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Amnistía Internacional
Estados Unidos: La pena de muerte, un error que aún forma parte del
“experimento americano”
22 de septiembre de 2010
Índice AI: AMR 51/089/2010
En lo que va de año los verdugos del Estado han matado a 38 personas en Estados Unidos –un millar
desde 1994– y otros seres humanos esperan su turno para morir en las cámaras de ejecución de todo
el país en los próximos días y semanas. Al mismo tiempo, Estados Unidos hace profesión de su
“profundo compromiso” con los derechos humanos.
El mes pasado, la administración estadounidense envió un informe a la alta comisionada de las
Naciones Unidas para los derechos humanos con motivo del próximo examen del historial de derechos
humanos de Estados Unidos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. En la introducción al informe puede leerse el párrafo siguiente:
“Las ideas sobre las que se asentó y se asienta el experimento americano pueden encontrarse
en todo el mundo, y las personas que lo han construido a lo largo de los siglos venían de todos
los continentes. El experimento americano es un experimento humano; los valores en los que
se basa, entre ellos el compromiso con los derechos humanos, están claramente arraigados en
nuestra conciencia nacional, pero son universales”1.
Un sub-experimento dentro del más amplio “experimento americano” es el recurso continuado de
Estados Unidos a la pena de muerte. Éste es un castigo incompatible con la dignidad humana y que,
lejos de representar valores universales, ha sido abandonado por la mayoría de los gobiernos de todo el
mundo. Estados Unidos no ha avanzado al ritmo de los tiempos, al mantener una sanción que la
mayoría de los países han relegado a los libros de historia.
Han pasado más de 16 años desde que el juez de la Corte Suprema estadounidense Harry Blackmun
expresó públicamente su conocida opinión de que Estados Unidos debía abandonar el uso de la pena
de muerte. En su opinión discrepante de febrero de 1994, ya famosa, escribió:
“En lugar de seguir alimentando la falsa ilusión de la Corte de que se ha alcanzado el nivel
deseado de justicia y se ha eliminado la necesidad de regulación, me siento moral e
intelectualmente obligado a admitir simplemente que el experimento de la pena de muerte ha
fracasado […] A la pregunta básica –¿determina el sistema de forma exacta y coherente qué
acusados “merecen” morir?– no se puede responder afirmativamente […] El problema reside
en que la inevitabilidad de los errores factuales, jurídicos y morales nos aboca a un sistema
que, nos consta, tendrá que matar por error a algunos acusados, un sistema incapaz de emitir
las condenas de muerte justas, coherentes y fiables que la Constitución exige”.
Caso tras caso se demuestra por qué las palabras del juez Blackmun suenan ahora tan verdaderas como
hace una década y media.
1
La traducción de esta cita es de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional 22 de septiembre de 2010
Estados Unidos: La pena de muerte, aún parte del “experimento americano” y, sin embargo, un error
2

Holly Wood. En la vista de determinación de la pena, Holly Wood fue representado por un
abogado que llevaba colegiado tan solo cinco meses, carecía de experiencia en procesos
penales y jamás había trabajado en un caso de pena de muerte. El jurado recomendó la
imposición de la pena de muerte, por diez votos a favor y dos en contra. En la votación hubo un
sesgo racial, ya que los dos miembros negros del jurado votaron a favor de la cadena perpetua,
y los otros diez miembros, todos ellos blancos, votaron a favor de la pena de muerte. En la fase
de selección del jurado para el juicio por asesinato contra este hombre afroamericano, la
acusación había descartado de forma desproporcionada a las personas candidatas de raza
negra. El juez aceptó la recomendación del jurado, tras concluir que no hubo circunstancias
atenuantes. La defensa no había presentado prueba alguna en relación con la discapacidad
mental de Holly Wood, a pesar de que los abogados contaban con un informe pericial que
indicaba que Wood se encontraba "en el mejor de los casos, en una franja límite de capacidad
intelectual". La Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que "la capacidad intelectual
disminuida es una circunstancia intrínsicamente atenuante" y ha afirmado que las pruebas de
que una persona acusada en un caso de pena de muerte “bordea el retraso mental, pueden, sin
duda […] influir en la valoración que haga el jurado de su culpabilidad moral". Pese a ello,
Holly Wood fue ejecutado en Alabama el 9 de septiembre de 2010, pese a la opinión
discrepante de varios jueces federales, entre ellos dos jueces de la Corte Suprema, que se
habían referido de formas diversas a los “fallos notorios”, la “negligencia pura” y la
“desatención” que habían caracterizado la asistencia jurídica de la que dispuso el acusado.

Gregory Wilson. Después de que los abogados originales de Gregory Wilson se retiraran del caso,
el juez puso un cartel en la puerta de su juzgado pidiendo abogados defensores. Se
presentaron dos voluntarios, pero existían serias dudas sobre su cualificación para representar
a alguien que se enfrentaba a la pena de muerte (uno de los abogados ni siquiera había
trabajado anteriormente en un caso penal). Gregory Wilson intentó que fueran destituidos y se
nombrara a otros. El juez se negó a escuchar pruebas sobre los antecedentes del abogado
voluntario que actuaría como abogado principal, pese a que esas pruebas incluían denuncias
de conducta indebida y poco ética. Durante el juicio, Gregory Wilson volvió a declarar una vez
más que no confiaba en los abogados, a lo que el juez respondió que tenía derecho a
representarse a sí mismo. Gregory Wilson dijo que no sabía cómo hacerlo, pero también dijo
que los abogados “no me representan”. El juez resolvió que, por lo tanto, había elegido la
opción de representarse a sí mismo. El juicio siguió adelante, y sólo se citó un testigo de la
defensa. Además, testigos clave de la acusación no fueron sometidos a un contrainterrogatorio.
Pocos días antes del 16 de septiembre de 2010, fecha fijada para la ejecución de Gregory
Wilson en Kentucky, después de pasar más de dos décadas condenado a muerte, un juez
suspendió la ejecución, entre otros motivos porque se había alegado que Wilson sufría una
“discapacidad intelectual” y que, por lo tanto, su ejecución sería inconstitucional.

Teresa Lewis. Matthew Shallenberger y Rodney Fuller mataron a tiros a Julian Lewis y a su hijo
Charles Lewis en su domicilio, en octubre de 2002. El 15 de mayo de 2003 Teresa Lewis se
declaró culpable de asesinato punible con la pena capital por su participación en los
homicidios de las víctimas, su esposo e hijastro. La fiscalía afirmó que esta mujer convenció a
los sicarios para que cometieran los asesinatos, con sexo, regalos y la promesa de compartir el
dinero obtenido del seguro de vida. El juez concluyó que Teresa Lewis era “el cerebro” que
estaba detrás de los asesinatos y la condenó a muerte. La fiscalía aceptó que Rodney Fuller
fuese condenado a cadena perpetua mientras se declarase culpable, y el juez manifestó que no
podía condenar a Matthew Shallenberger a una pena más dura que la de Fuller. Un psicólogo
evaluó a Teresa Lewis y concluyó que tenía un coeficiente de inteligencia de 72, lo que
significaba que su función intelectual bordeaba el límite del “retraso mental”. Investigaciones
llevadas a cabo después de que fuera declarada culpable proporcionaron pruebas adicionales
3
sobre sus discapacidades intelectuales. Un segundo psicólogo, designado por el estado, valoró
su coeficiente de inteligencia en 70. Expertos médicos habían diagnosticado a Teresa Lewis un
trastorno de la personalidad por dependencia así como adición a los analgésicos antes de
cometerse los delitos, lo que planteaba dudas adicionales sobre la etiqueta de “cerebro” que
se le aplicó. Posteriormente emergieron pruebas de que su papel en el crimen fue manipulado
por uno de los sicarios. Mientras éstos cumplen sus condenas a cadena perpetua, Teresa Lewis
fue ejecutada en Virginia a las 09:00 horas del 23 de septiembre de 2010.

Brandon Rhode. Brandon Rhode tenía 18 años en 1998, cuando se cometieron los asesinatos
por los que fue condenado a muerte. Si el delito hubiese sido cometido nueve meses antes,
ahora Brandon no se enfrentaría a su ejecución. En 2005, la Corte Suprema resolvió
finalmente que los delincuentes que tuviesen menos de 18 años en el momento del delito no
debían ser condenados a la pena de muerte. Sin embargo, en la decisión se advertía que “las
cualidades que distinguen a los menores de edad de los adultos no desaparecen cuando una
persona cumple los 18 años”. Además de su temprana edad cuando se cometió el delito,
Brandon Rhode había tenido una infancia llena de privaciones, con problemas de desarrollo y
de abuso de sustancias. Se le diagnosticó daño cerebral orgánico, y en 2010, utilizando
métodos modernos de análisis, los expertos concluyeron que “definitivamente, sufre trastorno
del espectro alcohólico fetal” y que su desarrollo se vio notablemente ralentizado a
consecuencia de su exposición al alcohol mientras era un feto. Un experto ha manifestado que
“lo que sabemos con seguridad en 2010 […] es que el cerebro de un niño sano sigue
creciendo, desarrollándose y madurando hasta más allá de los 20 años. […]. Es por eso por lo
que los adolescentes –incluso los de 18 años, como lo era Brandon Rhode en 1998– tienen
una menor capacidad en estas áreas de funcionamiento cognitivo que los adultos. Además, los
déficit característicos asociados al trastorno del espectro alcohólico fetal agravan aún más las
deficiencias asociadas a la inmadurez cerebral de los adolescentes […] en la práctica, Brandon
funcionaba […] al nivel de una persona considerablemente más joven que su edad cronológica
en el momento de los delitos en cuestión”. Brandon Rhode empezó a beber alcohol a los 11
años, y a los 13 ya consumía alcohol y drogas de forma habitual. A los 13 años fue
hospitalizado tras un intento de suicidio. A los 15 abandonó la escuela y fue enviado por su
madre a vivir con su padre biológico, que era drogadicto y alcohólico. El consumo de
sustancias por parte del propio Brandon fue en aumento, y el adolescente empezó a robar en
casas para conseguir dinero con el que comprar alcohol y drogas. Los asesinatos por los que
fue condenado a muerte se produjeron durante un robo. Poco antes de la fecha prevista para su
ejecución en Georgia el 21 de septiembre de 2010, Brandon Rhode intentó suicidarse. El
estado ha reprogramado su ejecución para la tarde del 27 de septiembre.
En su informe dirigido a la ONU en el contexto del Examen Periódico Universal, Estados Unidos se
refiere brevemente el tema de la pena de muerte. Estados Unidos, dice, “puede imponer la pena de
muerte para los delitos más graves y respetando plenamente las garantías procesales más exigentes”.
Esta afirmación reitera las palabras emitidas por la Corte Suprema estadounidense: “El uso de la pena
capital debe limitarse a los delincuentes que cometan los delitos incluidos en la reducida categoría de
los más graves y cuya culpabilidad extrema les haga merecedores de la ejecución”.
Por supuesto, el delito de asesinato siempre es grave y tiene consecuencias terribles para las personas
afectadas. Pero elegir cuál de los miles de asesinatos que se producen cada año en Estados Unidos se
castigará con la ejecución se ha convertido en prácticamente una lotería cuyos resultados se ven
afectados por elementos como los recursos de la fiscalía, políticas electoralistas, raza, representación
letrada, composición del jurado, entre otros.
El 10 de septiembre de 2010, el estado de Washington llevó a cabo su primera ejecución en nueve
años cuando mató a Cal Brown por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer de 21 años en
4
1991. El delito era grave, indudablemente. Pero también lo eran los crímenes de Gary Ridgway, quien
en 2003 evitó la pena de muerte en el estado de Washington a cambio de su confesión de haber
asesinado a 48 mujeres. El hecho de que Ridgway cumpla cadena perpetua, mientras otros puedan ser
ejecutados por delitos con muchas menos víctimas, ha provocado, tal como señaló la Corte Suprema
del estado en 2006, “que muchos miembros de nuestra comunidad cuestionen seriamente si la pena
de muerte puede, en justicia, ser proporcional cuando se aplica a otro acusado”. Pese a ello, la Corte
mantuvo la pena de muerte en el estado. Los cinco jueces de la mayoría dijeron que, aunque no
“restan importancia a esta cuestión moral […] es una cuestión que es mejor dejar a la ciudadanía y a
sus representantes designados por elección en la cámara legislativa”. Cuatro jueces discrepantes
alegaron: “Cuando Gary Ridgway, el peor asesino en masa de la historia de este estado, elude la pena
de muerte, se hace patente que existen graves defectos […] Si el caso de Ridgway fuera el único en
ese extremo del espectro, quizá su pena de cadena perpetua en lugar de muerte podría explicarse o
ignorarse. Sin embargo, el de Ridgway no es el único caso en el que un asesino en masa elude la
muerte”. Los jueces discrepantes continuaron enumerando otros casos que, según afirmaban, “ilustran
la arbitrariedad con que se administra la pena de muerte […] La pena capital es como un rayo, que cae
al azar sobre unos acusados y no sobre otros […] No existe explicación racional sobre por qué unas
personas escapan de la pena de muerte y otras no”.
En su informe para el Examen Periódico Universal, la administración estadounidense afirma que ve la
participación de Estados Unidos en este proceso como una oportunidad para debatir “nuestros logros,
retos y visión para el futuro de los derechos humanos [….] Cumplir con nuestro compromiso con los
derechos humanos nunca ha sido fácil, pero es una labor que seguiremos llevando a cabo con
determinación”. Por desgracia, a lo largo de los años lo que ha faltado ha sido voluntad política para
apartar a Estados Unidos del homicidio judicial. La falsa impresión de que Estados Unidos tiene un
sistema de pena de muerte justo y humano sigue viva, 16 años después de que el juez Blackmun
anunciase que no volvería a participar en el experimento de la pena de muerte en su país.
La visión de Estados Unidos debería ser la de un futuro sin pena de muerte. En la actualidad, con 139
países abolicionistas en la ley o en la práctica, hace ya mucho tiempo que Estados Unidos debió poner
fin a las ejecuciones. Pero tiene que hacerlo en nombre de su “profundo compromiso” con los
derechos humanos.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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