Descarga - Alianza PAIS

Transcripción

LA MANO SUCIA DE CHEVRON:
HISTORIA DEL PEOR CRIMEN
MEDIOAMBIENTAL
DEL ECUADOR
Comunicación
Secretaría Ejecutiva
Movimiento Alianza PAIS
Marzo,2014
CHEVRON Y SUS BESAMANOS
E
ntre las más gratas amistades que he tenido en mi vida cuento con la del maestro Manuel
Medina Castro, y quizá, aparte de su interpretación siempreviva del marxismo, la mayor
lección que recibí de él podría sintetizarse en una conducta ética: “no ser jamás en la vida
besamanos de nadie”.
El neocolonialismo, como tantas taras capitalistas, engendró una manera de vivir sometida
y lacaya, en la que el capital subordina todo. El ser humano no es tal, es una cosa que produce
o consume. Las relaciones humanas, hasta las amorosas, son identificadas desde el poder, no
de la pasión. La vida misma es apenas un tránsito en la movilidad social determinada por el
oportunismo y el individualismo, y las antiguas virtudes: generosidad, solidaridad y lealtad,
son el cándido refugio del ingenuo, porque lo que interesa es el dinero y su voraz entorno, de
tal manera que el egoísmo y la avaricia pueden convertirse en valores. Es entonces cuando los
besamanos aparecen.
Si esto se traduce a las relaciones políticas, entre Estados o corporaciones, nuevas características emergen: cinismo, impudicia, viveza y vanidad, y quizá estas premisas nos ubiquen de
lleno en la razón de esta publicación: las manos sucias de Chevron-Texaco, manifestación del
poder omnímodo del dinero y de las relaciones incestuosas con la justicia falsaria, o mejor, con
la injusticia, y, por supuesto, con los vasallos, para quienes la Patria no existe, es apenas un simulacro accidental de nacimiento, y, muchas veces, motivo de vergüenza.
En el proceso judicial que ciudadanos libres del Ecuador siguen a la transnacional Chevron,
merecen, sin duda, un capítulo aquellos connacionales, jamás “compatriotas” que sirven a los
intereses extranjeros. Devotos de la sumisión, a cambio de algunos denarios, han aportado con
su testimonio, y lo que es peor, con su firma, para convertirse en cómplices y encubridores del
mayor desastre ecológico producido en nuestro tiempo.
6
¿Qué hace posible que un ser humano traicione a su Patria?
"¿Qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue?", se dice que exclamó Judas Iscariote. Pero
¿es solo el dinero lo que determina la deslealtad? No, de por medio, en el caso particular de
Chevron existen otras aristas. La sumisión a cambio del reconocimiento, el servilismo como
manifestación de idolatría al poderoso, la humillación voluntaria para ser recompensado con
la invitación a la kermesse del imperio, y, por cierto, la pretensión ilusa de formar parte, cual
antiguo bufón de palacio, de esa cofradía déspota, rubia y arrogante.
Miraba hace pocos días el film argentino “No sos vos, soy yo”, de Juan Taratuto. El personaje
traicionado, interpretado de manera magistral, tras ser víctima de la infidelidad, exclama su
auto sanación: “Para volver a vivir, después de esta tragedia personal, caminé un largo trecho, que me
condujo del desconcierto a la ira, de la ira a la venganza, de la venganza a la resignación, de la resignación
a la indiferencia, de la indiferencia al desprecio, y del desprecio al perdón. Así pude curarme”.
Uno podría estar de acuerdo en todo, salvo el perdón, porque se convierte en impunidad, tara
histórica de nuestro país. Por el contrario, debemos mantener en la memoria siempre presentes
a quienes atentaron y atentan contra nuestra Patria. Desde el punto de vista legal la traición es
el "delito cometido por civil o militar que atenta contra el patrimonio público, la seguridad, la soberanía o
contra el honor, y la independencia del Estado". No es posible sanar heridas y cicatrices mientras los
traidores: acartonados, invisibles o cínicos, se paseen por el boulevard de los sueños rotos. Nos
queda al menos la palabra para señalarlos.
Cabría extrañarse de ciertas ausencias en la lucha contra Chevron, y a la cabeza, por paradójico que sea, quienes se han definido por la defensa de la Naturaleza. Si es únicamente el odio a
la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa Delgado lo que les provoca el desdén o la distancia,
podríamos darle la razón a Zizek cuando cataloga de “angelismo de la izquierda posmoderna” esa
posición, ahora francamente en contra de los intereses del Ecuador. Quizá lo más grave es que
podamos encontrar reunidos, aunque sus razones para tal unidad sean antagónicas, a los intemperantes con los besamanos.
El Movimiento ALIANZA PAIS presenta este cuaderno de dignidad con la certeza de que los
vocablos patriota y compatriota tienen vigencia y son motivo de orgullo, pasión y compromiso.
Galo Mora Witt
Secretario Ejecutivo
Movimiento Alianza PAIS
Texaco en el Ecuador
7
Antecedentes
10
Antecedentes
A
lgunas versiones históricas refieren
que en épocas prehispánicas los
pobladores de la península de
Santa Elena conocían un elemento con las
características hidrocarburíferas, que brotaba
naturalmente en la superficie y era utilizado
con fines medicinales. La historiadora Jenny
Estrada señala en el libro de su autoría Ancón
(2001) que a este recurso natural se lo llamó
copey o copé, también baba del diablo, y que
fue rudimentariamente explotado durante la
Colonia por los representantes de la Corona
española.
En 1858, el geógrafo ecuatoriano Manuel
Villavicencio en Geografía Sobre el Ecuador,
registra la presencia de asfalto y alquitrán
en lo que hoy corresponde a la provincia de
Orellana, en el río Hollín y en la cordillera
oriental del Cututú.
Entre fines del siglo XIX y principios del XX,
la naciente actividad petrolera realizada por
compañías extranjeras, se asienta principalmente en la península de Santa Elena, región
litoral. En 1878, se otorga la primera concesión
en la zona al colombiano M.G. Mier y en 1885
el italiano Salvador Vigniani obtiene varias
adjudicaciones. Pero es en 1911, con la perforación del primer pozo: Ancón 1, que se inicia
la explotación de petróleo en el Ecuador.
La empresa inglesa Anglo (fundada en
1908 como Anglo-Persian Oil Company
hasta 1951 que cambió su nombre a British
Petroleum por la fusión con Arco, Amoco,
Castrol y Aral) establece su filial Ecuadorian
Oilfields Limited en 1919 en Ecuador, con
sede en Guayaquil, para realizar trabajos de
exploración en la Península. Dos años más
tarde, inicia la producción de 3.000 barriles
diarios de crudo 32°API (medida de densidad
que, en comparación con el agua, precisa
cuán pesado o liviano es el petróleo) en el
pozo Ancón 4. No obstante, el nivel para la
comercialización se alcanza en 1925 y su
exportación, en pequeñas cantidades, se
efectúa en 1928. Hasta 1971 este rubro no
superaba el 6% del total de exportaciones
nacionales, según datos del Banco Central.
Tanto que entre 1928 y 1957, se exportaron 42
millones de barriles de crudo, volumen igual
al correspondiente a 1972, año que inaugura
la llamada era del boom petrolero. En 1940, se
construye la pequeña refinería La Libertad
que procesaba 1.000 barriles diarios; el pico
más alto de producción de esta época en la
región es de 10.000 barriles diarios en 1955.
11
12
Antecedentes
En la década de los 60 un grupo de
7 compañías conocido como Las Siete
Hermanas (llamado por Jaime Galarza
Zavala: Los Siete Dinosaurios) dominaba el
mercado petrolero internacional:
1.Standard Oil of New Jersey (Esso),
fusionada con Mobil: ExxonMobil EE.UU.
2.Standard Oil of New York, fusionada
con Mobil: ExxonMobil. EE.UU.
3.Royal Dutch Shell. Países Bajos-Reino
Unido
4.Anglo-Iranian Oil Company (AIOC),
luego British Petroleum (BP). Reino Unido
5.Gulf Oil Corporation, en 1985 es
adquirida en una parte por Chevron, y en
otra por BP. EE.UU.
6.Standard Oil of California fusionada
con Shell, más tarde realiza otra fusión
con Texaco y forma Chevron-Texaco. Hoy,
Chevron Corporation EE.UU.
7.Texaco, fusionada con Chevron en
2001. Hoy Chevron Corporation. EE.UU.
Por el mismo tiempo, los campos de la
Península empezaron a declinar (proceso
natural por el cual desciende la capacidad de
producción de un yacimiento) pues estaban
casi agotados. Por esta razón, en 1965 la Anglo
Ecuadorian Oilfields Limited recibe 491.000
hectáreas para exploración en otras zonas del
litoral, sin resultados positivos. Así, en 1967
la empresa da un giro hacia la refinación y la
distribución de gasolinas de 64 y 80 octanos.
Esta situación incidió en una baja en la
exportación y en una extracción solo para
abastecimiento del consumo interno.
Según documenta el libro Hitos de la
Industria Petrolera 1829-2005, publicado por
Petroecuador en 2006, si bien durante cerca de
40 años (1928-1959) la explotación se concentró
en la península de Santa Elena, varias
compañías extranjeras como Shell, Standard
Oil, California Oil, Tennessee y la Western
Geophysical Co., obtuvieron adjudicaciones
por más de 5 millones de hectáreas en el resto
del litoral y en la región oriental.
También el autor Byron Galarza en su
obra El Petróleo en el Ecuador (2009) destaca los
concesionamientos de ese período a un grupo
de empresas internacionales privadas, algunas
de las cuales posteriormente cedieron su
participación a Texaco-Gulf. Este consorcio se
conformó por la asociación de dos entidades:
Texaco (petrolera estadounidense creada en
1902 como Texas Company, absorbida en 2001
para formar parte de Chevron Corporation), y
Gulf Oil Corporation (petrolera estadounidense
constituida en 1936 y absorbida en 1984 por
Standard Oil de California para formar la
Chevron Corporation).
De otro lado, la primera concesión en la
Amazonía ecuatoriana fue de 25.000 km2 y se
otorgó en 1921 a Leonard Exploration Co. de
Nueva York, para exploración y explotación
Antecedentes
Primeros pozos
de explotación
petrolera
en el Oriente
ecuatoriano
por un lapso de cincuenta años. Pero 16 años
después, la autorización es cancelada ante la
negativa empresarial de pagar al Estado una
deuda de 126.000 sucres.
De acuerdo con Jaime Galarza Zavala, en
1937 el dictador Federico Páez había entregado
grandes cantidades de tierras amazónicas
a la petrolera Shell, ésta luego de la etapa
de exploración anunció entusiasmada la
existencia de crudo en la región. Extrañamente,
tiempo después la empresa niega su primera
aseveración y cambia la versión aun cuando
los nativos de la zona conocían bien los
resultados positivos en cuanto a producción
petrolera en las perforaciones. Shell empieza a
sellar los pozos y abandona el país en 1948 con
una deuda de millones de dólares al Estado y a
los trabajadores.
Famosa y coincidente es la frase pronunciada por el entonces presidente de la República,
Galo Plaza Lasso, el 23 de febrero de 1950, luego
de que la Shell devolviera sus concesiones: ”El
Oriente es un mito. Allí no hay petróleo. Tampoco esas tierras son buenas para la agricultura.
Debemos acercarnos a la Costa”.
Galarza Zavala relata también que a
fines de los años 50 llegó a Ecuador Howard
Steven Strouth, austríaco nacionalizado
norteamericano, ligado al negocio petrolero
que se dedicó a la obtención de adjudicaciones
de tierras para la exploración. De este modo,
a través de la empresa Minas y Petróleos S.A.
(que en EE.UU. figuraba como propiedad de una
multinacional llamada World Adventures),
13
14
Antecedentes
logró una concesión de 4’500.000 hectáreas
en la región amazónica, a la que subdividió y
comerció con los mejores postores.
Seguidamente, Strouth vendió parte de las
acciones de Minas y Petróleos S.A. a 8 compañías, y formó empresas fantasmas a las que
transfirió otras acciones. Es este baratillo, negoció la concesión llamada Coca de 650.000
hectáreas de extensión, en 0.002 sucres la
hectárea, a Texaco, sin conocimiento ni autorización del Gobierno.
Adicionalmente, la Junta Militar de
Gobierno conformada en 1963 por Ramón
Castro Jijón, Luis Cabrera Sevilla, Marcos
Gándara Enríquez y Guillermo Freile Pozo, firma
el 5 de marzo de 1964 con el consorcio TexacoGulf un contrato por 40 años, renovables por
10 más, que contempla el otorgamiento de
1’500.000 hectáreas (cantidad que incluye
las 650.000 anteriores) de selva habitada
por comunidades indígenas. Pero el Decreto
Supremo #364 expedido por la misma Junta el
30 de junio de 1965, determina la disminución
del área conferida al limitar el máximo de
adjudicación de tierras en zonas petroleras a
500.000 hectáreas para exploración y a 250.000
hectáreas para explotación.
En este contexto, para fines de 1967
Texaco-Gulf había perforado los primeros
pozos comerciales en el Oriente: Lago Agrio
1, con una producción inicial de 2.640 barriles
diarios. “El descubrimiento de hidrocarburos
en la Región Amazónica hace que en 1968
se reactive el interés de las compañías
extranjeras, otorgando el Estado ecuatoriano
más de 4 millones de hectáreas a 7 compañías
para la exploración y explotación de petróleo
en la zona”, relata el ecuatoriano Víctor
Guevara en su tesis El sistema de contratación en
las actividades del sector petrolero, de junio del
2001, publicada por el IAEN.
De esta forma, hasta 1971 los sucesivos
gobiernos ecuatorianos habían entregado
grandes extensiones de tierra a una media
docena de petroleras extranjeras, sin establecer regulaciones favorables a los intereses
del país. En una maraña de irregularidades e
incumplimientos de cancelación de regalías
(pago por uso y explotación del petróleo), utilidades (ganancias netas después de los costos
de producción) e impuestos a la renta, el Ecuador
vivió una enrevesada actividad petrolera.
Con el descubrimiento de nuevas reservas
y con la puesta en funcionamiento del Sistema
de
Oleoducto
Transecuatoriano
(SOTE,
construido por la Compañía William Brothers
Antecedentes
para transportar crudo desde el Oriente
hasta el puerto de Balao, en la provincia de
Esmeraldas), el Gobierno de José María Velasco
Ibarra1 aperturó una política de revisión de
concesiones que derivó en la expedición de la
Ley de Hidrocarburos del 27 de septiembre de
1971 que determina para el país la propiedad
del petróleo: “…al proclamar que la riqueza
petrolera pertenece al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado”.
Del 6% en 1969 el Estado pasó a recibir el
16% en 1972 por concepto de regalías en el
Golfo de Guayaquil, tras la firma del Decreto
Ejecutivo por parte del presidente Velasco
Ibarra
que otorgaba al Gobierno plena
autoridad en materia regulatoria y en la
supervisión de las operaciones petroleras en
general, incluyendo las del consorcio TexacoGulf, y establecía porcentajes como normativa
para las futuras operaciones de explotación
de crudo en el Ecuador.
La nueva Ley de Hidrocarburos y 2
modificaciones al contrato de Texaco–Gulf,
determinaron que el Estado podía retener
el 20% de la producción petrolera para el
consumo interno de derivados. La dictadura
militar del general Guillermo Rodríguez Lara2
instaurada en 1972, creó la Corporación Estatal
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) el 23 de junio de
ese año y en 1973 decidió el ingreso del país
a la Organización de Países Exportadores de
1 Presidente Constitucional de la República del Ecuador en los
períodos 1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961,
1968-1972.
2 Presidente de facto de la República del Ecuador en el período
1972-1976. Petróleo (OPEP), en calidad de miembro titular.
Estos cambios y la infraestructura implementada permitieron al Ecuador efectuar su
primera gran exportación de crudo el 17 de
agosto de 1972 (308.283 barriles correspondientes a las regalías de Texaco–Gulf que el
Gobierno cobraba en especies), cada barril se
vendió en $2,34.
La empresa Gulf constante y reiteradamente
incumplía e irrespetaba las estipulaciones
contractuales relativas a los pagos convenidos,
por lo cual en 1977 el Estado decide adquirir
su participación (37.5%) en el consorcio
CEPE-Texaco-Gulf; en consecuencia, CEPE se
convierte en el socio mayoritario con el 62.5%
de las acciones pues desde 1974 poseía el 25%.
Se terminan definitivamente las relaciones con
Gulf, y la operación de los campos petroleros
y del oleoducto transecuatoriano sigue en
manos de Texaco.
A la sazón, en aproximadamente 30
años Texaco extrajo el 88% del total de la
producción nacional de petróleo en 399 pozos
y 22 estaciones de perforación y además operó
el SOTE.
15
16
Una operación
irresponsable
Una operación irresponsable
D
urante los 28 años (1964-1992) la
transnacional
Texaco
Petroleum
Company (comprada en 2001 por
Chevron) única operadora de los yacimientos concedidos y transportadora del petróleo
a través del SOTE, extrajo 1.500 millones de
barriles de petróleo, vertió 19.000 millones de
galones de residuos y derramó 17 millones de
galones de crudo.
Es decir, se cometieron hechos de absoluta irresponsabilidad ambiental y de irrespeto
a los derechos humanos, que dejaron como
saldo aproximadamente 2 millones de hectáreas contaminadas por el desparrame directo
sobre el suelo de 379’246.200 barriles de agua
tóxica de formación (desechos de aguas del
proceso de explotación petrolero) y una grave
lesión a las formas de vida de la zona.
Este suceso altamente perjudicial y nocivo,
aún sigue contaminando las aguas subterráneas y la atmósfera. La cantidad vertida es 30
veces mayor a la del histórico desborde de la
plataforma Exxon Valdez en 1989, en Alaska; y
85 veces superior a la de British Petroleum en el
Golfo de México, en 2010.
Con el propósito de obtener el mayor lucro
posible, la empresa no utilizó técnicas que
evitaran la contaminación por la eliminación
de aguas tóxicas provenientes del proceso de
explotación. Construyó piscinas altamente
permeables para el almacenamiento del crudo,
prohibidas por la legislación norteamericana
para EE.UU. desde la década del 30.
Estas omisiones infectaron las aguas
subterráneas de ríos y esteros utilizados para
consumo humano como fuentes de agua
para beber, cocinar, aseo personal, riego y
pesca. Texaco ahorró $4.000 millones con el
uso de tecnología obsoleta e inapropiada que
hubiera sido objeto de penalizaciones graves
en su país de origen en observancia a la Ley
de Contaminación por Hidrocarburos y otras
relativas, de los EE.UU.
El Código de la Salud del Ecuador vigente
para toda materia o acción pública o privada
en todo el territorio nacional en 1971 como
norma de aplicación obligatoria, en su artículo 12 disponía: “Ninguna persona podrá
eliminar hacia el aire, el suelo, o las aguas,
los residuos sólidos, líquidos o gaseosos,
sin previo tratamiento que los convierta
en inofensivos para la salud”. Y el artículo
17 disponía: “Nadie podrá descargar directa, o indirectamente, sustancias nocivas o
indeseables en forma tal que puedan contaminar o afectar la calidad sanitaria del agua
y obstruir, total o parcialmente, las vías de
suministros”.
19
20
»» 1939, Estado de Texas, implementa
regulación por la cual: “nadie podrá
almacenar permanente o temporalmente,
petróleo crudo, sus productos o
subproductos derivados, en piscinas
abiertas o directamente en la tierra”.
Texaco en Ecuador depositó lodos de
perforación y otros desperdicios en 1.000
piscinas permeables
»» 1942, Estado de Louisiana, establece
por ley: “no se permite recorrer por
canales naturales de drenaje al agua de
producción”. Por esta razón Texaco debió
usar tecnología de reinyección en sus
campos petroleros ubicados en ese Estado
»» 1942, Estado de Louisiana, prohibe
el uso de piscinas permeables que podrían
desbordarse a las aguas superficiales
o lixiviar al suelo y agua subterránea”.
Texaco en Ecuador usó mecheros
horizontales sobre piscinas de agua de
formación, que produjeron nubes de humo
tóxico
»» 1960, Estado de California, el
permiso de explotación petrolera a Texaco
prohíbe que desperdicios petroleros
ocasionen polución de agua subterránea
o superficial. Podía verterse sólo agua
de formación de baja salinidad y bajos
niveles de cloruro y boro. El agua de
formación vertida por Texaco en Ecuador
excedió en mucho estos estándares
»» 1969, Estado de Texas, prohíbe
descarga de aguas de formación en
esteros secos, esteros corrientes y ríos.
Texaco vertió directamente agua de
formación en ríos de la Amazonía
ecuatoriana
»» 1973, Estado de California, de
acuerdo con su Código de Salud y
Seguridad, permite para la industria
petrolera el uso sólo de smokeless flares
(mecheros sin humo)
»» 1979, Agencia de Protecciones
Ambientales de los EE.UU. (EPA) prohíbe la
descarga de agua de formación en aguas
navegables
Por tanto, el pleno conocimiento de los
riesgos inscritos en la normativa legal de su
país, y el incumplimiento de la normativa legal ecuatoriana, responden a una concepción
y prácticas racistas y neocolonialistas por parte de la transnacional en el Ecuador.
Es decir, la transnacional conocía todos los
peligros y sabía muy bien que su proceder era
un verdadero atentado contra la vida. Las altas concentraciones de material tóxico en el
entorno, especialmente en el agua, fuente de
subsistencia de las comunidades colindantes
con sus plataformas petroleras, son mortales
al contacto humano cotidiano.
Algunos de las consecuencias de la acción
de Texaco, son:
Desaparición de los pueblos
ancestrales Tetetes y Sansahuari
Contaminación por:
Además, alta migración indígena, daño en
la biodiversidad, deforestación, extinción de
reservas naturales y daño a especies vegetales
y animales. Por tales motivos, el Oriente
ecuatoriano es actualmente conocido como
El Chernobyl de la Amazonía.
En 1996 Texaco se comprometió a remediar
la contaminación generada, lo cual implica un
tácito reconocimiento del perjuicio provocado,
pero la acción efectuada con una inversión de
$40 millones fue inapropiada e insuficiente;
sin embargo, exigía a cambio la liberación de
cualquier responsabilidad en sus actividades
pasadas.
Ya en 1994, un estudio del Centro de
Derechos Económicos y Sociales de Ecuador
alertó al país respecto de los elevados niveles
de contaminantes de petróleo presentes en
los ríos del área, y un informe del Ministerio
de Medio Ambiente confirmó estos efectos al
encontrar concentraciones de Hidrocarburos
Totales de Petróleo (HTP), superiores a 500
veces el límite permitido para consumo humano, en los ríos de una de las comunidades
investigadas.
Por su parte, en el Informe Yana Curi. Impacto de la actividad petrolera en poblaciones
rurales de la amazonía ecuatoriana (2000),
realizado por el Instituto de Epidemiología
y Salud Comunitaria Manuel Amunarriz del
Coca, Ecuador, se exponen resultados del
análisis de 20 ríos de 9 comunidades contaminadas, y 10 ríos de 10 comunidades elegidas al
azar de la zona no contaminada.
»»18 billones de galones de desecho líquido
»»916 piscinas de desechos tóxicos al aire
libre en el bosque amazónico
»»235.000 millones de pies cúbicos de gas,
quemados
»»16.800 millones de galones de crudo
Peligros en territorio:
»»Aguas contaminadas, intoxicaciones por
gas, caídas a piscinas con crudo, quema
de productos de petróleo, contacto con
químicos, explosiones de pozos, ruptura
de oleoductos, consumo de alimentos y
animales intoxicados
Problemas de salud:
»»Cáncer de estómago, leucemia, hígado,
intestino, útero y huesos
»»Enfermedades gastrointestinales
»»Problemas de la piel
»»147% más de abortos en mujeres cercanas
a los derrames
»»Anemia en 1 de cada 3 niños, y en 2 de
cada 3 adultos
»»Problemas respiratorios, neurológicos,
digestivos, micosis, cefaleas, reacciones alérgicas, dermatitis y problemas renales
Economía y sustento:
»»Muerte de animales
»»Cultivos afectados
»»Animales silvestres afectados
21
22
En ninguno de los ríos de la zona no contaminada se encontraron concentraciones de
HTP, mientras en los de la contaminada, 18
ríos pertenecientes a 8 comunidades presentaron contaminación con HTP, variando su
concentración desde 0,02 partes por millón
(ppm) en el río Manduro, hasta 2,883 ppm en
el río Basura. En algunos incluso, la concentración superó en más de 100 veces el límite
permitido por la Comunidad Europea.
Al mismo tiempo, dicho informe sostiene:
“Los efectos en el hombre ante
una exposición aguda al crudo son
principalmente transitorios y de corta
duración a menos que las concentraciones
de los compuestos sean inusualmente
altas. Tales exposiciones irritan la piel,
causan comezón o irritación de los
ojos ante un contacto accidental o por
la exposición a sus vapores, y pueden
producir náusea, vértigo, dolores de cabeza
o mareos en una exposición prolongada o
repetida a bajas concentraciones de sus
compuestos volátiles. La inhalación de
aceites minerales puede llegar a causar
una neumonía lipoidea y la muerte. De
particular preocupación es la exposición
al benceno, tolueno y xileno. Altas
concentraciones de benceno causan
síntomas neurotóxicos, y una prolongada
exposición a niveles tóxicos puede causar
lesión de la médula ósea con pancitopenia
persistente. El benceno es también
Piscina al aire libre con residuos
tóxicos producto de los 28 años
de operaciones de Texaco en el
Oriente ecuatoriano
una bien conocida causa de leucemia
y probablemente de otros tumores
hematológicos (…) Numerosos estudios
epidemiológicos han reportado evidencia
de los efectos carcinogénicos de los HAPs
(Hidrocarburo aromático policíclico) en
sujetos expuestos ocupacionalmente. Se ha
encontrado una fuerte asociación de esos
efectos con los cánceres de piel, escroto y
vejiga urinaria. Se ha encontrado también
un elevado riesgo de presentar cáncer de
pulmón en trabajadores de diferentes
industrias con exposición a los HAPs”.
En resumen, el análisis del impacto
de la explotación petrolera, en las peores
condiciones imaginables, sobre la salud
humana muestra que las poblaciones
expuestas enfrentan una grave situación
de secuelas irreversibles que deviene en un
problema de salud pública.
23
Organización
y demanda
Organización y demanda
T
exaco dejó el país en 1992 sin haber
realizado una remediación seria y
profunda en las millones de hectáreas
que contaminó. En ese año, el presidente
de la República, Rodrigo Borja, encargó a la
empresa canadiense HPT-Agra una auditoría
ambiental sobre las actividades de Texaco.
Lamentablemente, el presidente que lo
sucede, Sixto Durán Ballén, no hace público el
informe presentado por la canadiense.
Ante este escenario, en 1993, 88 personas,
entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas
y Kichwas, de las provincias de Orellana y
Sucumbíos, encabezados por María Aguinda,
deciden acudir a instancias judiciales con
el fin de exigir que la petrolera asuma su
responsabilidad.
De este modo, el 3 de noviembre de ese
año, en representación de las comunidades el
abogado Cristóbal Bonifaz de la firma Kohn,
Nasta&Graft, presenta la demanda contra
Texaco a través de una acción de clase (figura de la justicia norteamericana, referente a
casos contra una compañía que ha lesionado
a mucha gente) en la Corte del Distrito Sur
de Nueva York, acusándola de contaminación ambiental y humana en la Amazonía
ecuatoriana. Más tarde se une el abogado
norteamericano Steven Dozinger (abogado
del Frente de Defensa de la Amazonía, FDA,
quien se defiende de una demanda de la
transnacional que podría alcanzar miles de
millones de dólares, pues lo señala como presunto autor intelectual de una conspiración
para extorsionarla y defraudarla).
Apoyada por el Gobierno de Sixto Durán
Ballén a través de su embajador, Edgar Terán
Terán, Texaco intenta convencer al juez para
que deseche el caso, quien niega este pedido y
afirma que de comprobarse la contaminación
su
Corte
aceptaría
la
jurisdicción.
Lamentablemente, este magistrado fallece
y su sucesor, Jed Rackoff, descarta el caso
en 1997 aduciendo foro no conveniente
(no competencia), en concordancia con
la solicitud de Texaco. Esta decisión es
apelada por los demandantes que piden
reconsideración, el expediente es remitido a
la Corte de Apelaciones que en 2002 ratifica
la decisión de Rackoff, y el caso Texaco pasa a
los Tribunales del Ecuador.
Mientras tanto, el asunto fue generando
conciencia en el país y en mayo de 1994, se
crea el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA),
organización sin fines de lucro formada por 20
organizaciones y comunidades, activada para
la defensa de los derechos humanos y ambientales de la región amazónica.
27
28
Ciudadanos de todo el
mundo protestando contra
la transnacional Chevron en
Nueva York, Estados Unidos de
América
TEXAS, NUEVA YORK Y NUEVA LOJA
Desde entonces el desarrollo del proceso
ha sufrido innumerables y constantes
demoras en virtud de artimañas judiciales de
Texaco. No obstante, el 16 el agosto de 2002
se da un cambio radical ya que, por presión
de la petrolera, que suponía poder comprar la
justicia en Ecuador, la Corte de Apelaciones
de Nueva York resuelve que al no tener
competencia, el caso debe someterse a la
jurisprudencia ecuatoriana.
De forma unánime, los 30.000 afectados
demandantes determinan continuar con la
querella y el 7 de mayo de 2003, 5 nacionalidades indígenas del Ecuador (Siona, Secoya,
Cofán, Huaorani y Kichwa) representadas por
Humberto Piyaguaje, entregan la petitoria
en la Corte Superior de Nueva Loja. En esta
ciudad el 21 de octubre de ese año, una gran
movilización se dirigió hacia la audiencia que
iniciaba un histórico juicio, único en el mundo
por tratarse del sometimiento judicial a una
poderosísima transnacional por parte de un
grupo de personas particulares de un pequeño país sudamericano.
Se acumularon más de 230.000 páginas
de información; se receptaron más de
40 testimonios de personas afectadas;
se incorporaron 106 informes periciales;
se produjeron más de 80.000 resultados
químicos de las muestras tomadas en el
suelo, aguas o sedimentos; se entregaron
estudios sobre salud elaborados en forma
independiente por expertos extranjeros.
Dentro del proceso, la parte ecuatoriana
se preocupó por probar, como en Derecho
se requiere, todas sus acusaciones; tanto es
así, que en el expediente correspondiente
se acumularon más de 230.000 páginas
de información; se receptaron más de 40
testimonios de personas afectadas; se
incorporaron 106 informes periciales; se
produjeron más de 80.000 resultados químicos
de pruebas realizadas a las muestras tomadas
SENTENCIA
De acuerdo con la sentencia de primera
instancia emitida por el juez Nicolás Zambrano
el 14 de febrero del 2011 en la Corte de Sucumbíos,
los daños ambientales “que son atribuibles a las
actividades de la demandada (en suelo y agua)”,
tienen impactos severos en los ecosistemas
donde habitan grupos culturales diversos
“pues la degradación ambiental puede llegar a
amenazar la existencia misma del grupo”.
El fallo, al analizar los perjuicios establece
que uno de los más graves es el concerniente
a la salud, derecho humano fundamental cuya
violación es considerada un delito contra la vida.
La conceptualidad, sentido y orientación de
este derecho están ampliamente desarrollados
en varios instrumentos internacionales y, en
el caso específico de los pueblos indígenas,
está consagrado en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial y el Protocolo adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Estos elementos llevaron a la
en el suelo, aguas o sedimentos; se entregaron
estudios sobre salud elaborados en forma
independiente por expertos extranjeros. El
juez Alberto Guerra (quien más tarde llegó
a un acuerdo con Chevron por $326.000 a
cambio de su testimonio contra los afectados)
inspeccionó y verificó directamente los
daños causados en 54 sitios operados por la
compañía.
29
30
presidencia de la Corte a afirmar que “el
derecho a la salud está vinculado de manera
especial al derecho a la dignidad humana, a la
no discriminación y a la igualdad”.
El dictamen también recalca que las pruebas presentadas llevan al convencimiento de
que se “trata de daños constantes causados
por la contaminación, y no de resultados aleatorios”. Advierte sobre la necesidad de reparar
el daño causado en flora y fauna, “para restaurar su fuente de subsistencia y recuperar
así su alimentación tradicional, buscando así
resarcirse de este impacto”. Y enfatiza que
constituye un “detrimento patrimonial”.
La sentencia, que contiene los rubros
de perjuicio a las comunidades, daño
ambiental y reparación de los mismos,
condena a la compañía Chevron a pagar
una indemnización de 9.500 millones de
dólares por haber causado uno de los
“mayores desastres medioambientales del
mundo” entre 1964 y 1990
De la valoración de la información y de las
pruebas presentadas, el presidente de la Corte
Provincial de Sucumbíos concluye que “los
impactos sufridos en sus culturas por los pueblos
indígenas han sido parcialmente producidos por
las actividades de la demandada, pero también
por agentes externos, siendo la actividad de la
demandada un factor contribuyente importante
debido a la cercanía y dependencia entre el
ecosistema dañado y las costumbres de los
pueblos afectados”.
La sentencia, que contiene los rubros
de afectación a las comunidades, del daño
ambiental y de reparación de los mismos,
condena a la compañía Chevron a pagar una
indemnización de $9.500 millones por haber
originado uno de los “mayores desastres
medioambientales del mundo” entre 1964 y
1990. Estipula que esta suma se duplicaría y
alcanzaría los $19.000 millones, en caso de no
presentarse excusas a los damnificados en las
semanas siguientes a su pronunciamiento.
Empero, el vocero de la transnacional,
James Craig, manifestó que “Chevron no se
disculpará” y aseguró que todo está “viciado
de corrupción”, por lo cual apeló el dictamen
mediante un recurso de casación en la Sala
Única de la Corte Nacional de Justicia. El 12
de diciembre de 2012, a través del correspondiente sorteo, el recurso fue remitido a la Sala
de lo Civil y Mercantil de la Corte.
Adicionalmente, el proceso se ha
mantenido en instancias judiciales y arbitrales
de 6 países: Ecuador, Estados Unidos, Holanda,
Argentina, Brasil y Canadá; en los 3 últimos,
los denunciantes han buscado efectivizar el
veredicto. James Craig, además, desvirtuó la
validez de cualquier fallo en Canadá, aduciendo
que el reclamo es contra Chevron EE.UU. y no
contra Chevron Canadá. Al respecto, Pablo
Fajardo, abogado del equipo jurídico de los
querellantes, afirmó que la matriz es dueña
de la subsidiaria, por lo cual cabe el recurso.
CASACIÓN Y RATIFICACIÓN
Tras la sentencia de la Corte de Sucumbíos,
Chevron solicitó el recurso de casación
(revisión de la sentencia en virtud de una
probable mala interpretación o aplicación de
la ley). El pedido fue ingresado en la Corte
Provincial de Sucumbíos, y los magistrados
lo trasladaron a la Corte Nacional de Justicia,
misma que ratificó la sentencia el 11 de
noviembre de 2013. El comunicado afirma que
la transnacional causó un daño ambiental en
la Amazonía ecuatoriana, por lo que deberá
pagar a los afectados $8.646,170 millones más
el 10% de esa cifra por reparaciones al Frente
de Defensa de la Amazonía.
Es decir, el monto total a pagar llegaría
a $8.800 millones pues la Corte Nacional
eliminó el castigo por daños punitivos que
la Corte Provincial de Sucumbíos determinó
en enero del 2012 que elevaba la multa a
$19.000 millones por no pedir disculpas a los
afectados. La sentencia de la Corte Nacional
de Justicia consta de 222 páginas y fue suscrita
por los jueces Wilson Andino Reinoso, Patricia
Aguirre Suárez y Eduardo Bermúdez.
En octubre de 2013, la parte acusadora obtuvo un gran avance en su lucha: el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)
embargó 50 marcas y sellos de la petrolera
estadounidense considerados como bienes
intangibles. Las marcas de las que Chevron
no podrá continuar lucrando mediante, por
ejemplo, el cobro de regalías, son: Chevron,
Ursa, Havoline, Doro, Geotex, Meropa, Motex,
Multigear, Regal, Taro, Texatherm, Thuban,
entre otras.
La acción de embargo se produce por el
pedido de la Corte de Justicia de Sucumbíos,
y el IEPI procede a marginar cada uno de los
títulos de marcas y signos de Chevron-Texaco.
Andrés Ycaza Mantilla, Director Ejecutivo del
IEPI, confirmó la medida apegado al Decreto
Judicial que incluye la constitución legal del
IEPI como depositario de los bienes intangibles embargados.
LOS QUE PAGARÍAN SERÍAN LOS CIUDADANOS
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño,
en octubre 2013 aseveró que un fallo a
favor de Chevron “podría quebrar al Estado
ecuatoriano”, pues recordó que el Presupuesto
General del Estado está por los $30.000
millones y el Gobierno tendría que pagarle
a Chevron $9.500 millones. Afirmó que el
Estado tendría que entregar todos los rubros
de exportaciones a futuro, incluido café,
petróleo y banano, a la petrolera. Esas cifras
constituyen un 10% del Producto Interno Bruto
de $80.000 millones y el 30% del Presupuesto
General del Estado.
31
Los Gobiernos
de Sixto Durán
Ballén y Jamil
Mahuad en el
caso Texaco
Chevron
Sixto Durán Ballén
JJamil Mahuad
Los Gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad en el caso Texaco Chevron
E
n 1994, se iniciaron las primeras
reuniones entre representantes del
Gobierno de Sixto Durán Ballén y los
afectados por Texaco, a fin de definir una propuesta para un acuerdo amistoso frente a la
demanda presentada en Nueva York. Sin embargo, las negociaciones se enturbiaron toda
vez que el Gobierno fue desplazando paulatinamente de la decisión a los afectados y tomando parte por la causa de la transnacional.
En consecuencia, en 1995, aún en el
Gobierno de Durán Ballén, el Estado ecuatoriano
subscribe con Texaco un Convenio de Reparación
Ambiental que entró en ejecución el mismo año.
Los trabajos realizados por la empresa fueron
cuestionados por los afectados y, posteriormente,
por la Contraloría General del Estado.
Pero en 1998 durante el Gobierno de
Jamil Mahuad, el ex ministro de Energía y
Minas, Patricio Ribadeneira; el ex presidente
ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo;
el ex gerente de Petroproducción, Luis Albán
Granizo; el ex vicepresidente de Texaco;
Ricardo Reis Veiga; y el representante de
Texaco en Ecuador, Rodrigo Pérez Pallares,
firman un Acta Final de Cumplimiento del
Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación
Medioambiental y Liberación de Obligaciones,
Responsabilidades y Demandas de Chevron, que
avalaba la supuesta remediación efectuada
en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El
documento fue firmado pese a que el informe
de Contraloría (realizado entre 1997 y 2000) y
los estudios sobre la realidad que vivían los
afectados, confirmaban que se trató de una
remediación antitécnica.
El acta procedió a “liberar, absolver y
descargar para siempre a Texpet, Texas
Petroleum Company, Compañía Texaco de
Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a
todos sus agentes, sirvientes, empleados,
funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores,
beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda
o reclamación del Gobierno del Ecuador,
Petroecuador y filiales”.1
Pero si bien este documento absuelve a
Texaco y a sus agentes de responsabilidades
ante el Estado, no la libera ante reclamos de
particulares.
1 Diario El Telégrafo, 26-09-2013. Disponible en: www.telegrafo.
com.ec/noticias/informacion-general/item/chevron-maneja240-mil-millones-en-capital-bursatil.html 35
36
OTROS ECUATORIANOS QUE FAVORECIERON A TEXACO-CHEVRON
Sebastián Pérez Arteta: Ministro de
Finanzas (e) en el periodo de Sixto Durán Ballén
(1996). Abogado defensor de Chevron por medio
del estudio Pérez-Bustamante y Ponce, Abogados.
Carlos Vera: Ministro de Información y
Turismo del Gobierno de Sixto Durán Ballén
(1996-97), cartera desde la cual organizó la estrategia gubernamental para defender la firma del
llamado Tratado de Promoción y Protección de
Inversiones con los Estados Unidos (1993) dicho
tratado es una de las puntas de lanza de la defensa de Chevron.
Emilio Palacio: Después de un largo
silencio, reapareció públicamente en 2012
para defender a Chevron y desprestigiar
las acciones en favor de los hermanos
amazónicos. Asevera que las pruebas contra
la petrolera son falsas y culpa al Gobierno
de Rafael Correa del daño ambiental que ha
causado la muerte de varias personas.
Jamil Mahuad: Firmó un Acta de
Finiquito (1998) en la que liberaba de responsabilidad a la multinacional petrolera de todo el
daño ambiental.
Vladimiro Álvarez Grau: En el juicio
RICO (2011) que la petrolera emprende contra
los afectados, declaró como testigo de Chevron
en calidad de especialista, pese a que todas sus
referencias eran tomadas de la prensa. Recibió
honorarios por $150.000.
Inés Manzano: Funcionaria del Gobierno
de Lucio Gutiérrez (2001-02), y más tarde
candidata a la Vicepresidencia de la República
en binomio con Mauricio Rodas en las elecciones
presidenciales de 2013 por el partido SUMA,
ha aparecido en medios de comunicación
desprestigiando a la justicia ecuatoriana
que condenó a Chevron. Según Manzano, la
sentencia es ilegítima.
Hernán Pérez Loose: Conocido como El
abogado de las transnacionales pues ha defendido a OXY, Perenco y ahora a Chevron, en los
juicios que dichas petroleras han emprendido en
contra de ecuatorianos.
Lucio Gutiérrez: Durante su Gobierno,
firmó un convenio de Cooperación Internacional entre Texaco-Chevron y la Cuarta División
del Ejército Amazonas (2004), que incluía la
construcción de una “vivienda segura” en Lago
Agrio para personal de Chevron, el pago de servicios básicos: agua y luz, y mantenimiento sería
asumido por la brigada militar, es decir, por todos los ecuatorianos.
Benjamín Ortíz: Ex ministro de Relaciones
Exteriores (1999) del Gobierno de Jamil Mahuad.
Su empresa BO Asociados Quantum, maneja
las relaciones públicas de Texaco-Chevron en el
Ecuador. Por dichos servicios, la empresa de Ortíz
recibió en 2012 más de $300.000.
Patricio Ribadeneira: Ex ministro de
Energía y Minas (1998) del Gobierno de Jamil
Mahuad. Firmante del acta final que avaló
el supuesto cumplimiento de contrato de
remediación a favor de Chevron.
Testimonio de una de las victimas
(Fragmentos del testimonio de José Shingre, campesino de la Amazonía ecuatoriana, ante la ONU).
“Consecuencia de eso están muriendo cientos,
y ya miles de compañeros campesinos, indígenas,
compañeros, y lo que más nos duele en el alma es
que inclusive los gobiernos no nos han ayudado a
los clamores de nosotros; no queremos plata, no
queremos dinero, lo que queremos tener es dos
cosas, señores, ¡Agua queremos, porque en la zona
no hay como coger agua, está contaminada por más
que las autoridades locales quieran darnos agua
no lo pueden (hacer), todo está contaminado (…)
y queremos justicia, nada más, justicia, porque hoy
por hoy, ni la agricultura nos vale! ¿De qué vale que
nosotros tengamos las manos encallecidas?”.
“Ellos gobernaban (Texaco). No gobernaban las
autoridades, ni siquiera las Fuerzas Armadas, porque
ellos determinaban que vayan estos uniformados
para que nosotros no diéramos resistencia cuando
nos derrocaban los cultivos de café, caña de azúcar,
frutales y entre otros y nosotros, inclusive, éramos
perseguidos por las mismas autoridades.”
“Nuestras familias se enferman a cada rato y
mientras permanezca esta desadaptada práctica de
Chevron, antes Texaco, nada será bueno, por más
que puedan agrupar a todos los médicos del mundo,
tenemos claro en la mente que si no se quita, se hace
una remediación ambiental adecuada, desde el
corazón humano ningún remedio será bueno, ningún
remedio.”
José Shingre
Campesino de la Amazonía ecuatoriana
“Y hoy, cuando pedimos justicia, se dice que
(el culpable) es el mismo Estado (ecuatoriano), no
estamos defendiendo al presidente, pero nosotros
nos sentimos Estado, o sea que quiere que nosotros
paguemos en la ONU).
37
Los pataleos
de Chevron
ante los
tribunales
internacionales
de arbitraje
40
Los pataleos de Chevron ante los tribunales internacionales de arbitraje
A
pesar de los innumerables intentos de
Chevron por entorpecer el juicio en la
Corte de Nueva Loja, la sentencia fue
finalmente dictada y ratificada y, por tanto,
correspondía a la empresa asumir el pago
adeudado. Sin embargo, en su empeño por
deshacerse de sus obligaciones monetarias,
la personería jurídica de la corporación
entabló varios procesos judiciales en distintas
instancias, de los cuales destacan dos. El
primero, un enjuiciamiento en las cortes de
Nueva York a los abogados de las comunidades
por un supuesto fraude en la sentencia
de la Corte de Sucumbíos; y, el segundo,
una solicitud de arbitraje en el Tribunal
Internacional de Arbitraje en La Haya (Países
Bajos) para obligar al Estado ecuatoriano a
asumir la deuda.
Además, el 23 de septiembre de 2009,
Chevron Corporation presenta una Notificación
de Arbitraje contra la República del Ecuador,
bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (UNCITRAL) de conformidad con
el artículo VI del Tratado Bilateral de Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones entre
Estados Unidos y Ecuador (1993).
Dicha notificación alega principalmente que
el Ecuador ha incumplido las disposiciones de
dicho Tratado, al permitir que proceda el juicio
instaurado en el año 2003 ante la Corte de Lago
Agrio.
Según la Contraloría General del Estado,
Chevron busca, a través del arbitraje, entre otras
cosas: (1) una declaración de no responsabilidad
por el impacto ambiental; (2) una orden que
obligue a Ecuador a informar la liberación de
responsabilidad de todo impacto ambiental
a TexPet, su sociedad controlante, filiales y
principales, surgido de las actividades del
antiguo Consorcio; (3) una declaración por la
cual Ecuador indemnice a las comunidades,
incluyendo el pago por todos los daños que
pueden ser impuestos contra Chevron; y 4) una
declaración de que Ecuador y Petroecuador son
los exclusivos responsables de toda sentencia
dictada en el juicio de Lago Agrio.1
La posición oficial del Estado frente a estas
pretensiones, expresada de forma continua por
el Procurador General del Estado, Diego García,
así como por sus predecesores, sostiene que “el
Estado ecuatoriano no se encuentra involucrado en el juicio de Lago Agrio, éste es un proceso
entre litigantes particulares; ni el Estado ni ninguno de sus organismos es parte en el proceso”.2
1Procuraduría General del Estado, Posición de la República del
Ecuador frente a la ofensiva de la Compañía Chevron – Texaco.
Disponible en: www.pge.gob.ec/es/boletines/archivo-2010/
febrero-2010/1380-posicion-de-la-republica-del-ecuador-frente-a-laofensiva-de-las-compania-chevron-texaco.html 2 Ídem 41
42
LOS GASTOS DE CHEVRON
En 15 años la transnacional destinó alrededor de $100 millones a los contratos de
empresas especializadas en hacer lobby; y de
$400 a $600 millones en abogados para promocionar a la compañía, plantear estrategias que
creen falsas evidencias sobre el juicio en Lago
Agrio y desprestigien al Ecuador. A propósito
de los arbitrajes, Cecilia Olivet, en su informe
Cuando la injusticia es un negocio, afirma que los
honorarios de los ejecutivos van de $375 a $700
por hora. En las demandas a los gobiernos ante
tribunales de arbitraje internacional, éstos actúan contra los Estados, desviando dinero de
los contribuyentes hacia las corporaciones
gracias al inconmensurable poder que manejan desde una falsa neutralidad, que incluye
gran influencia en la opinión, siempre favorable a su causa.
GASTO DE CHEVRON EN ABOGADOS
$ 40’135.971,84
OTRA VEZ A NUEVA YORK
A pedido de Chevron, el 1 de febrero de 2010
el juez Federal de Nueva York, Lewis Kaplan, dio
inicio a un proceso contra los afectados ecuatorianos y sus abogados, entre ellos Steven Donziger.
La causa refiere un supuesto fraude cometido
contra Chevron Corporation en Ecuador. En la
denuncia, la compañía pretende deslegitimar la
sentencia de la Corte de Sucumbíos a través de la
aplicación de la Ley RICO (Racketeer Influenced
and Corrupt Organizations Act, por sus siglas en
inglés), establecida para combatir la asociación
ilícita dirigida a delinquir y extorsionar. Dicha
ley fue impuesta, según el Gobierno norteamericano, a fin de desarticular organizaciones ilícitas
como la mafia y los carteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada
su ámbito de acción ha sido más amplio de lo
previsto y es aplicada a cualquier acto o amenaza que implica el homicidio, el secuestro, las
apuestas, blanqueo de dinero, conspiración para
traficar con narcóticos, obstrucción de la justicia, el incendio, el robo, el soborno, la extorsión,
el tráfico de material obsceno o la negociación de
una sustancia controlada o química.
Corte Federal
del Distrito
Sur de Nueva
York, Estados
Unidos de
América
El caso ha sufrido varias irregularidades
entre las que destacan las declaraciones del ex
juez ecuatoriano Alberto Guerra (primer juez
del caso de la Corte Provincial de Sucumbíos,
quien fue presentado por Chevron como testigo
clave del caso) que aseguran que la sentencia
se redactó en espacio ajeno y que los abogados
de los demandantes le ofrecieron una suma
de dinero por ayudarles en ello; sin embargo,
existen pruebas que confirman que la compañía
estipuló un acuerdo con Alberto Guerra por
$326.000 a cambio de su testimonio contra los
afectados, según el diario El Telégrafo del 4 de
febrero de 2013:
“…los afectados afirman que al ex magistrado
no le pagaron $500 mil a cambio de redactar
una sentencia a favor de ellos, por esa razón,
dicen, Guerra aceptó $326 mil de Chevron para
que en su testimonio, ante una Corte Federal
de Manhattan, asegúrase que la sentencia que
condena a la empresa petrolera a pagar $19.000
millones de indemnización para remediación
ambiental, fue redactada fuera de la Corte y
por los mismos abogados de los demandantes.
Esa suma se distribuiría así: $38.000 de contado
para compensar a Guerra por el valor de la
evidencia física que presentó para corroborar
su testimonio, incluyendo documentos y
evidencias guardadas en sus computadoras,
celulares, discos duros y registros bancarios; un
sueldo de $10.000 mensuales durante 2 años, (la
multinacional llama gastos al costo de vida); y
$2.000 mensuales por vivienda, seguros de salud
y pago de abogados”. 3
3 Diario El Telégrafo, 04-02-2013.
Disponible en: www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/chevron-tiene-mucha-plata-invertida-en-un-ex-juez.html 43
44
En un nuevo llamado a declarar, Guerra admitió cierta falta de honestidad en su primera
intervención; esto y el acuerdo con Chevron,
desacreditan su palabra.
A pesar de las flagrantes inconsistencias
del proceso, el 5 de Marzo de 2014, Lewis A.
Kaplan, juez de la Corte de Nueva York dictó
una sentencia en la que los abogados y
afectados por la contaminación de Chevron
Texaco en la Amazonía ecuatoriana no podrán
ejecutar la sentencia de la corte de Sucumbíos
en los Estados Unidos.
En el documento, Kaplan sustenta su sentencia en supuestos casos de corrupción que
involucran a los abogados así como a los afectados. Esta sentencia es una ofensa a la justicia
ya que durante el proceso nunca se tomaron
en cuenta los testimonios y argumentos de los
demandados a pedido expreso de Chevron.
LA HAYA
El 28 de febrero de 2012, la petrolera
anunció que un Tribunal Internacional de
Arbitraje, convocado bajo la autoridad del
Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre
Estados Unidos y Ecuador y administrado por
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya,
dictaminó tener jurisdicción para conocer sus
demandas contra la República del Ecuador.
La compañía presentó esta solicitud de arbitraje en 2009, alegando que el país violó sus
obligaciones bajo el mencionado TBI y también las leyes internacionales. Todo ello sin
tomar en cuenta que éste es un tratado que
entró en vigencia en 1997, años después de
que la petrolera dejara de operar en nuestro
territorio. Sostiene, asimismo, que el Gobierno
del Ecuador no respetó un anterior acuerdo
de liberación y finiquito firmado con Texaco
Petroleum Company, al finalizar el consorcio
CEPE-Texaco (1992), y señala al Estado ecuatoriano como responsable por el daño ambiental
en la Amazonía. Si bien la Corte de La Haya dictaminó que el Estado no puede seguir acciones
legales contra la petrolera, ello no incluye las
acciones legales individuales o privadas que
puedan emprender los afectados.
En septiembre de 2013 el Tribunal
Arbitral de La Haya emite un laudo parcial,
absolutamente sesgado contradiciendo sus
principios, pidiendo al Ecuador tomar medidas
para suspender la ejecución de la sentencia
de la Corte de Sucumbíos, recibiendo como
respuesta una negativa, pues “es un Estado de
derecho y existe una separación de poderes
ejecutivos y jurídicos”.
Adicionalmente, el Procurador General del
Estado, Diego García, restó validez a los argumentos de la compañía al denunciar que este
no es un conflicto que le compete al Estado
ecuatoriano, sino a la petrolera y a particulares.
Por decisión de la Corte de Apelaciones del
Décimo Circuito en Denver, Colorado, Estados
Unidos en 2013, Ecuador puede hacer uso de
miles de documentos (no cubiertos por la
Doctrina de Protección del Trabajo del Abogado)
que la transnacional pretendía mantener en
reserva y que se encuentran en poder de Bjorn
Bjorkman, experto ambiental de Chevron. Tales
documentos pueden demostrar los intentos
de la empresa por ocultar la contaminación
causada en la Amazonía ecuatoriana.
CHEVRON III
La demanda internacional de Chevron
para que el Estado ecuatoriano asuma el pago
por daño ambiental causado en la Amazonía
entre 1964 y 1992 imputado a Texaco
(absorbida por Chevron en 2001), aduciendo
que la responsabilidad de la contaminación
le corresponde a la estatal Petroecuador, es
conocido como Chevron III.
Para este efecto el Tribunal Arbitral de La
Haya que lleva el caso ha establecido 3 fases:
1)
31 de enero 2014-30 de abril 2014,
tratará el “supuesto incumplimiento de
los acuerdos de liberación por parte de la
República del Ecuador”.
2) 9 de mayo 2014-20 de abril 2015, tratará
las “alegaciones de Chevron relacionadas
con supuestas violaciones de Ecuador al
TBI, en particular la acusación de la transnacional sobre una supuesta denegación
de justicia”.
3)
Sin fecha fijada, tratará “los temas de
compensación y daños”.
CANADÁ
La Corte de Apelaciones de Ontario,
Canadá, autorizó el 16 de diciembre de 2013 a
los demandantes a presentarse ante la justicia
canadiense para intentar congelar los bienes
de la petrolera. Para el efecto, esta Corte
anuló una decisión previa que desestimaba la
demanda del grupo de indígenas y campesinos
que reclaman a Chevron por contaminación.
45
46
Pablo Fajardo, abogado de la Unión de
Afectados por las Operaciones de Texaco,
considera un triunfo legal el reconocimiento
de jurisdicción y competencia para validar
la sentencia ecuatoriana y ejecutarla en esa
nación, efectuado de forma unánime el 16 de
diciembre de 2013 por la Corte de Apelaciones
de Ontario. Este es un paso importante para
embargar los activos de la transnacional en
Canadá y lograr que pague por la sentencia
del juicio en Ecuador; además, abre las puertas para interponer acciones en países como
Australia, donde la compañía tiene más activos. Según Fajardo, la inversión de Chevron en
Canadá superaría los $10.000 millones. “Este
fallo nos abre las puertas para pronto poder
cobrar a la empresa y ejecutar la sentencia de
Ecuador en esa jurisdicción”. 4
De los 60 países en que Chevron posee
activos, la Unión de Afectados interpuso acciones en 3: Canadá, Brasil y Argentina.
Disponible en: www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/activos-por-mas-de-10-000-millones-de-chevron-en-canadapodrian-incautarse.html Texaco en el Ecuador
47
La mano sucia
La mano sucia
C
omo consecuencia de la campaña de
desprestigio por parte de Chevron a
través de juicios y propaganda difamatoria, el Gobierno ecuatoriano decidió dar un
paso al frente en defensa no sólo de los afectados, sino también de la dignidad del país.
La campaña La Mano Sucia de Chevron, lanzada
el 17 de septiembre de 2013 personalmente por
el presidente de la República Rafael Correa,
desde las zonas afectadas por la explotación
irresponsable de la Texaco-Chevron, se suma
a iniciativas ciudadanas que han reclamado
justicia durante casi 2 décadas.
Las repercusiones de la campaña han
sido muy grandes a nivel mundial, pues se
trata de concienciar a la humanidad sobre los
devastadores sucesos en el Oriente ecuatoriano,
potencialmente repetibles por parte de
empresas irresponsables en otros lugares del
planeta. A fines de julio de 2013, el presidente
Correa hizo un llamado a los bloques regionales
ALBA y UNASUR para tratar la aberración legal
de la ONU contra Ecuador relativa a la actuación
de la UNCITRAL, tribunal de arbitraje de la
ONU que ha dispuesto suspender la sentencia,
recurriendo al mencionado TBI de 1997 entre
EE.UU y Ecuador, sin considerar que los hechos,
objeto de la demanda, son anteriores.
“Es necesaria la unión latinoamericana para
evitar los abusos de estas trasnacionales que
nos consideran colonias y tienen comprados
árbitros y centros de arbitraje para defender
a las grandes corporaciones”, sostuvo Rafael
Correa. Los países de la ALBA manifestaron su
solidaridad y defensa de Ecuador ante la agresión de Chevron.
Cabe señalar que las embajadas del servicio exterior ecuatoriano se han encargado de
difundir el caso a través de diversos foros y
campañas informativas. La respuesta ha sido
contundente al manifestar el apoyo de personas y organizaciones sensibles al respeto a la
vida y a la naturaleza.
Entre los hechos que destacan están las
visitas a la zona del desastre ecológico de
personalidades como los actores Angelina
Jolie, Danny Glover, Daryl Hannah, Mia Farrow;
el cantautor Luis Fernando Aute; la activista
Antonia Juhasz; el político y ex candidato
presidencial francés Jean-Luc Mélenchon;
la ambientalista e investigadora Alexandra
Costeau; la alcaldesa de Richmmond, Gayle
McLauglin; entre otros. Del mismo modo,
muchos ciudadanos, ecologistas, jóvenes,
estudiantes, intelectuales, periodistas y
comunicadores del mundo han salido a las
calles en ciudades como Moscú, París, La
Habana, Bucarest, Madrid y Nueva York.
51
52
La mano sucia
Además, se armaron grupos y redes de
solidaridad internacionales con los afectados
amazónicos: la conformada por Adolfo Pérez
Esquivel, activista argentino por los derechos
humanos que recibió en 1980 el Nobel de la Paz;
las creadas en Canadá, República Dominicana,
Cuba, Francia, Suecia, Venezuela, así como
la Red Europea de Solidaridad, que agrupa
organizaciones que promueven el conocimiento
de este caso y el apoyo para los afectados.
A su vez, los jóvenes que participaron
en el XVIII Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes la semana del 9 al 13 de diciembre
de 2013 en Quito, Ecuador, llevaron el caso
al Tribunal Antiimperialista que condenó la
actuación de la multinacional y pidió justicia y
reparación por los daños ambientales causados
en suelo ecuatoriano.
El diario El Telégrafo de Ecuador informa
que el periodista André Scheer publicó en
diciembre 2013 un muy importante artículo en
el diario alemán Junge Welt, sobre la lucha de los
amazónicos contra Chevron en el que analiza
el contexto jurídico y político de la demanda en
busca de justicia. Scheer enfatizó la renuencia
de Chevron a pagar la indemnización.
También en Alemania, el Diplomatisches
Magazin, en su edición de diciembre 2013,
informó del conversatorio sobre el desastre
ambiental de Ecuador, realizado en la Casa
de la Democracia y los Derechos Humanos
en Berlín, y señaló la falta de sensibilidad
de Chevron para pagar la indemnización de
$9.500 millones.
Del mismo modo, el martes 10 de diciembre
de 2013, se constituyó en Francia el Comité de
Apoyo a Ecuador ante la campaña de difamación
de Chevron. El acto contó con la concurrencia
de 16 asociaciones francesas, a las que se
sumaron representantes de partidos políticos,
diputados y senadores franceses, embajadores
de países de la ALBA, cineastas, periodistas,
intelectuales y miembros de las asociaciones
de ecuatorianos residentes en el país europeo.
La embajada de Ecuador en Bruselas informó que el vicepresidente y ministro de
Desarrollo Sostenible del Gobierno Valón,
Jean-Marc Nollet, dirigió una carta a la misión
diplomática norteamericana manifestando su
rechazo a los daños causados por Chevron. El
documento destaca que es “muy lamentable
que el desarrollo económico se lo haga en perjuicio de la protección del medio ambiente”.
Conjuntamente, en la Universidad del Caribe
(Unicaribe) de Santo Domingo, en República
Dominicana, se presentó la campaña que
comprendió la difusión de videos, fotografías y
la distribución de material de denuncia.
Con motivo de la Jornada por el Día Mundial
de los Derechos Humanos en La Habana se
ofreció una conferencia sobre la campaña que
libra Ecuador contra Chevron. Participaron
autoridades cubanas, representantes del
Partido Comunista de Cuba, el funcionario
de la Cancillería cubana Alejandro Nodarse,
estudiantes y directivos de la Escuela Primaria
Eloy Alfaro y ecuatorianos residentes en Cuba.1
Disponible en: www.telegrafo.com.ec/politica/item/los-jovenesunen-voz-de-protesta-contra-chevron.html La mano sucia
Testigos del desastre
Personalidades reconocidas en todo el mundo se han volcado en apoyo a la campaña de La Mano Sucia
de Chevron. Desde personajes de las artes hasta activistas ambientales, todos han puesto en manifiesto su
total rechazo a las prácticas irresponsables de la transnacional.
Luis Eduardo Aute
Daryl Christine Hannah
Cantautor Español
Actriz Norteamericana
Alexandra Cousteau
Jean Luc Mélenchon
Investigadora norteamericana
Político francés, eurodiputado y
co-presidente del Partido de Izquierda.
Mia Farrow
Danny Glover
Actriz australiana-estadounidense
Actor y director norteamericano;
activista político
53
54
55
HITOS
1964 - 1992
La transnacional petrolera Texaco (ahora
Chevron) operó de manera irresponsable pozos
y estaciones de extracción de petróleo en un
área de aproximadamente 1’500.000 hectáreas
en la Amazonía ecuatoriana. Su presencia en
la zona, ocasionó una contaminación 30 veces
mayor a la producida por el histórico derrame
de la plataforma Exxon Valdez en el año 1989
en Alaska, y 85 veces superior a la vertida por
British Petroleum en el Golfo de México.
1993
88 personas, entre colonos e indígenas Cofanes,
Secoyas y Kichwas, de las provincias de Orellana
y Sucumbíos, acuden a instancias judiciales en
Nueva York con el fin de que la petrolera asuma
su responsabilidad por la contaminación
ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
1995
4 de Mayo. Durante el Gobierno de Sixto
Durán Ballén, el Estado ecuatoriano subscribe
con Texaco un Acuerdo de Conciliación para la
reparación de los daños, que entró en ejecución
el mismo año.
1998
Durante el Gobierno de Jamil Mahuad, se firma
el Acta Final de Cumplimiento del Contrato para la
Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental
y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y
Demandas de Texaco, que avalaba la supuesta
remediación. El acta fue firmada, pese a que el
informe de Contraloría (realizado entre 1997 y
2000) y los estudios sobre la realidad que vivían
los afectados, confirmaban que se hizo una
remediación antitécnica.
2002
16 de agosto. La Corte de Apelaciones de
Nueva York resuelve, al no tener competencia,
recomendar que la demanda se someta a la
jurisprudencia ecuatoriana. El caso recae en la
Corte Superior de Nueva Loja.
2003
7 de mayo. Los afectados interponen una
demanda ante el Tribunal Superior de Nueva
Loja, en Lago Agrio, Ecuador
2009
Chevron presenta una solicitud de arbitraje,
alegando que el Ecuador violó sus obligaciones
bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI)
firmado entre Ecuador y EE.UU en 1997. Sin
embargo dicho tratado entró en vigencia años
después de que la petrolera dejara de operar en
territorio ecuatoriano.
2010
Un juez Federal de Nueva York da inicio a un
proceso, a pedido de la petrolera, contra los
afectados ecuatorianos y sus abogados. La
causa refiere un supuesto fraude cometido
56
contra Chevron Corporation en Ecuador. En la
denuncia, la compañía pretende deslegitimar
la sentencia de la Corte de Sucumbíos a través
de la aplicación de la Ley RICO (Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations Act, por
sus siglas en inglés), establecida para combatir
la asociación ilícita para delinquir y extorsionar.
2011
14 de febrero. La Corte de Sucumbíos, sentencia a
la compañía Chevron a pagar una indemnización
de $9.500 millones por haber causado uno de
los “mayores desastres medioambientales del
mundo” entre 1964 y 1992.
2012
28 de febrero. El Tribunal Internacional de
Arbitraje de La Haya, convocado bajo la
autoridad del Tratado Bilateral de Inversiones
entre Estados Unidos y Ecuador (TBI), dictaminó
tener jurisdicción para conocer sus demandas
contra la República del Ecuador.
2013
11 de noviembre. La Corte Nacional de Justicia
de Ecuador ratifica la sentencia de la Corte de
Sucumbíos que obliga a Chevron a hacerse
responsable por los daños ambientales en la
Amazonía ecuatoriana.
16 de diciembre. La Corte de Apelaciones de
Ontario en Canadá, reconoce tener jurisdicción
y competencia para validar la sentencia
ecuatoriana y ejecutarla en esa nación.
2014
El Tribunal Internacional de Arbitraje determinó
que las audiencias del pleito conocido como
Chevron III, iniciará en enero de 2014 y se
podrían extender hasta 2016.
5 de Marzo. Lewis A. Kaplan, juez de la Corte de
Nueva York dictó una sentencia que dejaría sin
efecto el cobro de la deuda de Chevron con los
afectados en los Estados Unidos.
57

Descarga - Alianza PAIS

Transcripción

Documentos relacionados

Nuevas tecnologías y desarrollos para el gas natural

role model - Great Minds in STEM