circunstancial. Así por ejemplo, en estas elecciones participaron los partidos Antirreelecionista, Católico, Liberal, Liberal Radical, Liberal Puro, Evolucionista, Constitucional
Progresista y otros. Durante la XXVI Legislatura del Congreso se aprobó la ley electoral,
estableciéndose el voto directo en las elecciones legislativas.7
Ya como presidente de la República, Francisco I. Madero expidió la primera ley electoral que
reconoció la figura de los partidos políticos. Esta establecía en su artículo 117, fracción I, que
los partidos políticos tendrían en las operaciones electorales la intervención que les señalara
esta ley, siempre “(...) que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien
ciudadanos por lo menos.”8 Con esta disposición se evidenció la reacción contra el gobierno
de Díaz, proliferando, de manera excesiva, partidos políticos regionales y locales al
establecerse que sólo se requerían 100 miembros para constituir un partido político y que las
propuestas de candidatos a los distintos puestos de elección popular eran una prerrogativa
exclusiva de éstos.9 Cabe señalar, que en esta Ley no se establecieron las candidaturas
independientes para acceder a algún puesto de elección popular. Sin embargo, Leonor
Garay Morales, nos refiere que “permaneció la figura de los candidatos individuales, por lo
que tanto éstos como los partidos tuvieron derecho a registrar candidaturas y nombrar
representantes ante los órganos electorales, pero todavía por aquellas épocas prevalecían
los candidatos individuales por sobre los partidos, porque en todo caso, los primeros
llegaban a constituirse en partidos políticos, es decir, los partidos políticos dependían del
candidato, siempre en la persona de un caudillo o un líder carismático, y no los candidatos
de un partido político.”10
A pesar de su reconocimiento jurídico, los partidos políticos presentaron dos principales
obstáculos: su vinculación con los caudillos y sus lazos con la clase obrera. En estas
condiciones, las clases medias tradicionales, las antiguas oligarquías y el clero no llegaron a
construir un partido político. Los partidos se vieron obligados apoyar a caudillos rebeldes
surgidos del bloque en el poder, apoyaron movimientos políticos efímeros y contradictorios o
7
Ídem.
García Orozco, Antonio, Legislación electoral mexicana 1812-1973, Publicación del Diario Oficial de la
Secretaría de Gobernación, 1ª Edición, México 1973, p. 214.
9
Lajous, Alejandra, Los partidos políticos en México, La Red de Jonas, 2ª Edición, México 1986, p.13.
10
Garay Morales, Leonor, “Candidatos Ciudadanos y Gestación de Partidos Políticos” en Candidaturas
independientes. Consúltese página de Internet: www.scjn.gob.mx/reforma/archivos/5775.pdf.
8
23
armaron alzamientos; no tuvieron la fuerza para construir una nueva mediación política
electoral, que adquiriera el carácter de un partido con principios, programas y organización.
La respuesta violenta y la política discontinua fueron las únicas alternativas de esos grupos y
facciones.11
Posteriormente, la Ley para la Elección Federal de 1918, contempló la figura de los partidos
políticos, así como los “candidatos no dependientes de partidos políticos”. Es importante,
señalar que esta legislación fue la última que tomó en cuenta a los candidatos ciudadanos en
su normatividad, otorgándoles los mismos derechos que a los candidatos de partidos,
siempre que estuvieran apoyados por lo menos con 50 ciudadanos del distrito electoral en
que se postularan y hubiesen firmado su adhesión voluntaria en un acta formal; estos
candidatos debían registrarse durante los plazos establecidos en la propia ley en la cabecera
del distrito electoral, en el caso de diputados, o en la capital del Estado si se tratara de
senadores o del presidente de la República.12
En este escenario, se puede afirmar que en el siglo XIX no existieron partidos, en el sentido
como se entiende por tales en la teoría moderna, es decir, organizaciones permanentes y
estables; que durante todo el proceso revolucionario y posrevolucionario no hubo partidos
políticos fuertes y toda la actividad política se desarrolló en las filas de los ejércitos,
quedando el poder desgajado en miles de núcleos espontáneos de lucha. Esta crisis se
originó por el vacío de poder que representó la ausencia del caudillo en un Sistema Político
organizado en torno al poder personal. Esto obligó a la élite “revolucionaria” a desarrollar
nuevos mecanismos de cohesión y control político para conservarse en el poder.
El carisma personal fue sustituido por el proceso institucional, al plantearse la tesis de
superar la etapa de los hombres-necesarios mediante la creación de instituciones políticas, a
través de un partido político auténticamente nacional: el Partido Nacional Revolucionario
(PNR).13 Para lograr este objetivo, el 1º de septiembre de 1928, en su cuarto y último
Informe de Gobierno, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la formación de “reales
partidos nacionales orgánicos” que permitieran “pasar de un sistema más o menos velado de
gobierno de caudillos a un más franco régimen de instituciones” y acabar con la “desunión de
la familia revolucionaria”.14
Con esta medida, la crisis política logró ser superada y se logró imponer un sistema de
partido y parlamentario vinculado al Estado.15 “El sistema de los partidos políticos en México
y su vinculación a la historia del Estado mexicano corresponden a un proceso universal en el
que se dan dos fenómenos parecidos: el de un partido único o predominante en las naciones
de origen colonial, y el de un partido del Estado, el partido de bloque hegemónico y su
gobierno. Ambas características se dan en México, donde no existe un partido único, sino un
partido predominante, y donde éste es el partido del Estado.”16
11
González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, Era, 5ª Edición, México 1986, p. 109.
Garay Morales, Leonor, “Candidatos Ciudadanos y Gestación de Partidos Políticos” en Candidaturas
independientes. Consúltese página de Internet: www.scjn.gob.mx/reforma/archivos/5775.pdf
13
Lajous, Alejandra, Los partidos políticos en México, La Red de Jonas, 2ª Edición, México 1986, pp. 15 y 21.
14
Musacchio, Humberto, Diccionario Enciclopédico de México, 11ª Reimpresión, Colombia 1997, T II (M-Z), p.
1484.
15
González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, Ibíd., p.96.
16
Ibíd., p.97.
12
24
A partir de la fundación del PNR, el 4 de marzo de 1929 –disuelto y reconstruido, el 30 de
marzo de 1938, con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y rebautizado, el
30 de marzo de 1946, con el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI) –, se
puede hablar de manera real y no solamente formal y legal de la existencia de un sistema de
partido en México.
La Ley Electoral de 1946, definió a los partidos como asociaciones constituidas por
ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, para fines electorales y de
orientación; reguló sus estatutos, programas, órganos fundamentales, condiciones de
registro más elaboradas, representación de los partidos políticos nacionales ante los
organismos y casillas electorales, obligación de formar confederaciones nacionales,
coaliciones y aún más, su facultad de recurrir a la Secretaría de Gobernación para investigar
a cualquier partido político, con el fin de mantener a los partidos dentro de la ley. Pero sobre
todo, esta nueva legislación, concedió a los partidos el monopolio de registro de candidatos
de elección popular. A partir de este momento, los partidos ya no dependieron de los
candidatos, sino éstos de los partidos políticos, circunscribiendo al sistema electoral
mexicano en un sistema cerrado de partidos.17 Desde la promulgación de esta Ley, la
normatividad electoral ha sido rígida al restringir la participación de nuevos partidos en las
elecciones federales.
El sistema de partidos en México, de acuerdo con la tipología sartoriana fue hegemónico
(1929); luego, predominante (1988) y, finalmente, multipartidista (1997) hasta nuestros días.
En este tenor, con la alternancia del Partido Acción Nacional en la gubernatura de Baja
California en 1989, comenzó la era de los gobiernos divididos, compartidos y yuxtapuestos
en los estados y municipios. Consecuentemente, una nueva relación entre los poderes
públicos en los distintos ordenes de gobierno, particularmente, entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo.
Actualmente, la doctora María Amparo Casar, apunta que el texto, La democracia en México,
es uno de los primeros análisis que presenta una visión realista del poder, echando por tierra
la idea de un poder presidencial ilimitado, en donde Pablo González Casanova diferenciaba
los poderes formales de los poderes reales y examinaba su peso en las decisiones
gubernamentales, particularmente, del poder de caciques locales, del ejército, del clero, de
los latifundistas y de los empresarios nacionales y extranjeros; incorporando ahora, los
grandes sindicatos, los monopolios públicos, los oligopolios, las empresas dominantes y, en
el ámbito de la ilegalidad, el crimen organizado y el narcotráfico.18
2.2. Los Poderes Ilegales.
El Informe de la Democracia en América Latina elaborado por prestigiosos consultores y
asesores por encargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
señala a los poderes ilegales como una de las causas de las limitaciones de las democracias
latinoamericanas, los cuales están relacionados con todo tipo de actividades ilícitas: tráfico
de drogas, contrabando, prostitución, juego clandestino, etcétera.19
17
Garay Morales, Leonor, Op. Cit.
Casar, María Amparo, Op. Cit.
19
La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 161.
18
25
El narcotráfico es considerado como uno de los principales riesgos –además de las
limitaciones internas (grupos de interés empresariales) y externas (mercados internacionales
y organismos internacionales de crédito)–, que podrían amenazar el buen funcionamiento del
orden democrático; e implica, un doble desafío: directamente intenta controlar parte del
aparato estatal y partes significativas del territorio e, indirectamente, atraer la atención del
gobierno de Estados Unidos limitando aún más la esfera de acción de los gobiernos
nacionales. En relación con la corrupción, particularmente, con el “dinero sucio” tiene efectos
devastadores sobre el comportamiento de una parte de los dirigentes políticos y el
funcionamiento de las instituciones,20 fundamentalmente, de las instituciones responsables
de seguridad y la procuración de justicia, que reflejan la crisis de la seguridad pública; es
decir, la pérdida de confianza ciudadana en estas instituciones.21 Pero, ¿qué es la
delincuencia organizada?
La delincuencia organizada o criminalidad organizada se distingue de la criminalidad
ordinaria por la planificación de los procedimientos, la división del trabajo, determinada por la
duración específica, que caracteriza a la realización; la aplicación de mecanismos
semejantes a los empresariales, la influencia direccionada sobre la política, los medios de
comunicación, la administración pública y la justicia, así como la aplicación de la violencia. Al
respecto, el Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C., nos define
al crimen organizado como “un esfuerzo de monopolización de la fuerza ilegal frente al
monopolio de la fuerza legal que constituye el Estado”22 y señala que “es una constante
histórica que los grupos del crimen organizado realizan esfuerzos permanentes para someter
al Estado a sus designios, o al menos, para que éste no sea un obstáculo inamovible.”23
En México la inseguridad pública ha aumentado en los últimos 20 años, según estadísticas
del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI).24 De acuerdo con la
Gaceta Informativa 15, DIAGNÓSTICO DE LA INSEGURIDAD EN MÉXICO Y ENCUESTA
INTERNACIONAL SOBRE CRIMINALIDAD Y VICTIMIZACIÓN —ENICRIV/2004— de este
Instituto, desde hace dos décadas la inseguridad pública se ha convertido en el tema central
y en la principal preocupación ciudadana tanto en México como en otros países de América
Latina. A partir de la década de los 90 el problema se agudizó con el incremento de la
violencia. Delitos que eran prácticamente inexistentes en nuestros registros oficiales
comenzaron a presentarse con una incidencia cada vez mayor y más violenta.
Al respecto, presidente Felipe Calderón coincide en que desde mediados de los años 90,
empezó la violencia por la disputa de plazas, el control del mercado de drogas local y alejar a
sus rivales de esos lugares, intimidando y atemorizando, no sólo a otros criminales, sino
también a las autoridades y a la sociedad, al Gobierno y a los ciudadanos. Circunstancia que
se agravó cuando Estados Unidos, en el año 2004, levantó la prohibición de vender armas
de asalto, facilitando a la delincuencia organizada el acceso al armamento para sus
propósitos criminales y rebasando a las autoridades municipales y a algunas estatales, que
20
Ibíd., p.156.
Salazar, Ana María, Seguridad Nacional Hoy. El Reto de las Democracias, Punto de lectura, México, 2008, p.
86.
22
Autores varios del Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C., Todo lo Que Debería
Saber Sobre el Crimen Organizado en México, Océano, México, 1998, p. 21.
23
Ídem.
24
Salazar, Ana María, Op. Cit., p. 88.
21
26
no estaban preparadas para enfrentar un problema de esta magnitud y que eran sometidas,
muchas veces, mediante la corrupción o la intimidación.25
En este contexto, el 2 de septiembre de 2009, el Presidente Felipe Calderón planteó como
noveno eje temático de su mensaje sobre el estado que guarda la administración pública
federal, profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen organizado y enfocar
principalmente el fortalecimiento de acciones contra delitos como el robo, la extorsión y el
secuestro.
La administración de Calderón se ha propuesto recuperar la fortaleza del Estado y la
seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras
expresiones del crimen organizado, aplicando la fuerza del estado, en el marco de la ley,
para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y
otras organizaciones delictivas. Para ello, nos detalla en su Tercer Informe de Gobierno, que
ha combatido el narcotráfico; de forma tal, que ha realizado golpes importantes a las
estructuras del crimen organizado y en récords mundiales en cuanto a decomisos y
aseguramientos; e implementado, operativos de manera permanente y sistemática
operativos contra el narcotráfico, en 16 entidades federativas: Aguascalientes, Baja
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán,
Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Actualmente en México se presentan modalidades nuevas en torno al secuestro, como el
secuestro exprés (que se refiere a la privación ilegal de la libertad de una persona por unas
horas), la extorsión (en la que se amenaza a la víctima o a sus familiares de un posible
secuestro para conseguir una recompensa) y el secuestro virtual (en el que se da la falsa
noticia a familiares de que se tiene secuestrada a una persona); a grado tal, que a nivel
mundial, México ostenta el número uno en secuestros tradicionales y de tipo exprés, según
estudio dado a conocer a mediados del mes de mayo de 2010 por parte de Alejandro
Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y quien a su vez
preside también el Consejo Nacional de Seguridad Privada.
En este mismo mes se dio la desaparición del ex candidato presidencial Diego Fernández de
Cevallos. Situación que ha despertado diversos comentarios y especulaciones de la opinión
pública, fundamentalmente, de los medios de comunicación, tanto impresos como
electrónicos; a grado tal, que privó la autocensura del Noticiero Televisa, al señalar que ya
no hablarían sobre el asunto por respecto a la familia de Diego.
Por lo pronto, el problema del secuestro se ha agudizado en nuestro país, con más de 8 mil
casos denunciados al año, según el estudio del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial,
cuyo presidente Alejandro Desfassiaux, sostiene que ahora "todos somos potenciales
víctimas de este delito", en razón de que en antaño las víctimas eran personas de alto poder
adquisitivo, pero en los últimos tiempos la tendencia ha cambiado.
Sin duda, la tendencia ha cambiado y la percepción26 de la gente también, pero en la
coyuntura electoral de 2010, el poder fáctico de la delincuencia organizada ha focalizado y
dirigido su mira a la clase política.
25
Mensaje de Felipe Calderón sobre la inseguridad en el país, el día 16 Junio 2010.
27
2.3. Injerencia de la Delincuencia Organizada en las Elecciones Locales de 2010.
En este año se llevaron a cabo 15 procesos electorales locales: el 16 de mayo en el estado
de Yucatán, que modificó su calendario electoral para la elección de diputados locales y
ayuntamientos, y catorce comicios electorales el 4 de julio correspondientes a los estados de
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, de conformidad con la
reforma al artículo 116, fr. IV, inciso a) Constitucional, que mandata a las Entidades
Federativas del país para que realicen sus jornadas electorales el primer domingo de julio del
año que corresponda, con excepción de los Estados cuyas jornadas electorales se celebren
en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal.
Pero, más allá de los resultados, ¿cuáles son las lecciones de las elecciones?
A unos cuantos días de las elecciones para renovar el Congreso local y los 106
ayuntamientos del estado de Yucatán, el aspirante panista a la presidencia municipal de
Valle Hermoso del estado de Tamaulipas, José Mario Guajardo, fue baleado y asesinado
junto con su chofer.
Por otra parte, en la última semana del mes de mayo, el candidato a gobernador del estado
de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, postulado por los partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Convergencia para las elecciones del 4 de julio, fue detenido en el
aeropuerto de Cancún, bajo la orden de captura, que dio el juzgado segundo de distrito de
procedimiento penales federales en el estado de Nayarit (oeste), aunque la petición de la
orden de captura procedió del fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
contra la Salud adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO). Una semana más tarde, fue procesado por un juez federal, quién abrió
un proceso penal por narcotráfico y lavado de dinero; además de vincularlo con los cárteles
de los hermanos Beltrán Leyva y los Zetas, según informó el Consejo de la Judicatura. De
esta manera, Sánchez, se convierte en el primer caso de un candidato que es detenido por
presuntos vínculos con el narcotráfico.
En los albores del Mundial de Futbol, el 16 de junio, el presidente Felipe Calderón, anunció
su lucha contra toda expresión del crimen organizado que afecte a los ciudadanos. Para ello,
estableció La Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes principales:
1º Operativos Conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos.
Con los Operativos, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal se despliegan en
varias zonas para restablecer condiciones mínimas de seguridad y enfrentar a los
criminales.
2º La depuración y el fortalecimiento de las policías y las instituciones en general,
vinculadas con la seguridad y con la justicia.
3º Rediseño del marco legal para abatir la impunidad, y
4º Prevención y fortalecimiento del tejido social.27
26
Prácticamente 4 de cada 5 ciudadanos en México consideran que las condiciones en las que vivimos hoy son
menos
seguras
que
las
que
teníamos
hace
un
año.
Véase
página
web:
http://72.52.156.225/Estudio.aspx?Estudio=seguridad-mexico-mucd
27
Ídem.
28
No obstante, a seis días de las elecciones en el estado de Tamaulipas, el candidato a
gobernador por el PRI, Rodolfo Torre Cantú, fue emboscado y acribillado por la “delincuencia
organizada”. Hecho sin precedente en la historia política de nuestro país.
Ante este escenario, a tres días de las elecciones del 4 de julio, la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) firmó el Protocolo de Coordinación para la Seguridad Pública durante
la Jornada Electoral, con los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala y
Zacatecas. Cabe señalar, que este protocolo ya había sido suscrito por los estados de Baja
California, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz con el objetivo de
garantizar que los procesos electorales se llevaran a cabo en condiciones de gobernabilidad,
seguridad, paz social y legalidad, por medio de la coordinación operativa de las fuerzas de
seguridad pública y así, salvaguardar el derecho que tienen los mexicanos de elegir a sus
gobernantes por medio del voto libre, auténtico y efectivo. Para ello, se propuso que los
Grupos de Coordinación Operativa, en cada entidad federativa, se apegaran a un protocolo
que establece criterios objetivos y homogéneos para la coordinación, operación e
información de las fuerzas de seguridad pública federal, estatales y municipales, a fin de que
la jornada electoral se celebrara de manera pacífica y en el marco de la ley.28
Sin embargo, en el estado de Hidalgo, en la noche previa a la jornada electoral del 4 de julio,
un grupo de presuntos integrantes del cártel de los Zetas ejecutó al titular de Seguridad
Pública y al subdirector de Seguridad del municipio de Actopan, Raymundo Apatiga e Isaías
Pérez, respectivamente; en el estado de Chihuahua, amanecieron cuatro hombres
asesinados y colgados de distintos puentes de la ciudad; en la entidad de Tamaulipas, en
donde fue asesinado el candidato del PRI a gobernador, Rodolfo Torre, fuentes policiales
reportaron que antes del amanecer otros siete cadáveres, seis civiles y un policía, fueron
acribillados tras un tiroteo entre un grupo de hombres armados y un retén; en el estado de
Chiapas, un líder indígena vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue
acribillado la madrugada de este domingo en Tenejapa, cuando regresaba de trabajar; y, en
el estado de Guerrero, otros dos cadáveres fueron encontrados este domingo tras un
tiroteo.29
Aunadas las condiciones climatológicas (huracanes) y la alta violencia registrada por la
delincuencia organizada, no debe sorprendernos que algunas entidades hayan registrado 60
por ciento, y más, de abstencionismo electoral como Chihuahua (64.2 por ciento),
Tamaulipas (60.3 por ciento) y Baja California (60 por ciento). Más aún, por estar
considerados entre los estados más violentos de México; así lo confirman, los datos sobre el
índice de homicidios de 2008 dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI):
a) Chihuahua registró la tasa más alta del país en índice de homicidios con el
52.7 por ciento, tan solo en Ciudad Juárez se han acumulado 1,391 asesinatos
en lo que va de 2010, según un recuento de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE);
b) Tamaulipas tuvo un índice de homicidios de 17.4 por ciento, menor a la media
nacional. Sin embargo, a lo largo del año en su territorio han ocurrido numerosos
hechos de violencia, como enfrentamientos entre soldados y presuntos
narcotraficantes, bloqueos a vialidades, atentados contra sedes diplomáticas de
28
29
Comunicado 235 de la Secretaría de Gobernación fechado el 1 de julio de 2010.
Véase página web: http://www.tintajarocha.com/rp_not.php?id=4078
29
Estados Unidos y el asesinato de dos candidatos, José Mario Guajardo Valera,
abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Valle Hermoso, y
el priista Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura; y,
c) Baja California, sede del cártel de las drogas de Tijuana, tuvo un índice de
homicidios de 43.5 por ciento cuando la media nacional fue de 23.3 por ciento.
A pesar de la injerencia de la delincuencia organizada con la clase política, se llevaron a
cabo comicios electorales locales para renovar 1633 cargos de representación popular en
quince entidades federativas: la elección de 506 diputados locales; doce gubernaturas y
1115 ayuntamientos, exceptuando a 418 ayuntamientos del estado de Oaxaca que se rigen
por el Sistema de Derecho Consuetudinario. Empero, ¿cómo quedó configurada la
integración de los congresos locales, los sistemas de partidos y la relación entre los poderes
públicos, particularmente, entre el legislativo y ejecutivo estatales?
2.4. Nueva Composición de los Congresos Locales 2010.
Actualmente, ninguna de las fuerzas políticas tiene mayorías calificadas y absolutas en las
cámaras del Congreso de la Unión. En este tenor, como resultado de las elecciones locales
del 4 de julio pasado, el Sistema Político Mexicano presenta una nueva configuración:
En relación con las legislaturas estatales, existen un sistema de partido hegemónico
(Coahuila); 13 con sistemas de partidos predominantes (Aguascalientes, Baja California,
Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit,
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán); 9 multipartidistas ( Baja California Sur, Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas) y 9 bipartidistas
(Campeche, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz).
Cabe destacar, que el Congreso del Estado de Baja California es el único en la República
Mexicana que tiene un gobierno dividido; es decir, donde el partido del gobernador (PAN) no
tiene la mayoría absoluta sino otro partido (PRI); además, en 18 congresos locales ningún
partido controla por sí solo el 50 por ciento de los asientos en el pleno de su recinto
legislativo, tales son los casos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, lo que significa que las fuerzas
políticas tendrán que establecer acuerdos y consensos para construir “conjuntos ganadores”
o coaliciones legislativas para formular políticas públicas y, por ende, promover reformas a la
Constitución, a leyes secundarias y reglamentarias.
Respecto a las gubernaturas, el PRI gobierna 19 entidades federativas, el PAN 5, el PRD 5 y
tres estados son gobiernos producto de las alianzas o coaliciones electorales opositoras, a
saber: Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
No obstante, la era de los gobiernos divididos, compartidos y yuxtapuestos comienzó con la
alternancia del Poder Ejecutivo en el estado de Baja California por parte del Partido Acción
Nacional (PAN) derivado de los resultado las elecciones locales del 2 de julio de 1989.
Circunstancia que se acentúa más, cuando el PAN conquista la segunda gubernatura, en
1991 en Guanajuato y la tercera en Chihuahua; tres años después, en 1995, cuando ratifica
en Baja California y Guanajuato, e incorpora Jalisco. Posteriormente, en 1997, el PAN triunfa
en Nuevo León y Querétaro. A la par, en este año, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) gana las elecciones del Distrito Federal; en 1998, Tlaxcala y Zacatecas, y en 1999
conquista Baja California Sur.
30
El precedente de las alianzas electorales opositoras al PRI en las entidades de Oaxaca,
Puebla y Sinaloa se localiza en el estado de Nayarit en 1999 con la coalición PAN-PRD-PTPRS.30
2.4.1. Elección de Yucatán.
La primera alternancia en el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán surgió con Patricio
Patrón Laviada (2001-2007) al ganar el PAN las elecciones para gobernador. No obstante, el
PRI recuperó el “escaque político” con Ivonne Ortega Pacheco (2007-2013).
Con los comicios del 16 de mayo en el estado de Yucatán, arrancaron las primeras
elecciones estatales del año en nuestro país, de un total de quince. Hasta antes de estos
comicios electorales, la correlación de fuerzas favorecía al grupo parlamentario del PRI, que
tenía 14; seguido del grupo parlamentario del PAN con 9 y las representaciones del PRD y
PTSY tenían uno cada una, de un total de 25 congresistas (15 de mayoría relativa y 10 de
representación proporcional). En este contexto, el partido (PRI) de la gobernadora Ivonne
Ortega tenía la mayoría absoluta para impulsar reformas a leyes secundarias y
reglamentarias, pero no tenía la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la
totalidad de los integrantes del Poder Legislativo para impulsar reformas a la Constitución
estatal y, por tanto, para lograr este propósito tenía que coaligarse con otros partidos.
Como resultado de las elecciones locales del 16 de mayo, la correlación de fuerzas cambió
y, por ende, la composición de Congreso del Estado de Yucatán: el grupo parlamentario del
PRI pasa de 14 a 15 diputados locales (60 por ciento); el grupo parlamentario del PAN
cuenta con 6; los grupos parlamentarios del PRD y PVEM cuenta con dos cada uno y otra
representación política un diputado. Consecuentemente, el sistema de partido predominante
se mantiene y el partido de la gobernadora conserva la mayoría absoluta.
2.4.2. Elecciones en Catorce Estados.
El pasado 4 de julio se renovaron 1502 cargos de representación popular en los 14 estados;
es decir, la elección de 481 diputados locales; doce gubernaturas y 1009 ayuntamientos.
Pero, ¿cuál era la correlación de fuerzas hasta antes de las elecciones?
1. Gubernaturas: Los 14 estados que tuvieron comicios electorales comprenden un población
de 40 millones 503 mil 475 habitantes; es decir, representan el 39.2 por ciento de la
población en México, según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el
INEGI. En este tenor, el PRI gobierna 9 (Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz); seguido del PAN con 3 (Aguascalientes,
Baja California y Tlaxcala) y el PRD con 2 (Chiapas y Zacatecas). Con excepción de Baja
California y Chiapas, en el resto se disputan elecciones para elegir gobernador.
2. Legislaturas estatales: 14 estados tenían en común la renovación de los congresos, de los
cuales sólo Aguascalientes se caracteriza como un gobierno dividido, en donde el partido del
gobernador (PAN) no tiene la mayoría absoluta en la legislatura, ya que la tiene el grupo
parlamentario del PRI para impulsar reformas a leyes secundarias o reglamentarias y, por
30
Espinoza Valle, Víctor Alejandro, Alternancia Y Transición Política ¿Cómo gobierna la oposición en México?,
“Una Década de Alternancia Política en México”, El Colegio de la Frontera Norte-P Y V, México, 2000, pp. 10-11
31
ende, existe un sistema de partido predominante, al igual que en las legislaturas estatales de
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz –con
excepción del Congreso de Chihuahua, que tiene un bipartidismo–, en donde el PRI es
gobierno. De acuerdo con su integración los congresos de Baja California y Tlaxcala,
respectivamente, tienen un bipartidismo y en las legislaturas de Chiapas y Zacatecas
prevalece un sistema multipartidista; y
3. Ayuntamientos: Con excepción del estado de Hidalgo, en el resto de las entidades
federativas se renovaron 1009 ayuntamientos, sin considerar los 418 municipios del estado
de Oaxaca que se rigen por el principio de usos y costumbres. En el estado de
Aguascalientes, de 11 Ayuntamientos, el PAN tiene el 45.45 por ciento de presidentes
municipales; Baja California, de 5 ayuntamientos, el PAN cuenta con el 48 por ciento;
Chiapas, de 118 ayuntamientos, el PRI tiene el 35; Chihuahua, de 67 ayuntamientos, el PRI
tiene el 45.4; Durango, de 39 ayuntamientos, el PRI tiene el 57; Oaxaca, de 570
ayuntamientos, el PRI tiene el 60; Puebla, de 217 ayuntamientos, el PRI tiene el 63.4;
Quintana Roo, de 9 ayuntamientos, el PRI tiene el 56; Sinaloa, de 18 ayuntamientos, el PRI
tiene el 57.5; Tamaulipas, de 43 ayuntamientos, el PRI tiene el 60; Tlaxcala, de 60
ayuntamientos, el PAN tiene el 43; Veracruz, de 212 ayuntamientos, el PRI cuenta con el 60
y, Zacatecas, de 58 ayuntamientos, el PRI cuenta con el 37 por ciento de presidentes
municipales.
A partir de las elecciones del 4 de julio, la correlación de fuerzas cambio en los catorce
congresos locales.
2.4.2.1. Aguascalientes.
El PAN ha gobernado de manera consecutiva la entidad de Aguascalientes desde 1998
hasta el año 2010: Primero con Felipe González (1998-2004); segundo con Juan José León
Rubio (2004-2004) y tercero con Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010). Sin embargo,
ahora será administrado por el PRI, es decir, gobernado por Carlos Lozano de la Torre,
quien fue postulado por el PRI-PVEM-PANAL. Asimismo el PRI tendrá una mayoría absoluta
en el Congreso del Estado con 16 diputados (59 por ciento); seguido del grupo parlamentario
del PAN con 4; el grupo parlamentario del PVEM con 2; las representaciones parlamentarias
de PRD y PT cada uno, y otras representaciones con 3 diputados. Por tanto, no tendrá
ningún problema en impulsar reformas a leyes secundarios o reglamentarias, sólo tendrá que
coaligarse o aplicar la “regla de absorción” con 2 grupos o representaciones parlamentarias
para promover reformas a la Constitución.
2.4.2.2. Baja California.
Desde hace 21 el PAN gobierna el estado de Baja California: Primero con Ernesto Ruffo
Appel (1989-1995); segundo con Héctor Terán Terán (1995-2001); tercero con el interinato
de Alejandro González Alcocer (1998-2001); cuarto con Eugenio Elorduy Walther (20012007) y quinto con José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013). Aunque ahora el partido del
gobernador perdió la mayoría relativa, pues el PRI obtuvo 13 escaños (52 por ciento), o sea,
la mayoría absoluta; seguido del PAN con 9, las representaciones parlamentarias del PRD y
PT uno cada uno y otras representaciones un legislador. Cabe destacar, que en el
bipartidismo transitó a un sistema de partido predominante y se caracteriza como un
gobierno dividido al tener el PRI la mayoría absoluta del Congreso en una entidad gobernada
por el blanquiazul.
32
2.4.2.3. Chiapas.
Desde hace diez años el PRI perdió la gubernatura en el estado de Chiapas: Primero con
Pablo Salazar Mendicuchía (2000-2006) y, posteriormente, con Juan Sabines Guerrero
(2006-2012). Sin embargo, el partido del gobernador (PRD) no tiene la mayorías calificadas y
absolutas en el Congreso local debido a que se mantiene el multipartidismo: el PRI obtuvo
12 escaños (30 por ciento); seguido del PAN con 9; el PRD, 8; el PVEM, 6; el PT, 2, y otros
partidos tienen 3 escaños. Por tanto, cualquier reforma constitucional, a leyes secundarias y
reglamentarias que pretenda promoverse tendrá que consensuarse entre las fuerzas
políticas, a fin de construir “conjuntos ganadores”.
2.4.2.4. Chihuahua.
Con Francisco Barrio Terrazas (1992-1998), postulado por el PAN, se dio la alternancia en el
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua hace dieciocho años. Ahora, con el triunfo de
César Duarte Jáquez postulado por PRI-PVEM-PANAL-PT en estas elecciones locales, el
PRI ratifica su gobierno por un tercer sexenio consecutivo, al obtener 20 escaños (60 por
ciento), a través de los cuales podrá impulsar reformas a leyes secundarias y reglamentarias.
Previo a estos comicios electorales, el partido (PRI) del gobernador José Reyes Baeza tenía
una mayoría relativa en el Congreso local con 15 escaños; seguido, del grupo parlamentario
del PAN con 12 curules. En suma, el sistema bipartidista transitó a un sistema de partido
predominante.
2.4.2.5. Durango.
Una de las elecciones más reñidas y competitivas que tuvo el PRI con la alianza PRD-PANConvergencia fue la de gobernador en el estado de Durango, particularmente, entre Jorge
Herrera Caldera y José Rosas Aispuro Torres, respectivamente. En cuanto a la composición
del Congreso el partido del gobernador Herrera tendrá la mayoría absoluta en el pleno del
recinto oficial a pesar de las impugnaciones. Con ello, el Poder Ejecutivo se mantiene sin
alternancia y el PRI se mantiene como partido predominante en el ejercicio del gobierno.
2.4.2.6. Hidalgo.
Al igual que en Durango, en el estado de Hidalgo el PRI no ha perdido ninguna elección de
gobernador desde que se instituyó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El
gobernador electo Francisco Olvera Ruiz postulado por la alianza electoral PRI-PANALPVEM derrotó a la alianza PAN-PRD-Convergencia-Hidalgo Nos Une, que postuló a Xochitl
Gálvez Ruiz. Consecuentemente, el partido del gobernador Olvera se mantiene como
predominante al tener la mayoría absoluta en el pleno del recinto legislativo con 16 escaños
de un total de 30; seguido del grupo parlamentario del PRD con 4, PAN 3; PVEM uno y otras
representaciones con 6 curules.
2.4.2.7. Oaxaca.
Después de 82 años de hegemonía y predominio en el estado de Oaxaca, el PRI por primera
vez perdió la elección de la gubernatura al ser derrotado el candidato Eviel Pérez Magaña de
la alianza electoral PRI-PVEM por el candidato Gabino Cué Monteagudo, quien fue
postulado por la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia. Ante esta primera alternancia en el
33
Poder Ejecutivo de Estado, es importante destacar que ninguna de las fuerzas políticas en el
seno del Congreso local tiene la mayoría absoluta. Por tanto, el gobernador electo Gabino
Cué Monteagudo para promover reformas a leyes secundarias y reglamentarias tendrá que
mantener la coalición legislativa que lo llevó a este cargo público, fundamentalmente, entre el
PAN, PRD y PT, que tienen 11, 9 y 2 legisladores, respectivamente, y que constituyen un
conjunto ganador para formular políticas públicas en la entidad.
2.4.2.8. Puebla.
De igual forma que en el estado de Oaxaca, el PRI no había perdido la gubernatura del
estado de Puebla desde que se instituyó el PNR en 1929. La alianza electoral establecida
entre el PAN-PRD-PANAL-Convergencia, quién postuló a Rafael Moreno Valle, ganó las
elecciones para gobernador a la alianza PRI-PVEM derrotando a su candidato Javier López
Zavala. En este sentido, el gobernador electo Moreno Valle para lograr la aprobación de la
mayoría absoluta e impulsar reformas a leyes secundarias y reglamentarias en el pleno del
recinto legislativo tendrá que mantener la coalición legislativa entre el PAN, PRD, PT y otras
representaciones parlamentarias, quienes cuentan con 14, 4, 2 y 3 diputados,
respectivamente, los cuales en suma constituyen el conjunto ganador para la formulación de
las políticas públicas.
2.4.2.9. Quintana Roo.
En el estado de Quintana Roo el PRI no ha perdido ninguna elección de gobernador desde
que se instituyó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. Los resultados de las
elecciones locales del 4 de julio favorecieron a Roberto Borge Angulo, candidato a
gobernador de la alianza electoral del PRI-PVEM-PANAL. Es importante señalar, que
Gregorio Sánchez, postulado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
Convergencia fue procesado por narcotráfico y lavado de dinero, quedando inhabilitado
como candidato; a grado tal, que esta alianza electoral junto con el PT nominaron a otro
candidato, Francisco Gerardo Mora Vallejo. Por su parte, el PAN postuló a Alicia Ricalde
Magaña como candidata para la gubernatura.
No obstante, el partido (PRI) del gobernador Borge Angulo tendrá que mantener su alianza
con el PVEM para construir coaliciones legislativas debido a que tiene una mayoría relativa
con 11 legisladores de un total de un total de 25 integrantes del Congreso del Estado;
seguido del grupo parlamentario del PRD con 4; PAN con 3; PT con 2, y otras
representaciones con 2 congresistas. Sin embargo, tendrá que coaligarse con otras fuerzas
políticas para impulsar reformas a la constitución.
2.4.2.10. Sinaloa.
En el estado de Sinaloa, al igual que Oaxaca y Puebla, el PRI había mantenido su
hegemonía y predominancia en el gobierno desde 1929. Como resultado de las elecciones
para gobernador, el 4 de julio, Mario López Valdez, postulado por la alianza electoral PANPRD-Convergencia, alternó en el Poder Ejecutivo del Estado derrotando a Jesús Vizcarra
Calderón, candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL. Sin embargo, en el seno del Congreso
local, el grupo parlamentario del PRI tiene la mayoría relativa con 19 legisladores; seguido
del PAN con 13; PRD con 2; PT y PVEM con uno cada uno, y otras representaciones con 4
diputados. Ante este escenario, el gobernador López para aprobar iniciativas de ley o
34
reformas a la constitución tendrá que tejer fino y construir coaliciones legislativas no sólo con
los partidos que los postularon sino con los grupos parlamentarios del PRI y PVEM.
2.4.2.11. Tamaulipas.
A pesar del homicidio y ante la imposibilidad de cambiar el nombre en las boletas electorales
para elegir gobernador del Estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, postulado por el
PRI, ganó los comicios electorales. No obstante, ante la sustitución en el organismo
electoral, en tiempo y forma, será su hermano Egidio quién encabezará la gubernatura con
un congreso local dominado por el PRI con 22 legisladores de un total de 36; seguido del
grupo parlamentario del PAN con 5; PVEM con 3; PRD con 2; PT con uno, y otras
representaciones con 3 diputados. En suma, el PRI conserva su predominancia en el Poder
Legislativo del Estado, lo que le permitirá impulsar reformas a leyes secundarias y
reglamentarias, aunque tendrá que aplicar la “regla de la absorción” de dos legisladores para
impulsar reformas a la constitución local, o bien, mantener su alianza con el PVEM y el
PANAL para construir coaliciones legislativas.
2.4.2.12. Tlaxcala.
En el estado de Tlaxcala esta es la tercera ocasión en que se da la alternancia en el Poder
Ejecutivo: la primera vez, fue con Alfonso Sánchez Anaya (1999-2005) postulado por el PRD;
la segunda con Héctor Israel Ortiz Ortiz (2005-2011) nominado por el PAN y esta última con
Mariano González Zarur, quién fue candidato de la alianza PRI-PVEM junto con partidos
locales.
No obstante, el partido (PRI) del gobernador electo González Zarur tiene al igual que el
grupo parlamentario del PAN 12 legisladores de un total de 32 integrantes; seguidos del PRD
con 3; PT con 2, y las representaciones parlamentarias con 3 diputados, lo cual significa que
tendrá que dialogar, establecer acuerdos y consensos para construir coaliciones legislativas
a fin de formular y ejecutar políticas públicas correspondientes.
2.4.2.13. Veracruz.
El PRI no ha perdido ninguna elección de gobernador en el estado de Veracruz desde que
se instituyó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. Circunstancia, que ratifica en
las elecciones del 4 de julio con el triunfo de Javier Duarte De Ochoa, postulado a la
gubernatura por la alianza electoral PRI-PVEM junto con partidos locales derrotando a los
candidatos del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, y Dante Delgado Rannauro, de la alianza
PRD-PT-Convergencia.
El gobernador Duarte De Ochoa cuenta con la mayoría relativa de legisladores de su partido
(PRI) en el Congreso del Estado; es decir, 25 de un total de 50 miembros; seguido del grupo
parlamentario del PAN con 19; PRD con 2; PVEM con uno, y otras representaciones con 3
diputados. Ante esta correlación de fuerzas, el partido del gobernador para garantizar la
mayoría absoluta requiere mantener la alianza con el PVEM para construir coaliciones
legislativas que le permitan promover y aprobar reformas a leyes secundarias y
reglamentarias. Empero, para impulsar reformas a la constitución local tendrá que coaligarse
con las fuerzas políticas opositoras.
35
2.4.2.14. Zacatecas.
En el estado de Zacatecas la primera ocasión que se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo
fue con el PRD, quien postuló a Ricardo Monreal Ávila (1998-2004) y, posteriormente, a
Amalia García Mediana (2004-2010). Como resultado de las elecciones para gobernador,
llevadas a cabo el 4 de julio, el PRI recuperó el “escaque político” al nominar como candidato
Miguel Alonso Reyes, junto con otras fuerzas políticas. Sin embargo, dada la composición
del Congreso en donde ninguno de los grupos parlamentarios tiene mayoría absoluta, el
gobernador Alonso Reyes tendrá que dialogar y consensar acuerdos que le permitan
construir coaliciones legislativas, pues existe un sistema multipartidista, en donde el PRI
tiene una mayoría relativa de 9 legisladores de un total de 30 integrantes; seguido del PAN
con 6; PRD con 5; PT con 4; PVEM con uno, y otras representaciones parlamentarias con 5
congresistas.
2.5. Comentario Final.
A partir de este diagnóstico de fuerzas se puede develar cuáles son las perspectivas para
construir coaliciones legislativas, fundamentalmente, en los 18 congresos locales, en donde
ningún partido controla por sí solo el 50 por ciento de los asientos en el pleno de su recinto
legislativo; además de vislumbrar la eficacia y la eficiencia en la formulación,
implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en un escenario de
gobiernos divididos, compartidos y yuxtapuestos en nuestro sistema político. Mas ahora, que
la delincuencia organizada, ha focalizado a la clase política como su blanco.
36
3. Poderes Fácticos en Textos.
Gloria del C. Hernández Morales
Con el afán de promover y difundir el acervo que resguarda la Biblioteca del H. Congreso del
Estado de Guanajuato ―José Aguilar y Maya”, y con el objeto de ponerlo a su disposición
para consulta, en esta entrega número 46 de Apuntes Legislativos, en la que se aborda el
tema relativo a los “Poderes Facticos”, presentamos 5 ejemplares que abordan el tópico que
nos atañe
El primero de ellos se titula ―Foro para la Regulación de la Cannabis en México‖, cuya
edición estuvo a cargo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Foro
comprendió varios ejes temáticos, poniéndose como objetivo el de responder diversas
interrogantes como por ejemplo: ¿cuál es la actual política hacia las drogas y en específico
hacia la cannabis?, ¿Es la prohibición el instrumento más eficaz para reducir el consumo de
sustancias; contener la violencia social y garantizar la salud pública?, ¿Qué problemática
representa para México, la despenalización de la cannabis considerando el entorno global?,
¿Qué impacto tendría en la salud pública; la economía y la seguridad pública su regulación?,
¿Cuál ha sido la experiencia de otros países en esta materia?, ¿Cuál es el margen de
maniobra del que dispone el país, dada nuestra actual legislación en la materia y su
vinculación con los tratados internacionales?, ¿Debe la planta de cannabis permanecer en la
Lista I de las sustancias controladas por la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) en el marco de los tratados de la ONU?. Estas y otras preguntas
fueron los ejes temáticos del Foro convocado por la Cámara de Diputados en 2009.
«Foro para la regulación de la Cannabis en México»
H. Cámara de Diputados. Congreso de la Unión.
LX Legislatura: México, D.F.
LX Legislatura: 2009.
174 pág. (Foro) [No. Eje] 1.

Jefe de Departamento de la Biblioteca ―José Aguilar y Maya‖ del Congreso del Estado de Guanajuato.
37
El segundo de los libros denominado ―La
política mexicana de telecomunicaciones‖.
Presenta un panorama completo de los
marcos jurídicos que dan sustento a la
política del gobierno federal en el campo
de las telecomunicaciones. Compendia y
analiza 234 ordenamientos jurídicos que
regulan y orientan nueve campos de las
telecomunicaciones; vías generales de
comunicación,
telecomunicaciones,
comunicación de satélite, redes, espectro
radioeléctrico,
radiocomunicaciones,
radioafinadores, servicio telefónico y
telégrafos. Adicionalmente, considera
otros sectores relevantes que inciden
sobre el tema como son inversión
extranjera, régimen fiscal, competencia
«La política mexicana de telecomunicaciones»
económica y medios electrónicos entre
Biebrich Torres, Carlos Armando y Spíndola Yáñez,
Alejandro. México, D.F.
otros. Mediante un atractivo método de
LX Legislatura/Miguel Ángel Porrúa: 2008.
indicadores cuantitativos el lector podrá
471 pág. (Telecomunicaciones) [No. Eje] 1.
percatarse de la velocidad de la velocidad
a la que se actualiza la legislación, los rezagos existentes, las lagunas por cubrirse, los
excesos que se cometen y la inseguridad jurídica que provoca las reformas constantes.
La tercera obra que ponemos a su
alcance, lleva por nombre ―Política y
Religión‖. Este trabajo es una invaluable
oportunidad de conocer México bajo la
lente intelectual y directa de un escrito
experimentado en el ensayo y en el texto
histórico, que le demuestra a su patria,
con amoroso rigor y respetuosa riqueza,
una temática que es uno de los
paradigmas a los cuales todavía se
enfrenta el espíritu de México. De una
soberbia y exhaustiva búsqueda de
fuentes verosímiles, de un recorrido lógico
a través de sucesos, ideas, personajes y
conflictos apegados todos a una estricta y
disciplinada cronológica, sin soslayar
ningún elemento histórico necesario, son
las garantías para el elector que es
llevado sobre una temática que con el
mismo cuidado evita el culto de ideas,
momentos y personalidades.
38
«Política y religión»
Arrache Hernández, Ernesto: Guanajuato.
UNIVA/IGECIP/ILA: 2009.
157 pág. (Política, Religión) [No. Eje] 1.
El cuarto de los ejemplares se titula
―Internet, Columna vertebral de la
sociedad de la información‖. Este libro
comprende un total de 16 ensayos y un
glosario que ofrecen diversas miradas
críticas para instalarnos en una óptica
multidisciplinaria que comprende los
ámbitos de las ciencias de la
comunicación, la mercadotecnia, la
filosofía, el derecho y las ciencias
computacionales. Algunos temas que se
abordan son: el sistema nacional en
México; la sociedad de la información, la
marginación digital y la educación;
oportunidades en el sector de la
tecnología de la información para la
educación básica en México, el trabajo en
«Internet, columna vertebral de la sociedad de la
la era de las redes, de las redes de la
información»
información a las redes multiculturales del
Islas, Octavio y Benassini, Claudia (coordinadores)
conocimiento; el fenómeno del Bit;
México, D.F
LIX Legislatura/Miguel Ángel Porrúa: 2005.
propaganda digital y nuevos modelos
392 pág. (Internet, sociedad, información.) [No. Eje] 1.
comunicativos; internet como medio
publicitario, las tecnologías de información en la renovación del derecho; autorregulación
regulada en Internet: una aproximación a la experiencia comparada; seguridad en el internet
de mañana; y ambientes virtuales en red y telepresencia.
Para cerrar esta sección, por último
presentamos el quinto de lo libros que se
presentan en esta edición, el cual lleva
por nombre ―El truquismo, y la maroma,
cocaína, traquetos y pistolocos en Nueva
York.
Una
antropología
de
la
incertidumbre y lo prohibido‖. Este libro
constituye una contribución originalpara la
comprensión del intricado problema del
narcotráfico y su relación con la sociedad
contemporánea. El autor se sumerge en
el violento submundo de los traficantes de
drogas y, desde ese particular campo de
observación,
reconstruye
paisajes
importantes de la subcultura del
narcotráfico en Nueva York: la imaginaria
capital del posmodernismo.
«El truquismo y la maroma, cocaína, traquetos y
pistolocos en Nueva York»
Cajas, Juan. México, D.F.
LIX Legislatura/CONACULTA/INAH/
Miguel Ángel Porrúa: 2004
318 pág. (Antropología) [No. Eje] 1.
39
4. Julio y Agosto. Fechas relevantes en el desarrollo de la Independencia y Revolución
Mexicana en Guanajuato.
DÍA
JULIO
1
1908. Muere en Palomas, Chihuahua, el precursor de la Revolución de 1910,
Francisco Manrique. Quien nació en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato., en
1884.
2
1815. Los insurgentes Moreno Rosales, Encarnación Ortiz y Rosas se enfrentan a
los realistas Orrantia y Castañon en Rincón de Ortega, cerca de Dolores Hidalgo.
Los insurgentes fueron derrotados con grandes pérdidas.
1911. Muere en el puerto de Veracruz, Veracruz, Filomeno Mata, periodista
revolucionario.
1915. Muere en París, Porfirio Díaz Mori, Presidente de México 1876-1880, 18841911.
3
1819. Muere el insurgente originario de Salamanca, Guanajuato, Andrés Delgado,
“El Giro”, en la barranca llamada “La Laborcita”, del Municipio de Juventino Rosas,
Guanajuato.
4
1815. Josefa Ortiz de Domínguez es aprehendida por los realistas por su activa
participación en el movimiento de Independencia.
1838. Nace en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el poeta romántico y liberal
Don Juan Valle.
7
1817. Las fuerzas del insurgente Francisco Javier Mina atacan la Hacienda del
Jaral de Berrio, Guanajuato, ahora municipio de San Felipe y triunfan sobre las
tropas realistas del Coronel Moncada.
8
1821. Jura de la Independencia Nacional en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
10
1910. Con Madero en la Cárcel, se realizan las elecciones. Porfirio Díaz obtiene el
triunfo con 18625 votos contra 196 votos que alcanza.
12
1813. Iturbide propone a Calleja, establecer su cuartel general en Irapuato, “por
ser éste el punto más a propósito para dirigir desde él las operaciones de la
provincia por hallarse en el centro de ella”.
14
1808. Llegan a la Nueva España las noticias de la guerra de independencia de la
Metrópoli.
1857. Es electo Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato el Licenciado
Don Manuel Doblado.
15
1914. El usurpador Victoriano Huerta, renuncia a la Presidencia de la República;
deja de encargado del gobierno al Lic. Francisco Carvajal.
1979. Muere en la Ciudad de México Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México
(1964-1970).
16
1848. Es tomada la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, por el general Mariano
Paredes Arrillaga y el Presbítero Celedonio Domeco Jarauta, contrarios a los
Tratados de Guadalupe Hidalgo que dieron fin a la intervención norteamericana en
México.
17
1928. Aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón. Presidente de México
de 1920 a 1924, asesinado en la Ciudad de México, siendo Presidente reelecto en
el restaurante de la Bombilla en San Ángel.
40
18
1848. Es fusilado en el mineral de Valenciana, Guanajuato, el Sacerdote Celedonio
Domeco Jarauta, contrario a los tratados de Guadalupe Hidalgo.
1908. Muere Jaime Nunó Roca autor de la música del Himno Nacional Mexicano.
19
1808. A la caída de Fernando VII, Rey de España, Francisco Primo de Verdad y
Ramos propone al Virrey Iturrigaray proclamar la Independencia de la Nueva
España. Se declara la autodeterminación de México por Francisco Primo de
Verdad.
1812. Aparece el primer número del periódico el Seminario Patriótico Americano.
1823. El Congreso del Estado de Guanajuato decreta el traslado de los restos de
Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Mina y Moreno a la Ciudad de México.
21
1821. Toma el poder Juan de O’Donojú, último Virrey de la Nueva España.
1823. El Congreso expide un Decreto por el que se determina la separación de las
provincias de Sonora y Sinaloa. Declara a San Miguel Culiacán como capital de
Sinaloa.
22
1800. Nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de la Escuela
Rural Mexicana.
23
1810. Don Miguel Hidalgo dio a conocer en Querétaro su plan de rebelión.
24
1812. Agustín de Iturbide derrota en las inmediaciones de Valle de Santiago, Gto., a
los insurgentes Don José María Licéaga, José María Cos y Remigio Yarza.
1814. Decreto del Virrey Félix María Calleja, conmutando la pena de muerte por 8
años de prisión en las islas Marianas al insurgente Juan Sien.
25
1921. Por decreto presidencial se crea la Secretaría de Educación Pública.
26
1863. Muere en San Miguel El Grande (hoy de Allende), Juan José de los Reyes
Martínez “El Pípila”.
27
1770. Nace en Jiquilpan, Michoacán, Anastasio Bustamante, militar iturbidista que
traiciona al Presidente Vicente Guerrero.
1817. Javier Mina ataca León, Guanajuato, y es rechazado por tropas de la Nueva
Galicia al mando del comandante Francisco falla y del Coronel Andrade.
28
1817. En Silao, Guanajuato, Pascual de Liñán acuerda con Pedro Celestino
Negrete la estrategia para el sitio al Fuerte del Sombrero.
1907. Muere en Purísima, Guanajuato, el pintor Don Hermenegildo Bustos.
1920. Francisco Villa firma el acta de su rendición. Ante los tratados de Sabinas que
pacta con el Presidente interino Adolfo de la Huerta, depone las armas y se retira a
la vida privada.
29
1856. Muere el Licenciado Bautista Morales “El Gallo Pitagórico”.
30
1811. Aniversario de la muerte de Don Miguel Hidalgo y Costilla, en Chihuahua,
Chihuahua.
31
1773. Nace en Tlalpujahua, Michoacán, Ignacio López Rayón, valiente insurgente
en la lucha de la Independencia Nacional.
Fuentes:
Actas del Congreso Constituyente del Estado Libre de Guanajuato del año de 1824.
Calendario Cívico 2009. Guanajuato escenarios de la Independencia y la Revolución, que a su vez para su elaboración se consultó el
Acervo del Archivo General del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobernación y al Mtro. Jorge Isauro Rionda Arreguín.
Rionda Arreguín Isauro, Calendario Cívico del Estado de Guanajuato, Archivo General del Estado de Guanajuato, 2003.
Efemérides Guanajuato. Tomo I, II, III y IV, Universidad de Guanajuato, 1967.
http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=467&Itemid=81
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Efemerides
41
DÍA
AGOSTO
1
Apertura del tercer período ordinario de sesiones del Congreso del Estado.
1915. Derrota de los villistas por los constitucionalistas en Valle de Santiago,
Guanajuato.
2
1915. Las fuerzas constitucionalistas al mando del General Venustiano Carranza,
toman la Ciudad de México.
3
1833. Muere en Celaya, Guanajuato, Francisco Eduardo Tres Guerras, arquitecto y
constructor de la iglesia del Carmen en esa Ciudad.
4
1817. Javier Mina rechaza el ataque al Fuerte del sombrero, al mando de 600
hombres contra más de 3 mil realistas.
5
1814. Es aprehendida en Salamanca la heroína María Tomasa Esteves.
1867. El Presidente Benito Juárez restaura la República e instala la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
6
1814. Son sorprendidos y fusilados en el rancho del Comedero (cercano a Silao)
los guerrilleros Albino García y Ramón Esparza por Gaspar López.
1913. El General Lucio Blanco y Francisco J. Mújica realizan el primer reparto de
tierras en Matamoros, Tamaulipas.
7
1812. En las inmediaciones de Salamanca e Irapuato, un destacamento insurgente
ataca el convoy que conducía García Conde.
1900. Aparece por primera vez el periódico “Regeneración”, de los hermanos
Ricardo y Jesús Flores Magón.
8
1879. Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, líder
revolucionario y reformador agrarista, autor del Plan de Ayala.
9
1782. Natalicio del General Vicente Guerrero, quien participó en la consumación de
la Independencia Nacional. Originario de Tixtla, Guerrero.
1814. Fusilamiento en Salamanca, Guanajuato, de la insurgente María Tomasa
Esteves y Salas, originaria de la misma ciudad.
10
1817. El guerrillero insurgente Francisco Ortiz “El Pachón” ataca el mineral de
Valenciana.
1860. Las fuerzas republicanas del general González Ortega derrotan en Silao,
Guanajuato, al Conservador Miramón.
11
1859. Se decreta la Ley de Reforma que determina los días festivos laicos y
prohíbe la asistencia oficial a los actos de la Iglesia.
12
1817. El Padre Torres, tratando de introducir víveres en el fuerte del Sombrero es
interceptado por el Realista Rafols en la llanura de Silao, Guanajuato.
13
1811. En Tixtla, escribe José María Morelos y Pavón a Ignacio Rayón aprobando el
formar una Junta y nombra como su representante a José Sixto Berduzco.
1914. Se firman los Tratados de Teoloyucan, ponen fin a las fuerzas federales por
la derrota de Victoriano Huerta.
14
1770. Nace en la Ciudad de México, Mariano Matamoros, considerado el brazo
fuerte de José Ma. Morelos y Pavón, junto con Hermenegildo Galeana.
1808. Se conocen en México las abdicaciones en Bayona de los reyes de España
Carlos IV y Fernando VII.
1815. En el rancho de Redondo (cercanías a San Luis Potosí) el realista Higinio
42
Juárez aprehende al insurgente Fernando Rosas, quien muere fusilado en San Luis
Potosí.
15
1808. Un grupo de hombres armados encabezados por Gabriel Yermo asaltan el
palacio virreinal tomando preso al virrey Iturrigaray, a Francisco Primo de Verdad y
a Juan Francisco Azcárate.
1914. Fuerzas Constitucionalistas al mando del General Obregón entran a la
Ciudad de México y toman la plaza de acuerdo a los Tratados de Teoloyucan.
16
1811. Don José María Morelos al mando de sus fuerzas, combate a las tropas del
realista Fuentes en la plaza de Tixtla y las derrota totalmente.
17
1813. Don Hermenegildo Galeana, cumpliendo las órdenes de Don José María
Morelos, ataca el fuerte de San Diego de Acapulco y lo toma al día siguiente.
1822. El general Juan N. Álvarez toma la Plaza de Acapulco, Guerrero, a los
realistas parapetados en el fuerte de San Diego desde el 5 de Octubre de 1821.
18
1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo.
19
1808. Se publica la Representación del Ayuntamiento de México, obra de Francisco
de Azcárate y Francisco Primo de Verdad, que postula el retorno de la soberanía al
pueblo representado por el Ayuntamiento, al no haber Rey. Se pide que el Virrey
gobierne en representación de Fernando VII, que está preso en Francia.
1811. Se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro,
Michoacán.
1821. Muere el insurgente sanmiguelense Encarnación Ortiz “El Pachón”, en la
última acción de la Guerra de Independencia, en Atzcapotzalco cerca de la Ciudad
de México.
20
1811. En Guanajuato, Guanajuato, Calleja escribe al Virrey que “La insurrección
está todavía muy lejos de calmar, ella retoña como la hidra a proporción que
se cortan sus cabezas”.
1817. Ocupa Liñan el fuerte del Sombrero.
1917. Entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México y toma de
posesión de la Presidencia de la República por don Venustiano Carranza.
21
1823. Dispone el Ayuntamiento de Guanajuato, que sea el 31 de agosto la
exhumación de los restos de los primeros héroes de la Insurgencia.
1842. Muere en la Ciudad de México, Leona Vicario, ejemplar heroína de la Ciudad
de México.
22
1813. En Acapulco muere el insurgente Fray Vicente de Santa María.
1815. Es fusilado, en San Luis Potosí, el insurgente Fernando Rosas, originario del
Mineral de Xichú, Guanajuato.
1823. Se constituye el Archivo General de la Nación.
24
1813. Es fusilado en Salvatierra, Guanajuato, el Brigadier insurgente Rubí.
1821. Se firman los Tratados de Córdoba, entre Agustín de Iturbide y el virrey Juan
O’Donojú en donde se reconoce la Independencia de México.
1872. Muere el general insurgente José María Magaña en Valle de Santiago, Gto.
25
1843. El Congreso de la Unión declara: “Benemérito de la Patria” a Guadalupe
Victoria, Primer Presidente de México.
26
1823. El Congreso mexicano declaró solemnemente a don Vicente Guerrero, el
caudillo de nuestra independencia como “Benemérito de la Patria” y a Guadalupe
43
Victoria, Primer Presidente de México.
27
1823. Exhumación de los restos de francisco Javier Mina que se encontraba frente
al fuerte de los remedios en Pénjamo, Guanajuato.
28
1872. Nacimiento del revolucionario, Praxedis G. Guerrero, en los Altos de la Ibarra,
en el Municipio de San Felipe, Guanajuato.
1913. Muere el General Cándido Navarro, en combate realizado en la Hacienda de
Santiago jurisdicción de Santana Bárbara, en los límites de los estados de
Guanajuato y San Luis Potosí.
1931. Entra en vigor en todo el país, La Ley Federal del Trabajo.
30
1915. El General Revolucionario Pascual Orozco, muere en El Paso Texas, E.U.A.
31
1823. Exhumación de los restos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez que se
encontraban en el panteón de San Sebastián en la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato.
1906. Ricardo Flores Magón, en su calidad de Presidente de la Junta Organizadora
del partido Liberal Mexicano, emitió en El Paso Texas, una circular por la que invitó
al pueblo mexicano a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz.
Fuentes:
Actas del Congreso Constituyente del Estado Libre de Guanajuato del año de 1824.
Calendario Cívico 2009. Guanajuato escenarios de la Independencia y la Revolución, que a su vez para su elaboración se consultó el
Acervo del Archivo General del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobernación y al Mtro. Jorge Isauro Rionda Arreguín.
Rionda Arreguín Isauro, Calendario Cívico del Estado de Guanajuato, Archivo General del Estado de Guanajuato, 2003.
Efemérides Guanajuato. Tomo I, II, III y IV, Universidad de Guanajuato, 1967.
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Efemerides
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=7588&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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