Informe 2002 Amnistía Internacional

Informe 2002 Amnistía Internacional
NO SE DEBE RENUNCIAR A LOS DERECHOS HUMANOS A
CAMBIO DE LA SEGURIDAD
Amnistía Internacional resume las violaciones de derechos humanos que se cometen en 153
países No cabe duda de que el mundo ha cambiado radicalmente desde el 11 de septiembre. Pero
muchas cosas continúan siendo iguales, como el desprecio por la vida y la dignidad humanas y por
los derechos económicos, culturales y sociales, así como el agravamiento de situaciones
enconadas que vienen de antiguo, como las de Oriente Medio, Afganistán y Colombia, ha
manifestado Amnistía Internacional en la presentación de su Informe 2002 sobre la situación de los
derechos humanos en el mundo durante el año 2001. El Informe 2002 de Amnistía Internacional
(que se ocupa de los acontecimientos sucedidos en el año 2001), documenta ejecuciones
extrajudiciales en 47 países, ejecuciones judiciales en 27, «desapariciones» en 35, casos de
tortura y malos tratos en 111 y presos de conciencia al menos en 56 países. Sin embargo, la
organización cree que las verdaderas cifras son mucho más altas. Los terribles sucesos del 11 de
septiembre fueron un crimen contra la humanidad que conmocionó y cambió al mundo. Sin
embargo, varios gobiernos se subieron al tren del «antiterrorismo» y aprovecharon el momento
para incrementar la represión, socavar la protección a los derechos humanos y reprimir la
disidencia política. «La universalidad de los derechos humanos se enfrenta con su mayor reto. El
doble rasero y el enfoque selectivo se están convirtiendo en norma», ha declarado Irene Khan,
secretaria general de Amnistía Internacional. En nombre de la seguridad, varios gobiernos se
apresuraron a aprobar leyes y otras medidas «antiterroristas», como la detención indefinida sin
juicio, los tribunales especiales que se basan en pruebas secretas o las restricciones culturales y
religiosas, creando algunas veces sistemas de justicia penal en la sombra. Asimismo, aumentó la
renuencia de los gobiernos a criticar la política interna de los demás. «La seguridad no puede ni
debe tener preferencia sobre los derechos humanos. El mayor peligro para éstos se produce
cuando se permite que los intereses políticos y económicos guíen el programa de trabajo sobre
derechos humanos», afirmó Irene Khan. Estimulada por políticos más preocupados por la
popularidad que por el respeto a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, la
reacción racista ha generado un clima de sospecha y desconfianza, exagerada por la forma en que
se describe a los extranjeros como fuente de «terrorismo». Como secuela de la crisis de Oriente
Medio, surgieron ataques racistas y antisemitas contra árabes y judíos, provocados por la
intolerancia hacia las diferencias religiosas, raciales, culturales y nacionales. «No debemos dejar
que venza el miedo. No debemos permitir que las libertades fundamentales salgan perjudicadas o
deterioradas y que prevalezca la intolerancia», ha declarado Irene Khan. «No pueden subordinarse
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los derechos humanos a la seguridad, ni la justicia a la impunidad.» En Israel y los Territorios
Ocupados, continuaron los homicidios ilegítimos —cometidos tanto por la Fuerza de Defensa
Israelí como por los grupos armados palestinos—, la tortura de los detenidos y los juicios sin
garantías, y durante el año 2001 siguieron las demoliciones de edificios y las restricciones a la
libertad de circulación. A pesar de que en todo el mundo se celebró el 50 aniversario de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, en el 2001 siguieron
cuestionándose los principios básicos de la protección a los refugiados. A cientos de miles de
refugiados que huían de conflictos y de abusos contra los derechos humanos se les negó la
entrada a países vecinos. Al mismo tiempo, el derecho de los solicitantes de asilo a que su caso se
examine fue gravemente vulnerado durante el año. Los miembros de Amnistía Internacional en
todo el mundo siguieron trabajando contra las interpretaciones limitadas de la Convención de los
Refugiados. En el año 2001 las normas de derechos humanos aceptadas desde hace largo tiempo
fueron directamente cuestionadas por los propios gobiernos que lucharon por su adopción. Normas
legales internacionales que han estado en vigor durante décadas, como los Convenios de Ginebra,
se pusieron en tela de juicio durante el conflicto de Afganistán. El trato recibido por los detenidos
en Guantánamo parece haber inducido a algunos gobiernos a creer que tratar de forma inhumana
a los presos es aceptable. Amnistía Internacional recalcó que el respeto hacia los derechos
humanos abarca no sólo su universalidad, sino la indivisibilidad de todos ellos, económicos,
sociales y culturales, así como civiles y políticos. A medida que se va expandiendo la globalización,
aumentando la riqueza de unos y la miseria y la desesperación de otros, los activistas de derechos
humanos no sólo deben promover la justicia legal, sino también la social. «Un enfoque ético de la
globalización debe consistir como mínimo en un planteamiento del desarrollo basado en los
derechos», señaló Irene Khan. «Cuando Amnistía Internacional habla de un mundo de libertad y
justicia, nos referimos a un mundo en el que cada persona disfrute de todos los derechos humanos
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos.» En agosto de 2001, Amnistía Internacional amplió su
programa de trabajo para incluir en él las nuevas exigencias que plantea un mundo en cambio
constante. En el futuro, la organización no sólo se ocupará de los derechos civiles y políticos, que
han sido el centro de su acción durante 40 años, sino que también se movilizará para asegurarse
de que se respetan los derechos económicos, sociales y culturales. «La protección de los derechos
humanos es para los mejores y los peores de entre nosotros», señaló Khan. «El reto al que nos
enfrentamos, y la responsabilidad que todos compartimos es conseguir que los derechos humanos
se conviertan en una realidad para todos, con independencia de orígenes o creencias».
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BUENAS NOTICIAS EN EL 2001
En el 2001, Amnistía Internacional (AI) fue informada de la puesta en libertad de muchos presos de
conciencia, de conmutaciones de penas de muerte y de mejoras en la situación de muchas otras
víctimas de abusos contra los derechos humanos. No obstante, innumerables personas más
continúan necesitando nuestra ayuda.
ÁFRICA
ANGOLA
Joao Xaba quedó en libertad condicional en septiembre del 2001 tras cumplir algo más de
seis meses de condena. Es un ex empleado del Banco Mundial y estaba cumpliendo una
condena de nueve meses de reclusión por publicar un artículo en Internet en apoyo de la
independencia del enclave angoleño de Cabinda.
BURUNDI
Valérie Bukuru estuvo recluida sin juicio cuatro años, acusada de haber colaborado con los
grupos armados de oposición de mayoría hutu proporcionándoles presuntamente
alimentos. En abril del 2001, AI publicó una llamada internacional en su favor. Valérie
Bukuru quedó en libertad incondicional en mayo del 2001.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
N'sii Luanda Shandwe, presidente del Comité de Observadores de Derechos Humanos,
una de las organizaciones más activas de la República Democrática del Congo, fue
detenido en Kinshasa el 2 de junio del 2001 a causa de sus actividades en favor de los
derechos humanos. Estuvo recluido en condiciones lamentables con otros 60 detenidos en
la prisión principal de Kinshasa. Únicamente le permitieron una visita de familiares a la
semana, la cual no duraba más de diez minutos, y tampoco tuvo acceso a asistencia
letrada. Finalmente fue puesto en libertad el 6 de septiembre del 2001, tras pasar de tenido
tres meses, periodo durante el cual AI lo consideró preso de conciencia. Uno de sus
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primeros actos al quedar en libertad fue solicitar por radio la excarcelación de Golden
Misabiko, compañero activista y de celda.
N'sii está convencido de que las actividades de las organizaciones de derechos humanos
fueron determinantes para conseguir su puesta en libertad.
Golden Misabiko fue puesto en libertad sin cargos el 13 de septiembre, tras siete meses de
reclusión. AI lo consideró preso de conciencia. Aunque se sintió aliviado al quedar en
libertad, precisa de cuidados médicos como resultado de las torturas sufridas. Golden
Misabiko expresó su agradecimiento a todas las personas que enviaron llamamientos en
su favor y ha manifestado que cuando le informaron de que AI se había movilizado para
conseguir su libertad pensó: «Voy a salir de aquí».
GUINEA
El dirigente de la oposición Alpha Condé quedó en libertad en mayo del 2001. Tras dos
años y medio de reclusión recibió un indulto presidencial. Alpha Condé manifestó: «Gracias
al apoyo de los miembros de AI, nunca me sentí solo».
TANZANIA
Juma Duni Haji y Machano Khamis Ali, presos de conciencia tanzanos, quedaron en
libertad en octubre del 2001 tras retirar los cargos contra ellos un tribunal de Zanzíbar.
Estos dos dirigentes del principal partido de la oposición habían sido arrestados en febrero
y acusados del asesinato de un agente de policía tras una manifestación en la que no
habían estado presentes. Las liberaciones se produjeron tras la firma, el 10 de octubre, de
un acuerdo político entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición en el
que se convino que se retirarían los cargos contra centenares de personas que habían sido
acusadas de asesinato o de participar ilegalmente en las manifestaciones de febrero.
TOGO
En octubre del 2001, Lucien Messan, director del semanario Le Combat du Peuple, y
Harry Olympio, dirigente de la oposición, quedaron en libertad tras ser indultados por el
presidente Eyadéma. Ambos habían sido encarcelados en el curso de la represión y
violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el periodo previo a las elecciones
de octubre del 2001, que posteriormente se aplazaron hasta marzo del 2002. El dirigente
de la oposición Yaowi Agboyibo continúa encarcelado tras un juicio que parecía tener como
objetivo impedir que se presentara a las elecciones.
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AMÉRICA
CUBA
José Orlando González Bridón quedó en libertad condicional el 22 de noviembre del 2001.
El 24 de mayo de ese año había sido condenado a dos años de cárcel por «difusión de
noticias falsas contra la paz internacional» en aplicación del artículo 115 del Código Penal
de Cuba. AI lo consideró un preso de conciencia, detenido por ejercitar de forma no
violenta su derecho a la libertad de expresión y de asociación y, en junio del 2001, pidió
que fuera puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.
HONDURAS
Coronado Ávila, Lombardo Lacayo y Horacio Martínez, activistas que luchaban por
defender el derecho a la tierra de los campesinos de Honduras, habían recibido amenazas
de muerte. El 3 de marzo del 2000 se publicó una Acción Urgente. En julio del 2001,
Coronado Ávila escribió lo siguiente:
Permítanme decirles que en lo más profundo de mi corazón existe un grato reconocimiento
para todas las personas ... que [luchan] por el respeto a la vida y los derechos universales
de los pueblos del mundo, también quiero aprovechar para decir [...] a todos y todas de
Amnistía Internacional que gracias al apoyo que me dieron el 3 de marzo del 2000, cuando
estaba atravesando persecución y amenazas de muerte, ahora tengo la satisfacción de
estar con vida, que no voy olvidar nunca a todas las personas que se solidarizaron con mi
persona y con mi organización [...] Sin más quiero decir [...] que no desmayen ayudando a
los hombres y mujeres que levantamos la voz de Protesta en beneficio de nuestros
pueblos.
MÉXICO
Los presos de conciencia Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera quedaron en libertad en
noviembre del 2001. Sus actividades en favor del medio ambiente con la Organización
Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Guerrero) motivaron
que fueran detenidos arbitrariamente y torturados por miembros del ejército, así como
posteriormente juzgados y condenados en virtud de denuncias falsas. Los dos campesinos
llevaban encarcelados injustamente dos años y medio.
El 7 de febrero del 2002, el general Gallardo, recluido desde hacía ocho años y
considerado preso de conciencia por AI, fue puesto en libertad cuando el presidente Fox
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ordenó reducir su condena al periodo que llevaba cumplido. Lo habían detenido en 1993
por criticar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas
mexicanas y proponer la creación de la figura de un defensor de los derechos humanos
dentro de las fuerzas armadas para investigar tales abusos. En 1994, AI adoptó al general
Gallardo como preso de conciencia.
URUGUAY
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el reencuentro de Sara Méndez
con su hijo Simón Riquelo tras más de 25 años de lucha por la verdad y la justicia. El 19 de
marzo del 2002, un juez argentino confirmó que el varón de 25 años que había sido
adoptado por una familia argentina cuando era un bebé era Sim\n Riquelo, el hijo al que
habían arrebatado a la ciudadana uruguaya Sara MJndez hacía 26 años mientras los
militares la tuvieron recluida.
ASIA
MYANMAR (Birmania)
La liberación, el 6 de mayo, de la activista en favor de la democracia Aung San Suu Kyi,
que permaneció 19 meses recluida bajo lo que en la práctica era un arresto domiciliario,
fue un paso muy positivo en la situación de los derechos humanos de Myanmar. Desde
que comenzaron las conversaciones entre el gobierno militar y la Liga Nacional para la
Democracia en diciembre del 2000, se han producido unas 280 liberaciones de presos
políticos. No obstante, en Myanmar continúan entre rejas unos 1.500 presos políticos.
Amnistía Internacional instó a la comunidad internacional a seguir animando al gobierno de
Myanmar a continuar emprendiendo mejoras respecto a la situación de derechos humanos
en el país.
BRUNÉI DARUSSALAM
En Brunéi Darussalam, los presos de conciencia Yunus Murang, Freddie Chong y Malai
Taufick quedaron en libertad en octubre del 2001 tras haber estado detenidos sin cargos ni
juicio durante más de nueve meses en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Todos
ellos estaban vinculados a una iglesia evangélica cristiana y habían sido acusados de
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intentar convencer «mediante engaños» a integrantes de la comunidad musulmana,
mayoritaria en el país. Los dejaron en libertad tras declarar que lamentaban su
«participación pasada en actividades subversivas», jurar lealtad al sultán y comprometerse
a no repetir sus presuntos errores. Habían estado recluidos en régimen de incomunicación
y sometidos a una presión intensa.
SRI LANKA
En enero, el Tribunal de Apelación de Sri Lanka ratificó las condenas impuestas a seis
militares y un director de colegio que habían sido condenados en 1999 a diez años de
cárcel en relación con la «desaparición» de 25 estudiantes en Embilipitiya a fines de 1989 y
principios de 1990.
TÍBET
Jigme Sangpo, el preso de conciencia que más tiempo llevaba encarcelado en el Tíbet,
quedó en libertad en abril. Este maestro de escuela de 76 años, que había sido golpeado y
había permanecido recluido en régimen de aislamiento, quedó en libertad condicional por
motivos médicos ocho año antes de la finalización de sus 28 años de condena en la
tristemente célebre prisión Drapchi del Tíbet. Ha pasado entre rejas la mayor parte de sus
últimos cuarenta años.
La excarcelación de Jigme Sangpo se produjo después de la de Ngawang Choephel, otro
preso de conciencia. Este etnomusicólogo quedó en libertad por motivos médicos tras
cumplir seis años y medio de la condena de 18 que le habían impuesto.
Jigme Sangpodio dio las gracias a los miembros de AI por los años de trabajo dedicados a
lograr su excarcelación. Manifestó su agradecimiento a la organización por los numerosos
actos llevados a cabo para difundir su caso e instó a los miembros de AI a que siguieran su
trabajo para conseguir la libertad de otros presos. «Es importante que logren sus objetivos
en otros casos como lo han conseguido en el mío», subrayó Ngawang Choephel.
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EUROPA
ARMENIA
Rafik Tonoian y Karen Yegoian, objetores de conciencia armenios al servicio militar, fueron
puestos en libertad antes de cumplir la totalidad de sus condenas. Rafik Tonoian quedó en
libertad a fines de mayo del 2001; Karen Yegoian quedó en libertad en virtud de una
amnistía promulgada en julio del 2001, posiblemente como resultado de la presión
internacional. Al parecer, las autoridades armenias recibieron más de mil llamamientos en
favor de Rafik Tonoian y Karen Yegoian. Según parece, la mayoría se derivaron del
llamamiento difundido en la publicación de AI The Wire correspondiente al número de junio
del 2001.
TAYIKISTÁN - FEDERACIÓN RUSA
Dodojon Atovulloyev, periodista tayiko en el exilio, fue puesto en libertad por las
autoridades rusas a pesar de la solicitud de extradición presentada por Tayikistán. El
periodista manifestó a AI que era milagroso que lo hubieran dejado en libertad. La presión
de la comunidad internacional, incluida AI, había surtido efecto. Asimismo, instó a los
miembros de AI a que prosiguieran con su labor y manifestó que no debíamos subestimar
la repercusión que esa actividad podía tener en la situación de presos que de lo contrario
estarían perdidos.
TURQUÍA
Eren Keskin, destacada integrante de la Asociación de Derechos Humanos, y Osman
Baydemir, su vicepresidente, recibieron reiteradas amenazas de muerte a causa de su
labor en favor de los derechos humanos.
Eren Keskin recibió amenazas de muerte y de violación por teléfono. El 9 de abril tuvo
noticia de que un hombre detenido en Konya había confesado que había tenido la intención
de matarla. A Osman Baydemir lo siguieron y también recibió amenazas de muerte por
teléfono. Según los informes, unos gendarmes vestidos de civil acudieron a visitarlo en
Diyarbakir en noviembre del 2000 y le dijeron: «Hemos perdido la paciencia. Hay muchas
personas. Si les decimos “matad”, matarán».
Tras el llamamiento difundido en una Acción Urgente, las amenazas de muerte cesaron y
ambos solicitaron a AI que transmitieran sus felicitaciones a todas las personas que habían
intervenido. Eren Keskin dijo:
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Llevo diez años dedicándome a la defensa de los derechos humanos, pero hasta que
Amnistía Internacional no publicó la Acción Urgente las autoridades no nos propusieron
protegernos a mi colega y a mí. Agradezco profundamente las actividades de la
organización en nuestro favor y les envío mi más caluroso agradecimiento.
TURKMENISTÁN
Christian Shagildy Atakov, cristiano baptista, fue puesto en libertad el 8 de enero del 2002
tras cumplir en condiciones extremadamente duras más de tres años de la condena de
cuatro que le habían impuesto. Lo detuvieron en diciembre de 1998 en virtud de lo que sus
partidarios consideran cargos inventados para castigarle por sus creencias religiosas. Entre
febrero y marzo del 2001, AI publicó una serie de Acciones Urgentes en su favor.
Tras la presión ejercida por la comunidad internacional a causa del temor a que su vida
estuviera en peligro debido a los malos tratos y a las sustancias psicotrópicas que
indebidamente le habían administrado, a Shagildy Atakov lo trasladaron a mediados de
febrero del 2001 del campo de trabajo de Seydi a un hospital penitenciario de la localidad
de Mary.
UZBEKISTÁN
El 24 de abril del 2001, el Tribunal Supremo de Uzbekistán conmutó la pena de muerte
impuesta a Marat Rakhmanov por 15 años de cárcel.
Según su abogado, la policía golpeó brutalmente a Marat Rakhmanov mientras estuvo
detenido en espera de juicio y su confesión se produjo tras haber sido torturado. Por lo que
a AI le consta, las autoridades no han hecho nada por investigar estas denuncias.
La hermana de Marat Rakhmanov manifestó a AI: «Lo sacaron de la prisión y no le dijeron
nada. Creyó que lo habían sacado para pegarle un tiro. Hasta que no llegó a la colonia de
Namangan y los otros ex presos le dijeron dónde estaba no comprendió que quizá le
habían indultado ... Mi hermano dijo “me sentí como si hubiera vuelto a nacer”».
En junio, Mayra envió el siguiente mensaje:
«Su ayuda ha sido inapreciable y nuestro agradecimiento es inmenso. Contribuyeron a
salvar la vida de mi hermano. Les deseamos buena salud y éxito en su difícil pero
necesaria lucha. Le damos gracias a Dios por el hecho de que en momentos tan difíciles y
aterradores hayamos recibido la ayuda de gente tan maravillosa. Les estamos eternamente
agradecidos porque la vida no tiene precio».
En julio fue puesto en libertad el defensor de los derechos humanos Ismail Adylov, al
parecer en virtud de una amnistía presidencial. AI tuvo conocimiento del hecho a través de
Mikhail Ardzinov, presidente de la Organización Independiente de Derechos Humanos de
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Uzbekistán. Ismail Adylov y su familia expresaron su hondo agradecimiento a todos los que
lucharon infatigablemente por su excarcelación.
ORIENTE
MEDIO
ISRAEL
Ghassan Muhammad Attamleh, árabe israelí detenido sin cargos ni juicio al parecer a
causa de su actividad política fue puesto en libertad en junio. Ghassan dijo: «Los grupos de
AI desempeñaron un papel importante en mi liberación y les estoy agradecido».
MARRUECOS
Tras el indulto real del 7 de noviembre del 2001, las autoridades marroquíes dejaron en
libertad a Brahim Laghwal, Cheikh Khaya y Laarbi Massoudi. Los tres presos de conciencia
saharauis habían sido condenados a cuatro años de cárcel en un juicio celebrado en el
2000 acusados de «amenazar la seguridad del Estado» por sus presuntas relaciones con
el Frente Polisario, movimiento que reclama la constitución de un Estado independiente en
el Sáhara Occidental.
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VISIÓN GLOBAL DEL INFORME ANUAL DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL
ÁFRICA (excepto Norte)
A lo largo del continente, los disturbios civiles siguieron provocando situaciones que
favorecieron la comisión de graves abusos contra los derechos humanos. En países como
Angola, Burundi, Guinea, Liberia, República Centroafricana, República Democrática del
Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán o Uganda, miles de civiles desarmados padecieron
algunas de las más atroces violaciones de derechos humanos cometidas en África —
detención ilegal y reclusión, tortura y malos tratos, violación, asesinato y «desaparición»—
a manos tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos armados de oposición.
En Burundi, los soldados gubernamentales y los grupos armados de oposición mataron a
centenares de civiles desarmados y centenares de miles de personas siguieron
desplazadas en el interior.
En Sudán, las compañías petrolíferas continuaron desempeñando un papel importante en
los abusos contra los derechos humanos en relación con las fuerzas que utilizaban para
proteger sus campos petrolíferos o el suministro de combustible a aviones con los que el
gobierno bombardeaba de forma deliberada e indiscriminada a la población civil en las
zonas en guerra del sur del país.
A finales de año, se calcula que en Sudán había unos 4,5 millones de desplazados internos
y que aproximadamente medio millón de personas más había buscado refugio en el
exterior. Miles de refugiados de Sierra Leona y de Liberia y de desplazados internos de
Guinea y Liberia sufrieron reiterados ataques y actos de acoso por parte de las fuerzas
gubernamentales y de los grupos armados en las zonas fronterizas entre los tres países.
La situación de los derechos humanos en Zimbabue se deterioró gravemente a causa de la
utilización de la violencia, las detenciones, la tortura, los secuestros y los homicidios de
naturaleza política por parte de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico,
el partido gobernante, y sus partidarios para reprimir a sus adversarios durante el periodo
previo a las elecciones presidenciales de marzo del 2002. La independencia de la
judicatura y de la prensa así como la imparcialidad de la policía y del sistema penitenciario
se vieron socavadas por las nuevas medidas y leyes aprobadas por el gobierno.
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Según los informes, en Burkina Faso y Camerún las fuerzas de seguridad ejecutaron
extralegalmente a decenas de personas o siguieron sin dar cuentas del destino corrido por
ellas en su lucha contra el bandolerismo y el auge de la delincuencia.
A lo largo del año, en Nigeria los grupos parapoliciales o paramilitares llevaron a cabo
detenciones ilegales, actos de violencia, torturas y homicidios. Los soldados mataron a
centenares de personas en el curso de actos de represalia y de otras actuaciones en los
disturbios interraciales registrados en Lagos y en zonas de las regiones del centro y el
norte. Las investigaciones y sanciones de estas violaciones de los derechos humanos
fueron inexistentes o mínimas. Muchas de las víctimas no presentaron denuncias por temor
a las represalias.
Centenares de personas continuaron privadas de libertad por motivos políticos en países
como Angola, Burundi, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Guinea Bissau, Kenia, República Centroafricana, Ruanda, Suazilandia, Sudán y
Zimbabue. Amnistía Internacional consideró posibles presos de conciencia a algunos de
ellos.
La difícil situación de presos y detenidos se vio agravada por las condiciones inhumanas
de reclusión, el grave hacinamiento, las deficientes condiciones higiénicas y la falta de
servicios y cuidados médicos básicos imperantes. Amnistía Internacional recibió informes
de las condiciones atroces existentes en Nigeria, Togo y la República Democrática del
Congo.
A pesar de la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte, en Guinea,
Somalia y Sudán se llevaron a cabo ejecuciones. Centenares de personas fueron
condenadas a muerte en Burundi, Etiopía, Guinea, Kenia, Mauritania, Nigeria, República
Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Sudan y Zambia. En
Nigeria se dictaron penas de muerte y penas crueles, inhumanas y degradantes en
aplicación de una nueva legislación penal, basada en la ley islámica (sharia),
recientemente aprobada en varios estados septentrionales.
El hecho de no hacer comparecer ante los tribunales a los responsables de las violaciones
de derechos humanos siguió siendo un factor clave para la prolongación de esta clase
abusos en la región. A finales del 2001, el Tribunal Especial para Sierra Leona, creado por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en agosto del 2000 para juzgar los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho
internacional humanitario seguía disponiendo de fondos insuficientes.
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No obstante, con el reconocimiento de un número creciente de países de la necesidad de
poner en manos los tribunales a los presuntos responsables de violaciones de derechos
humanos, la tendencia comenzó a invertirse, aunque fuera lentamente. Merced a la fuerte
presión nacional e internacional, el gobierno de Camerún tomó medidas para investigar
algunos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. En Burkina Faso, un agente de
las fuerzas de seguridad fue acusado de la ejecución extrajudicial de cuatro personas,
entre las que había un importante periodista de investigación. Un tribunal belga logró
procesar a cuatro ruandeses acusados de colaborar e instigar el genocidio de 1994, con lo
que se reforzó el principio de jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad.
AMÉRICA
Si bien a lo largo del año se registraron algunos hechos positivos, especialmente en
relación con la lucha contra la impunidad y el uso de la pena de muerte, el clima
internacional creado por la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente Bush
tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos representó una grave
amenaza contra los avances de los derechos humanos en la región.
Los atentados del 11 de septiembre fueron seguidos de una intensa reacción contra los
musulmanes y las personas procedentes de Oriente Medio asentadas en Estados Unidos.
También se llevaron a cabo detenciones en otros países como Paraguay y la República
Dominicana.
En Estados Unidos se detuvo a más de 1.200 personas, principalmente extranjeros,
durante las investigaciones sobre los atentados. Las detenciones estuvieron rodeadas de
gran hermetismo y se recibieron informes sobre reclusiones en régimen de incomunicación
y malos tratos. Los motivos de preocupación en materia de derechos humanos planteados
por la amplia legislación «antiterrorista» aprobada por el Congreso se vieron agravados por
la Orden Militar presidencial para la creación de comisiones militares especiales con la
finalidad de juzgar a personas de nacionalidad extranjera sospechosas de «terrorismo».
Estos tribunales crearían un «sistema de justicia de segunda clase» para los ciudadanos
extranjeros al conculcar expresamente algunas de las garantías básicas imperantes en el
sistema de justicia estadounidense.
Asimismo, en diciembre, y en medio del temor a que socavara el derecho a un juicio justo,
se aprobó también en Canadá una nueva legislación antiterrorista. La nueva legislación
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sobre inmigración y refugiados aprobada en noviembre podría provocar que algunas
personas fueran devueltas a países donde podrían sufrir violaciones de derechos
humanos.
Mientras tanto, la crisis de derechos humanos en Colombia siguió creciendo y se teme que
el ambiente creado tras el 11 de septiembre contribuya a agravarla. Tanto el ejército, con
sus aliados paramilitares, como los grupos armados de oposición siguieron cometiendo
graves violaciones y abusos contra los derechos humanos cuyas principales víctimas
fueron los civiles. Los datos estadísticos del año son escalofriantes: más de 300 personas
«desaparecidas», más de 4.000 civiles muertos al margen de los combates, la mayoría a
manos de los paramilitares respaldados por el ejército, un sinnúmero de personas
desplazadas y más de 1.700 secuestradas, principalmente por los grupos de la guerrilla.
Al igual que en años anteriores, siguieron recibiéndose informes de torturas y malos tratos
cometidas por las fuerzas de seguridad y bajo custodia en al menos 20 países, entre ellos
Argentina, Belice, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Venezuela. En países como Brasil y México el uso de la tortura
para obtener confesiones sirve a menudo para sustituir de hecho las técnicas de
investigación modernas.
En varios países, como Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana,
México, República Dominicana y Venezuela, se registraron homicidios ilegítimos cometidos
por los agentes de las fuerzas de seguridad, a menudo como resultado del uso excesivo de
medios letales. En Brasil, los «escuadrones de la muerte» parecen actuar en connivencia
con las fuerzas de seguridad, y sólo en el estado de Sâo Paulo se denunciaron 481
homicidios a manos de la policía. En Jamaica, las fuerzas de seguridad dieron muerte al
menos a 152 personas, entre ellas siete jóvenes que murieron en una casa en Braeton en
circunstancias que sugieren que fueron ejecutados extrajudicialmente. En Argentina se
recibieron informes sobre decenas de homicidios a manos de la policía en circunstancias
controvertidas y más 30 personas murieron durante las manifestaciones celebradas a fines
de año entre informes sobre el uso de fuerza excesiva.
Las «desapariciones» continuaron siendo una práctica generalizada en Colombia. También
se recibieron informes de casos en México y Venezuela, y al menos en otros ocho países
familiares y amigos continuaron padeciendo la tortura diaria de desconocer la suerte
corrida por sus seres queridos «desaparecidos».
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En Argentina, Cuba y México, seguían recluidas personas consideradas presos de
conciencia por Amnistía Internacional, así como en Perú, donde aproximadamente 200
personas condenadas por «terrorismo» sin las debidas garantías continuaban
encarceladas. En el 2001 se produjo la excarcelación de dos presos de conciencia
mexicanos, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, activistas ecologistas. No obstante, estas
excarcelaciones no hicieron completamente justicia dado que no se reconoció su inocencia
y no se abrió ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura.
La defensa y promoción de los derechos humanos volvió a mostrarse como un empeño
peligroso para la vida de los defensores y activistas de estos derechos, que se convirtieron
en el blanco de acoso, amenazas y agresiones, en algunos casos con resultado de muerte,
en países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y
República Dominicana. En México, Digna Ochoa y Plácido, abogada de derechos
humanos, fue asesinada en su oficina en octubre. En Colombia más de 100 sindicalistas
fueron víctimas de homicidio, principalmente a manos de paramilitares respaldados por el
ejército, y 10 periodistas fueron víctimas de atentados mortales a causa de su trabajo. En
Guatemala, México y Haití los periodistas también fueron victimas de acoso y amenazas y,
al menos, uno perdió la vida. En algunos países como Cuba y Haití se actuó contra los
adversarios políticos del gobierno.
Estados Unidos fue el único país de la región donde se llevaron a cabo ejecuciones, entre
ellas las dos primeras ejecuciones federales desde 1963. Entre las 66 personas ejecutadas
en Estados Unidos había algunas con problemas mentales y un preso menor de 18 años
en el momento de la comisión del delito. En una resolución que supuso un hito, la Corte
Internacional de Justicia falló que Estados Unidos había vulnerado las obligaciones que
había contraído en virtud del derecho internacional al negar a Karl y Walter LaGrand,
ciudadanos alemanes ejecutados en 1999, su derecho a comunicarse con su consulado.
Siguieron dictándose penas de muerte en todos los países retencionistas de la región, si
bien el cese de las ejecuciones en Cuba indicaba que hay en vigor una suspensión
informal de este castigo.
Aunque la mayoría de las violaciones de derechos, tanto las cometidas en el pasado como
las actuales, quedan sin ser investigadas, se han registrado algunos avances en la lucha
contra la impunidad. En marzo, en Argentina, un juez que investigaba la «desaparición» de
tres personas en 1978 declaró inconstitucionales y nulas las dos leyes de «amnistía». En
junio y julio, un juez federal argentino solicitó la detención de varios oficiales militares de
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay por su participación en la «Operación
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Cóndor», un amplio plan de carácter regional caracterizado por las «desapariciones»
sistemáticas.
En una sentencia histórica dictada en Brasil, un ex alto jefe policial fue condenado por
cargos relacionados con la matanza de 111 reclusos ocurrida en 1992 en la prisión de
Carandiru, São Paulo. En el estado de Amazonas, 13 hombres, varios de ellos juzgados in
absentia, fueron condenados por ordenar y llevar a cabo un ataque contra unos 100
indígenas ticuna, que se saldó con la muerte de 14 personas, entre las que había seis
niños.
En Guatemala, mientras dentro y fuera del país proseguían los esfuerzos por poner en
manos de la justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos en gran
escala cometidas en el pasado, tres agentes de las fuerzas armadas fueron condenados a
30 años de cárcel por el asesinato en 1998 del obispo José Gerardi. Sin embargo, la
justicia tuvo un elevado
precio: al menos nueve testigos murieron, decenas de testigos, abogados, jueces y fiscales
de la causa fueron amenazados y acosados y muchos se vieron obligados a huir del país.
En Perú se constituyó una Comisión de la Verdad para aclarar las violaciones de derechos
humanos cometidas entre 1980 y el 2000. En junio se detuvo en Venezuela a Vladimiro
Montesinos, ex jefe de las fuerzas de seguridad de Perú, acusado de violaciones de
derechos humanos.
En Chile, el ex presidente Augusto Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario por los
cargos de «secuestro y/o homicidio calificado» cometidos contra 75 personas durante la
operación militar de la «Caravana de la Muerte» llevada a cabo en 1973. El arresto
domiciliario se levantó al reducirse los cargos de autor de los delitos a encubridor de los
mismos. La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió temporalmente la causa por
motivos de salud, aunque sigue pendiente tras la reclamación judicial interpuesta por los
abogados de la acusación.
ASIA Y OCEANÍA
Los abusos contra los derechos humanos aumentaron en muchos países de Asia y
Oceanía, especialmente en el contexto de conflictos armados. Los atentados del 11 de
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septiembre y la necesidad de mayor seguridad se utilizaron para justificar la promulgación
y aprobación de leyes severas en materia de seguridad en varios países como Singapur,
Pakistán, India y Malaisia.
En Afganistán, los ciudadanos corrientes sufrieron mucho a lo largo del año como resultado
del conflicto y de las consecuencias acumuladas de años de sequía.
Mientras los talibanes estuvieron en el poder, las minorías religiosas y étnicas fueron el
blanco de homicidios en masa y se llevaron a cabo ejecuciones y amputaciones. La
circulación, el empleo y la educación de las mujeres se restringieron gravemente. El Frente
Unido (Alianza del Norte) también fue responsable de abusos contra los derechos
humanos.
Un número desconocido de civiles murieron o vieron destruidas sus casas o propiedades
como consecuencia de la campaña de bombardeos dirigida por Estados Unidos. Este país
y sus aliados quizá vulneraron las leyes de la guerra. En un incidente ocurrido el 29 de
diciembre, un portavoz de la ONU informó de que algunos familiares habían identificado 52
cadáveres, entre ellos los de 25 niños, tras el bombardeo que las fuerzas estadounidenses
llevaron a cabo en un pueblo cerca de la localidad oriental de Gardez. Los informes diarios
de muertes de civiles que iban llegando de Afganistán motivaron que Amnistía
Internacional solicitara al gobierno de Estados Unidos que ofreciera explicaciones sobre las
muertes pero no se ha recibido ninguna información.
El trato dispensado a los presos capturados o que se habían rendido en Afganistán suscitó
honda preocupación. Se recibieron informes según los cuales el Frente Unido había
ejecutado sumariamente a combatientes capturados de Al Qaeda heridos o que se habían
rendido. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación sobre los
sucesos registrados en el fuerte de Qala-i-Jhangi, donde algunos presos fueron hallados
muertos con las manos atadas a la espalda. El director de la prisión de Shibargan reveló en
diciembre que 43 presos habían muerto a causa de las lesiones o asfixiados al ser
transportados en contenedores de transporte.
Tras el 11 de septiembre, todos los países vecinos cerraron sus fronteras a los refugiados
y los programas de ayuda internacional se redujeron radicalmente, con lo que aumentó el
número de desplazados internos.
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Al centrarse la atención pública mundial en la guerra de Afganistán, se presto incluso
menos atención de la habitual a otros conflictos. Los civiles se vieron atrapados en los
conflictos internos de Nepal, Sri Lanka, India, Filipinas y Myanmar.
La «guerra popular» declarada por el Partido Comunista de Nepal (maoísta) en 1996 entró
en una fase nueva más sangrienta tras el fracaso de las conversaciones de paz y la
declaración del estado de excepción en noviembre. Ambas bandos han cometido
secuestros, torturas y homicidios deliberados.
El gobierno suspendió el derecho a la libertad de expresión y detuvo a decenas de
periodistas, activistas de derechos humanos y abogados. Mientras tanto, los maoístas
mantuvieron el control de una parte apreciable del país, dirigiendo «gobiernos populares»
paralelos dotados de su propio sistema fiscal y con «tribunales populares».
El conflicto en Cachemira, India, suscitó un interés pasajero de la comunidad internacional
al enfrascarse los gobiernos de la India y Pakistán en un tenso fortalecimiento de sus
fuerzas militares. Sin embargo, se prestó escasa atención a las más de cien víctimas
civiles que morían al mes.
El prolongado conflicto en Sri Lanka entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y el
gobierno empeoró a partir de mayo. Aumentaron notablemente los casos de violación
cometidos por la policía, el ejército y la armada y los casos de tortura se denunciaban
prácticamente a diario. Los Tigres llevaron a cabo toma de rehenes y recurrieron al
reclutamiento de niños soldados de forma generalizada.
Los conflictos separatistas en las provincias indonesias de Aceh y Papúa empeoraron en el
2001 y centenares de civiles fueron víctimas de «desapariciones», homicidios ilegítimos y
torturas. En ambas provincias se destruyeron viviendas y medios de subsistencia como
forma de castigo colectivo por los ataques perpetrados por los separatistas armados contra
la policía y el ejército. Los disturbios políticos paralizaron en la práctica al gobierno durante
buena parte del año, obstaculizando el proceso de reforma en materia de derechos
humanos y las iniciativas para resolver los conflictos. Se recurrió a leyes que habían sido
utilizadas en años anteriores para silenciar a los disidentes, y amparándose en ellas se
presentaron cargos contra activistas favorables a la independencia y se encarc eló a otros
por expresar pacíficamente sus opiniones.
En el 2001 aumentaron en China las violaciones graves de derechos humanos. La
campaña de mano dura contra la delincuencia provocó un aumento masivo de las
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ejecuciones: se consumaron al menos 2.468 de ellas. Se llevaron a cabo ejecuciones por
delitos no violentos como soborno, proxenetismo, malversación, fraude fiscal, venta de
alimentos nocivos y delitos de narcotráfico. Muchas ejecuciones se llevaron a cabo tras
actos públicos de imposición de sentencias ante grandes multitudes. El 20 de abril se
ejecutó a más de 200 personas tras la celebración de actos públicos de este tipo por todo
el país.
Prosiguió la represión de grupos espirituales y religiosos y de los activistas de derechos
humanos mediante detenciones, tortura y encarcelamiento. Al parecer, unos 200
seguidores de Falun Gong murieron bajo custodia como resultado de tortura, mientras
centenares de monjas y monjes seguían encarcelados en Tíbet. El gobierno chino utilizó la
«guerra contra el terrorismo» para justificar la represión contra los «separatistas» de la
etnia uigur alegando que estaban vinculados al «terrorismo internacional». Se detuvo a
muchos presuntos separatistas y algunos fueron ejecutados.
Centenares de solicitantes de asilo, posiblemente miles, que huían del hambre en Corea
del Norte fueron devueltos a la fuerza para enfrentarse a un futuro incierto.
En agosto, el gobierno australiano comenzó a enviar buques de guerra para interceptar a
más de 1.800 «refugiados del mar» a los que se detuvo y negó el derecho a solicitar asilo
en territorio australiano. La armada mandó de vuelta a unos 600 posibles solicitantes de
asilo y varios centenares fueron desviados a islas remotas de los océanos Índico y Pacífico
en lo que ha llegado a conocerse como el «arreglo Pacífico». Al menos otras 356
personas, entre ellas 70 niños, se ahogaron cuando su precaria embarcación se hundió en
el trayecto de Indonesia a Australia. Ahmed al-Zalime, refugiado que vivía en Australia y
cuyas tres hijas se habían ahogado en el incidente, no pudo visitar a su esposa en
Indonesia, que había logrado salvarse, debido a que los visados temporales para
refugiados concedidos por Australia prohíben regresar al país tras cualquier viaje al
extranjero.
EUROPA
La tortura y los malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad del
Estado, a menudo contra los extranjeros o los miembros de las minorías étnicas,
continuaron siendo frecuentes en Europa. Muchos gobiernos utilizaron los atentados del 11
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de septiembre para, en nombre del reforzamiento de la seguridad nacional, tomar medidas
que se tradujeron en violaciones de derechos humanos y en mayores restricciones a la
libertad de expresión, de asociación y al derecho a recibir un juicio justo, así como en la
limitación de los derechos de los solicitantes de asilo.
La situación de los derechos humanos se deterioró en Macedonia al intensificarse durante
la primera parte del año los combates entre las fuerzas de seguridad macedonias y los
grupos armados de etnia albanesa. Se recibieron informes sobre homicidios
indiscriminados de civiles a manos de las fuerzas de seguridad, mientras que al Ejército de
Liberación Nacional, grupo armado de etnia albanesa, fue acusado de llevar a cabo
secuestros y malos tratos de civiles. Entre marzo y agosto, más de 140.000 personas
resultaron desplazadas, principalmente de pueblos que habían quedado bajo el control del
Ejército de Liberación Nacional.
En Bosnia y Herzegovina, decenas de miles de personas que deseaban regresar a sus
hogares no pudieron hacerlo ante la total ausencia de garantías para su seguridad
personal, además de la situación de discriminación a la que habían de hacer frente en
materia de empleo, educación y protección social. Proseguían las actuaciones del Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y las investigaciones y procesamientos por
crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos en los tribunales nacionales
de Bosnia y Herzegovina y Kosovo fueron escasos, progresaron con gran lentitud y, en
algunos casos, incumplieron las normas internacionales sobre la celebración de juicios
justos. Croacia mejoró la colaboración con el Tribunal Penal Internacional, pero Yugoslavia
todavía no había promulgado al acabar el año la ley sobre cooperación con ese tribunal. En
junio, las autoridades serbias trasladaron al ex presidente Slobodan Milosevic a la!
custodia del Tribunal Penal Internacional. No obstante, seguían en libertad, y con
frecuencia ocupando puestos de poder, otras muchas personas contra quienes el Tribunal
había dictado auto de procesamiento.
Tanto las fuerzas armadas chechenas como las rusas siguieron cometiendo graves abusos
contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario. Entre las
violaciones cometidas por las fuerzas rusas figuran la reclusión arbitraria en centros
secretos de detención y en fosas excavadas en el suelo, torturas y malos tratos,
«desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas chechenas atacaron a los
civiles que trabajaban en la administración local de Chechenia, no tomaron medidas para
reducir el número de bajas civiles durante sus ataques y mataron ilegítimamente a los
soldados rusos capturados. En otras partes de la Federación Rusa siguieron recibiéndose
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informes sobre torturas y malos tratos bajo custodia y sobre condiciones penitenciarias
crueles, inhumanas y degradantes.
El Reino Unido fue el único país europeo en desplegar a menores de 18 años en
situaciones de conflicto armado. En el 2001, el Reino Unido desplegó a jóvenes menores
de 18 años en Macedonia y durante la intervención militar en Afganistán.
Se documentaron casos de tortura y malos tratos en un gran número de países europeos
como Albania, España, Georgia, Lituania y Rumania. En Turquía la tortura, tanto a
hombres como a mujeres y niños, siguió siendo una práctica frecuente y sistemática, la
cual solía producirse en las dependencias de la policía y de la gendarmería
inmediatamente después de la detención. Miles de presos recluidos en las prisiones «Tipo
F» permanecieron en condiciones de aislamiento prolongado que constituían trato cruel,
inhumano y degradante.
En muchos países de Europa Occidental como Alemania, Austria, Bélgica, España,
Finlandia, Francia, Italia y Suiza los extranjeros y los miembros de las minorías étnicas,
entre ellos solicitantes de asilo, sufrieron abusos y malos tratos por motivos racistas. La
policía maltrató a personas de etnia romaní, y en muchos casos no las protegió frente a los
abusos en Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Hungría, República Checa y República Federal de
Yugoslavia.
Amnistía Internacional siguió expresando su preocupación por el uso de fuerza excesiva
por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Incidentes de este tipo se
denunciaron en España, Italia y Suecia. En Italia se recibieron informes que indicaban que
los agentes encargados de hacer cumplir la ley habían utilizado fuerza excesiva durante las
grandes manifestaciones celebradas en Brescia, Nápoles y Génova, y que habían agredido
de forma gratuita a numerosos manifestantes pacíficos. En julio del 2001, un agente de la
fuerza pública mató a tiros a un manifestante durante las manifestaciones antiglobalización
celebradas en Génova. Mientras, en Suecia, la policía había herido a tres manifestantes
durante una manifestación celebrada en Gotenburgo en junio del 2001.
En Bulgaria, las personas con incapacidad mental recluidas en instituciones públicas para
recibir cuidados por un periodo indefinido fueron alojadas en dependencias muy precarias
con condiciones higiénicas extremadamente deficientes. En ocasiones se las sometió a
formas crueles de confinamiento y aislamiento. Al parecer, en algunos de esos lugares, la
falta de cuidados médicos, calefacción y alimentos adecuados parecieron contribuir a que
hubiera muertes.
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En el Reino Unido, la nueva legislación aprobada en materia de seguridad tras los
atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos abrió la puerta a nuevas violaciones de
derechos humanos. La Ley de Seguridad contra el Terrorismo y el Delito del 2001 se
aprobó en diciembre tras menos de un mes de debate por el Parlamento y la opinión
pública. Dicha ley permite al secretario de Estado ordenar la detención administrativa
indefinida, sin cargos ni juicio y sin acceso a ninguna revisión judicial, de cualquier
extranjero que sea considerado «presunto terrorista internacional y un riesgo para la
seguridad nacional» en virtud de pruebas secretas.
A lo largo de todo Asia Central aumentaron las acusaciones contra miembros de la
población uigur respecto a sus simpatías e incluso apoyos a los movimientos islamistas de
oposición. Los miembros de esta etnia habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y
maltratados frecuentemente por las autoridades de países de Asia Central, como
Kazajistán, y devueltos a China, donde tenían que hacer frente a nuevos malos tratos,
torturas y pena de muerte. Se temía que en Uzbekistán, tras los atentados del 11 de
septiembre, se incrementara la represión contra la oposición interna del país. En
Kirguizistán aumentaron las detenciones de presuntos miembros de organizaciones
islámicas prohibidas y las tensiones étnicas se exacerbaron. Tayikistán siguió manteniendo
sus puertas cerradas para las personas que huían de Afganistán.
En algunos países se devolvió a la fuerza a solicitantes de asilo tras ver rechazadas sus
solicitudes en procedimientos carentes de las debidas garantías. Esto fue lo que ocurrió en
Suecia cuando se devolvió a la fuerza a dos varones egipcios a pesar de que se temía que
en Egipto corrían un grave peligro de sufrir tortura y de ser juzgados sin las debidas
garantías. Según los informes, en octubre, la policía de Bosnia y Herzegovina deportó a
dos personas con doble nacionalidad bosnia y egipcia a Egipto sin que mediara ningún
procedimiento formal de extradición.
En junio del 2001, en el curso del primer juicio celebrado en Bélgica basado en el principio
de jurisdicción universal, cuatro ciudadanos ruandeses residentes en Bélgica fueron
condenados a penas de cárcel por crímenes de guerra cometidos en el contexto del
genocidio perpetrado en Ruanda en 1994. Al finalizar el año, en virtud de este principio
legal se habían interpuesto denuncias contra dirigentes y miembros de gobiernos actuales
y pasados de más de 15 Estados extranjeros ante los tribunales belgas.
A pesar de estos progresos en la lucha contra la impunidad, Italia se negó a aplicar una
orden internacional para que se procediera a la detención de un ciudadano ruandés
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residente en Italia al que se buscaba por delitos de genocidio y crímenes de lesa
humanidad.
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
La situación de los derechos humanos siguió siendo grave en buena parte de Oriente
Medio y del Norte de África, donde imperó la impunidad y a las víctimas y sus familiares se
les continuaba negando justicia. Entre las graves violaciones de derechos humanos
perpetradas en muchos países de la zona figuraban las ejecuciones judiciales y
extrajudiciales, el uso generalizado de la tortura y los juicios injustos, la intimidación a los
defensores de los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión y de
asociación.
Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a más de 460 palestinos, entre ellos 79 niños y
al menos 32 personas que fueron el objeto de asesinato selectivo. Los grupos armados
palestinos mataron a 187 israelíes, de los que 154 eran civiles y al menos 36 niños.
Miles de palestinos fueron detenidos, recluidos a menudo en régimen de incomunicación, a
veces durante varios días, y, según informes, fueron víctimas de tortura y malos tratos.
Las autoridades israelíes mantuvieron clausuras estrictas sobre pueblos y ciudades
palestinas y al menos 350 viviendas palestinas fueron destruidas y 29 personas murieron
debido a que se retrasó su acceso a los hospitales.
Centenares de presuntos «colaboradores» de Israel y decenas de presuntos miembros de
grupos armados de oposición fueron detenidos por la administración de la Autoridad
Palestina.
Siguieron siendo frecuentes los informes sobre torturas infligidas por varias fuerzas de
seguridad palestinas y tres hombres murieron bajo custodia en circunstancias que sugerían
que la tortura pudo haber contribuido a su muerte.
En Argelia, donde se mantenía en vigor el estado de excepción impuesto en 1992,
centenares de civiles, entre los que también había mujeres y niños, murieron víctimas de
grupos armados que se definen como «grupos islámicos». Por su parte, las fuerzas de
seguridad mataron a tiros a decenas de civiles durante las manifestaciones
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antigubernamentales. Centenares de miembros de las fuerzas de seguridad, la milicia
armada del Estado y de los grupos armados murieron durante los enfrentamientos
armados.
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