La UCR en los Medios 23-4-12 LA DAMA LIBERAL QUE SEDUCE

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La UCR en los Medios 23-4-12 LA DAMA LIBERAL QUE SEDUCE
La UCR en los Medios
23-4-12
LA DAMA LIBERAL QUE SEDUCE A LOS K
Josefina Meabe
cargo: senadora (corrientes)
bloque: partido liberal
profesion: productora rural
datos personales: 72 años, porteña, casada y dos hijos.
En Corrientes la apodan la “Dama de Hierro”, pero suele mostar una aleación más dúctil. Es que Josefina Angélica
Meabe Ferré de Mathó, heredera de una familia que dominó por décadas el Partido Liberal, acostumbra coquetear
con partidos más grandes y acertar con la vereda donde caliente el poder. En estos días es buscada por el
kirchnerismo, que intenta juntar votos para aprobar el pliego de Daniel Reposo, el aliado de Amado Boudou
propuesto como procurador. Ella juega al misterio y no anunció cómo votará. “Todavía no decidí. ¿Y sabe por qué?
Porque no lo conozco a Reposo”, le dijo a Clarín. Pero los oficialistas la cuentan a favor. Meabe llegó al Senado en
2009 de la mano del gobernador radical Ricardo Colombi y haciendo campaña con Julio Cobos, pero hoy tiene
mejor diálogo con los K. En Corrientes se acercó al intendente “Camau” Espínola, niño mimado de la Casa Rosada,
aunque el partido que ella misma preside participa del gobierno de Colombi. Su entusiasmo por el modelo “nacional
y popular” contrasta con su abolengo conservador propio de una familia de estancieros. Los Meabe recorren 155
años de historia del Partido Liberal, el más antiguo de la Argentina. Ella aterrizó en la política pasados los 50 y fue
la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados provincial. Estuvo en el sillón por 8 años.
El escenario
LOS ALIADOS INVALORABLES DE LA PRESIDENTA
Por Carlos Pagni
Después de arrojar la bomba, Cristina Kirchner y su equipo se están empeñando en minimizar los daños del
estallido. La confiscación de YPF les exige un doble movimiento: quebrar el frente internacional de condena y
construir un consenso interno capaz de presentar la apropiación como una política de Estado. Para alcanzar estos
objetivos, el kirchnerismo cuenta con un par de aliados invalorables. Por un lado, el interés de los empresarios
locales y extranjeros en participar de los negocios que se inauguran con el cambio de dueños. Por otro, la torpeza
con que el gobierno de Mariano Rajoy y la oposición doméstica han abordado el avance sobre las acciones de
Repsol.
La reputación de la Argentina en la comunidad de negocios no necesitó de la estatización de YPF para
derrumbarse. La intervención sobre el comercio exterior ya había demostrado que la Presidenta decidió prescindir
de la inversión externa para resolver los problemas de la economía. En la Cumbre de las Américas , en Cartagena,
ella tuvo indicios tangibles de ese deterioro. Tal vez el más molesto haya sido la intervención del periodista
Christopher Matthews, que moderaba el panel de Barack Obama, Dilma Rousseff y Juan Manuel Santos. Al felicitar
a Rousseff porque la economía de Brasil había reemplazado a la de Gran Bretaña en el sexto lugar del ranking
global, Matthews agregó: "Ojalá no siga el destino de la Argentina, que ya ocupó ese lugar". La captura de YPF
cayó sobre un piso ya mojado.
Para atenuar el peso de la condena internacional, los cráneos energéticos del kirchnerismo -Julio De Vido, Axel
Kicillof, Daniel Cameron, Roberto Baratta- intentan seducir a las grandes operadoras petroleras . Desde el martes
pasado mantienen contacto con representantes de Exxon, Total y Sinopec para interesarlos en la explotación
conjunta de los yacimientos de YPF. De Vido y Cameron viajaron también a Brasil para calmar a María das Graças
Foster, presidenta de Petrobras, que está furiosa por el retiro de algunas concesiones en Neuquén.
El vocero de una de esas petroleras explicó, socarrón: "Robaron la gallina y ahora nos invitan a comer el puchero".
Se refería a la invitación a formar joint ventures con el Estado. Esas asociaciones están en la base del programa
que expuso Kicillof en el Congreso: los productores privados suministrarían al Estado parte de los combustibles que
ahora importa para subsidiar la energía a cambio de vender en el mercado internacional una parte del petróleo y
del gas extraídos.
En lo inmediato, los cuatro jinetes de la Presidenta se proponen que esas compañías atenúen el malestar de los
gobiernos de sus países. La Casa Rosada teme una suspensión del G-20, que sólo se produciría por impulso de
los Estados Unidos y Alemania, con la aprobación tácita de Brasil. El Gobierno recurrió el jueves pasado a un canal
informal para algodonar su vínculo con Washington.
La fantasía de esta diplomacia energética es encapsular la relación con España en un pleito bilateral, para después
manipular la balanza de los intereses de ese país en la Argentina. Los funcionarios suponen que los ejecutivos de
Telefónica y de los bancos Santander y BBVA, con tal de defender sus inversiones, pueden ejercer alguna
mediación con el irritado gobierno de Rajoy. Telefónica jugaría un papel clave: su principal accionista es la Caixa de
Catalunya, en nombre de la cual Antonio Brufau conduce Repsol. La pasión criolla por las teorías conspirativas es
capaz de contagiar a los extranjeros. Un funcionario de Telefónica se preguntó si el misterioso apagón de Movistar
no habrá sido provocado por el Gobierno para trabar una negociación en este nuevo contexto. "Si el kirchnerismo
tuviera esa capacidad de coordinación, no habría crisis energética", lo disuadieron.
Disolver el enojo español será difícil. Rajoy consiguió con Repsol abroquelar a la opinión pública doméstica cuando
los rigores del ajuste derrumbaban su popularidad. Por un instante, España dejó de hablar del desempleo. Sólo la
izquierda más radicalizada planteó una disidencia, como la que escribió Juan Torres López en "Repsol no es
España". Si Kicillof leyera ese artículo descubriría que, a pesar del entrevero, tiene un alma gemela al otro lado del
Atlántico.
A pesar de la unanimidad española, Cristina Kirchner tiene a favor la impericia del gobierno del PP. Desde que
llegó al poder, el canciller José García-Margallo no ha pisado América latina. Sólo un ministro de Rajoy ha visitado,
desde entonces, la Argentina: el de Industria, José Manuel Soria, que realizó un viaje casi clandestino en un avión
de Repsol, para someterse al rigoreo del viceministro Kicillof. Conocida la expropiación, la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría anunció que su país suspendería las compras de biodiésel argentino. Sagaz, la señora de
Kirchner contestó que el gobierno de Rajoy estaba en su derecho de castigar a los españoles haciéndoles pagar
más caro ese producto. Rajoy decidió sumar al daño patrimonial de Repsol el perjuicio comercial de los
consumidores de combustibles.
Con el paso de los días se conocen más desventuras de la petrolera española. El viernes, Reuters publicó un dato
que nadie desmintió. Cuando entraron a la empresa, los Eskenazi se pusieron a resguardo de una posible
estatización. Una cláusula del contrato les aseguraría que, en caso de perder el control de la empresa, Repsol
compraría su parte. Si esta condición fuera verdadera, el perjuicio de la compañía española sería todavía mayor.
Tal vez se mantenga el misterio por un tiempo. Entre Cristina Kirchner y Brufau hay un pacto tácito que resiste toda
guerra: no abrir el debate sobre el rol de los Eskenazi en YPF. Gracias a que de esto en España no se habla Brufau
mantiene su lugar al frente de Repsol. Al menos hasta que su jefe en la Caixa, Isidre Fainé, que no lo aprecia,
decida defenestrarlo.
Construir consenso interno es mucho más fácil que romper el aislamiento internacional. Kicillof ya lo advirtió en la
docilidad con que los banqueros le prometieron mantener las líneas de crédito a YPF. "Es fácil disciplinar a los
empresarios argentinos: son miedosos", suele repetir el viceministro en los asados de La Cámpora. Tiene razón.
El temor no es el único estímulo. La estatización encubre la promesa de que YPF dará satisfacción a innumerables
intereses particulares. No bien pasó a manos del sector público, YPF comenzó a ser reprivatizada.
Kicillof adelantó que sacrificará la rentabilidad de la empresa para subsidiar la energía a los industriales argentinos.
Además, alrededor de De Vido y de Baratta se ha formado un cardumen de contratistas dispuesto a colaborar con
la soberanía nacional. Cristóbal, Manzano, Lázaro Báez, Eurnekian están primeros en la fila. Comparten un sueño:
que YPF vuelva a ser el área de colonización de la dichosa burguesía nacional que siempre fue. (Sería de desear
que, en su afán revisionista, los chicos de La Cámpora no se pregunten, por ejemplo, a qué bloque empresarial
respondía Guillermo Suárez Mason cuando ocupó, en plena dictadura, el sillón donde se acaba de sentar De Vido:
no vaya a ser que aparezca un asesor.)
Los empresarios que festejan la estatización de YPF cuentan con una gran ventaja: quienes están al frente de la
empresa desconocen el negocio. De Vido está urgido por salir de la crisis energética que él mismo ha provocado.
No es sencillo. Más allá de cualquier fantasía, la caja contante y sonante que dejan los Eskenazi es de, según los
números de diciembre pasado, $ 1200 millones. Esa cifra llegaría a 6500 millones si se sumaran las ganancias.
Pero Kicillof no asegura que las haya. En cualquier caso es una miseria si se lo compara con los ahorros de las
AFJP o las reservas disponibles en el Banco Central.
Los rivales de Cristina Kirchner coronarán la consagración de la armonía. Los diputados de Hermes Binner
reprochan a la Presidenta que se haya quedado corta: la mayoría prefiere estatizar la actividad petrolera, no la
principal empresa. El radicalismo, por su parte, votará el proyecto oficial con pocas disidencias. Como dicen
algunos simpatizantes desencantados: inventaremos el "voto no negativo". La sumisión de la UCR es notoria:
ninguno de sus diputados se animó a presentar un proyecto de estatización de YPF hasta que la señora de
Kirchner envió el suyo.
El realismo mágico de la oposición presta a la Presidenta un servicio inestimable. Cuando vaya a los
tribunales internacionales y locales, ella no deberá justificar el arrebato de un gobierno. Podrá decir que
defiende un imperativo de toda la nación.
LA DISPUTA POR LA CONDUCCION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL
UNA ELECCIÓN ATRAVESADA POR LA POLÍTICA
Los comicios de los abogados se realizarán mañana y definirán la conducción entre tres candidatos: Damián Loreti,
con apoyo del kirchnerismo y organismos de derechos humanos; el radical Atilio Alterini y Jorge Rizzo, apoyado por
un frente que va del moyanismo al macrismo.
Por Irina Hauser
La pelea por la conducción del Colegio de Abogados de Capital Federal viene este año con una fuerte impronta
política y mucha discusión mediática. Tal vez esto responda a la aparición en escena de un candidato novedoso,
Damián Loreti, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), quien llega con respaldo explícito del
kirchnerismo e incluye en su lista, Frente Gremial de Abogados, a referentes de organismos de derechos humanos
–algunos que querellan en causas contra represores–, sindicatos y agrupaciones de jóvenes del ámbito del
Derecho. En función de esta presencia han definido su estrategia los otros dos candidatos fuertes, viejos conocidos
en la entidad que ya presidieron años atrás. Atilio Alterini, un radical que fue decano de la Facultad de Derecho, se
presenta como la propuesta “no kirchnerista”, en alianza con el llamado Colegio de la calle Montevideo, conocido
por su apoyo a los golpes de Estado. Jorge Rizzo, de Gente de Derecho, dice que su fuerza es “apartidaria”,
aunque combina un mix de radicales, peronistas, exponentes de PRO y fuerzas de izquierda, además de que
cuenta con el apoyo del moyanismo, a través de Julio Piumato, líder del gremio de los judiciales UEJN.
La elección será mañana. Del padrón de 66 mil abogados habilitados para votar, en el Colegio estiman que lo
harán entre el 20 y el 30 por ciento. Pueden votar también quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Se eligen integrantes del Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados. Gente de Derecho
lleva tres mandatos seguidos, desde 2006, al frente de la institución. El PRO iba a presentar lista propia, pero
desistió. Dos candidatos con menos proyección son Elías Salazar y Daniel Rybnik.
En campaña
El carrito de venta ambulante de comida rápida que para frente a Tribunales, en Plaza Lavalle, está tapizado hace
días con afiches en apoyo a Loreti y la leyenda: “Abogados K para profundizar el modelo”. “Basta de Rizzo”,
proclama, en alusión al oponente que, si triunfa, encarnaría la continuidad de la dirección actual del Colegio, a
cargo de Eugenio Cozzi. Loreti, un experto en derecho a la información que fue clave en la redacción de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, hizo un acto multitudinario la semana pasada en la Asociación Unione e
Benevolenza, donde fueron elocuentes las presencias del ministro de Trabajo, Carlos Tomada; del presidente de
Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; del secretario de Justicia, Julián Alvarez, militantes de La Cámpora y
organismos de derechos humanos. Su plataforma promueve mejoras laborales e igualitarias para el universo de los
abogados y cuestiona que el Colegio se haya mantenido al margen del proceso de ampliación de derechos de los
últimos años, que incluye desde la ley de matrimonio igualitario, la Asignación Universal por Hijo y la
despenalización de calumnias e injurias hasta la reestatización del sistema jubilatorio y el proyecto de reforma del
Código Civil.
El cierre de campaña de Rizzo fue en el propio Colegio el viernes a la noche, con unas cuatrocientas personas y el
lema “Somos todos abogados trabajadores”, quizás una provocación al Frente Gremial, al que atacó alegando que
sus integrantes “no trabajan de abogados”. Alterini organizó un evento una semana antes, en el Club Español, con
viejas figuras de la UCR como Marcelo Stubrin y adhesiones como la de Leandro Despouy, titular de la Auditoría
General de la Nación. Para reforzar la conquista de votos, su agrupación, Cambio Pluralista, lideró el viernes un
“corbatazo” en la puerta del Palacio de Justicia en reclamo de “independencia” judicial y en rechazo a la postulación
de Daniel Reposo para la Procuración General. Rizzo lo criticó: “Hoy le pega a Reposo, pero cuando fue decano lo
promovió” con un cargo directivo en Derecho. En las filas de Loreti hubo quienes apreciaron el “corbatazo” como
una movida de mal gusto, pues asocian inevitablemente el término a La Noche de las Corbatas, que signó el
secuestro y la desaparición de abogados laboralistas. Según Alterini, las corbatas “son un símbolo de los
abogados” que lamenta “que se use cada vez menos”. Las discrepancias están a la vista. Las propuestas tienen
muy poco en común.
Combo multifacético
Rizzo le explicó a Página/12 que está concentrado en ofrecer cada vez más servicios para los abogados. “Ya
tramitamos el DNI, el pasaporte y el registro y queremos agregar otras prestaciones, un campo de deportes y otro
edificio. Apostamos, además, a que la Coneau reconozca nuestra propia escuela de posgrado”, dijo. Se reivindica
como impulsor de uno de los proyectos para modificar la ley de aranceles (de la dictadura) que regula los
honorarios de los abogados y a la que le cuestiona que conserva valores en pesos del año 1993 que no cambian
con la inflación. Los radicales lo acusan de haber frenado esa reforma en otros tiempos. Rizzo llevó las riendas del
Colegio Público entre 2006 y 2010. Ahora clama por “defender los intereses de los abogados sin meternos en ideas
partidarias”. Con su habitual desparpajo, en un comunicado pidió “disculpas a los abogados” porque “los partidos
políticos a cara descubierta se quieren meter en el Colegio”.
Su lista concentra a un espectro variopinto de aspirantes como José María Soaje Pinto (abogado de carapintadas,
del neonazi Alejandro Biondini, del criminal de guerra Walter Kutchsmann) y por la parte privada de Papel Prensa,
al abogado del Estado en esa misma empresa Ricardo Nissen, el ex legislador porteño Marcelo Parrilli (MST) y
Tomás Hutchinson, un administrativista, ex juez, quien en estos días se pronunció contra la renacionalización de
YPF. Entre los apoyos que cosecha, Gente de Derecho tiene al dirigente Julio Piumato, de la Unión de Empleados
de la Justicia; a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y a los municipales porteños, afines al macrismo.
“Somos la Biblia y el calefón”, definió Rizzo. Como siempre lo relacionan con Aníbal Fernández, dijo: “Apenas si lo
vi dos veces en mi vida”.
Opción K y vanguardista
El Frente Gremial de Abogados Colegio para Todos lleva ese nombre en homenaje a la “gremial de abogados” que
en los ’60 y ’70 defendía presos políticos. Lo lideran abogados jóvenes con ideas rara vez planteadas en el Colegio
Público. Loreti cuestiona que la entidad “perdió toda vocación de incidencia” en los grandes temas de interés social
y se propone interesar al común de la gente. “¿Se imaginan si en la mayor causa que tiene la Corte, la del
Riachuelo, donde hay cinco millones de personas afectadas, el Colegio se hubiera presentado con un amicus
curiae planteando los derechos de todas ellas?”, ejemplifica.
Hacia adentro promueve “el reconocimiento profesional de los abogados que trabajan en relación de dependencia,
ya que sabemos que el 2 por ciento del trabajo en negro corresponde a estudios jurídicos y contables”;
“mecanismos para que los abogados que trabajan para el Estado mejoren su carrera”; eliminar “la asimetría” que
representa el pago del bono de actuación profesional (que es igual para letrados que trabajan solos o los que lo
hacen con grande estudios); y “la inserción laboral de los jóvenes abogados”. Otra premisa es la reforma de la ley
de aranceles, frente a la discrecionalidad que les otorga a los jueces para fijar honorarios. Loreti arroja una
pregunta casi existencial: “¿Qué paradigma de abogado exitoso busca el Colegio?”. Las variantes serían: el que
mide el éxito por las ganancias económicas y/o la aparición en los medios o el del “abogado trabajador” –que él
prefiere–, categoría que incluye a quienes son querellantes en causas de derechos humanos o sociales.
El nombre de Loreti fue impulsado desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la de Abogados
Laboralistas. Se sumaron miembros de La Cámpora, de la agrupación AJUS (Abogados por la Justicia Social), de
Nuevo Encuentro y organismos de derechos humanos, entre otros. Entre los candidatos está Eduardo Gallo, que
fue director por el Estado en Papel Prensa; los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Diego
Morales y Carolina Varsky, su ex directora Andrea Pochak, el director del Instituto de Derechos Humanos del
Mercosur, Víctor Abramovich, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Luciano Hazan, al ex
consejero de la Magistratura Beinusz Szmukler, el tributarista Arístides Corti y el ex titular de la Oficina
Anticorrupción José Massoni. Los opositores cuestionan la inclusión de Hernán Diez, además apoderado de la lista,
procesado en la causa de los medicamentos.
Alianza a la derecha
Cambio Pluralista, liderada por Alterini, no logró un acuerdo oficial con el PRO y se alió con el Colegio de la Calle
Montevideo, marcado por apellidos como los de la familia Martínez de Hoz. Alterini, radical, la promueve como una
lista “no kirchnerista”, “aunque no estamos en contra ni a favor de nadie”. “Sí estamos a favor de las instituciones y
los servicios para los abogados, además de sostener la defensa de los valores democráticos en los que el
oficialismo (del Colegio) ha estado ausente. Cada vez que los poderes públicos se exceden o invaden derechos,
nosotros tendríamos que observarlo.”
–¿Se refiere a alguna situación en particular? –le preguntó Página/12.
–Como lo que se precipitó con la conferencia de prensa de Amado Boudou (por el caso Ciccone), que afectó a un
juez respetado (Daniel Rafecas) y se llevó puesto a un procurador prestigioso como Esteban Righi.
Detrás del armado de este núcleo está Carlos Mas Vélez, titular de la UCR porteña. Su hermano Juan Pablo es
candidato, junto con un extraño vintage de nombres como el hiperdenunciante en los tribunales federales Enrique
Piragini, un grupo de abogados de poderosos estudios jurídicos (como, por ejemplo, Ezequiel Cassagne y Gonzalo
Díaz Cantón) y María Eugenia Talerico, esposa del fiscal Paul Starc –ex segundo de Carlos Stornelli en el
Ministerio de Seguridad bonaerense– y socia del estudio que defiende a Jorge “Fino” Palacios en la causa del
espionaje. Alterini se convirtió en 2000 en titular (por dos años) del Colegio, cuando Fernando de la Rúa gobernaba
el país. Dice que espera desbancar a Gente de Derecho, aunque pronostica que “La Cámpora hará una excelente
elección”.
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