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PERIODICO: EL TIEMPO
FECHA: FEBRERO 26 DE 2000
TEMA: DERECHOS HUMANOS
E.U reconoce esfuerzo, pero…
En tono político, el Departamento de Estado presentó un pobre panorama de la situación
en Colombia. Criticó la impunidad frente a los vínculos de miembros del Ejército con el
paramilitarismo, pero negó vínculo institucional.
Aunque la situación de derechos humanos en Colombia siguió siendo caótica durante
1999, y el récord del gobierno pobre en cuanto a su protección, el Departamento de
Estado reconoció ayer que la administración Pastrana había adoptado medidas
importantes para tratar de corregir el rumbo.
Nuestra percepción es que el récord del gobierno, de los militares y policías y de las
cortes siguió siendo pobre. Sin embargo, ha habido mejoras en algunas áreas y cambios
estructurales que ha introducido el gobierno Pastrana, que hablan del compromiso
asumido, dijo el subsecretario de Estado para la Democracia y los Derechos Humanos,
Harold Koh, al presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el
mundo, con su respectivo capítulo sobre Colombia.
Koh destacó la decisión de remover de sus cargos a cuatro generales vinculados a
violaciones a los DD.HH. y la voluntad de la justicia militar de trasladar algunos casos a
la justicia civil, al igual que el haber presentado un plan para atacar al paramilitarismo.
Sin embargo, el informe registra la gran preocupación que existe en E.U. por el
persistente vínculo entre paramilitares y Ejército.
Las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo numerosos y serios abusos,
incluyendo asesinatos extrajudiciales, a un ritmo similar al de 1998. En ocasiones las
fuerzas de seguridad colaboraron con grupos paramilitares que cometieron abusos; en
algunas instancias, miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con
miembros de los grupos paramilitares, ayudándoles a pasar barricadas, compartiendo
información militar y supliéndolos con municiones dice el informe de 73 páginas.
Según el documento, a pesar de que el gobierno colombiano dice que no hay un vínculo
institucional entre Ejército y paras, las investigaciones determinaron que en algunas
regiones los paramilitares encontraban un apoyo inmediato en las bases de la Policía y
del Ejército.
De acuerdo a Koh, en Colombia, además, hay un problema masivo de impunidad, pues
no obstante algunas sentencias y enjuiciamientos las autoridades raramente llevaron a la
justicia a los oficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares acusados de abusos.
El informe del Departamento de Estado deja claro, eso sí, que la mayoría de las
ejecuciones extrajudiciales y crímenes políticos fueron cometidos por las guerrillas y los
paramilitares.
De estos últimos dice que aumentaron su poder y presencia durante 1999 y que
ampliaron su base de apoyo popular, al igual que su participación en el negocio del
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narcotráfico. Sobre las Farc afirma que continuaron ejecutando, secuestrando,
extorsionando y violando todo tipo de derechos humanos, llevando sus prácticas incluso
al interior de la zona de despeje, que les entregó el gobierno para adelantar las
conversaciones de paz.
Tono conciliador
Aunque el informe narra de manera factual, y con pocas omisiones, los incidentes que
se presentaron durante 1999 en el país, su lenguaje contrasta un poco con el utilizado el
año pasado cuando señaló directamente a dos generales por sus vínculos con el
paramilitarismo.
Expertos consultados coinciden en decir que pesó en su elaboración el contexto político,
pues un informe muy duro especialmente contra el Ejército pondría en riesgo el paquete
de asistencia por 1.574 millones de dólares que ha solicitado la administración Clinton
para Colombia.
Como se sabe, el corazón del paquete son los 600 millones de dólares que se han pedido
para financiar dos batallones antinarcóticos del Ejército. Las ONG y algunos
demócratas alegan que no se le puede entregar tales recursos al Ejército al menos no sin
fuertes condiciones, mientras persistan sus vínculos con el paramilitarismo.
Sorprendió también que aunque las cifras generales de las violaciones aumentaron en
comparación a 1998 (24 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de
seguridad frente a 20 del año pasado, y 399 masacres frente a 235), el Departamento de
Estado calificó la situación de igual a la registrada durante el período anterior.
El director de Human Rights Watch, que esta semana presentó su propio informe, José
Miguel Vivanco, dijo ayer que le parecía un informe duro, pero noté un afán muy
marcado por darle crédito al Gobierno. Si bien vale la pena el reconocimiento, no hay
que exagerar porque se le resta credibilidad al informe, que debe limitarse a lo factual.
Para Vivanco, el informe en lo factual es impecable, pero al analizar lo factual se
cometen errores, buscando mediatizar la importancia de este tema. Es la primera vez
que veo este esfuerzo tan deliberado en el gobierno Clinton.
Así nos ven
Conflicto armado
El Gobierno de Colombia continuó enfrentando un serio desafío en el control del
territorio nacional, pues el extenso y expandido conflicto armado interno y la violencia
política y criminal persistieron.
Guerrilla
Las Farc cometieron numerosos abusos contra los civiles en la zona de despeje. Las
Farc fueron responsables de asesinatos, violaciones, casos de desaparición forzada ,
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detención arbitraria, violación de los derechos de libre expresión y juicio justo,
instrucción política forzada y reclutamiento forzado de niños .
Gobierno
En Abril, el Gobierno ordenó la partida del delegado de la Cruz Roja, Pierre Gassman.
La respuesta del Gobierno a la situación de los desplazados fue inadecuada. El Gobierno
no tiene un programa sistemático que haga previsiones para la asistencia humanitaria
que se requiere, a pesar de que así se lo exige la ley. La Red de Solidaridad no estuvo
diseñada ni preparada para el trabajo de asistencia humanitaria de emergencia y
generalmente solo prestó esa asistencia a los refugiados que regresaban al país.
Paramilitarismo
Los grupos paramilitares asesinaron, torturaron y amenazaron a civiles sospechosos de
simpatizar con las guerrillas en una campaña orquestada para aterrorizarlos y hacerlos
dejar sus hogares, para dejar sin apoyo civil a las guerrillas. Las fuerzas paramilitares
fueron responsables por un incremento en el número de masacres y otros asesinatos
motivados en la política.
Fuerzas de seguridad
Las Fuerzas Militares y la Policía cometieron numerosas y serias violaciones a los
derechos humanos a lo largo del año.
Miembros de las fuerzas de seguridad continuaron
extrajudiciales en un número similar al del año pasado.
cometiendo
asesinatos
Acusaciones creíbles de cooperación con los grupos paramilitares, incluyendo casos de
apoyo silencioso y de colaboración directa por miembros de las Fuerzas Militares, en
particular el Ejército, continuaron. La evidencia sugiere que hubo acuerdos tácitos entre
comandantes militares locales y grupos paramilitares en algunas regiones, y grupos
paramilitares operaron libremente en algunas áreas bajo control militar o a pesar de una
significante presencia militar.
El alto mando militar dijo repetidamente que no toleraría la colaboración entre personal
militar y los grupos paramilitares y que el Ejército combatiría. Sin embargo, las
acciones de las fuerzas de seguridad en el campo no fueron siempre consistentes con las
posiciones de los líderes y al menos un alto líder del Ejército sugirió que la Policía era
quien debía liderar la lucha contra el paramilitarismo. En general, la impunidad para el
personal militar que colaboró con miembros o grupos paramilitares fue algo común.
Investigadores del Gobierno detallaron una directa colaboración entre la Cuarta Brigada
(basada en Medellín) y fuerzas paramilitares comandadas por Carlos Castaño.
Repetidamente, grupos paramilitares mataron a aquellos sospechosos de apoyar a las
guerrillas, entregando luego los cuerpos al Ejército. En un proceso conocido como
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legalización, el Ejército pasaba los muertos como guerrilleros muertos en combate, y los
paramilitares recibían su pago en armas del Ejército.
Desaparición forzada
La desaparición forzada, aunque explícitamente prohibida por la Constitución, se
mantuvo como una conducta no explícitamente tipificada en el Código Penal.
Tortura
La Constitución y la ley criminal explícitamente prohíben la tortura, así como el trato o
castigo cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, la tortura y el maltrato de detenidos
por parte de policías y militares continuaron.
Los grupos guerrilleros también torturaron y abusaron de personas. Los cuerpos de
muchas personas detenidas y luego asesinadas por la guerrilla mostraron signos de
tortura y desfiguramiento.
Aunque la tortura siguió siendo empleada por la Policía y el Ejército, aumentaron los
casos atribuibles a la Policía y disminuyeron los del Ejército
Justicia penal militar
El trabajo de la justicia militar carece de transparencia y responsabilidad, contribuyendo
a una generalizada falta de confianza en la habilidad del sistema para llevar a los
violadores de derechos humanos ante la justicia.
En los casos en que oficiales militares fueron juzgados, acusados y sentenciados por
violaciones a los derechos humanos, estos generalmente no sirvieron en prisión, sino
fueron confinados en sus bases o en centros de detención militar, como lo permite la
ley. Los prisioneros militares se mantuvieron en servicio activo (y pago reducido)
mientras la detención.
La situación en otros países
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación
porque las democracias de América Latina se encuentran cada vez más amenazadas por
la violación persistente de los derechos humanos, sin que los estados puedan controlar
la
situación.
A su vez hizo una crítica contundente a países como China donde se deteriora cada vez
más el respeto por las ideas de oposición. Afganistán y Chechenia también ocuparon los
primeros lugares en violaciones continuas a los derechos humanos.
Chile: Sobre este país el informe anota que continúa por parte de la Policía el uso
excesivo de la fuerza, al igual que métodos como la tortura. El documento hizo un
llamado de atención por el abuso físico que padecen los prisioneros en las cárceles de
este país.
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Ecuador: El informe considera que continuaron las violaciones a los derechos humanos
por parte de la Policía y los militares. También afirma que no existen garantías jurídicas
para adelantar procesos judiciales con la suficiente protección.
México: El informe critica el comportamiento de la Policía y las Fuerzas Militares que
han continuado atropellando a la población.
Cuba: Sobre este país costero, el informe señala que el gobierno continúa violando los
derechos humanos y que es un régimen totalitario. El Partido Comunista domina todo
en Cuba.
China: El informe del Departamento de Estado es drástico al anotar que la situación en
este país empeoró. E.U. se aterra por la falta de libertad de prensa y por las continuas
persecuciones a partidos políticos y religiosos.
Se condena el atropello al Partido Democrático de China y la campaña contra el grupo
religioso Fallan Gong.
Rusia: Acerca de la situación allí, el informe critica las difíciles condiciones de la
población, y las constantes violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo
países europeos invitan a una comisión de verificación del irrespeto de los derechos
humanos.
Medio Oriente: El Departamento de Estado critica la situación tanto de Irán como de
Irak y califica a ambos Estados como regímenes totalitarios