Hacen presentación ante la Justicia para aclarar aspectos del

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Hacen presentación ante la Justicia para aclarar aspectos del manejo de becas
Tuesday, 23 de June de 2009
Autoridades del Ministerio de Familia de Río Negro, conjuntamente con el fiscal de Estado provincial, hicieron hoy una
presentación ante la Fiscal Federal con asiento en Viedma, Dra. Inés Imperiale, a través de la cual se ponen a su
disposición para aclarar hechos, y eventualmente proveer la documentación e información que desde ese organismo se
requiera en torno a la distribución de becas por parte de esa cartera. En representación del Ministerio se hizo presente la
secretaria de Desarrollo Institucional de la cartera, María Marcela Rossio, en compañía del fiscal de Estado, Alberto
Carosio.
La presentación de Rossio y Carosio está referida a la nota publicada hoy en el diario Río Negro bajo el título
“Investigan presunto uso indebido de Becas”, donde se alude a la presentación de una denuncia penal
relacionada con la administración de los Programas de Becas.
Tal como se presumía, en el día de hoy, se ha instalado en un medio de comunicación una falsa denuncia propiciada por
personas que no tienen los más mínimos escrúpulos para realizar este tipo de artimañas en medio de una campaña
electoral que no sólo pretenden sembrar dudas acerca del accionar del Gobierno provincial, sino que ensucian la
actividad política y a la democracia como estilo de vida.
Estas falsas denuncias sobre supuestas irregularidades, tienen un alto desconocimiento respecto de las normas que se
aplican y distorsionan las acciones desarrolladas.
Con el fin de que la población tenga conocimiento de la realidad, se informa respecto de las becas, que 600 de ellas
pertenecen al programa Comer en familia (Operadores y promotores); 250 al Área de Promoción Familiar, Red de la 3ra
Edad, Hogares en la provincia; 50 del Consejo de las Personas con discapacidad; 30 becas del Mercado Artesanal
Rionegrino y 90 Becas de los ECIS (Espacios de Contención Social), estas últimas son las únicas becas con
financiamiento nacional, de lo cual recientemente se procedió a la renovación de la adenda, previa vista de los órganos
nacionales de control que ratificaron sus aportes, acorde a la regularidad de la provincia de Río Negro.
En tal sentido, se aclaró que es absolutamente falso e inexacto que se hayan recibido ingresos por valor de 30 millones
de pesos como aporte del Gobierno Nacional, demostrando que ni los denunciantes, ni el medio que lo publica observan
los presupuestos, denotando el pobre conocimiento al respecto y por lo tanto que, evidentemente, no se ha verificado el
origen y falsedad de la pretendida denuncia pública.
Se han valido, por el contrario de operaciones de robo de información que ha sido imprudentemente distorsionada, y se le
ha dado una velada intencionalidad con el solo fin de desprestigiar, no midiendo el perjuicio que se realiza al no
chequear las fuentes, manejarse a través de suposiciones, no solicitar la información pertinente y mucho menos
escuchar la otra campana como debería haber sucedido.
Cabe aclarar, que en el Boletín Oficial Nro 4199/04, se publica el Decreto Nº 1189, modificatorio del 1063/97 en el que
quedan claramente establecidas las pautas, acciones, bases y condiciones, calidad y cantidad de becas a otorgar por el
Ministerio de Familia de la Provincia de Río Negro.
Se concluye en que tanto la Justicia Federal como el periodista han sido intencionalmente involucrados en una obscena
acción de desprestigio utilizando información inexacta y manipulada y que las investigaciones correspondientes
determinaran en su momento.
Asimismo en el día de la fecha la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro ha presentado nota a la Señora Fiscal
Federal Dra. Inés Imperiale a fin de ponerse a entera disposición a los efectos de aclarar hechos, y eventualmente
aportar la documentación e información que desde ese organismo se requiera.
Nota entregada
En la nota entregada hoy por la secretaria de Desarrollo Institucional del Ministerio de Familia, Marcela Rossio, y el fiscal
de Estado, Alberto Carosio, se destaca a que “... De los términos de la publicación se alude a que los recursos
destinados a la implementación de becas, concretamente, de los programas Acompañamiento juvenil, Libertad asistida,
Madre cuidadoras y Cuidadores domiciliarios, se desviarían, en forma ilícita, y a través del Ministerio de Familia, para
compensar favores políticos, consolidar alianzas políticas y pago o contratación de punteros políticos”.
Se aclaró en tal sentido que “el Programa de Becas para Capacitación en Servicio y Capacitación tiene por objeto, en
general, la capacitación y formación del personal en las distintas tareas desarrolladas o a desarrollar por las áreas de esta
cartera. Contrariamente a lo vertido en la nota periodística, las Becas que se otorgan a través de esta cartera no
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corresponden sólo al Área de Promoción Familiar, sino también a otras dependencias del organismo”.
“Contrariamente a lo que destaca la nota periodística en uno de los apartados de la Página 9, en cuanto que
algunos funcionarios percibirían dicho beneficio, destacamos que los mencionados en la nota referida no revisten esa
calidad; sin perjuicio de aclarar que conforme lo dispone el Artículo 6°, inciso C, del citado decreto provincial Nº 1189/03,
esa condición de empleado público no es un obstáculo para el otorgamiento de la Beca. También, contrariamente a lo
publicado, es dable mencionar que el Programa objeto de denuncia se financia con recursos de Rentas Generales y de
la Ley 24073 y otras que se otorgan en el marco de convenios específicos suscriptos con el Ministerio de Desarrollo
Social de Nación”, se añadió.
Mediante la presentación judicial también se aclara que “a través del expediente Nº 63715-DGA-04 se tramita
este Programa, donde mensualmente se aprueba la carga horaria de los beneficiarios, uno de los recaudos a cumplir
por los beneficiarios. Contrariamente a lo vertido en la misma nota periodística, durante el ejercicio financiero 2008 no
hubo erogación por la suma de $ 30.000.000,00 en concepto de becas. En dicho ejercicio, sumando TODOS los
financiamientos, se utilizaron $ 11.908.070”.
“También, en el año 2006 la erogación no fue de $ 12.000.000,00 correspondiente a Nación y un 10% a rentas
provinciales, sino que en total la misma fue $ 5.427.100,00”, al tiempo que se aclaró además que “los
Programas con financiamiento otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son objeto de continuas
auditorias por parte de dicha cartera, además de la auditoría que practica el Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
Finalmente, se destacó que el grueso de los fondos con destino a este Programa provienen del erario público provincial
y de la Ley 24073, por lo cual se solicita se analice la cuestión de la competencia de la Justicia Federal.
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