Las televisiones recortan gastos pero no cuestionan el modelo

Las televisiones recortan gastos pero no cuestionan el modelo

EL PAÍS, miércoles 21 de abril de 2010
26
la s s ni i1id;ad del Estado d
2.
401
`.
nesta °
INISTRACIÓN. LAS CADENAS PUBLICAS
Dan empleo a 7.000 personas en las 13 comunidades en las que están instaladas y absorben cada año 1.000
millones de euros de los presupuestos autonómicos. No soin capaces de autofinanciarse, pero ningún
Gobierno regional está dispuesto a renunciar a su televisión
gestión", añade. Pese al efecto de
la crisis, el sector televisivo facturó el año pasado 2.300 millones
de euros en publicidad. Del total
de la tarta, las autonómicas acapararon un 10%. "Por cuota de audiencia nos correspondería un
Las televisiones recortan gastos
pero no cuestionan el modelo
15%, pero no somos tan agresivos
Rechazan imitar a RTVE y proclaman que no renunciarán a la publicidad
ROSARIO G. GOMEZ
Madrid
Las cuentas de los canales autonómicos
Presupuesto +~ Subvención
En tiempos de crisis, el foco apunta a las televisiones autonómicas.
El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, sostiene que
son "un saco sin fondo", que funcionan "para gloria de los gobernantes de turno" y que el dinero
que cuestan estaría mejor invertido en carreteras, colegios u hospitales. Pero sus responsables lo
ven diferente: son un elemento
vertebrador del territorio y motor
de la industria audiovisual.
Las autonomías han desarrollado un enjambre de canales que
cada año cuestan más de 1.000
millones de euros. Su modelo de
financiación se apoya en dos pilares: subvenciones y publicidad.
Ningún Ejecutivo regional cuestiona esta fórmula, pese a que los
operadores privados reclaman
que sigan los pasos de TVE y prohíban la emisión de publicidad. A
cambio de renunciar a los ingresos de los anuncios, la corporación estatal se financia mediante
una tasa que se aplica a las privadas (3% de sus ingresos) y a las
empresas de telecomunicaciones
(0,9%). Además, percibe el 80% de
la recaudación por el uso del espacio radioeléctrico y una subvención que ronda los 500 millones.
Total: 1.200 millones.
¿Es posible trasladar ese modelo a las autonómicas? Los expertos lo ponen en duda. ¿A cargo de
quién pueden cobrar un canon?
Hoy por hoy no tienen más que
una respuesta: a cuenta de los ciudadanos. En Europa la televisión
INVERSIÓN'
EJERCICIO2010
Canales
Corporación Catalana
82,4
238
Canal Sur
36,9
201
Televisión Valenciana
21,6
179
Euskal Telebista
16,6
136
RNG
Telenr
2009
473
Aragón TV
64
Baleares IB3
i2
2,9
Pese a los mensajes
que lanza el PP,
la ley audiovisual
impide privatizar
56
TV Autonómica Canaria
TV Principado de Asturias
31,7
65
Castilla La Mancha TV
TV Región de Murcia
17,7
132
id
i
45
-Inversión publicitaria en los canales de las
comunidades autónomas, en millones de euros
39
Fuente: InfoAdea, elaboración propm.
pública sobrevive a golpe de canon: 360 euros en Austria o 190
en Reino Unido. Uteca, el organismo que agrupa a los canales privados, calcula que en España el coste neto por hogar oscila entre los
seis euros por habitante y ano de
Aragón y los 140 del País Vasco.
Un coste que sin duda crecería si
se cortara el grifo de la publicidad, tal y como reclama el presidente de Uteca, y de Telecinco,
Alejandro Echevarría.
Las autonómicas tienen claro
que no van a renunciar a la publicidad. "Es una fuente de ingresos
que contribuye a aligerar las aportaciones públicas", sostiene Enrique Laucirica, secretario general
de la Forta, que integra 12 entes
regionales (Extremadura no forma parte de este club, ni Castilla y
León, Cantabria, Navarra y La
Rioja, que carecen de televisión
EL PAIS
propia). Algunas emiten hasta
cuatro canales. Y no todos con criterios de servicio público. ¿Es necesaria su existencia si ofrecen
los mismos contenidos que las privadas? Para el director jurídico
de Canal Sur, Carlos Millán, son
un elemento vertebrador al 100%
y alimentan una industria que genera trabajo y riqueza.
En un contexto de crisis económica y publicitaria (con una caída
del 20,9% en 2009), las autonómicas se han ajustado el cinturón.
Han recortado sus presupuestos
y revisado las inversiones. La corporación aragonesa, por ejemplo,
ha cancelado su canal vía satélite
y la catalana tiene congelado uno
de deportes. Renunciar a los recursos publicitarios empeoraría
el escenario. Millán cree que "una
televisión sin publicidad es el fin
de cualquier televisión". "En nuestro caso no ha habido ningún debate", dice Diego Carvajal, secretario general de la RTV murciana.
"En todo caso, debería ser una decisión del Gobierno autonómico,
que es el que define el modelo de
Y además en elpais.com/especial/Sosteníbílidad
> Entrevista digital. Enrique Laucirica, secretario general de
la FORTA, charlará con los lectores a partir de las 13.oo.
- Tribuna. Unas instituciones superfluas, de Agustín Ruiz Robledo.
Encuesta,. ¿Hay que seguir subvencionando las TV autonómicas?
> Mañana en Economía. La opacidad del gasto autonómico.
`Las reformas que necesitamos
Jordi Sevilla
Los ajustes presupuestarios ponen de moda reajustes organizativos de las Administraciones públicas, la mayoría de las veces,
buscando más la apariencia de austeridad
que la realidad de una mejora en la eficiencia. Y sin embargo, se puede hacer bien si
sabemos qué queremos hacer con las
Administraciones.
Con crisis o sin crisis las Administraciones públicas en España están lejos de ser lo
que deben ser, a pesar de las islas de modernidad que las salpican. Tenemos la Administración que hemos ido heredando como consecuencia solapada de las distintas
transformaciones sufridas pero ha faltado,
hasta ahora, un plan director, un sentido
global, una estrategia y un interés político
suficiente para efectuar las reformas oportunas que transformen lo que tenemos en
lo que necesitamos.
Nuestra Constitución procedió a una
deconstrucción profunda de las institucio-
comercialmente como las privadas; no saturamos la pantalla. Gestionamos la publicidad teniendo
en cuenta el carácter de servicio
público de nuestras empresas",
añade Laucirica- TV3 incluso ha
reducido los anuncios a 10 minutos por hora.
"La televisión pública no es
sostenible sin publicidad", afirma
la directora general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa Cullell, al
tiempo que se pregunta "si algu-
nes administrativas, que pasaron de una
dictadura a una democracia, de un país
cerrado, a compartir soberanía con la
Unión Europea y de un Estado con una
Administración a un Estado organizado en
diecisiete Administraciones autonómicas,
más una central. El contexto en que deben
actuar ha cambiado de manera tan drástica, que no es su tamaño, el volumen de
gasto público o el número de funcionarios
lo que se debe revisar, sino sus objetivos, su
eficacia y la evaluación de su desempeño.
El Estado autonómico es mucho más
que transferencias unilaterales de competencias, con suma cero. Es sobre todo un
reparto de funciones que altera, de manera radical, las tareas que deben desempeñar cada una de las Administraciones. Las
autonómicas no pueden aspirar a convertirse en mini-Estados, así como la central
no debe pretender seguir haciendo lo de
siempre, pero con menos medios, dejando
de cumplir sus otras obligaciones constitucionales como garantizar la igualdad y la
solidaridad en todo el territorio nacional.
Articular mejor la cooperación entre
Administraciones distintas que forman
parte del mismo Estado, exige: la reforma
del Senado, la reglamentación de la Con-,
ferencia de Presidentes y Conferencias
Sectoriales, así como regular los consorcios integrados de gestión interadministra-
tíva para evitar duplicidades. Debe elaborarse también un Estatuto del Gobierno y
de la Administración central que establezca sus deberes, derechos, competencias y
financiación.
A partir de conocer lo que cada uno
tiene que hacer, debe redefinirse la estructura de las Administraciones actuales,
para adecuar su tamaño y funcionamiento
a las tareas que tenga que hacer cada una.
En la Administración central se debe impulsar la gestión profesional de servicios
públicos mediante agencias que tengan objetivos evaluables, creando servicios comunes de compra, contratación y personal,
ahorrando costes con una sola central donde hoy existe una suma de ministerios, desarrollar la Administración electrónica como instrumento de reforma de procedimientos moviendo los bits de información
na televisión privada invertirá en
hacer un canal infantil o uno informativo en catalán". Con 26
años de historia, la CCMA es más
potente que cualquier privada.
Tiene 2.700 empleados y emite
cuatro señales. Cullell, no obstante, sostiene que el grupo ha crecido de manera desordenada y que
una estructura mastodóntica no
es operativa. "Tenemos que cam-
biar y ser capaces de plantear un
nuevo modelo de empresa pública, con estructuras de gobierno,
más flexibles y menos burocratizadas que nos permitan competir
y dar calidad a los ciudadanos".
La autofinanciación es un espejismo. Al igual que la privatización, pese a las proclamas del PP.
La Ley Audiovisual consagra el carácter público de las autonómicas
y da libertad a los respectivos Parlamentos para fijar su modelo.
por la red, en lugar de a los ciudadanos
entre ventanillas y desarrollar el Estatuto
del Empleado Público implantando la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la función directiva en una Administración no secuestrada por los cuerpos de
funcionarios, que combine las exigencias
de imparcialidad, mérito y capacidad en el
acceso, con las modernas técnicas de gestión de puestos de trabajo.
Los ciudadanos tenemos derecho a una
buena administración de la cosa pública. A
tener un portal único de acceso electrónico a todas las Administraciones del Estado.
A ser considerados clientes, a cuyo servicio
se pone la Administración, en lugar de subordinados de estas. A exigir que los impuestos sean justos y gastados bien, de manera demostrable. A que la Administra- ción sea un motor de progreso, en lugar de
una rémora para el mismo. Hoy, esto es
necesario. Pero, además, con las leyes
aprobadas la pasada legislatura, ya es posible. Hagámoslo, aunque se pisen algunos
callos.
Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones
Públicas (2004-2007) y director del informe
"Una reforma para la AGE", del Centro PwC/IE
de Sector Público.