El franquismo, visiones y balances

Transcripción

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PUBLICACIONES
Roque Moreno Fonseret
Francisco Sevillano Calero (eds.)
EL FRANQUISMO
Visiones y balances
© Roque Moreno Fonseret
Francisco Sevillano Calero
© de la presente edición
Publicaciones de la Universidad de Alicante
Campus de San Vicente s/n
03690 San Vicente del Raspeig
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Índice
Portada
Créditos
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Totalitarismo, fascismo y franquismo: el pasado
y el fin de las certidumbres después del comunismo .
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Inmovilismo y adaptación política del régimen
franquista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glicerio Sánchez Recio
41
Las consultas populares franquistas:
la ficción plebiscitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
La política exterior del franquismo: aislamiento
y alineación internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Rosa Mª Pardo Sanz
Violencia política y represión en la España
franquista: consideraciones teóricas y estado
de la cuestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Eduardo González Calleja
Exilio y clandestinidad. Treinta años de historiografía
sobre el franquismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Abdón Mateos López
Índice
Educación y cultura en el franquismo . . . . . . . . . . 337
Francisco Moreno Sáez
La modernización de la agricultura española
y la política agraria del franquismo . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Carlos Barciela López
Economía y sociedad durante el franquismo . . . . . 560
Carme Molinero y Pere Ysàs
Epílogo. Programación de la unidad didáctica España
durante el franquismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Mariano García Andreu
Apéndice. Los testimonios orales y la enseñanza
de la historia: la represión de guerra y posguerra
en Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Miguel Ors Montenegro
Presentación
Presentación
a historia de España no es diferente, se repite con cierto esnobismo; España ha dejado de ser motivo de dolor
(¡aquel desmesurado Unamuno!) para parte de nuestra
intelectualidad finisecular, que desprende optimismo al socaire de lemas manidos. La normalidad de la historia española
(al menos desde Cánovas), la equiparación del país a Europa
y la confianza ante los retos del mercado y de la globalización
son «santo y seña» de una nueva imagen de la nación no
exenta de polémica. Pero en medio de este elíseo, ¿qué fue
aquel episodio histórico de la dictadura franquista no tan lejano?, ¿significó la culminación de un fracaso?, ¿se trató de
una perversa excepción? o ¿representó un particular desvío
que la propia normalidad del devenir histórico acabó subsanando? Quizá haya que comenzar respondiendo que toda
interpretación teleológica de la historia a partir de una concepción lineal y progresiva desde el presente acaba siendo
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Roque Moreno Fonseret, Francisco Sevillano Calero (eds.)
tan peligrosa como los viejos tópicos de la anomalía española. Lejos de afirmaciones maximalistas, la cuestión es que la
historia de España pudo ser normal, pero ¿por qué no lo fue
tanto?; otra cuestión es el presente y el «ser de España» en
este fin de siglo. Hacer una llamada de atención, reflexionar
acerca del significado del franquismo antes del cambio que
se ha producido en nuestra historia reciente, es el objeto de
las distintas visiones y balances que se recogen en esta obra
colectiva.
Los trabajos aquí presentados constituyeron otras tantas
aportaciones al curso España durante el franquismo, que se
celebró a lo largo de la primavera de 1999 en la Universidad
de Alicante gracias a la inestimable ayuda del Instituto de
Ciencias de la Educación. Pero sobremanera deseamos dejar
constancia de nuestra obligación con cada uno de los participantes en aquel curso, y coautores del presente libro, por su
amable colaboración y su celo profesional.
Son tres los aspectos en torno a los que se articulan las contribuciones a esta obra. En primer lugar, se ha prestado atención al régimen de dictadura del general Franco. Sea un tema
agotado o no, trátese más bien de una sesuda disquisición
académica, lo cierto es que la naturaleza del franquismo
sigue atrayendo la atención de los historiadores. Al menos así
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Presentación
debería ser en medio de la reciente revisión del pasado histórico y de la memoria colectiva. Un revisionismo que, en
buena parte, redivive rancios argumentos que amenazan el
recuerdo de muchos de quienes sufrieron y mantuvieron sus
convicciones bajo la dictadura. El objeto de la primera contribución, con el título Totalitarismo, fascismo y franquismo, es
repasar precisamente este debate y apuntar algunas observaciones. La configuración y el funcionamiento de la dictadura es el objeto del análisis del Prof. Sánchez Recio, quien
parte de su accidentabilidad y durabilidad para explicar el
Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista. Los
contrapuestos intereses acerca del proyecto de «nuevo
Estado» entre quienes habían apoyado la sublevación militar
en 1936 y la falta de legitimidad de origen del régimen forzaron la lenta definición jurídica de la «democracia orgánica» y
la instrumentalización de la ficción de las consultas populares
como fuentes de legitimidad política. Así se sostiene en la tercera de las aportaciones habidas, Las consultas populares en
el régimen de Franco, que se centra sobre todo en la celebración de estas consultas por el «tercio de representación
familiar» tras la promulgación de la Ley Orgánica del Estado
en 1967. Pero en modo alguno puede comprenderse la dictadura sin considerar su lugar en una Europa convulsa por el
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fascismo y la guerra, que acabó dividida una vez más entre la
polarización y la coexistencia. Rosa M.ª Pardo Sanz realiza
un balance de La política exterior del franquismo: aislamiento
y alineación internacional, remarcando argumentos como el
personalismo de Franco y Carrero Blanco en los entresijos de
la política exterior, el peso del militarismo en la resolución de
algunos de sus episodios esenciales y el fracaso de proyectos como el de Castiella en medio del proceso de integración
europea y de la acelerada descolonización.
Un segundo aspecto tratado en esta obra es la cuestión de
las relaciones entre el poder y la sociedad, prestándose atención a la imposición de la dictadura franquista sobre los españoles y a la trayectoria de la oposición. La violencia política
constituye el marco teórico esencial desde el que comenzar
este análisis, tal como Eduardo González Calleja hace en su
estudio Violencia política y represión en la España franquista, que cierra con un estado de la cuestión al respecto. Abdón
Mateos realiza, por su parte, una exposición de las aportaciones habidas en las últimas décadas sobre Exilio y clandestinidad. Pero la imposición de los vencedores también se
produjo a través de la socialización y el adoctrinamiento de
las conciencias en el universo simbólico de la «España eterna». La extensa exposición sobre Educación y cultura en
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Presentación
España bajo el franquismo, a cargo de Francisco Moreno
Sáez, muestra esta realidad y la paulatina formación de una
cultura alternativa bajo la dictadura.
En tercer lugar, se atiende a la suerte de la economía y de la
sociedad bajo la dictadura franquista. El Prof. Carlos Barciela
López procede a situar, en su estudio La modernización de la
agricultura española y la política agraria del franquismo, las
consecuencias de las políticas de intervención autárquica y
su posterior abandono bajo la dictadura dentro del contexto
más amplio de la modernización del campo español, sin olvidar el autor que el problema agrario estuvo entre las principales motivaciones de quienes apoyaron la sublevación contra la República. Carme Molinero y Pere Ysàs, por su parte,
hacen un balance sobre la Economía y sociedad durante el
franquismo, insistiendo en la imposición de un «nuevo orden»
fundado en la jerarquía y la disciplina, como sucedió en el
mundo del trabajo. Pero este «nuevo orden» también afectó a
otros ámbitos de sociabilidad según una voluntad totalitaria,
destacando la acción de la Iglesia católica en el control de la
vida privada. El «nuevo orden» económico se basó en la propiedad privada, la intervención estatal y la autosuficiencia
como defensa del sistema capitalista. Aún así, las catastróficas consecuencias del largo «tiempo de silencio» de los años
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cuarenta y cincuenta fueron dando paso al susurro (cada vez
más estruendoso) provocado por el cambio socioeconómico
y la conflictividad social desde la década de los sesenta en un
contexto general de desarrollo y de apertura del país a los flujos económicos exteriores.
El propósito original de estos trabajos, como se apuntó, fue
contribuir a la actualización historiográfica del profesorado de
Historia de Enseñanza Secundaria. Precisamente, el libro se
cierra a modo de epílogo con una propuesta de programación
de la unidad didáctica España durante el franquismo a cargo
de Mariano García Andreu, profesor de E.S., cuyo proyecto
fue becado y premiado por la Conselleria d’Educació i
Ciència en 1995. Asimismo, se ha incluido un apéndice sobre
el empleo de Los testimonios orales en la enseñanza de la
historia: la represión de guerra y postguerra en Alicante, a
cargo de Miguel Ors Montenegro. Estas contribuciones aportan un buen número de documentos sobre la dictadura franquista para su trabajo en el aula.
Sirvan estas líneas como presentación de un tema complejo,
que todavía permanece vivo en la memoria colectiva de una
España diferente y plural.
ROQUE MORENO FONSERET Y FRANCISCO SEVILLANO CALERO
Alicante, julio de 1999
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Totalitarismo, fascismo y franquismo
na de las cuestiones que continúan atrayendo en el
estudio del franquismo es la de su naturaleza, a pesar
de que haya autores para quienes se trata de un
debate agotado. Quizá sea más correcto decir que la esterilidad de la polémica obedece a la continuidad de los términos
en que ha sido formulada desde su aparición en los años
setenta, tratándose entonces de un debate fuertemente ideologizado, que devino en planteamientos formales, para perderse en el puro nominalismo. Las aportaciones recientes
continúan atrapadas en aquellos mismos esquemas interpretativos, que en muchos casos sirven para reducir mecánicamente la situación social a modelos preconcebidos. El replanteamiento de esta polémica pasa por recuperar la perspectiva histórica del objeto de estudio (el franquismo y las dicta-
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duras de entreguerras, por ejemplo), siendo necesario emplear un enfoque comparativo y, sobre todo, servirse de conceptos cuyo ámbito de aplicación y criterio de atribución queden
bien definidos. Esta labor de demarcación conceptual debe
poseer así una radical historicidad a partir de las condiciones
temporales de formación y transformación del objeto de estudio.
Este es el caso de términos como totalitarismo desde su
irrupción de manos del fascismo italiano en el convulso panorama europeo tras la Primera Guerra Mundial. En este sentido, es necesario retraer el concepto de totalitarismo a su
acepción originaria como un movimiento revolucionario y
moderno, tal como fuera exaltado por la demagogia y el
populismo nacionalista del fascismo, destinado a integrar la
sociedad en un Estado nuevo. Fue sobre todo la dimensión
simbólica de este proyecto totalitario, y la proyección ritual de
los principales mitos del fascismo en la sociedad, la que inspiró las complejas relaciones que este fenómeno político
mantuvo con la trayectoria de la derecha conservadora y la
extrema derecha en Europa y, sobre todo, la particular recepción y adaptación del proyecto totalitario en el proceso de institucionalización y legitimación política de las diferentes dictaduras de entreguerras, como ocurrió con el nuevo Estado
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franquista. Se trató, desde una perspectiva más amplia, de
diversas experiencias resultado de un proceso de subversión
ideológica y política ante el avance de la modernidad (que
hunde sus raíces culturales en la crisis de fin de siglo), permitiendo constatar la variedad y el distinto grado de afinidad
de las respuestas nacionales; pero la afinidad y el mimetismo
en ese contexto histórico particular no puede reducirse a la
identidad de todas y cada una de tales experiencias, a no ser
que quiera caerse en una generalización abusiva y muy poco
enriquecedora.
Este debate emerge del trasfondo representado por recientes
posturas revisionistas, sobre todo tras la caída del comunismo, rehabilitándose académicamente aquel concepto politológico de totalitarismo formulado en los años cincuenta en
plena guerra fría (nota 1). Estas posturas críticas, pero muy
poco académicas en muchos casos, no sólo condenan los llamados regímenes de socialismo real, marcados «a sangre y
fuego» por la violencia y el terror, sino que en último término
han procedido a un «ajuste de cuentas» con la memoria
nacional (construida sobre el mito de la resistencia y el antifascismo) que sustentó los proyectos constituyentes y políticos en países como Italia, Alemania o Francia. Este revisionismo ha provocado la lógica contestación de quienes, en
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mayor o menor grado, comparten una visión radical del fascismo legada por el marxismo. Pero su respuesta, en ocasiones, no deja de ser un curioso «juego de equilibrio»: se
subestima el carácter novedoso del fascismo, para sobrestimarlo en dictaduras como la franquista. El fiel de la balanza
es una vez más el objetivo contrarrevolucionario al que sirvieron los fascismos y, por supuesto, el franquismo. La polémica sobre la naturaleza de la dictadura franquista no ha tardado así en verse envuelta de nuevo (aunque sólo sea marginalmente) en el debate general sobre el totalitarismo y el
fascismo, como ya sucedió a mediados de los años sesenta.
1. El fascismo como totalitarismo
Desde su misma irrupción en el panorama político europeo,
el fascismo ha sido objeto de una intensa controversia acerca de su naturaleza, cuyas motivaciones últimas, cuando no
claramente inmediatas, han sido ideológicas y políticas
(nota 2). Como consecuencia de la diversidad de aproximaciones, han surgido múltiples teorías sobre el fascismo, destacando su explicación desde el enfoque totalitario. La formulación de esta teoría se produjo a principios de los años cincuenta desde la óptica de la politología en el ámbito académico norteamericano, sobresaliendo las aportaciones de
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Hannah Arendt y, en especial, de Carl J. Friederich (nota 3).
En medio del clima ideológico de la guerra fría, el viejo concepto de totalitarismo fue instrumentalizado al equipararse el
estalinismo y el régimen comunista chino con las dictaduras
fascistas (especialmente con el nacionalsocialismo alemán)
que habían sido derrotadas en la guerra mundial y estaba
estigmatizado su recuerdo por sus crímenes políticos y el
genocidio. Este enfoque, que entiende el totalitarismo como
la expresión de una naciente sociedad de masas, equipara
sin más fascismo y comunismo, destacando esencialmente
las formas de poder en el control de la sociedad a través de
una ideología revolucionaria totalizadora y excluyente, un
partido de masas, el ejercicio del terror, la manipulación de la
propaganda y el control centralizado de la economía.
Desde esta óptica, el historiador conservador alemán Ernst
Nolte ofreció, en la década de los sesenta, una visión del fascismo como parte de una amplia y profunda reacción frente
al bolchevismo, interpretación que en los últimos años ha
adquirido predicamento en ciertos ámbitos historiográficos.
Como expresión totalitaria, el fascismo europeo fue resultado
así de las aspiraciones políticas, culturales e ideológicas surgidas en las democracias liberales en crisis para contrarrestar el bolchevismo a través de la construcción de un «nuevo
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orden» mediante una revolución de derechas y la exaltación
nacional (nota 4). Ya en la inmediata postguerra, los historiadores alemanes Friedrich Meinecke y, sobre todo, Gerhard
Ritter habían argumentado, en 1946, que el nazismo no fue
más que la culminación de la crisis moral de la sociedad
europea en general, y no específicamente de Alemania, a
raíz del enfrentamiento entre nacionalismo y bolchevismo.
Pero la aplicación de la interpretación totalitaria al caso particular alemán fue llevada a cabo sobre todo por Karl Dietrich
Bracher, quien comparó las semejanzas políticas e ideológicas del nacionalsocialismo y el estalinismo como expresiones
nacionales de un mismo fenómeno totalitario, rechazando
explícitamente que el nazismo sea una variante del fascismo
europeo (nota 5).
A la postre, esta interpretación totalitaria del nacionalsocialismo alemán como reacción al comunismo sirvió para negar la
existencia de un «fascismo genérico», como para el caso italiano sostuvo Renzo De Felice. Este historiador, entre otros
aspectos, coincidió en la importancia de la dimensión racial y
eugenésica del nacionalsocialismo alemán para remarcar su
especificidad frente a la dictadura fascista en Italia (nota 6).
En general, De Felice desarrolló la explicación del fascismo
italiano como expresión del radicalismo de las clases medias
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[sugerida ya en 1923 por el liberal Luigi Salvatorelli (nota 7)],
afirmando que el fascismo en Italia fue un movimiento renovador y revolucionario de «clases medias emergentes» (y no
de clases medias desclasadas como en el caso alemán) en
busca de un espacio político y de la conquista del poder
(nota 8). Precisamente, la disolución del concepto genérico
de fascismo sirvió para construir nuevas categorías politológicas que englobaran experiencias dictatoriales no totalitarias
como el propio fascismo en Italia y, sobre todo, el franquismo
en España, produciéndose la rápida aceptación del concepto
de «autoritarismo» desde principios de los años setenta
(nota 9).
2. El debate sobre la naturaleza del franquismo
El debate sobre la naturaleza del franquismo, y con él buena
parte de las aportaciones sectoriales habidas, ha permanecido desde entonces «atrapado» dentro de estos esquemas
interpretativos que giran en torno al concepto politológico de
totalitarismo. En 1964, el franquismo fue presentado como un
tipo ideal de régimen autoritario, según la definición propuesta por J.J. Linz (nota 10). Según este politólogo, los regímenes autoritarios presentan unos caracteres propios frente al
gobierno democrático y el totalitarismo, sobresaliendo entre
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sus rasgos esenciales un pluralismo político y de grupos de
intereses limitado; la ausencia de ideología, existiendo una
mentalidad; la falta de movilización política tanto intensiva
como extensa de la población; la debilidad del partido autoritario; el ejercicio de un control social relativo; la importancia
del ejército; la coexistencia de diferentes fórmulas de legitimación, destacando su carácter carismático durante la consolidación de estos regímenes, que luego desaparece en
beneficio de un legalismo que rompe con la tradición; y la
heterogeneidad de la elite política, formada esencialmente
por expertos y militares, con una lenta renovación de la
misma (nota 11). El mismo Linz desarrolló algunos de estos
presupuestos básicos en trabajos posteriores. Así, insistió en
su afirmación de la debilidad del partido único autoritario,
poniendo de relieve que en el caso español se produjo la progresiva pérdida de influencia y la paulatina burocratización de
F.E.T. y de las J.O.N.S. (nota 12). Del mismo modo, explicó
más detalladamente el papel de la oposición en un régimen
autoritario como el de Franco, moviéndose en gran parte dentro del mencionado pluralismo limitado bajo la forma de una
semioposición tolerada, lo que sirvió al régimen para mostrar
su carácter no totalitario (nota 13).
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Esta interpretación ha conseguido un gran predicamento
entre los investigadores del franquismo, definición que ha
sido ampliada y matizada principalmente por las aportaciones de la historia comparada y la investigación empírica
(nota 14). Pero a pesar de que la definición del franquismo
como un tipo ideal de régimen autoritario se ha mostrado
como una de las más aceptadas, la teoría de Linz también ha
sido duramente criticada desde otros planteamientos. Frente
a la concepción autoritaria, el franquismo se entiende como
un régimen fascista. Esta visión, inspirada en la interpretación
marxista del fascismo, insiste así en esta naturaleza del franquismo desde una concepción del fascismo muy general a
partir de su origen y su caracterización de clase, lo que permite aplicar este concepto a casi cualquier tipo de régimen
dictatorial (nota 15). Desde finales de los años sesenta, la
mayoría de estas aportaciones guarda relación con la noción
de «Estado capitalista de excepción» (nota 16). De este
modo, Sergio Vilar, en la que fuera su tesis doctoral en sociología dirigida por Poulantzas, procedía a definir al franquismo
como un «Estado de excepción» bajo la forma de una dictadura militar distinta de los fascismos italiano y alemán, en la
que coexistían estructuras capitalistas con elementos feudales-absolutistas que ya con anterioridad habían impregnado
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al Ejército y a una burguesía que se aristocratizó; no obstante, la dictadura militar franquista compartía inicialmente unos
rasgos comunes al fascismo, que al ir desarrollándose durante un largo período de tiempo acabaron por convertirse en
rasgos específicos (nota 17). Por su parte, el historiador
Manuel Tuñón de Lara consideraba que fascismo era todo
totalitarismo de derechas que salvaguardara y representara
los intereses de las clases hegemónicas, tal y como sucedió
en el régimen franquista (nota 18). Una postura similar era la
mantenida por el sociólogo José F. Tezanos, quien, reconociendo las peculiaridades del régimen español, también
caracterizó el franquismo como fascista a partir sobre todo de
su defensa de los intereses de la clase dominante y de su origen en una coyuntura de lucha de clases como había sucedido en los distintos fascismos europeos (nota 19).
Más allá del ámbito historiográfico español, las aportaciones
que se sucedieron en el estudio del fascismo europeo desde
finales de los años ochenta han permitido reconstruir una
concepción genérica de este fenómeno. Coincidiendo con la
opinión expresada por el historiador Tim Mason de que el fascismo debe ser contemplado como una manifestación continental de la que el nacionalsocialismo constituía una parte
peculiar (nota 20), estos estudios han contribuido a una proÍNDICE
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funda revisión del tema, sobresaliendo el recurso a la comparación histórica. Una parte de los mismos ha permitido
remozar la propia visión marxista del fascismo, dentro de la
que el franquismo encuentra acomodo como una variedad
más. Hay que destacar, en este sentido, los esfuerzos de la
historiografía italiana en el análisis de las distintas formas de
fascismo europeo durante el período de entreguerras. Nicola
Tranfaglia ha señalado la existencia de varias modalidades de
fascismo en Europa, pues lo esencial para calificar a una
serie de regímenes como fascistas es su afinidad a partir de
unos principios inspiradores y de unos objetivos comunes,
situando al franquismo (al menos durante los años cuarenta)
entre las modalidades de fascismo existentes en Europa
(nota 21). Este planteamiento fue asumido y desarrollado por
otros historiadores, como Luciano Casali para el caso español (nota 22). Enzo Collotti ha insistido en que el fascismo fue
un fenómeno genérico que afectó en mayor o menor grado a
distintos movimientos y regímenes europeos en el período de
entreguerras, produciéndose su fascistización a partir de los
casos prototípicos de la Italia fascista y la Alemania nazi. La
Segunda Guerra Mundial contribuyó decisivamente a su
extensión, por lo que Collotti destaca la «pluralidad de ‘vías
nacionales’ al fascismo» en la Europa de entreguerras, con
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un «área de fascismo católico» en los casos de Austria bajo
Dollfuss, España durante el franquismo y Portugal con
Salazar (nota 23). Esencialmente estos autores, coincidiendo
con las críticas de diversos especialistas marxistas anglosajones a la consideración del nacionalsocialismo como expresión preindustrial y antimoderna (nota 24), destacan la función social de los fascismos en torno a la defensa de unos
intereses de clase como eje vertebrador de su naturaleza.
Más recientemente, el hispanista italiano Alfonso Botti ha
señalado el carácter del nacionalcatolicismo como equivalente del moderno nacionalismo de derechas, incluido el fascismo; el nacionalcatolicismo sería así su versión compatible
con la ortodoxia católica y la modernidad, constituyendo la
ideología que vertebró la derecha española y el carácter contrarrevolucionario del franquismo (nota 25).
La historiografía española ha permanecido apartada en cierto modo de este debate hasta hace poco tiempo.
Coincidiendo en buena medida con propuestas precedentes
de otros autores, el historiador Josep Fontana señalaba (en
un encuentro sobre el franquismo celebrado en Valencia en
1984 con motivo del décimo aniversario de la muerte del dictador) que para comprender la naturaleza del franquismo es
necesario examinar sus comienzos en 1939; la evolución posÍNDICE
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terior de la dictadura no fue autónoma, sino impuesta desde
dentro por las luchas sociales y, desde fuera, por la búsqueda del reconocimiento internacional después de la guerra
mundial. Fontana insistía en que la represión desempeñó un
papel político fundamental en la consolidación de la dictadura, de igual forma que sucedió en la Italia fascista y la
Alemania nazi (nota 26). Más recientemente, se ha reafirmado la naturaleza fascista del franquismo al considerar que la
coalición contrarrevolucionaria que destruyó la República persiguió los mismos fines que los movimientos fascistas de
Italia y Alemania, sobre todo la defensa de la propiedad privada y del orden social capitalista (nota 27). Sin embargo,
Ismael Saz matizó esta concepción del franquismo al definirlo como una «dictadura fascistizada», pues su esencia estaría en la combinación de elementos del fascismo y del autoritarismo, de modo que ello explicaría su versatilidad y capacidad de adaptación, y su larga supervivencia (nota 28). El propio autor ha especificado que «la dictadura franquista no fue
fascista. Ni tampoco va a constituir ‘nuestra peculiar forma de
fascismo’», tratándose de una dictadura de derechas que
tomó del fascismo todo aquello que no contravenía los intereses de las clases dominantes y dirigentes tradicionales, de
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muchos sectores de las clases medias, de la Iglesia y del
Ejército (nota 29).
En los últimos años, han aparecido distintas disquisiciones
acerca de la naturaleza del franquismo que pretenden superar la rigidez de las grandes interpretaciones que han conseguido una amplia difusión y aceptación en la historiografía,
fundamentalmente su definición meramente descriptiva y
funcional como régimen autoritario de pluralismo limitado,
pero también su concepción como una variedad del fascismo,
lo que no debe implicar que se pase por alto las complejas
relaciones que existieron entre ambos ni menoscabar el
carácter netamente fascista y presuntamente «modernizador» de Falange Española. Estas otras aportaciones han girado en torno a conceptos como coalición, dictadura militar, violencia y pseudojuricidad. Así, se ha recuperado y redifinido la
expresión «coalición reaccionaria» (nota 30) como eje articulador fundamental de la dictadura franquista, manifestando la
identidad de intereses de los distintos grupos que se sublevaron contra la República bajo el predominio del Ejército y
apoyaron un «régimen de estado de excepción duradero,
accidental y que instrumentaliza la ficción de la monarquía»
(nota 31).
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La existencia de una amplia y heterogénea «coalición» que
apoyó al franquismo ya fue destacada por Salvador Giner
(nota 32). En colaboración con otros autores, este sociólogo
ofreció una definición alternativa del franquismo al calificarlo
como una variante reaccionaria de los «despotismos modernos», diferenciados de los totalitarismos por la existencia de
límites al poder de las elites, la movilización parcial y puntual
de la población y la no injerencia en la esfera de la vida privada (nota 33). En este sentido, el régimen franquista se
caracterizaría por ser una dictadura de clase de signo ultraconservador que defendía los intereses de la «coalición reaccionaria» que controlaba el aparato del Estado con el apoyo
del Ejército, al tiempo que favorecía el desarrollo del capitalismo según los supuestos de las clases dominantes. Otros
rasgos significativos serían la existencia de un pluralismo
político e ideológico restringido a los distintos grupos políticos
que formaban la coalición franquista, que compartían un
mismo substrato ideológico sincrético y poco elaborado de
signo ultraconservador, así como la utilización de medios
disuasorios y persuasivos mediante el control del aparato del
Estado para procurar tanto la obediencia pasiva como la
aceptación implícita de sus principios por la mayoría de la
sociedad (nota 34).
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A partir de la revisión crítica de las últimas aportaciones al
estudio del fascismo europeo, M. Pérez Ledesma recupera la
caracterización del franquismo como una «dictadura militar y
eclesiástica de tipo tradicional», que hiciera Manuel Azaña en
plena Guerra Civil (nota 35). Por su parte, Julio Aróstegui ha
insistido en que el franquismo no puede asimilarse al modelo
fascista, pues la dictadura fue un proyecto de restauración del
viejo orden tradicional bajo la forma de un pseudo Estado de
derecho, que buscaba juricidad y legitimidad para arropar su
función represiva de carácter restaurador (nota 36).
3. La renovación de los estudios del fascismo y la
historiografía sobre el franquismo
Para comprender los orígenes del golpe de Estado de julio de
1936, el estallido de una cruenta guerra civil y la imposición
de una larga dictadura no sólo hay que tener en cuenta la
quiebra del Estado liberal de la Restauración en medio de las
tensiones ocasionadas por el proceso modernizador de la
sociedad española, sino que este proceso se debe inscribir
en el trasfondo ideológico y político europeo desde la primera postguerra mundial, que explica el desarrollo de la derecha
y la extrema derecha y la aparición de los movimientos fascistas (nota 37). En este sentido es necesario retraer, como
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ya fuera apuntado, el concepto de totalitarismo a su acepción
originaria no como modelo formal construido por la politología
a mediados de los años cincuenta, sino como un proyecto
histórico supuestamente revolucionario y moderno, tal como
fuera exaltado por el fascismo italiano desde los años veinte.
Desde este punto de vista, se ha definido el término totalitario como un movimiento revolucionario que aspira a conquistar el poder para construir un Estado nuevo en torno a una
ideología palingenética (proyectada sobre la sociedad en
forma de religión política destinada a crear un hombre nuevo)
y la movilización de las masas con el objetivo de integrar y
homogeneizar la sociedad en el Estado (nota 38).
Precisamente, ha sido la atención prestada a la ideología y a
la movilización política la que ha permitido renovar el conocimiento de los orígenes del fenómeno fascista y de la propia
transformación de la derecha europea a partir del panorama
cultural y político común que supuso la nueva articulación del
nacionalismo y la irrupción de las masas desde finales del
siglo XIX y, sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial.
Más allá de los planteamientos que buscan la explicación del
cambio histórico en los condicionamientos socioecómicos y
las rígidas divisiones de clase, es necesario prestar atención
también a la construcción social de la realidad a través de la
identidad colectiva, la percepción de la propia movilización y
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las luchas de representación a través del conflicto ideológico
y verbal entre universos simbólicos antagónicos. Este enfoque permite interpretar la dictadura franquista no sólo como
el resultado de una «contrarrevolución» preventiva, sino asimismo como la encarnación política de una idea profundamente reaccionaria y tradicional de España, que estuvo en el
centro del universo simbólico de muchos españoles, trascendiendo divisiones sociales y territoriales claras, así como la
efímera y discutida hegemonía del ideario plenamente fascista de Falange al socaire de la guerra civil y el auge de los fascismos hasta su derrota.
Es necesario precisar al respecto que la articulación de un
nuevo proyecto político en el conjunto de la derecha española no sólo fue tardío, sino que la propia debilidad del conservadurismo y del catolicismo político a la hora de reconducir la
experiencia democrática de la República acabó evidenciando
el arraigo del discurso del tradicionalismo integrista de la
extrema derecha: fue precisamente este discurso ideológico
el que, durante la primavera de 1936, encontró en un sector
del Ejército la salvaguarda del viejo orden social y del universo ideológico tradicional que se creían en peligro (nota 39). El
golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y su producto histórico que fue el franquismo, no resultó la consecuencia lógica
ÍNDICE
28
del «fracaso» del proceso de modernización en España, sino
la perversa derivación de las fuertes resistencias que este
proyecto provocó en un sector de la derecha y de la sociedad
española, excitadas desde 1917 por el miedo a la revolución,
y a las que acabó uniéndose la jerarquía de la Iglesia católica. Los orígenes del franquismo se inscriben, consiguientemente, dentro de la trayectoria seguida por el reaccionarismo
español en medio de la crisis del sistema político de la
Restauración y del naufragio de la experiencia autoritaria que
significó la dictadura de Primo de Rivera. Así lo pone de manifiesto el influjo del discurso de la extrema derecha contrarrevolucionaria en el conjunto de la derecha española, difumuninándose sus presupuestos esenciales con el universo simbólico de una amplia base social que se sintió atraída por una
ideología que se alejaba incluso de la nueva línea modernizadora de la derecha nacionalista europea (nota 40). Tras la
guerra civil, la búsqueda de legitimidad también fue esencial
para el nuevo Estado, que procedió a buscar el apoyo y la
colaboración de los elementos tradicionales de la sociedad
española satisfaciendo sus necesidades simbólicas. Este
esfuerzo se produjo mediante la construcción de una ideología fundamentada esencialmente en la doctrina contrarrevolucionaria de la inmediata preguerra, para lo que fue decisivo
el papel de la religión católica (nota 41), que no sólo impregÍNDICE
29
nó de forma decisiva el ideario más genuinamente falangista,
sino que acabó trascendiéndolo.
El franquismo irrumpió, por tanto, como una «dictadura reaccionaria» por sus mismos orígenes ideológicos y sus particulares relaciones con la sociedad española. Esto no implica
pasar por alto el mimetismo que existió con los fascismos en
medio de su ascenso, ni obviar la ambigüedad y las tensiones
que caracterizaron su proyecto de Estado y el proceso de
socialización de la población en los valores y las ideas del
régimen. Hay que señalar que el intento de legitimación del
nuevo Estado protagonizado por Falange (sobre todo a través
de un aparato encuadrador y propagandístico inspirado en el
fascismo que había de servir como vanguardia en la construcción de un modelo totalitario de Estado a través de la
movilización de las masas) no sólo se produjo sobre una
base ideológica en la que fue central el elemento tradicional
y católico, sino que esencialmente chocó con la evidencia de
una sociedad desmovilizada por la derrota en la guerra y la
represión. La sociedad española estuvo sometida sobre todo
a un modelo socializador de corte tradicionalista en lo político y confesional en lo religioso, que fue tutelado por la Iglesia
católica y defendido desde las principales instituciones culturales y el aparato educativo; mientras, el alcance adoctrinador
ÍNDICE
30
de los medios de comunicación fue limitado en un principio,
no obstante su evidente potencial persuasivo, que evidentemente suscitó el interés y las disputas por su control
(nota 42). Hay que acabar precisando, también que la existencia de mecanismos de socialización política no implica de
forma necesaria y automática un deseo de movilización de la
sociedad a imagen y semejanza de los fascismos europeos y,
en modo alguno, debe confundirse la movilización con la evidencia de unos apoyos o la adaptabilidad de amplios sectores de la población a la dictadura. Es preciso insistir, en
segundo lugar, en que el proyecto de «nacionalización de las
masas» se redujo al sector genuinamente falangista, que no
sólo fracasó muy pronto, sino que chocó con los intereses y
la capacidad de penetración social de otros sectores del régimen dictatorial. La propia victoria militar y la brutalidad de la
represión muestran sencillamente la exclusión de la «otra
España», relegada al arrepentimiento y la sumisión. Si los
resultados de la movilización política fueron modestos se
debió al fracaso de las intenciones que inspiraron el modelo
de integración y homogeneización de la sociedad en el
Estado totalitario propugnado en el seno del partido único por
los falangistas, que fue parcial y estuvo sometido a las contingencias.
ÍNDICE
31
1 Un notable ejemplo de la polémica originada por esta corriente es
la publicación (primero en Francia e inmediatamente traducida en
diversos países) de la obra colectiva, encabezada por Stéphane
Courtois, El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión, editada en Barcelona por la Editorial Planeta y Espasa en
1998. También aquí se suscitó el debate en las páginas de los principales diarios nacionales, como El País, además de alentar opiniones académicas diversas, sobre todo en torno a la historia de la
extinta Unión Soviética y el comunismo. Es necesario recordar el
ilustre antecedente que había significado poco antes el libro de
François Furet, El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea
comunista en el siglo XX, aparecido en Francia en 1995 (traducción
al castellano en México, FCE, 1995).
2 Las aportaciones sobre las interpretaciones del fascismo son
ingentes; acerca de las líneas principales de este debate, vid. SAZ
CAMPOS, Ismael, «Repensar el feixisme», en Afers. Fulls de recerca i pensament, vol. XI, n.º 25 (1996), págs. 443 y sigs.
3 Sobre la teoría del totalitarismo, vid. ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Taurus, 1998 (ed. or. en inglés de
1951) y FRIEDRICH, C.J. y BRZEZINSKI, Z., Totalitarian
Dictatorship and Autocracy. Nueva York, Harper, 1956. Más recientemente, puede verse SCHAPIRO, L., El totalitarismo. México, FCE,
1981.
4 Vid. NOLTE, Ernst, El fascismo en su época. Barcelona,
Península, 1968 (ed. or. en alemán de 1963) y La crisis del sistema
liberal y los movimientos fascistas. Barcelona, Península, 1971 (ed.
ÍNDICE
32
Notas
or. en alemán de 1968). Las ideas de E. Nolte volvieron a desatar la
«discusión de los historiadores» alemanes a finales de los años
ochenta en torno a la relectura del pasado nacional y, más concretamente, del nacionalsocialismo; vid., de este autor, La guerra civil
europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo. México,
FCE, 1994 (ed. or. en alemán de 1987) y Después del comunismo.
Aportaciones a la interpretación de la historia del siglo XX.
Barcelona, Ariel, 1995 (ed. or. en alemán de 1991). Más recientemente ha aparecido un nuevo alegato con motivo de su defensa de
la figura de Heidegger; NOLTE, Ernst, Heidegger. Política e historia
en su vida y pensamiento. Madrid, Tecnos, 1998. Acerca de los
debates que marcaron la Historikerstreit, véase ELEY, Geoff,
«Nazism, politics and the image of the past: thoughts on the Wets
German Historikerstreit, 1986-1987», en Past and Present, 121
(1988), págs. 171-208 y, más ampliamente, KERSAW, Ian, The Nazi
Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation. Londres,
Edward Arnold, 1985 y MEES, Ludger, «La ‘Catástrofe Alemana’ y
sus historiadores. El fin del régimen nacionalsocialista 50 años después», en Historia Contemporánea, n.os 13-14 (1996), págs. 465484.
5 BRACHER, Karl D., La dictadura alemana. Génesis, estructura y
consecuencias del nacionalsocialismo, 2 vols. Madrid, Alianza
Editorial, 1973 (ed. or. en alemán de 1969) y, más recientemente,
Controversias de historia contemporánea sobre fascismo, totalitarismo y democracia. Barcelona-Caracas, Alfa, 1983 (ed. or. en alemán de 1976). Véase también HILDEBRAND, Klaus, El Tercer
Reich. Madrid, Cátedra, 1988 (ed. or. en alemán de 1979).
ÍNDICE
33
6 DE FELICE, Renzo, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo.
Turín, Einaudi, 1961. Lo mismo se ha producido en una parte de la
historiografía alemana; vid. BURLEIGH, Michael y WIPPERMANN,
Wolgang, The Racial State. Germany 1933-1945. Cambridge
University Press, 1991.
7 La importancia de la pequeña burguesía en el fascismo italiano ya
fue puesta en evidencia por Salvatorelli en su obra
Nazionalfascismo, aparecida originalmente en 1923 (reeditada, con
prólogo G. Amendola, en Turín, Einaudi, 1977).
8 Vid. Le interpretazioni del fascismo. Roma-Bari, Laterza, 1969 y,
del mismo autor, Intervista sul fascismo. Roma-Bari, Laterza, 1975,
además de su monumental obra Mussolini, publicada en ocho volúmenes entre 1965 y 1995. Las opiniones de este autor siempre han
encendido la polémica en la historiografía italiana acerca de su
pasado nacional; véase recientemente su obra Rojo y negro.
Barcelona, Ariel, 1996 y la respuesta de Nicola Tranfaglia en Un
passato scomodo. Fascismo e potsfascismo. Roma-Bari, Laterza,
1996.
9 La caracterización de J.J. Linz sobre los regímenes autoritarios se
difundió en Italia desde principios de la década de los setenta, después de la publicación de su trabajo «L’opposizione in un regime
autoritario. Il caso della Spagna», en Storia contemporanea, n.º 1,
1970.
10 LINZ, Juan J., «An Authoritarian Regime: Spain», en ALLARDT,
E. y LITTUNEN, Y. (eds.), Cleavages, Ideologies and Party Systems.
Helsinki, Westermack Society, 1964 (edición en español: «Una teoría del régimen autoritario. El caso de España», en FRAGA IRIÍNDICE
34
Notas
BARNE, Manuel; VELARDE FUENTES, Juan y CAMPO, Salustiano
del (dirs.), La España de los años 70. Madrid, Editorial Moneda y
Crédito, 1974, vol. III, t. 1, págs. 1467-1531). Esta teoría fue desarrollada posteriormente por el mismo autor en «Totalitarian and
Authoritariam Regimes», en GREENSTEIN, F. y POLSBY, N. (eds.),
Handbook of Political Science. Reading, Mass., Addison Wesley,
1975, vol. 3, págs. 175-412.
11 Además de la bibliografía citada en la nota anterior, vid., del
mismo autor, «Una interpretación de los regímenes autoritarios»,
en Papers. Revista de Sociología, n.º 8 (1978), págs. 11-26.
12 Vid. LINZ, Juan J., «From Falange to Movimiento-Organization:
The Spanish Single Party and the Franco Regime 1936-1968», en
HUNTINGTON, S.P. y MOORE, C.H. (eds.), Authoritarian Politics in
Modern Society. The Dynamics of Established One-Party Systems.
Nueva York, Basic Books, 1970, págs. 128-203.
13 Vid. LINZ, Juan J., «Opposition in and under an Authoritarian
Regime: The Case of Spain», en DAHL, R.A. (ed.), Regimes and
Oppositions. New Haven, Yale University Press, 1973, págs. 171259.
14 Vid., en este sentido, PAYNE, Stanley G., El régimen de Franco
(1936-1975). Madrid, Alianza Editorial, 1987 y, sobre todo, TUSELL,
Javier, La dictadura de Franco. Madrid, Alianza Editorial, 1988, así
como sus distintos trabajos sobre el régimen franquista en los que
subyace esta interpretación.
15 Una primera aportación al respecto fue la de SOLÉ-TURA, J.,
«The Political Instrumentality of Fascism», en WOOLF, S.J. (ed.),
ÍNDICE
35
The Nature of Fascism. Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968,
págs. 42-50.
16 Sobre las distintas formas de «Estado capitalista de excepción»,
vid. POULANTZAS, Nicos, Fascismo y dictadura. La III
Internacional frente al fascismo. Madrid, Siglo XXI, 1973, págs. 353397.
17 VILAR, Sergio, La naturaleza del franquismo. Barcelona,
Península, 1977.
18 TUÑÓN DE LARA, Manuel, «Algunas propuestas para el análisis del franquismo», en Ideología y sociedad en la España contemporánea. Por un análisis del franquismo. Madrid, EDICUSA, 1977,
págs. 97-99.
19 TEZANOS, José F., «Notas para una interpretación sociológica
del franquismo», en Sistema, n.º 23 (1978), págs. 47-99.
20 Vid. MASON, Tim, «Whatever Happened to ‘Fascism’», en CHILDERS, Thomas y CAPLAN, James (eds.), Reevaluating the Third
Reich. Nueva York-Londres, Holmes & Meier, 1993, págs. 253-262
(este trabajo fue redactado originalmente en 1988; recientemente
ha sido traducido al catalán en Afers. Fulls de recerca i pensament,
vol. XI, n.º 25 (1996), págs. 475-484).
21 Vid. TRANFAGLIA, Nicola, «Italia e Spagna: due regimi autoritari a confronto», en Laberinto italiano. Il fascismo, l’antifascismo, gli
storici. Florencia, La Nuova Italia, 1989, págs. 21-39 (este trabajo
fue escrito originalmente en 1982) y, del mismo autor, «Tre casi di
fascismo in Europa: una proposta di comparazione», en CASTELÍNDICE
36
Notas
NUOVO, E. y CASTRONOVO, V. (eds.), Europa 1700-1992: storia di
un’identità. Il ventesimo secolo. Milán, Electra, 1993.
22 Vid. CASALI, Luciano, «Introduzione. Il fascismo spagnolo», en
CASALI, Luciano (ed.), Per una definizione della dittatura franchista. Milán, Franco Angeli, 1990, págs. 7-37 y, más recientemente,
Fascismi. Partito, società e stato nei documenti del fascismo, del
nazionalsocialismo e del franchismo. Bolonia, CLUEB, 1995, sobre
todo las págs. 11-93.
23 Vid., de este autor, COLLOTTI, Enzo, «Cinque forme di fascismo
europeo. Austria, Germania, Italia, Spagna, Portogallo», en CASALI, Luciano (ed.), Per una definizione della dittatura franchista…,
págs. 41-55; Fascismo, fascismi. Florencia, Sansoni, 1989 e «Il fascismo nella storiografia. La dimensione europea», en Italia contemporanea, n.º 194 (marzo 1994), págs. 11-30.
24 Vid., al respecto, ELEY, Geoff, «What produces fascism: preindustrial traditions or a crisis of a capitalist state», en Politics and
Society, vol. 12, n.º 1 (1983), págs. 53-82, contribución que se inscribe dentro del debate historiográfico sobre el Sonderweg o «camino excepcional» de la historia de Alemania.
25 Vid. BOTTI, Alfonso, «El franquismo en la historiografía italiana
y la mirada del otro sobre los relatos de otras miradas», en Ayer, n.º
31 (1998), págs. 127-148. Como réplica a este artículo, vid. SAZ,
Ismael, «El objeto cercano. La dictadura franquista en la historiografía italiana», en Ayer, n.º 31 (1998), págs. 149-162.
26 FONTANA, Josep, «Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo», en FONTANA, Josep (ed.), España
ÍNDICE
37
bajo el franquismo. Barcelona, Crítica, 1986, pág. 9. Sobre la esencia represiva del régimen franquista, véase recientemente
RICHARDS, Michael, A Time of Silence. Civil War and the Culture
of Represion in Franco’s Spain, 1936-1945. Cambridge University
Press, 1998.
27 Esta propuesta ha sido formulada por PRESTON, Paul, La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del
siglo XX. Barcelona, Península, 1997 (ed. or. en inglés de 1990) y
CASANOVA, Julián, «La sombra del franquismo: ignorar la historia
y huir del pasado», en El pasado oculto. Fascismo y violencia en
Aragón (1936-1939). Madrid, Siglo XXI, 1992, págs. 1-28, sirviendo
como marco explicativo para algunos investigadores: RUIZ CARNICER, Miguel A., El Sindicato Español Universitario (SEU), 19391965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo. Madrid, Siglo XXI, 1996 y CENARRO LAGUNA, Ángela,
Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en
Aragón, 1936-1945. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza,
1997, entre otras interesantes aportaciones.
28 SAZ, Ismael, «El franquismo, ¿régimen autoritario o dictadura
fascista?», en TUSELL, Javier; SUEIRO, Susana; MARÍN, José Mª
y CASANOVA, Marina (eds.), El régimen de Franco (1936-1975).
Política y relaciones exteriores. Madrid, UNED, 1993, t. I, págs. 189201.
29 SAZ, Ismael, «Les peculiaritats del feixisme espanyol», en Afers.
Fulls de recerca i pensament, vol. XI, n.º 25 (1996), págs. 636-637.
30 Vid. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «La coalición reaccionaria y la
confrontación política dentro del régimen franquista», en TUSELL,
ÍNDICE
38
Notas
Javier; GIL PECHARROMÁN, Julio y MONTERO, Feliciano
(coords.), Estudios sobre la derecha española contemporánea.
Madrid, UNED, 1993, págs. 551-562.
31 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «En torno al régimen franquista.
Revisión de una antigua polémica», en Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Contemporánea, n.º 8-9 (1991-92), págs. 9-19.
Para una ampliación de este enfoque, véase la participación del
autor en esta obra.
32 Continuity and Change: The Social Stratification of Spain,
University of Reading, 1968, pág. 18.
33 SEVILLA, Eduardo; GINER, Salvador y PÉREZ YRUELA,
Manuel, «Despotismo moderno y dominación de clase. Para una
sociología del régimen franquista», en Papers. Revista de
Sociología, n.º 8 (1978), págs. 106-111.
34 Ibid., págs. 112-117.
35 PÉREZ LEDESMA, Manuel, «Una dictadura ‘Por la gracia de
Dios’», en Historia Social, n.º 20 (otoño 1994), págs. 173-193.
36 Vid. ARÓSTEGUI, Julio, «Opresión y pseudo-juricidad. De
nuevo sobre la naturaleza del franquismo», en Bulletin d’Histoire
Contemporaine de l’Espagne, n.º 24 (diciembre 1996), págs. 31-46.
37 BLINKHORN, Martin, «Introduccion. Allies, rivals or antagonists?
Fascists and Conservaties in Modern Europe», en BLINKHORN,
Martin (ed.), Fascists and Conservaties: The Radical Right and the
Establishment in Twentieth Century Europe. Londres, Unwin
Hyman, 1990, págs. 9 y 14.
ÍNDICE
39
38 GENTILE, Emilio, «El fascismo y la vía italiana al totalitarismo»,
en PÉREZ LEDESMA, Manuel (Comp.), Los riesgos para la democracia. Fascismo y neofascismo. Madrid, Editorial Pablo Iglesias,
1997, págs. 19 y 24.
39 Vid., en este sentido, UGARTE TELLERÍA, Javier, La nueva
Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco. Madrid, Biblioteca
Nueva, 1998.
40 Vid., en este sentido, GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro C., Acción
Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España
(1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998, cuyas propuestas contradicen
las conclusiones aportadas en su día por Raúl Morodo en Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española. Madrid,
Alianza Editorial, 1985 (esta obra fue publicada originalmente en
1980).
41 Vid. JIMÉNEZ CAMPO, Javier, «Integración simbólica en el primer franquismo (1939-1945)», en Revista de Estudios Políticos,
Nueva Época, n.º 14 (Marzo-abril 1980), págs. 125-143 y, del mismo
autor, «Rasgos básicos de la ideología dominante entre 1939 y
1945», en Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, n.º 15
(Mayo-junio 1980), págs. 79-117.
42 Vid. SEVILLANO CALERO, Francisco, Propaganda y medios de
comunicación en el franquismo (1936-1951). Alicante,
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1998.
ÍNDICE
40
Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista
Inmovilismo y adaptación política del régimen
franquista
1. Introducción
reo conveniente explicar el significado preciso de los
términos que aparecen en el enunciado antes de
comenzar esta exposición. En primer lugar, régimen
político puede analizarse desde un doble punto de vista: estático y descriptivo, que supondría considerarlo como «un conjunto de instituciones a través de las cuales se manifiesta y
actúa»; y dinámico, según el cual, el funcionamiento de las
instituciones del régimen supone la actuación simultánea de
la sociedad de tal manera que ésta se adapte a aquél y el
régimen evolucione de acuerdo con las tendencias que aparezcan en la sociedad. En el caso del régimen franquista,
C
ÍNDICE
41
interesa conocer tanto la configuración y el funcionamiento
de las instituciones como la implicación y las repercusiones
que tuvieron sobre la sociedad española de la época; y sólo
desde la perspectiva dinámica, en mi opinión, puede analizarse correctamente el significado histórico de un determinado régimen político, ya que éste se implanta sólo en una
determinada sociedad y dentro de un espacio delimitado
(territorio).
Los términos inmovilismo y adaptación parecen, en principio,
contradictorios, porque toda adaptación implica algún tipo de
cambio; por lo tanto, es preciso también analizarlos con precisión. El inmovilismo del régimen franquista nos hace pensar
en algo perfectamente elaborado y construido desde el principio, de forma que, una vez impuesto, se mantendría inalterable, inmóvil, durante toda su existencia. Esto no sucedió
evidentemente y el régimen franquista pasó por un proceso
de elaboración muy lento; tanto es así que hasta enero de
1967 no se promulgó la Ley Orgánica del Estado con la que
el régimen político adquiría su configuración definitiva. Algo
semejante podría decirse de la política sindical, de la política
de orden público, etc. Así pues, si el régimen franquista pasó
por un proceso largo de configuración y si, como es evidente,
no se le puede predicar el término inmóvil como atributo de
ÍNDICE
42
perfección, es preciso buscar otras acepciones que nos permitan, por analogía, la utilización de dicho término. En todo
caso, el inmovilismo, como propiedad del régimen franquista,
nos remite a sus mismos orígenes, a los de la imposición de
un régimen de dictadura en España durante la guerra civil, y
que podrían situarse en el lapso de tiempo que va desde finales de septiembre de 1936 a mediados de marzo de 1938. A
lo largo de aquellos meses se impone el régimen de dictadura y se adopta el modelo a reproducir o imitar, que era el de
las dictaduras implantadas en otros países europeos, la fascista en Italia y la nazi en Alemania, países que, además,
eran los sostenedores del bando franquista en la guerra civil
y su aval internacional. Pues bien, respecto a aquel modelo
adoptado en los orígenes se debe interpretar, según mi opinión, el inmovilismo del régimen franquista, a pesar de la desaparición de aquellas dictaduras en 1945, al final de la II
Guerra Mundial; o lo que es lo mismo, el régimen franquista
se mantuvo fiel a sus orígenes durante su prolongada trayectoria aunque las circunstancias internacionales en las que se
impuso desaparecieron en 1945. En este sentido, por lo tanto,
el régimen franquista, en la primera mitad de los años setenta, era un ejemplo claro del anacronismo político en Europa
Occidental.
ÍNDICE
43
La atribución del término adaptación al régimen franquista
plantea problemas semánticos parecidos porque se trata
también de precisar los límites entre este término y el de
cambio: la adaptación es compatible con el inmovilismo, pero
inmovilismo y cambio son términos contrarios. Así pues, la
adaptación, para mantenerse dentro de los límites semánticos anteriores, no supone la alteración de la naturaleza de
una cosa; y por lo tanto, para que algo inmóvil pueda adaptarse a un elemento o situación nueva sólo podrá alterar una
parte accidental o circunstancial. Esto nos exige evidentemente especificar los elementos accidentales del régimen
franquista, analizar su comportamiento y observar los efectos
que producen sobre los permanentes y, en definitiva, como
afectan al inmovilismo del régimen.
2. El inmovilismo del régimen franquista
Esta propiedad del régimen franquista se observa, como se
ha indicado más arriba, en relación con el modelo político
adoptado para dar forma institucional al gobierno de dictadura que se había impuesto en España, primero, en el territorio
dominado por los militares rebeldes y, después, en el resto a
medida que éstos iban avanzando. Así pues, esta propiedad
del régimen franquista debe analizarse en dos pasos: primeÍNDICE
44
ro, en el origen del régimen político respecto al modelo adoptado; y segundo, en el mantenimiento anacrónico de la fidelidad a dicho modelo durante el proceso de la institucionalización.
2.1. El origen del régimen político
El modelo adoptado por el general Franco y sus consejeros
políticos para dar forma institucional a su gobierno de dictadura, es decir, el de las dictaduras fascista y nazi, presentaba de manera prioritaria estos elementos (nota 1):
a) Concentración máxima de poderes en el jefe supremo.
b) Existencia de una sola y exclusiva organización política
(partido único).
c) La milicia del partido que ejerce la acción disuasoria sobre
la oposición y el control ideológico del ejército.
d) El Estado está sobre los ciudadanos, es anterior a éstos,
y es quien otorga los derechos y exige las obligaciones.
Pues bien, el régimen del general Franco estaba ya revestido
con estos caracteres a mediados de marzo de 1938, un año
antes de que terminara la guerra civil. El fundamento de la
concentración de poderes en el general Franco se halla en el
decreto de 29 de septiembre de 1936 (B.O. del 30), por el que
ÍNDICE
45
se le nombraba «Jefe del Gobierno del Estado español...,
quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado» (art. 1).
A los poderes políticos, según el mismo decreto, se unía la
jefatura «de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» y se
le otorgaba el título de Generalísimo (art. 2) (nota 2). Estos
poderes, otorgados tan graciosamente por la Junta de
Defensa Nacional, eran explicitados por la Ley de la
Administración Central del Estado, del 30 de enero de 1938 y
actualizada por la del 8 de agosto de 1939 (B.O. del 9), en la
que se decía: «Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general...,
y radicando en él de modo permanente las funciones de
gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma
de Leyes o de Decretos, podrán dictarse, aunque no vayan
precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo aconsejen...» (art. 7) (nota 3).
El general Franco creó también una sola y exclusiva organización política (FET y de las JONS) por el Decreto de 19 de
abril de 1937 (B.O. del 20), valiéndose de los partidos políticos que se habían adherido a la rebelión militar, FE, CT y RE,
y habían aceptado lealmente sus poderes políticos y militares. El mismo general Franco, que no había pertenecido a
ninguno de los anteriores partidos políticos, se autonombró
ÍNDICE
46
Jefe Nacional y designó a los miembros de la Junta Política
(art. 1 y 2). En el mismo decreto se creaba también la Milicia
Nacional mediante la unión de las milicias de los partidos
anteriores y Franco se autodesignó Jefe Supremo. La relación entre la Milicia Nacional y el ejército se establecía convirtiendo a aquélla en auxiliar de éste (art. 3) (nota 4).
Por último, la primacía del Estado se especifica con claridad
en el Fuero del Trabajo, promulgado el 9 de marzo de 1938
(B.O. del 10), en el que, aparte de definir la política social y
económica del régimen, en las que se declara un intenso
intervencionismo estatal y se acusa una notable influencia de
la doctrina social de la Iglesia, se proclama al estado nacional como instrumento totalitario al servicio de la integridad
patria (nota 5).
Así pues, a mediados de marzo de 1938, en plena guerra
civil, el general Franco se hallaba investido con los poderes
máximos del Estado, los políticos y militares, y el régimen,
aunque no estaba desarrollado institucionalmente, había proyectado ya algunas ideas y creado organizaciones que lo
situaban en la órbita de las potencias fascistas.
ÍNDICE
47
2.2. El inmovilismo en el proceso de institucionalización
Se ha de insistir, en primer lugar, en la aparente contradicción
que encierran los términos inmovilismo y proceso, y más aún
en este apartado en el que se considera la larga trayectoria
del régimen franquista desde 1939 hasta 1975. En el lento
proceso de institucionalización del régimen se mantuvo una
fidelidad inquebrantable a los poderes absolutos asumidos
por el general Franco y en ningún momento se abandonó la
primacía del Estado manifestada en los primeros textos programáticos.
Aparte de la concentración de poderes que residía en el
general Franco, éste se había otorgado una función institucional, que alguno de sus ideólogos más próximos calificaron
como constituyente (nota 6), y de esta forma, previa aprobación por aclamación, promulgará sucesivamente las Leyes
Fundamentales: la creación de las Cortes, el Fuero de los
Españoles, la Ley de Sucesión, la de los Principios
Fundamentales del Movimiento y la Ley Orgánica del Estado,
que asumía y sistematizaba a las anteriores. Ninguna de
estas leyes tuvo por objeto limitar los poderes recibidos inicialmente por el general Franco, sino que, más bien, diferenciaron los de Franco y los de las instituciones y aplicaron los
de aquél a nuevos campos.
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48
Así pues, las Cortes, que se crearon en 1942, se presentaban en el texto legal como colaboradoras del general Franco
en la función de legislar y se les encomendaba esta misma
misión en el texto legal más elaborado del régimen, la Ley
Orgánica del Estado, en 1967 (nota 7). Pero el texto en el que
se manifiestan los poderes de Franco de manera más explícita es la Ley de Sucesión de 1947: en ésta, aparte de sistematizar las leyes fundamentales, se proyecta el general
Franco en la plenitud de su poder: es el dueño del presente y
del futuro de los españoles, crea y define una forma de
Estado (el de su régimen) –Monarquía tradicional, católica,
social y representativa–, que deja inmediatamente en suspenso porque él no se autoproclama rey ni regente, y se otorga la facultad de fundar una Casa Real mediante el privilegio
de designarse sucesor «a título de rey» (nota 8). En el Fuero
de los Españoles, de 1945, es el Estado el que otorga los
derechos e impone las obligaciones, quedando en suspenso
los primeros cuando su ejercicio atenta contra la seguridad
de aquél, y estos mismos principios se mantienen en la Ley
de los Principios Fundamentales, de 1958, y en la Ley
Orgánica del Estado (nota 9). Sólo circunstancias históricas
de transcendencia internacional introducirán algunas correcciones o matizaciones en la Ley Orgánica respecto a las
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49
anteriores leyes fundamentales, como sucedió con el calificativo de «totalitario» y con el reconocimiento de la «libertad
religiosa» (nota 10).
Pero el mantenimiento del atributo del inmovilismo aplicado al
régimen franquista se encuentra con el obstáculo más importante a partir de los años sesenta, cuando, a pesar de que el
régimen no cambia, tal como se manifiesta en la Ley
Orgánica del Estado, la sociedad española comienza un proceso acelerado de modernización, con el que el régimen tratará de coexistir, situación que le creará serias dificultades de
todo tipo. Analizando la trayectoria del franquismo desde
1936 a 1975, los historiadores suelen distinguir dos etapas: el
primer franquismo, que terminaría en 1959, y al que por las
características que presenta le cuadraría correctamente el
atributo del inmovilismo (nota 11); y la segunda etapa, hasta
1975, en la que los cambios sociales, económicos y culturales forzarían al régimen a tolerar algunos comportamientos
de índole liberal difícilmente compatibles con él mismo, lo que
explica la tensión permanente del franquismo entre la aparente tolerancia y las demostraciones de intensa represión
durante los años sesenta y setenta: la universidad, las grandes empresas, la actividad periodística e, incluso, algunos
centros eclesiásticos, fueron los escenarios en los que se
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50
representó esta pieza dramática. Algunos historiadores han
sobrevalorado los elementos innovadores de la segunda
etapa del franquismo, y a la primera de corte fascista, oponen
la segunda, a la que califican unos como dictadura conservadora y otros como dictadura desarrollista (nota 12). Sin
embargo, pienso que en estos casos se ha tratado de analizar al régimen franquista desde la actuación política, dejando
de lado los textos y el funcionamiento de las instituciones, y
no se ha tenido en cuenta que estos últimos eran lo permanente y que al no asumir ninguna variación han hecho inviable cualquier tipo de tolerancia de modo permanente. De ahí,
el recurso periódico a la represión y la difusión de la imagen
del búnker para representar al régimen en los últimos años de
su existencia.
Pero el régimen franquista no sólo se impuso sobre la sociedad española y trató de moldearla de acuerdo con su proyecto y sus intereses sino que, al mismo tiempo, contó con la
complicidad de una parte importante de ella. Para cumplir con
este doble objetivo, el franquismo utilizó unos determinados
instrumentos institucionales y políticos y abrió ciertos canales
para comunicarse con los grupos sociales que podrían aportarle los apoyos necesarios. Respecto a los instrumentos,
destacan el ejército, que desempeñó una función importante
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51
en la guerra, por razones evidentes, y durante toda la trayectoria del régimen en los tres ministerios militares, el de la
Gobernación y en algunos ministerios económicos en la primera etapa (nota 13); la jerarquía eclesiástica, cuyas prestaciones (por interés propio) al franquismo se realizaron durante la primera fase, y concretamente desde la guerra civil hasta
la celebración del Concilio Vaticano II, y fueron de tipo ideológico, primero (Pastorales de Pla y Deniel), y de colaboración, después, principalmente en los campos de la educación, la asistencia, la política social, la política exterior y en
los proyectos de institucionalización del mismo régimen
(nota 14). Sin embargo, el instrumento político que ha atraído
más la atención de los historiadores en los últimos quince
años ha sido el de la represión: el franquismo, desde el estallido de la rebelión militar, programó y ejecutó de forma sistemática una acción represiva, que no puede ser considerada
sólo como réplica de la más desorganizada e incontrolada,
por la incapacidad del gobierno, que se llevó a cabo en la
zona republicana, sino que se pretendía con ella eliminar, primero, a los enemigos en la retaguardia durante la guerra civil
y, después, tener sometida a la población por el miedo y neutralizar cualquier intento de oposición (nota 15). La represión
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52
franquista sobre la sociedad española puede analizarse
desde tres niveles distintos de acuerdo con los resultados:
a) Las muertes: este es el aspecto que más ha interesado a
los historiadores, que han tratado del número, la intensidad y
el ritmo de las ejecuciones; y en torno a estas cuestiones han
tenido lugar debates, cuyos resultados han repercutido sobre
la determinación del grado de arbitrariedad y violencia con el
que actuó el régimen franquista (nota 16). El franquismo
reprimió sin mostrar gran respeto por la vida humana, particularmente durante la guerra civil y en la inmediata postguerra hasta 1945. A partir de aquel año las ejecuciones fueron
más esporádicas, más selectivas, pero mantuvieron el mismo
objetivo intimidatorio de la oposición al régimen (nota 17).
b) El encarcelamiento: este aspecto de la represión ha sido
menos estudiado que el anterior. Evidentemente es menos
espectacular y son más difíciles de evaluar sus repercusiones; sin embargo, esta cuestión debe tenerse en cuenta y ser
objeto de importantes estudios, porque fue muy numerosa la
población encarcelada y, por lo tanto, causó unos efectos
muy negativos sobre un importante sector de la sociedad
(nota 18).
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53
c) Las repercusiones de un régimen de terror: las ejecuciones, los encarcelamientos, las delaciones de unos contra
otros, etc. produjeron en la sociedad un ambiente de miedo,
de desconfianza y de inseguridad, que causaron dos tipos de
efectos, ambos buscados por el régimen franquista: por una
parte, el terror actuó como mecanismo desintegrador de las
organizaciones políticas y sociales que estaban en contra de
un régimen de dictadura; y, por otra, en relación con el efecto
anterior, permitía que la imposición del franquismo fuera más
intensa y contundente.
En esta situación, a la sociedad española, al menos durante
las dos primeras décadas de la dictadura franquista, se le
ofrecían únicamente dos actitudes: la adhesión incondicional
al régimen y la apatía, es decir, el alejamiento y el desinterés
por la vida pública, aunque no deben olvidarse el fenómeno
de la oposición armada (la guerrilla), a pesar de haber sido
minoritario, y la oposición política organizada, la mayor parte
de la cual se hallaba en el exilio.
La adhesión de la sociedad al régimen fue un objetivo buscado permanentemente por el franquismo. Estas adhesiones
existieron desde el estallido de la rebelión militar y algunas
organizaciones políticas intervinieron en la elaboración de la
trama, pero se fueron concretando durante la guerra civil y
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54
hallaron su encauzamiento más adecuado a partir de 1939.
En los últimos años los historiadores se han planteado la
cuestión del consenso de la sociedad española o de determinados grupos sociales con el régimen de Franco, siguiendo el
ejemplo de lo realizado por los historiadores italianos, y la de
los apoyos sociales que está relacionada estrechamente con
la anterior. La primera presenta un significado prioritariamente político y la segunda tiene un contenido eminentemente
práctico, que se adecua mejor, en mi opinión, a las circunstancias en las que se impuso y mantuvo el régimen franquista y que permite además la utilización de otro concepto explicativo, al considerar al franquismo como una red de intereses
que se articula, difunde y mantiene a lo largo de su trayectoria.
Los apoyos sociales al franquismo pueden catalogarse en
tres tipos distintos, aunque muy relacionados entre sí
(nota 19):
a) Los estrictamente políticos: provienen de aquéllos que
colaboran con el régimen y participan en el gobierno, las instituciones, la administración y la dirección del partido.
Pertenecen a este grupo, por lo tanto, los que han profesionalizado su actividad política y han convertido la lealtad al
régimen en la principal virtud política.
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55
b) Los prioritariamente ideológicos: los efectúan quienes,
según sus creencias, su concepción de la sociedad y la función pública que ejercen, encuentran al régimen franquista
como el marco más adecuado y coherente para desarrollar
su actividad. La jerarquía eclesiástica, la militar y determinadas instituciones educativas y asistenciales se hallan dentro
de este tipo de apoyos.
c) Los económicos: en este grupo se encuentran los apoyos
principales y más numerosos del régimen franquista y hacia
él se dirigieron sus principales atenciones. En primer lugar,
los gobernantes franquistas, durante la guerra y, sobre todo,
al finalizar ésta, tuvieron que reconocer y compensar las deudas contraídas con los que habían sostenido al bando alzado
contra la República. De ahí que el régimen franquista haya
recibido, en este sentido, el calificativo de «restauracionista»
(nota 20). Para extender y reforzar este tipo de apoyos sociales el gobierno franquista utilizó principalmente la elaboración
y gestión de la política económica: a través de ésta se compensó a las personas y a las empresas, se respondió a sus
demandas y se aseguraron sus intereses, y colocando a personas eficaces e influyentes al frente de los organismos económicos y de las instituciones políticas se conseguía captar
voluntades y asegurar lealtades a cambio de beneficios ecoÍNDICE
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nómicos (nota 21). Un excelente lugar de encuentro de los
políticos franquistas y de los empresarios fueron las instituciones políticas y sindicales, tanto en el ámbito local como en
el estatal, que sirvieron de taller para extender la red de intereses que se tejió en torno al régimen franquista aprovechando el fuerte intervencionismo estatal en la economía
española en la época de la autarquía y en la desarrollista, a
pesar de iniciarse en la última la liberalización de la economía.
3. La adaptación política del régimen franquista
Al atributo del inmovilismo le acompaña el de la duración del
régimen franquista. Un objeto inmóvil y duradero se comporta como algo inanimado que resiste a los envites del tiempo
hasta su destrucción, y la imagen del búnker para representar al franquismo de los últimos años enfrentándose a las tendencias liberalizadoras de la sociedad española se adecua
perfectamente a esa idea. Sin embargo, el franquismo no pretende sólo resistir, sino también perdurar y para esto necesita adaptarse a las circunstancias siempre que no suponga
variaciones en su naturaleza, es decir, que no afecte a lo que
se ha definido aquí como inmovilismo.
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Las operaciones para adaptar el régimen franquista a las circunstancias se realizarían en dos campos distintos: el de la
política exterior y el de la política interior. Respecto a la política exterior, es preciso analizar previamente la razón por la
que ésta adquirió tal importancia que algunos historiadores la
han calificado como «factor condicionante» del régimen franquista (nota 22), a pesar de que España contaba con una
larga tradición de aislamiento y neutralidad en los conflictos
internacionales. Pues bien, las potencias fascistas, como se
ha indicado más arriba, intervinieron de forma notable en el
origen y la consolidación del franquismo, de manera que este
régimen estaba considerado en el contexto internacional afín
a los anteriores. Sin embargo, a partir de 1945 y, antes incluso, desde 1942, cuando aparecieron los síntomas de que las
potencias fascistas podían perder la guerra, el régimen de
Franco comprendió la conveniencia de acercarse a los países
aliados para que éstos respetaran su existencia. Ésta es la
clave desde la que hay que interpretar la lenta evolución política que comienza en 1942 y que pretendía un amago de
tenue adaptación del régimen a los presupuestos políticos de
los países liberales. Pero al mismo tiempo se han de tener en
cuenta las capacidades de la España franquista para intervenir en la política internacional de aquellos años: España era
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58
un país con recursos muy escasos, arruinado por las destrucciones de la reciente guerra civil, con un ejército mal equipado y una población empobrecida y en gran parte desmoralizada por la fuerte represión a la que estaba sometida. Ante
esta situación, cabe perfectamente preguntarse no tanto por
sus capacidades para influir en la política exterior, sino por las
aportaciones que pudiera realizar en ese campo. Pues bien,
España gozaba de una posición geoestratégica privilegiada,
que se mantenía a pesar de su aislamiento internacional
desde 1946 y su marginación respecto a la ayuda económica
americana; y el régimen franquista, además, podía aportar a
la escena internacional su anticomunismo ideológico y militante, como prueba principal de lealtad, para ser admitido en
el bloque de las potencias occidentales. Estos objetivos los
alcanzaría el General Franco en 1953, mediante los acuerdos
con el Gobierno de los EE.UU., lo que significaba, además, el
reconocimiento internacional del régimen, la entrada de facto
en el bloque occidental y el principio de la integración de
España en las organizaciones internacionales, que se consumó en 1955 con el ingreso en la ONU. Franco había conseguido todo esto aprovechando la coyuntura internacional, sin
modificar un ápice de su régimen político.
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59
Respecto a la política interior, la adaptación del régimen se
produjo también atendiendo a las circunstancias y con la
intención prioritaria de perdurar. Teniendo en cuenta el férreo
control que había impuesto sobre la población el régimen
franquista, las dificultades sólo podrían proceder del exterior
y, en concreto, del cambio en la relación de fuerzas internacionales, tal como se adivinaba en 1942, ante el desarrollo de
la guerra en el frente ruso. Por ello el franquismo necesitaba
anticiparse a los acontecimientos y poner los medios para
que, en el caso de que las potencias fascistas perdieran la
guerra y sus regímenes políticos desaparecieran, los aliados
(liberales y demócratas) respetaran su existencia, pero esto
suponía la necesidad de adaptarse y disimular las agudas
estridencias que separaban unos regímenes de otros.
En primer lugar, y sin que ello implicara ningún cambio institucional, el general Franco cambió su ministro de Asuntos
Exteriores, el falangista R. Serrano Suñer, albacea testamentario de J.A. Primo de Rivera, cuñado de F. Franco e inspirador del régimen franquista, por un militar aliadófilo, el general
Gómez Jordana, que tendría más fácil el contacto con los
aliados y sobre quien no pesaba la militancia falangista. Pero
al pretendido cambio de actitud del gobierno del general
Franco había que darle, a continuación, contenido político, y
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60
en esta dirección deben interpretarse las leves reformas y el
largo proceso institucional que se prolonga hasta la Ley
Orgánica del Estado. Antes se ha visto que la promulgación
de aquellas leyes y la creación de las instituciones dejaron
íntegros los poderes de Franco; nos falta ahora precisar qué
añadieron o en qué matizaron aquellas leyes los poderes y
las instituciones.
Según la ley de creación de las Cortes, éstas se concebían
como una «institución colaboradora» del Jefe del Estado en
la importante tarea de elaborar las leyes, función que sólo
materialmente las relacionaba con los parlamentos democráticos, pero que formalmente, por sus facultades y por el modo
de elegir a los procuradores (elección corporativa e indirecta
y designación directa) (nota 23), se hallaban situadas en las
antípodas.
Con el Fuero de los Españoles, el régimen franquista pretendía dar un paso más en la adaptación a los regímenes liberales, pero por su origen, su formulación y sus limitaciones se
queda, en palabras de Tuñón de Lara, en algo parecido a una
«declaración otorgada de derechos» (nota 24). En este sentido, el Fuero de los Españoles es un claro ejemplo de cinismo
político e histórico.
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61
Como ya se ha dicho, en la Ley de Sucesión los poderes de
Franco se engrandecen mucho más, a pesar de que la jerarquía eclesiástica y otros panegiristas del régimen presentaran las leyes fundamentales como una limitación que el propio general imponía a sus poderes y, por lo tanto, debía ser
objeto de reconocimiento y de votación favorable en el referendum. Con esta ley, además, el dictador hallaba la fórmula
para presentar institucionalmente su régimen, con la que pretendía ser homologado internacionalmente.
La cuarta medida política para lograr la adaptación institucional, fue la convocatoria de las elecciones municipales, pero
no como recuperación de la democracia en los municipios,
sino como implantación de la democracia orgánica en ellos;
es decir, un sistema de representación corporativa, elección
indirecta y nombramiento gubernamental de los alcaldes.
A pesar de esta adaptación ficticia, el régimen de Franco fue
admitido de modo indirecto en el bloque occidental, por lo que
la dictadura franquista no necesitó de ningún tipo de reformas
para su reconocimiento y tolerancia internacionales. Por ello,
a partir de 1953 el régimen de Franco no precisó mayores
esfuerzos de adaptación y sólo efectuó ligeros retoques para
borrar las sombras de las declaraciones de totalitarismo de
los primeros años. Esta última función la ejercieron la Ley de
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62
los Principios Fundamentales del Movimiento y la Ley
Orgánica del Estado. A partir de 1967, los comentaristas del
régimen franquista lo calificarán como «Estado de derecho»,
con lo que se había consumado y entronizado la paradoja
política de convertir una dictadura en un régimen ficticio de
derecho.
Aparte del proceso de adaptación institucional analizado, el
general Franco se sirvió periódicamente de los cambios
ministeriales para incorporar al gobierno a personas o grupos
con sensibilidades y planteamientos ideológicos que podían
ser más eficaces en unas circunstancias u otras y con los que
el régimen se adaptaría mejor a las necesidades interiores y
exteriores, tal como sucedió en 1942. Los cambios más significativos fueron los que tuvieron lugar en 1945 y 1957: el primero motivado por la urgencia de responder a la coyuntura
del final de la II Guerra Mundial, y el segundo, por la grave crisis económica generada por el agotamiento de la política
autárquica. En ambos casos se percibe la estrecha relación
entre los problemas interiores y exteriores de la política del
régimen franquista.
En 1945, las amenazas contra el régimen procedían del exterior y se trataron de neutralizar colocando en el Ministerio de
Asuntos Exteriores a una persona ideológicamente afín a la
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63
democracia cristiana, que desempeñaría una importante función en los gobiernos de Europa Occidental en los años
siguientes; pero aquel ministro, además, debía impulsar en el
interior un proceso de reformas para hacer homologable el
régimen franquista con el de los aliados. Dada la incapacidad
de FET y de las JONS, el partido único franquista, para llevar
a cabo la anterior función, el ministro contó con dos importantes aliados: la jerarquía eclesiástica, particularmente el
Arzobispo de Toledo, y las organizaciones de AC, tanto las
que actuaban en el interior como las que proyectaban su actividad en el exterior. El Fuero de los Españoles y la Ley de
Sucesión fueron el escaso bagaje de aquella gestión política
(nota 25).
En 1957, el régimen franquista se hallaba consolidado en el
interior y reconocido en el exterior, pero los problemas procedían de la crisis económica, acarreada por la política autárquica. Así pues, la economía española requería varias intervenciones urgentes: el saneamiento interior, medidas de liberalización y el establecimiento de un sistema realista de cambios monetarios con el exterior. Para llevar a cabo estas operaciones el general Franco utilizó a un grupo de tecnócratas,
que pertenecían al Opus Dei, especialistas en cuestiones
económicas y administrativas y poco exigentes en los temas
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64
relativos a la reforma política interior, aunque desaprobaban
el mantenimiento de fórmulas con reminiscencias totalitarias.
Los frutos de su gestión política fueron la Ley de los
Principios Fundamentales del Movimiento y la Ley Orgánica
del Estado; y los de la gestión económica, el Plan de
Estabilización y la elaboración y puesta en marcha de la política de los Planes de Desarrollo, que supusieron un elemento muy importante de la modernización económica y social de
España en los años sesenta.
Sin embargo, aunque en una y otra etapa el protagonismo
político lo ejercieron personas de uno u otro grupo, éstos
tuvieron permanentemente en frente a los dirigentes políticos
y ministros del sector falangista, que interpretaron como desviación y, por lo tanto, un atentado contra la integridad del
régimen (inmovilismo) la más ligera adaptación que se propusiera. Estos enfrentamientos tuvieron lugar a lo largo de la
primera etapa entre el grupo político de A. Martín Artajo y el
sector ortodoxo del partido único (nota 26); y durante la
segunda, los ataques contra el grupo tecnócrata procedían
del sector más inmovilista del falangismo (el búnquer), porque temían, y no sin razón, que el reformismo político seguiría a corto o medio plazo a la liberalización económica. El proÍNDICE
65
tagonismo político de los tecnócratas terminó con el gobierno
de Carrero Blanco, en diciembre de 1973 (nota 27).
4. Conclusión: La implicación de la sociedad española
Precisado el significado histórico de los conceptos inmovilismo y adaptación referidos al régimen franquista y analizados
a grandes rasgos sus contenidos, cabe plantearse la implicación de la sociedad española con el régimen. Son ya lugares
comunes que el régimen franquista se impuso en España por
la fuerza, que su objetivo prioritario fue perdurar y que se sirvió permanentemente de la represión para tener sometida a
la población y neutralizar el más leve intento de oposición;
pero este régimen de dictadura pretendía, al mismo tiempo,
moldear la sociedad española «a su imagen y semejanza»,
utilizando los cuantiosos y poderosos medios que tenía sin
limitación ninguna: la propaganda, la educación, la manipulación y la creación de la opinión pública, la movilización de la
juventud, etc. han afectado a varias generaciones de españoles (nota 28). Sin embargo, el medio más eficaz para aportar adeptos al régimen fue el otorgar beneficios económicos
y conceder situaciones de privilegio político y administrativo,
con los que se retribuía tanto a los adheridos de las primeras
horas como a los que posteriormente se acercaron al régiÍNDICE
66
men directamente, por mediación de otros o a través de las
instituciones, y siempre con la intención de obtener algún
beneficio: la jerarquía eclesiástica, organizaciones empresariales, propietarios, empresarios y otros profesionales de ideología conservadora, que ejercían una importante influencia
social, se aprestaron a ocupar o se incorporaron sucesivamente a las instituciones y a los organismos del régimen. En
este sentido es muy importante la incorporación de la segunda generación del franquismo a la política activa en los años
sesenta, en la que, aparte de las motivaciones políticas, la
perspectiva de obtener una posición social y económica notable supuso un atractivo interesante (nota 29). Todo ello se dirigía a ampliar el consenso o, mejor, a extender los apoyos
sociales del régimen; pero es inevitable, asimismo, plantear la
cuestión de la oposición o el disenso.
La sociedad española estuvo sometida al régimen franquista
y una buena parte de ella asumió sus planteamientos por
interés o por afinidad ideológica, pero otra parte importante
de la misma se mantuvo alejada con actitudes claras de oposición, de desprecio y de indiferencia; es decir, que la sociedad española albergó un alto grado de disenso. Una prueba
palpable de éste fue el mantenimiento durante toda la historia del franquismo de las medidas de política represiva cuyo
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67
objetivo no era la protección de los derechos y del modelo
social y político asumidos libremente por los ciudadanos, sino
el de la defensa del régimen en contra de los ataques que
podría sufrir de los ciudadanos. Se trata, pues, de una evidente perversión del concepto de orden público. La política
represiva pasó por dos etapas principales: la anterior a 1959,
en la que giró en torno al Código de Justicia Militar y a los
delitos relacionados con la rebelión militar y con la seguridad
del Estado (nota 30) y su aplicación pasó por dos fases, con
mayor rigor en condenas a muerte y penas de cárcel más
prolongadas hasta 1945, aminoradas unas y otras en los
años siguientes; en la segunda etapa, desde 1959 hasta
1975, no varió el concepto de orden público, pero se adoptaron algunas innovaciones y se crearon tribunales especiales
de acuerdo con la categoría de los delitos: los de bandidaje y
terrorismo (Ley de 1960), cometidos contra la seguridad del
Estado, eran competencia de la jurisdicción militar, y las actividades realizadas con motivación política en contra del régimen franquista correspondían al tribunal especial de orden
público, formado en mayo de 1963, de acuerdo con la Ley de
1959 (nota 31); pero lo verdaderamente decisivo eran las
facultades de los magistrados y policías para clasificar los
actos y la arbitrariedad con la que lo realizaban.
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68
Por último, ante el funcionamiento de este aparato represivo
la oposición no encontró apenas posibilidades de organizarse: los partidos históricos se hallaban en el exilio y ante cualquier intento que se descubría eran fuertemente reprimidos.
El PCE fue el más activo en los años cuarenta y cincuenta,
primero alimentó la actividad guerrillera y después se infiltró
en otros movimientos de estudiantes, obreros y servicios
públicos, que protagonizaron actos de protesta con una clara
intencionalidad política. En los años sesenta aparecieron
nuevas formas de organización de la oposición: en la lucha
sindical las CC.OO. y en la estudiantil, las coordinadoras de
estudiantes (nota 32); asimismo comenzó la actividad terrorista de ETA, la organización nacionalista vasca. No debe
olvidarse tampoco la actividad realizada en este campo por
las organizaciones de la AC, particularmente en el campo sindical por la HOAC (nota 33). Sin embargo, a pesar de esta
actividad opositora, el régimen se mantuvo mientras vivió el
dictador ya que el entramado que había construido con el
inmovilismo, la adaptación política y los intereses, defendido
con las fuertes medidas represoras, le mantuvo su lealtad. El
concepto de lealtad política adquiere una gran importancia
para entender la existencia del régimen en los últimos años.
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69
1 Ver al respecto: SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «La polisemia de los
conceptos historiográficos: Los análisis sobre el fascismo y el franquismo», en Bulletin d’Histoire Contemporaine de la’Espagne, n.º
27, CNRS, Aix-en-Provence, 1999, págs. 181-196. En él se alude al
debate en torno al significado del concepto «fascismo». Para un
análisis más profundo de la cuestión: SAZ CAMPOS, Ismael,
«Repensar el feixisme», en Afers, n.º 25 (1996), págs. 443-473.
2 Fundamentos del Nuevo Estado, Madrid, Edit. Vicesecretaría de
Educación Popular, 1943, págs. 46-47. Estos títulos son la base del
posterior de Caudillo proyectado desde la Jefatura del Estado, el
partido único y la jerarquía eclesiástica. Ver: REIG TAPIA, Alberto,
Franco ‘caudillo’: Mito y realidad, Madrid, Tecnos, 1996, págs. 61-68
y 174-183.
3 Fundamentos…, pág. 79.
4 Ibid., págs. 20-21.
5 Ibid., págs. 173-182.
6 Mons. E. Pla y Deniel, «Carta pastoral ante el referéndum popular
al proyecto de ley sobre la sucesión en la Jefatura del Estado», del
13 de junio de 1947, en Escritos pastorales, Madrid, 1949, Vol. II,
págs. 329-334.
7 Fundamentos…, págs. 47-52. La Ley Orgánica del Estado, en el
Preámbulo, sistematizaba y asumía las anteriores Leyes
Fundamentales y, en la Disposición Transitoria 4ª, establecía que
«...en el plazo de cuatro meses... se publicarán los textos refundidos de las Leyes Fundamentales, en los que se recogerán las modificaciones a que se hace referencia en las disposiciones adicionaÍNDICE
70
Notas
les de la presente Ley...». Los textos refundidos se publicaron por
Decreto del 20 de abril de 1967, y en el de la Ley constitutiva de las
Cortes no aparece ninguna modificación al respecto. Ver: MONTERO, Julio (ed.), Constituciones y códigos políticos españoles, 18081978, Barcelona, Ariel, 1998, págs. 191 y 201-202, respectivamente.
8 Ver al respecto: Leyes fundamentales, Madrid, Edit. Secretaría
General Técnica de la Presidencia del Gobierno, 1959, págs. 47-53.
Ver la respuesta y crítica de D. Juan de Borbón (manifiesto de
Estoril), en PRESTON, Paul, Franco. Caudillo de España,
Barcelona, Grijalbo, 1994, págs. 707-708.
9 Ver: Leyes fundamentales…, págs. 9-23. Los citados textos refun-
didos que siguieron a la promulgación de la Ley Orgánica no introdujeron ninguna modificación al respecto. Ver un análisis de las primeras leyes fundamentales y su relación con la jerarquía eclesiástica en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio pastoral y pensamiento político de
Enrique Pla y Deniel, Valladolid, Ámbito, 1995, págs. 152-164.
10 En el texto refundido del Fuero del Trabajo desaparece el califi-
cativo de totalitario referido al Estado; y en el del Fuero de los
Españoles se compaginan la confesionalidad del Estado y la protección de la libertad religiosa «...que, a la vez, salvaguarde la
moral y el orden público» (art. 6). Ver: MONTERO, Julio (ed.),
Constituciones y códigos políticos..., págs. 182-183.
11 Ver al respecto: SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (ed.), El primer fran-
quismo (1936-1959). Ayer, n.º 33 (1999), particularmente,
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71
«Presentación» y «Líneas de investigación y debate historiográfico», págs. 11-15 y 17-40.
12 Ver al respecto las obras de RAMÍREZ, Manuel, España 1939-
1975. Régimen político e ideología, Barcelona, Labor, 1978; y de
FERNÁNDEZ CARVAJAL, R., La constitución española, Madrid,
1969. Aquí aparecen las reminiscencias del debate sobre la naturaleza del franquismo, al definirlo unos como «dictadura fascista» y
otros como «régimen autoritario de pluralismo limitado». En una y
otra formulación se parte de un cierto desenfoque: los primeros
proyectan las características del principio sobre toda la trayectoria
posterior (refuerzan el atributo del inmovilismo) y los segundos
invierten la perspectiva y proyectan sobre el principio las características de la segunda fase. Ver una revisión del debate en:
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «Líneas de investigación y debate historiográfico»… op. cit.
13 Ver las obras de JEREZ MIR, Miguel, Elites políticas y centros de
extracción en España, 1938-1957, Madrid, CIS, 1982; y MIGUEL,
Amando de, Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los
ministros del régimen, Barcelona, Euros, 1975.
14 Ver al respecto: RUIZ RICO, Juan J., El papel político de la Iglesia
Católica en la España de Franco (1936-1971), Madrid, Técnos,
1977; TUSELL, Javier, Franco y los católicos. La política interior
española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza Universidad, 1984; y
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José, «La jerarquía eclesiástica y el Estado
franquista: las prestaciones mutuas», en SÁNCHEZ RECIO,
Glicerio (ed.), El primer Franquismo (1936-1959). Ayer, n.º 33
(1999), págs. 167-186.
ÍNDICE
72
Notas
15 Sobre la rentabilidad política de la represión, ver: REIG TAPIA,
Alberto, Ideología e historia. Sobre la represión franquista y la guerra civil, Madrid, Akal, 1985; y MIR CURCÓ, Conxita, «Violencia
política, coacción legal y oposición interior», en SÁNCHEZ RECIO,
Glicerio (ed.), El primer franquismo (1936-1959). Ayer, n.º 33
(1999), págs. 115-145.
16 Ver al respecto las obras: SALAS LARRAZABAL, Ramón,
Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977; REIG TAPIA,
Alberto, Franco ‘caudillo’…, págs. 205-209; CENARRO, Ángela,
«Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la
violencia como base del ‘Nuevo Estado’», en Historia Social, n.º 30
(1998), págs. 18-19; y JULIÁ, Santos (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999.
17 El proceso seguido contra Julián Grimau y su ejecución, el 20 de
abril de 1963, es un ejemplo de esta represión selectiva. La represión se extendió hasta los últimos días de la vida del dictador: el 27
de septiembre de 1975 fueron ejecutados tres militantes del FRAP
y dos de ETA.
18 REIG TAPIA, Alberto, Franco ‘caudillo’…, págs. 239-276;
MARTÍNEZ LEAL, Juan y ORS MONTENEGRO, Miguel, «En el
reformatorio de adultos de Alicante», en Canelobre, n.º 31/32,
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995, págs. 46-72.
19 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, Los cuadros políticos intermedios
del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e identidad
de intereses, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996,
págs. 117-154.
ÍNDICE
73
20 MORENO FONSERET, Roque, «Economía y poder local en
Alicante (1939-1948). La función restauradora del régimen», en
TUSELL, Javier y otros (coord.), El régimen de Franco (1936-1975),
Madrid, UNED, 1993, Vol. I, págs. 99-114.
21 Este mecanismo lo hacían palpable los dirigentes franquistas de
la provincia de Barcelona en un Informe político, del mes de
noviembre de 1940, en el que se decía respecto a los antiguos militantes de la Lliga Regionalista: «... Ello no obstante, con una acertada política en la dirección económica y con personas que merezcan su confianza, han de reaccionar con facilidad como prueba el
hecho de la satisfación producida por el reciente nombramiento del
Camarada Demetrio Carceller para Ministro de Industria y
Comercio, pues a pesar de conocer su filiación falangista, ven en él
un hombre capacitado y conocedor de sus problemas, realista y
hombre de empresa...» (Archivo General de la Administración de
Alcalá de Henares, Sec. Presidencia, Secretaria General del
Movimiento, Caja 31).
22 PORTERO, Florentino y PARDO, Rosa, «Las relaciones exterio-
res como factor condicionante del franquismo», en SÁNCHEZ
RECIO, Glicerio (ed.), El primer franquismo (1936-1959). Ayer, n.º
33 (1999), págs. 187-219.
23 Cuando, a partir de 1967, se amplió la representación a los pro-
curadores familiares, el derecho de sufragio se concedió solamente a los cabezas de familia.
24 BIESCAS, J.A. y TUÑÓN DE LARA, M. (eds.), España bajo la dic-
tadura franquista, Vol. X de la Historia de España, dirigida por M.
Tuñón de Lara, Barcelona, Labor, 1980, pág. 213.
ÍNDICE
74
Notas
25 Ver al respecto: PORTERO, Florentino, Franco aislado. La cues-
tión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989; y «Artajo, perfil
de un ministro en tiempos de aislamiento», en Revista de Historia
Contemporánea, n.º 15 (1996), págs. 211-224; TUSELL, Javier,
Franco y los católicos.. op. cit.; y SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «Las
prestaciones de la Iglesia a la política exterior del Régimen de
Franco, 1945-1957», en TUSELL, Javier y otros (coord.), La política
exterior de España en el siglo XX, Madrid, UNED, 1997, págs. 389398.
26 TUSELL, Javier, Franco y los católicos..., págs. 391 y sigs.; y
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «La coalición reacionaria y la confrontación política dentro del régimen franquista», en TUSELL, Javier y
otros, Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid,
UNED, 1993, págs. 551-562.
27 Ver: TUSELL, Javier, Carrero. La eminencia gris del régimen,
Madrid, Temas de Hoy, 1993.
28 Ver: SEVILLANO CALERO, Francisco, Propaganda y medios de
comunicación en el franquismo (1936-1951), Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 1998.
29 Está sin hacer el estudio específico de la incorporación de este
grupo a la política del régimen en los años sesenta y que, una década más tarde, cumpliría importantes funciones en la transición
democrática.
30 LANERO TÁBOAS, Mónica, Una milicia de la justicia. La política
judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1996.
ÍNDICE
75
31 ÁGUILA, Juan J. del, «El Tribunal de Orden Público, 1963-1976.
Trece años de represión política en España», en TUSELL, Javier y
otros (coord.), La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED,
1990, Vol. 2, págs. 427-440.
32 MARAVALL, José M.ª, Dictadura y disentimiento político. Obreros
y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978.
33 DOMÍNGUEZ, Javier, Organizaciones obreras cristianas en la
oposición al franquismo (1951-1975), Bilbao, Mensajero, 1985.
ÍNDICE
76
Las consultas franquistas: la ficción plebiscitaria
1. El uso de las consultas populares en regímenes
dictatoriales
El análisis de las consultas electorales organizadas por los
diferentes regímenes dictatoriales es desdeñado por la mayor
parte de los científicos sociales, y en especial por los historiadores. Fue en los setenta cuando se comenzó a teorizar
sobre la naturaleza y funciones de este tipo de elecciones,
denominadas semicompetitivas o no-competitivas (nota 1).
Ahora bien, bajo este concepto se englobaban elecciones de
todo tipo celebradas en dictaduras de naturaleza muy diversa, y ello propició que se compararan sistemas, situaciones y
mecanismos tan diferentes y tan distantes en el tiempo como
sin duda son los regímenes fascistas o comunistas, las dictaÍNDICE
77
duras militares sudamericanas o los sistemas políticos autoritarios africanos actuales, lo que hizo que muchas de sus
aportaciones referidas a las funciones, a la dinámica o a las
consecuencias de estas consultas fueran muy cuestionables
(nota 2). Sin embargo, los trabajos ratifican algo que parecía
obvio: que el estudio de este tipo de comicios puede aportar
elementos importantes que sirven para la captación de mecanismos difícilmente perceptibles en otros niveles de la realidad política (nota 3). Es más, desde un criterio estrictamente
funcional, es evidente que la decisión de organizar unas elecciones por parte de alguien que no está obligado en absoluto a hacerlo señala que de su organización espera obtener un
beneficio, normalmente el de su legitimación, aunque sea
caricaturesca. En otras palabras, el papel legitimador de
estas elecciones puede ser discutible, pero no por eso hay
que pasarlo por alto (nota 4). Por otro lado, la utilización de
plebiscitos y, en general, de todo tipo de consulta constituye
un mecanismo fundamental para resolver el problema de la
institucionalización del régimen autoritario (nota 5). Por ello,
su validez no ha sido soslayada, por ejemplo, en la historiografía italiana centrada en el estudio del fascismo, siendo
muchos los trabajos que resaltan el papel legitimador del
recurso electoral, así como su importancia en el proceso de
ÍNDICE
78
consolidación e institucionalización del fascismo. Hay que
tener en cuenta que, por ejemplo, el recurso de las elecciones permitió a Mussolini y a Hitler implantar, desde la legalidad, sus dictaduras totalitarias. En ambos casos, una vez
alcanzado el poder, los dos dictadores mantuvieron la ficción
democrática y permitieron la celebración de elecciones
«semilibres» que incluían la participación de todos los partidos de la oposición, logrando dar base legal en el seno de la
constitución democrática a los dirigentes antidemocráticos,
proporcionar la ocasión de una manifestación plebiscitaria y
hacer manifiesto el poder real del partido en la calle (nota 6).
En la Italia fascista, tras la marcha de Roma, el Gran Consejo
del Fascismo se ocupó de manera casi inmediata de la cuestión de la reforma electoral (nota 7). La Ley Acerbo, aprobada
en noviembre de 1923, fue concebida como un instrumento
para consolidar la hegemonía del partido fascista (nota 8). El
texto introducía el escrutinio mayoritario de lista, de manera
que aquella candidatura que obtuviese el refrendo de al
menos el 25 % de votos conseguiría dos tercios de los escaños del Parlamento. En las elecciones de 1924 votó el 63,8%
del censo y la lista ministerial, «il listone», compuesta por
candidatos fascistas o simpatizantes, obtuvo el 65% de los
votos y 356 diputados sobre un total de 535. De esta manera
ÍNDICE
79
se completó la primera fase del poder fascista. En realidad, la
historia del fascismo queda marcada en buena parte por la
evolución de su legislación electoral y de los resultados de las
diferentes consultas. En la ulterior «elección», que en el lenguaje político fascista viene definida significativamente como
«il plebiscito» (nota 9), se aplicó una legislación más draconiana, la elaborada por Alfredo Rocco, que fijaba la existencia de un único colegio electoral y reducía el número de diputados a 400. Los electores sólo podían votar SI o NO a una
lista confeccionada por entes corporativos y presentada por
el Gran Consejo Nacional, de ahí el carácter plebiscitario de
la consulta. Votó el 89,6% del electorado, por cierto, reducido
significativamente, y de ellos sólo el 1,57% lo hizo en contra.
El plebiscito selló «el culmen de una época del fascismo»
(nota 10) y el inicio, en definitiva, de una nueva fase en la que
el fascismo legalizó su posición y redujo a una pírrica minoría
a la oposición. El segundo plebiscito, celebrado en 1934, fue,
para los fascistas, un éxito mayor. El porcentaje de votantes
fue del 96,25% y el 99,8% de ellos apoyó la lista oficial. En
1939 la Cámara de los Diputados fue sustituida por la
Cámara del Fascismo y de las Corporaciones, inaugurándose así la fase del fascismo de combate. Por la naturaleza de
las consultas realizadas, los historiadores italianos han analiÍNDICE
80
zado, sobre todo, la legitimidad de la representación que
ostentaban los diputados elegidos a partir de 1924, escasa
por la «maldad» intrínseca de las leyes electorales (nota 11).
Es obvio que el recurso a este tipo de consultas se hacía
desde el poder como instrumento de legitimación del régimen. Dicha afirmación queda confirmada con lo ocurrido
poco después en el norte de Italia. El propio Mussolini, cuando proclamó el nacimiento de la República Social en 1943,
sabía que no tenía ningún poder ni base legal para hacerlo y
buscó esa legitimidad en unas posibles elecciones municipales, en un intento fallido de establecimiento de un sistema de
representación orgánica en los ayuntamientos (nota 12).
Resulta paradójico, sin embargo, observar la escasa atención
que en dichos análisis se hace de la manipulación y control
de la opinión pública, el uso de la represión policiaca y de la
violencia como medio de acción política y, en general, el
empleo de todo el aparato del Estado al servicio claro del partido dominante, tanto en la labor propagandística como la del
escrutinio (nota 13). Factores, que, en definitiva, explican
mejor la nula representatividad de los diputados «electos»
entre 1924 y 1939 que la propia legislación electoral.
En 1933, un mes después del ascenso al poder de Hitler, se
celebraron las últimas elecciones «libres» en Alemania. En
ÍNDICE
81
esta consulta votó el 89% del electorado alemán y supuso el
triunfo en las urnas del NSDAP al obtener el 43,9% de los
votos y el 44,5% de los escaños, con resultados muy desiguales en los diferentes territorios alemanes. Los 288 diputados nazis, sobre 647, unidos a los 52 del Partido Nacional
Alemán, concedieron a Hitler una mayoría parlamentaria que
éste usó para destruir paulatinamente el Estado republicano.
El resultado, nada contundente a pesar de que las elecciones
estuvieron presididas por la coacción y la intimidación, nada
tiene que ver con los habidos meses más tarde, cuando Hitler
utilizó nuevas consultas populares para dar base legal al
nacimiento de la dictadura. Las elecciones de noviembre de
1933, esta vez con candidatura única, sancionan el nacimiento del III Reich, y el plebiscito de agosto de 1934 legitima al dictador ya que refrendan con un 88% de votos afirmativos el autonombramiento de Hitler como presidente del
Reich producido tras la muerte de Hindenburg. Son muchos
los estudios sobre la asunción del poder por parte del Partido
Nazi, pero pocos los que tratan el ascenso de votos del partido nazi y el mantenimiento de la ficción electoral. La interpretación ampliamente aceptada es la enunciada por Bracher
(nota 14), que ha servido para calibrar la importancia de
estas prácticas. El recurso a las consultas populares sirvió no
ÍNDICE
82
sólo para legitimar el poder entre los alemanes, sino también
para neutralizar los temores de los miembros de la coalición
en los momentos difíciles.
La legitimación a través del plebiscito también se procuró en
el caso del Estado Novo portugués. Salazar, verdadero hombre fuerte desde 1928, entra en escena de la mano del golpista general Carmona como ministro de Hacienda, funda
Unión Nacional -movimiento nacional corporativista de apoyo
inquebrantable a su persona-, en 1932 es nombrado presidente del Consejo de Gobierno y en 1933 consigue que la
Constitución que configura el Estado Novo sea aprobada en
plebiscito. Salazar continuó empleando la ficción electoral
para legitimar, consolidar e institucionalizar el régimen. Y lo
hizo, sobre todo, en los momentos de mayor rechazo interno
y externo a la dictadura, tras la Segunda Guerra Mundial y en
los años sesenta (nota 15). Sin embargo, las consultas populares del régimen de Salazar han servido a los historiadores
portugueses para encauzar el estudio de la oposición al
«Estado Novo», toda vez que en los diferentes comicios habidos se permitió la participación de las distintas fuerzas opositoras; eso sí, con todas las trabas, fraudes e intimidaciones
que se puedan imaginar. Es más, la utilización de las consultas populares como instrumento de control de la oposición es
ÍNDICE
83
un argumento nada desdeñable a la hora de explicar su existencia y parece que se permitió la participación de las fuerzas
opositoras para tenerlas controladas. Entre 1933 y 1969 se
celebraron sucesivas elecciones presidenciales en las que
podían votar los jefes de familia y las mujeres diplomadas, un
censo que osciló tan sólo entre 1.300.000 en 1930 y
1.800.000 en 1969, a pesar del importante crecimiento
poblacional de Portugal en estas fechas. Aunque se mencionan la falta de estímulo electoral, el desprecio doctrinario de
las urnas, los bajos porcentajes de abstención, casi siempre
inferiores al 20%, o la falsificación de certificados de voto, ha
sido la participación efectiva de los distintos partidos de la
oposición en estas «farsas electorales», tal y como ellos las
denominaban, y la consiguiente elaboración de programas
comunes y de discursos políticos, el tema recurrente de los
investigadores portugueses (nota 16). Como en Portugal, la
España franquista también presentaba una falta de legitimidad de origen que intentó ser contrarrestada por la utilización
de diferentes consultas. Sin embargo, este tema reviste una
complejidad aún mayor, por la propia evolución del régimen,
por la heterogeneidad de las elecciones y, sobre todo, por la
compleja y enmarañada legislación electoral.
ÍNDICE
84
2. Naturaleza de las consultas franquistas.
Líneas de interpretación
Entendemos por consultas populares aquellas en las que
sectores de población relativamente amplios pueden acudir a
las urnas en su condición de ciudadano –o súbdito– sin necesidad de pertenecer a ningún tipo de asociación. La existencia de un cuerpo electoral amplio se complementa además
en determinadas consultas con el sufragio directo y la teórica
posibilidad de optar por listas alternativas, lo que convierte a
las consultas en elecciones semicompetitivas. En España las
consultas populares se redujeron a la elección de los representantes del tercio familiar en los Ayuntamientos a partir de
1948 y en las Cortes desde 1967. A ellas habría que añadir
los dos referenda organizados en 1947 y 1966. El régimen
proclamaba que la naturaleza de ambas consultas era bien
distinta. Mientras el primer tipo de comicios respondía a la
teoría de la «democracia orgánica» expresada en el Fuero de
los Españoles, que predicaba que «todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter representativo a través de la Familia, el Municipio y el
Sindicato», el segundo tipo buscaba el refrendo de leyes
básicas en la institucionalización del régimen, vía catarsis.
Así, mientras en el primer caso las elecciones eran consideÍNDICE
85
radas apolíticas o administrativas, a las segundas se les
impregnaba de un fuerte carácter «político». Por esa circunstancia, si en las elecciones por el tercio familiar sólo podían
votar los cabezas de familia –y a partir de 1967 también las
mujeres casadas– lo que lógicamente impedía ejercer ese
derecho a amplios sectores de la población, en los plebiscitos de 1947 y 1966 pudieron hacerlo todos los españoles
mayores de 21 años.
La cuestión fundamental en el análisis de estas consultas,
independientemente de su tipología, no deviene de conocer
su naturaleza, sino de averiguar la causa por la que el
Régimen de Franco convocaba episódicamente a sectores
más o menos extensos de la población española cuando, en
principio, no parece que fuera necesario hacerlo. Tanto más
teniendo en cuenta que, una vez convocados, el aparato del
Estado se aprestaba a manipular los comicios antes, durante
y después de la votación, en muchas ocasiones de manera
escandalosa, lo que evidentemente hacía perder, de haberla
tenido alguna vez, todo atisbo de legitimidad a las consultas
tanto en el exterior como en el interior. La utilización y el mantenimiento de esta ficción electoral constituyen, pues, el
aspecto crucial en el análisis de las consultas franquistas. No
se trata tanto de analizar la llamada «democracia orgánica»
ÍNDICE
86
como de descubrir las causas que impelieron al Régimen a
celebrar este tipo de consultas, aún sabiendo las consecuencias y atisbando los imprevistos que la misma votación podía
deparar.
En este sentido, Linz señala que los regímenes autoritarios
orgánico-estatales como el Régimen de Franco, al no tener
un partido único movilizador (como lo fueron el Partido
Fascista o el Nazi) no podían organizar sistemáticamente
elecciones plebiscitarias a escala nacional y, para paliar estas
carencias, estos regímenes crean un sistema de representación que se apoya en colegios electorales fragmentados definidos por los grupos dirigentes; una «democracia orgánica»
caracterizada por un procedimiento electoral con múltiples
niveles que pasa por muchos canales corporativos y que permite a los dirigentes filtrar a los candidatos. Al parecer, este
tipo de consultas son propias de economías en vías de
modernización y constituyen un escalón superior sobre los
métodos de política clientelista y de corrupción electoral, más
adaptados a las sociedades rurales y atrasadas, como la
España o el Portugal del primer tercio del siglo XX (nota 17).
Las elecciones en estos regímenes pierden, pues, el carácter
plebiscitario que caracterizan a los regímenes totalitarios,
donde se celebran elecciones-consenso.
ÍNDICE
87
La caracterización que Linz hace de las consultas electorales
franquistas que, en definitiva, procede de la distinta naturaleza percibida por el autor entre los regímenes autoritarios y
totalitarios, presenta a nuestro juicio evidentes lagunas. La
principal es, pensamos, la idea de que el Régimen de Franco
crea el sistema de representación corporativa simplemente
para paliar una carencia. Sin embargo, ya desde la Primera
Guerra Mundial el corporativismo, o mejor dicho, diferentes
fórmulas corporativistas fueron consideradas por las organizaciones patronales y empresariales como la mejor alternativa para participar activamente en los órganos de representación, ante la pérdida progresiva de legitimidad de la representación política inorgánica. El corporativismo es, además, a
juicio de muchos historiadores económicos, fundamental en
el establecimiento del sistema económico nacionalista, que
alcanza su máxima expresión con la autarquía franquista
(nota 18). La Dictadura de Primo de Rivera, por lo demás, ya
ensayó un sistema de representación corporativa, que el propio Linz denominó corporatismo social (nota 19), que reguló
las relaciones laborales y sociales según la tradición social
católica, basada en la sindicación libre y la corporación obligatoria, lo que contribuyó decisivamente en la articulación de
una amplia gama de intereses (nota 20). Es cierto que la
ÍNDICE
88
naturaleza de este corporativismo es bien distinta del franquista, pero no por eso debemos hablar de ruptura de la tradición corporativa anterior. Lo que algunos han llamado corporativismo social franquista, o modelo corporatista a medias
(nota 21), bebe sin duda de las realizaciones anteriores -en
ocasiones los hombres son los mismos- y, sobre todo, viene
a responder a las exigencias de los mismos grupos de interés. Por ello, el modelo corporativo debe entenderse como un
continuun que desde 1923 hasta la transición ha servido de
marco regulador de las relaciones entre la clase política y los
empresarios y terratenientes (nota 22). Por otra parte, considerar que la democracia orgánica se corresponde con sociedades en franco proceso de desarrollo supone desconocer o
ignorar la realidad socioeconómica de la España del primer
franquismo, desde luego más rural y atrasada que la España
del primer tercio del siglo XX. De hecho, como veremos, no
parece que las elecciones franquistas soslayaran los métodos tradicionales de clientelismo y adulteración electoral, sino
que, por el contrario, las redes clientelares en los ámbitos
rurales se consolidaron y los delitos electorales alcanzaron
cotas escandalosas. Por lo demás, es necesario escapar a
consideraciones simplistas que no tienen en cuenta los desajustes que el paso de los años causa en todo régimen dicÍNDICE
89
tatorial, ya sea en su bloque de poder -que deja de ser homogéneo- como en la instrumentalización de los resortes institucionales -que cambian tanto en el significante como en el
significado-.
Por otro lado, implícitamente, Linz acepta la distinción entre
elecciones administrativas y consultas políticas establecida
como consigna por el Régimen. Mientras las elecciones orgánicas «sólo» trataban de confirmar a los candidatos que
representaban intereses oligárquicos y a las facciones en el
interior mismo del régimen, en los referenda estaba en juego
la legitimación plebiscitaria. Sin embargo, los escasos estudios centrados en las elecciones municipales celebradas a lo
largo de los años sesenta insisten en la idea de que al menos
para los electores las elecciones fueron encaradas de forma
inequívocamente política, de manera que allí donde se politizó más la práctica del voto, los candidatos independientes
pudieron afirmar su presencia (nota 23). Es más, la baja participación característica de estos comicios municipales probaba, más que una apatía, un elevado grado de politización,
en tanto en cuanto no se votaba por indiferencia respecto a
los términos de la alternativa que las elecciones planteaban,
y no por indiferencia a las elecciones (nota 24). En unos
momentos en los que una buena parte de los españoles lleÍNDICE
90
gaba a pensar seriamente en un aperturismo del régimen,
allá por 1966, este tipo de estudios llegó a concluir que el
Referéndum, y las consultas posteriores a la aprobación de
las Leyes Fundamentales, eran una invitación sincera del
Régimen a la participación política, un intento del Gobierno
de buscar una mayor asociación del ciudadano en la tarea
común (nota 25).
Las consultas franquistas, sean del tipo que sean, estuvieron
impregnadas de un carácter plebiscitario fuera de toda duda.
Ello era más evidente en los referenda, pero estuvo siempre
presente en las elecciones por el tercio familiar. Como veremos, las consignas dadas por el Secretario General del
Movimiento a todas las Delegaciones Provinciales para
encauzar la propaganda electoral insisten en plantear las
consultas como un plebiscito a Franco y al Nuevo Estado, con
argumentaciones maniqueas ampliamente difundidas en los
medios de comunicación. El ministro de la Gobernación,
Alonso Vega, sintetizaba bien este punto, al afirmar con motivo de las elecciones municipales de 1966 que «diría (a la ciudadanía) que mediten seriamente en cuánto deben a nuestro
Caudillo, tanto en la guerra como en la paz, que disfrutamos
todos desde hace veintisiete años, en su constante sacrificio
y abnegación por España y por todos los españoles y que
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91
esta deuda que todos tenemos contraída con él, exige no
sólo el que, a quien tanto se debe, se le exprese la adhesión,
sino la colaboración de todos en la obra del Gobierno»
(nota 26).
Por otra parte, el recurso a elecciones populares en la
España franquista buscó la legitimación institucional del régimen tanto en el ámbito interno como externo. Por ello los
momentos cumbres de estas consultas coinciden con los de
mayor acoso internacional al régimen y mayores niveles de
conflictividad interna. El recurso a las elecciones se concretó
precisamente en el período de máximo rigor en el sistema de
racionamiento alimenticio, con el lógico descontento social, y
de mayor aislamiento y presión internacional de los aliados
tras la Segunda Guerra Mundial; así, en el verano de 1945
Franco anuncia la convocatoria de elecciones municipales
presentándolas como un paso importante hacia la apertura
política, celebrándose en 1948 las primeras elecciones de
este tipo. Antes, el 6 de julio de 1947 las autoridades franquistas sometieron a referéndum la Ley de Sucesión a la
Jefatura del Estado, basándose en la Ley de Referéndum de
1945. A mediados de los sesenta, la falta de desarrollo político de la dictadura contrastaba con el crecimiento económico
y la modernización social ocurridos en el país, produciéndoÍNDICE
92
se una creciente conflictividad social, y fuera de España, el
rechazo de las democracias occidentales al régimen de
Franco por totalitario crecía e impedía, por ejemplo, la ansiada integración europea del régimen. Ello, y los postulados
políticos del equipo tecnocrático en el Gobierno, llevó a las
autoridades franquistas a practicar una tímida apertura política y acelerar el ritmo de las consultas, con el Referéndum del
14 de diciembre de 1966 que aprobó la Ley Orgánica del
Estado y la convocatoria de elecciones legislativas por el tercio familiar en 1967, donde por primera vez en este tipo de
consultas pudo votar la mujer casada. En este sentido, es
conveniente reseñar también la vitalidad que adquirieron las
elecciones sindicales a partir de 1963, que, para Cué, «constituyen la manifestación más atípica de participación y representatividad que se da en toda la estructura política del franquismo» (nota 27).
Finalmente, creemos que la democracia orgánica y las complejas elecciones que derivaron a lo largo de los años, nacieron para responder a los anhelos de los grupos de presión
que habían apoyado al ejército rebelde en la guerra civil para
que instauraran un régimen de representación corporativo
que consideraban más adecuado para sus intereses. Otra
cosa distinta es que, con el paso del tiempo, el cambio en la
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93
correlación entre las clases y fracciones de clase dentro del
bloque en el poder hiciese que las nuevas clases intermedias
urbanas no viesen en estas consultas el canal adecuado de
representación, de ahí la pérdida de legitimidad de estas
elecciones, manifestada en la progresiva disminución de los
niveles de abstención electoral y en el escaso número de
candidaturas alternativas a las oficiales.
3. El ordenamiento legal de las elecciones
De «complicada trama formal», de «tela de araña electoral»
o de «inabarcable madeja de insondables complejidades» ha
sido calificada la legislación electoral franquista (nota 28).
Conviene tener en cuenta que el sistema orgánico implantado tras la guerra civil contemplaba la celebración de elecciones parciales o generales con bases electorales muy diversas en cuanto a su número y su naturaleza, y con diferentes
tipos de sufragio: directo, indirecto o mixto (cooptación). El
tipo de sufragio indirecto, el más usado, era aplicado en la
selección de todos los «representantes» en las diversas instituciones y asociaciones, tales como dos tercios de concejales de los ayuntamientos, los diputados provinciales, los consejeros nacionales, los representantes sindicales y los procuradores en Cortes. El sufragio directo sólo se aplicó en aqueÍNDICE
94
llas elecciones encaminadas a cubrir los puestos de representación familiar, es decir, un tercio de concejales en los
ayuntamientos y, a partir de 1967, los llamados procuradores
familiares, menos de la quinta parte del total. Las bases electorales, en estos casos, fueron más amplias. Hasta 1967
votaban sólo los llamados «cabezas de familia», entendiendo
por tales todos los españoles residentes en España mayores
de 21 años, varones o mujeres, bajo cuya dependencia conviven otras personas en su mismo domicilio, así como aquellos emancipados mayores de 18 años. A partir de ese año,
se permitió el voto a las mujeres casadas. En este último
caso, el censo electoral estuvo formado aproximadamente
por el 75% de los españoles mayores de edad. El sufragio
universal sólo fue usado en los dos referenda, adoptándose
en general diferentes sistemas de sufragio restringido acordes con el principio fundamental de representación orgánica
o corporativa, de ahí que se hayan calificado a las elecciones
franquistas como elecciones de corte neocensitario (nota 29).
Como veremos, la heterogeneidad de los procesos electorales franquistas se complicó con el paso del tiempo por el
amplio volumen de instrucciones y normas reservadas, y de
leyes y decretos que venía a sumar o a modificar los distintos
procedimientos electorales elaborados durante el franquismo
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95
a partir de 1942, año en el que se publica la Ley de Cortes,
así como por la dispersión de la legislación reguladora, que
dejó importantes lagunas entre sí (nota 30).
Si nos atenemos a aquellas consultas que hemos calificado
como populares, la Ley Electoral de 1907 aparece como la
legislación electoral general, aplicable a las elecciones de
procuradores familiares y a los concejales familiares.
Lógicamente, la ley de Maura se diseñó para regular el sistema de representación de un sistema inorgánico y, para evitar
contradicciones, el nuevo régimen introdujo una serie de disposiciones que, en definitiva, intentaron adecuar el sentido de
la consulta al régimen de representación corporativa. La Ley
de 1907 aparece desde los inicios del Régimen bien como el
referente, bien como el instrumento supletorio, de los diferentes procedimientos electorales. Entre las modificaciones, la
fundamental fue la nueva regulación para la designación de
los integrantes de la Mesa Electoral, presidentes, adjuntos e
interventores, y de las Juntas del Censo, que quedó en
manos de las diversas asociaciones económicas, sindicales y
de los propios Alcaldes, de manera que el proceso de votación y escrutinio quedaba bajo el control del Estado sin posibilidad alguna de fiscalización.
ÍNDICE
96
La Ley de Bases de Régimen Local de 1945 reguló la composición de los Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos. Los
Alcaldes y Presidentes eran designados por el Ministerio de
Gobernación, ya sea el Ministro o los Gobernadores Civiles,
mientras los concejales eran elegidos por las organizaciones
corporativas que iban a representar. Un tercio de los concejales fueron designados por las Juntas de los Sindicatos, otro
tercio fue seleccionado por diversas entidades económicas y
sociales, y el último, el de representación familiar, fue elegido
por los cabezas de familia. Las primeras elecciones se celebraron en 1948 y se contempló la renovación de la mitad de
los concejales cada tres años. Se aprovecharon de la Ley de
1907 articulados que se adecuaban perfectamente a los
anhelos de las autoridades franquistas: así, se adoptó el artículo tercero, que privaba de voto a los sentenciados a penas
de prisión mayor, y se reeditó su artículo 29 -el artículo 55 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídicos de las Corporaciones Locales-, que preveía la elección automática de los candidatos proclamados cuando su
número no fuese superior al de los escaños vacantes. La
representación familiar llegó a las Cortes en 1967, gracias a
las diversas innovaciones que introdujo la Ley Orgánica del
Estado (LOE) que estipuló que cada provincia, independienÍNDICE
97
temente de su extensión o población, elegiría a dos procuradores familiares. Como novedad más importante de esta ley
hay que señalar la inclusión de las mujeres casadas en el
Censo, en un intento de movilizar a sectores cada vez más
amplios de la población española.
Elemento sustancial en las elecciones de representación
familiar es el sistema de selección de candidatos, que obstaculizaba el acceso a tal condición a un buen número de españoles. Al margen de las condiciones generales de elegibilidad
(ser español, vecino del municipio o provincia, tener más de
23 años o poseer una formación mínima –saber leer y escribir–), existían otras particulares mucho más draconianas.
Para poder concurrir a las elecciones, el aspirante, además
de reunir las anteriores condiciones, debía contar con alguno
de estos requisitos: haber desempeñado el cargo de concejal
en el propio Ayuntamiento; ser propuesto bien por dos procuradores representantes de las Corporaciones locales de la
provincia, bien por tres diputados provinciales, bien por cuatro concejales del ayuntamiento; o estar respaldado por un
número de electores no inferior a la vigésima parte del
Censo. En las elecciones a procuradores a Cortes de 1967 y
1971 las condiciones fueron similares, y el aspirante sólo
podía ser propuesto como candidato si contaba con el resÍNDICE
98
paldo del 5% del electorado, o con el apoyo de cinco procuradores o siete diputados provinciales.
Aunque el procedimiento electoral y los mecanismos de votación fueron similares, los plebiscitos organizados en 1947 y
1966 contaron con algunas singularidades destacables. De
hecho, tal y como se indicaba en el preámbulo de la Ley, el
recurso al referéndum tenía un carácter complementario del
sistema electoral orgánico. La tradición de este tipo de consultas plebiscitarias era escasa en España. El referéndum
apareció por primera vez en la legislación española con el
Estatuto Municipal de 1924, pero su reconocimiento constitucional no llega hasta la Constitución de 1931, cuyo artículo 66
señalaba que «el pueblo podrá atraer a su decisión mediante
‘referéndum’ las leyes votadas por las Cortes. Bastará con
ello que lo solicite el 15 por 100 del electorado». A diferencia
de esta norma, la Ley de Referéndum Nacional de 22 de
octubre de 1945 introdujo este tipo de procedimientos plebiscitarios para sancionar determinados proyectos de ley elaborados por las Cortes «cuando la trascendencia de determinadas leyes lo aconseje o el interés público lo demande»
(nota 31), siendo potestad del Jefe de Estado la posibilidad
de recurrir a esta consulta. Se trata, pues, de un tipo de referéndum facultativo o potestatario (puesto que sólo es el Jefe
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99
de Estado el que puede estimar la conveniencia de celebrarlo), previo (porque sólo afecta a los proyectos de ley) y de
carácter meramente consultivo (de resultado no vinculante)
(nota 32). El referéndum fue usado por Franco en dos ocasiones: el 6 de julio de 1947 para sancionar la Ley de
Sucesión, y el 12 de diciembre de 1966 para respaldar la Ley
Orgánica del Estado. Excepcionalmente, el artículo 2 de la
citada ley contempló la fórmula del sufragio universal al permitirse el voto «a todos los hombres y mujeres de la nación
mayores de veintiún años». Esta ampliación del voto, que
buscaba en definitiva un respaldo mayoritario de las leyes, no
fue la única, como veremos.
Con motivo de la celebración de los plebiscitos se promulgaron una serie de normas complementarias. Aparte de las disposiciones tendentes a la formación del censo de mayores de
veintiún años, el decreto de 8 de mayo de 1947 fijaba las normas de aplicación del plebiscito de 1947 (nota 33), en las que
bajo una aparente legalidad en los procedimientos se hallaba
recogida una serie de disposiciones claramente distorsionadora de los resultados. Por un lado, la obligatoriedad del voto,
con la imposición de sanciones económicas a quienes se
abstuvieran de hacerlo, y la exclusión de aquellas personas
condenadas judicialmente, descartando de este modo el
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100
enorme número de represaliados políticos (art. 3). Por otro, el
control de las mesas electorales, sobre todo de los presidentes y adjuntos, que como vimos, eran propuestos, siguiendo
el esquema orgánico, por los alcaldes, las delegaciones sindicales y las asociaciones profesionales locales (art. 8). En
tercer lugar, la obligatoriedad de demostrar la identidad personal por parte de los electores sólo a petición explícita de los
miembros de la mesa (art. 21). Por otra parte, la falta de
garantías en el escrutinio al no tener el presidente la obligación de manifestar cada papeleta al resto de los miembros de
la mesa y, una vez concluido el recuento, no contrastarse el
número de votos emitidos con el de los votantes anotados
(art. 23). Finalmente, la falta de garantías en la estimación de
los recursos por la brevedad del plazo de impugnación, un
solo día después de la votación, y la ausencia del derecho de
presentación en las instancias superiores durante la tramitación del recurso (arts. 29-33).
Por su parte, la orden de 20 de junio de 1947 (nota 34) introducía algunas normas complementarias muy importantes,
como la obligación de acreditar el haber ejercido el voto en el
referéndum (art. 1), la regulación del voto de los transeúntes,
destinados a convertirse en importantes correctores de votos
en aquellas localidades donde fuera necesario (art. 2), y la
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101
concesión de voto a los miembros del Ejército, claramente
identificados con el Régimen (art. 3).
A raíz de la convocatoria del referéndum de 1966, el decreto
de 21 de noviembre de 1966, completado con la orden de 29
del mismo mes (nota 35), simplemente actualizaba la legislación complementaria de mayo de 1947, con la única innovación de que serían los alcaldes los únicos que propondrían
los miembros de las mesas electorales.
Como de lo que se trataba era de lograr el respaldo mayoritario en las urnas, al margen de esta serie de normas e instrucciones, se instrumentalizaron diferentes mecanismos claros de coacción que estimularon el voto. Entre estas medidas
hay que destacar que la existencia del certificado de voto se
hizo imprescindible entre otras cosas para poder cobrar el
salario. Por otro lado, no hay que olvidar que, por ejemplo, en
el referéndum de 1947 se orquestó intencionadamente la
idea de que era imprescindible la presentación de la cartilla
de racionamiento en el momento de la votación para que
fuese sellada, lo que posibilitaba el acceso al racionamiento,
o que en el referéndum de 1966 se concedió un permiso de
trabajo de cuatro horas a todos los trabajadores que hubieran
ejercido el derecho al voto. Además de estas medidas, el
anuncio de una nueva cita electoral era seguido de una camÍNDICE
102
paña perfectamente orquestada que presionaba ideológicamente al elector no sólo para que votase, sino también para
que este voto fuese positivo.
4. Propaganda y coerción social
4.1. Participación y desinformación: la ficción
plebiscitaria
La propaganda electoral y los niveles de coerción social y
presión ideológica variaron de unas consultas a otras, siendo
el clima creado en los referenda mucho más asfixiante que en
las elecciones por el tercio familiar. Ello explica mejor que
ninguna otra circustancia que los niveles de participación fuesen bien distintos en los dos tipos de elecciones. La diferente intervención del Estado obedecía sobre todo al mayor interés que las autoridades franquistas mostraron por las consultas plebiscitarias, pero también a las propias características
del procedimiento de elección y de la campaña electoral en
las elecciones por el tercio familiar, donde al existir una posible competencia, ficticia en la mayor parte de los casos, el
Estado pretendía mostrar una imagen de imparcialidad quedándose lo más al margen del proceso posible. Ello no suponía que la infraestructura estatal no se pusiese en marcha
igualmente en estas elecciones. Los mismos instrumentos de
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103
propaganda y manipulación usados para conseguir el voto
afirmativo en los plebiscitos fueron utilizados también para
conseguir el respaldo de las candidaturas oficiales. De hecho,
la eficacia de la propaganda y de los mecanismos de presión
usados ayudan a entender en gran parte el éxito obtenido en
las diferentes consultas, que se concretan en la participación
mayoritaria alcanzada en los referenda, con casi el 90% de
votantes en ambos casos, y el triunfo «pertinaz» de los candidatos oficiales.
Independientemente del tipo de consulta, las infraestructuras
del partido y del Estado buscaron dos objetivos, que constituyeron las consignas básicas de la propaganda electoral. En
primer lugar, se trataba de conseguir una alta participación,
para luego usarla como instrumento de legitimación. En
segundo lugar, se pretendía impregnar a la consulta de un
fuerte carácter plebiscitario, lo que reducía el mensaje electoral al respaldo o no a la figura de Franco o a su obra. La
consecuencia inmediata de este hecho estribó en la ignorancia de lo que se votaba, en un clima de desinformación general y de apatía política. Como veremos, la mayor parte de los
españoles desconocían los programas, las ideas e incluso los
nombres de los candidatos, oficiales o independientes, y, no
digamos nada de las leyes sometidas a referéndum, que fueÍNDICE
104
ron hechas públicas sólo días antes de ser sometidas a consulta y cuyo texto era inaccesible e ininteligible para los electores.
Tras las elecciones, el aparato electoral no dejaba de funcionar. Se trataba entonces de aprovechar lo positivo de la consulta realizada, aireando a los cuatro vientos las cifras de participación y adhesión al régimen, contrastándolas incluso con
las habidas antes de la guerra civil en España o las alcanzadas en Europa occidental en contextos democráticos
(nota 36). Los resultados, independientemente de su fiabilidad, fueron considerados como la expresión de la adhesión a
Franco y fueron aprovechados por las autoridades franquistas para legitimar e institucionalizar el Régimen. La gran paradoja era, evidentemente, que el franquismo quiso adquirir
carta de legalidad sobre la base de una farsa electoral y del
desconocimiento general. Esta ficción plebiscitaria fue, no
obstante, mantenida hasta el final, debemos entender que
porque fueron más los beneficios obtenidos de los resultados
que los inconvenientes que acarreaba la celebración.
Queda por conocer cual fue el papel de la oposición al
Régimen en las diferentes consultas, aunque ciertamente
debió ser escaso. La oposición orquestó su particular propaganda aprovechando los medios de comunicación internacioÍNDICE
105
nales tales como las emisoras con cobertura en España,
como la BBC o Radio París, Radio Toulouse o las emisoras
nacionalistas vascas del sur de Francia, o la prensa internacional, sobre todo L´Humanité de París, Liberation de
Casablanca o La Hora de Buenos Aires. La propaganda de
rechazo en el interior apenas se dejó sentir, limitándose al
reparto de octavillas clandestinas sobre todo de grupos anarquistas en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona,
Sevilla y las provincias vascas. En todos los casos, la oposición pedía la abstención a la farsa electoral, considerando
que la escasa participación era más difícil de manipular que
el voto negativo y tenía una carga de rechazo mayor al régimen en general, aunque no faltaron voces partidarias del voto
negativo (nota 37). Ciertamente, contrasta esta decisión
inquebrantable con la mantenida en las elecciones sindicales
a partir de 1964, que permitió socavar al Régimen desde dentro en uno de sus pilares básicos, el Sindicato Vertical. Los
monárquicos parece que en todo momento actuaron más
como un grupo de intereses comunes que como una fuerza
política de oposición, prefirieron no poner en peligro los
cimientos de un Régimen con el que en gran parte se encontraban identificados y, al margen de los dirigentes destacados, optaron por el voto afirmativo (nota 38).
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106
4.2. Propaganda oficial durante los plebiscitos
La coacción política hasta ahora descrita estuvo acompañada de la presión ideológica ejercida por el Estado a través de
los medios de comunicación social. Ante la convocatoria del
referéndum para aprobar el anteproyecto de la Ley de
Sucesión desde la Delegación General de Prensa se dictaron
las consignas a cumplir por todos los diarios y revistas del
país (nota 39), ordenando que la campaña periodística se
habría de ajustar a los siguientes puntos:
– El estudio de la Ley de Sucesión, señalándose que en el
mismo se debería insistir en que la ley obedecía a la necesidad de institucionalizar el nuevo régimen bajo la forma de
un «Reino católico, social y representativo», enlanzando
con la tradición española, por imperativos de índole interna
y no por presiones externas; esta ley, se decía, estaba inspirada directamente por Franco y no significaba ni la revisión de los principios del Movimientos ni la «instauración»
inmediata de la monarquía, lo que quedaba al arbitrio del
Jefe del Estado.
– El estudio de la Ley del Referéndum y el decreto complementario de 8 de mayo de 1947, habiéndose de indicar la
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107
obligatoriedad del voto y que era «obligación ineludible de
todo buen español votar a favor de dicha Ley».
– El estudio de las Leyes Fundamentales recogidas en la Ley
de Sucesión y de los principios más significativos del
Movimiento.
– La constatación de la obra concreta del régimen «en el
orden social, cultural, sanitario y religioso».
En líneas generales, la campaña propagandística desarrollada por la prensa perteneciente al Movimiento, se ajustó
estrictamente a las consignas señaladas. En los primeros
días, los editoriales de todos los diarios insistieron en la necesidad y el carácter de la Ley de Sucesión según los términos
ya indicados, para en los días anteriores al plebiscito reiterar
la obligación de todo español de votar afirmativamente, en
último término, por la defensa del «orden» y la «religión» frente a la amenzana del «comunismo». En un editorial del diario
Información, se escribía unos días antes de la consulta:
«Lo que votas diciendo «SI». Que España se constituye en Reino católico, social y representativo. Que
Franco continúa siendo Jefe del Estado. Que España
garantiza su libertad e independencia con instituciones
de tipo permanente para el futuro. Que no se perderá
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108
en el porvenir el espíritu cristiano de reformas sociales
que inspira el Movimiento. Que el pueblo español decide por si mismo, sin ingerencias ni extrañas intromisiones, la forma de gobierno que estima más conveniente.
Que la Monarquía que se instaure estará al servicio de
la Nación. Que el comunismo se estrellará siempre contra la inexpugnable fortaleza de la unidad del pueblo
español. Que el propio Caudillo Franco irá convirtiendo
en realidad las normas de la Ley de Sucesión en el
momento que estime oportuno. Así pues, el deber de
todo buen español es votar «SI». Lo quiere Franco. Lo
exige España» (nota 40).
Por su parte las hojas propagandísticas impresas con motivo
del plebiscito, por su misma sencillez de ideas y fácil accesibilidad, contenían mayoritariamente mensajes más cercanos
a los intereses inmediatos de los distintos colectivos sociales
resaltando la labor concreta del régimen hasta entonces desarrollada o por realizar (nota 41). En general, puede señalarse que la consulta de 1947 tuvo fundamentalmente un carácter plebiscitario de la persona de Franco y el nuevo régimen
por él representado.
La campaña propagandística desarrollada con motivo de la
celebración del plebiscito de 1966, con una nueva adminisÍNDICE
109
tración comunicativa en la que había desaparecido la censura previa, no giró en torno a la figura de Franco, ni siquiera a
la propia L.O.E., sino que se insistió, en medio de la efervescencia desarrollista que sacudía al país, en los valores perennes supuestamente representados por el régimen y la necesidad de su ratificación de cara a la estabilidad futura del país
(nota 42). Además de señalarse la jefatura vitalicia de Franco,
la continuidad y culminación del proceso institucionalizador
del régimen, y el carácter pretendidamente «democrático» de
la nueva ley, en un editorial del diario alicantino Información
se afirmaba días antes del plebiscito:
«El largo y fecundo ciclo de la paz española. Las gentes españolas, de todas las edades y todas las clases,
han comprendido perfectamente que esa nueva etapa
nacional, la que abre la Ley Orgánica del Estado, es la
etapa de la consolidación de una gran obra y, como
consecuencia de ello, la apertura hacia un porvenir en
el cual los valores eternos, comunes a todas las generaciones, sean expresados con las formas nuevas que
los nuevos tiempos exigen» (nota 43).
Siendo los «valores eternos» representados por el régimen
franquista:
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110
«PATRIA, PROGRESO, JUSTICIA, PAN, BIENESTAR,
SEGURIDAD, PORVENIR, DESARROLLO, PAZ, CONCEDELES TU «SI» EN EL REFERENDUM NACIONAL
DE 1966» (nota 44).
4.3. La «campaña» en las consultas por el tercio familiar
Las campañas electorales quedaban reguladas por decreto.
Como quiera que los canales de representación de los ciudadanos eran las entidades de representación inorgánica establecidas en los principios del Movimiento, y en particular la
Familia y los Municipios, quedaba excluida cualquier asociación que pudiera asumir ese papel. De esta manera, se prohibía expresamente la participación de cualquier asociación
en el desarrollo de la campaña o del escrutinio. Es más, aunque aquí la flexibilidad fue mayor, se prohibieron toda clase
de uniones electorales, expresas o de facto, entendiendo por
tales aquellas alianzas que tuviesen las mismas oficinas, el
mismo agente o que, simplemente, fueran consideradas así
por los candidatos. Los candidatos debían adherirse a los
Principios del Movimiento Nacional y a las otras Leyes
Fundamentales y debían contar con una oficina electoral perfectamente localizada y un agente que se hiciese responsable solidario de los actos de la campaña. El conjunto de actiÍNDICE
111
vidades lícitas que el candidato podía desarrollar hasta el día
anterior a la votación era muy reducido e invitaba, por diferentes motivos, al desaliento. Los actos públicos, cuya organización se debía comunicar a la Junta Electoral con al
menos tres días de anticipación, no podían durar más de dos
horas y sólo podía intervenir el candidato; la propaganda
impresa tendría que ceñirse al objeto de la convocatoria electoral y, de ser enviada por correo, se haría con franquicia postal ordinaria; los carteles sólo podían incluir la fotografía y el
nombre del candidato; la utilización de los medios de comunicación quedaba restringido a la prensa y la radio, siendo
sólo gratuita la reproducción o difusión de un texto de 500
palabras. Como es lógico, las manifestaciones de los candidatos debían ser sometidas previamente a un examen de la
Junta del Censo. Aunque varió algo en las diferentes consultas, los candidatos tenían tasado el dinero a invertir en la
campaña; el presupuesto máximo variaba de un municipio o
distrito a otro, dependiendo del censo electoral, pero, en
todos los casos, estaba rigurosamente controlado por la
Junta. De cualquier modo, los gastos originados por la campaña electoral siempre quedaron fuera del alcance de la
mayoría de los españoles. Ya en 1966 los candidatos señalaban que una campaña costaba como mínimo 400.000 ptas.,
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112
aunque era muy corriente que los presupuestos de las campañas sobrepasasen el millón de ptas. en las municipales y
varios millones en las elecciones a Procuradores en Cortes.
Lo sangrante es que la mayor parte de estas cantidades
debían ir destinadas a la compra del censo de electores
–181.000 ptas. en el caso de Madrid–, imprescindible para
controlar la pureza de la elección por parte de los interventores y para poder dirigir certeramente la propaganda electoral
(nota 45).
La legislación de la campaña obstaculizaba la labor de los
candidatos independientes. La obligatoriedad de adhesión al
Movimiento, lo que implicaba un informe político, los límites
impuestos en el contenido de los mensajes, las dificultades
de acceso a los medios de comunicación y los altos costes de
una campaña que sólo podía ser financiada por los propios
candidatos, supusieron en la práctica un bajo nivel de cooptación entre hombres ajenos al Régimen y un distanciamiento entre éstos y los electores. De esta manera, en la mayoría
de las ocasiones, los electores sólo pudieron optar entre los
candidatos oficiales y, de existir alguna alternativa, ésta solía
estar respaldada también por las distintas autoridades, con
tal de aparentar una lucha electoral inexistente. Ello no obsta
para que, de manera excepcional, en los municipios que preÍNDICE
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sentaban mayores niveles de modernización económica y
social se estableciera en determinadas consultas una encorsetada lucha electoral y que, en ocasiones, incluso resultase
elegido el candidato no oficial. Ello ocurrió sobre todo en los
estertores de la dictadura, ya a finales de los años sesenta,
precisamente cuando el régimen necesitó más una apariencia democrática y aceleró la celebración de procesos electorales.
Las elecciones municipales de 1966 en Madrid son paradigmáticas (nota 46). Ese año, un grupo de aspirantes de clara
inspiración monárquica se presentó a las elecciones en equipo, liderados por Joaquín Satrústegui, candidato por el distrito de Chamartín. Su programa electoral era en muchos
aspectos atrevido, puesto que criticaba abiertamente la Ley
de Régimen Especial aplicada a las ciudades de Madrid y
Barcelona y que relegaba al concejal a mera figura decorativa oscurecida por la labor de los delegados de servicio. Los
candidatos pretendían democratizar el Ayuntamiento y recordaron las reformas del Estatuto Municipal inspiradas por
Calvo Sotelo. Sin embargo, insistieron en repetidas ocasiones
que deseaban mantenerse en la «neutralidad municipal» y,
de hecho, en su campaña encontramos siempre manifestaciones de adhesión inquebrantable al Régimen y al
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Movimiento. Una «carta de recomendación electoral» publicada por el diario ABC tuvo como resultado no querido la politización de la campaña por parte de la prensa del Movimiento
(nota 47). La carta fue contestada poco después por el periódico Arriba, que contrastaba al candidato del Movimiento,
Lacaci, «consagrado a la cuestión social, obrerista, preocupado por las barriadas obreras...», con Satrustegui, «abogado y político monárquico». La victoria de la candidatura oficial
fue destacada por la prensa como «una lección que debe
aprenderse», señalando contradictoriamente que «aunque
las elecciones tienen un carácter administrativo, es difícil eludir el valor político de sus resultados», para a continuación
concluir que «el hecho de que la candidatura compuesta por
hombres que se declaraban monárquicos haya sido materialmente barrida en los comicios descubre el peligro de exhibir
extemporáneamente unas filiaciones políticas que sólo deben
ostentarse en ocasiones adecuadas» (nota 48). El estudio
sociológico realizado de estas elecciones señala todo lo contrario; Satrústegui perdió los comicios porque no supo crear
la imagen pública que el elector esperaba y buscaba y, tanto
es así, que donde se politizó la práctica del voto, los candidatos independientes obtuvieron mejores resultados. Así lo
entendió el propio Satrústegui, quien en una carta de contesÍNDICE
115
tación al diario Arriba, manifestaba que su candidatura no
había triunfado por no haber sabido transmitir la sensación de
que realmente se encontraba al margen del Movimiento
(nota 49).
Quizás la contienda electoral que mayor difusión y tratamiento tuvo en la prensa sea la que enfrentó en las elecciones
municipales de 1973 a Rodríguez Ocaña, un obrero inmigrante de Jaén, y a Alfonso Guash, el candidato oficial de
extracción social pequeñoburguesa catalana. Rodríguez
Ocaña planteó la campaña como un instrumento de denuncia
de los grandes problemas ciudadanos en los barrios del distrito IX de Barcelona, en unas condiciones urbanísticas
lamentables, insistiendo en la pésima gestión municipal anterior, aceptación de la inutilidad del cargo de concejal y promesa de una presencia crítica en la corporación municipal.
Su campaña electoral fue realmente innovadora, puesto que
la escasez de recursos fue suplida con la utilización de las
asociaciones de vecinos, organizaciones juveniles o de estudiantes, etc., que se distribuyeron por todo el distrito haciendo una campaña «puerta a puerta» (nota 50). A pesar del falseamiento de los resultados, de la coerción a la que fueron
sometidos los electores y de los obstáculos e irregularidades
que Rodríguez Ocaña tuvo que pasar, éste obtuvo 3.238
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116
votos más que el candidato oficial, siendo, en cualquier caso,
proclamado éste último por una argucia administrativa. Este
acto despertó gran indignación entre la población barcelonesa y fue ampliamente difundido por la prensa local e internacional, tal y como aparece recogido en unas memorias de las
elecciones editadas por el propio candidato (nota 51).
En general, las campañas electorales en Barcelona en el tardofranquismo alcanzaron relativamente un nivel alto de discusión en temas no específicamente municipales. El equipo
de Sociología Electoral llegó a distinguir entre cuatro grupos
de candidatos en las elecciones municipales de 1973 con
objetivos
claramente
distintos,
el
oficialista
afín
al
Movimiento, la pequeña burguesía catalana movida por intereses profesionales, el grupo de inspiración demócrata y un
último grupo de difícil identificación, pero con tendencias
populistas. En líneas generales, los candidatos solían destacar su vinculación con el distrito, la obra realizada en anteriores cargos públicos y el apoliticismo, señalando su vinculación con diferentes asociaciones de barrio o religiosas o su
conexión con entidades políticas oficiales. El contenido de
sus manifiestos electorales se centraba en aspectos urbanísticos, institucionales y financieros, obviando temas peligrosos
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117
desde el punto de vista político, como podían ser la promoción de la lengua y la cultura catalanas, y mostrando escasa
actitud crítica y reformadora (nota 52). Los valores difundidos
en esa campaña giraron en torno al localismo o «patriotismo
de barrio», el moralismo pequeño burgués, la exaltación de la
familia tradicional y el papel de la mujer en ella, la defensa del
estatuto económico de la pequeña burguesía, la preocupación exclusiva por los servicios municipales, la utilización del
deporte como plataforma y afirmación del apoliticismo como
virtud personal y cívica. Sólo algunos candidatos avanzaron
criterios políticos, tales como la crítica del Ayuntamiento y la
reforma de la Carta Municipal, la afirmación de un vago catalanismo y la afiliación expresa de una ideología política
(nota 53).
Mención aparte merece las campañas para la elección de
procuradores familiares, sobre todo las primeras. Como en el
caso anterior, los candidatos en general no elaboraron un
programa electoral que no fuesen más allá de las «500 palabras» de las que hablaba la legislación. Sin embargo, el interés de la elección se vio animado, en este caso, por la presencia de elementos no habituales con prestigio popular que
consiguieron, apoyados por una impresionante y costosa
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118
campaña electoral, sensibilizar al ciudadano medio e inquietar a los candidatos oficiales. Al parecer la pugna y competitividad aparecieron en ciudades grandes y con una cultura
política superior a la media. Se ha destacado el caso del candidato electo Eduardo Tarragona, personalidad independiente protagonista de las preocupaciones oficiales (nota 54). En
el extracto de una de sus conferencias electorales apreciamos una fuerte crítica contra el sistema, reivindicando, por
ejemplo, el reconocimiento expreso de la personalidad histórica de Cataluña, una reforma radical de los impuestos en el
sentido de convertirlos en progresivos y redistributivos, enseñanza gratuita desde el nivel primario a la Universidad con un
programa de becas y ayudas adecuado, subidas salariales y
dotación de viviendas que chocaban con los postulados tecnocráticos en materia social, una nueva Ley Sindical que facilitase el desenvolvimiento democrático en el trabajo, y, por
encima de todo, la implantación paulatina de la democracia
en España (nota 55). Durante las elecciones de 1966 encontramos casos similares al comentado, siempre excepcionales, lo que llevó en ocasiones, como ocurrió en la provincia de
Lleida, al procesamiento ante el Tribunal de Orden Público de
dos candidatos -derrotados- por las opiniones expresadas en
distintos mítines.
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5. Manipulación y fraude electoral
Al margen de la campaña de coerción social y presión ideológica que los españoles vivieron durante el transcurso de la
campaña electoral, las autoridades franquistas manipularon
más o menos abiertamente los resultados con el objetivo de
que el escrutinio sirviese para solucionar las terribles paradojas que estas elecciones suponían para la mayoría de la coalición reaccionaria en el poder: conseguir legitimidad con
mecanismos democráticos en un régimen dictatorial de partido único y conceder el carácter de confirmación plebiscitaria
a las distintas consultas en un sistema que abominaba de las
urnas y se declaraba «orgánico». Los riesgos que se corrían
eran, por un lado, la posibilidad de perder determinados
escaños en los ayuntamientos o, a partir de 1967, en las
Cortes, con la consiguiente erosión del poder desde dentro, y
por otro, la escasa participación, de la que se podía inferir
rechazo al Régimen. De ahí que, desde la puesta en marcha
de este tipo de consultas, las diferentes autoridades conviniesen en manipular las consultas, a través de diferentes
mecanismos legales e ilegales. La consecuencia última de
este tipo de prácticas fue la apatía de una buena parte de la
población, al considerar las elecciones meras pantomimas y
los resultados fruto de tertulias de salón, y el descrédito interÍNDICE
120
nacional, puesto que los países de su entorno nunca consideraron estas consultas como actos democráticos o, siquiera, como leves señales de aperturismo político.
En las diferentes elecciones por el tercio familiar, estas prácticas comenzaban en la selección y depuración de los candidatos. En realidad, estamos ante lo que algún autor ha denominado sistema de cooptación imperfecta (nota 56), puesto
que no todos los españoles podían presentarse como elegibles y, en la mayor parte de los casos, los candidatos eran
designados por la coalición reaccionaria entre sus miembros.
En primer lugar, en función de la legislación electoral, todo
candidato debía jurar lealtad a los principios del Movimiento,
lo que inevitablemente suponía la elaboración previa de informes de la Policía y de la Falange sobre el pasado político y
vital de los candidatos, con lo que en la práctica se descartaba la presencia de candidatos con filiación anterior a la guerra en partidos republicanos o de izquierdas o en los diferentes sindicatos. Una vez salvado este escollo, los candidatos
debían hacer frente, como hemos visto, a una serie de gastos propios de la campaña electoral inalcanzables para la
mayoría de los españoles. Sólo un puñado de intrépidos personajes reunían un pasado limpio y unos bolsillos llenos para
permitirse presentarse a unas elecciones que se sabían amaÍNDICE
121
ñadas. Al margen de ellos, solamente se podía ser candidato
si se pertenecía al partido, en calidad de afiliado o adherido,
o, al menos, si mantenía alguna vinculación con Falange, con
lo que la administración del partido corría con todos los gastos y ofrecía toda su infraestructura. En ese caso, no era el
posible candidato el que manifestaba su propósito de presentarse en la lista oficial, sino que eran las jerarquías del
partido las que proponían a los futuros concejales. Aquel
aspirante a edil miembro de Falange que escapase a esta
norma era expedientado y expulsado del partido por deslealtad a los principios del Movimiento, lo que inevitablemente
suponía su inhabilitación como candidato. Además, en todas
las elecciones, como vimos, se obligaba a los «independientes» a recabar las firmas de un buen número de electores
para poder ser candidato, cuando los vinculados al Régimen
sólo debían contar con el respaldo de un puñado de burócratas.
La legislación relativa a la selección de candidatos estaba
especialmente diseñada para que sólo hubiese una lista, la
oficial, a pesar de las consignas dadas en sentido contrario
por la Secretaría General del Movimiento. Efectivamente,
desde esta Secretaría se instaba a que hubiese al menos dos
personas por escaño, aunque las dos estuviesen avaladas
ÍNDICE
122
por Falange y una de ellas se presentara como perdedora,
con el objeto de dar una imagen de disputa y eludir la aplicación del artículo 55 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, una reedición del artículo 29 de la Ley Electoral de
1907 (nota 57). Sin embargo, el rechazo al recurso de las
urnas entre las jerarquías provinciales llevó a que en muchos
municipios se procediese a la elección automática de los candidatos al no superar el número de vacantes. Un estudio de
las elecciones de 1954, parcial por lo fragmentado de la
documentación, mostró que en Vizcaya, Lugo, Baleares y
Valencia, con 112, 67, 65 y 264 municipios, no se celebraron
elecciones en 87, 56, 25 y 50 ayuntamientos respectivamente; en Cáceres tan sólo se acudió a las urnas en un 25% de
los municipios y en Teruel «no se celebraron elecciones en la
mayor parte de la provincia» (nota 58). En Barcelona sólo se
celebraron elecciones en 43 municipios en 1948, en 12 en
1951, en 1 en 1954, en 10 en 1957 y en 2 en 1960 de un total
de 309 ayuntamientos (nota 59). Son datos que vienen a
demostrar que, dependiendo de las fechas y los lugares, las
elecciones municipales por el tercio familiar alcanzaron un
carácter meramente testimonial.
ÍNDICE
123
Cuadro 1
Distribución de los procuradores elegidos en 1967 por
representación familiar según la forma de propuesta de su
candidatura
procuradores
autopresentados
propuestos
por procuradores
número
%
% previo de los
candidatos
22
21,57
18,84
(59)
26
23,50
29,07
(91)
propuestos
propuestos
por diputados por electores
provinciales
20
34
19,60
33,33
16,29
35,78
(51)
(112)
Fuente: Elaboración propia a partir de PUEBLO, 12/10/1967, pág. 17.
Cuando a pesar de estas trabas existían candidaturas independientes, todo parece indicar que se ejerció presión sobre
ellas para que abandonasen antes de la elección. Las circulares e instrucciones reservadas enviadas a las Jefaturas
Provinciales insisten en como los Gobernadores civiles, asesorados por el Servicio Especial de Vigilancia creado con tal
fin, debían ejercer un control exhaustivo de las candidaturas
presentadas, aceptando las oficiales y rechazando las restantes (nota 60):
«Para la rápida y fácil presentación de candidaturas y
eliminación de las que convenga, se sugiere que los
Jefes Provinciales monten un Servicio Especial compuesto por un número, el más limitado posible, de miliÍNDICE
124
tantes experimentados y conocedores de la provincia,
que en contacto directo con el Jefe del que dependen
en su calidad de Gobernador, las Juntas Provinciales y
Municipales del Censo, conozcan las solicitudes y propuestas que se hayan podido presentar espontáneamente ... las informe rápidamente y realicen cuantas
operaciones sean precisas para que sean presentadas
las candidaturas que convengan, a base de que los
ayuntamientos esten constituidos por una mayoría
auténticamente falangista. En esta selección se eliminaran sin contemplaciones ... cuantos vayan a la elección con una significación política propia y adversa al
Movimiento».
Además de todo ello se proyectaron, en todas y cada una de
las consultas realizadas, actuaciones claras de fraude electoral, muchas de ellas llevadas a la práctica. Después de la
amplia utilización de los aparatos del Estado para canalizar el
voto, las autoridades franquistas se mostraron recelosas ante
el escrutinio. Por ello todo estuvo preparado para falsear los
datos si fuese necesario. En este sentido, es sin duda el
Reférendum de 1947 el que ha recibido más atención por
parte de los investigadores (nota 61). El sondeo realizado
poco antes de la votación alentaba la inquietud y el desánimo
ÍNDICE
125
entre las autoridades franquistas, de ahí que desde la
Delegación Nacional de Provincias se dieran instrucciones a
sus delegados provinciales para que falsearan los resultados
y desde los distintos Gobiernos Civiles se señalaran las oportunas indicaciones para la confección de actas falsas.
Testimonios como el de Calvo Serer, que manifestó en 1977
que Carrero Blanco le confesó la elaboración de actas falsas
(nota 62), son elocuentes en este sentido, pero aún más lo
son el amplio cuerpo documental procedente del Ministerio
de Gobernación, que sirven para recrear los mecanismos de
manipulación electoral usados antes, durante y después de la
votación, procedimientos que ya han sido sistematizados en
algunos estudios (nota 63). El control de las Juntas y Mesas
Electorales constituía una pieza clave en este engranaje,
puesto que ello permitió la ejecución de todo tipo de arbitrariedades: desde la presión a los indecisos a la hora de votar
a la falsificación de las actas una vez realizado el escrutinio.
Por otro lado, se ha constatado la formación de brigadas
organizadas de electores que recorrían los distintos colegios
para suplantar el voto de los abstencionistas, la introducción
de centenares de sobres en las urnas, el voto de los difuntos,
etc.
ÍNDICE
126
Al margen de las prácticas ilegales usadas, existieron en
ambos referenda otros elementos correctores del voto, éste
con base legal aunque usado de manera fraudulenta, que
conviene tener en cuenta a la hora de analizar los datos
puesto que, en una medida difícil de calcular, desvirtuaron el
resultado de la consulta en determinados municipios. Nos
referimos a la posibilidad que se abrió a los transeúntes de
acudir a las urnas en las localidades donde circunstancialmente se encontraran el día de la votación, de manera que en
algunas localidades más del 20% de los votos emitidos procedían de no residentes. Así votaron en ambos plebiscitos
más de dos millones de españoles, siendo ésta la causa principal que explica en muchos municipios un número de votos
superior al de electores censados, obviamente por las
amplias posibilidades de falseamiento que abría esta práctica
dadas las condiciones técnicas de la época. En diversos estudios locales se ha llegado a constatar que municipios en franco proceso de recesión demográfica se encontraban ese día
poblados por electores de paso, por supuesto afines al
Régimen (nota 64).
Pero los mecanismos de manipulación de los resultados no
se aplicaron sólo en los plebiscitos, sino que fueron utilizados
sistemáticamente en todas las consultas con base electoral
ÍNDICE
127
amplia. El estudio de las impugnaciones presentadas a la
Junta Electoral Central en las elecciones a procuradores de
1967 llevado a cabo por Vanaclocha revela que fueron tantas
las irregularidades cometidas durante la campaña y los
escrutinios electorales que no es posible achacarlo a la
carencia de medios y reflejan la existencia de claros intentos
de manipulación electoral y fraude (nota 65). La aplicación de
mecanismos fraudulentos en las elecciones municipales fue
también generalizada, y son varios los trabajos centrados en
las primeras elecciones, que han analizado estas prácticas
sobre una base documental amplia emanada por el Ministerio
de Gobernación y la Secretaría General del Movimiento
(nota 66). La manipulación y el falseamiento de los resultados
no se ciñó sólo a las votaciones de los años cincuenta, sino
que, lejos de desaparecer, estos procedimientos se siguieron
usando ya en la década de los sesenta, en unos momentos
en los que la presencia de interventores ajenos al sistema y
de la prensa internacional en el lugar de celebración de la
votación no arredraban en absoluto a los entusiastas del
Régimen. La labor fiscalizadora llevada a cabo por el equipo
de Vidal Beneyto en las elecciones municipales de 1966 celebradas en Madrid refleja que los usos y costumbres no variaron mucho a lo largo de los años: presencia de delegados
ÍNDICE
128
gubernativos no contemplados en la ley, control de las Mesas
Electorales, falta de preparación técnica de los componentes
de la mesa, ausencia de papeletas de voto de las candidaturas independientes, coacción a los indecisos ante la urna,
carencias evidentes en la organización material de las elecciones, etc. Además, el autor señala la reiterada coincidencia
entre ausencia total o parcial de interventores de la candidatura independiente en determinadas secciones y la disminución de votos en favor de esa candidatura en esas secciones
en relación con las otras secciones del mismo colegio, signo
evidente de fraude (nota 67).
6. Significación de los resultados
6.1. Consideraciones teóricas
Por todo lo dicho, el estudio de las consultas electorales realizadas en contextos no democráticos no permite descubrir
las posturas ideológicas o la magnitud de las tensiones políticas que existen entre las diferentes clases sociales o distintos ámbitos espaciales como lo hacen las investigaciones
electorales centradas en regímenes democrático-liberales.
No obstante, un análisis de estos resultados puede facilitarnos algunos datos sobre las diferentes actitudes políticas o la
ÍNDICE
129
distribución de corrientes de opinión que otro tipo de fuentes
no nos pueden proporcionar. Hemos insistido que dicho análisis debe tener siempre presente, por un lado, el contexto en
el que los plebiscitos se han realizado, y, por otro, el grado de
garantía que ofrezcan los resultados hechos públicos. Como
hemos visto, la propaganda unilateral y obsesiva, el clima de
amenaza y coacción, la ignorancia de lo que se votaba o las
facilidades de todo tipo dadas al voto afirmativo o proclive a
la candidatura oficial mediatizaron al elector; los resortes
empleados por la administración franquista, la composición
de las mesas o el «voto transeúnte» manipularon los datos en
mayor o menor medida y, en consecuencia, confirieron una
dudosa fiabilidad a las cifras manejadas.
Pero es opinión compartida por todos los investigadores que
se han centrado en el análisis de este tipo de consultas que
los resultados son, cuando menos, significativos. Los datos,
ciertamente falseados, reflejan globalmente el estado de opinión existente en cada momento en España. Justifican dicha
afirmación con argumentos muy variados. Por ejemplo, para
los años cuarenta se destaca la presencia de una amplia
masa derechista en España (nota 68) o la persistencia de
causas subyacentes en el comportamiento electoral de alguÍNDICE
130
nas circunscripciones (nota 69). Son variables a tener en
cuenta para explicar parcialmente los resultados. Pero, por
encima de ellas, el escrutinio final no refleja sino la capacidad
de la administración franquista para coaccionar, y cuando lo
creyeron necesario -en los referenda-, movilizar a la sociedad
española. Por ello resulta difícil explicar los resultados habidos en las diferentes circunscripciones electorales recurriendo a las variables sociológicas clásicas, como la población, el
nivel de renta o industrialización, la tradición política o electoral, etc. y esto lógicamente se constata mejor en ámbitos
reducidos (nota 70). La misma homogeneidad de los resultados habla en este sentido. Sí parece que hubo, no obstante,
una correlación entre la variable socioeconómica y la participación que explicaría, en su caso, la «alta» abstención relativa de las provincias de Madrid, Barcelona, Vizcaya o Sevilla
en los dos referenda, por ejemplo. Pero incluso aquí debemos
precisar que la abstención o participación, o la propia orientación de la elección entre candidaturas u opciones, responden más a la capacidad del sistema para movilizar al electorado, bien mediante la convicción (nota 71), bien mediante la
coacción, de ahí que las principales conclusiones a extraer
del análisis de los resultados deben ir en ese sentido.
ÍNDICE
131
6.2. Los resultados de los referenda
La participación en ambos plebiscitos fue mayoritaria, bien
distinta de las mostradas en otros casos. En 1947 votó el
88,59% de electores, mientras en 1966 esta cifra ascendió al
89,19%. De ellos, el 92,94% en 1947 y el 95,87% en 1966
votaron afirmativamente, lo que fue entendido como un respaldo popular notorio a la figura de Franco y a su obra. Se ha
apuntado que las cifras de participación y asentimiento fueron producto de una manifestación mucho más sincera y
espontánea de lo que se ha venido defendiendo (nota 72). En
1966, en un editorial poco acertado, el periodista Emilio
Romero escribía en el diario PUEBLO que conocía «a no
pocos entusiastas del Régimen, colocados en aquella ocasión en situación de poder fabricar un resultado optimista de
su urna, y resultó que los resultados reales fueron todavía
más lisonjeros que los del acta fabricada por si acaso»
(nota 73). Todo hace indicar que estos comentarios tienen
cierta base, aunque no obstante conviene recalcar que los
datos no son en absoluto exactos y que las manifestaciones
de observadores extranjeros y de la prensa internacional
hablan de un nivel de participación mucho menor, sobre todo
en el País Vasco o Navarra (nota 74). En cualquier caso, en
los dos plebiscitos analizados, una importante mayoría de la
ÍNDICE
132
población ratificó las Leyes sometidas a consulta y, con ello,
legitimaron al menos internamente al Régimen. El respaldo
tácito (votos afirmativos sobre el total de electores) se situó
en el 82,34% en 1947 y en el 85,50% en 1966. Aún así, los
resultados se alejaban bastante de los respaldos del 99% del
electorado característico de las elecciones de la Europa del
Este, pero esto parece que entraba de lleno en los cálculos
del régimen, puesto que fue utilizado por los Gobiernos franquistas para recalcar la diferencia sustancial del sistema político español con respecto a los regímenes de carácter totalitario. Otra cosa distinta fue la legitimación exterior. Ni en 1947
ni en 1966, Franco consiguió que el mundo democrático en el
que quería integrar a su España aceptase los datos como
ciertos y sinceros ni considerasen las consultas como signos
de aperturismo político.
La participación no fue, en cualquier caso, homogénea,
detectándose continuidades que necesariamente deben ser
achacadas a sentimientos colectivos más o menos compartidos. Las figuras 1 y 2 muestran la alta participación registrada en las provincias castellanas, aragonesas y valencianas, y
la alta abstención registrada en Madrid, todo el norte de
España y Cataluña, con Barcelona a la cabeza. En el sur,
sólo Sevilla y Huelva muestran un índice de abstención por
ÍNDICE
133
Cuadro 2
Resultados de los referenda de 1947 y 1966
referéndum
Censo electoral (A)
Votantes (B)
Participación (% B/A)
Votos SI (C)
Votos NO (D)
Votos nulos y blancos (E)
Abstención (F)
Abstencionismo (% F/A)
Respaldo (% C/A)
6-VII-1947
14-XII-1966
17.178.812
15.219.563
88,59
14.145.163
722.656
351.744
1.959.249
11,41
82,34
21.803.397
19.446.709
89,19
18.643.161
372.692
430.856
2.356.688
10,81
85,50
Fuente: MARTÍNEZ CUADRADO, M., «Representación. Elecciones. Referéndum»,
págs. 1426 y 1432.
encima de la media nacional. Las discontinuidades, de existir
realmente, son menos: Navarra, Guipúzcoa, Lérida, y los dos
archipiélagos muestran cambios sustanciales en el comportamiento del electorado entre ambas consultas. Estos datos
se corresponden perfectamente con el sentido del voto emitido, reflejado en las figuras 3 y 4, que es afirmativo en una
proporción mayor en las provincias donde la participación es
superior. Indudablemente, este argumento puede servir para
explicarnos la abstención en dichos territorios no como señal
de apatía política sino como disenso social.
Son muchas y variadas las causas esgrimidas por los diferentes científicos sociales para explicar la participación o el
ÍNDICE
134
sentido del voto en las zonas analizadas, en ocasiones condicionadas por la perplejidad que los resultados provocan
cuanto más descendemos en el detalle. Empero, parece que,
con excepciones, las zonas industrializadas y urbanizadas
mostraron un mayor rechazo a las propuestas del Régimen,
mientras las áreas rurales las apoyaron con rotundidad. La
continuidad de valores subyacentes, tales como la tradición
conservadora, la persistencia del voto clientelar o el nivel de
modernización económica y social, son variables a considerar en estos casos. De cualquier manera, la coerción, cuyos
frutos son mayores en ámbitos reducidos, y la diferente
caracterización del personal político provincial, más o menos
identificado con la evolución del régimen y, por tanto, más o
menos interesado en estas consultas, constituyen factores
explicativos de la misma magnitud que los mencionados.
En esta línea se sitúa López Guerra, que percibe diferencias
subyacentes en el grado de tensión política cuando analiza el
nivel de abstención oficial en los referenda de 1947, 1966 y
1976. Las continuidades claras en los datos de abstención en
varias provincias le hace distinguir entre territorios donde la
abstención es apática, fruto de la despolitización, y zonas
donde la baja participación es sinónimo de rechazo político y
oposición al sistema. La distinción se fundamenta en las difeÍNDICE
135
rentes estructuras socioeconómicas de estas circunscripciones. Las primeras presentarían bajos niveles de ingreso,
escasa alfabetización y una población dispersa en medios
rurales, tales como las provincias gallegas. Entre las segunFigura 1
Abstención en el referéndum de 1947
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico.
ÍNDICE
136
das encontraríamos a provincias como Vizcaya, Barcelona o
Madrid, zonas con altos niveles de urbanización, industrialización, ingresos y escolarización (nota 75).
Figura 2
Abstención en el referéndum de 1966
ÍNDICE
137
No parece que otras variables influyeran en los resultados de
los referenda, aunque conviene ser cautos a la hora de realizar ciertas afirmaciones. En este sentido, se ha señalado la
escasa repercusión que tuvo en la participación la presencia
Figura 3
Distribución del voto afirmativo en el referéndum de 1947
ÍNDICE
138
de concejales no ligados a Falange en las provincias donde
su número era mayor. El coeficiente de correlación productomomento de Pearson empleado por Miranda y Pérez Ortiz
(nota 76) revela que no existe relación alguna entre ambas
Figura 4
Distribución del voto afirmativo en el referéndum de 1966
ÍNDICE
139
variables, pero ello no se debe, como señalan estos autores,
a la debilidad de la semioposición monárquica, sino a la diferente implantación de Falange en los diversos territorios de
España como consecuencia de la tradición política, la diferente graduación temporal en la implantación e institucionalización del Régimen, la persistencia de valores conservadores, las estructuras socioeconómicas, etc.; factores todos
ellos que no hacen sino indicar que la Falange fue un partido
artificial y que ayudan a entender, por ejemplo, el alto número de concejales no falangistas en las regiones castellanas,
donde sin embargo se obtuvo un alto respaldo electoral en
los dos plebiscitos.
6.3. Resultados de las elecciones municipales
Si difícil resulta analizar los datos habidos en los dos plebiscitos celebrados, mayor es la dificultad existente para el estudio de los resultados consignados en las diferentes elecciones municipales, por la mayor complejidad de estos comicios
y, sobre todo, porque dichos datos no fueron hechos públicos.
Desconocemos, en el momento actual de la investigación, el
número de candidaturas presentadas en cada circunscripción, el perfil de los candidatos e, incluso, la participación
registrada en las diferentes consultas. La documentación
ÍNDICE
140
depositada en el AGA puede proporcionarnos información
fragmentada tanto en el espacio como en el tiempo acerca de
estas contingencias. En este sentido, serían de gran utilidad
análisis de los resultados electorales como los existentes
sobre las elecciones municipales de la capital en 1966 o de
la ciudad de Barcelona en 1973 para las diferentes consultas.
La participación en estos comicios fue menor que en los plebiscitos analizados, acentuándose esta tendencia conforme
el régimen llegaba a sus estertores. Según las informaciones
obtenidas mayoritariamente en la prensa, el nivel de participación osciló entre el 80% habido en las primeras elecciones
de 1948 y 1951 a aproximadamente el 40% registrado en los
últimos comicios celebrados en 1970 y 1973 (nota 77). Los
distintos estudios que han descendido al análisis de la distribución provincial de esta participación reflejan un reparto
similar al observado en los plebiscitos, de manera que la abstención es mucho más alta en las zonas periféricas y en
Madrid, tal y como reflejan las figuras 5 y 6. El punto de inflexión lo marcan las elecciones municipales de 1966, en las
que sólo se acercaron a las urnas el 32% del electorado de
Madrid y el 13% de Barcelona. A pesar de que el régimen no
se preocupaba tanto por la participación en estos comicios,
sin duda los bajos niveles de participación hicieron reflexionar
ÍNDICE
141
a las autoridades y a partir de entonces se introdujeron medidas tendentes a aumentar la participación. La Ley Orgánica
del Estado permitió el voto a partir de 1967 a las mujeres
casadas y el día de la votación ya no coincidió con día festivo, premiándose al elector con permiso de trabajo si votaba.
Aún así, la participación en las ciudades con mayor grado de
desarrollo socioeconómico fue extremadamente baja. En
Barcelona, por ejemplo, desde los años sesenta la participación nunca superó el 30%, cuando la media nacional era
prácticamente del doble (nota 78). En general, en las ciudades de más de 10.000 habitantes la participación en 1973 fue
de sólo el 35,74%, siendo la media nacional del 44,91%
(nota 79).
Las causas de este bajo índice de participación hay que buscarlas en la propia naturaleza de estas consultas. Es evidente que, con excepción de los primeros comicios municipales,
el aparato del Estado no estimuló el voto como lo hizo en los
dos referenda. Ello no devenía de la consideración de estas
elecciones como actos administrativos, proclamada reiteradas veces por las distintas autoridades franquistas, sino por
el propio desprecio a las urnas de las jerarquías locales y provinciales, en tanto en cuanto para ellos no importaba tanto el
sentido del voto como el carácter plebiscitario que la votación
ÍNDICE
142
tenía. Por encima de esta circunstancia, hay que considerar
que la abstención tuvo un alto componente político, de rechazo al sistema de representación orgánico en los ayuntamientos, a la uniformidad de los candidatos presentados y al escaso margen de maniobra que los concejales tenían respecto al
alcalde y su equipo de gobierno nombrados por la administración. De hecho, ya hemos señalado que, en aquellos distritos donde el nivel de polítización fue mayor y el electorado
percibió verdadera contienda electoral entre los candidatos
oficialistas y los no ligados al sistema, la participación ascendió y los votos contrarios a la candidatura oficial fueron más
numerosos, confirmándose por otro lado una correspondencia positiva entre asalariados y participación, y negativa, en
cambio, entre ésta y los niveles socioeconómicos superiores
(nota 80). De hecho la alta abstención puede ser enjuiciada
como una muestra evidente de que el nivel de coincidencia o
desajuste entre las necesidades de las clases y fracciones
del bloque en el poder y los aparatos del Estado era grande
ya a principios de los sesenta, con tendencia a aumentar a lo
largo del decenio. Por otro lado, como quiera que las elecciones municipales constituyen un buen índice para medir los
valores ideológicos que a través de los aparatos del Estado
se proponen a los ciudadanos-subditos como fundamentos
ÍNDICE
143
de la legitimidad del poder, la baja participación refleja la
escasa efectividad de dichos aparatos y la pérdida de legitimidad progresiva en el ejercicio del poder. En palabras de
Solé Tura, «la experiencia de las elecciones municipales revela una seria crisis de los aparatos ideológicos del Estado»
(nota 81).
En este sentido, resulta difícil cuantificar el número de ocasiones en las que candidatos no oficiales triunfaron en unas
elecciones municipales, aunque evidentemente se trataba de
una circunstancia realmente excepcional. Según información
interna de FET, en las elecciones de 1948 una media del 4,11
de los concejales elegidos a través de las tres vías era considerado «no obediente», cifra que asciende al 29,18% si a
ellos unimos los calificados como «tíbios», aquellos cuya
conducta no demostraba un fervoroso servicio a la Falange,
a pesar de ser personas afectas al Movimiento. Dadas las formas de selección de los candidatos, para un independiente
resultaba más factible acceder a la condición de concejal
mediante el cauce familiar que a través de los otros canales,
que eran prácticamente de designación directa. Si aceptamos
esta hipótesis, el porcentaje de concejales no obedientes al
partido ingresados mediante la elección popular ascendería
al 12,5%. Aunque la fiabilidad de la fuente puede ser criticaÍNDICE
144
da, nos parecen más cercanos a la realidad estos números
que los que resultarían de conocer el grado de relación de los
concejales con el partido. El 35,34% de los concejales elegidos no tenían ninguna relación con FET, y un 13,90% sólo
eran adheridos. Se podía inferir de estos datos que alrededor
de una cuarta parte de los concejales elegidos en las elecciones de 1948 escapaban al control estricto que FET pretendía ejercer en la vida municipal, pero ello no se debe tanto
a la victoria de listas alternativas, sino como hemos advertido
anteriormente a la desigual implantación que FET tenía en
los diferentes territorios y a las distintas estrategias que el
partido llevó a cabo en función de la peculiaridad del municipio. Así, por ejemplo, dado el escaso número de afiliados
existentes en Cataluña o el País Vasco, FET tuvo que reclutar sus candidatos entre los denominados «viejos políticos»
que tenían su pasado ligado a algún partido de «derechas»;
por ello, el porcentaje de concejales sin relación con FET se
situó en el 52,18% y 38,99%, respectivamente. Por el contrario, en el norte meseteño, y en general, en las áreas rurales
con escasa entidad poblacional, FET practicó una estrategia
distinta. En las pequeñas poblaciones agrarias donde la presencia de la Falange era reducida o nula por razones obvias,
los falangistas prefirieron no presentar candidatura para no
ÍNDICE
145
plantear una rivalidad política que pudiera ser malentendida.
En una circular interna se precisaba que «siempre que se
trate de pequeños núcleos rurales en que exista acuerdo
entre las familias para proclamar un solo candidato se respetará este acuerdo o costumbre» (nota 82). Esta circunstancia
explica que el número de candidatos no ligados a FET fuese
del 51,21% en Castilla-León, del 34,81% en Castilla La
Mancha o del 41,21% en La Rioja, porcentajes muy superiores a la media nacional (nota 83). La reproducción de las
redes clientelares en las áreas rurales y la reaparición del
caciquismo al margen de Falange o en connivencia con el
partido único constituyen aspectos centrales en los diferentes
estudios locales centrados en el estudio del personal político
y el funcionamiento de la vida municipal y requieren hoy por
hoy una mayor atención de los investigadores (nota 84).
En cualquier caso, conseguir triunfar en unos comicios como
los que comentamos resultaba difícil. El seguimiento de diferentes consultas realizadas en los últimos años refleja que las
candidaturas oficiales solían obtener el doble de votos que
todas las candidaturas restantes, aun cuando en ellas hubiera personajes con una trayectoria vital intachable y ampliamente conocidos en los distritos en los que se presentaba. La
explicación de estos resultados era bien sencilla; los que acuÍNDICE
146
dían a votar, lo hacían de manera mecánica, apostando por
la candidatura oficial que era perfectamente identificable en el
lugar de celebración de la votación. Según una encuesta
celebrada por el Instituto de la Opinión Pública en noviembre
Figura 5
Abstención en las elecciones municipales de 1970
Fuente: MARTÍNEZ CUADRADO, M., Anuario Político Español 1970, pág. 341.
ÍNDICE
147
de 1966, días antes de las elecciones municipales celebradas el día 20, el 80% de los encuestados desconocía a quien
iba a votar, decisión que tomarían el día de la votación, porcentaje lógico si tenemos en cuenta que sólo el 11% conocía
Figura 6
Abstención en las elecciones municipales de 1973
Fuente: RUIZ
ÍNDICE
DE
AZUA, M. A., «Las elecciones franquistas (1942-1976)», pág. 93.
148
el nombre de algún candidato, y aún más, el 33% de ellos
ignoraba que se celebraban elecciones y el 63% no recordaba siquiera el nombre del alcalde (nota 85). La encuesta, que
hay que tomar con las lógicas cautelas, complementa la conFigura 7
Abstención en las elecciones a procuradores en Cortes, 1967
Fuente: VANACLOCHA, F. J. «Las elecciones de representación familiar...», pág. 67.
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149
feccionada por la Sociedad DATA para el diario MADRID, y la
muestra realizada por Vidal Beneyto, que recalca que el porcentaje de electores con candidato definitivamente escogido
antes de llegar al colegio electoral era del 48% de los votos
Figura 8
Abstención en la elección de procuradores en Cortes 1971
Fuente: VANACLOCHA, F.J., «Las elecciones de representación familiar...», pág. 68.
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150
Cuadro 3
Elecciones a procuradores en cortes por el tercio familiar
(1967 y 1971)
elecciones
10-X-1967
29-IX-1971
Población (A)32.727.737
34.135.636
Censo electoral (B)
16.413.909
17.235.454
50,15
50,49
Escaños a proveer
102
102
Número de candidatos
313
232
Candidatos por escaño
3,07
2,27
% A/B
Votantes (C)9.748.767
7.388.875
Votos válidos (D)
9.371.037
7.169.823
377.730
219.052
9,39
42,87
6652.142
9.846.579
Abstencionismo (% F/B)
40,61
57,13
Respaldo (% D/B)
57,09
41,60
Votos nulos y en blanco (E)
Participación (% C/B)
Abstención (F)
Fuente: VANACLOCHA, F.J., «Las elecciones de representación familiar ...»,
pág. 69.
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151
totales emitidos, que representó el 31,60% de los inscritos
(nota 86).
6.4. Resultados de las elecciones de Procuradores en
Cortes
Aunque las Cortes franquistas no representaban al cuerpo
electoral, sino a los «elementos constitutivos de la vida nacional», con la Ley Orgánica del Estado se abrió la posibilidad
de elegir dos procuradores en cada una de las provincias
españolas, y uno en las plazas de soberanía, es decir, un
total de 102 procuradores, aproximadamente un 20% de la
Cámara. Los procuradores elegidos de esta manera representaban, pues, a las familia en las Cortes. Acogiéndose a
esta modificación, se celebraron dos elecciones por el tercio
familiar en España, en 1967 y 1971, con resultados muy desiguales.
El abstencionismo en 1967 sobrepasó ligeramente el 40% del
censo electoral, cifra inferior a lo que venía siendo norma en
las elecciones municipales. Son varios los factores que ayudan a explicar esta mayor participación. Habría que citar la
expectación que creó esta consulta en el panorama político
español del momento, hasta el punto de que fueron muchas
los que pensaron que se trataba del inicio de un aperturismo
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152
político que desembocaría en la implantación de la democracia en España. Sin embargo, por encima de esta circunstancia, debemos situar el mayor interés que las autoridades franquistas mostraron en estas elecciones, concebidas como un
intento de movilizar a los sectores populares entre el electorado y a las elites entre los candidatos que estaban desvinculados del Régimen (nota 87). Por ello la campaña de persuasión fue similar a la montada en los referenda. Ambos factores desaparecieron en 1971, elecciones en las que el abstencionismo sobrepasó el 57% del cuerpo electoral, cifra cercana a la registrada en las elecciones municipales. Las esperanzas puestas en la democratización paulatina del Régimen
se habían diluido tras las trabas de todo tipo impuestas a los
procuradores familiares en su intento de dinamizar la vida
interna de la Cámara y a la insuficiencia manifiesta de la
reforma reglamentaria realizada en 1967 (nota 88), que perpetuaba a las Cortes en su condición de caja de resonancia
de las decisiones de Franco. Por ello el número de candidatos presentados por cada escaño bajó significativamente de
3,07 en 1967 a 2,27 en 1971. Por otro lado, tal y como hemos
visto, las autoridades franquistas no desplegaron toda la
gama de medidas y mecanismos tendentes a potenciar la
participación de los ciudadanos, aspecto que se concretó
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153
sobre todo en el menor grado de presión ejercido por los
medios de comunicación de masas. Como ya vimos en las
elecciones municipales, el alto nivel de abstención debe
entenderse, pues, en clave política, como signo evidente de
apatía electoral ascendente fruto de la crisis ideológica del
tardofranquismo, y como fenómeno de oposición o no adhesión al Régimen.
Este último aspecto queda confirmado al estudiar la distribución provincial de la abstención, que reproduce con pequeñas excepciones el mantenimiento de las actitudes históricas
que hemos apreciado en ocasiones anteriores, tal y como
observamos en las figuras 7 y 8, que reflejan, con desequilibrios muy significativos, una menor participación en las provincias periféricas con mayor nivel socioeconómico y una
menor abstención en las provincias interiores tradicionalmente conservadoras.
Sin duda, el estudio del grado de contestación mostrado por
el electorado en cada una de las provincias se vería notablemente enriquecido si dispusiésemos de diferentes análisis
por territorios del número de candidaturas presentadas, sus
vinculaciones políticas y, sobre todo, el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. Se ha señalado que en
todas las provincias se presentaron candidatos «encasillaÍNDICE
154
dos», en ocasiones sin competencia, que se enfrentaron a
candidatos que se autodeclararon independientes, siendo la
filiación política de ambos grupos muy compleja. Al parecer,
en las elecciones de 1967 se enfrentaron candidatos del
Movimiento e independientes, mientras en las de 1971 la confrontación quedó entre los candidatos del Gobierno, por aquel
entonces en manos del Opus, y los del Movimiento (nota 89).
Al margen de dicha clasificación, resultó difícil a un candidato realmente independiente obtener un escaño, dada la eficacia mostrada por las estructuras del Movimiento en cada una
de las provincias a la hora de controlar la campaña electoral
o de manipular el voto tras las elecciones. Con respecto a lo
primero, es significativo el malestar creciente mostrado por
los candidatos a lo largo del proceso electoral, motivado por
la situación de privilegio que gozaban algunos oponentes en
la obtención de los censos electorales, en el tratamiento de
su programa en los medios de comunicación, en el uso de la
infraestructura del Movimiento o de organizaciones vinculadas al poder o en la coerción ejercida sobre los electores
sobre todo en el ámbito rural. Como botón de muestra, baste
mencionar la carta firmada por diez de los doce candidatos
presentados en Madrid en 1967 quejándose del apoyo de la
Jefatura Provincial del Movimiento a la candidatura cerrada,
ÍNDICE
155
que se concretaba sobre todo en la presión realizada por la
Jefatura en los pueblos de la provincia (nota 90). La Jefatura
madrileña, a pesar de declarar que no apoyaba candidatura
alguna, «dada la identidad absoluta con los Principios
Fundamentales del Movimiento de todos los candidatos»,
mostró su satisfacción tras el escrutinio por el triunfo de
Josefina Veglinson y Juan Manuel Fanjul, aquellos a los que
había apoyado y para los que la Sección Femenina y la
«Asociación de Amas de Casa» pidieron el voto en las primeras elecciones en las que la mujer casada podía votar
(nota 91).
El control que el Movimiento trató de ejercer sobre los resultados fue más allá de la coerción social o el de la presión de
los medios de comunicación, pues a ellos hay que unir la
manipulación del escrutinio, en ocasiones burdamente. En
Jaén, por ejemplo, se tuvieron que repetir las elecciones en
1967 por haberse excluido del cómputo los votos de la totalidad de las secciones de la provincia, al comprobarse que
todos los sobres recibidos en las mesas electorales estaban
abiertos antes de dar comienzo las operaciones de recuento.
Lo mismo ocurrió en la provincia de Badajoz en 1971. Pero
las impugnaciones fueron muchas y variadas, la mayoría de
ellas fundamentadas bien en el apoyo tácito de las
ÍNDICE
156
Delegaciones Provinciales del Movimiento, bien en la lógica
aplastante de la existencia de mayor número de votos que de
electores posibles. Por esta última circustancia, la Junta
Central del Censo invalidó en 1967 los resultados de once
distritos de Almería, siete de Ávila, 32 municipios de La
Coruña –entre ellos el Ferrol y Santiago–, doce secciones de
Santa Cruz, once de Segovia y cinco de Soria. Anulaciones
que cobran más fuerza si tenemos en cuenta que, antes de
llegar a la Junta Central del Censo, las impugnaciones presentadas debían pasar por el filtro que suponían las Juntas
Provinciales, que rechazaban sistemáticamente las objeciones presentadas al escrutinio (nota 92).
En cualquier caso, la celebración de las primeras elecciones
a Cortes contribuyó en parte a la renovación de la Cámara.
De los 102 candidatos elegidos, 73 ostentaron esta condición
por primera vez, 15 eran procuradores en ese momento y
otros 14 habían sido procuradores en legislaturas anteriores.
Ello supuso que el 74% de los candidatos presentados por el
tercio familiar llegaban al hemiciclo sin experiencia, porcentaje muy superior a la media total, que se situó en el 36%. La
diferencia relativa debe ser entendida por la presencia de
«hombres nuevos» en estas elecciones (nota 93), que renovaron la Cámara más de lo esperado por las autoridades
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157
franquistas; unos hombres nuevos que se distinguen porque
cuentan con más agricultores, abogados, empresarios y funcionarios modestos que «parecen iniciar un cierto movimiento de acercamiento a una estructura menos elitista»
(nota 94). Ahora bien, no hay que olvidar que como candidatos independientes, es decir, no vinculados al sistema o con
escasa relaciones políticas, sólo pueden ser considerados
aquellos que se presentaban propuestos por los electores
mediante la obtención de firmas. De esta manera, resultaron
elegidos procuradores 34 candidatos de los 102 que concurrieron a la consulta, un tercio exactamente. El resto, dada la
forma de cooptación descrita más arriba, representaron los
intereses del sistema. Este número coincide con los integrantes de las denominadas Cortes ambulantes, procuradores
electos en 1967 y que hasta 1971 hicieron gala de su independencia convocando reuniones a lo largo de toda la geografía española para dar a conocer los grandes males de las
Cortes españolas.
7. Conclusiones
El recurso a las elecciones no es exclusivo de los regímenes
democráticos. Sistemas políticos dictatoriales de todo tipo utilizan los mecanismos electorales para legitimar o institucioÍNDICE
158
nalizar la nueva situación política creada tras la llegada al
poder del dictador. La visita periódica a las urnas, tan asidua
en ocasiones como en los regímenes liberales, se convierte
entonces en un acto casi litúrgico, de confirmación plebiscitaria. No obstante, el contexto de coacción e intimidación y el
fraude y la manipulación del escrutinio convierten estas consultas en puras farsas. Ahora bien, los resultados hechos
públicos son usados sistemáticamente para mantener esa ficción plebiscitaria y consolidar en el poder al grupo hegemónico: en definitiva, son fuente de legitimidad. El franquismo
tejió una compleja maraña de leyes, normas y órdenes electorales y una telaraña de elecciones de todo tipo, con diferentes niveles y características, para alcanzar estos objetivos
y suplir la falta de legitimidad de origen que presentaba.
Las consultas franquistas estuvieron impregnadas de un
carácter plebiscitario fuera de toda duda. Ello se hizo más evidente en los referenda, pero estuvo siempre presente en las
elecciones por el tercio familiar. Las consultas siempre fueron
planteadas en unos términos en los que el elector debía optar
por Franco y su obra o el caos, lanzando mensajes que nunca
perseguían informar lo que realmente se iba a votar. Por otra
parte, el recurso a elecciones populares en la España franquista buscó la legitimación del régimen tanto en el ámbito
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159
interno como externo y la institucionalización del sistema corporativo. Por ello los momentos cumbres de estas consultas
coinciden con los de mayor acoso internacional al régimen y
mayores niveles de conflictividad. Finalmente, la denominada
democracia orgánica –y sus complejas y variadas elecciones– nació para responder a los anhelos de los grupos de
presión que habían apoyado al ejército rebelde en la guerra
civil para que instauraran un régimen de representación corporativo que consideraban más adecuado para sus intereses.
Paradójicamente, el ordenamiento legal de las consultas descansaba en la ley de Maura de 1907, que aparece siempre
como el referente o el elemento supletorio de los diferentes
procedimientos electorales, aunque el cuerpo electoral descendió considerablemente para acomodarse a las nuevas circunstancias. La legislación electoral, en cualquier caso, fue
condimentada con una serie de normas que distorsionaron el
sentido del voto y que hicieron que éste no reflejase en su
justa medida el verdadero estado de opinión de los españoles. Además, la manipulación y el fraude electoral estuvieron
presentes en todas las ocasiones, de manera que los resultados hechos públicos, los oficiales, no fueron los reales en
una proporción imposible de discernir.
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160
Hay que convenir, no obstante, en que los resultados cuando
menos son indicativos, dada la persistencia de causas subyacentes en el comportamiento electoral de algunas zonas.
Es cierto que resulta difícil explicar los resultados habidos en
las diferentes circunscripciones recurriendo a las variables
sociológicas clásicas, como la población, el nivel de renta o
industrialización, la tradición política o electoral, etc., pero, no
obstante, un análisis de los resultados permite obtener conclusiones que van más allá de la manifiesta capacidad del
régimen para movilizar al electorado, bien mediante la convicción, bien mediante la coacción, sobre todo en los dos plebiscitos planteados.
En este sentido, hay que descartar que los niveles de abstención observados en las diferentes consultas se deben a la
apatía política. Aunque existen territorios donde la escasa
participación es fruto del desinterés y, sobre todo, de la desinformación, lo cierto es que el mayor abstencionismo mostrado por la población urbana, industrializada e instruida o por
las regiones con identidad cultural propia es consecuencia
del rechazo político. Hemos observado como allá donde las
elecciones se politizaron, el grado de contestación fue mayor.
Por otro lado, el cambio en la correlación entre las clases y
fracciones de clase dentro del bloque en el poder hizo que las
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161
nuevas capas intermedias urbanas no viesen en estas consultas el canal adecuado de representación, de ahí la pérdida de legitimidad de estas elecciones, manifestada en la progresiva disminución de los niveles de abstención electoral y
en el escaso número de candidaturas alternativas a las oficiales. La alta abstención en las elecciones por el tercio familiar debe ser enjuiciada como una muestra evidente de que el
nivel de coincidencia o desajuste entre las necesidades de
las clases y fracciones del bloque en el poder y los aparatos
del Estado era grande ya a principios de los sesenta, con tendencia a aumentar a lo largo del decenio. Por otro lado, como
quiera que las elecciones constituyen un buen índice para
medir los valores ideológicos que a través de los aparatos del
Estado se proponen a los ciudadanos-subditos como fundamentos de la legitimidad del poder, la baja participación refleja la escasa efectividad de dichos aparatos y la pérdida de
legitimidad progresiva en el ejercicio del poder, es decir, una
crisis de los aparatos ideológicos del Estado.
Se detectan, finalmente, la persistencia de métodos clientelares para la obtención del voto, sobre todo en las zonas rurales. La presencia de los antiguos caciques, la articulación de
sus redes clientelares y la deferencia del elector no son sino
varias de las muchas herencias que el liberalismo oligárquico
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162
dejó al franquismo. Queda por analizar como se concretan
dichas herencias en el Nuevo Estado, el grado de fricción que
ello supuso y su vertebración dentro del partido único.
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163
1 El concepto de elecciones no competitivas se elabora por exclusión. Serían aquellas en las que no se dan las condiciones señaladas en las elecciones concurrenciales: no hay opciones para los
candidatos, el elector carece de libertad y no afectan directamente
a la composición del Gobierno, que se apoya en un sistema de
monopolio del partido único. En las elecciones semicompetitivas se
tolera una semioposición y, en teoría, el votante puede elegirlo, aún
cuando en la práctica, el monopolio de los medios de comunicación
y del proceso electoral convierten estas consultas en farsas.
2 HERMET, G., ROUQUIÉ, A. y LINZ, J.J., Des elections pas
comme les autres, Presses de la Fondation Nationale de Sciences
Politiques, París, 1978 (edición en español, ¿Para que sirven las
elecciones?, FCE, México, 1982); HERMET, G., ROSE, R. y
ROUQUIÉ, A., Elections without choice, The Macmillan Press,
Londres, 1978.
3 HERMET, G., «Las elecciones en los regímenes autoritarios: bosquejo de un marco de análisis», en HERMET, G., ROUQUIÉ, A. y
LINZ, J.J., op. cit., pág. 35.
4 HERMET, G., op. cit., pág. 44. El autor señala que estas elecciones conceden licencia de moralidad para el extranjero y procedimientos de confirmación plebiscitaria para el nativo.
5 Entendemos por institucionalización aquellas normas, mecanismos y estructuras destinadas a regular el conflicto creado con el
surgimiento del régimen, los procedimientos usados para reducir o
ampliar la capacidad de acción del Estado y para resolver adecuadamente el problema de la sucesión, es decir, la continuidad de la
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164
Notas
dominación autoritaria por las mismas elites. Este concepto lo tomamos de HUNEEUS, C., , en Reis, nº 13(1981), pág. 104.
6 LINZ, J.J., , en HERMET, G., ROUQUIÉ, A. y LINZ, J.J., op. cit.,
pág. 98 y ss.
7 Un análisis de la legislación electoral italiana durante el fascismo
puede verse en AQUARONE, A., Lórganizacione dello Stato totalitario, Turín, Einaudi, 1965; BALLINI, P.L., Le elezioni nella storia
dÍtalia dallúnità al fascismo, Il Mulino, Bolonia, 1988, págs. 209227; PIRETTI, M.S., Le elezioni politiche in Italia dal 1848 a oggi,
Laterza, Bari, 1996, págs. 226-317.
8 DE FELICE, R., Mussolini il fascista. I. La conquista del potere
1921-1925, Turín, Einaudi, 19685, págs. 518-536.
9 El «plebiscito» del 24 de marzo de 1929 ha sido minuciosamente
analizado por DE FELICE, R., Mussolini, il fascista. II. Lórganizzacione dello Stato fascista 1925-1929, Turín, Einaudi, 1968, págs.
437-482.
10 DE FELICE, R., op. cit., pág. 477.
11 Véase BERSANI, C., «Sulla teoria della rappresentanza politica
in Italia tra le due guerre», en Clio, nº 4 (1989), págs. 609-630.
12 NERI, E., «La Consulta Comunale Elettiva: un tentativo fallito di
democrazia nella Repubblica Sociale Italiana», en Nuova Rivista
Storica, vol. 67, nº 5-6 (1983), págs. 611-618.
13 Sólo la historiografía de combate insiste en estos temas, parcial
o totalmente. SPRIANO, P., Storia del Partito Comunista Italiano. II.
Gli anni della clandestinitá, Turín, Einaudi, 1969, caps. 10, 11, 12.
ÍNDICE
165
14 BRACHER, K.D., La dictadura alemana. Génesis, estructura y
consecuencias del nacionalsocialismo, 2 vols., Madrid, Alianza
Editorial, 1973.
15 SCHMITTER, P.C., , en HERMET, G., ROSE, R. y ROUQUIE, A.,
op. cit.; , en Revue Française de Science Politique, nº 27(1977).
16 RABY, D.L., Fascism and Resistance in Portugal, Manchester
University Press, 1988, RABY, D.L., , en Análise Social, vol. XVIII
(1982), págs. 869-883; RABY, D.L., , en European History Quarterly,
vol. 19 (1989), págs. 63-84; TENGARRINHA, J., , en Revista de
História das Ideias, Vol. 16 (1994), págs. 387-431; DA COSTA LUÍS,
A.A., «As eleiçoes presidenciais de 1949: Dois Portugais em confronto», en Revista de Historia das Ideias, Vol. 16 (1994), págs. 283322.
17 LINZ, J.J., op. cit., págs. 125 y ss. Véase también su trabajo , en
HERMET, G., ROSE, R. y ROUQUIÉ, A., op. cit., págs. 53-66.
18 GARCÍA DELGADO, J.L., «De la protección arancelaria al corporativismo», en GARCIA DELGADO, J.L., (editor), España, 18981936; Madrid, 1984, págs. 117-136.
19 LINZ, J.J., , en PÉREZ YRUELA, M. y GINER, S., (eds.), El corporatismo en España, Barcelona, 1988.
20 PERFECTO, M.A., , en Studia Historica, nº 4, vol. II (1984).
21 LINZ, J.J., op. cit., págs. 93-101. MARTÍNEZ ALIER lo define
como corporativismo estatal sin realidad histórica, en , en PÉREZ
YRUELA, M. y GINER, S., op. cit.
22 Véase el monográfico que la Revista Papeles de Economía
Española dedicó al tema en 1985, nº 22.
ÍNDICE
166
Notas
23 EQUIP DE SOCIOLOGIA ELECTORAL, Les eleccion municipals
a Barcelona del 16 dóctubre 1973. Assaig de Sociologia electoral,
Universitat Autònoma de Barcelona, 1975; VIDAL BENEYTO, J.
Elecciones municipales y Referéndum, Imp. Tanagra, Madrid, 1966.
24 SOLÉ-TURA, J.,
25 VIDAL BENEYTO, J., op. cit., pág. 33 y ss.
26 Diario PUEBLO, 12-11-1966, pág. 10.
27 CUÉ SANZ, G., «Las elecciones sindicales», en Historia
16,(1977), págs. 95-108.
28 MARTÍNEZ CUADRADO, M., «Representación. Elecciones.
Referéndum», en FRAGA, M., VELARDE, J. y DEL CAMPO, S., La
España de los años 70. III. El Estado y la política, Moneda y Crédito,
Madrid, 1974, pág. 1.393.
29 RUIZ DE AZUA, M.A., , en Historia 16, (abril de 1977), págs. 8689.
30 El Régimen fue editando a lo largo de los años un buen número
de publicaciones que compilaban la legislación electoral. Véase, por
ejemplo, Legislación electoral española. Anotaciones y concordancias. Actualización, Madrid, 1971; Elecciones Municipales.
Legislación, -ediciones de 1948, 1957, 1960, 1963, 1966 y 1973-;
SECRETARÍA GENERAL DEL MOVIMIENTO, Normas legales aplicables a las elecciones provinciales, Madrid, 1964; o SOUTO
NAVEIRA, M., Guía práctica electoral, Santander, 1966.
31 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, (BOE), 24-10-1945.
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167
32 VANACLOCHA, F.J., y LABOA, J.M., «El Referéndum en
España», en Historia 16, nº 7 (noviembre de 1976), págs. 26-27.
33 BOE, 9-5-1947.
34 BOE, 25-6-1947.
35 BOE, 22-11-1966 y 30-11-1966 respectivamente.
36 Véase, por ejemplo, el libro apologético Referéndum español,
Madrid, Publicaciones españolas, 1947. En él se critica las imperfecciones del sistema electoral inglés, la ilegalidad democrática
existente en Francia, la desunión de los italianos tras el Referéndum
de 1946 o las farsas electorales habidas en las «democracias» del
Este. A continuación señala en su página 81: «Ninguno de los partidos que se encuentran en el poder en Europa, con exclusión del
laborismo inglés y del franquismo español, han sido llevados a él
por la voluntad popular … Nuestras elecciones del 12 de abril y del
16 de febrero fueron absolutamente falsas… Nunca un Gobierno
español ha estado respaldado por el 94% de los votos del pueblo.
La República fue traída por el 20% de los votantes y ninguna potencia extranjera discutió su legalidad … Somos hoy, con nuestro
Referéndum bien ganado, los únicos que tenemos detrás el respaldo casi unánime de la nación».
37 Con motivo de la celebración de un acto público en el Centro
Republicano Español en replica a la propaganda franquista para el
Referéndum de 1966, se editó un folleto en el que nos encontramos
con las ideas básicas de los exiliados sobre las consultas. Véase
MARTÍNEZ DE LA VEGA, F., Nuestro NO al Referéndum, Editorial
Pablo Iglesias, México, 1966.
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168
Notas
38 TOMÁS VILLARROYA, J., op. cit., 683-685; y MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A. y PÉREZ ORTIZ, J.F., «El franquismo intranquilo …»,
op. cit., pág. 612.
39 A.G.A., S.G.M., caja 3519, .
40 Lo que votas diciendo , Información, 2-VII-1947, pág. 1.
41 Archivo Municipal de Denia (A.M.D.), caja 467. Algunos ejemplos
significativos del contenido de estas hojas son: \
\
\
42 Las diferencias de carácter entre los plebiscitos de 1947 y 1966
ya fueron puestas de manifiesto por MARTÍNEZ CUADRADO, M.,
op. cit., págs. 1431-1435.
43 , Información, 11-XII-1966, pág. 5.
44 Información, 2-XII-1966, pág. 8, reproducción de las papeletas
enviada a cada elector junto al sobre de votación.
45 Como botón de muestra, sirvan las palabras de un candidato a
concejal por el distrito de Carabanchel (Madrid), en las elecciones
de 1966: «La campaña cuesta como mínimo 400.000 ptas. y (hay
que tener en cuenta) el alto precio que alcanza la compra del censo
de electores -de 23.597 del censo de Chamartín a 42.700 del censo
de Arganzuela-. … Pienso que el sistema para la elección es injusto porque estoy totalmente seguro existen muchas, muchas personas con capacidad muy superior a los que nos presentamos, y que,
sin embargo, por falta de recursos económicos o de «padrinos» que
le patrocinen su candidatura y corran con los gastos, no pueden
presentarse. … No existe una igualdad de oportunidades -de
hecho- para concurrir». Diario Arriba, 4-11-1966.
ÍNDICE
169
46 La campaña electoral despertó inquietud en la prensa del
Movimiento, que siguió con interés la evolución de todos los candidatos, abriéndose un cruce de editoriales entre el diario Arriba,
defensor de los candidatos oficiales, y el periódico ABC, que respaldó a los candidatos independientes, claramente monárquicos.
Por lo demás, la campaña fue seguida con atención por VIDAL
BENEYTO, op. cit.
47 ABC, 17-11-1966.
48 Arriba, 19-11-1966.
49 Arriba, 28-11-1966.
50 EQUIP DE SOCIOLOGIA ELECTORAL, «Las Elecciones franquistas en Barcelona», en Historia 16 (abril de 1977), pág. 133.
51 RODRÍGUEZ OCAÑA, F., Candidato de los trabajadores,
Barcelona, 1975.
52 EQUIP DE SOCIOLOGIA ELECTORAL, op. cit., págs. 52-54.
53 SOLÉ TURÁ, J., op. cit., págs. 794-796.
54 VANACLOCHA, F.J., , en Cuadernos Económicos del ICE, nº 1
(1977). Pág. 70.
55 Extracto conferencia electoral, Multicopista, Villarroel, 1967. Su
vocación demócrata y su valentía queda patente en frases como las
siguientes: «Debo manifestar que si bien respeto la legislación
vigente ello es como punto de partida … la ley moral debe permanecer por encima de la ley escrita … soy un demócrata convencido
y aspiro a la instauración en España de una democracia auténtica
… creo en una administración tecnificada, pero no dominadora.
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170
Notas
56 VANACLOCHA, F.J., op. cit., pág. 61.
57 Instrucciones como la siguiente son comunes en la documentación relativa a las elecciones municipales. En la circular 280 de
1954 de la Jefatura Provincial de Valencia podemos leer: «Debe evitarse en cuanto sea posible la aplicación del artículo 55 que establece la elección automática de los candidatos … Las Jefaturas
Locales de pueblos pequeños o de localidades donde existan problemas políticos graves que lo justifiquen, podrán solicitar de la
Jefatura Provincial del Movimiento la aplicación del artículo 55, bien
entendido que se seguirá un criterio muy restrictivo. … Debemos
evitar en cuanto sea posible derrotas de camaradas nuestros. Por
ello, cuando no haya candidatos adversos e independientes y haya
que forzar la elección se reducirá el número de candidatos a los
imprescindibles para que se evite la aplicación del artículo 55».
Archivo General de la Administración (A.G.A.), Secretaría General
del Movimiento (S.G.M.), Delegación Nacional de Provincias
(D.N.P.), Caja P-304.
58 MIRANDA, J.A. y PÉREZ, J.F., , en Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Contemporánea, nº 8-9 (1992), pág. 145.
59 MARÍN I CORBERA, M., , en TUSELL, J. y otros, El Régimen de
Franco (1936-1975), UNED, Madrid, 1993, págs. 569-579.
60 A.G.A., S.G.M., D.N.P., Caja 321. Instrucción reservada fechada
en octubre de 1948.
61 ANGUERA, P., , en Quaderns de Vilaniu, nº 4 (1983), págs. 1521; IZQUIERDO COLLADO, J.D., «El Referéndum de 1947.
Antecedente del Referendum de la Ley de Reforma Política de
ÍNDICE
171
1976», en Al-Basit, nº 14 (1984), págs. 179-202; MIRANDA, J.A. y
PÉREZ ORTIZ, J.F., «La manipulación …», op. cit., págs. 597-612;
MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F., op. cit.;
TOMÁS VILLARROYA, J., «El referéndum de 1947», en Política y
Sociedad. Estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol, CIS,
Madrid, 1987, vol. II, págs. 673-699; VANACLOCHA, F.J. y LABOA,
J.M., op. cit., págs. 24-30.
62 TOMÁS VILLARROYA, J., op. cit., pág. 695.
63 Véase, sobre todo, MIRANDA, J.A. y PÉREZ ORTIZ, J.F., op. cit.
64 ANGUERA, P., op. cit.; MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO
CALERO, F., op. cit..
65 VANACLOCHA, F.J., op. cit., págs. 73-75.
66 MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A. y PÉREZ ORTIZ, J.F.,
«Actitudes …», op. cit., págs. 139-147; MORENO FONSERET, R.,
«La presencia de los grupos políticos en el Régimen de Franco a
través de las elecciones municipales de 1948», en TUSELL, J., GIL
PECHARROMAN, J. y MONTERO, F., op. cit., págs. 613-626.
67 VIDAL BENEYTO, J., op. cit., págs. 19-28.
68 TOMÁS VILLAROYA, J., op. cit., pág. 683.
69 LÓPEZ GUERRA, L., , en Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, nº 2 (1978), págs. 53-69; HERMET, G., «Electoral
Trends in Spain: an appraisal of the Polls conducted under the
Franco Regime», en Iberian Studies, nº 3, vol. 2 (1974).
70 En los estudios locales existentes centrados en el análisis de las
diferentes consultas electorales, y sobre todo, los referenda, se
ÍNDICE
172
Notas
insiste en la dificultad de explicar los datos atendiendo a comportamientos electorales pasados o a factores sociales y/o económicos.
Véanse, en este sentido, los trabajos de IZQUIERDO COLLADO, J.,
«El Referéndum de 1947. Antecedente del Referéndum de la Ley
de Reforma Política de 1976», en Al-Basit, nº 14 (1984), págs. 179202 (para el caso de Albacete); ANGUERA, P., , en Quaderns de
Vilaniu, nº 4 (1983), págs. 15-21; EQUIPO DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL, «Las elecciones franquistas en Barcelona», en Historia 16,
(abril 1977), págs. 129-136; MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F., , en Anales de la Universidad de Alicante. Historia
Contemporánea», nº 8-9 (1991-1992), págs. 121-138.
71 LÓPEZ GUERRA, L., op. cit., pág. 56.
72 TUSELL, J., Franco y los católicos. La política interior española
entre 1945 y 1957, Alianza, Madrid, 1984, págs. 163-164.
73 Diario PUEBLO, 29-11-1966.
74 MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A., y PÉREZ ORTIZ, J.F., op. cit.,
pág. 608.
75 LÓPEZ GUERRA, L., op. cit., págs. 62-68.
76 MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A. y PÉREZ ORTIZ, J.F., op. cit.,
pág. 610.
77 CUADRADO, M., op. cit., pág. 1.414.
78 EQUIPO DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL, «Las elecciones …»,
op. cit., pág. 130.
79 RUIZ DE AZUA, M.A., op. cit., pág. 89.
ÍNDICE
173
80 EQUIPO DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL, Les eleccions …, op.
cit.; VIDAL BENEYTO, J., op. cit.
81 SOLÉ TURÁ, J., op. cit., pág. 789.
82 A.G.A., S.G.M., D.N.P., Caja 321.
83 Los datos están extraidos de MORENO FONSERET, R., «La
presencia …», op. cit., págs. 624-626.
84 MARÍN i CORBERA, M., , en I Encuentro de investigadores del
franquismo, Barcelona, 1992, págs. 43-46.
85 La encuesta aparece reproducida en el diario PUEBLO, 19-111966.
86 VIDAL BENEYTO, J., op. cit., pág. 21.
87 VANACLOCHA, F.J., op. cit., pág. 60.
88 FERNÁNDEZ ASPERILLAS, A.I., «Las Cortes franquistas a través de su reglamento parlamentario», en I Encuentro de
Investigadores del Franquismo, Barcelona, 1992, pág. 29.
89 VANACLOCHA, F.J., op. cit., págs. 63-65.
90 Diario INFORMACIONES, 6-10-1967.
91 Véase el tratamiento de la carta en el Diario ARRIBA los días 7,
10 y 12 de octubre de 1967.
92 Las impugnaciones fueron tantas que revelaron claramente
intentos de manipulación y fraude. Sin embargo, recibieron un tratamiento algo especial en la prensa, que publicó todas las resoluciones de las Juntas Electorales. Los datos proceden del diario
ARRIBA, días 13 y 31 de octubre de 1967.
ÍNDICE
174
Notas
93 El término procede de MARTÍNEZ CUADRADO, M., op. cit., pág.
1415.
94 EQUIPO DATA, Quien es quien en las Cortes españolas,
Edicusa, Madrid, 1969, pág. 43.
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175
Rosa Mª Pardo Sanz
La política exterior del franquismo
i admitimos que toda política exterior tiene componentes de política interior; que es imposible separar
ambas, incluso que, casi siempre, suele primar la
segunda sobre la segunda vertiente (nota 1), convendremos
en que el estudio de esta interconexión puede enriquecer
mucho nuestro conocimiento sobre el franquismo. Se podrá
dilucidar, por ejemplo, hasta qué punto el uso propagandístico de la política exterior contribuyó a la legitimación del
Régimen o precisar en qué medida las determinaciones
externas, provenientes del sistema internacional, delimitaron
las opciones políticas, institucionales o económicas a disposición de los gobiernos de Franco. Cabría evaluar, por ejemplo, la influencia de los éxitos fascistas sobre el modelo político español en la II Guerra Mundial; el efecto del temor a una
S
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176
Rosa Mª Pardo Sanz
intervención internacional y luego del aislamiento sobre la
estabilización del régimen o sobre la elección de la política
económica autárquica; el condicionamiento internacional
implícito en el modelo de industrialización y apertura económica, en la tímida liberalización política de los años sesenta
o en el desmonte de los restos del imperio africano.
Más aún, como una vertiente más de la política, la formulación de la acción exterior del estado no es sino un cúmulo de
decisiones políticas. Es decir, es la opción subjetiva de unos
individuos que actúan en nombre del estado, pero que son
representantes, en definitiva, de unos intereses (sociales,
económicos, corporativos) concretos y son portadores de universos simbólicos propios y colectivos. En consecuencia,
esclarecer el proceso de toma de decisiones puede resultar
interesante para comprender mejor la naturaleza y el ejercicio político del Régimen. Y ahondar en el funcionamiento del
Ministerio de Asuntos Exteriores ayudará a esclarecer algo
más el proceso de construcción y modernización del estado.
Los trabajos sobre el estamento diplomático pueden constituir una pequeña contribución a la historia social del franquismo (nota 2). De la misma forma, analizar las imágenes o proyectos que manejaron los responsables políticos acerca de
quiénes eran los «amigos» o «enemigos» externos, de cuál
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177
debía ser el papel de España en el sistema internacional y de
cómo conseguirlo puede completar los estudios sobre pensamiento político o nacionalismo. E identificar los posibles
grupos de presión (económicos, militares, culturales...) y sus
canales de influencia permitirá desentrañar los complejos
procesos que ligan ideas, intereses y acción social durante el
periodo de la dictadura. Por último, rastrear la huella dejada
sobre el imaginario colectivo y la cultura política de la sociedad española por las imágenes difundidas a través de la propaganda oficial de la dictadura permitirá ahondar en fenómenos de socialización política y memoria colectiva.
Casi todas estas posibilidades (enunciadas sin ánimo
exhaustivo) van siendo exploradas en la producción historiográfica. Aunque ésta sigue adoleciendo hoy de las carencias
que ya se evidenciaban un lustro atrás en el conjunto de los
estudios de historia de las relaciones internacionales
(nota 3): en especial, la escasez de diálogo interdisciplinar
con ciencias sociales como la economía, antropología o la
ciencia política y un discurso histórico demasiado descriptivo
que, sin embargo, descuida muchas veces la calidad de la
narración. También faltan estudios de política exterior comparada (nota 4). Estas deficiencias explican que hasta ahora se
hayan ido llenando lagunas pero que apenas haya verdadeÍNDICE
178
Rosa Mª Pardo Sanz
ros debates abiertos sobre los temas señalados. De hecho, el
único atisbo de controversia se ha planteado en torno a la disyuntiva (más aparente que real) de si hubo o no una política
exterior durante el franquismo (nota 5).
Es obvio que los gobiernos franquistas desarrollaron una
política exterior. Tuvieron que adaptarse y responder a la evolución del contexto exterior. Sopesaron alternativas, elaboraron estrategias y finalmente, pusieron en marcha acciones
(diplomáticas o de otro tipo) a fin de intentar sacar adelante
unos objetivos que identificaron como intereses de estado y,
por tanto, como nacionales. Al igual que cualquier gobierno,
entre esos objetivos reconocieron muy pronto la necesidad
de proteger la integridad y soberanía (territorial, económica y
política) del estado y, seguramente, la conveniencia de aprovechar la evolución internacional para acrecentar el poder del
estado y lo que entendían como el bienestar de sus ciudadanos. Todo ello definido desde los esquemas mentales, la ideología y los intereses de quienes tomaban las decisiones. En
ese sentido, subrayar que el móvil esencial de la política exterior española hasta 1975 fue el mantenimiento del Régimen
no deja de resultar otra obviedad, sobre todo teniendo en
cuenta el contexto internacional en el que se desarrolló la dictadura. Lo relevante no es constatar esa evidencia, sino diluÍNDICE
179
cidar cómo se articuló el complejo proceso de toma de decisiones y qué condicionantes tuvieron mayor incidencia en
cada momento. Sólo así se podrán evaluar los intereses que
fueron prevaleciendo y el grado de eficacia y profesionalidad
alcanzado en los sucesivos diseños políticos.
El propósito de las páginas siguientes es, en primer lugar, llamar la atención sobre algunos elementos relativos a la naturaleza política y al funcionamiento del Régimen que deben
ser tenidos en cuenta a la hora de abordar el estudio de la
política exterior del franquismo. Posteriormente, se ensayará
un mínimo balance sobre la evolución de la misma intentando señalar aquellos aspectos menos tratados por la historiografía o que merecerían estudios más rigurosos.
1. «Una, Grande y Libre»
Desde 1942, cuando comienza a eclipsarse la estrella del
Eje, hasta 1975, el franquismo juega con desventaja en el
tablero internacional. De la noche a la mañana se había convertido en una especie de anacronismo político tanto por sus
peligrosas amistades durante la contienda mundial como por
su empeño en mantener instituciones antiliberales de claras
reminiscencias fascistas. Lo políticamente correcto ante la
opinión pública de su entorno occidental, trabajada durante
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180
Rosa Mª Pardo Sanz
años por la propaganda bélica antitotalitaria, era la democracia. Esta discordancia política básica dañó de manera irreparable la capacidad de maniobra de la diplomacia franquista.
No sólo supuso la exclusión de organizaciones internacionales, condenas públicas y, en fin, un ostracismo oficial u oficioso, sino también un flanco de vulnerabilidad permanente en
cualquier negociación. Antes que fomentar intercambios de
cualquier tipo, los representantes diplomáticos tenían que
neutralizar la propaganda y la actividad del exilio republicano
e intentar desarticular o, como mínimo, protestar contra las
frecuentes manifestaciones «difamatorias» contra el Jefe del
Estado o su régimen. Buena parte de las energías del servicio exterior español se gastaron en el intento de compensar
ese déficit de legitimidad.
La situación económica constituyó otra debilidad básica. Son
de sobra conocidos los elementos que imposibilitaron durante décadas el uso de bazas económicas como instrumentos
eficaces de influencia y negociación. La dependencia exterior
en el abastecimiento de insumos básicos (como petróleo, fertilizantes o algodón) fue decisiva en coyunturas como la II
Guerra Mundial. Los efectos perniciosos de la filosofía autárquica sobre la producción nacional (intervencionismo, proteccionismo, restricciones a la inversión extranjera y exigüidad
ÍNDICE
181
del mercado español) perpetuaron aquella vulnerabilidad
hasta los años sesenta (nota 6). La amenaza de desabastecimiento, en la primera década, las necesidades de financiación desde los años cincuenta y, después, los riesgos de quedar al margen de la integración económica europea embargaron en cierto sentido la acción exterior franquista.
Tampoco se dispuso de un caudal científico-tecnológico o
cultural que pudiera haber resultado atractivo o competitivo
en el exterior. La edad de plata de la cultura española quedó
clausurada en 1939 con la censura y el exilio. El ritmo de
recuperación y apertura en estos ámbitos corrió parejo al de
la economía y la política. Era imposible competir con el caudal de cooperación técnica y científica que Estados Unidos
podía ofrecer en América Latina o Francia en el Norte de
África. En fin, tan sólo se pudo sacar provecho del tradicional
potencial estratégico de la península, aunque para revalorizarlo tras la revolución tecnológica nuclear hubo que ceder
bases militares a la gran potencia del bloque.
Por supuesto, la acción exterior del Régimen hubiese podido
ser distinta si el núcleo de poder franquista hubiera consentido una evolución política diferente. Pero, teniendo en cuenta
la ideología y la estructura de poder del franquismo, afirmaciones como ésta pertenecen a la historia virtual o son poco
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182
Rosa Mª Pardo Sanz
más que voluntarismo retrospectivo. Los vencedores de la
guerra que detentaron el poder desde 1939 juzgaron bien
defendidos sus intereses, y por extensión los colectivos, con
el estado autoritario controlado por el general Franco. La concentración de poder en su persona se juzgó imprescindible
para evitar el caos que hubiera supuesto una revancha republicana. Para ellos, ésta habría acarreado la destrucción de
las instituciones y valores que encarnaban la esencia misma
de la nación española y, seguramente, el rápido deslizamiento hacia el comunismo. El propio Generalísmo llegó a asimilar que su misión era impedir una reversión del resultado de
la guerra civil por lo que decidió bloquear cualquier deslizamiento hacia la democracia partidista. Su autoridad apenas
fue puesta en entredicho. Todos aceptaron su arbitrio y jugaron al pluralismo limitado.
Ese rasgo esencial de dictadura personal también marcó de
forma radical la política exterior (nota 7). El Caudillo decidió
siempre en última instancia la orientación general de la política internacional. En el Palacio de Santa Cruz se elaboraba
la información y se diseñaban las alternativas, pero la decisión última, la luz verde, se daba en El Pardo. Franco era diariamente informado de los acontecimientos internacionales.
Intervenía en el nombramiento de embajadores. Llegaba a
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183
redactar y corregir párrafos de las instrucciones que se enviaban a los diplomáticos. Tomaba decisiones trascendentales
sin consultar siquiera a sus cancilleres. En ocasiones llegaba
a ocultar datos relevantes a sus Ministros de Asuntos
Exteriores. A veces, éstos no sabían si estaban obrando en
concordancia con el pensamiento del General. Otras veces
Franco se escudaba en Carrero o daba la impresión de dejar
hacer a ciertos militares (Muñoz Grandes, García Valiño),
para no tener que revelar su propia opinión o asumir determinadas decisiones (nota 8).
Es posible que ni siquiera quien ha sido considerado su alter
ego, Carrero Blanco, llegara a conocer a fondo su pensamiento. De cualquier forma, la influencia de este personaje
sobre la percepción que Franco tuvo del contexto interno e
internacional desde 1941 fue tal que resulta difícil separar el
criterio de ambos. El Almirante actuó como su oficial de
Estado Mayor: se encargó de informar técnicamente a su
superior, de distribuir órdenes y de vigilar su cumplimiento.
Contaba con sus propios servicios de información, amén de
tener acceso a la procedente de Asuntos Exteriores. Intervino
en el cese de los Ministros. Tuvo a su cargo la dirección de
áreas señeras como la política colonial y se inmiscuyó en
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184
Rosa Mª Pardo Sanz
otras tan vitales como las relaciones con los Estados Unidos
o con el Vaticano (nota 9).
El carácter personalista de la dictadura y el peculiar papel de
Carrero en ella obligan a valorar las ideas sobre el sistema
internacional de Franco y de su edecán como claves. De su
condición marcial se desprendía una visión belicista de la
política internacional. La vida internacional era, para ellos,
resultado de la rivalidad de los egoísmos e intereses nacionales. La potencia de las naciones la definía la geopolítica
(nota 10). Sin embargo, junto a ese realismo, siempre interpretaron la evolución internacional en clave conspirativa,
como el juego de poder de las internacionales judeo-liberalmasónica y comunista. Era la herencia (que compartían) del
tradicionalismo ideológico, reelaborado en los años veinte y
treinta en el marco de la reacción defensiva de la derecha
autoritaria contra los efectos de la irreversible llegada de las
masas a la política. En aquella nueva teoría contrarrevolucionaria confluían la interpretación católica providencialista de la
realidad presente y pasada, con toda la carga de antiliberalismo y anticomunismo previsibles (incluidos los recuerdos de
la Leyenda Negra), más las aportaciones del nacionalismo
integral y fascista (nota 11).
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185
A este mapa interpretativo hay que sumar la memoria de
1898. La derrota dejó un poso duradero de recelo hacia el
mundo exterior, primero respecto a las potencias anglosajonas, luego, por la rivalidad en Marruecos, también hacia
Francia. Tal desconfianza, mezclada con la descalificación
ideológica de sus sistemas políticos, se acrecentó durante la
guerra civil y se reafirmó con las condenas internacionales de
la postguerra. Sólo las necesidades (primero militares, luego
económicas) lograron velar su imagen repulsiva del mundo
occidental.
Junto a tales prevenciones, su ultranacionalismo (otro remanente noventayochista) se traducía en el proyecto de que
España recuperase peso en la esfera internacional, el que le
correspondía por su gloriosa historia imperial. Desde la
noción de grandeza pretérita, que tan bien definiera J.M.
Jover (nota 12), se pretendía superar el recogimiento canovista y el internacionalismo republicano. Las plasmaciones
más significadas de este revisionismo fueron la decisión de
entrar en la guerra mundial (para recuperar Gibraltar y parte
del imperio colonial francés) y los grandilocuentes diseños de
política hispanoamericana; aunque el proyecto económico de
la autarquía se entendió también como una fórmula para
garantizar la independencia nacional.
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186
Rosa Mª Pardo Sanz
No fue éste, sin embargo, el rasgo cardinal de la política exterior franquista. Se impuso el realismo del militar y el mismo
pragmatismo que prevaleció en política interior. El estilo de
Franco fue zigzagueante, oportunista, de mera respuesta al
acontecer internacional, supuesto que una transformación
profunda en las formas políticas nunca se consideró una
alternativa. Las concesiones hechas a la Alemania nazi o los
Pactos de 1953 prueban que el romanticismo nacionalista
quedó para los discursos o para gestos más o menos inocuos
como las simpatías proárabes o la condescendencia hacia la
Cuba castrista. Las contradicciones entre las soflamas del
nacionalismo oficial y la realidad se ocultaron tras la hojarasca propagandística con ayuda de la censura. Todo aquel que
osó ponerlas en evidencia cayó en desgracia: los ceses de
Blas Piñar (1963) en el Instituto de Cultura Hispánica o del
propio Castiella (1969) en el Ministerio de Exteriores podrían
ser dos ejemplos.
El intervencionismo directo de Franco (y Carrero) más el
juego de contrapesos con que el Jefe del Estado manejó las
familias políticas redujeron el margen de maniobra de los
Ministros de Asuntos Exteriores. Nunca pudo funcionar bien
el principio de unidad de acción exterior que asignaba al
Palacio de Santa Cruz el control de cualquier negociación
ÍNDICE
187
con implicaciones internacionales. Así, Franco permitió a los
ministros militares la consecución de acuerdos técnicos a
sabiendas de que interferían gravemente sobre negociaciones que Asuntos Exteriores llevaba a cabo. Es paradigmática
la cesión a Estados Unidos del uso de la base de Rota para
submarinos nucleares en 1963, sin que el equipo de Castiella
que en ese momento renegociaba los acuerdos se enterase.
Muchas veces era posible que desde otro ministerio se estuviera desarrollando, con la anuencia de Franco, una política
opuesta a la de Exteriores. La lista exhaustiva de este tipo de
casos sería demasiado larga: el tema del wolframio, la descolonización, la política de información, múltiples negociaciones comerciales, etc. En la raíz de muchos conflictos burocráticos que surgieron entre distintos ministerios había un
claro componente político. Algunos autores se han referido al
galleguismo del general para explicarlo. En todo caso el funcionamiento cantonalista (nota 13) de los consejos de
Ministros, la falta de coordinación o proyecto gubernamental,
reforzó aún más su poder (nota 14).
Pese a tanta cortapisa, los Ministros de Asuntos Exteriores
tuvieron libertad suficiente como para poder ensayar sus propios proyectos, cuando los tuvieron. De los nueve que pasaron por el palacio de Santa Cruz, sólo hubo dos internacioÍNDICE
188
Rosa Mª Pardo Sanz
nalistas (Castiella y Cortina); el resto fueron juristas de otras
especialidades, con la excepción de López Bravo (ingeniero).
Pero los nombramientos dependieron menos de la preparación profesional que de la significación política. Recién acabada la guerra, Franco prefirió seguir confiando en colegas
militares (Jordana y Beigbéder). El encumbramiento de
Serrano Suñer (1940-1942) estuvo vinculado a la preferencia
por una mayor fascistización del Régimen. La defenestración
del Cuñadísimo devolvió al Ministerio a Jordana (1942-1943),
más próximo por talante a la oposición militar y monárquica
que había desencadenado la crisis. La muerte del juicioso
general abrió la etapa de los ministros bilbaínos. Franco se
sirvió de Lequerica (1943-1945), un monárquico histórico
reconvertido; un franquista acomodaticio para tiempos de
necesario cinismo. Cuando lo urgente fue liquidar los resabios fascistas, le llegó el turno al joven Martín Artajo. Su pertenencia a los Propagandistas de Acción Católica era todo su
capital político. Las ideas restauracionistas y reformistas con
las que llegó al gobierno fueron arrumbadas por Franco en
unos meses. Su lealtad y dedicación sirvieron bien para los
momentos en que el Régimen estuvo a la defensiva, pero tras
la relativa normalización alcanzada entre 1953-1955 se optó
por la profesionalidad. Castiella (1957-1969) tenía el perfil
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189
adecuado para los tiempos tecnocráticos y representaba un
franquismo prototípico por su conexión con al menos tres
familias políticas: sobre todo como católico, pero también
monárquico con un breve pasado azul. Podía sacar a la diplomacia española de su marasmo. Olvidados los sueños imperiales y medio superado el aislamiento, fue capaz de diseñar
un proyecto diplomático que iba a dejar una huella duradera.
Mas, sus afanes encallaron en las arenas del inmovilismo.
Los sucesores, López Bravo (1969-1973) y López Rodó
(1973), dos tecnócratas opusdeistas, llegaron a Exteriores
por no poner en entredicho tal opción: el Ministerio fue la
recompensa a sus buenos servicios al Régimen. Ambos se
ocuparon de gestionar las cuestiones abiertas en la etapa de
su predecesor evitando tomar decisiones problemáticas que
pusieran en peligro la inminente transición. A Cortina (19741975), del equipo de Castiella, le tocó el periodo complejo de
la crisis final del régimen. Esta vez el vértigo de los acontecimientos se impuso a cualquier intento de programación
(nota 15).
Durante lustros, el servicio exterior encargado de documentar y ejecutar la política exterior fue también precario. El
esfuerzo republicano por mejorar la formación y abrir socialmente el cuerpo (copado por aristócratas o hijos de diplomáÍNDICE
190
Rosa Mª Pardo Sanz
ticos) se retomó tímidamente en los primeros años del franquismo. De hecho el decreto de creación de la Escuela
Diplomática data de 1942. El porcentaje de sancionados o
depurados entre 1937 y 1939 por insuficiente lealtad al Nuevo
Estado había sido sólo de un quince por ciento, lo que refleja bien la idiosincrasia conservadora de sus componentes en
1939. Desde esa fecha hasta 1966 los aspirantes tuvieron
que presentar un documento de adhesión al Movimiento
Nacional (nota 16). Sin embargo, a los ojos de Franco siempre fue un colectivo sospechoso por sus propensiones
monárquicas y liberales.
El cuerpo diplomático nunca fue muy numeroso (pasó de 360
a 580 funcionarios entre 1939 y 1975), como tampoco fueron
cuantiosas las consignaciones de su ministerio. La falta de
tradición burocrática internacionalista y la mermada actividad
exterior del Régimen pueden explicarlo. En los años del aislamiento hubo que improvisar mucho: los diplomáticos disponibles sabían mucho de protocolo, pero menos de propaganda y casi nada de economía. Se habían formado en unos
modos diplomáticos que desde 1945 quedaron anquilosados.
El recurso de Artajo fue enviar embajadores políticos a los
puestos de relieve y recurrir a la diplomacia paralela (cultural
y religiosa) a través de personajes con experiencia periodísÍNDICE
191
tica, con frecuencia procedentes del catolicismo político.
Hasta la década de los sesenta no se incorporaron nuevas
generaciones más preparadas, lo que permitió avanzar en
una línea de mayor especialización, en consonancia con la
evolución del sistema internacional (nota 17).
2. La tentación bélica
Como la posibilidad de un cambio político no se tomó nunca
en consideración y se carecía de otros medios para alterar el
medio externo, fue éste el que marcó las oportunidades internacionales de la dictadura. Durante la guerra civil se habían
adquirido compromisos diplomáticos y, sobre todo, económicos con las potencias fascistas. La adhesión al Pacto AntiKomintern y la retirada de la Sociedad de Naciones no significaron la ruptura del estatuto de neutralidad, ni se desistió de
restablecer relaciones con Gran Bretaña y Francia. El Pacto
germano-soviético era otro argumento para la prudencia en
tiempos de reconstrucción económica (nota 18). Pero la guerra europea abrió la posibilidad de un cambio absoluto en el
equilibrio de poder mundial. Si no concurría, España volvería
a quedar relegada, como en 1918. Si se lograba participar a
tiempo en el conflicto, la contingencia de un Nuevo Orden fascista podía hacer realidad viejos sueños imperiales. Jugar a
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192
Rosa Mª Pardo Sanz
esa carta comportaba muchos riesgos porque un error de
cálculo podía significar la pérdida de independencia y la desaparición del Régimen.
La claudicación de Francia en 1940 despejó muchas dudas.
La historiografía ha demostrado que la tentación belicista
existió y ha documentado su tempo: abandono de la no beligerancia, ocupación de Tánger (con el beneplácito franco-británico), oferta a Hitler y negociación de las condiciones de la
entrada en la guerra a cambio de territorios africanos y de
Gibraltar. Franco rompió la neutralidad española al adherirse
al Pacto de Acero en Hendaya, pero no dio el paso siguiente.
El hecho de que Hitler no garantizase las exigencias territoriales españolas (temía la reacción italiana y francesa), la
resistencia británica, la situación alimentaria española, la presión económica aliada y el cambio de estrategia decidido en
Berlín (atacar a la URSS) enfriaron la euforia intervencionista a lo largo del otoño-invierno de 1940-1941. Desde ese
momento el objetivo supremo fue evitar una invasión del territorio español por cualquiera de los dos bandos (nota 19).
La suerte del Eje en la guerra influyó sobremanera en la distribución de fuerzas dentro del Régimen. El poder del
Cuñadísimo y, con él, el predominio falangista y su modelo
totalitario podrían haber arraigado, pero la oposición interna
ÍNDICE
193
que suscitó la prepotencia e ineficacia falangistas obligó a
Franco a redistribuir el poder en detrimento de Serrano
Súñer. Las derrotas militares del Eje y el bloqueo de materias
primas aliado que podía paralizar la economía española
hicieron el resto. El cerco al poder de Serrano Suñer llegó
hasta el Ministerio de Exteriores, donde sus seguidores más
fieles (en especial Ximénez de Sandoval) fueron separados
de sus cargos en la primavera de 1942. La institución pasó
por horas bajas debido a la irregular gestión serranista.
Parece que el Ministro no contó con la simpatía de los funcionarios de carrera, de talante conservador más tradicional.
Los propósitos, si los hubo, de reformar la carrera y fascistizar el servicio exterior no pudieron concretarse (nota 20). Su
radicalismo verbal en temas como el iberismo y, sobre todo,
el hispanoamericanismo hicieron mucho daño en ambas
áreas. Además provocaron la reacción del gran aparato de
propaganda norteamericano (nota 21).
La vuelta de Jordana al Ministerio en septiembre de 1942
devolvió la normalidad a la acción exterior española. El inminente desembarco aliado en el Norte de África le convenció
de la necesidad de reorientar la posición española hasta una
verdadera neutralidad y de reforzar ese repliegue con un discurso moderado, anticomunista y católico. La División Azul
ÍNDICE
194
Rosa Mª Pardo Sanz
fue retirada. Las misiones diplomáticas españolas en
América se autoimpusieron la más absoluta inactividad mientras se estrechaban los lazos políticos con otros países neutrales como Portugal y Argentina. Su gestión fue muy difícil
porque, no sólo tuvo que soportar la presión de los bandos,
sino también las resistencias internas al cambio de orientación. Franco, como muchos jerarcas del Régimen, no creyó
posible una derrota del Eje hasta la caída de Mussolini. De
ahí que permitiera hasta la primavera de 1944 los apoyos que
desde algunos ministerios se seguían prestando al Eje: facilidades militares, libertad para agentes nazis en la península y
en Tánger, trato de favor desde la prensa oficial y venta de
ingentes cantidades de un material estratégico, el wolframio.
Sólo el embargo de petróleo impuesto por los Estados Unidos
forzó la observancia estricta de las reglas de la neutralidad.
Desde ese momento hasta el final de la guerra se ensayó un
acercamiento a los gobiernos de Londres y Washington que
hubiera necesitado un inhibidor mágico de la memoria para
haber resultado eficaz. Lequerica, un buen amigo de los alemanes mientras fue embajador de Vichy, se encargó de intentar la prestidigitación, pero ni la ruptura de relaciones con
Japón (nota 22), ni las facilidades aéreas otorgadas a los
Estados Unidos (nota 23) o a los judíos huidos del horror nazi
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195
(nota 24) logró borrar los favores antes concedidos al Eje. Lo
peor fue que nunca se rompió del todo la amistad con la
Alemania nazi, ni siquiera tras la derrota. El asilo y protección
dada a agentes nazis y la ocultación de bienes alemanes
después de 1945 así lo atestigua. Como ha apuntado C.
Collado, quizá Franco pensó que, pese a la derrota, la recuperación alemana sería rápida y entonces se podrían cobrar
algunos favores. A corto plazo fue un error (nota 25).
En la vertiente interna, el resultado de la guerra tuvo consecuencias duraderas tanto económicas como políticas. El estado franquista pudo sacudirse la tutela o dependencia económica que seguramente hubiera supuesto una victoria alemana. Las deudas de guerra contraídas con Italia y Alemania
quedaron prácticamente saldadas, aunque a costa de no
haber podido sacar más provecho comercial de la situación
de neutralidad y, lo que fue peor, a costa del desabastecimiento del mercado interior, con graves efectos sociales
(nota 26). Por otra parte, la derrota del Eje impidió para siempre la hegemonía de los sectores más totalitarios del
Régimen. La presión de lograr un cierto acomodo a la nueva
situación sería el factor desencadenante del lento proceso de
institucionalización del Régimen que se abrió con el Fuero de
los Españoles y la Ley de Referéndum de 1945 (nota 27).
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Rosa Mª Pardo Sanz
3. Orden y aguantar
Los primeros meses de la postguerra mundial fueron los
menos propicios de la historia del franquismo. Librarse del
estigma del fascismo resultó imposible en días de euforia
antitotalitaria. Mientras duró la aparente concordancia entre
las potencias anglosajonas y su aliado comunista se tambaleó el esquema mental que Franco y Carrero habían manejado desde 1943. Habían calculado una ruptura inmediata de la
alianza y el estallido inminente de una tercera guerra. La
carta de Franco a Churchill para concertar las políticas de
ambos países contra el comunismo en el otoño de 1944
habla por sí sola. Pero oficialmente la amistad de los occidentales con Moscú se prolongó más de lo previsto.
Advertencias diplomáticas, cierre de la frontera francesa,
reconocimiento del gobierno en el exilio y, finalmente, resolución condenatoria de Naciones Unidas fueron los hitos del
aislamiento. Lo grave era que esta presión podía animar
movimientos de oposición interna y dar alas a los monárquicos en un momento en que el liderazgo de Franco aún no
estaba consolidado. La reacción del Régimen fue organizar
una ofensiva de diplomacia de propaganda para difundir la
nueva imagen política diseñada por Franco: catolicismo, conservadurismo clásico, anticomunismo y una pronta restauraÍNDICE
197
ción monárquica a medio plazo, si el contexto internacional
no era hostil. Se aprobaron créditos para difusión cultural y
con la aquiescencia de la jerarquía eclesiástica, se utilizó la
respetabilidad y el dinamismo de jóvenes procedentes del
catolicismo político para intentar captar a los sectores conservadores y católicos occidentales. Los países hispanoamericanos recibieron trato preferente; por razones culturales sus
élites podían resultar objetivos más fáciles. Todo un despliegue que fructificó más lento de lo esperado.
Sin embargo, Franco estaba decidido a resistir la presión. Era
cuestión de mantener el orden en el interior y esperar. Calculó
que las potencias occidentales no llegarían a una intervención directa o a promover un golpe de estado en su contra por
el riesgo de una nueva desestabilización en la península. En
unos meses ocurrió lo previsto. Aunque la guerra fría comenzara oficialmente en marzo de 1947, durante el año anterior
la tensión entre los bloques fue tremenda. La URSS utilizó la
cuestión española como argumento para contrarrestar las críticas por su política en Europa del Este. El peligro comunista
hizo que los gobiernos occidentales flexibilizaran su actitud
hacia el franquismo por razones estratégicas y económicas.
Al final se impuso la línea prudente del Foreign Office frente
a los proyectos franceses y norteamericanos, más intervenÍNDICE
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Rosa Mª Pardo Sanz
cionistas por la presión de sus respectivas opiniones públicas
(nota 28).
Entretanto, Franco había conseguido absorber la presión de
quienes abogaban por una rápida restauración monárquica.
Gracias al control de la prensa y la propaganda pudo presentar el ostracismo internacional como una maniobra antiespañola que podía provocar un rebrote de guerra civil. El
miedo que concitaba ese recuerdo más el sentimiento de dignidad nacional ofendida permitieron al Generalísimo reforzar
su liderazgo (nota 29). El aislamiento también sirvió de excusa para eludir responsabilidades en el fracaso del modelo
económico autárquico; aunque, sin duda, la exclusión de la
España de Franco de los organismos económicos internacionales de postguerra y del Plan Marshall por razones políticas
acentuó las preferencias oficiales autárquicas. El Régimen
hizo de la necesidad, virtud (nota 30).
Poco a poco, la dinámica de la guerra fría y el efecto del despliegue diplomático franquista permitió disimular el aislamiento. Se inventó la política árabe aprovechando la cuestión
palestina. La coincidencia de intereses con Perón reportó
considerables beneficios y la política lobbista en la ONU y en
EE.UU., con argumentos antiintervencionistas y anticomunistas logró sus adeptos. Al fin la Resolución de 1946 quedó sin
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199
efecto en 1950 (nota 31). Sin embargo, los hombres fuertes
españoles, que menospreciaban el valor y por tanto la
influencia de la opinión pública, no calcularon que la memoria del horror nazi y, quizás, la necesidad de enjugar cualquier
mácula colaboracionista tenían la suficiente fuerza como para
que los gobiernos europeos sostuvieran la cuarentena al
Régimen. Los sucesivos vetos a la incorporación de España
en el Plan Marshall, en la OTAN y en las organizaciones europeas fueron una dura lección (nota 32).
4. El amigo americano
Sólo pudo hacerse admisible la prevalencia de los intereses
estratégicos en el tema español ante la opinión pública norteamericana y, para ello, en pleno apogeo del McCarthysmo,
se esperó a la resaca de la Guerra de Corea. Tras una negociación lenta, las altas expectativas de la parte española no
se vieron satisfechas. Se cerró con un excesivo protagonismo
militar y con cesiones de soberanía. Quizá, ambos rasgos
estaban interrelacionados. Franco pudo implicar al ejército en
una decisión tan trascendente para evitar reacciones adversas a posteriori, como había ocurrido durante la II Guerra
Mundial. Se proporcionaban cuatro bases militares y otras
facilidades que los Estados Unidos podían utilizar casi cuanÍNDICE
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Rosa Mª Pardo Sanz
do quisieran; sin limitación de tropas a instalar en ellas; sin
acuerdo de seguridad mutua, ni categoría de tratado aprobado por el Senado. A cambio, ayuda militar y económica, aunque ésta se dedicara sobre todo a la construcción de las
bases. Las contraprestaciones se irán mejorando, lo mismo
que el desequilibrio implícito en algunas cláusulas de los
acuerdos, pero poco más. El gobierno de Washington, satisfechas sus urgencias militares con los Pactos, nunca tuvo
necesidad de arriesgarse a violentar a los grupos de opinión
liberal norteamericanos o a enturbiar su amistad con los aliados europeos importantes por forzar una mayor integración
de la España de Franco en el bloque occidental (nota 33).
El vínculo con Estados Unidos abrió una nueva etapa. Era el
fin de una tradición diplomática de neutralidad seguida durante décadas y, de alguna manera, también cerraba la herida
abierta desde 1898 en las relaciones bilaterales. Para Franco
era la garantía definitiva de que la gran potencia del bloque
no conspiraría contra su régimen, de que nadie en occidente
se atrevería a molestar demasiado. Los efectos económicos,
militares y culturales de los acuerdos iban a ser aún más relevantes para el conjunto de la sociedad española, aunque
estas implicaciones hayan merecido menos atención de la
historiografía que las políticas. Los programas de formación
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de científicos españoles en EE.UU. fueron el germen de futuros grupos de investigación y de la incipiente planificación de
la política científica (nota 34). Se inició el proceso de modernización del ejército (renovación de material y armamento, la
coordinación con otros ejércitos occidentales, etc.) que contribuyó a atenuar el descontento de este colectivo por el acusado deterioro de su nivel de vida y consideración social
(nota 35). Sobre todo, las contrapartidas económicas de los
acuerdos contribuyeron a desbloquear el comercio exterior.
No sólo permitieron incrementar las importaciones de materias primas y bienes de equipo, sino que ayudaron directamente al relajamiento de la autarquía al llegar acompañadas
de condicionamientos y recomendaciones antiinflacionistas y
liberalizadoras. El vínculo hispano-norteamerico también iba
a facilitar el engarce con las corrientes y organismos de integración y cooperación internacional, cuyo desarrollo desde
1944 había acrecentado el aislamiento económico que la
autarquía había impuesto (nota 36).
A la amistad americana se sumó el refuerzo simbólico que
supuso la firma del Concordato. Con ambos enlaces se abrió
un breve paréntesis de confianza en la diplomacia española:
visitas oficiales, enunciado de ambiciosos proyectos (la
Comunidad Iberoamericana de Naciones o el Pacto
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Rosa Mª Pardo Sanz
Mediterráneo), mejora de relaciones con Francia y Gran
Bretaña, admisión en la ONU (nota 37). El espejismo duró
poco. En 1956 los problemas internos tuvieron su prolongación en la descolonización de Marruecos, que no sólo puso
de manifiesto los errores de la colonización, sino la debilidad
internacional de la España franquista. Ni siquiera se logró un
acuerdo de independencia que fijara los límites territoriales
del nuevo estado. En algo más de un año, el irredentismo
generado por la dinámica nacionalista marroquí iba a provocar la guerra por Ifni y a dejar patente la vulnerabilidad militar
española. Entretanto la crisis de Suez dejó en evidencia la
vacuidad de la política árabe del Régimen y, sobre todo, las
limitaciones de la cobertura militar norteamericana (nota 38).
Los acuciantes problemas económicos obligaban a dar un
giro a la política económica que tenía implicaciones internacionales: era preciso normalizar las relaciones con el bloque
occidental porque sus créditos e inversiones se hacían
imprescindibles.
5. La batalla diplomática de Castiella
El gobierno de febrero de 1957, con sus tecnócratas, debía
sacar del caos la economía y acercar el país al ritmo occidental. Castiella compartía con ellos la búsqueda de eficacia,
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así como un cierto pragmatismo. Se preocupó por modernizar el aparato diplomático e insistió en la formación y profesionalización de sus funcionarios. Él intentó definir unos objetivos diplomáticos de estado, a imitación del modus operandi
de países como Gran Bretaña, que pudieran ser asumidos
por los gobiernos venideros e incluso pudieran contar con un
mínimo respaldo de la opinión pública. Su apuesta consistía
en un acercamiento decidido a Europa y una lealtad occidentalista sin fisuras, aunque se intentara equilibrar la relación
con los Estados Unidos. Así mismo valoraba la política árabe
como muy útil y, sobre todo, creía en la necesidad de renovar
e intensificar el vínculo iberoamericano y filipino como elementos cardinales de la identidad internacional española.
Desde el primer momento apostó por la aceptación del proceso descolonizar, ante cuya irreversibilidad sólo cabía intentar sacar partido: la devolución de Gibraltar podía ser una
buena compensación. También asumió que para avanzar en
alguna de las vertientes citadas era preciso limar los aspectos más autoritarios del Régimen (libertad religiosa, de prensa, pena de muerte, etc.), aunque el ritmo liberalizador iba a
ser demasiado lento para muchos de sus propósitos
(nota 39).
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Rosa Mª Pardo Sanz
Junto a los impulsos de renovación atizados desde el
Ministerio, varios fenómenos internacionales van a ser decisivos para la diplomacia española durante esta etapa. En primer lugar, las necesidades comerciales y financieras de las
desarrolladas economías occidentales flexibilizaron la posición de los gobiernos europeos hacia el Régimen, si bien sólo
lo suficiente como para proteger sus intereses sin tener que
levantar el veto político. Desde los años cincuenta, el crecimiento económico de esos países, incluidos sus modelos de
desarrollo (la planificación indicativa francesa, por ejemplo),
sirvieron de acicate al cambio económico español. El
Régimen tuvo que reaccionar para evitar que la exclusión de
los organismos económicos europeos dañase los flujos
migratorios, turísticos y sobre todo comerciales con Europa.
También, el clima de paz social alcanzado en aquellos estados con el patrón de estado de bienestar influyó en los tecnócratas franquistas. Por una parte, la lectura que realizaron
de la aparente «desideologización» de política europea no
hizo sino darles argumentos de legitimación: la influencia del
Gaullismo fue decisiva, a ese respecto. Pero, por otra, ese
mismo modelo y la incansable presión de buena parte de los
partidos y sindicatos europeos constituyeron un estímulo
para el cambio político y la liberalización. Curiosamente, este
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tipo de implicaciones socio-políticas de las relaciones exteriores ha recibido menos atención de la que merece. Sólo se
ha estudiado la incidencia de la supervisión ejercida por la
O.I.T. sobre la política laboral y el vigor de la causa europeísta como motor de cambio político (nota 40). Pero quizás falte
valorar en su conjunto el efecto del factor internacional sobre
el aperturismo político; el impacto de fenómenos como el
turismo y la emigración en la evolución socio-política española o el proceso de apertura económica (inversiones extranjeras, transferencia tecnológica, etc.).
El clima de coexistencia, y luego de distensión al relajar la
tensión internacional y propiciar políticas menos dependientes de las directrices marcadas por las potencias hegemónicas de cada bloque, permitió que desde Asuntos Exteriores
se pudieran plantear líneas políticas algo menos supeditadas
a la norteamericana, lo que no significó que salieran adelante. En fin, la vorágine descolonizadora, al imponerse como
política oficial de las Naciones Unidas, forzó también el ritmo
de la política española en este ámbito. Al optar por esta vía,
se evitaron las condenas que sí sufrió Portugal y se consiguió
reabrir el litigio gibraltareño, pero también se dañó la amistad
hispano-portuguesa. Además, la falta de voluntad descolonizadora del organismo encargado de la política colonial
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Rosa Mª Pardo Sanz
(Dirección de Plazas y Provincias Africanas, dependiente de
Presidencia de Gobierno) embrolló el proceso impidiendo
una política coherente. Al final, la improvisación española,
sumada a la dinámica nacionalista de los nuevos estados
independientes (el marroquí y, luego, el guineano), impidió
normalizar relaciones con las excolonias, puso en evidencia
la inconsistencia de la política árabe y dejó empantanado el
problema saharaui (nota 41).
Pese a que Castiella no pudo ver culminado su gran diseño
diplomático, consiguió avances notables en la posición internacional del estado franquista. Ya durante los primeros años
de su gestión logró una mejora de las relaciones con
Alemania, Gran Bretaña y, sobre todo, con Francia. Con pragmatismo se despejaron los contenciosos bilaterales pendientes (a veces desde la Guerra Civil) y se abrieron nuevos cauces de cooperación económica, técnica, laboral e incluso militar. El caso francés quizá sea paradigmático: aparte del creciente flujo comercial y de inversiones, se intercambió apoyo
en las cuestiones de Argelia y Marruecos, hubo coordinación
militar para resolver el conflicto de Ifni, el gobierno francés
puso muchas dificultades a las organizaciones del exilio republicano y proporcionó apoyo diplomático a la España franquista en determinados foros internacionales. Con los
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207
Estados Unidos se logró poder dedicar la mayor parte de la
contrapartida económica de los acuerdos a desarrollo económico, amén de respaldo para la integración española en el
Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OECE (nota 42).
El ingreso en estos organismos y su asesoramiento técnico
fue un incentivo para el cambio económico español. Los buenos resultados del Plan de Estabilización, la creciente interrelación con los países occidentales, la necesidad de reaccionar ante el proceso de integración económica europea y el
patronazgo que parecían proporcionar los gobiernos de París
y Bonn crearon nuevas expectativas. En febrero de 1962 se
intentaba abrir una negociación con el Mercado Común con
vistas a una asociación que dejase la puerta abierta a una
futura integración. La respuesta no fue alentadora debido a
las dificultades internas de la organización, la oposición decidida de amplios sectores democristianos y socialistas europeos y, sobre todo, a la cerrazón del Régimen (contubernio
de Munich, represión contra huelguistas y, finalmente, ejecución de Grimau). La petición se repitió en 1964, pero la
Comunidad optó por una política dilatoria y no aceptó la asociación. Sólo en el otoño de 1967 se abrió una negociación
que daría como fruto el Acuerdo comercial preferencial de
1970 (nota 43).
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Este parón europeo no impidió que se intentase aprovechar
la renovación de los Acuerdos con los Estados Unidos, que
debía realizarse en 1963, para obtener mayores ventajas
económicas, militares y políticas. No se logró elevar la categoría de los acuerdos, ni la reciprocidad en la garantía militar.
Al conceder el uso de Rota para submarinos nucleares se
perdió una baza de negociación definitiva. Franco ordenó
renovar a sabiendas de que las mejoras eran mínimas porque
no veía alternativa a la amistad norteamericana: la Francia de
De Gaulle era una incógnita, acceder al paraguas de la OTAN
resultaba imposible y tampoco daría cobertura en caso de un
conflicto africano.
Mediada la década de los sesenta, el asunto europeo seguía
parado y hasta 1968 no se reabría la negociación hispanonorteamericana. En ese ínterin, la cuestión de Gibraltar se
fue imponiendo como el eje de la diplomacia española. El
marco elegido para batallar el pleito fueron las Naciones
Unidas, de ahí que buena parte de la estrategia montada contra Gran Bretaña girase en torno a la obtención de votos en
la Asamblea General. Para ello hubo que acelerar la descolonización de Guinea y Sáhara y desarrollar una campaña de
diplomacia multilateral en busca del apoyo de los países iberoamericanos, de los nuevos estados del Tercer Mundo e
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209
incluso del bloque del Este. Para ello se ensayó un discurso
menos occidentalista, en la línea de la distensión, se reforzó
la aproximación a la causa árabe-palestina a raíz de la crisis
de 1967, se mantuvo la relación con la Cuba castrista y se
imitó a otros países en la apertura a los países comunistas.
La política de De Gaulle fue un modelo que se también se
tuvo muy en cuenta en ese aspecto. En fin, la otra cara de la
política gibraltareña consistió en entorpecer cuanto se pudo
el desarrollo económico y las facilidades militares que proporcionaba la base del Peñón tanto a Gran Bretaña como a
la propia OTAN.
Sin embargo, desde 1968 los acontecimientos se precipitan.
Presidencia entorpece cuanto puede el ritmo descolonizador.
Una vez que Gran Bretaña opta por no obedecer las resoluciones de Naciones Unidas no hay capacidad para ejercer
presión, porque los Estados Unidos no están dispuestos a
hacerlo por España, como pretendía el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Sólo cabía multiplicar las sanciones contra la
colonia, lo que provocó una gran tensión con el gobierno de
Londres y, de rebote, transfirió a la renegociación de los
acuerdos hispano-norteamericanos un fuerte resentimiento
por parte española. De nuevo se pretendía un tratado de
seguridad mutua o ayuda militar para imprevistos africanos,
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Rosa Mª Pardo Sanz
amén de cierto respaldo en el contencioso gibraltareño. Esta
vez Franco permitió que se denunciaron los acuerdos y se
abriera el periodo renegociador, pero la intranquilidad fue
ganando a los sectores militares y a Presidencia del
Gobierno. En junio de 1969 Castiella claudica a medias de su
actitud más intransigente y firma lo que será el Tratado de
Amistad de 1970. De nuevo había sido imposible alcanzar los
objetivos de partida.
Sus días como Ministro estaban contados. Llevaba varios
meses actuando al margen de la voluntad de Franco y sobre
todo de Carrero, con el que se había enfrentado duramente
en los asuntos de la libertad religiosa, las relaciones vaticanas, descolonización, Gibraltar y Estados Unidos. Pese a la
devolución de Ifni a Marruecos en 1969, no se había logrado
apaciguar a Marruecos en el tema saharaui, Guinea llevaba
desde enero de 1969 sumida en el caos y Castiella había llevado demasiado lejos la crispación con los gobiernos anglosajones. La remodelación gubernamental generada por la crisis del escándalo Matesa le hizo salir del Ministerio.
La política exterior que se desarrolló entre 1969 y 1975 ha
sido aún poco tratada en la historiografía. En cierto sentido ha
sufrido la misma suerte que la política interior, sobre todo
como consecuencia de las dificultades para el acceso a fuenÍNDICE
211
tes documentales. La línea básica de la diplomacia española
durante esa etapa fue eliminar tensiones que pudieran agravar la crisis del Régimen ante la decrepitud física del dictador.
Los últimos ministros se limitaron a gestionar el legado castiellista evitando cualquier enfrentamiento con Presidencia.
Con pragmatismo, aceptando la realidad política, jugaron
sobre todo con la baza económica y con un lenguaje de distensión ya plenamente aceptado en el sistema internacional.
La Ostpolitik alemana y las iniciativas de diplomacia multilateral llegaban en un momento en que la diplomacia tenía
mucha práctica tras la ofensiva gibraltareña. Sin embargo
problemas nuevos empañaron los últimos meses de la dictadura: la crisis del petróleo, la tensión con el Vaticano, los efectos de la revolución portuguesa y la ofensiva de Marruecos en
la cuestión saharaui. Por orden directa Franco se prorrogaron
por la vía urgente los acuerdos hispano-norteamericanos,
con el telón de fondo de la Marcha Verde y la ruptura de la
negociación con la CEE como represalia por las últimas
penas de muerte ejecutadas por el Régimen. Durante aquel
tiempo tuvo que ser casi imposible cualquier planificación a
medio plazo, más allá de eliminar obstáculos a la nueva
monarquía (nota 44).
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Rosa Mª Pardo Sanz
6. La herencia franquista
Cuando el franquismo inicia su andadura diplomática pretende revelarse contra la tradición diplomática precedente de
recogimiento y neutralidad. Proclamaba su propósito de
defender la independencia nacional y recuperar solvencia
internacional, incluso determinadas reivindicaciones territoriales, a las que por razones históricas y de equidad tiene
derecho. El proyecto, que a primera vista parece imitar el irredentismo de las potencias fascistas, tiene un antecedente
mucho más directo en la política exterior de Primo de Rivera.
Esa amalgama de resentimiento nacionalista e impotencia
que conformaba la política franquista testimoniaba la perpetuación de una imagen poco realista de las posibilidades
internacionales del estado español en la percepción de quienes decidían la política exterior. Como en los años veinte, se
le atribuían responsabilidades que nunca podría cumplir:
modelo político, mediador, puente, agente integrador. Tal dislate no suponía ninguna anormalidad en el sistema internacional en un tiempo en que el nacionalismo exacerbado llegó
a formar parte del sentido común político. Otras potencias
venidas a menos reproducían errores similares y desarrollaban también un estilo diplomático orgulloso, de dignidad, puntilloso en cuestiones de honor patrio, con la obsesión de no
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dejar de estar presente en ningún foro internacional; una
diplomacia, en fin, que hacía gala de su quijotismo para encubrir su impotencia. En el caso español, tal deficiencia pudo
estar acentuada por la defectuosa información que se manejaba del medio internacional debido al histórico desinterés
por las cuestiones internacionales y a la falta de profesionalidad de su aparato diplomático. Faltaba tradición burocrática y
planificación. Había demasiada improvisación, un rasgo que
afectaba incluso al nombramiento de los Ministros. Todos
esos ingredientes los heredó la política exterior franquista.
Ciertamente la diplomacia de la II República había tratado de
paliar algunas de estas carencias, pero el Nuevo Estado, al
renegar de todo cuanto había supuesto el régimen anterior,
no pudo servirse del legado republicano.
Sólo el desastroso resultado para el Régimen de la II Guerra
Mundial pudo acabar con aquellos sueños de restauración
cuasi imperial. La nueva configuración del sistema internacional, regido por dos superpotencias extraeuropeas ideológicamente contrarias, barrió cualquier esperanza y dejó a la diplomacia española sin ningún proyecto. En principio, la urgencia
de contrarrestar el aislamiento absorbió todas las energías.
Aquellos apuros diplomáticos acrecentaron el viejo complejo
de inferioridad y, casi como una reacción refleja, también la
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Rosa Mª Pardo Sanz
ansiedad por evitar quedar marginados. Al final, para zanjar
la desubicación internacional del Régimen se optó por romper con la tradición neutralista: el vínculo hispano-norteamericano de 1953 dejaba a España inserta en un bloque militar,
aunque no a costa de ganar independencia, como se preveía en los propósitos enunciados en 1939.
Se había solucionado un problema, en 1953, pero no se
había elaborado un diseño diplomático de conjunto. No existió un verdadero proyecto político, con planificación a largo
plazo, con el propósito consciente de trascender los intereses
del Régimen, hasta que Castiella se hizo cargo del Ministerio.
Con él quedó definido un encaje básico europeísta y occidentalista, pese a las dudas neutralistas de sus últimos
meses en el cargo, que no descuidaba la identidad hispanoamericana. Esta última no debía quedarse anclada en el
pasado común, sino que requería un empeño y una renovación permanentes y podía servir como baza en las dos coordenadas principales. La política árabe, inventada por el
Régimen durante la etapa del ostracismo era, aún más que el
hispanoamericanismo, una política de sustitución (nota 45).
Desde 1975 los gobiernos de la Monarquía tuvieron que normalizar aquellas relaciones baldadas por la dictadura
(México, URSS, etc.), en especial el desencaje con respecto
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al núcleo integrador europeo. Pudieron beneficiarse de los
avances en la profesionalización de la diplomacia española y
de los grandes ejes de acción que habían quedado trazados
desde la etapa Castiella, pero tuvieron que modificar la filosofía de partida (un proyecto democrático) y con ella, renovar
modos e instrumentos, además de dar cabida a nuevos actores (prensa, partidos, opinión pública) y, sobre todo, proceder
con una mayor transparencia (nota 46). Hay suficientes indicios como para suponer que, en ese proceso, algunos lastres
del franquismo (quizás también del antifranquismo) aún no se
han superado del todo. El personalismo, concentrado en la
figura del presidente del gobierno, y las dificultades para
superar los efectos de décadas de manipulación y desinformación de la opinión pública son, quizás, los más llamativos.
La supuesta democratización (el control parlamentario de la
política exterior) no parece haber incrementado el interés ni
el conocimiento de las cuestiones internacionales. Como
demuestran los últimos estudios sociológicos de opinión
pública, siguen funcionando algunos clichés sobre «amigos y
enemigos» demasiado cercanos a las retóricas ideológicas
de la etapa anterior y asuntos como la colonización y descolonización españolas han quedado instaladas en el territorio
del olvido. Ojalá que tanto estos temas abiertos como la últiÍNDICE
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Rosa Mª Pardo Sanz
ma etapa de la dictadura comiencen pronto a atraer la atención de los investigadores, tanto desde la ciencia política
como desde la nueva historia del tiempo presente.
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1 MILZA, Pierre, «Politique interieur et politique étrangère», en
REMOND, Réné, Pour une histoire politique. París, 1988, págs. 315344 o DUROSELLE, J.B., Tout empire périra. Une vision théorique
des relations internationales. París, 1982, pág. 43.
2 Algunas sugerencias interesantes en ELIZALDE, Mª Dolores,
«Diplomacia y diplomáticos en el estudio actual de las relaciones
internacionales», en Historia Contemporánea, Universidad del País
Vasco, n.º 15 (1996), págs. 31-52 o HAZLETON, W.A., «Procesos
de decisión y políticas exteriores», en WILHELMY, H. (ed.), La formación de la política exterior. Los países desarrollados y América
Latina. Buenos Aires, 1987, págs. 15-35.
3 QUINTANA, Francisco, «La historia de las relaciones internacio-
nales en España: apuntes para un balance historiográfico», en La
Historia de las Relaciones Internacionales: una visión desde
España, Madrid, 1996, págs. 48-58.
4 Uno de los escasos ejemplos: LOFF, Manuel, Salazarismo e
Franquismo na «época de Hitler» (1936-1942). Convergência política, preconceito ideológico e oportunidad histórica na redefiniçao
internacional de Portugal e Espanha. Oporto, 1996.
5 MARTÍNEZ LILLO, Pedro, «La política exterior franquista entre
1939-1975», en VV.AA., Historia de la España actual, 1939-1996».
Madrid, 1998, pág. 82; PORTERO, Florentino y PARDO, Rosa, «La
política exterior del régimen de Franco», en CARR, R. (Coord.),
Historia de España. Menéndez Pidal. La época de Franco (19391975). Tomo XLI, vol. I, Madrid, 1996, págs. 293-299.
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Notas
6 CATALAN, Jordi, La economía española y la Segunda Guerra
Mundial. Barcelona, 1995 y VV.AA., Política comercial exterior en
España (1931-1975). Madrid, 1979, tomos 2 y 3.
7 Como en otros ámbitos, jurídicamente, sus competencias fueron
casi absolutas hasta 1967. La nimia capacidad de control otorgada
a las Cortes y el carácter consultivo del resto de los organismos así
lo consentía. Despúes, el Consejo de Ministros y el Ministerio de
Asuntos Exteriores vieron tipificadas por ley sus atribuciones internacionales; aunque de facto, no hubo cambios sustanciales hasta
1975: FERNÁNDEZ-MIRANDA, Faustino, El control parlamentario
de la política exterior en el derecho español. Madrid, 1977, págs. 65
y ss.
8 Aunque Franco pudo relajar su control directo sobre algunos
aspectos del gobierno del estado desde 1962 (PRESTON, Paul,
Franco. «Caudillo de España». Barcelona, 1994, pág. 876) no parece tan claro en el caso de la política exterior.
9 TUSELL, Javier, Carrero. La eminencia gris del régimen de
Franco. Madrid, 1993.
10 FRANCO, Francisco, «Prológo», en DÍAZ DE VILLEGAS, J.,
Contribución al Estudio Estratégico de la Península. Madrid, 1936,
h. XIII.
11 Un análisis brillante de este mundo ideológico en GONZÁLEZ
CUEVAS, Pedro Carlos, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1918-1936). Madrid, 1998.
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219
12 JOVER, J.M., «La percepción española de los conflictos europe-
os: notas históricas para su entendimiento», en Revista de
Occidente, n.º 167 (1986), págs. 5-42.
13 CARR, Raymond, «Introducción», en CARR, R. (Coord.) Historia
de España..., h. XXIX.
14 VIÑAS, «La administración de la política económica exterior en
España, 1936-1979», en Cuadernos Económicos del ICE, n.º 131
(1980), págs. 159-247.
15 Se han elaborado algunos retratos de los Ministros: CAVA MESA,
M.J., Los diplomáticos de Franco. J.F. de Lequerica, temple y tenacidad (1890-1963). Bilbao, 1989; HALSTEAD, C.R., «Un ‘Africain’
méconnu: Le Colonel Juan Beigbeder», en Revue d’Histoire de la
Deuxième Guerre Mondiale, vol. 21, n.º 83 (Jul. 1971), págs. 31-60;
TUSELL, J., «Los cuatro Ministros de Asuntos Exteriores de Franco
durante la Segunda Guerra Mundial», en Espacio, Tiempo y Forma,
Madrid, Serie V, n.º 7 (1994), págs. 323-348; PORTERO, Florentino,
«Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento», en
Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco, n.º 15 (1996),
págs. 211-224 y PARDO, Rosa, «Fernando Mª Castiella: pasión
política y vocación diplomática», en Historia Contemporánea,
Universidad del País Vasco, n.º 15 (1996), págs. 225-239; TUSELL,
Javier, Franco y los católicos. La política interior española entre
1945 y 1957. Madrid, 1984, págs. 69 y sigs. Sin embargo, a pesar
de estas publicaciones, no se ha escrito ninguna biografía completa sobre los personajes citados. En los casos de los últimos
Ministros del franquismo las carencias son más notorias.
ÍNDICE
220
Notas
16 Aún en 1969, el 33 % de los egresados en este cuerpo de fun-
cionarios eran hijos de diplomáticos: Vid. VALDIVIESO DEL REAL,
Rocío, La carrera diplomática en España 1939-1990. Sobre la depuración CASANOVA, Marina, «Depuración de funcionarios diplomáticos durante la guerra civil», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
1987, y también NEILA J.L. y TOGORES, L., La Escuela
Diplomática: cincuenta años al servicio del estado (1942-1992).
Madrid, 1993.
17 El estudio del mundo de los diplomáticos no ha interesado
mucho hasta el momento. A pesar de los datos que aporta el libro
de R. Valdivielso, su planteamiento cuantitativista no resulta el más
eficaz si lo que se busca es perfilar la mentalidad del grupo, sus percepciones sobre el papel de España en el concierto internacional,
sus hábitos profesionales, la calidad de la información que remitían,
su grado de compromiso con el Régimen, etc. También faltan monografías sobre el funcionamiento interno del Ministerio de Exteriores,
su organización burocrática, presupuestos, proceso de modernización, etc.
18 DURANGO, J.A., La política exterior de Franco. Estrategia para
un Imperio (1938-1940). Tesis doctoral inédita, Universidad de
Zaragoza, 1992.
19 Las últimas obras publicadas sobre estos temas: TUSELL, J.,
Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre el Eje y la
Neutralidad. Madrid, Temas de Hoy, 1995; GARCÍA PÉREZ, R.,
Franquismo y Tercer Reich. Madrid, 1994; GUDERZO, M., Madrid e
l’arte della diplomazia. L’incognita spagnola nella seconda guerra
mondiale. Firenze, 1995; PRESTON, Paul, Franco. Caudillo... págs.
ÍNDICE
221
429 y sigs.; España y la Segunda Guerra Mundial, número especial
de la revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 1995 y CAROTENUTO, Gennaro, Italia e Spagna tra dittadura e democrazia, 19391953. Tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, 1998.
20 La documentación más significativa para esclarecer el periodo
serranista parece haber desaparecido del Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Se desconoce casi todo sobre el funcionamiento del Ministerio durante esa etapa. Además falta un estudio de conjunto sobre Falange Exterior. Con tales carencias resulta difícil establecer comparaciones entre la diplomacia española y la fascista o
nazi. Los indicios apuntan la conclusión de que el Palacio de Santa
Cruz experimentó una fascistización tan somera como otros ámbitos de la vida política y social; incluso menor, dadas las simpatías
monárquicas de sus miembros.
21 PARDO SANZ, Rosa, Con Franco hacia el Imperio. La política
española en América Latina, 1939-45. Madrid, 1995; GONZÁLEZ
DE OLÉAGA, Marisa, Las relaciones hispano-argentinas 19391946. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense, Madrid,
1990; QUIJADA, Mónica, Relaciones hispano-argentinas, 19361948. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense, Madrid,
1989 y la obra ya citada de M. Loff.
22 RODAO, Florentino, Las relaciones hispano-japonesas, 1937-
1945. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense, Madrid,
1993.
23 Faltan, quizás, sendas monografías sobre las relaciones con los
Estados Unidos y Francia durante la guerra.
ÍNDICE
222
Notas
24 SALINAS, David, España, los Sefarditas y el Tercer Reich, 1939-
1945. La labor de diplomáticos españoles contra el genocidio nazi.
Universidad de Valladolid-MAE, 1997; MARQUINA, A. y OSPINA,
G.I., España y los judíos en el siglo XX. Madrid, 1987; LISBONA,
J.A., Retorno a Sefarz. Barcelona, 1993; KEDOURIE, E., Spain and
the Jews. Londres, 1992.
25 Vid. R. GARCÍA PÉREZ, Franquismo y Tercer Reich..., págs. 405
y sigs.; COLLADO, Carlos, «En defensa de Occidente. Perspectivas
en las relaciones del régimen de Franco con los gobiernos democristitanos de Alemania (1949-1966)», en TUSSEL, J.; MARÍN, J.M.;
CASANOVA, M. y SUEIRO, S. (eds.), El Régimen de Franco, 19361975. Madrid, 1993, vol. 2, págs. 486 y sigs., y «España y los agentes alemanes, 1944-1947», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
vol. 5 (1992), págs. 431-482. La tesis doctoral del autor, leída
recientemente en la Universidad de Munich, está aún inédita; así
como la investigación dirigida por MARTIN ACEÑA, P., Informe para
la Comisión de investigación de las transacciones de oro procedente del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Madrid,
1998 (en ella participan E. Martínez, M. Martorell, B. Moreno y C. de
la Hoz). También LEITZ, Ch., Economic Relations between Nazi
Germany and Franco’s Spain, 1936-1945. Oxford, 1996.
26 CATALAN, Jordi, La economía española y la Segunda Guerra
Mundial…, op. cit.; VELASCO MURVIEDRO, C., El pensamiento
autárquico español como directriz de la política económica (19361951), Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense, Madrid.
Sería interesante el estudio de sectores económicos concretos o
incluso de empresas sobre las que la guerra y la política exterior
ÍNDICE
223
tuvieron un impacto especial (navieras, minería, etc.). El efecto de
la política económica y exterior sobre una empresa de capital
extranjero en GÓMEZ MENDOZA, Antonio, El «Gibraltar económico»: Franco y Riotinto, 1936-1954. Madrid, 1994.
27 POWELL, Ch., «Las relaciones exteriores de España, 1898-
1975», en POWELL, Ch.; GILLESPIE, R.; RODRIGO, F. y STORY,
J. (eds.), Las relaciones exteriores de la España democrática.
Madrid, Alianza, 1996, pág. 37.
28 MORADIELLOS, Enrique, «La Conferencia de Postdam de 1945
y el problema español», en TUSELL, J. y otros, La política Exterior
de España en el siglo XX. Madrid, 1998, págs. 307-326; PORTERO,
Florentino, Franco aislado. Madrid, 1990; MARTÍNEZ LILLO, P.A.,
Las relaciones hispano-francesas en el marco del aislamiento internacional del régimen franquista (1945-1950). Madrid, 1993;
AHMAD, Q., Britain, Franco Spain and the Cold War, 1945-1950.
New York-London, 1992; BRUNDU OLLA, Paola, Ostracismo e
Realpolitik. Gli Alleti e la Spagna franchista negli anni del dopoguerra. Cagliari, C.E.L.T. Editrice, 1984 y L’anello mancante. Il problema
della Spagna franchista e l’organizzazione della difesa occidentale
(1947-1950). Sassari, 1990.
29 PORTERO, Florentino y PARDO, Rosa, «Las relaciones exterio-
res como factor condicionante del franquismo», en Ayer, n.º 33
(1999), págs. 187-218.
30 La última aportación ha sido la de GUIRAO, Fernando, Spain and
the Reconstruction of Western Europe, 1945-57. Challenge and
Response. Londres, 1998. El debate sobre el efecto del aislamiento internacional sobre el comercio y la economía sigue abierto.
ÍNDICE
224
Notas
31 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel.
Acción Cultural y Política Exterior durante el Primer Franquismo.
Madrid, 1992; REIN, Raanan, Franco-Perón. Las relaciones hispano-argentinas, 1943-50. Madrid, 1995 y Franco, Israel y los judíos.
Madrid, 1996; JIMÉNEZ REDONDO, J.C., Franco e Salazar: as
relaçoes luso-espanholas durante a guerra fria. Lisboa, 1996;
ALGORA WEBER, M.D., Relaciones hispano-árabes durante el
régimen de Franco: la ruptura del aislamiento internacional (19461950). Madrid, 1995; JIMÉNEZ REDONDO, J.C., «La península
Ibérica entre el fin de la Cuestión Española y la guerra fría», en
LLEONART, J.A., España y la ONU-V (1951). Madrid, 1996, págs.
83-123.
32 No se ha profundizado en el estudio de «la cuestión española»
en clave europea: su utilización en la política interior en países
democráticos y en los apoyos sociales del franquismo en el extranjero.
33 LIEDTKE, Boris N., Embracing Dictatorship. United States
Relations with Spain, 1945-1953. Londres, MacMillan, 1997; JARQUE, Arturo, «Queremos esas bases». El acercamiento de Estados
Unidos a la España de Franco. Universidad de Alcalá de Henares,
1998 y TERMIS, Fernando, España y Estados Unidos, 1953-1963.
Tesis doctoral inédita, Madrid, 1999.
34 SANZ MENÉNDEZ, Luis, Estado, ciencia y tecnología en
España: 1939-1997. Madrid, 1997, págs. 150-151.
35 El proceso afectó más al Ejército del Aire y a la Marina e influyó
especialmente sobre la mentalidad de los generales más jóvenes,
que se vieron obligados a aprender idiomas, viajar y compartir
ÍNDICE
225
maniobras con ejércitos occidentales; vid. PUELL DE LA VILLA, F.,
Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995). Madrid,
1997, págs. 137-138.
36 España no fue invitada a la Conferencia de Bretton Woods y su
definitiva exclusión vino impuesta por la Resolución condenatoria
de 1946. Hasta que ésta no se levantó en 1950, no se podría haber
pedido la participación en el FMI y el Banco Mundial. Ese camino
no se emprendió hasta 1957: MUNS, J., Historia de las relaciones
entre España y el Fondo Monetario Internacional. Madrid, 1985,
pág. 19 y sigs.
37 TUSELL, Javier, Franco y los católicos..., págs. 380 y sigs. No ha
habido continuidad en el estudio de la política exterior hacia
Iberoamérica o los países árabes durante la década de los cincuenta y los sesenta.
38 YBARRA, María C., España y la descolonización del Magreb.
Rivalidad hispano-frnacesa en Marruecos (1951-1961). Madrid,
1998.
39 PORTERO, Florentino y PARDO, Rosa, «La política exterior del
régimen de Franco» en CARR, R. (Coord.), Historia de España...
págs. 200-300 y MARQUINA, Antonio, «La política exterior», en
VV.AA., España actual…, págs. 490 y sigs.
40 MATEOS, Abdón, La denuncia del Sindicato Vertical. Las relacio-
nes entre España y la Organización Internacional del Trabajo (19391969). Madrid, 1997; CRESPO MacLENAN, Julio, «El europeísmo
español en la época de Franco y su influencia en el proceso de
democratización política», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, t.
ÍNDICE
226
Notas
10 (1997), págs. 349-367 y Cambio político y europeísmo: el proceso de integración de España en la Comunidad Económica Europea,
1957-1985. Tesis doctoral inédita, Universidad de Oxford, 1998 y
MORENO JUSTE, Antonio, Franquismo y construcción europea,
Madrid, Tecnos, 1998. No ha tenido continuidad la tesis de Ramón
BAEZA sobre la acción exterior de la Organización Sindical
Española; un avance en «Acción Exterior de la O.S.E. Un conato de
diplomacia paralela», en TUSELL, J. y otros, La política exterior en
el siglo XX…, págs. 441-456. Tampoco se ha estudiado el proceso
de inversiones extranjeras, transferencia de tecnología, etc., durante los años sesenta.
41 El secreto oficial sigue pesando sobre parte de la documentación
relacionada con los temas de descolonización: Marruecos, Guinea
y Sáhara. Entre los estudios publicados destacan: VILLAR, F., El
proceso de autodeterminación del Sáhara. Valencia, 1982; NDONGO BIDYOGO, Donato, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial,
Madrid, 1977; CASTRO, Mariano de y NDONGO-BIDYOGO,
Donato, España en Guinea. Construcción del desencuentro: 17781968. Toledo 1998; LINIGER GOUMAZ, M., Cuando lo pequeño no
siempre es hermoso. Guinea Ecuatorial, 1900-1994 Madrid, 1995;
IZQUIERDO SANS, Cristina, Gibraltar en la Unión Europea.
Consecuencias sobre el contencioso hispano-británico y el proceso
de construcción europea. Madrid, 1996. Sobre las relaciones hispano-lusas: JIMÉNEZ REDONDO, J.C., El ocaso de la amistad entre
las dictaduras ibéricas, 1955-1968. Mérida, 1996; SÁNCHEZ CERVELLO, J., La revolución portuguesa y su influencia en la transición
española (1961-1976). Madrid, 1995.
ÍNDICE
227
42 Las relaciones hispano-francesas aún merecerían más atención.
Uno de los últimos estudios es la tesis de OTERO, Maruja, L’Algérie
dans les relations franco-espagnoles, 1954-1964, Mémoire presenté pour le DEA «Histoire du XXe siecle», Institut d’Etudes Politiques
de París, 1996. Hay varias más en marcha sobre relaciones bilaterales económicas y políticas en los años sesenta. Asimismo se
están estudiando las relaciones con Gran Bretaña (Carolina
Labarta) y Alemania.
43 BASSOLS, R., España en Europa. Historia de la adhesión a la
CE, 1957-85, Madrid, 1995; LA PORTE, Teresa, La Política europea
del Régimen de Franco, 1957-1962. Pamplona, 1992; DOMÍNGUEZ
JIMÉNEZ, M.ª Eugenia, Actitudes y estrategias de las Cámaras de
Comercio ante el M.C.E., 1957-1977. Tesis doctoral inédita,
Universidad Complutense, Madrid, 1995 y, por supuesto, el libro ya
citado de Antonio Moreno Juste.
44 Apenas se ha trabajado sobre este último periodo 1969-1975.
45 La definición acuñada por F. Morán sigue siendo las más preci-
sa.
46 POWELL, Ch., «Un hombre puente» en la política exterior espa-
ñola: el caso de Marcelino Oreja», en Historia Contemporánea,
Universidad del País Vasco, n.º 15 (1996) págs. 241-252.
ÍNDICE
228
Violencia política y represión en la España franquista
Violencia política y represión en la España
franquista
1. Consideraciones teóricas sobre la violencia política y
la represión desde el punto de vista de las ciencias
sociales
omo elemento contingente en la lucha por el poder
dentro de los diversos espacios sociales, la violencia
política ha sido un fenómeno analizado con cierto
detalle aunque, huelga decirlo, no de forma concorde por las
varias disciplinas que estudian al hombre en colectividad. La
psicología social, la antropología, la ciencia política, la filosofía del derecho, la historia o la sociología en sus múltiples
enfoques han elaborado criterios y métodos para calibrar la
naturaleza y el alcance objetivo del acto violento. Sin embar-
C
ÍNDICE
229
go, como todo fenómeno cultural sujeto al relativismo que
imponen la mutación histórica de las normas y los valores
comunes, la violencia no goza todavía de una caracterización
aceptable para todas las ciencias humanas, que nos permita
abordarla del modo más global y neutro posible.
El objetivo de estas primeras páginas es tratar de ofrecer una
definición operativa de la violencia política que tenga en
cuenta su presencia como opción estratégica en los conflictos de poder. A continuación, presentaremos el fenómeno de
la represión como una modalidad peculiar de ese abanico de
estrategias posibles de la violencia, cuya peculiaridad reside
en su aplicación por parte de un poder en ejercicio (en este
momento, resulta indiferente que sea de iure o de facto) con
vistas al mantenimiento de un determinado orden políticosocial.
1.1. Un ensayo de definición de la violencia política
Como acabamos de señalar, la violencia acostumbra a ser un
factor, contingente pero habitual, de todo conflicto social y
político. Es más, las teorías inspiradas en el Leviathan consideran que la violencia es inherente a la acción política, puesto que la paz social está garantizada a través del monopolio
del uso de la fuerza por parte del Estado (nota 1). Incluso el
ÍNDICE
230
funcionalismo clásico, que situaba la política y la violencia
como términos incompatibles (Parsons señaló que la política
tenía como función erradicar la violencia mediante la formulación y difusión de standards normativos derivados de los
papeles sociales, y, en última instancia, del empleo legítimo
de la fuerza coercitiva por parte del Estado para evitar conductas desviadas y potencialmente violentas (nota 2), se vio
en graves dificultades para disociar la violencia de todo estudio de la acción política. En realidad, no tenemos sino que
observar con cierto detenimiento algunas de las facetas más
habituales de la cosa pública para constatar que los conflictos violentos se producen rutinariamente en los diversos
modos de manejo, contestación o conquista del poder. En
lugar de constituir una ruptura radical de la vida política normal, las acciones violentas tienden a acompañar, complementar y organizar las tentativas pacíficas ensayadas por los
actores para alcanzar sus objetivos (nota 3). Para Peter
Calvert, toda política es producto de la violencia ritualizada
(nota 4). Por ejemplo, el propio debate parlamentario es la
ritualización de ese combate y su sublimación, donde los contendientes aceptan unas determinadas reglas del juego para
que sus seguidores no sobrepasen ciertos límites, ni se salgan de ciertas normas legales que perjudicarían las aspiraÍNDICE
231
ciones políticas del colectivo en su conjunto. Los ejemplos de
confrontación rutinaria (debates, mítines, manifestaciones,
congresos...) podrían repetirse hasta la saciedad.
Por lo tanto, la violencia política no es un fenómeno específico de carácter excepcional, sino que forma parte de un extenso continuum de acciones de fuerza más o menos aceptadas
por la sociedad, y dirigidas a la obediencia o a la desobediencia respecto del poder político. El carácter ambivalente
de la violencia como factor oficialmente marginado, pero al
tiempo como recurso supremo del debate político, ha dado
lugar a definiciones impregnadas, de forma más o menos
explícita, de un cierto relativismo moral. Según Della Porta y
Tarrow, la violencia política está conformada por un elenco de
repertorios de acción colectiva que implican gran fuerza física y causan daño a un adversario en orden a imponer metas
políticas (nota 5). Un particular repertorio que, por añadidura,
es considerado a la vez como ilegítimo desde el sesgo de la
cultura y el poder dominantes. De este modo, otros especialistas destacan la ilegalidad y la ilegitimidad como las principales características del hecho político violento, desde el
momento en que ciertos grupos subversivos emplean la fuerza como único recurso para conquistar el poder o dirigirlo por
medios presuntamente no lícitos. En esa línea, Ted Honderich
ÍNDICE
232
define la violencia política como un uso de la fuerza considerable, destructivo contra personas o cosas, uso de la fuerza
prohibido por la ley y dirigido al cambio de política, personal
o sistema de gobierno, y dirigida también a cambios en la
existencia de los individuos en la sociedad y quizás otras
sociedades (nota 6). De un modo similar, el criminólogo
Austin T. Turk la define como cualquier tipo de tentativa para
coaccionar, lesionar o destruir en el curso de una acción política, entendida ésta como cualquier clase de intento para
desafiar o defender una estructura de autoridad (nota 7).
Como vemos, la mayor parte de los autores mencionados asimilan la violencia política con subversión del orden establecido, reivindicando de manera indirecta la violencia ejercida
desde el poder, a la que aluden con el más aséptico término
control coercitivo. Otros, sin embargo, han destacado el
carácter instrumental de la violencia, entendida como la provocación deliberada, o la amenaza de provocación, de una
lesión física o un daño con fines politicos en el transcurso de
un conflicto político grave (nota 8). La definición de Nieburg
trata de hacer hincapié en la modificación de la conducta
ajena, cuando describe la violencia política como los actos de
desorganización, destrucción o daño cuya finalidad, elección
de objetivos o víctimas, circunstancias, ejecución y/o efectos
ÍNDICE
233
tengan significación política, es decir, que tiendan a modificar
el comportamiento de otros en una situación de negociación
que tenga consecuencias para el sistema social (nota 9). Esta
propuesta tiene la ventaja de percibir la violencia como un
proceso que se establece entre varios grupos o categorías de
actores dentro de un sistema político, y no se limita a las
acciones perpetradas por los rebeldes contra el Estado.
En ese punto, parece pertinente exponer lo que nosotros
entendemos por violencia en política. Podríamos definirla de
forma preliminar como el uso consciente (aunque no siempre
deliberado o premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza física por parte de individuos, instituciones, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder
político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de
las instancias de gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado. Esta definición
provisional abarca desde los llamamientos intelectuales (justificaciones, amenazas, doctrinas y teorías de la violencia)
hasta la violencia física, siempre que cumplan dos requisitos:
manifiesten intencionalidad y se dirijan a influir en el campo
de la estructura política. Permite insistir en el papel estratégico de la violencia como medio de negociación, y describe la
violencia como un proceso interactivo que se desarrolla entre
ÍNDICE
234
varios grupos de actores. Además, engloba tanto las actitudes de ofensa al sistema como de defensa del mismo, a través de la coerción legal o ilegal y el estado de excepción. Con
gran perspicacia, una serie de estudiosos de la crisis peruana de los ochenta definieron la violencia política como un
conjunto de hechos en el que destacan dos elementos: primero, dos o más actores sociales que son portadores de proyectos políticos asumidos, al menos por uno de ellos, como
irreconciliables; segundo, la apelación a acciones de fuerza,
coerción o intimidación como parte dominante de su estrategia o metodología para imponer dichos proyectos (nota 10).
La confrontación de proyectos políticos mediante el empleo
estratégico de la fuerza debe ser el núcleo central de cualquier reflexión sobre el papel de la violencia en la vida pública.
¿De qué modo diferenciamos la violencia política del resto de
la violencia que se produce en el seno de una sociedad?
¿Distinguimos esencialmente la violencia social por su carácter espontáneo, su tenue organización e ideologización y su
bajo nivel de proyecto, mientras que la violencia política es
una estrategia, apoyo o desafío deliberado al poder establecido, en sus distintas modalidades de violencia estatal, protestataria e insurgente. Zimmermann propone tres criterios
ÍNDICE
235
muy similares a los que presentamos aquí para distinguir la
violencia social de la violencia política. En primer lugar, el
número de personas implicadas, ya que cuanto más gente
intervenga, más probabilidad hay de que los actos violentos
se interpreten como de naturaleza política, aunque las agresiones perpetradas individualmente (por ejemplo, un magnicidio), pueden tener un contenido indudablemente político. En
segundo lugar, la intencionalidad de los actores: una protesta local puede derivar en un acontecimiento político significativo en función de hechos fortuitos que le otorgan otro significado, como por ejemplo, un choque sangriento con la policía.
De modo que, para diferenciar violencia colectiva y violencia
política, definiremos la segunda por su carácter no ambiguo
y deliberado de ataque contra el Estado, sus agentes o sus
políticas específicas. Por último, las reacciones de la comunidad particular o del público: los actos violentos pueden cobrar
naturaleza política según las reacciones de la audiencia particular, tales como segmentos de población, instituciones del
Estado, partidos políticos, medios de comunicación, etc.
(nota 11)
Quedarían, en principio, fuera del ámbito de este tipo de violencia política intrumentalizada ciertas manifestaciones de
violencia individual (como las agresiones, las venganzas u
ÍNDICE
236
otro tipo de actuaciones cercanas a la delincuencia común) o
colectiva (agitaciones campesinas, motines populares, o violencia sociolaboral centrada exclusivamente en la reivindicación de mejoras en las condiciones de trabajo, como ciertas
huelgas, lock-outs, sabotajes, etc.), tan numerosas como difícilmente catalogables desde un punto de vista político, que
no aparecen conectadas con un proyecto o estrategia globales de actuación pública, y que, por tanto, tienen escasa incidencia en el proceso de reparto de las esferas de poder.
Aunque, con todo, deben de ser una referencia obligada para
calibrar el grado de descontento, los períodos de conflictividad y el cambio de comportamiento violento de los diversos
grupos sociales. En realidad, si reflexionamos un poco sobre
la cuestión, habremos de dar la razón a Tilly, cuando advierte que cualquier movilización social de protesta tiene un componente político más o menos expresivo, en tanto en cuanto
subvierte un orden normativo que, tarde o temprano, debe ser
salvaguardado por la intervención de las autoridades. Pero, a
efectos de una mayor claridad expositiva, designaremos
como político todo acto violento que muestre un componente
explícito en ese sentido, es decir, si rebasa el mero campo
social, económico o cultural, y provoca un debate trascendente en torno a su papel como redefinidor del campo polítiÍNDICE
237
co, acelerando un cambio en los equilibrios reales de poder
en la sociedad.
1.2. La teoría social ante los fenómenos del control
social y la represión
La represión, entendida como el conjunto de mecanismos
dirigidos al control y la sanción de conductas desviadas en el
orden ideológico, político o social, aparece como una variante más del concepto de violencia política. Pero dentro del
complejo universo de acciones represivas cabe estudiar su
relación con fenómenos como la coacción legal o el control
social, que son términos anejos, pero en absoluto coincidentes. Para comenzar, conviene que despejemos dos errores
muy extendidos. En primer lugar, es equivocado identificar
represión con violencia corporal. La represión engloba un
amplio abanico de actuaciones, que pueden ir desde la eliminación física del disidente hasta el dirigismo de conductas
públicas y privadas a través, por ejemplo, de la imposición de
una cierta moral o de una cultura oficiales, en cuyo caso aparece como más cercana al concepto de control social. Por
otro lado, no es acertado equiparar la represión con los
modos de coacción emanados exclusivamente de un poder
institucional o estatal, aunque estos actores sean los usuaÍNDICE
238
rios y monopolizadores más habituales de estos recursos de
intervención expeditiva en la arena pública. Un paraestado o
un estado concurrente pueden aplicar medios represivos en
sentido vertical (para contestar a la exhibición de poder del
establishment) u horizontal (disputando la primacía de la contestación a los eventuales competidores). A priori, se puede
decir que la represión es una potencialidad vinculada a todo
poder político, sea de iure o de facto. Más adelante volveremos sobre la relación entre represión, coacción y control
social.
Podríamos señalar a Hobbes como el referente pionero de
los conceptos de represión y control social. Este autor sitúa la
coerción en la base constitutiva de las relaciones humanas.
Para Hobbes, la sociedad es una forma de orden impuesta
por algunos hombres a otros, y mantenida por la coerción.
Las teorías inspiradas en el Leviathan consideran la violencia
como algo inherente a la acción política, puesto que la paz
social está garantizada a través del monopolio del uso de la
fuerza por parte del Estado (nota 12).
El concepto político de represión se desarrolló bajo la influencia directa de la psicología social y del psicoanálisis. Según
Freud, la propia historia del hombre viene determinada por la
sustitución del principio de placer por el principio de realidad.
ÍNDICE
239
La represión viene impuesta por la escasez de bienes y la
consiguiente necesidad de desviar la energía de la actividad
sexual hacia el trabajo (nota 13).
Para el marxismo clásico, las relaciones en la sociedad capitalista, que son esencialmente relaciones económicas de
clase entre los poseedores de los medios de producción, que
aparecen como los detentadores de la hegemonía en el
entramado estatal, y el proletariado, tienen una naturaleza
eminentemente coactiva. De ahí procede el argumento retomado por la nueva izquierda en los años sesenta de una violencia estructural imbricada en la propia naturaleza injusta y
desigual de las relaciones socioeconómicas, que teóricos
como Galtung han identificado con la disonancia entre las
realizaciones potenciales de tipo somático, afectivo o mental,
y las realizaciones efectivas (nota 14). Sin embargo, una aplicación tan extensiva del término violencia (entendida como
coacción estructural) resulta muy poco operativa, ya que no
discrimina entre la violencia del sistema y el conflicto o la disfunción social que la provoca.
Dentro del complejo fenómeno de la represión como conjunto de mecanismos estatales de control y de sanción de conductas desviadas en el orden ideológico, político, social o
moral, hay que destacar su relación con fenómenos anejos,
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240
pero en absoluto equivalentes, como el control social, que
puede ser definido como el conjunto de medios de intervención, positivos o negativos, que utiliza una sociedad o un
grupo social para conformar a sus miembros a las normas
que le caracterizan, impedir o desanimar los comportamientos desviados, y reconstruir las condiciones de consenso en
caso de un cambio en el sistema normativo (nota 15). Este
concepto, desarrollado de forma implícita por el positivismo
comteano y el empirismo spenceriano, quedó fijado teóricamente en los textos del funcionalismo clásico, que consideraba la sociedad como un ente integrado a través de la adhesión colectiva y voluntaria a valores. La teoría parsoniana no
alude nunca a la violencia estatal, sino que se refiere al
empleo legítimo de la fuerza coercitiva como la posibilidad
(junto al incentivo, la persuasión y el compromiso) más extrema de control colectivo en pro del reequilibramiento del sistema social. Desde ese punto de vista, el uso de la fuerza sería
el último recurso de coerción o de obligación, y, por tanto, un
procedimiento supremo del poder en tanto que medio de control social. Este empleo de la fuerza coactiva puede tener tres
intenciones: la disuasión, o prevención de una acción no
deseada, que puede desglosarse en coacción o apremio
(acción para hacer realmente imposible la realización de sus
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241
intenciones, como el confinamiento físico) y coerción (amenaza del uso de la fuerza si el otro realiza la acción no deseada). Si el otro desoye la amenaza y realiza el acto, el uso de
la fuerza deviene un castigo, o sanción por los actos realizados efectivamente. Y, por último, la demostración, o capacidad simbólica para dominar a través de la posesión de superiores medios de fuerza, pero de forma difusa, esto es, sin
orientación hacia contextos específicos, ya sea de disuasión
o con intención de castigar. La demostración incluye la amenaza (cuando es una expresión directa de la intención de
imponer una sanción negativa específica, contingente a la
ejecución de un acto prohibido o desaprobado) y la advertencia, o demostración de que la capacidad y aptitud para
actuar podría alterar la realización de alguna de las acciones
no deseadas.
La fuerza y la violencia son, en la teoría parsoniana, cuestiones a la vez centrales y marginales: fundamentan todo proceso de coerción cuando el consenso ha desaparecido, y
aparecen de manera abierta cuando el poder tiene necesidad
de hacerse obedecer. En su sofisticada reformulación de la
teoría parsoniana, Neil Smelser señalaba dos mecanismos
de canalización de los comportamientos colectivos: en primer
lugar, las técnicas de control que afectan a la conductividad
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242
estructural, es decir, a las condiciones generales que hacen
a un sistema social más o menos vulnerable a las diferentes
formas de comportamiento colectivo, como la disponibilidad
de medios para expresar quejas, la existencia de minorías
marginadas o perseguidas, la inflexibilidad gubernamental,
etc. Entre ellas se incluyen las acciones de gobierno que
abren o restringen las vías de ejercicio de la influencia política, de modo que si los grupos descontentos pueden acceder
a los canales que influyen en la política social, su respuesta
tenderá a ser pacífica y ordenada, pero si su acceso está bloqueado, su respuesta puede ser violenta e incluso adoptar
formas extrañas y utópicas. En segundo lugar figuran los controles que actúan a posteriori, cuando la conducta colectiva
ya se ha manifestado. Entre ellos pueden mencionarse las
acciones coactivas y represivas de la policía, los juzgados, la
prensa, etc.
La teoría de la privación o carencia relativa, que mantuvo un
fuerte predicamento en la sociología norteamericana de los
años sesenta y primeros setenta, situó el balance entre el
potencial coercitivo e institucional desplegado por los rebeldes o por el Estado (los otros son la legitimidad del régimen,
la capacidad de institucionalización política y las facilidades
sociales para el surgimiento y desarrollo del conflicto) como
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243
uno de los factores esenciales para calibrar la magnitud de un
conflicto violento (nota 16). Ted R. Gurr, uno de los principales representantes de esta tendencia, considera que las respuestas a la violencia política que pueden adoptar las autoridades de un gobierno democrático son de tres tipos: en primer lugar, el consentimiento o tolerancia, reducido a mostrar
una actitud pasiva ante la violencia. En segundo, el control,
que persigue la supresión de los estallidos de violencia
mediante estrategias reactivas (represión) y preventivas (utilización de actividades de inteligencia para anticipar las futuras confrontaciones, y uso de la fuerza preventiva para enfriar
las situaciones conflictivas). Ni las respuestas preventivas ni
las reactivas ante la violencia colectiva satisfacen los ideales
de libertad que los gobiernos democráticos deben compartir
con los disidentes, pero la efectividad de la fuerza es ampliamente aceptada por todos: el empleo suficiente de la fuerza
oficial siempre desalentará la violencia privada. A largo plazo,
la efectividad de la fuerza pública para mantener la paz civil
descansa en tres condiciones: la creencia pública en la legitimidad del uso de la fuerza por parte del gobierno, el uso consistente de esa fuerza, y el remedio rápido para los agravios
que dan lugar a actitudes de disidencia. Ese último requisito
es la base de la tercera respuesta alternativa: la reforma, diriÍNDICE
244
gida a tratar las causas antes que los síntomas o manifestaciones de la violencia política. La aplicación de una u otra de
estas estrategias depende de la amplitud de la base social de
apoyo a esa violencia que se pretende combatir. Por ejemplo,
la manera más eficaz de hostigar al terrorismo es su tratamiento con métodos de control preventivo, y cuando los movimientos reformistas y en favor del statu quo entran en conflicto, la estrategia óptima que debe ser ensayada desde el
poder es una mezca de control y de reforma (nota 17).
Las teorías sociológicas adscritas al paradigma de la acción
colectiva son las que han reflexionado más profundamente
sobre el tema de la represión. Basado en los principios utilitaristas de Stuart Mill y en los hallazgos de Mancur Olson al
aplicar la lógica económica sobre la teoría de grupos, la
represión aparece en este paradigma como uno de los varios
elementos a tener presente a la hora de que un individuo o un
colectivo realice un elección basada en el cálculo racional de
costes y beneficios de su acción. De manera más explícita,
las modernas corrientes de análisis de los movimientos
sociales integran este importante factor en el contexto de la
estructura de oportunidades, entendida como el contexto
externo (en esencia, la actitud del Estado) que facilita o dificulta la captación de los recursos imprescindibles (dinero,
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245
armas, organización, alianzas, libertad de actuación, etc.)
para el desarrollo y fines del movimiento.
La represión es un proceso o acción externa que hace
aumentar los costes de la acción colectiva para los contendientes, en sus dos principales condiciones: la organización y
la movilización de la opinión pública (nota 18). Para que la
represión actúe con eficacia, un gobierno o un movimiento
pueden incrementar los costes de la movilización de sus enemigos desarticulando su organización, dificultando o impidiendo sus comunicaciones y bloqueando los recursos a su
disposición: posiciones institucionales (en la burocracia, en
los órganos legislativos, en la jerarquía judicial, etc.), influencia (experiencia, información, dominio de los medios de
comunicación, patronazgo, capacidad de convocatoria
social...) y medios coercitivos (policiales, militares, paramilitares, insurreccionales...). También puede actuar directamente
sobre los costes de la acción incrementando los castigos
(pena de muerte, tribunales militares...), haciendo inaccesibles los objetivos de la acción (defensa armada de los lugares estratégicos) o induciendo a un derroche de los recursos
movilizados por los grupos protestatarios a través de la intervención de agentes provocadores. Esta estrategia de la antiÍNDICE
246
movilización neutraliza la acción, aunque también puede llegar a destruir al actor.
La represión es, según Donatella Della Porta, un barómetro,
aunque no el único, de la estructura de oportunidades políticas, antes que una dimensión constitutiva de la misma. Los
actores institucionales (policía, judicatura, códigos legales,
derechos constitucionales...) juegan un importante papel definiendo las oportunidades y las limitaciones para el control de
la protesta. A su vez, la estructura institucional y/o legal
marca las condiciones de las posibles estrategias de coacción legal (nota 19). Para Della Porta, el control de la protesta es uno de los factores de la estructura de oportunidades
políticas que influye más directamente sobre los movimientos
sociales, hasta el punto de que las estrategias de la protesta
y del control interactúan recíprocamente, conllevando innovación y adaptación: la respuesta estatal a la protesta, de carácter policial, judicial o legal, está mediada por variables culturales, y a la vez tiene importantes efectos sobre la definición
y la concepción de las oportunidades disponibles para los
activistas. El que una acción de protesta sea definida como
un derecho cívico o como un trastorno público tiene efectos
vitales sobre la legitimación de los diferentes actores incursos
en la acción. Della Porta esboza la siguiente clasificación
ÍNDICE
247
dicotómica de las estrategias de control social: 1) represión
contra tolerancia, de acuerdo con el alcance de las conductas prohibidas; 2) acción selectiva o difusa, de acuerdo con el
rango de los grupos sujetos a represión; 3) acción preventiva
versus reactiva, de acuerdo con el ritmo de la intervención
policial; 4) comportamiento duro o suave, en función del
grado de fuerza empleado, y 5) represión sucia o legítima, de
acuerdo con el grado de respeto por los procedimientos legales y democráticos (nota 20). Pero la coacción no es sólo
monopolio del gobierno, que dispone para tal cometido de
cuerpos especializados y profesionalizados. Los grupos
situados fuera del espacio de poder gubernamental también
pueden reprimirse mutuamente, en el sentido de manipular
los costes recíprocos de su acción colectiva. La represión
depende principalmente de los intereses de los grupos contendientes, y especialmente del grado en que éstos crean
conflictos con los intereses del gobierno y los miembros de la
comunidad política (nota 21).
No todos los gobiernos exhiben el mismo nivel de represión.
La naturaleza del régimen y las correlación de fuerzas políticas influyen enormemente en las actitudes coactivas de los
Estados. Neidhart establece una relación curvilinear entre la
violencia de los retadores y la represión de las autoridades
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248
(nota 22). El nivel de violencia aumenta cuando el nivel de
represión exhibido por el gobierno y sus oponentes se aproxima al equilibrio, y decrece cuando, dando por descontada la
hegemonía coercitiva del Estado, existe una clara división del
trabajo entre los especialistas en el orden público doméstico
(policía) y los profesionales de la guerra exterior [ejércitos
(nota 23)]. Por su parte, Tilly distingue entre el volumen y tipo
de la actividad represiva y su significado simbólico (nota 24).
En todo caso, la voluntad coactiva de un gobierno es siempre
selectiva, y consiste en una combinación de represión sobre
unos grupos y de facilitamiento para otros, mientras que la
tolerancia es el espacio no determinado, esa tierra de nadie
que suele existir entre las intervenciones coactivas y de facilitamiento de la acción colectiva. Las diferentes modalidades
de ejercicio del poder político manifiestan grados de tolerancia muy distintos respecto de la movilización y la participación
colectivas: un gobierno represivo coarta la actividad de la
mayor parte de los grupos, y facilita la acción de unos pocos;
un régimen totalitario puede reprimir menos a la disidencia,
pero facilita un amplio elenco de acciones, hasta el punto de
hacerlas obligatorias, de modo que se reduce el campo de
acciones toleradas, a la inversa de una democracia sólidamente establecida, que ensancha los umbrales de la toleranÍNDICE
249
cia y el facilitamento sin renunciar por ello a la represión de la
disidencia más irreductiblemente volenta. Por último, un régimen débil incrementa aún más su umbral de tolerancia, pero
facilita menos la acción colectiva, y dirige su represión hacia
los grupos menos poderosos, mientras que se muestra impotente o incluso condescendiente frente a las presiones de los
fuertes. En suma, en los regímenes abiertos no se produce
demasiado conflicto violento, porque la mayoría de los grupos
pueden perseguir sus intereses a través de canales pacíficos
y menos costosos de participación política. Bajo un régimen
altamente represivo, las oportunidades para la movilización
política, violenta o no, son escasas por el alto coste que acarrearía la misma. En un régimen semirrepresivo, que tolera
algunos tipos de acción colectiva pero coarta otras, es posible que las probabilidades de éxito de la acción pacífica sean
insignificantes, y se prefiera la acción violenta. Bajo un régimen no represivo, donde las oportunidades para la acción
colectiva de cualquier tipo son altas, los costes de la acción
pacífica son siempre menores de los que puede acarrear una
acción violenta (nota 25). En regímenes cerrados puede
haber bajos niveles de violencia política de masas, porque la
represión del régimen inhibe la protesta contra el Estado o su
política. El conflicto político violento suele darse en regímeÍNDICE
250
nes parcialmente democráticos o semirrepresivos, que no
son tan cerrados como para inhibir la acción colectiva, ni tan
abiertos como para posibilitar canales pacíficos de participación.
1.3. Algunas reflexiones sobre las estrategias coactivas
propias del Estado moderno
Además de la no intervención la alternativa menos habitual
en las confrontaciones entre el Estado y los disidentes, el
gobierno y los sectores dominantes pueden hacer frente a la
protesta utilizando dos estrategias esenciales: por un lado, la
reforma como compromiso entre los intereses de los grupos
dominantes, las demandas de los retadores y la influencia de
una serie de mediaciones políticas. La otra alternativa es la
represión selectiva, que consiste en una amplia gama de
actuaciones dirigidas a aumentar los riesgos y los costes de
la movilización. Desde el sesgo de la ciencia política, la represión ha sido definida como el empleo o la amenaza de coerción en grado variable, aplicada por los gobiernos sobre los
opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades (nota 26). De un
modo muy similar, Ucelay Da Cal la ha definido como toda
actividad institucional que tiende a cohibir los comportamienÍNDICE
251
tos colectivos (nota 27). En esencia, la represión ataca los
derechos a la integridad personal, y es desplegada por
gobiernos, organizaciones internacionales o grupos profesionales (nota 28); es decir, por aquellas instituciones dotadas
de autoridad legítima o de facto, y de medios coercitivos para
hacer respetar esa autoridad como parte de un ordenamiento legal en vigor. Actúa como disuasora o instigadora del uso
de medios de violencia política cuando, por ejemplo el nivel
de represión estatal experimenta grandes fluctuaciones o se
hace un deficiente uso de los medios coactivos oficiales.
Entendida como un principio universal de dominio, la coerción
no es necesaria para asegurar la conformidad de los miembros de una sociedad a las normas que la rigen, sino que es
una condición para que la mayoría continúe voluntariamente
desempeñando sus obligaciones bajo reglas que ellos mismos defienden. Por ello, en su grado de menor visibilidad,
aparece vinculada con fenómenos como el control social y la
violencia subliminal o estructural.
Indudablemente, la coerción es un fenómeno multifacético:
puede ser física (detenciones arbitrarias, desapariciones,
detenciones, torturas o asesinatos políticos) o no (psicológica, espiritual, intelectual, estética), pública (oficial) o privada,
individual o colectiva, oficial (la realizada través de los orgaÍNDICE
252
nismos estatales especializados en la violencia) o extraoficial,
abierta o encubierta, legítima o ilegítima, positiva (que busca
o promete beneficios) o negativa (castigo, amenaza de privación), formal o informal, etc. (nota 29)
La predisposición a la violencia también depende del umbral
de tolerancia del sistema político. Como hemos visto, Tilly
establece una clasificación de regímenes políticos (represivo,
totalitario, democrático y débil) en función de su predisposición al facilitamiento o la represión. Por su parte, Gary Marx
distingue las acciones represivas en función de sus objetivos
específicos: la creación de una imagen pública desfavorable,
la información, la restricción de los recursos de un movimiento y la limitación de sus posibilidades, la desmovilización de
sus activistas, la eliminación de sus líderes, el fomento de
conflictos internos o intergrupales, el sabotaje de acciones
particulares, etc., etc. (nota 30).
La represión tiene una estrecha vinculación con otros factores esenciales del sistema político, como la legitimidad. El
poder constituido debe tratar de mantener la estabilidad del
sistema mediante una adecuada dosificación del binomio eficacia/efectividad en la satisfacción de las aspiraciones de sus
ciudadanos, o una sabia utilización de la autoridad en caso
de transgresiones localizadas, y recurrir a la coacción únicaÍNDICE
253
mente en circunstancias extremas, con el menor daño y
sobre el menor número de personas posible. La fuerza y la
violencia pueden ser técnicas eficaces de control social y de
persuasión cuando se usan para propósitos que gozan de un
amplio consenso popular. Pero si ese apoyo no existe, su uso
puede ser autodestructivo, bien sea como técnica usada por
el gobierno o por la oposición. Para que la acción de la fuerza pública tenga efectividad deben darse tres condiciones: la
creencia pública de que el uso de la violencia por parte del
gobierno resulta legítimo; que la fuerza se utilice de forma
consistente, y se combine con acciones que palíen los agravios que dan lugar al aumento de la disidencia (nota 31).
Cuando las autoridades usan la fuerza de una forma moderada, inteligible a todos, o respondiendo a las expectativas de
los que reconocen los valores vigentes en la sociedad, el
empleo de la fuerza es considerado como legítimo (nota 32).
A nivel del Estado-nación, la violencia es legítima cuando se
usa para reforzar la ley y el orden, castigar las transgresores
contra la sociedad y defender el Estado y su territorio contra
posibles enemigos interiores o exteriores. A su vez, los ciudadanos privados conservan su derecho a usar la violencia
en defensa de su vida, seguridad, familia y, en algunos casos,
su propiedad. Ninguno de estos derechos es absoluto, y
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254
todos deben ser ejercitados dentro de límites razonables
(nota 33).
En la práctica, todo régimen muestra una legitimación muy
desigual, en función de los intereses de cada cual o de un
grupo muy variado de principios ideológicos. Además, una
buena parte de sus integrantes puede aceptar la acción coercitiva como necesaria e inevitable para los propósitos de la
vida en comunidad, pero no identificarse voluntariamente con
el conjunto del sistema político. Cuanto mayor sea el número
de personas que acepten la autoridad del Estado en sus diferentes niveles de existencia y acción, menor capacidad coercitiva deberá aplicar éste contra la minoría opuesta a los
deseos y requerimientos del mismo. La relación legitimidadviolencia coactiva forma un continuum en cuyo extremo figuraría un hipotético Estado donde todos aceptasen la legitimidad del sistema político-social, el gobierno, la ley y su aplicación. No habría violencia, y la fuerza existiría más como
capacidad que como acción. En el otro extremo se situaría un
Estado ilegítimo, una tiranía que impusiera su voluntad a un
pueblo que, sin excepción, rechazase la legitimidad del régimen, sus orígenes, actos y fines, pero cuyo dominio se basara en una capacidad para la violencia (amenaza de coerción)
tal que hiciera imposible toda resistencia. El talón de Aquiles
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255
de ese régimen radicaría en que la única fuente de legitimidad sería el poder físico del gobernante. La noción de un régimen autoritario capaz de gobernar sin apoyo es un mito.
Ningún sistema puede operar sin legitimidad. Cualquier régimen, por muy estrechos que sean sus apoyos, sus medios de
acceso al poder o su ideología, debe construir una base de
consenso entre aquellos grupos que tienen la capacidad de
imponer altos costes y riesgos a través de la acción concertada si son ignorados de forma excesivamente arrogante
(nota 34). Entre la completa identificación o la aquiescencia
bajo coacción, hay un amplio espectro de actitudes hacia la
autoridad política que varía de persona a persona en cada
sociedad y en cada momento.
Llegado el momento de la confrontación violenta, el gobierno
puede optar por cuatro estrategias de actuación, según su
capacidad de respuesta coercitiva: reprimir directamente a
los grupos disidentes; adoptar una postura pasiva mientras
aprueba tácitamente la violencia desplegada por las formaciones leales sobre los disidentes; inhibirse y no favorecer a
ninguno de los grupos en lucha, quizás por ser demasiado
débil o por esperar a que los contendientes se debiliten; y
esperar inerme a que un grupo disidente asalte el poder
(nota 35). La implicación en la violencia política de los gobierÍNDICE
256
nos y de las burocracias estatales, y en concreto de las instituciones encargadas de la coerción/represión, es una realidad tan antigua como el propio Estado. En el terreno de la
violencia, la hegemonía estatal ha quedado puesta de manifiesto por la mayor sofisticación, profesionalización y eficacia
de sus instrumentos y agentes, de acuerdo con el modelo de
la eficacia industrial y militar, cada vez más íntimamente unidos en la sociedad contemporánea. Esta creciente profesionalización violenta del Estado (nota 36) (paralela a la de los
movimientos subversivos que pretenden socavarle) se conecta con otro fenómeno típico de la modernidad: la burocratización y la disolución de la responsabilidad en la administración
de la violencia oficializada (nota 37).
La mayor parte de analistas de las sociedades postindustriales admiten que el Estado moderno ha incrementado su nivel
de tolerancia frente a la protesta multitudinaria, pero ha diluido el grado de violencia a través de una mejora sustancial de
los medios de control y de comunicación en manos de un
poder centralizado, que facilita o reprime, pero en todo caso
controla y regula, los diversos tipos de acción colectiva
(nota 38). Al contrario que el Estado del Antiguo Régimen, su
represión ya no es brutal y retroactiva, sino predictiva, preventiva y selectiva, destinada en la mayor parte de los casos
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257
a canalizar, y no a yugular, la acción colectiva popular. Con
todo, la violencia puede estallar como resultado de una
acción colectiva sometida a fuerte represión, pero sus probabilidades de triunfo son escasas (nota 39). Como señala
Waldmann, ningún grupo social puede hacer seriamente la
competencia al moderno aparato estatal de represión, y la
única posibilidad de revolución reside en que un sector o la
totalidad de las fuerzas de seguridad se rebele contra el
gobierno (nota 40).
Indudablemente, el carácter de los medios represivos colocados bajo control del gobierno afecta al grado de violencia:
aspectos como la centralización y la autonomía de las unidades policiales, sus dificultades de coordinación o la incertidumbre respecto de los móviles de la intervención pueden
favorecer una escalada violenta. Una parte importante de la
violencia que se produce en el curso de las acciones colectivas es protagonizada por los agentes de la seguridad estatal.
Es más, el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado
de la actividad policial, y aparece como un elemento consustancial a todo poder político (nota 41). Las fuerzas de orden
público, crecientemente especializadas, burocratizadas y militarizadas en su organización, siguen siendo las más activas
iniciadoras y perpetradoras de violencia (nota 42), porque
son las que están más organizadas y mejor armadas, y aunÍNDICE
258
que los grupos protestatarios desplieguen acciones ilegales
que no implican necesariamente la violencia, ésta se incrementa al ordenarse a las fuerzas del orden impedir tal acción
mediante el uso de armas potencialmente letales.
El papel de los recursos coactivos es fundamental para el
mantenimiento de cualquier Estado, pero, por sí mismos,
éstos no cumplen una función legitimadora, sino que actúan
como garantes y agentes de la autoridad. Es más, pueden
ejercer un papel distorsionador de esa legitimidad si la coerción resulta excesiva o insuficiente. La actitud de las instituciones de vigilancia y control social respecto del sistema político resulta decisiva para garantizar su estabilidad. La inhibición o el excesivo celo represor pueden acelerar el triunfo de
una revolución; su rechazo activo de la legitimidad del régimen, a un golpe de Estado; el desprecio de esta legitimidad,
mezclado con la hostilidad hacia los disidentes, a una situación de inestabilidad permanente.
El Estado sólo debe emplear la violencia cuando se le cierren
sus capacidades de influir sobre la población por métodos
consensuales. Un gobierno democrático sólo recurre a la violencia física ocasionalmente y de manera excepcional en los
períodos de grave confrontación sociopolítica. Pero si la crisis
se prolonga, puede abrirse el camino a los abusos de poder
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259
de la democracia formal: leyes de excepción; poderes especiales de la judicatura, la policía o la institución penitenciaria;
uso inmoderado del monopolio de la violencia, etc. Un desarrollo de la coerción y de la propaganda del terror que los
Estados totalitarios elevan a sistema permanente de gobierno, aunque para Giddens todos los Estados tienden a la
implementación de un poder totalitario, cuyo primer elemento
sería la vigilancia intensiva de la población dirigida a fines
políticos (nota 43).
Cuando la contemporización deja paso a la represión,
comienza a producirse un paulatino trasvase del apoyo social
a los disidentes, lo cual hace aumentar las probabilidades de
violencia política. En regímenes que emplean niveles crecientes de represión, pero sin llegar al terror, existe una
mayor posibilidad de que surja algún tipo de contraviolencia
social, y viceversa. Ello puede generar una espiral de violencia, ya que una y otra se alimentan y se justifican mutuamente. El empleo extensivo de la coerción incide en una merma
de la legitimidad del régimen y en un aumento de la desobediencia civil, en un círculo vicioso de mayor violencia institucional y de mayor contestación social, hasta que, con la disfunción de los aparatos coercitivos del Estado y la creencia
de los grupos de protesta en la inminencia del triunfo, las
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260
fuerzas revolucionarias toman el poder y restablecen el equilibrio del sistema, dando lugar a un nuevo orden social y a la
aparición de una nueva élite dominante, según la teoría cíclica de Pareto. Sin embargo, un plan de violencia subversiva
diseñado erróneamente, que no tenga la oportunidad de convertirse en estrategias de orientación y de organización política de masas, no suele debilitar el poder dominante, sobre
todo si se halla instalado en un Estado que disfruta de un
amplio crédito de legitimidad. Por el contrario, lo que consigue
es fortalecer los órganos represivos, que encuentran en esa
violencia la oportunidad de justificar su existencia y acrecentar su peso específico en la estructura del Estado (nota 44).
El punto ideal es la existencia de un agente de control social
firme y paciente, que prohíba ciertos tipos de protesta, pero
permita las tendentes a contener o a canalizar esos agravios
colectivos. Un estilo policial tolerante y suave favorece la difusión de la protesta multitudinaria. Cuanto más represivas,
difusas y duras sean las técnicas de policía, más desaniman
la protesta masiva y popular, y alientan actitudes radicales de
los pequeños grupos. La acción policial preventiva, selectiva
y legal aísla las tendencias más violentas de los movimientos
sociales, y ayuda a la integración de los grupos más moderados. Por contra, la acción policial reactiva, difusa y sucia enaÍNDICE
261
jena al régimen la lealtad de las tendencias opositoras más
moderadas (nota 45).
Gary Marx resume de este modo los tipos de estrategia de
que dispone un Gobierno para desanimar los movimientos
sociales hostiles: definirlos públicamente como indeseables,
recoger información sobre ellos y hacerla pública, limitar el
flujo de los recursos, molestar a los inscritos y amenazar a los
miembros potenciales, boicotear la credibilidad de los líderes,
alentar el faccionalismo en el interior del movimiento, sabotear las iniciativas de protesta, etc. (nota 46) En suma, las alternativas de defensa que puede acometer un régimen son,
básicamente, tres: reforma-cooptación, control social, y la
represión pura y simple. Un balance de la estrategia óptima
del poder establecido podría resumirse de la siguiente manera: aumento de su legitimidad a través de la efectividad en la
resolución de problemas, y flexibilidad en la distribución de
bienes y valores, mediante el estimulo de canales apropiados
de expresión y participación. En el aspecto coercitivo, búsqueda de un adecuado control social, basado en la mínima
represión, pero con la máxima vigilancia y con la aplicación
de sanciones selectivas y justas.
ÍNDICE
262
2. Violencia y represión en el régimen franquista: el
estado de la cuestión historiográfica
El estudio de la violencia política durante la Guerra Civil y la
posguerra ha estado marcado por un enorme caudal de
obras y ensayos sobre la represión física, cuyo proceso y
modalidades comienzan, a pesar de todo, a ser uno de los
fenómenos mejor conocidos del franquismo (nota 47). Y ello
a pesar de que, como señaló hace poco Antonio Elorza, se
ha venido asentando en los últimos años en la conciencia
colectiva de los españoles un peculiar pacto del olvido en
aras de un loable empeño de reconciliación nacional y de paz
civil. Una amnesia deliberada que algunos intelectuales han
identificado con la necesidad de hacer tabla rasa de un pasado lleno de atrocidades inconfesables, pero que polemistas
menos escrupulosos están utilizando para impulsar un reajuste de cuentas que, con el argumento moral de la aversión
generalizada a la violencia viniere de donde viniere, margina
toda consideración histórica sobre los orígenes, naturaleza,
evolución, justificaciones y finalidades de estas políticas
coactivas.
ÍNDICE
263
2.1. Las diversas facetas de la política represiva
franquista
Afortunadamente, los estudios sobre la violencia represiva en
la España de los años treinta y cuarenta están alcanzando un
nivel de exigencia que los hace relativamente inmunes a este
tipo de polemicas ocasionales. La crítica de fuentes, los instrumentos de análisis y las conclusiones generales van quedado sólidamente fijados y depurados en cada etapa, como
lo demuestran los trabajos de Reig Tapia, Solé Sabaté,
Conxita Mir, Francisco Moreno, Julián Chaves, Antonio
Hernández García, Francisco Cobo Romero o el dirigido por
Julián Casanova para Aragón (nota 48).
Las primeras alusiones a la represión en zona franquista fueron coetáneas a los hechos, y obra de testigos directos de
esas actuaciones. Además de los escritos de funcionarios
republicanos a los que el levantamiento sorprendió en ciudades como Sevilla o Burgos, surgieron otras obras que, por la
identidad del autor o por las especiales circunstancias que se
narran, encierran un fuerte valor testimonial. Tal es el caso del
memorial de Georges Bernanos sobre las primeras semanas
de actuación fascista en Mallorca o el relato periodístico del
portugués Mario Neves sobre la sanguinaria entrada de las
tropas rebeldes en Badajoz (nota 49).
ÍNDICE
264
A pesar de que los trabajos de conjunto sobre la guerra civil
y la España franquista abordados por autores extranjeros
(Thomas, Jackson, Southworth, Payne, Broué y Témime,
Gallo...) en los años sesenta contienen reflexiones específicas sobre la represión en ambas zonas, la derrota y el exilio
republicanos y el ulterior contexto de olvido deliberado al que
nos hemos referido antes han dificultado la realización de un
estudio global sobre la política represiva en zona franquista,
que tuviera una entidad equiparable al dedicado, por ejemplo,
a la persecución religiosa en la España republicana, o el gran
alegato conjunto sobre las víctimas nacionalistas que fue la
Causa General (nota 50).
Desde el final de la contienda, y prácticamente hasta la
actualidad, el debate historiográfico ha girado en torno a dos
cuestiones esenciales, de indudable calado polémico y no
menos evidentes connotaciones de orden moral: las características de la represión y su balance cuantitativo en las dos
zonas en conflicto. Respecto a la primera cuestión, la mayor
parte de los estudios recientes han destacado el diverso
carácter de la acción represiva desplegada por ambos bandos en lucha: por un lado, la naturaleza premeditada (las
directivas de Mola de mayo y junio de 1936 no dejan resquicio a la duda), sistemática e institucionalizada de la represión
ÍNDICE
265
en la zona rebelde, cuyo gobierno de fuerte impronta militar
la fomentó y amparó, no sólo como forma esencial de acción
política y de control social, sino como elemento constitutivo
del propio régimen. Según Aróstegui, se produjo una identificación del sistema de orden público con la represión de la
disidencia y la defensa interior del Estado, asumida en primera línea por las Fuerzas Armadas u otros organismos militarizados, y a continuación por un aparato político basado en
el monopolio del poder por parte del partido único, y un aparato jurídico-legislativo donde predominaba el régimen de
excepción (nota 51). La plétora de normas emitidas por el
bando franquista durante la etapa final de la guerra y la inmediata postguerra (la Ley de Responsabilidades Políticas de 9
de febrero de 1939, que amplió desmesuradamente el campo
potencial de la delincuencia política punible; la Ley de
Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de
1940, la Causa General de abril de 1940, la Ley de Seguridad
del Estado de marzo de 1941 o la Ley de Rebelión Militar de
marzo de 1943) no pretendía únicamente la gestión más eficaz de la violencia ejercida contra los grupos disidentes, sino
también una legitimación de esa misma violencia, justificada
mediante argumentos pseudojurídicos que acarrearon parte
del material normativo que constituyó el armazón legal de la
ÍNDICE
266
dictadura. La juridificación de la represión trató así de cubrir
el patético vacío teórico sobre la presunta legitimidad de la
causa rebelde, si exceptuamos las consideraciones realizadas por algunos intelectuales sobre la continuidad del legado
histórico del que el franquismo se reclamaba heredero, o
sobre la licitud de la rebeldía según el derecho de gentes.
La dictadura franquista siempre confundió el orden público y
la defensa del orden político-social con la represión. Desde
ese punto de vista, la criminalización de los individuos e instituciones leales a la República era la alternativa políticamente más útil, y socialmente la más adecuada al ambiente de
venganza colectiva que se respiraba, frente la dificultosa fundamentación legal de un régimen directamente emanado de
un golpe de Estado y de un cruento conflicto civil que englobó diversos procesos de violencia a gran escala.
En el otro bando beligerante se ha destacado el carácter
espontáneo de la primera oleada represiva en zona republicana. Un terror revolucionario de rasgos esencialmente caóticos y defensivos, que fue desautorizado por un gobierno
que, al menos, trató de canalizarlo mediante la creación de
los Tribunales Populares el 23 de agosto de 1936. Aunque la
ulterior implicación de determinados partidos políticos y servicios secretos extranjeros en casos como el proceso al
ÍNDICE
267
POUM, la desaparición de Andreu Nin y la proliferación de
checas abonan la presunción de una capacidad punitiva
igualmente metódica y deliberada en algunas instancias del
gobierno republicano (nota 52).
El segundo punto de debate no es menos controvertido, al
menos en lo que respecta a los muertos republicanos durante la guerra y la posguerra, ya que las víctimas de derechas
fueron computadas minuciosamente localidad a localidad con
fines propagandísticos, depuradores y restitutivos.Ya a inicios
de los años cuarenta, Jesús Villar Salinas realizó un estudio
demográfico preliminar sobre las pérdidas de guerra, que
quedó invalidado por la escasa fiabilidad del Censo de 1940.
Luego siguieron los análisis puramente cuantitativos de
Jesús y Ramón Salas Larrazábal (nota 53). Este último cuantificó en 57.808 las ejecuciones y homicidios llevados a cabo
en zona nacional por 72.337 en la zona republicana (nota 54),
pero los datos de ejecuciones cometidas por los rebeldes han
sido constantemente criticados y revisados al alza por las
investigaciones posteriores. La transición provocó los primeros tímidos estudios sobre la persecución de la disidencia
política en la zona franquista, teñidos en ocasiones de un
fuerte contenido polémico y reivindicativo, que comenzaron a
aparecer en forma de artículos en publicaciones de informaÍNDICE
268
ción general como Interviú y en revistas de divulgación histórica (nota 55), aunque también surgieron las primeras monografías especializadas sobre el tema (nota 56).
Todos estos trabajos tuvieron el mérito de rescatar la memoria olvidada de los vencidos, y enmendar la plana, con datos
concretos, a los panegiristas de la zona rebelde. Por ejemplo,
las cifras de víctimas aportadas para Navarra (1.190 ejecutados) fueron ampliamente refutadas por sendos trabajos
colectivos que casi triplican esa cifra (nota 57). De un modo
similar, en Córdoba Francisco Moreno da una cifra de 9.579
muertos en la guerra y posguerra (incluidos maquis) por
3.864 de Salas (nota 58); en la Rioja, Antonio Hernández ha
citado con nombres y apellidos dos millares de fusilados contra 912; para Soria, este autor y Gregorio Herrero elaboraron
una lista de 281 víctimas frente a 82 (nota 59), y en Granada
Gibson puso en duda los 2.314 fallecidos establecidos por
Salas con un cálculo prudente de 5.000-6.000 fusilados, que
los últimos trabajos de Gil Bracero podrían duplicar (nota 60).
Los ejemplos podrían repetirse casi para cada provincia
española. Las razones señaladas para estas grandes divergencias son los errores de método cometidos por Salas
Larrazábal, que recurrió a proyecciones basadas en los datos
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la
ÍNDICE
269
base de los Registros Civiles. En múltiples estudios locales y
provinciales se ha podido comprobar que este organismo oficial trasvasó cifras de fallecidos de la guerra hacia los años
de la posguerra, y que en su expurgo de los datos de los
registros omitió deliberadamente ciertos tipos de muerte causados evidentemente por acciones represivas: traumatismo,
muerte violenta por causa desconocida, homicidio, etc. Todo
ello, junto a la inscripción tardía o deficiente en los registros,
o la no denuncia de otros óbitos por parte de los familiares
cercanos ante el temor a represalias, inducen a los expertos
a incrementar las cifras al doble de las computadas en la
época. En concreto, se habla de unos 130.000 ejecutados:
90.000 en la guerra y 40.000 en la posguerra (nota 61).
Según Heine, el número de asesinados en la posguerra se
acercaría a los 150.000, incluidos más de dos millares de
guerrilleros. Por su parte, Valentina Fernández intentó una
primera aproximación seria a las cifras de represaliados en
diverso grado tras la contienda y el período del bandolerismo
de 1943-1952, pero dedicó muy escaso espacio a la guerrilla
(nota 62).
A partir de los años ochenta, sobre todo a raíz del triunfo
electoral socialista y de la consolidación del poder de la
izquierda en gran parte de las Comunidades Autónomas,
ÍNDICE
270
Diputaciones y Ayuntamientos, pero también en virtud de
otras circunstancias de orden no estrictamente político, como
la gran polémica levantada por el libro de Reig Tapia en 1984
y las rememoraciones anejas al cincuenta aniversario del inicio de la guerra civil en 1986, se produjo un nuevo impulso en
los estudios sobre represión, lo que permitió la publicación de
la mayor parte de las monografías que disponemos sobre el
tema (nota 63). En estos últimos quince años, la controversia
ha ido dejando paso a un marco de análisis más sereno, preocupado por la metodología y los aspectos teóricos, que
ubica el fenómeno represivo en el contexto más amplio de la
agitación social y la violencia política en la España de los
años treinta y cuarenta (nota 64). La represión ha pasado a
ser estudiada, no ya como un hecho puntual y excepcional de
desaparición física, sino como todo un entramado global y
coherente de control social en el tiempo largo, que cubría
aspectos jurídico-carcelarios (nota 65), económicos
(nota 66), sociolaborales (nota 67), de género (nota 68), ideológico-culturales (nota 69), de la vida cotidiana (nota 70),
etc. Paradójicamente, los organismos especializados en la
represión de conductas delictivas, sobre todo los cuerpos no
militarizados de Policía, han sido los que han recibido menos
atención por parte de los especialistas. Las memorias de
ÍNDICE
271
alguno de los agentes implicados en labores antisubversivas
están lastrados por una fuerte carga ideológica y exculpatoria (nota 71). Únicamente son dignos de mención los análisis
técnicos desde dentro debidos a Martín Turrado Vidal. Como
en el caso de la Guardia Civil decimonónica, el estudio más
sugerente y crítico es el realizado por Diego López Garrido
(nota 72).
2.2. Sobre la resistencia armada al régimen de Franco
La primera manifestación secuencial de violencia disidente
contra el régimen de Franco fue la guerrilla impulsada por el
PCE y organizada desde el exterior a partir de octubre de
1944. A esta guerrilla armada predominantemente rural
siguieron las formas de lucha urbana, asumidas por el comunismo, por el movimiento libertario y luego por ciertos sectores del nacionalismo vasco (ETA) y de la izquierda radical
(FRAP y GRAPO). Durante los años cuarenta y cincuenta, los
intentos de estudio del fenómeno de la resistencia armada,
centrada en el fenómeno de la guerrilla rural y urbana, se vieron lastrados desde la historiografía oficial por la irresistible
tendencia al tratamiento del problema como una mera cuestión de delincuencia común (nota 73). Por su parte, los autores prorrepublicanos trataron inmediatamente de dar cumpliÍNDICE
272
da réplica desde un sesgo eminentemente justificativo
(nota 74), al tiempo que se enzarzaban en arduas polémicas
sobre las estrategias resistenciales preconizadas por los
diversos movimientos y actores de la oposición (nota 75).
El restablecimiento del régimen democrático permitió, no sólo
la divulgación de los sorprendentes testimonios personales
de viejos guerrilleros (nota 76), sino también la aparición de
los primeros estudios globales de tono crítico (nota 77). En
los años ochenta comenzaron a divulgarse una serie ensayos
de interpretación de conjunto, en el contexto más amplio de
la oposición política al régimen franquista (nota 78), además
de una plétora de estudios regionales, que resultaron incentivados por las mismas condiciones políticas y científicas que
habían impulsado los estudios sobre la represión política
(nota 79). Entre ellos destacan por su peculiaridad los dedicados a la lucha armada anarquista en Cataluña, y concretamente las acciones de guerrilla urbana perpetradas en la ciudad de Barcelona, por los comunistas en 1944-1947, y por los
libertarios en 1948-1949 (nota 80).
A partir de 1946, el Estado franquista tuvo que afrontar nuevas formas de disentimiento, como la recuperación de la conflictividad laboral en el País Vasco y Cataluña. Pero no fue
sino en las postrimerías de los cincuenta cuando la violencia
ÍNDICE
273
resistente adquirió una nueva fisonomía, con el nacimiento de
ETA. El terrorismo en el País Vasco ha sido, sin ninguna discusión, el fenómeno violento que más interés ha despertado
hasta ahora en los diversos ámbitos de las ciencias sociales:
historia, sociología, política, psicología, antropología, jurisprudencia, etc., etc. (nota 81). Los primeros pasos de ETA
merecieron una serie de testimonios y estudios que dejaban
traslucir una evidente empatía con este modo particular de
activismo antifranquista, que adquirió notoriedad a escala
internacional con el Proceso de Burgos de 1970 (nota 82).
Tras el ensayo pionero del filólogo Federico Krutwig, que
abrió el camino teórico de la lucha armada (nota 83), otros
autores han evaluado e investigado las diferentes estrategias
violentas elaboradas por ETA a lo largo de su historia
(nota 84), pero el tema, aún hoy de candente actualidad, dista
mucho de estar cerrado.
Como podemos comprobar, algunos aspectos de la violencia
política y de la represión en la España franquista, como la
evaluación numérica de la represión física, el aparato penaljudicial, la guerrilla o los orígenes de la violencia etarra, ya
han recibido un tratamiento suficientemente detallado, aunque no exhaustivo. Otros permanecen en la penumbra, como
la guerrilla urbana libertaria, la opción armada de los grupúsÍNDICE
274
culos de la extrema izquierda o la estructura y función del
aparato policial. Y ciertos asuntos se mantienen casi inéditos,
como las variaciones en la doctrina de orden público del régimen, o las implicaciones exteriores (emigración, relaciones
intergubernamentales) del maquis. Pero lo verdaderamente
importante es lograr la integración de estos fenómenos violentos en una explicación global de los mecanismos de control social y de movilización política en el contexto de un
Estado autoritario y militarizado como fue la dictadura franquista.
ÍNDICE
275
1 Sobre la teoría hobbesiana, vid. RULE, James B., Theories of Civil
Violence, Berkeley, University of California Press, 1988, págs. 2026.
2 PARSONS, Talcott, «Some Reflections on the Place of Force in
Social Process», en ECKSTEIN, Harry (ed.), Internal War:
Problems and Approaches, Londres, Collier-MacMillan y Nueva
York, The Free Press, 1964, págs. 33-70.
3 TILLY, Charles, Louise y Richard, The Rebellious Century (1830-
1930), Cambridge (Mass.), Harvard U.P., 1975, pág. 280.
4 CALVERT, Peter A.R., Análisis de la revolución, 2 ed., México,
Fondo de Cultura Económica, 1974, pág. 30, nota 15.
5 DELLA PORTA, Donatella y TARROW, Sidney, «Unwanted
Children. Political Violence and the Cycle of Protest in Italy, 19661973», en European Journal of Political Research (Amsterdam), vol.
XIV (1986), pág. 614.
6 HONDERICH, Ted, Political Violence, Ithaca (NY), Cornell U.P.,
1976, págs. 8-9 y 98, y «Democratic Violence», en WIENER, Philip
P. y FISCHER, John (eds.), Violence and Aggression in the History
of Ideas, New Brunswick, Rutgers University Press, 1974, pág. 102.
7 TURK, Austin T., «La violencia política desde una perspectiva cri-
minológica», en Sistema (Madrid), n. 132-133 (junio 1996), pág. 48.
8 WILKINSON, Paul, Terrorism and the Liberal State, 2 ed.,
Basingstoke, MacMillan, 1986, pág. 30.
9 NIEBURG, Harold L., Political Violence. The Behavioral Process,
Nueva York, St. Martin’s Press, 1969, pág. 13.
ÍNDICE
276
Notas
10 Violencia política en el Perú, 1980-1988, Lima, DESCO, 1989,
vol. I, pág. 11, nota.
11 ZIMMERMANN, Ekkart, Political Violence, Crises & Revolutions.
Theories and Research, Cambridge
Publishing Co., 1983, págs. 6-9.
(Mass.),
Schenkman
12 Sobre la teoría hobbesiana, vid. RULE, James B., Theories of
Civil Violence, págs. 20-26.
13 ZANONE, Valerio, «Repressione», en BOBBIO, Norberto, MAT-
TEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco (dirs.), Dizionario di
Politica, Turín, UTET, 1990, pág. 959.
14 GALTUNG, Johan, Violence, «Peace and Peace Research», en
Journal of Peace Research (Oslo), n. 6 (1969), págs. 167-191 (ed.
castellana: «Violencia, paz e investigación sobre la paz», en Sobre
la Paz, Barcelona, Fontamara, 1985, págs. 30-31).
15 GARELLI, Franco, «Controllo sociale», en BOBBIO, Norberto,
MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco (dirs.), op. cit., pág.
232.
16 GURR, Ted R., «A Causal Mode of Civil Strife», en DAVIES,
James C. (ed.), When Men Revolt and Why. A Reader on Political
Violence, Nueva York, Free Press, 1971, págs. 294 y 311.
17 GURR, Ted R., «Alternatives to Violence in a Democratic
Society», en GRAHAM, Hugh David y GURR, Ted R. (eds.),
Violence in America, Washington D.C., National Commision on the
Causes and Prevention of Violence y Nueva York, Signet, 1969,
págs. 491-506.
ÍNDICE
277
18 TILLY, Charles, From Mobilization to Revolution, Nueva York,
Random House/McGraw-Hill, 1978, págs. 100-102.
19 DELLA PORTA, Donatella, Social Movements, Political Violence,
and the State. A Comparative Analysis of Italy and Germany,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pág. 57.
20 DELLA PORTA, Donatella, Social Movements and the State:
Thoughts on the Policing of Protest, San Domenico, European
University Institute, Working Paper RSC n. 95/13 (1995), págs. 5 y
7-8.
21 TILLY, Charles, From Mobilization to Revolution, pág. 57.
22 NEIDHARDT, Friedhelm, «Gewalt und Gegengewalt. Steigt die
Bereitschaft zu Gewaltaktionen mit zunehmender staatlicher
Kontrolle und Repression», en HEITMEYER, Wilhelm, MÖLLER,
Kurt y SÜNKER, Heinz (eds.), Jugend-Staat Gewalt, Weinheim y
Munich, Juventa, 1989, págs. 233-243.
23 TILLY, Charles, From Mobilization to Revolution, pág. 219 y GID-
DENS, Anthony, The Nation-State and Violence, Cambridge, Polity
Press, 1985, pág. 192. De todo modos, en las sociedades actuales
se percibe una utilización creciente de los recursos y de los principios de orden castrense para reprimir la disidencia política, bajo
coartadas como las doctrinas militaristas de la seguridad nacional,
la seguridad interna, la contrainsurgencia o la guerra contrarrevolucionaria, que saturan a su vez de retórica belicista al Estado, los
medios de comunicación y la sociedad en general.
24 TILLY, Charles, From Mobilization to Revolution, pág. 104.
ÍNDICE
278
Notas
25 WEEDE, Erich, «Rebelión y transferencias de poder en la socie-
dad: un análisis desde el enfoque de la elección racional», en
Sistema, n. 132-133 (junio 1996), pág. 189.
26 STOHL, Michael y LÓPEZ, G.A., «Introduction», en STOHL, M. y
LÓPEZ, G.A. (eds.), The State as Terrorist, Westport, Greenwood,
1984, pág. 7.
27 UCELAY DA CAL, Enric, «La repressió de la Dictadura de Primo
de Rivera», en IIes. Jornades de debat El poder de l’Estat: evolució,
força o raó, Reus, Edicions del Centre de Lectura, 1993, pág. 161,
nota 8.
28 HENDERSON, Conway W., «Conditions Affecting the Use of
Political Repression», en The Journal of Conflict Resolution, vol.
XXXV, n. 1 (marzo 1991), pág. 121.
29 COOK, Samuel Dubois, Coercion and Social Change, en PEN-
NOCK, J. Roland y CHAPMAN, John W. (eds.), Coercion, Nomos
XIV. Yearbook of the American Society for Political and Legal
Philosophy, Chicago, Aldine/Atherton, 1972, pág. 116.
30 MARX, Gary T., «External Efforts to Damage or Facilitate Social
Movements», en McCARTHY, J. y ZALD M.N. (eds.), The Dynamics
of Social Movements, Cambridge (Mass.), Winthrop, págs. 94-125.
31 GURR, Ted R., Alternatives to Violence in a Democratic Society,
en GRAHAM, H.D. y GURR, T.R. (eds.), Violence in America, págs.
491-506.
32 JOHNSON, Chalmers, Déséquilibre social et révolution, París,
Nouveaux Horizons, 1972, pág. 40.
33 NIEBURG, Harold L., Political Violence, pág. 115.
ÍNDICE
279
34 Ibid., pág. 104.
35 LAMBERT, Richard D., Hindu-Muslim Riots. Tesis doctoral inédi-
ta, Universidad de Pennsylvania, 1951, cit. por GRIMSHAW, Allen
D., «Interpreting Collective Violence. An Argument for the
Importance of Social Structure», en The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, n. 391 (septiembre 1970),
pág. 19.
36 Sobre la transformación del Estado en un instrumento profesio-
nalizado de coacción, donde la actividad política quedaría sometida
al dominio de las elites especializadas en la gestión de la violencia,
vid. el ya clásico estudio de LASSWELL, Harold D., «The Garrison
State», en The American Journal of Sociology, vol. XLVI, n. 4 (enero
1941), págs. 455-468. Por ello, interesaría estudiar las etapas históricas de esa profesionalización y especialización, además del proceso de toma de decisiones en el tratamiento y la represión de la
violencia política, y factores de orden jurídicos, como la codificación
sobre el orden público o la tenencia de armas (leyes de excepción,
supresión de garantías, ley marcial), la tipificación delictiva, la práctica de la represión jurídica (penas e indultos), el régimen carcelario, etc.
37 MICHAUD, Yves-Alain, Violence et politique, París, Gallimard,
1978, pág. 19.
38 TARROW, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos
sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997,
pág. 185.
ÍNDICE
280
Notas
39 TILLY, Charles, Louise y Richard, The Rebellious Century, págs.
244-245.
40 WALDMANN, Peter, «Estrategias estatales de coacción», en
Sistema, n. 65 (marzo 1985), pág. 97.
41 DIEU, François, «La violence d’État en action: Essai sur la vio-
lence policière», en BERTRAND, Michel, LAURENT, Natacha y TAILLEFER, Michel (eds.), Violences et pouvoirs politiques, Toulouse,
Presses Universitaires du Mirail, 1996, págs. 15-18.
42 TILLY, Charles, From Mobilization to Revolution, pág. 177 y
TILLY, Charles, Louise y Richard, The Rebellious Century, pág. 282,
señalan que las fuerzas represivas del Estado son los responsables
de la mayor parte de los muertos y de los heridos en las protestas,
mientras que los grupos contestatarios suelen aplicarse a la destrucción de objetos. En «Collective Violence in European
Perspective», en GRAHAM, H.D. y GURR, T.R. (eds.), Violence in
America, págs. 110 y 114, el mismo autor señala que una gran proporción de los sucesos que analizó en el ámbito europeo derivaron
en violencia exactamente en el momento en que los grupos rivales,
las autoridades o las fuerzas represivas intervinieron para detener
una acción ilegal pero no violenta, como eran las huelgas o las
manifestaciones. Según OBERSCHALL, Anthony, «Group Violence.
Some Hypotheses and Empirical Uniformities», en Law and Society
Review (Denver), vol. V, n. 1 (agosto 1970) págs. 74 y 85, la violencia es iniciada en la mayor parte de los casos por las autoridades y
sus agentes, cuando las las demostraciones pacíficas, marchas,
peticiones, asambleas pacíficas, etc., son disueltas y atacadas.
43 GIDDENS, Anthony, The Nation-State and Violence, pág. 303.
ÍNDICE
281
44 PEREYRA, Carlos, Política y violencia, México, F.C.E., 1974,
pág. 40.
45 DELLA PORTA, Donatella, Social Movements and the State, pág.
46.
46 MARX, Gary T., «External Efforts to Damnage or Facilitate Social
Movements», en McCARTHY, J.D. y ZALD, M.N. (eds.), The
Dynamics of Social Movements, págs. 94-125.
47 Un repaso informativo muy sumario sobre la persecución en
ambas zonas durante la guerra civil, en SOLÉ SABATÉ, Josep M. y
VILARROYA, Joan, «La represión en la zona rebelde» y «La represión en la zona republicana», en La Guerra Civil, Madrid, Historia
16, 1986, vol. 6, págs. 100-129. Un buen estado de la cuestión
sobre el tema para el período de la guerra civil es el artículo de
SAGUÉS SAN JOSÉ, Joan, «La justícia y la repressió en els estudis sobre la guerra civil espanyola (1936-1939) i la postguerra. Una
aproximació historiogràfica», en BARRULL PELEGRÍ, Jaume y MIR
CURCÓ, Conxita (coords.), Violència política i ruptura social a
Espanya: 1936-1945, Lérida, Quaderns del Departament de
Geografía i Història de l’Universitat de Lleida, págs. 7-28.
48 REIG TAPIA, Alberto, Ideología e historia (sobre la represión
franquista y la guerra civil), Madrid, Akal, 1984 y Violencia y terror.
Estudios sobre la guerra civil española, Madrid, Akal, 1991; SOLÉ I
SABATÉ, Josep M., La repressió franquista a Catalunya, 19381953, Barcelona, Edicions 62, 1985; SOLÉ I SABATÉ, Josep M. y
VILARROYA I FONT, Joan, La repressió a la guerra i a la postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945), Badalona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1983; MIR CURCÓ, Conxita, «Els repreÍNDICE
282
Notas
saliats polítics de postguerra a través de l’actuació del TRP de
Lleida», en I Encuentro de Investigadores del Franquismo,
Barcelona, 1992, págs. 98-101; MIR CURCÓ, Conxita,
CORRETGÉ, Fabià, FARRÉ, Judith y SAGUÉS, Joan, Repressió
econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1997; MORENO GÓMEZ, Francisco, La
guerra civil en Córdoba (1936-1939), Madrid, Alpuerto, 1985, pág.
608 y Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 19391950), Córdoba, Francisco Baena editor, 1987; CHAVES PALACIOS, Julián, La represión en la provincia de Cáceres durante la
Guerra Civil (1936-1939), Cáceres, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Extremadura, 1995; HERNÁNDEZ GARCÍA,
Antonio, La represión en la Rioja durante la guerra civil, Logroño,
1984, 3 vols.; HERRERO BALSA, Gregorio y HERNÁNDEZ
GARCÍA, Antonio, La represión en Soria durante la guerra civil,
Almazán, 1982, 2 vols.; COBO ROMERO, Francisco, La guerra civil
y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950), Jaén,
Instituto de Estudios Jiennenses, 1994, y CASANOVA, Julián y
otros, El pasado oculto: Fascismo y violencia en Aragón (19361939), Madrid, Siglo XXI, 1992.
49 BARBERO, Edmundo, El infierno azul. Seis meses en el feudo de
Queipo, Madrid, Talleres del SUIG (CNT), 1937; BAHAMONDE Y
SÁNCHEZ DE CASTRO, Antonio, Un año con Queipo. Memorias de
un nacionalista, Barcelona, Eds. Españolas, 1938; RUIZ VILAPLANA, Alfonso, Doy fe... Un año de actuación en la España nacionalista, 3 ed., Barcelona, Epidauro Eds., 1977; BERNANOS, Georges,
ÍNDICE
283
Los grandes cementerios bajo la luna, Madrid, Alianza, 1986 y
NEVES, Mario, La matanza de Badajoz, Badajoz, Editora Regional
de Extremadura, 1986.
50 MONTERO MORENO, Antonio, Historia de la persecución reli-
giosa en España, 1936-1939, Madrid, BAC, 1961, que enumera a
6.845 religiosos asesinados, y Causa General. La dominación roja
en España, 2 ed., Madrid, Ministerio de Justicia, 1942, donde se
habla de 90.000 víctimas, cifra muy lejana de los 470.000 caídos de
los que hablaba Franco en 1938.
51 ARÓSTEGUI, Julio, «La oposición al franquismo. Represión y
violencia políticas», en La oposición al régimen de Franco. Estado
de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED,
1990, tomo I, vol. 2, págs. 235-256.
52 Vid. CERVERA GIL, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clan-
destina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998.
53 VILLAR SALINAS, Jesús, Repercusiones demográficas de la últi-
ma guerra civil. Problemas que plantean y soluciones posibles,
Madrid, Impta. Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos,
1942; SALAS LARRAZÁBAL, Jesús, «Los muertos de la guerra
civil: 250.000 bajas definitivas de 1936-39», Los Domingos de ABC
(Madrid), 21-VIII-1974, págs. 28-35, y SALAS LARRAZÁBAL,
Ramón, Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977 y Los
datos exactos de la guerra civil, Madrid, Rioduero, 1980.
54 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Pérdidas de la guerra, pág. 371.
55 CATALÁN DEUS, José, «El pueblo desentierra a sus muertos.
Casas de Don Pedro, 39 años después de la matanza», en Interviú,
ÍNDICE
284
Notas
n. 109 (15/21-VI-1978), págs. 86-88; COSTA CLAVELL, Xavier, «Un
vendaval de sangre y terror. En Galicia, aquel verano del 36», en
Interviú, n. 103 (4/10-V-1978), págs. 60-64; DAMIANO, Cipriano,
«Las primeras venganzas fascistas. Gibraleón, julio 1936», en
Interviú, n. 142 (1/7-II-1979), págs. 78-81; GIMÉNEZ PLAZA,
Dionisio, «Navarra 1936 (1). Fusilados “Por Dios y por España”», en
Interviú, n. 136 (21/27-XI-1978), págs. 76-78 y «Navarra 1936 (2).
Los verdugos de la Cruzada», en Interviú, n. 137 (28-XIII-1978/3-I1979), págs. 20-22; LAHERA, Emilio, «Valladolid, 1936.
Madrugadas de sangre», en Interviú, n. extraordinario de Navidad
(diciembre 1978), págs. 94-96; MARCUELLO, José Ramón,
«Borrachera de sangre. Matanzas fascistas en la Rioja», en
Interviú, n. 123 (21/27-XI-1978), págs. 62-64; MARTÍNEZ, Esteban,
«Otro «Valle de los Caídos» sin cruz: «La Barranca», fosa común
para 2.000 riojanos», en Interviú, n. 74 (13/19-X-1977), págs. 88-90;
MORALES, José Luis y TORRES, Miguel, «Jinámar, la sima de los
“caídos” (1). Matanza de “rojos” en Canarias», en Interviú, n. 66
(18/24-VIII-1977), págs. 24-28 y «Jinámar (2). El cementerio guanche», Interviú, n. 67 (25/31-VIII-1977), págs. 24-27; MUÑOZ,
Carmen, «Masacre fascista en Arahal (Sevilla). La venganza fue
terrible», en Interviú, n. 91 (9/15-II-1978), págs. 38-40; SILES, José
M., «Matanzas franquistas en Sevilla», en Interviú, n. 86 (5/11-I1978), págs. 19-22; SOREL, Andrés, «Granada: Las matanzas no
se olvidan», en Interviú, n. 81 (1/7-XII-1977), págs. 32-35; SAÑA,
Heleno, «La represión franquista», en Nueva Historia (Barcelona),
n. 12 (enero 1978), págs. 86-93; GUZMÁN, Eduardo de, «Después
del 1 de abril de 1939: Un millón de presos políticos y doscientos
ÍNDICE
285
mil muertos en España», en Tiempo de Historia (Madrid), n. 41
(abril 1978), págs. 36-47; TENORIO, Rafael, «Las matanzas de
Badajoz», en Tiempo de Historia, n. 56 (julio 1979), págs. 4-11, y
CERECEDO, Francisco, «Cuando la sangre llegó al Miño. La guerra civil en Tuy», en Historia 16, n. 19 (noviembre 1977), págs. 4350.
56 MUÑOZ, Javier R., «La represión franquista: paseos y ejecucio-
nes», en Historia de Asturias, vol. IX: Represión, guerrilla y exilio
(1937-1952), Gijón, Silverio Cañada, editor, 1978 y RAMOS ESPEJO, Francisco, Andalucía: Campo de trabajo y represión, Granada,
Algibe, 1978.
57 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Los fusilados en Navarra en la
guerra de 1936, Madrid, Industrias Gráficas España, 1983; COLECTIVO A.F.A.N. (Asociación de Familiares de Asesinados en
Navarra), No, general! fueron más de tres mil los asesinados,
Pamplona, Mintzoa, 1984 y ALTAFFAYLLA KUTUR TALDEA (grupo
de investigación formado por M.ª José RUIZ VILAS, José M.ª
ESPARZA ZABALEGUI y Juan Carlos BERRIO ZARATIEGUI),
Navarra 1936. De la esperanza al terror, Estella, Altaffaylla Kultur
Taldea, 1992, 2 vols., que da una cifra de 2.789 ejecutados.
58 MORENO GÓMEZ, Francisco, La guerra civil en Córdoba, pág.
608.
59 HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio La represión en la Rioja duran-
te la guerra civil, vol. 1, pág. 16 y HERRERO BALSA, Gregorio y
HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio, La represión en Soria durante la
guerra civil, vol. 2, págs. 267-273.
ÍNDICE
286
Notas
60 GIBSON, Ian, Granada en 1936 y el asesinato de García Lorca,
Barcelona, Crítica, 1979, pág. 125 y GIL BRACERO, Rafael,
Granada 1936: Jaque a la República, Granada, Caja de Ahorros,
1998.
61 MORENO GÓMEZ, Francisco, «El terrible secreto del franquis-
mo», en La Aventura de la Historia (Madrid), n. 3 (enero 1999),
págs. 12-25.
62 HEINE, Hartmut, «Tipología y características de la represión y
violencia políticas durante el período 1939-1961», en La oposición
al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la
investigación, Madrid, UNED, 1990, tomo I, vol. 2, pág. 310 y
FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina, La resistencia interior en la
España de Franco, Madrid, Eds. Istmo, 1981, págs. 91-107.
63 Entre los trabajos provinciales y locales de mayor entidad, no
citados hasta ahora, destacamos sin pretensiones de exhaustividad: ALCARAZ ABELLÁN, José y otros, La represión política en
Lanzarote y Fuerteventura durante la guerra civil, Las Palmas, Caja
Insular de Ahorros de Canarias, 1985; BARALLAT, Mercè, La
repressió franquista a Lleida, 1938-1945, Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1991; BRAOJOS GARRIDO, Alfonso
(ed.), Sevilla 36: Sublevación fascista y represión, Brenes, Muñoz
Moya y Montraveta editores, 1990; CABRERA ACOSTA, Miguel
Ángel, La represión franquista en el Hierro (1936-1944), Santa Cruz
de Tenerife, Tagoron de Ediciones, 1985; CORTÉS CARRERES,
Santiago, València sota el règimen franquista (1939-1951).
Instrumentalització, repressió y resistència cultural, Badalona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995; EGEA BRUNO,
ÍNDICE
287
Pedro M., La represión franquista en Cartagena (1939-1945),
Murcia, PCPE, 1987; GABARDA CEBELLÁN, Vicent, Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Valencia, Edicions Alfons el
Magnànim-Institut Valencià d’Estudis i Investigació, 1993; GARCÍA
LUIS, Ricardo, La justicia de los rebeldes. Los fusilados en Santa
Cruz de Tenerife (1936-1940), Tenerife, Ediciones de Baile de Sol,
1994; GÓMEZ VILLOTA, Felicísimo, Represión de los Tribunales
Militares franquistas en Oviedo, 4 ed., Gijón, ed. del autor, 1994 y
Represión clerical franquista en el concejo de Lena, 1937-1975,
Gijón, ed. del autor, 1995; LACOMBA, Juan Antonio, La represión
en Andalucía durante la guerra civil. El asesinato de Blas Infante,
Sevilla, 1987; MARTÍN, A., SAMPEDRO, A. y VELASCO, M. J.,
«Dos formas de violencia durante la guerra civil: la represión en
Salamanca y la resistencia armada en Zamora», en ARÓSTEGUI,
Julio (coord.), Historia y memoria de la guerra civil. Encuentro en
Castilla-León, Valladolid, Consejería de Cultura y Bienestar Social
de la Junta de Castilla-León, 1988, vol. II, págs. 367-437 NÚÑEZBALART, Mirta y ROJAS, Antonio, Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, Madrid, La Compañía
Literaria, 1998; ORS MONTENEGRO, Miguel, «La represión de
guerra y posguerra en la provincia de Alicante», en Anales de la
Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, n. 6 (1987-1988)
y La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1939),
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1995; ORTIZ HERAS,
Manuel, Violencia, conflictividad y justicia en la provincia de
Albacete, Cuenca, Eds. de la Universidad de Castilla-La Mancha,
1995; RIVERO NOVAL, María Cristina, La ruptura de la paz civil.
ÍNDICE
288
Notas
Represión en La Rioja (1936-1939), Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos, 1992; SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, Las responsabilidades
políticas en la postguerra española. El partido judicial de Monóvar,
Alicante, Universidad, 1984; TOJO RAMALLO, José A., Testimonios
de una represión. Santiago de Compostela, julio de 1936-marzo de
1937, Sada, Ediciós do Castro, 1990; RUIZ, David, «La represión en
la periodización de la dictadura franquista: la experiencia asturiana
(1937-1975)», en Estudis d’Història Contemporània del País
Valencià, n. 9 (1992), págs. 117-182; UGARTE, Javier, «Represión
como instrumento de acción política del «Nuevo Estado» (Álava,
1936-1939)», en Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de
Euskal Herria, tomo VI: Cultura e ideologías (siglos XIX-XX), San
Sebastián, Txertoa, 1988, págs. 117-192, y VILARROYA I FONT,
Joan, Violència i repressió a la reraguarda catalana, 1936-1939,
Barcelona, Universidad, 1989 y La repressió a la guerra i la postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945), Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.
64 Sobre aspectos de orden teórico: ORTIZ HERAS, Manuel,
Violencia política en la II República y el primer franquismo:
Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI, 1996, págs. XI-XX; ROMERO, Luis, «El concepto de represión» y REIG TAPIA, Alberto,
«Metodología de la represión», en ARÓSTEGUI, Julio, (ed.)
Historia y memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León,
págs. 287-294 y 295-302, respectivamente; REIG, Alberto,
«Consideraciones metodológicas para el estudio de la represión
franquista en la guerra civil», en Sistema, n. 33 (1979), págs. 99128; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel y CENARRO LAGUNAS,
ÍNDICE
289
Ángela, «La “represión política” y sus formas: fuentes y métodos de
estudio», en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la
Educación/Universidad de Zaragoza, 1987, y SOLÉ SABATÉ,
Josep M. y VILARROYA FONT, Joan, «Metodologia per a l’estudi de
la repressió franquista», en Estudis d’Història Contemporània del
País Valencià, n. 9 (1992), págs. 215-230.
65 Estudios sobre la represión jurídico-carcelaria: Justicia en
Guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuenes documentales, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1990 (especialmente págs. 249-388); CANO
BUESO, Juan, La política judicial del régimen de Franco (19361945), Madrid, Ministerio de Justicia, 1984; RIBÓ DURÁN, Luis,
Ordeno y mando. Las leyes en la zona nacional, Barcelona,
Bruguera, 1977; BERDUGO GÓMEZ, Ignacio, «Derecho represivo
en España durante los períodos de guerra y postguerra (19361945)», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense (Madrid), n. 3 (1980), págs. 97-128; TERRADILLOS
BASCOSO, Juan, Peligrosidad social y Estado de Derecho, Madrid,
Akal, 1981; LLARCH, Joan, Los campos de concentración en la
España de Franco, Barcelona, Producciones Editoriales, 1978;
SUÁREZ, Ángel, Libro Banco sobre las cárceles franquistas, 19361976, París, Ruedo Ibérico, 1976; FUERTES DE ESTEFANI, Pilar,
El microcosmos de la represión: la Prisión Provincial de Málaga
(1937-1955), Málaga, ACM editores, s.f.; CASTILLO NOGUERA,
Amalia, Delitos, penas y vida penitenciaria: la Prisión Provincial de
Málaga (1955-1970), Málaga, ACM editores, s.f.; COLLADO QUEÍNDICE
290
Notas
MADA, Raquel, Colonia penitenciaria de El Dueso (Santoña): Papel
político-penal durante la guerra civil y el franquismo (1937-1975),
tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1992; MARÍN
RODRÍGUEZ, Juan Francisco, La Cárcel Modelo de Barcelona
(1939-1947), memoria de licenciatura, Universidad de Barcelona,
1986; SABÍN, José Manuel, Prisión y muerte en la España de postguerra, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1996 y SUBIRATS
PIÑANA, Josep, Pilatos, 1939-1941. Prisión de Tarragona (La represión franquista en la inmediata postguera), Madrid, Fundación
Pablo Iglesias, 1993. Del mismo modo, las comunicaciones sobre
justicia y represión jurídica presentadas al Congreso Internacional
El Régimen de Franco (1936-1975). Política y Relaciones
Exteriores, Madrid, UNED, 1993, tomo I, págs. 227-304.
66 Sobre la represión económica, vid. MIR CURCÓ, Conxita,
CORRETGÉ, Fabià, FARRÉ, Judith y SAGUÉS, Joan, Repressió
econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques a la província de Lleida op. cit.
67 ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao, La represión de la posguerra
en León. Depuración de la enseñanza, 1936-1943, León, Santiago
García, 1986; ANAYA, Luis Alberto y otros, La represión franquista
en la enseñanza en la provincia de Las Palmas (1936-1939), Las
Palmas, 1985; BONIS, Pascual, «La represión del magisterio navarro durante la guerra civil (1936-1939)», en Congreso Mundial
Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria, tomo VI: Cultura e
ideologías (siglos XIX-XX), San Sebastián, Txertoa, 1988, págs.
117-192; FERNÁNDEZ PRIETO, Lorenzo, «Represión franquista y
desarticulación social en Galicia. La destrucción de la organización
ÍNDICE
291
societaria campesina, 1936-1942», en Historia Social (Alzira), n. 15
(1993), págs. 49-65; GARCÍA PIÑERO, R., Los mineros asturianos
bajo el franquismo (1937-1962), Madrid, Fundación Primero de
Mayo, 1992; MOLINERO, Carme e YSAS, Pere, Patria, Justicia y
Pan. Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1951,
Barcelona, La Magrana, 1985, y MORENTE, F., La depuración del
magisterio en la provincia de Barcelona al término de la guerra civil,
memoria de licenciatura, Universidad Autónoma de Barcelona,
1990.
68 DOÑA, Juana, Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárce-
les franquistas, Madrid, Latorre, 1978; CUEVAS, Tomasa, Cárcel de
mujeres (1939-1945), Barcelona, Sirocco, 1985 y Mujeres de las
cárceles franquistas, Madrid, Casa de Campo, 1983, y ORANICH,
Magda, «L’Estat franquista i la dona. Crònica d’una injustícia», en
L’Avenç (Barcelona), n. 4 (1978), págs. 46-51.
69 BENET, Josep, Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre
la persecució de la llengua i la cultura a Catalunya, Barcelona,
Blume, 1978; PÉREZ BOWIE, José Antonio, El léxico de la muerte
durante la guerra civil española. Ensayo de descripción,
Salamanca, Universidad, 1983; SEVILLANO CALERO, Francisco,
Dictadura, socialización y conciencia política. Persuasión ideológica
y opinión en España bajo el franquismo (1939-1962), tesis doctoral,
Universidad de Alicante, 1996 y Propaganda y medios de comunicación en el franquismo, Alicante, Universidad de Alicante, 1998 y
VV.AA., Franquisme. Sobre resistència i consens a Catalunya
(1938-1959), Barcelona, Crítica, 1990, especialmente el debate de
ÍNDICE
292
Notas
la Parte 3 sobre instruments de dominació política i respostes
socials, págs. 206-212.
70 ABELLA, Rafael, La vida cotidiana en España bajo el régimen de
Franco, Barcelona, Argos Vergara, 1985 y La vida cotidiana en la
España de los 40, Madrid, Eds. del Prado, 1990.
71 Vid. el libro del oficial de la Guardia Civil RUIZ-AYÚCAR, Ángel,
Crónica agitada de ocho años tranquilos, 1963-1970: de Grimau al
proceso de Burgos, Madrid, Ed. San Martín, 1974 y DELGADO
AGUADO, Julián, Prietas las filas: recuerdos de un capitán de los
grises, Barcelona, Libros PM, 1996.
72 TURRADO VIDAL, Martín, Estudios sobre historia de la Policía,
2 vols., Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior, 1986 y 1991, y LÓPEZ GARRIDO, Diego, El aparato policial en España, Barcelona, Ariel, 1987. Desde un punto de vista
más descriptivo y menos crítico: MORALES VILLANUEVA, Antonio,
Las fuerzas de orden público, Madrid, San Martín, 1980 y
Administración policial española. Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil, policías autónomas, policías locales, Madrid, San
Martín, 1988. Vid. también las páginas que dedica al período la obra
imprescindible de BALLBÉ, Manuel, Orden público y militarismo en
la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza Editorial,
1983.
73 Ello se percibe de forma evidente desde el opúsculo de BOIXA-
DER, José V., El maquis, Madrid, Pace, 1944 y el informe pionero
de LIMIA PÉREZ, Eugenio, Reseña general del problema del bandolerismo después de la guerra de liberación, Madrid, Dir. Gral. de
la Guardia Civil, 1957 (mecanografiado), a los trabajos posteriores
ÍNDICE
293
de DÍAZ CARMONA, A., Bandolerismo contemporáneo, Madrid,
COMPI, 1969; COSSIAS, Tomás, La lucha contra el maquis en
España, Madrid, Editora Nacional, 1956 y, sobre todo, del general
de la Guardia Civil AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, El Maquis en
España, I. Su historia, Madrid, Ed. San Martín, 1975; El Maquis en
españa, II. Sus documentos, Madrid, San Martín, 1976 y, en colaboración con CIERVA, Ricardo de la, «La aventura del maquis en
España: Análisis documental de una leyenda», en el monográfico
dedicado al tema por Nueva Historia (Madrid), n. 8 (septiembre
1977).
74 IZCARAY, J., Las guerrillas de Levante, París, 1950; LÓPEZ SIL-
VEIRA, J.J., Las guerrillas en España, Montevideo, Pueblos Unidos
1940; FERNÁNDEZ, Alberto E., La España de los maquis, México,
Era, 1971, y las aportaciones de SOREL, Andrés, Búsqueda,
reconstrucción e historia de la guerrilla española del siglo XX, a través de sus documentos, relatos y protagonistas, París, Éditions de
la Librairie du Globe, 1970 (otra ed. en Colección Ebro, París, 1975)
y «A la busca y captura del maquis», en Historia Internacional
(Madrid), n. 9 (diciembre 1975), págs. 34-44.
75 La versión comunista, en El movimiento guerrillero de los años
cuarenta, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1990.
Desde un punto de vista trotskista, y por tanto crítico con la línea
oficial del PCE, ALBA, Víctor, Historia de la Resistencia
Antifranquista (1939-1955), Barcelona, Planeta, 1978, especialmente págs. 155-182 y 308-317. Una interpretación marxista radical, en GÓMEZ PARRA, Rafael, La guerrilla antifranquista, 194549, Madrid, Ed. Revolución, 1983. Desde la perspectiva anarquista,
ÍNDICE
294
Notas
merece mención el libro de DAMIANO GONZÁLEZ, Cipriano, La
resistencia libertaria (1939-1970), Barcelona, Bruguera, 1978 y el
detallado trabajo de PONS PRADES, Eduardo, Guerrillas españolas, 1936-1960, Barcelona, Planeta, 1977, además de su artículo
«Los que se echaron al monte», en Historia 16, n. 62 (junio 1981),
págs. 37-52.
76 CICERO GÓMEZ, Isidoro, Los que se echaron al monte, Madrid,
Ed. Popular, 1977; GROS, José, Relatos de un guerrillero comunista español, Barcelona, ATE, 1977 y REGUILÓN GARCÍA, Adolfo
Lucas, El último guerrillero de España, Madrid, Ed. ADLAG, 1975.
77 VIDAL SALES, José Antonio, Después del 39: la guerrilla anti-
franquista, Barcelona, Ed. ATE, 1976 y «La guerrilla antifranquista»,
en Tiempo de Historia, n. 34 (septiembre 1977), págs. 4-16, además
del breve recorrido informativo de KAISER, Carlos J., La guerrilla
antifranquista. Historia del maquis, Madrid, Eds. 99, 1976.
78 Las invasiones guerrilleras por la frontera francesa son estudia-
das en sus términos básicos por HEINE, Hartmut, La oposición
política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983, págs. 208-215, y de
forma mucho más detallada por ARASA, Daniel, Años 40: los
maquis y el PCE, Barcelona, Argos Vergara, S.A., 1984. Una visión
de conjunto, en SOLÉ I SABATÉ, Josep M., La lluita armada a la
postguerra, en L’Avenç, n. 3 (1978), págs. 4-10. Una síntesis reciente del fenómeno guerrillero de postguerra, en el artículo de
COWAN, Andrew, «The guerrilla war against Franco», en European
History Quarterly (Londres), n. 2 (1990), págs. 237-253. Sobre la
represión del Nuevo Estado y la resistencia armada antifranquista,
vid. también los trabajos presentados al Congreso sobre La oposiÍNDICE
295
ción al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de
la investigación, Madrid, UNED, 1990, tomo I, vol. 2, págs. 235-256
y 309-440.
79 ASTRAY RIVAS, Manuel, Síndrome de 36: la IV Agrupación del
Ejército Guerrillero de Galicia, Sada, Ediciós do Castro, 1992;
AZUAGA RICO, José M., «La Agrupación Guerrillera GranadaMálaga. Estudio sobre las mentalidades y la vida cotidiana», en
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V. Historia Contemporánea
(Madrid), n. 4 (1991), págs. 139-167 y La guerrilla antifranquista en
Nerja, Nerja (Málaga), Izquierda Unida-Los Verdes, 1996;
BARAGAÑO, Ramón, La guerra civil y la guerrilla en Asturias
(1936-1952), Salinas-Gijón, Ayalga Ediciones, 1981; CASAS CARNICERO, Ángel, «La guerrilla republicana en Palencia», en
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses (Palencia),
n. 45 (1981), págs. 257-262; CHAVES PALACIOS, Julián,
Sublevación militar, represión sociopolítica y lucha guerrillera en
Extremadura: la guerra civl en la provincia de Cáceres (1936-1955),
Badajoz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Extremadura, 1993 y Huidos y maquis. La actividad guerrillera en la
provincia de Cáceres (1936-1955), Cáceres, Institución Cultural El
Brocense, 1994; CLARA, Josep M., El maquis, Gerona, Diputació y
Caixa de Girona, 1992; FERNÁNDEZ PANCORBO, Paloma, El
maquis al norte del Ebro, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
1988; HEINE, Hartmut, A guerrilla antifranquista en Galicia, Vigo,
Eds. Xerais, 1980; LAMELA GARCÍA, V. Luis, Foucellas: el riguroso
relato de una lucha antifranquista (1936-1952), 4 ed., Sada
(Coruña), Ediciós do Castro, 1993; MAS, David, Les valls d’Andorra
ÍNDICE
296
Notas
i el maquis antifranquista, Andorra, 1985; NEIRA VILAS, Xosé,
Guerrilleiros, 2 ed., Sada (Coruña), Ediciós do Castro, 1992;
PÉREZ REGORDÁN, Manuel, El maquis en la provincia de Cádiz,
2 ed., Sevilla, ed. del autor, 1987; REIGOSA, Carlos G., El regreso
de los maquis, Madrid, Júcar, 1992; RODA HERNÁNDEZ,
Francisco, «El maquis en Navarra», en Príncipe de Viana
(Pamplona), n. 189 (1990), págs. 269-302; ROMEU ALFARO,
Fernanda, Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación
Guerrillera de Levante, Valencia, Edicions Alfons el Magànim, 1987;
SACALUGA, Juan Antonio, La resistencia socialista en Asturias
(1937-1962), Madrid, Pablo Iglesias, 1986; SERRANO, Secundino,
«La guerrilla leonesa (1936-1951)», en Historia 16, n. 107 (marzo
1985), págs. 34-42; La guerrilla antifranquista en León (1936-1951),
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1986 y Crónica de los últimos
guerrilleros leoneses, 1947-1951, Valladolid, Ámbito Ediciones,
1989; SAIZ VIADERO, José Ramón, «Los últimos guerrilleros de
Cantabria», en Tiempo de Historia, n. 34 (septiembre 1977), págs.
23-38; ROZADA GARCÍA, Nicanor, ¿Por qué sangró la montaña?.
La guerrilla en los montes de Asturias, Oviedo, el autor, 1989 y
Relatos de una lucha. La guerrilla y la represión en Asturias,
Oviedo, el autor, 1993; URIARTE OLANO, Carmelo, «Guerrillero o
bandolero (Foucellas)», en Historia y Vida (Barcelona), n. 48 (1972),
pág. 8; VILA IZQUIERDO, Justo, La guerrilla antifranquista en
Extremadura, Badajoz, Universitas Editorial, 1986 y VILLANUEVA,
M., Las guerrillas de León-Galicia de 1937 a 1949, París,
Universidad de la Sorbona, 1977.
ÍNDICE
297
80 CALZADA, José Luis, «La guerrilla urbana contra Franco», en
Historia y Vida, n. 274 (enero 1991), págs. 84-95; PONS, Agustí, «El
último viaje de Quico Sabaté», en Historia Internacional (Madrid), n.
13 (abril 1976), págs. 37-52; REGUANT, José M, Marcelino
Massana, terrorismo o resistencia?, Barcelona, DOPESA, 1979;
TAJUELO, Telesforo, El MIL, Puig Antich y los GARI, Châtillon-sousBagneux, Ruedo Ibérico, 1977; TÉLLEZ SOLA, Antonio, La guerrilla urbana en España. Sabaté, París, Ruedo Ibérico, 1972 (otra ed.
en Sabaté, guerrilla urbana en España, 1945-1960, Barcelona,
Plaza & Janés, 1978); La guerrilla urbana/1: Facerías, París, Ruedo
Ibérico, 1974; «La guerrilla urbana: vivir y morir por una idea», en
Ajoblanco (Barcelona), n. 36 (1978), págs. 13-16 y Sabaté y la guerrilla anarquista contra el franquismo, en Nueva Historia
(Barcelona), n. 29 (septiembre 1978), págs. 73-85. Puramente
anecdótico es el trabajo de BAYO, Eliseo, Los atentados contra
Franco, Barcelona, 1976. Sobre actividades de la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias, vid. ALBEROLA, Octavio y
GRANSAC, Arianne, El anarquismo y la acción revolucionaria,
París, Ruedo Ibérico, 1975.
81 Una aproximación preliminar al ingente volumen de publicística
generado por el problema, en IBARRA GÜELL, Pedro, «Guía
bibliográfica sobre ETA», en L’Avenç, n. 191 (abril 1995), pág. 75.
Este número contiene un amplio dossier con el título «ETA: una història basca» (págs. 8-72), con artículos de Gurutz Jáuregui, Mikel
Barreda, José Manuel Mata y Ernest Lluch, y con entrevistas de
Mikel Urquijo a Mario Onaindía, Gorka Aguirre Arizmendi, Federico
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298
Notas
Krutwig, Fernando López Castillo y Juan Carlos Jiménez de
Aberasturi (sobre las fuentes para el estudio de ETA).
82 AGUIRRE, Julen (Eva Forest), Operación Ogro. Cómo y por qué
ejecutamos a Carrero Blanco, Hendaya-París, Mugalde-Ruedo
Ibérico, 1974 (reed. en San Sebastián, Hordago, 1977); AMIGO,
Ángel, Pertur. ETA 71-76, San Sebastián, Ed. Hordago, 1977 y
Operación Poncho. Las fugas de Segovia, San Sebastián, Hórdago,
1978; ARREGUI, Natxo, Memorias del KAS, 1975-1978, San
Sebastián, Hórdago, 1981; CASTELLS, Miguel, Radiografía de un
modelo represivo, Bilbao, Ediciones Vascas, 1981; CELHAY, Pierre,
Consejos de Guerra en España. Fascismo contra Euskadi, París,
Ruedo Ibérico, 1976; HALIMI, Gisèle, Le procès de Burgos, Paris,
Gallimard, 1971; SALABERRI, Kepa, El proceso de Euskadi en
Burgos. Sumarísimo 31/69, París, Ruedo Ibérico, 1971; SÁNCHEZ
ERAUSKIN, Javier, Txiki-Otaegui: el viento y las raíces, San
Sebastián, Hórdago, 1978, y VÁZQUEZ DE SOLA, Andrés, La franquissima gracia: procès de Burgos, París, Edicions Catalanes de
Paris, 1972. Una visión contraria: ARTEAGA, Federico de, ETA y el
proceso de Burgos (la quimera separatista), Guadalajara, Aguado,
1971.
83 Fernando SARRAILH DE IHARTZA (seudónimo de Federico
KRUTWIG), Vasconia, Buenos Aires (pero París), Ed. Norbait,
1962.
84 Destacamos los trabajos de GARMENDIA, José M., Historia de
ETA, San Sebastián, Luis de Haramburu, editor, 1979, 2 vols. (análisis de la organización desde sus orígenes a la escisión de las
ramas militar y político-militar en 1974) y GARMENDIA, José M. y
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299
ELORDI, Alberto, La resistencia vasca, San Sebastián, Haramburu
Editor, 1982; IBARRA GÜELL, Pedro, La evolución estratégica de
ETA (1963-1987), San Sebastián, Kriselu, 1987; JÁUREGUI BERECIARTU, Gurutz, Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de
su evolución entre 1959 y 1968, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1981 y
DOMÍNGUEZ IRIBARREN, Florencio, ETA: Estrategia organizativa
y actuaciones, 1978-1992, Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, 1998. Son también de obligada consulta los Documentos Y, San Sebastián, Ed. Lur/Hórdago, 1979-1981,
18 vols. (recopilación casi exhaustiva de documentos elaborados
por ETA desde su nacimiento hasta la fecha indicada), además de
publicaciones como Zutik, Zutabe, Zuzen, Punto y Hora de Euskal
Herría, Crónica de Documentación y Actualidad, etc.
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300
Abdón Mateos
Exilio y clandestinidad
Abdón Mateos
ealizar un somero balance a lo largo de treinta años
de historiografía sobre el exilio y la oposición antifranquista no resulta tarea fácil sobre todo para alguien
que lleva quince años de su vida académica recorriendo esta
bella parcela, aunque limitada, de la historia de la contemporaneidad española.
R
Una parte de la dificultad reside en el hecho de que una parte
del balance se refiere al trabajo de uno mismo pero otra no
menos importante reside en la influencia de ese, más o
menos ejemplar, pasado en la cultura política de nuestros
días.
Por otro lado, durante los últimos tiempos hemos asistido a
una eclosión de la memoria individual del antifranquismo y de
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301
la escritura sobre el exilio, todavía marcada esta última por el
predominio de la historia intelectual y los estudios literarios.
Hace diez años Manuel Tuñón de Lara, con ocasión del
Congreso internacional La oposición al régimen de Franco,
hacía un balance del estado de la cuestión señalando que
más que de lagunas había que hablar de vacíos oceánicos.
Para entonces, no existían ni siquiera relatos canónicos sobre
las principales organizaciones y familias políticas del antifranquismo.
En realidad, por aquel entonces, la cercanía de la muerte de
Franco hacía todavía dudar a muchos sobre la conveniencia
y la posibilidad de la historización de la oposición al franquismo. En efecto, durante los años ochenta la escritura sobre el
antifranquismo estaba a cargo de personas que de un modo
u otro habían estado cercanas a esa experiencia prepolítica.
Además, las reconstrucciones historiográficas tenían que
convivir con la literatura histórica, en parte de combate político, las aportaciones de las ciencias sociales, la memoria y
otras humanidades contemporáneas.
A los estudios eruditos hay que añadir las aportaciones
desde el campo de la creación artística, de la ficción. El cine
y la novela siguen aportando hoy en día obras cuyo arguÍNDICE
302
Abdón Mateos
mento tiene un poderoso basamento en las experiencias de
posguerra, de represión, exilio y clandestinidad. Cabe recordar la polémica asociada a la película Los años bárbaros, una
versión libre de un libro de Manuel Lamana sobre la experiencia de la Federación Universitaria Escolar (FUE) y la
huida de Cuelgamuros, para justificar la afirmación anterior.
1. Una escritura y unos vacíos oceánicos
En realidad, la escritura sobre el exilio y el antifranquismo, al
ser en parte unas experiencias que son consecuencia directa de la guerra civil, comenzó de manera casi paralela a los
acontecimientos. Ya en 1950 el diplomático mexicano
Mauricio Fresco escribió una crónica de los refugiados en
México. Durante esa misma década, un funcionario franquista publicó un libelo sobre el gobierno de la república en exilio
mientras que exiliados como Carlos Martínez y Fidel Miró
realizaban los primeros balances tras veinte años del final de
la guerra civil. La Crónica de una emigración de Martínez
(1959) resultó un excelente recuento de la vida de los exiliados en México, destacando los lugares de encuentro y las
aportaciones intelectuales de los «transterrados», según la
afortunada, aunque discutida, conceptualización posterior de
José Gaos.
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303
La obra de Carlos Martínez iba a abrir unos caminos por los
que correrían chorros de tinta, llegando a una cierta identificación mixtificadora entre las voces exilio, México e intelectuales. No en vano el primer libro propiamente historiográfico
el de Patricia Fagen, Ciudadanos y transterrados (1973) recogía esta línea de investigación destacando los debates políticos y las aportaciones intelectuales de los exiliados en el país
azteca. Esta obra se benefició del asesoramiento de historiadores exiliados como Juan Marichal, recabando, además,
más de sesenta testimonios orales de los refugiados al final
de los años sesenta. Una parte considerable de las mismas
procedía de la segunda generación del exilio. Además Fagen
estudiaba aspectos como las relaciones entre los exiliados
con los emigrantes y la propia sociedad mexicana.
Desde un enfoque antropológico varios grupos de investigadores mexicanos, vinculados sobre todo al Instituto Nacional
de Antropología e Historia, emprendieron el análisis del grado
de integración de los exiliados en la sociedad mexicana. Al
primer producto colectivo, coordinado por Michael Kenny,
siguieron varios volúmenes de la serie Palabras del exilio,
coordinados por Eugenia Meyer, que aparecieron entre 1980
y 1988. Dentro de estos trabajos cabría destacar las aportaciones de Elena Aub sobre temas como la vida cotidiana o las
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304
Abdón Mateos
imágenes de ambos países, a través, por ejemplo, del testimonio de los refugiados que fueron regresando a España a
partir de los años cincuenta.
Con una perspectiva similar pero dando mayor relieve a personalidades intelectuales y profesionales, la transterrada
Ascensión León-Portilla recabó una serie de testimonios en el
bienio 1975-76 de un gran valor histórico. En su España
desde México sobresale sobre todo la imagen que los exiliados en México tenían del tardofranquismo y los comienzos de
la transición.
En realidad, la obra que había iniciado la historiografía profesional sobre el exilio y el antifranquismo procedía del historiador norteamericano, afincado en Francia, David Wingeate
Pike, autor posterior de dos monografías sobre la experiencia
de los comunistas españoles en la segunda guerra mundial y
en los primeros tiempos de la IV República francesa. Pike
publicó en 1969 en la editorial Ruedo Ibérico la que creo fue
la primera aproximación profesional general sobre la trayectoria del exilio en Francia entre 1939 y 1944.
En ese mismo momento, con ocasión del treinta aniversario
del final de la guerra civil, exiliados españoles como Federica
Montseny, Mariano Constante o Antonio Vilanova habían
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305
publicado ensayos en los que se entrelazaban la experiencia
vivida y el análisis con intención histórica.
Toda esta primera historiografía a cargo de hispanistas
extranjeros, aparecida en un momento pionero y en plena
vigencia de la dictadura de Franco, coincidía con una fase de
absoluto predominio de las aportaciones de estudiosos
anglonorteamericanos sobre la cotemporaneidad española
desde el mítico Laberinto Español de Gerald Brenan. Una
contemporaneidad entendida entonces como el tiempo histórico iniciado con la proclamación de la segunda república.
2. Visiones panorámicas y literatura histórica
No será hasta el momento posterior a la muerte de Franco
cuando los propios españoles puedan aportar las primeras
visiones panorámicas sobre la historia del antifranquismo a la
par que se produce lo que podríamos denominar una verdadera revolución historiográfica sobre la historia más reciente
española.
Será, precisamente, el historiador Javier Tusell, pionero ya a
comienzos de los años setenta en el estudio de las elecciones durante la segunda república, quien publique en 1977, La
oposición democrática al franquismo. Esta obra, asumida por
el autor como un libro político, trazaba los principales hitos de
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306
Abdón Mateos
algunas de las familias políticas del antifranquismo, con especial atención a la figura de Don Juan de Borbón y los monárquicos, entre el final de la guerra mundial y el coloquio europeísta en Munich de 1962.
El hecho de pasar por alto la trayectoria de los comunistas y
la reivindicación de la oposición moderada, de carácter
democristiano o liberal, aparecida mediados los años cincuenta, provocó verdaderas ampollas entre ciertos medios
intelectuales de la izquierda española, todavía plenamente
inmersos en la cultura política del antifranquismo. Un especial
mérito del ensayo del profesor Tusell era el esfuerzo por
poner en relación la trayectoria de las fuerzas democráticas
con la del régimen al considerar, acertadamente, a la oposición como una parte más del sistema político.
Una de las características comunes a estas visiones panorámicas sobre el antifranquismo era la utilización del testimonio
oral como fuente principal y, en segundo término, la prensa y
otras fuentes impresas. Algunas de las aproximaciones procedían del mundo de veteranos opositores sobre todo libertarios como, entre otros, José Borrás, Políticas de los exiliados españoles, Eduardo Pons Prades, Guerrillas españolas,
Abel Paz, CNT, 1939-1951 y Juan Manuel Molina, La resistencia clandestina. El escritor Víctor Alba, procedente de los
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307
medios del POUM, publicó también un par de obras sobre el
antifranquismo de posguerra con un título tan revelador como
La oposición de los supervivientes.
Una de las primeras tentativas de una visión global sobre la
oposición durante toda la dictadura fue obra de Valentina
Fernández Vargas, La resistencia interior en la España de
Franco (1981), aunque ya en 1978 José María Maravall había
publicado un estudio analítico, y desde la sociología política,
sobre el papel del movimiento obrero y la protesta estudiantil
universitaria, Dictadura y disentimiento político. En realidad,
las aproximaciones desde el campo de las ciencias sociales
tenían como antecedente el estudio de Sergio Vilar,
Protagonistas de la España democrática. La oposición a la
dictadura, 1939-1969. El mismo escritor publicó una esforzada tentativa de una historia general de la oposición en 1984.
Dentro de las visiones generales sobre la resistencia de posguerra cabe citar, también, el primer libro de los historiadores
Carme Molinero y Pere Ysás, La oposició antifeixista a
Catalunya, 1939-1950 (1981).
La mayoría de estos trabajos, elaborado durante el tiempo de
la transición, utilizaban fuentes impresas y testimonios orales
pero todavía no disfrutaron de archivos bien organizados del
antifranquismo y de la administración franquista.
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308
Abdón Mateos
Las aportaciones no procedían sólo del ámbito del ensayismo, el testimonio, las ciencias sociales y las humanidades
sino que el tema del antifranquismo era un territorio abierto al
periodismo de investigación. En este sentido, cabe destacar
los tres volúmenes de las Crónicas del antifranquismo publicadas entre 1983 y 1985 por Pedro Vega y Fernando
Jáuregui.
Dentro de esa coexistencia de visiones y disciplinas, en torno
al comienzo de la década de los ochenta empezaron a aparecer los primeros estudios universitarios fruto de memorias
de licenciatura y tesis doctorales. El medio académico catalán fue el más sensible a esta recuperación del pasado del
antifranquismo. Un esfuerzo que no era ajeno al hecho de la
implantación de las fuerzas de la oposición obrera y nacionalista en la vida política del Principado. Además del trabajo ya
citado de Molinero-Ysás, otros historiadores se ocuparon de
las familias comunista, socialista, republicana de izquierda,
así como de la biografía de algunas de sus principales personalidades.
En el campo de la historiografía, la aparición en 1983 de la
tesis de doctorado, dirigida por Paul Preston, de Harmut
Heine, resultó un verdadero hito historiográfico. La oposición
política al franquismo. De 1939 a 1952, constituyó una obra
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309
novedosa por la utilización masiva de testimonios orales y
diversas colecciones documentales y de prensa pero, sobre
todo, por la incorporación de la información diplomática británica. El prólogo de Ángel Viñas destacaba tres grandes
temas en el estudio de la historia del tiempo presente de
España, identificada por entonces con el tiempo del régimen
de Franco, la oposición, la vida interna de la dictadura y su
política exterior. De acuerdo con su anterior monografía sobre
la guerrilla en Galicia, Heine realizaba un balance de la estrategia de resistencia armada, sobrevalorando, a mi juicio, sus
posibilidades reales contra Franco y sin tener en cuenta las
terribles consecuencias que tuvieron estas actividades para
numerosos sectores de la población rural. La conclusión, que
insistía en la responsabilidad de las potencias occidentales
en la derrota de la oposición de posguerra, respondía a un
debate que pronto sería superado por la historiografía.
3. De las conmemoraciones a la nueva historiografía
La conmemoración del cincuenta aniversario de la guerra civil
(1986-1989) trajo consigo una verdadera eclosión historiográfica sobre el exilio y la represión de posguerra pues, no en
vano, estos fenómenos constituían el epílogo de la ruptura
asociada a la contienda. Fue, por tanto, un momento de granÍNDICE
310
Abdón Mateos
des congresos en torno a los temas de exilio y antifranquismo. Consolidada, además, la monarquía democrática parecía
adecuado el momento de la realización de un balance menos
apasionado del franquismo y del antifranquismo. Sin embargo, la relativa cercanía de los hechos respecto a la muerte de
Franco hacía obligatoria todavía la coexistencia no sólo con
otras disciplinas sino la memoria viva del antifranquismo.
El Congreso internacional de la UNED, La oposición al régimen de Franco, celebrado en octubre de 1988, congregó a
más de un centenar de estudiosos de varias generaciones
entre los que se encontraban de forma natural personas que
habían militado en la oposición junto con historiadores profesionales. La convocatoria incluía temáticas más amplias que
el antifranquismo pues hubo sesiones dedicadas al exilio, la
represión, la creación intelectual y las protestas sociales,
temáticas todas ellas con una autonomía y un desarrollo
bibliográfico paralelo. Por otro lado, hubo novedosas aportaciones sobre cuestiones como la alteridad y las actitudes
sociales.
En todo caso el Congreso resultó ser un útil balance del estado de la cuestión, revelando los avances que la ordenación
de los archivos del antifranquismo, de manera especial, de
las familias republicana y socialista, estaban dando lugar. En
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311
cambio, el estudio del mundo del comunismo español, a
pesar de su destacada preeminencia en la actividad clandestina, estuvo subrrepresentado.
Para entonces, no obstante, se disponían ya de monografías
generales sobre el PCE y el PSUC a cargo del ya citado
Wingeate Pike (1984), Joan Oliver i Puigdomenech (1979,
tesis doctoral), Miquel Caminal, Joan Estruch Tobella (1982)
y Gregorio Morán (1986). Por otro lado, habían sido ya publicadas diversas monografías regionales sobre la actividad
guerrillera comunista.
Poco después de la celebración del congreso de la UNED, la
Fundación de Investigaciones Marxistas organizó unas jornadas sobre el «movimiento guerrillero de posguerra». Esta
actividad ponía fin a una política de la memoria del comunismo español, inaugurada con la formulación de la estrategia
eurocomunista, por la que se intentaba en cierto modo silenciar la edad militar stalinista del PCE. Fue, precisamente, en
torno al derrumbe del mundo soviético desde 1989 cuando se
produjo una eclosión de la memoria autobiográfica de los
dirigentes del comunismo español, centrada en los heroicos
pero también terribles tiempos de la primera posguerra.
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312
Abdón Mateos
En 1990 la Fundación Salvador Seguí organizó un congreso
sobre la oposición libertaria que reunía testimonios, ensayos
y aportaciones monográficas. En la práctica, La oposición
libertaria al franquismo (1993), junto a la aparición de las
memorias de José Borras, ha sido una de las pocas nuevas
aportaciones sobre el eclipse del anarcosindicalismo en
España.
En torno al primer exilio en Francia se celebró en Salamanca
en mayo de 1991 un Congreso que daría lugar a dos obras
impresas. El volumen de comunicaciones titulado Españoles
en Francia, 1936-1946 dedicaba sesiones a las políticas de
acogida, la cultura de la emigración y las relaciones e imágenes hispano-francesas. Los principales trabajos aparecieron
en 1996 en un libro coordinado por Josefina Cuesta y Benito
Bermejo con el título de Emigración y exilio.
Estas iniciativas pretendían superar la distinción entre emigración económica y exilio político. Una perspectiva más cercana a la historia social y a la nueva historia cultural, al destacarse aspectos como la sociabilidad y la alteridad. Este libro
incluye también un completo repertorio bibliográfico a cargo
de Javier Rubio, un historiador pionero en el estudio de los
movimientos migratorios provocados por la guerra civil.
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313
Desde la perspectiva de la política del antifranquismo, objeto
de este balance historiográfico, destacaban las aportaciones
de Benito Bermejo sobre la labor informativa y represiva de
Falange (FET-JONS) en Francia y el trabajo colectivo sobre la
participación de los españoles en el maquis de Geneviève
Dreyfus-Armand y Denis Peschanski. Además Daniel Díaz
Esculies, José Carlos Gibaja y Sónsoles Cabeza SánchezAlbornoz presentaban avances de importantes libros aparecidos con posterioridad sobre la política del exilio catalán,
Indalecio Prieto y el gobierno republicano.
La eclosión de la nueva historiografía sobre el antifranquismo
fue posible en buena medida gracias al esfuerzo de instituciones culturales como, entre otras, la Fundación Pablo
Iglesias, la Fundación Universitaria Española, el Centro de
Estudios Históricos Internacionales, la Fundación F. Largo
Caballero y la Fundación Primero de Mayo para catalogar
diversos fondos de archivo de las organizaciones y promover
encuentros científicos, investigaciones y publicaciones. Estas
iniciativas contaron con el apoyo del Ministerio de Cultura y
del Ministerio de Educación. Todo ello no resultaba ajeno al
importante papel que jugaba la memoria individual e histórica del antifranquismo en la España democrática.
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314
Abdón Mateos
La familia política más beneficiada por la investigación historiográfica fue sin duda la socialista. A partir de 1986 la aparición de las colecciones Anales de Historia y Luchas Sociales
durante el franquismo de la editorial Pablo Iglesias, y bajo la
coordinación respectiva de Santos Juliá y Manuel Pérez
Ledesma, presentaron las primeras aproximaciones monográficas a la historia del PSOE y la UGT. Posteriormente, la
misma editorial publicó una nueva colección con la fundación
socialista asturiana José Barreiro, y una serie de monografías fruto de las tesis doctorales de Abdón Mateos y José
Carlos Gibaja. Además de estos estudios universitarios, los
hermanos Martínez Cobo publicaron varios volúmenes de su
Intrahistoria del socialismo.
Sobre las nuevas organizaciones socialistas, Abdón Mateos
ha publicado monografías sobre la Agrupación Socialista
Universitaria y la Unión Sindical Obrera. Amparo Rubio realizó un estudio politológico sobre el Partido Socialista Popular
(1996) que venía a sumarse a las aproximaciones al pensamiento y la biografía de Tierno Galván.
Para las diversas formaciones del socialismo valenciano se
cuenta con un libro de Benito Sanz (1988). El caso de los
socialistas asturianos ha recibido la atención de diversos
estudios. La primera aportación fue obra de Juan Antonio
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315
Sacaluga (1986), seguida de los libros de Adolfo Fernández
(1990) y, más recientemente, la monografía sobre el área de
Gijón a cargo de Rubén Vega y Begoña Serrano (1998).
Por su lado, la Fundación Rafael Campalans, vinculada al
PSC, promovió varios encuentros, coordinados por José Luis
Martín Ramos, sobre la Historia del socialismo en Cataluña
en torno a formaciones neosocialistas como el Movimiento
Socialista y el Frente Obrero de Cataluña.
Una de las principales ausencias dentro de las monografías
regionales sobre la historia del socialismo se refiere al País
Vasco, a pesar de la importancia de la experiencia del Comité
Central Socialista de Euzkadi en el exilio y de la clandestinidad ugetista.
Desde una perspectiva biográfica alguna de las principales
personalidades socialistas de posguerra han recibido también la atención de los historiadores. En este sentido, Javier
Tusell se interesó sobre el pensamiento del exilio de
Araquistain, Julio Aróstegui se ocupó del último Largo
Caballero, Gibaja de la política de Prieto durante los años
cuarenta y Adolfo Fernández estudió la trayectoria de José
Mata. Cuando se escriben estas líneas acaba de aparecer la
tesis de Bruno Vargas sobre la biografía del pedagogo
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316
Abdón Mateos
Rodolfo Llopis. Existen también aproximaciones a las figuras
de Antonio Amat, Josep Rovira, Enrique Tierno, Josep
Pallach, Luis Jiménez de Asua, Manuel Serra i Moret, Max
Aub, Gabriel Pradal, José Barreiro, Juan Negrín y Pascual
Tomás.
No se puede decir, no obstante, que el campo de la perspectiva biográfica esté agotado. A pesar de la ausencia de diarios, memorias políticas y archivos personales excesivamente ricos, habría que insistir más en torno al perfil biográfico de
cuadros medios tanto de la clandestinidad como del exilio.
Ahora sería la ocasión de recabar testimonios sistemáticos
de los niños de la guerra, de militantes de la segunda generación del exilio y de la nueva generación antifranquista surgida a partir de 1956.
Las aportaciones recientes sobre los comunistas españoles
han sido mucho más limitadas. Con un carácter general sólo
cabría citar la reelaboración de Pike sobre los comunistas
españoles en Francia durante la segunda guerra mundial.
Dentro de los estudios regionales, cabría destacar la monografía sobre la refundación del PSUC desde 1956 a cargo de
la antropóloga Carme Cebrián (1996) y la obra coordinada
por Erice sobre la trayectoria de los comunistas asturianos
(1996). Esta última obra colectiva además de realizar un recoÍNDICE
317
rrido por el mundo del PCE desde la fundación hasta 1982,
insiste en temas metodológicamente novedosos como la cultura política. David Ginard, colaborador del volumen citado
más arriba, ha publicado varios libros sobre el mundo de la
oposición, sobre todo comunista, en Baleares.
Para la región andaluza, Encarnación Lemus ha publicado
recientemente sugestivas aproximaciones sobre la primera
clandestinidad. En el artículo «La malla de cristal» (1999), la
profesora Lemus realiza un inteligente uso de testimonios
orales de mujeres comunistas a pesar del silencio y la invisibilidad de estas actividades, destacando el valor de esta militancia en la supervivencia de la organización en los momentos de mayor represión.
La historia de las mujeres y del antifranquismo comunista ha
recibido, además, otras recientes aportaciones a cargo de
Fernanda Romeu, El silencio roto (1994) y Carmen Alcaide
(1996).
En realidad, la bibliografía sobre el comunismo español de
posguerra se ha beneficiado en mayor medida por la aparición durante los años noventa de un número considerable de
memorias y recuerdos políticos de gran valor.
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Abdón Mateos
Un campo relacionado con la historia de los comunistas
españoles ha sido la eclosión de monografías sobre la oposición obrera y la conflictividad. Además de la Historia de
Comisiones Obreras, coordinada por David Ruiz, han aparecido monografías específicas para los casos de Cataluña,
País Valenciano, Madrid y Galicia. Sin embargo, el predominio del enfoque de historia social difumina bastante la importancia de la política sindical comunista y del carácter de movimiento político que tuvo durante la dictadura Comisiones
Obreras.
La familia política republicana ha recibido una reciente atención de, entre otros, Alicia Alted, Francesc Vilanova, Gloria
Núñez, Miguel Ángel Yuste y Sónsoles Cabeza. En su
Historia política de la Segunda República en el exilio (1997),
esta última historiadora realiza un recorrido general sobre la
historia de los gobiernos republicanos en el exilio entre 1945
y 1977. Un recorrido general que viene a actualizar, a partir
de los archivos depositados en la Fundación Universitaria
Española, las obras de José María del Valle o Francisco Giral
de 1976 o los más depurados y recientes análisis de Alicia
Alted.
Los estudios sobre la nueva izquierda, en cambio, no han terminado de despegar. No contamos todavía con monografías
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319
generales sobre el Frente de Liberación Popular o la Unión
Sindical Obrera aunque hayan aparecido aportaciones
recientes, por ejemplo, de Consuelo Laiz, sobre la
Organización Revolucionaria de Trabajadores, así como
varios artículos sobre el Frente Obrero de Cataluña.
En general, estos trabajos, realizados desde el enfoque de
las ciencias políticas, se detienen sobre todo en la evolución
ideológica de estas nuevas formaciones políticas. La aproximación desde la historia política clásica, con desarrollos
sobre la implantación, los debates internos, resulta extremadamente difícil a causa de la fragilidad de estas nuevas formaciones y la carencia de organismos directivos en el exterior. Quizá sea necesario trascender el enfoque político-ideológico tradicional para ensayar aproximaciones a la cultura
política, anticapitalista y antifranquista, de la nueva izquierda.
Para ello el recurso al testimonio oral permitiría nuevos avances del estado de la cuestión.
Por lo que se refiere a los estados de la cuestión geográficos
son sin duda Cataluña y Asturias las comunidades autónomas con una mayor densidad historiográfica sobre los temas
de antifranquismo. Esta densidad no es casual pues refleja
una profunda implantación del antifranquismo. Quizá sea
Cataluña la comunidad con un mejor conocimiento histórico
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Abdón Mateos
del exilio y la clandestinidad. No deja de resultar ilustrativo en
este sentido que, muy recientemente, revistas como LÁvenc
hayan dedicado números monográficos a presentar diversos
testimonios de la resistencia antifranquista o se hayan constituido centros de estudios locales como el de Hospitalet. En
los últimos tiempos, además, han aparecido monografías de
interés sobre socialistas (José Luis Martin Ramos), comunistas (Carme Cebrián) y catalanistas (Daniel Díaz Esculies).
Por otro lado, Antonieta Jarné ha descendido a examinar la
trayectoria del antifranquismo en la provincia de Lleida mientras que, desde hace algún tiempo, contábamos con la monografía de Heras Caballero para Tarragona.
4. Las perspectivas de la investigación
Como he señalado la bibliografía ha ido evolucionando desde
la literatura histórica coetánea a las visiones panorámicas.
Durante la última década la investigación se ha beneficiado
de un enfoque más monográfico que ha recopilado de forma
sistemática testimonios orales y se ha beneficiado de la ordenación de los archivos del antifranquismo.
Hoy en día la mayoría de los investigadores tienden a acercarse a las fuentes generadas directamente por la administración franquista. Carme Molinero, Pere Ysás y Abdón
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Mateos han utilizado diversos fondos procedentes de la
Organización Sindical del régimen de Franco. En su obra
Productores disciplinados y minorías subversivas (1997), los
historiadores catalanes se han interesado, a partir de los
informes de las delegaciones provinciales de sindicatos,
sobre todo por la conflictividad laboral de los años sesenta y
setenta. Por su lado, Abdón Mateos en su libro La denuncia
del Sindicato Vertical (1997) ha utilizado fuentes diplomáticas
y del Servicio de Relaciones Exteriores sindicales para acercarse al tema de la confrontación entre la dictadura y el sindicalismo internacional en el marco del organismo tripartito
de la Organización Internacional del Trabajo. En una línea
similar, la profesora Esther Martínez Quinteiro ha examinado
esta confrontación en el seno de la OIT durante el tardofranquismo.
Por lo general, las aproximaciones locales al tema del antifranquismo empiezan a utilizar los fondos de orden público de
los gobiernos civiles, además de los archivos de las
Audiencias Provinciales y de Prisiones. En este sentido cabe
citar las obras locales de Manuel Ortiz Heras, Rubén VegaBegoña Serrano y Antonieta Jarné.
Sin embargo, sobre la represión del antifranquismo queda
casi todo por hacer. La inaccesibilidad de los archivos de las
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Abdón Mateos
jurisdicciones especiales militares o del Tribunal de Orden
Público dificultan el avance de la investigación. Únicamente,
los ya numerosos estudios locales sobre la guerrilla han podido acceder a los informes de las comandancias de la guardia
civil y en algunos casos de las capitanías generales militares.
Cabe destacar, en este sentido, las monografías de Harmut
Heine, Francisco Moreno, Fernanda Romeu, Secundino
Serrano, Ramón García Piñeiro o José Ramón Azuaga. Tras
estas investigaciones, quizá sea el momento de ensayar un
balance general sobre el tema de los huidos y la guerrilla
pues la monografía de Francisco Aguado (1975) necesita una
urgente actualización.
Las fuentes de la administración franquista creo que nos van
a permitir, además, un avance en el conocimiento de la significación del antifranquismo. Aparte de la visión que de la
misma tenían diversos sectores de la dictadura, podremos
conocer mejor la repercusión de las actividades del antifranquismo tanto en el exilio como en el interior de España. Las
investigaciones de Molinero-Ysás y Mateos abren nuevas
líneas de investigación desde esta perspectiva.
Un campo de la investigación prácticamente inédito es el
estudio de la memoria histórica del antifranquismo en nuestro actual régimen de monarquía democrática. En otras palaÍNDICE
323
bras, se trataría de examinar cómo han influido las experiencias de exilio, represión y clandestinidad en la cultura política
de nuestros días. Una investigación que constituiría el epílogo obligado a cualquier biografía real e imaginaria del antifranquismo.
5. Algunos debates historiográficos
Los debates de la literatura histórica, las ciencias sociales y
la historiografía acerca de la significación del antifranquismo
han sido muy numerosos y, a menudo, imbricados en las
polémicas sobre la naturaleza de la misma dictadura de
Franco.
El más transitado ha sido, desde luego, la cuestión de la pervivencia de la dictadura. Examinar hasta qué punto las diversas alternativas estratégicas de la oposición permitieron la
supervivencia de Franco resulta hoy un ejercicio estéril.
Resulta conocido el hecho de que las principales formaciones
opositoras consideraron todas las políticas a su alcance
desde la denuncia internacional a la acción armada, pasando
por el entrismo en las instituciones, la constitución de diversas plataformas unitarias y la negociación con los nuevos
disidentes desgajados del régimen. Ni es cierto que los socialistas subordinaran toda política a la evolución de la coyuntuÍNDICE
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Abdón Mateos
ra internacional ni que los comunistas pensaran exclusivamente en una salida violenta a la dictadura durante los años
cuarenta.
Es verdad que las divisiones de la oposición fueron un factor
negativo para la efectividad de sus estrategias. En realidad,
sólo hubo un breve momento de unidad antifranquista sin
exclusiones en torno al final de la segunda guerra mundial.
Sin embargo, como es sabido, el factor decisivo para la pervivencia de Franco fue el hecho de que las heridas de la guerra civil permanecieron abiertas hasta al menos bien entrados
los años cincuenta. Una larga posguerra y una memoria de la
guerra civil alentada por el propio dictador.
No hay que sobrevalorar el papel de la oposición antifranquista, dada su debilidad clandestina transcurrida la posguerra mundial, pero tampoco minimizar la significación del exilio
político. Si examinamos la documentación interna franquista
en Sindicatos o Asuntos Exteriores a menudo sorprende la
enorme repercusión sobre la administración dictatorial de las
relaciones internacionales del antifranquismo.
El exilio fue sin duda un resultado de la guerra civil pero resulta demasiado tópica la afirmación del anclaje del conjunto de
los exiliados en el pasado de los años treinta. Aunque a veces
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325
se tiende a identificar a México como el país por excelencia
del exilio la realidad fue que el santuario francés fue el centro
de la emigración política. Un exilio político en permanente
contacto con el interior de España, cuya composición fue
modificándose a lo largo de los años debido a la formación de
una segunda generación del exilio con los hijos de los refugiados de 1939, con los llegados de España durante los años
cuarenta y primeros cincuenta, y con la politización de una
parte considerable de la posterior emigración económica.
Lo que hubo, en realidad, fueron erróneas percepciones
mutuas entre el nuevo antifranquismo de 1956-1968 y los
supervivientes de la guerra civil tanto en el exilio como en el
interior de España. La bandera generacional de las nuevas
generaciones opositoras era la afirmación rotunda de que la
guerra civil había terminado. La creencia en que la historia no
tenía vuelta atrás y que la guerra había supuesto una decisiva fractura histórica llevó al ensayo de nuevas formaciones
opositoras en las que al antifranquismo se unía un renovado
anticapitalismo.
Todo ello nos lleva a la cuestión decisiva de hasta qué punto
se produjo una ruptura con la experiencia del exilio y de la
primera clandestinidad durante la transición democrática.
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326
Abdón Mateos
Un primer aspecto del debate nos conduce a la valoración de
la misma significación global de la experiencia opositora. Para
algunos historiadores como Juan Pablo Fusi lo decisivo del
antifranquismo es su ejemplo moral mientras que otros especialistas como Javier Tusell han insistido en la influencia en la
marcha de la dictadura de Franco. Además, hoy existe un
cierto consenso historiográfico (Ysás, Soto, Mateos) en evaluar la significación del antifranquismo no sólo en el plano de
la dimensión ética y de legitimidad democrática sino en la
imposibilitación de una salida no democrática a la muerte del
dictador, en la irrealidad de los proyectos políticos que concebían un franquismo sin Franco.
La oposición fue ejemplo moral pero tuvo, desde luego,
influencia en la salida de la dictadura. Esta interpretación nos
conduce a otros debates historiográficos principales. El examen sobre la continuidad/discontinuidad de la oposición y del
movimiento obrero, así como la cuestión de cómo interpretar
la evolución de las principales familias antifranquistas.
La utilización de términos como reconstrucción, reestructuración o refundación para evaluar la transición interna de los
socialistas españoles durante los años setenta no es sólo un
mero debate nominalista.
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327
El examen de si hubo continuidad o ruptura con la experiencia del exilio durante la transición resulta a estos efectos una
cuestión central. Santos Juliá ha insistido recientemente en
su libro Los socialistas en la política española (1997) sobre
una interpretación de ruptura con el exilio y, por tanto, de
refundación del PSOE durante la transición.
Para ello ha analizado, en primer lugar, la prosopografía del
núcleo directivo socialista surgido en el Congreso de
Suresnes. Aunque es cierto que sólo una cuarta parte de los
miembros de la comisión ejecutiva tenían experiencias que
se remontaran al menos hasta el primer franquismo, creo que
hay que tener en cuenta, además, otros indicadores como las
candidaturas electorales de 1977 o la composición de los
equipos directivos de la UGT para tener una perspectiva más
completa. Para ello la noción, ya destacada más arriba, de
segunda generación del exilio, compuesta en su mayor parte
por los niños de la guerra, resulta imprescindible.
Por ejemplo, entre 1973 y 1976 la mitad de los miembros de
la ejecutiva ugetista tenían experiencia del primer o del
segundo exilio. La mitad de los miembros de la dirección surgida del XXX Congreso habían nacido antes de la guerra civil
por lo que no pertenecían a las nuevas generaciones antifranquistas de 1956 y 1968. Hay que tener en cuenta, adeÍNDICE
328
Abdón Mateos
más, que dos de estos dirigentes aunque habían nacido
durante la posguerra eran hijos de refugiados de 1939 por lo
que parece lógico adscribirlos también a la segunda generación del exilio. Había, pues, una proporción más que significativa de miembros del núcleo central socialista que tenían
una vinculación directa con las experiencias del exilio y de la
primera clandestinidad. El relevo generacional y la reestructuración de las organizaciones socialistas había sido asegurado por el grupo humano de niños de la guerra.
Si del núcleo dirigente ampliáramos la observación a los candidatos electorales, y no sólo a los parlamentarios electos, de
las elecciones de 1977, tenemos una plural presencia generacional en la que difícilmente se puede concluir que hubo
una ruptura con las experiencias de la guerra civil y, sobre
todo, de su consecuencia, el exilio.
Si del plano del grupo dirigente pasáramos hacia una dimensión de análisis más simbólica, la de la ideología y la cultura
política, la interpretación de la trayectoria socialista como ruptura con el exilio resulta todavía más relativa.
El alejamiento del discurso de la revolución y de la identificación mecánica entre socialismo y marxismo no es un producto de la refundación ideológica del PSOE durante la transiÍNDICE
329
ción pues este camino ya había sido recorrido durante el exilio.
El modelo de partido centralizado sin espacio para las
corrientes organizadas tampoco es fruto de la transición de
los socialistas durante los años setenta pues un modelo parecido había sido implantado durante la reconstitución de las
organizaciones socialistas al filo del final de la segunda guerra mundial.
Por lo que se refiere a las relaciones con otras fuerzas, los
socialistas de posguerra siempre rechazaron las relaciones
bilaterales con los comunistas españoles aunque circunstancialmente defendieran una unidad de acción circunstancial
durante la inmediata posguerra mundial y el tardofranquismo.
La política de la memoria socialista se caracterizó durante la
transición por una plural reivindicación simbólica de la totalidad del patrimonio histórico de las izquierdas españolas.
Basta con leer El Socialista del bienio de 1977-1978 para
observar una superposición de contenidos y personajes del
pasado. Los héroes consagrados de la izquierda española
durante el periodo democrático han sido los dirigentes exiliados Pasionaria, Azaña y, según el transcurso del tiempo de la
transición y de la consolidación democrática, Largo Caballero
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330
Abdón Mateos
y, en el presente, los anteriormente minusvalorados como
líderes socialdemócratas, Indalecio Prieto y, en segundo término, Juan Negrín.
A pesar de la ruptura que trajo consigo la escisión del PSOE
en 1972 hubo una temprana reivindicación de figuras del exilio socialista como Pascual Tomás, Manuel Muiño o José
Barreiro. José Prat, exiliado en Colombia y presidente del
PSOE histórico, regresó a las filas del PSOE renovado tras
las elecciones generales de 1977 para convertirse en un símbolo viviente del exilio de 1939. Habiendo desempeñado la
Subsecretaría de presidencia con los gobiernos de Negrín, el
senador Prat pasó a presidir la fundación de UGT, dedicada
a Francisco Largo Caballero.
Es cierto que la reivindicación de las personalidades socialistas más directamente asociadas a la guerra civil resultaba
algo conflictiva por lo que la política de la historia tendió a primar los contenidos del exilio y la clandestinidad. En suma, la
omnipresencia de una política de la memoria sobre el antifranquismo hace difícil concluir que hubo una ruptura con la
experiencia del exilio sobre todo en el plano de la cultura política.
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ÍNDICE
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Educación y cultura en el Franquismo
1. La educación
1.1. La enseñanza no universitaria
n general, la idea directriz de toda la política educativa
en el primer franquismo fue la revisión de la labor llevada a efecto durante la IIª República, que había realizado, mediante la construcción de escuelas y la renovación
pedagógica, un enorme esfuerzo para recuperar el atraso
educativo del país. El nuevo régimen se aprestó de inmediato a reformar todo lo anterior en estructuras, contenidos, personal, libros de texto, etc. (nota 1). No en vano había afirmado Franco de los maestros que «terminada la guerra, son los
jefes y oficiales del Ejército de la paz» y había exhortado al
Magisterio a cumplir su delicada misión: «Tenedlo muy en
E
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337
cuenta, maestros… Esos niños, cuya educación se os encomienda, han de ser guiados por la senda de la verdad y del
bien: ése es el mandato de Dios, ése es el mandato del frente de las trincheras, de la sangre vertida y de las vidas inmoladas».
Había que volver a la tradición: frente al materialismo, lo espiritual; ante el desenfreno de la libertad y la democracia, la
autoridad y la disciplina. Esa obsesión por la vuelta a lo tradicional y la crítica a las reformas republicanas se pone de
manifiesto en la primera legislación en esta materia: en ella
se afirmaba que «la etapa republicana de 1931 llevó a la
Escuela una radical subversión de valores. La legislación de
este período puso su mayor empeño en arrancar de cuajo el
sentido cristiano de la educación, y la Escuela sufrió una
etapa de influencias materialistas y desnacionalizantes que la
convirtieron en campo de experimentación para la más torpe
política, negadora del ser íntimo de nuestra conciencia histórica. La imagen de Cristo fue prohibida en las aulas, en tanto
que las propagandas sectarias preparaban la incorporación
de la adolescencia al torvo empeño de la revolución marxista» (nota 2). Por ello, el objetivo del Nuevo Estado era restaurar la formación católica de la juventud: «La Escuela
española, en armonía con la tradición de sus mejores tiemÍNDICE
338
pos, ha de ser ante todo católica». En consecuencia, la Ley
de Enseñanza Primaria establecía en su articulado lo
siguiente:
«La educación primaria es el primer grado de la formación racional de las facultades específicas del hombre.
Tiene por objeto: a) Proporcionar a todos los españoles
la cultura general obligatoria. b) Formar la voluntad, la
conciencia, el carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno. c) Infundir en el
espíritu del niño el amor y la idea de servicio a la patria,
de acuerdo con los principios innovadores del
Movimiento» (Artº 1º).
«La educación primaria, iinspirándose en el sentido
católico consustancial con la tradición escolar española, se ajustará a los principios del dogma y la moral
católicas, y a las disposiciones del derecho canónico
vigente» (Artº 5º)
«Es misión de la educación primaria medíante una disciplina rigurosa conseguir un espíritu nacional fuerte y
unido e instalar en el alma de las futuras generaciones
la alegría y el orgullo de la patria, de acuerdo con las
normas del Movimiento y sus organismos» (Artº 6º).
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339
Como se puede apreciar, se identificaba la tradición pedagógica española con sus representantes más integristas y se
olvidaban, lógicamente, las aportaciones de la Institución
Libre de Enseñanza (nota 3) o la Escuela Moderna.
La enseñanza media o segunda enseñanza fue objeto de una
especial atención, porque quienes la cursaban habían de
ocupar en el futuro los puestos dirigentes de la sociedad. Ya
en 1939 se estableció el sometimiento de los centros oficiales y privados al obispo «en la enseñanza de la religión y todo
lo referente a la vida cristiana de los centros de Enseñanza
Media», se suprimió la coeducación y se procedió a «la
Incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista» hallasen los alcaldes y gobernadores civiles
en las escuelas, donde únicamente podrían leerse «obras
cuyo contenido responda a los santos principios de la religión
y de la moral cristiana, que exalten con sus ejemplos el
patriotismo de la niñez».
El 20 de septiembre de 1938, siendo ministro de Educación
Pedro Sáinz Rodríguez, se promulgó la Ley de Enseñanzas
Medias: la base había de ser la cultura clásica y humanística,
para volver así al «ser auténtico de España», es decir, el existente en el siglo XVI «que produjo aquella pléyade de políticos y guerreros -todos de formación religiosa, clásica y
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340
humanística- de nuestra época imperial, hacia la que retorna
la vocación heróica de nuestra juventud; poder formativo político corroborado todavía notablemente con el ejemplo de las
grandes naciones imperiales modernas». De ahí que se estudiase latín durante los siete años del Bachillerato. Como el
catolicismo era la médula de la Historia de España, se necesitaba una sólida formación religiosa (se estudiaba liturgia,
apologética, historia sagrada, historia de la Iglesia, etc.). El
equipo formado por Sáinz Rodríguez y el Director General de
Enseñanza Media y Superior, José Pemartín, insistía grandilocuentemente en la necesidad de superar todo lo anterior, en
especial los síntomas de decadencia que, para ellos, eran «la
falta de Instrucción fundamental y de formación doctrinal y
moral, el mimetismo extranjerizante, la rusofilia y el afeminamiento, la deshumanización en la literatura y el arte, el fetichismo de la metáfora y el verbalismo sin contenido, características y motivos de la desorientación intelectual de muchos
sectores sociales en estos últimos tiempos, todo ello en contradicción dolorosa con el viril heroísmo de la juventud en
acción que tan generosa sangre derrama en el frente por el
rescate definitivo de la auténtica cultura española».
La desconfianza hacia los maestros hizo que la depuración a
que fueron sometidos todos los funcionarios públicos (hasta
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341
los fareros) fuese especialmente intensa en lo que a al magisterio se refiere. Se trata de un tema que ya ha sido suficientemente investigado, aunque todavía no se tienen datos de lo
que supuso en el conjunto español: las penas que sufrieron
los maestros iban desde la pérdida definitiva de su plaza
hasta la prohibición de ocupar cargos directivos o de participar en concursos de traslados durante algunos años (nota 4).
Por otro lado, se establecieron una serie de normas para el
acceso al magisterio de personas afectas al nuevo régimen,
de modo que, de cada diez plazas que salían a oposición, se
reservaban, en 1940, dos a caballeros mutilados, dos a oficiales provisionales de complemento (que habían tenido
otras oposiciones específicas para ellos), dos para ex-combatientes, una para ex-cautivos y otra para huérfanos de guerra, de modo que solamente dos eran auténticamente libres,
aunque sin duda no fueron ocupadas más que por personas
de indudable adhesión al nuevo régimen. No contentos con
esa profunda renovación del magisterio, se organizaron (en
los primeros momentos del franquismo) una serie de cursillos
de adoctrinamiento político para maestros, además de establecer su movilización política (en determinadas fechas) y
religiosa (por ejemplo, la obligación de acompañar a ceremonias religiosas a sus alumnos), un control permanente de su
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342
actividad profesional a través de la inspección y su encuadramiento obligatorio en el Sindicato Español del Magisterio
(SEM). En esos momentos, era evidente que el régimen
esperaba de los maestros más el adoctrinamiento de los
alumnos en la ideología de los vencedores en la contienda
civil que la transmisión de conocimientos. Su situación económica y profesional más bien mediocre era perfectamente
compatible con los desaforados elogios a su «misión» que
consistía nada menos que en llevar a los alumnos y alumnas
«Hacia Dios y el Imperio por la Escuela».
La temática de los cursillos nada tenía que ver con la pedagogía, era puro adoctrinamiento político: como ejemplo, pueden servir unos cursillos de «perfeccionamiento» y «orientación» organizados en la postguerra en Alicante, donde diversos jerarcas hablaron sobre temas tales como «Judaísmo,
masonería y marxismo», «Orígenes del Movimiento», «Qué
espera la Iglesia del magisterio», «La educación del patriotismo y la enseñanza de la historia nacional», «Minusvalías
marxistas» y «Tradición y revolución». En 1946, por citar otro
ejemplo, se realizan unas Jornadas de Estudio para el
Magisterio, organizadas por la Inspección de Enseñanza
Primaria en colaboración con los Consejos Diocesanos de
Hombres y Mujeres de Acción Católica: los temas son «La
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343
lucha ascética en la maestra de vocación», «Colaboración de
la maestra en la Acción Católica», «Formación del espíritu
religioso de las niñas», «La vocación de maestra. Aspecto
sobrenatural», «Autoridad y disciplina en la escuela»,
«Colaboración del magisterio en la difusión del espíritu misional».
No es extraño, pues, que, en el primer franquismo, se mantuviesen unas cotas de analfabetismo bastante elevadas: en
1950, en la provincia de Alicante aún eran analfabetos el 23’9
% de los hombres y el 32’8 % de las mujeres. El ritmo de
construcciones escolares fue muy lento, las escuelas unitarias prevalecieron sobre las graduadas: mientras que la II
República había creado 7.000 aulas en el primer año de su
existencia, 2.580 en el segundo y 3.980 en el tercero, se
observa ahora un cierto estancamiento. El papel del estado,
sobre todo, en las enseñanzas medias, se consideró claramente subsidiario de la iniciativa privada, en especial, la protagonizada por las órdenes religiosas. Por citar un ejemplo, el
número de Institutos permanecía casi inalterado durante
años: en 1939 eran 113 y en 1949 llegaron a 119. Ello, tras
haber cerrado incluso algunos Institutos (como el de Elche)
porque la República había creado, «en su afán de perjudicar
a las órdenes religiosas», «un crecido número de centros de
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344
enseñanza media innecesarios a todas luces» (nota 5). No
hay que olvidar que, en esos años, estudiaban esa «segunda
enseñanza» muy pocos españoles, pertenecientes en general a la clase dominante y, en el fondo, futuros dirigentes de
la sociedad: de ahí, el gran papel que en ella se había reservado la Iglesia. Así las cosas, las cifras oficiales de escolarización indican la existencia de un enorme absentismo escolar (calculado en torno al 20 o 25 %) y, en enseñanzas
medias, era habitual el predominio de la llamada enseñanza
libre (o sea, no escolarizada) sobre la oficial o la colegiada.
Las características de la escuela franquista han sido otro de
los temas más tratados por los investigadores y hasta han
conseguido, en una especie de operación a caballo entre la
nostalgia y la crítica, llegar al gran público a través de libros
e, incluso, obras teatrales (nota 6). Dogmatismo, autoritarismo, erradicación de la coeducación, patriotismo («Una
escuela donde no se aprende a amar a España, no tiene
razón de ser»), individualismo y memorismo eran señas de
identidad de una enseñanza primaria y secundaria paupérrimas, donde la conmemoración de las fechas señaladas del
régimen y la omnipresencia de lo religioso agobiaban a unos
estudiantes que eran manipulados totalmente por unos libros
de texto que, a toda costa, intentaban transmitir la ideología
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345
franquista (nota 7). Así, se podían leer en textos de bachillerato lecciones como éstas: «La Revolución francesa. Sus orígenes enciclopédicos, masónicos y anti-católicos»; «Los
pseudointelectuales despechados, la masonería y las financieros judíos internacionales hacen caer la monarquía. La II
República. Sus desastres. Sus desórdenes. Sus crímenes»;
«Consecuencias de la gran guerra. El falso pacifismo democrático. El comunismo. Su materialismo. La transformación del
hombre en máquina. El fascismo. Su sentido nacional, espiritual e histórico que restituye su dignidad a la persona humana».
Mariano Pérez Galán ha caracterizado la enseñanza media
en los primeros años del franquismo con estas notas: predominio religioso (no existía la libertad de cátedra ni de conciencia, eran obligatorias para maestros y alumnos las prácticas religiosas), totalitarismo político, reforzado por la Ley de
6 de diciembre de 1940 que instituía el Frente de Juventudes
(nota 8) que, además de formar a sus militantes para futuros
afiliados a Falange, tenía por objeto «irradiar la acción necesaria para que todos los jóvenes de España sean iniciados en
las consignas políticas del Movimiento», y el clasismo (hasta
el punto de que hubo que dictar normas para contenerlo,
como reservar plazas para alumnos gratuitos en los centros
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346
privados, hasta un 5 %). También habría que citar la proscripción de las lenguas y culturas catalana, gallega y eusquera (nota 9), así como el machismo (nota 10). Y sobre todo,
el nacionalcatolicismo como eje primordial de la enseñanza,
tema bien investigado en varios trabajos (nota 11). Sobre
cómo concebía la Iglesia su papel en la enseñanza bastarán
estas líneas: «La Iglesia no pretende una injerencia tiránica,
sino una tutela maternal. Le pertenece por derecho propio la
guía de las almas y no hay terreno más delicado en esta
materia que el de la enseñanza y educación de la juventud,
aun en las disciplinas técnicas que no afectan directamente a
la fe y a la moral… (A la Iglesia) le atañen todos los grados y
órdenes de la educación, lo mismo la escuela primaria que el
liceo, la escuela especial o la Universidad, dentro claro es de
un orden administrativo correspondiente al de las instituciones del Estado. Para un católico no puede haber en esto ningún peligro. Para un Estado católico no se pueden derivar de
ello más que ventajas» (nota 12). No era únicamente precisa
la enseñanza de la religión, sino que (como decía el Obispo
de Orense en 1945) era necesario que toda la enseñanza y
toda la organización de la escuela estuvieran «imbuidos de
espíritu cristiano», de modo que «cualquiera que sea la asignatura que enseñe el maestro, ha de explicarla a la luz de la
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347
religión católica, única que esclarece los problemas de la vida
terrena y ultraterrena».
La lectura de cualquier reseña de una inauguración del curso
escolar o de las fiestas de Santo Tomás puede informarnos
con exactitud, como las circulares enviadas por la Inspección
con motivos tan diversos como la celebración del Día del
Ahorro o del Día del Seminario, del exquisito control (realizado también a través de los cuadernos de clase y de los campamentos de verano) que el régimen franquista ejercía desde
el régimen sobre el magisterio y sobre el alumnado. Por ejemplo, en 1942 y a través de la prensa, el director del Instituto
de Alicante convoca a los alumnos a asistir a los actos del Día
de la Victoria «significando que aquél que no se presente
será debidamente sancionado». Y en la Festividad de Santo
Tomás de 1942, tras una misa rezada en San Nicolás, se
celebra un acto académico escolar en el cine Monumental,
donde intervino el canónigo de Orihuela Sanfeliú que glosó el
tema de «La doble potestad eclesiástica y civil en Santo
Tomás de Aquino». Tras mezclar a San Agustín, Lutero, los
anabaptistas y el Caudillo, Sanfeliú concluyó «con una exaltación del patriotismo. Hemos recuperado los valores esenciales de nuestra catolicidad, de nuestra tradición, de nuestro
afán imperial, y todo ello, gracias al genio del Caudillo y a
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348
FET y de las JONS. Estas flechas volarán hacia lo alto en
cuanto sea menester. Se dispararán hacía el triunfo inmortal,
como lo dice nuestro lema: por el Imperio hacia Dios»
(nota 13).
La sucesión al frente del Ministerio de Educación Nacional de
José Ibáñez Martín, Joaquín Ruiz Giménez (cuya tímida
apertura fue más apreciable en la enseñanza universitaria
que en la no universitaria), Rubio García Mina y Lora Tamayo
no afectó al predominio de la ideología del nacionalcatolicismo en la enseñanza primaria, aunque ya hubo una mayor
atención presupuestaria a la educación y aumentaron las
construcciones escolares. Con la llegada al Ministerio, en
1968, de Villar Palasí y con los cambios que se produjeron en
la economía española (cuya expansión requería ya de una
mayor formación técnica de los estudiantes), hubo que abordar una reforma de la obsoleta enseñanza española. A ello se
aprestó el equipo dirigido por Ricardo Díaz Hochtleiner, que
elaboró un «Libro Blanco» de la Educación donde se pueden
encontrar lúcidas críticas del sistema educativo español
vigente hasta ese momento. A pesar de que la Ley General
de Educación no fue acompañada del necesario aumento en
los presupuestos dedicados a enseñanza, no cabe duda de
que fue la llave que abrió el camino hacia un cambio profunÍNDICE
349
do en este sector, que acometió una nueva generación de
enseñantes que, en los años de la transición, arrumbaría definitivamente al viejo SEM y organizaría sus propios sindicatos,
consecuencia del Movimiento Democrático de Maestros
(nota 14)
1.2. La Universidad
También en este terreno, una de las obsesiones de los nuevos dirigentes universitarios y de los responsables de la educación en la España franquista fue desmontar la labor realizada por el gobierno de la República y reaccionar contra la
Institución Libre de Enseñanza, pues, como afirmaba Luis de
Galinsoga, «varias generaciones escolares pudieron ser
envenenadas por esa caterva de pedantes malvados que
bajo las consignas inalterables de la Institución Libre de
Enseñanza tenían la infame misión de educar a aquellas
generaciones contra España». La toma del poder en la
Universidad, conforme las tropas franquistas iban entrando
vencedoras en cada distrito universitario, fue un evidente acto
de revancha política y ha sido magníficamente estudiado,
para el caso valenciano, por el malogrado Sebastià García
Martínez (nota 15).
ÍNDICE
350
Tras el breve paso de Sáinz Rodríguez por el ministerio, la
figura de José Ibáñez Martín domina la educación hasta
1951. Ibáñez era catedrático de Instituto, ex-cautivo y ex-combatiente y estaba muy vinculado a la ACNdeP. En su opinión,
«los principios eternos de España hay que fijarlos con vigor
revolucionario y para siempre. Recristianización y renacionalización de la enseñanza es obra total y empresa colectiva.
Un pueblo con voluntad dispersa es como una nación que se
suicida» (nota 16), por lo que «nuestros alumnos universitarios tendrán una base religiosa inconmovible, una sólida formación sin la cual no comprendemos la educación nacional»
(nota 17). Por otra parte, Franco, en 1946, prometía restablecer «en nuestras Universidades las otras dos ciencias olvidadas: la filosofía y la metafísica. Solamente volviendo a estas
dos cosas, volviendo a Dios y a la filosofía católica, podemos
hacer que estos años no se pierdan».
Durante los años cuarenta, la Universidad española atravesó
un difícil período, caracterizado por la escasa capacidad intelectual de la mayoría de sus profesores (nota 18). Cosa que
no es de extrañar, si se tiene en cuenta que marcharon al exilio, según datos muy fiables, 118 profesores de la Universidad
española, entre los que destacaban Ignacio Bolívar,
Alejandro Otero, José Puche, Blas Cabrera, Wenceslao
ÍNDICE
351
Roces, Agustín Millares José Gaos y Arturo Duperier, de
modo que incluso pudo crearse en México una Asociación de
Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero que presidió algún tiempo Rafael Altamira. Además, se llevó a efecto
una fuerte depuración del personal docente: «El carácter de
la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo, sino
también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles,
que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y
sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a
tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de
todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen el
mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares
honrados de España... Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan,
son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que a través de Instituciones como la llamada «libre
de enseñanza» forjaran generaciones incrédulas y anárquicas...» (nota 19).
Se ha calculado que entre 1938 y 1945 se renovó el 55’7 %
del escalafón universitario. Esta depuración fue justificada
incluso por Ruiz Giménez en su discurso ante las Cortes en
enero de 1953: «Se explica claramente que una de las priÍNDICE
352
meras reacciones de nuestro Movimiento Nacional, que venía
con el impulso heroico de restaurar valores esenciales de
España, fuese anular de raíz toda esa legislación (republicana) y establecer un sistema radicalmente nuevo». Sin embargo, es justo decir que el propio Ruiz Giménez, poco antes,
había suavizado las sanciones impuestas a los depurados.
Se había previsto que, una vez realizada la depuración, profesores y maestros tendrían que pasar unos cursillos de
orientación y perfeccionamiento profesional para «saturar su
espíritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra Cruzada». Poco después, el BOE especificaba que tales
cursillos habían de consistir en «conferencias de cultura religiosa, sobre la significación histórica de nuestra gloriosa
Cruzada y orientaciones pedagógicas acerca de nuestros
propios valores». Era la «reconversión ideológica» del profesorado. Además, los Rectores tenían que ser militantes de
Falange, se exigía el certificado de «adhesión» para ejercer
la labor docente y se controlaba totalmente el acceso a las
cátedras mediante el nombramiento de los Tribunales, que
hasta 1951, eran directamente designados por el Ministerio
de Educación Nacional.
Compartieron y se disputaron este control de la Universidad
española la Falange, la ACNdeP y el Opus Dei. A partir de
ÍNDICE
353
1942, el mero hecho de estar matriculado en la universidad
implicaba la afiliación automática al SEU, sindicato estudiantil único, cuyo fin primordial era «exaltar la intelectualidad profesional dentro de un sentido profundamente Católico y
Español, para hacer resurgir el pensamiento nacional que un
día tuvieron las Universidades de Salamanca y Alcalá de
Henares». En realidad, y retórica al margen, el SEU era el
encargado de seleccionar a la elite que asegurase el porvenir político del Régimen y, en un primer momento, era también «brazo armado» de la Falange para momentos de tensión, aunque evolucionará desde los años cincuenta hacia la
burocracia (nota 20). La ACNdeP se proponía captar «al que
tiene capacidad de dirección, a los mejores estudiantes, que
han de ser abogados, ingenieros, catedráticos, a aquellos
hombres situados en puestos señeros de la sociedad, desde
los cuales se puede hacer un apostolado con espíritu y eficacia». Los inspiradores de esta elite tan influyente eran el
jesuita Ángel Ayala y, sobre todo, Herrera Oria, creador de El
Debate, la Editorial Católica, la BAC, junto con MartínSánchez Juliá, que ostentó numerosísimos cargos en la
España franquista (entre otros, procurador en Cortes y
Consejero Nacional de Educación). En cuanto al Opus Dei,
su asalto a la Universidad se realizó desde la Universidad de
ÍNDICE
354
Navarra, la Universidad de Verano de La Rábida, el CSIC y el
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona
(nota 21).
Muchos rectores y decanos eran, a la vez, procuradores en
Cortes, dirigían colegios mayores y ocupaban cargos en
organismos paraestatales (nota 22). Cada disciplina se
«repartía» entre distintos catedráticos que imponían a sus
acólitos en sucesivas oposiciones y extendían sus dominios
por toda España, aunque a veces ocurrían escisiones y rebeliones internas (nota 23). Por otro lado, algunas figuras importantes de la intelectualidad española (como Ortega y Gasset,
su discípulo Julián Marías (nota 24) o Xavier Zubiri) o bien
tuvieron escasa influencia en la Universidad o hubieron de
mantenerse al margen: Ortega y Marías crearían un Instituto
de Humanidades y su papel en la cultura de esos años ha
sido, acertadamente, definido como el de «un maestro en el
erial» (nota 25).
La Ley de Ordenación Universitaria de 1943 fue el primer
gran proyecto de reestructuración legislativa en esta materia
en la postguerra y un intento de volver a una España Imperial
anclada en el pasado. La Universidad española nació «para
servir, ante todo, la misión de transmitir el saber mediante la
enseñanza… Esta finalidad, sometida al fiel servicio de la
ÍNDICE
355
Religión y de la Patria», que tanta gloria dio a España en los
años imperiales, fue luego subvertida en el siglo XVIII, con
«la aparición del escepticismo» y llegó casi a su ruina con «la
corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de
la Institución Libre de Enseñanza». Después, «la República
lanzó a la Universidad por la pendiente del aniquilamiento y
la desespañolización, hasta el punto de que brotaron de su
propia entraña las más monstruosas negaciones nacionales». Ahora, la Ley «quiere ante todo que la Universidad del
Estado sea católica» y, por otra parte, «exige el fiel servicio
de la Universidad a los ideales de la Falange, inspiradores del
Estado» (nota 26).
En ese intento, jugaban un importante papel los Colegios
Mayores que «se inspirarán, para realizar su función educadora, en los principios de la moral católica, y procurarán inspirar sólidamente en los colegiales el espíritu de disciplina,
austeridad, amor al trabajo, culto del honor y servicio a Dios
y a España, consustanciales con los postulados del
Movimiento Nacional».
Tras la expulsión de numerosos catedráticos (nota 27) y el
fusilamiento de algunos (entre ellos, Leopoldo Alas Argüelles
y Juan Peset Alexandre), el número de catedráticos de
Universidad permaneció estancado: eran 613 en el curso
ÍNDICE
356
1947-1948 y apenas 808 en el curso 1959-1960, fecha hasta
la cual únicamente existía una mujer catedrática de
Universidad, que no obtuvo la plaza hasta 1953. En los años
cuarenta, en algunas revistas propiciadas por el SEU se
expresaron las inquietudes de personas como Laín Entralgo,
Tovar, Álvarez de Miranda, Valverde, Miguel Sánchez Mazas,
García Escudero, Pinillos, C. Alonso del Real, Robles Piquer,
Fraga y otros muchos, que compartían aún las concepciones
dominantes de la catolicidad y la hispanidad y creían en el
papel «revolucionario» de la juventud universitaria, para abordar «los sempiternos problemas de la Universidad española,
egoísmo, desvertebración, falta de comezón intelectual».
Los años que van de 1951 a 1956 suponen, de un lado, el
acceso a la Universidad de generaciones que no habían
hecho la guerra y, del otro, el distanciamiento paulatino del
régimen de un número relativamente importante de intelectuales, los Tierno, Aranguren, Vicens Vives, etc. Aranguren ha
escrito: «Una etapa concluye verdaderamente en 1956: la
Universidad alcanza una cierta madurez e independencia crítica, revelándose el sistema incapaz de asimilar e integrar
dicha protesta. Puede decirse que a partir de entonces
comienza a configurarse una actitud de oposición intelectual
y política entre hombres procedentes del propio sistema y, a
ÍNDICE
357
su vez, entre jóvenes educados en él». En esos años, un
nuevo equipo ministerial, dirigido por Ruiz Giménez y del que
formaban parte Antonio Tovar y Laín Entralgo (nota 28), intentó una cierta apertura en la vida universitaria, siempre a partir de la fidelidad al Caudillo [al que se nombró doctor honoris
causa de la Universidad de Salamanca, nada menos
(nota 29)] y al propio régimen. Cuando Laín Entralgo tomó
posesión de su cargo de Rector de la Universidad de Madrid,
en septiembre de 1951, afirmó que «todo cuanto haga estará Inspirado en la lealtad al magisterio de nuestros maestros,
entre los que quiero destacar a dos, José Antonio Primo de
Rivera, que en esta Facultad cursó estudios, y Ramiro
Ledesma Ramos, que cursó en la de Filosofía, a los que es
necesario ser leales por su ejemplaridad y ética».
En los años cincuenta, el SEU fue el marco para el desarrollo de una interesantísima labor cultural, con exposiciones,
cine-clubs, revistas como La Hora y el famoso Teatro Español
Universitario. En 1954, una manifestación promovida y organizada desde el SEU que pedía «Gibraltar español» acabó
siendo reprimida por la policía, para desconcierto de muchos.
En 1955, se intentó organizar [por un grupo en que figuraban
Ramón Tamames, Enrique Múgica Herzog, Javier Pradera y
otros, más o menos dirigidos por un enviado del PCE,
ÍNDICE
358
Federico Sánchez (nota 30)] un Congreso de Estudiantes
Jóvenes, que fue prohibido por la policía. Poco a poco, esas
nuevas generaciones (muchos de ellos, hijos de los vencedores en la guerra civil) pasan del descontento cultural al político, a lo que colabora el régimen, con su cerril actitud. El entierro de Ortega y Gasset será ocasión para que esos sectores
más inquietos, cercanos a Falange, reivindiquen su papel
sobre todo, en cuanto debelador del poder clerical sobre el
pensamiento español. La censura ordenó a los directores de
periódicos que no dedicasen a Ortega más de tres artículos
y que, en todos ellos, se hiciese clara referencia «a sus errores religiosos».
Esa tensa situación culminó en los acontecimientos que
tuvieron lugar en febrero de 1956 en Madrid, con actuaciones
de falangistas y miembros de la Guardia de Franco en el interior de la Universidad y diversos enfrentamientos en los que
resultó herido Miguel Álvarez, un joven falangista, lo que provocó que se preparase una especie de «noche de los cuchillos largos» que pudo ser evitada, al parecer, por la energía
de algún alto cargo militar. Se produjeron numerosas detenciones (Tamames, Múgica, Javier Pradera, Ruiz Gallardón,
Gabriel Elorriaga, etc.) y fue destituido el equipo de Ruiz
ÍNDICE
359
Giménez. Para Franco, todo se debía a «una minoría de jaraneros y alborotadores» (nota 31).
El período 1956-1962 tuvo como Ministro de Educación a
Jesús Rubio García Mina, ex-cautivo, falangista, doctor en
Derecho, subsecretario de Educación Nacional hasta 1951.
En la universidad comienzan las agitaciones y movilizaciones
y los cauces del SEU son desbordados: aparecen organizaciones estudiantiles paralelas (Frente de Liberación Popular,
Nueva Izquierda Universitaria, Federación Universitaria
Democrática Española, Agrupación Socialista Universitaria) y
el SEU, pese a las reformas introducidas en 1958 en busca
de una mayor representatividad, pasará desde 1962 a ser un
organismo puramente fantasmagórico. En 1964 y 1965 fueron
prohibidos numerosos actos culturales en las Universidades
de Madrid y Barcelona, hechos que culminaron en una manifestación de estudiantes y profesores que provocaron la destitución de tan prestigiosos catedráticos como Aranguren,
Montero Díaz, Aguilar Navarro, García Calvo y Tierno Galván
(nota 32), cuyo expediente tramitó Luciano de la Calzada, y
la dimisión (con un famoso telegrama al Ministro: «No hay
estética sin ética», de José María Valverde. En 1966, se produjo en la Universidad de Barcelona la famosa «caputxinada», donde se aprobó un manifiesto sobre la Universidad y su
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360
papel que había redactado Manuel Sacristán (nota 33). Por
esos años se organizó el Sindicato Democrático de
Estudiantes (nota 34) y desde entonces hasta el final del franquismo, la Universidad fue lugar de encuentro casi diario
entre estudiantes, profesores no numerarios y algunos numerarios y las fuerzas de orden (los «grises»), produciéndose
numerosos cierres y otros desmanes del poder que no pudo
evitar que la Universidad fuese uno de los núcleos fundamentales de la oposición democrática al franquismo
(nota 35).
2. La cultura
2.1. Consideraciones generales. El papel de la censura
Es evidente que el franquismo, aunque (como buen estado
totalitario) trató, en un primer momento, de forjar una cultura
propia, mantuvo permanentemente una actitud de prevención
y desconfianza hacia la cultura, sobre la que ejerció atenta
vigilancia. Especialmente, a partir del momento en que la actividad cultural fue una de las escasas formas posibles de
manifestar cierta disidencia contra el franquismo que, a partir
de los años cincuenta, hubo de permitir la apertura de algunas ventanas de libertad que no colmaban el considerable
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361
retraso que la cultura española experimentaba respecto a la
que, en esas mismas fechas, se hacía en el extranjero. Pese
a esos avances, la mayoría de los intelectuales españoles se
convencieron de la incapacidad del régimen franquista para
evolucionar hacia las libertades, aunque sólo fuesen las de
pensamiento y expresión. La libertad controlada, siempre en
actividades muy minoritarias, que, en los años cincuenta, se
articuló desde el régimen (teatro de cámara, revistas estudiantiles, cine-forums) no fue suficiente y desde los años
sesenta era ya evidente que el franquismo tenía uno de sus
principales núcleos de oposición entre los intelectuales
(nota 36). Con todo, no hay que sobrestimar esa actividad
opositora desde la cultura, dado su carácter minoritario. La
inmensa mayoría del pueblo español, en los años sesenta,
estaba ya entregada a la más gozosa de las alienaciones: en
realidad, la habilidad del franquismo consistió, en no poca
medida, en saber abandonar su proyecto de imponer a todos
un rígido totalitarismo para conseguir, a cambio, un cierto
consenso, fruto de la despolitización y desmovilización de la
mayor parte de la población que, como el propio Franco, no
se metía en política.
El Estado y la Iglesia católica se convirtieron, en los años
cuarenta, en los únicos clientes para determinadas obras de
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362
arte y actividades culturales: de ahí que, sobre todo en provincias, se pueda observar que «quienes habían pintado
enormes carteles de Stalin o Lister retrataban ahora a Franco
o a vírgenes y santos; quienes habían entonado cantos épicos en honor de los milicianos, cambiaron ahora el objeto de
sus poesías y se volvieron hacia la religión, la familia o incluso, temas aparentemente más prosaicos, como el ahorro»
(nota 37). Muchos intelectuales, después de haber pasado
algún tiempo en las cárceles, tuvieron que aceptar todo tipo
de encargos, si querían seguir pintando, levantando edificios
o publicando alguna poesía.
El régimen franquista utilizó con artistas e intelectuales la
consigna, el halago y, sobre todo, la censura. Los condicionamientos que la censura impuso a la cultura española
durante muchísimos años han sido uno de los temas mejor
estudiados de la política cultural franquista, aunque quedan
todavía aspectos inéditos y haría falta, posiblemente, acceder
a documentación que tal vez haya desaparecido. La censura,
además, no se ejercía conforme a normas claras, sino que
tenía en la arbitrariedad una de sus más amenazadoras
características y, desde luego, era más estricta conforme se
descendía a instancias provinciales y locales que cuando se
ejercía en Madrid. Los funcionarios siempre preferían equivoÍNDICE
363
carse a favor de la censura que en contra: era, así, perfectamente posible que, en plenos años sesenta, unos funcionarios de la Delegación Provincial del Ministerio de Información
y Turismo prohibiesen a un cine-club la exhibición de películas procedentes de organismo tan subversivo como la
Filmoteca Nacional. En segundo lugar, era normal que la censura se ejerciese con mayor cuidado sobre aquellas actividades informativas y culturales que llegaban a sectores más
amplios de los españoles y españolas, de modo que el cine y
la prensa estaban más controlados que, por ejemplo, una
exposición de pintura o una revista de poesía, más minoritarios (nota 38).
Como es sabido, muchos intelectuales ejercieron, en los primeros momentos del franquismo, como censores, aunque
posteriormente, algunos de ellos, se distanciaran e incluso se
enfrentaran al régimen. Una de las peores consecuencias de
un régimen dictatorial, en el terreno de las actividades culturales, precisamente por esa arbitrariedad de que hablábamos, es una curiosa circunstancia, según la cual todos, incluidos los censores, pueden exhibir alguna heroica herida recibida en la lucha contra dicha institución. A la vez, la aprobación de alguna obra crítica, ya en los años sesenta, podía ser
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364
exhibida por el régimen (de hecho, se hacía de cara al exterior) como prueba de su amplitud de criterios y de libertad.
Iniciada la transición, surgieron algunos informes de urgencia
sobre la cultura durante el franquismo (nota 39), pero creemos que no existe una visión de conjunto sobre el tema, sin
duda porque se trata de un campo de estudio e investigación
muy amplio (nota 40). La aparición de las memorias de algunos, muy pocos, de los protagonistas de la vida cultural
desde el poder o desde la oposición, apenas disimula nuestro desconocimiento sobre el papel jugado por tantos y tantos
personajes. Sin duda, las obras de escritores, artistas y cineastas han sido objeto de tesis y estudios, pero seguimos sin
tener un balance general. A niveles más particulares, hay que
señalar el intento de hacer una valoración del impacto de la
dictadura franquista sobre la cultura en Catalunya (nota 41) y
algunas aportaciones a niveles más concretos, como el
número de la revista Canelobre sobre la cultura y la sociedad
alicantina en los años cincuenta, que permite conocer de
forma más directa las vicisitudes por que atravesaban quienes pretendían hacer cultura en provincias (nota 42).
Un aspecto que ha sido bastante bien estudiado, aunque no
está por supuesto agotado, es el del exilio. La otra cultura
española, que rayó en muchas ocasiones a gran altura y que
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365
fue lamentablemente desconocida por quienes aquí quedaron hasta las postrimerías del franquismo (nota 43), ha sido
objeto estudio en Congresos (nota 44), revistas (nota 45) e
incluso ha dado lugar a una colección monográfica de estudios (nota 46). Por sí solo, el exilio ofrece una riqueza cultural
inmensa que, sin embargo, no puede ser considerada, strictu
senso, como fruto del franquismo, sino todo lo contrario
(nota 47). No cabe duda de que el desconocimiento que existía de la cultura española en el exilio influyó muy negativamente en el conjunto de los intelectuales españoles: uno de
los testimonios más impresionantes de ese abismo abierto
por la dictadura franquista entre los españoles de dentro y
fuera de España es el relatado por Max Aub, en La gallina
ciega (nota 48).
2.2. Pensamiento e ideología
La mayoría de los estudiosos de este tema reconocen (con
interesadas excepciones, como la de Ricardo de la Cierva)
que, en palabras de J. L. Abellán, «la situación cultural de
España en el período inmediato a la guerra civil fué la de un
auténtico páramo cultural». Laín Entralgo decía que la suya
había sido una generación sin maestros y Fontana recordaba
el enorme papel que, por ejemplo, la obra de Altamira y de
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366
otros ilustres historiadores exiliados, como Américo Castro o
Sánchez Albornoz, hubieran jugado en la Universidad española, que experimentó muy directamente los efectos de la
diáspora republicana hasta los años sesenta, al menos.
Aunque, lógicamente, hubo aportaciones muy notables en
literatura, arte, cine y teatro, la cultura de la época franquista
(sobre todo, la propiciada desde el régimen) tiene una
impronta de mediocridad, cuando no rozaba el esperpento.
En España quedaron, o volvieron pronto, intelectuales como
Azorín (que tuvo que escribir, para la prensa falangista, artículos oportunistas sobre «el estilo literario de José Antonio»),
Baroja (del que se publicó por esas fechas un panfleto contra
comunistas y judíos que, si bien le fue en cierta medida ajeno,
no por eso fue desautorizado por él), Manuel Machado,
Xavier Zubiri, Eugenio d’Ors, Manuel García Morente (ex-institucionista, convertido al catolicismo durante la guerra civil y
ordenado sacerdote), Ernesto Giménez Caballero, Vicente
Aleixandre (que pronto se recluiría en el «exilio interior»),
Dámaso Alonso, Ortega y Gasset (que regresó a España en
1945), Pérez de Ayala y Marañón, los tres últimos, miembros
de la llamada «tercera España».
La cultura oficial rompió claramente con la cultura europea
liberal y se caracterizó por la defensa de la ortodoxia y la
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367
imposición de la uniformidad ideológica, además de una total
ruptura contra todo lo anterior. Entre 1936 y 1945, predomina
la afirmación fascista, avalada por la hegemonía internacional
de las potencias del Eje. Entre 1945 y 1959, se impone en el
franquismo una visión nacional católica, condicionada por la
derrota internacional del Eje y la necesidad de dar una coartada anticomunista a la existencia del Régimen: de ahí, la primacía de una literatura política inspirada en la doctrina de la
Iglesia y en el patronazgo de Menéndez y Pelayo. La oposición, por su parte, se verá condenada durante mucho tiempo
a manejar un lenguaje político crítico, con un lenguaje elíptico y una escasa, cuando no nula, incidencia en las masas:
recuérdense, por ejemplo, el Boletín que editaba Tierno
Galván en la Universidad de Salamanca, los trabajos históricos de Vicens Vives o las críticas de José Mª Castellet en La
hora del lector. Sin embargo, a partir de los años sesenta, se
puede asegurar que la cultura española se construye en oposición al franquismo.
Así se puede apreciar en los estudios históricos: según José
Mª Jover, la historiografía de los años cuarenta se caracterizaba por el nacionalismo a ultranza, con una base metodológica positivista, lo que permitía la ausencia de la teoría y la
aparición de un mensaje ideológico. Solamente 7 de las 54
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368
tesis presentadas en la Universidad de Madrid en la década
de los cuarenta eran de historia contemporánea: la mayoría
trataban de justificar la pretensión de los vencedores en la
guerra civil de adoptar como modelo la España del
Quinientos, con los Reyes Católicos, el Concilio de Trento, el
Imperio, Felipe II, el descubrimiento y la conquista de
América. En los años cincuenta, y en algunas Universidades
(papel de Vicens Vives y sus discípulos, influidos por la
escuela de los Annales), se pasa a «una historiografía social
y económica servida por una metodología de base estadística, y de la temátíca bajomedieval y renacentista a una definitiva entrega a los temas de historia contemporánea».
Desde el punto de vista filosófico, se asiste al triunfo absoluto del escolasticismo, que existía también fuera de España y
contaba con figuras respetables como Maritain y cierta
influencia en Hispanoamérica y en movimientos sociales y
políticos, como la democracia cristiana. Pero fuera de España
era un pensamiento abierto al diálogo y que coexistía con
otras muchas corrientes filosóficas. En España logró constituirse en la única filosofía posible e indiscutible. El ambiente
de los seminarios se trasladó a la universidad. Incluso cuando, al margen por supuesto de la Universidad (es el caso de
los primeros libros de Julián Marías, que esbozaban una
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369
suave crítica a la filosofía católica y tradicional, no sin algunos
problemas), aparecía otro tipo de filosofía tenía que ser incluida dentro del pensamiento católica: es el caso del llamado
«orteguismo católico». No hay que olvidar tampoco que tanto
Ortega como el anatematizado Unamuno, eran conocidos
fuera de España como pensadores claramente conservadores, mientras que aquí suponían el colmo del pensamiento
avanzado: no en vano, como ha recordado Ridruejo, habían
sido sometidas a un duro expurgo las Bibliotecas y se había
prohibido o se prohibirían la edición o reedición de obras
como el Discurso del método, la Crítica de la Razón pura, el
Emilio, y, obviamente, El Capital o El Ser y la Nada.
El mismo ambiente se respiraba, por ejemplo, en la psiquiatría. Como ha señalado Castilla del Pino, no se intentó únicamente imponer unos principios, sino también destruir funcionalmente a quienes se consideraba encarnación de los
opuestos. En 1938, Vallejo Nájera, primer catedrático de
Psiquiatría de España, sugería seriamente la creación del
Cuerpo General de Inquisidores para velar por la pureza de
los principios que posibilitaron la España Imperial, y proponía
la pena de muerte e incluso la pérdida para sus hijos del apellido paterno, de los que conculcasen tales principios. La psiquiatría oficial se caracterizaba por el antidemocratismo
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(nota 49), el moralismo, el racismo y la ideología religiosa.
Obviamente, fue mal acogido el psicoanálisis. Las obras de
Freud estuvieron prohibidas hasta 1949 (se autorizaron después en edición de lujo, a cargo de la Biblioteca Nueva).
Como decía López Ibor, a Freud había que conocerlo, pero
no aceptarlo (nota 50).
Un problema discutido es el de la supuesta o real existencia
de un enfrentamiento entre los intelectuales católicos y los
falangistas, en los primeros años del franquismo. Fue José
Carlos Mainer el primero que habló de esta dicotomía y,
según él, «correspondió a Falange la reapertura de la vida
intelectual madrileña con posterioridad a 1939». Ridruejo y
Laín habrían, según esta interpretación, defendido al intelectual en el sistema, a diferencia de los integristas y contrarrevolucionarios, obsesos de la España eterna. Para Mainer, el
equipo de Ridruejo habría tratado de «recuperar lo recuperable» y gracias a ellos se reintegraron determinados escritores, pensadores, médicos, evitándose así el acabose de la
cultura liberal española. Laín llega incluso a hablar del «liberalismo intelectual» de ciertos sectores falangistas, expresado a través de revistas como Escorial. Pienso que se trata de
una visión parcial y muy influida por la evolución posterior de
muchos de estos falangistas y creo que, de todos modos,
ÍNDICE
371
habría que dejar claro que la lectura de revistas como Vértice
y Escorial, empresas intelectuales falangistas, las eclesiásticas Razón y Fe, Ecclesia o la Revista del Instituto de
Estudios Políticos, demuestran a las claras los límites de la
«apertura» pretendida desde algunos sectores del régimen
que, como suele suceder en todo sistema totalitario, siempre
tiene en su interior «palomas» y «halcones». Lo que es evidente es que media España (la del exilio y la de quienes, en
el interior, no comulgaban con el franquismo) estaba excluida
de la cultura oficial y si se discutía la actitud a tomar ante
Ortega y Unamuno, a nadie se le ocurría siquiera reivindicar
a las grandes figuras del exilio o a la propia Institución Libre
de Enseñanza.
En Escorial, por ejemplo, colaboraron Dionisio Ridruejo,
Mourlane Michelena, Menéndez Pidal, Corts Grau, Zubiri,
López lbor, Fernández Almagro, C. Alonso del Real, Eugenio
Montes, Martín de Riquer, Ciríaco Pérez Bustamante, Camón
Aznar, Marañón, Emilio García Gómez, Eduardo Aunós, Fray
Justo Pérez de Urbel, Caro Baroja, Dámaso Alonso,
J.A.Maravall, Ramón Carande, Laín Entralgo, Sánchez Bella,
Baroja, Rafael Sánchez Mazas, etc. Y de casi todos ellos se
puede encontrar algún elogio a Franco y al régimen, muchas
alabanzas a la iglesia, no menos ataques a las doctrinas libeÍNDICE
372
rales y socialistas, y, en fin, textos de los que habrá de apoderarse un piadoso olvido. La evolución posterior hacia el
antifranquismo de muchos de sus autores (desde Maravall a
Carande) no nos puede llevar a olvidar que muchos de ellos
colaboraron, con mayor o menor intensidad, en el intento del
régimen de los vencedores en la guerra civil de dotarse de un
aparato cultural propio. Era necesario elaborar una ideología
justificadora del bloque dominante y vencedor en la guerra
civil, a partir de ideas como la concepción de España como
«unidad de destino en lo universal» y «el hombre como portador de valores eternos», la valoración de la hegemonía de
las elites intelectuales (nota 51) y de la Universidad sobre las
mayorías, el nacionalismo (nota 52), la reinterpretación de la
historia de España (con la doctrina del Imperio, la exaltación
del Jefe, el racismo y el catolicismo), el fundamento religioso
de la cultura y la ideología, militarismo, etc.
La revista Razón y Fe era editada por los jesuitas desde primeros de siglo y jugó un importante papel en los años cuarenta y cincuenta. Entre sus colaboradores destacaban los
padres Azpiazu, Ignacio Errandonea, Miquel Batllori,
Constantino Bayle, Félix G. Olmedo y Martín Brugarolas.
Obviamente, el eje central de la revista era la defensa de la
ortodoxia católica más integrista: de ahí el terror ante cualÍNDICE
373
quier asomo de libertades de expresión y pensamiento, la
apasionada defensa del Estado surgido del 18 de Julio, la
consideración de única posible de la filosofía tomista y escolástica, etc. Resulta muy interesante leer los artículos dedicados a la enseñanza, en momentos en que la Iglesia libraba
con éxito la batalla para su control. Así, se defiende la existencia de Universidades católicas, porque aunque en esas
fechas (1942) las universidades estatales lo eran por definición en España, «resulta prácticamente imposible a la larga
evitar que en ellas mismas se viertan ideas erróneas y conceptos no católicos». Y se reclamaba una gran atención a la
formación religiosa en la Universidad porque «la ruina de las
creencias en los hombres cultos viene ordinariamente de la
inferioridad de su cultura sagrada respecto de la profana».
Por su parte, Errandonea aseguraba en 1943 que «la mejor
arma contra el comunismo revolucionario y enemigo de la historia de cada nación son siete años de latín» (sic) (nota 53).
Como solía ser moneda frecuente en la época, desde Razón
y Fe se defendía una educación elitista, pues como decía el
padre Ayala, «educar a un gañán para lo que él ha de menester cuesta muy poco: cuentas y catecismo. Educar a un príncipe que ha de gobernar a un pueblo requiere muchos años,
vasta cultura y dotes de formador no corrientes» (nota 54).
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374
Otro de los temas recurrentes de Razón y Fe era el ajuste de
cuentas con los intelectuales españoles que habían mostrado cierta heterodoxia, especialmente algunos miembros de la
generación del 98, Pérez Galdós, Unamuno y Ortega y
Gasset. Frente a sus obras, siempre criticadas, se elogiaban
las aportaciones filosóficas de Menéndez y Pelayo, Donoso
Cortés, Zaragüeta, Zubiri o García Morente. En febrero de
1944 advierten contra la manifesta contradicción que supone
el hecho de que desde la Universidad española, que había de
ser abiertamente católica, se alabase a Unamuno y se le propusiese como maestro y modelo de españoles, siendo hombre claramente anticatólico. Y en junio de 1943, un editorial
protesta contra el intento de conmemorar el centenario de
Galdós, «uno de los grandes falseadores del espíritu nacional». De modo que nada de homenajes, pues «bastante quebranto es ya que anden sueltos y reimpresos tantos libros de
Galdós... y de otros».
Naturalmente, Razón y Fe apoyaba de manera inquebrantable al régimen franquista con cualquier excusa, se trate de su
política penitenciaria o de su concepción del sindicalismo. Y
cuando fue necesario, apoyó el «giro hacia la neutralidad»
tras la derrota del Eje, prestando (como, en definitiva, hizo la
Iglesia en su conjunto) su legitimidad al régimen salido de la
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375
guerra civil. Eso sí, dejando bien clara la resistencia a «esa
comezón inaplazable de aplicar como panacea automática y
apriorística el sufragio universal directo, inorgánico e indiscriminado, esa igualación de prudentes e imprudentes, de
sabios e ignorantes, de apasionados y serenos, de responsables e irresponsables, de virtuosos y malvados, de locos y
cuerdos...».
Mientras en España eran encarcelados y fusilados los opositores al régimen, algunos teólogos se planteaban en Razón y
Fe la moralidad de las corridas de toros, porque los diestros
se exponían en ellas al peligro de muerte… Y ante las pretensiones de recuperar a ciertos escritores, la revista aseguraba que, de la misma manera que cuando triunfó el
Cristianismo hubo que destruir bellas estatuas de dioses
paganos, por lógica jerarquía de las cosas, ahora había que
distinguir la principal de lo secundario, porque, «¿qué importancia puede tener que permanezca alejado de España algún
ingenio pulido o un poeta encantador si por su contenido son
focos de gangrenas de incalculables consecuencias?».
A similares conclusiones se llegaría (según se desprende de
algunos trabajos ya publicados) examinando otras revistas
religiosas, como el Boletín de la Acción Católica Nacional de
Propagandistas o Ecclesia. El Boletín era de circulación interÍNDICE
376
na y ha sido estudiado por José R. Montero, que ha destacado como sus principales características el anticomunismo; la
actitud de reserva ante el estatismo y el totalitarismo (en el
que, por supuesto, no incluían al régimen español); la subordinación de los conceptos de Patria e Imperio a la orientación
católica; la más rígida ortodoxia religiosa apoyada en los
documentos pontificios, porque «para cada problema social y
político encontramos la solución adecuada en la doctrina de
la Iglesia, aplicada al momento por cada Encíclica». Y obviamente, reflejaba el Boletín también otras dos características
generales de la propia ACNdeP: la vocación de captación de
minorías dirigentes y la absoluta lealtad al régimen surgido de
la guerra civil, del que constituyeron los propagandistas pieza
clave.
En cuanto a Ecclesia, ha sido estudiada en su evolución entre
1939 y 1945 por José Ángel Tello (nota 55): se trataba de la
publicación «oficial» de la jerarquía católica y fue fundada en
1941 por el Cardenal Gomá. En ella se pueden encontrar
también las características hasta aquí estudiadas en otras
revistas: visión maniquea de la guerra española, exaltación
de la Victoria que supuso «el abrazo entre la Religión y la
Patria»; insistencia en la necesidad de recristianizar a
España; convencimiento de que la llamada cuestión social, es
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377
decir, la lucha de clases, «honda marejada amenazante de
todas las sociedades modernas» no es en último término
más que «un problema de ideas cristianas»; elogios a la
forma en que el Nuevo Estado llevaba a la legislación las
ideas católicas, en muchos aspectos; lucha ideológica contra
el liberalismo, en tanto doctrina filosófica y en tanto política
concreta en la reciente Historia de España: en última instancia, el antiguo grito de combate integrista que aseguraba que
el liberalismo era pecado pasa ahora a formularse de forma
distinta: «El liberalismo llevaba en su aparente euforia el
gusano del comunismo que arruinaría las naciones»; el anticomunismo, combatido por procedimientos menos burdos
que en otras revistas, con estudios de Manuel Giménez
Fernández, Lojendio y otras; la insistencia en el papel que ha
de jugar la Iglesia en el sistema educativo y, finalmente, los
elogios a la Hispanidad.
Otra revista importante surgida en los años cuarenta fue la
Revista de Estudios Políticos, órgano del Instituto del mismo
nombre, creado en el año 1939 para cumplir «esa ambición
histórica de nuestro Movimiento que quiere hacer de España
el Imperio de cruces y espadas que le marca un destino
inexorable. Escuela de formación trascendente se crea, definidor de normas y vigía de estilos». Según Stanley Payne,
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378
sus redactores constituían el brain trust de la Falange y del
propio Estado franquista: García Valdecasas, Castiella,
Eugenio Vegas Latapié, Díez del Corral, J.A. Maravall,
Jordana de Pozas, Fernández Miranda, Ramón Carande,
Juan Beneyto, Pedro Laín Entralgo, Carlos Ollero, Sánchez
Agesta, García Escudero, Leopoldo Panero, Luis Rosales,
Mariano Aguilar, Fernández Almagro, Camón Aznar, Manuel
Fraga y otros. José Antonio Portero, en su estudio sobre esta
revista (nota 56), establece como sus principales líneas ideológicas el catolicismo, el nacionalismo o «españolismo» y el
falangismo. Así, es misión de España recristianizar a Europa
(nota 57), cosa fácil porque para los españoles, como decía
Corts Grau, «el catolicismo ha sido la verdadera Patria».
Lógicamente, se exaltaban aquellos momentos de la historia
española donde más evidente fue el papel de la religión: la
reconquista, la colonización en América y la guerra civil
(nota 58), a la que se denomina habitualmente Cruzada.
El sector tradicionalista y afín al Opus Dei, en la línea de
Menéndez y Pelayo, Vázquez de Mella, Ramiro de Maeztu y
el grupo de Acción Española, se agrupaba en torno al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (por iniciativa de José Mª Albareda) y la revista Arbor, donde escribían
Rafael Balbín Lucas, Rafael Calvo Serer, Federico Suárez
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379
Verdaguer, Florentino Pérez Embid, Víctor García Hoz,
Vicente Palacio Atard, Alvaro d’Ors, Ángel González Álvarez,
Fray Justo Pérez de Urbel, García Yebra, Rafael Gambra,
Pinillos, Jesús Arellano y Francisco Elías de Tejada (nota 59).
Arbor cumplió un papel básico en la búsqueda de una cultura de elite que incluyó, a partir de 1946, una cierta apertura
hacia la cultura que se producía en el exterior, si bien con una
gran carga de ideología. En cierta medida, los hombres que
animaban el CSIC pretendían una alternativa a la visión «literaria» a la que eran proclives los hombres que hacían
Escorial. Con todo, la cultura defendida por Arbor se caracterizaba por un pensamiento arcaizante y contrarrevolucionarlo, el antirracionalismo, la idealización de la cultura medieval,
la idea de una Europa cristiana y la negación de la ideología
del progreso (nota 60).
Hay en Arbor una mayor atención a los temas científicos que
en otras revistas (cosa lógica, puesto que se trataba de dar
salida a la producción científica de los distintos Institutos creados en el seno del CSIC) y una menor atención a las ciencias humanas. Y sobre todo, es una buena fuente para conocer las actividades del propio CSIC y de todo el aparato de
poder cultural y político que consiguió montar el Opus Dei a
través de los Cursos de Verano de la Rábida, la escuela de
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380
estudios sobre Hispanoamérica de Sevilla, y la Universidad
de Verano Menéndez y Pelayo.
También en los años cuarenta aparecieron dos revistas de
interés y mayor difusión: Índice, dirigida desde 1945 y a lo
largo de su vida por Juan Fernández Figueroa, caracterizada
casi siempre por su ambigüedad ideológica, e Insula, que
salió en 1946 y que, dirigida por José Luis Cano y Enrique
Canito, mantuvo una actitud más coherente, pero también
más reducida al ámbito puramente literario. Desde los aledaños del poder, además, se asistía a la desaparición en 1946
de dos revistas integristas, iniciativa de Juan Aparicio y que
volverían a aparecer años después, también con cargo a los
presupuestos del Estado: El Español y La Estafeta Literaria,
ambas caracterizadas por el tono bronco que solía impregnar
las iniciativas del jonsista Aparicio. En El Español colaboraron
Azorín, Juan Beneyto, José Luis Cano, Óscar Pérez Solís,
José Plá, Rafael Sánchez Mazas, Tomás Borrás, Maximiano
García Venero, Ernesto Giménez Caballero, Antonio Tovar,
Luis Rosales, Rafael García Serrano, Eduardo Aunós,
Manuel Machado, Leopoldo Panero y Julio Caro Baroja, entre
otros muchos, procedentes de todas las «familias» del régimen, aunque con cierto predominio del falangismo.
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381
El Español, que inició su andadura en octubre de 1942, se
subtitulaba «Semanario de la política y del espíritu», apoyó
entusiásticamente a las potencias fascistas mientras ello fue
posible y mezclaba los artículos de temática cultural con otros
claramente propagandísticos sobre las realizaciones del régimen o las iniciativas de Falange. Abundaron, naturalmente,
los artículos de o sobre los fundadores de FE, las JONS y
demás antecedentes del estado franquista, la revisión de la
historia española y universal y las reclamaciones de un espacio imperial para España.
En 1949 se suscitó entre Laín Entralgo y Calvo Serer una
polémica sobre la historia y el futuro de España. En 1947 se
publicó el tomo I de la Historia de España que dirigía
Menéndez Pidal, con su famoso prólogo titulado «Los españoles en la historia». En 1949 Laín Entralgo publicaba su libro
España como problema y por esas fechas Antonio Tovar
escribía a su vez un estudio sobre Menéndez y Pelayo: contra ambos reaccionó Rafael Calvo Serer en el número de
Arbor de septiembre-octubre de 1949, en un ensayo titulado
España sin problema. Laín optaba por una nación católica y
universal, pero manifestaba la necesidad de integrar y comprender a los otros, incluso a los librepensadores, porque
todos constituían el patrimonio de España. Creía Laín que la
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382
esencia de España era el sentido católico de su existencia
(pero no en cuanto coacción), su unidad y su libertad política
y económica, el respeto a la justicia social, el idioma y el respeto a la dignidad de la persona humana. Calvo Serer, por su
parte (en el prólogo del libro que, también en 1949 y con el
mismo título que el artículo publicó en Rialp) aseguraba que
«esa consideración de España como problema ha sido el
tema central de la desunión espiritual que ha paralizado la
historia nacional, por medio de la confusión y las divisiones
internas de los españoles» y establecía en el pensamiento de
Menéndez Pelayo la solución de la pretendida disyuntiva.
Contra lo que muchos han sostenido, no hay tanta diferencia
entre Calvo, Tovar y Laín. En definitiva, nadie renunciaba a
esa «homogeneidad lograda en 1939» y nadie se acordaba,
por supuesto, de las gentes del exilio.
De todos modos, no hay que perder de vista el carácter minoritario, casi esotérico, de estas querellas. La ideología que a
través de la radio, el cine o los medios de comunicación escritos llegaba a los españoles no difería de la de años atrás,
salvo en una cierta distensión en la agresividad y un menor
ímpetu en el afán de proselitismo. La pretendida «oposición
democrática» al franquismo estaba compuesta por personas
que formaban o habían formado parte del régimen y llevaban
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383
a cabo audaces conspiraciones tras haberlas puesto previamente en conocimiento de la autoridad competente, mientras
que la oposición real se jugaba aún la vida y la libertad. En
provincias, las disputas entre falangistas y católicos eran
inexistentes, pues unos y otros eran «dos personas en un
solo ser verdadero», el del franquismo. En 1950, Juan de la
Cosa, pseudónimo utilizado por Carrero Blanco, aseguraba
que «en el orden político, durante estos diez años se ha verificado el tránsito de la dictadura más absoluta (en 1939, toda
la autoridad y todos los derechos que en él, como en los
reyes caudillos, convergían en su origen, están en la persona
del vencedor de la Cruzada) al actual régimen, estable y definitivo, de Monarquía representativa... El régimen así constituido, y pese a cuanto vociferen nuestros adversarios, es perfectamente democrático» (nota 61).
En la etapa que va de 1951 a 1956 se enmarcan los intentos
renovadores de Ruiz Giménez (que había sido embajador
ante el Vaticano y había preparado la firma de los
Concordatos, siguiendo las directrices de Martín Artajo) al
frente del Ministerio de Educación, con la ayuda de Tovar y
Laín como rectores de las Universidades de Salamanca y
Madrid, y con la colaboración en diversos cargos del
Ministerio de personas como Fraga, Federico Sopeña
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384
(nota 62), Corts Grau, Sintes Obrador y Fernández Miranda.
Todo ello sin salirse ni por un momento del más absoluto respeto al Caudillo, a los principios del Movimiento y, en general,
a los intereses de la clase dominante, como se puede apreciar en las declaraciones a la prensa e intervenciones en
actos públicos de Ruiz Giménez y su equipo. Sin embargo,
esta actitud suscitó en las filas integristas una evidente reacción (que puede ser interpretada como una querella por parcelas concretas del poder universitario y cultural más bien
que como una lucha en torno a una auténtica liberalización
del sistema): se acusó al equipo dirigente del Ministerio de
connivencia ideológica con la funesta generación del 98, con
los krausistas y hasta con los socialistas, y se les recordó su
pasado totalitario.
En los años cincuenta, también las revistas del régimen ofrecen material interesante para captar la ideología dominante.
Reapareció, de nuevo bajo la dirección de Juan Aparício, El
Español, que pretendió ser en esta nueva etapa un semanario más popular que antes y propugnaba una actitud que, en
uno de sus primeros editoriales, se calificaba de «dogmática,
pero no excluyente». Por eso habría que intentar incorporar
todas las ideas, pero sin olvidar que «solamente merecen
puesto y lugar en el concierto nacional las que ni directa ni
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385
indirectamente puedan poner en peligro el ser español y el
modo de ser español». En sus páginas colaboraron personas
de diversa ideología que evolucionarían, además, de modo
muy diferente: Miguel Delibes, Giménez Caballero, Juan
Beneyto, Zaragüeta, José Mª García Escudero, Dámaso
Santos, Eduardo Aunós, Enrique Ruiz García, Sánchez Bella,
Tomás Borrás, Maciá Serrano, Alfonso Sastre, etc. El Español
combinaba la vigilancia contra las heterodoxias y su militancia anticomunista y antidemocrática en los editoriales y trabajos sobre política con una evidente apertura en el terreno
cultural: en sus páginas se alabaron las primeras películas de
Bardem y Berlanga, el teatro de Alfonso Sastre, las primeras
novelas y relatos de Ignacio Aldecoa, Sánchez Ferlosio o
Carmen Martín Gaite. A veces apunta la crítica de los jóvenes
que comenzaban a enfrentarse, todavía con guante blanco,
con el Régimen, que, a su vez, no había renunciado aún a
integrarlos. Pero a partir de 1956 esa permisividad disminuye
bastante y a partir de los años sesenta, desaparecería totalmente.
Merece la pena recordar una larga polémica de Juan
Aparicio, en 1954, con Jesús Iribarren, director de Ecclesia,
sobre la libertad de prensa y la censura, en defensa de las
opiniones de Arias Salgado –que también polemizaría con el
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386
Cardenal Herrera Oria, poco después, en 1955 (El Español
reproduce todos los documentos sobre el tema)–; los elogios,
aun matizados, a la figura intelectual de Ortega, a su muerte,
que contrastan con los ataques perpetrados contra Unamuno
por Fray Albino, Obispo de Córdoba, o por el padre Oromí,
etc. Tras los acontecimientos estudiantiles que provocaron la
salida de Ruiz Giménez del ministerio, El Español lanzó una
denuncia con nombre y apellidos (Múgica Herzog, Tamames,
Pradera, Julio Diamante, Sánchez Dragó, López Pacheco,
etc.) de personas que no podían defenderse (nota 63). A partir de entonces, aún cuando todavía aparecen algunos artículos de interés en el terreno cultural, la revista acentúa su
posición reaccionaria y publica artículos contra el existencialismo y contra la libertad de costumbres que introduce el
turismo, elogios cada vez más abiertamente propagandísticos a las realizaciones del Régimen, advertencias constantes
contra los peligros de la heterodoxia dirigidas a los intelectuales, denuncias de los complots de socialistas y republicanos en el extranjero, críticas a Francia e Inglaterra. Podemos
citar como compendio un delirante artículo de Juan de la
Cosa, es decir, el almirante Carrero Blanco, publicado en
1957, y tomado de su libro «Las modernas Torres de Babel»,
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387
donde se atacaba al capitalismo, al marxismo, al liberalismo
y al comunismo.
Otras revistas del régimen eran más directamente culturales
(es el caso de Poesía española) o adoptaban una actitud más
informativa y menos militante: así ocurrió con La Estafeta
Literaria, que volvió a salir en estos años cincuenta también
con fondos públicos y que analizaba la cultura desde posiciones cada vez más conservadoras. Por otro lado, en la órbita
del Opus Dei, aparecieron por esos años Nuestro Tiempo y
Punta Europa. La primera apareció en 1954, dirigida por
Antonio Fontán y en su primer número afirmaba: «Vivimos,
sin quererlo, inmersos en el historicismo, como jugamos sin
saberlo con ideas democráticas o liberales, como nos inclinamos respetuosos ante el mito de la igualdad. Todo ello por
la aplastante, mayoritaria y universal victoria de dos errores
capitales que acaban abrasándose en la más cruel, enérgica,
violenta y consecuente de las subversiones sociales: la revolución Marxista». Por su parte, Punta Europa planteaba el
siguiente objetivo: «Cada vez más existe la clara y extendida
evidencia de la incompatibilidad entre las ideas de la gran
democracia y la dignidad del hombre... El 18 de julio fue una
rebeldía viril contra el estado de cosas precedente. Han quedado atrás muchos años vergonzosos. Ese otro rincón donde
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388
el alma de Occidente puede estar vigilante, vuelve a ser
España, punta de Europa».
Los años cincuenta son, pues, tiempo de confusión entre una
sociedad que se moderniza y va conociendo lo que ocurre en
el extranjero, y un sistema político que se niega a cambiar: de
ahí, las luchas entre los inmovilistas y quienes pretendían
hacer evolucionar al régimen, aunque poco a poco estos últimos irán comprendiendo que se trata de una empresa imposible y evolucionarán hacia la oposición. Así se producen los
intentos de Aranguren de iniciar un diálogo con los protestantes y con los existencialistas; la consolidación de la revista El Ciervo, que se venía publicando en Barcelona desde
1950, dirigida por Lorenzo Gomis y en la línea de un catolicismo progresista (nota 64); y alguna polémica sobre la relación entre los intelectuales del interior y los del exilio.
Asimismo hay que hacer alguna referencia, en esta cultura
crítica más o menos tolerada que va apareciendo, a la publicación del Boletín Informativo de la Cátedra de Derecho
Político de la Universidad de Salamanca, dirigido por Tierno
Galván y en el que colaboraban Raúl Morodo y Lucas Verdú,
y desde el que se defendían posturas tan prudentes como el
«tacitismo» y el «funcionalismo», es decir, la necesidad de
tener en cuenta la técnica y la eficacia europeas. O la obra
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histórica de Jaume Vicens Vives en Barcelona, con su renovación metodológica y su visión de la historia a partir, no de
una ideología imperial, sino de datos demográficos, sociales
y económicos (nota 65). O la labor de la llamada «generación
de 1956», la protagonista del conflicto universitario, propiciadora de reuniones como las Conversaciones del Cine
Español en Salamanca o del non nato Congreso de
Escritores Jóvenes, y que había comenzado su actividad cultural y política colaborando e impulsando revistas, muchas de
ellas pagadas por el SEU, como Haz, Alférez, La Hora y
Alcalá, en Madrid, o Laye, en Barcelona (nota 66): hombres
como Castellet, Manuel Sacristán, J. Mª Valverde, Sánchez
Ferlosio, Sastre, Bardem, Luciano F. Rincón, las hermanos
Ferrater, los hermanos Goytisolo, Francisco Marsal,
Fernández Santos, Fuentes Quintana o Múgica Herzog.
Estas revistas, relacionadas con el SEU o con otras instancias del propio régimen, plantearon sobre todo una polémica
generacional con los intelectuales del franquismo. Se trata de
una actitud todavía, aunque cada vez menos, alejada de la
política misma, pero «politizada» por la propia resistencia del
régimen. Alcalá manifestaba su propósito de «sumar y no restar» en 1953, apoyándose en la política de Tovar, Ruiz
Giménez y el propio Fernández Cuesta: era necesario inteÍNDICE
390
grar en el proyecto futuro de España a otros intelectuales,
además de los Menéndez y Pelayo, Maeztu, Vázquez de
Mella, Balmes o Cortés. Es decir, a Ortega, Unamuno,
Ganivet, Lorca, Guillén, en lo que «de auténtico y valioso»
tuvieran. Se producía así, y a pesar de la buena voluntad de
cuantos esta política propugnaban, la curiosa situación de
que esta aparente polémica entre las dos Españas permitía
dejar al margen a una tradición cultural e intelectual española entonces en el exilio o en la clandestinidad, la cultura obrera, la Institución Libre de Enseñanza, etc. Porque tanto
Alcalá, como La Hora o Laye no podían pasar por alto los elogios al régimen, el comentario puntual y elogioso a los discursos de Franco y demás jerarquías, la conmemoración de
determinadas efemérides, etc. Y habían de recordar constantemente su fidelidad a los principios inamovibles del mismo
régimen y a la religión católica.
En La Hora, que apareció en mayo de 1956 y en la que colaboraban Gabriel Elorriaga, Bugeda, Mauro Muñiz, Carlos
Alonso del Real y Dámaso Santos, alternan las entrevistas a
Otto Skorzeny (que asegura que «mientras exista Alemania,
el comunismo encontrará su oposición») y a varios jerarcas
falangistas, los fragmentos de discursos de Arrese, Solís,
Sanz Orrio, Girón, Torcuato Fernández Miranda, Muñoz
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391
Grandes, las invocaciones a los Balmes, Maeztu, Menéndez
y Pelayo, Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, García
Morente y demás ancestros, con la información cultural de
tono progresista y hasta cierta crítica, siempre desde una
perspectiva juvenil e inconformista, como, según sus autores,
cuadraba a la propia Falange. Así, La Hora atacó la pasión
por el fútbol, «que se ha ganado a pulso su título de opio
nacional», los festivales benéficos para diversión de la alta
sociedad, el veraneo de las clases altas (aunque ahora «la
soledad de los balnearios ha sido turbada por la instalación
vecina de un Campamento de lona»), la falta de horizontes de
alguna juventud (que no pensaba más que en la vespa, los
deportes, las chicas, el cine y la playa), determinadas características anquilosadas de la Universidad y su carácter clasista, etc.
A finales de la década de los cincuenta y a principios de los
años sesenta se asiste al triunfo de la ideología tecnocrática
del desarrollo económico, mientras que desde los sectores de
la oposición se esboza una crítica científica al absolutismo
ideológico del régimen. Miguel Sánchez Mazas, en 1957 y en
un artículo publicado en los Cuadernos del Congreso por la
libertad de la cultura (que animaba en París Julián Gorkín y a
los cuales no parece que fueran ajenos ciertos servicios de
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392
propaganda americanos), constataba «la decisión de las nuevas generaciones de superar la guerra civil, restablecer la
verdad de las funciones sociales, hacer participar a todas las
clases sociales en la gestión del país, sacar del pueblo una
nueva clase dirigente, convertir a España en una democracia
industrial, integrar a nuestro país en una Europa progresiva»
(nota 67).
Sin embargo, persistían las actitudes inquisitoriales, como lo
prueba la polémica suscitada en 1958 por un libro del dominico P. Ramírez (catedrático de universidad, hombre clave del
CSIC, colaborador de Arbor) sobre La filosofía de Ortega y
Gasset, que pretendía probar la irreligiosidad de Ortega y era
a la vez un ataque a sus discípulos, por la carga política que
tenía en tales momentos señalar la heterodoxia del maestro.
Le contestaron los discípulos católicos de Ortega: Aranguren,
Laín, Marías, que señalaron cuán necesario era acostumbrarse en España «a entender antes que a condenar». Otra
importante reacción integrista contra esos intelectuales que
habían iniciado el diálogo con el pensamiento europeo y liberal (diálogo plasmado, por ejemplo, en libros como La espera
y la esperanza, publicado en 1957 por Laín Entralgo, o la
Ética de Aranguren, aparecida en 1958, con acercamientos al
cristianismo reformado y al positivismo anglosajón) fue la
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393
aparición del libro de Vicente Marrero, La guerra española y
el trust de cerebros, publicado en 1961, en el que se criticaba la evolución intelectual –que se motejaba de insincera y
oportunista–, desde sus orígenes totalitarios a su actualidad
liberal, de Laín, Tovar, Ridruejo, Ruiz Giménez, Aranguren
(nota 68), etc.
Otros libros y empresas intelectuales renovadoras en esos
años fueron la traducción por Tierno Galván del Tractatus
logicophilosophicus de Witgestein, su Introducción a la
Sociología (1960), donde se insiste en la necesidad de que la
mentalidad anglosajona corrija la tendencia española a la
generalización y la abstracción, o la Teoría del saber histórico de J.A. Maravall, aparecida en 1958, o libros de teoría política de Carlos Ollero, Jiménez de Parga o Pablo Lucas Verdú.
Muy interesante resulta también La Juventud europea y otros
ensayos, de Aranguren (1961) o la traducción por la editorial
Taurus del libro de Yves Calvez sobre el marxismo, por primera vez considerado como una teoría científica, aunque
desde una perspectiva católica (1958); o hechos más aislados, como la participación de algunos intelectuales en la
firma de protestas contra algunas barbaridades cometidas
por la policía en Asturias, la celebración de un homenaje a
Antonio Machado en Colliure y, en especial, la aparición en
ÍNDICE
394
Buenos Aires en 1962 del libro de Dionisio Ridruejo, Escrito
en España (nota 69). El llamado por la prensa del régimen
«contubernio de Munich» mostraría que la tolerancia del franquismo hacia la disidencia intelectual era más bien escasa,
pero infinitamente mayor de la dispensada al movimiento
obrero o a los partidos clandestinos (nota 70).
2.3. La literatura: poesía y novel
Ya desde el primer momento, los militares alzados contra la II
República se mostraron preocupados por la influencia de la
literatura y de la lectura en general sobre las masas. El periódico Arriba España de Pamplona, el 1 de agosto de 1936,
incitaba así a los defensores del Alzamiento: «Camarada, tienes la obligación de perseguir y destruir al judaísmo, a la
masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema
sus libros, sus revistas, su propaganda». Y el general Queipo
de Llano, en un bando emitido en Sevilla el 4 de septiembre
de 1936, advertía: «Una de las armas de mayor eficacia
puesta en juego por los enemigos de la Patria ha sido la literatura pornográfica y disolvente. La inteligencia dócil de la
juventud y la ignorancia de la masa fueron el medio propicio
para el cultivo de las ideas revolucionarias. Y la triste experiencia de este momento histórico demuestra el éxito del proÍNDICE
395
cedimiento elegido por la masonería, el judaísmo y el marxismo».
La censura de libros fue, pues, uno de los condicionamientos
fundamentales de la literatura durante el franquismo y es un
tema que ha sido bastante estudiado. Llamada con evidente
eufemismo «Ordenación Editorial» o «Servicio de
Orientación Bibliográfica», la censura fue omnipresente en
todos los años del franquismo. Las fichas de los censores
contemplaban varios aspectos, como «valor literario», «valor
documental», «matiz político» y «tachaduras en caso de
autorización». De ahí que se prohibiesen obras por su escaso valor literario (salvo cuando se autorizaba la obra «de una
poetisa, y por tanto, lleno de lagunas y deficiencias») o porque atentaban contra la pureza del castellano (así se retiró
una edición de un Aplec de Cançonetes de Nadal porque no
se le cambió su título por otro castellano y no se le proveyó
de un prólogo en español), por ataques al dogma y a la moral
o por criticar al régimen y sus instituciones. Se censuraba,
incluso, un tratado de matemáticas porque estaba escrito por
un ruso (en 1959). El máximo estudioso del tema, Manuel L.
Abellán (nota 71), ha reproducido el preámbulo de las
«Normas generales confeccionadas por la Delegación
Provincial de Huesca para las Delegaciones Comarcales
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396
dependientes de la misma regulando sus actividades de propaganda», de 1944: «Nuestras actividades derivadas de las
funciones a desarrollar, deben estar encaminadas como
decía el Caudillo... a establecer el Imperio de la verdad y
divulgar al mismo tiempo la gran obra de reconstrucción
nacional que el Nuevo Estado ha emprendido. Es preciso
difundir la cultura para el pueblo por medio de todos los
medios de difusión a nuestro alcance, orientándola de esta
forma en las buenas costumbres, en el sano concepto de
nuestros ideales que inspiraron el Movimiento Nacional, y
propagando la sana y tradicional cultura española, así como
la doctrina cristiana... Nuestra labor ha de ir encauzada a
destruir todo aquello que pudiera ser dañino y perjudicial para
nuestra moral y para todos los conceptos antes mencionados».
En cuanto a quienes ejercieron la censura, tema celosamente velado por las autoridades (pese a las protestas de los
escritores que pretendían, como las editoriales, disponer
también de un código claro de prohibiciones y autorizaciones)
entre ellos figuraron casi todos los escritores del momento,
además de numerosos sacerdotes, militares y técnicos del
Ministerio, siendo perfectamente posible que ellos mismos
sufriesen, a su vez, los rigores de la censura: así, Camilo
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397
José Cela, que rechazó las acusaciones de haber sido censor aludiendo despectivamente a que había tenido que encargarse de un Boletín de una sociedad de antiguos alumnos de
un colegio y cosas por el estilo, hasta que Rodríguez
Puértolas publicó su instancia ofreciéndose, pocos meses
después de haber terminado la guerra, como censor y alegando como mérito para ejercer tal menester el haber pasado la guerra civil en Madrid y estar por ello en condiciones de
descubrir a cuantos intentasen disimular sus antiguas convicciones. Otros censores fueron, por ejemplo, en 1954, Carlos
Ollero, Darío Fernández Flórez, Román Perpiñá, J. A.
Maravall, Valentín García Yebra, Antonio de Balbín Lucas,
Martín de Riquer, Juan Ramón Masoliver, Leopoldo Panero,
Angel Sobejano, etc.
Como ejemplo de los informes de la censura puede verse el
comentario a Nada, de Carmen Laforet: «Novela insulsa, sin
estilo ni valor literario alguno. Se reduce a describir cómo
pasó un año en Barcelona en casa de sus tías una chica universitaria sin peripecias de relieve». Además, superada la
censura, eran todavía atacadas algunas novelas por la Iglesia
Católica: así, de La familia de Pascual Duarte, de Camilo
José Cela, se decía en Ecclesia, en 1944, lo siguiente: «Obra
literaria notable. No se debe leer, más que por inmoral, que lo
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es bastante, por repulsivamente realista. Su nota es la brutal
crudeza con que se expresa todo, incluso lo deshonesto, alrededor de un relato que hace un condenado a la última pena
de su vida y de su familia. Contagiada del fatalismo ruso, llegan sus personajes al crimen contra su propia voluntad». Y
en ese mismo año, el Arzobispo de Toledo, Plá y Deniel, atacaba en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis a la novela La
fiel infantería, por proponerse como necesarios e inevitables
los hechos lujuriosos de la juventud, describirse cruda e indecorosamente escenas de cabaret y prostíbulos, tener expresiones obscenas, y otras volterianas y anticlericales «aún en
labios de soldados nacionales».
La llegada al Ministerio de Arias Salgado impuso a los censores, en su mayoría oscuros burócratas, una obsesión por la
moral cristiana y una enorme preocupación por la salvación
del alma de los potenciales lectores. El censor Pedro de
Lorenzo, en 1952, rechazaba un estudio de Gullón sobre la
poesía de Luis Cernuda recordando que este último se había
manifestado comunista en 1935, había combatido públicamente al Régimen y continuaba manifiestamente hostil en el
exilio; por ello, recomendaba resolver «sobre la apología de
una figura y una temática enemiga de los principios religiosos... blasfematoría... uranista... rojo». A pesar del cuidado de
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la censura y de su diligencia, todavía se mostraba insatisfecho Arias Salgado: «Ante los secretos de la gramática, la
habilidad de la alusión, la sutileza de los recursos literarios,
las ambivalencias de alguna figura retórica, las segundas
intenciones que para el público son perfectamente inteligibles
como primera, los trucos de la confección y titulación, el lugar
del periódico al que se condena la nota, el comentario, la
glosa, la información sugeridas por la autoridad –ardid conocido de los lectores–; ante el silencio que puede ser tan significativo, ante el mismo elogio, desmesurado ex profeso, la
técnica judicial de los tribunales ordinarios puede resultar
ineficaz e inadecuada en la mayoría de los casos». La llegada de Fraga Iribarne al Ministerio no supuso la desaparición
de la censura de los libros, ni mucho menos (nota 72).
Durante el franquismo existió una poesía clandestina, perseguida (problemas para la publicación de las obras de Miguel
Hernández, Pablo Neruda, Alberti y el resto de los exiliados,
Blas de Otero y muchos poetas extranjeros), pero también
existía una poesía del régimen, apoyada desde las instituciones oficiales. La valoración de ambas ha sido diversa y sometida a cierto movimiento pendular: la poesía crítica con el sistema fue incluso sobrevalorada por su valor añadido de protesta social (véase el papel de los cantautores en los años de
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400
la transición), mientras que un piadoso velo se corría sobre
los poetas que ensalzaban al franquismo, ganadores de
Juegos Florales y cantores de acontecimientos históricos.
Posteriormente, y con el desprestigio de la llamada «poesía
social» a cargo de los «novísimos», se produjo una cierta
recuperación de autores como Panero, de forma que el furibundo libro de Rodríguez Puértolas despertó cierto malestar
(nota 73). Creo que sería más importante encontrar unas claves para comprender que dictar juicios y, reconociendo el
derecho a la rectificación y sin olvidar que hay poetas buenos
y malos en todos los regímenes y sistemas (recuérdense, por
ejemplo, los poetastros surgidos en la España republicana
durante la guerra civil), procurar señalar las relaciones entre
ciertos poetas y el franquismo.
Según León Felipe, el exilio «se llevó la canción»: marcharon
de España Antonio Machado, Juan Ramón, Alberti, León
Felipe mismo, Altolaguirre, Cernuda, Gil-Albert, Emilio
Prados, Juan Larrea y otros poetas de menor importancia
(Herrera Petere, Juan Rejano, Moreno Villa). Había muerto
Federico García Lorca y pronto moriría Miguel Hernández.
Pero, con todo, aquí quedaron otros muchos que, entre la
adhesión al nuevo Régimen y el rechazo, produjeron una
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401
obra estimable: Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, José
Hierro, José M.ª Valverde, etc.
En la inmediata postguerra, la poesía se centró en las temáticas amorosa e imperial, esta última más directamente política, como la contenida en antologías como la Elegía de los
campos y de los vientos en el cortejo de José Antonio
(Madrid, 1939), poemas sobre el traslado de los restos de
José Antonio desde Alicante hasta El Escorial; la Musa redimida. Poesías de los presos en la Nueva España (Madrid,
1940), con encendidas loas patrióticas al Caudillo y al nuevo
régimen hechas por presos políticos que así redimían pena;
la recopilación Poemas de la Alemania eterna (Madrid, 1940),
donde hay poemas de Manuel Machado, Alfredo Marquerie,
Ridruejo, D’Ors y otros; la Ofrenda lírica a José Luis de
Arrese en el IV año de su mandato (Madrid, 1945), con obras
de Gerardo Diego, Marcelo Arroita Jaúregui, Pedro de
Lorenzo, Federico Muelas, Fray Justo Pérez de Urbel,
Marquina, Marquerie, Matías Prats, Jesús Evaristo Casariego
o Tomás Borrás; la Corona de sonetos en honor de José
Antonio Primo de Rivera (Barcelona, 1939), donde colaboraron Tovar, Álvaro Cunqueiro, Eugenio Montes, Vivanco,
Rosales, Fray Justo Pérez de Urbel, Gerardo Diego, Adriano
del Valle, Panero, Laín, Foxá y Pemán; o la Antología poética
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402
del Alzamiento (Cádiz, 1939), en la que escriben muchos de
los citados, además de Manuel Machado, Marquina o el
valenciano Rafael Duyos, que años después insistiría en su
posición: es autor, así, de una Evocación lírica de José
Antonio (Madrid, 1964), compuesta precisamente en
Alicante, en una vigilia del 20 de noviembre.
Hubo, lógicamente, un fervor laudatorio hacia los vencedores
que produjo numerosas poesías hoy justamente olvidadas.
Con todo, también se movió con tal motivo la inspiración de
poetas más conocidos, como Agustín de Foxá (nota 74),
Ernesto La Orden Miracle, con su Romancero nacional
(Barcelona, 1939), Federico de Urrutia, autor de unos
Poemas de la Falange eterna (1938), y, sobre todo, José Mª
Pemán (nota 75) con su famoso Poema de la bestia y el ángel
(nota 76). En el Canto Primero, Pemán se remonta al principio de los tiempos, recordando los peligros de la libertad y la
ciencia, las asechanzas de la Sinagoga y las Logias contra la
Cruz, para acabar en el asesinato de Calvo Sotelo. En el
Canto Segundo, titulado «En el Centro de la Historia», Pemán
recuerda el nacimiento de Franco (tres hadas le llevan como
presente una espada, una balanza de plata y una sonrisa),
recuerda su actuación en Africa hasta llegar a la guerra civil:
el paso de Franco a Marruecos, escoltado su avión por dos
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403
águilas, Roma y Germania, episodios de la guerra como el
Alcázar de Toledo, la defensa de Oviedo y el famoso enfrentamiento entre la bestia, un tanque («sonido sin sintaxis de
prosa dura y proletaria») y el ángel, un infante aragonés (que
«sabe su catecismo/leer despacio, escribir mal/multiplicar
hasta el siete y tres jotas al Pilar»). En el Canto Tercero,
«Hacia los nuevos tiempos», Pemán habla del Nuevo Estado,
para acabar en una invocación a Isabel la Católica y el
Cardenal Cisneros y una diatriba maldiciendo a Lenin.
Más calidad tienen otras empresas poéticas. Uno de los grupos más importantes surgidos en la postguerra fue el de la
revista Garcilaso (1943). Apasionados por el soneto, los poetas capitaneados por García Nieto, Germán Bleiberg y F.
Muelas utilizaban una retórica arcaizante y formalista, con
temas siempre abstractos (Belleza, Amor, Dios) (nota 77).
Además de esta «juventud creadora», los poetas franquistas
más importantes eran Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco,
Dionisio Ridruejo y Leopoldo Panero, la llamada «generación
de 1936», que evolucionaron de forma muy diversa, pero en
general hacia una poesía más humana, más auténtica,
menos fría y perfecta que la que hacían en los primeros años
triunfales, de la puede ser un ejemplo el Soneto a Mussolini,
publicado por Dionisio Ridruejo en la revista Vértice en junio
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404
de 1939. En cuanto a Leopoldo Panero, tal vez su poesía más
política fuese su Canto personal, publicado en 1953 como
réplica al Canto general de Pablo Neruda y con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En el prólogo, Ridruejo
se quejaba de que el mundo siguiese hablando de cada día
de cárcel de Miguel Hernández y de la última gota de sangre
de García Lorca: «es demasiada farsa seguir hablando de
esto después de Katin y de Nuremberg y de Híroshíma y de
los bombardeos en masa y de los campos de concentración
en todo el mundo».
Poco a poco van surgiendo otros poetas más críticos con el
régimen, o al menos, no tan entusiastas del mismo. Hitos en
esa evolución pueden ser el libro editado por la FUE en 1946,
Pueblo cautivo, debido probablemente a Eugenio de Nora, o
la aparición de Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, en 1944,
fecha en que también apareció Sombra del paraíso, de
Vicente Aleixandre como prueba de que era posible otra poesía. Dámaso Alonso mostraba una pesimista visión del cainismo español, de ese Madrid «que es una ciudad de más de
un millón de cadáveres»: su poesía desarraigada, más que
existencialista, utilizaba, sin embargo, un lenguaje cotidiano.
Otros libros importantes de esos años son Los muertos, de
Hidalgo (1947); Ángel fieramente humano (1950), Redoble de
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405
conciencia (1951), de Blas de Otero y algunos otros de Juan
de Leceta, heterónimo de Gabriel Celaya. Son momentos, al
final de la década de los cuarenta, en que va surgiendo una
nueva estética, la que producirá la famosa «poesía social»,
aquella que consideraba a la poesía como «un arma cargada
de futuro», un instrumento para transformar el mundo
(nota 78).
Un papel importante en la poesía española lo jugaron las
revistas, que fueron en general apoyadas por el sistema o
toleradas en función de su escasa difusión. Portavoces de
diversos grupos, fueron a veces reducto de una poesía crítica: es el caso de Espadaña, que desde 1944 fue una especie de antecedente de la llamada poesía social, revalorizando la poesía olvidada de Hernández y César Vallejo; o el
grupo Cántico, de Córdoba, con poetas como Ricardo Molina
o Pablo García Baena. En otras ocasiones, eran portavoces
de provincianos cenáculos. Gracias a estas revistas, sin
embargo, fueron dándose a conocer poetas como Victoriano
Crémer, Angela Figuera, Otero, Nora y tantos otros (nota 79).
La década de los cincuenta muestra un total predominio de la
poesía crítica y no oficialista, aunque en muchos casos tenía
que seguir publicándose en revistas patrocinadas por el
Estado o siendo recitadas en Fiestas de la Primavera de
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406
indudables resabios falangistas. Siguieron existiendo los poetas oficiales (los que recorrían los teatros españoles con sus
«Alforjas para la poesía»), pero se impuso totalmente esa
luego tan denostada poesía social, a partir sobre todo de la
publicación en 1952 de una Antología consultada de la joven
poesía española, seleccionada por Francisco Ribes tras una
consulta a críticos y poetas: allí fueron incluidos Gaos,
Cremer, Celaya, Otero, Nora, Hierro, Valverde y Bousoño
(nota 80). Y a lo largo de esos años fueron apareciendo los
versos de Ángel González, Carlos Sahagún, Claudio
Rodríguez, José Agustín Goytisolo, Caballero Bonald, Gil de
Biedma, J. A.Valente, Félix Grande y otros, que serían incluidos en otra famosa antología, la publicada por Castellet en
1960. Apuntan ya, sin embargo, otros tiempos, con los primeros versos de Francisco Brines y otros que, al amparo de
diversas circunstancias (un mejor conocimiento de la poesía
española del exilio, el regreso de Juan Gíl-Albert, el propio
cambio de la sociedad) darían lugar a los llamados «novísimos», a partir de la antología de Castellet, aparecida en
1970, con obras de Guillermo Carnero, Pere Gimferrer, Félix
de Azúa, Vázquez Montalbán y otros, cuya evolución poética
posterior ha sido muy diversa (nota 81).
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407
Contamos con algunos textos memorialísticos de algunos
literatos y críticos de estos años, que nos aportan un testimonio de primera mano no sólo sobre las relaciones entre el
poder y la literatura, sino especialmente sobre las ideas políticas y artísticas de muchos escritores (nota 82). Eran años
difíciles y, mientras quedaban inéditas en España muchas
grandes novelas, eran traducidos autores de segunda fila
como Maurois, Pearl S. Buck, Louis Bromfield, Knut Hamsun,
Lajos Zilahy, Maurice Baring y Sommerset Maugham,
muchos de ellos en las editoriales propiciadas por Josep
Janés, que, entre 1944 y 1945, editó casi mil cuatrocientos
títulos. Además, se convocaron diversos premios de novela,
como el Nadal, que premió Nada, de Carmen Laforet, en
1945 y que, posteriormente, ganarían Delibes, con La sombra del ciprés es alargada, Gironella, con Un hombre, Elena
Quiroga, con Viento del Norte, y Sebastíán Juan Arbó, con
Sobre las piedras grises. Otros premios eran el Miguel de
Unamuno, el Lecturas, el Fasthenrat, el José Antonio Primo
de Rivera, el Miguel de Cervantes y otros muchos.
La producción novelística en los años cuarenta, se caracteriza (con las lógicas excepciones) por el provincianismo, el
anacronismo de las formas narrativas y la mediocridad.
Algunos supervivientes de otras épocas –como Ricardo
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408
León, con Cristo en los Infiernos (1943), Concha Espina, con
Luna Roja. Novela de la Revolución (1938) y Esclavitud.
Diario de una prisionera (1938), Wenceslao Fernández
Flórez, con Una isla en el mar rojo (1939)– y otros nuevos
escritores publican, en un primer momento, unas novelas
militantes, de tema falangista y anticomunista: es el caso de
Agustín de Foxá, con Madrid, de Corte a Cheka (1938),
Francisco Camba, con Madrídgrado (1939), Rafael García
Serrano, con Eugenio o la proclamación de la primavera
(1938) y La fiel infantería (1943); y Tomás Borrás, con Checas
de Madrid (1940). Estas novelas, lógicamente, se caracterizan por una maniquea separación de sus personajes, la idealización de los combatientes nacionalistas y el rebajamiento
de los luchadores de la República hasta los más ínfimos grados de infrahumanidad. Foxá los describe así: «Era el gran
día de la revancha, de los débiles contra los fuertes, de los
enfermos contra los sanos, de los brutos contra los listos.
Porque odiaban toda superioridad. En las chekas triunfaban
los jorobados, los bizcos, los raquíticos y las mujerzuelas sin
amor, de pechos fláccidos que jamás tuvieron la hermosura
de un cuerpo joven entre los brazos».
Se ha dicho que en los años cuarenta existió un nutrido grupo
de novelistas falangistas que, si bien fueron evolucionando al
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409
compás de los acontecimientos históricos, no dejaron casi
nunca de demostrar sus orígenes y sus ideas (nota 83). En
este grupo habría que citar especialmente a García Serrano,
que ya advertía que «sirvo en la literatura como serviría en
una escuadra. Con la misma intensidad y el mismo objetivo.
Cualquier otra cosa me parecería una traición». Surgen así,
entre otros muchos, José Antonio Giménez Arnau, con Línea
Siegfried (1940) y sobre todo El canto del gallo (1954), José
Mª Alfaro, con Leoncio Pancorbo (1942), Tomás Salvador,
José Luis Castillo Puche, Emilio Romero, Cecilio Benítez de
Castro, Rafael Sánchez Mazas (La vida nueva de Pedrito de
Andía, 1951) y Gonzalo Torrente Ballester, con su Javier
Mariño (1943), subtitulada «Historia de una conversión», en
la que se cuenta la recuperación para la España nacional de
un escéptico señorito español afincado en París (posteriormente, Torrente Ballester publicaría, ya con temática muy
diversa, El golpe de estado de Guadalupe Limón, 1946, y a
partir de 1957 la trilogía Los gozos y las sombras).
Otros novelistas, bien ligados a la Falange en unos primeros
momentos o bien a las clases medias favorables a los nacionalistas, se ocuparon de temáticas ajenas a la guerra civil:
así, Alejandro Núñez Alonso, Bartolomé Soler o Álvaro
Cunqueiro, que alcanzaría grandes cotas de calidad cultivanÍNDICE
410
do la literatura fantástica, a partir de Merlín y família (1957) y
Las crónicas del sochantre (1959). Otra corriente de éxito en
la novela española de postguerra, subproducto de La familia
de Pascual Duarte, de Cela, fue la novela «tremendista», cultivada por José Suárez Carreño, con Las últimas horas
(1950), Darío Fernández Flórez, con Lola, espejo oscuro
(1950) y otros. La novela típicamente burguesa tiene sus
mejores representantes en Sebastián Juan Arbó e Ignacio
Agustí, con su serie La ceniza fue árbol, iniciada con Mariona
Rebull (1944), Dolores Medio, Elena Quiroga y, sobre todo,
Juan Antonio de Zunzunegui, con ¡Ay... estos hijos! (1942),
La úlcera (1949) y Esta oscura desbandada (1952). Un caso
especialmente interesante fue el de José M.ª Gironella que
comenzó a publicar en 1953 una trilogía sobre la guerra civil
con Los cipreses creen en Dios, a la que seguirían Un millón
de muertos (1961) y Ha estallado la paz (1966). La primera
de estas obras, e incluso la segunda, alcanzaron enormes
tiradas y provocaron numerosas polémicas: Gironella pretendía tratar con objetividad el tema de la guerra civil, en respuesta (así se decía expresamente en el prólogo de una de
sus novelas) a las versiones que sobre la contienda española habían novelado Malraux, Hemingway, Bernanos, Koestler
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411
y Arturo Barea en unas obras que estaban absolutamente
prohibidas en España en esos años, por cierto.
Las figuras más destacadas en la novelística española de los
años cuarenta fueron, sin duda, Camilo José Cela, que se vio
obligado a publicar en Buenos Aires, por razones de censura,
su aguda visión del Madrid de la postguerra La colmena
(1951), que constituye una de sus mejores obras, a mayor
altura que otras escritas también en estos años (Viaje a la
Alcarria, 1948; La catira, 1955); Carmen Laforet, aunque su
segunda novela, La isla y los demonios (1952), quedaba a
mucha distancia de su interesante primera obra, Nada
(1945); y Miguel Delibes, que escribe una desolada y sombría
narración en La sombra del ciprés es alargada (1948), a partir de la cual irá evolucionando muy positivamente.
En los años cincuenta se dio el predominio exclusivo de la llamada «novela social»: es evidente que se debió a una reacción por parte de muchos jóvenes autores contra el falseamiento sistemático de que era objeto por la prensa la realidad
de España. Ha sido muy discutido este tema, en el que no
podemos entrar: hasta qué punto el intento de los Sánchez
Ferlosio, Fernández Santos, Juan Goytisolo, López Pacheco,
López Salinas y otros de «llegar» a un gran público para cumplir una función testimonial, con lo que todo ello suponía de
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reduccionismo formal (búsqueda de un lenguaje más sencillo,
de temáticas populares, de protagonistas «colectivos», etc.)
tuvo resultados apreciables desde el punto de vista literario.
Más que una relación con el llamado «realismo socialista»
(aunque no hay que descartar como han testimoniado
Goytisolo y Barral, por ejemplo, el apoyo del Partido
Comunista a este tipo de literatura, que se creía podría cumplir un papel de elevación de la conciencia de unas masas
que no leían, por cierto), estos novelistas se plantean una
disidencia de los parámetros culturales y políticos del régimen (nota 84). A pesar del rechazo que muchos de los críticos que antes les ensalzaron y de los propios autores (desde
Alfonso Grosso hasta el propio Juan Goytisolo en su obra En
el reino de taifa), se puede decir que en estos años se produce una narrativa muy estimable: así la mayoría de la obra,
especialmente los cuentos, de Ignacio Aldecoa, Los bravos
(1954) de Jesús Fernández Santos, El Jarama (1956) de
Rafael Sánchez Ferlosio, Juegos de manos (1954) de Juan
Goytisolo, que podría ser calificada de novela de rebeldía
contra la clase burguesa, etc. De menor interés son, sin duda,
Central eléctrica (1958) de López Pacheco, La piqueta (1959)
de Antonio Ferres o La mina (1960) de Armando López
Salinas. Teóricamente, el tema se planteó en La hora del lecÍNDICE
413
tor (1957), de José M.ª Castellet, y en Problemas de la novela (1959), de Juan Goytisolo. Finalmente, hay que recordar
que en este período aparecen también las primeras novelas
de Juan García Hortelano (Nuevas amistades, 1960) y Luis
Goytisolo (Las afueras, 1958). La etapa se cierra con una
novela que hará época: Tiempo de silencio, de Luis Martín
Santos (1962) (nota 85).
Posteriormente, la novela española inicia un camino hacia
nuevas formas, con las obras de Juan Goytisolo (Señas de
identidad, 1966), Juan Marsé (Últimas tardes con Teresa,
1966), Juan Benet (Volverás a Región, 1966) y nuevas aportaciones de Miguel Delibes (Cinco horas con Mario, 1967): la
primera, a pesar de que parecía haberse suavizado la censura, tuvo que aparecer en México. Ya en los años setenta, y
tras el éxito de El mercurio, de José María Guelbenzu, aparecen excelentes novelas como La saga/fuga de J.B., de
Torrente Ballester, Si te dicen que caí, de Juan Marsé, Ágata,
ojo de gato, de Caballero Bonald, y La verdad sobre el caso
Savolta, de Eduardo Mendoza, que se publica precisamente
en 1975.
Lógicamente, también habría que hacer mención de la literatura no castellana, que sobrevivió a las dificultades opuestas
por el franquismo. En Catalunya, las figuras extraordinarias
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de Salvador Espriu, con su preocupación por los problemas
de Sepharad, Pere Quart (Joan Oliver), que estuvo en el exilio, y Joan Brossa en la poesía, las aportaciones de Josep
Pla, Llorenç Villalonga, Manuel de Pedrolo o Mercé
Rododera. En el País Valenciano, la obra de Vicent Andrés
Estellés y Joan Fuster. En el País Vasco, las poesías de
Gabriel Aresti. En Galicia, la obra poética de Celso Emilio
Ferreiro y las prosas de Eduardo Blanco Amor, Álvaro
Cunqueiro y Méndez Ferrín, sobre todos los cuales (como
sobre la mayoría de los escritores españoles de la época) hay
ya estudios concretos y detallados.
2.4. Teatro y cine
El teatro fue, lógicamente, muy controlado por el franquismo
y le afectó también el fenómeno del exilio, al que marcharon
Antonio Machado, Max Aub, Alejandro Casona, Jacinto Grau,
Rafael Alberti y Gregorio Martínez Sierra, así como la actriz
Margarita Xirgu; además, había sido asesinado García Lorca
y «La Barraca» había desaparecido. Entre 1939 y 1949 se
representaron obras de ínfima categoría, intrascendentes y
dirigidas a un público urbano y burgués que no exigía otra
cosa que pasar el rato. Mientras iba desapareciendo, por la
competencia del cine, el teatro de los pueblos, donde aún
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actuaban compañías de cómicos ambulantes, en las ciudades dominaba la comedia benaventiana, de «fina intencionalidad», situada en ambientes de clase media o alta, con una
crítica superficial, amable frivolidad, situaciones y tramas
eternamente repetidas y final feliz. Todo ello, bajo la cuidadosa supervisión de la censura, que controlaba textos, ensayos
y hasta las dimensiones de los vestidos de las vedettes. Así,
el departamento de Teatro y Música del Servicio Nacional de
Propaganda del Ministerio de la Gobernación recordaba, en
abril de 1939, a los empresarios de teatros, concierto, circo,
music-halls, etc., que debían presentar proyectos rigurosamente detallados de cualquier actuación que pretendieran
realizar (nota 86).
Siguieron representándose En Flandes se ha puesto el sol,
de Marquina, El gran galeoto, de Echegaray, y cosas de los
Quintero o Linares Rivas. Entre las obras estrenadas en los
primeros momentos del franquismo se podrían citar, además
de las nuevas aportaciones de Benavente, Nieve en mayo, Al
amor hay que mandarle al colegio y otras sin demasiado interés (nota 87); Por la Virgen Capitana (1940) y El testamento
de la mariposa (1942), de José M.ª Pemán; María la Viuda, de
Marquina (1943) y La mejor reina de España, de Rosales y
Vivanco (1939), ejemplos de teatro, en verso muchas veces,
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que trataba de recuperar el pasado imperial. Más interés tuvo
el teatro de Enrique Jardiel Poncela (Un marido de ida y vuelta, 1939; Eloisa está debajo de un almendro, 1940; Los ladrones somos gente honrada, 1941; Los habitantes de la casa
deshabitada, 1942), caracterizado por el escapismo, el humor
abstracto e irracional y el predominio de lo fantástico e inverosímil. También cultivaron el teatro de humor los Mihura,
Tono, Laiglesia, con obras como Ni pobre ni rico, sino todo lo
contrario (1943), de Mihura y Tono, o Guillermo Hotel (1945),
de Tono. Como es sabido, Mihura experimenta cierta evolución y en 1952 conseguirá estrenar una obra escrita mucho
tiempo atrás, sobre la imposibilidad de la comunicación y del
amor: Tres sombreros de copa. Un epígono de este tipo de
teatro es Alfonso Paso, que en su primera obra, Premio
Carlos Arniches, Los pobrecitos (1957) remozaba el viejo sainete.
Como representantes de la comedia burguesa típica tendríamos que citar a Joaquín Calvo Sotelo (Plaza de Oriente,
1947), Edgar Neville (El baile, 1952), López Rubio (Celos del
aire, 1950), Víctor Ruiz Iriarte, Agustín de Foxá (Baile en
Capitanía, 1944), Giménez Arnau, Luca de Tena, etc.: en
estas obras predomina el paternalismo y en alguna ocasión
se tratan temas «fuertes» y que provocaron polémica en la
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prensa de la época: así, Murió hace quince años (1953), de
Giménez Arnau, en la que el hijo de un militar es enviado
como terrorista desde Moscú (nota 88), o La muralla (1954),
de Calvo Sotelo, que tuvo un éxito clamoroso, sobre un vencedor en la guerra civil que quiere restituir al final de su vida
la finca de un republicano que se apropió (nota 89).
Además, continuaban los éxitos de las revistas y de vedettes
tan identificadas con el régimen como Celia Gámez (Yola,
1941), que había popularizado la canción «Ya hemos
pasao…», respuesta franquista al «No pasarán», y del teatro
más insustancial, que podría representar Adolfo Torrado (La
madre guapa, Chiruca), que hacía las delicias del público burgués, acostumbrado a las compañías que dirigían grandes
actores, que repetían una y otra vez la misma obra en la que
«los intérpretes iban siempre del sofá a la mesa y de la mesa
al bar a servirse una copa, con lo cual ya tenían el camino
libre para volver al sofá; las actrices se levantaban para lucir
el vestido de noche, y las damitas, que hacían de criadas,
cruzaban la escena cuando sonaba un timbre y aparecía, un
segundo después, el galán con frac, chistera y pañuelo blanco de seda» (nota 90). Además, estaba el teatro fallero de
Enrique Rambal, capaz de hacer aparecer en escena buzos
y tiburones, trineos y torreones desplomados… Y los éxitos
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418
populistas de Doroteo Martí (La segunda esposa, Ama Rosa)
a partir de las obras que escribían para la radio Luisa Alberca
y Guillermo Sautier Casaseca (nota 91).
Hubo con todo, en esos años, buenos directores de escena,
como Luis Escobar y Cayetano Luca de Tena, que sobre todo
en Madrid, en el «María Guerrero» y en el «Español», mantuvieron una gran dignidad en sus producciones, muchas
veces dedicadas a los clásicos, y después, José Tamayo,
José Luis Alonso y Adolfo Marsillach. Y actores y actrices
como María Asquerino, Manuel Dicenta, Maruchi Fresno,
Irene López Heredia, Adolfo Marsillach, Fernando Fernán
Gómez (nota 92), Guillermo Marín, Guadalupe Muñoz
Sampedro, etc.
Sin embargo, el único teatro de interés en estos años lo
encontramos en las obras aisladas de algunos autores que
trataban de dotar al teatro de otro contenido, aunque tuvieron
que sostener una dura lucha contra la censura, que además
impedía la llegada a España de las novedades teatrales que
se producían en el extranjero. Buero Vallejo, con su Historia
de una escalera (1949), inicia su teatro humanista, que tratará posteriormente unos temas recurrentes: la ceguera o la
sordera, como alegorías de otras deficiencias: Hoy es fiesta
(1956), Las cartas boca abajo (1957), Madrugada (1953), Las
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419
Meninas (1960) y El concierto de San Ovidio (1962). El
impacto de Historia de una escalera fue enorme, porque por
primera vez, la realidad se asomaba al teatro. Por su parte,
Alfonso Sastre integra en 1945 el «Arte Nuevo», movido por
la nausea que le producía el teatro burgués de ese momento, y en octubre de 1950 en La hora publicó con José M.ª de
Quinto un manifiesto en el que se creaba el «Teatro de
Agitación Social». Después, escribió muchas obras, siempre
acosado por la censura: Escuadra hacia la muerte (1949), La
Mordaza (1954), En la red (1959), sobre la tortura de presos
políticos, Muerte en el barrio (1955). En este terreno hay que
citar también alguna obra aislada al final de este período,
como El tintero (1961), de Carlos Muñiz, o La camisa (1962),
de Lauro Olmo, autores de un «teatro de protesta» como
Martín Recuerda (Las salvajes en Puente San Gil),
Rodríguez Méndez (Bodas que fueron famosas del Pingajo y
la Fandanga) y otros, que fracasaron en una empresa imposible, la de «hacer teatro político en una situación política que
no lo permitía», como sugiere Marsillach (nota 93).
En los años sesenta, comienza a representarse a Valle Inclán
(Divinas palabras, Luces de bohemia) y a García Lorca
(Yerma) y llega con cierta regularidad el teatro que se escribe y representa en el extranjero (Tennessee Williams,
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420
Pirandello e incluso Bertold Brecht, Sartre o Peter Weis y su
Marat-Sade), mientras el teatro burgués encuentra a su autor
por excelencia, Alfonso Paso, y Casona, que había regresado a España en 1962, conseguía algún éxito con El caballero de las espuelas de oro, La dama del alba o La barca sin
pescador. Al final del período franquista, Antonio Gala, con
Los buenos días perdidos y Las cítaras están colgadas de los
árboles, recoge la antorcha del teatro benaventiano y del teatro «fino, sensible, delicado» (nota 94).
La enorme afición al teatro existente en los años treinta, con
abundantes grupos de teatro aficionados en casi todas las
localidades, sufre un evidente retroceso: a través de Falange
o de Educación y Descanso, en colegios religiosos o bajo el
amparo de la Acción Católica aún se representan desde los
juguetes cómicos de la Galería Salesiana hasta alguna obra
moderadamente audaz. Ya a finales de los sesenta, surgen
por doquier compañías de teatro aficionado, que la censura
combate con autorizaciones para una sola representación, lo
que se añade a las dificultades económicas para subsistir.
Grupos como Los Goliardos, Tábano, Cátaro, Akelarre (y
entre nosotros, La Cazuela, en Alcoy; La Carátula, en Elche,
Alba 70, en Alicante), hicieron un «teatro independiente»
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421
siempre lleno de dificultades, en el que las intenciones fueron
mejores que sus resultados.
En cuanto al cine, desde 1938 estaba implantada una estricta censura, que abarcaba desde el guión hasta el resultado
final de las películas y se exigió el doblaje al castellano de
todas las películas. Se controló la información mediante la
creación del No-Do (nota 95), que con su revista «Imágenes»
perjudicó enormemente a la producción de cortometrajes. La
censura cinematográfica [en la que jugaba un papel fundamental la Iglesia Católica (nota 96)] era absolutamente arbitraria y no se limitaba a suprimir escenas y diálogos, sino que
incluso sugería o imponía otros, de modo que algún director
ha llegado a considerar a los casi siempre anónimos censores como coautores de alguna de sus películas. El sistema de
licencias de importación de películas extranjeras condicionó
la producción española que, a lo largo de todos estos años,
fue de una extrema debilidad, con la excepción de la aventura, que duró poco, de la productora Cifesa (nota 97).
El cine de los años cuarenta (al margen de la anécdota de la
intervención del dictador en la película Raza (1941), rodada
por José Luis Sáenz de Heredia sobre un guión del propio
Franco, bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade) se caracterizó por el predominio de unos géneros cuya característica
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422
común era el alejamiento de la realidad. Desde la épica falangista hasta la reinterpretación histórica de los momentos culminantes de la España imperial, pasando por el cine religioso (o mejor dicho, de santos), la adaptación de determinados
clásicos, la acometida folclórica y alguna que otra cinta de
humor: A mí, la legión, Agustina de Aragón, Locura de amor,
El escándalo, Pequeñeces, Alba de América, Los últimos de
Filipinas, El destino se disculpa, etc., son algunas muestras
de ese cine.
En los años cincuenta, perduran algunos de esos géneros
(La mies es mucha, La señora de Fátima, Marcelino pan y
vino, El ultimo cuplé, Violetas Imperiales), surgen otros (como
la comedia del estilo de Las chicas de la Cruz Roja, Recluta
con niño o El día de los enamorados) y apuntan ya algunas
cintas de interés, como Surcos, de Nieves Conde, un intento
de introducir el neorrealismo en España, o El pisito y El
cochecito, de Marco Ferreri, director italiano afincado entonces en España. En 1951 acababan sus estudios cinematográficos Bardem y Berlanga, que realizan al alimón Esa pareja feliz y parecen abrir, con sus respectivas carreras (Calle
Mayor, Bienvenido Mr. Marshall), nuevos caminos al cine
español que había sido definido, en las Conversaciones
Cinematográficas Nacionales, celebradas en Salamanca en
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423
1955, como «políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente
raquítico» (nota 98).
Una tímida «apertura» impulsada desde la Dirección General
de Cinematografía por García Escudero (nota 99) se vino al
traste cuando se proyectó en Cannes Viridiana, rodada en
España por Luis Buñuel (regresado del exilio, al que retornó
de nuevo) y que provocó las iras del Vaticano y, en consecuencia, de las esferas oficiales del régimen. Mientras que a
través de la comedia, el cine va dejando testimonio de los
cambios que el desarrollismo va introduciendo en la sociedad
española y en sus costumbres, el «nuevo cine» español,
también apoyado desde algún sector de la Administración,
trató de acercarse algo más profundamente a la realidad
española: debutaron entonces muchos directores que, después, han realizado una obra más o menos regular: Carlos
Saura con La caza, Patino con Nueve cartas a Berta, Miguel
Picazo con La tía Tula, Angelino Fons con La busca,
Francisco Regueiro, Julio Diamante, José Luis Borau, Mario
Camus y muchos otros. Sus obras llegaban de forma muy
irregular a las pantallas y servían, sobre todo, para dar una
sensación de libertad en festivales extranjeros. Frente a ellos,
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424
la llamada Escuela de Barcelona, obra de la «gauche divine»
y muy alejada de los planteamientos de los «mesetarios»
(nota 100). La aparición de las Salas de Arte y Ensayo, por
otro lado, y la proliferación de cine-clubs permitieron ir, muy
lentamente, recuperando el retraso de los espectadores
españoles en relación con el cine que entonces se hacía en
el mundo. En esos años sesenta, aparecieron incluso algunas
revistas teóricas, como Film Ideal o Nuestro Cine, se creó el
control de taquilla y hasta se elaboró un código de censura
que no aclaró demasiado la cosa. En España se llegan a producir o a coproducir hasta 170 largometrajes en algún año,
cifra del todo excesiva y en la que, lógicamente, predominaba el cine de ínfima categoría, pero de extremada comercialidad (Lo verde empieza en los Pirineos, No desearás al vecino del quinto, comedias de los Ozores o de Lina Morgan)
(nota 101).
En los primeros años setenta, aunque la censura parecía ir
amainando sus rigores (no sin retrocesos y curiosas arbitrariedades), en el extranjero se dio un salto de gigante en la
libertad de temas y formas, que puso más de relieve si cabe
el desfase de nuestro país. Cinéfilos y erotómanos peregrinaban a Ceret de la Frontera y otras localidades francesas para
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425
ver el ciclo de Emmanuelle o películas tan peligrosas como
Muerte en Venecia, que llegaban con cuentagotas y con
retraso a nuestras pantallas. Algunas películas que trataban
de abordar la realidad española y la historia reciente tuvieron
grandes problemas con al censura: es el caso de La prima
Angélica, de Saura, o Canciones para después de una guerra, de Martín Patino. Hasta los consagrados Bardem y
Berlanga (que habían conseguido obras del calibre de
Muerte de un ciclista, Plácido y El verdugo) han de irse a trabajar al extranjero. El cine de subgéneros sigue en auge, si
bien al «spaghetti-western» le sucede ahora el cine de terror,
con doble versión (nota 102). Y hasta se intenta una «tercera
vía» para intentar combinar una cierta calidad con el éxito
comercial: Españolas en París, Mi querida señorita, Tocata y
fuga de Lolita. Al final de franquismo (lo que provocó problemas con Pío Cabanillas, por ejemplo) hasta se llegó a ver
algún desnudo en las pantallas españolas, siempre que
«viniera exigido por el guión»… Pese a todos los condicionamientos, el cine español dio en esos años del tardofranquismo algunas obras excelentes, entre las que destaca El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, estrenada en 1973
(nota 103).
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426
2.5. Las artes y la música
No vamos a detenernos en un análisis de la evolución de la
arquitectura, la pintura, la escultura y la música clásica durante el franquismo, sobre los que hay algunos estudios de conjunto y numerosísimas monografías. Únicamente queremos
señalar dos cosas: la primera, que también en este terreno se
notó el vacío creado por el exilio, donde marcharon arquitectos como Lacasa, Sert, Candela; pintores como Josep
Renau, Vela Zanetti, Ramón Gaya, Aurelio Arteta o Enrique
Climent; escultores como Alberto Sánchez; músicos como
Pau Casals, Gustavo Pitaluga y Adolfo Salazar y la segunda,
que, al menos en el primer franquismo, desapareció el espíritu renovador y vanguardista de los años de la República. De
las artes, tal vez fuese la arquitectura aquella en que hubo un
intento más o menos consciente de crear un arte franquista
(nota 104), si bien a partir de la imitación del pseudoimperialismo alemán e italiano, en monumentos como el Arco de
Triunfo en la Ciudad Universitaria de Madrid, o el Valle de los
Caídos, obra de Muguruza, con esculturas de Juan de Ávalos
(nota 105). En pintura y escultura, predominó la temática religiosa y un cierto academicismo, siendo tal vez Saénz de
Tejada el artista más representativo del régimen. La recuperación de la vanguardia artística vino a través del arte absÍNDICE
427
tracto, con obras de Manuel Millares, la aparición del grupo
«Altamira» (1948), el grupo Los Indalianos, en Almería y las
primeras obras de Eusebio Sempere. Finalmente, en 1948 se
fundó Dau al Set, en Barcelona, de la mano de Tapies,
Cuixart y Cirlot.
Desde 1951, cuando se celebra la Primera Bienal
Hispanoamericana de Arte, se reafirma el predominio del arte
abstracto. Gregorio Prieto, Rafael Zabaleta, Ortega Muñoz,
Cristino Mallo, Guinovart, Ibarrola, Basterrechea, Canogar y
Oteiza comienzan a ganar prestigio en estos años. En 1956,
se celebra en Valencia el Primer Salón Nacional de Arte No
Figurativo, en cuyo programa se decía: «No quiera ver pintura, ni escultura, ni acuarela, ni grabado: artes clasificadas.
Acuda con capacidad de asombro y permeabilidad para la
sensación de lo plástico. Para ver paisaje salga al campo, y
no se ponga delante de un bodegón si no espera comerlo».
En los años cincuenta aparecen varios grupos artísticos: en
Valencia, el Grupo Parpalló, con Manuel Gil, Andreu Alfaro,
Joaquin Michavila y Monjalés; en Madrid, «El Paso», que
componen Rafael Canogar, Luis Feito, Juan Francés, Manuel
Millares, Antonio Saura, Pablo Serrano y algunos críticos, y
que se disuelve en 1960 cuando muchos de sus componentes ya han alcanzado un reconocimiento internacional. En los
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428
años sesenta, llegan o rebrotan en España todos los «ismos»
de la pintura y del arte mundial, algunos de los cuales tienen
un específico componente político y social (además de las
actitudes de militante oposición al régimen de muchos artistas de esos años). Se trata de «Estampa Popular»; creado en
1964 con Ricardo Zamorano y Agustín Ibarrola, y del «Equipo
Crónica» que componían R. Solbes y Manuel Valdés, a los
que se unieron también otros artistas como Juan Genovés,
Rafael Canogar o Alberto Corazón y, entre nosotros, el Grup
d’Elx (nota 106).
En cuanto a la música, si hubo algún intento desde el régimen (además de controlar casi toda la vida musical española durante muchos años, a través de la Comisaría (sic)
Nacional de Música) de dejar su impronta en el terreno musical, no cabe duda de que la obra significativa en ese sentido
fue el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, estrenado
en 1940 y considerado como paradigma de la restaurada
«música española», como ha señalado Tomás Marco: el
Concierto de Aranjuez sería así el equivalente de la poesía
de Pemán, la prosa de Eugenio Montes, la escultura de Pérez
Comendador o la pintura de Sáenz de Tejada. Poco a poco,
entre los compositores ya consagrados (los Óscar Esplá,
Joaquín Turina, Manuel de Falla) y los jóvenes que no les
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429
reconocen como tales se abre un abismo: en los años setenta, quienes habían tratado de renovar la música española
(Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Cristóbal Halfter, Tomás
Marco, etc.) comienzan a obtener un reconocimiento internacional (nota 107). Finalmente, habría que hacer alguna referencia a los estudios aparecidos sobre la música popular
(nota 108), la fotografía (nota 109) y la publicidad (nota 110)
durante el franquismo.
3. Los medios de comunicación
Desde el mismo instante del levantamiento militar de julio de
1936, el franquismo realizó una activa propaganda, a través
de los medios de comunicación, concebidos «como un apéndice de los mecanismos de control y represión social»
(nota 111), es decir, como instrumentos de adoctrinamiento
más que como medios de información, siguiendo el modelo
de otras dictaduras que se dieron en Europa entre ambas
guerras mundiales, en especial el fascismo y el nazismo, los
cuales, pese a dominar los medios coercitivos para imponer
sus ideas, estuvieron muy interesados en organizar un cierto
«consenso» entre sus ciudadanos.
Aunque el Fuero de los Españoles proclamaba, sin el menor
asomo de rubor, que «todo español puede expresar libreÍNDICE
430
mente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado», lo cierto es que el franquismo configuró la información como «un servicio público», lo que quería
decir, un servicio al régimen. De ahí la atenta, minuciosa y
casuística legislación en torno a la prensa, la radio, el cine y,
más adelante, la televisión. Entre 1936 y 1938 se asiste, en el
bando sublevado, a una auténtica intervención militar de la
información, y entre 1939 y 1945 se ensayó (otra cosa es que
se consiguiese o no) un «modelo totalitario» de la información
y la propaganda. De ahí la censura y las consignas en la
prensa (nota 112), la depuración de periodistas, la regulación
de los programas de radio, la censura previa de los guiones
de las películas, etc. Como buen estado totalitario, el franquista no sólo controlaba los asuntos políticos, sino que también se entrometía en todos los aspectos de la vida privada y
las costumbres de sus súbditos y regulaba, por ejemplo,
hasta el tipo de música o los minutos de publicidad que se
podían radiar (nota 113).
Después de 1945, los católicos pasaron a jugar un papel
mayor en este tipo de asuntos, lo que no significó el menor
aperturismo, aunque algunos así lo hayan querido presentar.
La Iglesia actuó como legitimadora del régimen de cara al
exterior, en plena guerra fría, mientras que colaboró estreÍNDICE
431
chamente con la Falange en el mantenimiento del control de
la sociedad: piénsese, por ejemplo, en el papel jugado por los
sacerdotes en la Junta de Censura cinematográfica. Y cuando en 1951 se creó el Ministerio de Información y Turismo, no
mejoró mucho la cosa, porque a su frente se colocó a Arias
Salgado que, como es sabido, consideraba que su misión
como ministro era «salvar las almas» de la mayor cantidad
posible de españoles y españolas.
La precaria situación de la prensa en esos años, sus escasas
tiradas, su propiedad (con las cadenas controladas por el
Movimiento y por la Iglesia), su marcado provincianismo, el
control de la información a través de las agencias de información estatales [EFE (nota 114) y Cifra], su mala calidad, en
definitiva, hicieron que fracasase en esa pretendida misión de
adoctrinamiento de la sociedad (nota 115). La radio, caracterizada por la abundancia y escasa potencia de las emisoras
y la uniformidad de la información, estaba también controlada desde el poder. Una muy deficiente información local (plagada de notas oficiales), la información internacional decidida desde Madrid, una información nacional (con discursos
oficiales, actos falangistas y religiosos, alabanzas al régimen)
que seguía obedientemente las consignas de la Dirección
General de Prensa, un papel infame y unos medios técnicos
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432
paupérrimos son datos que explican el escaso interés que la
prensa despertaba en la población, al menos hasta los años
sesenta.
El régimen franquista tendría un mayor éxito en su política de
propaganda cuando, abandonada la pretensión totalitaria de
adoctrinar a toda la población y obligarla a henchirse de entusiasmo por el Imperio y demás zarandajas falangistas, optó
(desde mediados de los años cincuenta) por la alienación
pura y simple, a través de unos medios de comunicación que
seguían eficazmente controlados, incluso después de 1966,
tras la famosa Ley de Fraga Iribarne (nota 116). Si ya por
esas mismas fechas se estaba produciendo, en algunos sectores de la población española, un cambio de mentalidad, al
compás del cambio generacional, no fue precisamente gracias a los medios de comunicación social, sino a su pesar,
pues hasta la muerte del dictador siguieron confundiendo la
comunicación con la propaganda del régimen, con honrosas
excepciones, que conocieron en sus carnes las consecuencias de la disidencia. En los últimos años del franquismo, la
televisión sustituirá a la prensa y la radio como «el principal
medio de propaganda ideológica del régimen», sobre todo a
través de la desmovilización y el apoliticismo (nota 117).
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433
Desde los años sesenta, hubo varios intentos de hacer «otro
periodismo», más atento a la realidad y más crítico. Revistas
como Triunfo (nota 118) o Cuadernos para el Diálogo, la
experiencia del diario Madrid e incluso, alguna tímida apertura en diarios de provincias no son más que excepciones en
un panorama siniestro, patente en la actitud de la prensa
española, en general, ante los sangrientos acontecimientos
que cerraron la dictadura franquista, por ejemplo (nota 119).
ÍNDICE
434
Notas
1 Una visión general de la situación de la enseñanza en España, en
el primer franquismo, en MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, Historia de la Educación en España. Textos y Documentos.
Tomo V. Nacional-catolicismo y educación en la España de posguerra. Estudio preliminar y selección de textos de Alejandro
Mayordomo Pérez. Madrid, 1990; AUTORES VARIOS, La educación en la España contemporánea. Cuestiones históricas. Sociedad
General de Pedagogía, Madrid, 1985; RUIZ RODRIGO, C. y PALACIOS LIS, I., «Ideología y escuela en España (1939-1951)», en
Escolarización y Sociedad en la España Contemporánea (18081970). Valencia, 1983, págs. 253-266; Historia de España. X.
España bajo la dictadura franquista (1939-1975). Cultura e ideología. Labor, Barcelona, 1985; AUTORES VARIOS, La enseñanza en
España. Alberto Corazón, Madrid, 1975; AUTORES VARIOS, La
enseñanza en España. Ebro, París, 1979; MAYORDOMO, Alejandro
y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M., Vencer y convencer. Educación y
política. España 1936-1945. Universitat de València, Valencia, 1993;
NAVARRO SANDALIGAS, Ramón, La enseñanza primaria durante
el franquismo (1936-1975). PPU, Barcelona, 1990; EQUIPO DE
ESTUDIOS, «Panorámica de la educación desde la guerra civil», en
Cuadernos de Pedagogía, n.º 9, Septiembre 1975, págs. 24-40;
PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología en la
España contemporánea (1967-1975). Labor, Barcelona, 1980.
Aspectos más parciales en PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO,
Cándido, Infancia, pobreza y educación en el primer franquismo
(Valencia, 1939-1951). Universitat de València, Valencia, 1993;
MARQUÉS I SUREDA, Salomó, L’escola pública durant el franquisÍNDICE
435
me. La província de Girona (1939-1955). PPU, Barcelona, 1993;
MORENO SÁEZ, Francisco, «La educación en el primer franquismo
(1939-1951)», en AA.VV., Guerra civil y franquismo en Alicante.
Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1990.
2 Preámbulo a la Ley de Enseñanza Primaria de 17-VII-1945.
3 Sobre la inquina a la ILE, ENRIQUE SUÑER, Los Intelectuales y
la tragedia española. Burgos, 1939, y FERNANDO MARTÍNSÁNCHEZ JULIA (et al.), Una poderosa fuerza secreta: la
Institución Libre de Enseñanza. San Sebastián, 1940.
4 ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao, La represión de postguerra en
León. Depuración de la enseñanza, 1936-1943. Santiago García
editor, León, 1986; AUTORES VARIOS, Purga de maestros en la
guerra civil. Ámbito, Valladolid, 1987; GONZÁLEZ AGAPITO, J.,
Repressió del professorat a Catalunya sota el franquisme (19391943). IEC, Barcelona, 1996; JIMÉNEZ MADRID, R., La depuración
de maestros en Murcia, 1939-1942. Murcia, 1998. Y sobre todo
MORENTE VALERO, Francisco, Tradición y represión. La depuración del magisterio de Barcelona (1939-1942). Promociones y
Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1996, y La depuración del
Magisterio nacional, 1936-1943: la escuela y el estado nuevo.
Ámbito, Valladolid, 1997. En cuanto al exilio, MARQUÉS I SUREDA,
Salomó, L’exili dels mestres (1939-1975). Universitat de Girona,
Girona, 1995.
5 Orden de 7-VIII-1939.
6 Sobre todo SOPEÑA MONSALVE, Andrés, El florido pensil.
Memoria de la escuela nacional-católica. Crítica, Barcelona, 1994.
ÍNDICE
436
Notas
También OTERO, Luis, Al paso alegre de la paz. Plaza y Janés,
Barcelona, 1998, así como la reedición de diversas
«Enciclopedias».
7 GARCÍA CRESPO, C., Léxico e ideología en los libros de lectura
de la escuela primaria (1940-1975). Universidad de Salamanca,
ICE, 1983; ESCOLANO BENITO, Agustín (coord.), Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1998;
VALLS, Fernando, La enseñanza de la literatura en el franquismo
(1936-1951). Antoni Bosch, Barcelona, 1983, e «Ideología franquista y enseñanza de la historia (1938-1953)», en Josep FONTANA
(ed), España bajo el franquismo. Crítica, Barcelona, 1986;
MARTÍNEZ TÓRTOLA, Esther, La enseñanza de la historia en el
primer bachillerato franquista, 1938-1953. Tecnos, Madrid, 1996; e
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Gema, «La manipulación ideológica en
los manuales franquistas, 1940-1960», en TRUJILLANO
SÁNCHEZ, J. M. y GAGO GONZÁLEZ, J. M.ª (eds), Historia y
Memoria del Franquismo, 1936-1978. Actas de las IVª Jornadas de
Historia y Fuentes Orales. Ávila, 1997, págs. 93-107.
8 SÁEZ MARÍN, Juan, El Frente de Juventudes. Política de juventud
en la España de la postguerra (1937-1960). Siglo XXI, Madrid,
1988.
9 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, J., L’escola a Catalunyna sota el
franquisme. Edicions 62, Barcelona, 1981. Sobre el tema, el libro
clásico es el de BENET, Josep, Cataluña bajo el régimen franquista. Informe sobre la persecución de la lengua y la cultura catalanas
por el régimen del general Franco. Blume, Barcelona, 1979.
ÍNDICE
437
10 AUTORES VARIOS, Mujer y educación en España, 1868-1975.
Universidad de Santiago, 1990.
11 CÁMARA VILLAR, Gregorio, Nacional-catolicismo y escuela: la
socialización política del franquismo (1936-1951). Hesperia, Jaén,
1984; GERVILLA CASTILLO, Enrique, La escuela del nacionalcatolicismo. Ideología y educación religiosa. Impredisur, Granada,
1990; NAVARRO GARCÍA, Clotilde, La educación y el nacionalcatolicismo. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Murcia, 1993.
12 «La Iglesia y la Enseñanza», en Ecclesia, n.º 27, 1942.
13 Información, 8-III-1942.
14 Una visión general de la educación durante el franquismo, en
FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo, «La educación en la España de
Franco», en SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Franco y su época.
Universidad Complutense, Madrid, 1993. Y una revisión de la más
reciente bibliografía, en AUTORES VARIOS, Historia de la educación en España. Diez años de investigación (1983-1993). Ministerio
de Educación y Ciencia, Madrid, 1994.
15 GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastià y SALAVERT, Vicent, «L’ocupació
de la Universitat de València el 1939 pel quintacolumniste Manuel
Batlle, catedràtic de Múrcia», en Afers, n.º 3, Catarroja, 1986.
16 J. Ibáñez Martín, en la apertura del curso universitario, en diciem-
bre de 1942.
17 Declaraciones de Ibáñez Martín a Ya, 4-II-1944.
18 Sobre la Universidad española durante el franquismo, pueden
verse AUTORES VARIOS, La Universidad española bajo el régimen
ÍNDICE
438
Notas
de Franco (1939-1975). Institución Fernando el Católico, Zaragoza,
1991; AUTORES VARIOS, La Universidad. Ciencia Nueva, Madrid,
1969; FARGA, Manuel J., Universidad y democracia en España.
Era, México, 1969; MONTORO, Ricardo, La Universidad en la
España de Franco (1939-1970). CIS, Madrid, 1981.
19 Decreto sobre la depuración del personal docente. Boletín Oficial
del Estado, 10-XII-1936.
20 RUIZ CARNICER, Miguel A., El Sindicato Español Universitario
(SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo. Siglo XXI, Madrid, 1996. Y su artículo , «El
Sindicato Español Universitario (SEU) y el surgimiento de la oposición estudiandil al régimen», en TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y
MATEOS, Abdón (coord.), La oposición al régimen de Franco. II.
Sociedad y cultura. UNED, Madrid, 1990, págs. 223-236.
21 Una visión de la Universidad desde el Opus Dei, en FONTÁN,
Antonio, Los católicos en la Universidad española. Rialp, Madrid,
1981. También GUTIÉRREZ RÍOS, E., José M.ª Albareda. Una
época de la cultura española. Magisterio, Madrid, 1970.
22 Corts Grau, Luciano de la Calzada, el citado Manuel Batlle: de su
impronta sobre la vida universitaria puede ser un buen testimonio
las memorias de Antonio Martínez Sarrión, Una juventud.
Alfaguara, Madrid, 1997.
23 Una buena descripción de esos ambientes, en lo que a la medi-
cina y psiquiatría se refiere, en las memorias de Carlos CASTILLA
DEL PINO, Pretérito imperfecto. Tusquets, Barcelona, 1997.
ÍNDICE
439
24 MARÍAS, Julián, Una vida presente. Memorias, 2 vols. Alianza
Editorial, Madrid, 1989.
25 Por Gregorio Morán, en un discutido libro: El maestro en el erial.
Ortega y Gasset y la cultura del franquismo. Tusquets, Barcelona,
1996.
26 Ley de Ordenación de la Universidad Española. Boletín Oficial
del Estado, 31-VII-1943.
27 «Es pública y notoria la desafección de los Catedráticos univer-
sitarios que se mencionan al nuevo régimen implantado en España,
no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido la
dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacional y antiespañola en los tiempos precedentes al Glorioso
Movimiento Nacional», por lo que, sin necesidad de garantías procesales, se decretaba la separación del escalafón de Américo
Castro, Claudio Sánchez Albornoz, José Ots Capdequí, Juan Peset
Alexandre, José Puche Álvarez, Luis de Zulueta, Pedro Salinas,
Antonio Flórez de Lemus, etc. (Orden de 29-VII-1939). Otros fueron
trasladados o inhabilitados para ocupar cargos de confianza.
28 LAÍN ENTRALGO, Pedro, Descargo de conciencia (1930-1960).
Barral Editores, Barcelona, 1976.
29 «El Caudillo para la universidad; la Universidad para el Caudillo»
(El rector Tovar a Franco, en Salamanca, 8-V-1954).
30 En realidad, Jorge Semprún, que ha novelado esos años en su
Autobiografía de Federico Sánchez. Planeta, Barcelona, 1977.
31 Título que escogió Roberto Mesa para su libro sobre esos acon-
tecimientos
ÍNDICE
(MESA,
Roberto,
440
Jaraneros
y
alborotadores.
Notas
Universidad Complutense, Madrid, 1982. Véanse también LIZCANO, Pablo, La generación del 56. La Universidad de Franco.
Grijalbo, Barcelona, 1981; HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena,
«Universidad y oposición al franquismo. Reflexiones en torno a los
sucesos de 1956 en Madrid», en TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y
MATEOS, Abdón (coord.), La oposición al régimen de Franco. II.
Sociedad y cultura. UNED, Madrid, 1990, págs, 185-190; ÁLVAREZ
BOBELA, José, «Algunas observaciones en torno a los antecedentes de los sucesos universitarios del año 1956», en III Encuentro de
Investigadores sobre el Franquismo y la Transición. Sevilla, 1998,
págs. 485-499.
32 TIERNO GALVÁN, Enrique, Cabos sueltos. Bruguera, Barcelona,
1981.
33 CREXELL, Joan, La Caputxinada. Edicions 62. Barcelona, 1987.
Sobre Manuel Sacristán, AUTORES VARIOS, Manuel Sacristán
Luzón, 1925-1985. Mientras tanto, 30-31 Mayo 1987.
34 Benito Sanz Díaz, «El fin del franquismo en la universidad. El pri-
mer Congreso del Sindicato Democrático de Estudiantes
Universitarios de España. Valencia, 30 de enero-2 de febrero de
1967», en II Encuentro de investigadores del franquismo. Alicante,
1995, Tomo II, págs. 97-114.
35 COLOMER, J.M., Els estudiants de Barcelona sota el franquis-
me. Curial, Barcelona, 1978; Sergio RODRÍGUEZ TEJADA, «De la
resistència a l’oposició. El moviment estudiantil valencià sota el
franquisme, 1956-1973», en Afers, n.º 22, Sobreviure al franquisme,
Catarroja, 1995; FERNÁNDEZ BUEY, F. (ed.), «Documentos del
movimiento universitario bajo el franquismo», en Materiales,
ÍNDICE
441
extraordinario n.º 1, Barcelona, 1977; LEÓN, Sergio, «Notas sobre
el movimiento estudiantil en España», en Horizonte Español 1972
(II). Ruedo Ibérico, París, 1972, págs, 157-178; MARAVALL, José
M.ª , Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo
el franquismo. Alfaguara, Madrid, 1978; SANZ, Benito (ed.),
L’oposició universitaria al franquisme. València, 1939-1975.
Valencia, 1996; José ÁLVAREZ COBELA, «La FUDE, 1961-1965»,
en II Encuentro de investigadores del franquismo…, Tomo II, págs,
15-20; DAVIRA FORMENTOR, «Universidad: crónica de siete años
de lucha», en Horizonte Español 1972. Ruedo Ibérico, París, 1972;
«La lucha de los estudiantes españoles: documentos», en
Cuadernos de Ruedo Ibérico, n.º 6, Abril-mayo 1966, págs. 65-73;
RODRÍGUEZ BELLO, Ramón Ignacio, «Universidad, modernización y antifranquismo», en III Encuentro de Investigadores sobre el
Franquismo y la Transición. Sevilla, 1998, págs. 388-402.
36 GRÀCIA, Jordi, Estado y cultura. El despertar de una conciencia
crítica bajo el franquismo (1940-1962). Publications Universitaires,
Toulouse, 1996.
37 MORENO SÁEZ, F., «La cultura en el siglo XX», en Historia de
Alicante. II. Información-Patronato del Quinto Centenario de la
Ciudad de Alicante. Alicante, 1990.
38 Sobre la censura, además de los trabajos sobre la ejercida en
torno a los literatura y a la prensa, que se citan más adelante,
puede verse NEUSCHAFER, H. J., Adiós a la España eterna. La
dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo.
Barcelona, 1994.
ÍNDICE
442
Notas
39 EQUIPO RESEÑA, La cultura española durante el franquismo.
Editorial Mensajero, Bilbao, 1977, y AUTORES VARIOS, La cultura
bajo el franquismo. Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 1977.
40 En las obras generales dedicadas al franquismo, los capítulos
dedicados a la cultura son muy irregulares y, en algún caso, claramente insuficientes y manifiestamente parciales. Hay, con todo,
referencias en AUTORES VARIOS, España bajo el franquismo.
Crítica, Barcelona, 1986; BIESCAS, José A.-TUÑÓN DE LARA,
Manuel, España bajo la dictadura franquista (1939-1975). Labor,
Barcelona, 1980; CARR, Raymond y FUSI, Juan Pablo, España, de
la Dictadura a la democracia. Planeta, Barcelona, 1979; CIERVA,
Ricardo de la, Historia del franquismo. Aislamiento, transformación
y agonía, 1945-1975. Planeta, Barcelona, 1975; DÍAZ-PLAJA,
Fernando, La posguerra española en sus documentos. Plaza Janés,
Barcelona, 1970; SUEIRO, Daniel y DÍAZ NOSTY, Bernardo,
Historia del franquismo, 2 vols. Argos Vergara, Barcelona, 1978;
PAYNE, Stanley, El régimen de Franco, 1936-1975. Alianza
Editorial, Madrid, 1987; TUSELL, Javier, La dictadura de Franco.
Alianza Editorial, Madrid, 1988, y MOLINERO, Carme y YSAS,
Pere, El regim franquista. Feixisme, modernitzacio i consens. Eumo
editorial, Vic, 1992. Aún no se ha publicado el tomo correspondiente a la cultura y la educación de la Historia de España de Menéndez
Pidal, que tal vez ofrezca una buena síntesis del tema.
41 BENET, Josep, L’intent franquista de genocidi cultural contra
Catalunya. Publicacions de l’Abadia de Monserrat, Barcelona, 1995;
SAMSÓ, Joan, La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública. Publicacions de l’Abadia de Monserrat, Barcelona, 1994;
ÍNDICE
443
FERRER I GIRONÉS, Francesc, La persecució política de la llengua catalana. Edicions 62, Barcelona, 1985; GALLOFRÉ VIRGILI,
Maria Josepa, L’edició catalana i la censura franquista. Publicacions
de l’Abadia de Monserrat, Barcelona, 1991. Para el caso de
València, CORTÉS, Santi, València sota el règim franquista (19391951). Publicacions de l’Abadia de Monserrat, Barcelona, 1995;
CUCÓ, Alfons y CORTÉS, Santi (eds), Llengua y politica, cultura y
nació. Un epistolari valencià durant el franquisme. Edicions 3 i 4,
València, 1997.
42 MORENO SÁEZ, Francisco (coord.), «Cultura y sociedad en
Alicante en los años cincuenta», en Canelobre, n.º 14-15, Instituto
«Juan Gil-Albert», 1989. Hay también datos sobre la cultura alicantina en el n.º 31-32 de la misma revista, dedicada a «Alicante en los
años cuarenta». Pueden también verse MATEO NAVARRO, Jose
Vicente, Los Amigos de la UNESCO de Alicante. Una experiencia
democrática bajo el franquismo. Alicante, 1983, y URÍA, Jorge,
Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el Instituto de
Estudios Asturianos. Universidad de Oviedo, 1984.
43 Con la publicación de la obra El exilio español de 1939, dirigida
por José Luis ABELLÁN. En concreto, los tomos III. Revistas, pensamiento, educación. Taurus, Madrid, 1976; IV. Cultura y literatura.
Taurus, Madrid, 1977; y V. Arte y ciencia. Taurus, Madrid, 1976.
44 Por ejemplo, GIRONA, A. y MANCEBO, M.ª F. (ed), El exilio
valenciano en América. Obra y memoria. Valencia, 1995; SÁNCHEZ
ALBORNOZ, Nicolás (ed.), El destierro español en América.
Siruela, Madrid, 1991; NAHARRO-CALDERÓN, J. M. (ed.), El exilio
de las Españas de 1939. «¿Adónde fue la canción?». Anthropos,
ÍNDICE
444
Notas
Barcelona, 1991, y ALTED, Alicia y AZNAR, Manuel, Literatura y
cultura del exilio español de 1939 en Francia. Salamanca, 1998. Y
los trabajos de M.ª Fernanda Mancebo («La oposición intelectual en
el exilio», págs. 57-72), M.ª Ángeles Ordaz («El exilio español en
Estados Unidos. Los intelectuales de España Libre», págs. 73-83) y
Francisco Varea («Periodistas en el exilio», págs. 97-109), en
TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (coord.), La oposición al régimen de Franco. II. Sociedad y cultura. UNED, Madrid,
1990.
45 AUTORES VARIOS, El exilio español en Hispanoamérica.
Cuadernos Hispanoamericanos, 473-74. Madrid, NoviembreDiciembre 1989; MARTÍNEZ LEAL, J. y MORENO SÁEZ, F.,
«Alicantinos en el exilio», en Canelobre, n.º 20-21, Instituto Juan
Gil-Albert, Alicante, Primavera-verano, 1991.
46 La titulada «Memoria rota. Exilios y heterodoxias», de la editorial
Anthropos, que ha publicado libros olvidados de escritores pertenecientes tanto al exilio republicano como al «exilio interior».
47 ABELLAN, José Luis, De la guerra civil al exilio republicano
(1936-1977). Mezquita, Madrid, 1983, y El exilio filosófico en
América. Los transterrados de 1939. FCE, Madrid, 1998; ATENEO
ESPAÑOL DE MÉXICO, Obra impresa del exilio español en México
(1939-1979). México, 1979; AUTORES VARIOS, El exilio español
en México (1939-1982). Fondo de Cultura Económica, México,
1982; CAUDET, Francisco, Cultura y exilio. La revista España peregrina (1940). Fernando Torres, Valencia, 1976; GIRAL, Francisco,
Ciencia española en el exilio (1939-1989). El exilio de los científicos
españoles. Anthropos, Barcelona, 1994; GARCÍA, Manuel,
ÍNDICE
445
Exiliados. La emigración cultural valenciana. Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia, Valencia, 1995; GÓMEZ ARCOS, Agustín,
Escritores españoles exiliados en Francia. Diputación de Almería,
1992; MARTÍNEZ, Carlos, Crónica de una emigración (La de los
republianos españoles en 1939). Libro Mex Editores, México, 1959;
GUBERN, Román, Cine español en el exilio. Lumen, Barcelona,
1976; ZUERAS TORRENS, Francisco, La gran aportación cultural
del exilio español. Diputación Provincial, Córdoba, 1990. Una visión
desde el exilio de la cultura franquista, en AUTORES VARIOS,
Memorandum sobre las vicisitudes de la cultura en la España de
Franco. Unión de Intelectuales Españoles en México, México, 1947.
48 AUB, Max, La gallina ciega. Diario español. Alba Editorial, 1995.
49 «Tiene la democracia el grave inconveniente de que halaga las
bajas pasiones y de que concede iguales derechos al loco, al imbécil y al degenerado. El sufragio universal ha desmoralizado las
masas, y como en éstas ha de predominar necesariamente la deficiencia mental y la psicopatía, al tener igual valor el voto del selecto que el del indeseable, predominarán los últimos en los puestos
directivos, con perjuicio del porvenir de la Raza» (Vallejo Nájera,
Eugenesia de la Hispanidad. Burgos, 1937).
50 Un acercamiernto a las ideas de López Ibor, en LÓPEZ IBOR,
Juan José, El español y su complejo de inferioridad. Rialp, Madrid,
1951.
51 «Os pido simplemente que pintéis cara al nuevo sol, cara a la
primavera y a la muerte, a la gracia, a la virtud, a la juventud, a la
armonía, al orden exacto. No os pido cuadros patrióticos, ni mucho
menos patrioteros o aduladores, sino cuadros que a la mente y a
ÍNDICE
446
Notas
los sentidos traigan un reflejo del orden luminoso que queremos
para la Patria entera...La tradición es una experiencia a veces dolorosa. No os malogréis en anécdotas oscuras, locales, a veces torpes y canallas. No pintéis las lacras de la Patria, ni tampoco reunáis
cachivaches caseros en un desorden subversivo, que luego llaman
‘naturalezas muertas» (Sánchez Mazas, Escorial, n.º 24).
52 «España supo salir a ofrecer su sangre, y elige su propia y áspe-
ra tierra para que, humedecída con su martirio, sea aquí donde se
debata el más terrible problema de Occidente: el de sí es posible
seguir viviendo con dignidad de hombres católicos con libertad para
ser buenos, o hay que convertirse en esclavos de cualquier GengisKhan asiático y comunista» (Escorial, n.º 6).
53 El mismo Errandonea proponía la creación de un Bachillerato
Femenino distinto del masculino y realmente esperpéntico (Razón
y Fe, Julio-Agosto 1943).
54 El P. Garmendía de Otaola llegaba a poner como ejemplo de la
atención a las minorías dirigentes la Obra de Protección de los
superdotados de la Nación Alemana, que llevaba directamente
Goering (Razón y Fe, Septiembre-Octubre 1942).
55 TELLO LÁZARO, J. A., Ideología y política. La Iglesia Católica
Española (1936-1959). Pórtico, Zaragoza, 1984. Más recientemente, VERDERA ALBIÑANA, Francisco, Conflicto entre la Iglesia y el
Estado en España. La revista Ecclesia entre 1941 y 1954. Eunsa,
Pamplona, 1995.
56 RAMÍREZ, Manuel et al., Las fuentes ideológicas de un régimen
(España 1939-1945). Libros Pórtico, Zaragoza, 1978.
ÍNDICE
447
57 «O Europa vuelve al seno de la catolicidad y con ello a iluminar
al mundo, o se hundirá inexorablemente en las tinieblas de la esclavitud bolchevique» (J. M. CASTRO RIAL, «El problema de la realidad de Europa», en Revista de Estudios Políticos, n.º 15).
58 Como ejemplo de la actitud ante la historia de España, puede
verse un artículo de José M.ª Areilza, en que se elogiaba la actitud
de «requetés, monárquicos y falangistas ante la II República atea,
socialista y disgregadora» («Lo esencial y lo episódico», en Revista
de Estudios Políticos, n.º 11).
59 Sobre Arbor, pueden verse Arbor, Número extraordinario sobre
la historia de la revista, Enero 1987, CSIC, Madrid, 1987; AUTORES VARIOS, «40 años de Arbor: un análisis autocrítico», en Arbor,
n.º 479-480, Noviembre-diciembre 1985.
60 José Luis Pinillos sostenía en Arbor, en 1948, que cultura y reli-
gión tenían que ayudarse «frente a ese bloque comunista, frente a
esa catapulta cargada de materialismo político y pseudorreligíoso
que se le viene encima a Europa».
61 Juan de la Cosa, España ante el mundo. Proceso de un aisla-
miento. Madrid, 1950.
62 SOPEÑA, Federico, Defensa de una generación. Taurus, Madrid,
1970.
63 «La conjura tiene nombres propios. Un plan comunista: corrom-
per y subvertir a la juventud. La poesía y los Congresos de
Escritores como instrumento de la agit-prop» (El Español, 4 y 10-III1956), «Compañeros de viaje. Tres resortes de una maniobra:
ÍNDICE
448
Notas
Irresponsabilidad liberal, vanidad intelectual y cálculo comunista»
(El Español, 18 y 24-III-1956).
64 AUTORES VARIOS, La revista El Ciervo. Península, Barcelona,
1992.
65 MUÑOZ I LLORET, J.M., Jaume Vicens i Vives. Una biografia
intel.lectual. Barcelona, 1997.
66 BONET, Laureano, La revista Laye. Estudio y Antología.
Península, Barcelona, 1988.
67 Muy interesante, en esa misma revista, el artículo de MARÍAS,
Julián, «La situación de la inteligencia en España», en Cuadernos
del Congreso por la libertad de la Cultura, n.º 45, París, XI-XII-1960,
págs. 67-72.
68 LÓPEZ ARANGUREN, J.L., Memorias y esperanzas españolas,
Taurus, Madrid, 1969.
69 RIDRUEJO, Dionisio, Escrito en España. Losada, Buenos Aires,
1964.
70 Sobre la cultura en la España franquista, hay algunas obras de
conjunto: ABELLÁN, José Luis, La cultura es España (Ensayo para
un diagnóstico). Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971, y La
industria cultural en España. Cuadernos para el Diálogo, Madrid,
1975; AUTORES VARIOS, La cultura bajo el franquismo. Ediciones
de bolsillo, Barcelona, 1977; AUTORES VARIOS, «La cultura en
España en el siglo XX», en Triunfo, 17-junio-1972; DÍAZ, Elías,
Notas para una historia del pensamiento actual (1939-1973).
Madrid, 1974; Pensamiento español en la era de Franco, 19391975. Tecnos, Madrid, 1983, y «Los intelectuales y la oposición políÍNDICE
449
tica», en TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (coord.),
La oposición al régimen de Franco. II. Sociedad y cultura. UNED,
Madrid, 1990, págs. 331-350; MARSAL, Juan F., Pensar bajo el
franquismo. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta. Península, Barcelona, 1979; TUÑÓN DE LARA, Manuel,
«Acotaciones sobre la cultura española 1940-1970», en Cuadernos
para el Diálogo, n.º extraordinario sobre «La cultura Española».
Madrid, 1976.
71 ABELLÁN, Manuel L., Censura y creación literaria en España
(1939-1976). Península, Barcelona, 1980, «Sobre censura. Algunos
aspectos marginales», en Cuadernos de Ruedo Ibérico, n.º 49-50,
enero-abril 1976, págs, 125-139, «Censura y práctica censoria», en
Sistema, n.º 22, enero 1978, págs. 29-52, «Análisis cuantitativo de
la censura bajo el franquismo (1955-1976)», en Sistema, n.º 28,
enero 1979, págs. 75-89, y «Problemas historiográficos en el estudio de la censura literaria del último medio siglo», en TUSELL,
Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (coord.), La oposición al
régimen de Franco. II. Sociedad y cultura. UNED, Madrid, 1990,
págs. 289-297; BENEYTO, Antonio, Censura y política en los escritores españoles. Euros, Barcelona, 1975; SÁNCHEZ REBOREDO,
José, Palabras tachadas. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1988;
SANTONJA, Gonzalo, Del lápiz rojo al lápiz libre. Anthropos,
Barcelona, 1987.
72 AUTORES VARIOS, Diez años de represión cultural. La censura
de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976). Varias editoriales,
Barcelona, 1977.
ÍNDICE
450
Notas
73 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Julio, Literatura fascista española. I.
Historia. Akal, Madrid, 1986 y Literatura fascista española. II.
Antología. Akal, Madrid, 1987. Véase también BLANCO AGUINAGA, Carlos, RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Julio y ZAVALA, Iris,
Historia social de la literatura española (en lengua castellana). IIII.
Castalia, 1979.
74 El almendro y la espada. San Sebastián, 1940, que contiene este
«Romance de Abdelazis»: «No llores, Abdelazis / no llores, que vas
a España./ Que el fusil te lo da Franco / y en el fusil, su palabra;/ y
está el jardín del Profeta / al otro lado del agua..../ Pero sé que está
tu sangre / defendiendo a mís campanas ,/ mis libros del Escorial /
y mis custodias labradas./ Que al otro lado del monte / los hombres
sin Dios te aguardan ,/ con tanques de oro judío / y cien banderas
de Asia».
75 Sobre la evolución de Pemán, véase TUSELL, Javier y ÁLVAREZ
CHILLIDA, Gonzalo, Pemán. Un trayecto intelectual desde la extrema derecha hasta la democracia…op. cit.
76 La primera edición salió en Zaragoza, en 1938.
77 Han sido descritos así por José Agustín Goytisolo, en su poema
Los celestiales: «Y el viento fue condecorado, y se habló/de marineros, de lluvia, de azahares,/y una vez más, la soledad y el campo,
como antaño/y el cauce tembloroso de los ríos/y todas las grandes
maravillas/fueron, en suma, convocadas».
78 CANO, José Luis, Poesía española contemporánea. Las genera-
ciones de postguerra. Guadarrama, Madrid, 1974. Y sobre el
ÍNDICE
451
ambiente en torno a Aleixandre, CANO, José Luis, Los cuadernos
de Velintonia. Seix Barral, Barcelona, 1986.
79 RUBIO, Fanny, Las revistas poéticas españolas (1939-1975).
Turner, Madrid, 1976.
80 LUIS, Leopoldo de, Poesía social. Antología (1939-1968).
Alfaguara, Madrid, 1965.
81 CASTELLET, J.M., Un cuarto de siglo de poesía española (1939-
1964). Seix Barral, Barcelona, 1973, y Los escenarios de la memoria. Anagrama, Barcelona, 1988.
82 BARRAL, Carlos, Años de penitencia. Alianza Editorial, Madrid,
1977; Los años sin excusa. Alianza Editorial, Madrid, 1982, y
Cuando las horas veloces. Tusquets, Barcelona, 1988; BENET,
Juan, Otoño en Madrid hacia 1950. Alianza Editorial, Madrid, 1987;
LEY, Charles D., La costanilla de los diablos (Memorias literarias,
1943-1952). José Esteban, Madrid, 1981; FÓRMICA, Mercedes,
Escucho el silencio. Planeta, Barcelona, 1984; SANTOS, Dámaso,
De la turba gentil... y de los nombres. Planeta, Barcelona, 1987;
SAGARRA, José M.ª , Memorias. Anagrama, Barcelona, 1998.
83 MAINER, José Carlos, Falange y Literatura. Antología. Labor,
Barcelona, 1971.
84 MANGINI, Shirley, Rojos y rebeldes. La cultura de la disidencia
durante el franquismo. Anthropos, Barcelona, 1987.
85 Sobre la novela española de la postguerra y, en especial, sobre
la novela social, puede verse ÁLVAREZ PALACIOS, Fernando,
Novela y cultura española de postguerra. Cuadernos para el
Diálogo, Madrid, 1976; MARTÍNEZ CACHERO, J.M., La novela
ÍNDICE
452
Notas
española entre 1936 y 1980. Historia de una aventura. Castalia,
Madrid, 1985; NORA, Eugenio de, La novela española contemporánea. Madrid, 1970; SOBEJANO, Gonzalo, Novela española de
nuestro tiempo (En busca del pueblo perdido). Madrid, 1970; GIL
CASADO, Pablo, La novela social española (1942-1968). Seix
Barral, Barcelona, 1968.
86 En las postrimerías del franquismo, se llevó a cabo una
«Encuesta sobre la censura», en Primer Acto, n.º 165 y 166, febrero y marzo-1974.
87 Pese a su público arrepentimiento sobre ciertas frases de apoyo
a la República, el nombre de Benavente estuvo prohibido en los carteles durante algún tiempo y así Pepa Doncel se anunciaba como
obra «del ilustre autor de La malquerida».
88 «Como blanco nos ponían un Cristo. Aproximadamente de ese
tamaño. En las primeras lecciones bastaba con darle en el cuerpo.
Luego, exigían más. La bala debía aproximarse a los clavos de las
manos y de los pies o a la llaga del costado».
89 TORRENTE BALLESTER, Gonzalo, Teatro español contemporá-
neo. Madrid, 1957.
90 MARSILLACH, Adolfo, «El teatro español desde 1939 a 1975:
una visión muy particular», en AUTORES VARIOS, España.
Nuestro siglo. Gobierno de Franco, 1939-1975. Plaza y Janés,
Barcelona, 1986, págs. 382-392.
91 BENACH, Joan A., «Teatre i societat catalana a la postguerra
(1939-1952)», en L’Avenç, n.º 10, Desembre 1978, págs. 65-73.
ÍNDICE
453
92 Pueden verse sus memorias: FERNÁN-GÓMEZ, Fernando, El
tiempo amarillo. Debate, Madrid, 1990. Otras memorias recientes,
las de MARSILLACH, Adolfo, Tan lejos, tan cerca. Mi vida. Tusquets,
Barcelona, 1998.
93 Véase también GARCÍA PABÓN, F. El teatro social en España,
1895-1962. Taurus, Madrid, 1962.
94 ARAGONÉS, J. Emilio, Teatro español de postguerra. Madrid,
1971; ISASI ANGULO, Amando, Diálogos del Teatro español de la
postguerra. Ayuso, Madrid, 1974; MONLEÓN, José, Treinta años de
teatro de la derecha. Tusquets, Barcelona, 1971; RODRÍGUEZ
MÉNDEZ, José M.ª, Comentarios impertinentes sobre el teatro
español. Barcelona, 1971; RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del
teatro español. Siglo XX. Alianza Editorial, Madrid, 1971; SALVAT,
Ricard, El teatro español de los años setenta. Península, Barcelona,
1974; GARCÍA LORENZO, Luciano, Documentos sobre el teatro
español contemporáneo. SGEL, Madrid, 1981; BERTRAND DE
MUÑOZ, Maryse, «La oposición al franquismo en el teatro y en la
novela», en TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón
(coord.), La oposición al régimen de Franco. II. Sociedad y cultura.
UNED, Madrid, 1990, págs. 299-310.
95 ÁLVAREZ CEDENA, José Luis, España en blanco y negro. No-
Do, una historia próxima. Metrovideo, Madrid, 1995; SÁNCHEZ
BIOSCA, Vicente y TRANCHE, Rafael, No-Do: el tiempo y la memoria. Filmoteca Española, Madrid, 1993.
96 AUTORES VARIOS, El cine y los católicos. Editorial Aldecoa,
Madrid, 1941; MARTÍNEZ BRETÓN, J.A., Influencia de la Iglesia
Católica en el cine español. Haroferma, Madrid, 1998.
ÍNDICE
454
Notas
97 FANES, Félix, Cifesa, la antorcha de los éxitos. Institució Alfons
el Magnánim. Valencia, 1982.
98 HEREDERO, Carlos F., Las huellas del tiempo. Cine español
1951-1961. Filmoteca Española, Valencia, 1993.
99 GARCÍA ESCUDERO, José M.ª , La primera apertura. Diario de
un Director General. Planeta, Barcelona, 1978.
100 RIAMBAU, Esteve y TORREIRO, Casimiro, La Escuela de
Barcelona. El cine de la gauche divine. Anagrama, Barcelona, 1999.
101 AMO, Álvaro del, La comedia cinematográfica española.
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975.
102 EQUIPO CARTELERA TURIA, Cine español, cine de subgéne-
ros. Fernando Torres, València, 1974.
103 Sobre el cine español, en general, puede verse GARCÍA ESCU-
DERO, José M.ª , La historia en cien palabras del cine español.
Cine-Club SEU, Salamanca, 1954; AUTORES VARIOS, Siete trabajos de base sobre el cine español. Fernando Torres editor,
Valencia, 1975; GUBERN, Román-FONT, Doménec, Un cine para el
cadalso. Euros, Barcelona, 1975; MÉNDEZ-LEITE, Fernando,
Historia del cine español. Rialp, Madrid, 1965; PÉREZ MERINERO,
David y Carlos, Cine y control. Castellote, Madrid, 1975; «Guerra y
franquismo en el cine», en Revista de Occidente, n.º 53, Octubre
l985; José Manuel ESTRADA LORENZO, «Los cineastas españoles y la oposición al régimen de Franco: del exilio a la crítica social»,
en TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (coord.), La
oposición al régimen de Franco. II. Sociedad y cultura. UNED,
Madrid, 1990, págs. 407-415); GARCÍA FERNÁNDEZ, e.c., Historia
ÍNDICE
455
ilustrada del cine español. Planeta, Barcelona, 1985; MINISTERIO
DE CULTURA, Cine español. Madrid, 1989; CAPARRÓS LERA, J.
M., Historia crítica del cine español (desde 1997 hasta hoy). Ariel,
Barcelona, 1999; PÉREZ PERUCHA, Julio (ed.), Antología crítica
del cine español (1906-1995). Crítica, Madrid, 1997; TORRES,
Augusto M., El cine español en 119 películas. Alianza Editorial,
Madrid, 1997; GUBERN, R. et al., Historia del cine español.
Cátedra, Madrid, 1995.
104 Sobre la posición del régimen franquista en torno al arte, pue-
den verse CIRICI, Alexandre, La estética del franquismo. Gustavo
Gili, Barcelona, 1977; LORENTE, Ángel, Arte e ideología en el franquismo. Visor, Madrid, 1995; UREÑA, Gabriel, El arte del franquismo. Cátedra, Madrid, 1981; AUTORES VARIOS, El arte del franquismo. Cátedra, Madrid, 1981; AUTORES VARIOS, L’art de la
Victoria. Belles Arts i franquisme a Catalunyna. Columna,
Barcelona, 1996, y CABAÑAS BRAVO, Miguel, Política artística del
franquismo. CSIC, Madrid, 1996.
105 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, La crisis de la arquitectura espa-
ñola, 1939-1972. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1972.
106 AUTORES VARIOS, «Arte», en EQUIPO RESEÑA, La cultura
española durante el franquismo. Editorial Mensajero, Bilbao, 1977,
págs. 251-294. Puden verse también AGUILERA CERNI, Vicente,
La postguerra. Documentos y testimonios. Ministerio de Educación
y Ciencia, Madrid, 1975, Iniciación al arte español de la postguerra.
Península, Barcelona, 1970 y Arte y compromiso histórico (sobre el
caso español). Fernando Torres editor, Valencia, 1976; AUTORES
VARIOS, Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976. Gustavo
ÍNDICE
456
Notas
Gili, Barcelona, 1976; AREÁN, Carlos Antonio, Veinte años de pintura de vanguardia en España. Editoria Nacional, Madrid, 1961,
Balance del arte joven en España. Publicaciones Españolas,
Madrid, 1971, y Treinta años de arte español (1943-1972).
Guadarrama, Madrid, 1972; CIRLOT, J., Eduardo, Nuevas tendencias pictóricas (1955-1965). Seix Barral, Barcelona, 1965; MORENO GALVÁN, José M.ª La última vanguardia de la pintura española. Magius, Barcelona, 1969; UREÑA, Gabriel, Arquitectura y urbanística civil y militar en el período de la autarquía (1936-1945).
Istmo, Madrid, 1979, y Las vanguardias artísticas en la postguerra
española, 1940-1959. Istmo, Madrid, 1982; FORMENT, Albert, «Art
i franquisme al País Valencià. Notes per a una reflexió», en Afers.
Sobreviure al franquisme, n.º 22, Catarroja, 1995.
107 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis y PÉREZ DE ARTEAGA, José
Luis, «Música clásica», en EQUIPO RESEÑA, La cultura española
durante el franquismo. Editorial Mensajero, Bilbao, 1977, págs. 295333. Pueden verse también MARCO, Tomás, Música española de
vanguardia. Guadarrama, Madrid, 1970, y FERNÁNDEZ-CID,
Antonio, La música española del siglo XX. Fundación Juan March,
Madrid, 1973.
108 GONZÁLEZ LUCINI, Fernando, Veinte años de canción en
España (1963-1983). Grupo Zero Editorial, Madrid, 1984.
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, Cancionero General, 19391971. Lumen, Barcelona, 1972.
109 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio, Fotografía y sociedad en la
España de Franco. Las fuentes de la memoria. Ministerio de
Cultura, Barcelona, 1996.
ÍNDICE
457
110 MARCHAMALO,
Jesús, Bocadillos de delfín. Grijalbo,
Barcelona, 1996.
111 SEVILLANO CALERO, Francisco, Propaganda y medios de
comunicación en el franquismo (1936-1951). Universidad de
Alicante, 1998.
112 Sobre la censura de prensa, BARRERA, Carlos, Periodismo y
franquismo. De la censura a la apertura. Interuniversitarias, Madrid,
1997; FERNÁNDEZ AREAL, Manuel, La libertad de prensa en
España, 1938-1971. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971;
DELIBES, Miguel, La censura de prensa en los años cuarenta.
Ámbito, Valladolid, 1985, y SINOVA, Justino, La censura de prensa
durante el franquismo. Espasa-Calpe, Madrid, 1989.
113 Sobre la radio en España, DÍAZ, Lorenzo, La radio en España.
Alianza Editorial, Madrid, 1992, y MUNSÓ CABÚS, Juan, Cuarenta
años de radio (1940-1980). Picazo, Barcelona, 1980. Un estudio
local, en DELGADO REINA, M., Historia de la radio a Mallorca,
1933-1994. Palma de Mallorca, 1996. Y la visión de las radios clandestinas, en GALÁN, Luis, Después de todo. Recuerdos de un
periodista de la Pirenaica. Anthropos, Barcelona, 1988.
114 Que ha sido objeto de un estudio reciente: OLMOS, V., Historia
de la agencia EFE. El mundo en español. Madrid, 1997.
115 Una visión interna de la prensa franquista, en ÁLVAREZ,
Cándido, Memorias prohibidas. Ediciones B, Barcelona, 1995 y,
sobre todo, PARDO, Jesús, Autorretrato sin retoques. Anagrama,
Barcelona, 1996.
ÍNDICE
458
Notas
116 Sobre la Ley de Prensa, puede verse DUEÑAS, Gonzalo, La ley
de prensa de Manuel Fraga. Ruedo Ibérico, París, 1969. Una visión
oficial, en SERVICIO INFORMATIVO ESPAÑOL, España 66.
Libertad de prensa e imprenta. Madrid, 1966.
117 GARCÍA JIMÉNEZ, J., Radiotelevisión y política cultural en el
franquismo. CSIC, Madrid, 1980. Una visión más militante, en
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, José M., Los teleadictos. La sociedad televisual. Editorial Estela, Barcelona, 1971.
118 ALTED, A. y AUBERT, P., «Triunfo» en su época. Madrid, 1995.
Hay otros estudios sobre otros periódicos y semanarios en concreto, como GELI, Carles y HUERTAS CLAVERÍA, J.M., Las tres vidas
de Destino. Anagrama, Barcelona, 1991, y GARCÍA ESCUDERO,
José M.ª, Ya. Medio siglo de historia (1935-1985). Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid, 1984. Otros estudios sobre diarios en
concreto: MARTÍN DE LA GUARDIA, R. M., Información y propaganda en la prensa del Movimiento. Libertad, de Valladolid, 19311979. Universidad de Valladolid, 1994, y PÉREZ LÓPEZ, Pablo,
Católicos, política e información. Diario Regional de Valladolid,
1931-1980. Universidad de Valladolid, 1994.
119 Una visión general de la prensa durante el franquismo, en
CHULIÁ RODRIGO, Elisa, La evolución silenciosa de las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo. Instituto
Juan March, Madrid, 1997; AUTORES VARIOS, Presse et pouvoir
en Espagne, 1868-1975. Madrid, 1996; TERRON, Javier, La prensa
en España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis
político. CIS, Madrid, 1981; FUENTES, J. F. y FERNÁNDEZ, J.,
Historia del periodismo español. Prensa, política y opinión pública
ÍNDICE
459
en la España contemporánea. Madrid, 1997; ÁLVAREZ, J. Timoteo,
Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo,
imagen y publicidad (1900-1990), Barcelona, 1989. Véanse también
los artículos de SEVILLANO CALERO, Francisco, «La opinión
pública durante el régimen franquista» y PÉREZ LÓPEZ, Pablo,
«Política de prensa y control de la opinión pública durante el franquismo, 1942-1965», en I Encuentro de investigadores del franquismo. Barcelona, 1992, págs. 198-201 y 187-190, así como el
artículo de ZALBIDEA BENGOA, Begoña, «Prensa del Movimiento:
el control ideológico desde el poder», en el II Encuentro de investigadores del franquismo. Alicante, 1995, Tomo II, págs. 255-268.
ÍNDICE
460
La modernización de la agricultura española y la política
agraria del Franquismo
La modernización de la agricultura española y la
política agraria del Franquismo
1. Introducción
os intentos, por parte de las autoridades públicas, de
promover el desarrollo de la agricultura, de controlar las
producciones, de regular los intercambios exteriores e
interiores o de fijar los precios de los productos básicos se
remontan, como suele decirse, a la más lejana antigüedad.
En el caso de nuestro país estos intentos se hicieron más sistemáticos a partir del reinado de los Reyes Católicos y adquirieron un carácter más continuo y coherente durante el siglo
XVIII (nota 1).
L
Durante el siglo XIX la intervención del Estado en el sector
agrario fue importantísima, en especial en el terreno jurídico
ÍNDICE
461
con un conjunto de normas que constituyen lo que conocemos como reforma agraria liberal, y que supuso la desaparición de las instituciones y formas de propiedad características del Antiguo Régimen. Elementos fundamentales de esta
reforma fueron el proceso de disolución del Régimen
Señorial, la desvinculación de los mayorazgos, las desamortizaciones y la supresión de la Mesta (nota 2). Pero, además
de la intervención en el terreno de la reforma institucional y
de los derechos de propiedad, las autoridades adoptaron
medidas decisivas en relación con el comercio exterior, como
fue la política prohibicionista en materia de importación de
granos, política que adquiriría en España un carácter permanente, aunque, en ocasiones, oscilase entre el prohibicionismo y un fuerte proteccionismo, dependiendo de las coyunturas (nota 3). Finalmente, y ya en las postrimerías del siglo, la
intervención se dirigió hacia el fomento de la producción
agraria con las propuestas regeneracionistas, cuyo principal
elemento era una política de expansión del regadío, con el
soporte de grandes obras hidráulicas en las que se reservaba al Estado un papel fundamental (nota 4).
Durante el primer tercio del siglo XX y en un contexto marcado por la salida de la crisis agraria finisecular y la consolidación de planteamientos cada vez más proclives a la intervenÍNDICE
462
ción del Estado en la economía, las medidas de política agraria de carácter regulador se fueron ampliando e intensificando. Así, el proteccionismo se convirtió en un elemento central
de la política agraria y en el principal instrumento de defensa
frente a la competencia internacional, aunque recientes trabajos del GEHR, Gallego y Pinilla y Serrano Sanz muestran
que fue un proteccionismo más matizado y gradualista de lo
que se ha venido sosteniendo tradicionalmente (nota 5).
Igualmente, recientes investigaciones han resaltado cómo,
además de los sectores que necesitaron de la protección,
hubo otros sectores de la agricultura española para los que la
formación de un mercado mundial fue un hecho positivo, particularmente para la agricultura mediterránea de vocación frutícola (nota 6).
Concluido el gran trasvase de propiedades que fue el proceso desamortizador y la privatización de los señoríos, en el
que los grandes perdedores fueron los pequeños propietarios
y los campesinos sin tierra que vieron defraudadas sus esperanzas de convertirse en propietarios (nota 7), la crisis finisecular golpeó de nuevo a estos mismos estratos campesinos
provocando fuertes procesos migratorios y un malestar en el
campo que empezó a preocupar a las autoridades y que
comenzó a conocerse como el «problema social agrario»
ÍNDICE
463
(nota 8). Se desarrolló, en consecuencia, un importante proceso tendente a conocer dicho problema y a buscar las soluciones adecuadas al mismo. Aparecen así propuestas de
reformas técnicas, fundamentalmente obras hidráulicas y
expansión del regadío en la línea de los planteamientos regeneracionistas, y de tímidas reformas sociales con proyectos
que incluían modificaciones en la estructura de la propiedad.
Entre las propuestas técnicas de expansión del regadío las
más importantes fueron el Plan Nacional de
Aprovechamientos Hidráulicos de 1902, conocido como Plan
Gasset; la Ley de Grandes Regadíos de 1911, que supuso un
importante paso en el reconocimiento de mayores competencias al Estado en la materia y la creación de las
Confederaciones Hidrográficas en 1926, que asumieron un
ambicioso programa de obras hidráulicas.
En lo que concierne a la política de reforma social, y al amparo de la Junta Central de Colonización, se aprobó en 1907 la
Ley de Colonización Interior, conocida como Ley González
Besada y, ya en la época de Primo de Rivera se aprobó la Ley
de Parcelaciones en 1928 (nota 9).
En ninguno de los dos campos los logros fueron destacados,
si bien hay que decir que mucho menos en lo concerniente a
la modificación de la estructura de la propiedad, faceta en la
ÍNDICE
464
que la actuación puede considerarse como meramente testimonial (nota 10). Una de las mayores paradojas (aparentes)
de nuestra historia es la de un Estado que vende de manera
frenética millones de hectáreas de tierras desamortizadas,
muchas de ellas arrebatadas a los pueblos, para, pocos años
más tarde, pasar a comprar o a casi mendigar algunas tierras,
de ínfima calidad, para resolver el grave problema social
agrario.
Nuevos impulsos recibirá, en este período, la política de
fomento de la producción ya que, además del regadío, las
autoridades emprendieron nuevas líneas de actuación, particularmente en la promoción del cooperativismo, en el desarrollo de la investigación y las enseñanzas agrarias y en el
fomento del crédito (nota 11).
Durante la Segunda República culminará la línea de reformas
técnicas, con grandes y muy acabados proyectos de transformación como la Ley de Obras de Puesta en Riego, la llamada «Reforma Agraria de Prieto», con la que el Estado asumía
nuevas competencias, desde la elaboración de proyectos a la
ejecución material de las obras, y el Plan Nacional de Obras
Hidráulicas, y dará un cambio radical la reforma agraria social
con el proyecto de reforma agraria republicana de 1932. A
ello habría que añadir un buen número de disposiciones de
ÍNDICE
465
protección de jornaleros y arrendatarios, igualmente de gran
trascendencia.
Los planteamientos republicanos constituían un conjunto
coherente y bien encaminado en materia agraria, que iba
desde las grandes obras hidráulicas a la reforma de la estructura de la propiedad, pasando por una política arancelaria de
carácter más librecambista. Lamentablemente, estas medidas no recibieron el impulso político necesario para ponerlas
en marcha de forma rápida y, desgraciadamente, se vieron
interrumpidas por la crisis mundial de los años treinta, primero, y por el desencadenamiento de la guerra civil después
(nota 12). En síntesis se puede sostener que, en vísperas de
nuestro conflicto civil, la agricultura española había experimentado un moderado proceso de modernización, aunque en
conjunto seguía siendo una agricultura atrasada comparada
con las del norte de Europa y más parecida a las agriculturas
de la cuenca mediterránea (nota 13). En este proceso modernizador el Estado tuvo un papel muy modesto. Los gobernantes españoles, condicionados por los escasos recursos presupuestarios y por sus preferencias en el gasto, dedicaron
siempre una escasa atención al fomento de la agricultura.
Esta escasa atención presupuestaria contrasta, vivamente,
con la abundancia de proyectos, planes, informes, etc.
ÍNDICE
466
Algunos de estos planes y proyectos se caracterizaron por su
rigor y fueron creando una base sobre la que se asentaron
planes y actuaciones posteriores, algunas tan destacadas
como el trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, como ya he
señalado, fue poco lo que realmente se realizó (nota 14).
Al margen de su actuación concreta, lo cierto es que, en los
años anteriores a 1936, se fue consolidando la idea de que la
intervención del Estado era necesaria para lograr el desarrollo de la agricultura. Esencialmente se pensaba que la intervención era imprescindible para abordar las grandes obras de
infraestructura: pantanos y canales, necesarios para extender
el regadío, en razón de las grandes exigencias financieras de
este tipo de obras y de la pasividad de la iniciativa privada. En
segundo lugar, se consideraba que sólo el Estado podía
abordar aquellas reformas que exigían la modificación de la
estructura de la propiedad y que, por lo tanto, tenían un contenido jurídico. Se terminó dando por bueno, igualmente, el
que otras facetas, como la investigación y la extensión agraria, sólo podían ser abordadas por el Estado, al carecer los
agricultores, individualmente considerados, de la capacidad
suficiente para emprender labores de investigación.
Finalmente, el Estado fue adquiriendo competencias cada
vez más amplias en la regulación del comercio exterior, en la
ÍNDICE
467
de los intercambios interiores y abastecimientos y en materia
de control de precios, incluyendo la adopción de políticas de
precios de tasa (nota 15).
Lamentablemente, el Estado fue asumiendo, indiscriminadamente, todo este conjunto de competencias cuya justificación
teórica, en términos de necesidad de la intervención, no era
en absoluto semejante. Así, casi nadie puede dudar de que la
investigación agraria fue alcanzando, con el desarrollo de la
química y la mecanización, niveles de complejidad que escapaban a los agricultores individuales, por muy ricos que fuesen. Igualmente, se podría compartir, aunque sea parcialmente, que las grandes obras de infraestructura hidráulica
exigían la intervención del Estado (nota 16). No está, sin
embargo, igualmente justificada la política de sustituir los
mecanismos del mercado por la actuación de la burocracia
ministerial. Particular importancia, por sus posteriores repercusiones, tuvo la idea de que los precios podían ser controlados administrativamente y que los intercambios y el abastecimiento se podían ordenar mejor desde el Ministerio que
dejando actuar libremente a compradores y vendedores.
ÍNDICE
468
2. La modernización de la agricultura española y el
Estado
A finales de los años cincuenta, y tras una etapa sumamente
crítica, la agricultura española continuaba siendo una agricultura tradicional y atrasada en el contexto europeo (nota 17).
Sin embargo, en los años setenta era una agricultura moderna y similar, en lo esencial, a las agriculturas europeas avanzadas. Tal vez no podamos encontrar otro caso histórico en el
que este proceso de modernización se haya producido de
una manera tan intensa y en tan corto período de tiempo. Tras
una trayectoria vacilante, con mucho retraso respecto a las
pautas del norte de Europa y más en sintonía con lo acontecido en los países mediterráneos (aunque atrasada también
en relación a Italia) la agricultura española se moderniza.
¿Qué papel desempeñó el Estado y la política agraria en
estos procesos? (nota 18).
2.1. Crisis e intervención en la agricultura española
durante los años cuarenta
«Los celosos ministros que propusieron a V.A. sus ideas y
planes de reforma en el expediente de Ley Agraria, han conocido también la influencia de las leyes en la agricultura, pero
pudieron equivocarse en la aplicación de este principio, no
ÍNDICE
469
hay alguno que no exija de V.A. nuevas leyes para mejorar la
agricultura, sin reflexionar que las causas de su atraso están
por la mayor parte en las leyes mismas, y que, por consiguiente, no se debería tratar de multiplicarlas, sino de disminuirlas: no tanto de establecer leyes nuevas, como de derogar las antiguas» (nota 19).
He comenzado este apartado, dedicado a la crisis de la agricultura durante los años cuarenta, con estas palabras de
Jovellanos porque estoy convencido de que contienen el elemento fundamental para comprender las causas de dicha crisis: la multiplicación de las normas, en lugar de su derogación.
No considero necesario extenderme en exceso en la descripción de la dificilísima situación que vivió el sector agrario
español durante los años cuarenta. Baste con recordar el
descenso de las producciones, de las superficies cultivadas y
de los rendimientos, lo que, unido al hundimiento de los intercambios exteriores, se tradujo en un brutal descenso de las
disponibilidades alimenticias, provocando un importante y
bastante generalizado subconsumo y situaciones de hambre
ya desconocidas en nuestro país (nota 20). Junto a ello, y
como rasgo quizás más característico de lo que fue la
España de los cuarenta, se desarrolló un importantísimo merÍNDICE
470
cado negro, el «estraperlo», que afectó a todo tipo de productos y, en particular, a los productos alimenticios de primera necesidad (nota 21). Es difícil exagerar la magnitud del
mercado negro y sus consecuencias. Recordaré, tan sólo, en
relación a su importancia cuantitativa, que el mercado negro
de trigo o de aceite fue más importante que el propio mercado oficial. En lo que respecta a sus consecuencias, el mercado negro fue el origen de importantes fortunas, labradas
sobre la desgracia de la mayor parte de la población, que
consumió menos de lo necesario, a precios prohibitivos y sin
ninguna garantía de higiene o calidad (nota 22).
Paradójicamente, esta situación de total desorden se produjo
en una etapa histórica en la que las autoridades se habían
propuesto como objetivo un control absoluto de las producciones, de los abastecimientos y de los precios, mediante una
intervención «totalitaria» en el sector agrario. Esta intervención se había traducido en una multiplicación de normas
reguladoras y en la creación de diversos organismos como el
Servicio Nacional del Trigo, la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes y la Fiscalía de Tasas
(nota 23).
Además de la desorganización de la producción y de los mercados, los años cuarenta se caracterizan por la paralización
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471
del Estado en lo concerniente a reformas estructurales de
carácter técnico en el sector agrario, ya que en lo relativo a la
propiedad la actuación fue muy intensa. En efecto, las autoridades nacidas de la sublevación militar (y su trama civil) de
julio de 1936, adoptaron una decidida política de desmantelamiento de la reforma agraria republicana, aunque en buena
medida dicho proceso se produjo de manera espontánea,
con la recuperación directa por parte de sus antiguos propietarios de las fincas afectadas por la reforma agraria republicana o por la revolución campesina posterior a julio de 1936
(nota 24). En cualquier caso, se procedió de manera categórica a la restauración del sistema de propiedad anterior a la
reforma agraria republicana, proceso acompañado, preciso
es recordarlo, de una durísima represión campesina
(nota 25).
El Nuevo Estado sustituyó el modelo republicano por un proyecto de reformas técnicas en la agricultura que enlaza, por
una parte, con la larga tradición española sobre riegos y, por
otra, con la influencia de las políticas italianas en materia de
bonífica (nota 26). El resultado fue la política colonizadora
cuyo objetivo era esencialmente productivista, pero que, colateralmente, habría de tener un cierto componente de reforma
social, al estar previsto el asentamiento de colonos en las
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472
nuevas zonas regables (nota 27). Tampoco en este aspecto
las autoridades consiguieron sus objetivos. He demostrado,
en un libro publicado no hace mucho tiempo, que la política
colonizadora desarrollada durante los años cuarenta se saldó
con un rotundo fracaso (nota 28).
Las autoridades proporcionaron explicaciones, tanto en relación con la crisis de producción como en lo que concierne a
la paralización de las reformas técnicas. Así, se culpaba de la
crisis de producción a las destrucciones de la guerra, a la
falta de medios de producción provocada por el aislamiento
internacional de España, a la pertinaz sequía e, incluso, a las
acciones destructivas del maquis (nota 29). El mercado
negro, según las autoridades, era consecuencia de la codicia
y de la falta de patriotismo de los que en él participaban. No
deja de resultar llamativo el que las autoridades franquistas
estuviesen dispuestas a reconocer oficialmente al maquis,
dándole, incluso, una importancia sorprendente, capaz de
desorganizar la producción agraria. Todavía más llamativo
resulta el hecho de que no se relacionase el sistema de intervención «totalitario» impuesto a la agricultura con la situación
de la misma.
He dedicado algunos trabajos a esta cuestión y considero
que he demostrado que la explicación oficial es claramente
ÍNDICE
473
insuficiente, como, por otra parte, ya había señalado en su
momento el profesor Manuel de Torres (nota 30). Las destrucciones de la guerra no fueron catastróficas para el sector
agrario y las condiciones climatológicas respondieron, en
conjunto, a lo que es característico en nuestro país (nota 31).
Tiene más peso el elemento relativo a las difíciles relaciones
exteriores, aunque convendría averiguar las causas y la responsabilidad del aislamiento. Volveré sobre esta última cuestión un poco más adelante.
Independientemente de la escasa validez de la explicación
oficial, es indudable que la propia política agraria llevada a
cabo por los gobiernos de la época tuvo que tener una
influencia destacada sobre la marcha del sector agrario. En
algunas de mis investigaciones he llegado a la conclusión,
avanzada en parte por otros autores, de que la crisis agraria
de los años cuarenta se debe, en gran medida, al propio sistema de intervención puesto en marcha por las autoridades.
Una política agraria de vocación autárquica y extremadamente intervencionista, gestada a partir de la propia tradición
intervencionista y proteccionista desarrollada en nuestro país
desde el siglo XIX y de la influencia de la política agraria del
fascismo italiano (nota 32). Una política agraria que, como
tendremos ocasión de comprobar, incurrió en importantes
ÍNDICE
474
errores y contradicciones. Una política agraria que pretendió
sustituir los mecanismos del mercado por un sistema de producción, comercialización y precios basados en la actuación
de la burocracia y en la autoridad del Estado (nota 33). Una
política agraria indigente en el plano teórico y descuidada en
lo relativo a la información sobre la realidad en la que se
intervenía (nota 34). Una política agraria, en fin, que, carente
de rigor y coherencia teórica, terminó improvisando medidas
para dar respuesta a problemas que venían originados,
muchas veces, por medidas anteriores y que terminaban ocasionando nuevas disfunciones.
Así, las autoridades empezaron fijando los precios del trigo,
que intentaron bajar y congelar por decreto «a los niveles previos al glorioso alzamiento nacional», en una época inflacionista (nota 35). Esta medida, originó un gran desánimo entre
los productores que empezaron a reducir las superficies cultivadas y a desintensificar el cultivo (nota 36). La reacción de
las autoridades fue decretar unas superficies obligatorias de
cultivo. Sin embargo, para poder hacer efectiva esta medida
había que disponer de unas superficies preparadas para ello,
por lo que se decretaron obligatorias las labores de barbecho.
Desde el Ministerio se fijaban las superficies a nivel nacional
y provincial, pero luego había que repartirlas por municipios y
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475
para ello había que crear las correspondientes juntas que,
además, tenían que fijar superficies obligatorias para cada
uno de los agricultores. Y lo mismo sucedió con las cantidades de grano que cada cultivador tenía que entregar al
Servicio Nacional del Trigo a los bajos precios de tasa. Tuve
amistad con un alto cargo del Servicio que recordaba, con
verdadero horror, las luchas que se planteaban entre los agricultores por evitar elevados cupos forzosos (nota 37). Había
que garantizar, igualmente, el transporte y el comercio de
trigo, su transformación en harina y en pan y la distribución y
el consumo racionado del mismo, lo que se hizo mediante
nuevas normas y regulaciones. Paralelamente, se comprobó
que, si se controlaba un producto y otros alternativos quedaban libres, se producía un desplazamiento de la producción
hacia esos bienes carentes de control y libres de precio. La
actitud de los gobernantes fue la de extender el sistema de
intervención a, prácticamente, todos los productos agrarios y
reforzar las medidas de represión. Multitud de normas y funcionarios de distintos organismos se lanzaron a tan ingente
como inútil tarea (nota 38). Esta política agraria fue ya criticada, y muy tempranamente, por algunos elementos del propio régimen y, destacadamente, por Manuel de Torres que
anunció con claridad su fracaso (nota 39). De forma más
ÍNDICE
476
detallada he analizado en un artículo publicado en un libro
colectivo titulado La Nueva Historia Económica en España la
falta de coherencia y la inconsistencia teórica de la política de
intervención en los precios practicada durante los años cuarenta (nota 40).
En la cita de Jovellanos con la que comenzaba este apartado el ilustre economista asturiano advertía de dos males: la
multiplicación de normas y las equivocaciones en la aplicación de medidas. Durante los años cuarenta se intervino más
que nunca y, tal vez, por la gente menos preparada. La experiencia de los años cuarenta demuestra que la mejor forma de
llegar al caos económico es mediante la multiplicación incoherente de medidas ordenadoras.
Especial referencia quiero hacer al mercado negro. Ya he
señalado cual fue, oficialmente, la interpretación de este
fenómeno. El propio general Franco denunció, públicamente,
a los malos españoles que arrastrados por la codicia se dedicaban a la práctica del «estraperlo» (nota 41). Sin embargo,
sabemos que los principales beneficiarios del «estraperlo»
fueron personas poderosas entre las que se encontraban,
incluso, algunos altos dirigentes del régimen. No obstante, lo
más importante es destacar que la escasez y el mercado
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477
negro fueron, en gran medida, resultado de la propia intervención (nota 42).
Es cierto, como ha comentado el profesor Velarde, que todos
los países europeos afectados por el conflicto mundial conocieron una intervención de guerra (nota 43). Pero no es
menos cierto que, en España, la intervención fue esencialmente diferente. Fue mucho más general y duradera en el
tiempo y, sobre todo, nació con vocación de permanencia, no
como mero instrumento para hacer frente a una coyuntura
excepcional. Si comparamos la postguerra española con la
italiana, por ejemplo, se pueden comprobar claramente estas
diferencias (nota 44).
Esta reflexión nos conduce directamente a una cuestión que
había dejado pendiente: el debate sobre si la autarquía o el
aislamiento internacional fue una opción impuesta o deseada
por el propio régimen. Se trata de una polémica antigua en la
que han participado ilustres colegas y no pretendo ser yo el
que diga la última palabra (nota 45). Sin embargo, en relación
a la política agraria, considero que no cabe duda de que la
opción autárquica fue claramente expuesta como objetivo por
el Nuevo Estado. Muy significativa, al respecto, resulta la
posición de Dionisio Martín Sanz, inspirador, recordémoslo,
del Servicio Nacional del Trigo. Una opción autárquica y traÍNDICE
478
dicional, con el trigo como cultivo rey, que suponía un grave
retroceso en relación al costoso camino recorrido por la agricultura española durante el primer tercio del siglo en el proceso de especialización internacional (nota 46). Manuel
Jesús González y, más recientemente, J. Catalán han mostrado los costes y las oportunidades perdidas como consecuencia de la opción autárquica elegida por nuestras autoridades (nota 47).
Si los años cuarenta se caracterizan por el erróneo planteamiento y el fracaso subsiguiente de la política de precios y
mercados, no mucho mejor fueron las cosas en lo que concierne a la política estructural. Es verdad que el objetivo de
desmantelar lo realizado por la República, en materia de
reforma agraria, se alcanzó rápida y plenamente. Sin embargo, la puesta en marcha de una política alternativa de reformas técnicas no tuvo el mismo éxito. He dedicado algunas
publicaciones al Instituto Nacional de Colonización, y considero que he demostrado como su actuación, durante los años
cuarenta, se saldó con un claro fracaso. Este fracaso fue,
incluso, reconocido en algunos escritos, que he tenido ocasión de sacar a la luz, por altos responsables de colonización
como José Zorrilla Dorronsoro y Emilio Gómez Ayau
(nota 48). Lo que no comparto con ellos, al menos en su totaÍNDICE
479
lidad, es la explicación del fracaso. Los dirigentes de
Agricultura siempre pensaron que sus propuestas de intervención, ya fuera en los precios, ya en materia colonizadora,
eran esencialmente correctas y beneficiosas para el desarrollo de la agricultura. Eran los propios agricultores los que por
codicia (como en el caso del mercado negro), o por desconocimiento, o por maldad, hacían fracasar proyectos bien
definidos, al no seguir las líneas trazadas por las autoridades.
De manera rotunda lo afirmaba G. Castañón, ingeniero del
I.N.C., en relación a la principal norma colonizadora de los
años cuarenta, la Ley de Colonización de Grandes Zonas:
«Sólo una absoluta incomprensión, basada en la ignorancia
de los fines previstos y queridos por la Ley, o lo que es peor,
un deliberado espíritu adverso a toda cooperación a las tareas de engrandecimiento de España, pueden oponerse a su
realización» (nota 49).
La opinión de este dirigente del Instituto, compartida en el
fondo por todos los intervencionistas, se basaba en dos consideraciones fundamentales. La primera, que los agricultores
no saben muy bien cuales son sus auténticos intereses, no
son capaces de comprender los grandes beneficios que se
derivan de la actuación estatal y, la segunda, que los proyectos están bien concebidos y son superiores a los proyectos
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480
privados. A mi modo de ver ambos supuestos son discutibles.
Por alguna extraña razón los agricultores han tenido que
arrastrar la fama (creada por gente ajena al campo) de ser
incompetentes, insensibles al progreso y al beneficio, cuando
no se les ha calificado despectivamente de «feudales». T.W.
Schultz ha dedicado páginas brillantes, y no carentes de ironía, a desmontar tales tópicos (nota 50). Así, ha criticado a
quienes piensan que «los agricultores, o no responden a las
variaciones de los precios de los productos y los factores de
producción o, si lo hacen, reaccionan antagónicamente, es
decir, al contrario de lo que podría esperarse» (nota 51). Su
crítica se extiende a los que opinan que los agricultores
«carecen de determinadas virtudes económicas; con frecuencia se afirma que no son ahorrativos, trabajadores y que
carecen de espíritu de empresa» (nota 52). Sin ignorar que
pueden existir y de hecho existen «restricciones culturales
que hasta cierto punto dificultan el crecimiento económico y
escapan a la teoría económica», T.W. Schultz insiste en que
«la población agrícola en las sociedades tradicionales no es
indiferente a las ganancias del trabajo ni a los rendimientos
de las inversiones; esta gente tiene mala prensa». Y refiriéndose precisamente al problema que ahora nos ocupa, el de la
colonización, afirma: «La equivocación más corriente consisÍNDICE
481
te en sobreestimar las posibilidades de la producción de la
agricultura de estos países y, en consecuencia, deducir que
los agricultores son incompetentes porque producen mucho
menos de lo que sería fácilmente posible. Cuando vemos que
no se emplea toda el agua disponible, afirmamos que la
derrochan, sin detenernos a calcular los costes y los beneficios resultantes de utilizarla» (nota 53).
Esta última reflexión considero que es fundamental, y enlaza
con la segunda consideración en la que se basaba la mala
opinión del Instituto sobre los agricultores, la de la supuesta
bondad de los proyectos colonizadores, que aquéllos eran
incapaces de comprender. Lo cierto es que los grandes proyectos del Instituto durante los años cuarenta, y, particularmente, la Ley de Grandes Zonas, no eran adecuados a la realidad del país, y mucho menos a la situación de los agricultores. ¿Cómo se puede pensar que los agricultores iban a
emprender costosísimos proyectos de transformación en
regadío en las condiciones en que se encontraba España
durante los años cuarenta? No es posible extenderme en
este momento en detallar las dificultades que llevaron a los
agricultores a rechazar los proyectos colonizadores. Señalaré
que, ni las condiciones generales del país con una
Administración absolutamente ineficiente, ni las condiciones
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482
económicas difíciles en todos los terrenos, ni las propias del
sector agrario con dificultades para el abastecimiento de toda
clase de inputs, ni la propia política agraria con precios de
tasa no remuneradores, eran el marco adecuado para adoptar decisiones de inversión (nota 54). Por el contrario, la abundancia de mano de obra barata en el campo y el bajo nivel de
renta del país (que se traducía en una gran demanda de pan
y productos tradicionales) animaban a los agricultores a mantener sus sistemas de producción tradicionales (nota 55). La
opción económicamente más sensata no era la de maximizar
potenciales y teóricos beneficios con costosas y arriesgadísimas inversiones, sino la de maximizar la producción con la
tecnología conocida.
Sin embargo, las autoridades podrían haber forzado las
transformaciones en el sector agrario asumiendo plenamente
los costes de las inversiones y obteniendo los recursos de los
propios agricultores mediante la vía fiscal. Recordemos que
el sector agrario acumuló importantes recursos financieros
durante los años cuarenta. Sin embargo, como demostré en
un reciente trabajo publicado en Hacienda Pública Española,
el fraude fiscal en el sector agrario alcanzó durante los años
cuarenta niveles escandalosos (nota 56).
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483
2.2. La «nueva política agraria» de 1951 y el comienzo
de la modernización del sector agrario
A finales de los años cuarenta España seguía viviendo su larguísima postguerra y la mayor parte de los españoles continuaban sufriendo restricciones y racionamiento. Sin embargo,
cada vez era más evidente la necesidad de salir de una situación insoportable. Un conjunto de circunstancias externas e
internas propiciaron e impulsaron el cambio. Es un episodio
histórico relativamente bien conocido y por ello no me detendré en su exposición (nota 57). Me limitaré a recordar el papel
destacado de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica en
el reconocimiento internacional del régimen del general
Franco y en su consiguiente apertura al exterior. Interesa más
destacar, en el ámbito que me concierne en este momento,
algunas cuestiones que considero fundamentales. En primer
lugar, el hecho de que entre la población española existía un
importante descontento por la difícil situación económica,
cuya manifestación más destacada era la persistencia del
racionamiento de alimentos. En segundo lugar, la evidencia
del fracaso del sistema de intervención impuesto al sector
agrario, que no consiguió su objetivo fundamental, esto es, el
de que los agricultores abasteciesen en cantidad y calidad a
la población española. Y, por último, un hecho de extraordinaÍNDICE
484
ria importancia: a finales de los años cuarenta no era sólo
algún economista aislado el que propugnaba un cambio en la
política agraria; a ellos se sumaron destacados elementos del
propio régimen, que comprendían que la vía autárquica e
intervencionista había fracasado. He narrado con cierto detalle, en uno de mis trabajos, un episodio que me parece
extraordinariamente relevante al respecto (nota 58). Se trata
de un duro, sorprendentemente duro, enfrentamiento público
verbal entre Dionisio Martín Sanz, el inspirador de la política
triguera, y el ingeniero agrónomo Rafael Cavestany, hombre
con larga trayectoria en las filas del régimen. En este enfrentamiento, Cavestany defiende con claridad y rotundidad la
necesidad de acabar con la intervención y liberalizar la agricultura española. La respuesta de Dionisio Martín Sanz fue,
igualmente, contundente y clara pero en sentido inverso: si la
intervención había fracasado la única solución era reforzarla.
Este episodio revela claramente ese planteamiento al que ya
me había referido anteriormente: que la intervención en
España, a diferencia de lo que sucede en otros países, no se
había concebido como un instrumento coyuntural, sino como
un sistema económico con vocación de perdurar.
Como los lectores saben Cavestany fue nombrado Ministro
de Agricultura en el gobierno de 1951, gobierno de signo ecoÍNDICE
485
nómico relativamente aperturista y liberalizador (nota 59).
Con este nombramiento y con los cambios generales que
conoció la política económica española, se inaugura una
nueva etapa en la agricultura y la política agraria de nuestro
país. Una política agraria dirigida personalmente por R.
Cavestany, ministro de gran capacidad y fuerte carácter,
según le definen quiénes le conocieron. Cavestany planteó
para España una «nueva política agraria». En realidad, el
conjunto de sus propuestas, bastante coherente, no puede
calificarse sino, parcialmente, de nuevo. Era una política agraria decididamente nueva en relación a la desarrollada durante los años cuarenta, pero era también una política agraria
conservadora en lo social y de corte clásico en sus propuestas técnicas. Una política agraria que, al eliminar los aspectos
más negativos del sistema intervencionista: cupos forzosos,
superficies obligatorias, bajos precios de tasa, puso las bases
de la recuperación de la agricultura. La filosofía básica que
hay detrás de las propuestas de Cavestany es la de devolver
el protagonismo del sector a los propios agricultores, a los
que se considera capaces de responder a las señales de los
precios y de los mercados y al estímulo del beneficio. El catálogo de medidas y propuestas que conforman la «nueva política agraria» de Cavestany lo he descrito en otros trabajos
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486
(nota 60). En esencia, lo que se intentó fue poner en marcha
toda una serie de medidas de fomento para ayudar a los agricultores a modernizar y mejorar sus explotaciones. Para
Cavestany la única reforma agraria que el país necesitaba
era la de la modernización de su agricultura. En esta línea se
adoptaron diferentes medidas para facilitar la adquisión de
medios de producción, para mejorar y diversificar las producciones y para agilizar la comercialización de las cosechas. La
respuesta de los agricultores fue inmediata y la evolución del
sector muy positiva en todos los terrenos: aumento de la producción y de las superficies cultivadas, capitalización de las
explotaciones y puesta en marcha de grandes proyectos agrícolas, particularmente de obras de regadío (nota 61).
Creo que fue Arturo Camilleri el que acuñó la expresión
«edad de oro de la agricultura tradicional» para referirse a la
situación del sector durante los años cincuenta, y la expresión
es, en mi opinión, acertada. En efecto, la agricultura conoció
una fase de prosperidad sostenida en tres equilibrios básicos:
la oferta de mano de obra barata, el incremento constante de
medios de producción tradicionales (ganado de labor y abonos) y la correspondencia entre los productos clásicos de la
agricultura tradicional española (trigo, aceite, vino, arroz...) y
lo que los españoles demandaban.
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487
Lo logrado por la agricultura española fue mucho en términos
de producción y disponibilidades alimenticias, aunque los
niveles de consumo de algunos productos de alta elasticidadrenta todavía tardarían en recuperarse en relación al nivel
republicano (nota 62). Sin embargo, igual que la «nueva política agraria» era, en realidad, una vuelta a la política agraria
de corte modernizador anterior a la guerra, también los logros
materiales del sector fueron tan sólo una recuperación de lo
ya logrado en el pasado. La guerra civil y la política de intervención significaron veinte años perdidos para la agricultura
española.Y una pérdida irreparable porque, por desgracia, no
se puede recuperar el tiempo perdido, ya que, por lo general,
el mundo cambia, no espera a los que se duermen o han elegido caminos equivocados. Durante los años cincuenta,
mientras España tenía como objetivo salir de la penuria y
alcanzar un alto nivel de autoabastecimiento de productos
tradicionales (y, secundariamente, recuperar el dinamismo
del sector exportador), los países europeos avanzados,
incluida Italia, superados desde la segunda mitad de los años
cuarenta los problemas de abastecimiento, definían nuevas
políticas y objetivos, ampliaban sus mercados y profundizaban en la especialización a nivel europeo. Como es sobradamente conocido estas políticas culminaron, en 1957, con la
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488
firma del Tratado de Roma y la constitución de la Comunidad
Económica Europea, a la que nuestro país no pudo sumarse
por el carácter dictatorial del régimen franquista.
Por otra parte, no todo fueron éxitos en la liberalización interna de la agricultura. Unas veces por falta de decisión, otras,
tal vez, por la resistencia de los grupos de interés, lo cierto es
que persistieron situaciones de privilegio difíciles de justificar.
El ejemplo más claro lo constituye la pervivencia del Servicio
Nacional del Trigo. Es cierto que sufrió reformas, tanto en sus
objetivos como en sus medios de intervención. Sin embargo,
continuó siendo un organismo poderosísimo capaz de imponer, con la protección del Ministerio de Hacienda, sus condiciones al propio Banco de España (nota 63). Un organismo
que, prácticamente, monopolizaba las ayudas que se canalizaban a la agricultura y que disfrutaba de unas líneas de crédito ilimitadas a interés subvencionado (nota 64). Y este organismo siguió practicando una política de protección al sector
más tradicional de la agricultura española, el cerealista, en
perjuicio de los sectores más competitivos (los de exportación) o de los que más futuro tenían (ganadería, industrias
agrarias). La actuación concreta del S.N.T. estuvo, además,
caracterizada por la adopción de algunas medidas que tuvieÍNDICE
489
ron efectos muy contraproducentes. Pondré algunos ejemplos
a modo de ilustración.
El primero de ellos se refiere a la pérdida de calidad de los trigos españoles, pérdida de calidad denunciada repetidamente en medios especializados (nota 65). Este problema está
estrechamente relacionado con la política de precios seguida
por el S.N.T. El Servicio fue, durante esos años, el único comprador legal de trigo en nuestro país. Todos los agricultores
estaban obligados a vender su producción al Servicio al precio de tasa establecido y, a su vez, el Servicio estaba obligado a comprar toda la producción a dicho precio. Este precio
de tasa se fijó, durante los años cuarenta, como precio único
sin distinción de calidades ni variedades. Se trataba de
fomentar la producción, la cantidad. Resulta que existe una
correspondencia inversa, casi general, entre calidad y productividad de las variedades de trigo; es decir, las variedades
más productivas son las de peor calidad y a la inversa. El
resultado de una política de precios de este tipo fue el que,
cualquier economista, hubiese fácilmente pronosticado: un
desplazamiento de las variedades menos productivas y una
pérdida de calidad de los trigos españoles, como efectivamente sucedió (nota 66).
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490
El segundo ejemplo tiene también relación con la política de
precio único, en este caso sin distinguir las zonas productoras. En España la geografía de la producción y del consumo
triguero son opuestas, no hay un equilibrio, como sucede, por
lo demás, en casi todos los países. Las zonas productoras
son excedentarias y las zonas consumidoras son deficitarias.
Si se establece un precio único de compra en todas las
zonas, tenderán a producirse de forma natural embolsamientos del producto en las zonas productoras-excedentarias y
desabastecimientos en las zonas no productoras y deficitarias. Y esto fue lo que, en efecto, sucedió. En ausencia de
unos precios diferenciales que hubiesen estimulado a los
agricultores a desplazar su producción a las zonas deficitarias, el Servicio se encontró con grandes cantidades de trigo
que tenía que desplazar por su cuenta (y, en definitiva, la de
los consumidores) a las zonas deficitarias.
El tercero, y último de los ejemplos, es un problema, en apariencia, algo extraño. Durante los años cincuenta se mantuvo
un comercio clandestino de trigo bastante importante. No
tenía nada que ver con el mercado negro de los años cuarenta, originado por los bajos precios de tasa y por la escasez. El comercio clandestino de los años cincuenta tuvo como
origen una cierta «avaricia», llamémosla así, del S.N.T. Como
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monopsonista en relación a los agricultores y monopolista
frente a los industriales harineros, el S.N.T. cargaba a sus
precios de compra una cantidad, estableciéndose de esta
forma el precio de venta. Esta cantidad se denominaba cánon
de comercialización, y los responsables del Servicio pensaron que, en su situación monopsonio-monopolista, podían
fijar un cánon elevado, sin relación con el coste de los servicios de intermediación que realizaban, y que les permitiría
tener una fuente saneada de ingresos. La reacción de productores y consumidores fue prescindir, siempre que pudieron, de tan abusivo intermediario y repartirse entre ellos el
beneficio obtenido al no tener que pagar el cánon del
Servicio. Todos los esfuerzos y sanciones del S.N.T. para
intentar controlar este comercio clandestino fueron inútiles,
todos menos uno: la reducción del cánon a un nivel que los
productores y consumidores estimaron razonable. A partir de
dicho momento el comercio clandestino de trigo desapareció
(nota 67).
En realidad, estos ejemplos, a los que podríamos añadir
alguno más, no son sino las consecuencias de una política de
precios mal diseñada, que no reunía las características de un
buen sistema de precios, según los expertos en dicha materia (nota 68).
ÍNDICE
492
2.3. La modernización de la agricultura española
A finales de los años cincuenta, como es conocido, la economía española vivía momentos delicados, con grandes dificultades para alcanzar un desarrollo estable, no inflacionista, y
equilibrado en sus cuentas exteriores. Esta difícil situación se
salvó mediante un conjunto de medidas, y aquí están presentes algunas de las personas que protagonizaron esta delicada operación económica, que conocemos con el nombre
de Plan de Estabilización y que, entre otras cosas, incluía
medidas de liberalización económica tanto en el interior del
país como en sus relaciones exteriores.
En relación al sector agrario, objeto de mi estudio, podemos
señalar que también la situación era delicada. Es cierto que
la agricultura vivía momentos de auge, incluso con superávits
en la balanza agraria, pero era una situación profundamente
inestable, abocada a cambios radicales si el país entraba
decididamente en una senda de desarrollo industrial. Y esto
fue, precisamente, lo que sucedió cuando España, gracias a
las medidas de saneamiento económico y al impulso europeo, realizó, finalmente, su industrialización durante los años
sesenta. La industrialización y el desarrollo económico del
país rompieron aquellos equilibrios en los que se había fundamentado la expansión agraria de los años cincuenta. El
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493
primero de los equilibrios que entró en crisis fue el del mercado de trabajo. En efecto, la industrialización española y el
auge económico europeo provocaron, como es conocido, un
fuerte proceso migratorio con efectos inmediatos en el coste
del factor trabajo (nota 69). Este encarecimiento, unido a la
creciente facilidad para adquirir maquinaria, provocó la mecanización de las explotaciones que, paralelamente, fueron consumiendo crecientes cantidades de productos energéticos y
químicos (fertilizantes y fitosanitarios). El proceso de modernización (máquinas y química) fue muy rápido e intenso y
afectó, incluso, a explotaciones de reducida dimensión que,
en muchos casos, se capitalizaron más de lo aconsejable
(nota 70). El resultado de todo ello fue un aumento importante de la productividad, de los rendimientos y del producto
agrario (nota 71).
La política agraria de los años sesenta se movió entre el
apoyo a este proceso de modernización y la defensa de los
cultivos tradicionales. Si bien es cierto que la política agraria
dejó de ser exclusivamente una política triguera, los cambios
fueron más lentos de lo que las circunstancias exigían. En
1964 el viejo Servicio Nacional del Trigo, que había pasado
intacto el Plan de Estabilización, se convirtió en el Servicio
Nacional de Cereales. Se trató de un cambio modesto, que
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implicaba un mayor interés formal por otras producciones distintas del trigo. En 1969 se creaba un nuevo organismo el
Fondo para la Ordenación y Regulación de los Productos y
los Precios Agrarios (FORPPA), con una vocación decididamente más amplia, y en 1971 el Servicio Nacional de
Cereales daba paso al Servicio Nacional de Productos
Agrarios (SENPA).
Si bien desde el Ministerio de Agricultura se apoyó la modernización de todo el sector, lo cierto es que el peso de los productos tradicionales siguió siendo dominante, a pesar de que
otro de los equilibrios que se rompió durante los años sesenta fue el de la correspondencia entre la oferta y la demanda
de productos agrarios. Cuando en España, como consecuencia del aumento de la renta, fueron cambiando las pautas de
consumo alimenticio en favor de bienes de alta elasticidadrenta ese equilibrio se rompió. Igual que en los años cuarenta también en este momento algunos economistas, en particular los profesores Luis Ángel Rojo y Enrique Fuentes
Quintana, señalaron el problema y la necesidad de cambios
en la política agraria para solucionarlo (nota 72). Sin embargo, los cambios, o fueron muy tímidos o, sencillamente, no se
produjeron. Los privilegios que la política agraria concedía a
los productos tradicionales, y en particular al trigo, se mosÍNDICE
495
traban difíciles de remover. En mi obra ya citada sobre la
financiación del Servicio Nacional del Trigo, puede comprobarse como, durante los años sesenta, este organismo (y los
agricultores que en él se protegían) siguió recibiendo una
financiación privilegiada y en constante aumento. Igualmente,
se siguió manteniendo una política de altos precios de garantía y la compra sin límite de las cosechas a dicho precio.
Similares medidas se adoptaron para el caso de compras
garantizadas de otros productos tradicionales como el vino
(nota 73).
El resultado fue el que cabría esperar: creció la oferta de productos cuya demanda estaba en regresión y fue aumentando
el déficit de los productos más demandados, cuya producción
no terminaba de despegar. La consecuencia fue un creciente
desequilibrio que terminó por deteriorar las cuentas exteriores del sector agrario que, en 1965, se hacían deficitarias.
Esta rigidez terminó provocando nuevos y graves problemas.
Por una parte, el desfase entre producción y consumo de
trigo se tradujo en la aparición de excedentes que, dado el
alto nivel de los precios de garantía, resultaban invendibles
en el exterior. Se tuvo que recurrir a operaciones de venta a
precios subvencionados para dar salida a los excedentes.
Mientras tanto se produjo un hecho curioso. Durante los años
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496
sesenta se fue construyendo la denominada «Red Nacional
de Silos y Graneros», que exigió notables inversiones, y que
se fue llenando con los excedentes. Como las operaciones de
venta al exterior resultaron ruinosas se decidió desnaturalizar
el trigo y venderlo a bajos precios como pienso para el ganado. Se cerraba así un círculo absurdo y costoso para el país,
pero muy interesante para los productores trigueros, especialmente para los grandes propietarios que se beneficiaban
de un precio de garantía que, si era rentable para los campesinos, a ellos les proporcionaba un beneficio diferencial adicional. Además de este sistema de protección con compra de
toda la cosecha a precios garantizados, los cultivadores trigueros fueron los principales beneficiarios de la política de
subvenciones y créditos. Frente a este sistema blindado de
protección, las producciones de exportación y las deficitarias
tuvieron que valerse por ellas mismas (nota 74).
Resulta algo sorprendente el que algunos expertos en la agricultura española clamasen en sus obras contra el inmovilismo de los agricultores que seguían produciendo trigo, vino u
otros productos excedentarios (nota 75). En realidad, las
cosas no podían ser de otra manera. Si el Estado se comprometía a pagar altos precios, a comprar completa la cosecha, a financiar el almacenamiento de excedentes y la consÍNDICE
497
trucción de los silos, a cargar con las pérdidas de las exportaciones y la desnaturalización del producto y, además, concedía créditos y subvenciones para modernizar las explotaciones y producir más, ¿se podía esperar otra cosa?
Si la política de precios y mercados arrastró estas inercias
tampoco estuvo exenta de problemas la política de mejoras
estructurales. Es verdad que los años sesenta fueron años en
los que se canalizó una importante inversión pública hacia el
sector agrario. El grueso de las inversiones se dirigió a las
obras de transformación en regadío. En realidad, ya durante
los años cincuenta se habían invertido importantes cantidades en obras de riego. Al esfuerzo público hay que añadir las
inversiones realizadas por los propios agricultores para completar las obras de puesta en riego de sus fincas. El éxito de
la política de riegos, medido por la extensión transformada,
está fuera de toda duda (nota 76). Sin embargo, hay algunas
preguntas que me gustaría plantear. La primera tiene que ver
con el éxito de la política de regadíos en los años cincuenta
y, más aún en los sesenta, frente al fracaso de los años cuarenta. Los propietarios eran los mismos, eran aquellos propietarios a los que el I.N.C. había acusado de ignorancia,
cuando no de maldad, al negarse a participar en los proyectos colonizadores. Lo que había cambiado era el país y la
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498
política de riegos y colonización. De manera más precisa,
cuando los propietarios se encontraron con un país capaz de
demandar los productos del regadío, con unos medios de
comunicación y transporte mínimamente eficaces, con la tecnología del regadío asequible y con unos planes estatales
coherentes, es decir, cuando las condiciones para la inversión en regadío se hicieron idóneas y las expectativas de
beneficio razonables, en ese momento, los propietarios aceptaron el reto de la transformación de sus fincas. Invirtieron,
como cualquier otro empresario, siguiendo unas pautas de
rentabilidad, desmintiendo los viejos tópicos sobre pretendidas actitudes irracionalmente inmovilistas de los agricultores.
Algunos autores han insistido en emplear términos descalificadores refiriéndose a determinados comportamientos de los
grandes propietarios del Valle del Guadalquivir y, en concreto, a la expansión del cultivo de trigo en regadío o a la poca
atención prestada a los denominados «cultivos sociales»
(nota 77). De nuevo, mi opinión es contraria a este tipo de
planteamientos. En el contexto económico, y dada la política
agraria en vigor, el cultivo de trigo era una alternativa más
rentable y mucho menos problemática que «cultivos sociales» como el algodón. Las explotaciones trigueras, además
de todas las ventajas ya señaladas, eran explotaciones
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499
mecanizadas íntegramente, que empleaban muy poca mano
de obra: no había que «bregar» con los jornaleros. En una
economía capitalista en la que a ningún industrial o a ningún
banquero se le obliga por «motivos sociales» a contratar más
personas de las que su empresa necesita, parece razonable
que a los agricultores se les considere bajo el mismo criterio.
Sin embargo, considero que sí es exigible plantearse la rentabilidad económica de las grandes inversiones públicas en el
regadío. Sobre esta cuestión son necesarios más estudios
microeconómicos y una gran investigación de síntesis. La
impresión es que las obras de regadío no se planificaron
adecuadamente y que, probablemente, el coste de oportunidad de muchas de ellas fue muy elevado para una economía
como la española, con grandes carencias en todo tipo de
infraestructuras y servicios. De hecho, tanto el informe del
B.I.R.F y la F.A.O., como el del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento planteaban fuertes críticas a la
política de regadíos (nota 78). Por mi parte, en un libro que
publiqué sobre el Instituto Nacional de Colonización, llegué a
conclusiones similares. La política de riegos ha sufrido fuertes vaivenes, ha estado dominada por criterios constructivos
y ha carecido de una adecuada planificación y análisis económico de las inversiones (nota 79).
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500
Otro problema, en relación a la expansión del regadío, es el
de sus efectos sobre la estructura de la propiedad.
Frecuentemente se ha achacado a la política de riegos su
escaso impacto redistribuidor de la propiedad y el haber
beneficiado a los grandes propietarios, que vieron transformadas sus pobres tierras de secano en valiosos regadíos
(nota 80). Sin duda ese fue el resultado. Sin embargo, no
cabe sorprenderse del mismo ya que la política de riegos y
colonización no fue nunca, porque no tuvo jamás esa intención, una reforma agraria. Los pequeños lotes concedidos a
los colonos en regadío tuvieron, más que una finalidad redistribuidora, la de garantizar la oferta de mano de obra en las
grandes fincas regadas.
Como ya he señalado, la política agraria española después
de la guerra civil fue siempre claramente defensora de la gran
propiedad y, desde el ministerio de Cavestany, se identificó el
progreso de la agricultura con la creación, en lo posible, de
grandes explotaciones que incorporasen todos los avances
tecnológicos disponibles incluido el regadío (nota 81). Bajo
este prisma se entiende sin dificultad el poco impacto redistribuidor de la colonización, igual que se entienden los nulos
efectos de las leyes «anti-latifundio», del tipo de fincas maniÍNDICE
501
fiestamente mejorables, cuyo objetivo era ayudar a modernizar las fincas no expropiarlas.
Durante estos años se emprendió también una actuación
bastante intensa para abordar un viejo problema estructural
de la agricultura española, el del minifundismo. En 1952 se
había creado un organismo, el Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria, cuyo objetivo era el de reagrupar
en el menor número de fincas posible el conjunto de parcelas
propiedad de un agricultor. La actuación del S.N.C.P. (igual
que la del organismo que le sucedió el Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) fue muy intensa durante los años cincuenta y sesenta. Las investigaciones
realizadas, sin embargo, cuestionan la eficacia económica de
las inversiones en concentración parcelaria. Por una parte,
aunque se logró resolver parcialmente el problema, no se
alcanzó una solución definitiva ya que, al final de los procesos, los propietarios seguían sin haber concentrado sus tierras bajo una misma linde. Por otra, las normas de concentración no incluyeron la posibilidad de proceder a expropiaciones forzosas que hubieran permitido alcanzar un tamaño
mínimo de las explotaciones (nota 82). En cualquier caso
todavía está por realizar, sorprendentemente, dado el gran
interés de este tema, una historia del S.N.C.P. y O.R., de su
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502
actuación, de las inversiones y de su efecto sobre la agricultura española. A pesar de todo hay dos cuestiones que no
quiero dejar de comentar. La primera es resaltar una paradoja de la política agraria de estos años, derivada tal vez de la
existencia de dos organismos en los que faltó coordinación.
Mientras el S.N.C.P. se esforzaba en resolver el problema del
minifundismo y de la dispersión de las propiedades, el
Instituto Nacional de Colonización asentaba colonos en propiedades minúsculas, tan pequeñas que muy pronto se mostraron económicamente inviables (nota 83). La segunda reflexión es que la política de concentración, y todos los recursos
que a ella se aplicaron, y a expensas de esa futura investigación que realice un análisis coste-beneficio, tuvo, tal vez, un
alto coste de oportunidad. Hay que recordar que, durante los
años sesenta, y como consecuencia del proceso migratorio,
se produjo en nuestro país un importante proceso de concentración de las explotaciones, vía arrendamiento y, en
menor medida, compra de las fincas que abandonaban los
emigrantes. Este proceso totalmente espontáneo y, sobre
todo, gratuito para el Estado tuvo una magnitud y una generalidad muy superiores a las limitadas actuaciones del
Servicio de Concentración.
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503
En definitiva, durante los años sesenta la agricultura española logró culminar su proceso de modernización, aunque persistiesen algunos problemas estructurales importantes. Sin
embargo, sería equivocado pensar que con la modernización
nuestro país había alcanzado una meta definitiva. El problema que quiero plantear es que detrás de esa meta aparecía
otra y hacia ella se encaminaban los países europeos más
avanzados. Tras la modernización de la agricultura se habían
producido cambios radicales en la relación entre agricultura e
industria, con la formación de lo que conocemos como
agroindustria o sistema agroindustrial. Dos elementos básicos de este sistema agroindustrial son la investigación agraria y el desarrollo de un sector de industrias agroalimentarias
que se ha convertido en el principal sector industrial de los
países desarrollados (nota 84). En ese avanzado mercado
agroalimentario se desarrollaban también, durante los años
sesenta, gigantescas empresas multinacionales que controlaban cuotas destacadas de cada mercado nacional o segmento de la producción. Paralelamente a la expansión de la
agroindustria se iban desarrollando las empresas comercializadoras y, dentro de ellas, las grandes multinacionales de la
distribución, empresas que, al final, se han convertido en la
clave del sistema agroalimentario (nota 85).
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504
Mientras nuestro país culminaba su primera industrialización
y la modernización de su agricultura, los países occidentales
industrializados proseguían su carrera hacia nuevas metas.
España siguió sin poder recuperar el tiempo perdido y, en
este caso, las dificultades a superar parecen insalvables: desarrollo de la investigación agroalimentaria y fortalecimiento de
nuestras empresas industriales y de distribución. Sin ánimo
de ser pesimista me parece que la distancia que hoy nos
separa de los sistemas agroalimentarios de Francia,
Holanda, Alemania e, incluso, Italia es mayor que la que nos
separaba antes de la guerra civil. En cualquier caso, estamos
pagando el precio de una larga separación de Europa, consecuencia de los años perdidos con el proyecto autárquico.
La agricultura y la industria alimentaria española que, desde
comienzos del siglo XX, habían avanzado tímida, pero persistentemente, en el proceso de modernización, de diversificación productiva, de especialización y de presencia en los
mercados internacionales, se encontraban, tras el freno de la
autarquía, de nuevo con el reto de reiniciar estos procesos en
unas condiciones internacionales mucho más difíciles.
Suele decirse que un historiador no debe analizar el pasado
inmediato pues carece de perspectiva para el análisis y se
puede dejar llevar por valoraciones subjetivas al formar parte
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505
de la propia sociedad que está estudiando. No puedo entrar
a discutir con detalle estas afirmaciones, aunque diré que no
las comparto y que el mayor o menor acierto en la interpretación histórica depende de la capacidad analítica del historiador y no de la distancia temporal del objeto de estudio. La
posible subjetividad es un problema que tampoco tiene que
ver con el tiempo. Uno puede apasionarse con el estudio de
la guerra civil española, igual que con el de la revolución rusa,
o las sublevaciones de esclavos en la Roma republicana. Por
ello, no quiero acabar este trabajo sin hacer una reflexión final
sobre la situación actual de la agricultura española. A pesar
de algunas dificultades concretas, la integración de la agricultura española en la Unión Europea constituye, históricamente, un logro trascendental, que ha roto definitivamente
con una tradición secular de aislamiento. Sin embargo, nos
hemos unido a Europa en unas condiciones de cierta inferioridad, derivadas de nuestro atraso relativo y de la propia
separación de Europa, y en un momento en el que la Unión
Europea tiene que proceder a una revisión profunda de la
política agraria desarrollada hasta el momento. En la actualidad se tienen que afrontar problemas presupuestarios, ecológicos y comerciales de indudable importancia. En realidad
todos están indisolublemente ligados: se han dedicado demaÍNDICE
506
siados recursos a apoyar la agricultura, con el resultado de
una excesiva intensificación de los cultivos y con la generación de excedentes y elevadas cuotas de autoabastecimiento, creando graves problemas a los países productores agrarios. Europa no podrá seguir soportando ni las críticas internacionales contra su proteccionismo, ni los altos costes financieros de la Política Agraria Común, ni el deterioro medioambiental de una agricultura que se ha convertido en el sector
más contaminante (nota 86). Para nuestro país, y por primera vez en la historia la responsabilidad de la política agraria
no es competencia exclusiva, ni principalmente, de nuestro
gobierno, el reto es doble: hacer frente con los demás países
europeos a la liberalización exterior de la política agraria
comunitaria y situarnos en un nivel de desarrollo agroalimentario similar al de nuestros socios europeos.
3. Conclusiones
El proceso histórico de modernización del sector agrario ha
sido protagonizado en nuestro país por las gentes del campo.
Con esta afirmación, tan aparentemente obvia, quiero destacar que, históricamente, el Estado ha impulsado en ocasiones, pero ha dificultado seriamente otras veces, el desarrollo
de la agricultura. España no ha contado, en general, y hasta
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507
épocas muy recientes, con unos políticos y una burocracia
bien preparados en materia agraria. Los gobernantes españoles han desconfiado, sin ninguna razón, de la capacidad de
los agricultores para resolver sus propios problemas y para
cuidar de sus intereses. Han desconfiado de la capacidad
para competir de nuestros agricultores en los mercados exteriores e interiores, han desconfiado del mercado y han tenido
siempre la pretensión de que podían sustituir los mecanismos
del mercado por un sistema de regulación estatal. Particular
interés han tenido siempre en controlar los precios por decreto y con sanciones, en lugar de propiciar el descenso de los
precios mediante el aumento de la oferta con la mejora de las
condiciones productivas.
El Estado no ha puesto el mismo celo, desplegado para intervenir en los mercados, en otros aspectos. Así, podría haber
propiciado un mayor desarrollo de la investigación agraria y
agroindustrial, tan necesario en nuestro país, haber invertido
más en el desarrollo de infraestructuras o haber ayudado a la
consolidación de grandes empresas nacionales agroindustriales y de comercialización.
Por el contrario, los agricultores españoles, tan vilipendiados
en muchas ocasiones por políticos, funcionarios y agraristas,
que acuñaron lapidarias frases en relación a su pretendido
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508
inmovilismo, han dado muestras de un dinamismo que, contemplado en el largo plazo, es muy notable. Ellos fueron
capaces de transformar cultivos, de ampliar los regadíos, de
introducir nuevos productos y de conquistar, sin saber idiomas y sin ayudas de nadie, mercados exteriores. Es cierto
que buscaron, cuando pudieron, la protección del Estado y
que, como otros muchos empresarios, se sintieron cómodos
con la protección. Sin embargo, cuando las circunstancias del
país cambiaron y con ellas la política agraria que fue adquiriendo un cariz más liberal, los agricultores hicieron un notable esfuerzo por adaptarse a las nuevas condiciones. Y estas
transformaciones no fueron patrimonio de una clase de grandes propietarios agrarios, escasos por lo demás, sino que fue
protagonizada por una amplia masa de propietarios grandes,
medianos y pequeños y de no propietarios (arrendatarios)
cada uno aprovechando al máximo las oportunidades que les
ofrecía el mercado nacional o el internacional y las generalmente difíciles condiciones del suelo y del clima de España.
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ÍNDICE
542
Notas
1 Puede verse al respecto: Ibarra y Rodríguez (1944); Anes (1969),
(1970) y (1975); García Sanz (1977) y (1985) y V.V.A.A. (1989).
2 Sobre la disolución del régimen señorial: Moxó (1965); sobre los
mayorazgos: Clavero (1974) y Pérez Picazo (1990); las desamortizaciones en: Tomás y Valiente (1971) y Simón Segura (1973); la
etapa final de la Mesta en García Sanz (1978). Un panorama general en: Fontana y Garrabou (1986), Bernal (1979), Robledo (1993) y
Artola (1978). De gran interés son los trabajos de Ruiz Torres (1985)
para el País Valenciano y de Villares (1982) para Galicia.
3 La política cerealista en el siglo XIX y la opción prohibicionista en:
Sánchez Albornoz (1963) y (1977) y Fontana (1973). Sobre la política proteccionista agraria durante los siglos XIX y XX, una visión
general en: Tortella (1994).
4 A finales del siglo XIX, J. Costa realizó una crítica de la política de
riegos liberal, a la que juzgaba ineficaz, y propuso una alternativa
en la que se reservaba al Estado la capacidad de proyectar y ejecutar las grandes obras hidráulicas. La amplia obra de Costa recoge, en muchas ocasiones sus planteamientos sobre la política
hidráulica. De forma más específica puede consultarse: Costa
(1911) y (1912). Sobre los riegos durante el siglo XIX: Llauradó
(1878) y López Gómez (1974). Los regadíos durante la restauración
en E. Nadal (1981). Sobre la vida y obra de Costa: Ortí (1976) y
(1984).
5 La amplia obra de investigación de R. Garrabou, del Grupo de
Estudios de Historia Rural (GEHR) y de los numerosos investigadores agrupados en el Seminario de Historia Agraria (SEHA), nos
ha proporcionado una visión de conjunto, regional y sectorial sobre
ÍNDICE
543
la agricultura española entre 1870 y 1935 totalmente renovada.
Sobre el proteccionismo agrario, además de Tortella (1994), puede
consultarse: Garrabou (1985), Garrabou y Sanz (1985), Gallego
(1986), Gallego y Pinilla (en prensa), GEHR (1980), Palafox (1991),
Pujol Andreu (1986) y Serrano Sanz (1986) y (1987). Sobre la política monetaria, la cotización de la peseta y sus efectos comerciales:
Martín Aceña (1985).
6 Sobre la agricultura mediterránea: Martínez Carrión (1990), Abad
García (1984), Torres y París (1950), Jiménez Blanco (1984),
Zapata Blanco (1986), Piqueras (1981) y Balcells (1980).
7 El proceso de abolición del régimen señorial y la privatización pos-
terior de tierras de señorío puede verse en: García Ormaechea
(1932), C. Sánchez Albornoz (1932) y Costa (1912). Sobre la
estructura de la propiedad: Garrabou (coord.) (1992).
8 Un panorama general del período en: Jiménez Blanco (1986).
Sobre los pensadores social-agrarios: Robledo (1993).
9 Se puede ver con detalle el contenido de estos planes y proyec-
tos en: Jiménez Blanco (1986), Monclús y Oyón (1986), Melgarejo
(1988), (1993) y (1995), Ortega Cantero (1979a) y (1979b) y
Velarde (1968).
10 Sobre los pobres resultados de la política colonizadora puede
verse: Monclús y Oyón (1986), Ortega Cantero (1979a) y (1979b).
Una visión más positiva en: Velarde (1968). Sobre los planes hidráulicos, Lorenzo Pardo (1930) y, particularmente, en la Cuenca del
Segura: Melgarejo (1988), (1993) y (1995). \No debe extrañar la
timidez de las reformas sociales. Los grandes propietarios ni siquieÍNDICE
544
Notas
ra estaban dispuestos a tolerar una reforma tributaria como quedó
demostrado con la hostilidad que dispensaron tanto a S. Alba como
a Calvo Sotelo. Sobre los proyectos reformistas de Alba: Cabrera,
Comín y García Delgado (1989).
11 Sobre el cooperativismo, y en particular sobre las resistencias a
su difusión y la timidez del impulso gubernamental: Garrido Herrero
(1993) y (1994); también Castillo (1979). Sobre la enseñanza agraria y el papel de las Granjas-Escuela: Fernández Clemente (1981)
y, especialmente, Fernández Prieto (1992). Sobre el crédito: Tortella
(1994), Gámez (1993), Redonet y López Dóriga (1924) y Martínez
Soto (1994). En general sobre la política agraria de este período
puede verse: Pan Montojo (1992). La evolución del sector agrario en
GEHR (1983).
12 Proyectos como la Ley O.P.E.R. y el P.N.O.H. constituyen la cul-
minación de toda la experiencia y el trabajo realizados en materia
de obras hidráulicas durante el primer tercio del siglo. El Plan
Nacional de Obras Hidráulicas está recogido, en toda su ambición
y amplitud, en: Ministerio de Obras Públicas. Centro de Estudios
Hidrográficos (1933). Un análisis de estos planes en Ortega
Cantero (1979a). Sobre las disposiciones republicanas en materia
de protección a los jornaleros y arrendatarios: Malefakis (1971) y
(1978a). La política comercial y arancelaria en: Palafox 1991). De
gran interés sobre los problemas presupuestarios y la reforma agraria: Albiñana (1987). Sobre la falta de impulso político a la reforma
agraria: Malefakis (1971) y (1978a) y Barciela (1993b). Sobre la
reforma agraria y la guerra, además de las obras ya citadas: Carrión
(1973), Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco (eds.) (1986), Goméz
ÍNDICE
545
Ayau (1978), Malefakis (1978b), López López (1984), Maurice
(1975) y (1978) y Naredo (1978).
13 Tanto R. Garrabou como el GEHR como algunos otros investiga-
dores, caso de Martínez Carrión, han insistido en destacar los
logros de la agricultura española durante el primer tercio del siglo.
Tortella (1994) sin embargo, aún admitiendo ciertos progresos ha
insistido en el atraso general del sector, particularmente en un contexto europeo. Menos pesimistas se muestran autores como
Simpson (1992) y Prados (1991).
14 Sobre el gasto público y su distribución: Tedde (1985) y Comín
(1989).
15 Particular importancia tuvo la política de intervención en el culti-
vo triguero que culminó con proyectos que incluían la creación de
organismos a los que se encomendaba la ordenación del comercio
y del consumo. Puede verse: Larraz (1935), Barciela (1981a) y
Paafox (1991).
16 En realidad, ya en Llauradó (1878), encontramos una clara justi-
ficación de la necesidad de la intervención (y su conveniencia por
razones fiscales futuras) del Estado en las obras de riego. Sin
embargo, Llauradó defendía la «empresa particular» y el «interés
privado»: «Sería, sin embargo, un error funesto conceder al Estado
el monopolio de esta clase de empresas, tanto, como ya se ha indicado, por lo limitado de sus recursos, como porque con ello se vería
privado de la eficaz y poderosa cooperación de la iniciativa particular, la cual, aunque impotente para realizar proyectos de determinada magnitud, puede, dentro de su esfera de acción, llevar a feliz
término mayor número de empresas menos importantes en detalle,
ÍNDICE
546
Notas
pero superiores por su conjunto a las pocas reservables a la iniciativa del Estado».
17 Los términos agricultura «tradicional» y agricultura «moderna»
son algo equívocos. Es evidente que todo lo tradicional fue moderno en algún momento. Sin embargo, en relación a la agricultura, tienen un contenido preciso. Hablamos de agricultura tradicional para
referirnos a un sistema de producción agraria en el que se utilizaba
energía humana, animal y mecánica natural (viento, agua) y en el
que los medios de producción se obtenían en el propio sector (aperos y abonos). La modernización es, básicamente, la incorporación
de energía no animal (de origen fósil) y de medios de producción
industrial (máquinas y química).
18 Es tradicional la división de la política agraria en políticas de pre-
cios y mercados y políticas estructurales, aunque los límites y contenidos no estén claramente definidos, ya que, por ejemplo, el sostenimiento a medio plazo de una determinada política de precios
puede terminar afectando a las propias estructuras productivas.
19 Jovellanos (1820). Quiero agradecer, en este momento, al profe-
sor G. Anes el que me animase, hace ya muchos años, a leer la
obra de Jovellanos. No tengo dudas de que las enseñanzas de
estas lecturas, y otras relativas al siglo XVIII, han sido de gran
importancia para el análisis de la agricultura contemporánea.
20 La evolución de las principales magnitudes relativas al sector
agrario puede verse en: Barciela (1989a). Una panorámica del sector durante los años cuarenta en: Barciela (1985) y (1986). El déficit en el consumo de pan en: Barciela (1981a). Una panorámica de
gran interés sobre la economía española durante los años cuarenÍNDICE
547
ta en: Fuentes Quintana y Plaza Prieto (1952). Pueden verse, igualmente, sobre diversas facetas: Alonso Gil (1982), Carreras (1989),
Buesa (1983), López Ortiz (1992), Moreno Fonseret (1995) y Sevilla
Guzmán (1979).
21 El mercado negro, en general, durante los años cuarenta en:
Clavera (1976) y Barciela (1989b). El de productos agrarios: Naredo
(1981), Barciela (1981b) y (1985) y Gutiérrez (1983).
22 Barciela (1981b) y (1989b) y Barciela y García González (1986).
23 Una historia del Servicio Nacional del Trigo en: Barciela (1981a).
Los primeros años del S.N.T. en: García González y Mira Izquierdo
(1946). Sobre el sector aceitero: Tió (1982).
24 El proceso de devolución de las fincas a sus antiguos propieta-
rios puede verse en: Sorní Mañés (1978). En Barciela (1986) y
(1990), he destacado como este proceso se realizó, en su mayor
parte, sin control ni regulación legal, mediante la ocupación directa
de las fincas por parte de los antiguos propietarios.
25 De los 6,3 millones de hectáreas que se vieron afectadas por la
reforma agraria republicana, sólo quedaron en manos del Estado
11 fincas con una extensión inferior a 18.000 hectáreas en total,
que fueron entregadas al Instituto Nacional de Colonización.
Barciela (1986).
26 Sobre las influencias de la bonífica italiana sobre la política colo-
nizadora del franquismo: Barciela (1993). Es muy significativo respecto a esta influencia el que el I.N.C. tradujese y publicase con
grandes elogios, en 1939, la Ley sobre el latifundio siciliano. La
bibliografía italiana sobre bonífica es extraordinariamente amplia y
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548
Notas
valiosa. Pueden verse, entre otras: Bevilacqua y Rossi-Doria
(1984), Barone (1986) y Checco (1984).
27 La principal norma colonizadora fue la llamada Ley de
Colonización de Grandes Zonas de 1939. Sobre el contenido de
esta Ley: Ortega Cantero (1979a), Barciela (1986) y 1990) y
Mangas Navas (1990).
28 Sobre el fracaso de la colonización durante los años cuarenta:
Barciela (1986) y (1990). De manera muy resumida señalaré que se
declaró de «interés nacional» la transformación en regadío y colonización de 576.891 hectáreas, de las que sólo se transformaron,
efectivamente, 9.886 hectáreas en las que se instalaron 1.759 colonos. Cifras que hablan por sí mismas.
29 Puede verse: Barroso Rodríguez (1949). Todavía, en los años
sesenta, hubo un ministro de agricultura que se refería a «las destrucciones de los rojos» para justificar los problemas productivos de
la agricultura española. Barciela (1981a).
30 M. de Torres (1944).
31 Se han ocupado de estas cuestiones: Montserrat y Ros
Hombravella (1972), Clavera y otros (1973) y Barciela (1986).
32 Igual que en la política colonizadora, también en la política tri-
guera puede detectarse la influencia italiana. Las autoridades franquistas declararon su «Batalla del Trigo», siguiendo los pasos de la
«Bataglia del Grano» mussoliniana. Sobre la «Batalla» española
puede verse: Servicio Nacional del Trigo y Delegación Nacional de
F.E.T. y de las J.O.N.S. (S.f., ¿1937?). Sobre la italiana: Profumieri
(1971), Tattara (1978) y V.V.A.A. (1982). En general, sobre la polítiÍNDICE
549
ca agraria del fascismo: Ciocca y Toniolo (1976), La Francesca
(1972), Preti (1973) y Toniolo (1980). Una visión a largo plazo de la
política agraria italiana en: Orlando (1984) y Zamagni (1990). La
opinión dominante entre los historiadores italianos es que la
«Bataglia delGrano», puesta en marcha en 1925 supuso un freno a
la especialización productiva de Italia y fue un fracaso. Igualmente
fracasó el intento de controlar los precios por parte del «Comité
Central de Precios», creado en 1935, ante las presiones inflacionistas y el creciente déficit público.
33 También M. de Torres, en esta ocasión, analizó acertadamente
este error: «Tratar un problema económico como una cuestión de
orden público mediante sanciones y multas, no es que sea ascenderla o degradarla en jerarquía, sino emplear un instrumento inadecuado al fin que se desea lograr. Para intervenir y regular el precio
de cualquier producto hay que actuar sobre los elementos que lo
forman; en manera alguna sobre su resultante, que, en último término, no es sino la consecuencia del mecanismo». Citado por
Barciela (1981a).
34 He destacado en Barciela (1983) las erróneas apreciaciones de
las autoridades «nacionales» sobre la situación de los abastecimientos alimenticios durante la guerra civil. En relación al pobre fundamento teórico de la política agraria del Nuevo Estado, el mejor
ejemplo es la creación del S.N.T. Las normas constituyentes de este
organismo, que tendrá una importancia excepcional en la historia
agraria de nuestro país, son de una pobreza conceptual y teórica
asombrosas. Se mueven entre tópicos (condena del «capitalismo
liberal» y de los «gobiernos burgueses que han abandonado el
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550
Notas
campo», del «odio de la ciudad») y las promesas sobre una futura
«revolución sindicalista» y un «nuevo orden social» del que nada se
concreta. Puede verse, igualmente, al respecto el documento constitucional del futuro S.N.T. en: Martín Sanz y Rodríguez de Torres
(1937).
35 Véase Barciela (1981a).
36 Incluso en unas circunstancias tan poco favorables para la críti-
ca como fueron los años cuarenta, los agricultores dieron muestras
de su descontento. La revista Agricultura se hizo, con frecuencia,
eco de estas quejas. Puede verse al respecto: Barciela (1981a).
37 El propio S.N.T. (1958) reconoció, ya en la época de Cavestany,
estos errores: «Claro es que la fijación de cupos era tarea delicada
y no tanto por lo que se refiere a los cupos provinciales y locales,
sino por lo que se relaciona con los cupos individuales...» \«...el
hecho real fue la introducción de dos precios, muy distintos para
una misma mercancía, y ello dio lugar a grandes luchas locales
entre agricultores al repartir el cupo forzoso a bajo precio, del que
todos querían la menor cuota posible para poder disfrutar luego del
máximo de ventas al precio primado. Ante la mente de cada agricultor y a la presencia de dos sacos del mismo trigo, se presentaba
el dilema del precio: uno a 84 ptas. el Qm., el otro a 224 ptas. por la
misma unidad».
38 Barciela (1981a), (1985) y (1986).
39 Además de M. de Torres (1944), pueden verse en Barciela
(1981a) otros artículos críticos del citado profesor.
40 Barciela (1985).
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551
41 Así se refería el general Franco (1947) a este problema: «Por eso
pido al campo español que en todas las medidas, medidas necesarias, medidas indispensables, colaboren para cortar este régimen
de carestía, para que ese espíritu de codicia no entre en el campo
español, llevado por la ciudad o los especuladores; que extirpemos
ese afán de codicia, de riqueza rápida, que va contra la fraternidad
cristiana, contra el sentido católico de nuestro pueblo, y que, al fin
y a la postre todos han de pagar a la hora de la muerte». En términos parecidos se había expresado con anterioridad, Franco (1946):
«Vamos a empezar una batalla y necesito para ello de la juventud,
del Municipio, de los concejales. Una batalla contra la codicia, una
batalla contra los precios. Hemos de renunciar todos a la codicia.
Nosotros queremos que se venda barato. Vamos a dar la batalla
contra los precios, a revalorizar la peseta de todos».
42 Sobre la participación de un ministro en el mercado negro:
Naredo (1981). El S.N.T. (1958) admitió, aunque tarde, que el mercado negro había sido consecuencia de la propia intervención:
«Esta diferencia de precios (se refiere a los cupos obligatorio y
excedentario) puso en pie toda la picaresca rural, y a la vez algunos industriales, con la posibilidad de venta de dos clases de harinas, unas baratas y otras caras, contribuyeron a excitar los ánimos,
dando como consecuencia final el que se estabilizara un mercado
clandestino de trigo, que creció de manera alarmante y que dio
lugar en estas campañas a que circulara por el mercado invisible
(así llamaba el S.N.T. al mercado negro) más trigo que el que fue
controlado por el S.N.T. entre cupo forzoso y cupo primado. Esto es,
que en el período en el que por unas u otras razones existían dos
ÍNDICE
552
Notas
precios muy dispares, el mercado clandestino llegó a igualar y aún
a superar al mercado legal».
43 Velarde (1993).
44 En Italia las condiciones de vida de la postguerra fueron tan difí-
ciles en el bienio 1945-46 («bienio del hambre») que llevaron a que
el Parlamento realizase una encuesta sobre la pobreza: Braghin
(1978). Sin embargo, los niveles de consumo de muchos productos
se habían recuperado en 1949-1950, y en 1952 el consumo alimenticio era ya un 10 por 100 mayor que en 1938. Un consumo que
había crecido a un ritmo superior al de la propia producción agrícola, gracias al mayor aumento de las importaciones, Zamagni (1990).
Esta recuperación, mucho más rápida que la española, se debió
según muchos autores, Cavalcanti (1984) a la política de liberalización tras la segunda guerra mundial y a la capacidad mostrada por
la industria italiana para ganar mercados exteriores.
45 La situación actual de esta polémica puede verse en: Catalán
(1995).
46 Martín Sanz (1946) contestaba a la pregunta, formulada por el
periodista sueco Karl Hedstrom: ¿Puede España llegar a bastarse
a sí misma del todo?, de la siguiente forma: «España como todo
país que estime su independencia, tenderá a la autarquía, dentro
de los límites impuestos por la propia Naturaleza; las circunstancias
internacionales señalarán en cada momento el sacrificio que el
pueblo ha de imponerse para alcanzar este fin». El propio Martín
Sanz (1937) ya había afirmado: «La política a seguir marcadamente nacionalista con tendencia a una economía cerrada, autárquica,
con posibles enlaces con las Naciones de economía similarmente
ÍNDICE
553
planificada y la capacidad del campo español de producir el trigo
necesario para el consumo interior determinan a estudiar este problema sin necesidad de asomarnos a la frontera».
47 M.J. González (1979) y Catalán (1995).
48 Barciela (1986) y (1990). Sobre la política de riegos: Gómez Ayau
(1961).
49 Castañon (1943).
50 Schultz (1945), (1956), (1967) y (1969).
51 Schultz (1969).
52 Schultz (1969).
53 Schultz (1969).
54 He tratado de forma más detallada esta cuestión en: Barciela
(1990). Sobre las condiciones necesarias para el éxito de los proyectos agrícolas: Price Gittinger (1983), Austin (1981) y Squire y
Van der Talk (1977).
55 Barciela (1990). Sobre los cambios en los sistemas de cultivo:
Naredo, Ruiz Maya y Sumpsi (1977).
56 Barciela (1994).
57 En mi opinión el mejor trabajo sobre la economía española
durante el franquismo sigue siendo el de M.J. González (1979).
Puede verse en este libro un análisis de estos cambios.
58 Dicho enfrentamiento tuvo lugar en una de las sesiones del «I
Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica», celebrado en
Madrid en 1949. Puede verse en: Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos (1950) y Barciela (1986).
ÍNDICE
554
Notas
59 M.J. González (1979).
60 Barciela (1985) y (1986).
61 Cavestany (1958).
62 Sobre los niveles de consumo: Camilleri (1974) y Barciela
(1989a).
63 He narrado en un libro: Barciela (1981c), los frecuentes roces
entre el Banco de España y el Servicio Nacional del Trigo.
64 Durante los años sesenta los agricultores trigueros recibieron en
torno a un 70 por 100 del total de las ayudas a fondo perdido concedidas por el Estado al sector agrario: Barciela (1985). Sobre el
volumen de créditos y los tipos de interés al S.N.T. por el Banco de
España: Barciela (1981c).
65 Puede verse Gadea Loubriel (1958), Barciela (1981a) y, espe-
cialmente, los diversos artículos y editoriales publicados por
Agricultura. Una selección de estos últimos en: Barciela (1981a).
66 Barciela (1981a).
67 Barciela (1981b).
68 En esencia, el sistema de precios no cumplió, en distintos
momentos, con algunos o todos de los siguientes requisitos:
\1º) Conocimiento anticipado de los precios por los agricultores. 2º)
No modificación del sistema en un período suficientemente amplio.
3º) Información clara y precisa. 4º) Variaciones en los precios por:
almacenamiento, zona geográfica y calidad.
69 Sobre el Plan de Estabilización y sus efectos, además de M.J.
González (1979), pueden verse: Fuentes Quintana (1959), (1984),
ÍNDICE
555
(1986) y (1987). Sobre el proceso migratorio y su impacto: Naredo
(1971), Naredo, Leal, Leguina y Tarrafeta (1975), Martínez Alier
(1968). Sobre la evolución de los salarios: Maluquer (1989). En
general sobre este período: García Delgado (1987).
70 Naredo (1971), Barciela (1981a) y (1989) y Naredo y otros
(1975).
71 Naredo (1971), Barciela (1989) y Naredo y otros (1975).
72 De esta forma analizaba el profesor Rojo (1965) los cambios que
se estaban produciendo: «La actual política agrícola está obstaculizando, en nuestra opinión, la evolución de la oferta nacional de productos agrícolas de acuerdo con la nueva estructura de la demanda, al impedir el juego de los costes de oportunidad mediante periódicas elevaciones en los precios de productos con demanda en
regresión -así la política de precios del trigo está obstaculizando el
desarrollo de la ganadería. Su sentido autárquico impide plantear
un desarrollo selectivo de la agricultura con futuro. La estricta limitación de las importaciones de alimentos sometidas al régimen de
Comercio de Estado, impone alzas estériles de precios y lleva
periódicamente a fuertes elevaciones del coste de la vida que
imponen súbitas importaciones nocivas para los intereses agrícolas
y cuya discontinuidad imposibilita la estructuración de los cauces de
distribución que podrían hacerlas eficaces como normales suplementos de la oferta nacional».
73 Los costes de esta política pueden verse en: Barciela (1981c) y
(1985).
ÍNDICE
556
Notas
74 Ya el profesor Velarde (1970) había denunciado esta situación:
«Al conseguir que el trigo siga entrando en los silos del S.N.C. en
condiciones difícilmente sostenibles en pura racionalidad económica, parecen probar los grandes terratenientes que sus intereses
logran preponderar una vez más sobre el interés general del país».
75 Tamames (1977), López de Sebastián (1970).
76 Bosque Maurel (1984). Sobre las transformaciones de la agricul-
tura y la política agraria en los años sesenta: García Delgado y
Roldán (1973) y Cercós (1983).
77 Así, López Ontiveros (1979) señala: «Los cultivos de este rega-
dío (cerealista) ejemplifican con crudeza las inercias de la agricultura andaluza, la incapacidad de la gran propiedad para gestionar
este tipo de aprovechamiento y el dispendio de unas cuantiosas
inversiones que, en gran medida, han corrido a cargo del Estado».
78 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (1962),
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1966).
Las críticas contenidas en el Informe del B.I.R.F. (1962) dieron lugar
a una respuesta que puede verse en: Fuentes Quintana (recopilador) (1963). En lo que concierne a la política de riegos y colonización el autor de la respuesta, Ugarte del Río se mostraba básicamente de acuerdo con las críticas del Informe.
79 Comparto con Sumpsi (1983), la idea de que los gobernantes
españoles parecían pensar que cualquier transformación en regadío se justificaba por sí misma. Otro importante problema fue el
ÍNDICE
557
excesivo número de obras que se emprendieron simultáneamente
y su largo plazo de ejecución.
80 Tamames (1977). Existen buenas monografías sobre la coloniza-
ción y los riegos para todas las regiones españolas. Un buen ejemplo sobre la colonización en tierras de Lérida: Bretón (1990).
81 Cavestany (1958). Sobre la legislación de fincas manifiestamen-
te mejorables: Rodríguez Barrera (1983).
82 Barciela (1981a), Bosque Maurel (1984) y Liss (1987). Sobre la
concentración parcelaria pueden verse, igualmente, las propias
publicaciones del Servicio de Concentración y del Ministerio de
Agricultura. Una visión general en: Bueno (1978).
83 Barciela (1990) y Mangas Navas (1990). En general sobre la
agricultura y la política agraria en las últimas décadas pueden
verse: Camilleri y Sumpsi (1982), Naredo (1988), Reig (1990),
García Delgado y Muñoz Cidad (1990), Arnalte y Ceña (1993) y
Colino (1993).
84 Puede verse al respecto: Pieri (1981), O.C.D.E. (1983),
Commission of the European Communities (1989) y Corsani (1988).
Sobre la situación en Estados Unidos: Marion (1979). Este autor
destaca como la industria agroalimentaria norteamericana ha conocido un creciente proceso de oligopolización a pesar de la legislación anti-monopolio. Walters (1975) destaca como frente a la situación competitiva del sector agrario hay un grado diverso de oligopolio entre los productores de inputs, el sector industrial y el distribuidor. Una visión histórica del desarrollo de las grandes empresas
ÍNDICE
558
Notas
agroalimentarias en EE.UU. en: Dorel (1985) y un tratado teórico y
aplicado de dicho sector: Greig (1984).
85 Sobre el concepto de sistema agroalimentario puede verse la
obra pionera de Davis y Goldberg (1957). También, entre otros
Galizzi (1975) y Malassis (1979). Sobre la moderna distribución
agroalimentaria y la situación actual: Persuy (1977) y BourretLandier (1980). Para España y la CEE: Cruz Roche y Mújica
Grijalba (1986), Delagneau (1986), Foxal (1984) y Granell (1987).
Sobre el marketing de productos agrícolas: Galizzi (1976) y la obra
clásica de Shepherd y Futrell (1982). Linda (1981) destaca el creciente poder oligopsonista de las grandes empresas distribuidoras
frente a las industrias agrarias. Una comparación de la situación en
EE.UU. Y el Reino Unido en: Padberg y Thorpe (1974). Para
Francia: Rastoin (1977).
86 Sobre la situación de los mercados agroalimentarios mundiales
puede verse: De carácter general: Barbero (1990), Fabiani (1990) y
Gorgoni (1987). Sobre los países en vías de desarrollo: Baron
(1980). La política agroalimentaria de EE.UU.: Gardner (1988) y
Seevers (1976). Sobre la política agraria comunitaria y sus difíciles
relaciones internacionales: Malorgio (1992) y Sarris (1991). Un análisis teórico: Basile (1988), De Benedictis, De Filippis y Salvatici
(1991) y Maclaren (1991). Sobre la contaminación de origen agrario: Bartolelli (1989), Iacoponi, Miele y Rovai (1989), Panero y
Bonaldi (1989) y Venzi (1989), recogidos en VV.AA. (1989b), y
Cesaretti (1971). Sobre la posición de los economistas a cerca de
la relación entre la agricultura y recursos naturales: Cannata (1979)
y Castle (1982).
ÍNDICE
559
Economía y sociedad durante el Franquismo
os estudios sobre la economía y la sociedad española
durante la dictadura franquista son todavía escasos,
sobre todo si los comparamos con los ya abundantes
estudios que se han ocupado de analizar las instituciones y
el personal político franquista, la acción política gubernamental, o la represión en los primeros años de la dictadura.
L
Sin embargo, a pesar del limitado número de investigaciones,
estamos hoy en condiciones de analizar con bases sólidas la
trayectoria de la economía española durante las casi cuatro
décadas franquistas, las políticas económicas gubernamentales y sus consecuencias más importantes. Ello es así porque disponemos de aportaciones rigurosas, procedentes
tanto de investigaciones de economistas como de historiadores, desde estudios pioneros como los del volumen
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560
Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización
(nota 1), hasta obras más recientes como la de Jordi Catalán
(nota 2). Naturalmente, ello no quiere decir que muchos
aspectos estén investigados suficientemente, ni que no sean
necesarias nuevas líneas de investigación; por ejemplo, es
escaso aún el conocimiento que tenemos a nivel de todo el
territorio español de muchos fenómenos vinculados al omnipresente «mercado negro» de los años cuarenta, especialmente en el sector industrial, e incluso conocemos insuficientemente las consecuencias concretas de la política autárquica en muchas zonas. En este sentido, estudios como los de
González Portilla sobre el País Vasco (nota 3), o el de Roque
Moreno sobre Alicante (nota 4), necesitan continuación sobre
otros muchos lugares.
En cuanto a la historia social, no hace mucho tiempo realizábamos un breve balance que destacaba su pobreza, especialmente en relación con la historia política (nota 5). No obstante, apuntábamos también que en los últimos años se percibe un notable impulso a partir del creciente interés de
temas de gran relevancia, como las actitudes ante el franquismo, o la conflictividad y los movimientos sociales (nota 6).
Los vacíos y las insuficiencias son, sin embargo, muy notables: necesitamos, por ejemplo, más investigaciones para
ÍNDICE
561
conocer mejor la evolución de las condiciones de vida de la
población española, desde los negros años cuarenta a los
años de la extensión de la sociedad de consumo en los
sesenta y setenta, o para aproximarnos mucho más a las formas y pautas de sociabilidad bajo el régimen dictatorial.
1
Una primera aproximación a la economía y a la sociedad
española de 1939 implica necesariamente detenerse en la
evaluación de los costes de la guerra civil. En primer lugar de
los costes humanos. Según los estudios disponibles, la cifra
de víctimas mortales imputables a la guerra civil, por todos
los conceptos (combates, bombardeos, violencia política,
sobremortalidad natural), debería situarse en torno a las
600.000, a las que habría que añadir las víctimas de la feroz
represión franquista de los primeros años de la postguerra
(nota 7). A estas cifras deben sumarse las del voluminoso exilio republicano con carácter definitivo, evaluado entre las
150.000 y las 300.000 personas. En síntesis, una pérdida
extraordinaria de capital humano: científicos, intelectuales,
artistas, profesionales, trabajadores especializados; como
escribió Tamames «toda la tecnología y la productividad en
España habría de resentirse por decenios de esa erosión bioÍNDICE
562
lógica» (nota 8). A todo lo anterior habría que añadir aún la
caída de la natalidad, que se situó en una tasa del 16,45 por
1.000 en el año 1939 (frente al 25,74 por 1.000 de 1935), y la
abuntante población reclusa, que alcanzaba las 280.000 personas en 1940 y aún sobrepasaba las 25.000 en 1951, frente una media de 10.000 reclusos en los años republicanos.
En la España de 1939 había un anhelo de paz, que beneficiaría indudablemente al nuevo régimen, pero al mismo tiempo estaba abierta, y sin perspectivas de cerrarse, una profunda fractura social. La España de 1939 era una sociedad de
vencedores y de vencidos. Grandes propietarios agrarios,
industriales y comerciales, y amplias franjas de las clases
medias en el plano social; contrarrevolucionarios, reaccionarios y conservadores en el plano político, conformaban la
España vencedora, identificada con la España «auténtica».
Contrariamente, las filas de los vencidos se nutrían de las clases trabajadoras, de los obreros industriales y de los jornaleros agrícolas, de los sectores sociales que habían identificado la República primero, o la revolución después, con la mejora de sus condiciones materiales de vida, aunque también de
sectores de clases medias especialmente hostiles al clericalismo, sobre todo en la España periférica; políticamente,
republicanos liberales, socialistas, comunistas, anarcosindiÍNDICE
563
calistas, nacionalistas no españolistas, en resumen demócratas e izquierdistas eran los habitantes de la España vencida,
atemorizada y reducida al silencio.
La España de 1939 era también una sociedad afectada por
las destrucciones materiales de la guerra civil. Aunque las
evaluaciones actuales de los costes económicos del conflicto
bélico reducen muy sensiblemente las presentadas por las
autoridades franquistas, que pretendían con la exageración
de las destrucciones imputadas a las «hordas rojas» desviar
sus responsabilidades en la catastrófica situación económica
de los años cuarenta, no hay duda del notable impacto de las
destrucciones y de los daños materiales provocados por la
guerra civil: si en el sector industrial las destrucciones fueron
en general escasas, más notables fueron sin duda en los
transportes y en las comunicaciones, en las grandes infraestructuras, y en las zonas convertidas en importantes escenarios bélicos, aunque también debe tenerse en cuenta la utilización de presos y de soldados del Ejército en buena parte
de las obras de reparación y reconstrucción. En todo caso, en
1941 solamente 148 municipios en toda España se beneficiaban de obras financiadas por el Servicio Nacional de
Regiones Devastadas. También la agricultura y la ganadería
sufrieron los efectos destructivos de la guerra civil, aunque
ÍNDICE
564
las cifras de postguerra relativas a la superficie sembrada o
al ganado sacrificado deben utilizarse con suma prudencia
dado el fenómeno del «mercado negro». A lo anterior debe
sumarse, claro está, el coste financiero de la guerra, por una
parte las 510 toneladas de oro del Banco de España, el famoso «oro de Moscú» de la propaganda franquista, utilizado por
el gobierno republicano para financiar su esfuerzo bélico, y
por otra el endeudamiento del bando franquista con la
Alemania nazi y la Italia fascista, sus principales proveedores.
Los vencedores de la guerra civil crearon un Nuevo Orden
político, pero pretendían mucho más, querían un Nuevo
Orden social, cultural y económico. Los dirigentes franquistas
querían una sociedad jerarquizada, armónica, al menos aparentemente, y movilizada, al menos parcialmente, al servicio
de los superiores «intereses nacionales». El Nuevo Orden
franquista combinaba componentes tradicionales con innovaciones «modernizadoras»: se asentaba sobre concepciones
procedentes del tradicionalismo católico y al mismo tiempo
incorporaba las procedentes de la «modernidad» fascista. El
Nuevo Orden, por una parte, tenía un carácter restaurador:
de la propiedad privada de los medios de producción, de la
sociedad clasista, de una jerarquía social indiscutible; por otra
parte, establecía nuevos instrumentos de control social y proÍNDICE
565
clamaba su voluntad de configurar una comunidad superadora de la lucha de clases y basada en la justicia social. El objetivo de una sociedad jerarquizada y disciplinada estaba claramente definido, tanto entre quienes querían una sociedad
con perfiles más tradicionales, como entre los defensores de
las nuevas formulaciones relativas al papel de las minorías
dirigentes y conductoras de las masas. Jerarquía y disciplina
eran, por otra parte, valores especialmente presentes en instituciones como el Ejército y la Iglesia Católica.
En este Nuevo Orden social, el orden laboral ocupaba un
espacio central. El Nuevo Estado se había definido en el
Fuero del Trabajo (1938) como nacional-sindicalista, nacional
«en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria», y sindicalista «en cuanto representa una
reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista». La misma ley, convertida después en fundamental,
proclamaba también que «la Organización Nacional
Sindicalista del Estado se inspirará en los principios de
Unidad, Totalidad y Jerarquía». Los dos instrumentos principales para crear y consolidar ese nuevo orden laboral fueron
la Organización Sindical Española y el Ministerio de Trabajo.
Conocemos relativamente bien el papel de ambas instituciones, si bien es cierto que algunos aspectos no han sido aún
ÍNDICE
566
estudiados suficientemente. La Organización Sindical
Española se fue configurando a partir de 1937, al mismo
tiempo que proseguía la sistemática destrucción del sindicalismo obrero, y en 1940 fueron promulgadas sus dos leyes
definidoras: la ley de Unidad Sindical y la ley de Bases de la
Organización Sindical (nota 9). La primera confirmaba la
imposición de un sindicato único y su subordinación al partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS; la
segunda fijaba definitivamente la estructura de la OSE, basada en tres pilares: la estructura territorial, con las delegaciones de la CNS y sus jefes, funcionarios falangistas que integraban la denominada «línea de mando»; la estructura sectorial, con los Sindicatos Nacionales de las diversas ramas
productivas, dirigidos también por funcionarios falangistas y
por empresarios, y las Obras Sindicales, de carácter asistencial. Según la doctrina nacional-sindicalista, e incluso según
la legislación, la OSE estaba llamada a ocupar una posición
central en la vida social y económica de la nueva España. Sin
embargo, ello no fue así, aunque a la OSE le fueron confiadas las funciones esenciales de encuadramiento, vigilancia y
control de los trabajadores, para evitar cualquier expresión de
malestar o de protesta obrera, así como de colaboración en
su represión si las acciones preventivas y disuasorias fracaÍNDICE
567
saban. Según la Ley de Bases, las CNS debían agrupar a trabajadores y empresarios en «hermandad cristiana y falangista», y tenían como principal función «establecer la disciplina
social de los productores, sobre los principios de unidad y
cooperación». Por su parte el secretario general de FETJONS afirmaba en un documento interno de 1939 que «debe
el sindicato disciplinarles, encuadrarles y educarles en el
nuevo credo» (a los trabajadores), aunque sin olvidar que «en
su mayoría eran marxistas o anarquistas», por lo que no
debía «perderse de vista su tendencia y deformación»
(nota 10). Aunque en los primeros años de la dictadura la afiliación a la OSE fue voluntaria, lo que no significa que no se
produjeran frecuentes e intensas presiones para que los trabajadores se inscribieran, en 1942 fue establecida la afiliación obligatoria de todos los «productores».
El nuevo orden laboral se basaba en el encuadramiento y
control de los trabajadores, pero el régimen franquista aspiraba también a ganar apoyo entre sectores obreros; esa fue
la principal función de las Obras Sindicales de la OSE, que se
ocupaban de problemas obreros de gran importancia, como
la vivienda (Obra Sindical del Hogar), y la salud (Obra
Sindical 18 de Julio), o del tiempo libre (Obra Sindical de
Educación y Descanso).
ÍNDICE
568
El Ministerio de Trabajo fue el otro instrumento esencial para
conformar el nuevo orden laboral (nota 11). La nueva legislación laboral franquista elaborada por el ministerio de Trabajo
se basó en dos leyes, la de Reglamentaciones de Trabajo,
promulgada en 1942, y la de Contrato de Trabajo, de 1944;
ambas recogieron muchas normas aparecidas desde 1938.
La ley de Reglamentaciones establecía que la fijación de las
condiciones de trabajo «era función privativa del Estado, que
se ejercitará sin delegación posible por el Departamento
ministerial de Trabajo». Como escribió en 1946 el especialista en derecho laboral F. López Valencia «no puede dejarse a
las partes interesadas que ajusten sus diferencias mediante
convenios, porque en un sistema de unidad de empresa es
imposible reconocer la existencia de intereses antagónicos
entre los elementos que la componen, cuyos derechos y
deberes se fijan más equitativamente desde el plano superior
estatal, máxime cuando a través del sindicato, y también por
medio de su propia organización técnica administrativa, el
Estado conoce las condiciones económicas y de todo orden
en que se realiza el trabajo» (nota 12).
Las reglamentaciones, generalizadas para todos los sectores
productivos durante los primeros años de la década de los
cuarenta, fijaban detalladamente todos los aspectos de las
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569
relaciones laborales: categorías profesionales, salarios, jornada de trabajo, vacaciones, trabajo a destajo y a prima, condiciones de seguridad e higiene, y el régimen disciplinario.
Los Sindicatos Nacionales, que según el Fuero del Trabajo
podrían «intervenir por intermedio de sus órganos especializados en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las
condiciones de trabajo», jugaron un papel muy secundario en
la fijación de las condiciones de trabajo, especialmente las
secciones y juntas sociales que teóricamente representaban
a los trabajadores. Por su parte, la ley de Contrato de Trabajo
dedicó una especial atención al régimen disciplinario. La comparación entre la ley republicana y la nueva ley franquista
resulta elocuente; en la primera se decía que «el deber primordial del trabajador es la diligencia en el trabajo, la colaboración en la buena marcha de la producción, del comercio o
en la prosperidad de la unidad económica para quien preste
sus obras o servicios»; en la segunda fijaba que «es deber
del trabajador cumplir los reglamentos de trabajo así como
las órdenes y instrucciones del jefe de empresa, de los encargados o representantes de ésta y de los elementos del personal de la misma que le asistan».
Tanto la OSE como el papel del Ministerio de Trabajo y la
legislación laboral respondían al discurso nacional-sindicalisÍNDICE
570
ta, que acentuaba el protagonismo del Estado en todos los
planos, y proclamaba el objetivo de un orden armónico. Pero
la desigual posición de patronos y trabajadores en el nuevo
orden laboral mostraba con claridad las contradicciones, al
menos parciales, entre discurso y realidad social. En la
Organización Sindical los trabajadores estaban privados de
cualquier instrumento eficiente para defender sus intereses.
Las secciones y juntas «sociales» estaban en manos de militantes falangistas, puesto que el Fuero del Trabajo señalaba
que «las jerarquías del Sindicato recaerán necesariamente
en militantes de FET y de las JONS», y cuando en 1944 se
crearon las figuras de «enlaces sindicales», elegidos por los
trabajadores en el seno de las empresas, éstos debían gozar
de la «confianza política» de los dirigentes sindicales, aunque
debe añadirse que desde 1947 empezó a relajarse relativamente el completo control político sobre candidatos y electos.
En cualquier caso, ni los organismos sociales de la OSE, ni
los cargos elegidos por los trabajadores en las empresas,
tenían la función de defender los intereses de los trabajadores sino la de colaborar en unas relaciones laborales que, por
definición, debían ser armónicas. No puede extrañar la actitud escéptica de muchos trabajadores ante las elecciones
sindicales, y el extenso voto de protesta dirigido a futbolistas
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571
o a artistas de moda en muchas convocatorias electorales.
En la ironía popular el sindicalismo vertical significaba que
«los de arriba» estaban encima de «los de abajo». Bien distinta era la posición de los patronos; por una parte controlaban los organismos «económicos» de la OSE, lo que les aseguraba que éstos defendieran eficientemente los intereses
patronales, e incluso ocupaban relevantes posiciones directivas en los sindicatos locales, provinciales y nacionales
(nota 13). Por otra parte en aquellos lugares, como Cataluña
y el País Vasco, con arraigadas instituciones patronales, en
muchos casos éstas se incorporaron a la OSE conservando
una notable autonomía organizativa y funcional, lo que reforzó la defensa de los intereses patronales. Finalmente, fueron
mantenidas al margen de la Organización Sindical entidades
como las Cámaras de Comercio e Industria, y se admitieron
nuevas entidades independientes (nota 14). Así, a partir de
los propios organismos sindicales, de las entidades autónomas o independientes, y de formas más opacas pero no
menos efectivas, los empresarios dispusieron de un conjunto
de instrumentos que les aseguraron una gran capacidad de
intervención ante el ministerio de Trabajo y, en definitiva, que
las reglamentaciones elaboradas por éste fueran acordes con
sus intereses.
ÍNDICE
572
En cuanto a la legislación laboral, la desigualdad en la posición de patronos y trabajadores era aun más evidente. El
empresario se convirtió en «jefe de empresa», dotado de una
autoridad casi estatal, en un marco en el que la jerarquía y la
disciplina eran incuestionables. El empresario-jefe de empresa, a quien los trabajadores debían absoluta obediencia,
tenía en sus manos, además, la adaptación de la reglamentación general a las características específicas de su empresa, especialmente a través del reglamento de régimen interior, que elaboraba sin ninguna intervención de los trabajadores, aunque debía ser aprobado por la autoridad laboral.
Pero, aunque la asimetría entre la posición de patronos y
obreros en el nuevo orden laboral era parcialmente contradictoria con, al menos, determinadas formulaciones del discurso nacional-sindicalista, no lo era con otras formulaciones
y prácticas políticas que consideraban que el mundo del trabajo debía organizarse como un ejército, en el que los trabajadores eran los soldados, que debían ante todo obediencia
a sus superiores, los patronos, que tenían derecho a un legítimo beneficio, y los dirigentes sindicales y políticos, que
debían asegurar la primacía de los «intereses nacionales».
Los trabajadores debían ser fieles y obedientes, los jefes
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573
severos pero justos, y la disciplina el hilo fundamental de su
relación.
En el Nuevo Orden social franquista el laboral ocupaba una
posición central. Pero el régimen franquista quería que su
Nuevo Orden redefiniera todos los aspectos de la vida social.
Para ello debían reestructurarse los espacios y las formas de
sociabilidad para adecuarlos al ideario y a los valores del
Nuevo Estado. Así, por una parte, debía completarse la destrucción de la redes asociativas vinculadas a las tradiciones
políticas y culturales de signo liberal, democrático, republicano, obrerista y nacionalista o regionalista no españolista. Allí
donde existían unas estructuras asociativas extensas y consolidadas, el destrozo provocado fue de notable magnitud;
por ejemplo, según Carles Santacana, en la provincia de
Barcelona las asociaciones autorizadas después de la guerra
civil eran solamente entre el 5 y el 27 por 100 (según las
comarcas) de las existentes en 1936 (nota 15). Por otra parte,
las autoridades franquistas crearon un conjunto de organismos para ocuparse de la actividad cultural, recreativa y
deportiva, habitualmente en el marco del partido único y de
sus organizaciones. En este terreno se manifestó pronto una
situación de colaboración-competición entre las instituciones
estatales y la Iglesia Católica, ya que ésta rechazó con firÍNDICE
574
meza ceder protagonismo al Estado en la organización de la
sociabilidad y, en particular, en la socialización de los jóvenes, por lo que potenció extraordinariamente su red asociativa, particularmente la Acción Católica.
La voluntad totalitaria del Nuevo Estado aparece claramente
en múltiples aspectos de la vida social: en la vida y en los
espacios públicos, especialmente fuera de las grandes ciudades, todo el mundo debía actuar conforme a las pautas
impuestas por la dictadura. En política y en religión el Nuevo
Estado no toleraba ni la indiferencia. Era necesario adherirse
al nacional-sindicalismo o, al menos, que lo pareciera, era
necesario ser católico, o al menos, simularlo. Pero el Nuevo
Orden franquista iba más allá de la vida pública y determinaba también la privada. La acción de la Iglesia Católica destaca singularmente en esta dirección. No suficientemente satisfecha con la incorporación a la legislación civil de sus concepciones, especialmente sobre la familia, y del papel conseguido en la educación, la Iglesia quiso imponer a toda la
sociedad su moral, e incluso sus preceptos. Ello implicó una
ofensiva implacable contra buena parte de las actividades
relacionadas con el ocio popular.
El cine, por ejemplo, ocupaba una posición privilegiada en las
distracciones de las clases trabajadoras urbanas por un
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575
cúmulo de factores: bajos precios, largas sesiones, confort en
invierno, gracias a la calefacción, cuando muchas viviendas
eran frías e inhóspitas y, claro está, la atracción de unas historias habitualmente muy alejadas de la realidad cotidiana.
Pues bien, la Iglesia clamó vehementemente contra el cine, al
decir del jesuita padre Ayala «la calamidad más grande que
ha caído sobre el mundo desde Adán acá. Más calamidad
que el diluvio universal, que la guerra europea, que la guerra
mundial y que la bomba atómica» (nota 16). Su participación
en el control censor, especialmente exhaustivo con las películas extranjeras, y entre ellas las procedentes de los
Estados Unidos, las más apreciadas por el público, convirtieron a la Iglesia corresponsable de prohibiciones, mutilaciones, y alteraciones a veces esperpénticas. La febril actividad
censora, conocida y defendida por las autoridades, estimuló
una creativa imaginación popular que atribuía a la censura la
desaparición de escenas inexistentes, pero que los espectadores podían intuir. Por otra parte, Estado e Iglesia aprovecharon a fondo las posibilidades propagandísticas del cine,
desde la directa en los noticiarios del NO-DO, a films con
argumentos patrióticos o religiosos.
Otras expresiones del ocio popular estuvieron en el centro de
las diatribas eclesiásticas, como el baile. Para el obispo de
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576
Ibiza, Antonio Cardona, «el baile es la raíz de incontables
pecados y ofensas contra Dios Nuestro Señor, que tiene prohibida la lujuria en todos sus grados. Puede asegurarse también que atenta enteramente contra la Patria, la cual no
puede ser grande y fuerte con una generación muelle, afeminada y corrompida» (nota 17). Naturalmente las autoridades
políticas no podían ir tan lejos en la imposición de la moral
católica como deseaba la Iglesia. De ahí las constantes críticas y denuncias de jerarquías eclesiásticas y organizaciones
católicas ante lo que consideraban excesiva permisividad de
las autoridades civiles. En el I Congreso Nacional de
Moralidad en Playas, Piscinas y márgenes de los ríos, celebrado en Valencia en 1951, organizado por la Comisión
Episcopal de Moralidad y Ortodoxia de España, se aprobaron
resoluciones como las siguientes: «Es indispensable que se
prohiban terminantemente los bailes en las playas y piscinas,
y mucho más en traje de baño, abuso gravísimo que se va
extendiendo y que no puede tolerarse»; «Se considera fundamental para la salvaguardia de la decencia la separación
de sexos en los baños»; «El Congreso suplica a la Comisión
Nacional de Moralidad y Ortodoxia que dé normas sobre cual
debe entenderse como bañador aceptable, tanto para señoras como para caballeros» (nota 18). Algunas voces incluso
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577
pidieron la instauración de la censura para los vestidos femeninos veraniegos. No obstante, la resistencia popular a seguir
los dictados católicos debió ser notable, a juzgar por la reiteración de las denuncias eclesiásticas.
El Nuevo Orden social franquista iba acompañado de un
nuevo orden económico, cuyas características fundamentales
eran la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, el intervencionismo del Estado en la economía, y la
voluntad de alcanzar la autosuficiencia económica, la autarquía. El Fuero del Trabajo proclamaba que «el Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la Nación», así como que «en general el Estado
no será empresario sino cuando falte la iniciativa privada o lo
exijan los intereses superiores de la Nación». Así pues, a
pesar de otras proclamas de signo anticapitalista, el nuevo
orden franquista no sólo no amenazaba el orden capitalista
sino que se convertía en sus principal defensa, aunque no del
capitalismo liberal del laissez faire sino de un capitalismo
modificado por una intensa intervención estatal.
Efectivamente, el estatalismo franquista rechazaba que el
Estado se limitara al establecimiento y vigilancia de las reglas
del juego; contrariamente, afirmaba que el Estado debía asegurar que la economía sirviera a los intereses nacionales. En
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578
este sentido, el mismo Fuero del Trabajo afirmaba que «la
producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria», y que «todos los factores que en la producción intervienen quedan subordinados al supremo interés
de la Nación». Por otra parte, los dirigentes franquistas consideraban que la autosuficiencia económica era una condición necesaria, incluso indispensable, para alcanzar la plena
independencia nacional. Así, guiados por esta convicción,
animados por los éxitos económicos de los regímenes fascistas de Italia y Alemania, y exhibiendo con frecuencia una profunda ignorancia económica, los gobernantes franquistas
pusieron en marcha una inviable política autárquica que exigía a su vez un elevado intervencionismo. Sin duda, las escaseces vinculadas tanto a factores interiores (las consecuencias de la guerra civil) como exteriores (la guerra mundial primero, el ostracismo internacional a que fue sometida la dictadura española después) reforzaron el intervencionismo
gubernamental, incluso convirtiendo necesidades en virtudes, pero hoy es generalmente rechazada la explicación de
que la política económica del primer franquismo fuera una
simple imposición de las circunstancias, y que la autarquía no
fuera más que la continuación de políticas proteccionistas
anteriores. Como ha señalado recientemente Carlos Barciela,
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579
el objetivo de la autarquía y el sistema de intervención en la
economía no fue hacer frente a una situación excepcional,
sino desarrollar un modelo alternativo al capitalismo liberal
(nota 19).
La política económica del primer franquismo exigió una
amplísima producción normativa. Para avanzar hacia la autosuficiencia se sometió el comercio exterior a un estricto control con el objetivo de disminuir las importaciones, lo que agudizó la escasez generalizada, reforzando con ello el intervencionismo. Paralelamente, leyes como la de Industrias de
Interés Nacional (1939), de Ordenación y Defensa de la
Industria (1939), y de creación del Instituto Nacional de
Industria (1941), tenían como objetivo desarrollar la substitución de importaciones, impulsar producciones consideradas
estratégicas, limitar la presencia de capitales extranjeros, y
proteger las empresas instaladas. Por otra parte, se crearon
normas y organismos para regular los mercados y los precios, entre ellos la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes y el Servicio Nacional del Trigo. Las materias primas se distribuyeron a las empresas mediante cupos, calculados teniendo en cuenta el interés de los bienes que se producían y sus capacidades productivas, a precios fijados administrativamente; también los precios de los bienes elaborados
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580
fueron sometidos a intervención y control. La tendencia de los
órganos interventores a fijar precios bajos, junto a la gran
escasez, generaron un fenómeno especulativo de gran
dimensión (el fenómeno del mercado negro o estraperlo) sólo
posible, sin embargo, por la complicidad de funcionarios y
autoridades franquistas. Por otra parte, los bienes de consumo esenciales fueron sometidos a un régimen de racionamiento, lo que implicó el control de la producción, la distribución y los precios, y también el desarrollo de un extenso mercado negro.
Las consecuencias de la política económica del primer franquismo fueron catastróficas (nota 20). El colapso del comercio exterior provocado por las medidas autárquicas contribuyó de manera decisiva a la depresión económica de los años
cuarenta, al restringir severamente importaciones indispensables para muchas producciones industriales y agrícolas.
Por otra parte, el retroceso en la capacidad adquisitiva de
buena parte de la población hundió el consumo, contribuyendo así también a la depresión de la economía. Por último,
pero de no menor importancia, la intervención, la corrupción
y el mercado negro generaron una situación caótica.
Al iniciarse la década de los años cincuenta la situación económica era insostenible. Las principales magnitudes econóÍNDICE
581
micas anteriores a la guerra civil (producción, renta, salarios)
no se habían recuperado, y empezaban a manifestarse signos de un profundo malestar social. En 1951 la introducción
de cambios en la política económica era indispensable, y
además era facilitada por el nuevo escenario internacional
más favorable al franquismo. Así, la liberalización limitada del
comercio exterior (que, de hecho, implicaba la renuncia al
ideal autárquico), la limitación del intervencionismo estatal, y
la ayuda norteamericana en pago de las bases militares establecidas mediante los acuerdos de 1953, hicieron posible la
recuperación de las importaciones, incrementos en la productividad, e incrementos de los salarios y de la demanda
interna, lo que implicó un crecimiento económico intenso, si
bien pronto aparecieron notables desequilibrios (déficit creciente en la balanza comercial y en la balanza de pagos, inflación) que llevarían a la crisis de 1956. Ante la alternativa de
volver nuevamente a la política intervencionista y autárquica
de los años cuarenta, acabaron imponiendo su solución los
partidarios de la liberalización económica, iniciada en 1959
con el Plan de Estabilización.
Si bien en la década de los cincuenta mejoraron las condiciones de vida de las clases trabajadoras, en los cuarenta
habían llegado a un punto crítico. Los bajos salarios, la escaÍNDICE
582
sez generalizada, y el mercado negro condicionaron dramáticamente las condiciones de vida de los trabajadores; unos
trabajadores, por otra parte, sometidos a unas condiciones
laborales que los reducían a obedientes y silenciosos «productores», encuadrados y controlados por la OSE, a las órdenes de los patronos-jefes de empresa, y bajo una legislación
laboral impuesta por el Ministerio de Trabajo que acentuaba
su subordinación (nota 21). Los estudios disponibles hasta la
fecha nos muestran que, según los datos de las reglamentaciones de trabajo, los salarios nominales de los trabajadores
se multiplicaron aproximadamente por 2,7 entre 1936 y 1951,
pero en muchas empresas grandes y medianas se multiplicaron por entre 3 y 4,6. Pero los precios crecieron mucho más,
tanto los precios oficiales como, especialmente, los precios
en el mercado negro, donde un producto podía multiplicar por
entre 2 y 25 el precio tasado. En esas condiciones, los salarios reales se mantuvieron permanentemente muy por debajo del nivel de preguerra, determinando unas penosas condiciones de vida. Los jornaleros agrícolas tuvieron que hacer
frente a las condiciones más duras, sólo mitigadas por los
mayores recursos para subsistir en el campo. No solamente
los trabajadores sufrieron un espectacular retroceso en su
nivel de vida, también otros grupos sociales dependientes de
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583
ingresos regulados sufrieron en sus carnes la penuria y la
escasez. El hambre y la mala alimentación penetraron en la
sociedad española, y con ellas se produjo un repunte de
enfermedades, como la tuberculosis, que estaban en claro
retroceso desde la década de los años veinte.
Los informes de dirigentes de FET-JONS, de la OSE, de autoridades provinciales y municipales, de organizaciones católicas, e incluso de entidades empresariales, expresan la grave
situación social de la España de los años cuarenta. Por ejemplo, en abril de 1941 el jefe de FET-JONS de Baleares afirmaba que «la depauperación se ceba en forma ostensible en
fabricas, talleres y construcciones, dándose el caso frecuente de cesar en el trabajo, desplomados en el suelo por falta
de alimentación»; meses después el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio e Industria atribuía el bajo rendimiento de la mano de obra a «la depauperación física del obrero
por alimentación insuficiente» (nota 22). Pero si las políticas
socio-económicas de la dictadura franquista provocaban
damnificados también tenían beneficiarios: grandes y medianos propietarios agrarios, industriales y financieros, comerciantes, especuladores de toda calaña y vendedores de
influencias políticas.
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584
Considerando todo lo anterior no debe extrañar que las actitudes predominantes entre las clases trabajadoras españolas
durante las décadas de los cuarenta y cincuenta fueran de
clara hostilidad hacia el régimen franquista. Así aparece en la
amplia documentación generada por los diversos organismos
de control social de la dictadura. Rechazo y hostilidad se
acentuaban en amplios sectores obreros partícipes de tradiciones republicanas, socialistas y anarcosindicalistas
(nota 23). Pero el rechazo y la hostilidad coexistió con una
notable pasividad, fruto del éxito de la dictadura en generar
un miedo intenso y extenso, resultado de la implacable política represiva que obligaba al silencio como elemental recurso
defensivo. Por otra parte, la dureza de las condiciones laborales y de vida favorecía también la pasividad política, aparte
del recuerdo de la guerra civil como factor paralizador, y la
ausencia de expectativas razonables de cambio. Cuando
éstas existieron, entre 1945 y 1947, se produjeron movimientos obreros reivindicativos de notable entidad en las áreas
industriales de Cataluña y del País Vasco, además de la
importante acción antifranquista del 1 de mayo de 1947 en
Bilbao. Aun sin expectativas, cuando el malestar popular acumulado alcanzó un punto límite se produjeron importantes
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585
protestas obreras, especialmente en 1951 en Barcelona y en
el País Vasco, y de nuevo entre 1956 y 1958.
Pero, aunque la adhesión obrera fuera escasa, la dictadura
franquista disfrutó de notables apoyos sociales. En primer
lugar, de las clases burguesas, especialmente de los grupos
que se habían sentido más amenazados por las políticas
reformistas republicanas y por el ascenso de los movimientos
obreros y campesinos, sobre todo los grandes propietarios
agrarios, así como quienes quedaron horrorizados por la
revolución social desencadenada en la zona gubernamental
durante la guerra civil. Este apoyo no fue homogéneo, e iba
desde la adhesión plena y activa a la consideración del régimen como el «mal menor». También fueron notables los apoyos al franquismo entre las clases medias, aunque en estos
sectores fueron numerosas las actitudes disidentes. Los
mayores apoyos se manifestaron en la España interior, especialmente en aquellas zonas donde estaba muy consolidada
una cultura política conservadora, donde el catolicismo disponía de una abrumadora influencia social y una gran capacidad movilizadora (nota 24); además sectores jóvenes de
estas clases medias fueron especialmente permeables al
«moderno» discurso fascista. Y fue en estos sectores donde
la rebelión de 1936 obtuvo adhesiones entusiastas, convertiÍNDICE
586
das después en apoyos activos a la dictadura, favorecidos por
los privilegios que comportó la condición de «vencedores».
Hasta avanzada la década de los cincuenta no se aprecian
cambios sensibles en el cuadro de actitudes descrito, aunque
no será hasta la década de los sesenta, en un contexto de
profundas transformaciones socio-económicas, y con la llegada a la edad adulta de una generación nacida tras la guerra civil cuando los cambios adquieran relevancia.
2
Las décadas de los sesenta y setenta estuvieron marcadas
fundamentalmente por el cambio social y la transformación
de la vida cotidiana, un proceso que comportó que la sociedad española perdiera muchos de sus rasgos tradicionales al
tiempo que se introducían nuevas formas de vida y de sociabilidad. Es esta centralidad del cambio social el que justifica
la atención preferente que recibirá en las siguientes páginas.
Junto a este tema analizaremos dos aspectos que consideramos básicos para la dinámica social y política del periodo: la
conflictividad social y las actitudes sociales respecto a la dictadura.
El cambio social de los años sesenta y setenta ha sido escasamente estudiado por los historiadores, aunque sí por socióÍNDICE
587
logos y economistas. Desde la perspectiva del historiador el
trabajo realizado en esas otras áreas del conocimiento social
es muy útil, porque proporciona una cantidad ingente de
datos sistematizados, que no es necesario rastrear en los
archivos. Falta, sin embargo, realizar el trabajo específico del
historiador: interconectar en términos concretos los distintos
componentes de la vida social, porque las acciones y las actitudes de los individuos (como las de los colectivos) están
determinadas por multitud de elementos que se combinan de
forma variable según los contextos específicos). En cualquier
caso el cambio social que se produjo en la España de los
sesenta y setenta estuvo vinculado al crecimiento económico
y ésta es la primera cuestión a la que haremos referencia.
Desde 1961 (después de las duras condiciones que acompañaron al Plan de Estabilización) y hasta 1974, la economía
española creció a una tasa superior a la de los países europeos más desarrollados, aunque semejante a la de otros países mediterráneos que, como España, estaban aprovechando las oportunidades ofrecidas por los mercados internacionales para reducir distancias respecto a los países más ricos.
En el marco de la OCDE sólo Japón tuvo una tasa de crecimiento superior a la española. El crecimiento fue especialÍNDICE
588
mente intenso entre 1962 y 1966 y, después de oscilaciones
notables, entre 1971 y 1973.
Durante un tiempo algunos círculos generadores de opinión,
en los que también estaban presentes algunos politólogos y
sociólogos, reivindicaron el papel de los tecnócratas franquistas en la transformación de la sociedad española. El discurso argumental, grosso modo, era el siguiente: si bien el
régimen franquista fue una dictadura, es indiscutible que en
esos años con la dictadura se modernizó la sociedad española; España se convirtió en un país industrial, urbanizado, y
el nivel de vida de su población aumentó notablemente. De
esta manera el crecimiento económico y el proceso de transformación social aparecía en el haber del régimen. De aquí
algunos incluso venían a deducir la justificación histórica de
la dictadura que «modernizó el país». Otros, los apologetas
del régimen, casi llegaban a insinuar que fue el régimen franquista el que puso las bases de la actual democracia, partiendo del principio de que la democracia sólo es posible
cuando se rebasa un determinado nivel de renta.
Ese fue un discurso que, sin embargo, no tuvo apenas eco
entre los economistas e historiadores económicos (nota 25),
los cuales continuaron mostrando que la explicación del crecimiento estuvo en el potencial de expansión interna estimuÍNDICE
589
lada por el exterior, limitándose en buena medida el mérito de
los gestores franquistas a haber eliminado los obstáculos creados en la etapa autárquica.
Así, el crecimiento económico se basó, por un lado, en la
demanda productiva interna, que tenía un potencial de
expansión extraordinario dado que había estado colapsada
durante más de veinte años, y, por otro lado, en las favorables
condiciones del contexto internacional. Considerando este
último factor, para el crecimiento económico español fue
esencial el aumento del poder adquisitivo de la población
europea, que hizo posible que millones de personas pudieran
viajar a España de vacaciones; por otro lado fue importante
la gran cantidad de capital internacional acumulado, interesado en invertir en un mercado como el español, que había
estado hundido durante veinticinco años; esas inversiones
extranjeras iban acompañadas, además, de tecnología y nuevas formas de organización productiva (nota 26). A turistas e
inversiones, como es sabido, hay que añadir las remesas de
divisas de los más de dos millones de emigrantes que salieron de España, huyendo sobretodo de unas condiciones de
vida miserables.
Pero si el contexto exterior dio impulso y velocidad al crecimiento de los años sesenta y primeros setenta, éste estuvo
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vinculado a dos factores internos conectados entre sí
(nota 27). El primero, el cambio hacia una estructura productiva en la que el sector agrario dejaba de tener un peso fundamental, y la industria se convertía en el sector hegemónico, acompañada de una rápida expansión de los servicios;
este cambio de la estructura productiva se vio facilitado por la
innovación tecnológica a la que se pudo acceder con las divisas generadas por la demanda exterior. El segundo factor,
resultado y estímulo del primero, fue el aumento de la renta
de la mayor parte de la población que permitió expandir el
consumo y mantener altos niveles de actividad productiva
(nota 28). Ambos elementos incidieron en el cambio social,
en el que nos centraremos a continuación.
El cambio estructural enlaza el análisis económico con el
social. Dado que al inicio de los sesenta el nivel de desarrollo del territorio español era muy desigual, el crecimiento
industrial y de los servicios fue posible por (al tiempo que incitó) un amplísimo movimiento migratorio desde las áreas rurales a las urbanas, un desplazamiento que fue fundamentalmente, aunque no exclusivamente, interregional. Todos los
sectores económicos que impulsaron el crecimiento exigieron
un importante flujo migratorio; la actividad industrial creció
sobretodo en aquellas regiones que disponían de una previa
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actividad industrial, exceptuando el caso de Madrid; la actividad turística por su parte (los 6 millones de turistas de 1960
se convirtieron en 34 en 1973) proporcionó trabajo a miles de
personas pero, a excepción de la costa andaluza, lejos de las
regiones agrarias.
Así, desde los años cincuenta y hasta la primera mitad de los
setenta, más de dos millones de personas (nota 29) se trasladaron primero a los polos de inmigración tradicionales
(Cataluña, País Vasco, Madrid) y después también a otras
áreas de la periferia peninsular en expansión (especialmente
Valencia, y las islas Baleares), zonas donde la población
alcanzaba altas densidades, especialmente en la periferia de
las ciudades industriales. Contrariamente, desde los años
cincuenta algunas regiones de España casi se vaciaron,
como Castilla-León y Castilla-La Mancha; otras, de fuerte
potencial demográfico como Andalucía, vieron estabilizada
su población. Además de la concentración regional de la
población se produjo un importante proceso de urbanización:
si en 1940 prácticamente estaban equilibrados los porcentajes de población que vivían en municipios de menos de 2.000
habitantes y los de más de 100.000 (18,4 y 19,1 por 100 respectivamente), en 1970 la proporción se había convertido de
1 a 3 (11 y 36,8 por 100 respectivamente); en 1970 más de
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592
dos tercios del total de la población vivía en ciudades de más
de 10.000 habitantes (nota 30).
Las migraciones internas, por tanto, fueron las que proporcionaron a los sectores industriales y de servicios una oferta
de trabajo abundante y barata, a la vez que estimularon los
cambios que se estaban operando en la agricultura. Aunque
son bien conocidos los efectos económicos beneficiosos de
los desplazamientos migratorios, así como sus causas económicas e incluso la inducción a la emigración desde el
gobierno mediados los cincuenta, otros aspectos apenas si
han merecido atención. En la magnitud y la concentración
cronológica del proceso emigratorio parecen haber influido
un cúmulo de circunstancias muy diversas (desde la crudeza
de las relaciones sociales, el peso de la represión política, a
la toma de conciencia respecto a la posibilidad de superar la
falta de expectativas en el lugar de origen, generada por contactos exteriores como los que se producían durante el servicio militar, por ejemplo, o la influencia de la radio); estos
aspectos, sin embargo, todavía no han sido suficientemente
estudiados.
En este sentido algunos de los estudios realizados sobre la
emigración han puesto de relieve la importancia de la propia
guerra civil y la instauración del régimen franquista como facÍNDICE
593
tor explicativo de una parte del fenómeno migratorio. Angelina
Puig, por ejemplo, utilizando fuentes orales, ha mostrado que
a muchas de las personas comprometidas en la lucha social
y política de la etapa republicana (mayoritariamente jornaleros), la derrota en la guerra, la represión posterior, y la crudeza de la dominación social que impuso el franquismo, las
convenció que emigrar era la única alternativa posible
(nota 31). Lógicamente un movimiento migratorio tan voluminoso como el iniciado en los años cincuenta e intensificado
durante los sesenta era muy heterogéneo. Si amplios colectivos huían de la miseria, la desesperanza y la falta de expectativas vitales en las zonas meridionales, o de un campo castellano cuya viabilidad económica era más que incierta, otras
emigraron en los años sesenta porque pretendían mejorar su
nivel de vida; en este sentido las ciudades ejercían una atracción extraordinaria, porque en ellas las oportunidades de
mejora social vinculadas a la expansión de la industria y los
servicios fueron entonces muy importantes, sobre todo para
los sectores relativamente cualificados y, a través de la educación, para los hijos de los que carecían de cualificación.
También influía lógicamente los rasgos de la vida urbana,
más confortable, abierta y sin el control social existente en los
núcleos poblacionales más pequeños.
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594
Desde otra perspectiva, asociada al movimiento migratorio y
al cambio productivo aparece la modificación de la estructura
social. Así durante los años sesenta y setenta se produjo una
reducción substancial del volumen de obreros agrícolas igual
que también disminuyó el número de los pequeños propietarios agrarios. En sentido inverso, los obreros industriales, en
aumento hasta 1975, constituyeron la franja más amplia de la
estructura profesional, y a éstos hay que añadir los «obreros»
del sector terciario, que también aumentaron continuadamente a lo largo del periodo franquista (nota 32). En conjunto, se
puede hablar de la formación de una nueva clase obrera por
los cambios tanto cuantitativos como cualitativos que experimentaron los trabajadores. Paralelamente al ensanchamiento
de la clase obrera se produjo una mejora en la cualificación
profesional de la población española, tanto en lo que respecta al personal administrativo y comercial como, sobre todo, en
el incremento de los profesionales altamente cualificados,
que prácticamente duplicaron su número entre 1964 y 1970
(nota 33). El significativo proceso de cualificación es un elemento a considerar, tanto para explicar una parte del aumento de los salarios medios que se registró a lo largo de los
años sesenta y setenta, como una cierta aunque limitada
movilidad social que afectó sobretodo las franjas más jóvenes
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595
de las clases medias (nota 34). Todos estos cambios supusieron la consolidación de una sociedad capitalista industrializada, en la que la clase obrera era amplia y diversificada,
igual que llegaron a serlo las capas medias, que experimentaron un profundo proceso de transformación.
Como ya se ha enunciado, otro de los elementos que intervinieron en el cambio social fue la mejora del nivel educativo de
la población. Si bien durante los sesenta ya se produjo un
incremento significativo del número de estudiantes, en 1970
sólo el 12 por 100 de la población tenía estudios medios y no
llegaba al 2 por 100 la que había cursado estudios superiores (nota 35). Fue en los setenta cuando se aceleró el flujo de
estudiantes a la universidad, donde la matrícula pasó de los
95.000 en el curso 1961-1962 a los 255.000 diez años después y al medio millón en 1975. La educación también jugó
un papel destacado en el cambio que experimentó la condición femenina. En términos globales de 1960 a 1970 la tasa
de actividad femenina entre los 15 y 19 años pasó del 19,6 al
40,5 por 100 y entre los 20 y 24 años del 21,3 al 57,4 por 100.
Al margen del componente económico, el aumento de la proporción de mujeres activas supuso un cambio cualitativo de
gran trascendencia porque repercutió en el cambio del papel
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596
social de la mujer y por tanto genéricamente en el conjunto
de cambios sociales (nota 36).
Los cambios en la estructura social también fueron decisivos
para que se produjera un incremento del poder adquisitivo de
la mayor parte de la población. La renta per cápita española,
en términos reales, se duplicó holgadamente entre 1960 y
1977. La cifra en sí es suficientemente elocuente pero necesita ir acompañada de algunas precisiones. Del crecimiento
de la renta se benefició el conjunto de la sociedad pero en
intensidades diversas. Así la remuneración neta de los asalariados creció menos que la renta nacional, de manera que
fueron los propietarios de capital los más beneficiados por el
crecimiento económico. Por otro lado, los trabajadores
aumentaron su renta porque se amplió el volumen de las personas ocupadas, porque la cualificación profesional era
mayor y porque, como señalaremos más adelante, un elemento esencial para la consecución de mejoras salariales fue
la conflictividad laboral. Además se debe tener en cuenta que
tanto la intensificación como la extensión del tiempo de trabajo fueron extraordinarias. Entre 1960 y 1975 la prolongación de la jornada de trabajo fue generalizada para todas las
categorías socioprofesionales, en unos casos a través del
recurso a una ocupación complementaria (el pluriempleo), en
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597
otros, a través de la prolongación de su jornada de trabajo en
la propia fábrica o taller. Según la Encuesta de población activa (cuyos datos han de considerarse como mínimos dado
que el «pluriempleo» no quedaba registrado en las estadísticas de horas extraordinarias) en 1965 el 54 por 100 de la
población activa trabajaba entre 46 y 54 horas semanales y el
22,5 por 100 más de 55 horas a la semana. En 1975 las proporciones eran del 41 y el 18 por 100 respectivamente
(nota 37).
El aumento de los ingresos hizo posible acceder a un conjunto de bienes que ayudaron a modificar muchos aspectos
de la vida cotidiana, introduciéndose en España la denominada «sociedad de consumo» aunque era muy incipiente en
los años sesenta (nota 38). Las estadísticas señalan que en
1963 tan sólo un 9 por 100 de la población disponía de frigorífico, un 33 de lavadora, un 8 por 100 de televisión, igual que
de un automóvil; en 1969 las proporciones se habían incrementado notablemente: 63 y 62 por 100 frigorífico y televisión
y un 27 por 100 para el automóvil, y a mediados de los setenta la disponibilidad de los principales electrodomésticos era
generalizada. Evidentemente las diferenciales territoriales
eran significativas (nota 39). En los setenta ya se puede
hablar de sociedad de consumo con más propiedad, porque
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598
la parte del presupuesto familiar destinado a los gastos indispensables se redujo de forma notable. Según el Instituto
Nacional de Estadística, en 1958 el 55 por 100 de los ingresos familiares se destinaban a la alimentación, mientras que
en 1973 esa proporción se había reducido al 38 por 100; en
sentido contrario los gastos diversos absorbieron el 18 por
100 del total del presupuesto familiar en 1958 y el 32 por 100
en 1973.
En definitiva, durante las décadas de los sesenta y setenta,
España vivió un proceso de transformación social muy importante; el desarrollo de nuevas actividades en la industria y los
servicios además de generar un importante crecimiento económico determinó una nueva estructura socioprofesional y
exigió mayores niveles de educación, todo lo cual influyó en
la aparición de nuevas pautas de comportamiento social.
Desde otra perspectiva hay que considerar que la mejora de
las condiciones materiales de existencia, en un contexto de
urbanización creciente, afectó tanto las pautas de sociabilidad como las actitudes sociales. Respecto a la primera cuestión hay que resaltar el impacto extraordinario que tuvieron
dos innovaciones: la televisión y el automóvil, que irrumpieron
casi al mismo tiempo. La televisión se convirtió en un polo de
atracción irresistible que estimuló la reclusión en el espacio
ÍNDICE
599
doméstico, cada vez más cómodo. Se puede afirmar que el
ocio progresivamente se fue individualizando pues, como la
televisión, la mayor parte de los bienes que se adquirían, sólo
se podían consumir privadamente. En el mismo sentido actuó
el automóvil que hizo habitual los desplazamientos en los
días festivos y en vacaciones (que también alargaban su
duración como resultado de la presión obrera). Todos esos
cambios, junto con otros, intervinieron en la crisis de muchas
actividades lúdicas de las décadas anteriores.
Por otro lado el cambio cultural de los años sesenta (relaciones personales más abiertas y desinhibidas, autonomía del
individuo respecto al grupo, etc.) indujo un acentuado proceso de secularización que redujo la influencia de la Iglesia en
todos los ámbitos de la vida social. El proceso fue de doble
dirección pues cambiaba la sociedad y cambiaba la Iglesia.
En este sentido el magisterio del Concilio Vaticano II fue decisivo. Aunque la jerarquía eclesiástica española continuaba
siendo muy conservadora y mayoritariamente identificada
con el régimen franquista, la renovación impulsada desde el
Vaticano debilitó su autoridad, al tiempo que los sectores
católicos favorables a la renovación se fortalecieron. Fue
entonces cuando se hizo visible la desafección de una parte
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600
significativa de la Iglesia respecto al régimen, lo que tuvo
importantes consecuencias políticas.
En ese contexto de cambio ¿se modificaron las actitudes
sociales respecto al régimen franquista? Este es uno de los
ámbitos en los que la historiografía del periodo franquista
tiene mucho por hacer. Una primera aproximación permite
afirmar que sí, aunque el cambio de las actitudes estuvo relacionado tanto con los cambios sociales como con la influencia político-cultural de la oposición antifranquista.
En términos relativos las clases acomodadas fueron las que
experimentaron una menor evolución. El crecimiento económico iniciado en los sesenta aseguró la continuidad, y aun el
incremento, del apoyo de las clases burguesas al régimen,
porque éste aseguraba, además de «paz» y «orden», la conversión de España en una «potencia industrial» en la que los
beneficios eran fáciles y cuantiosos. El poder económico continuó tan concentrado como en las décadas anteriores
(nota 40), pero esa oligarquía financiera no actuaba de forma
abierta en los espacios públicos. Más transparente fue la actitud de algunos círculos representativos de los sectores industriales, los cuales, iniciados los setenta, fueron manifestando
sus incertidumbres respecto al futuro. Desde el inicio de los
setenta, la creciente conflictividad social (que el régimen
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601
parecía incapaz de neutralizar sin una utilización de la fuerza,
lo que solía generar más problemas) introdujo elementos de
desconfianza que crecieron con rapidez.
Por su parte las clases medias participaron del doble y, aparentemente, contradictorio fenómeno de los años sesenta de
extensión de una cultura individualista a la vez que extensión
del rechazo a la dictadura. No era contradictorio porque, por
un lado, la aparición de la «sociedad de consumo» favoreció
la pasividad política y la aceptación del régimen pero, por
otro, los mismos cambios económicos, sociales y culturales,
que pusieron de relieve el inmovilismo de la dictadura, estimularon la aparición de situaciones conflictivas y, con ellas, el
aumento de las actitudes políticas contrarias a la dictadura,
tanto pasivas como activas. Ello cobró especial fuerza en el
País Vasco y en Cataluña donde la represión de las actividades vinculadas al desenvolvimiento de la identidad nacional
provocó el distanciamiento y/o rechazo de determinados sectores respecto al régimen. Por otra parte, el creciente disenso en las clases medias se vio favorecido por los cambios
desarrollados en el seno de la Iglesia Católica, cambios que
se tradujeron en nuevas actitudes, algunas claramente deslegitimadoras del franquismo. Con todo, la dictadura conservó
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602
hasta su fin apoyos notables entre las clases medias, especialmente en las generaciones que vivieron la guerra civil.
La transformación que vivió España afectó intensamente a la
cultura y las actitudes obreras, extendiéndose nuevos valores
y formas de vida vinculados al mayor poder adquisitivo y la
«sociedad de consumo» publicitada por los medios de comunicación. Igualmente, el cambio generacional y las mejores
condiciones de vida extendieron entre algunos sectores la
aceptación de la dictadura; ahora bien, en otros, se extendió
la contestación a un régimen que negaba derechos fundamentales, especialmente a los trabajadores.
Como ya se ha señalado, un elemento que influyó en la
extensión de las actitudes de rechazo de la dictadura, fue la
difusión de una cultura de reivindicaciones democráticas que,
en buena medida, estuvo vinculada a la conflictividad social.
Desde los años sesenta la extensión de la conflictividad
social fue otro de los rasgos característicos de la sociedad
española. Si bien la conflictividad de origen laboral fue la más
extensa (nota 41), sobre todo desde los años setenta la movilización se fue ampliando hasta involucrar una gran diversidad de sectores sociales, algunos de los cuales adquirían
una primera experiencia de movilización sociopolítica.
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603
Desde 1962 las huelgas y otras formas de protesta se fueron
haciendo habituales, aunque los trabajadores que las protagonizaron continuaron sufriendo la represión patronal y
gubernativa. El origen de los conflictos estuvo siempre en la
necesidad (y voluntad) de los trabajadores de mejorar sus
condiciones de vida, mejoras que los empresarios pretendieron limitar en la medida de lo posible, con la ayuda de un
ordenamiento jurídico-laboral que les era muy favorable,
especialmente en lo relativo a la penalización de las huelgas
y sus dirigentes (nota 42). Pero aunque buena parte de los
conflictos tuvo su origen en reivindicaciones de carácter laboral, esa misma conflictividad fue el origen de una creciente
«politización» obrera antifranquista, dada la continuada intervención represiva del poder político.
Desde otra perspectiva, si bien el origen de la mayor parte de
los conflictos estuvo en reivindicaciones de carácter laboral,
su extensión y articulación fue el resultado de la labor de los
militantes obreros, que en buena medida eran al mismo tiempo militantes de organizaciones antifranquistas. En los años
sesenta y setenta organización obrera fue casi sinónimo de
Comisiones Obreras, y ese movimiento tuvo de específico la
combinación de la defensa de los intereses materiales de los
trabajadores con la defensa de sus intereses políticos: la conÍNDICE
604
secución de la libertad sindical en el marco de un régimen
democrático. Ese entrelazamiento entre reivindicaciones
laborales y políticas, cuya virtualidad la represión franquista
se encargaba de demostrar, fue otros de los factores que
influyó en la creciente manifestación de rechazo al régimen
que se produjo en los años setenta, de manera que el nuevo
movimiento obrero fue un vehículo de socialización antifranquista y una fuente esencial de reclutamiento para la militancia política.
Junto a la conflictividad laboral, la conflictividad estudiantil se
convirtió en una preocupación permanente para las autoridades franquistas (nota 43). El incremento del número de estudiantes superiores, imbuidos en su mayoría de los nuevos
valores característicos de los jóvenes europeos de los sesenta, provocó una movilización estudiantil de gran magnitud, alimentada por la represión continua. A mediados de los sesenta la movilización estudiantil planteaba reivindicaciones en
torno a la autonomía organizativa (desaparición del SEU y
creación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes) y en
torno a los contenidos académicos. Sin embargo, a finales de
la década, el movimiento estudiantil como tal se fragmentó;
en ese proceso intervino de forma determinante la sistemática represión a que fueron sometidos los estudiantes, que
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605
aceleró la radicalización ideológica de los dirigentes estudiantiles, mayoritariamente decantados hacia propuestas de
tipo revolucionario como las que eran hegemónicas en aquellos momentos en distintos países europeos. El alejamiento
de las preocupaciones estudiantiles mayoritarias, más la permanente intervención de la policía en los recintos universitarios redujo la influencia del movimiento estudiantil pero no así
la politización antifranquista y la continuidad de las protestas,
protagonizadas en los setenta también por el profesorado no
numerario. La contestación llegó, por otro lado, a ciudades en
las que la Universidad era un centro neurálgico de la vida
urbana, pero donde el escaso desarrollo industrial había evitado hasta entonces el cuestionamiento abierto de la dictadura (nota 44). Todo ello provocó una notable erosión del régimen.
Finalmente, un movimiento vecinal adquirió una gran importancia iniciados ya los setenta. La movilización vecinal se produjo en torno a la exigencia de mejoras en los espacios urbanos, duramente castigados durante dos décadas de crecimiento desenfrenado, caótico y en ausencia de las infraestructuras más elementales, proceso del que se beneficiaron
los sectores vinculados a la construcción, muy interconectados con el poder político local. Durante los últimos años del
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606
régimen, los movimientos vecinales consiguieron alcanzar
algunas de sus reivindicaciones, aunque mayoritariamente
éstas no se vieron satisfechas hasta el final de la década de
la mano de la actuación de los ayuntamientos democráticos.
Ahora bien, los movimientos vecinales de los primeros setenta fueron destacables desde distintos puntos de vista.
Generaron un espacio de participación ciudadana en el que
colaboraban personas de distinta procedencia social y política: militantes del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y, también, de manera destacada aunque numéricamente minoritarios, profesionales que desarrollaron en dicho
espacio su compromiso político-social; fue por otro lado el
movimiento vecinal un espacio de socialización política para
amas de casa, trabajadores ajenos al activismo sindical,
pequeños comerciantes, jubilados, e incluso niños (nota 45).
En definitiva, en los años sesenta crecieron en España importantes movimientos que articularon las protestas y la movilización social al tiempo que se nutrieron de ellas. Esos movimientos consiguieron parte de las reivindicaciones concretas
por las que luchaban, pero al mismo tiempo fueron el instrumento más eficaz de difusión de las alternativas democráticas frente al régimen franquista. La dictadura, en los años
setenta y en un intento de detener la contestación creciente
ÍNDICE
607
al régimen, se apoyó en la represión, lo que incrementó los
rechazos, protestas y condenas internas e internacionales.
De manera que los movimientos sociales en la segunda
mitad del franquismo fueron, por un lado, el agente organizativo con el que obtener mejoras materiales y sociales, pero,
por otro, el agente difusor de una cultura democrática que
convirtió en protagonistas del cambio político a centenares de
miles de personas de las que no pudieron prescindir en sus
decisiones aquéllos que controlaban los resortes de poder.
Al frente de esos movimientos estuvieron mayoritariamente
militantes de organizaciones políticas, que fueron los que les
dieron continuidad y articulación. Es a través de esos movimientos que se puede evaluar la relevancia de las organizaciones antifranquistas en la dinámica social y política del
periodo, porque fueron las continuadas propuestas para
ampliar los espacios de libertad lo que hizo insostenible el
mantenimiento del franquismo después de la muerte del dictador.
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608
Notas
1 CLAVERA, Joan y otros, Capitalismo español: de la autarquía a la
estabilización (1939-1959), Madrid, 1978.
2 CATALÁN, Jordi, La economía española y la segunda guerra mun-
dial, Barcelona, 1995.
3 GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel y GARMENDIA, José María, La
posguerra en el País Vasco. Política, acumulación, miseria, San
Sebastián, 1988.
4 MORENO FONSERET, Roque, La autarquía en Alicante (1939-
1952), Alicante, 1994.
5 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, «La historia social de la época
franquista. Una aproximación», en Historia Social, n.º 30 (1998).
6 Véase, entre otros trabajos, BALFOUR, Sebastián, La dictadura,
los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área
Metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, 1994; BABIANO, José, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el
trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid 19511977), Madrid, 1995; GÓMEZ ALÉN, Jose, As CC.OO de Galicia e
a conflictividade laboral durante o franquismo, Vigo, 1995; MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Productores disciplinados y minorías
subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, 1998.
7 Véase el reciente libro de JULIÁ, Santos (Coord.), Víctimas de la
guerra civil, Madrid, 1999.
8 TAMAMES, Ramón, La República. La era de Franco, Madrid,
1988, pág. 171.
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609
9 Sobre la OSE véanse los primeros trabajos de LUDEVID, Manuel,
Cuarenta años de sindicato vertical, Barcelona, 1976 y de APARICIO, Miguel A., El sindicalismo vertical y la formación del Estado
franquista, Barcelona, 1980; los posteriores de MOLINERO, Carme
e YSÀS, Pere, «Patria, Justicia y Pan». Nivell de vida y condicions
de treball a Catalunya, 1939-1951, Barcelona, 1985; y los más
recientes de MATEOS, Abdón, La denuncia del Sindicato Vertical.
Las relaciones entre España y la Organización Internacional del
Trabajo (1939-1969), Madrid, 1997, y MARTÍNEZ QUINTERO,
Esther, La denuncia del Sindicato Vertical. Las relaciones entre
España y la Organización Internacional del Trabajo (1969-1975),
Madrid, 1997, así como de BABIANO, José, Paternalismo industrial
y disciplina fabril en España (1938-1958), Madrid, 1998.
10 Circular núm. 64 de la Secretaría General del Movimiento del 23
de agosto de 1939. Citado por LORENZO, José Mª, «Elecciones
Sindicales de la postguerra en Vizcaya» en TUSELL, Javier, ALTED,
Alicia y MATEOS, Abdón, La oposición al Régimen de Franco,
Madrid, 1990, tomo I, vol. 2, pág. 52.
11 En MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, «Patria, Justicia y Pan»...,
págs. 53-91 se dedica una amplia atención al fundamental papel del
ministerio de Trabajo en la fijación de las condiciones laborales.
Recientemente Babiano ha insistido en este extremo, véase BABIANO, José, Paternalismo industrial y discipliona fabril..., págs. 43-56.
12 LÓPEZ VALENCIA, F., Jalones de una reforma social, Madrid,
1946.
ÍNDICE
610
Notas
13 El papel de los empresarios en la OSE ha sido destacado por
Roque Moreno en sus estudios sobre Alicante. Véase, especialmente, MORENO, Roque, La autarquia en Alicante..., págs. 71-91.
14 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Els industrials catalans durant
el franquisme, Vic (Barcelona), 1991. Sobre las Cámaras de
Comercio DÍEZ CANO, Santiago L., Las Camaras de Comercio en
el franquismo. El caso salmantino, Salamanca, 1992.
15 SANTACANA, Carles, «La persistència de l’associacionisme»,
en RIQUER, Borja de (dir.), La llarga postguerra. 1939-1960, volumen 10 de Història, Política, Societat i Cultura dels Països
Catalans, Barcelona, 1997, págs. 272-287.
16 Citado por ABELLA, Rafael, La vida cotidiana bajo el régimen de
Franco, Barcelona, 1985, pág. 80.
17 Citado por CANALES, Antonio, «La moralització dels costums»,
en RIQUER, Borja de, La llarga postguerra..., pág. 188.
18 Archivo de la Corona de Aragón. Documentación del Gobierno
Civil de Barcelona, c. 882.
19 BARCIELA LÓPEZ, Carlos, «Franquismo y corrupción económi-
ca», en Historia Social, n.º 30 (1998), pág. 88. Véase también
SUDRIÀ, Carles, Una societat plenament industrial. Historia
Econòmica de la Catalunya Contemporània, v. 4, Barcelona, 1988.
20 Junto a las obras ya citadas véase GARCÍA DELGADO, José
Luis, «Estancamiento industrial e intervencionismo económico
durante el primer franquismo», en FONTANA, Josep, (ed.), España
bajo el franquismo, Barcelona, 1986; así como los trabajos recopilados en NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert y SUDRIÀ, Carles, La
ÍNDICE
611
economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica,
Barcelona, 1987; y en GARCÍA DELGADO, José Luis, (ed.), El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial,
Madrid, 1989.
21 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, «Patria, Justicia y Pan»..., op.
cit.; GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937-1962), Madrid, 1990; BENITO DEL POZO, Carmen,
La clase obrera asturiana durante el franquismo, Madrid, 1993;
GINARD, David, L’esquerra mallorquina i el franquisme, Palma,
1994.
22 Las citas proceden de GINARD, David, L’esquerra mallorquina...,
pág. 212, y MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, «Patria, Justicia y
Pan»..., pág. 199.
23 Véase RIQUER, Borja de, «Rebuig, passivitat i suport. Actituds
polítiques catalanes davant el primer franquisme, 1939-1950», en
BARBAGALLO, Francesco, y otros, Franquisme. Sobre resistència i
consens a Catalunya (1938-1959), Barcelona, 1990; MOLINERO,
Carme e YSÀS, Pere, El règim franquista. Feixisme, modernització
i consens, Vic, 1992; SEVILLANO CALERO, Francisco, «Actitudes
políticas y opinión de los españoles durante la postguerra (19391950)» en Anales de la Universidad de la Universidad de Alicante,
n.º 8-9 (1991-1992); MORENO FONTSERET, Roque y SEVILLANO
CALERO, Francisco, «Actitudes políticas y disidencia social de los
trabajadores durante de postguerra española», en CASTILLO,
Santiago, (coord.), El trabajo a través de la historia, Madrid, 1996.
24 El papel de las clases medias urbanas en la conformación de los
apoyos sociales a la sublevación antirrepublicana ha sido destacaÍNDICE
612
Notas
do recientemente por UGARTE TELLERÍA, Javier, La nueva
Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, 1998.
25 Entre los primeros trabajos véase ROS HOMBRAVELLA,
Jacinto, Política económica española (1959-1973), Barcelona,
1979; GARCÍA DELGADO, José Luis y SEGURA, Julio,
Reformismo y crisis económica. La herencia de la dictadura,
Madrid, 1977. Posteriormente, CATALÁN, Jordi, «Del milagro a la
crisis: la herencia económica del franquismo» en ETXEZARRETA,
Miren (Coord.), La reestructuración del capitalismo en España,
1970-1990, Barcelona, 1991; FUENTES QUINTANA, Enrique,
«Tres decenios largos de la economía española en perspectiva» en
GARCÍA DELGADO, José Luis, España, economía, Madrid, 1993.
26 Véase MUÑOZ, Juan, ROLDÁN, Santiago y SERRANO, Ángel,
La internacionalización del capital en España, Madrid, 1978.
27 Véase CARBALLO, Roberto y otros, Crecimiento económico y
cambio estructural en España 1959-1980, Madrid, 1981, y
MARTÍNEZ SERRANO José Antonio y otros, Economía española
1960-1980. Crecimiento económico y cambio estructural, Madrid,
1982.
28 Una síntesis de la articulación de los factores económicos socia-
les en MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, «Modernización económica e inmovilismo político (1959-1975)» en MARTÍNEZ, Jesús M.
(Coord.), Historia de España Siglo XX (1939-1996), Madrid, 1999,
págs. 176-201.
ÍNDICE
613
29 CARRERAS, Albert, Estadísticas históricas de España, Madrid,
1989; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Censos de
Población de España, Madrid, 1981.
30 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Panorámica Social,
1974, Madrid, 1975, pág. 57.
31 Véase PUIG, Angelina, «La guerra civil espanyola, una causa de
l’emigració andalusa en la dècada dels anys cinquanta?»,
Recerques, núm. 31, 1995. También GARCÍA-NIETO, María
Carmen (Dir.) «Marginalidad, movimientos sociales, oposición al
franquismo. Palomeras, un barrio obrero de Madrid, 1950-1980» en
TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (Coords.) La oposición al régimen..., op. cit.
32 INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Panorámica
Social..., op. cit.; TEZANOS, José Félix, «Modernización y cambio
social en España» en J.F. TEZANOS y otros, La transición democrática española, Edit. Sistema, Madrid, 1989.
33 FINA, Lluis, «Cambio ocupacional en España 1965-1982» en
ESPINA, Álvaro y otros (Comp.), Estudios de Economía del Trabajo
en España. I. Oferta y demanda de trabajo, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, 1985.
34 Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre la situación
social de España, 1975, Euramérica, Madrid, 1976.
35 Sobre el marcado sesgo clasista en el acceso a la enseñanza
media y superior en España durante el franquismo véase Ibidem.
36 Véase entre otros ZALDIVAR, Carlos Alonso y CASTELLS,
Manuel, España fin de siglo, Madrid, 1992.
ÍNDICE
614
Notas
37 Recogido en GARCÍA DURÁN, José y PUIG, Pedro, La calidad
de la vida en España. Hacia un estudio de indicadores sociales,
Madrid, 1980, pág. 370.
38 Véase GARCÍA FERRANDO, Manuel, «Ocio, consumo y des-
igualdad social» en VV.AA., Política y sociedad. Estudios en homenaje a Francisco Murillo, Centro de Investigaciones Sociológicas,
Madrid, 1987.
39 NAVARRO, Manuel, «Pautas de consumo en España y diferen-
cias regionales» en FRAGA, Manuel y otros, La España de los años
70, Madrid, 1974.
40 Según el Informe FOESSA de 1983, en 1974 51 familias contro-
laban la mitad de los consejos de administración de las grandes
empresas españolas.
41 Entre los trabajos más recientes sobre el movimiento obrero
deben destacarse: RUIZ, David (dir.), Historia de Comisiones
Obreras, Madrid, 1993; BABIANO, José, Emigrantes, cronómetros
y huelgas..., op. cit.; GÓMEZ ALÉN, José, As CC.OO. de Galicia…
op. cit.; MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas… op. cit.
42 Véase MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Productores discipli-
nados…, págs. 62-77.
43 Los estudios sobre el movimiento estudiantil desde los años
sesenta son muy escasos y continúa siendo obligado citar los trabajos pioneros de COLOMER, Josep Mª, Els estudiants de
Barcelona sota el franquisme, Barcelona, 1978 y MARAVALL, José
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615
Mª, Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el
franquismo, Madrid, 1979.
44 En este sentido véase FERNÁNDEZ BUEY, Francisco,
«Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los sindicatos democráticos estudiantiles al movimiento de profesores no
numerarios (1966-1975)» en CARRERAS, Juan José, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (Eds.), La Universidad española bajo el
Régimen de Franco, Zaragoza, 1991.
45 Sobre el movimiento vecinal, también poco estudiado, puede
verse CASTELLS, Manuel, Crisis urbana y cambio social, Madrid,
1981; ALABART, Anna, Els barris de Barcelona i el moviment associatiu veïnal, Barcelona, 1982.
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616
durante el franquismo
Epílogo. Programación de la unidad didáctica
España durante el franquismo
l profesorado valenciano de Enseñanza Secundaria
tenemos (tras la publicación del Decreto 174/1994, de
19 de agosto de 1994, del Gobierno Valenciano, por el
que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Valenciana) el instrumento base e indispensable
para la elaboración de los materiales que nos permitirán conseguir la adecuada orientación y preparación del alumnado
para estudios superiores. El espíritu que subyace en dicho
currículo es que los estudios de Bachillerato favorecerán la
madurez y la habilidad intelectual de los alumnos para que
desarrollen una formación que les permita, en un futuro inmediato, una plena integración en cualquiera de las posibilidades que oferta la sociedad española.
E
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617
La LOGSE establece que los estudios post-obligatorios de
Bachillerato contribuirán a que el alumnado desarrolle un
conjunto de capacidades cognitivas, afectivas, de relación
interpersonal e inserción y de actuación sociocultural. Para
ello será necesario que los contenidos conceptuales, de
hechos, procedimentales (teórico-prácticos), de normas y
valores formen a los alumnos como ciudadanos de un Estado
democrático y sean conscientes de sus derechos y sus deberes, y los utilicen para un mejor desarrollo de la sociedad de
la que forman parte y a la que deben contribuir para su mejora con sus actitudes y capacidades.
La Unidad Temática que desarrollamos se ha proyectado
como la unificación de varios núcleos de contenidos:
Dimensión interna de la Guerra Civil, España durante el franquismo y La recuperación democrática, buscando la coherencia entre los elementos teóricos y los prácticos que se
especifican en los criterios pedagógicos que se formulan en
el Diseño Curricular planteado por la Conselleria dÉducació
i Ciència. Comenzamos a experimentarla durante el curso
1992-93 y utilizamos los materiales que la Direcció General
dÓrdenació i Innovació Educativa había publicado. Éstos
eran novedosos, pero el trabajo en el aula (cotejado con algunos compañeros de otros institutos) sacaba a la luz un grave
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618
problema: eran demasiado extensos y los alumnos difícilmente trabajaban el período histórico comprendido entre
1939-1982/1989. Las conclusiones obtenidas tras el trabajo
en un primer curso, la opinión de otros compañeros y la evaluación que hicieron los alumnos del material fueron: en primer lugar, la necesidad de reducir los materiales existentes
que daban un excesivo peso al siglo XIX; en segundo lugar,
el interés que mostraron los alumnos por conocer su pasado
más inmediato y su presente; y, por último, era imprescindible
que los últimos núcleos temáticos se vieran en clase. En cursos posteriores pudimos solventar parte de los problemas
que se plantearon al introducir nuevas experiencias metodológicas, que fueron de gran validez y plenamente aceptadas
por el alumnado. El hecho más importante fue que pudimos
analizar y estudiar el período comprendido entre 19391982/1989 y, a su vez, no desvirtuar la línea marcada en el
D.C., es decir que los estudiantes tengan una plena concepción de la Construcción del Estado Liberal, que el sistema
político de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y
la II República forman parte de un proceso histórico global: la
crisis del Estado liberal; y, por tanto, el tipo de análisis debe
ser semejante.
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Ante esta situación se elaboraron unos núcleos temáticos
completamente nuevos aportando otros materiales documentales, escritos, prensa, documentos originales, estadísticas,
etc. Un aspecto novedoso y que caló profundamente en el
alumnado fue la introducción de la historia oral en el aula. Los
alumnos realizaron entrevistas para que conocieran de primera mano los relatos de personajes que vivieron la Guerra
Civil y el Franquismo y, desde ahí, poder interpretar los valores éticos, culturales, políticos... de nuestros mayores.
También profundizamos en la «vida cultural» que desgraciadamente olvidamos con gran facilidad los historiadores a la
hora de desarrollar los temarios. Interesaba que entendieran
el significado del término cultura desde la perspectiva de historia de las mentalidades. Contamos con el trabajo interdisciplinar de los seminarios de Lengua castellana y Lengua
valenciana para el conocimiento de la novela, poesía, teatro,
etc.; en sus áreas, sin embargo, quedaban una serie de lagunas evidentes en el terreno del cine, la música, etc. Los alumnos desarrollaron trabajos de investigación sobre el cine,
pero se encontraron con una gran dificultad técnica para
poder montar fragmentos de las imágenes de diferentes películas claves del período: Viridiana, La muerte de un ciclista,
Canciones para después de una guerra, etc. Sin embargo, el
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620
trabajo realizado sobre la música fue muy fructífero, ya que la
facilidad de la grabación y reproducción es evidente. Los grupos de trabajo realizaron una labor de recogida de música
española para un posterior informe y, de este modo, tener
una visión generacional de la mentalidad de los españoles
hasta la década de los 90, aflorando movimientos como los
cantautores, la Nova Cançó, el flamenco, la movida de los 80,
etc.
Por lo tanto, tras seis años de trabajo y experiencia presentamos el resultado de cómo programar la Unidad Didáctica
España durante el franquismo (nota 1). El material lo estructuramos en dos partes, una teórica y otra práctica. La parte
teórica recoge la orientación básica de toda programación, es
decir, objetivos, metodología (conceptos, principios, procedimientos y actitudes) y distribución temporal. La sección práctica se divide en una guía de trabajo para el profesorado y en
los materiales para los alumnos (nota 2).
1. Objetivos
Los objetivos que pretendemos lograr tienen una clara motivación didáctica y estarán relacionados con las actividades
que los alumnos efectuarán en el aula y en su trabajo de
campo. Éstos son los siguientes:
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1. Serán capaces de explicar hechos y acontecimientos de la
victoria y la permanencia del general Francisco Franco, calificando su significación histórica. Deberán conceptualizar el
régimen en la medida que nos interese sus actuaciones y las
consecuencias de las mismas, comprendiéndolas y valorándolas. Ello será posible examinando los discursos, declaraciones, etc., desde un punto de vista crítico, siendo conscientes de la parvedad de una lectura textual de la fuente.
2. Comprenderán los procesos socioeconómicos, políticos y
culturales de la reciente historia española. Debemos partir de
un problema central que desarrolle diversos puntos; así se
podrá explicar la larga duración del régimen y relacionar diferentes circunstancias (internas y externas) que nos lleven a
un análisis de la dictadura centrado en los cambios y permanencias.
3. El empleo correcto de conceptos básicos de la historia
reciente de España, como dictadura, represión, lucha democrática, soberanía nacional o nacionalismo. Debemos acotar
y relacionar cronológicamente los diferentes conceptos con
las distintas fases del franquismo. En consecuencia debemos
intentar que los alumnos sean conscientes de los costes
sociales, políticos y culturales de la dictadura franquista.
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4. Realización de actividades de indagación y síntesis que les
permitan ordenar las cuestiones que, en torno a un problema
previamente definido, comentarán. Ello será posible con la
utilización de fuentes variadas (verbales, escritas, estadísticas, etc.), que les ayuden a constatar que el entendimiento
histórico es limitado y siempre estará en revisión.
2. Plan y metodología del trabajo
La estructura metodológica de nuestra Unidad Didáctica se
inscribe en las siguientes directrices:
2.1. Hechos y conceptos
Las consecuencias de la Guerra Civil
Profundizaremos en la actividad investigadora que deben
realizar los alumnos a lo largo del curso con la introducción
de la historia oral. A través de ella, penetraremos en los
hechos acontecidos que afectaron al todo social, denunciando los silencios, que durante muchos años aquejaron a la historia española, y las estructuras que generaron esos silencios. Por último, contribuiremos a la reconstrucción de las
identidades colectivas de los grupos que fueron marginados
al finalizar la Guerra Civil.
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Naturaleza político-social del régimen franquista
En primer lugar, se preguntará ¿qué es el franquismo?,
¿existe un modelo de régimen franquista?, ¿fue un nacionalismo autoritario?, ¿fue una dictadura militar?, etc. Ello es una
labor compleja, pero muy importante para que los alumnos
especifiquen si el franquismo reformuló los antiguos problemas que arrastraba España y/o si ocasionó otros nuevos:
¿cómo los solucionó? En segundo lugar, se estudiará que la
existencia y evolución del régimen franquista estuvieron interrelacionados con la coyuntura exterior: alianza con las dictaduras totalitarias, aislamiento e integración internacional. En
tercer lugar, se establecerán cuáles fueron los apoyos y las
bases sociales que sustentaron al franquismo, su evolución y
qué mecanismos utilizaron para mantenerse en el poder.
Represión y propaganda. La vida cultural
En este núcleo de contenidos se trabajará con la ventaja que
nos dan los 60 años que han transcurrido desde la finalización de la Guerra Civil. Veremos la represión que el régimen
ejerció a lo largo del periodo sobre los vencidos: fusilamientos, encarcelaciones, vejaciones, malos tratos, etc. Los alumnos con los que trabajamos pueden estudiar el tema con un
sentido común y un sosiego que hasta hace poco tiempo era
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imposible; además, los alumnos podrán escuchar testimonios
directos de personas represaliadas por el régimen por pertenecer al bando republicano y aportar experiencias de sus
familiares. Por último, se estudiará la vida cultural de la
España franquista; partiremos del desastre cualitativo que
supuso el exilio cultural, siguiendo una visión de las diferentes parcelas de la escena cultural: teatro, literatura, cine y
música. Aquí los alumnos realizarán grabaciones musicales
de solistas o de grupos desde los años 40 a los 90, en las que
se puedan determinar la evolución de la música como símbolo de los gustos culturales de las generaciones anteriores
a ellos, como previo enlace con los suyos.
Evolución económica durante el franquismo
Se estudiará la consolidación de un tipo de política económica que aparece tras la guerra civil (la autarquía), las medidas
liberalizadoras de los años 50, el Plan de Estabilización, el
Desarrollismo y la crisis del petróleo que supone una transformación continua de las estructuras económicas españolas
desde una nueva política económica. Se ofrecerán textos,
gráficas y cuadros estadísticos para reflexionar sobre el «crecimiento económico»: ¿cómo se creció y a costa de qué?,
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¿se modernizó España? y ¿qué fases definieron la evolución
económica?
La crisis del franquismo. La oposición democrática a la dictadura (no pertenece al núcleo de España durante el franquismo, pero damos las líneas básicas de trabajo)
Se examinará que, con la irrupción de la década de los 70,
llegamos al final del franquismo, caracterizada por una crisis
política, social y económica que se refleja con la muerte de
Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, en la cama a
la edad de 83 años. La modernización de la estructura económica, y obviamente de la sociedad española, trajo consigo
la aparición de nuevas fuerzas que se enfrentaron al aparato
político oficial, inmovilizado como la mayoría de la sociedad
española. Serán las generaciones más jóvenes, que no vivieron la Guerra Civil, las que aspiraron a una forma de vida
semejante a la de las democracias europeas. Ello contribuyó
a que la oposición se consolidara en una serie de focos, que
lucharon con diferentes armas contra el franquismo: la clase
obrera, la Universidad y, en menor medida, los partidos políticos ilegales. Por otro lado, el régimen franquista pierde poco
a poco el apoyo de algunos de sus principales aliados: la
Iglesia a raíz del concilio Vaticano II y, en menor proporción,
algunos núcleos del Ejército con la aparición de la UMD.
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626
Todos estos factores hicieron posible que el régimen se agotara.
Se ofrecerán testimonios orales de personajes que lucharon
contra el franquismo y pruebas procedentes de la búsqueda
en Archivos que se refieran a la Junta Democrática y a la
Plataforma de Convergencia Democrática. Emplearán textos
sobre la participación del movimiento obrero y los universitarios en la oposición a la Dictadura.
2.2. Principios
Estableceremos las relaciones de causalidad para definir
fenómenos causales o acciones orientadas a una finalidad
concreta.
Intervención de la historia oral
Con la preparación de preguntas elaboradas por los alumnos
se investigará que los sujetos de la historia, sus protagonistas, son las mujeres y los hombres en plural, insertos en el
todo social, que conforman un corpus de información histórica, que recogido y grabado se convertirá en fuentes y documentos históricos. Existirá una puesta en común en clase de
las transcripciones y de la elaboración de conclusiones.
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627
Las interpretaciones de la Guerra Civil y el franquismo
Se elaborará una revisión desde la distinción de las versiones
de los protagonistas de la historia, las valoraciones de los historiadores, los políticos, los economistas, los sociólogos, etc.,
de unos hechos de gran trascendencia para la historia contemporánea española y que para los alumnos queda muy
lejana.
El papel del historiador
Se realizará una reflexión sobre el conocimiento histórico
contemporáneo y las dificultades para su análisis, debido a la
complejidad por la multiplicidad de interpretaciones, documentación, puntos de vista, etc., planteándose a los alumnos
¿qué papel juega el historiador?, ¿interpreta?, ¿narra los
hechos? o, al interpretar y valorar las fuentes, ¿encuentra la
explicación de los hechos?
2.3. Procedimientos
Estarán orientados a los procedimientos contemplados en el
Desarrollo Curricular referidos a la Historia Contemporánea
de España.
1. Se hará necesaria la consulta de libros para que los alumnos tengan que informarse de algunos aspectos y, de ese
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628
modo, habituarse al trabajo en la Biblioteca del Centro o del
Barrio. Estará presente en todas las secuencias de la Unidad.
2. Tendrán que manipular índices, glosarios e informaciones
como medio de sintetizar ideas. Utilizarán los ficheros de la
Biblioteca y Hemeroteca de la Ciudad, junto con la del
Instituto, para familiarizarse en la búsqueda y anotación de
signaturas, materias, etc. Presente en todas las secuencias
de la Unidad.
3. Se utilizarán fuentes no escritas como las audiovisuales,
fotografías, diapositivas, etc., para que los alumnos consideren que se puede conseguir información sobre el período
desde diferentes tipos de fuentes, y aprenderán a interpretarlas.
4. Empleo de testimonios orales mediante entrevistas y cuestionarios para informarse de la Guerra Civil (primordial) y, en
menor escala, sobre la vida y costumbres del franquismo. Se
creará un archivo en el Centro con todos los testimonios,
transcripciones, fotografías, etc.
5. Describirán las características principales en esquemas,
diagramas, gráficos y estadísticas de las secuencias económicas como medio de comprensión indispensable para su
interpretación. Se les informará de la existencia de programas
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informáticos que ayudan a la realización de las gráficas y
estadísticas.
6. Identificarán la importancia de todas las fuentes de información: testimonios directos, prensa, panfletos, pasquines
electorales, etc. Conocerán y clasificarán los distintos tipos de
documentos elementales de la historia, monedas, banderas,
en sus diversas ramas científicas. Aparecen estos procedimientos en todas las secuencias.
2.4. Actitudes, valores y normas
Para terminar con el Plan y Metodología del trabajo, se pretende que los alumnos:
1. Sean capaces de comprender y argumentar las causas de
la conflictividad de la primera mitad del siglo XX español para
establecer paralelismos con los años 80 y 90.
2. Valoren y profundicen en la sociedad española tras una
reflexión sobre las condiciones de vida de nuestros abuelos,
padres y las de la actualidad.
3. Reflexionen y valoren la importancia de vivir en un estado
democrático y las dificultades que han encontrado los españoles de tiempos pasados hasta conseguirla.
4. Se sensibilicen para que conserven su patrimonio, tanto
documental (prensa, fotografías…), visitando las hemeroteÍNDICE
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cas y bibliotecas, como etnográfico (museos agrarios, escolares, etc.).
5. Se coloquen en la piel de «sus mayores» y entiendan que
sus valores son diferentes a los nuestros, al igual que sus
experiencias, y que sus lecciones del pasado les sirvan para
mejorar su presente y construir su futuro.
3. Distribución temporal
El currículo del segundo curso de Bachillerato se divide en
siete núcleos de contenido. El primero (Aproximación al conocimiento histórico. La relación del historiador y las fuentes)
está implícito en el resto, de ahí que nosotros partamos de la
idea de que el currículo se estructura en seis núcleos para el
cálculo de las sesiones de clase. El curso escolar 1998/1999
consta de 89 sesiones: las sesiones que utilizaremos en el
desarrollo de la Unidad serán:
título
Las consecuencias de la Guerra Civil (núcleo 5)
sesiones
3
Naturaleza políticosocial del régimen franquista
3
Represión y propaganda
1
La vida cultural
3
Evolución económica durante el franquismo
3
La oposición democrática a la Dictadura
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631
Núcleo 7
4. Actividades. Guía de trabajo para el profesorado
4.1. Consecuencias de la guerra civil
Junto a la utilización de la historia oral como fuente primaria
emplearemos otras a las que el alumnado ya está acostumbrado. Éstas nos servirán para contrastar la información de
ambas y así se realizarán ejercicios con ideas confrontadas
para tener opinión sobre los hechos y sobre la visión de los
historiadores y de los protagonistas. Para que el alumno
comprenda la trascendencia de la fase histórica inmediatamente posterior a la finalización de la Guerra Civil, hemos
subdividido el núcleo de contenidos en dos partes: 1)
Represión política e ideológica; 2) Consecuencias sociales y
humanas. El exilio.
Actividad inicial
Proponemos la visión del capítulo 6º de la Historia de la
Guerra Civil realizada por Granada Televisión (cuya duración
es de 45 min.), que servirá para centrar el problema y observar de un modo directo los nuevos símbolos políticos que
introduce el franquismo y los desastres materiales ocasionados por la contienda civil.
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632
Actividad 1: Represión política
En esta actividad el alumno conocerá dos formas selectivas
de la depuración ideológica y política que desarrolló el franquismo tras su triunfo bélico y que conducen a conocer:
1. El peso del ejército en la represión.
2. La violencia y odio acumulado en el conflicto.
3. El ataque a la libertad de expresión y establecimiento de
una uniformidad ideológica.
Actividad 2: Consecuencias sociales y humanas. El exilio
Nos introducimos en las consecuencias que más pueden
impactar a los alumnos: las humanas. Estudiaremos la intensa ruptura de la sociedad española que se produjo tras la
Guerra Civil al crearse dos bandos: los vencedores y los vencidos. Todo ello a través de las fuentes escritas y de los testimonios que aportarán los alumnos con sus entrevistas de
personas que vivieron aquellos momentos.
Tras estas actividades los alumnos llegarán a sus propias
conclusiones en las que deberán reflejarse:
– La ruptura de la sociedad española.
– Los fundamentos en los que se crea la nueva España franquista.
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4.2. Naturaleza político-social del régimen franquista
Los alumnos examinarán la definición del franquismo, la evolución del régimen interrelacionada con la coyuntura exterior
y los apoyos sociales que sustentaron al franquismo. Tras el
triple análisis deberán llegar a unas conclusiones en las que
se reflejen los siguientes aspectos: 1) ¿Cómo definir el franquismo social y políticamente? 2) ¿Qué grupos sociales apoyaron al franquismo? ¿Eran nuevos o provenían de épocas
anteriores? 3) ¿Qué valores y problemas se formulan con la
llegada del franquismo?
Actividad opcional: ¿Qué es el franquismo?
Esta actividad la establecemos como opcional por la dificultad que implica. Son abundantes los estudios que se han
planteado el lograr una definición del franquismo, pero la
polémica aún no está cerrada; de ahí que los textos puedan
servir como mero apoyo y que los alumnos puedan utilizarlos
(junto a las definiciones que hayan encontrado en sus entrevistas) para observar las múltiples visiones que se tienen
sobre el tema.
Actividad 3: El aislamiento y adaptación
Proponemos tres textos para el estudio de la conexión internacional del franquismo de diferente concepción. El primero,
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634
de Javier Tusell, nos sirve para desmitificar la «no intervención española» durante la Segunda Guerra Mundial, hecho
que la moderna historiografía demuestra que no fue así.
Intentamos demostrar a los alumnos con ello que el franquismo estuvo alineado con las fuerzas del Eje, similares en su
naturaleza política al franquismo. Los documentos de Ricardo
de la Cierva y Enrique Moradiellos nos informan sobre el aislamiento internacional a que estuvo sometida España durante los años cuarenta y cincuenta a causa de la represión y la
falta de libertades. Estos documentos nos ayudarán para que
los alumnos observen dos visiones contrapuestas, una cercana al franquismo (de la Cierva) donde aparecen dos términos: la conjura internacional y los vencidos, conceptos que
constantemente utiliza el vocabulario franquista, y el segundo
documento (Moradiellos) basado en una interpretación más
cercana a la realidad de una España no democrática y aislada internacionalmente.
Actividad 4: Bases sociales del franquismo
En esta actividad el alumno, al estudiar los grupos sociales
que componían el régimen franquista, deducirá si ¿son los
mismos grupos sociales que sustentaron a la monarquía
alfonsina?, ¿cuáles aparecen como nuevos?
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Actividad 5: La Iglesia
Nos adentramos en el análisis de la Iglesia, que jugó un destacadísimo papel en la consolidación del régimen al dotarlo
de una fuerte base popular. Aquí el alumno observará cómo
la Iglesia adoctrinó a los españoles (en actividades posteriores veremos cómo actuó en la enseñanza, los valores generales, etc.), ayudó a romper el aislamiento internacional del
régimen franquista, etc., recibiendo a cambio un buen número de prebendas. No obstante, la Iglesia española evolucionó
(documento de Tamames) y, con el apoyo del Papa Pablo VI,
las cosas comenzaron a cambiar.
4.3. Represión y propaganda. La vida cultural
Dentro de bloque de la represión se verán imágenes del NODO, obtenidas de TVE, al igual que parte de los documentales sobre la censura emitidos por televisión. A través de ellos
los alumnos podrán determinar el grado de intolerancia y
fanatismo que dominó la vida española durante varias décadas. En un segundo momento, pasaremos diapositivas sobre
los emblemas y símbolos del franquismo en los que se muestran las bases propagandísticas del régimen: monedas con
las leyendas, banderas, maternalismo, etc. En un tercer
momento presentaremos textos para analizar sobre qué
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bases y grupos se apoyaba el franquismo para sustentar su
ideología.
Actividad 6: La censura política y cultural
En esta actividad las imágenes juegan un papel directo y primordial sobre la actuación censora y purificadora de las autoridades franquistas. Los alumnos deben señalar sus impresiones sobre la moralidad del momento y el porqué, creen
ellos, se actuó de aquel modo.
Actividad 7: La propaganda
Es la tercera actividad audiovisual que utilizamos para estudiar este núcleo de contenidos. Ello nos servirá para ahondar
con las imágenes en la represión-propaganda franquista, ya
que a través de esta vía será más fácil llegar al alumno que
con textos. Ver el escudo imperial, las monedas, las banderas, etc., les servirá para tener una clara «imagen» de la simbología del régimen y poder compararla, posteriormente, con
la que introdujo la Constitución de 1978.
Actividad 8: Educación y valores
Presentamos documentos sobre la educación y los valores
del franquismo (claramente represivos y que actúan directamente sobre todo aquello que tenga una cierta connotación
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sexual) para observar sobre qué pilares se asentaba la moralidad y propaganda del franquismo.
Actividad 9: La represión de la mujer
Hemos considerado necesaria la creación de un apartado
referido a la represión ejercida sobre la mujer española, cuya
imagen se identificaba con esposa y madre, aislada completamente de toda actividad política y social. Sería conveniente
establecer un debate entre los alumnos del porqué la mujer
jugó ese papel y señalar, a través de los testimonios directos
que han obtenido de las mujeres (entrevistas), una visión más
amplia del problema.
Actividad 10: Las manifestaciones culturales
Esta actividad es muy extensa en textos; sin embargo, lo que
pretendemos es que los alumnos la lean y reflexionen sobre
la cultura oficial franquista en sus diversos géneros y expongan una conclusión. Los alumnos realizarán, en esta actividad, una serie de grabaciones musicales comprendidas entre
los años 40 y 70 para determinar, estudiando el tipo de música que escuchaban sus abuelos y padres, los gustos de
aquellos años. Las grabaciones musicales nos servirán, posteriormente, para enlazarlas con el tipo de música que hoy
escuchan y encontrar las semejanzas y diferencias.
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Proponemos que los alumnos localicen canciones señeras
del franquismo como pueden ser El emigrante, de Juanito
Valderrama (cariño profundo a España); Madrecita, de
Antonio Machín (mito de la madre); canciones de los cincuenta, de Paquita Rico o Lola Flores (mujer bonita y hombre
valiente -españoles-); Saetas, de Antoñita Moreno (folklore
religioso); Cocidito Madrileño, de Pepe Blanco (chotis-chulería); Mirando al mar o Campanitas de la aldea, de Jorge
Sepúlveda (romanticismo de las clases medias y altas).
Es un buen momento para que los alumnos elaboren un informe sobre los aspectos de la represión, la propaganda y la
vida cultural.
4.4. Evolución económica durante el franquismo
La composición metodológica de este núcleo de contenido
económico es un tanto diferente al resto debido a la naturaleza de las fuentes que utilizaremos. Los alumnos trabajarán
con gráficas, cuadros estadísticos y textos de economistas e
historiadores lo que eleva la complejidad de las diferentes
actividades. El lenguaje utilizado en los estudios económicos
es distinto al que han empleado los alumnos hasta este
momento y, por lo tanto, deberán acostumbrarse a términos
como inflación, depresión, estabilización, desarrollo, balanza
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639
de pagos, mercado nacional, mercado internacional, etc.,
cuyo significado es diferente al que ellos emplean cotidianamente. Junto a esta problemática, los alumnos tendrán que
realizar un esfuerzo en la lectura de gráficas y cuadros en
una doble vertiente, la cuantitativa y la cualitativa.
La lectura cuantitativa les servirá para poder expresar y explicar coherentemente lo que los números exponen fríamente:
estancamiento, crecimiento, hundimiento, etc., y de este
modo tener una valoración de la evolución económica española en general y por coyunturas. Por otro lado, es en la interpretación de las cifras (desde el punto de vista cualitativo)
donde ellos intervienen a través de la apreciación (no sólo
descriptiva) de los números y deberán responder a diversos
interrogantes. Se responderá interrelacionando las fuentes
gráficas, numéricas y textuales y así obtener unas conclusiones coherentes en las que se vean las dos caras de la misma
moneda: una positiva, con la industrialización española, niveles de bienestar hasta entonces desconocidos, etc.; otra
negativa, resultado de los desequilibrios regionales, la emigración masiva, etc.
Actividad 11: Posguerra y autarquía
El documento de Roque Moreno nos sirve para que los alumnos, con las entrevistas por ellos realizadas, puedan valorar
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la dureza de la posguerra española. El hambre y la miseria
estuvieron presentes durante los años 40 y parte de los 50 en
la sociedad española. La actividad se complementa con la
interpretación que Molinero e Ysàs realizan sobre los grupos
políticos que, dentro del franquismo, optaron por el modelo
económico autárquico en medio del aislamiento internacional, acerca de quiénes se beneficiaron del mismo y sobre
cuáles fueron las consecuencias económicas, aspecto en el
que redundamos con el artículo de prensa de García
Delgado, que sirve para situar a España dentro del contexto
internacional.
Actividad 12: Los años cincuenta. La estabilización.
Desarrollo y crecimiento
Mostramos varios documentos del cambio de la política económica franquista de los años 50 y del periodo de mayor crecimiento (1960-1970); de alto contenido técnico y cuantitativo,
el alumno realizará un esfuerzo para adentrarse en el lenguaje económico, que le servirá para actividades posteriores,
sobre todo la lectura de cuadros y gráficos. En los textos se
incide en la coyuntura internacional a la que España no es
ajena.
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Actividad 13 y apoyo: Tablas, cuadros y gráficas
Hemos introducido diferentes tablas estadísticas con información de los sectores económicos y productivos, que aportarán al alumno nuevos conocimientos, valoraciones e interpretación de fuentes; las leerá e interpretará para llegar a una
conclusión propia sobre los costos y cambios que se produjeron en la economía española, ya que, al llegar a este punto,
el alumno tiene la suficiente información bibliográfica, oral
(entrevistas) y estadística para tener una visión cualitativa del
tema. La actividad de apoyo es de tipo informativo y servirá
para cotejar las conclusiones extraídas por los alumnos con
las de tres reputados economistas, lo que puede servir para
establecer un debate.
5. Material para el alumnado
Actividad 1
«Como tipos delictivos, los tribunales militares aplicaron,
según la gravedad imputada, los siguientes: adhesión, auxilio
a la rebelión y excitación a la rebelión. El primero comprendía
la decidida participación en favor de la República (en los frentes ya sea como voluntario, ya sea como comisarios políticos;
en cargos públicos en la retaguardia; la pertenencia a partiÍNDICE
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dos o sindicatos del Frente Popular o la pertenencia a la
masonería). El auxilio a la rebelión se relacionaba con la
mera cooperación con la República aún en puestos de poca
importancia o, simplemente, tener una ideología de izquierda.
El tercero, la excitación a la rebelión, era el menos grave y
podía incluir incluso cualquier acusación sobre comentarios
contrarios a los rebeldes...
El hecho, además, de que la represión en la provincia (se
refiere a la de Alicante) tuviera lugar con la guerra ganada, a
diferencia de las masacres cometidas por los rebeldes en
Andalucía y Extremadura... en las que la represión se consideraba como una estrategia, brutal por lo demás, para ganar
la guerra, la represión en la provincia de Alicante puede considerarse como un acto de mera venganza, como respuesta
a los asesinatos de la guerra, a los «paseos» y a las «sacas».
Lo que ocurre es que nos da la impresión de que a la hora de
fusilar si no se encontraba a los verdaderos responsables, se
hacía como si los condenados a muerte lo hubieran sido en
realidad»
ORS MONTENEGRO, Miguel,
«La represión de posguerra en Alicante»,
en La guerra civil y el franquismo en Alicante, Alicante,
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1990, págs. 101-104.
ÍNDICE
643
«En lo que respecta a la prensa, el franquismo triunfante
comienza por suprimir de manera tajante más de la mitad de
los diarios y revistas que antes de la guerra se publicaban en
España. No sólo hace desaparecer todos los periódicos obreros, republicanos o revolucionarios, sino también los simplemente liberales...
Innecesario, es decir, que ni uno solo de los que trabajaban
en los numerosos periódicos suprimidos por el franquismo
recibe indemnización de ningún tipo... Los periodistas concretamente han de sufrir tres tipos de graves sanciones: una
depuración administrativa...; unos juicios en los que no tienen
posibilidades serias de defensa en que han de comparecer y
en los que son sentenciados a muerte un cincuenta por ciento... y la prohibición absoluta de ejercer su profesión cuando
logran la libertad...
Los periódicos ofrecen tanto en sus informaciones como
comentarios una terrible y monótona uniformidad. Todos
dicen lo mismo y en la misma forma, de absoluta conformidad
con las ordenes recibidas a las que nadie tiene la valentía de
faltar»
GUZMÁN, Eduardo, «Vicisitudes y penalidades
de la prensa española de 1936 a 1979»,
en Tiempo de Historia, n.º 66 (1980), págs. 53-55.
ÍNDICE
644
Actividad 2
«La guerra civil produjo una ruptura en la sociedad española
y el exilio es consecuencia de ese quebrantamiento. El éxodo
de españoles se produjo en varios momentos a lo largo de la
guerra, al compás de la caída de los distintos frentes, pero el
verdaderamente importante tuvo lugar tras el derrumbe del
frente catalán en los meses de enero y febrero de 1939»
ALTED VIGIL, Alicia,
«Franco y el régimen: imágenes desde el exilio», en
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, n.º
8-9 (1992), pág. 155.
«¿Cuántos exiliados españoles había en Francia aquel mes
de septiembre de 1939?... Según declaraciones del ministro
de Asuntos Extranjeros de Francia en aquel año, la cifra máxima alcanzada de refugiados era 450.000 el 9 de marzo de
1939. A consecuencia del regreso a España de buena parte
del ellos, el número había quedado reducido el 20 de julio del
mismo año a 251.000. Algunos no habían regresado a
España, sino que habían ido a instalarse a otros países:
4.700 para México, 1.200 para Chile, varios centenares para
ÍNDICE
645
otros países de América Latina y 965 para Unión Soviética. A
Bélgica fueron enviados más de 2.000 niños... hay que tener
en cuenta el elevado número de fallecimientos: algo más de
14.000... No entran en ese cómputo los varios millares de
vascos (sobre todo mujeres y niños) ya exiliados desde el
verano de 1937 y los 20.000 refugiados que habían llegado
por mar al norte de África»
TUÑÓN DE LARA, Manuel,
«Los españoles en la II Guerra Mundial
y su participación en la resistencia francesa», en
El exilio español de 1939. Guerra y Política. Madrid, Taurus, 1976,
Vol. 2, págs. 13-14.
«La actitud de México respecto a los republicanos españoles
no tuvo igual en ningún otro país. Ya durante la guerra de
España el Gobierno mexicano apoyó en la Sociedad de
Naciones la precaria posición internacional de la República...
Podría, pues, calcularse a falta de datos precisos, que el
número total de refugiados españoles en México sobrepasó
los quince mil y no anduvo muy lejos de los veinte mil»
LLORENS, Vicente, El exilio español de 1939. La emigración
republicana de 1939. Madrid, Taurus, 1976, Vol. 1, págs. 125-126.
ÍNDICE
646
Actividad opcional
«a) Despolitización y provocada apatía. Salvo en los momentos en que, por alguna circunstancia, ha interesado la movilización de grandes sectores del país en algún aspecto concreto y siempre en beneficio de la política dominante (nota 3).
b) Pervivencia del trauma de la guerra civil. Y ello en un doble
aspecto que se complementa. En un primer lugar, pervivencia puramente generacional, por la coexistencia histórica de
una generación que hizo o simplemente conoció la guerra, y
de otra que es generación de posguerra... Pero, en segundo
lugar, el trauma ha pervivido porque así se ha querido desde
la instancias del poder y como ingrediente ideológico a utilizar...
c) Especial suspicacia ante problemas de orden público. Por
tres suertes de razones... En parte, por subsistir... el recuerdo de un orden público violentamente alterado en etapas políticas inmediatamente anteriores... por ser consecuencia de la
ideología autoritaria vigente... y por haberse unido las ideas
de orden público-paz, por un lado, y desarrollo económico,
por otro...
d) Escasa secularización de pensamiento y permanente tendencia a la utilización de patrones religiosos tradicionales...
ÍNDICE
647
se fue dibujando una especie de incapacidad nacional para
conducir la dimensión religiosa a la esfera de creencia personal y actitud consecuente. Esto se ha sustituido, durante
muchos años, por una «catolización de la sociedad» que se
acerca mucho más a una visión teocrática del mundo que a
una visión racional del mismo.
e) Histórica debilidad de un sentimiento de moral cívica...
Diríamos que moral pública y clase social han caminado
durante años estrechamente unidas... No es sólo que el distinto trato existiera, haciendo buena la vieja distinción entre
«justicia para pobres» y «justicia para ricos», sino que el
mismo tipos de actos pasaba de ser censurado para una
clase social a ser tolerados e, incluso, admirados para otra.
f) Profundo individualismo y casi nulo espíritu comunitario...
Las gestas colectivas parecían reservadas a los grandes
acontecimientos históricos, y el español, se argüía que «por
naturaleza», resultaba siempre más propenso a la originalidad individual.
g) Tendencia a la rigidez en el mantenimiento de opiniones y
posturas... Este ingrediente, que ha sido uno de los más destacados del español de estos pasados decenios, termina de
ÍNDICE
648
perfilar,... el esquema de una mentalidad autoritaria, fruto, en
parte, de la subsistencia de los eternos «males de la patria»
RAMÍREZ, Manuel, España 1939-1975 (Régimen político e ideología). Barcelona, Guadarrama, 1978, págs. 112-117.
Actividad 3
«La España vencedora durante la Guerra Civil ni remotamente mantuvo esa actitud (neutral). Ninguna otra expresión
resulta más inconveniente para calificar su posición que la de
neutralidad. Mereció el calificativo, quizá, al principio y al final
del período, pero sólo si a él se le une otro, benevolente, y se
tiene en cuenta que en 1939 lo era con respecto a Alemania
y en 1945 con los Estados Unidos. Durante la mayor parte de
la guerra no sólo no fue neutral, sino que ni siquiera decía
serlo. Desde junio de 1940 hasta septiembre de 1942 fue «no
beligerante»... pero que resultaba especialmente grave por el
hecho de prestar el territorio propio para operaciones contra
el adversario... Después de la reunión de Hendaya, España
fue un país del Eje vinculado con Alemania e Italia»
TUSELL, Javier, Franco, España y la II Guerra Mundial. Madrid,
Temas de Hoy, 1995, pág. 646.
ÍNDICE
649
«El hecho histórico central en el período 1945-1948 de la historia contemporánea española es, sin duda, el acoso exterior.
La delimitación de este período (que encierra un movimiento
histórico innegable, por lo definido) también está clara: desde
el verano de 1945, cuando termina la segunda guerra mundial, hasta fines del verano de 1948, cuando el régimen de
Franco ha conseguido neutralizar la ofensiva política interna,
apoyada por Europa, mientras los Estados Unidos, con los
escrúpulos democráticos amortiguados por los primeros
embates de la guerra fría, inician una aproximación pragmática al régimen español... En el segundo semestre de 1945
parece como si la España de Franco, que acaba de salir
indemne de la segunda guerra mundial, se prepare para la
ofensiva exterior... en un doble plano, el ajuste de cuentas por
las potencias vencedoras y la revancha del bando vencido en
la guerra civil, que trataba a remolque de otra victoria lo que
no pudo alcanzar por sus propios medios en la guerra interior... La conclusión final es que, de cara a una guerra fría de
resultados imprevisibles, el régimen de Franco se consolida»
CIERVA, Ricardo de la, Historia del franquismo.
Aislamiento, transformación,
agonía (1945-1975). Barcelona, Planeta, 1979, pág. 13
ÍNDICE
650
«El ostracismo diplomático se inició el 28 de febrero de 1946,
cuando el gobierno francés cerró su frontera con España. El
4 de marzo, una declaración conjunta anglo-franco-americana expresaba su repudio del franquismo... A mediados de
abril, por iniciativa del representante polaco, el Consejo de
Seguridad de la ONU comenzó a estudiar la cuestión española. Tras largas deliberaciones... el Consejo terminó recomendando la adopción de medidas diplomáticas...: 1º excluir
a España de todos los organismos técnicos establecidos por
la ONU... 3º recomendar la inmediata retirada de embajadores de Madrid»
MORADIELLOS, Enrique, La España aislada.
Cuadernos del Mundo Actual, n.º 6, Madrid, Historia 16, 1993,
págs. 27-28.
Actividad 4
«Composición del aparato gubernamental
Los nombres de estos grupos están en la mente de todos y
varios están reconocidos explícitamente en las leyes fundamentales: el Ejército, del que provienen tradicionalmente los
ministros de tierra, mar y aire, aparte de otros puestos en las
Cortes y en diversos Consejos; la Iglesia, a la que atribuyen
ciertos puestos en las Cortes y en otros organismos menoÍNDICE
651
res; monárquicos tradicionalistas que a menudo ocupan la
presidencia de las Cortes y el Ministerio de Justicia; Falange,
que ocupa fundamentalmente los sindicatos y el Ministerio de
Trabajo; Opus Dei, de donde a partir del 57, salen la mayoría
de los ministerios llamados «económicos», y ACNP
(Asociación Católica Nacional de Propagandistas), que
ocupó bastante tiempo los ministerios de Educación Nacional
y Asuntos Exteriores.
Origen social de los grupos que componen el Movimiento
Las bases de reclutamiento de la Falange están en la clase
media y, concretando más, en los sectores medios y bajos de
la misma. El falangista típico es el hijo de comerciante o
empleado a quien sus padres lograron «dar carrera», o que
comenzó muy pronto trabajando en un sindicato y fue subiendo poco a poco. Los orígenes sociales de los militares no son
fáciles de precisar, pero cabe formular algunas hipótesis de
carácter general: antiguamente, los altos puestos se cubrían
con personas procedentes de la aristocracia... Actualmente,
el ejército se democratizó y la mayoría de sus componentes
parecen provenir de la clase media.
Pero más importante que su origen social es el estatus actual
de los militares... el ejército se ha mantenido en la línea «despolitizada», con gran desinterés. ¿Aumentará su influencia en
ÍNDICE
652
el futuro? Es difícil predecirlo, si bien, a corto plazo, esto
parece probable. En todo caso es evidente que nada importante se hará sin su consentimiento, al menos, sin su tolerancia.
De los sacerdotes poquísimos proceden de la aristocracia y
muy pocos de la burguesía. La gran mayoría proviene de los
medios rurales y de familias pobres... Esta raíz proletaria
puede explicar tanto la sumisión de algunos al poder como el
inconformismo de otros. Pero, en todo caso, lo que parece
determinar de modo predominante la actitud política de los
sacerdotes es su vinculación a Roma. Y Roma... se ha adaptado al mundo llamado moderno, occidental y democrático...
La composición social de la ACNDP es bastante diferente.
Sus filas se nutren de profesionales y empleados de alto
nivel. Aunque éstos sean burócratas, sus altos ingresos y su
prestigio los sitúan muy por encima de la gran masa de la
clase media probablemente dentro del grupo de directivos o
ejecutivos... Esto convirtió al grupo, por algún tiempo, en una
especie de partido católico y conservador, continuador de la
vieja derecha española... El grupo haya ido perdiendo influencia paulatinamente. Actualmente parece retirado a los cuarteles de invierno, ejerciendo presión, muy moderada, en favor
de una cierta apertura del régimen.
ÍNDICE
653
Los miembros del Opus Dei proceden, mayoritariamente, de
la clase alta y, cualesquiera que sean sus orígenes, su posición social actual es la propia de los miembros de la burguesía (banqueros, industriales) y de los ejecutivos (técnicos de
alto nivel...)... La Obra... posee directamente el control de
numerosos bancos y empresas y tiene influencia en muchos
otros»
GARCÍA SAN MIGUEL, Luis,
Teoría de la transición. Un análisis del modelo español
1973-1978. Madrid, Editora Nacional, 1981, págs. 28, 32 y 35-37.
Actividad 5
«Entre el hambre y las cartillas de racionamiento, los españoles se sienten asediados por emociones religiosas de
culpa y expiación, que la Iglesia instrumentaliza a su gusto.
Solemnes procesiones, peregrinajes a lugares revestidos de
histórica significación nacional, entronizaciones del Sagrado
Corazón o desplazamientos de Vírgenes contribuían a afirmar el reino de Dios y ayudaban a distinguir la patria católica,
la verdadera España, de la otra, la anti-España del laicismo
republicano»
GARCÍA DE CORTÁZAR, F. y GONZÁLEZ VESGA, J.M.,
Breve Historia de España.
Madrid, Alianza, 1994, pág. 594.
ÍNDICE
654
«Terminada la guerra, el nuevo Estado se apresuró a declarar su confesionalidad y el firme propósito de erigirse en fiel
guardián de la Iglesia y sus instituciones. A golpe de ley, el
gobierno franquista fue devolviendo a la Iglesia todos los privilegios que un día le quitara el gobierno republicano; al tiempo que abolía el divorcio, hacía obligatorio el matrimonio por
la Iglesia y eximía a ésta de la tributación de impuestos por
los bienes eclesiásticos...
Los obispos, auténticos reyezuelos en sus diócesis, aprovecharon toda suerte de tribunas para imponer sus cartas pastorales que, mientras mostraban una obsesiva preocupación
por la moral de la pantorrilla, olvidaban, en cambio, la dramática realidad del momento: el hambre, el estraperlo, el paro, la
falta de viviendas y de escuelas, los abusos de poder, las
represiones, las cárceles llenas»
BAHAMONDE MAGRO, Ángel, La sociedad española de los años
40. Cuadernos del Mundo Actual, n.º 3, Madrid, Historia 16, 1993,
pág. 15.
«El Concordato de 1953 en algún sentido culmina una época.
Representa el momento clave de la aceptación del sistema
político por parte del sistema eclesial internacional y el
ÍNDICE
655
momento igualmente clave de predominio de la Iglesia en el
círculo interior del sistema...
En lo que atañe a beneficios la Iglesia católica española los
recibe en tres planos básicos. Por una parte, en lo que se
relaciona con la consolidación de su dominio en materia de
regulación del comportamiento social... confesionalidad del
Estado, la regulación de los problemas matrimoniales... Junto
a ello, el predominio que se le concede a la Iglesia en materia de enseñanza...
En segundo lugar, la Iglesia recibe beneficios de orden simbólico. Tales son la eliminación de la obligatoriedad de ciertos
cargos públicos para clérigos y religiosos, la exención válida
para los novicios del cumplimiento del servicio militar, lo que
se podría llamar inmunidad judicial de obispos, clérigos y religiosos, etc.
Por último, recibía beneficios muy considerables de orden
económico..., así como subvenciones extraordinarias... exenciones tributarias,... creación de un patrimonio eclesiástico
propio»
RUIZ RICO, Juan. J.,
El papel político de la Iglesia Católica en la España de Franco.
Madrid, Tecnos, 1977, págs. 140-146.
ÍNDICE
656
«La Ley de Libertad Religiosa de 1967 tuvo una consecuencia colateral importante, cual fue la deliberar a lo mejor de la
Iglesia católica de la mala conciencia de su actitud restrictiva
frente a los otros credos religiosos, y el de dejarla libre, en
consecuencia, para centrarse en los verdaderos problemas
del pueblo cristiano... En esta nueva actitud de la Iglesia católica española, desempeñó un papel importante la formación,
de acuerdo con las directrices del Concilio Vaticano II, de la
conferencia episcopal, en la que destacaron por sus posiciones progresistas obispos como los Doctores Roca, de
Murcia; Añoveros, de Cádiz; Girarda, de Santander; Díez
Merchán, de Guadix; Jubany, de Gerona; y Vicente y
Tarancón, de Oviedo, quien en 1970 pasaría a arzobispo de
Toledo y Primado de España...
Planteamientos económicos concretos, conflictos sociales,
problemas políticos como el de la ETA y el Consejo de
Burgos, ocuparon gran parte de la atención pública de la
Iglesia durante 1970 y 1971. Pero con gran diferencia, durante 1971 el episodio más notable fue la «Asamblea conjunta
de obispos y sacerdotes», celebrada en septiembre. En ella
el clero regular planteó mayoritariamente a sus diocesanos la
necesidad de avanzar en el frente de una Iglesia preocupada
por el mensaje evangélico, es decir, por la justicia social, la
ÍNDICE
657
libertad y la dignidad de la persona humana en este mundo.
Esto significaba subrayar la urgencia de una separación entre
Iglesia y Estado, para que la primera pudiese recuperar su
plena libertad de acción y crítica»
TAMAMES, Ramón, La República. La era de Franco.
Madrid, Alianza-Alfaguara, 1977, págs. 572-577.
Actividades 6 y 7
Utilización de un vídeo de TVE sobre la censura desde 1939
a 1975 y una serie de diapositivas sobre los símbolos franquistas.
Actividad 8
«Según la secular y venerable tradición eclesiástica, la carne
y su fruto, el amor sexual, están viciados de raíz y son el origen de casi todos los pecados y la más peligrosa encarnación de Satanás...
Por si este aviso sobre el peligro de eterna condenación no
surtía efecto, la Iglesia acompañaba sus exigencias con otras
amenazas más palpables. En un libro de Bachillerato del
célebre jesuita Valentín Incío, titulado La moral y declarado de
«utilidad nacional» por el BOE del 26 de agosto de 1939, se
aseguraba que, «según el juicio de los más afamados médiÍNDICE
658
cos, las perturbaciones cardíacas, la debilidad espinal, la tisis
pulmonar, la epilepsia, las afecciones cerebrales, la enteritis
crónica, etc. y de un modo especial la sífilis, son ordinariamente triste herencia del pecado deshonesto...
Con ello se caía en el absurdo de identificar con el mal y la
impureza miembros o cosas dignos de mayor respeto. Así, en
los seminarios y colegios religiosos se ponía en guardia contra la «serpiente diabólica» (miembro viril) y contra el «antro
de Satanás» (la vagina). Los tratados de moral seguían dividiendo el cuerpo de la mujer, como en la Edad Media, en tres
partes, según su «honestidad». Huelga decir que las partes
honestas eran sólo las manos, los pies, la cara y los brazos
hasta el codo. El resto del cuerpo femenino era menos honesto, como la parte superior del brazo, o rotundamente deshonesto, como el pecho y el vientre. Había que evitar no sólo el
pecado, sino hasta su posibilidad, es decir, las ocasiones del
mismo. Adelantemos ya que se consideraban tales por ejemplo el baile agarrado, el ir del brazo los novios, el beso, el
bañarse en playas o piscinas en que no hubiera separación
de sexos, asistir al cine o a una revista y la simple lectura de
una novela»
ALONSO TEJADA, Luis,
La represión sexual en la España de Franco. Barcelona,
Luis de Caralt Editor, 1977, págs. 18-20.
ÍNDICE
659
«La educación escolar, impartida por los jesuitas españoles
(y por otros religiosos) durante el franquismo, formó un tipo
de hombre que hoy merece las críticas de todos, aun desde
el punto de vista católico.
Los caminos educativos del nacional-catolicismo fueron: 1) el
miedo; 2) la emulación y la competencia, y 3) el estímulo dirigido a los más fuertes y poderosos. Y los tres medios por él
utilizados resultaron ser: 1) el sistema de las notas; 2) el
método de los premios y castigos, y 3) el fomento del liderazgo de los «selectos».
Llegamos de este modo a lo que era el motivo más fomentado en la enseñanza escolar: el miedo. «El miedo a las tentaciones, miedo al infierno, miedo al pecado, miedo a Dios,
miedo al comunismo... Había una especie de catastrofismo:
un Dios tiránico y castigador, un infierno amenazante, una
muerte cercana. Y en el orden político, una conjunción judeomasónica y un comunismo internacional dispuesto ha hundir
a España».
MIRET MAGDALENA, Enrique, «La Iglesia franquista»,
en Tiempo de Historia, Especial, n.º 62 (1980), pág. 86.
ÍNDICE
660
«El NO-DO y la radio, los únicos medios que llegaban a todos
los rincones de España, ofrecían una información parcial,
panfletaria, con unos textos que hoy «provocan rubor a sus
propios redactores». Pero era la única que se podía ver. El
público lo aceptaba, incluso los empresarios de cine…»
GÓMEZ MARDONES, Inmaculada,
«NO-DO: El mundo entero (menos España)
al alcance de todos los españoles», en Tiempo de Historia, n.º 66
(1980), pág. 40.
«La información que hacíamos era muy mala, llena de servidumbres y enormes condicionamientos. La única manera de
salvarla era amenizándola con toros, fútbol y algún documental. Rara era la semana que no aparecía Franco, hiciera
lo que hiciese, y lo mismo los ministros que llamaban para
que rodáramos la traída de aguas de no sé qué sitio, cuando
era noticia que en los periódicos no le habían concedido más
espacio que unas breves líneas de columna. El NO-DO era
un organismo cerrado que funcionaba a golpes de teléfono
con llamadas procedentes de las secretarías de los ministerios. Nos veíamos obligados a hacer cosas de las que nos
ÍNDICE
661
avergonzábamos y teníamos que disimularlo creando versiones de un mismo noticiario»
Declaraciones de un periodista de NO-DO,
recogidas por Gómez Mardones.
Actividad 9
«Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en su tradición cristiana, sociedad natural, perfecta, y cimiento de la nación.
En cumplimiento de la anterior misión ha de otorgarse al trabajador (sin perjuicio del salario justo y remunerador de su
esfuerzo) la cantidad de bienes, para que aunque su prole
sea numerosa (y así lo exige la patria), no se rompa el equilibrio de su hogar y llegue a la miseria, obligando a la madre
a buscar en la fábrica o taller un salario con que cubrir la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función suprema e insustituible que es la de preparar a sus hijos,
arma y base de la Nación en su doble aspecto espiritual y
material»
Preámbulo de la Ley de Bases de 18 de Julio de 1938.
«...Ya lo sabes: cuando estés casada, jamás te enfrentarás
con él, ni opondrás a su genio tu genio, y a su intransigencia
ÍNDICE
662
la tuya. Cuando se enfade, callarás; cuando grite, bajarás la
cabeza sin replicar; cuando exija, cederás, a no ser que tu
conciencia cristiana te lo impida. En este caso no cederás,
pero tampoco te opondrás directamente: esquivarás el golpe,
te harás a un lado y dejarás que pase el tiempo. Soportar, ésa
es la fórmula…»
ENCISO VIANA, E.,
La muchacha en el noviazgo. Madrid, 1967, pág. 95.
«La mujer es considerada el ‘sexo débil’, por no decir el ‘sexo
imbécil’. Para los moralistas, constituye la mismísima ‘puerta
del infierno’ (palabras de Tertuliano), un ‘encantador defecto
de la naturaleza’ (Milton), en suma, un ser inferior capaz sólo
de obedecer, crear problemas y servir de ocasión de pecado
al varón. En un texto escolar editado en 1959, se puede leer
esta máxima ejemplar: ‘Mentir es una cobardía. Por eso las
mujeres, seres débiles, mienten más que los hombres’»
ALONSO TEJADA, Luis,
La represión sexual en la España de Franco. Barcelona,
Luis de Caralt Editor, 1977, págs. 28-29.
ÍNDICE
663
Actividad 10
«El balance de los repertorios muestra la alternancia del epigonismo de una «alta comedia» trasnochada con el viejo teatro costumbrista o el vodevil repetidor de impenitentes fórmulas. Y la inexistencia de un auténtico espectáculo operístico
español en el período. Una insuficiente técnica en todos los
órdenes. Unas condiciones de producción que imposibilitaban la plenitud de trabajo del actor, el director, el autor, el
escenógrafo, etc., que impiden la constitución de un auténtico equipo de trabajo... sobre el trabajo de los hombres de teatro pesó no sólo la censura arbitraria y las imposiciones administrativas de una legislación atávica y absurda, sino las propias condiciones de producción que el Régimen había, mantenido e impulsado... El estreno de «Historia de una escalera» en 1949, supuso el regreso a los escenarios de unos conflictos ligados a la realidad. Su autor Antonio Buero Vallejo,
comenzaba así la andadura de un teatro de resonancias éticas y metaforizaciones dramáticas de la realidad.
Buero y Sastre iniciaron una senda por la que siguieron otros
autores, los de la generación del realismo social, los del
grupo neosimbolista, etc. Ellos representaron una determinada respuesta en el terreno teatral a las contradicciones, cada
vez más visibles de la sociedad española...
ÍNDICE
664
Si tuviésemos que buscar la característica aparencial más
definitoria de la situación del teatro durante el período franquista, habría que resaltar necesariamente la existencia de la
censura... La censura enmascaró el problema de fondo que
ha aquejado al teatro durante el franquismo: su negación
como bien de cultura por su utilidad social, para convertirse
en simple mercancía»
HORMIGÓN, J.A., «El teatro español durante el franquismo»,
en Tiempo de Historia, n.º 31 (1977), págs. 124-127.
«En el arte, como en otros campos, el triunfo del Movimiento
no supuso una auténtica ruptura... Simplemente, se puso
entre paréntesis lo ocurrido entre 1931 y 1936... Lo que ocurre en 1939 es que se establece una continuidad con los gustos más conservadores, que resultan potenciados, al tiempo
que cualquier tentativa de innovación queda ahogada o simplemente reprimida... Y no podemos olvidar el irreparable
vacío que se abre, por tantos desaparecidos durante la contienda y el gran número de exiliados... A partir de 1939, y
durante casi una década, todos se verán obligados a trabajar
en unas coordenadas tradicionales y académicas. Se enfatiza el lenguaje, no sólo en edificios oficiales, buscando la
imposible conexión con el pasado imperial, como reflejo con
ÍNDICE
665
la arquitectura nazi y fascista (Ministerio del Aire, Universidad
Laboral de Gijón), sino en casas de viviendas para las clases
acomodadas, que se rematan con simbólicas cúpulas y ornamentan con elementos de los órdenes clásicos.
Cierta pintura, sobre todo, gozará de gran atención. Hay un
dinero fácil, el de los nuevos ricos surgidos o potenciados por
el Régimen, que comprarán las estampas para calendarios
que venían a ser los cuadros de Sotomayor, Benedito y tantos otros. Al igual que los arquitectos, los pintores y los escultores frenaron sus impulsos renovadores..., y se lanzaron a
un arte adocenado o a un realismo cuando menos miope...
No hablemos de las enseñanzas que se impartían en las
escuelas: Picasso provocaba risas, y los maestros de una
moderada modernidad que se habían afianzado en la preguerra, una mirada compasiva, si no el ataque frontal»
CORREDOR-MATHEOS, J.,
«Introducción a cuarenta años de actividades artísticas»,
en Tiempo de Historia, Especial, n.º 62 (1980), págs. 182-183.
«El cine ha de ponerse al servicio del Estado para cumplir los
fines que le son particulares, dentro de las normas y consignas del Movimiento... En una gradación de valores podríamos
ÍNDICE
666
decir que es necesario incorporar al cine: Primero, el sentido
católico tradicionalmente español que se traduce en el acatamiento al dogma y en el respeto, defensa y elogio de los principios religiosos y fundamentos morales que deben regir y
cimentar la vida española... Segundo, el sentido político del
movimiento de forma que en toda película, cualquiera que
sea su argumento, se aliente el espíritu auténticamente español que ha de saber reflejarse en los distintos modos de reaccionar o de conducirse ante los problemas humanos que se
planteen… He aquí, en breves rasgos, lo que yo creo que
debe ser el cine español»
Declaraciones del Delegado Nacional de Propaganda,
Manuel López Torres, en 1942,
cit. en FONT, D., Del azul al verde. Barcelona, Avance, 1976.
Actividad 11
«La escasez de productos alimenticios que sufrió España
tras la guerra civil fue quizás, por encima de cualquier otra
carencia en los distintos sectores económicos, el asunto que
más preocupó tanto a las autoridades como a la gran masa
de la población, que soportó ya no sólo la poca cantidad de
comida sino también la mala calidad de ésta. El hambre
marcó hasta tal punto la vida de los españoles que incluso se
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667
ha llegado a hablar de «estómagos militarizados» y del sistema de racionamiento de alimentos como mecanismo de control político de la población...
Pero si esta precariedad existió en todo el Estado español,
fue mucho más intensa en las zonas no productoras, sobre
todo en ciudades que, como Alicante, Barcelona o Madrid, no
dispusieron de provincias que les suministrasen los alimentos
básicos siquiera en cantidad mínima. Fue aquí donde más
escaseó la comida, donde los alimentos no intervenidos
subieron más sus precios y, sobre todo, donde fueron a parar
buena parte de los productos básicos que eran comercializados en el mercado negro..., en función de él, se intensificaron
las diferencias entre las clases privilegiadas y menos favorecidas gracias al recurso del mercado negro»
MORENO FONSERET, R.,
«Racionamiento alimenticio y mercado negro en la postguerra
alicantina», en Guerra Civil y franquismo en Alicante. Alicante,
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1990, págs. 121-122.
«La majoria dáutors coincideixen en una primera característica bàsica: el protagonisme de láparell polític franquista en
la determinació de la política econòmica, que, naturalment,
no suposava la marginació dels interessos dels grups socials
ÍNDICE
668
més poderosos. Un altre tret característic acceptat de forma
general és la plena restauració del poder econòmic de les
classes tradicionalment dominants...
El col.lapse del comerç exterior va ser un element essencial
de léstancament econòmic dels quaranta ja que léconomia
espanyola mantenia, des de línici de la industrializació del
segle XIX, una forta dependència de léxterior tant pel que fa
a matèries primes com a equipaments i innovacions tècniques..Des d‘aquesta perspectiva, i com han assenyalat diversos autors, la impossibilitat d‘aplicar una política realment
autàrquica va portar a una política ultraprotecionista que, en
suprimir la competència estrangera, va determinar la consolidació dún capitalisme gens competitiu, amb una estructura
industrial basada en empreses déscasses dimensions, poc
capitalitzades, amb maquinària antiquada i producció molt
diversificada, la qual cosa no estava en contradicció amb una
forta concentració del poder econòmic entorn de la banca»
MOLINERO, Carme i YSÀS, P.,
El règim franquista. Feixime, modernització i consens. Vic, Eumo
Editorial, 1992, págs. 38-45.
«El plan de estabilización y liberalización de 1959 así la tercera gran etapa de la economía española durante el franÍNDICE
669
quismo: la que abarca todo el decenio de los años sesenta y
se prolonga hasta 1973.
Por lo que se refiere a los factores impulsores de los prósperos sesenta, nada nuevo cabe señalar. Como en 1951 y en
1957, la economía española va a mostrar, tras las medidas
del verano de 1959 y de los meses posteriores, una extraordinaria capacidad de asimilación de las favorables condiciones del mercado internacional… Y, el proceso de acumulación y crecimiento se va a ajustar, hasta el comienzo de los
años sesenta, al esquema dominante en la escena de los países de la OCDE…energía barata…; favorables precios relativos también de las materias primas y de los alimentos;
ampliadas posibilidades de financiación exterior; adquisición
de un mercado internacional expansivo de la tecnología…y
abundantes disponibilidades de una mano de obra (las dos
grandes reservas son la población agraria y la población
femenina»
GARCÍA DELGADO, J.L., El País. Extra, 3 de diciembre de 1992.
Actividad 12
«Tras un decenio de «congelación» económica y social, los
años cincuenta son testigos de una alteración profunda de la
estructura del país... La producción agrícola experimenta un
ÍNDICE
670
notable salto en 1951, para quedarse luego prácticamente
estancada... La producción industrial, por su parte, experimenta un rapidísimo crecimiento a partir de 1950... el trasvase de mano de obra de la agricultura a la industria provocó
que los salarios industriales crecieran menos rápidamente
que los salarios agrícolas, lo que permitía a la industria incrementar el ritmo de la producción sin incrementar los costes
unitarios del trabajo. Asimismo, este proceso tendía a incrementar la capacidad de compra del mercado nacional y,
especialmente, a estabilizarla»
CLAVERA, J. y otros,
Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (19391959). Madrid, EDICUSA, 1978, págs. 220-223.
«El primer año de crecimiento elevado fue 1950, y los dos
siguientes confirmaron la tónica apuntada. También en 1950
se superó por primera vez el máximo de preguerra.
Tras el parón de 1953 vinieron cinco años de crecimiento
moderadamente alto. En conjunto los ocho primeros años de
la década de los cincuenta presentan un balance muy positivo. Si ello es fruto de la recuperación del potencial económico de preguerra, del favorable entorno internacional o de la
eficacia del nuevo régimen es harina de otro costal. Dos
ÍNDICE
671
observaciones pueden situar el problema. En primer lugar,
España no disfrutó del enorme crecimiento que vivieron la
mayor parte de los países europeos occidentales entre 1945
y 1950..., sino que el proceso vivido fue el contrario. La posguerra fue un largo período de crecimiento lento. Sólo cuando los demás países volvieron a la normalidad –y ésta resultó ser una expansión económica sin precedentes– España
empezó a crecer... los años 1950-58 pueden considerarse los
de recuperación del nivel de producción alcanzable bajo las
restricciones de una economía cerrada y corporativa... El
quinquenio 1958-1962 sufre una clara reducción del ritmo de
crecimiento. Son los años del Plan de Estabilización. Se frena
el crecimiento con la esperanza de reorientarlo y conseguir
que tenga una fundamentación más sólida. Y de hecho el
Plan tiene pleno éxito.
A partir de 1962 se suceden doce años de crecimiento ininterrumpido... Si bien todos los sectores e industrias crecen, el
principal impulso del crecimiento procede de la industria eléctrica y de la siderurgia...
...Con el despegue industrial de 1962-74 concluye la revolución industrial en España y el fenómeno mucho más amplio
que denominamos industrialización... Es bastante significativo que los problemas que se plantea España desde 1974
sean por primera vez muy parecidos a los del resto de la
ÍNDICE
672
Europa Occidental (con todas las reservas debidas a la distancia que las separa)»
CARRERAS, Albert, Industrialización española: estudios de historia cuantitativa. Barcelona, Espasa-Calpe, 1990, págs. 50-53.
«[Conclusiones sobre la evolución de la política económica
del franquismo de 1959 a 1973:]
1. La eficacia «interna» del gran programa aplicado en julio
de 1959... fue muy sustancial...
2. A partir de estos primeros efectos positivos arranca la onda
de la gran expansión capitalista 1961-65-66: sus características son el crecimiento productivo intenso, la ola inversora
bien pronunciada, la tasa de beneficios pujante, el empleo
industrial y terciario en marcha con la consiguiente migración
urbanizadora intensa...
3. Paralela al hecho señalado y en conexión con él la reforma
institucional, en el sentido obvio de mayor coherencia del
marco con un nuevo desarrollo capitalista...
6. No abordar las reformas pendientes para la modernización
capitalista se explicaba por su inviabilidad política dentro del
sistema... La incidencia del declive político de Franco en el
sentido de su baja actividad por senilidad es un factor que
ÍNDICE
673
hemos considerado importante en esta prolongada inhibición
de casi una década»
ROS HOMBRAVELLA, Jacint,
Política económica española (1959-1973).
Barcelona, Blume, 1979, págs. 58-60.
«Un legado ambivalente en más de un sentido: durante los
dos últimos largos decenios del franquismo, el crecimiento
económico fue importante tanto en términos absolutos como
en términos comparados con cualquier periodo precedente
del proceso de industrialización; y sin embargo, no fue en
absoluto excepcional en el mapa de las economías occidentales de la posguerra…las transformaciones en la estructura
productiva se hubieran realizado con menos costes sociales
y también más consistentemente, sin dejar tantas junturas
deficientemente soldadas como el impacto de la crisis de
mediados de los años 70 pondrá de manifiesto. Sin olvidar, en
todo caso, que el régimen franquista acababa imponiendo por
su propia naturaleza y entidad límites insuperables para
determinados cambios económicos institucionales (en el
campo del sector público, en el de las relaciones laborales, en
el sector exterior, entre otros)»
GARCÍA DELGADO, J.M.,
El País. Extra, 3 de diciembre de 1992.
ÍNDICE
674
«Ese crecimiento acelerado (del que los planes de desarrollo
fueron simplemente una especie de megafonía publicitaria),
permitió, a su vez, la elevación de los niveles de consumo, y
contribuyó a dinamizar a la sociedad española por el triple
impulso interrelacionado, de la industrialización, del éxodo
rural, y de la brutal urbanización con la larga fase transitoria
del chabolismo. Ese crecimiento tuvo costes sociales muy
elevados que la propaganda desarrollista siempre ocultó:
desequilibrios sociales e interregionales acentuados, que se
hicieron ostensibles en ricos más ricos, en el hacinamiento de
los inmigrantes en las zonas suburbiales de las grandes ciudades, en el éxodo masivo a la Europa comunitaria, en el
despoblamiento de comarcas enteras. La sociedad tradicional
saltó hecha trizas, sin que por ello se entrara en una modernización profunda. Pero lo más importante en el devenir histórico…es que el proceso de crecimiento acelerado…empezó a cambiar a la sociedad española, aumentando en paralelo las muestras de rechazo contra un régimen político que
cada vez resultaba técnicamente más anacrónico»
TAMAMES, Ramón, El Mundo. Especial, 2 de diciembre de 1992.
ÍNDICE
675
Actividad 13
Población ocupada por sectores económicos (en %)
primario
secundario
construcción
servicios
1930
45,51
21,30
5,21
27,98
1940
50,52
16,97
5,16
27,35
1950
47,57
19,91
6,64
25,88
1955
42,10
24,67
6,28
26,95
1960
41,70
25,27
6,53
26,50
1965
33,20
28,25
7,25
31,30
1970
29,10
28,83
8,47
33,60
1975
21,46
27,75
10,49
40,30
1980
18,51
27
11,31
43,18
Fuente: Elaboración propia a partir de INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
ÍNDICE
676
Saldos migratorios por comunidades autónomas, 1941-1980
(en miles)
Comunidades Autónomas
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
-232,5
-568,5
-792,6
-305,5
Aragón
-0,5
-67,6
-34,3
-21,9
Asturias
-2,2
2,2
-31,3
6,9
Baleares
4,4
2,5
78,7
70,9
Canarias
-22,2
-6,3
-0,1
47,5
Cantabria
-14,1
-26,3
-14,5
-0,2
Castilla y León
-99,8
-349,3
-185,2
-229,5
Castilla-La Mancha
-95,6
-294,1
-458,4
-179,7
Cataluña
258,8
469,8
720
780,4
62
76,2
302,7
244,3
-25,1
-174,6
-378,2
-170,3
-111,4
-227,3
-229,1
-39,6
Comunidad Autónoma de Madrid
275,5
411,7
686,6
324,8
Comunidad Autónoma de Murcia
-48,5
-71,2
-101,7
4,6
Navarra
-16,8
-20,5
18,5
2,4
País Vasco
35,8
152,3
256,1
41,7
La Rioja
-8,3
-21,1
-12,5
3,3
Andalucía
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Fuente: Elaboración propia a partir de I.N.E. Movimientos de población.
ÍNDICE
677
Paro registrado, 1940-1980 (en miles)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1944
1942
1940
Emigración española a Europa (1960-1976)
250000
200000
150000
100000
50000
0
1960
1962
1964
Totalemigración permanete
ÍNDICE
1966
1968
1970
Temporal (Francia)
678
1972
1974
1976
Total emigración
Evolución de la población, 1930-1980 (en miles)
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1930
ÍNDICE
1935
1940
1945
1950
1955
679
1960
1965
1970
1975
1980
1 Esta Unidad Didáctica forma parte del Proyecto De la Dictadura a
la Democracia. Franquismo, Transición y Consolidación
Democrática. Dicho Proyecto fue premiado y becado por la
Conselleria dÉducació i Ciència como proyecto de desarrollo curricular en 1995.
2 Como ya hemos indicado anteriormente, en su origen la Unidad
Didáctica abarcaba cronológicamente el periodo comprendido entre
1939 y nuestros días. Debido a razones de espacio, y al título de
esta aportación, dejamos fuera la «Oposición democrática a la
Dictadura», que se integra en el núcleo de contenidos La recuperación democrática.
3 Gibraltar o campañas contra Europa. Manifestaciones de apoyo a
Franco en la Plaza de Oriente.
ÍNDICE
680
Apéndice: los testimonios orales y la enseñanza de la historia
Apéndice: los testimonios orales y la enseñanza de
la historia
e propongo en este trabajo ofrecer una muestra de
las posibilidades que las Fuentes Orales proporcionan a cualquier investigador relacionado con la
Historia Contemporánea y, especialmente, a los especialistas
del llamado Tiempo Presente. Entiendo que la utilización del
testimonio como fuente de investigación no nos convierte a
sus practicantes en historiadores orales, porque sería una
suerte de fundamentalismo metodológico que no conduce a
ningún sitio. Por ello, considero preferible hablar de fuentes
orales, y no tanto de Historia Oral, como alternativa de una
historia convencional realizada sobre la base de fuentes
escritas. Si se piensa en una investigación acerca del
Franquismo, de la Transición o de las décadas de los ochen-
M
ÍNDICE
681
ta o noventa en un marco geográficamente limitado, como
pueda ser el de una ciudad o una provincia, rechazar por
principios la Fuente Oral como una herramienta más parece
poco inteligente. Otra cosa es la falta de costumbre, porque
tampoco se requiere ni una gran experiencia como entrevistador, ni la realización de un master ad hoc (nota 1).
Simplemente basta con la búsqueda de informantes a partir
de la documentación escrita o de la bola de nieve (unos informantes conducen a otros nuevos), un par de grabadoras para
que el testimonio quede bien registrado, paciencia para transcribir y, finalmente, incorporar la fuente oral, junto al resto de
la documentación utilizada, al relato histórico. Tengo la impresión que, así consideradas, a las Fuentes Orales no le deben
quedar muchos detractores. Probablemente, al que no le convenza será más por comodidad que por cualquier otra razón.
Es verdad que el historiador metido a entrevistador se convierte en un competidor de otros asaltantes callejeros, tales
como testigos de Jehová, agresivos agentes de seguros,
encuestadores telefónicos perversos y otras muchas formas
de alterar la privacidad de las personas. Es, por tanto, un trabajo denso, con el que se aprende a escuchar, a respetar opiniones (en ocasiones poco respetables, del tipo «Hitler era un
patriota») y con el que, sin lugar a dudas, se enriquece enorÍNDICE
682
memente el conocimiento histórico, con la ventaja añadida de
la creación, en el transcurso de la investigación, de una nueva
fuente de conocimiento y de nuevos archivos. Los límites de
las Fuentes Orales son, huelga decirlo, puramente biológicos.
Los testimonios que se recogen aquí fueron grabados entre
1984 y 1992 y la mayor parte de los informantes ya han fallecido. A la altura del siglo en la que nos encontramos, la II
República y la Guerra Civil son etapas históricas cada vez
más agotadas porque encontrar personas que tuvieran protagonismo en aquellos años (y que estén físicamente en condiciones de contarlo) resulta cada vez más complicado. Nos
queda, pues, la posibilidad de investigar el Franquismo y con
no demasiadas posibilidades para los primeros años del régimen: alcaldes, concejales, profesionales diversos, opositores
al régimen y un largo etcétera son, y por poco tiempo, los testimonios más urgentes.
1. La experiencia personal, por si pudiera servir
En mi caso, como tantos otros, oí hablar por vez primera de
Historia Oral y de Fuentes Orales a partir de la publicación en
1979 del libro de Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo
a otros. Aquella lectura (inolvidable) y las posteriores del propio Fraser, de Paul Thompson, de Mercedes Vilanova, de la
ÍNDICE
683
revista Historia y Fuente Oral y de tantos otros (nota 2) me
convirtieron no solamente en un defensor del uso de las
Fuentes Orales, sino en un ferviente y doble practicante,
tanto en mi labor docente como en la tesis doctoral que preparé sobre la represión de guerra y posguerra en la provincia
de Alicante. Si después de haber realizado más de un centenar de entrevistas sigo defendiendo la utilidad de las Fuentes
Orales, me parece esencial recordar, de acuerdo con el profesor Juan Martínez Leal (nota 3), que las Fuentes Orales no
tienen sentido sin un trabajo previo con las fuentes tradicionales del historiador, tanto archivísticas como hemerográficas. Son, ciertamente, un camino de ida y vuelta: las fuentes
escritas llevan a las fuentes orales y éstas, de nuevo, a aquéllas.
Desde el punto de vista docente, como profesor de
Enseñanzas Medias, primero, y como profesor universitario,
después, he propuesto, siempre que me ha sido posible, a
mis alumnos que hicieran algún trabajo con Fuentes Orales,
preferiblemente con familiares cercanos. Escuchar y grabar
varias horas a las abuelas primero y a los abuelos después,
y por este orden porque es costumbre que el alumno (e incluso la alumna) considere que su abuelo tiene «más historia»
que su abuela, me ha parecido siempre un procedimiento efiÍNDICE
684
caz para llamar la atención sobre la evolución de las mentalidades, del trabajo, de la condición de la mujer, de las enfermedades, de las vivencias políticas, de la educación y la cultura y otras muchas cuestiones que pueden ser así analizadas no solamente en el contexto general que permite el aula
sino en el más cercano al propio estudiante. Creo que mientras trabaje en la enseñanza de la Historia no dejaré de recomendar la experiencia y, en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, son ya numerosas las investigaciones realizadas
a partir de las Fuentes Orales. Si se mantiene una mínima
continuidad, los centros educativos y los archivos municipales pueden contar con fondos orales y documentales (todo el
material al que se accede a través de las entrevistas: fotografías, memorias y documentos de todo tipo) de enorme valor.
En estas tierras merece la pena destacar un esfuerzo realizado por un buen grupo de historiadores que consiguió poner
en marcha, bajo los auspicios del Instituto de Cultura Juan Gil
Albert, un archivo provincial de Fuentes Orales al que fueron
a parar las cintas magnetofónicas, las transcripciones y todo
el material documental y fotográfico resultante de investigaciones diversas, relacionadas con la II República, la Guerra
Civil, la posguerra, los movimientos migratorios y el
Movimiento Asambleario de la Transición. El archivo nació a
ÍNDICE
685
finales de 1991 y fue completando un fondo que superó las
250 entrevistas con más de 350 horas de grabación (nota 4).
Pero, como suele suceder por estos pagos, con el cambio
político y la llegada a la Diputación del Partido Popular, los
nuevos responsables del Instituto de Cultura Juan Gil Albert
debieron considerar que las Fuentes Orales es cosa de gente
de poco fiar (o al menos de personas que no tienen aspecto
de centro) y pusieron fin a la continuidad de los proyectos y
del propio archivo. Por las informaciones que tengo, no solamente no se ha potenciado ni un sólo proyecto de investigación, sino que se ponen trabas a la hora de poder consultar
el material cedido por los investigadores, precisamente, con
ese exclusivo fin. Pero hay que ser optimistas: al menos por
ahora no han quemado las cintas magnetofónicas y el que
más y el que menos tiene copias de seguridad en su casa.
Visto, pues, el apoyo de nuestras instituciones culturales, fue
necesaria la puesta en marcha de un nuevo mecanismo que
pusiera en contacto a investigadores relacionados con las
Fuentes Orales. Nació así, en 1997, AVIFOR, la Asociación
Valenciana de Investigadores con Fuentes Orales, vinculada
al departamento de Humanidades Contemporáneas de la
Universidad de Alicante y con representantes del conjunto de
la Comunidad (nota 5).
ÍNDICE
686
2. Fuentes orales y represión de guerra en Alicante
Como investigador, al centrarme en un aspecto específico de
la guerra y posguerra españolas, como fue el de la represión,
tuve ocasión de entrevistar a un buen número de personas a
lo largo de la provincia. Como es lógico, la selección de informantes se produce a partir de las fuentes escritas, en el caso
al que me refiero, de los informes de la Causa General, de la
prensa, de la documentación de los archivos municipales, de
los partidos políticos y sindicatos y de mil maneras diferentes.
A partir de ahí, un testimonio suele llevar a otro. En un asunto como el de la represión, complejo, relacionado con un
momento histórico excepcional y que suele dejar (en uno
como en otro bando) las menos pistas documentales posibles, las fuentes orales ayudan a superar la mera cuantificación y añaden, en muchos casos, una información de enorme
valor histórico. Veamos, a modo de ejemplo, cómo los testimonios ofrecen respuesta a algunas cuestiones relevantes y
de qué forman enriquecen el conocimiento de aspectos sobre
los que, en la mayor parte de los casos, no existe documentación alternativa.
Los prolegómenos de la guerra: el 20 de febrero de 1936
«El 20 de febrero de 1936 yo me encontraba en el cementerio enterrando a un abuelo mío al que, por cierto le habían
ÍNDICE
687
dado una paliza. Desde allí pude observar la humareda
inmensa que produjo la quema de iglesias y otros edificios. Al
día siguiente me fui de Elche (...)»
(Bruno Rodríguez Sánchez, falangista. Elche, 21 de abril de 1986)
«Desde mi casa lo vi todo: los tiros del teniente de asalto, ahí
en la esquina y los guardias de asalto que se dejaron los fusiles aquí al lado por no matar a la gente. La paliza que le pegaron al teniente Toni, un hombre de 70 años que luego sería
de los 17 fusilados. ¡Unos chicuelos de 18 ó 20 años pegando una paliza a un hombre de 70 años! Quemaron la
Tómbola. Pasó la manifestación en plan pacífico y había dos
piquetes con la consigna de que cuando llegara a la Glorieta
empezar. Recuerdo que uno de aquí de Elche, cuyos hermanos son todos amigos míos y a sus chiquillos los he operado
a todos y los aprecio, pero aquel hombre, la cosa política del
momento, la borrachera de los comunistas de entonces, ahí
en la verja de la Glorieta dijo: ‘¡Camaradas! No tengáis prisa,
calma, aquí no tiene que quedar na’. Así lo hicieron, quemaron todas las iglesias, El Radical que estaba en lo que hoy es
el Casino, Acción Católica y la CEDA, donde está hoy la joyería Mancheño, la Acción Cívica de la Mujer que ocupaba el
ÍNDICE
688
edificio del antiguo Casino. Una verdadera masacre. Todo eso
fue el 20 de febrero, jueves. Inolvidable (...)»
(Francisco Galán Giner, falangista. Elche, 7 de octubre de 1989)
«El famoso 20 de febrero lo viví intensamente. Aquel día la
Guardia de Asalto estaba indecisa después de los incidentes
que provocó su teniente Sánchez Meseguer. Manuel
Rodríguez quiso hablar con ellos para que se pusieran junto
al pueblo. Me dijo que fuera con él y vino también Carmen
Juan. Rodríguez sacó un pañuelo blanco y los guardias dejaron de apuntarnos. Habló con los sargentos y salió el hermano del teniente y preguntó por él. Rodríguez le contestó que
estaba vivo aunque merecía estar muerto por lo que había
provocado (...). De allí nos fuimos tranquilos pero al llegar al
convento de las Clarisas vimos a un grupo de hombres y
mujeres frenéticos que querían quemar el convento. Manuel
Rodríguez me dijo que tratara de evitarlo. Entretanto, me
encontré con uno de los heridos de la Glorieta con los intestinos fuera, diciéndome que le vengara. En la plaza de
Mariano Antón estaba la gente gritando enfervorecida.
Conseguí introducirme y vi a la portera pálida a la que la
gente le pedía las llaves para prender fuego al edificio.
Llevaba una cesta con llaves, vírgenes, escapularios y rosaÍNDICE
689
rios. Les dimos las llaves y se fueron. Yo no creo en los milagros pero aquello bien lo parecía. Le pregunté a la portera por
las monjas, entré y las vi rezando. Cerré la puerta y les dije
que salieran. Salieron siete monjitas. Me asomé y no había
nadie. Yo conocía a Galán, que tenía una oficina muy cerca y
allí las llevé. Aquel hombre me dijo que no le complicara pero
le amenacé y le forcé a que las dejara estar en su casa. Yo
llevaba una detonadora para hacer ruido y supongo me sirvió
en aquellos momentos (...)»
(Francisca Vázquez Gonzálvez, socialista.
Elche, 1 de marzo de 1986)
«Recuerdo el 20 de febrero de 1936. Hubo una manifestación
en la que yo iba y al pasar por la puerta de lo que se llamaba el ‘Centro de Caballeros’ de la calle Mayor –Acción
Popular–, algo que por cierto me achacaron luego a mí, en mi
expediente, algo que presencié pero en lo que no participé.
Resulta que se tiraron cuatro piedras, se rompieron los cristales pero no hubo más, ni asalto ni nada (...)»
(Vicente Escudero Esquer, socialista.
Orihuela, 8 de agosto de 1991)
ÍNDICE
690
La aparición de Falange Española y el trasvase masivo de
militantes de la JAP a Falange tras la derrota electoral de la
derecha en febrero de 1936
«Con anterioridad a las elecciones de 1933 ingresé en las
Juventudes de Acción Popular (JAP). Aquí en Elche la JAP
era la organización juvenil de Derecha Ilicitana. Éramos un
centenar de afiliados, al margen de las mujeres que formaba
su propio grupo. El presidente de la JAP era Pepe Maciá. Mis
razones para militar a los 16 años eran de índole religiosa.
Como católico creí que ése era el lugar en el que debía estar.
Recuerdo que nos reuníamos en el local de Acción Católica,
local que fue quemado el 20 de febrero de 1936 (...).
Precisamente a partir del 20 de febrero y ante el panorama
de una derecha destruida, la gente de la JAP pasamos casi
en bloque a Falange. Creo que con anterioridad a esta fecha,
Falange en Elche contaría con un escaso número de militantes. Quizá unos 50, pero desconozco la cifra porque, por lo
demás, estaba organizada clandestinamente. Ni tan siquiera
puede hablarse de que hubiera jefes (...)»
(Bruno Rodríguez Sánchez, falangista. Elche, 21 de abril de 1986)
ÍNDICE
691
«Ingresé en Falange poco después del 20 de febrero de
1936, cuando se pasó a Falange la mayoría de la gente de la
JAP, algunos requetés (por ejemplo Alfredo y Pepe Tormo) y
otros sin militancia anterior. En total poco más de un centenar. Así que a partir de esa fecha funcionó en Elche una centuria organizada en escuadras de 4 a 6 militantes (...)»
(Fernando Campos Sánchez, falangista.
«Antes de la guerra, la verdad es que en Alicante éramos
unos 90 falangistas. Falange su fundó en Alicante en 1933
con un triunvirato formado por Francisco Vidal Quereda,
Francisco Maestre Bernabeu -que vive– y el tercero era José
María Maciá, el hermano de ‘El pollo’. El que organizó
Falange fue el padre de don Luis Romero, el que fue secretario general del Gobierno Civil. Se llamaba Pascual Romero
Ors. Éste fue el que reunió a la gente en un piso de la calle
Italia, donde vivía don José Bohigas. Yo estaba con los estudiantes católicos cuando ingresé en Falange y tenía compañeros en Falange, en la FUE o en las Juventudes Anarquistas
y nos llevábamos todos muy bien. Me afilié en 1933 y la familia de Bohigas y todos los Maestre (Genoveva, que luego
sería condenada a muerte; Francisco; Juana y Juan, que fue
ÍNDICE
692
oficial del Ejército Nacional). Los padres de éstos venían a
casa todos los días y a mí me afilió Francisco Maestre, que
ahora vive en Zaragoza. Creo que llevaba todavía pantalón
corto porque nací en 1918. Tenía 15 años. Antes de lo de
Falange nos habíamos afiliado a las JONS. Cuando nos presentaron la ficha se nos preguntaba cosas como si sabíamos
subir en moto y si nos gustaría, si sabíamos y queríamos conducir, si nos gustaban las armas... Esto era atractivo para los
jóvenes (...)»
(Agatángelo Soler Llorca, falangista. Alicante, 19 de abril de 1990)
«En la guerra nos incautaron la fábrica y a mi padre le metieron en la cárcel. Yo estaba estudiando peritaje entonces tras
haber terminado el bachiller (...). Milité en la JAP a los 15
años porque todos mis amigos estaban allí. Pero fue una
cosa de amigos, de ir los domingos al baile que se hacía allí
(...). Cuando llegó la guerra, el mero hecho de ser estudiante
te convertía en un fascista. Falange se formó en Jijona a través de Alicante. Hubo gente que fue a ver a la cárcel a José
Antonio (...)»
(Fernando Galiana Carbonell, falangista.
Jijona, 23 de agosto de 1991)
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693
«Aquí se formó una milicia falangista con el barón de la Linde
como jefe. A éste lo fusilaron en guerra en Alicante y la familia no quiso que se trasladara el cadáver a Orihuela. Organizó
Falange en Orihuela a base de meter a un montón de huertanos de Molins, como ganado. Creo que en el juicio contra el
barón varios falangistas de Orihuela le echaron todas las culpas a él y por ello, cuando terminó la guerra, la familia se
opuso al traslado a Orihuela. Senén era el hombre de confianza del barón. A estos falangistas, señoritos con pistola,
los únicos que les podían plantar cara eran las Juventudes
Socialistas, las únicas que estaban organizadas. Recuerdo
que los huertanos de Molins vinieron a declarar a la Comisión
de Orden Público, más de doscientos huertanos, que estaban
en las fichas de Falange y que la mayoría no sabían ni lo que
era aquello. Con la irrupción de Falange en 1936 la tranquilidad terminó (...)»
La búsqueda incesante de armas por parte de falangistas de
Alcoy, Elche o Callosa del Segura. Empresarios alcoyanos
que financian a grupos falangistas o falangistas ilicitanos que
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694
marchan a Francia en busca de armas. Anarquistas alcoyanos que sortean semanalmente «pipa y tabaco»
«Íbamos a Callosa del Segura a traer sellos de José Antonio
y se recogió dinero de fabricantes para comprar armas. Creo
que se consiguieron 70 u 80 pistolas ‘T. Unión’. Para ello fueron a Francia Vicente Asencio Torres, Manuel Ruiz Bru y
Santiago Canales en un taxi. Posteriormente, Antonio Gras
se encargó de repartirlas escondiéndolas en un capazo de su
bicicleta. Recuerdo que en casa de José Serrano era donde
más pistolas había. Se hizo por razones de seguridad, puesto que tuvimos que escondernos y desaparecer de Elche.
Nos llamaban ‘pandorgos’ o ‘fachas’(...)»
«Compramos 100 camisas azules en Málaga y fuimos por
ellas a la estación. No teníamos una perra. Algún industrial
nos dio dinero como Roque Monllor que era dueño de un
tinte. Fui uno de los que fue a ver a este señor. Le dijimos
queríamos salvar a España. El nos contestó: ‘¿A salvar
España ustedes? Tomen y que Dios les proteja’. Aquello fue
una aventura juvenil. Hoy procederíamos de otra manera (...)»
(Rafael Coloma Payá, falangista. Alcoy, 8 de julio de 1989)
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695
«En el Centro de Estudios Sociales, antes de la guerra,
semanalmente se hacía una rifa que sin disimulos se decía
que consistía en una ‘pipa y tabaco’. En el argot ácrata una
pistola y munición. Tal vez esas fueron las verdaderas armas
con las que se contó después del 18 de julio de 1936.
Tengamos presente que con estas pistolas que casi todas
eran del calibre 6,65 ó 7,65 se tenía que hacer frente a una
sublevación (...)»
(Mario Brotons Jordá, cenetista. Alcoy, 7 de agosto de 1987)
Las innumerables visitas (auténticas romerías) de falangistas
a José Antonio Primo de Rivera. Y algunas propuestas poco
menos que estrambóticas realizadas al fundador de Falange
«En el mes de abril fui a ver a José Antonio en la cárcel.
Utilicé el nombre de un periodista de Blanco y Negro de
Madrid para que no constara mi nombre. Fuimos 3 ó 4 a verle.
Nos dio muchos ánimos y estaba enterado. Estuvimos con él
5 ó 10 minutos. Y fuimos nosotros a liberarlo, aunque de esto
no se ha ocupado más que una revista que se llamaba
Domingo, editada en Zaragoza. Me hicieron una mala pasada. En Alcoy estaba el cuñado de Gómez Soler –que aún
vive–, que puso el coche y él mismo conducía. También
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696
Gómez Soler. Yo llevaba una pistola ametralladora envuelta
en un papel de confitería por las calles de Alcoy. Cuando llegamos a las afueras, me dijo Gómez Soler: ‘Coloma, tu ahora
eres la víctima. Hemos salido de Alcoy tres personas. Si nos
han seguido saben que somos tres y, si Dios quiere, volveremos de Alicante tres personas. Así que bájate y vuélvete a
Alcoy’. Me bajé y entré en Alcoy por la parte alta. Fueron
Gómez Soler y su cuñado a la Cárcel Provincial a sacar a
José Antonio para ponerlo al frente del Alzamiento. Faltarían
unos días. Les dijo que no quería salir, que saldría a su hora
(...)»
(Rafael Coloma Payá, falangista.
Alcoy, 8 de julio de 1989)
«Después comenzamos a preparar la Marcha sobre Madrid,
con las instrucciones que recibíamos de Alicante o de
Madrid. Nuestro jefe era Antonio García Llácer. Sobre aquello
faltaba la fecha y luego se desconvocó, pero mientras, invertimos seis o siete mil pesetas en alimentos para la gente que
tuviera que ir en camiones. Eso se perdió (...)»
(Rafael Coloma Payá, falangista. Alcoy, 8 de julio de 1989)
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697
La connivencia entre militares y falangistas tanto en Alcoy
como en Alicante a la hora de participar en el golpe, pero
también la falta de coordinación entre unos y otros. Los reproches falangistas a los responsables militares de una y otra
ciudad
«Camilo Candela era teniente de infantería. A este hombre le
faltó pegarle un tiro al coronel, privó en él la ordenanza, porque era un tío cojonudo. Había un teniente coronel en Alcoy
que mataron en Alicante en la saca de los 52 por un bombardeo que hubo en Alicante. Se dio el caso chusco que
luego lo citaron a juicio. Candela falló porque donde hubo una
guarnición y hubo un tío que pegara un tiro, ahí ganaba
España. En Alcoy falló. Teníamos Albacete y si Alcoy se
hubiera levantado, habría que ver que hubiera pasado en
Valencia. Porque en Alcoy cuando se veía a seis guardias
civiles montados a caballo, la gente se cagaba encima.
Mucho anarquista pero cuando no hubiera nadie enfrente.
Aquí no quedó ni guardia civil ni guardia de asalto, se los llevaron enseguida al frente (...)»
(Rafael Coloma Payá, falangista.
Alcoy, 8 de julio de 1989)
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698
«Los militares, cuando se reunían en los cuartos de banderas
decían ‘café’, que significaba Camaradas, Arriba Falange
Española, pero en Alicante no había conexión entre militares
y falangistas. Aquí seguíamos lo que decía José Antonio.
Cuando teníamos que recoger las armas en el Paseo de
Gadea fue días antes del 18 de julio de 1936»
(Agatángelo Soler Llorca, falangista.
Alicante, 19 de abril de 1990)
«Ingresé en el ejército el 1 de junio de 1931, voluntario. La
guerra me cogió en el Regimiento de Infantería de Alicante.
Presencié los fusilamientos de general Aldave, del teniente
coronel Ojeda, del comandante Sintes Pellicer, Meca Romero
y de los tenientes Robles y Pascual. Al estallar el Movimiento
era suboficial, estaba al mando de la guardia de la Cárcel
Provincial, donde estaban José Antonio, Margarita Larios y
Miguel Primo de Rivera. Por cierto, gracias a nosotros no
hubo allí una masacre, porque cada noche, alrededor de la
cárcel, se presentaba allí un centenar de tíos armados. Yo
estaba al mando de un pelotón y no me relevaron hasta septiembre de 1936, ya que al ascender me mandaron a
Segorbe, donde estaba la plana mayor del Regimiento. En
ese tiempo vi sacar gente de allí y aparecer los cadáveres en
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699
las cunetas. También presencié el fusilamiento de los 52 de la
Vega Baja (...). Yo no llegué a oír conversaciones sobre la
conspiración. Era cosa de los oficiales, pero sí vi lo que pasaba en las compañías días antes del 18 de julio. La tropa dormía con los fusiles y alguna vez el oficial de mando hacía formar la tropa y mandaba que los fusiles estuvieran cerrados y
a los pocos momentos los soldados volvían a cogerlos. De
sargentos para abajo, todos estaban de parte del Gobierno
(...)»
(Carmelo Hernández Cortés, militar. Alicante, 26 de abril de 1990)
La movilización política y sindical como respuesta al golpe de
estado del 18 de julio de 1936. La multiplicidad de poderes
municipales: Ayuntamientos, Consejos de Defensa, Comités
del Frente Popular
«En 1936 me afilié al Partido Comunista. Creo que lo que me
llevó a tomar esa decisión fue porque sus soldados eran los
más aguerridos y por el orden que el partido supo imponer. El
PCE formaba soldados de vanguardia. Había un ambiente
formidable en 1936. Quizá por ello la gente que se sublevó no
pudo con nosotros en los primeros momentos de la guerra.
Socialistas y comunistas nos llevábamos bien a principios de
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700
la contienda. Con la CNT nos soportábamos. Había un
Comité de Enlace PSOE-PCE (...)»
(Antonio Moll Máñez, comunista. Elche, 16 de junio de 1986)
«Las milicias en Elche se crearon como consecuencia de un
mandato socialista: una policía ‘cívica’ que recogía las armas
que tenía la gente de derechas, que controlaba las carreteras
y los puestos de vigilancia. Así empezó el Consejo Local de
Milicias con un miembro por cada una de las fuerzas del
Frente Popular. El presidente era yo. Se formó cinco días después de iniciada la guerra. Las armas –más de un centenar–
se fueron dejando en el Ayuntamiento y éste fue el armazón
que por la guerra el Ayuntamiento consideró que debía crearse. Ni la Guardia de Asalto ni la Guardia Civil nos merecía
confianza aunque luego se incorporaran. Ese Consejo de
Milicias instruyó militarmente a todos sus miembros. Su cuartel general estaba en lo que hoy es la Mutua Ilicitana. Unos
700 u 800 hombres y unas pocas mujeres como Rita García
en alimentación. Nos dedicábamos todas las tardes a ir a un
campo de fútbol donde se formaban secciones, compañías y
se hacían ejercicios de tipo militar: marcar el paso, ordenanzas (...)»
(Manuel Arabid Cantós, socialista. Elche, 19 de abril de 1986)
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«El papel de Manuel Rodríguez como alcalde es decisivo en
el tema de las muertes de la guerra, por la autoridad moral
que tenía en aquellos momentos. De no haber tenido Elche
un alcalde de su autoridad moral, porque se le respetaba
incluso por quienes no eran socialistas, si en la alcaldía
hubiera estado un pelele... Elche tuvo la suerte de tener a
Manuel Rodríguez y que a éste le sustituyera Juan
Hernández (...). Lo que se trató de impedir es que pudiera ir
gente al palacio de Altamira para pasear a la gente. Esto no
le interesaba al gobierno de la República, no le interesó
nunca. Tenías enfrentamientos y cosas con gente que venía
al Ayuntamiento diciendo que le habían matado a un familiar.
Claro que había una exigencia de sangre por quienes tenían
muertos en el frente. Al primer marido de mi hermana lo
mataron en el frente -se fue voluntario–. Venía gente: ‘¡Han
matado a mi hijo!... ¡A esos los mato!’ (...)»
(Juan Vives García, socialista. Elche, 11 de mayo de 1988)
Las detenciones del verano de 1936
«El seis de agosto detuvieron a mi padre -también farmacéutico– y entonces yo me enteré que si me encontraban a mí,
soltarían a mi padre. ¡Con 18 años y sin saber manejar un
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702
arma! Procuré quedarme quieto a pesar de que pude irme en
un barco, como se habían ido Felipe Bergé y otros. Se iban
desde la playa con patines. Así que me cogieron el mismo
seis de agosto y la cárcel era una fiesta, porque allí estaba el
Casino en pleno, todos los de Gil Robles, muchos falangistas,
toda la buena sociedad alicantina, los curas... A nadie le
entraba en la cabeza –al fin y al cabo Alicante tenía una mentalidad liberal– detener a don José Lamanié o a don Ramón
Bono, un hombre con un gran bigote blanco. Hasta que se
empezó a matar a gente. Yo tenía mucho miedo por mi padre
porque en los interrogatorios que me hicieron a mí nunca
negué que fuera falangista. No quería negarlo porque podía
confundirles con mi padre, al llamarse igual que yo. Además,
cuando me enseñaban sellos de Falange Española de cinco
pesetas, mi padre pagaba a los falangistas, a los carlistas, a
los monárquicos... el que no podía pagar era yo (...)»
El anticlericalismo como acto simbólico de afirmación antifascista. Los pueblos se incorporaban a la revolución quemando
sus imágenes religiosas. A partir de julio y agosto de 1936
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703
hubiera resultado poco menos que una provocación (y un
peligro) dejar una iglesia intacta
«Al principio de la República, había un periodiquito anticlerical que aquello era asqueroso, era una bazofia: La Traca. Me
acuerdo de una portada con un cura gordo quemando una
mujer y diciendo: ‘El fuego todo lo purifica’. Es decir, me la he
chafado y ahora la quemo»
(Francisco Galán Giner, falangista. Elche, 7 de octubre de 1989)
«Aquí en Dolores durante la guerra, en agosto de 1936, se
quemaron las imágenes de la Iglesia. Aquel día yo estuve trabajando en la huerta y recuerdo que por la noche fui todavía
sin cambiar de ropa a la casa en la que servía mi mujer y la
señora me preguntó ‘si nos habíamos divertido’. Yo le dije de
donde venía y ella se dio cuenta por el barro que llevaba encima. Hoy pienso que si me hubiera cogido en Dolores posiblemente hubiera participado, pero simplemente aquel día no
estuve (...). Sobre los golpes que recibió la imagen de la
Virgen de los Dolores, luego me enteré que uno que se le
conocía como ‘Guerrero’ cargado de copas se fue a ver a un
herrero a por un martillo. Fue ‘Guerrero’ solo el que rompió la
pared donde estaba guardada la imagen y el que la dañó.
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704
Había otro que estaba fuera y el cabo mirando. Cuando aquel
juez me dijo que se me acusaba de lo de la Iglesia y me trajo
a los dos que me habían denunciado, entre ellos el propio
‘Guerrero’, le dijeron al juez que habían firmado sin saber lo
que se decía en el informe y que yo no tuve que ver ni en lo
de la iglesia ni en lo del cuartel de la Guardia Civil de
Torrevieja (...)»
(Francisco Martínez Pérez, comunista.
Dolores, 17 de diciembre de 1986)
«Se quemaron los santos porque apretaban de otros pueblos
de los alrededores que ya los habían quemado. Venía gente
y nos preguntaba por qué no se hacía nada. Así que hicimos
una hoguera en la iglesia para que nos dejaran en paz. Pero
de saqueos de casas, nada (...)»
(Manuel Segura Berná, comunista. Albatera,
10 de diciembre de 1986)
Las sacas de las cárceles. No se elige al azar. La autorización
política por el Comité correspondiente
«El 28 de noviembre hubo un bombardeo y por la noche
comenzaron a llamar y sabíamos que iban a matarnos. Nos
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705
llamaron por lista y yo tenía que ir en el primer camión, pero
al querer matar a dos hermanos juntos, Alfonso y Federico
Soto Chapuli, o lo que fuera, lo que ocurrió es que no fui en
la primera tanda. Cuando volvió el camión, yo ya estaba
muerto y entonces me encontré en la cárcel, muerto (...). En
la saca del 29 de noviembre de 1936 se utilizó el camión del
Hércules. Se llenó una vez y luego volvieron a llenarlo, pero
comenzaron a oírse las sirenas porque continuaba el bombardeo y se llevaron a la gente a la Cárcel Provincial y ya no
mataron a más gente. También pudo influir la intervención de
los consulados en Alicante. Por mí, por ejemplo, se había
interesado el cónsul inglés y el consulado inglés había comunicado a Londres la matanza, porque no se trataba de los de
Callosa, que habían pasado por un juicio y un tribunal, sino
de un asesinato en masa de 52 personas (...)
(Agatángelo Soler Llorca, falangista. Alicante, 19 de abril de 1990)
«En la Cárcel Provincial aquella gente llegaba cada noche
para sacar a los presos de derechas y darles el paseo. Un
capitán me dijo que ni aunque fuera con una orden por escrito, si él no iba que yo no permitiera que se me relevara.
Estaba el pelotón que yo mandaba y otro de carabineros.
Había que poner dos centinelas en cada garita. También
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706
había Guardia Civil con una ametralladora para evitar el asalto, asalto que no se llegó a producir, al menos durante el tiempo que estuve allí. Era gente armada con fusiles, eran de la
FAI, comunistas... De extrema izquierda todos, algunos llevaban el pañuelo rojo y negro (...). Mi pelotón lo formaban 15
soldados, dos cabos, el corneta y el sargento al mando.
Luego habría 5 ó 6 Guardias Civiles y otros tantos de
Carabineros. Presos serían 300 o más. A José Antonio se le
veía pasar por un patio con Miguel y Margarita Larios. Tenían
un gato. Pero cuando lo fusilaron yo no estaba allí (...)»
(Carmelo Hernández Cortés, militar. Alicante, 26 de abril de 1990)
El paseo como resultado de la actuación de partidos y sindicatos: ni espontaneidad, ni incontrolados, ni turbas, ni violencia de las masas frentepopulistas. Como me contó un militante socialista ilicitano: cada partido o cada sindicato elegía
a quién matar y se encargaba directamente de la ejecución.
De ahí la presencia de vehículos municipales e, incluso, la
participación en ocasiones de guardias municipales en los
asesinatos. El paseo como exhibición del terror. Los cadáveres de las personas asesinadas (tonyines se les llamó en
Elche) no se esconden: se muestran en las cunetas de los
caminos, a la vista de todos.
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707
«Aquí en Elche los paseos tuvieron lugar siendo alcalde
Manuel Rodríguez Martínez, hasta el 18 de octubre de 1936.
Con su sustituto, ‘Cucaleta’ –Juan Hernández Rizo– no se
paseó a nadie. Aquel 18 de octubre mataron a mi padre,
Antonio Campos, a Arístides Botella, a Jerónimo Antón, a
José Mas y a Gaspar Quiles en la carretera de Aspe. Uno que
le llamaban ‘el tío cojo de las bicicletas’ pudo escapar tirándose a la cuneta, al igual que se salvó también Lorenzo
Quiles Boix. Aquella misma noche mataron en otro lugar al
padres de los Gomis ‘Carnases’. Sobre todo esto, Francisco
Sánchez Llebrés consiguió una lista que tenía en su poder un
comunista que le llamaban ‘Salud’(...)»
«En aquel verano de 1936, cuando se divulgaba la noticia de
que había algún cadáver en una carretera, se veía auténticas
romerías desde las fábricas para presenciarlo. Aquello fue
una epidemia de cretinismo. El razocinio no funcionó y los
verdugos eran gente insensible. Recuerdo que uno de ellos
era un hombre bajito que llevaba unas muñequeras con
balas. Era un matarife del Matadero Municipal. La gente de la
CEDA o de la JAP, de adversarios pasaron a convertirse en
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708
enemigos. Y la militancia les llevaba a la cárcel. Desde luego,
se vivió dentro de un miedo horroroso que hacía que la gente
que se sentía amenazada no durmiera en sus casas.
Tampoco faltó cobardía. A veces no se defendía ni a los propios parientes por miedo, y eso después de la guerra continuó igual (...)»
(Francisco Agulló Marco, independiente.
Elche, 19 de abril de 1986)
«A mi padre lo mataron sin que hubiera el más mínimo motivo. Él ni destacó como católico, ni militó en ningún partido
político alguno. Primero lo encerraron en el Hospital y se lo
llevaron. Lo mataron junto al jefe de teléfonos de Elche y a
otro que era cojo. Éste intentó escapar pero lo cogieron y lo
mataron. El que consiguió escapar fue Quiles. Éste nos hizo
después una visita y pudo contarnos quienes intervinieron.
Precisamente, cuando me quedé viuda tuve que consultar la
prensa de los primeros meses de la posguerra para saber
quienes mataron a mi padre y poder reclamar una pensión de
orfandad. En la Gaceta de Alicante encontré que fusilaron a
Carlos Torres Soler por haber matado a mi padre. Cuando
detuvieron a mi padre, mi madre y yo fuimos a Alicante a ver
a un tal Mora que era familiar nuestro y que trabajaba en el
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709
Gobierno Civil. Fuimos a su casa y nos dijo que no se podía
hacer nada. El cadáver de mi padre lo encontró mi marido en
Carrús. Todavía le hicieron la autopsia ¡para ver de que había
muerto! Le sacaron cinco balas. Sin entierro de ningún tipo mi
marido se encargó de darle sepultura en el panteón familiar.
Nunca hemos encontrado explicación a su asesinato. Quizá
uno de los primeros falangistas –un tal Manolo, que era procurador y que se casó tres veces sin que murieran sus dos
primeras mujeres–, quizá le sacó a mi padre algún donativo y
por ahí pudo venir todo, pero nunca lo hemos podido saber.
Recuerdo que una compañera de instituto que era de izquierdas y que hoy está internada en un manicomio -la ‘Mecha’–,
cuando mi padre le dijo: ‘¿A mí no me pasará nada, no?’, ella
le contestó que estaba ‘un poquet senyalaet’. Cuando a mi
padre lo mataron, la gente conocida nos rehuía. Tenían miedo
de saludarnos y para evitar retirarnos el saludo, hacían por no
tropezarse con nosotros. Yo creo que las autoridades municipales no hicieron nada por evitar estas cosas (...)»
(Aurelia Coquillat Samper. Elche, 9 de mayo de 1988)
La aparición en muchos municipios de auténticos criminales
de guerra que mataron durante los primeros meses de gueÍNDICE
710
rra con total impunidad. Desde responsables de partidos políticos, por ejemplo en el caso de Elche el hombre fuerte del
Partido Comunista local fue el inductor de un buen número de
paseos. En el caso de Orihuela un advenedizo a la política se
convirtió en el matón de la ciudad. Llegó a asesinar no sólo a
personas de derechas sino a un pobre torero con el que tuvo
una discusión por querer participar en un festejo taurino.
Pero, si se me permite la licencia, un animal vestido y calzado que dispuso de vidas a su antojo sin que nadie en la ciudad fuera capaz de pararle los pies. Un militante quizás
incontrolado, pero ¿incontrolable? En el caso de Alcoy, un
grupo limitado de anarquistas llevó la voz cantante y mató
con una discreción infrecuente: los cadáveres aparecían en
Llosa de Ranes o en Rotglà i Corberà a muchos kilómetros
de Alcoy
«Pincelito fue un personaje clave en Orihuela. Tendría unos
odios concentrados contra cierta gente. Actuaba por su cuenta. Persiguió a mucha gente de derechas. De Orihuela no era.
Estuvo o con los comunistas o con la CNT, pero no lo recuerdo dentro del Partido Socialista. Quizá comunista. Sin ningún
tipo de formación política, pero en aquellos momentos el que
tenía más arrestos... No lo conocí personalmente. Echó mano
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711
de la pistola y se convirtió en autoridad pero sin tener significación política alguna. Un advenedizo (...)»
«Respecto a las persecuciones que hubo en Elche, personalmente pude escuchar cómo un militante comunista se
jactó él solo, de haber matado a 15 personas. Supe que después de la guerra fue fusilado. También recuerdo que
Mangraneta, estando en la plaza de Mariano Antón vio pasear a un hombre de derechas y comentó con un amigo que por
qué esa noche no terminaban con él. Al día siguiente apareció muerto (...)»
(Joaquín Lucerga Sánchez, republicano.
Elche, 30 de octubre de 1984)
«Yo no he sabido nunca por qué se mataba a la gente. A mi
me acusaron desde un juzgado de Alicante y eso pasó a la
DGS. Me acusaron de haber sido jefe de una checa. Lo único
que recuerdo fue una vez que vi un coche lleno de sangre. Lo
llevaban ‘Els Petits’, Pepín y Manolín Rodríguez. Uno de ellos
vive en Uruguay y el otro murió en Toulouse. Lo de los paseÍNDICE
712
os salió de las Juventudes Comunistas y de la CNT. No sé si
el PSOE tuvo que ver, pero no lo creo. Supongo que, sobre
todo, el Partido Comunista, pero no lo puedo asegurar (...)»
(Leopoldo Maestre Micó, Izquierda Republicana.
Elche, 10 de julio de 1986)
Pueblos que supieron defender la integridad de sus ciudadanos de propios y, sobre todo, de extraños. Un buen ejemplo
es Santa Pola. Personas de derechas de otros lugares encontraron en la villa marinera un excelente refugio y no se recataron a la hora de ensalzar al Comité local del Frente Popular
«Como la casa nuestra estaba ocupada, nos fuimos a Santa
Pola y allí estábamos muy a gusto. Aquello era el paraiso
terrenal en esta zona, porque el jefe del Frente Popular era
Joaquinet, un maestro albañil que se jugó el tipo para salvar
a gente de Elche (...)»
(Francisco Galán Giner, falangista.
Elche, 7, 9 y 12 de octubre de 1989)
«En Albatera, los primeros años de la República se pasaron
con tranquilidad. No había diferencias de clase y había armonía. De falangistas, nada. De los 4 ó 5 caciques que había en
Albatera no nos podíamos quejar. A don Clementino Aznar
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que fue alcalde lo sacaron para fusilarle y nadie se atrevió.
Vino gente de fuera a matar. Vinieron de Novelda y eran de la
CNT (...) A principios de la guerra hubo detenciones, pero
estaban más seguros en nuestras manos que en sus casas.
Nació de nosotros mismos que no se matara a nadie (...)»
(Manuel Segura Berná, comunista.
Albatera, 10 de diciembre de 1986)
La represión en los frentes de guerra. El caso del Batallón
Elche: tres derechistas enrolados a la fuerza tras haber permanecido en la cárcel consiguen pasar a líneas enemigas.
Sus compañeros pagarán por ello. De la misma manera,
informes personales enviados desde los Ayuntamientos propiciaron muchas muertes en los frentes
«El uno de agosto, cuando iba con mi familia en un coche, me
detuvieron en la Plaza Mayor y fui encarcelado en el castillo
de Altamira, donde había mucha gente y, sobre todo, gente
mayor (...). Para los que éramos muy jóvenes y podíamos
empuñar un arma, abrieron un banderín de enganche y, con
tal de salir de allí, nos apuntamos una treintena al Batallón
Elche y a la Columna de Alicante. El 28 de febrero de 1937
salimos en tren (...). Tras unos días llegamos a Carabanchel,
donde nos concentraron el grupo escolar Mariana Pineda.
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714
Nos sentíamos vigilados pero no sufrimos malos tratos (...). A
los tres meses justos, el 28 de mayo de 1937 a las cuatro de
la tarde, nos escapamos Jaime Buigues, Diego Botella y yo.
Fue una huida fácil pero muy peligrosa. Lo habíamos preparado: existía un frente continuo y de tramo en tramo un escucha. Muy cerca de uno de ellos saltamos la trinchera y
comenzamos a correr. Ninguno de los dos escuchas que teníamos más cerca nos vieron, ni tampoco se percataron al otro
lado de las líneas. Entre ambas trincheras había una valla de
mampostería de poco más de un metro. La saltamos, nos
recuperamos de la tensión que llevábamos encima y nos
acercamos agitando trapos de telas blanca para evitar que
nos dispararan los nacionales. Por fin, nos encontramos a un
zapador que nos llevó ante un capitán. Una vez en el bando
nacional, nos mandaron a Navalcarnero, donde estuvimos
detenidos una noche. Nos atendieron, pudimos oír misa después de varios meses y de allí fuimos a Leganés y a Talavera
de la Reina (...)»
(Bruno Rodríguez Sánchez, falangista.
«En el frente coincidí con Bruno Rodríguez, Ismael Chinchilla
y Gaspar Mora, falangistas enrolados a la fuerza en 1937 tras
su estancia en el palacio de Altamira. Precisamente, yo me
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715
tuve que escapar del frente para abrazar a mi madre cuando
el fallecimiento de mi padre y, en cambio, a Gasparín Mora sí
le dieron permiso para ver a su padre en la cárcel. Primero se
escapó Bruno, luego Gasparín y a continuación vinieron las
represalias con el resto. Fue una situación muy mala.
Recuerdo a Juan Castaño, hijo de un comerciante de la calle
del Salvador. Tuve la fortuna de conocerlo y salí con él en
Madrid. Era muy buen chico. A mí me deshizo moralmente
cuando lo ejecutaron. No sé quién tomó la decisión (...)»
(Antonio Moll Máñez, comunista.
Elche, 16 de junio de 1986)
«Como teníamos gente que había estado presa, hubo una
llamada de atención diciendo que no intentaran pasarse al
enemigo. Se pasaron 3 ó 4 y dieron las coordenadas de nuestras líneas. Hubo combates con mortero y explotó un fortín
con armas y murieron tres soldados. Hubo una represión,
aunque el mando trató de impedirlo. Fueron 17 los cadáveres
que vinieron de Madrid (...)»
(Manuel Arabid Cantós, socialista.
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«Socorro Blanco». Detenciones a lo largo de la guerra por
haber contribuido con dinero para presos políticos
«Recuerdo también el caso de un individuo que llegó a Elche
en 1938 y que pedía dinero para los detenidos de derechas.
A veces se anunciaba él mismo como agente de Franco. A mí
me pidió dinero aunque no me hiciera la misma confesión. Le
di mil pesetas y eso me costó unos siete meses de cárcel de
prisión en una cheka de Valencia, en unas condiciones
lamentables (...)»
(Joaquín Lucerga Sánchez, republicano.
Elche, 30 de octubre de 1984)
La visita de la Columna de Hierro por algunos pueblos de la
provincia: en el caso de Elche, saqueo masivo de las tiendas
del centro de la ciudad mientras las autoridades municipales
observaban por las ventanas del Consistorio el desaguisado
«Lo que si me contaron fue la llegada de la Columna de
Hierro a Elche. Aparecieron en un camión y fueron al
Ayuntamiento. Allí plantaron una ametralladora y saquearon
relojerías. Traían con ellos unas putangas. Una vez cargados
de relojes, el Ayuntamiento tuvo que llamar a Palmiro para
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717
que fuera a verlos para evitar una matanza. Devolvieron lo
sustraído (...)»
(Antonio Moll Máñez, comunista.
La cultura anarquista. La influencia de maestros anarquistas
como Rueda en Petrer, Domingo Germinal en Elche o
Enrique Vañó en Alcoy. Igualmente, el influjo de teóricos
como Vargas Vila entre los anarquistas alcoyanos
«El sentimiento anticristiano o anticatólico Alcoy lo lleva dentro de la masa. Alcoy tiene dos sentimientos: el anticlericalismo y el anarquismo. El anarquismo heredado del siglo pasado. Y lo tienen personas como un consuegro mío que tiene un
piso en Alcoy espléndido, un apartamento en San Juan y dos
coches ¡y continua siendo anarquista! Y sobre el anticlericalismo, no hay pueblo que como Alcoy se haya pasado tres
años derribando tres templos. El 29 de marzo de 1939 tuve
que ir yo a Santa María, que estaba ya en los cimientos, y
decirles a los albañiles: ‘¡Qué ya está bien, que ya se ha terminado la guerra, a casa, coño!’ ¡Hasta las campanas! Se ve
hoy en la reconstrucción que dejaron en pie metro y medio.
¡Tres años! Tengo unas fotografías que lo demuestran. Santa
María que era neoclásica, San Agustín un gótico incipiente y
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718
San Francisco que era un barroco excepcional. Todo a hacer
puñetas. Pero es que en Alcoy si llega a estar la catedral de
Burgos, ¡se la hubieran cargado! Ningún pueblo hay en
España que hubiera matado tantos curas. Y la expropiación
de empresas. Y no hay nadie que me gane a mí a ser alcoyano (...)»
(Rafael
Coloma Payá, falangista. Alcoy, 8 de julio de 1989)
«Yo me apunté a las Juventudes Libertarias en Petrer todavía
durante la dictadura de Primo de Rivera. Tendría 13 ó 14
años. En el local del sindicato nos daba clase un chico,
Rueda se llamaba, que era muy inteligente y con el que
aprendíamos cultura general y anarquismo. Nosotros al ser
jóvenes no éramos estrictos en lo de no fumar o no beber
alcohol. Pero tampoco entonces se fumaba como ahora. Aquí
los padres si veían al chiquillo fumar le pegaban bien. Yo
hasta la guerra no empecé. También fue en la guerra cuando
aprendí a leer y a escribir. Mi novia en sus cartas me decía
que pusiera las letras como ella las ponía y que me enseñara, porque no le gustaba que me tuvieran que escribírmelas
(...)»
(José Beltrán Montesinos, cenetista. Petrer, 3 de abril de 1987)
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719
«A las Juventudes Libertarias me afilié en 1934. Tenía 14
años cuando en realidad tenía solamente doce. Fue el mismo
procedimiento que luego usaría para actuar como miliciano
en Alcoy o para ir al frente de Córdoba con la columna alcoyana (...). Entonces las Juventudes Libertarias se encubrían
en el Centro de Estudios Sociales, pues las organizaciones
anarquistas como tales estaban en la clandestinidad a pesar
de la República y buscaban sucedáneos para camuflarse. En
Alcoy el Centro de Estudios Sociales estaba al final de la calle
de San Nicolás y encima mismo estaba el Socorro Rojo
Internacional. Recuerdo las lecturas comentadas que se celebraban semanalmente, los sábados por la tarde. Había siempre un conferenciante de turno pero a falta del mismo siempre había un libro o un panfleto de última hora del que hablar.
El conferenciante que más recuerdo y más era celebrado
naturalmente era Enrique Vañó, un intelectual extremista dentro del anarquismo y el militante más formado que tenía Alcoy
a distancia de todos los demás (...). Los domingos, una de las
costumbres que existía era irse a ‘Los Canalones’ de Alcoy.
Era el puesto de concentración de los naturistas que, si bien
apreciaban la presencia ajena, se molestaban seriamente si
por el suelo la gente al comer se dejaba basuras y sobre todo
restos de animales, ‘cadáveres’, decían ellos. Por lo menos
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720
en Alcoy estaba mezclado en un confundible maremágnum
todo aquello de esperantistas, filósofos, nietschanos, teósofos, socialistas y anarquistas, o sea que formaban una mezcla de agítelo antes de usarlo (...)»
(Mario Brotons Jordá, cenetista. Alcoy, 7 de agosto de 1987)
«Mi marido era de la CNT, se pasó tres años en primera línea.
Tenía las ideas clásicas: no fumar, no beber, no ir a los bailes... Y lectura, muchísima lectura: Gorky, Tolstoy, franceses y
españoles. Le gustaba mucho leer fuerte y mientras yo hacía
punto él me leía El Quijote o Los Episodios Nacionales. En la
CNT de Denia había una biblioteca muy buena. Su madre le
traía todos los periódicos y al mayor igual. Soli, Tierra y
Libertad, El tío Cuc. A veces me decía que no me leía más
porque no escuchaba y me preguntaba para que le dijera lo
último que había leído (...)»
(Bienvenida Ivars Ronda. Denia, 26 de agosto de 1987)
«Nací en Elche el 22 de diciembre de 1920 en el seno de una
familia libertaria (...). Mi padre era un activista en el sindicato.
En mi infancia mi padre me llevaba al sindicato y los textos
que yo empecé a leer eran la revista Cultura Proletaria de
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721
Nueva York, una revista anarquista que se publicaba en
Ginebra en varios idiomas, Solidaridad Obrera (...)»
(Liberto López Román, cenetista. Elche, 25 de enero de 1992)
El golpe de Casado
«El cuatro de marzo de 1939, cuando tuvo lugar el golpe de
Casado, en Elche hubo una reunión entre el PSOE, la CNT y
los republicanos a espaldas del PCE y, por lo visto, se nos
acusó a los comunistas de habernos sublevado. Nos detuvieron. El día cinco nos llevaron a Comisaría –donde está hoy el
Banco Central– y nos metieron en la cárcel de Calendura. Allí
estábamos Luis Crespo, Francisco Antón, Luis Vives,
Belmonte, Ruiz Quirant, Gregoria Lozoya, Josefa Pastor, un
chico que después moriría en el exilio y yo. El día 15 ó 16 vino
a vernos Manuel Rodríguez y nos sacó a todos. En Alicante
algunos compañeros fueron detenidos por las tropas de
Franco estando ya en la Prisión Provincial (...)»
«La terminación de la guerra para mí fue muy desagradable.
Me cogió en la Cárcel Provincial de Alicante por lo de
Casado. Cogieron a muchos comunistas y en Callosa, al
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722
tener cierta relevancia política -estuve en el Comité de agitprop–, me detuvieron. Así que el final de la guerra me cogió
en la cárcel. Más vale olvidar aquellos momentos. Hubo una
noche que fue tétrica. Estábamos unos 140 militantes comunistas de toda la provincia. Iban saliendo y quedamos unos
50 ó 51. Estábamos en una sala incomunicada y desde dentro oíamos los cantos del Cara al Sol y gritos como ‘¡criminales!, ¡asesinos!, ¡os vamos a matar!, que eran los mejores
que nos decían. Estábamos... no quisiera que nadie pasara
por aquello. Esperábamos esa noche lo peor. Habían salido
todos los presos de la Cárcel Provincial. Quedaban sólo unos
cuantos jefes de Falange y el grupo nuestro. Incluso los
comunes habían salido. Serían las dos de la mañana y abrieron la puerta. Pensamos que iban a matarnos. Me llamaron a
mí: ‘¡Tomás Estañ. Que salga!’ Los compañeros me dijeron
que no saliera, que iban a empezar por mí. Me resistí a salir
y volvió a oírse la voz. Salí y era un paisano de Falange –que
luego sería alcalde de Callosa y que ha muerto hace una
semana, José Campello Sanz–. Estaba allí detenido y me dijo
que me había llamado porque quería despedirse de mí (...).
Según él, al día siguiente, a las diez de la mañana saldríamos
todos de allí, así que podíamos dormir tranquilos. Por lo visto
habían tenido una reunión y habían decidido dejarnos salir
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para dar la impresión de que no pasaba nada, teniéndonos
controlados como nos tenían y sin podernos ir al extranjero
(...)»
(Tomás Estañ Alfosea, comunista.
Callosa del Segura, 14 de febrero de 1992)
La salida al exilio
«El 28 de marzo, en el Stanbrook, zarpamos de Alicante. Nos
bombardearon a la salida del puerto y, sin más problemas,
llegamos a Orán. Nos mandaron a un campo de concentración. Nos dieron un pedazo de pan y unos cuantos dátiles. De
allí, nos metieron en un tren y llegamos al desierto de Bogari,
custodiados por senegaleses. Habíamos unos 3.000 más o
menos y otros 10.000 en Argel. Allí en Bogari llegué a dormir
con una barra de hierro al costado entre el miedo a sufrir una
agresión por parte de los que estaban con nosotros. Allí ya no
había socialistas. Se quedaron en Orán. Quizá tuvieran sus
propios comités de acogida. Algunos hasta hicieron buenos
negocios. Nosotros nos dedicábamos a dar mítines. En Argel
hubo incidentes importantes. Nos dedicábamos a recoger
dinero para los que estaban en España y a veces salíamos a
mamporro limpio porque utilizábamos una bandera republicaÍNDICE
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na y nos decían que pusiéramos sólo una bandera rusa.
Íbamos de casa en casa recogiendo dinero todos los domingos. Había una separación tremenda entre unos y otros (...)»
3. Fuentes orales y represión de posguerra
Con relación a la represión de posguerra, las entrevistas se
convierten de nuevo en un aporte imprescindible porque se
facilita información que no se encuentra en ninguna otra fuente. Téngase en cuenta que el historiador puede sin demasiados problemas cuantificar la represión pero poco más. En la
provincia de Alicante entre 1939 y 1945 fueron fusiladas 721
personas, más del doble por cierto de las 334 facilitadas por
el Instituto Nacional de Estadística y recogidas por Salas
Larrazábal (nota 6). La relación se obtiene recorriendo los
Registros Civiles de la provincia, los registros de los cementerios y un listado existente en el archivo de la prisión provincial de Fontcalent. Podemos conocer también, a través del
Boletín Oficial de la Provincial, la aplicación de las leyes de
Responsabilidades Políticas (4.205 expedientes entre 1939 y
1945) y de Represión de la Masonería y el Comunismo (70
expedientes). Mientras los expedientes de Responsabilidades Políticas o no se han conservado o no se sabe
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725
dónde están, los expedientes masónicos sí pueden consultarse en la sección de masonería del Archivo Histórico
Nacional de Salamanca, pero en cambio seguimos sin tener
acceso a la que es, sin duda, la fuente esencial para conocer
los entresijos, los mecanismos, de la represión: la documentación procedente de las auditorías de guerra. Leer las sentencias de los consejos de guerra ayudaría a entender cabalmente que criterios se utilizaron a la hora de aplicar la pena
de muerte o las distintas modalidades de penas de cárcel.
Habrá que insistir una vez más en que una documentación de
enorme interés histórico sigue secuestrada y, lo que es peor,
corre el peligro de desaparecer.
Por tanto, la utilización de las Fuentes Orales, una vez vaciadas las fuentes archivísticas y las hemerotecas, proporcionan
información complementaria sobre cuestiones tales como:
El final de la guerra. El estigma de la cárcel
«Lo de la ‘Liberación’ fue un mito. Aquí vinieron las tropas
como si esto fuera Abisinia, igual, igual. Hubo muchos incidentes que podría contar. Por ejemplo, Carmelo Serrano iba
con su novia y un legionario se metió con ella y Carmelo le
partió la cabeza al legionario de un culatazo. A Carmelo las
cicatrices le quedaron (...). Salvador Sansano que estuvo
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726
conmigo preso en el barco fue incluso a la cárcel –estuvo 15
días– por una discusión (...)»
Elche, 7,9 y 12 de octubre de 1989)
«Como en Elche tantos pasaron por la cárcel, nadie era señalado por eso. No era ningún estigma sino todo lo contrario.
Desde patronos –el padre de Esquitino, el presidente del
Elche CF; Narciso Caballero; Paco Soler el de la UGT que
tenía fábrica–, mucha gente, republicanos... Fue un mal
general (...)»
(Liberto López Román, cenetista.
Elche, 25 de enero de 1992)
«Me detuvieron el 1 de junio de 1939. Me llevaron a Falange
–esto ya lo conté en otra ocasión– y me hicieron brindar con
aceite de ricino. En fin. La misma noche también detuvieron a
otro de las Juventudes, Antonio Cartagena Ruiz, de mi casa
se fueron a la suya. En Falange había una habitación llena de
gente y aunque oía pegar a mí no me pegaron. El ricino era
para que ‘purgara lo que había hecho’. Después estuve en
Palacio, en Altabix y en la fábrica número 2. Uno de los que
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727
más fastidiaron fue Ismael Chinchilla y unos hermanos muy
cafres que pegaban... Uno murió y a otro lo vi hace poco en
la sede del PSOE. A un militante que le acompañaba le dijeron que cómo iba con un pena y un facha como ése, con las
‘hostias’ que había pegado. Chichilla era la cabeza visible de
todo eso (...)»
(Alfredo Mira Gran, socialista.
Elche, 17 de noviembre de 1990)
«Recuerdo algunos casos de mujeres que fueron represaliadas cuando terminó la guerra. Por ejemplo, Josefina Lara que
recibió palizas y fue purgada. Carmen Agulló, Joaquína,
María, Tona, la mujer de Antonio Asencio Lozano, María
Guirau... En ocasiones les ponían un cartel y las paseaban
por el centro del pueblo (...)»
(Rogelio Mora Porcel, socialista.
Los consejos de guerra. Juicios sumarísimos que se despachan en cuestión de minutos y en los que se juzga a la vez a
10, 15 ó 20 personas. En ocasiones se juzga por pueblos
(«los de Aspe», «los de Crevillente»...). Abogados defensores
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728
legos, no ya sin preparación jurídica alguna sino con poca
predisposición moral para defender
«En Elda me tomaron declaración. Me decían: ‘Vd. Ha intervenido en esto y en esto’. Y yo contestaba que no. Al que interrogaba le llamábamos el Tío Niega porque cuando decíamos
que no, él hacía escribir al secretario: ‘Niega la veracidad de
los hechos’. A mí me acusaban de haber detenido a uno de
Petrer que luego pasearon. Sucedió que estando yo en
Valencia con varios cenetistas jóvenes, vimos a uno que
estaba reclamado en Petrer por fascista. Uno de los que venían con nosotros dijo de detenerlo y se empeñó. Por cierto que
la Guardia de Asalto se llevó a los dos, al reclamado y al
denunciante. Estuvimos esperando a que volviera y nada,
que no llegaba. Cuando lo hizo contó que casi lo detuvieron
a él, por la influencia que tenía aquel hombre. Pero llevaba
consigo una foto con mucha gente que estaba ya encarcelada. Llamaron a Petrer desde Valencia y los que fueron a por
él se lo cargaron. El que nos tomaba declaración era un abogado, el Tío Niega, que era un asesino. Me juzgaron con 31
más en Monóvar ante un tribunal compuesto por un presidente y 2 ó 3 más. El presidente era comandante y el resto
deberían ser capitanes o tenientes. Por abogado teníamos a
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729
un alférez de Monóvar. Era abogado, pero del ejército. A mí
un compañero me dijo que intentara ver si junto a mi nombre
aparecía una letra o un número (la letra era M de muerte y el
número los años de cárcel). Cuando habló conmigo el abogado defensor me preguntó si yo había intervenido en la
detención de aquel vecino de Petrer, o sea que venía a acusarme. Yo vi que en sus papeles junto a mi nombre había
escrito una M, así que le dije: ‘¿Qué viene Vd. A preguntarme
si sabe que estoy ya condenado? ¡Váyase a hacer puñetas
hombre!’. Él me contestó que era su obligación y recuerdo
también que muy cabreado me dijo: ‘¡Como se nota que eres
de los becerros esos de las Juventudes Libertarias!’. De los
32 que juzgaron nos condenaron a muerte a 8 ó 9. A los
demás, 30, 20 ó 12 años. En mi caso fue por ‘adhesión a la
rebelión’. El juicio duraría media hora y defensa no hubo. Al
rato se salieron a ‘deliberar’ o, lo que es lo mismo, a fumarse
un cigarro ante nuestra vista. Y enseguida nos leyeron la sentencia. Fusilaron al alcalde de Monóvar y a un maestro que se
llamaba Alfredo Pla. El juicio fue en el Ayuntamiento de
Monóvar (...)»
(José Beltrán Montesinos,
cenetista, 3 de abril de 1987)
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«Una mañana de marzo de 1940 fui juzgado junto a una
mujer socialista y un vendedor de pescado, todos de Elche. A
mí me acusaron de responsabilidad por los hechos sucedidos
en Elche y por auxilio a la rebelión. A los dos hombres nos
pidieron pena de muerte y a la mujer 20 años. Recuerdo que
hubo en el juicio una nota de humor: juzgaron también a un
borrachín del barrio del Raval y cuando le preguntaron qué
había hecho durante la guerra, el hombre contestó que
emborracharse, con lo que le soltaron (...)»
(José Cabrera Girona, comunista. Elche, 10 de junio de 1986)
«Me llevaron a Alicante a juzgarme. La víspera de la Purísima
ya me habían juzgado. Fuimos lo menos ocho, todos de
Callosa. El fiscal era de Crevillente y le pusimos ‘el carnicero’
porque se encandilaba poniendo penas de muerte. Si querías decir algo, la Guardia Civil te amenazaba con la culata del
fusil. Abogado defensor no tuve. En el juicio no salió que yo
fuera militante del Partido Comunista. Solamente se libró
Jeromo, el del Paseo, al que le pusieron 12 años y un día porque empezó a contar que había hecho sabotaje. A los demás
pena de muerte. Allí no había acusaciones (...)»
(Roberto Ruiz Ferrández, comunista.
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731
Fusilados no sólo por razones políticas. También se dio algún
caso por estraperlo o por delitos comunes
«Otro hecho que ocurrió en la cárcel fue el barco de alimentos que vino de Auxilio Social. Fusilaron a un coronel y al jefe
de Auxilio Social de Albacete. Como a mí me ha gustado
enterarme siempre de lo que pasaba, un día vi entrar a
mucha gente, falangistas, el alcalde de Villena, el de
Albatera... En la cárcel el rumor y el comentario corren y además cada partido tenía su grupo de transmisión de noticias.
Nos enteramos que había llegado un barco a Alicante desde
Norteamérica, con leche y alimentos para Auxilio Social y que
habían desaparecido. El embajador norteamericano había
pedido responsabilidades (...) El embajador y el cónsul de
Alicante se movieron y se hizo un juicio. Conocí en la cárcel
al alcalde de Villena que era muy simpático, aunque no sé lo
que haría en Villena. Me dijo que los alimentos se los habían
repartido entre cuatro jefes de arriba. El caso es que al poco
se hizo el juicio y un coronel del ejército que por lo visto tenía
cierta relación con Serrano Suñer –estuvo aislado en una
celda– y el jefe de Auxilio Social de Albacete, pasaron al
‘tubo’. Dijeron que había mucha gente metida y en la misma
noche los fusilaron. ‘¡Han fusilado al coronel!’ fue el comentario del día siguiente en la cárcel. El alcalde de Villena me dijo
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732
entonces que si no los hubieran fusilado se habría armado la
de San Quintín, porque sabían demasiado (...)»
Presos que mueren por disparos de centinelas
«En San Miguel estábamos de todos los pueblos. Más de 500
seguro (...). Los moros eran centinelas y disparaban. Mataron
a uno por la espalda cuando estaba bebiendo de un botijo. Al
moro le dieron tres meses de permiso. Luego mataron a uno
de Callosa, el de la ‘Fondà’, también por asomarse a la ventana (...)»
«Salí a la fábrica número 2. Allí mataron al padre de
Bartolomé Amorós Amorós, porque un centinela lo vio ante la
ventana de su celda (...)»
(Alfredo Mira Gran, socialista.
Elche, 17 de noviembre de 1990)
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El campo de concentración de Albatera
«Sólo estuve un día en el campo de concentración de
Albatera porque pude fugarme, cosa que no era muy difícil en
los primeros días. Me vine a Elche y me refugié en una casa
de campo de Rojales, Un primo hermano mío falangista me
denunció al cabo de dos meses y fueron a detenerme (...)»
(José Cabrera Girona, comunista.
«Yo me fui en octubre de 1936 y del campo de concentración
de Albatera no supe nada. Cuando vine andando del frente al
terminar la guerra, la gente salió del campo gritando ‘Viva
Albatera’. Todo lo contrario de lo que pasó luego. Cuando terminó la guerra vinieron unos falangistas de Elche y pegaron
a la gente que había estado en el Partido Comunista. Una vez
vi como pegaban a un preso por agacharse a coger pieles de
naranja. El campo estaba en San Isidro y parte de la vía. Es
incalculable la gente que podía haber. Mucha. En Albatera se
decía que todas las mañanas fusilaban. A José Vila
Hernández –era comunista– lo sacaron del campo para que
delatara a los compañeros y de la paliza que le dieron lo
reventaron. No sé si fue en Elche o en Alicante. Malos tratos
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sí hubo. Conmigo no se metieron porque la familia de mi
madre era de derechas. Cuando al final de la guerra llegaron
moros, atemorizaron. A un tal Tomás lo violaron y lo mataron
(...)»
(Manuel Segura Berná, comunista.
Albatera, 10 de diciembre de 1986)
«Nos trasladaron a los ochenta y tantos en tres camiones
–entonces no había autobuses– al campo de concentración
de Albatera (...). En Albatera estuvimos cuatro meses custodiados por moros. Allí se dio el caso curioso de que estábamos en los barracones y teníamos, para hacer nuestras necesidades, que ir a unas letrinas separadas de los barracones.
Cuando se hacía de noche, era muy peligroso ir a las letrinas
porque cualquier moro podía decir que pretendías escapar y
te fusilaban al día siguiente. Fusilaron a muchos en esas condiciones. Nos hacían formar a la madrugada y a los que acusaban los moros de querer escapar los fusilaban. Incluso
estábamos durmiendo y entraban con unos vergajos y te
daban leña. Decían: ‘¡Paisa, tu querer escapar!’ Yo presencié
por lo menos, sin ser exacto, pero por lo menos de 8 a 10 fusilamientos. Otra cosa que pasaba es que había gente que se
la llevaban para matarlos, pero los que mataban allí no teníÍNDICE
735
an por qué registrarlos. Como la oficialidad era mora también,
formaban el pelotón y ya estaba. Esos fusilamientos fueron
en varios días. El máximo que vi fusilar a la vez fueron dos
(...)»
(Bienvenido Zaplana Belén, socialista.
Crevillente, 13 de agosto de 1987)
La vida en la cárcel. Las condiciones de alimentación, higiene, etc. El apoyo de las familias
«En la cárcel de Alicante debíamos estar 3.000 ó 4.000 presos. En cada celda de ocho a diez. Teníamos las colchonetas
todas juntas y recuerdo que podíamos dar hasta cuatro pasos
(...)»
(José Beltrán Montesinos, cenetista.
Petrer, 3 de abril de 1987)
«Fui detenido y me pasé en Dolores 11 meses en un almacén habilitado como cárcel con unos 80 más. Luego pasamos
a los bajos del seminario de Orihuela donde junto a unos 800
presos pasé 13 meses. Aquí fue mucho peor porque además
de que mi mujer no podía llevarme comida, el trato era muy
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malo, por parte de los falangistas pero no por el de los profesionales de prisiones. Una vez un falangista recriminó a uno
de ellos por condescendiente y éste contestó que él había
custodiado a Azaña y luego fue presidente de la República y
que con los presos que allí estábamos podía pasar lo mismo,
que alguno acabara gobernando (...)»
«En San Miguel había salas y habitaciones. Aquello había
sido un seminario y las habitaciones las convirtieron en celdas. Estábamos hacinados, 9 ó 10 por celda. Conocí allí al
hijo de Largo Caballero, de los que cogieron en el puerto.
Éste un día desapareció y el comentario que se hizo fue que
querían canjearlo. Allí la edad no se podía apreciar porque
hombres jóvenes parecían ancianos. A los nueve meses me
trasladaron al Reformatorio de Alicante. Si cabe, peor que en
Orihuela. Allí al menos los funcionarios eran de la Vega Baja
y se pasaba mejor. En Alicante, la vida del Reformatorio no se
la deseo a nadie. Llegué a Alicante el 28 de septiembre (...).
Recuerdo la sala de los presos comunes. Aquello era deplorable. Se dio un caso que no sé si contarlo... En una celda
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había unos 11 chavales jóvenes. A uno, para violarlo le metieron hierro, lo abrieron en canal y murió. Cuando lo llevaron a
la enfermería, sangrando, murió al cabo de pocas horas.
También recuerdo que se habilitó una nave para desparasitar.
Coger parásitos allí era tan fácil... Me cogieron a mí y allí
estábamos mezclados los ‘polis’ y los ‘choris’. Todo esto lo
tengo escrito en casa. Aquello era terrible. Los ‘polis’ nos
poníamos la poca comida debajo del cabecerón y aun así te
la quitaban (...). Tocaba diana a las siete de la mañana.
Recogíamos las mantas y el petate. Tocaba la corneta otra
vez y desayunábamos algo que llamaban café. Después nos
formaban y nos contaban. Volvía a tocar de nuevo y salíamos
al patio. Nos hacían cantar el Cara al Sol para salir al patio y
cuando éste terminaba. A mediodía formábamos para la
comida. Nos daban corteza de habas, patatas podridas y un
caldo negro. Había quien recibía comida de casa y quien no.
Los paquetes llegaban pero eran registrados antes de que
nos los dieran. Salíamos de nuevo al patio y cada vez que formábamos, a cantar el Cara al Sol. La mayoría no quería cantar pero los oficiales estaban muy atentos y cuando veían a
alguien que no cantaba... Después de la cena, a las nueve de
la noche tocaba silencio. Teníamos un día a la semana para
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recibir visitas. Afortunadamente, estaba soltero entonces
(...)»
«Allí el que no cantaba... El director del Reformatorio, si lo
enganchara yo ahora, lo haría pedazos. Llevaba la gorra al
estilo alemán. Dijeron que se había comprado una finca con
el dinero que se llevaba al bolsilllo de la comida de los presos
(...). En Alicante, nos levantábamos y a las ocho nos daban
un café que no era café ni nada. Estuvimos un montón de
meses que sólo nos daban nabos. Yo no podía, me bebía el
caldo. El director de Alicante se conoce que lo parió una loba.
Cuando entraron las monjas la cosa cambió. Recuerdo a una
monja pequeñita que vino de Santoña y cuando entraba en el
patio nos levantábamos todos. Lo primero que hicieron las
monjas fue coger el suministro del dinero. Teníamos nueve
reales para la comida, pero el director se quedaba con todo
el dinero. Con las monjas nos dieron naranjas, chocolate y
pan. A mediodía mataron más de 30 animales e hicieron una
paella. Ahí se descubrió al ladrón. A los 15 días, otra vez paella. Recuerdo que un guardián se llevó dos o tres pollos. Las
monjas hicieron que aparecieran. Vinieron 4 ó 5 monjas y la
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que mandaba era una pequeñita. Allí la higiene era que si te
ponías malo te tenías que curar tú. Veías a gente con un dedo
de costras. La mayor enfermedad era el hambre. Gente que
pesaba 80 kilos que se quedó con 50. En la cárcel conocí al
abogado Miguel Villalta. ¡Qué injustamente lo mataron! De los
hombres buenos de Alicante (...)»
La militancia política y sindical en el interior de las cárceles.
Comunismo y anticomunismo
«Entre los presos no había buena relación por el partidismo.
Los comunistas cogieron las riendas de la cárcel, lo mismo
que sucedería en Santoña. Los de CNT éramos los más discriminados. Si había favoritismo dentro de la prisión era para
los comunistas, pero porque ellos eran también los que luchaban dentro de la cárcel»
Petrer, 3 de abril de 1987)
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740
«Los comunistas cuando han tenido ocasión de liquidar a un
elemento que les ha molestado, lo han liquidado, de los nuestros y de los que fueran (...). En las cárceles igual, porque en
el Reformatorio de Alicante estábamos divididos exactamente igual. Y hablaba con Arabid, con los republicanos, pero los
comunistas rancho aparte. Los comunistas han sido gente
activa pero muy poco escrupulosa, por no decir otra cosa
(...)»
(Liberto López Román, cenetista.
Elche, 25 de enero de 1992)
«Miguel Hernández vino de la cárcel de Ocaña. Fue condenado a muerte y cuando se le conmutó vino a Alicante.
Cuando llegó al Reformatorio no era muy conocido. Era además un hombre con una vida bastante aislada. Lo conocí porque puso su petate al lado del mío. Yo había oído hablar de él
pero no lo conocía personalmente. Cuando supe que era él,
le dije que era de Callosa del Segura y que me gustaba la
poesía. Me relacioné con él durante varios meses. Me enseñó una fotografía de Rusia donde había estado. Por eso yo
sabía que fue comunista, aunque nunca me lo dijera. Se le
notaba en la forma de hablar. En la cárcel éramos todos una
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familia aunque cada grupo se organizaba. En la cárcel escribió poco, paseaba por el patio y me contaba que no era partidario de la métrica en la poesía. Me decía que me olvidara
de todo eso, que buscara la musicalidad de las palabras, que
hubiera armonía. Cuando le conocí pesaría unos 80 kilos y
era alto, cerca de un metro ochenta. Recio, pero después se
fue consumiendo. Una de las veces que fui a la enfermería
daba pena verlo, era un cadáver (...)»
Catequesis a la fuerza. El papel de los capellanes: el padre
Vendrell
«Todos los días venía (al ‘tubo’) el padre Vendrell y lo primero que nos decía era esto: ‘Hijos míos, ¿habéis dormido
bien?’(...)»
«Recuerdo al padre Vendrell, un jesuita de Valladolid que
estuvo en el Reformatorio. Un señor alto. Los comentarios
que corrían allí decían que era de la acera de enfrente y el
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director también. El padre Vendrell cuando iban a fusilar
venía. En la parte donde estábamos nosotros tenía dos
secretarios: Rafa, un chico de Novelda que jugaba al fútbol y
Pina, un primo hermano del que jugaba en el Hércules.
Paseaba siempre con ellos. Cuando cogía a alguien del cuello ya sabíamos que lo iban a fusilar. Así que los del ‘tubo’
sabían que se iba a fusilar cuando lo veían (...). Escribí una
vez un artículo en el que denuncié a un cura del
Reformatorio, don Pascual, porque intervino en el problema
de Miguel Hernández. Era un cura muy acicalado, con brillantina y muy soberbio. Cuando se le descubrió la pleura a
Miguel, don Pascual dijo que si no se confesaba, del
Reformatorio no saldría, ni él ni ningún preso que no se confesara. Miguel le dijo que era una cuestión suya y no le dejaron salir. La última vez que lo vi, estaba hecho una momia. La
pleura necesita una alimentación especial y él no la tuvo.
Como lo considerábamos comunista, repartíamos los paquetes por pabellones y a uno le tocaba una manzana, a otro lo
que fuera. Teníamos una relación de personas necesitadas y
entre ellas estaba Miguel, lo que nunca se ha dicho.
Recuerdo que le gustaba jugar a la pelota y que salía al patio
con una toalla en la cabeza. Fue una pena y se pudo haber
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evitado si todos los defensores que tiene ahora hubieran salido entonces (...)»
«La fiesta mayor era la Virgen de la Merced. Teníamos que ir
a misa los domingos. Alguna vez nos obligaron a confesar y
comulgar. La vez que fui a confesarme el cura me preguntó si
tenía yo algo en las piernas. Comprendí que tenía que arrodillarme (...)»
«Nos obligaban a comulgar. Yo fui bautizado porque en aquellos tiempos no se podía. Los que no estaban casados por la
Iglesia tuvieron que hacerlo para que sus mujeres pudieran
visitarlos. De curas sólo recuerdo a un jesuita muy famoso
que venía a Elche, a la fábrica número 2, a darnos conferencias y una de las veces el mitin que nos dio fue decirnos que
debíamos dar gracias de estar vivos, que él mismo llevaba
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una pistola y que había estado en la guerra. Luego venía otro
para tapar las barbaridades que había dicho (...)»
(Francisco Pérez Campillo, socialista.
Elche, 8 de diciembre de 1990)
Los presos del «tubo»: condenados a muerte que no saben
que madrugada les va a tocar
«Cuando oí la palabra muerte nunca pensé que en realidad
me fueran a matar, pero lo pasé muy mal el primer mes después de la condena en el Reformatorio de Alicante. Allí no
pasaba una noche en la que no se llevaran a gente, así que
no podíamos dormir. Cuando yo llegué, cada noche se sacaba a uno, a dos, hasta cinco. Los sábados por la noche descansaban. Y como los juicios no acababan, aquello no variaba. Cuando me llegó la conmutación de la pena quedaban
aún muchos condenados. Todos estábamos apartados en el
‘tubo’ e incluso teníamos un patio para nosotros. Recuerdo
que había allí un centinela que era de Petrer y estando él de
guardia en lo alto y yo en el patio, le hice un gesto como de
rajarle el cuello y cuando volví al pueblo y hablé con él me
contó el temblor que le entró entonces (...). Allí se dormía sólo
cuando el sueño te rendía. Te despertaba siempre el ruido
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que se movía con los que se llevaban. Recuerdo a los hermanos Olivares de Elche. Se vistieron con toda tranquilidad,
como si fueran de boda. Hubo un tal Arraez, al ir a llevárselo
le gritaron que se diera prisa y él les contestó: ‘estoy aseándome y poniéndome colonia porque a la muerte hay que ir
así’. Vi también a los fusilados de Petrer y a un chico de
Monóvar que había sido cabo en Alcoy y al que también condenaron a muerte. Éste se pasó dos o tres años en esa situación. Parece que lo quisieran matar por sufrimientos (...)»
«Cuando el fiscal pidió para mí ‘muerte’, no me inmuté porque lo esperaba. Así que junto a los aproximadamente 370
condenados a la pena capital, ingresé en el ‘tubo’, que era
como llamábamos al lugar de los condenados y allí estuve
mes y medio hasta que recibí la comunicación de la conmutación. Firmé un papel por el que debía cumplir 30 años y
recorrí muchas cárceles hasta ser liberado a finales de 1946
(...)»
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«Así que pasé a la galería de los condenados a muerte. Éramos 8 ó 9 en cada celda. Un día vino un señor y me dijo que
firmara un papel en el que decía que se conmutaba la pena
por la de 30 años. Allí rara era la noche que no había ‘saca’.
Nos enterábamos por el ruido. A ocho de Callosa se ve que
les avisaron de que los iban a fusilar. Un domingo los vimos
en misa y se despidieron por señas de nosotros (...)»
«Fuimos esposados hasta Alicante y estuvimos en el
Reformatorio unos días y, más tarde, al palacio de Altamira
de Elche, que estaba lleno de presos. Me colocaron en las
carboneras de un empujón. ‘¡Ya teníamos ganas de cogerte!’
me dijeron. Pedí estar en la sala en la que estaba mi padre y
me dijeron que no. Estuve 15 días si ver la luz, a pan y agua.
Me llevaron después a la torre con ‘los peligrosos’. En
Navidad de 1939 fue cuando llegamos a Alicante y, días después, ya estábamos en Elche. De Palacio nos llevaron a la
cárcel Fábrica número dos –Candalix–. Estuve allí hasta abril
de 1949 sin que me trasladaran a Alicante para juzgarme y,
por fin, me condenaron a muerte y a los 15 días me la conÍNDICE
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mutaron por 30 años y un día de reclusión mayor. Permanecí
en el Reformatorio de Adultos hasta el 1 de julio de 1946 (...)»
(Manuel Arabid Cantós, socialista. Elche, 19 de abril de 1986)
La oposición al Franquismo en la provincia. El caso del inspector Maján en Elche. Un policía que consigue introducirse
en un grupo de comunistas ilicitanos
«En marzo de 1945 en Elche, en aquellas fechas, lo que es
el Partido Comunista tiene la mayor organización (...). Hay
algunos que están refugiados porque son huidos de campos
de concentración o de cárceles, y se concentran en una casa
en Valverde, una casa de un campesino, también militante del
Partido Comunista. El enlace provincial era José García, El
Forasteret y tenía la misión de ir a Alicante a comprar el material para imprimir. Resulta que en esa vivienda del campo,
desconocida para las autoridades, había concentrados nueve
hombres y tenían una imprentilla y desde allí emitían el periódico. Ocurrió que al preguntarle el dueño de la imprenta tres
o cuatro veces si tenía quien le imprimiera aquello, lo denunció a las autoridades. Entonces, un inspector de Alcoy –o al
menos ejercía en Alcoy– llamado Maján de apellido lo detuvo
y le dijo que dónde imprimían aquellas cuartillas y para qué
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eran. Éste, como punto de salvación, cometió el grave error
–digo grave porque aquello le costó, a toda la organización,
la caída– de llevarlos a la casa donde, como estaban armados, él saldría ileso. Y mientras uno le abría la portezuela, los
otros disparaban un par de tiros al inspector y se produce la
desbandada (...)»
(Joaquín Grau García, comunista. Elche 4 de junio de 1992)
«De nuevo me incorporé al partido y formé parte del Comité
Local de 1947, como responsable político. Teníamos reuniones periódicas, cotizábamos y recibíamos ‘Mundo Obrero’ a
través de un empleado en una casa de transporte –La
Ilicitana–. Sobre todo, nos dedicábamos a la captación de
militantes. La caída se produjo en 1953. El 6 de agosto de ese
año nos detuvieron bajo la acusación de propaganda ilegal
por un confidente –Luis Medel– que se nos introdujo y que,
con anterioridad, había provocado la caída de compañeros
de Elda y Alcoy. Nos pasamos siete meses de cárcel –hasta
marzo de 1954–, en el Palacio de Altamira. Recurrimos al
abogado Salvador Ramos Folqués y se portó muy bien con
nosotros. Nos dijo que recogiéramos 3.000 pesetas para dar
propinas en el juzgado a fin de que nuestros expedientes se
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liquidaran. Las recogimos y así pudo liberarnos.
Posteriormente habría tres detenciones más: 1959, 1964 y
1973. La última fue jugando al dominó. En la mesa había un
guardia civil sin que yo lo supiera. Apareció Franco en la tele,
hice algún comentario y al guardia le faltó tiempo para denunciarme (...)»
«Actuamos en la clandestinidad y nuestra principal misión fue
la de mantener el espíritu socialista en todos nuestros militantes. Llegamos a controlar a todos los que había en el pueblo, pero no se conocía a la directiva. Cada uno de nosotros
conocía a un delegado de barrio y éstos a un grupo. Todo esto
fue cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado con
la decepción para todos nosotros. La función era recoger
dinero para ayudar a familiares de exiliados o de gente que
estaba aún en la cárcel. Los más activos fueron, después de
Pérez Candela, Manuel Lozano, Manuel Esclapez Boix,
Galipienso, Alfredo Mira, Arabid –más tarde, porque él se fue
a vivir a Herencia–, José María Maciá Mañuz, muchos, hasta
que nos detuvieron en 1947, en marzo. Nos detuvieron a
todos y un sargento de la Guardia Civil registró en casa y
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encontró unas poesías y le contó al capitán que llevara cuidado conmigo porque era un intelectual –¡yo, que no he llegado a ir a la escuela!–. Cuando vi los nombres me di cuenta que nos habían cogido a todos. Paco Soler era el presidente, Francisco Rodríguez Martínez de organización y yo de
administrativo. Éramos 17 los detenidos. Estuvimos en la cárcel y a mí me mandaron, una vez más, a la oficina con el
director. La detención fue porque hubo uno muy confiado, le
cogieron, le dieron una paliza y dio los nombres. El que se
hizo famoso fue el capitán de la Guardia Civil (...). Para mí un
sádico. Lo primero que hacía era darte una patada en las partes. Pasó el tiempo y se pudo capear el temporal y nos pusieron en libertad. Pero llegó la víspera del primero de mayo de
1947 y el capitán de la Guardia Civil nos llamó y nos dijo que
como ocurriera algo, seríamos nosotros los responsables
(...). En los días siguientes apareció un letrero que ponía ‘Viva
el Partido Comunista’. Fueron a por nosotros tres –Paco
Soler, Rodríguez Martínez y yo– y el capitán de la Guardia
Civil nos metió en una cuadra junto a comunistas y a cenetistas. Nos volvió a repetir su amenaza y le dije que nosotros
no teníamos nada que ver con los comunistas. Entré con
Rodríguez Martínez y nos dieron a cada uno una vara de
toro: ‘¡Pégale!’ Tuve la suerte de pegarle sólo una vez, con un
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guardia civil. Después me hicieron desnudarme por completo
y obligaron a Rodríguez a pegarme 25 golpes en el culo y si
pegaba flojo un guardia civil le pegaba a él. Luego me tiraron
un cubo de agua y me hicieron pasar a otro cuarto. Así todos,
pegándonos unos a otros. Lo último que nos dijo el capitán
fue que si contábamos lo que había pasado que nos enteraríamos. Paco Soler le miró al capitán y todavía le pegó un
guantazo. Para que mi madre no se enterara –todavía estaba
soltero porque mi mujer estaba en el exilio con su madre– fui
a casa de un practicante y me curó (...)»
(Francisco Pérez Campillo, socialista.
Elche, 8 de diciembre de 1990)
Las muertes violentas de la posguerra en extrañas circunstancias
«En marzo de 1942 –yo estaba entonces en Vitoria haciendo
el servicio militar, porque a los de la zona republicana nos
mandaban o al norte o a África–, detuvieron en Elche a Juan
Caracena y, a través de él, a todos los que tenían una hoja
clandestina. Detuvieron a mi padre, Ramón Mora Martínez, a
uno que vendía vinos en la calle del Ángel –creo que se llamaba Prats–, a Antonio Vázquez y a muchos más. Les dieron
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palizas y a mi padre lo sacaron para declarar en el retén.
Coincidió que se apagó la luz en ese sector y cuando mi
padre era conducido por una pareja de guardias civiles, mi
padre, con más de 50 años, cayó desde el arco del
Ayuntamiento. Una hermana mía pudo verlo muerto. La versión oficial es que se tiró (...)»
(Rogelio Mora Porcel, socialista. Elche, 6 de junio de 1986)
La tortura
«Fui torturado en 1953 en Calendura. Me reventaron las uñas
de los pies. Había allí un inspector que se emborrachaba con
nosotros. Me lo hicieron dos veces. En cambio en Altamira no
me tocaron. Allí, en Palacio estaba conmigo Tonico Sansano
y un santapolero como preso común. Éste precisamente al
verme en el estado en el que me encontraba, me confesó que
el director de la cárcel lo había puesto allí para espiarme»
«Salí de la cárcel el 26 de mayo de 1943, por el decreto que
afectaba a los condenados a 20 años. Me vine entonces a
vivir a Crevillente. Al poco tiempo me detuvieron. Luego volÍNDICE
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vía a Callosa. En 1945 me volvieron a detener. Dos veces me
pusieron la pistola en la frente para que dijera nombres. Me
quitaron la camisa, me ataron las manos por detrás y tres
pegando vergazos al mismo tiempo. Caí sin sentido hasta
que me dejaron. Estuve siete horas sin conocimiento. Me llevaron de nuevo al Reformatorio y estuve un mes. Cuando llegué y el practicante quiso ponerme una inyección le dijo al oficial que no tenía un pedazo de carne donde pinchar. El resto
de detenciones fue sólo ir al Ayuntamiento o a la Guardia Civil
(...)»
«La costumbre que utilizaban estas personas, los dirigentes
de Falange, si es que se les puede llamar personas, era irse
a cenar y a beber. Cenaban bien cenados, se emborrachaban
algunos de ellos y su diversión consistía en venir al
Ayuntamiento y pedir a los centinelas falangistas que les trajeran a fulano de tal. Les tomaban declaración, los hinchaban
y luego para dentro otra vez. Prueba de ello es que yo dormía
con un hombre que se llamaba Salvador Candela, más conocido por el tío Castellano, Salvador el Castellano, dormía
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junto a mí y cuando le llamaron una noche y lo entraron
luego, su cara era la de un monstruo. Tiraba sangre por la
nariz, por los oídos. La cara era de un monstruo de la paliza
que le pegaron. Así que conseguirían que declararan lo que
querían, para evitar los golpes. Después este hombre estuvo
en la cárcel y salió sin ningún cargo. De todo esto se encargó la Falange, la Guardia Civil no intervino para nada. Era el
estilo hitleriano (...)»
(Bienvenido Zaplana Belén, socialista.
Crevillente, 13 de agosto de 1987)
El caso de una mujer embarazada que es fusilada después
de dar a luz
«Fui novio de Carmen Gambín. Ella y su hermana Rosario
estaban en Francia. Carmen era preciosa, de lo más bonito
que se ha conocido por aquí. Volvieron a Callosa y estuvieron
en Socorro Rojo en Alicante. A un hermano, Luis, lo mataron
en el frente y por lo visto un guardia municipal le había pegado en una ocasión a Luis. Al morir éste, las dos hermanas
fueron a casa del guardia y lo mataron. Parece ser que la que
disparó fue Rosario, que ya estaba casada. Estando yo en
San Miguel supe que Rosario y Carmen también estaban allí
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encarceladas. Carmen estaba embarazada y nos enviamos
unas notas. Las juzgaron y esperaron a que Carmen diera a
luz. Por eso fusilaron antes a Rosario que a Carmen. Se
había casado con un chico de Bilbao (...)»
«De mi mujer (Rosario Soriano Gambín) no quiero hablar. La
chiquita sí me la llevaban (...)»
Dos menores de edad fusilados por pintarrajar una imagen
del fundador de Falange
«El caso más sonado fue el de los tres chicos de Dolores.
Pintaron un bigote al retrato de José Antonio y, aunque eran
menores de edad, la excusa que dieron para fusilarlos fue
que tenían banderas republicanas. Murieron gritando Viva la
República (...)»
Petrer 3 de abril de 1987)
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«Aunque aquí en Dolores no hubo muertes durante la guerra,
cuando ésta terminó sí fusilaron primero a dos hombres después de que fueran apaleados en Almoradí y fueron fusilados
tres jóvenes por pintar los labios de un cuartel de José
Antonio Primo de Rivera. Un cuarto joven, José Cano
Illescas, se libró porque era menor de edad y porque era
sobrino del sacristán y se ve que el cura intercedió por él.
Cano salió después de cumplir siete años. Los cuatro eran de
la J.S.U. (...)»
El estraperlo
«Al acabar la guerra, los cupos, no trabajar y vender los
cupos y hacerse millonario. Y en mi caso, la guerra, la cárcel,
la ruina y 15 años para levantar la casa, pero trabajando. Yo
me he llegado a marear de hambre estudiando la carrera,
pero no se me ha ocurrido –y podíamos haberlo hecho– porque con la cárcel que hemos padecido nosotros ha habido
gente que luego se hizo ministro (...)»
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Hablar valenciano en la posguerra
«Mi hermano y mi primo Paco, viniendo de viaje y recién acabada la guerra, venían de Bilbao del hotel Carlton de Bilbao
donde estaba el Ministerio de Industria y Comercio de la zona
aquella para buscar materia prima para la industria de Elche.
Iba también Moreta y estaban sentados en una mesa en el
comedor y estaban hablando en valenciano. Al lado había
unos oficiales, un coronel, un comandante, un capitán y un
asistente. De repente el coronel sacó una pistola y les dijo:
‘¡están ustedes ladrando, son unos hijos de puta...!’ Al coronel le habían matado dos hijos en la guerra. En fin, que ni preguntaban (...)»
«Acabé la guerra en Torrijas. Como borregos nos metieron en
la plaza de toros de Guadalajara con muchísima gente. Allí
estuvimos tres días, lloviendo, mientras nos quitaban lo poco
que llevábamos encima (...). Luego nos llevaron a una especie de aeródromo de zepelines. Por cierto que allí un día
hablando en valenciano con otro, me vino un centinela ameÍNDICE
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nazándome con que me mataba como siguiera hablando ‘en
ruso’(...)»
(José Beltrán Montesinos, cenetista, 3 de abril de 1987)
«También detuvieron a mi madre, Asunción Porcel. Fue juzgada pero su expediente fue sobreseído. Como anécdota
recuerdo que cuando fui a verla, una carcelera me dijo que no
hablara valenciano (...)»
(Rogelio Mora Porcel, socialista. Elche, 6 de junio de 1986)
¿Valió la pena?
«Hoy con mis 70 años, si me dijeran de volver a la juventud
teniendo que pasar lo que pasé, diría que no, que prefiero los
pocos años de vida que me queden pero con tranquilidad
(...)»
«Si en aquel momento alguien nos hubiera dicho, a unos y a
otros, que íbamos a meternos en un fregado como el que nos
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metimos para, al final, restaurar a los Borbones, seguro que
nadie hubiera ido a la guerra. Esto no me lo puede negar
nadie. Luego habría una guerra con actos heroicos por las
dos partes y actos deleznables también por ambas. ¡Quién le
hubiera dicho a la gente que iba a morir por salvar a la monarquía! Los falangistas hubieran abandonado los frentes. Y si
no, la Iglesia, muy perseguida. Mataron a 8.000 curas, a no
sé cuantos obispos, pero cuidado con la Iglesia, que nos
metió en el fregado a todos. Nos hubiéramos tomado un café
todos juntos y en Alicante no habría habido guerra civil y
supongo que en los demás sitios igual. Para mí, la culpa de
todo no la tuvo ni la República, ni la guerra, sino la monarquía, entregada por completo a la plutocracia. Habría que ver
a un obrero con blusa y alpargatas, un maestro nacional con
los codos rotos y luego tíos saliendo del Casino con su coche.
Es decir, diferencias sociales tan tremendas, de manera que
el odio estaba justificado (...)»
«Hoy milito en el Movimiento Comunista junto a mi compañera. Estamos con gente muy joven y ayudamos en lo que
podemos. Nos apuntamos todavía en la clandestinidad y en
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una casa de campo que tengo hacíamos reuniones con gente
que venía de Madrid (...)»
Petrer 3 de abril de 1987)
4. A manera de conclusión
Como historiadores, ¿nos podemos permitir el lujo de renunciar, por comodidad, a la obtención de una información tan
valiosa que sólo puede ser recogida durante un tiempo limitado? Sencillamente, a mí al menos me parece un despropósito no intentarlo.
¿Qué veracidad ofrece el testimonio de un militante de cualquier organización? En mi caso, pocas veces he sentido desconfianza ante lo que me estaban contando. En alguna ocasión alguien se puede presentar como el héroe del frente, el
fundador de lo que sea, el número uno de la oposición o
cosas por estilo, pero no es lo habitual y, cuando así ocurre,
la entrevista suele terminar antes. Por otro lado, si hay una
información en los testimonios que resulta poco relevante es
la que intenta precisar cifras: por ejemplo, de una cárcel interesa sobre todo la vida de un interno y sirve de muy poco que
hable del número de presos: «éramos 3.000». ¿Cómo calcular visualmente la gente que había en el puerto de Alicante a
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finales de marzo de 1939? En ocasiones un testimonio oral
desmiente a una fuente escrita: tuve ocasión de entrevistar a
una mujer, militante del Partido Comunista durante la guerra
civil, porque un semanario ilicitano la consideró como modelo de la participación de la mujer en la retaguardia. Cuando la
entrevisté descubrí que era un montaje propagandístico:
aquella señora no sabía de que le estaba hablando.
Un aspecto ético. En muchas ocasiones un testimonio puede
incorporar, entre otras muchas barbaridades, una acusación
con nombres y apellidos de la que el historiador se puede
convertir en altavoz. Por tanto habría que distinguir entre el
testimonio grabado que debe quedar en un archivo sin alteración alguna y el uso por parte del historiador de ese testimonio. No todo es publicable. Y no se trata tanto de evitar el
juzgado como de huir de la calumnia.
Queda muchísimo por hacer y el tiempo corre en contra nuestra. El Franquismo es, me parece, el objetivo más urgente:
cuadros políticos, docentes, funcionarios y un largo etcétera
nos pueden suministrar abundantes pistas con las que acudir
luego a las fuentes escritas. La propia naturaleza de la dictadura y sus tinieblas informativas convierten a las fuentes orales en una herramienta poco menos que indispensable.
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Notas
1 Un libro útil para empezar a trabajar es el de FOLGUERA, Pilar,
Cómo se hace historia Oral, Madrid, 1994, págs. 82-89.
2 FRASER, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral
de la guerra civil española, Barcelona, 1979. Del mismo autor,
Mijas. República, guerra, franquismo en un pueblo andaluz,
Barcelona, 1985 (un excelente ejemplo de cómo la historia local
puede superar el localismo estéril) y Escondido. El calvario de
Manuel Cortés, Valencia, 1986. Es importante también la aportación metodológica de THOMPSON, Paul, La voz del pasado.
Historia oral, Valencia, 1988. Una aplicación reciente puede verse
en VILANOVA, Mercedes, Las mayorías invisibles. Explotación
fabril, revolución y represión, Barcelona, 1996. La revista Historia y
Fuente Oral viene recogiendo las mejores aportaciones nacionales
e internacionales sobre fuentes orales; el número 13 (1995) ofrece
un índice de los doce primeros números.
3 MARTÍNEZ LEAL, Juan y ORS MONTENEGRO, Miguel, «La
represión de posguerra en Alicante (1939-1945)» en Canelobre, nº
31-32, Alicante, 1995, págs. 23-72.
4 El Instituto de cultura Juan Gil Albert publicó un catálogo de su
archivo de fuentes orales en abril de 1995.
5 AVIFOR publica una hoja informativa llamada La Veu. Su dirección
es AVIFOR, apartado de correos, 262, 03560 EL CAMPELLO
(Alicante).
6 SALAS LARRAZABAL, Ramón, Pérdidas de la guerra, Barcelona,
1977, pág. 371.
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El franquismo, visiones y balances

Transcripción

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