exposición de motivos - Transparencia

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exposición de motivos - Transparencia
CIUDADANOS DIPUTADOS:
CIUDADANOS DIPUTADOS:
La suscritos Diputados, SALVADOR ZAMORA ZAMORA, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, VERONICA DELGADILLO
GARCÍA, CELIA FAUSTO LIZAOLA, JOSÉ TRINIDAD PADILLA
LÓPEZ y JULIO NELSON GARCÍA SÀNCHEZ, diputados integrantes
de la LX legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, con
fundamento en lo señalado en el artículo 28 fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, y en los artículos 22
numeral 1 fracción I, 145 numeral 1, 147 numeral 1 fracción I, y 148
numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tenemos a bien
someter a la consideración de esta H. Representación Popular, la
siguiente Iniciativa de Ley, que crea la Ley de Movilidad Integral
Sustentable del Estado de Jalisco, sus Áreas Metropolitanas y sus
Municipios y se deroga la Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y
Transporte del Estado de Jalisco, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Primero.- En los últimos años hemos visto como se ha ido
deteriorando gradualmente la calidad de vida de los Jaliscienses en lo
que respecta a la movilidad dentro de las vialidades del estado, los
traslados por medio del vehículo particular o el transporte público se
han convertido en un viacrucis, los que habitamos la ciudad pasamos
cientos de horas al año en los recorridos que realizamos dentro de las
metrópolis jaliscienses, el gobierno no ha dado una respuesta integral a
dicho problema, cada día crece más el parque vehicular y tenemos un
transporte público pésimo, que durante décadas no ha sido la prioridad
de las administraciones estatales, a la vez los peatones o quienes se
transportan por medio de la movilidad no motorizada, no estaban
contemplados dentro de las políticas de movilidad en el estado, ante tal
situación y como reacción a la falta de respuesta institucional, grupos
importantes de la sociedad civil organizada, afortunadamente se han
activado, impulsando la movilidad sustentable, durante años ellos han
llevado a cabo varias luchas, acciones, protestas y propuestas bajo una
misma demanda: una metrópoli sustentable, sana, accesible e
1
incluyente. Los ciudadanos han demostrado su compromiso por la
ciudad. En muchas ocasiones, han sido incómodos para autoridades
que aún operan bajo un paradigma de la ciudad que privilegia al auto
particular por encima de otras formas más sustentables de
desplazarse. Sin embargo, dichos grupos de la sociedad civil se han
comprometido con las causas de la movilidad sustentable y se han
hecho corresponsables al aportar ideas paras la construcción de las
políticas públicas, de las leyes y de las acciones colectivas que
construyan alternativas ambientalmente responsables, socialmente
justas, económicamente viables y políticamente consensuadas.
Segundo.- Si bien reconocemos la existencia de un
andamiaje normativo que ha sido de utilidad para la gestión de la
movilidad sustentable en la ciudad, se hace necesario poner en la
mesa la necesidad de crear un nuevo ordenamiento jurídico que al
mismo tiempo reconozca y asegure derechos sociales asociados a la
movilidad, posibilite los cambios político-institucionales para que desde
el ejecutivo estatal y los municipios se implementen políticas, y por otra
parte, genere los instrumentos económicos y de gestión necesarios
para poder atender de manera integral los retos en materia de
transporte público, movilidad no motorizada y el desincentivo al uso del
auto particular. En uno de sus muy ilustrativos textos Medina (2012)
nos invita a abordar la planeación de la movilidad urbana abandonando
el pensamiento tradicional en función del automóvil dados los severos
problemas ambientales y de equidad que éste genera. Al contrario, nos
dice nuestro autor, la planeación de la movilidad urbana es una
herramienta de política pública eficaz en la eliminación de las
desigualdades sociales y para alcanzar la sustentabilidad de las
ciudades. Según datos de Galindo (2009) y ONU-HABITAT (2011), los
más de 21 millones de automóviles en circulación en las ciudades de
México, son los generadores directos del 18% de las emisiones de
gases de efecto invernadero; a su vez, los viajes en coche son sólo
entre el 20% y el 30% de los traslados urbanos con un promedio del
66% de gasto público para transporte asignado. En contraste con esto,
la población restante, se enfrenta a diario a medios de transporte
público peligrosos, ineficientes y de muy baja calidad, al mismo tiempo
enfrenta la inexistencia de infraestructura que propicie el uso adecuado
de la bicicleta (o cualquier otro medio alternativo no contaminante) e
incluso para caminar. La ciudad se ha erguido, históricamente, como
un monumento al automóvil y como una experiencia sufrible para
quienes, haciendo uso de su conciencia, utilizan medios de transportes
no motorizados y no contaminantes. La viabilidad social, económica y
ambiental de las ciudades se ve en entredicho cuando estas
tendencias se agravan y se vuelven de carácter general. Para planificar
2
y solucionar, nos dicen los protagonistas del debate contemporáneo en
movilidad urbana, es necesario cambiar –abandonar por completo- los
viejos paradigmas. “La planeación de la movilidad urbana debe
enfocarse en dos cuestiones fundamentales: cómo pensar la movilidad
urbana en términos de equidad y sustentabilidad, y cómo implementar
dichas soluciones para que la población se apropie de ellas”1. El primer
paso para repensar la ciudad y reconquistar los espacios públicos
abandonando el viejo paradigma, es empezar a ver la movilidad urbana
como un acto de participación ciudadana y un medio para lograr que
las personas gocen de acceso a bienes y servicios y no seguir
enfrascados en esa planificación, que colapsa ciudades, en función de
la movilización de automóviles. Este nuevo esquema ha de priorizar a
quienes en el pasado fueron injustamente relegados: peatones,
ciclistas y el transporte público.
Tercero.- Jalisco es la cuarta entidad federativa más
poblada del país, según el censo de población 2010 del INEGI,
contando con un total de 7 millones 350 mil 682 habitantes. Respecto
al país, Jalisco representa el 6.5% del total de la población2. Al
contrastar las cifras de hace tres años con las del 2005, se tiene que en
los últimos cinco años hubo un incremento de 598 mil habitantes, a una
tasa de crecimiento poblacional anual del 1.84%. De la distribución
poblacional obtenemos los siguientes datos: el 87% de la población de
Jalisco vive en zona urbana y el 13% en zona rural. Hay, también 95
personas por kilómetro cuadrado. De acuerdo a datos presentados por
el Consejo Estatal de Población los municipio más poblados son
Guadalajara (un millón 494 mil), Zapopan (un millón 244 mil),
Tlaquepaque (608 mil), Tonalá (479 mil), Tlajomulco (417 mil), Puerto
Vallarta (256 mil), Lagos de Moreno (154 mil), El Salto (139 mil),
Tepatitlán (136 mil) y Zapotlán el Grande (101 mil). En los últimos cinco
años, los ocho municipios que integran el Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG), presentaron un incremento de 338 mil habitantes y
una tasa promedio anual del 1.72%, alcanzando la cifra de 4 millones
434 mil habitantes. De estos ocho municipios resalta el caso de
Guadalajara –municipio con mayor carga interna de movilidad- que
perdió 107 mil habitantes, lo que representa una pérdida del 6.7% de
su población en cinco años. Se puede inferir, a través de las cifras, que
el municipio que absorbió ésta pérdida poblacional, fue Tlajomulco,
pues, en contraste, dicho municipio manifestó un fuerte incremento con
1
Medina, Salvador. (2012). Planes integrales de movilidad. Lineamientos para una movilidad
urbana sustentable, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México.
Recuperado de: http//:www.itdp.org
2
Tomado de: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
3
196 mil nuevos habitantes (datos 2010). Porcentualmente esto significa
un crecimiento del 89% en el periodo 2005-2010 con la tasa promedio
anual de crecimiento poblacional más alta: 14.6%.
Cuarto.- Al ser un municipio ubicado en las periferias de la
(ZMG) Zona Metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco se ha
convertido en una ciudad dormitorio, pues muchos de sus habitantes
tienen que emprender traslados muy extensos hasta sus centros de
trabajo, muchas veces ubicados en otro municipio de la ZMG, por
medio de vías colectoras. La falta de planeación urbana, sumada a la
despoblación de Guadalajara, ha resultado en la fragmentación del
territorio y ha aumentado los tiempos y distancias de traslado. Duhau
(2008) ilustra a la perfección éste hecho, en especial cuando nos
refiere que la tendencia de los desarrolladores inmobiliarios ha
redundado en adquirir suelo barato en la periferia cada vez más
distante de las ciudades. A razón de esto la compra de terrenos
ejidales, y su cambio de uso de suelo, ha sido muy constante. El autor
señala, la construcción de estos conjuntos se ha llevado a cabo como
una ciudad insular, es decir: una urbanización sin ciudad en la medida
que estas estructuras urbanas se vinculan a su entorno y su área
metropolitana sólo por medio de una vialidad colectora. En términos
reales la ciudad y su número efectivo de automóviles particulares están
creciendo más rápido que su población. De acuerdo a datos citados y
graficados por Medina (2012, 2012a) de 1980 a 2010 el crecimiento
medio anual urbano, poblacional y de automóviles arrojó los siguientes
datos para Guadalajara: 6.9% y 6.8% de crecimiento de área urbana y
automóviles, respectivamente, contra un 3.5% promedial de
crecimiento poblacional. Los impactos del crecimiento del parque
vehicular y el crecimiento intensivo del automóvil, van más allá de la
mera movilidad urbana. La reducción del uso del transporte motorizado
individual tendría un impacto positivo inmediato en la salud de las
personas. Según datos de la organización mundial de la salud (OMS,
2012), en 2008 la contaminación relacionada con la combustión de
combustibles fósiles estuvo vinculada a más de 14 mil muertes por
mala calidad del aire en el país. Sumado a esto habría que mencionar
los datos proporcionados por la Secretaria de Salud (Secretaría de
Salud, 2010), en los que da razón de las más de 24 mil muertes, 40 mil
discapacitados y 750 mil heridos en accidentes de tránsito. Los costos
por estos accidentes representan un gasto equivalente del 1.3% (126
millones de pesos) del Producto Interno Bruto (Citado por Cervantes,
2009).
Quinto.- Guadalajara es la tercera zona metropolitana que
más invierte en paliar externalidades negativas (saludo ambiental,
4
rescate al medio ambiente, etc.,) generadas por el uso excesivo del
coche; 4.7% del PIB; 21 millones 319 mil pesos. A nivel nacional, con el
objeto de contrarrestar estos efectos, se estima que las emisiones de
CO2 podrían constarle al país hasta el 6% del PIB si no se toman
medidas preventivas adecuadas e inmediatas contra este fenómeno
(Galindo, 2009). En las cinco áreas metropolitanas más grandes del
país (Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y
León) los gastos por externalidades negativas ligadas al uso excesivo
de coche representan 5 mil 400 pesos por habitante. A futuro esta
situación manifiesta su agravamiento si los gobiernos no hacen una
planeación estratégica en el uso del coche. Históricamente en lo local,
la infraestructura ha sido dedicada al automóvil. La planeación
metropolitana se dedicó más a mover diariamente todo su parque
vehicular que ha diseñar una ciudad con perspectiva de futuro.
Basándose en lineamientos meramente económicos e industriales, se
dejó de lado el ordenamiento adecuado, el mejoramiento y ocasiones la
ampliación y promoción del transporte público y no motorizado.
Particularmente en Jalisco el uso del coche se facilita gracias a la
abrogación del impuesto a la tenencia y se suma al subsidio nacional
de las gasolinas y la falta de políticas públicas que persuadan
(obliguen) de daños a terceros (no existe información en números ni
relativos ni efectivos, ni mucho menos por entidad).
Sexto.- México, a diferencia de países como Francia,
España o Inglaterra, no cuenta con instrumentos metodológicos que
guíen su desarrollo urbano. Las metodologías utilizadas en el pasado
no previeron el desmesurado y descontrolado crecimiento de las
metrópolis y/o del parque vehicular. Desde hace cinco años, el
FONADIN y el PROTRAM, promueven la elaboración de los
documentos de planeación urbana sobre movilidad. Aunado a esto,
BANOBRAS solicita a las ciudades un Plan Integral de Movilidad
Urbana para tener acceso a la partida de inversión federal destinada al
desarrollo de infraestructura para el transporte y proyectos de BRT. El
casi de Jalisco es emblemático, el desarrollo del BRT (Macrobús) no
fue orientado por una visión de desarrollo urbano partiendo de la
movilidad y la gestión coordinada e integrada de esta. A nivel federal,
los planes integrales, han redituado en obtener recursos económicos
para desarrollar una línea de BRT sin que esto quiera decir la
transformación radical de las formas de movilidad urbana. En razón de
esto, en los últimos diez años, el número de vehículos particulares que
circulan en la Zona Metropolitana, se duplico para llegar a un millón
679 mil automóviles. En 1979 había un coche por cada 79 personas; en
la actualidad existen 2.4 coches por habitante (Scherman, 2010). De
acuerdo a una encuesta aplicada por la casa de investigación social
5
DINAMIA3, Octubre 2012, en la ZMG el medio de transporte más
utilizado es el camión (57%), seguido del automóvil (17%) y el tren
ligero (12%). Los medios de transporte menos utilizados son la bicicleta
y caminar, ambos con un 1%. El 29% de las personas seleccionan su
medio de transporte en base a la ausencia de más posibilidades,
mientras que el 19% lo selecciona en base al precio.
Séptimo.- El sector transporte puede ser abordado, en caso
de estudio, desde una gran diversidad de puntos de vista; atendiendo
su dimensión económica, podemos hablar de cuánto del Producto
Interno Bruto del país supone esta rama, al mismo tiempo
mencionando a cuántas personas proporciona un empleo. Por otro
lado, más allá de su dimensión económica y aún más importante, los
problemas del sector transporte deben ser acorralados haciendo uso
de todas las herramientas del pensamiento multidisciplinario y una
voluntad política con claras miras de las tendencias mundiales de
crecimiento en los centros poblacionales urbanos. Así las cosas,
resulta conveniente hacer hincapié en el sector transporte, y la
movilidad urbana, como factor de cohesión social e integración
territorial. A su vez este factor comporta otra faceta que redunda en la
competitividad económica al impulsar actividades ligadas a la industria.
Día con día somos testigos de las tendencias mundiales en las Áreas
Metropolitanas; aumento poblacional, crecimiento de las ciudades,
incremento de transportación de personas, crecimiento del parque
vehicular privado, abandono de espacios públicos, etc.
Octavo.- En abril del presente año, un periódico de
circulación nacional4, documentó el caso de Antonio Méndez Cruz, un
trabajador, padre de cinco hijos, al que la polio le consumió la
motricidad de sus piernas. La nota que en aquel mes se publicó,
narraba el día a día de un hombre en silla de ruedas, que, por más de
una hora, esperaba, sin resultados positivos, a que algún camión de
transporte público le brindara de manera amable el servicio. Por
supuesto, un camión con la rampa obligatoria para transportar a
personas con algún tipo de discapacidad. Antonio, como otras 150 mil
personas con limitaciones para caminar o moverse, vive un autentico
calvario. Todos los días tiene que levantarse en horas de la madrugada
para llegar antes de la hora permitida en su trabajo. En los minutos que
el periodista le estuvo haciendo compañía, dos camiones de una ruta,
3
Fuente: http://www.dinamia.com.mx/html/estudios-de-opinion.php?ID=48
García, Omar. (2013, 02 de abril). Personas con discapacidad padecen transporte público. El
Informador en línea. Obtenido en la Red Mundial el 06 de Mayo del 2013:
http//www.elinformador.com.mx.
4
6
provistos de rampa para silla de rueda, le negaron el abordaje. Sea
porque no quisieron darle el servicio, o porque la rampa no funciona, lo
cierto es que Antonio y las más de 291 mil5 personas con discapacidad
no cuentan con más opciones para moverse en nuestro estado. Según
los datos del último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el
4.0% (291 mil) de la población padece algún tipo de limitación. De ese
total, 50.3% son hombres y 49.7% son mujeres. Existen condiciones
naturales que agravan la problemática de transporte público para
personas con discapacidad. Por ejemplo, los citados documentos, nos
señalan que existe una estrecha relación entre la edad y la aparición de
limitaciones físicas. De los 52 mil jaliscienses de más de 85 años de
edad, el 49% tiene alguna discapacidad. Esto nos permite inferir que
éste sector ve agravadas las dificultades para moverse en el AMG y
en el interior del estado. El siguiente grupo, en orden descendente,
que comparte estas características, es el que comprende las edades
de 60 a 84 años. Del total de ellos, hay 113 mil personas con
discapacidad, es decir, el 18%. De igual manera, en Jalisco 29 mil
niños de 0 a 14 años y 31 mil jóvenes de 15 a 29 años con alguna
limitación física o mental. El desglose de las limitaciones físicas nos
proporciona datos abrumadores: de todos los jaliscienses que
conforman el grupo de personas con discapacidad el 57.5% tiene
limitaciones para caminar o moverse; es decir, 150 mil personas, entre
ellas el citado caso de Antonio. El 23.3% tiene problemas de la vista;
limitación para oír aún con aparato auditivo el 10.3%; para hablar o
comunicarse 8.3%; 14.5% de las personas se ven aquejadas por más
de una limitación. El caso de Antonio nos permite hacer una
extrapolación poco común: dar cuenta de todo lo que es externo a los
datos estadísticos y concluye en ser más importante. Las cifras son,
claro está, de vital importancia. Pero la puntualización de los casos nos
permite ampliar nuestro margen de miras, situarnos del lado de la
sensibilidad y así operar la realidad. A pesar del tratamiento
estadístico, y del avance internacional en la agenda pública regional, y
del reconocimiento público a sus derechos, su situación sigue
caracterizándose por una profunda desigualdad. Dicha desigualdad no
sólo se materializa en las dimensiones socioeconómicas particulares,
5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010.
Nota: La información es censal y está referida al 12 de Junio del 2010. Incluye la población
estimada, la cual corresponde a las viviendas sin información de ocupantes.

Área Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo a la definición brindada por el Gobierno del
Estado
de
Jalisco
en
su
portal
oficial
de
internet:
[http://www.jalisco.gob.mx/es/Jalisco/guadalajara].
7
sino en las deficiencias de los gobiernos para proveer de servicios a
éste sector. Más allá de las limitaciones físicas, las personas con
discapacidad, enfrentan una condición de vulnerabilidad social –al no
contar con medios de transporte adecuados a su condición- que
requiere demanda acciones integrales y sustentadas por una férrea
voluntad política. El avance hacia la inclusión y la igualdad de servicios
y derechos depende, también, de la posibilidad de desarrollar
diagnósticos acertados.
Noveno.- Lo cierto es que diario, el derecho al transporte de
estás 291 mil personas en la AMG, y más de 5 millones en el resto del
país, sigue siendo diariamente vulnerado. México firmó el 30 de Marzo
del 2007 la “Convención internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”6 en las oficinas sede de la ONU en Nueva
York. El documento señala que “…es deber de los estados, poner
especial atención para que el transporte no resulte excluyente para las
personas con discapacidad”, con el objeto de conseguir una vida digna,
independiente y una participación con igualdad de condiciones. En
transporte público ha fallado. No sólo en Jalisco, sino en México. Los
actuales planes, esquemas y edificaciones para la movilidad, atropellan
a diario la dignidad de las personas con discapacidad. Esto es
delicado no sólo desde un punto de vista humanitario sensible, sino
también desde una perspectiva jurídica basada en los Derechos
Humanos. Las políticas locales y nacionales en materia de movilidad
urbana, invierten millones de pesos en dotar al transporte público de
más de lo mismo. Es decir: elementos como la modernización del
cobro, o el incremento de la flota de vehículos, que no van
adecuadamente de la mano con las normativas vigentes
internacionales y/o nacionales en materia de protección de derechos
civiles, ciudadanos y humanos de los discapacitados. La falta de diseño
universal se ha traducido en un histórico e inadecuado sistema de
accesos para personas en silla de ruedas y/o movilidad reducida en
autobuses, estaciones del metro, etc. La reticencia de muchas
empresas privadas para adecuar sus servicios a las necesidades de la
población se debe –argumentan los implicados- a que la empresa no
tendría el monto para pagar dicha inversión 7. Genera curiosidad saber
cuánto recaudan estas empresas en materia de publicidad al costado
de sus unidades, y hacia dónde van dirigidos esos recursos. ¿Cuál es
la responsabilidad del Estado, de los estados, y de los gobiernos, al
impedir que las personas con discapacidad salgan adelante,
6
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. (n.d.). Consulta del 08 de
Marzo, 2013, de: http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/signatures.html
7
Ídem.
8
especialmente en el desafío de brindar transporte para que puedan
acceder a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo?
¿Qué responsabilidad les compete a los concesionarios de transporte
púbico motorizado por discriminar y dañar moralmente a este sector tan
vulnerable? ¿Qué imagen proyectan México, y Jalisco, a la opinión
pública internacional, cuando visitan el país y observan como no se
cuenta con un sistema de transporte público accesible e incluyente?.
Algunas propuestas de solución a este esquema de exclusión social,
pudieran ser: monitorear la renovación de las unidades de transporte
de cada empresa, instando a través de mandato legal a que cada
nuevo medio de transporte esté obligado a considerar accesos
especiales para personas con discapacidad. Estas personas merecen
especial atención, por ello se vuelve factible un medio de accesibilidad
gratuita para facilitar el acceso al transporte.
Décimo.- Países como Argentina y Venezuela han
implementado un sistema de tarjeta para garantizar la gratuidad en el
acceso a este derecho, y países como Chile han avanzado en esta
materia. Esto a razón de que –en Chile- el 90% de los discapacitados
son pobres, y porque el derecho al Transporte Público es eso: un
derecho. De igual manera, también en Chile, el 94% de los niños,
jóvenes y adultos con necesidades especiales, no han recibido
atención de salud ni rehabilitación. El debate respecto a la renovación o
modernización del transporte público se ha centrado, históricamente,
en pocos ejes que no son los únicos. Por ejemplo: en la compra de
unidades nuevas, en las modalidades de cobro, en cómo el gobierno
administrará la congestión vial causada por los vehículos, etc. El sector
de las personas en situación de limitaciones físicas ha quedado
relegado y nunca sus demandas han sido escuchadas o tratadas con
respeto. Las discusiones no trascienden el ámbito administrativo. La
movilidad urbana (Derecho Humano) al verse impedida por alguna u
otra razón, impide ejercer otros derechos fundamentales como el
acceso a la salud y a una rehabilitación adecuada, a la educación,
capacitación, trabajo, recreación, deporte, cultura e incluso la formación
de una familia. Una modernización responsable del transporte público
no indicará que el desarrollo de un sistema de transporte sólo puede
ser medido en la forma en que trata a los discapacitados. Así como las
personas con discapacidad tienen derechos iguales, también tienen
obligaciones iguales. Es su deber participar en la construcción de la
sociedad. La meta a largo plazo es crear una sociedad proyectada y
construida de acuerdo a las auténticas necesidades de toda la
población, integrando lo diferente y las diferencias en un todo
armónico. Más allá de los objetivos del buen gobierno, la problemática
nos exige solidaridad y cooperación. A su vez, la solidaridad nos exige
9
buena voluntad y debemos aplicarla más allá de leyes sólo por justicia
social. La voluntad política supone entender y sentir la fragilidad de las
personas discapacitadas. La voluntad política será positiva si admite la
diferencia con criterios de apoyo. La voluntad política es reconocida
cuando hay atributos para rectificar desigualdades.
Undécimo.- A lo largo de los años, los “lineamientos”
aplicados en Jalisco –y en casi todo el país- en materia de movilidad
urbana, dan mayor prioridad y atención al automóvil como medio de
transporte en sus políticas públicas. Los patrones de construcción
densifican las calles (tanto en calidad como en cantidad) al mismo
tiempo que reducen los andadores ó, en el mejor de los casos, los
vuelven inaccesibles a peatones y ciclistas. El desarrollo de los
conjuntos habitacionales y los barrios no promueven la caminata. Los
cruces de vialidades enfatizan más en la transportación de vehículos
privados que en la seguridad y convivencia del peatón. Recuperar
espacios públicos, y desarrollar dinámicas de convivencia comunitaria,
no figuran en las agendas de políticos y gobernantes. Cuando lo están,
no es desde una perspectiva técnica, sino desde el discurso electoral.
Las tendencias mundiales8 señalan fenómenos muy curiosos: 1)
crecimiento poblacional mundial; 2) aumento en número y tamaño de
las ciudades; 3) crecimiento del parque vehicular; 4) incremento de las
emisiones de CO2, etcétera. Un fenómeno más, que no se ha
enumerado por no ser tendencia mundial, sino características de los
países subdesarrollados, es la despoblación de las zonas rurales y la
sobre habitación de zonas urbanas. En todos los casos marcados,
serán las ciudades las que deberán contrarrestar estos embates del
desarrollo de la industria. De acuerdo a datos del INEGI9, es el número
de habitantes lo que determina si una población es rural o urbana. Se
considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes; en
compensación, son urbanas las que cuentan con una población mayor
a este número. En 1950 (2010, INEGI) menos del 43% de la población
de México vivía en localidades urbanas. En 40 años paso a ser más del
70% y para el 2010 (último censo del INEGI) esta cifra llego casi al
78%. Éste fenómeno de despoblación-sobrepoblación toma por
sorpresa a las ciudades, pues la infraestructura con la que cuentan no
sólo es insuficiente para proveer de servicios –de ningún tipo, en
especial de transporte- a sus habitantes, sino que también incentiva el
uso del coche al no equipar a la mancha urbana con espacios idóneos
8
DAES-DDS, (1984, 06-14 de agosto). DAES División de Desarrollo Sostenible, dinámica
demográfica y sostenibilidad. Extraído el 15 de Mayo de 2013 desde:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter5.htm
9
“Población rural y urbana” (http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P).
10
para el transporte alternativo. Es lamentable como en nuestro país se
ignora al peatón, hasta el grado de no contar con un ambiente sano,
que propicie un disfrute libre del espacio público, ni con las condiciones
de seguridad adecuadas para su salid física y psicológica. El peatón en
México, a diferencia de otros países, no cuenta con reglamentación
legal, y equipamiento urbano, que le permitan el acceso al derecho de
vivir en centros urbanos o rurales organizados a medida del hombre y
no del automóvil, y a disponer de la infraestructura necesaria para otros
medios alternativos de transporte. Al margen del discurso quedan las
personas en situación de vulnerabilidad. Ejemplo de ello, los
discapacitados, ancianos y niños se han perdido de la ciudad como
lugar para socializar y, la misma, los adopta para empeorar su situación
de debilidad. Es un derecho del peatón, y una obligación de los
gobiernos, ser provistos de zonas urbanas –amplias- exclusivas para
ellos. Es necesario abandonar la visión imperante de “islas de
peatones” y legislas para que estos espacios se inserten con
vehemencia en la organización general de la ciudad.
Duodécimo.- Ante esta situación se hace apremiante y
urgente implementar políticas que tengan como objetivo la reducción
del uso de los automóviles en áreas urbanas como una opción viable,
posible y deseable en nuestro país. Como una de las principales
herramientas para crear ciudades sustentables, competitivas y de alta
calidad de vida en México. Del mismo modo que se hace apremiante
brindar alternativas de transporte de calidad. Por ello se requiere de un
cambio de paradigma de política pública, de uno enfocado en mantener
el flujo vehicular y centrado en el uso del automóvil, a un nuevo
paradigma enfocado en la accesibilidad de bienes y servicios de las
personas. Uno en el cual se eviten o reduzcan las necesidades de viaje
en automóvil particular. Se impulse un cambio a modos de transporte
más eficientes como el transporte no motorizado (caminar o uso de la
bicicleta) y el transporte público. Al mismo tiempo que se mejore el
desempeño del transporte motorizado como los automóviles
particulares, para reducir sus externalidades negativas, como una de
las principales herramientas de política pública para crear ciudades
sustentables, competitivas y de alta calidad de vida en nuestro país. A
nivel global las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del
sector transporte contribuyen directamente al fenómeno de
calentamiento global, ya que se estima que en el 2007 el 23% de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (relacionadas con
el consumo de energía) provenían del sector transporte. De estas
emisiones, el 45% provienen de vehículos para pasajeros y se espera
que continúen siendo la fuente predominante de emisiones de CO2 en
el futuro.18 Las estimaciones señalan que los países subdesarrollados
11
pasarán de contribuir con el 35% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el 2000 al 63% en el año 2030. Es importante resaltar
que los automóviles generan ventajas, tanto al conductor, como a la
sociedad por conceptos de derrama económica (valor agregado,
empleo, comercio, etc.). Sin embargo, el crecimiento del parque
vehicular y su uso desmedido ha venido acompañado de impactos
negativos ambientales, económicos, urbanos y sociales que reducen
las ventajas (externalidades positivas) de vivir en las ciudades. Las
causas de los impactos negativos muchas veces tienen su origen en
políticas públicas que carecen del enfoque necesario para contrarrestar
los efectos negativos o externalidades asociadas al uso de los
automóviles. En específico es posible identificar cuatro factores que
incentivan un mayor uso del automóvil en el país: costos de uso de los
automóviles, la oferta de infraestructura, la expansión de las ciudades
en un patrón de baja densidad, difusos y sin usos de suelo mixtos, y el
crecimiento del parque vehicular, la falta de opciones de transporte y
desarrollo urbano orientado al automóvil que genera un ciclo de
dependencia del uso del automóvil.1 Buscar incentivar en la ciudadanía
el uso de transportes no motorizado como la bicicleta, o caminar, como
una manera segura y económica de auto-transportarse, mejorando la
salud y la economía, esto también requiere la paulatina disminución del
tránsito automovilístico y la creación de una infraestructura
especializada, como las ciclovías. Usar como un medio de movilidad
urbano el transporte colectivo, algunos trayectos en nuestras ciudades
son demasiado largos para ser recorridos a pie o en bicicleta.
Decimotercero.- Como señalábamos el parque vehicular
que circula por calles y avenidas del Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG), se ha visto incrementado de manera considerable
en los últimos años; lo cual obedece a varios factores que han
alentando el uso del automóvil muy por encima de la conciencia a favor
del medio ambiente. Podríamos hablar, entre otros factores de un
relativo mejoramiento del poder adquisitivo, la accesibilidad a créditos
de instituciones bancarias y concesionarias de automóviles, a un
sistema de transporte urbano ineficiente e insuficiente, sobreoferta de
automóviles de segunda mano y la importación irregular de vehículos.
En lo concerniente al transporte de carga, en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, pese a estar plasmado en el papel su lineamiento
normativo, no está regulado de una manera eficaz, en el día a día nos
podemos dar cuenta del innumerable trasiego de vehículos en
deplorables condiciones, circulando muchas de las veces de manera
irregular y sin respeto o violando las normas en la materia, lo que
1
ídem.
12
ocasiona una serie de sucesos, accidentes o consecuencias que
perjudican a los habitantes de ésta gran urbe. En el capítulo VII de la
actual Ley de Vialidad de Jalisco, donde habla de las concesiones para
operar el servicio de transporte de carga, expresamente en su
“…artículo 129.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia
competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, podrá conceder
a las personas físicas o jurídicas que lo soliciten y cumplan con los
requisitos que se establezcan al efecto, concesiones para prestar el
servicio público de transporte de carga, dentro del Estado de Jalisco o de
los municipios correspondientes, en sus diferentes modalidades…" Muy
claramente se expresa, siempre y cuando se cumpla con la ley; sin
embargo ya en los hechos resulta lamentable que se esté sobrepasando
a la ley en muchos aspectos. Debido a lo anterior y basta con revisar las
noticias para corroborar que son constantes los accidentes donde se
han visto involucrado el transporte de carga por omisiones, fallas o
negligencia de la empresa transportista o de sus chóferes. Claro que
varios son los factores con los que los transportistas coparticipan para
ocasionar accidentes; algunos sucesos van desde cuestiones
culturales, económicas hasta actos que rallan en lo inverosímil por
parte de las empresas que poseen ese tipo de vehículos. Por ejemplo
dentro de las cuestiones económicas podemos mencionar cuestiones
de un supuesto ahorro en el mantenimiento de sus flotillas o unidades
de trasporte. Es decir, muchas de las veces a ocurrido que por ejemplo
las llantas de los tractocamiones, la mayoría ya sobrevulcanizadas,
explotan en circulación ocasionando el viraje involuntario del vehículo
ya sea sobre otros vehículos, viviendas o construcciones cercanas,
infraestructura urbana, etc., o lo más grave, sobre personas. Por los
mismos motivos de supuesto ahorro, las empresas giran instrucciones
a sus propios talleres que utilicen refacciones de segunda mano o
como comúnmente se le llama en el medio “del hueso” con lo cual no
se garantiza la pieza, por ser usada y que en ocasiones dichas piezas
ya deterioradas terminan su funcionamiento en fatales desenlaces.
Decimocuarto.- Qué decir de los vehículos que transportan
materiales peligrosos y que lo hacen muchas de las veces sin ningún
escrúpulo con la complicidad de la autoridad que por omisión o
corrupción permite el libre paso de esos transportistas hasta por calles
o avenidas donde está prohibida su circulación como vehículo de
carga, no se diga por lo que transporta. Para documentar lo anterior
podemos citar la publicación del diario Milenio, del día lunes 27 de
mayo del 2013 donde se da la noticia de un tractocamión de la
empresa Tetramex que transportaba ácido muriático y que al no sellar
adecuadamente la tapa del tanque de almacenamiento, se derramó y
salpicó a una familia que estaba esperando el paso del automotor para
13
cruzar la calle, en el rumbo de la Zona Industrial. El ácido causó
severas quemaduras a la pareja de esposos y a su bebé de meses, los
tres tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital cercano
para su debida atención.10 También es de considerarse los accidentes
que ocasiones dicho transporte de carga al transportar materiales para
la construcción, por ejemplo grava, arena, escombro etc., que por lo
regular son cubiertos con lonas o telas que se encuentran en muy
malas condiciones y provoca que a los movimientos del vehículo
salgan expulsados hacia el exterior dichos materiales causando
desperfectos a otros vehículos que van circulando detrás o a un
costado de ellos; e incluso que pueda golpear a alguna persona. Otro
de los factores que incide en perjuicio de la sociedad, son los
contaminantes que emiten esos automotores a su paso. Recalcamos la
falta de voluntad de los propietarios de dichos vehículos porque, en
algunos, se percibe un completo desgate de su vida útil, observándose
desde lejos la nubosidad que van formando a su paso, arrojando
partículas contaminantes que ocasionan el deterioro de la salud de las
personas y que son factor de incidencia de enfermedades virales,
gastrointestinales y de canceres u otras sintomatologías de efectos
severos. Lo anterior se origina por la falta de voluntad de los
propietarios en darles el puntual y adecuado mantenimiento y
prevaleciendo la cultura populachera de “dale hasta que truene”; lo que
origina que los chóferes limitándose a obedecer órdenes salgan a
diario a jugarse la vida y poniendo en eminente riesgo la de los demás.
De igual forma se da el caso en que para evitar viajes, sobrecargan las
unidades por encima de su peso reglamentado conforme lo estipula la
ley. Ocasionando con lo anterior, no sólo daño a la propia unidad
porque rebasa su capacidad de carga originando que aumente el
esfuerzo del motor y por ende su desgaste, sino que principalmente
perjudica a las vialidades por donde transita porque también excede la
capacidad para soportar el peso para el cual fue diseñada. De igual
forma el exceso de dimensiones tanto de altura como de largo son
especificaciones importantes ya que son estándares globales a los
cuales se deben sujetar las compañías para no ocasionar desperfectos
o daños a las calles, avenidas o infraestructura urbana. Pese a lo
anterior la autoridad ha entrado en un sistema de complicidad donde
voluntaria o involuntariamente ha hecho permisible el descontrol del
transporte.
10
Diario Milenio Jalisco, lunes 27 de mayo de 2013, pag. 17.
14
Decimoquinto.- La Maquinaria Agrícola como tal no tiene
una personalidad propia en la ley de vialidad vigente. La intención de
plantear la adherencia del capítulo VII “De la circulación eventual de la
maquinaria agrícola” en la ley de vialidad es requerible para efectos de
que exista una regulación que combata legalmente la actuación de
diversas autoridades viales de exigirles peaje o mordida por transitar en
las vías carreteras, hecho que cada día se hace una costumbre
arraigada del problema. También va enfocada a reglamentar sin
obstaculizar el uso de la maquinaria agrícola, más bien se pretende
que dicha incorporación del articulo sea facilitador para que circule la
maquinaria agrícola sin los requerimientos exigibles en la ley para un
vehiculo convencional, legislando sobre la seguridad con la que deben
transitar por las carreteras, cuidando no hacer un trato desigual que
pudiera ser exigible por el lado de la equidad, pero si definir ciertas
características que de manera obvia son diferentes para la maquinaria
agrícola, como la seguridad en el manejo por parte de los operadores y
la forma de proceder en su recorrido eventual cuando tienen acceso a
las vías carreteras, se justifica la adherencia del CAPÍTULO propuesto
destacando el uso y la necesidad que hoy se tiene para acelerar la
siembra y las cosechas gracias al brazo mecánico de la maquinaria
agrícola, El campo y los productos naturales que emanan de la tierra
son necesarios para la calidad de vida de las personas, no es una
situación que deba detenerse ya que se detendría el desarrollo de todo
el país, la situación es que el crecimiento de la población ha generado
un crecimiento de la mancha urbana lo que ha afectado
considerablemente las zonas agrícolas no solo del estado sino del país,
entonces los agricultores, tienen que seguir sembrando y cultivando ya
que es la forma de vida que han tenido por generaciones, es el
producto de su trabajo y el bienestar económico y es la alimentación
que llevan a sus casas, a sus familias, y de esa importante labor
dependemos todos, ellos (los agricultores) han tenido que desarrollar
técnicas para adaptarse a esta nueva vida donde se incorpora a las
zonas agrícolas la mancha urbana, y el uso de los tractores o de los
vehículos o maquinaria agrícola en su generalidad mas extensa no
puede ser desplazada a otros lugares por que es precisamente en esa
zona afectada por la mancha urbana, donde tienen sus parcelas de
cultivo principalmente. En obvio de esta situación como estado en el
orden legislativo, debemos de ser previsores en el campo de la
seguridad tanto de uno como de otros, y encontrar el punto medio para
adaptar un CAPÍTULO a la nueva legislación en la que puedan convivir
de manera segura los vehículos convencionales con la maquinaria
agrícola considerando de ésta ultima medidas de seguridad no
obstaculizadoras sino facilitadoras para que el agricultor pueda
15
legalmente transitar por las vías sin ser sujeto de exigencias ilegales de
las diferentes autoridades viales del Estado.
Decimosexto.- La seguridad en la movilidad es un tema que
consideramos de transcendencia, cuantas veces no hemos escuchado
que suceden accidentes provocados por vehículos particulares y el
transporte público y nunca responden económicamente, civil o
penalmente, evadiendo la justicia, y la autoridad no hace nada. En ese
sentido, la mayoría de vehículos particulares y también un alto número de
las unidades de transporte no tienen seguro, el cual es indispensable
para la protección de peatones, ciclistas e incluso de los conductores o
choferes. Siendo lo anterior un grave problema ya que en caso de existir
accidentes se deja en total indefensión a quienes sufren un percance, por
ello consideramos que el ejecutivo estatal debe estar obligado a hacer
que los conductores de vehículos particulares o de transporte público
respondan por los accidentes que provocan y en caso de que no lo
hagan el gobierno del estado deberá corresponsablemente cumplir con lo
que hayan dejado de cumplir quienes estuvieron implicados en un
percance, por ello nos parece de trascendencia la incorporación en la
legislación de movilidad de una serie de numerales legales que regulan
dicha situación, que en la práctica sucede todos los días y no hay un
marco regulatorio para hacer cumplir las normas en este tema. Cabe
destacar que como expresábamos al inicio de la presente justificación, la
legislación estatal, en este caso la Ley de los Servicios de Vialidad
Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, tiene varios ordenamientos o
figuras jurídicas que hay que rescatar, toda vez que regula de manera
adecuada algunas cuestiones de movilidad, por lo que el planteamiento
legislativo que llevamos a cabo rescata lo mejor de la actual ley de
vialidad vigente. Así también, hay que señalar que para la propuesta
legislativa que efectuamos, se realizó un análisis y estudio de derecho
comparado de diversas legislaciones estatales como: El Código
Administrativo del Estado de México; Ley de Transporte y Vialidad del
Distrito Federal; Ley General de Transporte Público del Estado de Baja
California; Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur, Ley
de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur;
Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo
León; y Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato,
legislaciones que fueron tomadas en cuenta y que se rescató lo mejor
de ellas, en el mismo sentido se efectuó un estudio de derecho
comparado con leyes internacionales, como: la Ley 105 De 1993, Ley
769 De 2002, Ley 769 De 2002 de Colombia, y la Ley De Transito N°
24.449 y la Ley N°26.169 de Argentina, por lo que también se tomaron
en cuenta dichas legislaciones para llevar a cabo nuestra proposición
legislativa.
16
Decimoséptimo.- Por todo lo anterior, estamos convencido
que un transporte público de calidad en el estado se requiere de
manera apremiante, ya que puede mover a millones de personas de
forma segura, rápida y cómoda con una fracción del combustible que
consumen los millones de vehículos que transitan por las ciudades del
estado. Administrar o en su caso inhibir por los altos costos que
representa el uso del vehiculo para disminuir el tránsito, la
contaminación y el tiempo invertido en los trayectos, el consumo de
gasolina, el mantenimiento, uso de estacionamiento, etc. esto podría
incluir el incremento de los costos de estacionamientos y de acceso a
ciertas zonas para fomentar que las personas dejen el auto en casa.
Reciclar los espacio públicos ofreciendo a la ciudadanía espacios
públicos de calidad da lugar a una gran diversidad de actividades en
las calles, haciéndolas más seguras e interesantes. Enfocar los
paradigmas de política pública, de uno enfocado en mantener el flujo
vehicular y centrado en el uso del automóvil, a un nuevo paradigma
enfocado en la accesibilidad de bienes y servicios de las personas. Uno
en el cual se eviten o reduzcan las necesidades de viaje en automóvil
particular. Se impulse un cambio a modos de transporte más eficientes
como el transporte no motorizado (caminar o uso de la bicicleta) y el
transporte público. Al mismo tiempo que se mejore el desempeño del
transporte motorizado como los automóviles particulares, para reducir
sus externalidades negativas, como una de las principales
herramientas de política pública para crear ciudades sustentables,
competitivas y de alta calidad de vida en nuestro país.
Decimoctavo.- Muchas de las cuestiones a tratar en materia
de movilidad resultan ser demasiado técnicas para formar parte de un
ordenamiento legal como lo es una Ley. Como un complemento a las
disposiciones generales están los reglamentos, sin embargo no
corresponde al Legislativo inmiscuirse en las competencias de los
demás poderes, esto por el sistema político republicano en el que nos
encontramos. La estrategia que hemos adoptado entonces, es definir
un instrumento de planeación que contenga especificaciones técnicas
en materia de movilidad y que incida en los temas que la ciudadanía
nos demandó abordar. De esta forma, sin invadir esferas pero sí
atendiendo directamente a las especificaciones que organismos
consultivos y sociedad civil han consignado en el plan maestro de
movilidad no motorizada para la Zona Metropolitana de Guadalajara, es
que nos proponemos a incidir en las políticas que el Ejecutivo lleve a
cabo en materia de movilidad. De esta forma planteamos en esta
propuesta de reforma, dotar al ejecutivo estatal de una herramienta en
materia de movilidad democrática y sustentable: Los planes maestros
17
de movilidad. Los planes deberán ser elaborados y aprobados por el
ejecutivo pero tomando en consideración las opiniones y aportaciones
de distintos grupos de la sociedad civil, académicos, así como órganos
consultivos públicos y privados. Los planes delinearán estrategias,
políticas y acciones en los 8 ejes definidos por la Comisión como
aquellos que resuelven de manera integral el problema de movilidad.
Los resultados del Plan son de carácter técnico para el interior del
estado y las zonas metropolitanas. Se establece la periodicidad con la
que habrá de revisarse el Plan para su actualización y los objetivos y
metas a alcanzar. Se establecen los mecanismos de participación
ciudadana, pero también queda firme en la propuesta de ley, un
organismo en materia de movilidad democrática y sustentable que
realice estudios y genere propuestas y resultados en la materia de
manera permanente (se incorporan académicos y representantes de
las organizaciones civiles al Consejo Consultivo para la Movilidad y se
fusionan el OCOIT y el CEIT para formar un solo organismo de carácter
técnico). La Ley de los Servicios de Vialidad Tránsito y Transporte del
Estado de Jalisco, en varios ámbitos es una Ley miope y sesgada:
miope al no considerar los demás aspectos de la movilidad como son
los ciclistas, los peatones, el transporte de carga, el agrícola y la
seguridad en la movilidad; sesgada, porque privilegia a su majestad el
automóvil particular y el transporte público de mala calidad, por lo que
proponemos que se derogue para crear la Ley de Movilidad Integral
Sustentable del Estado de Jalisco sus Áreas Metropolitnas y sus
Municipios.
C O N S I D E R A N D O:
I. Que es facultad de los Diputados, presentar iniciativas de leyes y
decretos.
II. Que las iniciativas a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política del
Estado podrán ser de ley, de decreto o de acuerdo legislativo.
III. Que es iniciativa de ley la que versa sobre la creación,
reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales,
impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar derechos o
imponer obligaciones a la generalidad de las personas.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar
ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de:
18
LEY:
QUE CREA LA LEY DE MOVILIDAD INTEGRAL SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE JALISCO SUS ÁREAS METROPOLITNAS Y SUS
MUNICIPIOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de Movilidad Integral Sustentable del
Estado de Jalisco sus Áreas Metropolitnas y sus Municipios, para quedar de
la siguiente manera:
Ley de Movilidad Integral Sustentable del Estado de Jalisco sus
Áreas Metropolitnas y sus Municipios.
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Generalidades
Art. Interés
Art. Preferencia
Art. Objeto
Art. Finalidad
Art. Definiciones
Art. Lo que regularán
Art. Principios Rectores
CAPÍTULO II
De los ámbitos de competencia
del estado y del municipio
TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de los
Sujetos de la Movilidad Sustentable
CAPÍTULO I
19
De los Derechos y Obligaciones en General
CAPÍTULO II
Discapacitados
CAPÍTULO III
Peatones
CAPÍTULO IV
Movilidad No Motorizada
CAPÍTULO V
Del Transporte Público
Sección 1
Generalidades y Principios
Sección 2
De los Derechos y Obligaciones de los
Usuarios del Transporte Público
Sección 3
De los Chóferes del Transporte Público
Sección 4
Del Sistema Ruta Empresa y las Tarifas del Transporte Público.
Sección 5
De las Modalidades del Servicio Público de Transporte
Sección 6
Servicio Público de Transporte de Pasajeros
Sección 7
Servicio Público de Transporte
en Autos de Alquiler o Taxis
Sección 8
Servicio de Transporte Exclusivo de Turismo
Sección 9
Servicio de Transporte con Grúa
20
Sección 10
Transporte Especializado
CAPÍTULO VI
Vehículos Particulares Motorizados
CAPÍTULO VII
Transporte de Carga Pesada
Sección 1
De las Concesiones para Operar el Servicio
de Transporte de Carga
CAPÍTULO VIII
Vehículos y Maquinaria Agrícola
Sección 1
De la Circulación Eventual de la Maquinaria de Uso Agrícola
CAPÍTULO IX
De las Concesiones y Permisos
Sección 1
De las Concesiones y Permisos para la Prestación
del Servicio Público de Transporte
Sección 2
De las Bases Generales para Otorgar Concesiones
del Servicio Público de Transporte
Sección 3
De la Transmisión de las Concesiones
del Servicio Público de Transporte
Sección 4
De la Subrogación de la Operación en la Prestación
del Servicio Público de Transporte
Sección 5
De las Causas de Revocación y Extinción
de las Concesiones
TÍTULO TERCERO
21
De la Planeación Institucional en la Movilidad
CAPÍTULO I
De los Mecanismos de Participación Ciudadana
CAPÍTULO II
De la Estructura Institucional para la Planeación
y el Control de la Movilidad Sustentable
TÍTULO CUARTO
De los Instrumentos de Planificación
para la Movilidad y Sustentable
CAPÍTULO I
De los Instrumentos de Planeación
CAPÍTULO II
Del Plan Maestro de Movilidad del Estado de Jalisco y sus Municipios y
los Planes de Movilidad Sustentable de las Áreas Metropolitanas del
Estado.
TÍTULO QUINTO
De las Autoridades
CAPÍTULO I
De las Autoridades Estatales y Municipales
CAPÍTULO II
De las Atribuciones del Ejecutivo del Estado
CAPÍTULO III
De las Atribuciones de los Ayuntamientos
CAPÍTULO IV
De la Concurrencia y Coordinación de las Autoridades
Estatales y Municipales
CAPÍTULO V
De las Funciones de la Policía de Movilidad y Tránsito,
Estatal o Municipal
CAPÍTULO VI
De la Concurrencia y Coordinación de las Autoridades Estatales y
Municipales en las Zonas Conurbadas y las Zonas Metropolitanas
22
CAPÍTULO VII
De los Organismos de Participación Social y Consulta, y
Auxiliares
TÍTULO SEXTO
Del servicio de tránsito
CAPÍTULO I
De los Reglamentos Municipales de Tránsito y
de Zonas Conurbadas
CAPÍTULO II
De la Educación Vial
CAPÍTULO III
Del Registro y Control de Vehículos
CAPÍTULO IV
De los Operadores y Conductores
CAPÍTULO V
De la Circulación
CAPÍTULO VI
De los Estacionamientos
CAPÍTULO VII
De las Tarifas, Honorarios e Itinerarios
TÍTULO SÉPTIMO
De las Vías Públicas de Comunicación Local
y los Servicios Conexos
CAPÍTULO ÚNICO
De las Concesiones y Permisos en las
Vías Públicas de Comunicación local
TÍTULO OCTAVO
Del Registro Estatal de los Servicios Públicos
de Tránsito y Transporte
CAPÍTULO I
De la Organización y Funcionamiento del Registro Estatal
23
de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte
CAPÍTULO II
De las Inscripciones en el Registro Estatal
de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte
TÍTULO NOVENO
De las Responsabilidades, Medidas de Seguridad,
Infracciones, Sanciones, Inspección y Vigilancia
y Medios de Defensa de los Particulares
CAPÍTULO I
De las Responsabilidades
CAPÍTULO II
De las Medidas de Seguridad
CAPÍTULO III
De las Sanciones Administrativas
en Materia de Movilidad y Tránsito
CAPÍTULO IV
De las Sanciones Administrativas
en Materia del Servicio Público del Transporte
CAPÍTULO V
De las Infracciones, de su Calificación, Aplicación y
Ejecución de las Sanciones Correspondientes
Sección 1
Del Fondo para la Movilidad No Motorizada
CAPÍTULO VI
De las Notificaciones
CAPÍTULO VII
De la Inspección y Vigilancia
CAPÍTULO VIII
De los Medios de Defensa
24
Ley de Movilidad Integral Sustentable del Estado de
Jalisco sus Áreas Metropolitnas y sus Municipios.
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
De las Generalidades
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general, en ella
se rige todo lo concerniente a la movilidad integral sustentable. Se
reconocen los derechos y obligaciones de manera democrática de los
sujetos que se movilizan o transitan por las vialidades del estado de
Jalisco. Los sujetos de la movilidad integral sustentable en el presente
orden de responsabilidad y preferencia son los siguientes: 1.Discapacitados, 2.- Peatones, 3.- Usuarios de vehículos no motorizados,
4.- Usuarios del transporte público, 5.- Usuarios de vehículos particulares
motorizados, 6.- Usuarios de transporte de carga pesada, y 7.- Usuarios
de vehículos y maquinaria agrícola.
En todo lo no previsto en la presente ley se deberán aplicar
supletoriamente, las disposiciones legales en materia metropolitana,
urbana, de participación ciudadana y de ordenamiento ecológico; en lo
que respecta a las controversias jurídicas se estará a lo señalado en la
ley del procedimiento ante el Tribunal de lo Administrativo y las instancias
que deriven del mismo.
Artículo 2.- En el aprovechamiento de las vías públicas, este
ordenamiento y los reglamentos que del mismo deriven, se estará
conforme al siguiente orden de responsabilidad y preferencia de
usuarios:
I.
II.
III.
IV.
Discapacitados;
Peatones;
Usuarios de vehículos no motorizados;
Usuarios del Transporte Público;
25
V.
VI.
VII.
Usuarios de vehículos particulares motorizados;
Usuarios de transporte de carga pesada; y
Usuarios de vehículos y maquinaria agrícola.
Las políticas públicas relacionadas a la inversión pública en materia de
movilidad, infraestructura y equipamiento vial, deberán reflejar y reforzar
la jerarquía antes señalada, favoreciendo primordialmente a los
discapacitados, peatones, usuarios de vehículos no motorizados y de
transporte público colectivo moderno de calidad.
Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto:
I.
Regir el tránsito en el Estado de Jalisco para establecer el
orden y control de la circulación vehicular y peatonal en las
vías públicas abiertas a la circulación, que no sean de la
competencia federal;
II.
Establecer las bases para programar, organizar, administrar y
controlar la infraestructura vial, la infraestructura carretera y el
equipamiento vial;
III.
Determinar las bases para planear, establecer, regular,
administrar, controlar, supervisar y garantizar el acceso
universal del servicio público de transporte;
IV.
Establecer la coordinación del Estado y los municipios para
integrar y administrar el sistema de movilidad, tránsito y
transporte, en los términos del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
V.
Establecer los esquemas de coordinación institucional, así
como la delimitación de las atribuciones para el cumplimiento
de los objetivos y fines de los programas de fomento a la
cultura y educación vial.
Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos son de orden público e
interés social, debiéndose aplicar supletoriamente en lo conducente y no
previsto, las disposiciones de la Ley que regule el procedimiento ante el
Tribunal de lo Administrativo y las instancias que deriven del mismo.
VI.
Establecer los principios que normen
concernientes con la movilidad sustentable;
VII.
Determinar los instrumentos de planificación en materia de
26
las
acciones
movilidad sustentable
Artículo 4.- El ordenamiento y regulación de la movilidad, tienen como
principal finalidad garantizar la integridad y el respeto a la persona, a sus
bienes, a los del Estado y municipios, así como al medio natural y al
patrimonio cultural del Estado, mediante:
I. El respeto a los derechos de los peatones y usuarios del servicio
público de transporte;
II. La determinación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de
los conductores de vehículos, así como de los operadores,
concesionarios, subrrogatarios y permisionarios del servicio público de
transporte y de los peatones;
III. El mejoramiento de la seguridad vial;
IV. La promoción del uso ordenado y racional del automóvil, de tal forma
que por lo menos una vez al año se decretara un día sin auto;
V. La prestación del servicio público de transporte en forma regular,
continua, segura y acorde a las necesidades de la población;
VI. El mejoramiento de las vías públicas y de los medios de transporte;
VII. La protección, ampliación y promoción de vías y rutas para el
desarrollo de vehículos de propulsión humana y tracción animal, de
actividades turísticas, deportivas y de esparcimiento; y
VIII. La aplicación al tránsito y transporte de criterios y normas
ecológicos.
Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
Agentes de la movilidad: son los usuarios de las vías públicas
abiertas a la circulación en distintas modalidades, clasificadas para los
fines de este ordenamiento en los siguientes:
1. Discapacitados;
2. Peatones;
3. Ciclistas y cualquier otro cuyo medio de transporte no sea
motorizado;
4. Usuario y Conductor del Transporte Público en sus distintas
modalidades;
27
5. Usuarios de Vehículos Particulares;
6. Conductores de Transportes de Carga y Construcción; y
7. Conductores de Vehículos de Maquinaria Agropecuaria.
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos o más ruedas en línea, el
cual se desplaza por el esfuerzo de un conductor accionado por medio
de pedales.
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo.
Ciclovía: Carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o
vehículo similar no motorizado, físicamente separados de los otros
carriles de circulación, mediante construcciones permanentes.
Conductor: La persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente
para operar un vehículo.
Concesión: El acto administrativo del estado mediante el cual autoriza a
las personas, físicas o jurídicas, a concurrir en la prestación del servicio
público de transporte por el tiempo que establece esta Ley, en sus
distintas modalidades, o en los servicios conexos a las vías públicas de
comunicación local, independientemente del permiso o permisos para la
explotación del servicio público de autos de alquiler, taxis o radiotaxis.
Consejo Consultivo: Consejo Consultivo Estatal para la Movilidad
Sustentable.
Corredor Urbano: Espacio que optimiza el uso de suelo en forma
longitudinal armonizando la infraestructura existente y potencial (vial,
comercial, industrial, cultural y servicios) con la movilidad sustentable; su
función consiste en desempeñar el papel de,
1. Distribuidor de equipamiento urbano, como distribuidor de los distintos
servicios a la población que se traducen en infraestructura de salud,
educación, cultura, recreación, entre otros;
2. Articulador de Zonas, como una conexión entre las diversas zonas de
la ciudad y que permite minimizar el coste y tiempo los desplazamientos
a los agentes de la movilidad;
3. Exhibidor comercial, donde los agentes de la movilidad realizan sus
actividades de abastecimiento; y
4. Distribuidor de áreas, que permite focalizar y ordenar los centros
urbanos en áreas destinadas a fines específicos como industrial y
dormitorio.
28
Discapacitados: Persona que tiene disminuida alguna de sus
capacidades físicas o mentales.
Eficiencia en la Movilidad: capacidad de desplazamiento por las vías
públicas abiertas a la circulación que minimizan los costes y tiempos de
traslado de personas y mercancías.
Ejes de Acción: los que por definición jerarquizan a los distintos agentes
de la movilidad y guían las acciones, políticas e instrumentos de
planeación que el Estado realice en materia de movilidad democrática y
sustentable. Los ejes de acción son los siguientes:
1. Personas con discapacidad;
2. Peatones;
3. Movilidad no motorizada;
4. Transporte público de calidad;
5. Vehículos particulares;
6. Transporte de carga y de materiales de construcción;
7. Vehículos y maquinaria agropecuaria; y,
8. Seguridad en la movilidad.
Empresa de Ruta: Son las empresas conformadas
concesionarios, permisionarios y subrogatarios.
por
los
Holograma de Verificación Vehicular: Forma única autorizada y
emitida por la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, con características de seguridad y colores determinados
de acuerdo con el año, en cumplimiento del programa respectivo.
Jerarquía en la Movilidad: las acciones que el Estado emprenda en
cuestión de movilidad democrática y sustentable que favorezcan,
privilegien y protejan al más débil respecto al más fuerte de los agentes
de la movilidad.
Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con
capacidad para el conductor y un acompañante.
Movilidad no motorizada: Aquellos desplazamientos donde está
implicada la fuerza y no se está usando un motor, se incluyen en esta
categoría: monociclo, patines, vehículos arrastrados por animales,
bicicletas, ya que se aprovecha la fuerza humana aplicada en los
pedales para generar un movimiento constante o repetitivo según la
actividad que se quiera realizar.
Movilidad motorizada: Aquellos desplazamientos que implican
tracción de un vehiculo motorizado, se incluyen en está categoría:
29
automóviles, motocicletas, cuatrimotos, camiones, tractocamiones,
vehículos y maquinaria agrícola, autobús eléctrico, macrobús (BRT),
tren de pasajeros eléctrico.
Movilidad Integral Sustentable: la capacidad que tienen los distintos
agentes de la movilidad para desplazarse de un lugar a otro en
condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia, de manera que se
privilegia el uso de los medios para el traslado que eviten las
externalidades negativas asociadas a la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera.
Licencia: La autorización que concede el estado a una persona física,
por tiempo determinado, para conducir u operar vehículos, y que se
acredita mediante el documento denominado de igual forma.
Operador: Es la persona que opera uno o varios tipos de máquinas
para labores. Revisa las máquinas y comprueba su correcto
funcionamiento; selecciona y adapta los implementos que vaya a
utilizar, la conduce al lugar donde deba realizar el trabajo.
Organismo Coordinador: Organismo Coordinador para la Operación
Integral de la Movilidad Sustentable
Peatón: Cualquier persona que transita a pie por la vía pública.
Permiso: Autorización que, sin crear derechos permanentes, concede
la autoridad competente en atención a ciertos hechos o condiciones de
carácter transitorio, para la circulación, conducción u operación de
vehículos; o la prestación del servicio público de transporte, en sus
distintas modalidades, para atender por un tiempo determinado el
incremento en la demanda por actividades derivadas de
acontecimientos y festividades públicas o situaciones de emergencia.
Esta definición no es aplicable al transporte público de alquiler, taxis o
radiotaxis.
Plan Maestro: El Plan Maestro de Movilidad es el documento rector de
esta materia en el estado; se integran con los planes relacionados de
movilidad sustentable de las zonas metropolitanas del estado y; los
planes de movilidad sustentable municipales además por el conjunto de
estudios, políticas, y normas técnicas que el Ejecutivo, en conjunto con
órganos consultivos profesionales, universidades y la sociedad civil,
elabore para las vías de circulación en el interior del estado que no son
de competencia federal.
30
Póliza de Seguro: Documento expedido por institución reconocida en
los términos de la Ley General de Instituciones de Sociedades
Mutualistas de Seguros y otras disposiciones aplicables, para que el
conductor o propietario de un vehículo automotor responda por los
daños y perjuicios ocasionados a terceros.
Registro Estatal: Registro Estatal de los Servicios Públicos de
Tránsito y Transporte.
Ruta: Es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, con un
recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios,
frecuencias y demás aspectos operativos.
Requisa: Acto unilateral de la administración pública consistente en
posesionarse de bienes de los particulares o en exigirles a estos mismos
la prestación de algún trabajo lícito o servicio para asegurar el
cumplimiento de algún servicio de interés público.
Secretaría de Movilidad: La dependencia del ejecutivo estatal
encargada de la movilidad, tránsito y transporte en el Estado de Jalisco.
Servicio de Vehículo Particular: Vehículo automotor destinado a
satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas,
animales o cosas.
Subrogación: Es un acto administrativo mediante el cual los organismos
públicos descentralizados del Ejecutivo, contratan con los particulares
para que presten el servicio público de transporte por un tiempo
determinado y bajo las condiciones que marca la ley.
Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de
pasajeros.
Tracción Animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un
animal.
Transporte Agrícola: Vehículo automotor provisto de una
configuración especial destinado exclusivamente a las labores
agrícolas.
Transporte de Carga: Es aquel tendiente a transportar en cualquier
estado físico (sólido, líquido o gaseoso), siempre este separada y puede
ser manejada como unidad.
31
Transporte Privado: Es aquel que tiende a satisfacer necesidades de
movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades
exclusivas de las personas naturales o jurídicas.
Transporte Público: Es una industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas, por medio de vehículos apropiados,
en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los
usuarios y sujeto a una contraprestación económica.
Vehículo del Servicio Público: Vehículo automotor homologado,
destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de
uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje.
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al
tránsito de vehículos, personas y animales.
Vías Públicas: Las calles, calzadas, avenidas, viaductos, caminos y
autopistas, así como las vialidades primarias y corredores de movilidad
con prioridad al transporte público y, en general: A)Los predios
destinados a los fines públicos del tránsito peatonal, vehicular y al
transporte colectivo, así como aquellas vialidades que se consideren
exclusivas para la circulación de los vehículos de propulsión human o de
transporte público y B) Los caminos públicos de jurisdicción estatal,
destinados temporal o permanentemente al tránsito de personas,
semovientes y vehículos, incluyendo el área del derecho de vía de los
mismos; No tienen el carácter de vías públicas los predios pertenecientes
al dominio privado de la Federación, del Estado, de los municipios o de
los particulares, para fines restringidos o aprovechamientos privados, así
como los bienes de uso común de los condominios.
Vías Públicas de Comunicación Local: Las vías públicas, incluyendo
sus construcciones de ingeniería como puentes, alcantarillas, pasos a
desnivel y demás elementos de protección, a excepción de aquéllas que
comuniquen al estado con otra u otras entidades federativas, o las
construidas en su totalidad o en su mayor parte por la federación,
siempre que éstas no se hubieren cedido al estado; y se entiende por
derecho de vía, a la zona afecta a una vía pública en ambos lados de
ésta, con las medidas que determine el reglamento correspondiente.
Vía peatonal. Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.
Artículo 6.- Las disposiciones de la presente Ley regularán:
32
I.
Las acciones tendientes a garantizar a las personas el acceso
y aprovechamiento a los servicios de movilidad, tránsito y
transporte, en condiciones de higiene, seguridad y continuidad;
II.
Las acciones relativas a la construcción, administración y
aprovechamiento de las obras de infraestructura afectas a los
servicios de movilidad, tránsito y transporte;
III.
Las características de los vehículos y sus condiciones
operativas, necesarias para permitir su circulación, con base
en las normas oficiales mexicanas aplicables;
IV.
Los requisitos, condiciones y limitaciones para operar o
conducir vehículos;
V.
Los requisitos, condiciones, términos y procedimientos para el
otorgamiento de las concesiones y permisos destinados a la
prestación del servicio público de transporte en sus distintas
modalidades, y en la operación de servicios conexos en el área
del derecho de vía; y
VI.
Los requisitos y condiciones para establecer y operar servicios
conexos.
Artículo 7.- Son principios rectores de la movilidad sustentable:
I.
La accesibilidad, como el derecho de las personas a
desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad,
independientemente de su condición.
II.
El respeto al medio ambiente, como garantía del Estado a
partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del
transporte particular y combustión interna, por aquellos de
carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión
distinta a aquellos que generan emisión de gases a la
atmósfera.
III.
El desarrollo económico, a partir del ordenamiento de las vías
públicas de comunicación que permita una eficiente
distribución de los servicios y articulación de las distintas
áreas, a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de
personas y mercancías.
IV.
La participación ciudadana, que permita involucrar a los
33
habitantes en el diseño, distribución y equipamiento de las vías
públicas de tal manera que puedan convivir armónicamente los
distintos usuarios de la movilidad sustentable.
CAPÍTULO II
De los Ámbitos de Competencia
del Estado y del Municipio
Artículo 8.- En la aplicación de esta Ley y sus normas reglamentarias,
concurrirán el ejecutivo del gobierno del estado y los ayuntamientos, en
los ámbitos de sus respectivas competencias y conforme a las
atribuciones que establece el presente ordenamiento.
Artículo 9.- Las autoridades estatales y municipales deberán:
I. Programar y organizar sus acciones conforme a lo previsto en esta
Ley y en sus normas reglamentarias, observando las disposiciones del
ordenamiento territorial y ecológico;
II. Promover la participación de la sociedad en los programas que
tengan como objeto conservar, mejorar y optimizar los sistemas de
movilidad, tránsito y transporte; y
III. Coadyuvar con el Ministerio Público y con los órganos de
administración de justicia en la prevención, averiguación y
esclarecimiento de los delitos, así como dar cumplimiento a las
sanciones que en su caso se determinen y apliquen, relacionadas con
la regulación y administración de la movilidad, el tránsito y el
transporte.
Artículo 10.- Los ámbitos de competencia del estado y del municipio
en materia de movilidad, tránsito y transporte, se integrarán y
delimitarán conforme a las siguientes bases:
I.
Corresponde al Estado:
a)
La formulación y conducción de la política estatal de
comunicaciones y transportes terrestres;
b)
La expedición de las normas generales de carácter técnico en
las materias objeto de esta Ley;
c)
El
registro
y
publicación
34
de
concesiones,
permisos,
subrogaciones, vehículos, conductores y operadores, para su
identificación y la certificación de derechos;
d)
La programación, construcción y administración de la
infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento
vial, así como la reglamentación y control del tránsito en sus
vías de comunicación;
e)
La regulación y administración del tránsito con la intervención
de los ayuntamientos, cuando los programas y acciones
afecten dos o más municipios de la entidad;
f)
Aplicar un seguro de manera subsidiaria, cuando una persona
atropellada por un vehículo y que el presunto responsable no
sea localizado;
g)
La regulación y administración del transporte; y
h)
La coordinación para integrar el sistema de movilidad, tránsito y
transporte del Estado, con el sistema nacional de
comunicaciones.
II.
Corresponde al Municipio:
a) Intervenir, conjuntamente con el ejecutivo en la formulación y
aplicación de programas de transporte público, cuando éstos
afecten su ámbito territorial;
b) La autorización de los proyectos de infraestructura vial,
infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos,
en lo relativo a su territorio, a su localización y aprovechamiento
de áreas, conforme a las normas aplicables de carácter técnico
y de ordenamiento territorial;
c) La integración y administración de la infraestructura vial; y
d) La reglamentación y control del tránsito en los centros de
población que se localicen en su territorio.
Artículo 11.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal expedirá los
reglamentos que resulten necesarios para proveer a la observancia de
esta Ley, a excepción de aquéllos que correspondan a la competencia
de los ayuntamientos.
35
Artículo 12.- En el ejercicio de sus atribuciones, los municipios
observarán las disposiciones de esta Ley, los ordenamientos que de
ella se deriven y aplicarán las normas generales de carácter técnico.
TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de los
Sujetos de la Movilidad Sustentable
CAPÍTULO I
De los Derechos y Obligaciones en General
Artículo 13.- Los discapacitados y peatones tendrán siempre derecho de
paso preferencial en aceras, banquetas, camellones, andadores y
lugares donde se determine mediante el respectivo señalamiento, así
como en aquellos lugares en donde la circulación sea controlada por los
oficiales o agentes de movilidad o tránsito, quienes en todo tiempo
deberán cuidar por su seguridad y respeto.
Artículo 14.- Los discapacitados y peatones no deberán transitar por las
superficies de rodamiento de las vías públicas destinadas a la circulación
vehicular, ni cruzar las vías rápidas por lugares no autorizados al efecto.
Artículo 15.- Las aceras de las vías públicas sólo deberán ser
utilizadas para el tránsito de los peatones y personas con discapacidad,
con las excepciones que determinen las autoridades municipales
dentro de la jurisdicción que les corresponda.
Artículo 16.- Cualquier persona tiene derecho a denunciar y presentar
quejas ante la autoridad competente, alguna irregularidad en cuanto al
uso de la vialidad o que se sienta agraviada en sus derechos, así como
la carencia, deficiencia o mal estado de la nomenclatura y señalización
vial, y actos de autoridades en donde acosen o soliciten dinero o
prebendas y que se traduzca en corrupción.
Artículo 17.- Los escolares tendrán el derecho de paso preferencial en
todas las intersecciones y zonas señaladas para esos fines, próximos a
los centros escolares, y tendrán prioridad para el ascenso y descenso en
los vehículos de servicio público de transporte en general; en
consecuencia, las autoridades competentes deberán proteger, mediante
dispositivos, señalamientos e indicaciones convenientes, el tránsito de
los escolares en los horarios y lugares establecidos.
36
Artículo 18.- Tienen preferencia en las vialidades asignadas para el
transporte de vehículos motorizados, aquellas modalidades del servicio
de transporte público colectivo con mayor capacidad de movilidad de
pasajeros, frente a otro tipo de modalidades.
Artículo 19.- Todo usuario de las vías públicas está obligado a
obedecer las disposiciones contenidas en esta ley, así como los
dispositivos para el control de tránsito y las indicaciones de la policía de
tránsito.
Se entiende por dispositivos para el control de tránsito: los
señalamientos, marcas, semáforos, reductores de velocidad y otros
similares que se utilizan para regular y guiar el tránsito de peatones,
semovientes y vehículos.
Artículo 20.- Las autoridades de movilidad del estado en conjunto con
los prestadores de servicio de transporte público, adaptarán las
medidas necesarias para la incorporación al servicio transporte, de
vehículos que cuenten con aditamentos especiales, tales como rampas
y elevadores o mecanismos especiales que permitan la entrada y
salida de personas con alguna discapacidad.
Artículo 21.- Son obligaciones del ejecutivo estatal en materia de
movilidad:
I.
Realizar acciones que garanticen la adecuada utilización de
vialidades y la seguridad de los peatones, ciclistas,
conductores y en general usuarios;
II.
Es responsabilidad del ejecutivo estatal asegurar, controlar,
promover y vigilar los servicios de transporte público de
pasajeros y de carga;
III.
Establecimiento y uso adecuado de las áreas susceptibles de
tránsito vehicular y peatonal;
IV.
Señalización vial y nomenclatura y en general la utilización
de los servicios, la infraestructura y los demás elementos
inherentes o incorporados a la vialidad;
V.
El establecimiento de vialidades, instalaciones, centros de
transferencia modal terminales, cierres de circuito, bases de
servicio, lanzaderas, lugares de encierro, señalamientos
viales y demás infraestructura necesaria que garantice la
37
eficiencia en la prestación del servicio;
VI.
Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los
servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de
carga, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia,
garanticen la seguridad de usuarios, peatones y los derechos
de los permisionarios y concesionarios;
VII.
Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la
vialidad esté libre de obstáculos u objetos que impidan,
dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente autorizados;
VIII.
Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la
vialidad a fin de manifestar sus ideas y/o demandas ante la
autoridad competente;
IX.
Responder económicamente, de manera solidaria cuando el
propio ejecutivo estatal no obligue a los conductores,
choferes u operadores de vehículos motorizados a que
respondan por los daños ocasionados en un accidente o
percance vehicular o contra los demás sujetos de la
movilidad sustentable; y
X.
Los demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 22.- Cualquier persona puede hacer uso del servicio público
de transporte. En consecuencia, el sistema de transporte público, el
concesionario o el conductor estarán obligados a prestarlo, salvo en los
siguientes casos:
I.
Encontrarse el solicitante del servicio en notorio estado de
ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes o
psicotrópicos;
II.
Ejecutar o hacer ejecutar a bordo de los vehículos, actos que
atenten contra la tranquilidad, seguridad e integridad de los
demás usuarios, del concesionario o sus conductores;
III.
Que la naturaleza y características del vehículo, imposibiliten
realizar el transporte público solicitado; y
IV.
En general, pretender que la prestación del servicio se haga
38
contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias.
Artículo 23.- Los concesionarios o en su caso los choferes del sistema
del transporte público recibirán la sanción que señale la presente ley o
el reglamento respectivo en los siguientes casos:
I.
El negarse a prestar el servicio de transporte al usuario sin
causa justificada, así como los actos de maltrato;
II.
Se sancionará, a los responsables, conductores,
concesionarios y prestadores del servicio público de
transporte en cualquier modalidad, que nieguen, impidan u
obstaculicen el uso del servicio a las personas con
discapacidad;
III.
Los vehículos que transporten materiales, sustancias o
residuos peligrosos y no cuenten con los permisos
correspondientes;
IV.
Por realizar servicio de transporte privado o mercantil de
carga o de pasajeros sin la autorización correspondiente;
V.
En el caso de que los vehículos afectos a la concesión o
permiso sean conducidos por personas que carezcan de
licencia para conducir o ésta se encuentre vencida, se
retirarán de inmediato de la circulación y se sancionará a los
propietarios de los mismos;
VI.
Por conducir vehículos bajo los efectos de bebidas
alcohólicas, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia
tóxica;
VII.
Cuando las unidades de transporte afectas a la concesión o
permiso, no respeten el derecho establecido para el paso de
peatones en la vía de circulación o invadan los accesos
peatonales establecidos;
VIII.
A los concesionarios o permisionarios, que se nieguen a
proporcionar la documentación, datos, información y demás
elementos inherentes a la naturaleza de las concesiones o
permisos otorgados;
IX.
A los concesionarios o permisionarios que no cuenten con
póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños que con
39
motivo de la prestación del servicio se causen a los usuarios
peatones o terceros en su persona y/o propiedad;
X.
A los concesionarios o permisionarios que no porten en sus
unidades la póliza de seguro vigente, para indemnizar los
daños que con motivo de la prestación del servicio, se
causen a los usuarios, peatones o terceros;
XI.
A los concesionarios del servicio público y privado de
transporte que alteren en cualquier forma el diseño,
estructura y construcción original de las unidades afectas al
servicio sin aprobación por escrito de la secretaría de
movilidad;
XII.
A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o
de carga, que hagan base en lugares prohibidos o no
destinados para ello;
XIII.
A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o
de carga, cuando realicen las maniobras de ascenso y/o
descenso de personas, así como de carga o descarga en
lugares inseguros y no destinados para tal fin;
XIV.
A las personas que no retiren los elementos incorporados a
la vialidad, habiendo transcurrido el plazo otorgado por la
administración pública;
XV.
A las personas que le den un uso inadecuado, obstruyan o
limiten la nomenclatura o señalización vial;
XVI.
A las personas que dañen, deterioren o destruyan la
nomenclatura o señalización vial;
XVII. A las personas que habiendo sido requeridas, se nieguen a
proporcionar la documentación, datos, información y demás
elementos inherentes a la autorización de incorporación de
elementos a la vialidad; y
XVIII. A las personas que lleven a cabo el transporte de carga de
tracción animal en las zonas urbanas del estado de Jalisco,
sin el permiso correspondiente.
40
En la comisión de las infracciones establecidas en la presente ley, se
considera solidariamente responsable, al titular de la concesión,
permiso o autorización de que se trate.
Las sanciones que se señalan en la presente ley,
perjuicio de las causas de remisión de unidades
vehiculares, la revocación de la concesión o
responsabilidad civil o penal que resulten de la
infracción.
se aplicarán sin
a los depósitos
permiso, y la
comisión de la
Artículo 24.- Se prohíbe instalar o utilizar en vehículos particulares
faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de
discapacitados, peatones, conductores de vehículos no motorizados o
motorizados.
Artículo 25.- Se prohíbe la instalación en vehículos particulares de
vidrios o aditamentos polarizados o que no permitan la visibilidad
dentro de los vehículos.
Artículo 26.- Queda prohibido el uso de vehículos tipo motocicleta o
similar para prestar el servicio de transporte público de pasajeros, con
las excepciones previstas en la ley.
Artículo 27.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores de
vehículos motorizados, portar una placa metálica delantera y trasera
que expedirá el ejecutivo estatal, así como contar con el engomado
holograma respectivo por el pago de los impuestos autorizados por la
propiedad del vehículo.
Artículo 28.- Los propietarios o poseedores de vehículos motorizados
estarán obligados a presentarlos para la verificación de emisiones
contaminantes en los centros que para tal efecto autorice la autoridad
competente, en los periodos establecidos por la misma, por lo que
portarán un engomado holograma de verificación de emisiones
contaminantes, que expedirá la autoridad correspondiente en los
centros de verificación autorizados.
Artículo 29.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores de
vehículos motorizados, efectuar las reparaciones derivadas de la
verificación, que resulten necesarias para evitar la emisión excesiva de
contaminantes.
Artículo 30.- Para el cuidado del medio ambiente es estrictamente
obligatorio en zonas urbanas que:
41
I.
Todo vehículo motorizado esté previsto permanentemente de
un silenciador de escape, en buen estado de funcionamiento,
para evitar ruidos excesivos, quedando prohibido utilizar
válvulas de escape, freno de motor, derivaciones y otros
dispositivos similares;
II.
Se evite el uso de aparatos de sonido que produzcan ruidos
excesivos;
III.
El motor de los vehículos no emita humo contaminante que
rebase los estándares establecidos para la emisión de
contaminantes en vehículos automotores, por lo que deberá
portarse la constancia de verificación en los términos del
artículo precedente; y
IV.
Las demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 31.- Queda prohibido a conductores y pasajeros de los
vehículos:
a) Queda prohibido a los conductores:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Ingerir bebidas embriagantes o manejar en estado de
ebriedad,
Arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo
hacia el exterior;
Transportar un número de personas superior al
número de plazas o asientos cuya capacidad posea
el vehículo;
Cargar en sus piernas niños, mascotas u objetos al
conducir;
Los menores de 3 años viajen en el asiento
delantero;
Operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro
aparato mecánico o electrónico mientras los
vehículos se encuentren en movimiento;
Rebasar vehículos en tránsito por la derecha;
Operar los radios, estéreos o cualquier otro aparato
electrónico en un margen de volumen tal, que le
impida escuchar los sonidos emitidos por los
vehículos de paso preferencial o emergencia; y
Las demás que establezcan la presente ley y su
42
reglamento.
b) Queda prohibido a los pasajeros:
I.
II.
Viajar en las salpicaderas, estribos o defensas de los
vehículos;
Arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo
hacia el exterior.
CAPÍTULO II
Discapacitados
Artículo 32.- Son derechos de las personas con alguna discapacidad
física:
I.
Transitar por todas las vías públicas o donde exista un espacio
de circulación exclusivo para dichos usuarios, con excepción
de aquellas vías donde existan restricciones para el paso de
dichos usuarios por su seguridad;
II.
Disponer de vías de circulación exclusiva, infraestructura y
equipamiento vial para transitar con seguridad;
III.
Contar con derecho de paso o circulación en la vía pública
sobre los vehículos motorizados y demás sujetos de la
movilidad;
IV.
Transportarse en las áreas exclusivas asignadas en el sistema
de transporte público colectivo sin ningún costo adicional, para
lo cual, los transportistas habrán de adecuar sus unidades
conforme a lo dispuesto en el reglamento del presente
ordenamiento;
V.
Otorgárseles las facilidades necesarias para que puedan
abordar y bajarse de las unidades de transporte público, las
que estarán obligadas a detenerse y prestar el servicio a las
personas con discapacidad, en caso de no hacerlo recibirán
una sanción pecuniaria por parte de la Secretaría de
Movilidad, en caso de reincidencia se procederá a suspender
al prestador del servicio público;
VI.
A manejar un vehículo con características especiales,
también tendrán derecho a que se les expida la licencia de
43
manejo, para lo cual la Secretaria de Movilidad, previamente
a su expedición, verificará que el vehículo para el que se
solicita la licencia, reúne las condiciones, el equipo o las
adaptaciones necesarias, para su manejo por personas con
discapacidad;
VII.
Tener asientos de uso preferente debidamente señalados en
cada unidad de transporte y;
VIII.
Los demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Son obligaciones de las personas con alguna discapacidad física:
I.
No invadir los espacios exclusivos de vía y respetar en sus
derechos a todos los demás sujetos de la movilidad integral
sustentable, conforme al orden de preferencia y
responsabilidad expresado en el presente ordenamiento;
II.
Obedecer las indicaciones que hagan los oficiales de
movilidad cuando dirijan el tránsito y respetar la
señalización y el equipamiento colocado en las vialidades;
III.
Acatar las disposiciones legales sobre la movilidad o
tránsito, señaladas en la presente ordenamiento legal; y
IV.
Las demás que se señalen en la presente ley, su
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.
CAPÍTULO III
Peatones
Artículo 33.- Son derechos de los peatones:
I.
Transitar por todas las vías públicas, con excepción donde
exista un espacio de tránsito exclusivo para otros sujetos de la
movilidad, o que existan señalamientos que restrinjan el paso
para los peatones por su seguridad;
II.
Disponer de vías de circulación, infraestructura y equipamiento
vial para transitar con seguridad;
III.
Las aceras de las vías públicas sólo deberán ser utilizadas
44
para el tránsito de los peatones con las excepciones que
determinen las autoridades municipales dentro de la
jurisdicción que les corresponda;
IV.
Contar con derecho de paso o circulación en la vía pública
sobre los vehículos motorizados y demás sujetos de la
movilidad;
V.
Transportarse en el sistema de transporte público colectivo; y
VI.
Los demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Son obligaciones de los peatones:
I.
No invadir los espacios exclusivos de vía y respetar en sus
derechos a todos los demás sujetos de la movilidad integral
sustentable, conforme al orden de preferencia y
responsabilidad señalado en el presente ordenamiento;
II.
Obedecer las indicaciones que hagan los oficiales de movilidad
cuando dirijan el tránsito y respetar la señalización y el
equipamiento colocado en las vialidades;
III.
Acatar las disposiciones legales sobre la movilidad o tránsito,
señaladas en la presente ordenamiento legal;
IV.
Conocer y obedecer las señales y los dispositivos de
protección para el control de tránsito, los cuales pueden ser:
humanos, físicos, gráficos y electromecánicos; y
V.
Las demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 34.- En las vías reguladas por semáforos, los peatones
deberán cruzar la calzada cuando:
I.
Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde
habilitante.
II.
Si sólo existe semáforo vehicular y el mismo de paso
a los vehículos que circulan en su misma dirección,
solo cuando se encuentre con en alto total.
45
III.
No teniendo semáforo a la vista, deberá cruzar cuando
el tránsito de la vía a cruzar esté completamente
detenido.
IV.
No deben cruzar con luz roja o amarilla a su frente en
semáforos peatonales.
CAPÍTULO IV
Movilidad No Motorizada
Artículo 35.- Son derechos de los usuarios de vehículos de movilidad no
motorizada:
I.
Transitar por todas las vías públicas, excepto en aquellas
vialidades donde exista un espacio de tránsito exclusivo para
otros sujetos de la movilidad sustentable; que su seguridad se
ponga en riesgo por circular por lugares como túneles, puentes
o pasos a desnivel o que existan señalamientos que restrinjan
el paso a dichos usuarios;
II.
Disponer de vías de circulación exclusiva, como son las
ciclovías, pistas, infraestructura y equipamiento vial para
transitar con seguridad;
III.
Contar con derecho de paso o circulación en la vía pública
sobre los vehículos motorizados;
IV.
Transportar sus vehículos en las áreas asignadas en el
sistema de transporte público colectivo sin ningún costo
adicional, para lo cual, los transportistas habrán de adecuar
sus unidades conforme a lo dispuesto en el reglamento
respectivo;
V.
Contar con una placa de identificación y registro de carácter
gratuito que deberá otorgar la Secretaría de Movilidad del
Gobierno del Estado, dicha placa no será de obligatoria para
transitar por las vialidades del estado;
VI.
Estacionar y resguardar sus vehículos en los espacios
exclusivos o propicios, en la vía pública; y
VII.
Los demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
46
Son obligaciones de los usuarios de vehículos de movilidad no
motorizada:
I.
No invadir los espacios exclusivos de vía y respetar en sus
derechos a todos los demás sujetos de la movilidad integral
sustentable, dando prioridad al orden de preferencia y
responsabilidad en el presente ordenamiento;
II.
Obedecer las indicaciones que hagan los oficiales de la policía
vial cuando dirijan el tránsito y respetar la señalización y el
equipamiento colocado en las vialidades;
III.
Acatar las disposiciones legales sobre la movilidad o tránsito,
señaladas en el presente ordenamiento legal; y
IV.
Las demás que se señalen en la presente ley y demás
ordenamientos legales aplicables.
Artículo 36.- Para circular con bicicletas preferentemente son
indispensables los siguientes requisitos en el vehículo:
I.
Un sistema de rodamiento,
permanente y eficaz;
II.
Espejos retrovisores en ambos lados;
III.
Timbre, bocina o similar;
IV.
Que el conductor lleve puesto un casco protector, no
use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de
colores claros, y utilice calzado que se afirme con
seguridad a los pedales;
V.
Que el conductor sea su único ocupante con la
excepción del transporte de una carga, o de un niño,
ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos
pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y
estabilidad del vehículo;
VI.
Guardabarros sobre ambas ruedas;
VII.
Luces y señalización reflectiva; y
47
dirección
y
freno
VIII.
Estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en
pedales y ruedas, para facilitar su detección durante la
noche.
Artículo 37.- Las autoridades competentes promoverán la planificación
y construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para la
circulación de bicicletas y similares cuyos conductores estarán
obligados a utilizarlas.
Artículo 38.- Los estacionamientos públicos y privados con gran
concurrencia deberán contar con la delimitación de espacios para el
estacionamiento o guarda de bicicletas y similares.
CAPÍTULO V
Del Transporte Público
Sección 1
Generalidades y Principios
Artículo 39.- El transporte público es una industria encaminada a
garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos
apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios
sujeto a una contraprestación económica y se regirá por el principio de:
Acceso al transporte, lo que implica que el usuario pueda transportarse
a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de
acceso, comodidad, calidad y seguridad; que esté debidamente
informado sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos
y las formas de su utilización.
Sección 2
De los Derechos y Obligaciones de los
Usuarios del Transporte Público
Artículo 40.- Son derechos de los usuarios del transporte público
colectivo:
I.
II.
Recibir un servicio de transporte público de calidad moderno,
que satisfaga sus necesidades por el pago de la tarifa;
Viajar con seguridad e higiene en el servicio relativas al
vehículo y conductor del servicio;
48
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Recibir del conductor un trato digno y respetuoso;
A que se cubra todo el recorrido de la ruta autorizada;
A la seguridad de la frecuencia en los horarios autorizados;
Al respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas
preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas
con discapacidad;
A recibir boleto con seguro del pasajero;
Al ascenso y descenso en las paradas autorizadas;
Estar amparados por una póliza de seguros que deberá
otorgar el prestador del servicio público, para el caso de
cualquier accidente o imprevisto al momento de hacer uso del
transporte público;
X.
Los usuarios tienen derecho a que el servicio público de
transporte se preste en forma regular, continua, uniforme,
permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones,
comodidad, y eficiencia;
XI.
Escoger la ruta o recorrido que considere más adecuado
para su destino. Si el usuario no opta por decidir el recorrido
concreto, el servicio siempre será aquel que siga la ruta
previsiblemente más corta, señalando al usuario la distancia
y el tiempo estimados de duración el servicio;
XII.
A ser indemnizado por los daños que con motivo de la
prestación del servicio se causen a los usuarios o peatones;
XIII.
En el transporte público colectivo podrán viajar de manera
gratuita los usuarios:
a) Menores de 5 años o hasta de 1.10 metros de altura,
acompañados de una persona mayor de edad; y
b) El chofer y el personal autorizado por el sistema de
transporte público colectivo, en actividades de supervisión
o de vigilancia;
XIV.
Los chóferes de las unidades del sistema de transporte
público colectivo tendrán derecho a:
a) Gozar de todas las prestaciones laborales que señale su
contrato de trabajo o la legislación de la materia;
b) Recibir un trato digno y respetuoso de patrones o jefes,
49
de las autoridades y de quienes se transportan en las
unidades de transporte público; y
c) Tener un ambiente de trabajo, sano, adecuado, con
planeación y organización en los tiempos que deberán
cubrir en la ruta.
XV.
Los demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Son obligaciones de los usuarios del transporte público colectivo:
I.
No invadir los espacios designados como exclusivos para
usuarios con alguna preferencia dentro del sistema de
transporte público;
II.
Guardar orden y compostura al estar dentro de las
instalaciones o de las unidades móviles del sistema de
transporte público colectivo;
III.
Obedecer las indicaciones que realicen los prestadores del
servicio público colectivo, respetar la señalización y el
equipamiento colocado en las instalaciones y unidades del
transporte;
IV.
Acatar las disposiciones legales sobre la movilidad o tránsito,
señaladas en el presente ordenamiento legal;
V.
En los vehículos de servicio público de pasajeros no deben
llevar, animales, ni objetos que puedan atentar la integridad
física de los usuarios. El equipaje deberá transportarse en la
bodega, baúl o parrilla.
VI.
Los chóferes del sistema de transporte público colectivo
estarán obligados a:
a) Prestar el servicio con amabilidad y respeto a los usuarios;
b) Portar en un lugar visible dentro de la unidad de transporte
un gafete con su nombre y datos, emitido por el sistema de
transporte público colectivo que lo acredita como parte de
dicho sistema;
c) Obtener y portar la licencia o permiso para conducir
correspondiente;
d) Mostrar a las autoridades de transporte o tránsito cuando
50
se les solicite la licencia o permiso para conducir, y, en su
caso, la documentación que faculte la prestación del
servicio;
e) Abstenerse de conducir cuando estén impedidos para
hacerlo por circunstancias de salud o de cualquier otra
que implique disminución de sus facultades físicas o
mentales;
f) Asistir a los cursos de capacitación permanente que brinde
el sistema de transporte público y la Secretaría de
Movilidad del Gobierno del Estado; y
VII.
Las demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
Sección 3
De los Chóferes del Transporte Público
Artículo 41.- El presente capítulo hace referencia a los choferes de
transporte público concesionado, permisionario y subrrogado, que no se
considera de alquiler, taxi o radiotaxi.
Artículo 42.- Los chóferes referidos en el artículo anterior tendrán los
siguientes beneficios:
I.
II.
III.
Sueldo homólogo en el estado de Jalisco.
Que se vean cubiertas, como mínimo, los lineamientos
salariales que establece la Ley Federal del Trabajo en su
artículo 84 y demás relativos en esta ley.
La jornada laboral deberá someterse a lo establecido en el
TÍTULO tercero CAPÍTULO segundo de la Ley Federal del
Trabajo.
Artículo 43.- Los chóferes están obligados a tomar cursos de
capacitación, con el fin de que mejoren sus capacidades como
operadores del servicio de transporte público.
Esta capacitación se hará de manera escalonada y cuando menos cada
seis meses, y el costo de dicha capacitación será cubierto
alternadamente por el estado y por los dueños de camiones.
51
Artículo 44.- Los chóferes están obligados a tomar cursos de
capacitación sobre los derechos de los usuarios, con el fin de que se
sensibilicen sobre los derechos que tienen los usuarios del transporte y
sobre los demás actores de la movilidad en el estado.
Esta capacitación se hará de manera escalonada y cuando menos cada
ocho meses, y el costo de dicha capacitación será cubierto
alternadamente por el Estado y por los dueños de camiones.
Sección 4
Del Sistema Ruta Empresa y las Tarifas del Transporte Público.
Artículo 45.- El sistema de ruta empresa será la forma en la que se
administrarán, las rutas de camiones que deberá ser una empresa por
cada ruta de camión.
Artículo 46.- El capital que se recaude será para el pago de salarios y
prestaciones del conductor, una vez cubierto se repartirá
proporcionalmente entre los dueños miembros de la ruta empresa.
Artículo 47.- Las empresas a las que se refiere la presente sección solo
cumplirán funciones de administración y no tendrán un mínimo de socios.
Sección 5
De las modalidades del servicio público de transporte
Artículo 48.- Los vehículos, conforme a sus características propias, se
clasifican:
I.
Por su sistema de fuerza motriz, en:
a) Automotores o automóviles de combustión;
b) Automotores o automóviles de electricidad;
c) Vehículos de propulsión humana (Bicicletas u otros);
d) Vehículos de tracción animal; y
e) Otras formas de propulsión;
II.
Por su rodamiento, en:
a)
Neumático; y
b)
Metálico.
Artículo 49.- Corresponde al estado planear, establecer, regular y
supervisar la prestación del servicio público de transporte, en las vías
52
públicas de comunicación local ya sean urbanas, suburbanas o
carreteras de jurisdicción estatal.
Tratándose de concesiones y permisos para la explotación de las vías
públicas de carácter municipal, la secretaría deberá, previamente hacer
intervenir directamente a los municipios de que se trate, en la formulación
y aplicación de los programas de transporte público de pasajeros.
Artículo 50.- El servicio público de transporte comprende las siguientes
modalidades:
I. Transporte de personas y objetos:
a) Servicio colectivo de pasajeros: urbano;
b) Servicio colectivo de pasajeros: conurbado o metropolitano;
c) Servicio colectivo de pasajeros: suburbano;
d) Servicio colectivo de pasajeros y mixto foráneo:
1.- Interurbano; e
2.- Intermunicipal.
e) Servicio de transporte exclusivo de turismo;
Artículo 51.- El servicio colectivo de pasajeros, urbano, conurbado o
metropolitano, suburbano y foráneo, se prestará en autobuses cerrados,
trolebuses, tren eléctrico o vehículos similares. Sus características
específicas serán establecidas en el reglamento correspondiente; estará
sujeto a itinerario, horario establecido, y el precio se determinará en la
tarifa autorizada.
Artículo 52.- El servicio colectivo de pasajeros urbano, conurbado,
suburbano y foráneo, se prestará con itinerario fijo y el precio se
determinará en las tarifas autorizadas.
Artículo 53.- Las unidades que presten el servicio colectivo de pasajeros
metropolitano, deberán ser unidades integrales, que cuenten con un
sistema adaptado para la movilidad compuesta, con el fin de que puedan
transportar vehículos de propulsión humana individual, cómo la bicicleta.
53
Artículo 54.- Los vehículos destinados al servicio público de transporte,
se sujetarán a las siguientes normas generales y a las particulares que
establezca el reglamento correspondiente:
I.
Tratándose de vehículos para el transporte de personas, tanto
los modelos de los mismos, como su antigüedad máxima para
su incorporación al servicio, así como la fecha en que deberán
de sustituirse, serán establecidos en el reglamento
correspondiente;
II.
Las características específicas de los vehículos para cada
modalidad del servicio público de transporte, sus condiciones
de seguridad, comodidad y capacidad para transportar
personas y carga, así como los colores y emblemas que los
identifiquen, se precisarán en el reglamento de esta Ley;
III.
En el caso de vehículos para carga especial, se aplicarán las
normas de seguridad establecidas por las autoridades
competentes en materia de protección del medio ambiente,
seguridad y protección civil; y
IV.
En general, los vehículos enunciados en el presente artículo
deberán cumplir oportunamente con el calendario de
verificación vehicular vigente, en los términos que establece la
ley en materia.
Sección 6
Servicio Público de Transporte de Pasajeros
Artículo 55.- El transporte de pasajeros es el destinado al transporte
urbano, suburbano o foráneo de personas en general, en viajes
regulares, con itinerarios y horarios; los dedicados al transporte urbano o
suburbano de escolares o de trabajadores o turistas, en recorridos
especiales, todos, mediante el pago de un precio que se determinará
según la tarifa correspondiente;
Artículo 56.- Las concesiones y permisos para prestar el servicio público
de transporte de pasajeros y mixto, ya sea urbano, conurbano o
metropolitano, suburbano, interurbano e intermunicipal, se otorgarán y
explotarán conforme a las siguientes condiciones y requisitos específicos:
I.
Los concesionarios serán personas físicas o jurídicas, con
domicilio legal en el Estado de Jalisco;
54
II.
Las concesiones, permisos o subrogaciones serán otorgados
para prestar el servicio público de transporte exclusivamente
en la empresa ruta a la que pertenezcan, cumpliendo
únicamente el derrotero, itinerarios y horarios que se precisen
en la concesión. La dependencia del ejecutivo del estado,
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, en
coordinación con la dependencia municipal competente,
establecerá los recorridos de las rutas. Para tal efecto tomará
en cuenta la opinión, estudios y datos de los organismos
competentes;
III.
Para un mismo itinerario, ruta o tramo, podrán concurrir a la
prestación del servicio público de transporte uno o más
concesionarios, permisionarios o subrogatarios, conforme a
datos y estudios que para tal efecto proporcionen los
organismos competentes;
IV.
La dependencia del ejecutivo del estado, competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, tendrá siempre la
facultad de modificar las rutas, tramos, itinerarios e inclusive de
suprimirlos en función de las opiniones, datos y estudios
proporcionados por los organismos competentes;
V.
Cada concesión autorizará la operación de un vehículo;
VI.
Cada persona podrá aprovechar solamente hasta tres
concesiones o permisos, ya sea como titular, beneficiario,
arrendatario o administrador; y
VII.
Si en la ruta, itinerario, zona o región en donde se realice la
prestación del servicio, hubiere otras personas físicas titulares
de concesiones similares, podrán asociarse o celebrar
convenios de coordinación para brindar un mejor servicio y
reducir los costos de operación, en las formas autorizadas por
la Ley.
Artículo 57.- Se podrán conceder permisos para el servicio suburbano,
interurbano e intermunicipal de transporte de pasajeros:
I.
Cuando los caminos del estado no estén en condiciones para
que se pueda realizar un servicio regular y permanente;
II.
Cuando exista un servicio irregular en parte del camino, en
55
tanto se revisan las tarifas y se escucha a los concesionarios
de las rutas que pudieran resultar afectadas;
III.
Cuando exista mayor demanda de transporte motivada por
ferias, exposiciones, excursiones y causas análogas. En este
caso tendrán preferencia los concesionarios de las líneas
establecidas aun cuando tuvieran el máximo número de
vehículos autorizados por la Ley; y
IV.
Cuando se trate de vehículos que, de manera eventual, hagan
uso de los caminos para el traslado de contingentes con fines
de recreación o excursionismo.
Sección 7
Servicio Público de Transporte de Autos
de Alquiler o Taxis
Artículo 58.- El Servicio público de alquiler o taxi son los empleados
para el transporte de personas sin sujeción a itinerarios fijos, mediante el
pago de un precio que se determinará según la tarifa de taxímetro
correspondiente, y autorizados en sitios o asignados a centros de control
o ruleteros
Artículo 59.- El servicio de autos de alquiler, taxis o radiotaxis, se
prestará en vehículos cerrados, aprobados para el tipo de servicio, sin
itinerario; y podrá tener o no horario, además podrá presentarse en dos
modalidades según sea su forma de operar:
I.
Sujeto a tarifa con taxímetro de uso obligatorio; y
II.
Con tarifas establecidas previamente de acuerdo a la
zonificación autorizada por conducto de la dependencia del
ejecutivo del estado competente en materia de movilidad,
tránsito y transporte, tomando en cuenta las opiniones,
estudios y datos de los organismos auxiliares y de consulta
competentes.
Los prestadores de servicio del transporte público de autos de alquiler o
taxis que presten el servicio con la modalidad de sitios y que deseen
operar en la modalidad establecida en la fracción II, deberán contar con
una base que será su punto de partida.
Artículo 60.- Se requiere concesión o permiso otorgada por el ejecutivo
del estado por conducto de la dependencia del mismo, competente en
56
materia de movilidad, tránsito y transporte, para explotar, dentro del
estado, el servicio de transporte público de autos de alquiler o taxis en
cualquiera de sus dos modalidades: alquiler con sitio y radiotaxi.
El número total de concesiones o permisos que podrán otorgarse,
referentes a las modalidades del servicio público del transporte
señaladas en el presente artículo, se definirán para la zona conurbada de
Guadalajara y los demás municipios del estado, a través de estudios
técnicos particulares con base en parámetros establecidos y necesidades
específicas de cada localidad, por conducto de la dependencia del
ejecutivo del estado competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte, tomando en cuenta las opiniones, estudios y datos de los
organismos auxiliares y de consulta competentes.
Los prestadores del servicio del transporte público de autos de alquiler o taxis, para su mejor
organización, operación y seguridad, dependiendo de la modalidad de su servicio, deberán:
I.
Establecerse en lugares denominados sitios, ya sea en áreas
de la vía pública, o en locales cerrados con acceso a la vía
pública, autorizados por los ayuntamientos del municipio que
corresponda, en coordinación con la dependencia del ejecutivo
del estado, competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte.
Las características de las áreas o lugares de los sitios y sus
especificaciones serán determinadas en el reglamento respectivo;
II.
Los automóviles de alquiler o taxis, que presten el servicio con
la modalidad de "sitios", deberán llevar en su sitio o matriz de
control de cada unidad para el número de servicios, el tiempo
de permanencia en base y mantener unidades disponibles
para la prestación del servicio que se demande vía radio
comunicación o telefónica. El registro podrá ser supervisado
por la autoridad en cualquier momento para el debido control
de esta disposición;
III.
Los automóviles de alquiler, con la modalidad de radiotaxis,
prestarán el servicio mediante equipos de radiocomunicación,
debiendo contar con una matriz central a fin de que puedan
transitar para la atención eficiente del servicio; y
IV.
En el servicio de transporte público de automóviles de alquiler
o taxis, en cualquiera de sus modalidades, será obligatorio
usar el taxímetro, cuyas tarifas se establecerán por acuerdo
57
del Ejecutivo Estatal, con base en las opiniones, estudios y
datos proporcionados por los organismos auxiliares y de
consulta, en coordinación con la dependencia del ejecutivo,
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte.
Artículo 61.- Las concesiones o permisos para la explotación del servicio
de transporte público de autos de alquiler o taxis, en cualquiera de sus
modalidades, podrán cambiar de una a otra modalidad con autorización
previa que otorgará la dependencia del ejecutivo del estado competente
en materia de movilidad, tránsito y transporte y, para su otorgamiento, se
sujetarán a las disposiciones específicas siguientes:
I.
Se otorgarán exclusivamente a personas físicas de
nacionalidad mexicana, mayores de edad, que cuenten con
licencia oficial de chofer, y demuestren por los medios idóneos
su antigüedad como choferes con un mínimo de tres años en
el servicio público de transporte;
II.
Otorgada la concesión o permiso, el interesado tendrá un
plazo de noventa días naturales para presentar el vehículo,
mismo que deberá cumplir con los requisitos señalados en
esta Ley y su Reglamento; y
III.
Para el efecto de la preferencia en el otorgamiento de las
concesiones o permisos, se tomará en cuenta:
a) El orden cronológico de las solicitudes registradas en la
dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en materia
de movilidad, tránsito y transporte;
b) Un estudio socioeconómico que deberá practicarse a los
solicitantes, en el que se determine y valore,
preponderantemente, si la concesión o permiso significa un
medio prioritario de subsistencia para él y su familia, y que no
rebase el límite de concesiones o permisos permitidas por la
Ley; y
c) La antigüedad que señale el padrón del Registro Estatal de los
Servicios Públicos de Tránsito y Transporte, en lo que se
refiere exclusivamente a choferes, siempre y cuando se
constate que dicha antigüedad sea realmente acreditada en la
prestación de servicio público de transporte.
58
Artículo 62.- La administración de los sitios y matrices de control, se
regirá conforme a las siguientes disposiciones:
I.
Se identificarán con la denominación, clave o número, que
determine la autoridad competente; y
II.
El sitio contará con una matriz y, en su caso, podrá tener una o
más derivaciones, cubriendo los pagos que correspondieren al
municipio.
Artículo 63.- Las autorizaciones para el establecimiento de sitios o
matrices de control y sus derivaciones, se otorgarán y administrarán
conforme a las siguientes bases:
I.
Se requerirá que los propietarios o legítimos poseedores de
autos de alquiler o taxis, prestadores del servicio, se organicen
de acuerdo a las disposiciones del artículo siguiente;
II.
Los prestadores del servicio, debidamente organizados y
constituidos, presentarán su solicitud a la dependencia
municipal; y
III.
En la autorización se fijarán las condiciones para su
administración, para su renovación o revocación, conforme a
las normas que se precisen en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 64.- Los propietarios o legítimos poseedores de autos de
alquiler o taxis, en sus dos modalidades, tendrán los siguientes derechos
y obligaciones:
I.
Podrán constituirse como personas jurídicas y elegir una mesa
directiva que los represente en los términos de Ley;
II.
Podrán nombrar un representante, mediante carta poder que
registrarán, sin mayores formalidades, en el Registro Estatal;
III.
Deberán pagar al municipio las cuotas que se determinen por
concepto de autorización o licencia del sitio o base de control y
IV.
Los concesionarios y permisionarios podrán pertenecer o separarse de cualquier
persona jurídica, sin perjuicio o menoscabo de sus derechos con respecto al
permiso o concesión.
59
Artículo 65.- Los ayuntamientos, en coordinación con la dependencia del
ejecutivo del estado, competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte, están facultados para dictar todas las disposiciones
encaminadas a que los sitios no se conviertan en focos de molestias para
el vecindario, para los transeúntes o en obstáculos para la circulación.
Sección 8
Servicio de Transporte Exclusivo de Turismo
Artículo 66.- El servicio de transporte público exclusivo de turismo, se
prestará en vehículos especialmente acondicionados, para personas que
viajen con fines de esparcimiento, recreo o estudio. Las características de
estos vehículos se regularán por el reglamento respectivo.
Artículo 67.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia del
mismo, competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, podrá
conceder tanto a personas físicas como a jurídicas que lo soliciten y
reúnan los requisitos que se establezcan al efecto, concesiones para
prestar el servicio público de transporte exclusivo de turismo.
Las concesiones para explotar el servicio público de transporte exclusivo
de turismo, solamente se concederán para el traslado de personas a los
lugares de interés turístico, arqueológico, arquitectónico, panorámico,
religioso, artístico, deportivo o análogos, sujetándose su recorrido al
itinerario, horario y tarifas que, en cada caso, se autoricen.
Artículo 68.- El personal de operadores y ayudantes en la prestación del
servicio de transporte exclusivo de turismo, así como los vehículos
destinados al mismo, deberán de llenar los requisitos que establezca el
reglamento de esta Ley.
Sección 9
Servicio de Transporte con Grúa
Artículo 69.- El servicio de grúa en sus modalidades de arrastre, arrastre
y salvamento, así como el de remolque de cualquier tipo, es el adaptado
para transportar o remolcar cualquier clase de objetos, maquinaria u
otros vehículos. No estará sujeto a itinerario ni horario determinado y las
tarifas en cada una de las modalidades señaladas, serán fijadas por la
dependencia del ejecutivo del estado competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte, las cuales no podrán ser rebasadas; pero
los concesionarios podrán ajustarlas a la baja según su conveniencia y
acuerdo con el usuario.
60
Artículo 70.- La explotación de servicio público especializado de
transporte con grúa, en sus modalidades de arrastre; arrastre y
salvamento, así como de remolque de cualquier tipo, requerirá concesión
otorgada por el ejecutivo del estado por conducto de la dependencia
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte.
En el servicio de grúas de arrastre se incluirán, mediante convenio, todas
las operaciones manuales y mecánicas ordinarias que permitan dejar a
los vehículos en condiciones de ser trasladados.
Para la modalidad de arrastre y salvamento, las maniobras
correspondientes a salvamento llevadas a cabo por personal y equipo
especializado, que impliquen trasladar el vehículo de una distancia
superior a la establecida para el derecho de vía, hasta la franja de
pavimento dentro de la vía de circulación, será motivo de un cargo
adicional por dicho concepto, convenido previamente entre el usuario y el
prestador del servicio, pudiendo ser por tiempo utilizado en el salvamento
o por precio global.
Artículo 71.- Cuando el servicio de grúa se preste a solicitud de la
dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte, para retirar a vehículos de la vía pública,
los concesionarios deberán sujetarse estrictamente a lo dispuesto por el
Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte.
Sección 10
Transporte Especializado
Artículo 72.- Los vehículos no comprendidos en las subclasificaciones
anteriores, será denominado como equipo móvil especial, cualquiera que
sea el servicio, uso o finalidad a que se les destine; son modalidades de
transporte especializado:
a) De ambulancias en el traslado de enfermos o accidentados;
b) De discapacitados;
c) De transporte escolar;
d) De empresas particulares para el traslado de su personal;
e) De empresas funerarias en el desempeño de sus
actividades;
61
f) De vehículos auto-escuela para el aprendizaje de manejo; y
g) De carga liviana con sitio.
Artículo 73.- El servicio público de transporte especializado en sus
diferentes modalidades, se prestará en vehículos cuyas características se
precisarán en el Reglamento respectivo.
Artículo 74.- Los servicios de transporte público especializado
requieren de concesión, sino únicamente de la autorización de
dependencia del ejecutivo del estado, competente en materia
movilidad, tránsito y transporte, en los términos que establezca
Reglamento.
no
la
de
el
Artículo 75.- La autorización expresará, conforme a las disposiciones
reglamentarias de esta Ley:
I.
El número de vehículos que podrán operar al amparo de la
misma;
II.
Las características del vehículo;
III.
La vigencia; y
IV.
Las condiciones que deban observarse en la prestación del
servicio.
CAPÍTULO VI
Vehículos Particulares Motorizados
Artículo 76.- Son derechos de los usuarios de vehículos particulares
motorizados:
I.
Circular por todas las vialidades designadas para ello;
II.
Realizar su traslado a la velocidad permitida en los
señalamientos;
III.
Recibir un trato digno y respetuoso de las autoridades viales y
de otros conductores de vehículos motorizados;
IV.
Transportar la cantidad de personas para las que tenga
62
capacidad el vehiculo con los precauciones debidas en caso
de ser adultos o menores de edad; y
V.
Las demás que se señalen en la presente ley, sus reglamentos
y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 77.- Son obligaciones de los conductores de vehículos
particulares motorizados:
I. Utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. Esta
disposición es extensiva también a los pasajeros del asiento
delantero;
II. Hacer o realizar el alto total de los vehículos en los cruceros o
lugares en que la autoridad de transito haya establecido la
correspondiente señal de alto o pare;
III. Disminuir su velocidad o detenerse, dando preferencia a los
discapacitados, peatones y usuarios de vehículos no
motorizados;
IV. Conducir dentro de los límites de velocidad establecidos en la
signalética de las vialidades, expresado en la presente Ley y su
reglamento;
V. Obedecer las luces de los semáforos y todos los señalamientos
viales existentes en las vías públicas;
VI. Obedecer las señales manuales y atender las medidas de
seguridad que hagan los policías viales;
VII. Utilizar correctamente los carriles de circulación en los
bulevares y avenidas rápidas o de doble circulación en un solo
sentido;
VIII. Utilizar el claxon o bocina únicamente cuando se haga
necesario;
IX. Portar la licencia para conducir y tarjeta de circulación ambas
vigentes, que le haya sido otorgada para la clase de vehículo
que conduzca;
63
X. Obedecer las señales manuales que en los términos de los
reglamentos respectivos, realicen las personas autorizadas por
los centros escolares, frente a los mismos;
XI. Presentarse ante las autoridades de tránsito, cuando sea
requerido;
XII. Exhibir a los policías de viales, la documentación inherente a la
conducción y tránsito de vehículos, cuando le sea solicitada en
los términos de la presente ley;
XIII. Utilizar casco protector, tanto el conductor como sus
acompañantes, en el caso que los vehículos fuesen
motocicletas;
XIV. Abstenerse de molestar a los demás sujetos de la movilidad
sustentable con el uso irracional de bocinas y escapes;
XV. Hacer alto total a una distancia mínima de cinco metros de las
vías más cercanas del cruce del ferrocarril o de cualquier tipo de
transporte de alta capacidad o masivo;
XVI. Abstenerse de obstaculizar pasos y vialidades exclusivas de los
demás sujetos de la movilidad;
XVII. En el caso de las motocicletas estas podrán transitar con
precaución sólo por el carril derecho teniéndolo que hacer como
un vehiculo automotor, queda estrictamente prohibido, que se
atraviesen por los lados o por enfrente de otros vehículos
automotores, sólo podrán hacerlo para rebasar por el carril
izquierdo por donde pasa un vehiculo automotor; y
XVIII. Las demás que establezcan la presente ley y su reglamento.
CAPÍTULO VII
Transporte de Carga Pesada
Artículo 78.- Para el presente artículo se entiende por:
De carga. Es aquel servicio que se presta al público, mediante el pago
convenido, para efectuar el traslado de bienes, mercancías o cosas, en
vehículos adecuados para ello, dentro de los límites correspondientes
al territorio del estado.
De carga especial. El servicio de carga especializada es aquel que se
presta en vehículos que requieren de condiciones y equipos
especializados para aislar, conservar y proteger las cosas objeto del
traslado, así como para evitar cualquier riesgo a terceros.
64
Carga General. Este tipo de carga se puede presentar en cualquier
estado físico (sólido, líquido o gaseoso), siempre está embalada y
puede ser manejada como unidad.
Carga General Fraccionada. Es la carga que se encuentra embalada
(puede ser en cajas, cajones, bultos, barriles, bidones y fardos, entre
otros) y cuyo conjunto de embalajes forman pequeños lotes.
Carga General Unitarizada. Es la carga, uniforme o heterogénea,
cuyo embalaje además de tener la apariencia de unidad, funciona
como elemento unitivo.
Artículo 79.- El transporte de carga se clasifica en
I. Público:
a) Carga en general.
b) Grúas de arrastre o salvamento.
II. Mercantil:
a) De valores y mensajería.
b) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas.
c) Grúas de arrastre o salvamento.
d) Carga especializada en todas sus modalidades.
III. Privado:
a) Para el servicio de una negociación o empresa.
b) De valores y mensajería.
c) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas.
d) Grúas de arrastre o salvamento.
e) Carga especializada en todas sus modalidades.
IV. Particular.
Artículo 80.- Todas las personas físicas o morales concesionarias que
tengan como actividad específica la prestación del servicio público de
carga, deberán utilizar estaciones terminales o bases, donde podrán
estacionarse los vehículos al inicio o término de sus recorridos. En
ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las bases o terminales
podrán ocupar espacios propios de la vía pública ni obstruir el tránsito
de vehículos y de personas.
Artículo 81.La Secretaría de Movilidad es la encargada de
conformidad con la presente ley y sus reglamentos, de determinar, los
65
horarios y rutas de acceso y paso de vehículos de carga; así como los
itinerarios y otorgar las autorizaciones correspondientes.
Artículo 82.- Cuando se trate del servicio de carga, el ejecutivo del
estado, en casos excepcionales y previo estudio, podrá conceder
permisos, tomando como base lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 83.- Autorizar las tarifas para el servicio público de transporte
de carga que opere en las vías públicas de comunicación local, es una
atribución que le corresponde al ejecutivo.
Artículo 84.- El servicio de carga se prestará en vehículos cerrados o
abiertos, con las características adecuadas que no constituyan por su
acondicionamiento un riesgo para la circulación, vialidades, terceros ó la
carga que se transporte, dichas adecuaciones que pudieran hacerse al
vehículo deben facilitar el servicio para
transportar productos
agropecuarios, animales, maquinaria, materiales para la construcción,
minerales y en general para todo tipo de mercancías y objetos. El servicio
estará sujeto a itinerario, horario determinado, y el precio del mismo
podrá o no estar sujeto a tarifa.
Artículo 85.- El servicio de carga especial será prestado en vehículos
acondicionados o que cuenten con equipo adicional, para garantizar el
transporte seguro de valores, materiales clasificados como peligrosos de
acuerdo a las normas técnicas ecológicas, tales como explosivos,
corrosivos, inflamables o contaminantes; o que por sus dimensiones,
peso y otras características extraordinarias, representen riesgo. Este
servicio tendrá itinerario, horario determinado y podrá o no estar sujeto a
tarifa.
Artículo 86.- El servicio de transporte mixto-foráneo, se prestará para
transportar personas y objetos en el mismo vehículo, el cual deberá estar
acondicionado en forma adecuada para la comodidad y seguridad de los
pasajeros, de su equipaje y de la carga transportada. Este servicio
deberá tener itinerario, horario determinado y su precio máximo se
determinará según las tarifas autorizadas para personas y objetos.
Artículo 87.- El transporte de carga en general, es aquel servicio que
se presta al público, mediante el pago convenido, para efectuar el
traslado de bienes, mercancías o cosas, en vehículos adecuados para
ello, dentro de los límites correspondientes al territorio del estado. Los
vehículos destinados a este tipo de transporte deberán formar parte de
una base, cuyo funcionamiento y capacidad mínima se especificará en
el reglamento relativo de esta ley. y no deberá poner en peligro a los
66
demás usuarios de las vialidades, no deberá contaminar el medio
ambiente, ni obstaculizar el correcto manejo del vehículo, deberá
sujetarse y evitar su derramamiento o esparcimiento en el ambiente.
Artículo 88.- El servicio de carga especializada es aquel que se presta
en vehículos que requieren de condiciones y equipos especializados
para aislar, conservar y proteger las cosas objeto del traslado, así
como para evitar cualquier riesgo a terceros. En este último caso, es
necesario obtener la concesión correspondiente de la autoridad que se
requiera en función de la carga.
Artículo 89.- Todas las personas físicas o morales concesionarias que
tengan como actividad específica la prestación del servicio público de
carga, deberán utilizar estaciones terminales o bases, donde podrán
estacionarse los vehículos al inicio o término de sus recorridos. Las
bases o terminales de referencia, deberán instalarse cumpliendo todos
los requisitos de seguridad e higiene que señalen los ordenamientos
legales aplicables, una vez que el lugar de su ubicación haya recibido
la aprobación de las autoridades del municipio correspondiente.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las bases o terminales
podrán ocupar espacios propios de la vía pública ni obstruir el tránsito
de vehículos y de personas.
Artículo 90.- Queda prohibida la utilización como vehículos de carga
aquellos vehículos sin derecho a contar con placa de circulación, tales
como tractores agrícolas, trascabos y demás maquinaria de la
construcción o de movimientos de tierra, excepto mecanismos de
acoplamiento entre semiremolque y remolque.
Sección 1
De las Concesiones para Operar el Servicio
de Transporte de Carga
Artículo 91.- El ejecutivo del estado, por conducto de la dependencia
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, podrá
conceder a las personas físicas o jurídicas que lo soliciten y cumplan con
los requisitos que se establezcan al efecto, concesiones para prestar el
servicio público de transporte de carga, dentro del estado de Jalisco o de
los municipios correspondientes, en sus diferentes modalidades.
67
Artículo 92.- Las concesiones o permisos para prestar el servicio público
de transporte de carga, se otorgarán y explotarán conforme a las
siguientes condiciones y requisitos:
I.
Los concesionarios o permisionarios serán personas
físicas o jurídicas, con domicilio legal en el estado de
Jalisco;
II.
Cada concesión o permiso autorizará la operación de
un vehículo;
III.
Cada persona podrá aprovechar hasta tres concesiones
o permisos, ya sea como titular, beneficiario,
arrendatario o administrador; y
IV.
Los prestadores de este servicio público de transporte,
podrán asociarse o celebrar convenios de coordinación
para brindar un mejor servicio y reducir los costos de
operación en las formas autorizadas por la Ley, para
cuyo efecto procederá la transferencia respectiva,
previa anuencia del organismo coordinador.
Artículo 93.- Las concesiones se otorgarán conforme a lo dispuesto en
los artículos 117 al 120, de esta Ley, y se observarán las siguientes
disposiciones:
I.
Las nuevas concesiones, o aquéllas que queden disponibles
por su cancelación o por haber quedado vacantes, se
otorgarán a quienes acrediten reunir los requisitos de esta Ley
y tener la capacidad necesaria para prestar el servicio
conforme a su modalidad y clase;
II.
Se dará preferencia a las personas físicas o jurídicas que
hubiesen prestado el servicio de transporte, antes de que los
caminos abiertos hubieren estado atendidos por el gobierno
del estado; y
III.
Atendidas las solicitudes fundadas en la fracción anterior, se
buscará preferir a los operadores o conductores en activo que
lo soliciten, observando el orden previsto en los artículos 119 y
120, de esta Ley.
Artículo 94.- Serán improcedentes las solicitudes de concesiones, en los
siguientes casos:
68
I.
Cuando la dependencia del ejecutivo del estado, competente
en materia de movilidad, tránsito y transporte, haya declarado
previamente que la ruta esta cerrada;
II.
Cuando, con base en las opiniones, estudios, y datos que
proporcionen los organismos de consulta y auxiliares
competentes, se determine que el número de concesionarios
es suficiente;
III.
Cuando el solicitante ya sea titular de tres concesiones;
IV.
Cuando la solicitud sea presentada por persona extranjera,
que no acredite en su calidad migratoria, debe tener
autorización para dedicarse a esta actividad; y
V.
Cuando el solicitante se le haya revocado anteriormente
alguna concesión por causa justificada de acuerdo al capítulo
octavo de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Vehículos y Maquinaria Agrícola
Artículo 95.- Se entiende por maquinaria para uso agrícola: todos
aquellos vehículos autopropulsados o remolcados, que tienen como
uso exclusivo las actividades y servicios agrícolas y que transitan de
manera eventual o excepcional en los caminos, carreteras y autopistas
de jurisdicción estatal.
Artículo 96.- Son derechos de los usuarios de vehículos y maquinaria
agrícola:
I. Circular por brechas y caminos rurales, así como por carreteras
secundarias y primarias a baja velocidad por el carril de la extrema
derecha con precaución;
II. Recibir un trato digno y respetuoso de las autoridades y de otros
conductores de vehículos motorizados; y
III. Las demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y
demás ordenamientos legales aplicables.
69
Son obligaciones de los usuarios de vehículos y maquinaria agrícola:
I.
Circular a una velocidad adecuada con la capacidad o
adaptación del vehiculo o maquinaria;
II.
Transitar con precaución, anunciando con las luces
intermitentes del vehículo u otro sistema de aviso de
tránsito; y
III.
Las demás que se señalen en la presente ley, su
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.
Sección 1
De la Circulación Eventual de la Maquinaria de Uso Agrícola
Artículo 97.- La maquinaria de uso agrícola podrá circular de manera
eventual o excepcional en las vías de comunicación de jurisdicción
estatal. Cuando ello ocurra, a efecto de disminuir situaciones de riesgo
deberá:
I. Circular en el carril, de extrema derecha;
II. Mantener una distancia suficiente con el que lo precede,
teniendo en cuenta su velocidad, las condiciones
meteorológicas, las características de la vía y de su propio
vehículo;
III. Hacerlo de día, encender sus luces cuando la luz natural sea
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo
reclamen, sin adelantarse a otro vehículo en movimiento;
IV. Deberá contar con una placa reflectiva en el extremo trasero
como identificación;
V. Abstenerse de todo acto que pueda constituir o poner en peligro
a personas o, causar daños a bienes públicos o privados;
VI. Extremar precauciones en
movimientos que realice, y
los
cambios
de
dirección
o
VII. Dar preferencia de paso a los demás vehículos, a los peatones
en los cruces reglamentarios destinados a ellos y a los
vehículos de emergencia cuando éstos emitan las señales
70
audibles y visuales correspondientes.
Artículo 98.- Cuando circulen dos ó más vehículos de uso agrícolas en
un mismo carril a manera de caravana o convoy, deberán mantener
suficiente distancia entre ellos para que cualquier vehículo que les
adelante pueda ocupar la vía sin peligro.
Articulo 99.- Los vehículos de uso agrícolas no deben estacionarse ni
detenerse en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo a
la circulación, especialmente en la intersección de carreteras, curvas,
túneles, puentes, estructuras elevadas y pasos a desnivel, o en las
cercanías de tales puntos. En caso de desperfecto mecánico u otras
causas, además de colocar los dispositivos correspondientes al
estacionamiento de emergencia, el conductor tendrá que retirar el
vehículo de la vía.
Artículo 100.- A los productores del sector agropecuario se les podrá
exentar de las obligaciones de acreditar que los vehículos formen parte
del activo fijo de sus empresas; pero deberán acreditar
fehacientemente su actividad y precisar el lugar de explotación agrícola
o pecuaria.
CAPÍTULO IX
De las Concesiones y Permisos
Sección 1
De las Concesiones y Permisos para la Prestación
del Servicio Público de Transporte
Artículo 101.- Las personas físicas o jurídicas para participar en la
prestación del servicio público de transporte, en cualquiera de sus
modalidades, requerirán obtener concesión o permiso según
corresponda, expedida por el ejecutivo del estado, por conducto de la
dependencia del mismo, competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte y se encontrarán, el servicio de transporte público que se
otorgue deberá ser por ruta, obedeciendo a un sistema de ruta-empresa,
donde cada concesión, subrogación o permiso, serán limitativos a
transitar por una sola ruta, y por ello deberá conformarse una empresa,
por cada una de las modalidades de transporte público, que son urbano,
interurbano, metropolitano e intermunicipal. Así mismo, las concesiones
o permisos para la prestación del servicio público de transporte de autos
de alquiler, sitio, taxis o radiotaxis sólo se otorgará a personas físicas.
71
El estado, previa convocatoria para la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros, deberá elaborar colegiadamente con los
ayuntamientos, los programas de transporte público de pasajeros que
elaboren las autoridades competentes, ya sea para renovarlos o los
nuevos que se expidan al otorgar nuevas concesiones o permisos,
siempre y cuando se trate de vías públicas locales de carácter municipal.
Artículo 102.- El ejecutivo del estado expedirá las concesiones o
permisos para la prestación del servicio público de transporte, conforme a
las siguientes bases generales:
La concesión o permiso otorga a su titular un derecho, no exclusivo, para
prestar el servicio público de transporte en la modalidad y características
que se especifiquen;
La duración ordinaria de las concesiones y permisos de autos de alquiler,
taxis o radiotaxis será de cinco años. No obstante, a petición de sus
titulares, podrán prorrogarse por periodos de igual tiempo, siempre que
aquéllos acrediten haber cumplido con las condiciones que para tal
efecto se impongan, y previo el pago que establezcan las leyes
hacendarias aplicables. La duración extraordinaria de las concesiones
para transporte masivo ecológico se establecerá a propuesta que formule
el Organismo Coordinador.
Por regla general sólo se tramitará una concesión por persona física ó
jurídica y la misma amparará únicamente un vehículo. Sin embargo,
excepcionalmente se podrá conceder un mayor número de concesiones
para transporte masivo ecológico, así como el número de vehículos o
unidades amparados por cada concesión, siempre y cuando se acrediten
los extremos siguientes:
a) La necesidad de la prestación del servicio público de transporte en
determinada modalidad;
b) La urgencia o conveniencia de satisfacer esa demanda;
c) El beneficio que su otorgamiento signifique para el interés público
por la magnitud de la inversión; por la transferencia de tecnología
que se genere, o por el impacto positivo que redunde en el
provecho social;
d) La opinión favorable del Consejo Consultivo; del Consejo
Ciudadano para la Movilidad; y del Centro Estatal de Investigación
72
de la Movilidad y Transporte, así como del ayuntamiento, cuando
la concesión o permiso afecte su ámbito territorial; y
e) La convocatoria a una licitación pública para la prestación de dicho
servicio;
Los derechos derivados de una concesión o permiso de auto de alquiler,
taxi o radiotaxi, no son embargables ni gravables.
Las concesiones y permisos y los derechos derivados de las mismas,
sólo serán transmisibles en los casos, conforme a las condiciones y
cumpliendo con los requisitos que se especifican en el presente
Ordenamiento.
El Registro Estatal certificará a quién corresponde la titularidad de las
concesiones y permisos de autos de alquiler, taxi o radiotaxi, sus
modalidades y los actos que se hayan realizado respecto de las mismas
y;
La participación de personas físicas y jurídicas extranjeras en el servicio
público de transporte en las vías públicas de comunicación local, se
sujetará a los requisitos y condiciones previstos en la ley y los tratados
internacionales vigentes.
Pertenecer a la empresa correspondiente a la ruta que se solicita.
Artículo 103.- El Ejecutivo del Estado, a través de la dependencia
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, expedirá los
permisos temporales para la prestación del servicio público de transporte,
conforme a las siguientes bases generales:
I. Los permisos otorgan el derecho de prestar el servicio público de
transporte, en la modalidad y con las características que se
especifiquen, para atender, por un plazo determinado, un
incremento en la demanda del servicio público;
II. Los permisos se otorgarán, preferentemente, a quienes sean
titulares de concesiones en las modalidades del servicio público
de transporte que corresponda. Únicamente cuando los
concesionarios no estén en condiciones de atender a la demanda
extraordinaria del servicio, se otorgarán permisos a personas
distintas;
73
III. Los permisos se expedirán para un plazo determinado, no mayor
de ciento veinte días. Dichos permisos podrán prorrogarse a
solicitud de su titular, por una sola vez, por el mismo plazo para el
cual fueron inicialmente expedidos;
IV. Los permisos precisarán la causa que motive su expedición o
prórroga; y
V. Los permisos y los derechos derivados de los mismos, en ningún
caso serán transmisibles, ni crearán derechos permanentes a
favor de sus titulares.
Artículo 104.- Los titulares de concesiones y permisos de autos de
alquiler, taxi o radiotaxi del servicio público colectivo de transporte,
tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
I.
Prestar el servicio público de transporte, acatando las normas
de calidad y operación correspondientes a su modalidad y
clase, que se establecen en esta Ley y su reglamento;
II.
En el caso del transporte público, deberán destinar al menos
tres asientos debidamente identificados para el uso preferente
de personas de la tercera edad, mujeres embarazadas entre
otras;
III.
Proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio;
IV.
Cobrar a los usuarios el precio que establezca la tarifa vigente,
conforme a la modalidad y clase del servicio de que se trate;
V.
Entregar al usuario en su caso contra el pago del precio, el
boleto o comprobante correspondiente;
VI.
Responder de los daños a terceros, a los viajeros que hayan
pagado el importe de su pasaje y a sus pertenencias, por
accidentes ocurridos con motivo de la prestación del servicio o
el hecho de circular en vía pública, para tal efecto estarán
obligados a contar con un seguro de viajero que cubra el daño
a las cosas, atención médica y hospitalaria a las personas,
mediante la contratación de una póliza de seguro o contrato de
mutualidad que así lo garantice, con los montos y condiciones
que señalen esta ley y su reglamento;
VII.
Verificar que los conductores u operadores a su servicio,
74
reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y se
desempeñen conforme a las fracciones II a V, de este artículo;
VIII.
Identificar a sus vehículos mediante los colores, emblemas y
numeración que asigne la dependencia del ejecutivo del
estado, competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte, correspondientes al servicio concesionado y a su
adscripción por localidad; de acuerdo a la agrupación a que
pertenezcan o al titular de la concesión;
IX.
Inscribirse y mantener actualizada su inscripción en el Registro
Estatal;
X.
Solicitar la prórroga de la concesión;
XI.
Podrán integrar personas jurídicas que los representen ante
las autoridades estatales y municipales, en los actos relativos a
la administración del servicio público de transporte, conforme a
su modalidad y clase; y
XII.
En caso de ser persona física el concesionario o permisionario
podrá designar libremente a quien deba sucederle en sus
derechos derivados de la concesión, conforme al
procedimiento establecido en el artículo siguiente de esta Ley.
Artículo 105.- Para los efectos de la última fracción del artículo que
antecede, se estará a las disposiciones siguientes:
I.
Formulará una lista de sucesión en la que consten los nombres
de las personas y el orden de preferencia que se respetará al
hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento;
II.
La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro
Estatal o formalizada ante notario público; en este caso, el
fedatario estará obligado a verificar el depósito de la lista en el
Registro Estatal;
III.
Con las mismas formalidades, la lista de sucesión podrá ser
modificada por el propio concesionario, cuando así lo
determine, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. Para
el caso de los permisionarios, éstos harán una lista de quiénes
tienen derecho preferente a utilizar el permiso durante le resto
de su vigencia, en caso de faltar el titular del mismo; y
75
IV.
A falta de lista de sucesión, en el caso de fallecimiento de su
titular, los derechos se transmitirán conforme a las
disposiciones en materia de sucesiones, establecidas en la
legislación civil.
Artículo 106.- Si fallece el titular, la concesión deberá actualizarse en los
términos de su vigencia, a favor de la persona que tenga derecho,
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Para hacer valer el derecho como sucesor, el interesado deberá
presentar la solicitud correspondiente ante la dependencia del Ejecutivo
del Estado, competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, en
un plazo que no deberá exceder de sesenta días hábiles, a partir de la
fecha del fallecimiento del titular de la concesión o permiso, que dé origen
a esta renovación.
Artículo 107.- El titular de una concesión o permiso, al término de ésta,
podrá solicitar su prórroga, si acredita ante la dependencia del ejecutivo
del estado, competente en materia de movilidad, tránsito y transporte que
cumplió con todos y cada uno de los requisitos de esta Ley.
Artículo 108.- A fin de obtener la prórroga de la concesión o permiso, su
titular deberá:
I.
Presentar solicitud por escrito dentro de los sesenta días
hábiles anteriores al vencimiento de la concesión o, quince
días anteriores del vencimiento del permiso, ante la
dependencia del ejecutivo del estado, competente en materia
de movilidad, tránsito y transporte;
II.
Acreditar en la forma que precise el reglamento; y
III.
Comprobar que está al corriente en el pago de las
contribuciones relacionadas con los vehículos, conductores y
demás elementos del servicio o, en su caso, haber asegurado
el interés fiscal.
La falta de solicitud de prórroga en el plazo previsto en este artículo, será
sancionado de 20 a 50 días de salario mínimo general, vigente en la zona
económica que se trate. Si pasados 10 días hábiles de que a través del
Registro Estatal se haya impuesto legalmente la sanción mencionada, no
se tramita la prórroga, se considerará como renuncia a ésta; en
consecuencia, ocasionará la extinción de la concesión y de los derechos
que de ellas se deriven.
76
La autoridad deberá comunicar al interesado lo resuelto a su solicitud, así
como informar el contenido de su resolución al Registro Estatal y a la
Secretaría de Finanzas. Si presentada en tiempo y forma la solicitud y
esta no es contestada por la autoridad dentro de un plazo de noventa
días, se entenderá favorable la misma al interesado.
Artículo 109.- La concesión o permiso será prorrogada a favor de su
titular si está prestando el servicio público de transporte y subsiste la
necesidad del servicio, siempre que no se afecte el interés público y se
cumplan los requisitos señalados en esta Ley.
Artículo 110.- La prórroga se autorizará por la dependencia del ejecutivo
del estado, competente en materia de movilidad, tránsito y transporte,
mediante acuerdo que se informará al Registro Estatal, para los efectos
de asentar las inscripciones, respecto de las concesiones que se
prorrogan y aquellas que se declaren extintas, a efecto de realizar la
anotación correspondiente
Artículo 111.- Los concesionarios o permisionarios del servicio público
de transporte de pasajeros, invariablemente deberán entregar a los
usuarios el boleto o comprobante que acredite el pago del servicio, el
cual, contendrá los datos y las características que se precisen en el
reglamento, a fin de:
I.
Indicar la modalidad y clase del servicio;
II.
Identificar al concesionario o permisionario y al vehículo
asignado;
III.
Informar al usuario con relación al seguro de responsabilidad
civil que lo protege contra los riesgos en su transportación, así
como los montos de cobertura y formas de hacer efectivo el
pago; y
IV.
Señalar el precio o cuota pagado por el usuario.
Artículo 112.- Los concesionarios y permisionarios del servicio público
de transporte, deberán adquirir y conservar vigente una póliza de seguro
o contrato de mutualidad, de acuerdo con la reglamentación que al
respecto se expida, con el objeto de hacer efectivas las obligaciones que
se establecen en la fracción VI del artículo 104 de esta Ley, en el que
queden puntualizados los montos de las indemnizaciones.
77
Artículo 113.- Los concesionarios y permisionarios, sin alterar las
características a que se refiere la fracción VII, del artículo 104, de esta
Ley, deberán colocar en sus vehículos emblemas o distintivos, a fin de:
I.
Identificar las unidades de transporte habilitadas para el
servicio de personas con discapacidad; y
II.
Ofrecer servicios y atenciones especiales a los usuarios en las
modalidades que el concesionario o permisionario considere
convenientes.
Artículo 114.- Las personas jurídicas que constituyan los concesionarios
o permisionarios del servicio público de transporte, tendrán por objeto:
I.
Representar a sus asociados ante las autoridades y
organismos auxiliares, en los actos previstos en este
Ordenamiento;
II.
Promover la capacitación de las personas que realicen
actividades relacionadas con la prestación del servicio público,
como chóferes conductores, operadores, despachadores y
supervisores;
III.
Coordinar sus actividades, operar terminales, adquirir insumos,
mejorar sus sistemas de mantenimiento, reducir los costos de
operación; y
IV.
Otras actividades que no contravengan las disposiciones de
esta Ley, que tiendan a brindar un mejor servicio.
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la persona jurídica,
deberá otorgarse ante fedatario público y, para los efectos de esta Ley,
inscribirse en el Registro Estatal.
Artículo 115.- Los trabajadores del transporte que presten sus servicios
como chóferes, conductores u operadores de vehículos de servicio
público, con la finalidad de acreditar su antigüedad con el propósito de
acreditar su antigüedad para los fines de esta Ley, deberán inscribirse y
mantener actualizada su inscripción en el Registro Estatal.
Sección 2
De las Bases Generales para Otorgar Concesiones
del Servicio Público de Transporte
78
Artículo 116.- La dependencia del ejecutivo del estado, competente en materia de movilidad,
tránsito y transporte, determinará, de conformidad con los estudios y datos proporcionados
por los organismos competentes, el número de concesiones que el ejecutivo vaya a otorgar en
cada modalidad del transporte, y aprobará la convocatoria para que los interesados presenten
sus solicitudes.
Artículo 117.- Propondrá también la substitución de las que hayan sido
canceladas o estén vacantes, mismas que se otorgarán a quienes tengan
derecho y manifiesten interés, con base en los estudios y datos
proporcionados por los organismos competentes.
Artículo 118.- El ejecutivo estatal, a través de la dependencia
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, otorgará las
concesiones observando el siguiente procedimiento:
I.
Informará al Organismo Coordinador, el número de
concesiones que se proponga otorgar y la convocatoria que
haya autorizado;
II.
Para el caso de la concesiones extraordinarias de transporte
masivo ecológico, a efecto de obtener la autorización prevista
en la fracción XX, del artículo 50, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, la solicitará al Congreso del Estado,
presentando la siguiente documentación:
a) El número de concesiones que se proponga otorgar, indicando
su modalidad y si son nuevas o fueron declaradas canceladas
o vacantes;
b) La información sobre las características de las concesiones y,
en general, los términos de las mismas;
c) La convocatoria autorizada;
d) La opinión, datos y estudios de los organismos competentes; y
e) El proyecto de iniciativa de la concesión que se propone para
otorgar las mismas;
III.
En forma conjunta con el Organismo Coordinador, publicará la
convocatoria para otorgar las concesiones en el Periódico
Oficial "El estado de Jalisco" y en un periódico de mayor
circulación, indicando su modalidad, condiciones y el número
disponible, así como la referencia a la resolución del Congreso
79
del Estado en donde se haya otorgado su autorización cuando
le competa;
IV.
Asimismo, se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco" y en un periódico, el de mayor circulación en la zona o
municipio en que operará el servicio, el acuerdo que resuelva
sobre el otorgamiento de las concesiones, indicando los
nombres de las personas a quienes se haya acordado
otorgarlas;
V.
En su caso, la publicación a que se refiere la fracción anterior,
indicará la antigüedad de los solicitantes como conductores u
operadores de vehículos del servicio público de transporte;
VI.
La información relativa a las concesiones otorgadas, se
enviará al Organismo Coordinador y a la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado; y
VII.
La dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, verificará que las
concesiones otorgadas, queden debidamente inscritas en el
Registro Estatal.
Artículo 119.- En los casos establecidos por esta Ley, el derecho de
preferencia para adquirir la titularidad de una concesión de servicio
público de transporte de personas y objetos, con ruta determinada, que
se otorga a los conductores u operadores de este servicio, se regulará
con el procedimiento siguiente:
I.
Se otorgará preferencia a las solicitudes de quienes acrediten
una antigüedad en la prestación del servicio, no menor a tres
años;
II.
Entre los solicitantes que acrediten una antigüedad mínima de
tres años, se otorgará preferencia a quienes no sean
concesionarios; y
III.
En igualdad de condiciones, se preferirá a quienes acrediten
mayor antigüedad en la prestación del servicio.
Artículo 120.- Para los efectos del artículo anterior:
I.
La antigüedad de los solicitantes como conductores u
operadores de vehículos de servicio público, se acreditará
80
mediante el registro que elabore el Registro Estatal, en el que
deberá incluirse a los conductores y operadores actuales, con
reconocimiento de la antigüedad que demuestren como tales;
y
II.
El propio Registro Estatal certificará si los solicitantes son o no
titulares de concesiones del servicio público de transporte,
indicando en su caso la modalidad, clase y datos del vehículo
autorizado para operar al amparo de la misma.
Sección 3
De la Transmisión de las Concesiones
del Servicio Público de Transporte
Artículo 121.- Independientemente de cumplimentar los requisitos
establecidos en el artículo 123, de esta Ley, las concesiones otorgadas
para esta modalidad de servicio y los derechos que de las mismas se
deriven, serán susceptibles de transmisión conforme a las siguientes
condiciones:
I.
El concesionario, para adquirir el derecho a transmitir la
concesión, deberá haber operado el servicio público en forma
continua y eficiente por un mínimo de dos años;
II.
Para ceder o traspasar sus derechos, el concesionario deberá
obtener autorización previa de la dependencia del Ejecutivo del
Estado, competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte; y
III.
El adquirente deberá reunir los requisitos que se establecen en
este ordenamiento para ser titular de una concesión en esta
modalidad, mismos que verificará la autoridad concesionante;
Artículo 122.- Las concesiones y los derechos derivados de las mismas
sólo podrán ser transmitidas o cedidos:
I.
Por vía sucesoria; y
II.
En los supuestos que en forma expresa y restrictiva establece
esta Ley para cada modalidad del servicio público de
transporte.
81
Artículo 123.- Son requisitos para que opere la transmisión de una
concesión y la cesión de los derechos derivados de la misma, que:
I.
El concesionario acredite la titularidad de la concesión y sus
elementos, mediante certificado expedido por el Registro
Estatal, dentro de los treinta días anteriores a la celebración
del contrato;
II.
El concesionario compruebe estar al corriente en el pago de
los impuestos y derechos correspondientes y haber cumplido
todas las obligaciones a su cargo que deriven de la concesión;
III.
Realizar el pago de los derechos que se establecen en la Ley
de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente;
IV.
El adquirente, sea persona física o jurídica, llene los requisitos
establecidos para el otorgamiento de la concesión, y sea
calificada y aceptada por la autoridad competente que la
otorgó; y
V.
La cesión o transmisión de los derechos, no esté en
contravención a lo dispuesto en esta Ley.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, implicará la nulidad
de pleno derecho del acto, independientemente de las sanciones que
resulten aplicables al concesionario.
Sección 4
De la Subrogación de la Operación en la Prestación
del Servicio Público de Transporte
Artículo 124.- Los organismos públicos descentralizados del Ejecutivo del Estado cuyo objeto
sea la prestación del servicio público colectivo de pasajeros, cuando no cuenten con la
infraestructura y equipamiento suficiente para atender las necesidades que requiera la
ciudadanía, podrán celebrar contratos de subrogación con particulares para la operación en la
prestación del servicio, exclusivamente en la modalidad de transporte colectivo urbano y
suburbano, reservándose estos organismos la titularidad y administración de las rutas, así
como el despacho y la supervisión del servicio en las mismas, que les sean asignadas por la
dependencia del Ejecutivo del Estado en materia de movilidad, tránsito y transporte.
Artículo 125.- Los subrogatarios tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:
82
I.
Operar la prestación del servicio público de transporte,
acatando las normas correspondientes a su modalidad y clase;
II.
Proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio;
III.
Cobrar a los usuarios el precio que establezca la tarifa vigente,
conforme a la modalidad y clase del servicio de que se trate;
IV.
Entregar al usuario contra el pago del precio, el boleto o
comprobante correspondiente;
V.
Responder de los daños a terceros, a los viajeros que hayan
pagado el importe de su pasaje, por accidentes ocurridos con
motivo de la prestación del servicio; para tal efecto, estarán
obligados a contar con una póliza de seguro de viajero vigente
que cubra el daño a terceros, atención médica y hospitalaria a
las personas;
VI.
Verificar que los conductores u operadores a su servicio,
reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y se
desempeñen conforme a las fracciones II a IV, de este artículo;
VII.
Identificar a sus vehículos mediante los colores, emblemas y
numeración que asigne el organismo público descentralizado
con quien haya celebrado el contrato de subrogación;
VIII.
Renovar su contrato;
IX.
Designar libremente a quien deba suceder por fallecimiento en
sus derechos derivados de la subrogación, conforme al
procedimiento establecido en el reglamento de esta Ley;
X.
Transmitir, con la autorización del organismo público
descentralizado y previo pago de los derechos
correspondiente, los derechos del mismo;
XI.
Tendrán preferencia en la otorgación de nuevas
subrogaciones, en el orden en que cronológicamente tengan
celebrados sus contratos de servicio; y
XII.
Los demás que se e establezcan en esta Ley, en el contrato
de subrogación y en la forma técnica que en su oportunidad se
expida y las disposiciones internas que emitan los organismos
83
públicos descentralizados.
Artículo 126.- El reglamento, establecerá las condiciones en las que los
organismos públicos descentralizados puedan subrogar la operación del
servicio, así como los requisitos particulares a que diera lugar la
celebración del contrato.
Sección 5
De las Causas de Revocación y Extinción
de las Concesiones
Artículo 127.- Cuando se compruebe que una persona tiene un número
mayor de concesiones que las permitidas en esta Ley, o tiene en servicio
un número mayor de vehículos a los autorizados, a nombre propio o de
terceros, se le sancionará con la revocación de todas las concesiones de
que sea titular.
Artículo 128.- Las concesiones, contratos de subrogación y permisos
para la prestación de un servicio público de transporte, en cualquiera de
sus modalidades y características, podrán ser revocadas por alguna de
las causas siguientes:
I.
Cuando se hubiere extendido a favor de una persona jurídica y
ésta se extinga;
II.
Cuando se oferte o realice un servicio distinto del autorizado
en la concesión o fuera de la ruta, tramo o itinerario aprobado,
o no se cumpla puntualmente con lo dispuesto en los artículos
104, 111, 112 y 201 de esta ley;
III.
Cuando se haga la transmisión de la concesión o del vehículo,
o la sustitución de este último, sin observarse los requisitos
que para tales casos establezcan esta Ley y su reglamento;
IV.
Cuando el concesionario suspenda el servicio por más de
cuatro meses sin justificación alguna;
V.
Cuando se reincida en el incumplimiento en los itinerarios y
horarios;
VI.
Cuando se reincida en cobrar por el servicio un precio o cuota
mayor al que resulte de aplicar la tarifa correspondiente;
84
VII.
Cuando no se establezca la prestación del servicio dentro del
plazo fijado, sin justificación;
VIII.
Cuando los concesionarios no sustituyan los vehículos que
deban ser retirados del servicio por orden de la dependencia
del ejecutivo del estado, competente en materia de movilidad,
tránsito y transporte, en virtud de no reunir los requisitos
exigidos por esta Ley;
IX.
Cuando el concesionario, en su condición de tal, cometa algún
delito doloso sobre el cual hubiere recaído sentencia
condenatoria que cause ejecutoria;
X.
Por cualquiera otra irregularidad cometida en la prestación del
servicio y sea calificada como grave, conforme al reglamento
aplicable;
XI.
Por trasmitir o ceder a título oneroso la concesión;
XII.
Por violaciones a esta ley y a su reglamento que alteren
sustancialmente la prestación del servicio;
XIII.
Por exigirlo así el interés público; y
XIV.
Por no acreditar el contar con la póliza de seguro vigente, para
responder de los daños y perjuicios ocasionados a terceros.
Las resoluciones administrativas que acuerden la revocación de las
concesiones de transporte podrán ser impugnadas mediante la
interposición de los medios de defensa que correspondan, en los
términos previstos en el capítulo VIII de esta ley.
Artículo 129.- Para hacer efectivas las disposiciones de los artículos que
anteceden, la dependencia del ejecutivo del estado competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, tiene, en todo tiempo, el
derecho de mandatar de oficio o a petición de parte interesada, las
investigaciones necesarias para determinar los casos en que los
particulares tengan concesiones, en contravención a las disposiciones de
esta Ley; las concesiones y subrogaciones del transporte público serán
consideradas cómo información fundamental en materia de transparencia
y acceso a la información pública, y se publicarán en la página de internet
oficial de la dependencia del ejecutivo del estado competente en materia
de movilidad, tránsito y transporte.
85
Artículo 130.- Cuando la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros se vea amenazada en oportunidad, permanencia o
continuidad, el ejecutivo del Estado podrá, fundada y motivadamente,
ordenar la requisa del mismo, en todo o parte del territorio estatal, a fin de
garantizar la prestación regular del servicio público de transporte y
satisfacer las necesidades de traslado diario de la población en general.
Al efecto, el ejecutivo podrá utilizar el personal que estuviere a su cargo
en distintas dependencias para la operación de las unidades de
transporte o a ciudadanos que previamente se registraran en algún
programa que la Secretaría competente en materia de movilidad, tránsito
y transporte, de acuerdo con el reglamento determinara previamente.
La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la
motivaron.
Artículo 131.- El importe total de lo recaudado por pasajes durante el
tiempo que dure la requisa será destinado al mantenimiento y
operatividad de las Unidades de transporte, así como para compensar
económicamente a quienes se hicieran responsables del manejo de
dichas unidades, y para la indemnización a los concesionarios, en caso
de que durante el tiempo que dure la requisa se hubiese causado un
desperfecto a dichas unidades.
Respecto al monto de la indemnización, se nombrarán peritos por ambas
partes para efectos que determinen el monto de la misma.
Artículo 132.- Las concesiones se extinguen por cualesquiera de las
siguientes causas:
I.
A petición del titular;
II.
Por la extinción de las personas jurídicas a las que se les
hubiere otorgado;
III.
Por la muerte del titular, sin perjuicio de lo establecido por lo
previsto en esta Ley; y
IV.
Por el cumplimiento del plazo para el que fue otorgada la
concesión y no se autorice la prórroga.
Artículo 133.- Si subsiste la necesidad del servicio y siempre que no se
afecte el interés público, la concesión se declarará vacante y se
86
procederá a otorgarla a un nuevo concesionario, conforme las
disposiciones de esta Ley.
La dependencia del ejecutivo del estado, competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte, informará al Registro Estatal el acuerdo
que declare las concesiones canceladas, extintas o vacantes.
TÍTULO TERCERO
De la Planeación Institucional en la Movilidad
CAPÍTULO I
De los Mecanismos de Participación Ciudadana
Artículo 134.- El ejecutivo estatal en conjunto con la ciudadanía llevará
a cabo la planeación institucional en la construcción de proyectos, obras
e infraestructura para la movilidad integral sustentable del Estado de
Jalisco.
Artículo 135.- En la planeación institucional para la movilidad integral
sustentable, tendrán prioridad aquellas obras destinadas a los
discapacitados, peatones, movilidad no motorizada y transporte público
colectivo moderno de calidad.
Artículo 136.- El ejecutivo estatal, llevará a cabo por medio de algún
mecanismo de participación ciudadana, consultas para la toma de
decisiones sobre la implementación o construcción de algún proyecto u
obra en materia de movilidad sustentable que afecta la calidad de vida de
los ciudadanos.
Artículo 137.- El ejecutivo estatal, a través de la consulta ciudadana u
otro mecanismo de participación ciudadana establecido en la
legislación de la materia, realizará las obras y proyectos de la movilidad
integral sustentable que hayan elegido los ciudadanos, por medio del
mecanismo de participación.
Artículo 138.- Dentro de la planeación institucional para el desarrollo
metropolitano, se destinará cuando menos el treinta por ciento de los
recursos pertenecientes a los fondos metropolitanos para la realización
de obras y proyectos que beneficien a los discapacitados, peatones,
usuarios de movilidad no motorizada y transporte público colectivo
moderno de calidad.
87
Artículo 139.- Todas las personas en forma directa, o a través de las
organizaciones sociales, podrán colaborar con las autoridades en el
control y vigilancia de los servicios de transporte. Las autoridades
prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que se formulen
y deberán darles el trámite debido
CAPÍTULO II
De la Estructura Institucional para la Planeación
y el Control de la Movilidad Sustentable
Artículo 140.- La Secretaría en materia de Movilidad, para la planeación
y el control de la movilidad sustentable se auxiliará en:
I. El Consejo Consultivo Estatal para la Movilidad Sustentable;
II. Organismo Coordinador para la Operación Integral de la Movilidad
Sustentable del Estado.
Artículo 141.- El Consejo Consultivo Estatal para la Movilidad Sustentable, es
un organismo auxiliar de consulta, con funciones deliberativas y propositivas,
donde participan los sectores público, privado, social y académico, que se
integrará en forma permanente por:
I. Un presidente, que será el Gobernador del Estado o la persona que éste
designe;
II. El Titular de la dependencia del Ejecutivo del Estado competente en materia
de movilidad, quien será el secretario técnico;
III. Un representante, en su caso, de la dependencia del Poder Ejecutivo Federal
IV. Los representantes de los organismos estatales, concesionarios,
permisionarios y subrogatarios organizados del servicio de transporte público;
V. Los representantes de los municipios que se integren como consejeros, en
los supuestos siguientes:
a) Un representante de cada uno de los municipios de la Zona Conurbada de
Guadalajara;
b) Un representante de los ayuntamientos cuando los asuntos a discutir en el
Consejo, incidan en el ámbito territorial de éstos; y
c) Un representante de los ayuntamientos de cada región del Estado, según se
defina en el ordenamiento territorial del Estado, designados conforme al
procedimiento que determine su reglamento y convocados de acuerdo a los
proyectos existentes para dicha región;
88
VI. El director del Organismo Coordinador para la Operación Integral de la
Movilidad Sustentable en el Estado.
VII. Tres representantes académicos de las Instituciones de Educación Superior
del Estado con trayectoria y/o conocimiento en la materia.
VIII. Cuatro representantes de la sociedad civil organizada cuyo interés jurídico
sea el de la materia.
El Consejo además, deberá invitar a representantes de los diversos sectores de
la población que demuestren o manifiesten un interés legítimo cuando se
atiendan o discutan programas y proyectos que se refieran o afecten a sus
intereses, o bien, cuando éstos manifiesten interés en participar en tales
programas y proyectos.
Artículo 142.- Corresponderá al Consejo Consultivo para la Movilidad
Sustentable:
I. Recibir, analizar y emitir opinión por escrito ante las autoridades competentes,
los comentarios, estudios, propuestas y demandas que en materia de movilidad,
le presente cualquier persona o grupo de la comunidad;
II. Promover y apoyar la investigación académica que pueda dar soluciones a
los problemas estatales, regionales y municipales en materia de movilidad;
III. Proponer las estrategias y/o políticas necesarias en cada uno de los ejes de
acción, que permitan cumplir con los principios de la movilidad democrática y
sustentable, en base a los estudios técnicos que le presente el Organismo
Coordinador.
IV. Formular su reglamento interno.
Artículo 143.- El organismo coordinador para la operación integral de la
movilidad sustentable del estado, es una entidad pública, descentralizada
del poder ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuyas principales características serán:
a) Ser un organismo promotor del desarrollo y ejecución de
acciones para la movilidad sustentable;
b) Ser un agente de transformación y de obtención de
resultados;
c) Ser el responsable del desarrollo de los sistemas y de sus
89
partes; y
d) Ser un organismo de consultoría técnica relativo a los ejes
de acción para la movilidad sustentable.
Dicho organismo se integrará en forma permanente por:
I.
Un presidente, que será el Gobernador del estado o la persona
que éste designe;
II.
El titular de la dependencia del ejecutivo del estado
competente en materia de movilidad;
III.
Un representante por cada una de las dependencias y
organismos del poder ejecutivo estatal en materia de:
a) Finanzas;
b) Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y obras públicas;
c) Planeación económica y social; y
d) Equilibrio ecológico y protección del ambiente.
IV.
El director del organismo coordinador para la operación
integral de la movilidad sustentable del estado, quien será el
secretario técnico.
Además, el organismo deberá invitar a representantes de los diversos
sectores de la población cuando se atiendan o discutan programas y
proyectos que se refieran o afecten a su comunidad y/o intereses
jurídicos o legítimos, a fin de conocer sus opiniones para incorporarlas a
los proyectos que dictamine.
Artículo 144.- Corresponderán al organismo coordinador para la
operación integral de la movilidad sustentable del estado, las siguientes
funciones:
I. Estudiar y dictaminar las demandas que en materia de
movilidad y transporte reciba del consejo consultivo; y de la
dependencia del ejecutivo competente en materia de
movilidad;
90
II. Planear, dimensionar y coordinar, en base a los estudios
técnicos que el mismo elabore, la operatividad de los servicio
de transporte público requeridos en los corredores urbanos,
vialidades primarias, secundarias, alimentadoras, regionales y
las demás de competencia estatal para el uso eficiente del
transporte público;
III. Recibir, estudiar y dictaminar, las propuestas y demandas que
en materia de operación del servicio de transporte público
presenten personas, grupos e instituciones que, en su caso,
modifiquen la operación del mismo;
IV. Instrumentar, las normas de calidad para el servicio de
transporte público;
V. Convocar a la Comisión de Tarifas cuando considere que
debe existir una revisión o modificación a las mismas, y
enviarle los informes técnicos y financieros necesarios para
que sustente su decisión;
VI. Establecer los procedimientos y criterios técnicos y proponer
a la Comisión de Tarifas, en base a los mismos, los costos
aplicables al servicio público de transporte en sus distintas
modalidades, para que a su vez resuelva de conformidad con
las disposiciones legales aplicables;
VII. Mantener informada a la ciudadanía sobre el uso y
alternativas de transporte público a través de elementos
visuales, orales e impresos, para optimizar, facilitar y
promover el uso del transporte público;
VIII. Llevar un registro de los principales indicadores y
estadísticas en materia de servicio público de transporte, que
permitan informar, apoyar y facilitar la toma de decisiones,
con la finalidad de resolver la problemática existente;
IX. Formular su reglamento interno;
X. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración
de los dictámenes que justifiquen y sustenten, en su caso:
a) Los proyectos de los Planes Estatales y Metropolitanos de
Movilidad Sustentable;
91
b) La creación, modificación o supresión de las modalidades y
rutas del servicio de transporte público;
c) La creación de corredores urbanos;
d) Las propuestas de tarifas, aplicables al servicio de
transporte público, en sus distintas modalidades;
e) Las demás que el Consejo Consultivo le demande;
XI. Proporcionar asesoría especializada en materia de movilidad a
las autoridades estatales y municipales;
XII. Llevar un registro de los principales indicadores y estadísticas
por eje de acción en materia de movilidad sustentable, que
permitan apoyar los dictámenes emitidos; y
XIII. Elaborar periódicamente, conforme a sus estadísticas e
indicadores, estudios técnicos en cada uno de los ejes de
acción para la movilidad sustentable y publicar sus resultados
– en una revista especializada - para el conocimiento del
público en general.
TÍTULO CUARTO
De los instrumentos de planificación
para la Movilidad Sustentable
CAPÍTULO I
De Los Instrumentos de Planeación
Artículo 145.- Son instrumentos de planificación para la movilidad
sustentable los siguientes:
I.
El plan maestro de movilidad del estado de Jalisco y sus
municipios; y
II.
Los planes de movilidad sustentable de las áreas
metropolitanas del estado.
92
Los planes referidos en las dos fracciones anteriores estarán a cargo
de manera concurrente por el gobierno del estado y los ayuntamientos
por lo cual deberán ser congruentes entre sí.
Artículo 146.- Los planes a los que se refiere el artículo anterior son
un marco orientador en el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley y se constituyen por las directrices y especificaciones técnicas que
permitan una movilidad sustentable en todo el estado.
En la elaboración del proyecto del plan maestro de movilidad del
estado de Jalisco y sus municipios deberán concurrir las secretarías
competentes en materia de movilidad y desarrollo urbano, los
ayuntamientos, así como organismos de la sociedad civil,
universidades y empresas consultoras nacionales y/o internacionales
en materia de movilidad sustentable.
En la elaboración del proyecto de los planes de movilidad sustentable
de las áreas metropolitanas del estado, además de los mencionados en
el párrafo anterior – con excepción de los ayuntamientos que no forman
parte del convenio de coordinación metropolitana que se trate concurrirá también el instituto metropolitano de planeación.
Artículo 147.- Los planes consignados en el artículo primero de este
CAPÍTULO son también planes de referencia, por lo cual se articulan
con aquellos consignados en el artículo 78 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco e integrar en su conjunto el sistema estatal de
planeación para el desarrollo urbano.
Respetando la autonomía municipal, dichos planes definirán
lineamientos generales en materia de movilidad sustentable para
garantizar la congruencia, la integralidad, la visión de largo plazo y la
racionalidad de la política de movilidad estatal y municipal, por lo que
serán documentos de consulta obligada por los entes en el proceso de
formulación, aprobación, aplicación y cumplimiento de sus planes
básicos de movilidad.
Artículo 148.- Los planes de movilidad son de orden e interés público,
por lo cual deberán ser publicados íntegramente en el Periódico Oficial
y gacetas municipales, en su caso, a más tardar quince días después
de su aprobación por las Autoridades en competencia.
Artículo 149.- De cada plan de movilidad, el ejecutivo estatal y el
presidente municipal, según corresponda, remitirán copias al Congreso
del Estado y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
93
Artículo 150.- Los planes de movilidad serán aprobados por el titular
del Ejecutivo estatal o los ayuntamientos, según sea el caso. Los
planes deberán de someterse a una evaluación en materia de impacto
ambiental y sólo podrán ser aprobados cuando se cuente con dictamen
aprobatorio de la dependencia competente en materia de ecología y
medio ambiente.
CAPÍTULO II
Del Plan Maestro de Movilidad del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los Planes de Movilidad Sustentable de las Áreas
Metropolitanas del Estado.
Artículo 151.- El plan maestro de movilidad es el documento rector de
esta materia en el estado y se integra por el conjunto de políticas,
lineamientos, especificaciones técnicas, estrategias y disposiciones
que el ejecutivo elabore y apruebe a partir de las propuestas y
demandas que la sociedad civil organizada vierta en los foros de
consulta, así como de las opiniones que le presente el consejo estatal
de desarrollo urbano; de las observaciones y estudios técnicos que
elaboren el consejo consultivo para la movilidad sustentable y el
organismo coordinador para la operación integral de la movilidad
sustentable; de las recomendaciones que emitan las universidades del
estado y las consultoras profesionales nacionales y/o internacionales
que en materia el propio ejecutivo contrate; y las propuestas que los
ayuntamientos formulen.
El plan maestro de movilidad deberá ser revisado cada seis años,
durante el primer año del ejercicio constitucional de la administración
estatal en turno, para valorar su actualización.
Artículo 152.- Los foros de consulta son un espacio de diálogo en
donde concurren las autoridades estatales y municipales con los
Ciudadanos. En dichos foros se conoce, analiza, discute, opina y
propone sobre los proyectos en materia de movilidad sustentable que
aportan tanto las autoridades como los propios ciudadanos.
La convocatoria y organización de dichos foros esta a cargo de las
autoridades correspondientes. De los foros emanará un documento
que deberá ser considerado por el poder ejecutivo para la elaboración
94
y aprobación del plan maestro de movilidad conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior.
La secretaria en materia de movilidad sustentable elaborará el
dictamen del proyecto que recoja las opiniones, demandas,
observaciones, estudios y recomendaciones de los agentes citados en
el primer párrafo del artículo 151 de esta Ley, a fin de someterlo a la
aprobación del Gobernador del Estado.
Una vez aprobado, el ejecutivo ordenará su publicación conforme al
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
Artículo 153.- El objetivo del plan maestro de movilidad es ordenar y
priorizar las acciones encaminadas a armonizar las necesidades de un
desplazamiento eficiente de personas y mercancías con un medio
ambiente sustentable.
El plan maestro tiene un carácter técnico, normativo y programático,
siendo sus propósitos específicos los siguientes:
I.
Impulsar una política de movilidad urbana sustentable que
priorice la movilidad peatonal y ciclista respecto a los
vehículos particulares motorizados mediante redes
vinculadas al transporte público;
II.
Desarrollar una red de vías peatonales y ciclistas que sea el
soporte del sistema de movilidad urbana sustentable de las
zonas metropolitanas del estado;
III.
Generar los estándares de diseño para las redes peatonales
y ciclistas de aplicación metropolitana y municipal;
IV.
Atender la necesidad de accesibilidad de los ciudadanos bajo
criterios de equidad, seguridad y responsabilidad hacia el
medio ambiente;
V.
Desarrollar una red de corredores urbanos y regionales que
optimicen el uso de suelo en forma longitudinal, armonizando
la infraestructura existente y potencial (vial, comercial,
industrial y cultural) con la movilidad sustentable;
VI.
Establecer las políticas que permitan un transporte público
eficiente, articulado y amigable con el medio ambiente, que
minimice los costes y tiempo de traslado de los usuarios.
95
VII.
Proponer la habilitación de carriles exclusivos en la vía
pública para vehículos especiales como son ambulancias,
bomberos, BRT, entre otros.
VIII.
Llevar a cabo propuestas innovadoras que favorezcan el uso
racional del automóvil particular.
IX.
Determinar las políticas de movilidad de los transporte de
carga en las vialidades y los horarios adecuados que
permitan no interferir con la circulación diaria al interior de las
zonas urbanas.
X.
Proponer las políticas adecuadas para la circulación de
maquinaria agrícola en las vías de comunicación estatal con
seguridad.
XI.
Generar acciones contundentes para disminuir la
accidentalidad en todas las vialidades del estado, así como
los mecanismos compensatorios por aquellos incidentes
generados por la mala calidad y/o estado de las vías de
comunicación competencia del estado y los municipios.
XII.
Las demás en materia de movilidad sustentable.
Artículo 154.- El plan maestro de movilidad deberá contener como
mínimo el conjunto de políticas, lineamientos, especificaciones técnicas
estrategias y disposiciones relativas a la movilidad sustentable que se
desprendan de los siguientes ejes de acción:
I.- Personas con discapacidad.
II.- Peatones.
III.- Movilidad no motorizada.
IV.- Transporte público de calidad.
V.- Vehículos particulares y Motocicletas.
VI.- Transporte de carga y de materiales de construcción.
VII.- Vehículos y maquinaria agropecuaria.
VIII.- Seguridad en la movilidad.
Artículo 155.- Los planes de movilidad sustentable de las áreas
metropolitanas del estado son complementarios al plan maestro de
movilidad, por lo cual persiguen los mismos objetivos - aplicados al
ámbito de las áreas metropolitanas que conciernen - y son todos
congruentes entre sí.
96
En el mismo sentido, para su elaboración, expedición o actualización,
se estarán a los mismos procedimientos a los que se sujeta el plan
maestro de movilidad, como se describe en el primer párrafo del
artículo 151 de esta Ley, con la diferencia que se tomará en cuenta
únicamente, en el caso de los ayuntamientos, a los municipios que
formen parte del convenio de coordinación metropolitana además de al
instituto metropolitano de planeación, conforme al artículo 145 de este
ordenamiento.
Igualmente, los planes de las áreas metropolitanas deberán contener
como mínimo el conjunto de políticas, lineamientos, especificaciones
técnicas estrategias y disposiciones relativas a la movilidad sustentable
que se desprendan de los mismos ejes de acción descritos en el
artículo 154 de esta Ley.
Los planes de movilidad de las áreas metropolitanas del estado
deberán ser revisados cada seis años, durante el primer año del
ejercicio constitucional de la administración estatal en turno, para
valorar su actualización.
TÍTULO QUINTO
De las Autoridades
CAPÍTULO I
De las Autoridades Estatales y Municipales
Artículo 156.- Son autoridades responsables de la aplicación y de vigilar
la observancia de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias:
I.
En el Gobierno del Estado:
a) El Gobernador del Estado;
b) La dependencia del ejecutivo del gobierno del estado
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte;
c) La Secretaría del Poder Ejecutivo Estatal competente en
materia fiscal y sus dependencias recaudadoras; y
d) El Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y
Transporte.
97
II.
En los gobiernos municipales:
a) El ayuntamiento;
b) El presidente municipal;
c) La dependencia municipal competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte;
d) Los jueces municipales en materia de tránsito;
e) La tesorería municipal; y
f) Las autoridades ejecutoras y recaudadoras que de ellos
dependan; y
III. En la Zona Metropolitana de Guadalajara u otras zonas
conurbadas que se definan, aquellos organismos y
dependencias que tengan facultades de mando y decisión en
materia de movilidad, tránsito y transporte.
CAPÍTULO II
De las Atribuciones del Ejecutivo del Estado
Artículo 157.- Son atribuciones del Ejecutivo del Estado:
I.
Administrar la estructura orgánica y funcional de la
dependencia del ejecutivo estatal, competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte. Para ello, se elaborarán y
autorizarán los manuales de organización, procedimientos y de
servicios al público que sean necesarios;
II.
Establecer, ordenar, administrar y regular las comunicaciones
terrestres y los transportes en el ámbito de competencia del
estado;
III.
Expedir las normas generales de carácter técnico relativas a
las características de la infraestructura carretera, de la
infraestructura y equipamiento vial, circulación, señalamiento y
transporte;
IV.
Formular, aprobar, aplicar, evaluar y modificar el programa
98
estatal de comunicaciones terrestres y transporte, que incluirá
las políticas, estrategias y acciones relativas a la construcción
y mantenimiento de la infraestructura carretera y de la
infraestructura y equipamiento vial;
V.
Formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los
programas relativos a la construcción y mantenimiento de las
obras de infraestructura carretera e infraestructura y
equipamiento vial; evaluar los proyectos que se formulen para
dictaminar su factibilidad económica y social, también como su
impacto ecológico y de riesgo para la población, con el fin de
crear corredores viales integrales, donde transiten con plena
autonomía vehículos particulares, transporte público y medios
no motorizados;
VI.
Coordinar los proyectos y programas de construcción y
ampliación de las obras del sistema de transporte eléctrico;
autorizarlos en el ámbito de su competencia y vigilar aquéllos
que directa o indirectamente sean operados por el estado;
VII.
Elaborar programas para el fomento de la cultura y educación
vial, mediante la coordinación con otras entidades del servicio
público, así como con el sector social y/o el sector privado;
VIII.
Establecer, diseñar y administrar los programas de instrucción
y capacitación para conductores y operadores de vehículos,
así como señalar los requisitos y criterios para su evaluación;
IX.
Expedir las licencias y permisos para operar y conducir
vehículos, con las modalidades y características que establece
esta Ley y precise su reglamento;
X.
Registrar vehículos, expedir hologramas de verificación
vehicular y los elementos de identificación conforme a su tipo y
características de cada vehículo, como placas, calcomanías,
hologramas y tarjetas de circulación;
XI.
Otorgar concesiones para la construcción, mantenimiento y
operación de la infraestructura carretera y equipamiento de las
vías de comunicación;
XII.
Otorgar concesiones para establecer y administrar servicios en
las zonas que correspondan al derecho de vía en el ámbito
local;
99
XIII.
Otorgar concesiones y permisos con la intervención de los
ayuntamientos que dentro de su ámbito territorial corresponda
la prestación del servicio público de transporte, así como la
revisión y evaluación permanente del servicio para verificar su
eficacia, seguridad y comodidad;
XIV.
Autorizar las tarifas para el servicio público de transporte de
carga que opere en las vías públicas de comunicación local;
XV.
Reglamentar, organizar y controlar el funcionamiento del
registro estatal de los servicios públicos de tránsito y
transporte;
XVI.
Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los
ayuntamientos, para la realización de acciones en las materias
objeto de esta Ley que correspondan a éstos;
XVII. Coordinar las actividades en materia de movilidad, tránsito y
transporte con las autoridades federales y municipales;
XVIII. Proponer los términos de coordinación con los municipios, a fin
de establecer los modos de participación y consulta a efecto de
autorizar, en su caso, las concesiones y permisos en materia
del servicio público de transporte;
XIX.
Asesorar y apoyar a los municipios en materia de movilidad,
tránsito y transporte, conforme a los convenios de coordinación
que celebre con los ayuntamientos;
XX.
Aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las
disposiciones de esta Ley y a sus normas reglamentarias, en el
ámbito de su competencia, y en la que en su caso asuma por
la coordinación que establezca con los ayuntamientos;
XXI.
Establecer nuevos servicios; eliminar, sustituir y reformar los ya
existentes previstos en esta Ley, conforme a las condiciones y
necesidades que presente la demanda del servicio público de
transporte, dando intervención a los ayuntamientos que por
ámbito territorial deban participar y escuchando al consejo
consultivo y al organismo coordinador;
XXII. Establecer en todo tiempo y con la participación del
ayuntamiento que afecte las condiciones técnicas conforme a
100
las cuales se preste o pretenda prestar un servicio público de
transporte;
XXIII. Incorporar a las condiciones conforme a las cuales se lleva a
cabo un servicio público, todas las modalidades que redunden
en beneficio del interés público, considerando las necesidades
de todos los ciudadanos, para lo cual tomará en cuenta las
opiniones, estudios y datos proporcionados por los organismos
auxiliares y de consulta, así como la intervención de los
ayuntamientos afectados;
XXIV. Determinar, señalar, ampliar o reducir en cada camino, ruta o
tramo de vía pública de jurisdicción local, el número, capacidad
y demás características de los vehículos que en ella deban de
operar, según las necesidades del servicio de transporte y las
exigencias de su mejoramiento, en los términos de la fracción
precedente;
XXV. Ordenar se lleven a cabo en las vías de comunicación, en los
medios de transporte y en los servicios auxiliares, las obras de
construcción, reparación, conservación y adaptación que sean
necesarias para la mayor seguridad del público;
XXVI. Asegurar las condiciones de vigilancia y de dirección técnico
administrativa, que sean convenientes para el mejor
funcionamiento del servicio;
XXVII. Asegurar que los concesionarios y permisionarios cumplan con
las condiciones de higiene, comodidad y seguridad que
correspondan a la categoría del servicio, de acuerdo con los
términos de su concesión o permiso;
XXVIII. Cuando se compruebe el deterioro en la prestación del
servicio, obligar a los concesionarios a que mejoren su higiene,
seguridad, calidad y eficiencia, dentro de los plazos razonables
que se les fijen, de acuerdo con los términos de la concesión o
permiso;
XXIX. Ordenar la suspensión temporal o total del servicio cuando no
reúna las condiciones de seguridad, higiene, calidad y
eficiencia;
XXX. Modificar los itinerarios, horarios y frecuencias previamente
autorizadas en atención al interés público y a la demanda del
101
transporte;
XXXI. Obligar a los conductores o propietarios de vehículos
particulares o del transporte público a responder por los daños
causados en accidentes o percances vehiculares contra otros
sujetos de la movilidad sustentable.
XXXII. Autorizar y vigilar el cumplimiento de las tarifas para los
servicios públicos de transporte; y
XXXIII.
Las demás que determine la presente Ley.
Artículo 158.- La dependencia del ejecutivo del gobierno del estado
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte podrá llevar a
cabo programas de control u operativos para prevenir accidentes
generados por la ingestión de alcohol, en los cuales se realicen a los
conductores que cometan una infracción a esta ley, a través del área
técnica correspondiente de dicha dependencia, las pruebas de
alcoholemia respectivas a través del empleo de instrumentos técnicos de
medición, realizados por personal del área de peritos y del área jurídica.
En caso de que el conducto de un vehículo al cometer una infracción de
las señaladas en la presente ley, presente aliento alcohólico, el agente de
tránsito procederá a solicitar al personal de peritos y del área jurídica, le
aplique el examen respectivo, en el lugar de la infracción con el empleo
de instrumentos de medición.
El personal del área de peritos de la dependencia del ejecutivo del
gobierno del Estado, competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte, en este caso, serán considerados como peritos oficiales y
fungirán como auxiliares del Ministerio Público, por lo que las pruebas de
aire expirado mediante el alcoholímetro serán incluidas en la
averiguación previa que, en su caso, se integre.
Artículo 159.- El ejecutivo estatal ejercerá las atribuciones que le otorga esta Ley, a través
de las dependencias de la administración pública, en los términos que establezcan su ley
orgánica y las disposiciones de este ordenamiento.
CAPÍTULO III
De las Atribuciones de los Ayuntamientos
Artículo 160.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
102
I.
Expedir reglamentos para ordenar, regular y administrar los
servicios de movilidad y tránsito en los centros de población
ubicados en su territorio y en las vías públicas de jurisdicción
municipal, conforme a las disposiciones de esta Ley y su
reglamento;
II.
Hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los
servicios de movilidad y tránsito, conforme a las necesidades y
propuestas de la sociedad;
III.
Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de
movilidad y tránsito;
IV.
Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al
señalamiento de la vialidad en los centros de población;
V.
Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a
fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los medios
de transporte correspondientes, que conduzcan a la más
eficaz protección de la vida humana, protección del ambiente,
seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad;
VI.
Indicar las características específicas y la ubicación que
deberán tener los dispositivos y señales para la regulación del
tránsito, conforme a las normas generales de carácter técnico;
VII.
Apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura y
educación vial que elabore el estado;
VIII.
Coordinarse con el ejecutivo del gobierno del estado y con
otros municipios de la entidad, para dar cumplimiento a las
disposiciones de esta Ley;
IX.
Autorizar la localización y características de los elementos que
integran la infraestructura y el equipamiento vial de los centros
de población, a través de los planes y programas de desarrollo
urbano que les corresponda sancionar y aplicar;
X.
Determinar, previo acuerdo con las autoridades competentes,
las rutas de acceso y paso de vehículos del servicio público de
transporte de pasajeros, suburbanos y foráneos, y otorgar las
autorizaciones correspondientes; promoviendo una mejor
armonía en las vialidades municipales entre los vehículos
motorizados y los vehículos de propulsión humana, por medio
103
de la construcción de infraestructura que permita e incentive la
movilidad compuesta;
XI.
Establecer en coordinación con las autoridades competentes
las rutas de circulación de vehículos de carga; así como los
itinerarios y horarios para los mismos, garantizando que las
maniobras de carga y descarga se realicen sin interrumpir el
tránsito vehicular;
XII.
Determinar la localización del equipamiento para el transporte
público, tanto para la operación de las terminales de autobuses
de pasajeros, como de las terminales de carga, a efecto de
tramitar las respectivas concesiones y permisos;
XIII.
Autorizar la ubicación de los lugares para el establecimiento de
los sitios y matrices de éstos, a propuesta de los interesados;
XIV.
En coordinación con el Titular del ejecutivo estatal, autorizar la
localización de las obras de infraestructura carretera; de la
infraestructura y equipamiento vial; de los derechos de vía
como destinos; de las zonas de restricción, así como las
normas que regulen su uso;
XV.
Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdicción territorial, la
instalación de los espacios destinados para la ubicación de
estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de personas
con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso a
los edificios o espacios públicos, particulares o de gobierno,
cuyo uso esté destinado o implique la concurrencia del público
en general;
XVI.
Solicitar, en su caso, al ejecutivo del gobierno del estado
asesoría y apoyo para realizar los estudios técnicos y acciones
en materia de movilidad y tránsito;
XVII. Vigilar el cumplimiento de esta ley y de los reglamentos que de
ella emanen;
XVIII. En el ámbito de su competencia, determinar, aplicar y ejecutar
las sanciones correspondientes a quienes incurran en
infracciones a esta ley y a sus reglamentos; y
XIX.
Las demás que determine la presente Ley.
104
Artículo 161.- El ayuntamiento ejercerá sus atribuciones técnicas y
administrativas en materia de movilidad y tránsito, así como intervenir en
la formulación y aplicación de los programas de transporte de pasajeros,
a través de la dependencia que se determine en la legislación municipal
y, en su caso, en el reglamento correspondiente.
CAPÍTULO IV
De la Concurrencia y Coordinación de las Autoridades
Estatales y Municipales
Artículo 162.- Los ayuntamientos, en atención a sus condiciones
territoriales y socioeconómicas, así como a su capacidad financiera y
administrativa, podrán celebrar convenios de coordinación para la
prestación del servicio público de movilidad y tránsito con el Ejecutivo del
Estado, a efecto de que:
I.
El Ejecutivo estatal asesore y apoye al municipio para realizar
acciones y estudios técnicos;
II.
La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, supla a la
dependencia municipal, en la ejecución de acciones
específicas que correspondan al municipio; o
III.
El ayuntamiento colabore con el Ejecutivo del Gobierno del
Estado, ejerciendo funciones de administración y control del
servicio público de tránsito y transporte, en programas y
acciones que correspondan al ámbito de competencia estatal.
Artículo 163.- Los convenios de coordinación a que se refiere el artículo
anterior precisarán, conforme a las atribuciones y procedimientos que
establezcan las leyes hacendarias y de ingresos:
I.
Los medios para recaudar las contribuciones que tienen como
objeto las actividades del servicio público de tránsito y
transporte;
II.
Los procedimientos para ejecutar las sanciones económicas; y
III.
La participación que corresponda al Estado o a los municipios,
respecto a las contribuciones que se recauden.
105
CAPÍTULO V
De las Funciones de la Policía de Movilidad y Tránsito,
Estatal o Municipal
Artículo 164.- Son funciones de la policía de movilidad y tránsito, estatal
o municipal en su caso:
I.
La orientación, participación y colaboración con la población en
general, tendiente a la prevención tanto de accidentes viales,
como de infracciones a las normas de tránsito;
II.
Cuidar de la seguridad y respeto de los discapacitados,
peatones y usuarios de la movilidad no motorizada en las vías
públicas, dando siempre preferencia a éste sobre los
vehículos;
III.
Proteger y auxiliar a las personas, particularmente cuando
sufran accidentes en las vías públicas;
IV.
Coadyuvar con otras autoridades en la conservación del orden
público y la tranquilidad de la comunidad;
V.
Cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta
Ley y sus reglamentos en materia de movilidad, tránsito y
transporte, así como informar y orientar a quienes transiten en
las vías públicas;
VI.
Tomar conocimiento de las infracciones que cometan los
conductores de los vehículos, concesionarios, permisionarios y
subrogatarios, a esta Ley o sus reglamentos y, en su caso,
levantar o hacer constar dichas infracciones, para los efectos
de determinar y aplicar la sanción correspondiente; y
VII.
Las demás que les sean señaladas por esta Ley y sus
reglamentos.
Artículo 165.- Los oficiales y agentes de movilidad y tránsito deberán, siempre, conducirse
con el público en forma comedida y respetuosa.
Los oficiales o agentes de tránsito en funciones deberán ubicarse en
lugar visible para los conductores, salvo el tiempo estrictamente
necesario que en cumplimiento de sus funciones implique separarse de
aquel.
106
Los oficiales y agentes de tránsito encargados de la movilidad en horario
nocturno deberán de conducir las unidades para este servicio con las
farolas encendidas.
CAPÍTULO VI
De la Concurrencia y Coordinación de las Autoridades Estatales y
Municipales en las Zonas Conurbadas y las Zonas Metropolitanas
Artículo 166.- El ejecutivo estatal, conjuntamente con los ayuntamientos
de los municipios que estén integrados en una zona conurbada, en los
términos de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
programarán, autorizarán y ejecutarán las acciones en materia de
movilidad y tránsito, en forma conjunta y coordinada mediante las
instancias que establezcan, conforme al régimen de zonas de
conurbación.
Artículo 167.- Asimismo el ejecutivo estatal y los ayuntamientos
atenderán, conforme a los convenios que celebren, los servicios de
movilidad y tránsito, a efecto de integrar sistemas metropolitanos
eficientes que garanticen la atención de la población.
CAPÍTULO VII
De los Organismos de Participación Social y Consulta, y
Auxiliares
Artículo 168.- Son organismos de participación social y de consulta:
I.
El Consejo Consultivo Estatal para la Movilidad Sustentable;
II.
Las comisiones de las zonas
metropolitanas intermunicipales; y
III.
Las asociaciones de vecinos, conforme a las disposiciones de
la legislación municipal.
conurbadas
y
zonas
Artículo 169.- Los organismos y autoridades referidas en este
CAPÍTULO tendrán la participación que determinen esta Ley, así como
las normas estatales y municipales que regulen su integración y
funcionamiento.
107
Artículo 170.- Son auxiliares en la aplicación de esta Ley y sus
reglamentos:
I.
Consejo Ciudadano para la Movilidad;
II.
El Centro Estatal de Investigación de la Movilidad y el
Transporte;
III.
Las policías, cualquiera que sea su denominación y
adscripción;
IV.
Las unidades, consejos consultivos y grupos de vigilancia y
seguridad que integren las asociaciones de vecinos, conforme
a las disposiciones estatales y municipales aplicables; y
V.
Los grupos de promotores voluntarios integrados en las
escuelas de educación primaria y secundaria, coordinados por
las propias autoridades escolares con la finalidad de promover
y vigilar el respeto a las normas de esta Ley y su reglamento
en materia de movilidad y tránsito.
TÍTULO SEXTO
Del Servicio de Tránsito
CAPÍTULO I
De los Reglamentos Municipales de Tránsito y
de Zonas Conurbadas
Artículo 171.- Serán objetivos del Reglamento de Tránsito que expedirán
los ayuntamientos con fundamento en las disposiciones de esta Ley:
I.
Definir las normas que establezcan el orden y control vial, para
que la circulación de los peatones y vehículos sea segura y
fluida, aplicando las normas técnicas de carácter general
expedidas conforme a las bases establecidas en esta Ley;
II.
Definir la estructura orgánica y precisar la competencia de la
dependencia municipal competente en materia de movilidad y
tránsito;
III.
Desarrollar y promover condiciones de seguridad a los
108
peatones y a los conductores de vehículos;
IV.
Promover el respeto entre las personas que concurren en el
aprovechamiento de las vías públicas, en particular, de los
oficiales y agentes responsables de atender los problemas de
movilidad y de vigilar el cumplimiento de las normas de
tránsito; y
V.
Definir las normas de aplicación y vigilancia en el cumplimiento
de la prestación del servicio de transporte público dentro de su
ámbito territorial.
Artículo 172.- El ejecutivo estatal, conjuntamente con los ayuntamientos
de los municipios que estén integrados en una zona conurbada,
conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
mediante las instancias de coordinación que establezcan, autorizarán las
normas reglamentarias que serán aplicables al tránsito y transporte
público de pasajeros en el centro de población.
Artículo 173.- El ejecutivo estatal y los ayuntamientos correspondientes,
para aplicar las normas de movilidad y tránsito en una zona conurbada o
zona metropolitana, determinarán la participación que se convenga tanto
para la dependencia del ejecutivo del estado, competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte, como para el o los municipios
involucrados, así como la coordinación entre las dependencias
responsables de la seguridad pública.
CAPÍTULO II
De la Educación Vial
Artículo 174.- Los programas de educación vial tendrán como objetivo:
I.
Fomentar el respeto en la sociedad, a partir de la educación
básica, de los derechos y obligaciones del individuo como
discapacitado, peatón, ciclista, pasajero, conductor, y como
responsable del cuidado del medio ambiente;
II.
Divulgar las disposiciones en materia de movilidad, tránsito y
transporte;
III.
Promover el respeto por los señalamientos existentes en las
vías públicas;
109
IV.
Divulgar y promover medidas para la prevención de accidentes
viales;
V.
Difundir los procedimientos para reaccionar ante condiciones
de emergencia con motivo de la movilidad, para
autoprotegerse y, en su caso, prestar ayuda y protección a las
víctimas de accidentes o ilícitos, informando a los cuerpos de
seguridad y unidades de protección civil;
VI.
Difundir entre las personas el conocimiento de sus garantías y
derechos, así como de sus obligaciones en materia movilidad
a de y tránsito, para promover su ejercicio y cumplimiento; y
VII.
Llevar a cabo todas las acciones que redunden en beneficio y
enriquecimiento de los principios de la educación vial.
Artículo 175.- Las autoridades estatales y municipales de movilidad y
tránsito, establecerán programas a fin de:
I.
Divulgar los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones relacionadas con la materia;
II.
Promover en los servicios de movilidad, tránsito y transporte,
el respeto a las personas y el aprovechamiento ordenado de la
infraestructura y equipamiento vial y carretero;
III.
Orientar a los peatones y conductores sobre la forma de
desplazarse en las vías públicas, para garantizar el tránsito
seguro de peatones, pasajeros, ciclistas y automovilistas;
IV.
Aprovechar en forma segura y eficiente el servicio público de
transporte;
V.
Evitar que quienes conducen vehículos, los manejen fuera de
los límites de velocidad permitidos;
VI.
Evitar que las personas en estado de ebriedad o bajo el influjo
de substancias que alteren la capacidad para conducir,
manejen automotores;
VII.
Promover una relación digna, honesta y respetuosa entre la
ciudadanía y los oficiales y agentes de movilidad y tránsito;
110
VIII.
Evitar la circulación de vehículos automotores con emisiones
visiblemente contaminantes; y
IX.
Garantizar, en el ámbito de su competencia, que los
automovilistas del servicio público y privado den cumplimiento
a la verificación vehicular contenida en la ley en materia.
CAPÍTULO III
Del Registro y Control de Vehículos
Artículo 176.- Todo vehículo, para transitar y ocupar la vía pública,
deberá contar con los requisitos y condiciones requeridas de acuerdo con
lo dispuesto en esta ley y su reglamento; para ello deberá estar inscrito
en el registro estatal de los servicios públicos de tránsito y transporte y
portar los elementos de identificación conforme a su tipo y características,
tales como placas, calcomanías, hologramas, tarjetas de circulación,
rótulos y colores, además de contar con el holograma o comprobante de
verificación vehicular; exceptuando de lo anterior a los vehículos y
maquinaria para uso agrícola.
Artículo 177.- La dependencia del ejecutivo del estado, competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, integrará y operará el registro
estatal de los servicios públicos de tránsito y transporte a que se refiere
esta Ley.
Artículo 178.- El registro de los vehículos se acreditará mediante:
I.
La tarjeta de circulación vigente;
II.
Las placas y la calcomanía u holograma correspondiente
vigentes; y
III.
La exhibición de la póliza de seguro vigente que garantice
cuando menos los daños y perjuicios contra terceros.
Los vehículos de transporte público deberán observar las disposiciones
especiales que prevean la presente ley y su reglamento.
Artículo 179.- Las placas de circulación y las calcomanías para los
vehículos serán expedidas por la dependencia competente del ejecutivo
del estado, con los colores, emblemas y matrículas que permitan la
identificación del vehículo, conforme a la clasificación establecida en esta
111
Ley y, en su caso, con la advertencia de que es conducido por una
persona con problemas de discapacidad.
Artículo 180.- Cualquier vehículo registrado en el estado o en otra
entidad federativa, podrá circular libremente en el mismo; por tanto, los
oficiales y agentes de movilidad y tránsito no deberán interrumpir o
suspender la circulación a ningún vehículo, salvo en los casos de
infracciones flagrantes o por la aplicación de alguna medida de
seguridad, de las expresamente previstas en este ordenamiento.
Artículo 181.- Los vehículos no registrados o que carezcan de la
documentación a que se refiere esta Ley, podrán circular si sus
propietarios o poseedores cuentan con permiso de la dependencia del
ejecutivo del estado competente en materia de movilidad, tránsito y
transporte, en tanto concluyan los trámites necesarios para la obtención
de dicha documentación. En caso contrario, el personal operativo de
dicha dependencia podrá detener el vehículo y solicitar a su conductor
que muestre la documentación correspondiente para poder circular.
Artículo 182.- Los vehículos registrados en el extranjero podrán circular
en el estado, si sus conductores acreditan la legal internación y estancia
en el país de los mismos, mediante la documentación expedida por las
autoridades federales competentes.
Artículo 183.- A los vehículos registrados en otra entidad federativa, para
circular en las vías públicas del estado no se les exigirán requisitos
diferentes o adicionales a los que deban de satisfacer en su lugar de
procedencia; su cumplimiento se comprobará mediante los documentos
que expidan las autoridades de su jurisdicción. No obstante lo anterior, se
podrán retirar de la circulación aquellos vehículos que aun y cuando
estén registrados en otra entidad federativa, emitan visiblemente
contaminantes a la atmósfera.
Artículo 184.- El propietario o poseedor de un vehículo, para efectuar su
registro, deberá de cumplir con los requisitos siguientes:
I.
Exhibir el documento que acredite la propiedad o posesión
legítima del vehículo, en la forma que establezca el reglamento
respectivo;
II.
Acreditar el pago de los impuestos y derechos que establezcan
las disposiciones fiscales aplicables;
III.
Tratándose de vehículos destinados para la prestación de un
112
servicio público, en su caso, los datos de la concesión, permiso
o subrogación, así como la póliza del seguro vigente que al
efecto señala el artículo 67 de esta Ley y esta información se
clasificara como información pública fundamental;
IV.
Si existe un registro anterior, acreditar su cancelación y, en su
caso, el cambio de propietario.
En el caso del trámite de cambio de propietario, será optativa la
renovación o canje de los elementos de identificación que acreditan el
registro del vehículo, a excepción de la tarjeta de circulación, siempre y
cuando el vehículo tenga un registro previo en el Estado y haya cumplido
con el último canje general de placas en el estado;
V.
Si el vehículo es de procedencia extranjera, acreditar su legal
importación en los términos que señale la legislación aplicable;
VI.
Presentar solicitud por escrito conforme al reglamento de esta
Ley; y
VII.
Acreditar haber cumplido con el programa de verificación
vehicular que emita la Secretaría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable de acuerdo con el calendario oficial de
verificación vigente en el estado.
Artículo 185.- Cuando con posterioridad al registro ocurra algún hecho o
acto que modifique los datos o características de los vehículos, el
propietario deberá comunicarlo a la dependencia del ejecutivo del estado,
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, para llevar a
cabo su actualización, dentro del plazo que establezca el reglamento del
registro estatal de los servicios públicos de tránsito y transporte.
CAPÍTULO IV
De los Operadores y Conductores
Artículo 186.- Para operar o conducir vehículos en el estado de Jalisco,
es necesario contar con licencia o permiso vigente, expedido por:
I.
La dependencia del ejecutivo del estado competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, la que expedirá
estos documentos conforme a las características y normas
establecidas en esta Ley;
113
II.
Las autoridades competentes en materia de movilidad, tránsito
y transporte de otras entidades y de la Federación, para operar
o conducir vehículos por las vías públicas; y
III.
Por lo que se refiere a las licencias para conducir vehículos
expedidas en el extranjero, su reconocimiento y validez
quedarán sujetos a las disposiciones federales sobre la
materia y a los convenios internacionales de los que México
forme parte.
En el caso de que al conductor se le hubiere suspendido o cancelado su
licencia en el estado de Jalisco, no deberá conducir vehículos durante el
término de la suspensión, aun presente licencia expedida por las
autoridades a las que se refieren las fracciones II y III del presente
artículo.
Artículo 187.- El conductor de vehículos del servicio de transporte
público colectivo de pasajeros en el estado de Jalisco, deberá contar con
licencia de conductor de servicios de transporte público vigente, expedida
por la dependencia del ejecutivo del estado, competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte.
Artículo 188.- El conductor u operador de maquinaria para uso agrícola
autopropulsada, bastara que acredite que ha obtenido la licencia de
conducir vigente expedida por la dependencia del ejecutivo del estado,
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte.
Artículo 189.- Para conducir vehículos motorizados, los operadores y
conductores se clasifican en:
I.
Motociclistas;
II.
Automovilistas;
III.
Chóferes;
IV.
Conductores de servicio de transporte público y carga pesada;
V.
Operadores de maquinaria y equipo móvil especial;
VI.
Operadores de vehículos de seguridad y
VII.
Operadores de maquinaria de uso agrícola.
114
Artículo 190.- Para obtener licencia, o permiso para operar o conducir
vehículos, se requerirá:
I.
Ser mayor de dieciocho años, salvo los casos previstos en esta
Ley;
II.
Demostrar aptitud física y mental para conducir;
III.
Sustentar y aprobar el examen pericial de manejo, con las
condiciones y modalidades que señale el reglamento de esta
Ley, conforme al tipo de vehículo y las actividades o servicios a
realizar;
IV.
Acreditar su domicilio;
V.
Sustentar y aprobar examen respecto al conocimiento de las
disposiciones reglamentarias en materia de movilidad y
tránsito; y
VI.
Pagar los derechos que determine la Ley de Ingresos
conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda del
Estado.
Artículo 191.- En las licencias o permisos para operar o conducir
vehículos se precisarán:
I.
El tipo de licencia o permiso;
II.
Los tipos de vehículos que autoriza a operar o conducir;
III.
En su caso, el servicio público de transporte que se autoriza a
prestar;
IV.
El término de su vigencia;
V.
El número de registro de dicha licencia;
VI.
El nombre y domicilio del titular;
VII.
Las restricciones al titular si las hubiere;
VIII.
La persona a quien se deberá avisar en caso de accidente;
IX.
El tipo de sangre del titular de la licencia;
115
X.
La anuencia del titular, en caso de que así sea su voluntad, para que se le
considere donador de órganos en los casos previstos y autorizados por la
legislación aplicable; y
XI.
La Clave Única de Registro de Población.
Para los efectos de la fracción X, el ejecutivo del estado celebrará los
convenios de coordinación y colaboración con las dependencias
competentes en la materia, a efecto de llevar dicho trámite.
Artículo 192.- Los conductores de servicio de transporte público de
pasajeros deberán contar invariablemente con licencia expedida en el
Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 fracción I de
esta Ley.
Artículo 193.- Cuando por prescripción médica se estime indispensable
el uso de lentes o de aparatos protésicos para conducir vehículos, así se
hará constar en la licencia respectiva y además se prohibirá al conductor
manejar sin usarlos.
Artículo 194.- Cuando la licencia autorice a una persona con problemas
de discapacidad, el manejo de vehículos con adaptaciones especiales, se
indicarán en este documento, las placas de identificación
correspondientes a la unidad autorizada.
Artículo 195.- La expedición y refrendo de licencias y permisos, se
realizará conforme a las siguientes normas:
I.
Las licencias y sus refrendos se expedirán con vigencia de
cuatro años;
II.
Los permisos para conducir y operar vehículos tendrán
vigencia máxima de un año;
III.
Los operadores o conductores de vehículos, al término de la
vigencia de su licencia o permiso, podrán tramitar su refrendo,
cumpliendo con los requisitos que establecen las fracciones II,
IV y VI, del artículo 190, de esta Ley; y
IV.
Cuando un conductor u operador pierda la licencia, el permiso
o el gafete a que se refiere el artículo 198 de esta Ley, o éstos
se destruyan o sufran deterioro, deberá de solicitar la
expedición de un duplicado, el cual se le otorgará previo el
116
pago de los derechos correspondientes.
Artículo 196.- El menor de dieciocho años de edad, pero mayor de
dieciséis, podrá obtener permiso para el manejo de automóviles o
motocicletas, previo el cumplimiento de los requisitos que se exigen a los
conductores de esos tipos de vehículos. Deberá además, satisfacer los
siguientes requerimientos:
I.
Que el padre o tutor asuma expresamente responsabilidad
solidaria y mancomunada por las infracciones que se cometan
a esta Ley y a su reglamento; y
II.
Garantizar, mediante la exhibición de la póliza de seguro,
expedida a favor del propietario o menor, el pago de los daños
y perjuicios que se ocasionen a terceros durante la vigencia de
la licencia provisional obtenida.
Artículo 197.- En el reglamento de esta Ley se precisarán, conforme al
tipo de vehículo, la actividad a que se dedique y, en su caso, el servicio
público al que se destine:
I.
Los requisitos específicos adicionales a los establecidos en la
fracción III del artículo 190, de esta Ley, como experiencia y
capacitación específica;
II.
Los documentos que deberán presentar los solicitantes, a fin
de acreditar el cumplimiento de los requisitos generales
previstos en esta Ley, así como los requisitos específicos que
en su caso se requieran;
III.
Los procedimientos para solicitar la expedición de las licencias
o permisos para operar o conducir vehículos;
IV.
Los procedimientos para solicitar el refrendo o reposición de
las licencias o permisos;
V.
El término de vigencia de los permisos y refrendos para operar
o conducir vehículos;
VI.
Las bases generales de los programas de capacitación para
operadores y conductores, así como las condiciones y
requisitos para impartirlos; y
VII.
El
procedimiento
para
117
presentar
el
examen
pericial
correspondiente y la forma de acreditar su resultado positivo.
Artículo 198.- Los conductores y operadores de vehículos del servicio
público de transporte deberán, siempre, portar a la vista durante sus
actividades, un gafete con fotografía y demás elementos que permitan su
identificación.
Tratándose del servicio de autos de alquiler, taxis y radiotaxis, el gafete
será entregado al chofer acompañado del permisionario del vehículo.
El Reglamento determinará los requisitos y procedimientos para tramitar,
expedir y refrendar el gafete de identificación personal, que deberán
portar en forma visible los operadores, conductores y choferes de
vehículos de servicio público.
Artículo 199.- La licencia para conducir vehículos automotores, así como
los gafetes de identificación de operadores, conductores y choferes de
vehículos de servicio público, se suspenderán:
I.
Por resolución judicial ejecutoriada, durante el tiempo que la
misma señale;
II.
Por resolución administrativa, cuando se compruebe la
incapacidad física o mental de su titular para conducir, o en
los casos previstos en los artículos 266 y 268 de esta Ley; y
III.
Por resolución administrativa hasta por 6 meses cuando
incurra dentro del término de sesenta días dos ocasiones o
más, en cualquiera de las sanciones previstas en los artículos
251, fracción X, 253 fracción II, 255 fracción V.
Artículo 200.- La licencia se cancelará en los siguientes casos:
I.
A solicitud del interesado;
II.
Por sentencia que cause ejecutoria;
III.
Cuando el titular contraiga enfermedad que lo imposibilite para manejar;
IV.
Por resolución administrativa;
V.
En caso de operadores, conductores o choferes de servicio
público, cuando incurran en violación de la tarifa autorizada;
118
VI.
Por acumular dos suspensiones temporales de la licencia en
el lapso de un año;
VII.
Cuando cualquier conductor utilice vehículos de uso privado,
que porten los colores asignados por la dependencia del
ejecutivo del estado, competente en materia de, Tránsito y
Transporte, para las unidades del transporte público;
VIII.
Cuando cualquier conductor preste el servicio de transporte
público sin contar con el permiso o la concesión
correspondiente; y
IX.
Cundo un motociclista, automovilista, chofer o operador,
conductor y chofer de vehículos de servicio público haya
participado en dos o más accidentes viales, y quede
debidamente comprobada su culpabilidad por la autoridad
competente y se hayan producido u ocasionado lesiones en
personas, de las que tardan más de quince días en sanar.
CAPÍTULO V
De la Circulación
Artículo 201.- Para transitar en las vías públicas de comunicación local,
los vehículos de movilidad motorizada deberán contar con una póliza de
seguro vigente para responder en forma efectiva de los posibles daños a
terceros, en los términos que señale el reglamento de esta Ley.
Dicha póliza de seguros será obligatoria para transitar en el Estado de
Jalisco. El ejecutivo estatal comprobará la existencia y vigencia de la
póliza de seguros al momento que el propietario del vehículo paguen su
refrendo vehicular anual o haga cualquier trámite ante la autoridad
estatal, en caso de no tener póliza vigente, se le negará la realización del
trámite.
Artículo 202.- La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, podrá autorizar
provisionalmente la circulación de un vehículo, sin la documentación
completa, mediante permiso que se otorgará en los siguientes casos:
I.
Para darlo de alta en el Registro Estatal, amparándose con el
informe de venta o con el aviso de la baja correspondiente. El
permiso en este caso se otorgará por una sola vez;
II.
Cuando se requiera su traslado de un lugar a otro dentro de las
119
poblaciones del Estado. En el permiso se especificará el lugar
en donde se encuentra el vehículo y a donde vaya a ser
trasladado. Este permiso se otorgará por una sola vez;
III.
Cuando por motivos de reparación tenga que ser trasladado a
distinta población. En este caso el permiso se otorgará por una
sola vez;
IV.
Para llevar a cabo su exhibición al público o su demostración.
El permiso se otorgará en los términos que señale el
reglamento;
V.
Cuando se trate de maquinaria, o maquinaria para uso
agrícola, siempre que su desplazamiento no destruya o
deteriore el pavimento de las vías públicas. La autorización se
limitará al traslado del vehículo al lugar donde será utilizado;
VI.
En casos distintos a los anteriores, conforme a las
disposiciones del reglamento de esta Ley; y
VII.
Los permisos a que se refiere este artículo en los casos previstos en las fracciones
I a IV, tendrán una vigencia máxima de hasta quince días.
Artículo 203.- Para circular en las vías públicas de comunicación local,
los propietarios, legítimos poseedores o conductores de vehículos,
deberán acatar las siguientes normas:
I.
Todo vehículo debe cumplir con los requerimientos de
dimensiones y peso que se especifiquen en el reglamento;
II.
Queda prohibido transportar en un vehículo a un número
mayor de personas que el especificado en la tarjeta de
circulación, o carga que exceda a la capacidad autorizada;
III.
Todo vehículo que circule en las vías públicas de
comunicación local, deberá estar en buen estado mecánico y
contar con los equipos, sistemas, señales, y dispositivos de
seguridad que especifiquen esta Ley y sus reglamentos;
IV.
Los vehículos automotores deberán contar con dispositivos
para prevenir y controlar la emisión de ruidos y contaminantes,
conforme a las normas oficiales mexicanas y a las
disposiciones jurídicas aplicables;
120
V.
Toda modificación a la estructura o diseño de vehículos
automotores deberá realizarse por personal calificado y con
estricto apego a las normas oficiales mexicanas;
VI.
Los vehículos automotores registrados en el Estado, deberán
someterse a las verificaciones vehiculares en términos del
programa que emita la Secretaría de Medio Ambiente para el
Desarrollo Sustentable, con la periodicidad establecida en el
calendario oficial de verificación vigente para el estado, para
comprobar que se encuentran en condiciones ambientalmente
óptimas para su circulación, conforme a las disposiciones de
esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
VII.
Los conductores así como los operadores de maquinaria para
uso agrícola otorgarán la prelación de paso a los vehículos de
emergencia y policía que lleven encendidos códigos y sirenas,
debiendo permitirles el paso si cruzan en una intersección, y
cuando circulen sobre la misma vía en el mismo sentido,
deberán colocarse en el extremo derecho de la vialidad y
debiendo hacer alto. No deberán por ningún motivo aprovechar
esta circunstancia para circular inmediatamente detrás de
estos vehículos; y
VIII.
Los vehículos automotores deberán utilizar sistemas de
retención infantil o asientos de seguridad, en el caso de que
alguno de sus ocupantes sea un menor de doce años de edad
o que por su constitución física lo requiera, el cual deberá estar
situado en el asiento trasero y será acorde a la talla y peso del
menor, salvo que el vehículo no cuente con asientos traseros.
El reglamento de esta ley establecerá los procedimientos que permitan
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de este artículo.
Artículo 204.- Las autoridades estatales y municipales de movilidad y
tránsito, conforme a las normas del reglamento respectivo y como
medida de seguridad, retirarán de circulación los vehículos en los casos
previstos y conforme al procedimiento que se establece en esta Ley.
Artículo 205.- Las autoridades de movilidad, tránsito y transporte,
realizarán las acciones previstas en las leyes federales y estatales en
materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, en
relación a la operación de vehículos, a efecto de que se realice de
conformidad a las normas técnicas ecológicas vigentes.
121
Artículo 206.- Los vehículos no registrados en el Estado y que
permanezcan por más de seis meses en el mismo, deberán satisfacer los
requisitos exigidos por esta Ley y su reglamento; si su permanencia en el
Estado es por menos tiempo, sólo deberán acreditar los requisitos
exigidos en el lugar de su procedencia.
Artículo 207.- Las autoridades estatales o municipales de movilidad y
tránsito, no están facultadas y por tanto, no deberán requerir a quienes
transiten en las vías públicas de comunicación local, el cumplimiento de
requisitos diferentes o adicionales a los que deban cumplir en su lugar de
procedencia, mismos que se comprobarán mediante los documentos que
expidan las autoridades de su jurisdicción, tal como lo previene el artículo
183, de esta Ley.
CAPÍTULO VI
De los Estacionamientos
Artículo 208.- Para el presente capítulo se entiende por:
Estacionamiento: Lugar público o privado destinado al
estacionamiento de vehículos por la autoridad de tránsito competente.
Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por
autoridad competente en zonas adyacentes a hospitales, entidades
oficiales y de socorro, iglesias, teatros, bancos, establecimientos
industriales y comerciales, instalaciones militares o de policía, en la
cual solo pueden estacionarse los vehículos autorizados.
Vehículo detenido: El que detiene la marcha por circunstancias de la
circulación (señalización, embotellamiento) o para ascenso o descenso
de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto.
Vehículo estacionado: El que permanece detenido por más tiempo del
necesario para el ascenso descenso de pasajeros o carga, o del
impuesto por circunstancias de la circulación o cuando el conductor
este fuera del vehículo.
Artículo 209.- La Secretaría en el ámbito de su competencia y
escuchando la opinión del ayuntamiento correspondiente, podrá en
cualquier momento establecer la asignación y retiro de zonas de
estacionamiento y áreas de estacionamiento exclusivas.
122
Artículo 210.- La autoridad de tránsito en sus disposiciones de
ordenamiento urbano deberá incluir normas que tornen obligatoria la
delimitación de espacios para el estacionamiento o guarda de bicicletas
y similares en todos los establecimientos con gran concurrencia de
público. Igualmente se deberán tomar las previsiones antes indicadas
en los garajes, parques y playas destinados al estacionamiento de
vehículos automotores.
Artículo 211.- Queda prohibido estacionar vehículos en los siguientes
lugares:
I. A menos de cinco metros de las bocacalles;
II. En los lugares destinados a los sitios de taxis y paradas de autobús;
III. Frente a aquellos lugares destinados a cocheras privadas o abierta
al público;
IV. En las aceras, camellones, andadores u otras vías reservadas a
peatones;
V. En más de una fila;
VI. A menos de cinco metros de una entrada de estación de bomberos,
ambulancias, policía, tránsito, hospitales y escuelas;
VII. En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o
salidas;
VIII. En los lugares en donde obstruya la visibilidad de señales de
tránsito a los demás conductores;
IX. Sobre cualquier puente o interior de un túnel;
X. A menos de diez metros del riel más cercano de un cruce ferroviario;
XI. A menos de cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado
opuesto en una carretera de no más de dos carriles y con doble sentido
de circulación;
XII. A menos de cien metros de una curva o cima sin visibilidad;
XIII. En las zonas autorizadas de carga y descarga sin realizar esta
actividad;
123
XIV. En sentido contrario;
XV. Frente a tomas de agua para bomberos;
XVI. En los estacionamientos exclusivos debidamente autorizados;
XVII. En donde el estacionamiento del mismo
entorpecimiento a la circulación o molestias a los peatones;
provoque
XVIII. En las vialidades con corredores exclusivos de transporte
público; y
XIX. En donde exista señalamiento restrictivo vertical, horizontal o
pintura amarilla en guarnición;
XX. En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o
fluidez del tránsito o se oculte la señalización;
XXI. En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que
resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso;
XXII. Frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios
públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos
relacionados a la función del establecimiento;
XXIII. Frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su
funcionamiento;
XXIV. En los accesos de cocheras en uso y de estacionamiento con
ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente,
con el respectivo horario de prohibición o restricción; y
XXV. Ningún ómnibus, minibús, microbús, casa rodante, camión, o
maquinaria especial, excepto en los lugares que habilite a tal fin
mediante la autoridad competente.
Artículo 212.- Queda prohibido obstruir o utilizar los espacios
destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con
discapacidad, así como las rampas de acceso a las banquetas y vías
peatonales.
Artículo 213.- No se deben estacionar vehículos en vías públicas,
parques, aceras, que esté prohibido estacionarse, sino en caso de
124
reparaciones de emergencia, o bajo absoluta imposibilidad física de
mover el vehículo.
En caso de reparaciones en vía pública, deberán colocarse señales
visibles y el vehículo se estacionará a la derecha de la vía, fuera de la
zona transitable de los vehículos, colocando señales de peligro a
distancia entre cincuenta y cien metros adelante y atrás del vehículo.
Artículo 214.- En las arterias con camellones o jardines centrales o
laterales, sólo se permiten el estacionamiento junto a las aceras,
cuando no esté expresamente prohibido.
Artículo 215.- La Secretaría de Movilidad podrá, mediante el
señalamiento respectivo, sujetar a determinados horarios y días de la
semana la aprobación o prohibición para estacionarse en la vía pública,
de acuerdo a la necesidad de las vialidades.
Artículo 216.- La autoridad de tránsito, podrá bloquear o retirar con
grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren
estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna
vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin
la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se
encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición de multa
y a la orden de movilizar el vehículo.
En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será
conducido a un corralón autorizado y los costos de la grúa y el corralón
correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la
sanción pertinente.
CAPÍTULO VII
De las Tarifas, Horarios e Itinerarios
Artículo 217.- Al proponer la revisión para modificar las tarifas del
servicio público de transporte, el organismo coordinador procurará que
el prestador mantenga una utilidad razonable y que no afecte el poder
adquisitivo de los usuarios, tomando como base inicial la relación
existente entre los siguientes elementos:
I.
Financieros, que estarán encaminados a evaluar los costos
para los prestadores del servicio público de transporte y que
comprenderán por lo menos:
125
a) Los elementos que conforman el costo administrativo y
operativo del servicio; y
b) La revisión, entre otros conceptos, de los horarios de
prestación del servicio, las tablas de distancias, tipo de
piso, clasificación de carga, costos de transporte,
problemas de circulación y riesgos de accidentes.
II.
Adquisitivos, encausados a evaluar el poder adquisitivo de
los usuarios del transporte público y que comprenderán:
f) El valor esperado del índice nacional de precios al
consumidor, publicado por el Banco de México; y
g) El pronóstico de la variación en el salario mínimo vigente
para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El Organismo Coordinador elaborará un primer índice tarifario, el cual
sustentará el dictamen de propuesta para el ajuste al costo del transporte
público. El cálculo y elaboración del índice tarifario se conformará a partir
de dos subíndices que incorporan los dos elementos mencionados en
este artículo y que se ponderarán de la siguiente manera: el subíndice
del elemento financiero con 40 % y el subíndice del elemento adquisitivo
con 60 %.
Posteriormente, la comisión ciudadana para la evaluación de la calidad
en el Servicio de transporte público elaborará el índice superior tarifario,
que será el definitivo para determinar el ajuste en las tarifas, tomando en
consideración el antes mencionado índice tarifario y un subíndice de
evaluación ciudadana y técnica, encaminado a evaluar la calidad del
servicio que reciben los usuarios del transporte público, en los términos
descritos en el artículo 221 de la presente ley.
Artículo 218.- El organismo coordinador evaluará la existencia de
condiciones económicas que motiven la revisión de tarifas, a efecto de
que aquéllos que tienen a su cargo la prestación de un servicio público
de transporte, no se vean afectados en su economía por realizar dicho
servicio en condiciones incosteables.
Artículo 219.- Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, se deberá tomar en cuenta también lo siguiente:
126
I.
Dictamen del organismo coordinador que determine la
variación porcentual que se haya producido, debido a la
modificación de los costos, y justifique autorizar una
tarifa distinta a la vigente;
II.
Observar en la aprobación de las tarifas, igual
tratamiento para todos los concesionarios y prestadores
que realicen el transporte en las mismas condiciones;
III.
Que la vigencia de las tarifas será indefinida y éstas
sólo se modificarán al entrar en vigor las que se
publiquen con posterioridad; y
Artículo 220.- La comisión ciudadana para la evaluación de la calidad en
el servicio de transporte público es un órgano auxiliar del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, que tendrá la facultad, a propuesta del
organismo coordinador, de revisar, aprobar y modificar las tarifas, para
el servicio público de transporte en sus distintas modalidades y se
conformará
por
representantes
gubernamentales,
sociales,
empresariales y prestadores del servicio, con la siguiente integración:
I.
El Secretario de Movilidad o su representante, quien la
presidirá;
II.
Los representantes de los municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El
Salto, Juanacatlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y
Tepatitlán de Morelos;
III.
Cinco representantes debidamente acreditados por los
distintos organismos concesionarios, permisionarios y
subrogatarios del servicio de transporte público en el Estado.
IV.
El director del centro estatal de investigación de la movilidad
y el transporte, quien participa solamente con derecho a voz;
V.
El representante de la Confederación de Trabajadores de
México, CTM;
VI.
El representante de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos, CROC;
VII.
El representante de la Cámara Nacional de Comercio de
127
Guadalajara;
VIII.
El representante del Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco;
IX.
El representante de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, delegación Jalisco;
X.
El Director del Organismo Coordinador para la Operación
Integral de la Movilidad Sustentable del Estado; quien
participa solamente con derecho a voz y funge como
Secretario Técnico;
XI.
El Director del Consejo Ciudadano para la Movilidad; quien
participa solamente con derecho a voz y funge como
Secretario Técnico;
XII.
Un representante de la Federación de Estudiantes
Universitarios y un represéntate de las Organizaciones
Ciudadanas acreditadas ante el Consejo Ciudadano para la
Movilidad y tres representantes estudiantiles por las distintas
instituciones de educación superior en el Estado;
XIII.
Un representante por cada una de las secciones 16 y 47 del
SNTE;
XIV.
Un representante por cada una de las universidades e
instituciones de educación superior en el Estado;
XV.
Tres representantes de las organizaciones de la sociedad
civil dedicadas al estudio de los temas de movilidad
sustentable;
XVI.
Un representante por las distintas asociaciones de personas
con discapacidad;
XVII. Un representante de las distintas comunidades indígenas del
estado; Y
XVIII. Un representante de las distintas organizaciones
asociaciones de padres de familia del estado.
y
El cargo de integrante de la Comisión Ciudadana para la Evaluación de
la Calidad en el Servicio de Transporte Público, es honorífico y por tanto
128
no remunerado y en el caso de los servidores públicos que participan
en él, éste encargo se entiende inherente a su función pública. Los
particulares que participan en la Comisión, carecen de la calidad de
servidores públicos.
La Comisión Ciudadana para la Evaluación de la Calidad en el Servicio
de Transporte Público, bajo ninguna circunstancia puede asumir
atribuciones que legalmente correspondan a las autoridades del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 221.- La Comisión Ciudadana para la Evaluación de la Calidad
en el Servicio de Transporte Público sesionará previa convocatoria por
parte del Organismo Coordinador, durante el tiempo necesario para
resolver la situación que le sea planteada por el mismo.
La resolución en que se determine la procedencia o no de una
modificación a las tarifas, así como el monto de las mismas, deberán
basarse de manera obligatoria en un Índice Superior Tarifario que
considerará dos subíndices:
I.
El Índice Tarifario al que se refiere el artículo 217 de este
ordenamiento; y
II.
Un Subíndice de Evaluación Ciudadana y Técnica,
encaminado a evaluar la calidad del servicio que reciben los
usuarios del transporte público, mediante la consulta directa
a los mismos y la valoración de la mejora en el servicio, que
comprenderá por lo menos:
a) La evaluación ciudadana de la calidad del servicio, a
través de una consulta pública a la población, en donde
se examine la eficiencia del servicio, la presentación de
las unidades, la limpieza, la funcionalidad, el
cumplimiento de horarios y rutas, la seguridad, el buen
trato, entre otros que definirá la misma comisión; y
b) La revisión de la calidad del servicio con base en los
lineamientos mínimos impuestos por la secretaría de
movilidad y en los convenios respectivos, determinando el
porcentaje en el cumplimiento de metas y objetivos para
la mejora en la calidad del servicio;
129
Corresponderá a la comisión ciudadana para la evaluación de la calidad
en el servicio de transporte público elaborar y analizar estos instrumentos
de evaluación, para lo que podrá auxiliarse del organismo coordinador.
Del mismo modo, en la elaboración del índice superior tarifario, la
comisión se auxiliara del personal técnico del organismo coordinador, y el
resultado de dicho indicador dará el porcentaje de aumento a las tarifas
del transporte público.
En la elaboración del índice superior tarifario se relacionarán el índice
tarifario, descrito en el artículo 217 y el subíndice de evaluación
ciudadana y técnica, descrito en este artículo, y se ponderarán de la
siguiente manera: el índice tarifario con 40 porciento y el subíndice de
evaluación ciudadana y técnica con 60 porciento.
La resolución emitida deberá ser razonada y aprobada de conformidad
con los lineamientos establecidos por el artículo 217 de la presente ley,
en sesión formal con la mayoría de votos de los participantes. Una vez
aprobadas las tarifas, se remitirá la resolución suscrita por quien
preside la comisión de tarifas, al Secretario General de Gobierno para
que ordene su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”,
entrando en vigor quince días después de la misma.
Las tarifas a que se refiere el párrafo anterior, regirán para todos los
prestadores del servicio público de transporte según la modalidad de
que se trate.
Artículo 222.- El Gobernador del Estado podrá modificar, en cualquier
momento, las tarifas de transporte público cuando exista una causa de
interés público, interés social o con motivo de casos fortuitos o
imprevistos públicos que afecten a grupos sociales, comunidades o
regiones del Estado de Jalisco.
Los acuerdos del Gobernador del Estado dictados en ejercicio de las
atribuciones señaladas en el presente artículo deberán publicarse
invariablemente en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”. En el caso
de que la modificación sea a la alza, dicho acuerdo entrará en vigor
quince días después de su publicación.
Las previsiones señaladas en el presente artículo serán aplicables
igualmente en tratándose de las determinaciones de autorización y
modificación de las tarifas de las diversas modalidades de transporte
de pasajeros y objetos, y carga, señalados en el artículo 48 de esta ley.
130
Artículo 223.- Los concesionarios y en general los prestadores de
servicios públicos de transporte, deberán de aplicar las tarifas
autorizadas conforme a las disposiciones siguientes:
I.
Las cuotas o precios tabulados en las tarifas para el transporte
de pasajeros son aplicables a los adultos. Para los niños
mayores de cinco años y menores de doce, se aplicará media
cuota y, para los menores de cinco años, el servicio será
gratuito;
II.
El transportista de carga, según las tarifas correspondientes a
diversas clases de objetos, tendrá obligación de combinarlas,
siempre y cuando esto resulte más ventajoso para el público
que la aplicación de una tarifa aislada de una de ellas; y
III.
Los concesionarios podrán convenir con el usuario, u ofertar
una cuota menor; pero en ningún caso podrán cobrar una
cuota mayor a la que resulte de la aplicación de la tarifa.
Artículo 224.- De la observancia de igualdad de trato para los usuarios
de los servicios públicos de transporte, por parte de los concesionarios y
permisionarios, quedan exceptuados:
I.
Los convenios celebrados entre el Gobierno del Estado y los
concesionarios, en interés de la sociedad o de un servicio
público;
II.
Las reducciones en las cuotas que hagan las empresas por
razones de beneficencia a maestros, estudiantes, colonos,
turistas, niños, compañías de espectáculos públicos o
conjuntos deportivos;
III.
Las tarifas transitorias de pasajeros en viajes de recreo;
IV.
Las tarifas reducidas cuando se trate de un servicio
cuantificado en kilómetros, que el pasajero podrá recorrer en
cualquier dirección en determinado período de tiempo o con el
carácter de abonos;
V.
Las tarifas para viajes redondos;
VI.
El transporte de artículos de primera necesidad a los lugares
donde se requiera por causa de calamidad pública o de
carestía, o por cualquier otra causa de interés general, en cuyo
131
caso se podrán aplicar cuotas reducidas;
VII.
El transporte de personas o mercancías hacia regiones o
poblados susceptibles de convertirse en centros de producción
o de trabajo;
VIII.
El transporte de artículos inflamables y explosivos, así como
aquellos objetos que por su naturaleza y características, su
peso, volumen o cantidad, sean elementos determinantes para
especificar la cuota o precio; y
IX.
Las maniobras para servicios especiales, tales como: carga o
descarga, transbordo, almacenaje, limpia, demoras y arrastres.
Artículo 225.- Los concesionarios podrán conceder pases o franquicias:
I.
Obligatoriamente a servidores públicos de la Federación, del
Estado o de los municipios, cuyas funciones se relacionen con
el servicio y estén en el ejercicio de las mismas, siempre que
para ello exhiban el original del respectivo oficio de comisión;
II.
Potestativamente a los empleados de los concesionarios y sus
familiares, ya sean de la misma empresa o de otra similar;
III.
En reciprocidad con otros concesionarios; y
IV.
A las personas o grupos beneficiarios de descuentos que
acuerden con los concesionarios.
Artículo 226.- La reducción de tarifas en un cincuenta por ciento de la
cuota ordinaria, solamente será obligatoria:
I.
En los casos de casos fortuitos o imprevistos públicos;
II.
Para estudiantes de educación secundaria, media superior y
superior así como los equivalentes de estos niveles de
instituciones pública o privadas, durante todo el año;
III.
Para maestros en periodo escolar;
IV.
Para personas de edad avanzada;
V.
Para personas con problemas de discapacidad; y
132
VI.
En los servicios que en forma oficial se presten a las
dependencias del Gobierno del Estado, o de los municipios.
Las personas de edad avanzada o con problemas de discapacidad,
podrán acreditar su derecho al descuento en la tarifa a través de la
apreciación personal, directa de los representantes de las empresas o
con la identificación otorgada por un organismo público de asistencia
social.
Artículo 227.- El pasaje obligatoriamente será gratuito para los miembros
de la policía preventiva y autoridades de movilidad y tránsito,
debidamente identificados y en el cumplimiento de sus funciones. Se
presumirá que están en cumplimiento de sus funciones, cuando estén
uniformados.
Artículo 228.- Los horarios e itinerarios serán aprobados por la
dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en materia de
movilidad tránsito y transporte, tomando en cuenta las opiniones,
estudios y datos proporcionados por los organismos auxiliares y de
consulta competentes, conforme a las normas y procedimientos que se
establezcan en el reglamento.
Dicha dependencia deberá incluir a estos itinerarios la implementación de
transporte público nocturno, estableciendo para estos efectos un horario
que cubra las necesidades de los usuarios del servicio, en este turno.
TÍTULO SÉPTIMO
De las Vías Públicas de Comunicación Local
y los Servicios Conexos
CAPÍTULO ÚNICO
De las Concesiones y Permisos en las
Vías Públicas de Comunicación Local
Artículo 229.- Corresponde al Estado regular y administrar las vías de
comunicación local. Se requerirá de concesión o permiso para que los
particulares adquieran derechos a fin de:
I.
Construir y administrar vías públicas de comunicación local; y
II.
Establecer y explotar servicios conexos a las vías públicas.
133
Artículo 230.- El Estado tendrá siempre la facultad de establecer o
explotar por sí mismo, o mediante convenios con la Federación, las vías
de comunicación objeto de esta Ley. Los convenios que se celebren con
esta finalidad, deberán especificar la competencia, derechos y
obligaciones que el Estado o la Federación se reserven o asuman, en
cuanto a:
I.
La construcción, conservación y explotación de las vías;
II.
Su inspección y vigilancia;
III.
El otorgamiento, revocación, modificación o caducidad de
concesiones y permisos; y
IV.
La autorización y revisión de tarifas, horarios e itinerarios.
Artículo 231.- Las concesiones para construir y administrar vías públicas
de comunicación local, se regirán por las disposiciones aplicables a las
concesiones para el aprovechamiento de bienes del dominio público del
Estado o del municipio.
Artículo 232.- Para establecer y explotar servicios conexos a las vías
públicas de comunicación local, se observarán las disposiciones del
reglamento de esta Ley.
Artículo 233.- Los propietarios de terrenos contiguos a las vías públicas
de comunicación local, en donde habitualmente exista ganado, deberán
cercarlos en forma adecuada para evitar que el mismo represente algún
peligro para la circulación.
La dependencia del Ejecutivo del Estado competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte, procederá a notificar al propietario o
poseedor del predio, señalándole un plazo, no menor de treinta días,
para que proceda a construir o reparar el cerco de que se trate.
Si el propietario o poseedor del predio no cumplimenta el requerimiento,
la autoridad competente podrá sancionarlo de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley y su reglamento.
Artículo 234.- Las dependencias municipales competentes en materia de
urbanización y edificación, para expedir licencias o permisos de
construcción, requerirán el dictamen previo de la dependencia de la
administración pública estatal competente en materia de obras públicas,
cuando se solicite autorización para:
134
I.
Ejecutar obras en el área del derecho de vía;
II.
Realizar obras fuera del área del derecho de vía, cuando
afecten a la vía pública o la seguridad de los usuarios;
III.
Instalar anuncios; y
IV.
Hacer construcciones para servicios conexos o auxiliares al
transporte.
Artículo 235.- Las licencias o permisos a que se refiere el artículo
anterior, se sujetarán a las siguientes normas generales:
I.
No se autorizarán ni permitirán construcciones, ni la instalación
de anuncios, a una distancia menor de cien metros de los
cruceros en caminos, carreteras y autopistas estatales;
II.
Por regla general, en los predios adyacentes a los caminos,
carreteras y autopistas estatales, hasta en una distancia de
cien metros del límite del área de derecho de vía, no deberá
autorizarse ni permitirse realizar trabajos de explotación de
canteras o cualesquiera otros que requieran el empleo de
explosivos; y
III.
Solo en casos justificados, la dependencia estatal competente
en materia de obras públicas, emitirá dictamen favorable para
que se autorice realizar los trabajos a que se refiere la fracción
anterior, exigiendo las garantías y medidas de seguridad que
estime convenientes.
TÍTULO OCTAVO
Del Registro Estatal de los Servicios Públicos
de Tránsito y Transporte
CAPÍTULO I
De la Organización y Funcionamiento del Registro Estatal
de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte
Artículo 236.- El Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y
Transporte se organizará y funcionará conforme a las siguientes bases:
135
I.
Será público y cualquier persona podrá obtener información
sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las
copias certificadas que solicite;
II.
El Registro Estatal inscribirá los documentos en donde consten
las concesiones que expidan las autoridades estatales
conforme a las disposiciones de esta Ley; las modificaciones
que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las
mismas;
III.
Será un órgano desconcentrado de la dependencia del
Ejecutivo del Estado, competente en materia de movilidad,
tránsito y transporte. Su organización interna y funcionamiento,
se determinará en el reglamento que al efecto expida el Titular
del Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones de este
título;
IV.
Las autoridades estatales están obligadas a proporcionar al
Registro Estatal de los servicios públicos de tránsito y
transporte, la información estadística, documental, técnica,
catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor
desempeño de sus funciones;
V.
La dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, promoverá la
coordinación necesaria para reunir y procesar la información
relativa a licencias y permisos, integrándola al Registro Estatal,
para acreditar los supuestos de suspensión y cancelación; y
VI.
El Ejecutivo del Gobierno del Estado prestará la asistencia
técnica necesaria y se coordinará con los ayuntamientos, para
garantizar la actualización de las inscripciones en el Registro
Estatal y facilitar su consulta expedita a las autoridades
municipales.
Artículo 237.- Los concesionarios estarán obligados a proporcionar al
Registro Estatal de los servicios públicos de tránsito y transporte, la
información necesaria para integrar y conservar actualizados sus
inscripciones y registros.
Para acreditar los elementos de toda concesión, los gobiernos estatal y
municipales, los concesionarios y en general toda persona autorizada,
solicitará los registros y certificaciones correspondientes al Registro
Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte.
136
CAPÍTULO II
De las Inscripciones en el Registro Estatal
de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte
Artículo 238.- Deberán inscribirse en el Registro Estatal de los Servicios
Públicos de Tránsito y Transporte:
I.
Las licencias o permisos para operar o conducir vehículos que
expida la dependencia del Ejecutivo del Estado, competente
en materia de movilidad, tránsito y transporte;
II.
Los vehículos domiciliados en el Estado;
III.
Las licencias y contratos que permitirán a los conductores,
choferes y operadores de vehículos, acreditar su antigüedad
como trabajadores del servicio público de transporte;
IV.
Todas las concesiones y permisos en sus distintas
modalidades, que expida el Ejecutivo del Gobierno del Estado;
V.
Todas las resoluciones judiciales o administrativas que
reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos en
relación con la titularidad y los derechos derivados de las
concesiones a que se refiere la fracción anterior;
VI.
Todos los actos, autorizados conforme a las disposiciones de
esta Ley, para trasmitir la titularidad de las concesiones;
VII.
La lista de sucesión en la que consten los nombres de las
personas y el orden de preferencia conforme al cual deba
hacerse la adjudicación de derechos de la concesión, cuando
su titular sea una persona física;
VIII.
Los documentos
concesionarios;
IX.
Las unidades pertenecientes a empresas cuya actividad sea
específicamente el arrendamiento de vehículos; y
X.
La demás información relevante, relacionada con la
administración del servicio público de transporte, actos y
documentos que dispongan esta Ley y sus reglamentos.
relativos
137
a
las
asociaciones
de
Cuando los actos que deban inscribirse en el Registro Estatal de los
Servicios Públicos de Tránsito y Transporte, no se inscriban, si no
contravienen las disposiciones de esta Ley, sólo surtirán efectos entre los
otorgantes, pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí
podrán aprovecharlos en lo que les fueren favorables.
El Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte
deberá publicar, cada seis meses, en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco", la lista de los conductores y operadores, indicando de cada uno
su antigüedad como trabajador del servicio público de transporte; la
concesión en que se encuentre laborando y su modalidad, así como las
modificaciones que cada seis meses se registren en el padrón.
Artículo 239.- Las inscripciones en el Registro Estatal de los Servicios
Públicos de Tránsito y Transporte y las constancias que de ellas se
expidan, harán prueba plena. En todo caso, dichas constancias serán los
documentos que permitirán acreditar:
I.
Los requisitos para solicitar y obtener una concesión;
II.
La titularidad de toda concesión, en sus distintas modalidades
y los derechos específicos derivados de la misma;
III.
La designación de sucesor que formule el titular de la
concesión, cuando sea una persona física;
IV.
Las modificaciones de una concesión y los derechos que
legalmente se constituyan sobre las mismas; y
V.
Las asociaciones que integren los concesionarios.
El Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte,
expedirá a quienes las soliciten, copias certificadas de los documentos
que obren en su poder y certificará los datos contenidos en los mismos.
TÍTULO NOVENO
De las Responsabilidades, Medidas de Seguridad,
Infracciones, Sanciones, Inspección y Vigilancia
y Medios de Defensa de los Particulares
138
CAPÍTULO I
De las Responsabilidades
Artículo 240.- Incurrirán en responsabilidad los encargados del Registro
Estatal por:
I.
Inscribir o registrar documentos e instrumentos que no se
ajusten a las disposiciones de esta Ley y del reglamento que
regule su funcionamiento;
II.
Proporcionar informes, datos o documentos alterados o
falsificados; y
III.
Faltar a la obligación de mantener a consulta del público los
documentos que conforme a esta Ley, deban inscribirse en el
Registro Público a su cargo.
Artículo 241.- Los servidores públicos, estatales y municipales,
encargados de la aplicación de la presente Ley, que no observen u
omitan acatar sus disposiciones, incurrirán en responsabilidad y serán
sancionados conforme las disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
CAPÍTULO II
De las Medidas de Seguridad
Artículo 242.- Procederá aplicar como medida de seguridad, el retiro de
la circulación de un vehículo, cuando:
I.
Circule sin placas o sin el permiso correspondiente;
II.
El vehículo porte placas sobrepuestas;
III.
Carezca de los requisitos necesarios para circular, o contando
con permiso vigente, se use con fines distintos a los
estipulados en el mismo;
IV.
El vehículo se encuentre estacionado en lugar prohibido, frente
a cochera, estacionamiento exclusivo o abandonado en la vía
pública; o en donde el estacionamiento del mismo provoque
entorpecimiento a la circulación o molestias a los peatones,
sin encontrarse en dicho lugar el conductor;
139
V.
Contamine visiblemente, en este caso se estará a lo dispuesto
por el reglamento respectivo; y
VI.
El vehículo sea de uso particular y porte los colores asignados
por la dependencia del ejecutivo del estado competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, para las unidades
de transporte público.
Artículo 243.- Las autoridades estatales y municipales de movilidad y
tránsito, en los casos previstos en el artículo anterior, retirarán de la
circulación a los vehículos, acatando las siguientes disposiciones:
I.
La autoridad, a través de sus agentes, notificará al propietario
del vehículo o a su conductor u operador que, con el carácter
de medida de seguridad, el vehículo deberá ser retirado de la
circulación, señalando los motivos e indicando su fundamento;
II.
En el mismo acto, el particular notificado deberá indicar el
depósito público al cual deberán trasladar el vehículo;
III.
Sólo en caso de negativa del propietario, conductor u operador
del vehículo, manifestada en forma expresa o tácita o, en caso
de ausencia de éste, el agente de tránsito podrá ordenar se
retire el vehículo de la vía pública, tomando las medidas
necesarias para trasladarlo a un depósito público;
IV.
En el caso previsto en la fracción IV, del artículo anterior, si el
conductor llegare cuando se estén realizando las maniobras
para retirar el vehículo, podrá recuperarlo de inmediato previo
pago contra recibo que le expida el servicio de grúa, sin
perjuicio de las infracciones en que haya incurrido; y
V.
En todo caso, el agente de tránsito que intervenga levantará el
acta correspondiente.
Artículo 244.- Las autoridades de movilidad y tránsito, como medida de
seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación, en contra de la
voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes:
I.
Participación en flagrante delito en el que el vehículo sea
instrumento del mismo;
II.
Existencia de informe oficial de un delito o de su presunción
fundada, en el que el vehículo sea objeto o instrumento;
140
III.
Acatamiento de una orden judicial;
IV.
Violación, por el conductor, de una medida de seguridad
aplicada conforme a los artículos que anteceden;
V.
En los supuestos del artículo 242, fracciones I, II y III de esta
ley, cuando no demuestre la posesión o legal propiedad del
vehículo;
VI.
En caso de que al conductor se le detecten de:
a) 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de
sangre; o
b) 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado;
y
VII.
Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto
administrativo.
En el caso de la fracción VI del presente artículo, el conductor podrá ser
auxiliado por persona que no se encuentre bajo los efectos de alcohol,
estupefacientes o psicotrópicos, haciéndose responsable de la
conducción del automotor, en los términos del reglamento de la presente
ley.
Las autoridades de movilidad y tránsito, en ningún otro caso de los antes
previstos, podrán retener un vehículo.
Artículo 245.- Cuando sólo existan daños materiales entre los
involucrados o entre éstos y algún tercero afectado en sus bienes y no
haya lesionados y personas fallecidas, si los conductores cuentan con
todos sus documentos en regla, siempre y cuando las partes afectadas
celebren convenio y firmen el desistimiento respectivo, no se les
incautarán los vehículos siniestrados ni se les levantarán folios de
infracción. Se exceptúa de lo anterior cuando se hayan cometido
infracciones distintas en forma independiente al accidente.
Si uno o más de los involucrados no portan sus documentos en regla,
sí procederá la aplicación del retiro de circulación del vehículo sólo
para tales personas.
141
Artículo 246.- Las autoridades de movilidad y tránsito, no están
autorizadas para recoger al operador o conductor, su licencia, permiso,
gafete de identificación, tarjeta de circulación y cualquier otro documento,
con excepción de los vehículos de transporte público, de carga o de
pasajeros.
CAPÍTULO III
De las Sanciones Administrativas
en Materia de Movilidad y Tránsito
Artículo 247.- Las infracciones en materia de movilidad y tránsito, serán
sancionadas administrativamente por las autoridades de la materia, en
los términos de esta Ley y su reglamento, y se aplicarán al propietario o
conductor del vehículo. Ambos responderán solidariamente del pago de
la sanción.
Las multas contempladas en la presente ley serán aplicables a los
propietarios o conductores de todo tipo de vehículos automotores. En
caso de existir sanciones especiales, deberán prevalecer éstas.
Artículo 248.- Se sancionará con multa equivalente a un día de salario
mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometan las
siguientes infracciones:
I.
Falta de defensa;
II.
Falta de limpiabrisas;
III.
Falta de espejo lateral;
IV.
Falta de equipo de protección que señale el reglamento de
esta Ley;
V.
No presentar la tarjeta de circulación vigente;
VI.
Tener el vehículo su parabrisas estrellado, de tal manera que
dificulte la visibilidad;
VII.
Carecer el vehículo de holograma que contenga el número de
las placas;
VIII.
Usar luces no permitidas por el reglamento; y
142
IX.
Arrojar desde el interior del vehículo cualquier clase de objeto
o basura a la vía pública, o depositar materiales y objetos
que modifiquen o entorpezcan las condiciones apropiadas
para circular, detener y estacionar vehículos automotores.
Artículo 249.- Se sancionará con multa equivalente a un día de salario mínimo general,
vigente en la zona económica en donde se cometan las siguientes infracciones:
I.
No presentar licencia o permiso vigente para conducir;
II.
Estacionarse en zona prohibida en calle local;
III.
Falta parcial de luces;
IV.
Usar cristales u otros elementos que impidan totalmente la
visibilidad hacia el interior del vehículo;
V.
Estacionarse en sentido contrario a la circulación;
VI.
Circular en reversa más de diez metros;
VII.
Dar vuelta prohibida;
VIII.
Producir ruido excesivo con claxon o mofle; y
IX.
Falta de una placa de circulación.
Artículo 250.- Se sancionará con multa equivalente a dos días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometan las
siguientes infracciones:
I.
Prestar servicio de reparación en la vía pública cuando
obstaculice o entorpezca la vialidad, salvo casos de
emergencia;
II.
Abandonar el vehículo en la vía pública, en los términos que
establezca el reglamento;
III.
Cargar y descargar fuera del horario autorizado;
IV.
Manejar vehículos de motor con personas, mascotas u objetos
que obstaculicen la conducción;
143
V.
Colocar las placas en lugar distinto al que señale el reglamento
de esta Ley;
VI.
Negarse a acatar la medida que ordene retirar a un vehículo de
circulación;
VII.
Conducir un vehículo al que la autoridad de movilidad y
tránsito lo haya declarado fuera de circulación;
VIII.
Circular con placas ocultas, total o parcialmente; o llevar en la
parte exterior del vehículo, además de las placas autorizadas,
otras diferentes que contengan numeración o que impidan la
visibilidad de aquéllas;
IX.
Estacionarse en lugares reservados para vehículos conducidos
por personas con problemas de discapacidad;
X.
Modificar, sin autorización oficial, las características del
vehículo previstas en el reglamento de esta Ley;
XI.
Transportar carga en forma distinta a la señalada por el
reglamento;
XII.
No respetar las indicaciones de los oficiales y agentes de
movilidad y tránsito;
XIII.
Invadir zona peatonal;
XIV.
No hacer alto en vías férreas;
XV.
Estacionarse
exclusivo;
XVI.
Mover o trasladar maquinaria pesada con rodamiento
neumático y equipo móvil especial, sin el permiso
correspondiente; y
obstruyendo
cochera
o
estacionamiento
Artículo 251.- Se sancionará con multa equivalente a tres días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometan las
siguientes infracciones:
I.
No manifestar la baja del vehículo o el cambio de domicilio del
propietario;
144
II.
Transportar personas en vehículos de carga liviana o pesada,
sin protección debida;
III.
Al propietario de un vehículo, por permitir su conducción por
persona que carezca de licencia o permiso vigente;
IV.
Conducir un vehículo para el que se requiera haber obtenido
previamente licencia o permiso específico y no lo exhiba;
V.
Circular sobre la banqueta o estacionarse en la misma, en
forma tal, o en horas en que se impida o se entorpezca la libre
y segura circulación peatonal;
VI.
Conducir vehículo de motor, siendo menor de edad, sin el
permiso correspondiente señalado en el artículo 62 de esta ley;
VII.
Estacionarse en zona prohibida sobre calzadas, avenidas,
pares viales o vías rápidas; asimismo, en las zonas
restringidas en los horarios y días que la autoridad determine
con el señalamiento correspondiente o con una raya amarilla
pintada a lo largo del machuelo o cordón;
VIII.
No portar en forma visible el gafete de identificación como
operador o conductor;
IX.
Llevar exceso de pasaje en vehículo de servicio público,
conforme a las especificaciones del mismo;
X.
Subir y bajar pasaje en lugar distinto del autorizado, en el caso
de transporte de pasajeros;
XI.
Circular con alguna de las puertas abiertas;
XII.
Proferir ofensas al personal operativo de movilidad y tránsito,
mismas que deberán ser comprobadas;
XIII.
Rebasar por la derecha;
XIV.
Cambiar de carril sin precaución;
XV.
Conducir vehículo de motor, haciendo uso de aparatos de
telefonía móvil o similar, salvo que se utilicen aditamentos para
manos libres; y
145
XVI.
A los motociclistas que no respeten su carril de circulación, en
contravención con las disposiciones de esta ley y su
reglamento.
Artículo 252.- Se sancionará con multa equivalente a ocho días de
salario mínimo general, vigente en la zona económica en donde se
cometa la infracción, por no respetar la luz roja del semáforo (alto), o el
señalamiento de Alto que realice un oficial o agente de movilidad y
tránsito.
Artículo 253.- Se sancionará con multa equivalente a ocho días de
salario mínimo general, vigente en la zona económica en donde se
cometan las siguientes infracciones, y será tomado en cuenta para fijar el
monto de éstas, el momento y las circunstancias en que fue cometida la
falta:
I.
Falta total de luces;
II.
Por moverse del lugar en un accidente de colisión, salvo en
caso de llegar a un convenio las partes que participaron en
dicho evento, o por instrucciones del agente de tránsito; y
Artículo 254.- Se sancionará con multa de doscientos a cuatrocientos
días de salario mínimo general, vigente en la zona económica donde se
cometa la infracción, a quien se estacione o circule por corredores
exclusivos para el transporte público.
Artículo 255.- Se sancionará con multa equivalente a diez días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometan las
siguientes infracciones, además de que se retirará de la circulación la
unidad en los casos de las fracciones I, II y III:
I.
No coincidir la tarjeta de circulación o calcomanía con el
número de placas;
II.
Circular sin placas o placas vencidas;
III.
Hacer mal uso de las placas demostración;
IV.
Impedir o no ceder el paso a vehículos de emergencia o policía
cuando lleven encendidos códigos y sirenas; o circular
146
inmediatamente detrás de los mismos aprovechándose de esta
circunstancia; y
V.
Al conductor que maneje en sentido contrario o, al que
injustificadamente invada el sentido contrario para rebasar en
arterias de doble o múltiple circulación, en zona urbana.
Artículo 256.- Se sancionará con multa de diez a treinta días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica donde se cometan las
siguientes infracciones:
I.
No utilizar el
inadecuadamente,
acompañantes;
cinturón de seguridad
tanto
el
conductor
o hacerlo
como
sus
II.
Transportar un menor de doce años de edad en los asientos
delanteros, salvo en los vehículos que no cuenten con asientos
traseros. En ambos casos, en todo momento deberán
transportar al menor en asientos de seguridad o sistema de
sujeción adecuados a su edad y constitución física,
debidamente asegurados;
III.
Conducir un vehículo cuyas emisiones a la atmósfera sean
notorias y exageradas;
Los vehículos de transporte público observarán respecto a esta
disposición lo que la norma técnica correspondiente señale;
IV.
Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez
kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido,
siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el
citado límite de velocidad. En aquellas zonas en que
expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como
son las próximas a centros escolares y hospitales, el
reglamento señalará tanto la velocidad máxima permitida en
ellas como qué otras zonas se considerarán con velocidad
restringida. En estos casos no habrá tolerancia alguna y, en
consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la
velocidad permitida;
V.
No disponer de un seguro que cubra daños a terceros. Dicha
sanción quedará condonada, si el infractor presenta dentro de
los veinte días hábiles siguientes la póliza de seguro contra
147
daños a terceros a la dependencia del Ejecutivo del Estado
competente en materia de movilidad, tránsito y transporte o la
que señale el reglamento de la presente Ley.
Los vehículos de transporte público y los de transporte especializado en
las modalidades contempladas en esta ley, para que puedan prestar
dicho servicio, además del seguro de daños a terceros, deben contar con
un seguro de vida para los ocupantes y que además garantice las
posibles lesiones que puedan sufrir los usuarios en los casos de los que
transporten pasajeros.
Además del seguro de daños a terceros, los vehículos que presten
servicio de grúa deberán contar con un seguro que garantice los posibles
daños que puedan sufrir los vehículos objeto del servicio; y
VI.
A la persona que conduzca un vehículo de motor en ciclovías,
zonas peatonales, jardines, plazas y pistas para uso exclusivo
de discapacitados, peatones, a no ser que cuente con la
autorización respectiva de la autoridad competente para
circular por dichas zonas.
Artículo 257.- Se sancionará con multa de diez a veinte días de salario
mínimo general vigente en la zona económica donde se cometió la
infracción, a los conductores de cualquier tipo de motocicleta, trimoto,
cuatrimoto, o motocarro, cuando al circular cometan las siguientes
infracciones:
I.
No porte, debidamente colocado y ajustado con las correas
de seguridad, casco protector para motociclista y, en su
caso, también su acompañante;
II.
Llevar como acompañante a un menor de edad que no
pueda sujetarse por sus propios medios y alcanzar el
posapiés que tenga el vehículo para ese efecto;
III.
Cuando se exceda la capacidad de pasajeros que señale la
tarjeta de circulación;
IV.
No circular conforme lo establece el reglamento de la
presente ley; o
V.
Además de las sanciones anteriormente señaladas, en caso
de reincidencia se retirará de la circulación la unidad, como
medida de seguridad.
148
Artículo 258.- Se sancionará con multa equivalente a veinte días de
salario mínimo general, vigente en la zona económica donde se cometa
la infracción:
I. Al conductor de servicio de transporte público que realice
servicio distinto al autorizado, en vehículos destinados al servicio
público;
II. Al conductor que circule en el estado, en vehículo que emita
visiblemente contaminantes a la atmósfera; y
III. Al conductor que circule en vehículo que no cuente con el
holograma de verificación vehicular, de acuerdo con el calendario
oficial.
Tratándose de las infracciones contenidas en las fracciones II y III de este
artículo, podrán ser condonadas, siempre y cuando, dentro de los quince
días naturales siguientes el conductor cumpla con los lineamientos
establecidos.
Artículo 259.- Se sancionará con multa equivalente de ciento cincuenta
a doscientos días de salario mínimo general, vigente en la zona
económica en donde se cometa la infracción, a la persona que conduzca
un vehículo de motor y se le detecten:
I. De 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre;
II. De 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado;
o
III. Bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos.
Si se trata de la conducción de una unidad del transporte público, la
sanción será aplicable aun cuando al conductor se le detecte una
cantidad de alcohol inferior a la señalada en las fracciones I y II del
presente artículo.
En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de
alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de
alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo establece la
fracción VI del artículo 158 de esta ley, independientemente de la
sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo.
149
Para la aplicación de dichas sanciones es necesario que el conductor
cometa además cualquier otra infracción a esta ley o su reglamento.
En estos casos, inmediatamente se practicará al conductor la prueba de
alcoholemia o de aire espirado en alcoholímetro, en términos de lo
dispuesto por el artículo 19-Bis. Cuando éste se niegue a otorgar
muestra de aire espirado se remitirá al Ministerio Público, y se le
practicará un examen pericial clínico médico.
Al conductor reincidente, además de la sanción que se refiere el primer
párrafo del presente artículo, el conductor infractor deberá asistir a un
curso en materia de sensibilización, concientización y prevención de
accidentes viales por causa de la ingesta de alcohol o el influjo de
estupefacientes o psicotrópicos, ante la instancia que indique la
autoridad competente en materia de movilidad, tránsito y transporte.
La licencia o permiso del conductor podrá ser suspendido en los
términos del tercer párrafo del artículo 264 de este ordenamiento.
En caso de detectarse al conductor más de 130 miligramos de alcohol
por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro
de aire espirado, el conductor y el vehículo será puesto a disposición del
Ministerio Público para los efectos legales correspondientes.
La dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en materia de
movilidad, tránsito y transporte, integrará un registro de personas
sancionadas por la conducción de vehículos en términos previstos en el
presente artículo y del párrafo tercero del artículo 261 de esta ley.
Artículo 260.- Se sancionarán con multa equivalente a cien días de
salario mínimo general vigente en la zona económica correspondiente a
quien cometa las siguientes infracciones:
I. Preste servicios de transporte público sin contar con el permiso o la
concesión correspondiente;
II. Porte en un vehículo de uso particular los colores asignados por la
dependencia del ejecutivo del estado competente en materia de
Movilidad, Tránsito y Transporte, para las unidades de transporte público;
y
150
Artículo 261.- En caso de reincidencia en las infracciones previstas en el
presente capítulo, cometidas dentro de los tres meses siguientes, se
duplicará el importe de la multa correspondiente.
En caso de reincidencia de la infracción prevista en la fracción V del
artículo 255 de esta Ley, cometidas dentro de los treinta días siguientes,
se sancionará a elección del infractor, con arresto de doce horas, o dos
jornadas de trabajo en favor de la comunidad en materia de movilidad y
tránsito.
Tratándose de la infracción contenida en el artículo 259, a la persona
que reincidiere dentro del año siguiente a haber cometido la infracción,
además de la sanción económica, se le impondrá un arresto
administrativo inconmutable de 12 a 36 horas y, de volver a reincidir
dentro del año siguiente, independientemente de la sanción económica y
el arresto administrativo inconmutable, se le cancelará definitivamente su
licencia, y solamente podrá proporcionársele con los mismos requisitos
que deberá cumplir para la licencia nueva, hasta haber transcurrido dos
años de la cancelación, además de una investigación de trabajo social y
exámenes de toxicomanía y alcoholismo, que demuestren que el
interesado no es dependiente de bebidas embriagantes, ni
estupefacientes o psicotrópicos.
Por la reincidencia en las infracciones previstas en los artículos 252, 253,
255, 260 y 265 fracciones I y II, cometidas por conductores del servicio
público de transporte colectivo de pasajeros dentro de los 30 días
siguientes, la sanción se incrementará hasta en doscientos días de
salario mínimo general vigente en la zona en que se cometa la
infracción.
CAPÍTULO IV
De las Sanciones Administrativas
en Materia del Servicio Público del Transporte
Artículo 262.- Las infracciones en materia de transporte serán
sancionadas administrativamente por la dependencia del Ejecutivo del
Estado, competente en materia de movilidad, tránsito y transporte, en los
términos de esta Ley y su reglamento, y se aplicarán al concesionario,
permisionario, propietario o conductor del vehículo.
Todos ellos
responderán solidariamente del pago de la sanción.
151
La aplicación de las sanciones económicas se hará independientemente
de la determinación de la autoridad competente, de impedir la circulación
del vehículo con el que se haya cometido la infracción de que se trate.
Artículo 263.- Se sancionará con multa equivalente a diez días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica donde se cometan las
siguientes infracciones, en la operación de vehículos del servicio público
de transporte por:
I.
No coincidir la rotulación con el número de placas;
II.
Abastecer combustible con pasaje a bordo o con motor
encendido; y
III.
Al conductor del servicio de transporte público colectivo de
pasajeros por no contar con licencia de conductor de servicio
de transporte público vigente, expedida por la dependencia del
Ejecutivo del Estado, competente en materia de movilidad,
tránsito y transporte.
Artículo 264.- Se sancionará con multa equivalente a veinte días de
salario mínimo general, vigente en la zona económica en donde se
cometan las siguientes infracciones:
I.
Tratándose de vehículos de transporte colectivo, realizar viajes
especiales fuera de ruta, sin el permiso de excursión;
II.
Omitir los despachadores, los controles, o no proporcionar la
información que determine el reglamento de esta Ley;
III.
Los vehículos de itinerario fijo, circular fuera de la ruta
autorizada;
IV.
Los vehículos de carga pesada y los destinados al servicio
público foráneo, circular en zona prohibida;
V.
Negarse injustificadamente a recibir carga o a levantar pasaje;
VI.
No usar taxímetro o cobrar una cuota mayor a la que resulte de
aplicar la tarifa correspondiente;
VII.
Aplicar condiciones diferentes de las autorizadas en la
prestación del servicio; y
152
VIII.
Incumplir lo establecido en el artículo 104 fracción II.
Artículo 265.- Se sancionará con multa equivalente a treinta días de
salario mínimo general vigente en la zona económica que corresponda, a
quien cometa las siguientes infracciones:
I.
Proporcionar servicio público en localidad distinta de la
autorizada; y
II.
Realizar el servicio en vehículos distintos a los autorizados.
Artículo 266.- Los gafetes de identificación de operadores y conductores
de vehículos de servicio público, se suspenderán como sanción y por
resolución administrativa, cuando el operador o conductor:
I.
Se niegue a entregar al usuario el boleto correspondiente a la prestación del
servicio, o se omita precisar en el mismo cualquiera de los datos a que se refiere
el artículo 104, de esta Ley;
II.
Ofrezca un servicio especial y se niegue a proporcionarlo; y
III.
Oferte un descuento en el cobro, con relación a la tarifa correspondiente y no lo
haga efectivo.
En los casos antes previstos, la suspensión será hasta por seis meses.
Artículo 267.- En caso de que el operador, conductor o chofer haya
participado en dos o más accidentes viales y esté debidamente
acreditada su culpabilidad por la autoridad competente, causando
lesiones en las personas, de las que tardan más de quince días en sanar,
se le cancelarán de forma definitiva los gafetes señalados en el artículo
anterior.
Artículo 268.- La dependencia del Ejecutivo del Estado, competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, suspenderá como sanción y
por resolución administrativa, los gafetes de identificación de los
propietarios o legítimos poseedores de autos de alquiler o taxis, por las
causas siguientes:
I.
En lo conducente, por las señaladas en el artículo anterior; y
II.
Por no presentarse los conductores de los automóviles de sitio
a prestar el servicio en el lugar para el que fueron autorizados,
en los términos que señale el reglamento de esta Ley.
153
En cualesquiera de los casos antes descritos, la suspensión será hasta
por seis meses.
Artículo 269.- La licencia de operador o conductor de servicio público se
cancelará como sanción y mediante resolución administrativa, cuando se
incurra en violación de la tarifa autorizada, en los casos previstos por esta
Ley y el reglamento.
CAPÍTULO V
De las Infracciones, de su Calificación, Aplicación y
Ejecución de las Sanciones Correspondientes
Artículo 270.- Son Autoridades competentes de Movilidad, Tránsito y
Transporte, para el levantamiento de infracciones a esta Ley y su
Reglamento, su calificación y la aplicación de las sanciones
administrativas previstas:
I.
El Gobernador del Estado por conducto de la Dependencia competente en
materia de movilidad, tránsito y transporte, y específicamente, su Titular, el
Director Vial y personal operativo; Dirección Jurídica y Jueces Calificadores para
la Zona Metropolitana; y
II.
En los municipios, los presidentes municipales por conducto de
la dependencia competente en materia de movilidad y tránsito;
su personal operativo y los jueces municipales.
Artículo 271.- La ejecución de sanciones económicas se realizará
conforme a las atribuciones y procedimientos que establezcan las leyes
hacendarias y de ingresos aplicables, a través de:
I.
I .La Secretaría de Finanzas y sus dependencias recaudadoras; y
II.
Las tesorerías municipales y sus dependencias recaudadoras.
Cuando las dependencias a que se refiere la fracción I de este artículo,
ejecuten una sanción económica impuesta por los municipios, el fisco
estatal percibirá los gastos de ejecución y hasta un máximo del quince
por ciento de las multas y recargos, por concepto de gastos de
administración.
Artículo 272.- Las autoridades competentes, tanto para levantar
infracciones como para calificarlas y aplicar las sanciones
correspondientes, así como las medidas de seguridad que procedan,
154
deberán fundar y motivar su acto, notificarlo personalmente al infractor o,
en su caso, por medio de cédula, al infractor ausente.
Si en el procedimiento que sigan las autoridades para tomar
conocimiento de infracciones y ejecutar las sanciones administrativas
previstas en esta Ley, constatan actos u omisiones que puedan integrar
delitos, formularán la denuncia correspondiente al Ministerio Público.
Artículo 273.- El crédito fiscal derivado de una multa de carácter
administrativo, podrá pagarse sin recargo alguno, dentro de los treinta
días siguientes al de la notificación de la cédula de infracción; pero si el
infractor efectúa su pago dentro de los primeros quince días hábiles,
tendrá derecho a una reducción del cincuenta por ciento en el monto de
la misma; en el caso de que el pago lo haga del undécimo al vigésimo
noveno día, la reducción será únicamente del veinticinco por ciento.
Para el caso de la sanción económica a que se refiere el artículo 259
respecto a los reincidentes, los plazos a que se refiere esta
disposición, correrán a partir del día hábil siguiente al en que el
infractor debió asistir al curso a que se refiere el mismo artículo; en
cuyo caso, sólo mediante la presentación de la constancia de
asistencia se tendrá derecho a las referidas reducciones.
El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la secretaría encargada de
las finanzas, podrá celebrar convenios con establecimientos
comerciales para efectos de que reciban el pago de dichos créditos
fiscales, dentro del plazo ordinario que no genera recargo, aplicando en
su caso, los descuentos señalados.
Artículo 274.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario
de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no
excederá del equivalente a un día de su ingreso.
Artículo 275.- Cuando el infractor acredite ante la autoridad competente,
que no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la
propia autoridad podrá sustituirla, total o parcialmente, por la prestación
de jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Cada jornada de
trabajo, que no será mayor de tres horas, saldará un día de multa.
En los casos de sanciones alternativas en que el infractor opte por el
trabajo en favor de la comunidad, e incumpliere sin justificación en la
prestación del mismo, será sancionado con el arresto previsto en la otra
opción de la sanción.
155
Artículo 276.- Cuando se imponga un arresto administrativo, se
comunicará la resolución a la autoridad competente para que lo ejecute.
En el caso de que el arresto sea impuesto por la autoridad estatal, se
notificará al encargado de prevención social o de los lugares donde se
ejecuten los arrestos administrativos del municipio donde resida el
infractor, para su ejecución.
Sección 1
Del Fondo para la Movilidad No Motorizada
Artículo 277.- De los ingresos totales que el Estado obtengan
efectivamente de multas por infracción a las disposiciones relacionadas
en el Capítulo III del presente Título, se destinará el cuarenta y cinco
porciento a la formación de un fondo único general para generar
infraestructura y equipamiento para la movilidad no motorizada, así
como apoyo a Instituciones Públicas del Sector Salud que tengan
programas de atención a la población por afecciones respiratorias
ocasionadas por la mala calidad del aire.
Ingresará al citado fondo único general solamente el importe de las
multas efectivamente pagadas y que hubieren quedado firmes, salvo
que por ley estén destinados a otros fines. La distribución del fondo
general se hará en los términos que se señalan a continuación:
Artículo 278.- El fondo único al que se refiere el artículo anterior se
distribuirá bajo los siguientes criterios:
I. El cuarenta y cinco porciento del fondo único se destinará para el
equipamiento e infraestructura en materia de movilidad no motorizada;
II. El treinta y cinco porciento del fondo único se destinará al organismo
público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, el cual
deberá destinar los recursos íntegros del porcentaje que le
corresponden a los programas que genere para la atención de
problemas por afecciones respiratorias derivadas de la mala calidad del
aire; en caso de no contar con dichos programas llevará a cabo las
gestiones para transferir los recursos que le correspondan por el fondo
único al programa que se describe en la fracción III del presente
artículo; y
156
III. El veinte porciento restante del fondo, para el fideicomiso “Bosque
de la Primavera” o cualquiera que le sustituya, cuya finalidad sea para
la gestión integral del Bosque.
CAPÍTULO VI
De las Notificaciones
Artículo 279.- Las resoluciones que dicten las autoridades en la
aplicación de esta Ley, que afecten intereses de particulares, les serán
notificadas personalmente, conforme a las reglas establecidas en la Ley
que regule el procedimiento ante el Tribunal de lo Administrativo y sus
dependencias.
Artículo 280.- Para los efectos de esta Ley, el cómputo de los plazos se
sujetará a las reglas siguientes:
I.
Comenzará a correr a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la
notificación;
II.
Si los plazos están fijados en días, se computarán sólo los
hábiles, conforme el calendario oficial del Estado;
III.
Si están señalados en semanas, meses o años, o tienen una
fecha determinada para su extinción, se comprenderán los
días inhábiles; no obstante, si el último día de plazo o la fecha
determinada fuere inhábil, el término se prorrogará hasta el día
siguiente hábil; y
IV.
Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán
por el número de días que les correspondan, y los días se
entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas de las
veinticuatro a las veinticuatro horas.
CAPÍTULO VII
De la Inspección y Vigilancia
Artículo 281.- Las autoridades estatales de movilidad, tránsito y
transporte y municipales de movilidad y tránsito, en sus respectivas
esferas de competencia, a efecto de verificar el cumplimiento de esta Ley
y sus reglamentos, por parte de los titulares de concesiones o permisos y
prestadores del servicio de autos de alquiler o taxis, podrán ordenar y
realizar inspecciones de locales, instalaciones y vehículos destinados a la
prestación del servicio público de transporte o servicios conexos.
157
Artículo 282.- La autoridad competente podrá, en las visitas de
inspección que practique, verificar bienes, documentos y vehículos, con
el objeto de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables a la
operación del servicio público.
Artículo 283.- Los inspectores, para practicar visitas o verificación de
vehículos en operación, deberán estar provistos de orden escrita, con
firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la cual deberá
precisarse, en relación con el acto de inspección:
I.
La autoridad que lo ordena;
II.
Las disposiciones legales que lo fundamentan;
III.
El lugar o zona y fecha en donde deberá llevarse a cabo;
IV.
Su objeto y alcance; y
V.
Los vehículos o instalaciones que se ordena inspeccionar y
verificar.
Artículo 284.- Al iniciar la visita de inspección, el inspector deberá
identificarse; para ello, exhibirá credencial vigente con fotografía,
expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar
dicha función, así como la orden expresa a que se refiere el artículo
anterior, de la cual deberá dejar copia legible para el titular de la
concesión o permiso, o para su representante legal.
Artículo 285.- Los titulares de las concesiones o permisos, así como los
responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos,
instalaciones o vehículos objeto de la inspección, estarán obligados a
permitir el acceso y dar las facilidades e informes a los inspectores para
el cumplimiento de su función.
Artículo 286.- De toda visita de inspección se levantará acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona
con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique, si
aquélla se hubiere negado a proponerlos.
Artículo 287.- De toda acta de inspección se dejará copia a la persona
con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo
cual no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se
158
trate, siempre y cuando el inspector haga constar tal circunstancia en la
propia acta circunstanciada.
Artículo 288.- En las actas de inspección se hará constar:
I.
Nombre, denominación o razón social del visitado;
II.
Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
III.
Domicilio del lugar en donde se practique la visita, indicando la
calle, número, código postal, colonia, población, municipio y,
en su caso, teléfono u otra forma de comunicación disponible;
IV.
Número y fecha de la orden que motivó la inspección;
V.
Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la
diligencia;
VI.
Nombres y domicilios de las personas que fungieron como
testigos;
VII.
Datos relativos a la actuación;
VIII.
Declaración del visitado, si quisiere hacerla;
IX.
Nombres y firmas de quienes intervinieron en la diligencia; y
X.
En su caso, la mención de la negativa del visitado o de su
representante legal a designar a los testigos o a suscribir el
acta, con la prevención de que ello no afectará su validez.
Artículo 289.- Los titulares de concesiones o permisos, o sus
representantes legales, con quienes se practique o se haya practicado
una inspección, así como los prestadores del servicio de autos de alquiler
o taxis, podrán formular observaciones y ofrecer pruebas:
I.
En el mismo acto de la diligencia, lo cual deberá hacerse constar en el acta de la
misma; y
II.
Por escrito, dentro de un plazo de cinco días, contado a partir
de la fecha en que la autoridad que haya ordenado la visita de
inspección, les comunique el resultado de la misma.
159
Artículo 290.- En todo caso, la autoridad que practique la inspección,
deberá comunicar al visitado el resultado de la misma en un plazo no
mayor de quince días siguientes a la fecha en que se hubiere practicado
la visita de inspección. El incumplimiento de este requisito invalidará los
efectos de la misma que fueren adversos a los intereses del visitado y
producirá la responsabilidad a que haya lugar, para el servidor público
que intervino.
CAPÍTULO VIII
De los Medios de Defensa
Artículo 291.- Las resoluciones y acuerdos administrativos, así como las sanciones por
infracciones a esta Ley y su reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o
faltos de motivación, podrán ser impugnados mediante el recurso de inconformidad que
deberán hacer valer por escrito, dentro de los veinte días hábiles contados a partir de aquél en
que sean notificados o del que tengan conocimiento de la resolución, acuerdo o infracción de
que se trate; o bien, mediante juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
Artículo 292.- Procede la inconformidad:
I.
Contra los actos de autoridades que impongan las sanciones a que esta Ley se
refiere y que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas; y
II.
Contra los actos de autoridades administrativas que los
interesados estimen violatorios de esta Ley.
Es optativo para el particular, agotar la inconformidad como medio de
defensa o promover juicio ante el Tribunal de lo Administrativo.
Artículo 293.- La inconformidad deberá interponerse ante la propia
autoridad que emitió la resolución impugnada, dentro del plazo de veinte
días, computado a partir de la fecha en que fuere notificada la sanción o
la medida de seguridad; o de la fecha en que la resolución se notifique o
se haga del conocimiento del o los interesados, conforme a las
disposiciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 294.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, firmada
por el afectado o por su representante debidamente acreditado. El escrito
deberá indicar:
I.
El nombre y domicilio del inconforme afectado y, en su caso, de quien promueve
en su nombre. Si fueren varios los recurrentes, deberán señalar un
representante común;
160
II.
El interés jurídico con que comparece;
III.
La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado;
IV.
La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el
afectado que tuvo conocimiento de la resolución que impugna;
V.
La mención precisa del acto de autoridad que motive la
interposición de la inconformidad;
VI.
Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la
resolución o acto que se reclama;
VII.
Las pruebas que ofrezca; y
VIII.
El lugar y fecha de la presentación de la inconformidad.
Artículo 295.- Al escrito de inconformidad, se deberá acompañar:
I.
Identificación y los documentos que acrediten su personalidad, cuando actúe en
nombre de otro o de personas jurídicas;
II.
El documento en que conste el acto impugnado;
III.
Constancia de notificación del acto impugnado, excepto
cuando el promovente declare bajo protesta decir verdad que
no la recibió; y
IV.
Las pruebas documentales que ofrezca.
Artículo 296.- La inconformidad suspenderá la ejecución de las
sanciones. Las autoridades encargadas de resolver este medio de
defensa, a petición del interesado y sin mayores requisitos que los
exigidos por la Ley de Amparo en materia de suspensión, estarán
facultadas para ordenar que las cosas se mantengan en el estado que
guardan, comunicándolo por la vía más rápida a las responsables, con el
fin de evitar la ejecución inmediata de la resolución o del acto que se
impugna, facilitando copia del acuerdo al promovente de la
inconformidad.
Artículo 297.- Cuando se trate del levantamiento de infracciones de
tránsito, o de la imposición de sanciones por el mismo motivo, las
autoridades encargadas de resolver las inconformidades, una vez que las
hayan admitido, las resolverán de plano, si aparece de manera obvia e
161
indubitable la ilegalidad de la infracción, o bien, cuando el interesado se
conforme con la calificación del Juez o autoridad.
Cuando se pretenda combatir otro tipo de resoluciones o actos con
motivo de la aplicación de esta Ley, las autoridades encargadas de
resolver la inconformidad, una vez que la hayan admitido, proveerán
desde luego al desahogo de las pruebas. Al efecto se señalará un
término de veinte días que podrá ser ampliado hasta por treinta días, si
por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la autoridad considera
insuficiente el primer plazo.
Artículo 298.- Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas,
si las hubiere, se dictará resolución en un plazo no mayor de veinte días,
en la que se confirme, modifique o revoque la resolución impugnada.
Dicha resolución se notificará al interesado.
Artículo 299.- En contra de la resolución dictada por la autoridad, para
resolver la inconformidad interpuesta, procederá el juicio ante el Tribunal
de lo Administrativo o sus dependencias.
Artículo 300.- El Tribunal de lo administrativo basará sus resoluciones de
conformidad con lo señalado en la presente Ley, en la Constitución
Política del Estado de Jalisco y en la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco.
TRANSITORIOS
Primero.- Se deroga la Ley de los Servicios de Vialidad,
Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco y todas aquellas
disposiciones en materia de vialidad contravengan la presente ley.
Segundo.- La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.
ATENTAMENTE
“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”.
Guadalajara, Jalisco a 06 de junio de 2013.
_______________________________
162
DIP. SALVADOR ZAMORA ZAMORA
_____________________________
DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH
_______________________
DIP. CELIA FAUSTO LIZAOLA.
_________________________
DIP. JULIO NELSON GARCÍA
SÁNCHEZ
_______________________
DIP. VERONICA DELGADILLO
GARCÍA
_______________________
DIP. JOSÉ TRINIDAD PADILLA
LÓPEZ.
La presente hoja de firmas pertenece a la iniciativa de Ley que crea la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Jalisco
sus Áreas Metropolitanas y sus Municipios, presentada por los Diputados SALVADOR ZAMORA ZAMORA, JOSÉ
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, VERONICA DELGADILLO GARCÍA, CELIA FAUSTO LIZAOLA, JOSÉ GILDARDO
GUERRERO TORRES, JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ y JULIO NELSON GARCÍA SÀNCHEZ, integrantes de la LX
Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco el día 06 de junio de 2013
163

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