articulo completo - Valor Estratégico

ESCENARIO EN PERÚ
Minería y comunidades,
una relación
desafiante
THE SITUATION IN PERU
Mines and
communities,
a challenging
relationship
According to the consultant
Rodrigo Rivas, community
relations are a phenomenon
which has been developing
in Peru for some time and
which has long been a
concern for companies.
T
In recent months, the opposition of part of the community to major mine projects
in Peru, such as Conga and
Tintaya-Antapaccay, has captured the
headlines. However, the issue of the relationship between companies and the inhabitants living in their areas of influence
is not new. “It has been going on for
some time and has been a concern and
preoccupation among the companies
for many years,” says Rodrigo Rivas, a
partner at the consultancy Valor Estratégico and previously director of corporate
affairs in South America for the mining
company Barrick Gold.
“Perhaps the difference now is that
the election of President Ollanta Hulama
gave rise to new expectations in one
part of society,” but the government instead opted to maintain the model of
protecting foreign investment.
Luquman Shaheen, president and
CEO of exploration company Panoro,
shares the view that it is a situation
which has been brewing for some time.
As he notes in the interview published
in this edition (see page 31):”During the
last twenty years, the participation of the
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Equipo de Anglo American presentando el proyecto Quellaveco a comunidades vecinas.
Anglo American team presents the Quellaveco Project to local community.
El consultor Rodrigo Rivas sostiene que el tema social
es un fenómeno que se viene desarrollando hace
tiempo en Perú y que ha sido motivo de preocupación
y de ocupación por parte de las empresas.
E
n los últimos meses, la oposición generada por sectores de la comunidad a importantes proyectos mineros en Perú, como Conga
y Tintaya-Antapaccay, ha
acaparado la atención. Sin
embargo, el tema de la relación entre las empresas y los pobladores de sus áreas de influencia no es
l Latinominería l julio-septiembre / july-september 2012
nuevo, “es un fenómeno que lleva bastante tiempo y ha sido motivo de preocupación y de ocupación de las empresas
hace bastantes años”, sostiene Rodrigo
Rivas, socio de la consultora Valor Estratégico y quien fue además director de
Asuntos Corporativos de minera Barrick
Gold en Sudamérica.
“Quizás las diferencias que pueda
existir en este último tiempo -agrega- es
que la elección del Presidente Ollanta
Humala generó expectativas diferentes en
una parte de la sociedad”, pero finalmente la actual administración ha optado por
mantener el modelo de privilegiar y cuidar
la inversión extranjera.
Luquman Shaheen presidente y CEO
de la compañía de exploración Panoro,
comparte la visión de que se trata de un
fenómeno que se viene gestando desde
hace años. Cómo lo señala en la entrevista
publicada en esta misma edición (ver pag.
31): “Durante los últimos 20 años la participación de las comunidades ha ido creciendo, y también el conocimiento de las
poblaciones indígenas sobre la industria
minera (…) No lo veo como un problema,
sino como un proceso de largo plazo”.
Sin embargo, Rivas estima que los hechos ocurridos en el último tiempo muestran una dificultad de las autoridades peruanas -tanto nacionales como regionales- para lidiar con el complejo tema de las
demandas sociales.
RELACIONAMIENTO
Por su experiencia en la compañía Barrick, destaca que la preocupación de las
empresas mineras por las comunidades
está más desarrollada en Perú que en otros
países mineros de la región, como por
ejemplo Chile. No obstante, el escenario
social también es mucho más complicado.
“Las empresas desarrollan actividades
de relacionamiento comunitario y de inversión local (…) cualquier actividad de explo-
“Perú es un país que ha
crecido mucho en los
últimos años, pero a
nivel de las ciudades; en
el campo, las sierras, en
general las zonas rurales,
el nivel de desarrollo es
bajísimo… Todo esto hace
que las empresas tengan
que hacerse cargo de las
necesidades básicas de los
habitantes de las zonas
cercanas a sus proyectos,
porque el Estado no
existe”.
ración que se impulsa en Perú tiene que ir
desde el comienzo liderada por equipos de
relaciones comunitarias que básicamente
negocian con los pobladores de la zona
para poder iniciar estas labores. En Chile
se está lejos de eso, los trabajos de exploración continúan siendo confidenciales;
son muy pocas las empresas o las juniors
que realizan una actividad socio-comunitaria en esas etapas”, subraya.
communities has been growing, as has the
indigenous community’s understanding of
the mining industry (…) I don’t see a problem, but a long-term process.”
However, Rivas believes that recent incidents reflect the difficulties faced by the
Peruvian authorities – both national and
regional – in tackling the thorny issue of
social demands.
RELATIONS
Reflecting his experience at Barrick, he
says the mining companies’ concern for
communities is more developed in Peru
than in other mining-dependent countries
in the region, like Chile, for example. However, the situation in Peru remains much
more complicated.
“Companies undertake community relations activities and local investment (…)
Any exploration project undertaken in Peru
must be led from the beginning by community relations teams which basically negotiate with local people before work can
start. In Chile, we are a long way from that.
Exploration work remains confidential; there
are very few companies or juniors which
carry out social or community work at that
stage,” he highlights.
Another issue to be considered is the
huge gap that exists in terms of economic progress. “Peru is a country which has
grown rapidly in recent years, but only in
the cities; in the countryside, in the mountains, in the rural areas in general, the level
of development remains very low…This
means that companies have to assume
responsibility for the basic needs of people
living near the projects because the state is
absent,” he notes.
Las comunidades tienen una legítima preocupación por mantener su entorno y sus tradiciones
ancestrales.
Communities have a legitimate concern to preserve their environment and ancestral traditions.
“Peru is a country which
has grown rapidly in
recent years, but only
in the cities; in the
countryside, in the
mountains, in the rural
areas in general, the level
of development remains
very low…This means that
companies have to assume
responsibility for the basic
needs of people living near
the projects because the
state is absent.”
julio-septiembre/ july-september 2012 l Latinominería l
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Rodrigo Rivas, socio de la consultora Valor
Estratégico.
Rodrigo Rivas, a partner at the consultancy
Valor Estratégico.
Otro factor que se suma, es el desequilibrio
en materia de progreso económico: “Perú
es un país que ha crecido mucho en los
últimos años, pero a nivel de las ciudades;
en el campo, las sierras, en general las
zonas rurales, el nivel de desarrollo es bajísimo… Todo esto hace que las empresas
tengan que hacerse cargo de las necesidades básicas de los habitantes de las
zonas cercanas a sus proyectos, porque el
Estado no existe”, asevera.
Asimismo, una crítica generalizada es
que las autoridades regionales y locales
tampoco suelen tener la capacidad de
manejarse con estos grandes proyectos. “No existe la visión a largo plazo en
muchas regiones del Perú como para
lidiar con proyectos que van a invertir
US$2.000 millones o US$4.000 millones,
entonces son fácil presa de grupos ambientalistas, grupos indigenistas; hay un
tema ideológico en contra de la inversión
extranjera que entra con bastante fuerza”, acota Rivas.
Por ello, uno de los principales desafíos de las empresas es colaborar con los
gobiernos regionales entregando herramientas de capacitación y trabajando muy
estrechamente con ellos en ir aportando en esta visión y experiencia “para que
efectivamente el canon (impuesto que va
a las regiones) se utilice en las carencias
reales de la zona y que la población vea
que la actividad minera le está trayendo
beneficios directos también”.
Concuerda con este punto el investigador principal del Instituto del Perú de la
Universidad San Martín de Porres, Miguel
Santillana, quien señala que una vía que
tienen las empresas mineras para acercar
posiciones y fomentar un clima de mayor
entendimiento y búsqueda de acuerdos
con las comunidades, es asumir un rol de
articuladores del desarrollo en las regiones donde operan: “no quiere decir que
hagan toda la inversión, sino que articulen
su accionar con el de sus proveedores y
otros agentes de la zona, para pensar en
el desarrollo”. Ello, por cuanto estima que
lo que falta en Perú es capacidad gerencial
a nivel de las autoridades regionales para
administrar la gran cantidad de recursos
que se están generando.
Según cifras aportadas por la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía del
Perú (SNMPE) los gobiernos regionales y
locales se vieron beneficiados por el desarrollo de la actividad minera, pues sólo en
el período 2007 - 2011 recibieron 20.000
millones de nuevos soles como canon minero, dinero que sirve para financiar obras
de infraestructura básica y productiva.
“También hay un elemento importante
referido a que los campesinos y las comunidades indígenas tienen una legítima
preocupación por los temas ambientales, su provisión de agua, sus tierras
ancestrales donde se han desarrollado”,
explica Rivas.
Este último punto adquiere especial
relevancia en Perú, donde muchos proyectos mineros se ubican en zonas pobladas, lo que incluso ha llevado a trasladar comunidades. Es el caso del proyecto minero Toromocho, de Chinalco,
que obligó a construir una nueva ciudad
para los habitantes de Morococha.
Por este motivo, Rivas sostiene que
los conflictos que se han generado obedecen a la incapacidad de diálogo o
bien a que no hubo un intercambio de
información claro desde el comienzo,
factor que él considera clave para el
éxito de los proyectos.
Un ejemplo positivo es Quellaveco,
donde al cierre de esta edición se anunciaba el logro de acuerdos en la Mesa de
Diálogo dispuestas por las autoridades y la
empresa Anglo American.
Another criticism leveled at local and regional authorities is that they often lack the
capacity to negotiate with major investment
projects. “There is no long-term vision in
many parts of Peru needed to negotiate with
projects which are going to invest US$2 billion or US$4 billion, so they are easy prey
for environmentalists or indigenous groups;
there is an ideological strain which has
grown significantly and which is opposed to
foreign investment,” says Rivas.
One of the main challenges facing companies is how to collaborate with regional
governments. Often they need to provide
officials with training and work closely with
them on the vision and experience “so that
the canon [tax revenues distributed to the
regions] is used to meet the region’s real
needs and the population see that mining
also benefits them.”
Miguel Santillana, the head researcher
at the Institute of Peru at the San Martin de
Porres University agrees on this point. One
way that mining companies can strike deals
and encourage a climate of consensus and
agreement with the communities is to take
on the role of facilitating development in the
areas where they operate. “They do not have
to actually carry out the investment, but they
should combine their efforts with those of
their suppliers and other local players to
encourage about development.” This would
partly compensate for Peru’s lack of management ability at a regional level to handle
the huge resources being generated.
According to figures provided by Peru’s
National Association of Mining, Oil and Energy (SNMPE), regional and local governments
have benefited from the development of the
mining industry. Between 2007 and 2011,
they received New Soles 20 billion through
the mining canon, to finance basic and productive infrastructure.
“It should also be remembered that farmers and indigenous communities have a legitimate concern for the environment, for water supplies and their ancestral lands, where
they have always lived,” explains Rivas.
This final point is especially important in
Peru, where mine projects are often located
in populated areas. In some cases whole
communities have had to be moved. One
example is Chinalco’s Toromocho mine project which required a new town to be built for
the inhabitants of Morococha.
As a result, Rivas says that the conflicts
which have arisen reflect an inability to negotiate or an insufficient exchange of clear
information from the beginning, an issue he
considers key to any project’s success.
He points to Quellaveco as an example of
what can be achieved. As this edition went
to print, the negotiating committee set up
by the authorities and Anglo American had
reached a series of agreements.
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