CAUSA Nº2719 CCALP “GARCIA, YESICA C/IOMA S/AMPARO”

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CAUSA Nº2719 CCALP “GARCIA, YESICA C/IOMA S/AMPARO”
CAUSA Nº2719 CCALP “GARCIA, YESICA C/IOMA S/AMPARO”
En la ciudad de La Plata a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil siete,
reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata,
en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “GARCIA, YESICA C/IOMA
S/AMPARO“, en trámite ante el Tribunal de Menores Nº5 del Departamento Judicial La
Plata (expte. nº72.365), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden
de votación: señores jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gustavo Daniel Spacarotel y
Claudia A.M. Milanta. El Tribunal resolvió plantear las siguientes
CUESTIONES
Primera: ¿Es justo el pronunciamiento apelado?
Segunda: ¿Es fundado el recurso de apelación de fojas 121/123?
VOTACION
A la primera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
1. La titular de la Asesoría de Menores nº 2 de este Departamento judicial
promueve acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia
(IOMA), en nombre de Yésica García quien, así representada, reviste calidad de parte
actora.
Por la vía de excepción que articula (art. 20 inc. 2 CPBA), procura que la entidad
asistencial demandada la reincorpore en la afiliación a fin de mantener continuidad en el
tratamiento terapéutico que detalla.
Informa que, la negativa a su reclamo obedecería a la patología previa que
presenta, de acuerdo a lo establecido por la auditoría médica que, a ese efecto, le habría
sido practicada.
Abona su petición con la cita de los artículos 36 inciso 8 de la Constitución de la
Provincia y 19 de la ley 10.592, encontrando en ellas el fundamento para estimar la
infracción jurídica que le censura a la obra social del estado provincial.
Asimismo, se abastece en el lapso de afiliación, que reconocería desde el año
1992.
Finalmente, señala las consecuencias que, afirma, podría sufrir de discontinuarse
el tratamiento que cursa en el “Hogar Al Andaluz”.
2. A fojas 20/22 toma intervención la parte demandada a través del representante
fiscal.
Produce el informe circunstanciado del artículo 10 de la ley 7166 agregando el
expediente administrativo nº 2914-4938/05.
De sus constancias resulta que la menor fue afiliada voluntaria indirecta del Sr.
Jorge Bakas, durante el período que corre del 21 de junio de 2001 hasta el 1º de
diciembre de 2004, oportunidad ésta última en la que el nombrado afiliado directo
voluntario y esposo de la guardadora cesara en esa condición.
También se informa acerca de las razones del resultado negativo de la reafiliación, tramitada para Yésica García por expediente administrativo nº 102.717/05.
Se provee detalle de esa circunstancia en el vencimiento del plazo de renovación
de la afiliación, operado a los sesenta días del antecedente afiliatorio mencionado
(01.12.04) y, consecuentemente, en la necesidad, a partir de ese evento, de acreditar la
ausencia de patologías preexistentes en el postulante.
La inclusión, entre las causas inhibitorias del reingreso de la que registraría Yésica
García, lleva a la obra social a sostener el rechazo que motiva la acción de amparo.
Esa denegatoria se apoya en las resoluciones nº 438/04 y 439/04, en particular en
el anexo I de la primera, en cuanto comprende la situación de la parte actora (fs. 26/30
expdte. administ. cit.), según así lo afirma la entidad administrativa requerida.
Así las cosas queda trabada la litis.
3. A fojas 93/94 la juez de la causa dicta sentencia.
Por ella, hace lugar a la acción de amparo promovida y ordena la re-afiliación
definitiva de Yésica García.
A fojas 96 impone las costas a la vencida (art. 25 ley 7166).
Para decidir en esa dirección y por todo fundamento, la juez a-quo se abastece de
los argumentos que informaran el criterio de la mayoría de este tribunal en ocasión de
confirmar la medida cautelar adoptada en el proceso (ver resol. de fs. 67/69). Le confiere,
a ese decisorio, “alcances preclusivos”.
No obstante, abunda al considerar diferente la situación de quien clama por una
nueva afiliación, respecto de aquél que peticiona la continuidad del beneficio.
En ese pormenor encuadra su juicio relativo a la arbitrariedad manifiesta de la
actuación sujeta a controversia.
Se agravia, a fojas 98/107 la parte demandada por recurso de apelación cuya
admisibilidad resulta a tenor de lo dispuesto por el artículo 18 de la ley 7166. Y, la
competencia de esta cámara para tratarlo y resolverlo del artículo 19 del mismo cuerpo
legal adjetivo.
A esa labor me encamino.
4. Juzgo procedente el recurso articulado por la parte demandada.
En efecto, aprecio un primer error de juzgamiento en la extensión que le confiere la
juez de la causa a los fundamentos con los que, la mayoría de este tribunal sustentara su
exégesis favorable a la medida cautelar decretada en ella.
Y, ello así, por cuanto, el marco de esa valoración siempre es preliminar y de mera
aproximación. Así, nunca puede comprender un resultado final de certeza, luego de
transcurridos los andariveles adjetivos del proceso.
Para esa última hermeneútica, de la que no puede escapar el juzgador con
remisiones a noveles etapas de apreciación periférica, las consideraciones de esta
cámara, no resultan suficientes para inferir un juicio de la trascendencia y gravedad como
el que supone la acción cursada.
No es óbice para ello ni siquiera el ingreso en las cuestiones de fondo que se le
atribuye al pronunciamiento de fojas 67/69.
Un segundo aspecto, también de erróneo juicio, es el consistente en la incorrecta
apreciación de las circunstancias fácticas que rodearan la singular situación de la
amparista.
Desde la misma hipótesis que construye como argumento de sostén la sentencia
en crisis, en cuanto revela una diferente condición para quien renueva su afiliación
respecto de aquél que intenta obtenerla por primera vez, surge la insuficiente ponderación
que destaco.
En efecto, luego de transcurridos los sesenta días del cese del afiliado voluntario
directo, del cual sostenía su relación indirecta voluntaria la menor, su situación es
equivalente a la de una nueva afiliación pues, media solución de continuidad entre un
evento y otro.
Distinto podría haber sido el resultado del planteo si es que el requerimiento
hubiera acontecido dentro de ese plazo, expresamente previsto por las disposiciones
reglamentarias del IOMA e informado suficientemente por ella en la oportunidad procesal
apuntada párrafos más arriba ( conf. dec. 7881/84 y const. de fs. 8, 17 y 26/30 expdte.
administ. cit.).
Cabe destacar que, ese último aspecto no ha sido motivo de controversia, como
tampoco ha recibido embate el marco reglamentario aplicado por el IOMA para decidir la
especie.
Pues bien, transcurrido el término de dispensa para considerar sin solución de
continuidad a la re-afiliación, todo acontecimiento posterior recibe la respuesta de
carencias y de inhibiciones pre-existentes en que basa su denegatoria la entidad
demandada.
Sentado lo expuesto no encuentro, en la actividad administrativa desplegada,
rasgos de infracción jurídica manifiesta por lo que, ausente ese necesario extremo de
procedencia, la acción no puede prosperar (conf. art 20 inc. 2 CPBA y 1, 2 y concs. ley
7166).
Esa solución no impide la posibilidad, para la parte actora, de transitar los cursos
ordinarios de composición para replantear su caso, si es que logra sortear la admisibilidad
que es menester acreditar (conf. arts. 1, 2, 12, 13, 14, 16, 18 y concs. ley 12.008, conf.
art. 17 ley 7166).
El cúmulo de razones expuestas me convence de la respuesta por la negativa a la
primera cuestión.
Por ello, propongo:
Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada y revocar la
sentencia atacada, en todo cuanto ha sido materia de agravio (arts. 20 inc. 2 CPBA, 1, 2,
18, 19 y concs. ley 7166).
Las costas del proceso, en ambas instancias, a la parte actora vencida en juicio
(arts. 20 y 25 ley 7166 y 274 del CPCC).
A ese efecto, corresponderá adecuar la regulación de honorarios practicada a fojas
96, al resultado que auspicio (art. 20 ley 7166 y art. 274 del CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I.- Discrepo con los fundamentos y solución que propone el colega que me
precede en voto.
II.- En efecto, ello así, por las siguientes consideraciones que estimo menester
concurren para confirmar la sentencia de grado.
a) En primer término, he de expresar que en relación al carril formal de la acción
intentada, he sostenido reiteradamente (ver causa “Casa Cabrera”, CCALP Nº 125, sent.
del 3-8-05; nº 1927, “Randazzo”, sent. del 13-12-05; entre otras), que cuando se está en
presencia de una violación constitucional manifiesta y el derecho conculcado tiene la
jerarquía y proyección del que interesa en autos, el remedio excepcional del amparo luce
como el procedimiento más adecuado para poner la situación jurídica en su quicio, sin
que se justifique que por un mero prurito formal se obligue al afectado en sus derechos
más esenciales a remontar un pleito de conocimiento. Es que, la finalidad fundamental de
la pretensión objeto del amparo consiste en reparar, con la mayor urgencia posible, la
lesión a un derecho constitucional de particular entidad (L.E. Palacio, "Derecho Procesal
Civil", t. VII, p. 137).
Y no hay dudas de que el derecho cuya protección se pretende, en tanto
compromete la salud e integridad física de las personas (Fallos 302:1284), tiene rango
constitucional (art. 75 inc. 22) y está reconocido por convenciones internacionales (art. 25
inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12 inc. 2 ap. d), del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ley 23313).
Por lo demás así lo ha entendido la doctrina sosteniendo que “la acción de
amparo" como Ley provincial nº 7166 t.o. ley 7261 en concordancia con las previsiones de
los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23, CN.; arts. 20, 36 inc. 8, 38 y concs., Const. Prov. Bs. As.,
según reforma del año 1994, "resulta la vía idónea para la efectiva protección del derecho
a la vida como a la salud y la integridad psicofísica", aún cuando con anterioridad a dicho
proceso de reforma constitucional, dicha protección se infería de una interpretación
dinámica y axiológica de la Constitución histórica (Germán J. Bidart Campos, "Una
prestación de salud justamente discernida por la vía de amparo" y en LL 1991-D-77 con
nota aprobatoria de Susana Albanese, titulada "El amparo y el derecho adquirido a una
mejor calidad de vida"; ídem, en causa "Servicio de Salud Mental del Hospital Interzonal
General de Agudos s/ Acción de Amparo" -ver Gherssi "Bioética y Derechos Humanos.
Temas y casos", Ed. Depalma, 1999, 2ª parte, cap. III, p. 171 y ss. con notas aprobatorias
de Augusto Mario Morello, "Bioética y amparo", Miguel A. Padilla, "Legitimación activa en
el amparo surgida de la incapacidad del afectado" y Néstor Pedro Sagüés, "En torno al
SIDA: nuevas proyecciones de la acción de amparo"; LL Bs. As., año 5, n. 3, del 3/4/98, p.
337 y ss., con nota de Eduardo Luis Tinant, titulada "Bioamparo, terapia límite y
dialógica").
En ese contexto, estimo viable la vía procesal escogida, en tanto en las presentes
se muestra comprometido el interés superior de una menor, cuya tutela encarece,
elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía
constitucional con arreglo al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (v. doctrina
Fallos 318:1269; 322:2701; 323:854; 325:292, entre otros).
Al respecto corresponde recordar que el derecho procesal y el proceso en sí
mismo, las formas y modos rituales en que él se vertebra, no tienen otro fin que actuar
como instrumentos para el debate y el reconocimiento de los derechos sustanciales y el
resguardo de las garantías constitucionales. Poco y nada se necesita para prontamente
advertir que esta función del proceso se agudiza, hasta alcanzar su máximo de
instrumentalidad, cuando el mismo es puesto al servicio del interés superior del niño, cuya
consideración primordial se impone a toda institución o autoridad, incluida entre ellas las
judiciales (art. 3º, "Convención de los Derechos del Niño”).
Y es obvio que la debida atención y satisfacción de ese supremo interés no
pueden frustrarse sin mayor análisis, atendiendo pura y exclusivamente el agravio
inherente a la idoneidad o inidoneidad de la vía elegida.
Por ser ello así, el análisis de los recaudos de admisibilidad de la acción de
amparo, deben ser analizados con delicada prudencia, ello a los fines de no pecar por
arbitrariedad en la decisión, mediante un injustificado rigor formal que no se compadece
con los fines del amparo, ello máxime cuando se alega la afectación de los derechos
fundamentales esgrimidos por la accionante (arts. 75º inc. 22 de la Constitución Nacional,
y arts. 20, 36, inc. 8º, de la Constitución Provincial).
Lo expuesto justifica la decisión de grado y su conformidad con las constancias de
la causa, toda vez que el transcurso del tiempo y la adopción de otro derrotero procesal
enderezado al cumplimiento y operatividad de un derecho natural, generan el riesgo
plausible de agravamiento en la salud de la menor, resultando en tal sentido menester
conformar el tiempo cronológico en el que se desenvuelve la vida del ser humano
convencional, con el tiempo vital en el que se desarrolla la existencia de la persona
aquejada por una contingencia en la salud, que la colocan naturalmente en un estado
desigualitario con el resto de la sociedad, extremos que justifican un tratamiento singular
frente a la vulnerabilidad del ser humano ante enfermedades y accidentes, máxime
cuando se encuentra en juego la vida de la persona.
b) En lo atinente a la garantía constitucional alegada y su vulneración ha de
expresarse que en relación al derecho comprometido, esto es la salud, en su más amplia
manifestación, como derecho inherente a la condición humana del ser, corresponde
recordar que numerosos instrumentos de Derecho Internacional reconocen el derecho del
ser humano a la salud. Así, el párr. 1º del art. 25, Declaración Universal de Derechos
Humanos; el art. 12 PIDESC (el más exhaustivo del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos sobre el derecho a la salud). Además, este derecho se reconoce, en
particular, en el inc. iv del ap. e del art. 5, Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial (LA 1994-B-1655), de 1965; en el ap. f del
párr. 1º del art. 11 y el art. 12 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (LA 1994-B-1669), de 1979; así como en el art. 24,
Convención sobre los Derechos del Niño (LA 1994-B-1703), de 1989, plenamente
aplicable al caso por la condición de menor de la doliente.
El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros
derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta
Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al
trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la
igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la
libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan
los componentes integrales del derecho a la salud.
Por lo demás, no es del caso desconocer que el IOMA se rige por la ley 6982, que
orienta su cometido a la planificación de un sistema sanitario asistencial para todo el
ámbito de la provincia, de carácter abierto y arancelado, y determina por medio de su
reglamentación, operada por decreto nº 7881/84, acceder a la afiliación voluntaria a
personas que hicieren uso de la opción, incorporando en forma indirecta a los hijos
solteros menores de 18 años (art. 19). El art. 18 por su parte, reza que “serán afiliados
voluntarios: b) los ex afiliados en general que no hayan sido objeto de sanción por el
IOMA y la medida, alcance y condiciones que prevea la reglamentación”, es decir bajo el
cumplimiento de “…los requisitos y condiciones que para cada caso el Directorio
establezca” (art. 18 part. IV dcto. regl. cit.).
Ahora bien, sin perjuicio de la vigencia de la reglamentación operada por
Resolución nº 438 (B.O. 29.4.04), esto es con anterioridad al pedimento administrativo
reafiliatorio, en el caso deviene francamente irrazonable, oponer el escollo de
“enfermedad preexistente”, para impedir el acceso a la obra social, de una menor cuya
discapacidad es justamente la misma que, bajo la vigencia de la afiliación, determinó la
protección asistencial del IOMA.
En efecto, a los argumentos arrimados en la oportunidad de confirmarse la
resolución que acogió la medida cautelar dictada en autos -los que resultan extensibles
para el rumbo final de la causa sin perjuicio de que, como lo estima adecuadamente el Dr.
De Santis, fueron aportados en un marco precautorio-, cabe agregar que no constituyen
razones suficientes aquellas que intentan demostrar la negligencia de la parte actora, en
su condición de afiliado voluntario directo, en solicitar la reafiliación en el plazo previsto
por la reglamentación del IOMA, toda vez que la obra social, al denegar dicha cobertura,
no aportó ningún fundamento fáctico ni hubo de ponderar algún razonamiento lógico que
aborde consecuencias que denoten otro límite distinto que la “enfermedad preexistente” ó
“patología previa” (ver fs. 38 –fs. 8 del expte. adm. nº 2914-4938/05), la que, cabe aclarar,
resultaba plenamente conocida por la obra social, es decir no era “nueva”.
Ello así, debe remarcarse que, en la especie, no está en discusión una afiliación
nueva sino el restablecimiento de una afiliación interrumpida, por lo que las circunstancias
tomadas en cuenta por la autoridad demandada para arribar al criterio denegatorio
adoptado, deben ser analizadas con delicada prudencia, ello a los fines de verificar si la
decisión fue efectuada con arbitrariedad.
Al respecto, se advierte, por parte de la accionada, un injustificado rigor formal que
no se compadece no sólo –principalmente- con las características propias de afiliada
indirecta de la menor –apuntadas ut supra-, sino también con el cometido del IOMA
orientado, como se dijo más arriba, a la planificación de un sistema sanitario asistencial
para todo el ámbito de la provincia, de carácter abierto y arancelado.
De esta forma, sin perjuicio de la posible “demora” que pueda imputársele al
afiliado directo de solicitar la reafiliación ó “reincorporación” en el plazo previsto por el art.
18, punto V, del decreto nº 7881/84, la aplicación en el caso de autos del límite de
“enfermedad “preexistente” reluce irrazonable, dado que al otorgársele cobertura en forma
prolongada –previo al nuevo pedimento administrativo de marras- por padecer la menor la
discapacidad que ahora se alega como “preexistente”, el temperamento denegatorio
adoptado le impediría la cobertura asistencial de por vida, toda vez que, con
prescindencia a su diagnóstico, siempre será “preexistente” en los sucesivos
requerimientos administrativos que quiera efectuar.
Por lo expuesto, he menester observar que el obrar administrativo adoptado, en
relación a la interpretación limitativa del marco reglamentario que rige a la obra social
demandada, desamparando a la menor de cobertura asistencial, se muestra
ostensiblemente arbitrario, es decir, violatorio del principio de razonabilidad, el que
constituye un principio general del derecho (creación doctrinaria y jurisprudencial con
fundamento en los preceptos de los arts. 28 y 33 de la CN).
En este sentido, ha de expresarse que el ejercicio de facultades discrecionales a
las que alude el quejoso, tiene un límite consustancial derivado del mencionado principio
de razonabilidad, que se erige, -específicamente-, como límite a la discrecionalidad
administrativa, en tanto su control implica verificar -además de los requisitos ineludibles
de fin público, medio adecuado y no iniquidad manifiesta- la presencia de circunstancias
justificantes. Esto es, se advierte que la restricción impuesta a los derechos humanos en
modo alguno se muestra justificada por los hechos que le den origen" (SCBA. Causa B
55237, 14/9/1999; cfr. mi voto en la causa nº 2018, “Gil”, CCALP, sent. del 11-07-06).
VI. En conclusión, por las especiales características de la causa considero que no
le asiste razón al apelante, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación de fs.
98/107vta., y confirmar la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de agravios (arts.
28, 43, y 75 inc. 22 y 23 de la Const. Nacional; 20, inc. 2, 36, de la Constitución Provincial;
1, 2, 18, 19 de la ley 7166), votando a la primera cuestión planteada por la afirmativa.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Adhiero a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en
igual sentido.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Conforme al resultado con el que proveo de solución a la primera cuestión,
interpreto que, tratándose las costas de un accesorio, corresponde seguir el criterio de la
vencida para imponerlas. Por ello, consecuente con la decisión que he auspiciado para lo
principal propongo su imposición a la actora (art. 25 ley 7166).
En cuanto a la regulación de honorarios su ajuste a la pauta del artículo 49 del
decreto ley 8904/77 me lleva a propiciar su confirmación.
No obstante he de ceñirme al criterio expuesto en precedentes de este mismo
tribunal en cuanto a dejar a salvo que la confirmación de la regulación de fojas 96 no
implica pronunciamiento alguno respecto del obligado al pago (conf. doct. causas CCALP
nº 266, res. 30.08.05, CCALP nº 635, res. 13.10.05, CCALP nº 1076, res. 27.10.05, entre
otras).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
a) En primer término, en lo relativo a la imposición de las costas a la vencida,
decidida por el a quo por resolución de fs. 96, cuestionada por la recurrente a fs.
121/123vta., cabe señalarse que dicho temperamento se encuentra comprendido dentro
de las pautas establecidas por el artículo 25 de la ley 7.166, por lo que no corresponde
apartarse del criterio prohijado a ese respecto por el magistrado de grado, por resultar
ajustado a derecho (arts. 18, 19, 20 y 25, primera parte, ley 7166).
Ello, por cuanto en materia de costas el ordenamiento procesal adhiere al principio
general en cuya virtud la parte vencida en el juicio debe ser condenada a pagar los gastos
en que incurrió la contraria, entendiendo por parte vencida a la que obtiene un
pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el
proceso y, desde que el vencimiento no requiere la existencia de una efectiva discusión o
controversia, cuadra hablar de actor victorioso cuando su pretensión es admitida y de
demandado vencido cuando su oposición no corre con la misma suerte de aquel.
Pues, toda vez que el pedimento inicial fue acogido favorablemente, y la
reclamación progresó en lo sustancial y sólo la parte demandada reviste la calidad de
vencida, debe ésta, por tanto, soportar las costas del juicio (SCBA, L 44072 S 18-9-1990 ,
Juez SALAS (SD)).
De acuerdo a lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso de
apelación interpuesto y confirmar la resolución de fs. 96, en cuanto al agravio relativo a
las costas (arts. 18, 19, 20 y 25, primera parte, ley 7166).
b) Por su parte, en cuanto al agravio relativo a la regulación de los honorarios
profesionales a la Defensora Oficial Dra. Laura Ozafrain efectuada por el a quo, por medio
de la citada resolución de fs. 96, cuadra advertir que el Tribunal ha resuelto que el
representante o patrocinante de un interés particular que hubiera intervenido en un
proceso en calidad de integrante del Ministerio Público Fiscal y, por ende, del Poder
Judicial (arts. 1, 2, ley 12.061), al resultar vencedor en el ejercicio de su legitimación, tiene
derecho a la regulación de honorarios profesionales en la causa por la labor desarrollada
(art. 8 de la ley 12.061 -B.O. 8-1-98-), con arreglo a la ley de arancel vigente y con destino
a la cuenta especial prevista en el art. 7 in fine de la ley 12.061, dejando a salvo que tal
pronunciamiento no implica expedirse respecto del obligado al pago, por tratarse de una
cuestión ajena al auto regulatorio (cfr. doc. causas C.C.A.L.P. n° 266 "Cuichi Covicchi" ,
res. del 30-8-05; nº 635, “Scopel”, res. del 13-10-05; nº 1076, “Sosa”, res. del 27-10-05;
entre otras).
Asimismo, en cuanto al planteo subsidiario de la recurrente por la que considera
“altos” los honorarios profesionales regulados a la Defensora Oficial Dra. Laura Ozafrain,
ha de señalarse que los mismos fueron fijados en la suma de pesos SETECIENTOS
SESENTA ($ 760), con sustento en el art. 49 del dec.ley 8904/77.
Ese monto resulta ajustado a la pauta establecida por el art. 49 de la ley
arancelaria, sin que se advierta que en tal determinación hubiese mediado ponderación
que merezca reparo.
Por lo tanto, estimo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto
y confirmar la regulación de honorarios de fs. 96 (arts. 49, 57 y concs., decreto-ley
8904/77).
En atención a lo expuesto, a la segunda cuestión planteada, voto por la negativa.
Así lo voto.
Por todo lo expuesto, propicio:
a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto, a fs. 98/107vta., por la Fiscalía de
Estado y confirmar el fallo recurrido, en cuanto ha sido motivo de agravios (arts. 28, 43, y
75 inc. 22 y 23 de la Const. Nacional; 20, inc. 2, 36, de la Constitución Provincial; 1, 2, 18,
19 de la ley 7166).
b) Rechazar el recurso de apelación interpuesto, a fs. 121/123vta. por la Fiscalía
de Estado y confirmar la resolución de fs. 96, en cuanto al agravio relativo a las costas
(arts. 18, 19, 20 y 25, primera parte, ley 7166).
c) Rechazar el recurso de apelación interpuesto, a fs. 121/123vta., por la Fiscalía
de Estado y confirmar la resolución de fs. 96, en cuanto al agravio relativo a los
honorarios (arts. 1, 2, 7 y 8, ley 12.061; 49, 57 y concs., dec-ley 8904/77).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Adhiero a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en
igual sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo
Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede,
1) Por mayoría, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de
Estado (fs. 98/107vta.) y se confirma la sentencia de grado en cuanto ha sido motivo de
agravios (arts. 28, 43, y 75 inc. 22 y 23, Const. Nac.; 20, inc. 2, 36, Const. Prov.; 1, 2, 18 y
19, ley 7.166).
2) Por mayoría, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de
Estado (fs. 121/123vta) y se confirma la resolución de fs. 96, en cuanto al agravio relativo
a las costas (arts. 18, 19, 20 y 25, primera parte, ley 7.166).
3) Por mayoría, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de
Estado (fs. 121/123vta.) y se confirma la resolución de fs. 96, en cuanto al agravio relativo
a los honorarios (arts. 1, 2, 7 y 8, ley 12.061; 49, 57 y concs., dec-ley 8904/77).
4) Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios de
la Dra. Laura Ozafrain, en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($228),
monto al que se deberá adicionar el 10% (arts. 10, 15, 31, 49, 54, 57 y concs., dec-ley
8904/77; 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modif.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por
Secretaría.
Firmado: Gustavo Daniel Spacarotel. Juez. Gustavo Juan De Santis. Juez. Claudia A.M.
Milanta. Juez. Griselda S. Picone. Secretaria. Registrado bajo el nº 284 (S)

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