T-04-2010-La Serena Indemnidad

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T-04-2010-La Serena Indemnidad
La Serena, veintinueve de mayo de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 10 de marzo de 2010 comparece doña Damaris Yamilet
Sanderson Nuñez, empleada, domiciliada en Pablo Neruda Nº159, Villa El Faro, Coquimbo
quien demanda por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de su despido y cobro
de prestaciones a SERCOPRESTO LDA., empresa del giro de su denominación,
representada por don Jesús Jusan Flores Molso, jefe de sucursal, ambos domiciliados en calle
Domeyko Nº55, Coquimbo.
Manifiesta que el 10 de julio de 2008 fue contratada por la demandada como ejecutiva
comercial, desempeñándose en Domeyko Nº55, Coquimbo, siendo su última remuneración la
suma de $501.873, de acuerdo con la carta de despido.
Agrega que el 22 de diciembre de 2009 se puso término a su contrato por la causal de
necesidades de la empresa, invocándose “la restructuración y modificación en el área en la que
trabajaba…”, sin especificarlos, explicarlos ni acompañar más antecedentes. Tiene
conocimiento que actualmente siguen trabajando en el mismo lugar las mismas personas.
Explica que el 05 de noviembre de 2009, alrededor de las13:30 horas en su lugar de
trabajo fue agredida por doña Gabriela Cristina Jiles Molina, quien se desempeña como
ejecutiva senior, por lo que era en ese momento su jefa directa. La empujó contra el suelo para
luego agredirla mediante golpes de puño en el rostro, ocasionándole lesiones consistentes en
“contusión molar bilateral, contusión dorso mano izquierda y contusión de hombro izquierdo,
clínicamente leves” según el DAU Nº1105050 del Hospital San Pablo de Coquimbo, en virtud
de las cuales fue condenada al pago de una multa de 1 UTM, con fecha 11 de diciembre de
2009, como autor de la falta de lesiones leves, en procedimiento monitorio ante el Juzgado de
Garantía de Coquimbo, en causa RUC Nº0901.062.402-6, RIT Nº6663-2009.
Señala que su desempeño en la empresa siempre fue correcto y satisfactorio, pero
comenzó a tener problemas con su agresora unos 9 meses antes de los hechos relatados, pues
comenzó a actuar en forma abusiva y arbitraria pues generalmente se quedaba con más trabajo
que el resto para ganar más comisiones o bonos, lo que le hizo ver, por lo cual comenzó a
amonestarla , a cambiar los horarios de colación, hablar a sus espaldas, refiriéndose a ella con
descalificativos discriminatorios, deteriorando su salud física y mental. Agrega que la señora
Jiles generaba actos de acoso psíquico laboral o mobbing.
Indica que hizo presentes estos hechos al Jefe de Sucursal, don Jesús Flores y a don
Alexander Rojas, de cargo backup de ejecutivos comerciales, quienes desestimaron sus
reclamos y no le creyeron, prefiriendo las versiones que le entregaba la ejecutiva senior.
Por estos hechos pidió las vacaciones en octubre de 2009 y al regresar comenzó a tener
problemas nuevamente con la ejecutiva, que la acusó de robar ventas a sus compañeros. El día
5 de noviembre la señora Jiles se percató que ella había terminado el procedimiento de una
venta que había comenzado el día anterior, lo que le causó gran molestia. Fue al lugar en que la
actora se encontraba y comenzó a gritarle en presencia de los empleados, para luego agredirla
físicamente según ya relató.
Luego realizó la denuncia en Carabineros y constató lesiones en el Hospital de
Coquimbo. La agresora pidió licencia médica y sus superiores no tomaron ninguna medida. El
miércoles 18 de noviembre le señaló al jefe de sucursal que había denunciado los hechos a la
Inspección del Trabajo, que corresponde a la Nº0404/09/1389, lo que le molestó muchísimo y
no tomó ninguna medida de las del Código de Ética que rige a la empresa.
Luego el 22 de diciembre de 2009 se le comunicó por carta el término del contrato por
la señalada causal.
Estima que, de acuerdo con el artículo 485 del Código del Trabajo, ha sido
despedida como represalia frente a los reclamos y denuncias efectuadas ante la
Inspección del Trabajo, debiendo computarse el plazo desde la separación del
trabajador, de acuerdo con el artículo 489.
Dedujo reclamo por su despido el día 24 de diciembre, el que concluyó el día 30 del
mismo mes.
Considera que los hechos vulneran la garantía del artículo 19 Nº1 de la Constitución
Política de la República, pues ha sido menoscaba su integridad física o psíquica y su dignidad.
También puede considerarse violada la del Nº4 de la misma norma legal por la agresión física
de que fue objeto.
Agrega que también se realizaron actos discriminatorios en su contra, de acuerdo con
el artículo 2 del Código del Trabajo, pues se le excluyó o marginó y dichos actos intentaron
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
Señala que la vulneración de sus derechos ocurrió en forma previa al despido, pero no
ha perdido su acción pues el plazo debe computarse desde la separación del trabajador.
Y también que su despido fue discriminatorio en virtud de haber infringido lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2º del Código citado y que puede ser calificado de
grave al haber producido su despido.
Solicita que en definitiva se declare que se han vulnerado derechos fundamentales con
los graves hechos mencionados y que el despido de que fue objeto es discriminatorio,
declarándolo carente de motivo plausible, condenando a la demandada al pago de la
indemnización sustitutiva del aviso previo, por años de servicio, incrementadas en la forma
prevista en los artículos 162 y 163 del Código ya citado, con los recargos del artículo 168, más
la indemnización del artículo 489 correspondiente a 11 remuneraciones, los intereses, reajustes
y costas.
En subsidio, demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de
su ex empleador, fundada en lo ya expuesto respecto de las fechas de inicio y término de la
relación laboral y remuneración.
Reitera que fue despedida el 22 de diciembre de 2009 por la causal del artículo 161 y
que de lo expuesto en lo principal se puede inferir que el despido es injustificado pues el
motivo real es la denuncia que realizó ante la Inspección del Trabajo por la vulneración de sus
derechos fundamentales al ser agredida física y psicológicamente por una jefa directa,
Nº0404/09/1389.
La reestructuración invocada estima que no es más que una excusa, sin ninguna
justificación legal pues hasta la fecha en dicha sucursal no se ha contratado nuevo personal ni
menos se ha reducido el personal ya existente y se trataría de una simple medida represiva ante
la fiscalización.
Solicita en consecuencia se declare su despido injustificado, carente de motivo plausible
y condenando a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por
años de servicios aumentada en un 50% y las costas de la causa.
SEGUNDO: Que, la demandada opuso primeramente una excepción de caducidad que fue
rechazada en la audiencia preparatoria.
Que, contestando, señala que rechaza, objeta y desconoce los hechos y fundamentos de
la demanda.
Indica que la presente denuncia tiene como fundamento los hechos ocurridos el 05 de
noviembre de 2009, cuando se produjo una discusión entre la actora y la trabajadora doña
Gabriela Jiles, con ocasión de la cual ésta la golpeó. Producto de ello la demandante presentó
una denuncia ante la Inspección del Trabajo el 16 de noviembre de 2009, realizándose una
fiscalización y mediación que concluyó el 17 de diciembre de 2009.
Posteriormente el 28 de diciembre, es decir, más de un mes después, la demandada
desvinculó a la actora por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, por lo que, según
señala, tan diversas e independientes son ambas situaciones que, en su oportunidad, la
Inspección del Trabajo de Coquimbo les dio una tramitación separada.
Estima que el despido no tiene la aptitud de causar lesión alguna a la integridad física,
psíquica ni a la dignidad de la trabajadora del artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la
República; tampoco es idóneo para lesionar la garantía del artículo 19 Nº4 ni es acto
discriminatorio en los términos de artículo 2 del Código del Trabajo.
Afirma que no existe nexo causal entre el despido y la supuesta violación de garantías
fundamentales de la denunciada, confundiendo el actor las situaciones de los artículos 486 y
489 del Código del Trabajo.
Señala que es efectivo que el día 05 de noviembre de 2009 en las dependencias de la
demandada se produjo una discusión y posterior pelea entre la actora y doña Gabriela Jiles
Molina, pero no lo es que esta última represente ni obligue a su parte en los términos del
artículo 4 del Código del Trabajo, pues desempeña el mismo cargo de la actora, sólo que goza
de mayor antigüedad por lo que se le denomina Ejecutiva Senior. Al momento de la ocurrencia
de los hechos estaba presente el jefe de operaciones de la sucursal, don Ricardo Tapia
Cantillana.
Agrega que no ha existido por parte del empleador conducta alguna que vulnere o
perturbe las garantías fundamentales de la denunciante, ya que los hechos descritos constituyen
una pelea entre trabajadores que escapa a su ámbito de control.
Estima, en consecuencia, improcedentes las prestaciones demandadas, por lo que
solicita el rechazo de la demanda, con costas.
Que, respecto de la acción por despido injustificado, rechaza, objeta y desconoce los
hechos de la demanda.
Indica que el despido se fundó en las necesidades de la empresa, basado en la
racionalización, reestructuración y modificación de su sección, suficiente para explicar la causal
invocada. No es efectivo que se hayan contratado más trabajadoras para la misma función de la
demandante y en idénticas condiciones. Dado que la ley no define “racionalización”, debe
estarse a lo señalado por la Real Academia Española, que la define como “organizar la
producción o el trabajo de manera que aumenten los rendimientos o reduzca los costos con el
mínimo esfuerzo.”
Agrega que su parte dio cumplimiento a las normas del Código del Trabajo para el
despido y que, de estimarse injustificado el mismo, resulta totalmente improcedente el
aumento del 50% solicitado y sólo corresponde el 30%, de conformidad a la ley.
Solicita en consecuencia el rechazo de la demanda, con costas.
TERCERO: Que, en la audiencia preparatoria, fracasado el llamado a conciliación, se dejó
establecido que se encontraba reconocida la existencia de relación laboral desde el 10 de julio
de 2008, que la demandante realizaba labores de ejecutivo comercial en Domeyko 55,
Coquimbo, Supermercado Lider, que su última remuneración ascendía a la suma de $501.873,
que el 22 de diciembre de 2009 se puso término a la relación laboral invocando la causal de
necesidades de la empresa y que el 5 de noviembre de 2009, alrededor de las 13:30 horas en su
lugar de trabajo la demandante fue agredida por doña Gabriela Jiles Molina, ejecutiva senior,
quien fue condenada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo como autora de la falta de
lesiones en procedimiento monitorio.
De manera que se fijaron como hechos a probar si doña Gabriela Jiles actuó de manera
abusiva y arbitraria con la demandante, generándose problemas entre ambas que habrían
derivado en la agresión del día 5 de noviembre de 2009; en su caso, si la demandante puso en
conocimiento de sus superiores la circunstancia señalada previamente; si la demandante
denunció ante la Inspección del Trabajo las agresiones que relata y, en su caso, la investigación
desarrollada por dicha institución; si doña Gabriela Jiles fue amonestada por la agresión
realizada a la actora; las acciones de la demandada frente a los hechos del 5 de noviembre de
2009; si la demandada reestructuró y modificó el área en que la demandante trabajaba; en su
caso en que consistió dicha reestructuración y modificación y la estructura jerárquica de la
sucursal en la que trabajaba la demandante.
CUARTO: Que, para acreditar sus alegaciones la parte demandante incorporó los siguientes
antecedentes:
1.- Acta de reclamo ante la Inspección del Trabajo de 24 de diciembre de 2009.
2.- Acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo de fecha 30 de diciembre de 2009.
3.- Copia del horario de trabajo de noviembre de 2009.
4.- Carta de despido de 22 de diciembre de 2009.
5.- Escrito de requerimiento del fiscal de procedimiento monitorio más la sentencia.
6.- Dos recetas del doctor Pablo Ferrer de fecha 1 de diciembre de 2009 y una boleta.
7.- Dos códigos de ética uno de Presto y el otro de Wall Mart.
8.- Correo electrónico enviado por la demandante de fecha 2 de junio de 2009.
9.-Confesional de don Jesús Flores Molso, quien señala que trabaja desde septiembre de 2005;
era agente de esta sucursal y ahora lo es en Santiago; se cambió en marzo.
En la sucursal está el agente y se divide en dos áreas, la comercial y la de operaciones,
bajo ellos los ejecutivos de operaciones y comercial, y la senior.
La demandante era ejecutiva comercial. La señora Jiles era ejecutiva comercial senior,
esto significa que tiene más antigüedad y conocimientos; entiende que todavía trabaja en la
empresa, pero se iba con prenatal, pero tiene el mismo cargo.
El carácter de las personas es tema cuando hay una sucursal con espacio reducido.
Doña Gabriela tiene un carácter fuerte, igual Damaris, pero nada sobre lo normal. Se refiere a
que tiene un carácter duro, no es dócil para decir las cosas.
Sólo presenció discusiones de compañeros de trabajo, propio de un ambiente laboral
reducido, que trabajan 9 horas diarias. Las discusiones es parte de la convivencia. También
Gabriela ha tenido discusiones con un par de otros ejecutivos. Doña Damaris le comentó de
discusiones con Gabriela, como también muchos ejecutivos le señalaron tener problemas con
Damaris.
La actora se quejaba por los horarios para salir a almorzar, todas cosas laborales
menores. En este caso, él determinó la administración del horario de colación. Cuando le
presentaban un problema iba buscando una solución. Los otros ejecutivos le decían que ellas
pasaban discutiendo.
Supo de la agresión cuando volvió de vacaciones. Le dijeron que se produjo una
discusión en la parte cerrada, donde no se atiende público, por una tarjeta. Gabriela dio una
bofetada a Damaris, ésta se defendió, le tiró el pelo y las separaron los ejecutivos. Después
Damaris fue a Carabineros y luego a constatar lesiones.
Ese día estaba a cargo Alexander Rojas, el encargado comercial. Gabriela no es jefatura.
Si hay un problema con un cliente que solucionar lo hace Gabriela, pero ella no soluciona
problemas con la gente, ella no queda a cargo de personal.
Luego de la agresión Damaris presentó licencia y no volvió hasta diciembre.
El clima laboral es muy bueno, la empresa se preocupa de mantener estándares.
Gabriela fue amonestada por escrito, fue a su carpeta personal y a recursos humanos.
Cuando volvió tuvo que investigar lo que había pasado y también la Inspección del
Trabajo estuvo en la sucursal. No tenían precedentes de una situación así. Revisaron qué
decisión tomar, revisaron las productividades y tomaron la decisión de sacar a ambas personas
por el incumplimiento al Código de Ética y a sus objetivos comerciales. Doña Gabriela sigue
en su puesto porque les avisó que está embarazada y por eso no la despidieron, como a doña
Damaris.
Doña Damaris volvió pasado el 20 de diciembre y la decisión de despedirla la toman a
principios de diciembre, cuando tenían claro qué había ocurrido y había pasado el proceso de
la Inspección, porque les pidieron no “ensuciar” ese proceso. Pero la decisión se tomó a fines
de noviembre más o menos.
Reestructuraron la oficina luego del despido. Alguien de área de operaciones pasó al
área comercial y el cupo del área operaciones lo llenó una persona de operaciones de sucursal
La Serena. O sea, volvieron a llenar las mismas plazas.
10.- Declaración de los testigos doña Claudia Almendra Pérez, doña Belén Gatica Nuñez y
doña Jeanette Quinteros Moreno.
Señala la primera que trabajó para Promofin Limitada desde 01/3/07 al 15/3/10, era
captadora de créditos, prestaba servicios a Presto, en la sucursal de Coquimbo, la misma
sucursal de actora. Fue también “capitana”, es decir, si no estaba su jefe ella solucionaba los
problemas, estaba a cargo de una persona y recibía un bono por ello. Como captaba tarjetas
tenía contacto con todas las personas que trabajaban ahí. Indica que Sercopresto tiene un Jefe
de sucursal, un encargado de plataforma, que era Alexander y Gabriela Jiles, era ejecutiva
senior. También estaban los encargados de operaciones, que era como tema aparte. La
demandante era ejecutiva comercial y Gabriela era ejecutiva senior, es decir, cuando no estaban
los jefes estaba a cargo de sucursal. La testigo le preguntaba a ella o a Alexander. La jefatura
era don Jusan Flores, Alexander y Gabriela, era ese era el orden.
Hasta el 15 de marzo Gabriela Jiles seguía ejerciendo la misma función. El trato fue
como superior. Estaba por sobre las otras ejecutivas porque sabía más. Cuando Damaris se
equivocaba, ella le decía “claro tuvo que ser la Damaris”. Hacía comentarios de Damaris no
muy buenos. Ella los escuchó. Decía que, que era tonta, que no servía, que era problemática.
Ella no estuvo en la pelea, pero ella presenció antes cuando Gabriela se alteró y dijo que
Damaris siempre estaba quitándole los clientes. Sólo presenció problemas relacionados con el
trabajo, si Damaris se demoraba en el almuerzo o llegaba atrasada o estaba 5 minutos en el
baño. Después de la agresión ninguna de las dos se hablaba. Damaris estuvo unos días con
licencia o vacaciones y después fue despedida.
Sabe que Damaris en varias oportunidades habló con Jusan por los problemas con
Gabriela.
Después de la pelea Damaris llamó a Alexander, pidiendo permiso para ir a
Carabineros y le dijeron que no. Gabriela se fue y cuando volvió Damaris se fue a Carabineros
y ellos la llevaron al Hospital.
Cuando no estaba el backup o el jefe de la sucursal ella debía recurrir a Gabriel, por
algún permiso o algo.
El día de la agresión Gabriela estaba a cargo. Ricardo Tapia era ejecutivo de
operaciones, aparte de la plataforma comercial. Ese día estaba Ricardo Tapia, pero en
operaciones, Gabriela estaba a cargo de Damaris.
Cuando estaban las 2, después de la agresión, el clima era como tenso, no se hablaban.
No sabe si a Gabriela la amonestaron, pero se mantiene en el cargo. Luego de agresión
despidieron a Damaris.
La testigo doña Belén Gatica señala que trabajaba de empaquetadora en el Líder, entre
enero y octubre de 2009. Físicamente trabajaban en el mismo lugar. A la actora la conoce
porque son hermanas de madre. Pero también estaba frente a Damaris en su lugar de trabajo.
También era clienta de presto y acompañaban a los clientes si había algún problema. También
conocía a las demás niñas que trabajaban ahí. Sabía que estaba Jusan, Alexander, ejecutiva
senior, Gabriela y después las ejecutivas comerciales y aparte tienen un área de operaciones.
Gabriela era jefa, su credencial decía que era ejecutiva senior, es decir, tenía un rango superior
que las demás ejecutivas. Si ella tenía algún problema recurría primero a ella. Sabe que por
antigüedad tiene bono adicional y cargo adicional de responsabilidad. Cuando las niñas iban al
baño o a almorzar debían pedirle permiso a ella. Gabriela Jiles no era pesada, pero sí altiva,
arrogante, trataba de desprestigiar a los demás, no sólo a Damaris, también a otros
trabajadores. Cuando ella pasaba a saludar a las niñas y estaba Gabriela ellas se preocupaban
porque las retaba o les llamaba la atención.
Con Damaris siempre se llevaron mal. Gabriela hacía diferencias con ella y también los
otros ejecutivos y los jefes nada hacían. Damaris se quejaba con los superiores. Pero nada
hacían.
Los demás también se quejaban de que Gabriela era pesada y arrogante.
La testigo doña Janett Quintero Moreno señala que trabajó en Presto entre junio y
agosto de 2009 y desde enero a abril de 2010; el año pasado era ejecutiva comercial. Este año
era ejecutiva de seguros con una empresa externa, Promofin, dentro de Presto.
A cargo de Presto estaba Jusan, luego venía Alexander y luego Gabriela. La actora
ejecutiva comercial y Gabriela era ejecutiva senior, es decir, que tenía un grado más por
antigüedad que las ejecutivas, si no estaban los jefes se recurría a ellas. Ricardo Tapia trabajaba
en operaciones. Operaciones y ejecutivos comerciales son dos departamentos independientes.
Gabriela fue siempre complicada en cuanto a trato, se tomaba atribuciones como jefa.
La testigo incluso tuvo roces con ella. En el área comercial siempre se tiene roce en cuanto a
las gestiones, si uno cree que está haciendo una gestión suya, que le esté quitando una venta.
Doña Gabriela pensaba eso. Le comentaron del problema entre ellas cuando iba a la sucursal.
Después del despido movieron gente de ellos mismo, pusieron a un ejecutivo de
operaciones en el área comercial y de La Serena trajeron a una persona para suplir un cargo de
operaciones. Lo sabe porque visitaba presto y trabajó este año también.
En junio trabajó en Presto Coquimbo y después en La Serena. Este año trabajó
siempre en Presto Coquimbo.
QUINTO: Que, por su parte, la demandada incorporó los siguientes antecedentes:
1.- Carta de 22 de diciembre de 2009, más copia de carta aviso enviada a la Inspección del
Trabajo.
2.- Registro y constancia de 16 de abril de 2009.Recibo Rgto Interno
3.- Recibo y constancia de 25 de noviembre de 2009. Recibo del Código de Etica
4.- Recibo y constancia (sin fecha.) Código de Etica
5.- Contrato de la trabajadora Gabriela Jiles.
6.- Contrato de la demandante.
7.- Confesional de doña Damaris Sanderson Nuñez, quien señala que el día 5 de noviembre
llegó a trabajar como a las 10:00 de la mañana y a la hora llegó Gabriela. Se acercó el primer
cliente, le dice que había postulado a la tarjeta y le había faltado un paso, la comprobación de
su domicilio. Le dijo que una ejecutiva la había atendido, lo que era usual, era como nadie para
quién trabaja porque uno podía empezar una venta y otra ejecutiva la termina. Le tomó los
datos, hizo el procedimiento y estaba en operaciones haciendo las consultas con el señor Tapia
y llega Gabriela. Vanesa Collao le dice que dí término a su venta del día anterior, que yo se la
quité. Gabriela empezó a retarla, le dijo que le había robado la venta, que estaba acostumbrada
a hacerlo. Sólo la escuchó, porque si discutía ella era la problemática, hasta que le empezó a
gritar , le dijo que era una ladrona y ella se paró y ahí la empujó, por lo que ella le devolvió el
empujón y ahí le pegó la cachetada. Ella intentó agarrarla del pelo y no alcanzó porque las
separaron. Su agresora presentó licencia y ella estuvo muy mal. Está en el psiquiatra. Ella
siempre hacía diferencias con ella, hablaba detrás de ella, según ha leído, un bulling. Sus
compañeros estaban contra ella. La señora Jiles se fue de la sucursal. Llamó a Alexander Rojas
y le pidió permiso para ir a la Inspección y le dijo que no. Ella le dijo que iba a salir igual
porque ya era mucho. Fue a Carabineros y ellos mismos la llevaron a constatar lesiones. Al día
siguiente fue a la Inspección y volvió a trabajar. Trabajó como 2 semanas. Gabriela había
presentado una licencia. La empresa no tomó ningún orden ni le preguntaron cómo sucedieron
las cosas. Nadie les decía nada, habían sólo comentarios. Conversó con Jusan como a las 2
semanas. Alexander sí conversó con ella esa noche. Le dijo que había conversado con Gabriela
y ella había reconocido que se había equivocado. No volvió a conversar con don Alexander.
La señora Jiles volvió y estaban siempre juntas en un espacio muy reducido, lo que era
complicado.
Conversó con don Jusan y le dijo que había ido a la Inspección y él se molestó y le dijo
que hiciera lo que le pareciera. Que ya había hablado con Gabriela, pero con ella no conversó,
nadie le preguntó qué había pasado. Fue al psicólogo y le dio licencia por stress angustioso
depresivo. Estuvo con licencia más o menos desde el 01 al 22 de diciembre. Es decir que
trabajó todo el mes de noviembre, del cual doña Gabriela estuvo con licencia como dos
semanas y el resto del tiempo estuvieron ambas trabajando. En ese período no hubo ninguna
conversación.
Cuando conversó con su jefe le dijeron que la sanción era para las dos porque
supuestamente las dos pelearon, lo que ella siempre discutió porque ella era la víctima. Don
Jusan le dijo que le iban a poner una cata de amonestación, pero para ella era insuficiente.
Afirma que no le pegó a la señorita Gabriela.
8.- Declaración de los testigos doña Vanessa Collao Collao, doña Allyson Flores Sánchez.
Señala la primera que es ejecutiva de operaciones y trabaja para Sercopresto, sucursal de
Domeyko 55, Coquimbo. Trabaja desde el 01 de noviembre de 2004; conoce a doña Gabriela y
doña Damaris.
Respecto de problemas entre doña Damaris y doña Gabriela, afirma que no habían.
El día 05 de noviembre pasó que Gabriela tenía una solicitud pendiente de una tarjeta y
para entregarla debe hacerse una verificación telefónica. El día anterior se lo pidió a ella y no se
pudo, así es que la dejó pendiente. Al día siguiente le pidió a un compañero que la verificara y
él le dijo que estaba lista, que era de Damaris. Le dijo eso a Gabriela y ella va donde Damaris y
le dice que por qué tomó su solicitud si era de ella. Damaris tenía otra solicitud con su letra. La
Testigo se fue al computador y se pudo de espaldas a ellas. Se pusieron a discutir, se dio vuelta
y vio que el Felipe las separa, es decir se estaban golpeando.
Pese a que insiste que antes no tuvieron problemas, indica que Damaris era agresiva.
Afirma que doña Gabriela no tenía problemas con los demás. Cree que la agresión se produjo
porque no había ningún jefe.
Luego de la agresión estuvieron con licencia. Le parece que Gabriela al día siguiente y
Damaris al tiempo después. Mientras trabajaron ambas no se dirigían la palabra. No hubo
ninguna reunión con los jefes por esta situación.
Explica que doña Gabriela era ejecutiva senior. Está el jefe de sucursal, el jefe de
plataforma y el ejecutivo senior, que está para dar solución a los clientes en caso que no esté el
jefe de sucursal.
Sabe que se despidió a doña Damaris y luego de eso un ejecutivo de operaciones pasó a
comercial a desempeñar la labor de ella. Hace como un mes llegó un ejecutivo nuevo a
operaciones.
Cuando los jefes no están, Gabriela Jiles queda a cargo del local. El día de la agresión lo
era doña Gabriela Jiles.
Ellos tuvieron que declarar ante la Inspección.
El problema era entre ellas dos, así es que el clima laboral era bueno.
La testigo señora Flores indica que es ejecutiva comercial y trabaja para Secopresto,
sucursal Coquimbo. Trabaja desde hace 1 año un mes; conoce a Gabriela y Damaris. Ambas
discutían por temas de trabajo, por diferencias de opiniones en cuanto a lo que hacían. El 5 de
noviembre había una tarjeta que entregar, que la estaba gestionando Gabriela y Damaris, al
mismo tiempo, se suponía que era de Gabriela. Ella estuvo presente. Ellas se pusieron a
discutir, Gabriela la empujó, luego Damaris la empujó y Gabriela le pegó. Ellas se tiraban el
pelo y las separaron. Gabriela se fue y luego estuvo con licencia. Después no hubo problemas
entre ellas y después desvincularon a Damaris. Gabriela está embarazada.
Ellas tenían antes problemas de opinión y de carácter.
No se tocó el tema con los jefes.
Gabriela cumple las mismas funciones que ella como ejecutiva comercial. Ella tiene
diferencia en el sueldo por los años que lleva. En ausencia de los dos jefes ella es como la
tercera jefa en la plataforma comercial.
Cuando ellas tenían permiso y no estaban los jefes le avisaban a Gabriela.
Reitera lo ya expuesto respecto de la persona que llegó al puesto de doña Damaris.
También señala que doña Gabriela tuvo en una época mal carácter, pero no había mala
relación con ella en general. Reconoce que al principio tuvo problemas con ella por una tarjeta,
que la fue a acusar que se la había quitado. Lo solucionaron conversando.
Ese día estaba el encargado de operaciones y también doña Gabriela Jiles, que estaba a
cargo del local.
SEXTO: Que, en uso de facultades, el tribunal decretó se evacuara un informe por la
Inspección del Trabajo, el que fue incorporado en la audiencia de juicio.
SÉPTIMO: Que,
primeramente, estima esta juez importante señalar que las normas
contenidas en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo regulan el procedimiento de
tutela laboral, el que se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por
aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores,
entendiéndose por tales:
a) Los que se enumeran taxativamente en la citada disposición, en relación con lo
previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, incluida la no
discriminación, en relación con el artículo 2° del cuerpo legal citado. Pertinente es
recordar que el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo señala que “Los
actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en
motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política,
nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.(…)”
b) El derecho a no ser objeto de represalias laborales, o garantía de indemnidad,
cuyo fundamento es la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, prevista en
el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 5 del
Convenio N°158 de la OIT sobre terminación del contrato de trabajo, cuyo sentido se
encuentra en obtener el trabajador del órgano jurisdiccional la un amparo real del
derecho del Trabajo.
Que, en la exposición de los hechos que se realiza en la demanda, específicamente de la
agresión física de que fue víctima el día 5 de noviembre de 2009 la actora, se indica que “Esta
situaciones graves están reguladas en el artículo 485 del Código del Trabajo, cuando el despido
es consecuencia de la vulneración de los derechos fundamentales. He sido despida (sic)
como represalia frente a los reclamos y denuncias efectuadas ante la Inspección del
Trabajo. Y de acuerdo al inciso 2º del artículo 489 del Código del Trabajo que ordena
computar el plazo desde la separación del trabajador, el que se suspenderá en la forma a que se
refiere el inciso final del artículo 169 del Código del Trabajo. Interpuse reclamo ante la
Inspección del Trabajo con fecha de ingreso el 24 de diciembre de 2009 y concluyó el 30 de
diciembre de 2009(…).”
Estima además que su despido fue discriminatorio y finaliza en su petitorio solicitando
declarar “que se han vulnerado derechos fundamentales con ocasión de los graves hechos ya
mencionados y de declarar que el despido de que fui objeto es discriminatorio, declarándolo
carente de motivo plausible.(…)”.
Es consecuencia, funda su acción o denuncia de tutela de garantía de derechos
fundamentales en dos circunstancias: la vulneración de la garantía de indemnidad y en una
discriminación, ambas situaciones producidas con ocasión de su despido, es decir, por un
supuesto “despido abusivo”. Así además se señaló por este tribunal al rechazarse, en la
audiencia preparatoria, la excepción de caducidad opuesta y queda de manifiesto con los
puntos de prueba fijados.
OCTAVO: Que, previo al análisis de la prueba rendida en la causa, cabe tener presente que
una de las más importantes innovaciones del procedimiento de tutela es la incorporación de la
norma del artículo 493 del Código del Trabajo, que establece que “Cuando de los
antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se
ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado
explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.
Al respecto se ha señalado que esta denominada “técnica de los indicios” que
contempla el nuevo procedimiento laboral tiene su fundamento en que generalmente las
conductas lesivas de derechos fundamentales suelen encubrirse con conductas aparentemente
lícitas, y en la dificultad del trabajador, especialmente una vez terminado el contrato de trabajo,
de acceder a la prueba necesaria, que generalmente se encuentra al interior de la empresa.
De acuerdo con la norma citada, corresponde pues al trabajador acreditar en esta causa
los indicios suficientes de que su despido obedece a una represalia del empleador y a una
discriminación por alguna de las circunstancias previstas por el legislador, de manera que éstos
logren generar en esta juez la sospecha razonable de que la conducta lesiva se ha producido y,
generada esta sospecha, corresponderá al empleador acreditar que el despido obedeció a
motivos razonables, es decir, acreditar los fundamentos del despido, destruyendo la sospecha.
NOVENO: Que, con los hechos que se tuvieron por reconocidos en la audiencia
preparatoria, los antecedentes de la demanda y contestación, así como con la prueba rendida en
la audiencia de juicio, valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, estima esta juez que
se han tenido por acreditados los siguientes hechos:
a) Que la demandante se desempeñaba para la demandada como ejecutiva comercial
desde el 10 de julio de 2008, labores que prestaba en Domeyko 55, Coquimbo.
Supermercado Lider;
b) Que el 22 de diciembre de 2009 su empleador puso término a la relación laboral
invocando la causal de necesidades de la empresa;
c) Que el 5 de noviembre de 2009, alrededor de las 13:30 horas en su lugar de trabajo la
demandante fue agredida por doña Gabriela Jiles Molina, ejecutiva senior, quien fue
condenada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo como autora de la falta de
lesiones en procedimiento monitorio.
d) Que doña Gabriela Jiles se desempeñaba como “ejecutiva senior”, lo que significa que
por tener mayor antigüedad en el cargo, le era reconocida por las demás ejecutivas una
cierta ascendencia, pues además si faltaban el agente, señor Jesús Flores, o quien estaba
inmediatamente después de él, don Alexander Rojas, encargado comercial o Backup,
era ella quien tomaba decisiones referidas al área comercial, llegando incluso las
ejecutivas a solicitarle permisos o darle explicaciones por atrasos. Así lo reconocen en
términos generales todas las testigos que declararon en la causa, quienes si bien dan un
mayor o menor poder de mando a doña Gabriela, reconocen que quedaba a cargo de la
sucursal en ausencia de los dos primeros, a lo menos en el área comercial.
e) Que entre la actora y la señora Jiles habían problemas previos a la agresión del 5 de
noviembre, producto de diferencias por quién realizaba en definitiva la venta de los
productos “crédito de Sercopresto”, así como por problemas de caracteres entre
ambas. Ello puede concluirse luego de analizar las declaraciones de los testigos y las
absoluciones rendidas.
f) Que luego de la agresión de la señora Jiles a la actora, ésta última presentó una
denuncia ante la Inspección del Trabajo, por vulneración de garantías fundamentales,
el que finalizó luego de la mediación. Este procedimiento se realizó entre el 16 de
noviembre de 2009, fecha de la denuncia, y el 17 de diciembre del mismo año, en que
fracasó la mediación intentada.
g) Que como consecuencia de la agresión la actora fue despedida por carta de 22 de
diciembre de 2009, para lo cual el empleador invocó la causal de “necesidades de la
empresa” y luego de su despido, su puesto de ejecutiva comercial fue ocupado por un
ejecutivo de operaciones de la misma sucursal y, el cargo de éste último, fue ocupado
por un ejecutivo de la Sucursal de La Serena. Es decir, la sucursal de Coquimbo
mantuvo su dotación y organización previa al despido, sólo que con nuevos
trabajadores.
DÉCIMO: Que, primeramente, debe analizarse lo alegado por la trabajadora, en cuanto a que
habría sido despedida como consecuencia de sus reclamos y denuncias ante la Inspección del
Trabajo, que tuvieron su origen en las dificultades con la ejecutiva senior, doña Gabriela Jiles,
que desembocaron en la agresión del día 5 de noviembre de 2009.
Que, como se dejó establecido en el considerando precedente, a juicio de esta
sentenciadora se ha acreditado que entre la actora y la señora Jiles había problemas de
relaciones interpersonales. También que, el día 5 de noviembre de 2009 esta última la agredió,
por lo que resultó condenada como autora de la falta de lesiones leves, como consta del
requerimiento y sentencia respectiva dictada en procedimiento monitorio, debidamente
incorporada. Que la trabajadora denunció esos hechos ante la Inspección del Trabajo, como
consta del informe emitido por dicha institución y que, sólo a 5 días de finalizada la
audiencia de mediación, fue despedida, invocándose la causal de necesidades de la empresa.
Que, como lo reconoció el representante de la demandada, en realidad el despido obedeció a la
situación ocurrida el día 5 de noviembre de 2009. En efecto, señaló aquél que la decisión de
despedirla la tomaron a principios de diciembre o fines de noviembre, cuando tenían claro qué
había ocurrido y había pasado el proceso de la Inspección. No obstante, en su contestación la
demandada sostiene que los hechos del día 5 de noviembre y el despido de la actora son
hechos “diversos e independientes”.
Que todos los hechos precedentemente pormenorizados constituyen, a juicio de esta
sentenciadora, indicios suficientes de haberse producido el despido del trabajador como
consecuencia de una represalia del empleador por la labor fiscalizadora desplegada por la
Inspección del Trabajo de La Serena luego de la agresión sufrida por la actora. Para ello se ha
considerado, como se señaló, especialmente lo declarado por el absolvente, así como la
circunstancia de que el despido prácticamente coincide con el término de la investigación
realizada por dicha institución. Refuerza lo anterior la circunstancia de que por un período de
tiempo, que la actora señala fueron 9 meses, sus superiores jerárquicos sabían de la ocurrencia
de problemas entre las dos trabajadoras, limitándose a dar vacaciones a la demandante y luego
de la agresión, de la que reitera esta juez, la trabajadora es la víctima, la intervención del
empleador es, contrariamente a lo lógico y razonable, el despido de la trabajadora.
UNDÉCIMO: Que, realizado el análisis precedente y, según se razonó en el considerando
octavo, correspondía pues al empleador acreditar que el despido obedeció a fundamentos
razonables, de manera de destruir la sospecha de haber obedecido aquél al irrespeto de la
garantía de indemnidad del actor, el que ninguna prueba ha aportado al efecto.
La documentación incorporada, consistente en la carta de despido, el registro de haber
entregado a la trabajadora el Reglamento Interno y el Código de Ética, así como esos mismos
documentos, nada aportan en este sentido. Y los testigos resultan claramente insuficientes.
Por otra parte, respecto de la supuesta reestructuración de la sección en que trabajaba
la actora invocada por la demandada, quedó acreditado sin lugar a dudas, tanto de los dichos
del absolvente como de lo señalado por los testigos, que no hubo tal, en modo alguno, pues la
sucursal sigue funcionando con el mismo número de ejecutivos comerciales, habiéndose
solamente reemplazado a la actora y a quien ocupó su puesto como tal.
De manera que estima esta sentenciadora ha quedado establecida la vulneración de la
garantía de indemnidad de la trabajadora.
Cabe hacer presente que el hecho que la parte demandante se empeñó en establecer y la
demandada en negar, relativa a que la señora Jiles realizaba labores de jefa de la sucursal en
ausencia de los dos jefes propiamente tales y que, como tal, “representaba” al empleador carece
de relevancia desde que, como lo indicó el representante de aquélla y se desprende de lo
declarado por todos los testigos en el juicio, la decisión de poner término al contrato de la
actora no se encontraba en las manos de su agresora.
DUODÉCIMO: Que, como se señaló, la segunda vulneración invocada era que el despido de
la trabajadora habría sido discriminatorio, para lo cual si bien algunas testigos,
fundamentalmente de la actora, reconocen que existía algún grado de hostigamiento por parte
de la señora Jiles a la actora, estima esta juez que los antecedentes no son suficientes para tener
por establecido algún tipo de acoso laboral, como lo expone ella en su declaración en estrados,
ni de discriminación en los términos planteados en el artículo 2 del Código del Trabajo, esto es,
en razón de la raza, el color, el sexo, la edad, etc. de la trabajadora.
DÉCIMO TERCERO: Que, atento lo señalado, se acogerá la demanda en la forma que se
indicará en lo resolutivo, por lo que resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de la
acción subsidiariamente interpuesta.
Que, habiendo la demandada reconocido como monto de la remuneración de la
trabajadora para los efectos del cálculo de las eventuales indemnizaciones el indicado en la
demanda, será aquél la base a utilizar.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas legales ya citadas y artículos 2, 7,
10, 160, 162, 168, 456, 457, 458, 459, 485, 489, 491, 493 y 495 del Código del Trabajo y
artículo 19 de la Constitución Política de la República se resuelve que:
I.
SE ACOGE la demanda de tutela de garantías fundamentales, declarándose el
despido de la actora vulneratorio de la garantía de indemnidad y, en
consecuencia, se condena a la demandada al pago de los siguientes montos:
a) $501.873.- (quinientos un mil ochocientos setenta y tres pesos) por
concepto de indemnización por 1 año de servicio;
b) $150.561.- (ciento cincuenta mil quinientos sesenta y un pesos) por
concepto del aumento del 30% de la letra a) del artículo 168 del
Código del Trabajo;
c) $501.873.- (quinientos un mil ochocientos setenta y tres pesos) por
concepto de la indemnización indemnización sustitutiva del aviso
previo;
d) $3.513.111.- (tres millones quinientos trece mil ciento once pesos)
por concepto la indemnización prevista en el inciso tercero del
artículo 489 del citado cuerpo legal (7 remuneraciones);
II.
Que las sumas ordenadas pagar se reajustarán de acuerdo con lo previsto en los
artículo 63 y 173 del Código del Trabajo;
III.
Que, habiendo sido totalmente vencida, se condena a la demandada al pago de
las costas de la causa
Notifíquese a las partes en la fecha decretada en la causa, regístrese y oportunamente
archívese.
En su oportunidad, devuélvanse los documentos que se encuentran en custodia.
RIT T-4-2010
RUC 10- 4-0020075-6
Dictada por doña XIMENA CAROLINA LÓPEZ AVARIA, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

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