el cambio hace agua?

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el cambio hace agua?
Huelga de hambre de familiares de desaparecidos en Bolivia ¿el cambio hace agua?
Rosa Rojas
La Paz., Olga Flores, hermana de Carlos Flores Bedregal, asesinado junto con el lider
socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz durante el golpe de Estado de Luis García Meza
en 1980, y Martha Montiel, hija del guerrillero Sergio "Pablo" Tirso Montiel, de la
guerrilla de Teoponte, asesinado en 1970 después de ser detenido vivo, iniciaron este 5
de mayo una huelga de hambre para exigir al presidente boliviano Evo Morales que
ordene la desclasificación de los archivos del Estado Mayor del ejército para dar con el
paradero de los restos de sus familiares y que éstos les sean devueltos.
Ellas pensaron que con la llegada al gobierno de Morales Ayma, un indígena
dirigente sindical cocalero que en carne propia ha vivido la injusticia del sistema
judicial en su país, iban a poder lograr concretar algo tan elemental como el derecho a
conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus familiares y recuperar sus restos, después de
“décadas en las que no ha habido ninguna voluntad política para hacer justicia”. Tenían
la esperanza de que “eran nuevos tiempos”. No ha sido así, indicaron.
Por ello, explicaron, decidieron iniciar una huelga de hambre, un recurso
desesperado después de entregar en la presidencia y en la vicepresidencia de la
república, así como en la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia sendas misivas
en las cuales, una vez más, explican lo que ha sido el ancho camino de la impunidad que
campea en Bolivia para los violadores de derechos humanos.
“Impunidad, un delito tan grave como la desaparición forzada, este delito está
carcomiendo nuestra institucionalidad democrática, ya que abre las puertas a la
comisión de todos los delitos. El hecho de que nuestro Estado no castigue la violación
de los derechos humanos, de las desapariciones forzadas, la corrupción, el dolo, nos
muestra cuan desprotegidas estamos las personas y cuan libres están los delincuentes,
que con la impunidad tienen carta de ciudadanía para cometer cualquier arbitrariedad o
crimen”, señalan en su carta.
Asimismo recuerdan a Morales, al vicepresidente Alvaro García Linera, al
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Walter Fernández Gutiérrez, que en tanto
no se conozca el paradero de sus familiares, el Estado boliviano “sigue cometiendo el
delito de desaparición forzada de personas”.
En el caso de la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga
Santa Cruz, “la investigación realizada por su gobierno ha sido nula” y el Consejo
Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF),
creado para ese fin, no tiene “ni siquiera un registro completo de los casos”,
manifiestan.
En lo que se refiere a los desaparecidos de la guerrilla de Teoponte, “el
ministerio de Justicia viene ofreciendo desde hace tres años que se va a ingresar a la
zona para realizar las exhumaciones en base a la información y documentación que ha
proporcionado el historiador Gustavo Rodríguez y nuestras propias investigaciones. Sin
embargo eso no ha pasado de ser vanos ofrecimientos y hasta compromisos firmados e
incluso mediando la Central Obrera Boliviana, han sido incumplidos”.
Incluso, aseveró Montiel, se cuenta con los mapas –entregados anónimamente
por militares en 2006- de localización de las fosas donde fueron enterrados algunos de
los 60 guerrilleros ejecutados por el ejército en 1970, entre ellos su padre. Primero el
ministerio de Justicia ofreció que en 2007 se exhumarían los restos. Luego que en 2008,
ahora que sería en abril de 2009, y después dijeron que en junio…
En las instalaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en
esta ciudad, donde ambas cumplen su huelga de hambre, Flores Bedregal informó que
desde la llegada de Evo Morales al gobierno se les ha ofrecido a los familiares de
desaparecidos que se haría un decreto supremo para ordenar a las fuerzas armadas
desclasificar la información sobre lo ocurrido con los desaparecidos. No se ha hecho
nada pese a que incluso ya hay un antecedente de que eso es posible, pues el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el neoliberal, ordenó que los militares
entregaran los restos del Che Guevara, detalló.
Recordó que después de un juicio que duró 10 años, se condenó a Froilan
Molina Bustamante, asesino de Marcelo Quiroga y Carlos Flores, a 30 años de prisión
en primera instancia, pero éste continúa en libertad sin que se haya tomado alguna
medida cautelar para impedir que huya, pero no sólo anda suelto sino que además,
amparado en la impunidad de la que goza, se da el lujo de amenazarla e insultarla.
“La actuación dilatoria de los cuatro jueces en el proceso fue parcializada, de
total servilismo a los represores y a lo que pedían sus abogados comandados por el
actual vocal de la Corte de La Paz, Santiago Berrios… Los familiares fuimos
amonestados, tuvimos que cubrir los gastos de notificación y traslado, se nos denegó la
producción de pruebas y lo que es más grave sólo se escucharon y dieron por ciertas las
afirmaciones de los procesados”.
La sentencia que emitió el juez Angel Arias en 2007, agregó, “es un engaño,
reconoce que han habido los delitos (imposible negar que hubo alzamiento armado,
sedición, organización de grupos irregulares, complicidad, encubrimiento, falso
testimonio) pero no les reconoce autoría, excepto a tres de los acusados que condena
con la pena máxima; a siete les asigna penas que no corresponden, para nada, con la
gravedad de los delitos. Así al coronel Faustino Rico Toro, que tuvo a su cargo los
presos en el Estado Mayor y de donde desaparecieron los cuerpos de Quiroga Santa
Cruz y Flores Bedregal es condenado con sólo dos años, al suboficial Raúl Solano
Medina, de la guardia personal del dictador Hugo Banzer, que declara como si nada que
consiguió 200 litros de gasolina para quemar el cuerpo de Marcelo Quiroga, lo condena
a tres años”.
La mismo condena le dio a Gregorio Loza Balsa, civil jefe de las operaciones
psicológicas del Estado Mayor y a Adolfo Ustarez Ferreira, civil “responsable de la
organización de grupos armados, a cargo del grupo delincuencial autodenominado Los
Novios de la Muerte; al suboficial Javier Hinojosa Valdez, alias capitán Lince
comandante del operativo Avispón, no obstante estar prófugo, rebelde y contumaz lo
condena sólo a tres años. Pero lo más aberrante es que a absuelve a seis que reconocen
haber secuestrado los cadáveres”.
Mencionó que la Corte Superior ha ratificado esta sentencia “en términos
generales, manteniendo así una impunidad de graves delitos, aunque para dar la
apariencia de atender a nuestra apelación ha condenado a cuatro de los seis absueltos,
dos que además están prófugos y rebeldes, en consecuencia admiten su culpa, pero
siguen absueltos. Hechos que demuestran fehacientemente a quienes sirve el Poder
Judicial”, indicó Flores Bedregal.

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