reformas a la ley del sar

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reformas a la ley del sar
“REFORMAS A LA LEY DEL SAR”
Norahenid Amescua Ornelas
Apenas se había aprobado la Ley del ISSSTE con todo el choque histórico de
todos conocido, cuando acto seguido el Legislativo Federal sancionaba la
reforma siamesa relativa a la Ley del SAR, con el pretexto de blindar de
abusos contra los trabajadores a la primera.
Hablamos de un “supuesto blindaje”, ya que es falso que los trabajadores al
servicio del estado puedan ya estar tranquilos con estas reformas a la Ley del
SAR. Esto es un embuste más. Estas reformas por el contrario coadyuvan a
sostener la agresión a los derechos de los trabajadores que consagra la Ley
del ISSSSTE. Para constatarlo analicemos el contenido de estas reformas.
1. Se suprime la comisión sobre flujo y queda la comisión sobre saldo
En principio esto es absolutamente plausible, ya que es un verdadero robo que
las Afores por el sólo hecho de recibir las cuotas y aportaciones de los
trabajadores, le reduzcan, le despojen en automático de hasta el 30% de su
dinero (se llega a este porcentaje ya que la comisión se cobra sobre el salario
base de cotización). Recursos que después reciben una nueva agresión: el
cobro de una comisión sobre saldo.
Ambas comisiones, las de flujo y saldo, transforman a las Afores en un negocio
redondo, pues las Administradoras a cambio de ninguna obligación substancial:
no garantizan un rendimiento mínimo ni la entrega intocada de los dineros de
los trabajadores, menos aún el otorgamiento de una pensión, embolsándose
cantidades enormes de los ahorradores.
Sin embargo, no es suficiente, la supresión de la comisión sobre flujo sino que
debe hacerse lo mismo con la comisión sobre saldo (que actualmente es la
más conveniente para las Afores y cuyas tasas que en estos momentos se
aplican pueden ser aumentadas por las Afores para compensar la supresión de
la comisión sobre flujo) y, dejarse sólo el cobro de la comisión sobre
rendimiento real con un tope máximo marcado por el Legislativo Federal. Esto,
en tanto las Afores son desterradas como cáncer de la seguridad social.
Ahondemos en esta afirmación.
Insisto, en que en principio la supresión de las comisiones sobre flujo se
podrían considerar benéfico, bajo el argumento de que los burócratas apenas
comienzan a constituir sus depósitos en sus cuentas individuales. En tal virtud,
siendo bajos los saldos de estas cuentas, la comisión que más les perjudica a
los trabajadores es la de flujo, es decir, la que se cobra por el simple depósito
de sus ahorros en la Afore, especialmente si se toma en cuenta que los
sueldos de los burócratas suelen ser mayores que los de los trabajadores del
apartado A. Además que con la supresión de la comisión sobre flujo se amarra
aún más la prohibición establecida en el artículo 25 Transitorio, sobre que no
se deberá cobrar comisión sobre los Bonos de Pensión ISSSTE.
Sin embargo, esto es sólo apariencia. Las cuentas individuales abiertas en las
Afores pertenecientes a los trabajadores afiliados al IMSS a partir de 1997
partieron de cero saldo; ya que los ahorros del 2% del SAR ahorrados de 1992
hasta el 30 de junio de 1997 por estos trabajadores, aunque se traspasaron a
una Subcuenta de las Afores, se sujetaron en su manejo e inversión a la
legislación anterior como procedía en derecho.
Contrariamente las cuentas individuales de los burócratas no van a partir de
cero sino de un saldo más o menos abultado producto de los ahorros del
anterior SAR (2%), los que concretamente se traducen en aproximadamente
58,000 millones de pesos y que violando a la Constitución por tratarse de
derechos adquiridos por los trabajadores, serán manejado e invertido por
PENSIONISSSTE y luego por las Afores; es decir serán administrados
conforme a la Nueva Ley del ISSSTE, lo que se traduce en la utilización de
Siefores, bolsa de valores, riesgos. Sin garantía de que los ahorros de los
trabajadores quedarán intocados, y sin que se garantice a éste un rendimiento
mínimo real. Sobre estos saldos es que las Afores comenzarán a cobrar a los
burócratas sus onerosas comisiones.
En suma el sistema de las Afores en el apartado B comenzará ya con un saldo
más o menos abultado. Si a esto sumamos que a estas alturas los saldos de
las cuentas de los trabajadores afiliados al IMSS, los del apartado A ya también
son amplios, con mayor razón nos daremos cuenta de que en estos momentos
las comisiones de saldo son las que más convienen a las Afores no a los
trabajadores. En tal virtud, la supresión de la comisión de flujo a estas alturas,
es ante todo un desplante publicitario ¿por qué no se hizo en años antes
cuando especialistas como yo denunciamos a las comisiones sobre flujo y lo
cual si hubiera beneficiado a los trabajadores? Simplemente porque no les
convenía.
Si a esto adicionamos que como las Afores fijan sus comisiones a su gusto (la
autorización de la Consar es sólo una pantomima), al suprimírseles las
comisiones de flujo, más adelante las Afores podrán elevar el porcentaje de las
comisiones sobre saldo para seguir obteniendo todo el dinero del mundo.
En tanto desaparecen las Afores, ante la fuerza de los hechos y la presión de
los trabajadores, el único camino para que hubiera equidad en el cobro de
comisiones sería que sólo se autorizaran las comisiones sobre rendimiento
real, cuya tasa además estaría sujeto a un tope que marcara el legislativo, que
debiera ser similar a la que se cobraba a los trabajadores en el marco del
anterior SAR, es decir por alrededor del 0.5% .
2.- Rendimiento neto
De ahora en adelante los rendimientos de las Afores se determinarán en
términos netos. Es decir, el resultado de restar a los rendimientos las
comisiones. Esto permitirá que el trabajador con más claridad pueda definir a la
Afore que más le conviene para efectos de los traspasos de su cuenta
individual , así como para que la Consar asigne las cuentas individuales de los
trabajadores que no escojan Afore entre las Administradoras con mayor
rendimiento neto y, ya no simplemente entre las que cobren menos comisiones.
Esto no cabe duda es un avance pero insuficiente. Veamos.
No se puede permitir, que las Afores no garanticen un rendimiento real mínimo
como hasta ahora los trabajadores burócratas tenían garantizado. La obtención
de un interés mínimo real y un tope máximo a las comisiones, permitirá que los
ahorros de los trabajadores alcancen saldos que les permitan al final de su vida
laboral obtener una pensión de preferencia digna. De lo contrario estaremos en
presencia de un FOBAPROA de la seguridad social que deberá de pagarse con
recursos fiscales a fin de entregar a los trabajadores sus Pensiones Mínimas
Garantizadas, o lo peor el trabajador perderá su derecho a una pensión
obteniendo sólo un ahorro más o menos mermado por las usureras comisiones
de las Afores.
Esto no se puede permitir, pues nos estamos jugando el futuro de la seguridad
social, es decir el futuro de los trabajadores, del país y el equilibrio de las
finanzas públicas. Luego el Estado debe tomar todas las medidas necesarias
para evitarlo.
En armonía con lo anterior, lo que debe impulsarse entre las cuentas de los
trabajadores no es la obtención de un rendimiento neto, es decir, rendimientos
menos comisiones, sino un rendimiento real, descontando la inflación, lo cual
además de trasparentar a los trabajadores el rendimiento que obtienen en su
Afore y el otorgado por el resto de las Administradoras, y así obtener
decisiones más informadas y realmente en su beneficio. Permitirá apreciar la
marcha de las Afores, el grado de su despojo. No más rendimientos
disfrazados, a las que se acogen las Afores y sus partidarios para justificar la
continuación de este inequitativo sistema de pensiones. Rendimientos reales,
no sólo netos.
3.- Vuelta al traspaso anual de las cuentas individuales
Se suprime el derecho que gracias a años de lucha de los trabajadores
consagraba la Ley del SAR antes de este Decreto de Reformas; en el sentido
de que los trabajadores podían traspasar su cuenta individual a otra Afore
cuantas veces quisieran, con el límite de que la nueva Afore cobrara una
comisión menor. Con el Decreto de cita, se vuelve al periodo anual para poder
ejercer este derecho, salvo que el trabajador, por una sola vez, cambie a otra
Administradora con un mayor rendimiento neto (rendimiento menos
comisiones), misma en la que deberá permanecer 12 meses , salvo que la
Consar establezca un periodo menor para los traspasos (esto es más que
relativo, ya que todos sabemos que esta Comisión está absolutamente
inclinada hacia las Afores, por lo que será este interés pervertido, y no la
objetividad y el beneficio de los trabajadores la que la guiarán en este tipo de
decisiones).
Cuando algunos trabajadores comienzan a saber más del SAR y a involucrarse
en su cuenta individual, les quieren nuevamente limitar el plazo para cambiar
de Afore; el interés de estos negociantes extranjeros, sobre todo de las Afores
que monopolizan el mercado, no puede estar por encima de los intereses de la
clase trabajadora y el país. Se habla de abusos de Afores y promotores: pues
que se les sancione y controle, pero esto no es causa para perjudicar a los
trabajadores. También se agrega, que el solo monto de comisión que se cobra
no es criterio suficiente para determinar el mayor beneficio para el trabajador,
pues que se sujete el traspaso al rendimiento real y no al monto de la comisión,
pero que esto tampoco sea pretexto para suprimir la libertad de los
trabajadores de cambiar de Administradora cuantas veces lo determine, ni para
reducir la competencia entre las Afores.
Con el reestablecimiento del traspaso anual se trata de proteger a las Afores
que monopolizan el mercado y que suelen ser las más caras. Finalmente, para
evitar que los traspasos se traduzcan en cobros para los trabajadores, se debe
suprimir la comisión por este concepto. ¡No; si siempre hay caminos para
tutelar al trabajador, si hay voluntad política; lo contrario son pretextos!
Por otro lado, la pretensión de diferir a 9 meses la supresión de la comisión
sobre flujo y la aplicación del concepto de rendimiento neto, que nosotros
cambiaríamos por el de rendimiento real, no se puede justificar por razones
administrativas, sino para extender por el mayor tiempo posible esta comisión
que sumada a las de saldo saquean sin escrúpulos los ahorros de los
trabajadores.
En armonía con todas las propuestas hasta aquí expresadas, la asignación de
los trabajadores que no seleccionen Afore debería realizarse a favor de las
administradoras que tengan el mayor rendimiento real; no simplemente neto
como se refiere en el Decreto de reformas de comento.
4.- Candados a las personas que ocupen el cargo de Directora General de una
Afore
La Ley del SAR es adicionada con un artículo 66 bis, para blindarla de la
pretensión de los charros de tomar control del PENSIONISSSTE, lo que
provocaría que al lucro descarado con los ahorros de los trabajadores propio
de las Afores (pues PENSIONISSSTE es sólo una Afore más que de ninguna
manera cobrará las comisiones más bajas del mercado, o que esté sujeta a
una normativa especial tutelar para los trabajadores sino a la misma Ley del
SAR); se sumara ahora una corrupción galopante.
Lo cierto, es que parece increíble que hasta ahora se fijen los requisitos
mínimos para un puesto tan importante, como es el de Director General de una
Afore, lo cual incide sobre el derecho a pensionarse, a retirarse con dignidad de
millones de trabajadores y sus familias y, a final de cuentas sobre las finanzas
públicas.
Por la significación de este artículo 66 bis, nos permitimos transcribirlo en su
integridad:
Artículo 66 bis. De la Ley del SAR. “La persona designada como director
general o su equivalente de una administradora o institución que realice
funciones similares, pública o privada, además de cumplir con lo dispuesto en
el artículo anterior, deberá tener un perfil profesional y ético conforme a lo
siguiente:
1. Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el
Código Fiscal de la Federación;
2. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de
alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y
experiencia en materia financiera y administrativa;
3. No estar realizando ni haber realizado en los últimos dos años,
funciones de regulación de entidades del sistema financiero mexicano;
4. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar
cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero
mexicano, y no haber sido condenado por delito que amerite privación
de la libertad o encontrase inhabilitado en los términos de la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
5. No estar desempeñado o haber desempeñado en los últimos dos años
previos a su designación, cargo alguno de cualquier índole en partidos o
agrupaciones políticas, ni en organizaciones de trabajadores o de
patrones o cargos de elección popular.
En el caso de las Administradoras o instituciones que realicen funciones
similares de naturaleza pública, el director general o su equivalente,
adicionalmente deberá ser ciudadano mexicano.”
Lo de “ético” del primer párrafo de este artículo es una exageración en boca de
gente que aprobó una ley como la NLISSSTE, que siendo absolutamente
contraria a derecho, con mayor razón lo es a la “ética”.
Pese a todas las distorsiones e inconstitucionalidades, no debemos olvidar que
cuando hablamos de las Afores, no sólo hablamos de un negocio de enorme
lucro para el capital financiero trasnacional, sino que entramos al campo de lo
social, de la seguridad social, por lo que en su manejo nunca debe faltar la
preparación y la sensibilidad hacia los derechos de los trabajadores. Es por
tanto insuficiente que al Directo General sólo se exija conocimientos y
experiencia en materia financiera y administrativa. La persona que ocupe este
cargo debe contar también con experiencia en materia laboral y de seguridad
social.
Para perfeccionar en su carácter de norma jurídica al artículo 66 bis, hubiera
sido adecuado que se señalara expresamente, que si alguna persona ocupa el
cargo de Directo General sin cumplir los requisitos, además de ser removido de
inmediato será sujeto de las responsabilices, incluidas las penales, que
procedan.
Sobre el mismo, tema es necesario referirnos al artículo Segundo Transitorio,
relativo a los Directores Generales de las Afores que actualmente están en
funciones. En el mismo se señala, que en 30 días hábiles deberán manifestar
de manera escrita no encontrase en las incompatibilidades contenidas en la
fracción V del artículo 66 que marca los requisitos para este empleo. Es decir:
no desempeñar o haber desempeñado en los últimos 2 años previos a su
nombramiento, algún cargo en partidos o agrupaciones políticas, ni en
organizaciones de trabajadores o de patrones o cargos de elección popular.
Y bien, nuestro comentario va en el sentido de que el contenido de este artículo
está incompleto: debe señalarse que será en la Consar en donde se debe
presentar este escrito, que se no presentarlo o si tiene alguna o alguna de las
incompatibilidades deberá ser removido de su puesto. Finalmente, estimamos
que el término para algo tan substancial debió ser más breve.
4.- Incremento del número de representantes de los trabajadores en la Junta de
Gobierno de la Consar
Repetidamente he denunciado que es inconcebible que la Consar que cumple
tan importante y difícil función esté reducido a un mero órgano desconcentrado
de la SHCP, quien establece una verdadera dictadura en materia de
representantes, siendo que los trabajadores de cuyos dineros y destinos de
trata tienen una mínima y adulterada representación. Por tanto he propuesto la
transformación de la Consar en un organismo descentralizado y, la urgencia de
aumentar en número y fuerza real la representación de los trabajadores.
En armonía de lo anterior, no nos podemos oponer al aumento de los
representantes de los trabajadores en la Junta de Gobierno de la Consar, para
que la clase trabajadora influya más en las decisiones que se tomen sobre sus
dineros y, por tanto su futuro. En este Decreto de Reformas se propone que
aumenten de 2 a 4 estos representantes de los trabajadores. Pero hay dos
inconvenientes: que la designación de los representantes obreros sigue bajo el
control de la SHCP y, segundo, que en el contexto en que se caminan estas
reformas a la Ley del SAR, como la Nueva Ley del ISSSTE, debemos temer
fundadamente que este aumento sólo signifique su charrificación. La presencia
en la Junta de Gobierno de los charros del apartado B, para la mejor “defensa”
de sus aberrantes intereses.
Para evitar lo anterior, la SHCP no debería tener ninguna intervención en su
designación y, que ninguna organización de trabajadores pueda tener más de
un representante, lo cual abriría esta representación a una designación más
apegada a los interese de los trabajadores, a su pluralidad. El Ejecutivo Federal
emitiría la convocatoria para señalar las organizaciones de trabajadores que
intervendrán en esta designación.
5.- Fijación de las reglas para la determinación de los salarios de los agentes
promotores
Sobre los Promotores de las Afores caen los más negros argumentos, que se
resumen a señalar que son unos abusivos que cometen todo tipo de
arbitrariedades e ilegalidades con el fin de lograr que un mayor número de
trabajadores se inscriban o traspasen las cuentas a su Afore en las que prestan
sus servicios.
Desde luego, agentes los responsables y sus Afores cómplices deben ser
sancionados; pero el problema requiere algo más que sanciones. Exige un
enfoque de justicia social.
¿No que la corrupción e ineficiencia sólo es propio de las empresas públicas?
Nunca se debe olvidar que lo promotores son trabajadores con una injusta
situación laboral. Y concretamente, si los promotores actúan de esta forma
poco legal, se debe a que ganan un salario por comisión. Urge pues, consagrar
su derecho a un salario mínimo y digno, en general a un salario remunerador
de manera que esta tranquilidad económica les permita desempeñarse de
manera más justa en relación al resto de los trabajadores.
En tal virtud, no basta señalar que la Consar fijará las reglas generales sobre la
remuneración de las Afores a sus promotores: sino que se debe fijar a favor de
los promotores un salario mínimo equivalente a 6 salarios mínimo generales
vigentes en el Distrito Federal, dejando claro que las comisiones y cualquier
otra prestación sólo podrán incrementar tal percepción mínima. Esto además
permitirá avanzar en su profesionalización.
6.- Ahorros voluntarios
En un afán de promover el ahorro voluntario, se establece que las Afores
puedan establecer incentivos para los ahorradores como bonificaciones a las
respectivas cuentas individuales; también para los trabajadores que empleen
medios electrónicos para cumplir sus trámites ante estas Administradoras, pues
su utilización es sinónimo de ahorro de gastos administrativos y de agilidad en
el servicio, pero esto debe ser sin menoscabo de la seguridad jurídica para el
trabajador que será vital en un sistema de pensiones que se presta a tanta
arbitrariedad.
El problema para que se amplíe el ahorro voluntario de los trabajadores, lo
hemos repetido hasta el infinito no es de incentivos, sino de empleos con
salarios dignos y, que las Afores pierdan la fama de saqueadoras.
Respecto al ahorro voluntario, también se precisa que el trabajador podrá
designar a sus beneficiarios en torno al amplio concepto de ahorro voluntario y,
ya no sólo respecto a las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro.
Sin embrago, en lugar de alentar la desprotección de los familiares de
trabajador, siguiendo los principios del derecho social, debe señalarse que aún
del ahorros voluntario los familiares legales serán reconocidos cono
beneficiarios en primer término, armonizando la ley del SAR con lo que a este
respecto marcan las Leyes del ISSSTE e IMSS.
7.- Campaña de Difusión de las reformas
Finalmente nos remitimos al artículo cuarto transitorio, que marca las instancias
de autoridad a cargo de las cuales estará la campaña de difusión de la
reformas de la Ley del SAR.
A este respecto señalamos, que es indispensable que también en la forma se
respete el sentido social de la Ley del SAR y del nuevo sistema de pensiones,
razón por la cual deberán integrarse a esta actividad difusora la STPS, el
ISSSTE y el IMSS. Además debe precisarse que esta campaña debe
caracterizarse por su objetividad y rasgo didáctico. Que igualmente debe tener
un límite en el tiempo para que no influya negativamente en las decisiones que
deberán tomar los burócratas a partir de enero de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de mayo de 2007.

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