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STC number: 212
Sistema de listas positivas de límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas,
medicamentos veterinarios y aditivos para piensos
Maintained by:
Japón
Raised by:
China; Estados Unidos de América
Supported by:
Australia; Filipinas
First date raised:
marzo 2005 G/SPS/R/36/Rev.1, paras. 19-21. See also STC 267 and
STC 283
Dates subsequently
raised:
octubre 2005 (G/SPS/R/39, paras. 49-51)
junio 2006 (G/SPS/R/42, paras. 22-24)
junio 2009 (G/SPS/R/55, paras. 36-38)
octubre 2009 (G/SPS/R/56, paras. 50-52)
marzo 2010 (G/SPS/R/58, paras. 31-32)
junio 2010 (G/SPS/R/59, paras. 37-38)
octubre 2010 (G/SPS/R/61, paras. 37-38)
junio 2011 (G/SPS/R/63, paras. 178-180)
octubre 2011 (G/SPS/R/64, paras. 55-56)
9
Number of times
subsequently raised:
Relevant
document(s):
Products covered:
Planteada oralmente.
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Primary subject
keyword:
Subject keywords:
Inocuidad de los alimentos
Status:
Parcialmente resuelta
Solution:
Resolución parcial se aplica a China únicamente.
Date reported as
resolved:
16 octubre 2013
Food safety - ES; Human health - ES; International Standards /
Harmonization - ES
Extracts from SPS Committee Meeting summary reports
En marzo de 2005, China informó que la cuestión relativa a la modificación por el Ministerio de
Salud, Trabajo y Bienestar Social del Japón de los límites máximos de residuos (LMR) de
plaguicidas, medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios se había debatido en una reunión
bilateral. Si bien la medida aún no se había notificado al Comité MSF, el Japón había solicitado la
opinión de los departamentos y comunidades empresariales pertinentes de China en relación con
la modificación propuesta en 2004. A China le preocupaba que la propuesta de adopción de un
único límite normativo de 0,1 ppm (partes por millón) para los cerca de 700 tipos de plaguicidas,
medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios respecto de los cuales no se había establecido
un límite específico de residuos pudiera comprometer las exportaciones de hortalizas de China al
Japón. Aunque China respetaba el derecho del Japón a proteger la salud pública, esperaba que al
hacerlo evaluara las posibles repercusiones de esa modificación en las exportaciones al país,
ofreciera oportunidades de debatir los resultados de la evaluación y examinara soluciones para
reducir al mínimo dichas repercusiones, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo MSF.
China esperaba también que el Japón proporcionara la evaluación del riesgo basada en
conocimientos científicos que había conducido a la modificación de los LMR. En caso de
presentarse alguna notificación relacionada con esa cuestión en el futuro, el Japón debía ofrecer un
período de observaciones de al menos 60 días contados a partir de la fecha de distribución, y
prorrogarlo previa petición. El representante de China solicitó además que, cuando se especificara
el plazo para la aplicación formal de la modificación propuesta, el Japón ofreciese un período
adecuado de adaptación de conformidad con la decisión adoptada en la reunión ministerial de
Doha. Finalmente, el representante de China pidió aclaraciones sobre los métodos japoneses de
detección de residuos.
Las Filipinas compartía las preocupaciones de China sobre esa cuestión, y pidió información
pertinente al Japón con el fin de evaluar las posibles repercusiones de la modificación propuesta en
las exportaciones de Filipinas a ese país.
El Japón aclaró que el nuevo sistema de lista positiva del Japón, basado en la Ley revisada de
higiene alimentaria, tenía por finalidad reglamentar la distribución de alimentos que contenían
productos agroquímicos, medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios respecto de los cuales
aún no se habían establecido LMR. Antes de que entrara en vigor el sistema de lista positiva, el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social comprobaría si sus LMR provisionales eran
conformes a las normas del Codex Alimentarius. Las preocupaciones de China con respecto al
período de observaciones y el período de aplicación se transmitirían a las autoridades competentes
del Japón.
En octubre de 2005, los Estados Unidos informó de que en junio de 2005 el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar del Japón (MHLW) había notificado su proyecto final de miles de nuevos límites
máximos de residuos (LMR) provisionales con respecto a más de 700 plaguicidas, medicamentos
veterinarios y aditivos para piensos, que abarcaba todos los grupos de productos básicos. Los
Estados Unidos agradecían que se les hubiera consultado durante la elaboración de ese proyecto
final y el establecimiento de planes de aplicación de la nueva legislación sobre higiene alimentaria
del Japón. En noviembre de 2005 el MHLW había notificado la concesión de un período de
transición de seis meses antes de la aplicación oficial de los LMR provisionales. Sin hacer
referencia alguna al proyecto final de junio de 2005 ni a ninguna notificación posterior, en
diciembre de 2005 el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón (MAFF) había
anunciado la aplicación de los LMR provisionales con respecto al arroz, el trigo, la cebada y
posiblemente otros productos básicos. A los Estados Unidos les preocupaban los efectos de esos
nuevos LMR impuestos a las exportaciones de productos agropecuarios destinadas al Japón por lo
que le pedían que aclarara sus planes de aplicación de esos LMR.
China pidió al Japón que concediera un período de transición antes de aplicar ese sistema de listas
positivas, e indicó que China también había incluido esta cuestión en el orden del día. El
representante de Australia expresó su reconocimiento por la actitud colaboradora de que había
hecho gala el Japón al elaborar esa nueva y amplia lista positiva y señaló que el sector privado
también estaba confundido en cuanto a la naturaleza exacta de las prescripciones en materia de
pruebas anunciadas en diciembre de 2005, que no estaban incluidas en el nuevo sistema de listas
positivas de mayo de 2005. Australia animaba al Japón a que diera aclaraciones a los Miembros y
a los importadores japoneses.
El Japón aclaró que, de conformidad con la modificación de la Ley de Higiene Alimentaria de mayo
de 2003, el sistema de listas positivas de plaguicidas, medicamentos veterinarios y aditivos para
piensos en los productos alimenticios se aplicaría a partir de mayo de 2006, como se había
anunciado oficialmente en diciembre de 2005. Con respecto a las importaciones de arroz, trigo y
cebada en el marco del régimen de comercio de Estado, debido a las demoras en la llegada de los
envíos al mercado interno y a los depósitos de almacenamiento, el Japón había establecido un
nuevo sistema de inspección en diciembre de 2005 para lograr la aplicación del nuevo sistema de
listas positivas a finales de mayo de 2006. De agosto a octubre de 2005 el Japón había explicado a
las organizaciones gubernamentales de los países que exportaban arroz, trigo y cebada al Japón
que el nuevo sistema de inspección se aplicaría en diciembre de 2005.
En junio de 2006, China indicó que el sistema de listas positivas del Japón para los residuos de
productos químicos de uso agropecuario presentes en los alimentos había entrado en vigor el 29
de mayo de 2006. Si bien China reconocía el derecho del Japón a revisar sus normas sobre
residuos a fin de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, estaba preocupada ya que el Japón era
el mayor importador de productos alimenticios chinos. El Japón sólo había publicado métodos de
prueba para 553 productos químicos para la agricultura; faltaban aún métodos de prueba para
otros 200 productos químicos, lo que podía afectar seriamente los esfuerzos desplegados por los
países en desarrollo Miembros para estudiar dichos métodos. Además, el Japón no se atenía a las
directrices del Codex a la hora de evaluar los resultados de las pruebas. China pidió al Japón que
publicara todos los métodos de prueba, los notificara, ofreciera un período de formulación de
observaciones de 60 días, proporcionara un período transitorio de seis meses antes de que
entraran en vigor, y ofreciera formación y capacitación técnica a China.
China pidió al Japón que explicara el motivo por el que había empezado a aplicar el sistema de
listas positivas en diciembre de 2005, al requerir que las pruebas del arroz se efectuasen con
arreglo a los nuevos LMR mucho antes de la fecha de aplicación prevista para mayo de 2006. Esto
había tenido un costo para los exportadores de arroz chinos y había interrumpido los intercambios
comerciales, ya que los agricultores no habían tenido tiempo de adoptar su utilización de
productos químicos. En tres ocasiones, entre enero y junio de 2006, a China se le habían
concedido únicamente dos semanas para formular observaciones sobre ciertos LMR, período que
era demasiado corto. China pidió una explicación sobre la relación entre esos LMR y el sistema de
listas positivas. En su opinión, esos cambios debían notificarse a la OMC. Finalmente, el
representante de China señaló que las versiones tanto japonesa como inglesa del sistema de listas
positivas contenían numerosos errores de edición, por lo que había modificaciones constantes, y
pidió al Japón que proporcionara con prontitud una lista clara y amplia de los LMR para los
productos químicos para la agricultura. Los esfuerzos que se habían hecho anteriormente por
resolver esos problemas no habían resultado satisfactorios, y China instó al Japón a que abordara
de manera científica las preocupaciones que le había planteado.
El Japón confirmó que su sistema de listas positivas para los productos químicos para la
agricultura, incluidos los plaguicidas, los medicamentos veterinarios y los aditivos para piensos,
había entrado en vigor el 29 de mayo de 2006. Al establecer los LMR provisionales, el Japón había
tenido en cuenta lo siguiente: las normas del Codex; los niveles de residuos para plaguicidas
existentes, establecidos de conformidad con la Ley reguladora de productos químicos para la
agricultura, o los límites de determinación para medicamentos veterinarios, establecidos de
conformidad con la Ley sobre asuntos farmacéuticos; y los LMR establecidos por otros países en
los que las normas sobre residuos estaban basadas en los datos toxicológicos requeridos por el
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) y la Reunión Conjunta
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR). Habida cuenta de que esos LMR se habían
establecido mediante un criterio aceptado a nivel mundial, el Japón creía que eran compatibles con
los principios de la OMC. El Japón utilizaba un umbral toxicológico de 1,5 μg/día para
determinar el límite uniforme, sobre la base de las evaluaciones del JECFA, la Administración de
Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA) de los Estados Unidos y la JMPR. El límite uniforme
se había establecido en 0,01 ppm tomando como base las pautas de consumo de alimentos de la
población japonesa. El Japón había publicado métodos analíticos para 623 sustancias y seguiría
ultimando y publicando los restantes métodos analíticos para las demás sustancias. Cuando el
Japón establecía normas nuevas o modificaba las existentes, incluidos los LMR, de conformidad
con la Ley de Higiene Alimentaria, facilitaba explicaciones a las embajadas extranjeras antes de
notificarlas a la OMC. Tras esta reunión se pidió que se formularan observaciones en el plazo de
dos semanas y, a continuación, se envió la notificación a la OMC y se concedió un plazo de 60 días
para la formulación de observaciones.
En junio de 2009, Brasil señaló que el Japón imponía límites de residuos de plaguicidas más
estrictos que los establecidos por el Codex, porque exigía pruebas de detección de plaguicidas a
toda la rama de producción tras un solo caso de infracción de un LMR y aplicaba una política de
análisis y retención del 100 por ciento si se producía una segunda infracción en relación con el
mismo plaguicida y producto en el plazo de un año. El Brasil tenía dificultades para exportar grano
verde de café al Japón, ya que los LMR de este país eran 30 veces menores que los del Codex. En
una reunión bilateral, el Japón había afirmado que los LMR se revisarían en el plazo de dos años. El
Brasil había solicitado un mecanismo de transición provisional ya que el comercio de café estaba
valorado en 300 millones de dólares EE.UU. anuales. El Brasil exportaba café a más de 100 países
y solicitaba a Japón que modificase sus procedimientos en consonancia con las normas
internacionales o que concediese un período de transición hasta que las autoridades japonesas
adoptaran una decisión sobre la revisión de la prescripción en el que no hubiera ninguna
repercusión negativa para las exportaciones brasileñas de café.
China respaldó la preocupación del Brasil y solicitó que las normas temporales japonesas
estuvieran científicamente justificadas y se basaran en un análisis del riesgo. Estas medidas, que
hacía tres años que se aplicaban, afectaban desfavorablemente a las exportaciones chinas de
alimentos al Japón. Además, el límite uniforme del Japón de 0,01 ppm para diversos plaguicidas
era arbitrario y carecía de fundamento científico. China solicitó que el Japón adaptase sus
prescripciones a las normas internacionales pertinentes. Los exportadores chinos señalaban que
los productos importados estaban sujetos a un mayor número de inspecciones aleatorias. Además,
esas inspecciones sólo se realizaban respecto de determinados productos importados, a pesar de
que los mismos plaguicidas se utilizaban también en el mercado interior del Japón. China instó al
Japón a aplicar sus medidas de forma homogénea y sin ninguna discriminación.
El Japón aclaró que los LMR se basaban en una evaluación científica y que al aplicar las medidas se
tenían en cuenta las normas del Codex y otras normas internacionales. Antes de establecer estos
LMR, el Japón había informado a la OMC y había recibido observaciones al respecto. Se había
tenido en cuenta el Acuerdo MSF y las medidas se aplicaban de igual modo a los productos
importados y a los nacionales. La frecuencia de las inspecciones había aumentado debido a las
constataciones de infracción. El Japón confirmó que los LMR del Codex se tomarían como base de
la revisión en curso, que tendría lugar en diciembre como muy pronto. El Japón manifestó su
voluntad de seguir manteniendo conversaciones bilaterales con el Brasil.
En octubre de 2009, China recordó que después del establecimiento del sistema de lista positiva
del Japón para los residuos químicos, China y muchos otros Miembros de la OMC habían
manifestado preocupaciones en cuanto a la cuestión de las "normas uniformes". El Japón había
indicado que la norma sería modificada sobre la base de evaluaciones científicas y que se
establecerían límites máximos de residuos (LMR) para más sustancias químicas. En los últimos
años, casi todos los avisos que China había recibido del Japón sobre productos que excedían los
límites máximos de plaguicidas resultaban de la aplicación de las "normas uniformes". Esas
normas habían afectado gravemente al comercio entre ambos países. Asimismo, después del
establecimiento del sistema de lista positiva del Japón, se habían adoptado una serie de medidas
reglamentarias, por ejemplo de inspección más rigurosa, cuarentena y supervisión. China instó al
Japón a que se basara en datos científicos para establecer límites máximos de residuos en los
artículos de interés lo antes posible, para evitar restricciones innecesarias al comercio
internacional.
El Ecuador apoyó la preocupación de China por los LMR aplicados por el Japón. Se había dificultado
el acceso de las exportaciones de cacao del Ecuador y, pese a que se habían celebrado varias
reuniones, no se había encontrado una solución. El Ecuador solicitó al Japón que modificara sus
LMR de conformidad con las normas internacionales.
El Japón dijo que la norma uniforme se basaba en las evaluaciones realizadas por el Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (CMEAA) o en las cantidades máximas toleradas de
los aditivos alimentarios adoptadas por la FDA.
En marzo de 2010, China reiteró las preocupaciones relativas a los LMR del Japón y a su sistema
de aplicación, que se debían basar en pruebas científicas y aplicar de la forma menos restrictiva
del comercio posible. Según China, de unos 50.000 LMR establecidos por el Japón, más de 40.000
eran límites "temporales" que no se basaban ni en pruebas científicas ni en evaluaciones del riesgo
como se disponía en el Acuerdo MSF. A finales de 2009 se había revisado menos del 50 por ciento
de los límites "temporales", aunque éstos se aplicaban desde hacía cerca de cinco años, lo que
creaba graves obstáculos a las exportaciones chinas de alimentos destinadas al Japón. Además, el
"límite uniforme" del Japón de 0,01 ppm para diversos productos tampoco se basaba en pruebas
científicas. Los LMR debían establecerse con arreglo a los diferentes niveles de exposición a través
de distintos productos alimenticios, evaluaciones toxicológicas y los niveles de ingesta diaria
admisible (IDA), de conformidad con la práctica internacional. Además, el sistema de aplicación de
los LMR establecidos por el Japón no era razonable ni transparente, ya que a veces el Japón
realizaba inspecciones del 100 por ciento de las exportaciones de alimentos de China,
denominadas "inspecciones de pedidos". Por ejemplo, el Japón había establecido un LMR de 2 ppm
con respecto al contenido de pirimetanil en las cebolletas ("scallion"), en tanto que en el caso de
los chalotes aplicaba el "límite uniforme" de 0,01 ppm. Aplicaba asimismo el "límite uniforme" de
0,01 ppm con respecto a la presencia de clorpirifos en los hongos Matsutake, aunque el límite
establecido por el Codex para los clorpirifos en los hongos comestibles era de 0,05 ppm. China
afirmó también que el Japón concedía a los productos alimenticios importados un trato menos
favorable que a los productos japoneses.
El Japón respondió que los "límites uniformes" se habían establecido después de celebrar consultas
y recibir opiniones de expertos en salud basadas en: i) los niveles de exposición aceptables
determinados por las evaluaciones realizadas por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios (JECFA), y las evaluaciones de los aditivos indirectos llevadas a cabo por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); ii) la ingesta diaria admisible de
plaguicidas y medicamentos de uso veterinario calculada por el JECFA; y iii) el nivel por defecto de
0,01 ppm establecido por la Unión Europea. Con arreglo al sistema japonés, el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar Social realizaba una evaluación antes de permitir la presencia de residuos de
plaguicidas en los productos alimenticios. Esa evaluación se basaba en datos sobre los distintos
residuos de plaguicidas con respecto a cada producto. Todos los exportadores podían presentar a
dicho Ministerio una solicitud de evaluación de datos específicos sobre LMR.
En junio de 2010, China reiteró su preocupación acerca de los LMR establecidos por el Japón y su
sistema de aplicación. China acogía con agrado el acuerdo de cooperación sanitaria y fitosanitaria
firmado recientemente con el Japón, así como la primera ronda de consultas técnicas que se
habían celebrado en el marco de dicho acuerdo. No obstante, China reiteró sus preocupaciones
acerca de las normas provisionales adoptadas por el Japón en su sistema de lista positiva, de la
falta de fundamento científico de dichas medidas y de la demora del proceso de revisión.
Ell Japón respondió que su país había adoptado el sistema de lista positiva en 2006 después de
haber consultado los LMR vigentes del Codex, Australia, el Canadá, Nueva Zelanda, la Unión
Europea y los Estados Unidos, basándose en una evaluación científica. El Japón señaló que su
proceso de normalización estaba en consonancia con el Acuerdo MSF y que había notificado a la
OMC sus anteproyectos de LMR, estableciendo un plazo para que los Miembros pudiesen presentar
observaciones.
En octubre de 2010, el Ecuador expresó su preocupación acerca de la Ley de sanidad alimentaria
promulgada en Japón en 2006 por la que se establecen nuevos LMR en productos alimenticios de
origen animal o vegetal destinados al consumo humano. En virtud de la ley estaba prohibida la
importación, la elaboración, la utilización o el almacenamiento para la venta en el Japón de los
productos cuyas concentraciones de residuos superasen esos límites. La Ley de sanidad
alimentaria establecía una lista de 158 agroquímicos y sus correspondientes LMR en productos
alimenticios. Debido a esos límites tan rigurosos, el Japón había rechazado los envíos de cacao
ecuatoriano en los que había presencia de 2,4-D, lo que había ocasionado una fuerte carga
financiera para los productores y los exportadores ecuatorianos de este producto. A pesar de que
se habían entablado conversaciones bilaterales constructivas, no se había llegado a una solución.
El Ecuador pidió que el Japón proporcionase más información sobre los procesos que utilizaba para
establecer sus LMR y que notificase sin dilación las anomalías o la falta de observancia de los
reglamentos de exportación relativos al cacao.
El Japón afirmó que, basándose en la lista de productos autorizados (lista positiva) del Japón, el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social (MHLW) establecía LMR específicos en los productos
alimenticios mediante evaluaciones de la inocuidad y estudios sobre residuos. Dijo que el Japón
adoptaba los LMR fijados por el Codex como límites vigentes a nivel nacional cuando se cumplían
las prescripciones necesarias. Si el Ecuador deseaba que el Japón estableciese LMR para
plaguicidas concretos, debía enviar una solicitud al MHLW. Además, el Japón consideraría las
solicitudes pertinentes de modificación o revisión de los LMR en vigor.
En junio de 2011, el Ecuador expresó su preocupación por la decisión del Japón de aplicar LMR a
aditivos basándose en un sistema de lista positiva. El Paraguay había planteado preocupaciones
similares (documento G/SPS/GEN/1091) y el Ecuador esperaba que se encontrase una solución. El
enfoque que se estaba adoptando era particularmente perjudicial para la subsistencia de los
pequeños productores y exportadores de cacao del Ecuador.
El Brasil expresó su apoyo a las intervenciones del Ecuador y el Paraguay.
El Japón señaló que el Ecuador no le había enviado información anteriormente sobre esa cuestión,
pero que estaba dispuesto a abordarla bilateralmente con ese país.
En octubre de 2011, el Ecuador recordó que en junio de 2005 el Japón había notificado su
intención de aplicar un sistema de lista positiva para la adopción de LMR; sin embargo, el
documento que se había adjuntado a la notificación no indicaba que los LMR serían de 0,01 ppm.
Como consecuencia de ello, sólo cinco de las doce empresas que anteriormente exportaban cacao
al Japón podían hacerlo en las fechas de la reunión. En 2006 se vendieron al Japón 12,4 millones
de toneladas métricas por un valor de 20,7 millones de dólares EE.UU. Sin embargo, entre 2007 y
2010 tanto el volumen como el valor de las exportaciones se habían reducido en más del 60 por
ciento. Desde que se planteó ese asunto por primera vez, muchos Miembros habían solicitado
repetidamente al Japón que proporcionara un análisis de riesgos que justificara científicamente la
aplicación de los LMR. El Ecuador instó al Japón a considerar el empleo de la metodología de la UE
para analizar los residuos en el grano y no en la mazorca del cacao, y a aceptar las normas de la
Organización Internacional del Cacao (ICCO). El Paraguay hizo suya la opinión del Ecuador y
subrayó que los LMR debían tener un fundamento científico.
El Japón señaló que había pedido repetidamente al Gobierno del Ecuador que presentara a las
autoridades japonesas pertinentes una solicitud de revisión de los LMR debidamente justificada. El
límite de 0,01 ppm vigente era el mismo que aplicaba la Unión Europea. Antes de fijar ese LMR, el
Japón lo había notificado a la OMC en cumplimiento del Acuerdo MSF.

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