Defensoría del Pueblo de Morón | Informe anual 2013

Transcripción

Defensoría del Pueblo del Municipio de Morón
Bartolomé Mitre 877, Morón
Provincia de Buenos Aires
CPA: B1708EAO
Línea gratuita: 0800-666-0957
Sitio web: www.defensoriamoron.gob.ar
Correo electrónico: [email protected]
Defensor del Pueblo
Abraham Leonardo Gak
Defensor del Pueblo Adjunto
Dr. Enrique Pochat
Equipo de la Defensoría del Pueblo
Secretario General: Lic. Marcelo Do Couto Ribeiro
Valeria Fernández
Diego Culini
Coordinación área Atención y gestión de demandas: Nora Ciapponi
Lic. Valeria Roldán
Lic. Melisa Alonso
Coordinación área Jurídica: Dra. Andrea Barrio
Coordinación área Comunicación: Lic. Marina Daporta
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2
CARATULA BLANCA
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3
Indice
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Presentación
Información de casos abordados
Intervenciones destacadas
Actividades de comunicación
Ejecución Presupuestaria
Anexo período 2009-2013
Pág. 5
Pág. 9
Pág. 23
Pág. 46
Pág. 54
Pág. 58
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4
Caratula PRESENTACION
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5
Presentación
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36º de la Ordenanza
Municipal Nº 5932/04, elevo al Honorable Concejo Deliberante el informe anual de
la gestión correspondiente al año 2013.
Esta presentación tiene particular relevancia pues se refiere al año en que
culmina el primer período del Defensor del Pueblo del Municipio de Morón. Por
ello es mi intención ofrecer una evaluación del trabajo realizado en este último año
y, en un capítulo anexo, la experiencia recogida en estos cinco años.
La actividad a la que se refiere este informe señala la consolidación del rol
de la institución de la Defensoría del Pueblo. El trabajo realizado ha contribuido a
poner en evidencia su importancia para la comunidad tanto a título individual
como colectivo. Aunque la normativa que crea la institución señala como función
primera la de defender los intereses y derechos individuales y colectivos de los
vecinos de Morón frente a acciones u omisiones del municipio, un nuevo año de
trabajo nos ha dado cuenta de una constante ampliación de este margen de acción,
por las demandas y necesidades planteadas por los denunciantes.
Tal como señala la información contenida en las siguientes páginas, poco
más del setenta por ciento (74,02%) de nuestras acciones estuvieron dirigidas a
corregir cuestiones derivadas de la gestión local. Los restantes casos abordados
están referidos a temas vinculados con salud, prestaciones médicas y atención en
hospitales; falencias en la prestación de servicios públicos y transporte; conflictos
entre particulares, y a mitigar las dificultades tanto legales como administrativas
que deben afrontar los vecinos en los ámbitos públicos y privados, entre otros
temas.
Es justo y resulta grato reconocer que en todo este período las autoridades
y funcionarios del Municipio han respondido en general con regularidad y en los
plazos reglamentarios a los numerosos pedidos de informes y requerimientos que
el Defensor del Pueblo ha elevado a los distintos estamentos de gobierno. Además,
ha sido una constante el trato deferente recibido, tanto de las autoridades como de
todo el personal municipal.
La participación de los vecinos, quienes plantean situaciones que muchas
veces exceden lo individual y se transforman en problemas colectivos ha servido
para colaborar en la mejora de la atención y el abordaje de demandas sociales
insatisfechas.
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6
Contamos con un espacio permanente de cooperación con el Defensor del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ya que muchas de las demandas de los
vecinos se refieren a cuestiones de competencia de esa administración. En este
contexto, se han derivado temas a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por su
competencia territorial, y hemos asumido casos presentados ante esa Defensoría,
atinentes al Municipio de Morón o que se debían gestionar en este territorio.
De suma utilidad han sido las reuniones con colegas, tanto en el orden
nacional como en el provincial, ya que hemos podido consensuar opiniones sobre
problemas comunes y también acordar objetivos de acción, en la búsqueda de
soluciones que beneficien al conjunto.
En estas páginas se detallan los casos más destacados. En algunos de ellos
nuestro aporte ha sido significativo. Puedo mencionar nuestra intervención para
generar espacios de diálogo entre el Municipio y los vecinos para la búsqueda de
solución al problema de las inundaciones, que afectan a parte de los barrios Seré,
de Castelar, y San José, de Morón Sur. Además, este documento reseña nuestra
intervención en la exigencia de cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones derivadas del Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE). También
queremos destacar la firma del convenio por parte del Municipio y el Ministerio de
Trabajo de la Provincia, para el cumplimiento de la ley provincial que establece un
piso en la incorporación a su planta de trabajadores a personas con discapacidad,
un tema que hemos planteado desde nuestro primer año de gestión.
Un párrafo especial merece nuestro rol en la comisión formada para
elaborar un nuevo proyecto del Código Contravencional de la Provincia de Buenos
Aires, formada luego de la audiencia pública realizada en 2010 en el Senado de la
Provincia de Buenos Aires, que entonces se había convocado para analizar el
Proyecto del Código Contravencional presentado por el Poder Ejecutivo.
Conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Provincia, el nuevo proyecto fue
presentado a las autoridades del Parlamento provincial. En este contexto, los
defensores del pueblo municipales fueron convocados por el Defensor del Pueblo
de la Provincia de Buenos Aires y el vicegobernador Gabriel Mariotto a colaborar
en la elaboración y discusión de los proyectos de ley, así como en el seguimiento de
leyes ya sancionadas.
Una vez más, solicito el apoyo de los departamentos legislativo y ejecutivo
del Municipio, para lograr que se rectifique la interpretación restrictiva del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre la Ley Orgánica de las
Municipalidades, por la que no se reconoce la autarquía financiera de las
Defensorías del Pueblo municipales, como expresión de su independencia de los
poderes políticos. Diferente es lo que dispone la Ley Nº 13.834 al establecer en su
artículo 12: “...el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires desempeñará
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7
sus funciones con plena autonomía funcional y política y con autarquía financiera.”
Esto último es lo que no tenemos los Defensores del Pueblo municipales y la razón
de nuestro reclamo.
Presentamos aquí una pormenorizada información de lo actuado en este
año, que ratifica así una vez más lo acertado de la decisión de del Municipio de
Morón de haber dispuesto la creación de una Defensoría del Pueblo como
institución que se incorpora al sistema de defensa de derechos humanos
individuales y colectivos vigente en nuestro país.
La tarea desarrollada en este período fue llevada a cabo merced a la
colaboración y el esfuerzo permanente de un equipo de trabajo eficaz, dedicado,
con vocación de servicio y con especial sensibilidad social. Deseo señalar el aporte
del Defensor del Pueblo adjunto, Dr. Enrique Pochat, que con su esfuerzo,
experiencia y calidad profesional nos ha permitido resolver muchas cuestiones
delicadas y sobre todo ganar para nuestra defensoría el particular respeto y
consideración de nuestros colegas.
Cumplo entonces en presentar este informe para el conocimiento del
Honorable Concejo Deliberante y funcionarios del Departamento Ejecutivo, en
particular del Sr. Intendente, Lic. Lucas Ghi al que agradezco especialmente la
comprensión de nuestra función, que por un lado es de control y crítica, y por el
otro, de colaboración en la mejora de la gestión.
Morón, mayo de 2014
Abraham Leonardo Gak
Defensor del Pueblo del Municipio de Morón
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CARATULA
INFORMACION DE CASOS ABORDADOS
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9
Información de casos abordados
Expedientes 2013
Según tipo de actuación
El total de los casos ingresados en 2013 se encuentra dividido en
actuaciones simples y complejas. Las simples son aquellas que sólo requieren una
intervención orientativa, de apoyo técnico o informativo a la vecina o vecino que
consulta. Las actuaciones complejas, en cambio, son aquellas en las que, por la
naturaleza del tema planteado, requieren procesos de actuación específicos y
prolongados en el tiempo.
Actuaciones simples
Actuaciones complejas
Total
Cantidad
114
127
241
Actuaciones simples
%
47,30
52,70
100
47%
53%
|
10
Expedientes 2013
Según actor
Vecinos/as
Defensor
Total
Cantidad
229
12
241
%
95,02
4,98
100
Vecinos/as
Defensor
5%
95%
|
11
Expedientes 2013
Según tipo de denuncia
Cantidad
204
19
12
4
2
241
Verbal
Correo electrónico
Oficio
Telefónica
Escrita
Total
%
84,65
7,88
4,98
1,66
0,83
100
Telefónica
Escrita
Correo electrónico
Oficio
Verbal
0
50
100
150
200
250
|
12
Expedientes 2013
Estado de expedientes (al 2/5/2014)
Archivados
En curso
Total
Cantidad
200
41
241
%
82,99
17,01
100
200
41
Archivados
En curso
|
13
Expedientes 2013
Asesoramiento jurídico
Salud
Otros
Seguridad social
Asuntos municipales
Total
Cantidad
44
41
13
10
6
114
Seguridad social
9%
%
38,60
35,96
11,40
8,77
5,26
100
Asuntos
municipales
5%
Asesoramiento
jurídico
39%
Salud
36%
Otros
11%
|
14
Expedientes 2013
Actuaciones complejas según temática
Municipalidad
Salud
Particulares
Otros asuntos nacionales
Servicios públicos
Transporte
Seguridad
Seguridad social
Impuestos provinciales
Educación
Registro provincial de las personas
Otros asuntos provinciales
Total
Otros asuntos provinciales
Registro provincial de las…
1
1
Educación
2
Impuestos provinciales
2
Seguridad social
2
Seguridad
2
Transporte
2
Servicios públicos
3
Otros asuntos nacionales
4
Particulares
4
Salud
Cantidad
%
94 74,02
10
7,87
4
3,15
4
3,15
3
2,36
2
1,57
2
1,57
2
1,57
2
1,57
2
1,57
1
0,79
1
0,79
127
100
10
Municipalidad
94
|
15
Expedientes 2013
Actuaciones según domicilio de los demandantes
Partido de Morón
Otros lugares
Total
Cantidad
%
213 88,38
28 11,62
241
100
Partido de Morón
Otros lugares
12%
88%
|
16
Expedientes 2013
Actuaciones según domicilio de los demandantes (excluido
Morón)
Partido de Merlo
Partido de Ituzaingó
Partido de La Matanza
Partido de Hurlingham
Partido de Moreno
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Partido de Luján
Provincia de Santa Fe
Total
Cantidad
11
7
4
2
1
1
1
1
28
Provincia de Santa Fe
1
Partido de Luján
1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1
Partido de Moreno
1
Partido de Hurlingham
Partido de La Matanza
Partido de Ituzaingó
Partido de Merlo
%
39,3
25,0
14,3
7,1
3,6
3,6
3,6
3,6
100
2
4
7
11
|
17
Expedientes 2013
Expedientes originados por vecinos y vecinas del Partido de
Morón
Cantidad
%
122 57,28
42 19,72
23 10,80
17
7,98
9
4,23
213
100
Morón
Castelar
Haedo
El Palomar
Villa Sarmiento
Total
El Palomar
8%
Villa Sarmiento
4%
Haedo
11%
Castelar
20%
Morón
57%
|
18
Expedientes 2013
Ingreso de expedientes por mes
Cantidad
%
22
9,13
19
7,88
23
9,54
26 10,79
23
9,54
24
9,96
18
7,47
16
6,64
15
6,22
16
6,64
18
7,47
21
8,71
241
100
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
26
23
22
23
24
21
19
18
18
16
15
16
|
19
Expedientes 2013
Pedidos de informes remitidos por la Defensoría
Cantidad
%
262 88,22
35 11,78
297
100
Al Municipio
Otros
Total
12%
Al Municipio
Otros
88%
|
20
Expedientes 2013
Pedidos de informes remitidos al Municipio
Detalle según dependencia
Dirección de Obras y espacios verdes
Dirección de Inspección general
Dirección de Tránsito y transporte
Dirección de Higiene urbana y descentralización
Dirección de Mantenimiento y mobiliario urbano
Dirección de Saneamiento
Dirección de Alumbrado público
Dirección de Obras particulares
Dirección administrativa de Infracciones
Dirección de Asuntos legales
Subsecretaría de Planificación estratégica y desarrollo local
Dirección de Registración de la actividad económica local
Subsecretaría de Planeamiento urbano
Unidad de Gestión Comunitaria Nº 1
Dirección de Defensa del usuario y consumidor
Dirección del Centro de resolución alternativa de conflictos
Dirección de Centro municipal de salud animal
Dirección para la Producción social del hábitat
Secretaría de Seguridad ciudadana
Subsecretaría de Abordajes integrales
Dirección de Acción social
Dirección de Políticas ambientales
Dirección de Recursos humanos
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Obras y servicios públicos
Dirección de Apremios
Dirección de Atención primaria de la salud
Dirección de Deportes y recreación
Dirección de Educación
Dirección de Gestión de obras por cooperativas
Dirección de Organizaciones y participación comuntaria
Dirección de Transparencia y control de gestión
Dirección de Tributos municipales
Secretaría de Relaciones con la comunidad y abordajes integrales
Secretaría de Salud y acción social
Sr. Intendente Municipal
Subsecretaría de Relaciones con la comunidad y abordajes integrales
Subsecretaría del Sistema único municipal de salud
Unidad de Gestión Comunitaria Nº2
Total
Cantidad
50
47
17
13
12
12
11
10
9
8
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
262
|
%
19,08
17,94
6,49
4,96
4,58
4,58
4,20
3,82
3,44
3,05
2,67
1,91
1,91
1,91
1,91
1,53
1,53
1,15
1,15
1,15
1,15
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
100
21
Expedientes 2013
Pedidos de informes remitidos a entidades no municipales
Detalle según organismo
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires
PAMI Delegación Morón
EDENOR
Empresa de transporte San Cayetano
Dirección nacional de los Registros nacionales de la propiedad
automotor y de créditos prendarios
Compañía de transporte vecinal
AFIP Agencia N° 14
Tribunal Colegiado de Familia Nº 1 de Morón
Estudio jurídico Hordadin y Asociados
Defensoría del Pueblo de la Nación
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Movistar sucursal Morón
Banco de Drogas UGLXXIX PAMI
Dirección Provincial de Consejos Escolares
Dirección Nacional de Migraciones
Obra Social Unión personal
Dirección Provincial de Transporte
Comisaría 1ª de Morón
TOTAL
Cantidad
%
11
3
3
2
31,43
8,57
8,57
5,71
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
5,71
5,71
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
100
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22
CARATULA
INTERVENCIONES DESTACADAS
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23
Intervenciones destacadas
1. Inundaciones
Durante el año 2013 se presentaron en la Defensoría del Pueblo vecinos de
distintos barrios afectados por recurrentes inundaciones, provocadas por la
intensidad de las lluvias y diversas causas estructurales. Algunos son:
1.a. Barrio Seré de Castelar
El área afectada está comprendida por las calles Luis Domínguez,
Montevideo, Olegario Andrade, Intendente Revoredo, Teniente Fernández, La
Tribuna, Manuel Prudan y Galicia.
Luego de realizar las primeras gestiones desde la Defensoría, la Dirección
de Saneamiento informó que, en lo que hoy es el Barrio Seré, originalmente existía
una gran laguna, razón por la cual sus terrenos son muy bajos. Sin un proyecto
previo de constituir un barrio en dicho lugar, la conformación del mismo se fue
realizando a partir de la ocupación de los terrenos, hace ya varias décadas, los que
posteriormente fueron adquiridos por sus ocupantes para construir las actuales
viviendas.
Además de las recurrentes inundaciones, otra de las preocupaciones de los
vecinos era que el barrio linda con los extensos terrenos de la Base Aérea de
Morón, donde se proyectan importantes obras, como el Parque Industrial
Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM), seiscientas viviendas del plan
PRO.CRE.AR. (Programa de Crédito Argentino), junto a un Parque Recreativo
destinado a clubes de la zona. La preocupación estaba dada porque los terrenos del
Barrio Seré son considerablemente más bajos que los de la Base Aérea.
Los vecinos ya habían solicitado al Municipio la planificación de obras
hidráulicas que permitieran redireccionar las aguas que desembocaban en el
barrio, evitando de esa manera las inundaciones, con la consecuente pérdida de
bienes, como también la incertidumbre que sufren cada vez que llueve
copiosamente.
La Dirección de Saneamiento municipal ejecutó obras durante 2013, que
permitieron ir mejorando la situación. Se construyeron numerosos y grandes
sumideros en distintos sectores, se asfaltaron calles en los contornos linderos con
la Base Aérea y se conformaron canales. A la par de ello se fue informando a los
vecinos que el Municipio y el gobierno provincial están realizando estudios previos
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tanto para las obras del PITAM como del plan PRO.CRE.AR, que permitirán tomar
los recaudos necesarios para evitar que el Barrio Seré y otros linderos se vean
afectados. El proyecto contempla además que toda la zona cobre una nueva y
positiva fisonomía, tanto productiva y social como de esparcimiento, al
aprovecharse gran parte de los terrenos de la Base, hoy en desuso.
A partir del reclamo presentado por los vecinos, la gestión de la Defensoría
del Pueblo estuvo impulsada por los pedidos de informes enviados a la Dirección
de Saneamiento y la realización de inspecciones junto a los vecinos y un técnico
idóneo designado por la Dirección de Saneamiento, lo que fue permitiendo un
conocimiento mayor de los proyectos destinados a resolver el problema de las
inundaciones en el barrio. También fue útil para brindar información a los vecinos
de manera directa sobre los proyectos planificados para llevar a cabo tanto en el
barrio como en los terrenos de la Base Aérea. Esta interacción colaboró para que
las opiniones y problemas planteados por los vecinos fueran tomados en cuenta en
la actuación municipal.
Actualmente se está construyendo un reservorio dentro del predio de la
Base Aérea en su límite con el barrio, lo que permitirá redireccionar mejor las
aguas.
El expediente permanece abierto en la Defensoría del Pueblo a efectos de
que se realice una nueva inspección conjunta entre el personal técnico de la
Dirección de Saneamiento, vecinos del barrio y personal de la Defensoría, según
han requerido los vecinos. Dicha inspección deberá servir para corroborar, luego
de intensas lluvias, si los trabajos realizados han logrado resolver el problema de
las inundaciones recurrentes.
1.b. Barrio San José, de Morón Sur
Ubicado a dos cuadras de la Avenida Don Bosco, la parte afectada por las
inundaciones está comprendida por las calles Concejal Ramella, Fusch, Ozanam y
San Francisco, lo que suma un total de siete manzanas.
La Defensoría del Pueblo intervino a partir del reclamo de un grupo de
vecinos. En una inspección realizada en abril de 2013 se pudo constatar el nivel
alcanzado por las aguas en algunas de las viviendas. A ello debe sumarse que es
sumamente dificultoso transitar por estas calles con vehículos luego de las lluvias.
También se pudo observar y documentar fotográficamente que en el
conjunto de las calles que recorren las siete manzanas existen zanjas a cielo
abierto, con aguas servidas que permanecen estancadas, a pesar de que los vecinos
colocaron caños de cemento para que los líquidos fluyan.
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En dicha zona no hay cloacas ni asfaltos. Los niveles donde se han
construido las viviendas no son parejos y varían de una casa a otra, dado que el
barrio no fue conformado como tal, sino que surgió de una combinación de
terrenos ocupados y comprados, sin un loteo previamente planificado (los planos
datan del año 1898). Las calles, por lo tanto, son bastante angostas, lo que dificulta
el tránsito vehicular y altera la distancia normal que debería existir entre vivienda,
espacio para vereda y calle.
El Defensor del Pueblo convocó a una reunión entre la Dirección de
Saneamiento y el Secretario de la U.G.C. N° 6, Lic. Gonzalo Cancela, la que se realizó
el 17 de mayo. En esa oportunidad se informó que estaban realizando estudios
para proyectar una obra hidráulica en el barrio y que luego estudiarían el
presupuesto para tal fin. Se estableció que se finalizaría este proyecto, para
presentarlo luego en un nuevo encuentro, que se realizó el 31 de ese mes. Allí
asistió un grupo de vecinos, el Secretario de la U.G.C. N° 6, el Subsecretario de
Desarrollo Urbano, arquitecto Daniel Arroyo y Daniel Souk, funcionario del área. El
arquitecto Arroyo informó que su Secretaría se encontraba abocada a un plan de
pavimentación de 66 cuadras, cuyos fondos fueron obtenidos a través de un
préstamo del Banco Provincia, y que esa obra, conjuntamente con obras
hidráulicas que se realizaban en la calle Stevenson, no habían permitido llevar
adelante el proyecto comprometido anteriormente para el barrio San José. La
reunión fue de utilidad para solicitar tareas de limpieza, mejoras en luminarias y
otros temas reclamados por los vecinos.
El día 5 de julio se realizó una nueva reunión, en la que participaron cuatro
vecinos, funcionarios de la Dirección de Saneamiento, y el Secretario de la U.G.C. N°
6. Allí se informó que un estudio realizado en todo el barrio determinó que existían
diferencias de nivel entre una vivienda y otra y que en varios terrenos había dos
viviendas (frente y fondo), con nivelaciones también distintas, lo que dificultaba
aún más la solución. También indicaron que eran más de siete las manzanas
afectadas y que frente a este estudio surgían dudas sobre si la obra hidráulica
permitiría resolver el problema de las inundaciones. Si bien era necesario realizar
una obra hidráulica, esta sería de menor envergadura que la considerada en un
principio. El pavimento de las calles sería una solución más de fondo, pero estas no
estaban incluidas en las sesenta y seis cuadras ya proyectadas. Por lo tanto, las
partes se comprometieron a seguir trabajando en el tema a efectos de presentar un
proyecto definitivo.
En la siguiente reunión, realizada el 23 de agosto, a la que asistieron tres
vecinos, dos integrantes del equipo técnico de la Dirección de saneamiento y el
Secretario de la U.G.C. N° 6, se informó que habían realizado mediciones en el
barrio, y que sería factible realizar un trabajo de reconducción de las aguas. Dieron
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26
explicaciones técnicas detalladas, pero aclararon que la realización estaba
supeditada a la disponibilidad de recursos.
Por esta razón, el Defensor del Pueblo se reunió con la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos, Ana María Domínguez para analizar la factibilidad de recursos
para la realización del trabajo. El 27 de agosto fue concretada esa entrevista, en la
que participó también Daniel Souk. Domínguez planteó que no habría diferencia
económica sustancial entre realizar el trabajo propuesto por Saneamiento y el
asfalto del barrio. Considerando que ya estaban planificados los asfaltos, habría
que definir si ello podía ser modificado en algún tramo y dirigirlo hacia el barrio en
cuestión. Según informó Daniel Souk, igualmente se debería realizar el trabajo de
la reconducción de las aguas por una pendiente existente entre calles que así lo
permitiría.
Finalmente, la decisión municipal fue asfaltar algunas calles del barrio y
realizar fresado en otras, por lo que se modificaron proyectos previos.
El Director de Saneamiento Miguel Angel Menéndez y el arquitecto Daniel
Arroyo informaron en noviembre que se había resuelto pavimentar las calles San
Francisco, entre Don Bosco y Santa Teresa (cinco cuadras); Concejal Ramella, entre
Coronel Arena y sin nombre (cuatro cuadras); Sin nombre, entre Concejal Ramella
y Maltrén (una cuadra); Maltrén, entre sin nombre y Santiago de Chile (una
cuadra), Santiago de Chile entre Maltrén y Santa Teresa (una cuadra). A su vez
informaron que se evaluaba construir desagües pluviales de acotadas dimensiones.
Finalmente se realizó una última reunión con vecinas del barrio, en la que el
Defensor informó de las últimas respuestas municipales. Se acordó en dicha
reunión no dar por finalizadas las gestiones hasta que comenzara la obra de
asfalto. En marzo de 2014 un equipo de la Defensoría realizó una inspección, en la
que confirmó que se estaban realizando las obras.
De esta manera finaliza una nueva actuación conjunta entre la Defensoría
del Pueblo y distintas áreas del Municipio, la que permitió coordinar y potenciar
recursos humanos, profesionales y técnicos, junto a los vecinos, para avanzar en la
resolución de un problema social de primera magnitud.
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2. Actuaciones vinculadas a temas de Salud
Las gestiones realizadas en torno a esta temática son promovidas desde la
Defensoría del Pueblo con el objetivo de remover los obstáculos que dificultan el
pleno acceso de la población a este derecho fundamental.
Es así que durante el año 2013 el 35,96 % de las actuaciones simples y el
7,87 % de las actuaciones complejas abordadas fueron referidas a temas de salud.
Los reclamos más frecuentes consisten en demoras en las entregas de
medicación de alto costo a pacientes oncológicos por parte del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires, o por incumplimiento del Programa Federal
Incluir Salud (ex PROFE). También, en menor medida, por retrasos en la
autorización de medicación especial, tanto del Instituto de Obra Médico Asistencial
(IOMA) como de PAMI.
En todos los casos se ha dado un tratamiento particular, asesorando a los
denunciantes e intercediendo ante las autoridades de salud para solicitar el
cumplimiento de las prestaciones requeridas.
2.a. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
En el mes de marzo de 2013, por reiterados reclamos de pacientes
oncológicos sin obra social, se estableció un contacto con el Ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y a la Defensoría del Pueblo provincial a fin de informar
y comprometer a las autoridades competentes para una rápida y efectiva solución
al problema que afectaba a numerosos pacientes.
Se trata de la falta de acceso a medicación de alto costo que debía ser
provisto en tiempo y forma a través del Banco de Drogas que funciona en el
Hospital Interzonal de Agudos Dr. Luis Guemes, de Haedo. Según había informado
el propio personal administrativo del lugar, el sistema informático interno
utilizado para la carga de datos de los pacientes no funcionaba, lo que había
ocasionado el estancamiento de más de 400 solicitudes.
Por lo tanto, la falta de medicamentos implicó la interrupción o
discontinuidad de los tratamientos con consecuencias directas para la salud de los
pacientes.
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28
A los pocos días de haber realizado los reclamos mencionados, las
autoridades de salud actuaron para resolver los problemas, y se logró así el normal
funcionamiento del circuito.
2.b. Programa Incluir Salud
Durante el transcurso del año 2013 los reclamos de beneficiarios del
Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) han sido recurrentes.
Se presentaron diversas quejas. Algunas de ellas fueron:



Atrasos en la entrega de insulina.
Dificultades para la obtención y autorización de recetas e insumos.
Deficiente atención por parte de empleados administrativos de las
diferentes delegaciones.
Cabe recordar que dicho programa depende del Gobierno Nacional y se
implementa en la órbita de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas del
Ministerio de Salud de la Nación. Su misión es brindar cobertura médica integral a
los beneficiarios de pensiones no contributivas, transfiriéndose los recursos
presupuestarios que corresponden a cada provincia.
Sus destinatarios constituyen una población muy vulnerable, con un ingreso
limitado y sin ningún respaldo patrimonial. Se trata, en su amplia mayoría, de
personas discapacitadas.
En septiembre de 2013, diversos beneficiarios se refirieron a la falta de
recetarios en las delegaciones del Programa Federal, tanto la que funciona en el
Hospital Interzonal de Agudos Dr. Luis Guemes, de Haedo, como en el Hospital Dr.
Ramón Carrillo, de Ciudadela.
Se informaba a los afiliados que por falta de recetarios no podrían dar inicio
a sus respectivos trámites, por lo que se los instaba a regresar en otra oportunidad,
sin que les fuera precisada la fecha en que se regularizaría la situación. Así, los
pacientes quedaban sin poder tramitar su medicación, desprovistos tanto de
información como de asistencia farmacológica. Incluso se llegó a adoptar la
arbitraria medida de cesar la atención al público en algunas delegaciones.
Frente a estas anomalías se estableció un contacto con la Coordinadora de la
Región Sanitaria VII de Merlo, quien confirmó la existencia del problema, sin poder
aportar solución alguna.
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29
También se notificó a la central provincial del Programa, a quienes se
transmitió la crítica situación de los beneficiarios y la necesidad de una urgente
solución. En este caso, informaron que desconocían el cese de atención al público,
motivo por el cual solicitaron de manera inmediata reabrirla, dando inicio a la
tramitación de las recetas, aunque se careciera de los formularios del Programa.
Por otra parte, durante diciembre de 2013, los reclamos por cese de
atención en farmacias se intensificaron, y hubo situaciones críticas, como casos de
enfermos que necesitaban imperiosamente de la medicación para sobrevivir. Esto
se produjo por el retraso en el pago a las farmacias, lo que llevó a que
prácticamente no hubiera en la zona Oeste farmacias en condiciones de atender las
necesidades de los pacientes.
A fin de revertir dicha situación, la Defensoría del Pueblo contactó al
referente del Colegio de Farmacéuticos de Morón, quien respondió que a pesar del
atraso de pago superior a los ciento cincuenta días, ellos no habían resuelto
ninguna medida. Por el contrario, solicitaban que las farmacias continuaran con la
atención y entrega de la medicación. Aún así, el propio Colegio tenía plena
información de que numerosas farmacias no podrían efectivizar dicho pedido, ya
que acumulaban grandes deudas con las droguerías, que naturalmente exigían los
pagos.
Paralelamente se informó al Secretario de Políticas Sociosanitarias y
Abordajes Integrales del Municipio de Morón, Lic. José Maria Ghi, a fin de planificar
una acción conjunta para los casos más urgentes. Asimismo, se contactó a la
Coordinación del área de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Provincia para
informar la situación y solicitar que de manera urgente se agilizara una búsqueda
de solución junto al gobierno provincial.
A los pocos días se destinaron fondos para abonar una parte de las deudas
con las farmacias. De manera paulatina y a lo largo de los días, se fue normalizando
la situación. Según manifestaron los farmacéuticos, los pagos se atrasan cada vez
más, lo que perjudica a las farmacias más pequeñas, que no pueden solventar la
situación, y en consecuencia, a los usuarios.
2.c. Temas vinculados con PAMI
En el mes de diciembre, una vecina solicitó iniciar un recurso de amparo
contra PAMI, dada la negativa a autorizar medicación oncológica para su esposo.
Atento a ello se le informó acerca de las competencias del Defensor del Pueblo, y se
le propuso ingresar el reclamo para realizar las gestiones correspondientes.
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La denunciante manifestó su consentimiento con las gestiones, ya que su
esposo llevaba dos años –desde que le habían realizado el diagnóstico– sin
tratamiento alguno.
Posteriormente se realizó un contacto con la División Atención a
Beneficiarios y Enlace con Unidades de Gestión Local, en el Departamento
Administrativo de la Subgerencia de Medicamentos de PAMI Central, donde
informaron que la medicación requerida debía ser evaluada a nivel central
mediante el envío de un expediente con planillas, recetas y estudios que
fundamentaran la indicación. Luego de haber enviado los estudios realizados, junto
con otros datos, respondieron que no se justificaba dicha droga para el
tratamiento, ya que no se utiliza para la primera etapa del tratamiento oncológico,
como era este caso.
Entonces se le sugirió a la denunciante solicitar una entrevista con el
médico del paciente, o realizar una consulta con un nuevo profesional, a fin de
obtener otra opinión. Ella resolvió tomar contacto con una nueva hematóloga,
quien luego de solicitar los estudios para realizar una evaluación, coincidió y
justificó que la sintomatología del paciente no reunía los criterios para un
diagnóstico de mieloma múltiple. Indicó, por tanto, un tratamiento acorde a su
sintomatología.
En el mismo período otro beneficiario expuso su inconveniente para la
obtención de medicación oncológica. En este caso la prescripción estaba
autorizada. Sin embargo, no lograba conseguirla en ninguna farmacia, ya que le
informaban que no se estaba produciendo ese medicamento.
Luego de averiguar qué laboratorio la producía y de tomar conocimiento de
que sólo se vendía a particulares y en una sola farmacia en Capital Federal, por
fuera de las coberturas médicas, la Defensoría del Pueblo notificó acerca de la
situación a la Subgerencia de Medicamentos de PAMI Central, desde donde
corroboraron la información y el laboratorio fue sancionado.
Más allá de los diversos reclamos y consultas que se abordan diariamente
en materia de salud, es destacable el hecho que la Defensoría del Pueblo de Morón
viene actuando en el tema Salud Pública más allá de la órbita municipal, en temas
vinculados a la jurisdicción de la Provincia. Ello hace imprescindible apelar a la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para coordinar esfuerzos
para el objetivo de lograr un eficiente servicio para la población que no tiene otro
recurso que la Salud Pública. Esto representa un gran desafío, que es el de lograr
avanzar en el ejercicio pleno del derecho a la salud para todos y cada uno de los
habitantes.
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3. Discapacidad
Cumplimiento del cupo laboral del 4% en la planta
municipal
En el año 2009, la Defensoría del Pueblo inició gestiones solicitando
información al Municipio sobre la cantidad de personas con discapacidad que
integraban la planta de trabajadores. Entonces, la Dirección de Recursos Humanos
respondió que no existía un registro específico, por lo que resultaba imposible
brindar dicha información. Y que por tanto, remitirían a cada Dirección un
memorándum recabando dichos datos.
La Ley provincial N° 10.592/87 sobre discapacidad señala en su artículo 8º:
“El Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las
municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley,
las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro (4)
por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la
reglamentación”.
Sobre un total de 4.690 trabajadores (información obtenida a través de la
página web del Municipio de Morón), la cantidad de personas discapacitadas que
deberían estar trabajando son aproximadamente 180. Sin embargo, en 2011 desde
la Dirección de Recursos Humanos enviaron un listado que sumaba apenas 30
personas.
En abril de 2011 se envió una comunicación al Honorable Concejo
Deliberante, en la que se recomendaba que ese cuerpo sancionara una ordenanza
que estableciera la obligación de incluir personas con discapacidad hasta alcanzar
el 4% establecido por la ley provincial (expediente abierto en el Honorable Concejo
Deliberante con Nº 70195/11).
Finalmente, en diciembre de 2013 se formalizó un convenio entre el
Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar Cuartango y el
Intendente Municipal, Lic. Lucas Ghi. Este convenio expresa el acuerdo para
emprender acciones conjuntas con el fin de implementar el Programa de Igualdad
de Oportunidades (Decreto Provincial Nº 3379/08, Anexo XI modificado por el
Decreto Nº 101/12) en el ámbito municipal, destinado a fortalecer los
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procedimientos tendientes a incorporar trabajadores con discapacidad a su planta
de personal permanente, dentro del marco de las leyes Nº 10.592 y Nº 11.757. El
convenio también establece que los trabajadores percibirán el salario
correspondiente a las categorías para las que fueron designados, y que el
Ministerio asignará a cada destinatario una suma mensual fija, conforme la
Resolución M.T. N° 115/13, en concepto de colaboración económica por el plazo de
hasta doce (12) meses.
Luego de establecido el convenio, la Defensoría mantuvo una reunión con la
Dirección de Discapacidad del municipio, el área que tiene a su cargo la
implementación del convenio con el Ministerio de Trabajo de la provincia y la
delegación local. De esta manera, se estableció que las personas con discapacidad
que ya se habían incorporado a las listas del SECLAS (Servicio de Colocación
Laboral Selectiva), en la delegación Morón del Ministerio de Trabajo, serían
entrevistadas y evaluadas a efectos de determinar la compatibilidad de sus
aptitudes individuales con las diversas búsquedas de personal que se fueran
requiriendo. También se entregaron los datos y currículums de otras personas que,
tras haber solicitado empleo en esos organismos, se habían puesto en contacto con
la Defensoría, y que aguardaban los resultados de las gestiones.
Es esperable que en el próximo informe se pueda dar cuenta de un aumento
en la cantidad de personas con discapacidad que se sumen al plantel municipal.
Ello representaría la puesta en práctica de un postergado y esencial derecho
humano, capaz de transformar positivamente la vida de numerosas personas que
luchan diariamente por ser reconocidos y reconocerse como ciudadanos plenos.
4. Política integral y sustentable del arbolado
público
Es fundamental para esta Defensoría del Pueblo del Municipio de Morón
retomar la cuestión del arbolado público, que ya fue abordada en el informe anual
del año 2012, como una deuda de la gestión municipal para concretar un plan
estratégico sobre la temática.
Luego del tornado que, en abril de 2012, dejó un gran saldo de ejemplares
destruidos y otros tantos en situación de riesgo, resulta imprescindible delinear un
proyecto que resuelva en el largo plazo y de manera integral las carencias que aún
se mantienen.
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Es necesario destacar que en aquella ocasión el Municipio de Morón tuvo
una respuesta rápida y eficiente, pero la situación dejó en evidencia que el
problema del arbolado carecía de una política de prevención y proyección.
El Partido de Morón crece año a año y se ha visto incrementada la cantidad
de edificios de manera sostenida, pero no fue contemplada de igual modo la
forestación de especies arbóreas que contribuyan a mejorar la vida de los vecinos y
vecinas en los años venideros.
En el Informe Anual 2012 se había planteado la importancia de que el
Consejo del Arbolado Público cumpliera las funciones para las que fue constituido
mediante el decreto 999/07 y cuyo reglamento, aprobado en marzo del año 2011,
define claramente:
“El objetivo del Consejo es multiplicar la acción municipal en el
tema de su incumbencia, resaltando la participación de la comunidad
a partir de la consideración del árbol como un ser vivo y no una cosa,
asumiendo que ésta es una tarea imprescindible que nos involucra a
todos y que debe formar parte de nuestra cultura; y colaborar en el
diseño, la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas
públicas destinadas a lograr el mejoramiento y enriquecimiento del
patrimonio arbóreo del municipio”.
Asimismo, el artículo 2° de la Ordenanza 8087/2005 plantea:
“El Consejo de Arbolado Público estará formado por: Concejales
de los distintos Bloques Políticos; los funcionarios del Departamento
Ejecutivo que éste designe; un representante de cada uno de los
Consejos Vecinales; representantes de universidades, organizaciones e
instituciones relacionadas con el objeto de la Comisión, y en forma
individual personas de reconocida trayectoria ambientalista
convocadas al efecto para integrar el Consejo”
Sin embargo, el Consejo de Arbolado Público estaba sólo integrado por
vecinos preocupados por la temática y tenía un rol relegado dentro de la gestión.
Ellos eran quienes activaban mecanismos constantes al reclamar en diversos
ámbitos el desarrollo de una acción sustentable.
En abril de 2013, los vecinos que integran el Consejo de Arbolado Público
fueron invitados a participar del programa de radio de la Defensoría del Pueblo de
Morón. En esa oportunidad, señalaron la necesidad de que todos los actores que la
ordenanza establecía cumplieran con su participación en el Consejo. En ese
momento, sólo los vecinos participaban activamente. A partir de esta exposición
pública del problema, el Municipio volvió a convocar por distintos medios a
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integrar ese espacio. A partir de entonces, el Consejo llamó a reunirse con
regularidad, y el Municipio cedió para eso la sede de la Reserva Natural Urbana.
Abordar una política integral de arbolado público implica una clara decisión
política de carácter estratégico, tanto por parte de las autoridades municipales
como del Honorable Concejo Deliberante.
Es dicha decisión, sin dudas, la que encontrará los mecanismos, organismos,
personas idóneas y fuerzas vivas que otorguen a la política integral de arbolado
público la jerarquía necesaria para su impulso y concreción.
5. Empresa del Oeste
Se continúa abordando en forma oficiosa el problema respecto de los
establecimientos ubicados en Santamarina Nº 221 (Terminal de microómnibus
propia, Oficina Administrativa, Garage de colectivos, Taller de reparaciones, Taller
mecánico, chapa y pintura) y Urdinarrain Nº 65 (Taller mecánico) de la localidad
de Morón, ambos bajo la titularidad de “Empresa del Oeste S.A.T.”, y que aún no
cuentan con la habilitación definitiva.
Desde el inicio de actividades de esta Defensoría este tema ha sido
relevante, dado que las medidas adoptadas por el municipio no habían dado un
resultado positivo para lograr el correcto funcionamiento de dichos
establecimientos.
Con el fin de sintetizar las gestiones efectuadas en el año 2013, se informa
que se envió una solicitud de informes dirigida a la Subsecretaria de Planificación
Estratégica y Desarrollo Local, a través del Expediente 47-1026/13, con fecha 5 de
agosto de 2013, la que posteriormente señaló los requerimientos pendientes de
solución por parte de la empresa, e informó que se notificaría a la Dirección de
Inspección General.
La Defensoría del Pueblo continuará mancomunando esfuerzos, a fin de
garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
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6. Participación de las Defensorías del Pueblo en la
acción legislativa provincial
La misión encomendada a los defensores del pueblo es la defensa de los
derechos de las personas y de los grupos sociales. La Ordenanza 5932/2004, de
creación de la institución del Defensor del Pueblo de Morón, señala en su artículo
1º que “su objeto es la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses
legítimos, individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, la
Constitución Provincial y la legislación vigente, de los habitantes del Municipio de
Morón frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal,
de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los
referidos derechos e intereses”. De modo que una condición necesaria para la
defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas, individuales y
colectivos, es que estos estén afirmados como tales por la Constitución Nacional, la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la legislación vigente.
El 30 de julio de 2013, el vicegobernador Gabriel Mariotto –en su carácter
de presidente del Senado provincial– y el Defensor del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, Carlos Bonicatto, suscribieron un convenio de trabajo en orden a
fortalecer la participación del Defensor del Pueblo provincial en la elaboración y
discusión de los proyectos de ley, a través de informes y recomendaciones, así
como en el seguimiento de las leyes ya sancionadas, a fin de que se tenga un
panorama más cabal de su cumplimiento. En el acto de firma del convenio y en la
reunión posterior mantenida con el presidente del Senado provincial, tanto éste
como el Defensor del Pueblo de la Provincia subrayaron la importancia de la
participación de los defensores del pueblo municipales en la tarea.
La agenda de trabajo que se ha establecido en el convenio incluye tanto
proyectos de legislación como leyes ya sancionadas y de las que interesan aportes
para su plena puesta en ejecución. Entre los proyectos se encuentra el del nuevo
Código Contravencional, en reemplazo del actual Código de Faltas. El mencionado
proyecto fue elaborado en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, con participación de la Defensoría del Pueblo de Morón y de la
Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal provincial.
También los defensores del pueblo han interesado a los legisladores en una
normativa que proponga un mecanismo de regularización de deudas por obras de
pavimentación y extensión de redes de servicios públicos, que salvaguarde a los
frentistas contra la amenaza de pérdida de sus viviendas. Desde hace años se
suceden las leyes provinciales, que suspenden las ejecuciones, sin que se haya
concretado una normativa que ponga fin a las situaciones de riesgo.
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En cuanto a proyectos aprobados en el Senado provincial y que están en
consideración en la Cámara de Diputados, el Presidente del Senado solicitó el
aporte de los defensores del pueblo en orden a la aprobación del proyecto de ley
que crea y regula el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, el de
reforma del Consejo de la Magistratura y el proyecto de Ley de Ética Pública, que
obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial a rendir cuentas
sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año y establece la creación del
Tribunal Social de Responsabilidad Política.
Además, el convenio de la Presidencia del Senado con el Defensor del
Pueblo de la Provincia contempla su participación en el seguimiento de aquellas
disposiciones que el legislador ha considerado conveniente o necesario plasmar en
una norma legal, a fin de que los derechos reconocidos por la respectiva norma
sean exigibles y para que las instituciones gubernamentales adecuen sus recursos
para la mejor promoción y protección de los derechos de las personas que habitan
en el territorio de nuestra provincia. Se contempló específicamente la Ley 14.424,
que creó la Policía Judicial contemplada en el artículo 166 de la Constitución
Provincial, con el nombre de Cuerpo de Investigadores Judiciales; la Ley 14.343,
que establece reglas para la identificación de los pasivos ambientales, y la
obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de
la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos en el ambiente, y la
Ley 14.449, de promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y
sustentable. En relación con la mencionada Ley de Hábitat, una preocupación
expresada por los defensores del pueblo que actúan en la Provincia ha sido la
necesidad de su reglamentación, a fin de dotarla de operatividad plena. Por ello se
ha celebrado el dictado, el 17 de diciembre de 2013, del Decreto 1062/13, por el
que se aprueba la reglamentación de la Ley 14.449.
El Defensor del Pueblo de Morón ha recomendado que se incorpore en la
agenda de trabajo el seguimiento de la Ley 13.956, que crea el Programa de
Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires.
El cumplimiento de las leyes que protegen y promueven derechos, en el
ámbito municipal, es una tarea que el Defensor del Pueblo de Morón ha procurado
tener siempre presente. En esa línea, se interesó en 2009, ante el Ministerio de
Salud provincial, por la reglamentación de la Ley 13.894, relativa a la protección
del humo de tabaco ajeno. Y cuando ésta se produjo, recomendó al H. Concejo
Deliberante la pronta sanción de una ordenanza, por la cual se concretara, en el
territorio del Municipio de Morón, la prohibición del consumo de tabaco en todos
los espacios cerrados de acceso público. El H. Concejo Deliberante notificó
formalmente al Defensor del Pueblo la sanción de la Ordenanza Nº 11989/09, de
fecha 12/11/2009, que “tiene por objeto la regulación de los aspectos del consumo
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de tabaco en el ámbito del Partido de Morón, a los fines de prevención y asistencia
de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas”.
Igualmente, el Defensor del Pueblo se interesó por la adhesión del
Municipio de Morón a las disposiciones de la Ley provincial 10.592, que establece
un cupo de 4 % como mínimo dentro de los planteles de empleados, a ser cubierto
por personas con discapacidad.
7. El Programa de atención integral a las personas
en situación de calle
Según se ha señalado, en el período de sesiones de 2009, la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 13.956, mediante la cual se creó el
Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, que debe
desarrollarse en todo el territorio provincial. La mencionada ley establece, en su
artículo 3º, como objetivos esenciales de dicho programa:
“la localización, empadronamiento, asistencia médica y alimentaria, y
habitacional transitoria, para las personas de todas las edades y sexo,
en situación de calle, logrando su reinserción social”.
La ley se ha reglamentado mediante el decreto 341/2011, en el cual se ha
instituido al Ministerio de Desarrollo Social provincial como autoridad de
aplicación; se ha aprobado el proyecto de convenio de colaboración mutua entre el
Ministerio de Desarrollo Social y las Municipalidades; se ha instituido la Unidad
Ejecutora del Programa, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sociales del
MDS, para implementarlo “por sí o a través de convenios a celebrarse con entidades
públicas o privadas”. La población partícipe y beneficiaria del Programa es, según
se define en el artículo 2º de la ley, “la que carece de residencia, pernoctando
diariamente a la intemperie y/o se encuentra en una situación socio-familiar
vulnerable, sin ingresos, ni trabajo y en situación de exclusión social”.
Este sector de la sociedad merece, seguramente, una atención preferente de
los defensores del pueblo, por cuanto su mayor grado de vulnerabilidad implica,
entre otras consecuencias, la dificultad para presentar su problemática de modo
directo a las autoridades y/o a instituciones como las defensorías del pueblo. Por
lo tanto, resulta pertinente que los defensores del pueblo efectúen un seguimiento
sistemático de la situación de estas personas y, en tal sentido, insten el
cumplimiento de las disposiciones del Programa de Asistencia Integral para
Personas en Situación de Calle, creado por la Ley 13.956. Entre los dispositivos del
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Programa se encuentra el grupo interdepartamental e interdisciplinario, bajo la
dirección de la autoridad de aplicación -Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires- con la misión de definir políticas de vivienda, de
seguridad social, de salud, de empleo y de educación, que afecten a las personas
que viven en la calle.
Cada defensor del pueblo municipal seguramente debe efectuar el
seguimiento del referido Programa en el respectivo ámbito distrital. En tal sentido,
el Defensor del Pueblo del Municipio de Morón abrió una actuación de oficio, para
efectuar el seguimiento del Programa de Asistencia Integral para Personas en
Situación de Calle en el ámbito territorial de este Municipio, así como de las
acciones que por iniciativa del Gobierno municipal, con su coordinación o apoyo, se
desarrollan para asistir a las personas en situación de calle. En el marco de esta
actuación, solicitó información a la Dirección de Acción Social municipal, a
principios de julio de 2013.
El 16 de agosto, la referida Dirección informó que el Municipio de Morón
lleva adelante, por cuarto año consecutivo, el operativo de asistencia y
acompañamiento a personas en situación de calle durante los meses invernales. En
ese marco, se puso en marcha el parador nocturno para personas en situación de
calle, que comenzó a funcionar el 13 de junio y continuó hasta el 31 de julio,
período en el que asistieron a 108 personas en situación de calle -83 varones y 25
mujeres-, de los cuales trece eran niños y niñas entre 0 y 18 años y siete personas
adultas mayores de 55 años. Alrededor de la mitad de las personas destinatarias
del operativo viven en el Municipio de Morón. El resto de las personas asistidas
pertenece a distintas localidades de la zona oeste como ser Merlo, Moreno,
Ituzaingó, La Matanza y Ciudadela.
Una actividad complementaria es la de las recorridas nocturnas por las
calles del municipio, con el objetivo de asistir y acompañar a las personas que se
encuentran en situación de calle. Durante julio y agosto, con la participación de
jóvenes voluntarios y alumnos de la Escuela de Guardavidas se brindó asistencia a
89 personas en situación de calle -72 varones y 17 mujeres-.
El Defensor del Pueblo de Morón, luego de considerar atentamente la
información recibida de la Dirección de Acción Social y de compartirla con el
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, solicitó información adicional
a la Secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad, Delia Zanlungo Ponce.
Una observación se refirió a las fechas de funcionamiento del parador
nocturno. Según la manifestación de la Dirección de Acción Social, este parador
comenzó a funcionar el 13 de junio y continuó hasta el 31 de julio, por ser los
meses de más baja temperatura del año. Pero en 2013 las temperaturas más bajas,
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y por ende las situaciones en que el frío nocturno más ha hecho sufrir sus efectos a
las personas en situación de calle, han ocurrido en agosto. El Defensor del Pueblo
interrogó acerca de las actividades desarrolladas ante esa situación. Por otra parte,
el Defensor del Pueblo reiteró su interés en conocer si las acciones municipales se
relacionaron de algún modo con el Programa de Asistencia Integral para Personas
en Situación de Calle, creado por la Ley 13.956 y de alcance provincial.
La Secretaria de Salud y Acción Social informó que, ante la prolongación de
noches con muy bajas temperaturas, se extendió el funcionamiento hasta el 31 de
agosto. Con respecto a la articulación municipal con el programa provincial de
Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle el informe consignó que la
Unidad Ejecutora prevista por la reglamentación de dicho programa comenzó su
funcionamiento a fines de 2012. Los recursos disponibles son subsidios de $1.200,
inicialmente por seis meses, a nombre de la persona en situación de calle, a cobrar
en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los responsables municipales del
Operativo se entrevistaron el 19 de septiembre con el director del Programa
provincial y gestionaron tres subsidios para personas con las que se tienen
intervenciones sociales y que este año estuvieron en el parador.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, por su parte,
respondió a la inquietud manifestada por el Defensor del Pueblo de Morón sobre
seguimiento del referido Programa de Atención Integral a las personas en
situación de calle. El Defensor del Pueblo provincial dispuso la apertura del
expediente 5193/13, en el cual se ha dispuesto como primera medida solicitar
informe a la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y a la
Unidad Ejecutora del Programa de Asistencia Integral a Personas en Situación de
Calle.
8. Actividades del Area jurídica
En cada informe anual que se realizó en el transcurso de estos años, se ha
intentado dar cuenta del desarrollo de los ejes permanentes que derivan en su
gran mayoría en consultas y orientaciones de índole familiar y de vivienda, y en
menor proporción otros temas.
Asimismo, cabe destacar que desde este Área Jurídica se trabajó en cada una
de las consultas ingresadas, con la mayor profesionalidad y confidencialidad
posible, tendiendo a lograr que la persona que se acercó se retire conforme con los
servicios brindados.
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8.1. Familia y Sucesiones
14 casos
Se han atendido consultas referentes a temas de divorcio y separaciones de
hecho. Asimismo, se solicitó ante esta Defensoría asesoramiento en los derechos y
obligaciones que existen entre los cónyuges y con respecto a los hijos en cuestiones
relacionadas a alimentos, tenencia y régimen de visitas. En estos últimos temas, se
aconsejaba los consultantes que recurrieran al Colegio de Abogados del distrito en
que el viven, o bien a la Asesoría Civil, para solicitar asistencia gratuita, según
correspondiera.
También se asesoró a personas en cuestiones vinculadas con el instituto de
la curatela, es decir, en qué casos se debe tramitar, quiénes pueden solicitarla, y
por último, cuáles son los inconvenientes que se evitan al tenerla otorgada. Se les
explicó que es la representación legal que se da a las personas mayores de 21 años
que tienen incapacidad mental. Excepcionalmente, se la puede solicitar a partir de
los 14 años. Para el caso de las personas inhabilitadas, la curatela tiene una función
de asistencia, cuya finalidad es por una parte la preservación de la salud física y
psíquica del discapacitado, quedando su cuidado a cargo del curador; y por la otra
tiende a evitar que estas personas sean perjudicadas en su patrimonio. Asimismo,
se les explicó que el trámite lo puede iniciar el cónyuge, los hijos, los padres del
discapacitado y a falta de cualquiera de ellos, el ministerio público.
Existen dos vías procesales posibles, que van a depender del grado de
incapacidad que posea la persona en cuestión. En los casos de un proceso de
insanía, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 141 del Código Civil, se
declaran incapaces o insanos a aquellas personas que por causas de enfermedades
mentales no tienen aptitud para dirigir su persona ni administrar sus bienes. La
consecuencia de dicha declaración, es que la persona queda equiparada a un
menor de edad, en cuanto a su persona y a sus bienes, es decir, no puede casarse, ni
votar, ni administrar sus bienes.
En el caso de inhabilitación judicial, de conformidad con el Art. 152 bis del
Código Civil, podrán declararse inhabilitados judicialmente a quienes por
embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a realizar actos
jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. La consecuencia de esta
declaración de inhabilitación es que la persona en cuestión no podrá disponer
libremente de sus bienes sin la conformidad previa del curador. Sin embargo aquel
conserva toda su capacidad en lo relativo a su persona.
Hubo asesoramientos referentes a los derechos hereditarios. Se les informó
que la herencia es el conjunto de bienes y deudas que deja una persona al
producirse su deceso. Si las deudas superan el valor de los bienes, los herederos no
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tienen que pagar esa diferencia con su patrimonio. Se les explicó que hay dos tipos
de herederos: los herederos forzosos –que no pueden ser privados de la herencia
mediante un testamento-. Son los hijos, cónyuge y padres de la persona que fallece.
Los herederos no forzosos, que heredan si no hay herederos forzosos ni
testamento, son los demás parientes hasta el cuarto grado, como los hermanos,
sobrinos, tíos y primos.
En este punto, también se les explicó que si la persona fallecida estaba
casada, nuestra ley hace una distinción entre los bienes que entran en la sucesión.
Están aquellos bienes que se compraron después de estar casados, que los
denomina gananciales, y los que denomina bienes propios, que son aquellos otros
que la persona fallecida tenía antes de haberse casado o que heredó o recibió como
regalo luego de haberse casado, informándoles así el modo en que los herederos
participan en el acervo hereditario.
8.2. Vivienda
Problemas vecinales, desalojos, alquileres, usurpación
16 casos
Se han acercado personas con problemas diversos, surgidos contratos de
locación. En todos los casos se les manifestó cuáles son las obligaciones y derechos
que les asisten, en caso de ser propietario o inquilino. Asimismo, se les indicó cual
es la ley vigente en esta materia (Nº 23.091).
Entre los asesoramientos cabe destacar que han llegado a la Defensoría del
Pueblo personas con contratos de locación de viviendas vencidos o simplemente
sin contrato alguno, casos en los que los propietarios del inmueble los intimaban a
dejar la vivienda, bajo apercibimiento de iniciar un desalojo ante la vía judicial. En
tales situaciones se les aconsejó que evitaran este tipo de precariedad contractual
en futuros contratos. También han surgido inconvenientes por establecer plazos
inferiores de locación a los que impone la ley antes citada. En estos casos, se les
señaló que prevalece lo que la ley dispone, y no el acuerdo que hayan hecho en
forma particular.
En los temas de problemas vecinales, se les aconsejó que concurrieran a
mediaciones vecinales en forma gratuita, a través del Programa Municipal de
Resolución Alternativa de Conflictos, para poder dirimir sus controversias, y como
última instancia recurrir a la justicia ordinaria.
En todos los asesoramientos se tiende a evitar que el vecino llegue a la
judicialización del conflicto, con el fin de hacer prevalecer la buena convivencia
entre ambas partes.
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42
También se acercaron personas que solamente poseían boleto de
compraventa de la propiedad: en tales situaciones se les explicó que podrían:
iniciar juicio de escrituración, o bien, contactar al anterior dueño y ver la
posibilidad de efectuar la escrituración en forma directa ante una Escribanía.
Hubo otros asesoramientos en casos en los que se carecía de título alguno, y
se les aconsejó que regularizaran su situación a través de la llamada “Ley Pierri”
(Nº 24.374), que es el programa de regularización de tierras para quienes la
ocupan con uso de vivienda "única, familiar y permanente", en este caso se les
explicó qué documentación tenían que tener disponible y a qué Escribanía debían
recurrir para iniciar el trámite. Otras consultas estaban vinculadas a usucapión de
viviendas, por la posesión continua y pacífica por más de 20 años.
También se han presentado personas con problemas de vivienda, por
juicios ejecutivos que poseen en su propiedad única. La causa de estos juicios era,
en la mayoría de los casos, por créditos hipotecarios y/o personales que habían
solicitado a alguna entidad bancaria, y no habían abonado en tiempo y forma. En
tales casos, se los asesoró para tratar de llegar a un acuerdo de pago y evitar
perder la vivienda, dado que en los casos llegados a esta Defensoría las deudas
eran aún exigibles.
8.3. Institucional
1 caso
Se recibió un caso vinculado a un problema con la vacante para el próximo
año lectivo en una escuela del Distrito. Luego de hacer una breve intervención por
parte de esta Defensoría ante la Directora del Establecimiento, se logró que el
alumno fuera incorporado sin mayor dificultad.
8.4. Multas de Tránsito en Morón y otras jurisdicciones
3 casos
Se han realizado asesoramientos y asistencia en la redacción del descargo a
presentar ante la autoridad de aplicación pertinente con respecto a multas de
tránsito. Aunque es dable destacar que han disminuido este tipo de consultas en
este último período, con respecto a años anteriores.
Ante la consulta, en cada caso se analiza si es una ruta provincial o nacional,
para ver ante que órgano de aplicación hay que efectuar el descargo de la multa,
verificando si las actas de infracciones labradas y los procedimientos efectuados
cumplen con todos los recaudos necesarios que impone la ley nacional vigente (Nº
24.449) y de las provincias que adhieren a dicha ley.
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43
Se continúa trabajando desde esta Defensoría del Pueblo asesorando y
asistiendo a los ciudadanos respecto de los órganos jurisdiccionales y/o
administrativos, según corresponda para poder efectuar los descargos por las
multas de tránsito. Dado que aun se continúan observando deficiencias en el
sistema de control vial y en la manera en que los ciudadanos pueden acceder a la
justicia, por falta de información y lugares de atención cercanos.
8.5. Penal
2 casos
Han sido pocas las consultas referentes a delitos penales, más precisamente
referentes a robo. En tales casos se brindó asesoramiento par que efectuaran el
reclamo ante la Policía del lugar del hecho o bien que se acercaran a la Fiscalía de
turno a efectuar la denuncia pertinente.
Otras solicitudes de asesoramiento fueron referentes al lugar donde
conseguir Defensor Oficial, que los asista o represente ante la acusación de un
delito. En esos casos, se brindaron los datos correspondientes de la Defensoría
General del Departamento Judicial de Morón.
8.6. Privado
7 casos
Hubo casos relacionados a la actuación que desarrollan Estudios Jurídicos
para lograr el cobro de créditos. Tales conductas son consideradas por la Ley Nº
24.240 de Defensa del Consumidor como trato indigno. Por lo tanto, se realizaron
acciones coordinadas con la Directora de Defensa del Usuario y del Consumidor del
Municipio para que se tomaran las denuncias desde esa Dirección, a fin de tratar de
lograr audiencias de conciliación entre las partes.
También, existieron consultas sobre inconvenientes referentes a la
administración de consorcios. Se los asesoró para que se acerquen a la
Administración del consorcio para efectuar el reclamo penitente por escrito, y que
consulten la próxima fecha de convocación de asamblea, a fin de poder exponer sus
inquietudes.
Además, hubo consultas por temas referentes a cobro de seguros por
accidentes de tránsito. Se les indicó que debían realizar el trámite ante la compañía
de seguros, allí les darían un numero de siniestro para el seguimiento del trámite
correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo, deberían continuar el trámite
con letrado en forma particular y consultar con la Superintendencia de Seguros de
la Nación para que desde dicho Organismo les brindaran mayor información.
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44
8.7. Previsional
1 caso
Se acercó una persona que reclamaba por el monto de su haber jubilatorio.
En tal caso, se lo asesoró para que concurra a la Caja previsional donde está
jubilado, para que le informen acerca del monto, y en caso de haber alguna
diferencia que se acerque nuevamente para brindarle mayor información sobre
cómo continuar el reclamo.
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CARATULA
ACTIVIDADES DE COMUNICACION
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46
Actividades de comunicación
El trabajo de comunicación y difusión es una actividad permanente de la
Defensoría del Pueblo. Coordinado desde el área de Comunicación, involucra a
todo el equipo de trabajo que acompaña al Defensor en su función.
Uno de los objetivos centrales del trabajo es el de lograr un mayor
conocimiento de la institución y los servicios que brinda a los vecinos y vecinas de
Morón, pero también persigue otros objetivos, como el de mejorar la imagen
positiva y posicionar a la institución como una referencia en materia de derechos.
De este modo, en el inicio del año 2013 se planificaron las acciones de
difusión y se buscó generar canales eficientes de comunicación con la comunidad.
Durante el transcurso del período indicado, las acciones que se realizaron tuvieron
como meta presentar a la comunidad información útil sobre la Defensoría y sus
funciones, pero también acercarles herramientas para aumentar su conocimiento
sobre cuáles son sus derechos y la mejor manera de hacerlos valer.
Para llevar a cabo esta tarea, se realizaron acciones y se implementaron
estrategias en distintos soportes y canales de comunicación.
Radio
Programa semanal
El día 28 de diciembre de 2013 se cerró el ciclo radial correspondiente a ese
año, con la emisión del programa número 200. Desde 2009, el ciclo radial “El
Defensor del Pueblo” se emite los días sábados de 11 a 12, por FM En Tránsito, de
Castelar. Este programa tiene como objetivo principal divulgar derechos y
herramientas para defenderlos, abrir una vía más de comunicación entre la
Defensoría del Pueblo y los vecinos y lograr que más ciudadanos conozcan las
funciones de la Defensoría del Pueblo y sepan cómo comunicarse fácilmente con
ella. La producción integral del programa y la conducción están a cargo del propio
personal de la Defensoría.
En el esquema habitual, el programa incluye un editorial a cargo del
Defensor del Pueblo, quien dedica los primeros minutos de cada programa a
analizar algún tema de la realidad local, nacional o internacional, con una mirada
crítica y un análisis profundo de las causas y consecuencias de las noticias y
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47
sucesos más relevantes de la semana. La grilla de cada semana también incluye el
espacio de carácter histórico-educativo a cargo del Defensor Adjunto, quien
plantea hechos y sucesos históricos vinculados a las fechas cercanas y elabora
diferentes columnas de análisis, en las que establece puentes entre la historia y el
presente de nuestro país y el mundo.
Además, en las distintas emisiones se realizan entrevistas a especialistas en
temas relacionados con los derechos del ciudadano y distintas problemáticas
sociales. Durante 2013 se emitieron 41 programas, en los que se abordaron
distintos temas vinculados con Salud, Educación, Vivienda, Discapacidad, Cultura y
Trabajo, entre otros.
A continuación presentamos el detalle de los programas emitidos:
Marzo
Lucas Ghi, intendente
Marina Parra
Los grandes temas de Morón en 2013
"Tu día verde", recolección
diferenciada
El Transformador
Riesgo de cierre de la casa de noche
Gustavo Moreno
Juan Manuel Sánchez
Apertura del nuevo espacio Mansión
Seré
Las consecuencias de la inundación en
La Plata
Políticas para adultos mayores
ONG Ankoku
Mujeres solas con hijos a cargo
Consejo de arbolado
El cuidado de las especies forestales
Mayo
Pablo Aguirre y Diego Bocchio
Inclusión en salud
Deporte y discapacidad
Junio
Lorena Colombatti y María José
Cosentino
Nancy Calvo
Marcela Vanderperre
Abril
Julio
Carlos Bonicatto
Escuela Técnica de El Palomar
Roxana Domínguez y Mabe
Cristensen
Dr. Enrique Pochat
Dra. Lucrecia Raffo
Laura Yanela, Alejandro Regas y
Nahuel Gómez
Juan Sala
Payacáncer
Historia argentina
Asistencia a personas en situación de
calle
Ciencia y tecnología
Por la Ley de Grooming
Ley de servicio doméstico
Ampliación del Hospital Posadas
Revistas culturales independientes
Colonia de vacaciones para personas
con discapacidad
Grupo solidario y de acompañamiento
a pacientes oncológicos
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48
Médicos del Hospital Güemes, de
Haedo
Colegio de farmacéuticos
Daniel Radomski
Jorge Stewart y Héctor Bavosa
Karina Tedeschi
Ana María Rodríguez
Agosto
Septiembre
María Esther Pellizari
Dr. Julio Dunogent y Mónica Macha
Escuela de Guardavidas
Foros de seguridad
Octubre
Andrés Harfuch
Jimmy Aquino
Lalcec Morón
Ana Dones
Noviembre
Diciembre
Emilio de los Santos García
Silvia Pereyra
ONG Techo
ONG A todo corazón
Sheila Pérez
Bruno Corbo
Lautaro Roccatagliata y Sonia
López
Programa especial
Fertilización asistida
El acceso a los medicamentos
Semana por la lactancia materna
Bibliotecas Populares de Morón
Agencia de empleo local
Asociación de Enfermedades poco
Frecuentes
Campaña sobre bullying
Casa de Convivencia de Morón
Formación y servicio a la comunidad
La construcción colectiva de la
seguridad
Juicios por Jurados en la Provincia
Colectividad boliviana en Morón
Campaña de concientización sobre
Cáncer de Mama
Derecho al voto de las personas con
discapacidad
Colectivo de Varones
Maestra y directora de cine
Relevamiento sobre vivienda y acceso
a los servicios
Acciones solidarias
Cine en Movimiento
Defensor del Pueblo de Ituzaingó
Derechos de los niños y niñas con
Discapacidad
200 emisiones de "El Defensor del
Pueblo"
Radio: columna especial
La Defensoría del Pueblo realiza, desde hace tres años, una columna
quincenal en el espacio radial “En Otras Palabras”, que se emite de lunes a viernes
de 8 a 12, por FM En Tránsito. Allí participa de la sección “El otro lado de los
organismos”, un segmento dedicado a compartir con la audiencia noticias sobre
gestiones en las que esté trabajando la Defensoría, o bien para divulgar
información importante acerca de un derecho, un cambio en una normativa o un
tema de actualidad vinculado con Derechos Humanos.
Este bloque quincenal tiene la particularidad de que permite llegar a otro
público, diferente del que escucha el programa propio los sábados por la mañana.
Esta periodicidad quincenal permite presentar segmentos de información
enfocada en un tema, que en muchas oportunidades se presentó vinculado con
temas de actualidad, que atravesaban la agenda del día en que se emitía la
participación. Así, además de ser un espacio de difusión, se buscó generar también
un canal de servicio, en el que se brinda a los vecinos datos clave para resolver una
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49
problemática, comprender los cambios y modificaciones en marcos legales o
procedimientos, y acceder al asesoramiento de la Defensoría en materias
determinadas.
Página web
La página web institucional de la Defensoría del Pueblo contiene
información fija, como la descripción de las competencias, la función del Defensor
del Pueblo y datos acerca de su funcionamiento y método de elección. Pero
también contiene información que se actualiza permanentemente, acerca de las
noticias vinculadas al trabajo cotidiano y las gestiones de la institución, temas de
actualidad, información de servicio para los vecinos y vecinas y novedades de los
otros canales de comunicación institucionales.
Visitas totales
Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013 se registró un total de
5.329 visitantes en la web institucional, lo que representa un 47% más que en el
mismo período del año anterior. Estos visitantes han visualizado un total de
10.391 páginas, un 45% más que durante 2012.
El 78% de los visitantes a la página web se conectaron por primera vez
durante el período indicado, mientras que el 12% restante se trata de personas
que ya se habían conectado con nuestra página en alguna oportunidad previa.
Fuentes del tráfico web
Durante este año, la principal fuente de referencia del tráfico ha sido el
buscador Google, a través del cual provinieron 2776 visitas (el 53% del total). En
segundo término, el acceso directo –se refiere a aquellos que ingresan la URL de la
página de la Defensoría en su navegado- incluye a 1.756 visitantes, el 33% del total.
La red social Facebook, y las referencias, banners y vínculos publicados en las
páginas web del Honorable Concejo Deliberante, del Municipio de Morón y otras
entidades o instituciones, contienen el resto de las visitas (14%).
Redes sociales
Facebook:
Perfil: 3.026 amigos.
Página: 538 seguidores.
|
50
Twitter:
350 seguidores.
Parte de la estrategia de comunicación digital es la de mantener activos los
perfiles de la Defensoría del Pueblo en las redes sociales. En nombre de la
Defensoría como institución, se gestionan las cuentas que reflejan las funciones, el
espíritu de trabajo y la imagen de este organismo. Allí se publica información,
imágenes, documentos, pero también se responden consultas y se mantiene un
“diálogo virtual” con los vecinos que dejan sus comentarios, preguntas y opiniones
a través de estos medios.
El monitoreo permanente de los temas que se publican y discuten en las
redes sociales es una estrategia de comunicación proactiva, ya que se busca
detectar problemáticas o preocupaciones, que pueden luego ser abordadas como
actuaciones de oficio. También se contacta a las personas, buscando ampliar la
información en un canal personal, ya sea por teléfono o en una entrevista personal
en la Defensoría. En otras oportunidades, se ha procedido a inspeccionar los temas
denunciados, para verificar su veracidad y conocer mayores detalles antes de
iniciar actuaciones.
A través del trabajo diario en las redes sociales, también se busca hacer
crecer la comunidad de vecinos y vecinas vinculados con la Defensoría del Pueblo,
para generar mejores canales de comunicación y estar presentes en el momento en
que alguno de ellos puede necesitar los servicios o el asesoramiento de esta
institución. Las redes son utilizadas, también, como un canal para distribuir el
contenido generado desde el área de noticias de la página web, en los programas
de radio y las novedades en cuanto a resoluciones, gestión de casos colectivos, etc.
Así, se busca que los distintos canales de comunicación de la Defensoría
interactúen entre sí y se genere un tráfico de público en red.
Durante 2013 se han recibido reclamos y denuncias realizadas a través de
estos medios, que luego se transformaron en actuaciones. Algunas de ellas a
nombre de los titulares de las denuncias, y otras como actuaciones de Oficio del
Defensor. Pero en todos los casos se brindó respuesta a las consultas realizadas
por los vecinos.
Participación en redes con otras defensorías
La Defensoría del Pueblo de Morón participa de la Red de Comunicación,
Prensa y Relaciones Institucionales de la Asociación de Defensores del Pueblo de la
República Argentina. Desde este espacio, se han llevado a cabo acciones conjuntas
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51
de carácter institucional, campañas y difusión de temas de interés para las
distintas comunidades. En casos críticos, como el temporal que castigó a algunas
localidades de la Provincia en abril de 2013, se activaron desde la red de
comunicadores mecanismos de difusión para envío de donaciones, difusión de
información y generación de canales de trabajo colaborativos. Del mismo modo se
generar comunicaciones en red sobre cuestiones de interés general, como aquellos
vinculados a las interrupciones de servicios públicos, entre otros temas.
Además, como parte de la red ComFIO, la red de Comunicadores de la
Federación Iberoamericana del Ombudsman, se trabajó durante 2013 en un
relevamiento sobre “Buenas prácticas en materia de comunicación”, que será
utilizado para diseñar un módulo de capacitación y un manual para las áreas de
Comunicación de las defensorías de Iberoamérica. Además, se comenzó a diseñar
un módulo de capacitación en materia del abordaje y tratamiento de temas sociales
para periodistas, que durante el año 2014 las Defensorías se encargarán de
publicar y difundir entre los profesionales de la comunicación.
Durante 2013, la Defensoría del Pueblo del Municipio de Morón también
realizó su participación en el programa de televisión por Internet “Iberoamérica
Habla”, un programa realizado de manera colaborativa por las áreas de
comunicación de todas las Defensorías que integran la red ComFIO. En esa
oportunidad, realizó un documental producido y filmado por el propio personal de
la Defensoría sobre un caso emblemático, que esta institución trabaja desde 2009,
y que por sus características ha representado un desafío y un aprendizaje sobre el
rol y el modo de gestionar resoluciones de conflictos de intereses. El programa
completo, junto con las participaciones de otras Defensorías, puede verse en:
www.facebook.com/IberoamericaHablaDHNET y en el canal de YouTube:
Iberoamérica Habla.
Folletería y cartelería
Se han diseñado e impreso nuevos elementos de papelería institucional,
como folletos y volantes. El tríptico institucional, que contiene información sobre
la Defensoría, su modo de gestión y cómo realizar reclamos, se ha rediseñado para
mejorar su comprensión por parte de los vecinos y la presentación de la
información. Se han impreso 2.000 trípticos de 21x 29,7 cm., en papel ilustración.
En esta oportunidad también se diseñaron e imprimieron volantes doble
faz, en un formato más pequeño, con la información breve necesaria para conocer
de qué se trata la función de la Defensoría del Pueblo, y los datos básicos para
contactarse o dirigir un reclamo. En un tamaño de 10 x 15 cm., en papel ilustración,
|
52
se imprimieron 5.000 copias. También se realizaron afiches de cartelería para
distribuir y difundir la convocatoria a la presentación del anterior informe anual,
en el mes de mayo de 2013.
Todos los materiales fueron distribuidos en distintas mesas de entrada de
oficinas y dependencias municipales, así como en centros de salud, entidades
barriales, escuelas y en mano en lugares públicos, como actividades realizadas en
la plaza San Martín de Morón.
Comunicados de prensa y gestión de entrevistas
Desde el área también se emiten y distribuyen periódicamente
Comunicados de prensa con información de interés para medios locales, regionales
y provinciales. En los casos en que se requiere desde los medios, se gestionan
entrevistas, se envían informes detallados sobre el caso citado y hasta imágenes y
audios. Así, el Defensor del Pueblo ha sido entrevistado en programas radiales,
televisivos, medios gráficos y digitales.
Durante el año, estos materiales también son publicados en la propia página
web, en la sección de Noticias, y las publicaciones realizadas se registran en un
archivo que contiene el historial de publicaciones y menciones en medios gráficos
y digitales de la Defensoría, desde sus inicios hasta la fecha.
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53
Caratula
Ejecución presupuestaria
|
54
Ejecución presupuestaria
Presupuesto 2013
Presupuestado
Devengado
Diferencia
Cantidad
1.292.640,97
1.180.181,33
112.459,64
%
100
91,30
9,53
1.180.181,33
Total devengado
1.292.640,97
Total presupuestado
|
55
Gasto total 2013
Recursos humanos
Bienes y servicios
Total
Cantidad
1.032.297,65
147.883,68
1.180.181,33
%
87,47
12,53
100
Bienes y servicios
13%
Recursos
humanos
87%
|
56
Gasto en bienes y servicios
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso
Total
Cantidad
27.894,95
119.988,73
0,00
147.883,68
%
18,86
81,14
0,00
100
Bienes de
consumo
19%
Servicios no
personales
81%
|
57
CARATULA
ANEXO
PERIODO 2009 2013
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58
Anexo
Período 2009-2013
En este período de cinco años, además de la atención de los reclamos más
usuales, de carácter individual, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en algunas
cuestiones de particular relevancia que considero conveniente remarcar, porque
contribuyen a consolidar una incipiente base de experiencias para el futuro,
además de fortalecer la presencia de Defensorías del Pueblo de carácter municipal.
Se detallan en el anexo adjunto los casos más relevantes, los que hemos
clasificado, según su naturaleza, en los siguientes capítulos:
1. Cuestiones que requieren la decisión legislativa provincial
1.a. Ley contravencional
1.b. Problemas de deudores por obras de infraestructura
2. Cuestiones en que se requirieron decisiones del Poder Ejecutivo
Provincial
2.a. Conservatorio de Música Alberto Ginastera, de Morón
2.b. Escuela Secundaria Básica Nº 40, de El Palomar
2.c. Espirómetro para el Dispensario del Vías Respiratorias de Morón
2.d Deficiencias del Programa Federal Incluir Salud
2.e. Averiguación de Identidad
3. Cuestiones en que se requirieron decisiones del Poder Ejecutivo Nacional
3.a. Servicio de Ferrocarril línea Sarmiento, administrado por TBA
3.b. Préstamos a jubilados
3.c. Inmigrantes senegaleses
4. Cuestiones en que se requirió al Municipio de Morón el cumplimiento de
normas legislativas provinciales de protección y promoción de derechos
4.a. Incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad
4.b. Planta permanente de empleados municipales
5. Cuestiones en que el Defensor del Pueblo instó a la modificación de
criterios de organismos municipales
5.a. Licencia para conducir vehículos
6. Cuestiones dependientes de decisiones del Poder Ejecutivo Provincial
6.a. Licencia profesional para conducir vehículos
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59
7. Cuestiones dependientes de decisiones del Departamento Ejecutivo
Municipal
7.a. Inundaciones
7.b. Aguas servidas
7.c. Desalojo de vivienda
7.d. Viviendas sin escritura
7.e. Parador para niños y niñas en situación de calle
7.f. Derecho a la defensa en la Justicia de Faltas
7.g. La eficacia de las sanciones impuestas por la Justicia de Faltas de
Morón
7.h. Corredor Avenida Presidente Perón (ex Gaona)
7.i. Arbolado público
7.j. Antenas
7.k. Cooperativas de trabajo
8. Cuestiones planteadas ante organismos del Poder Judicial
8.a. Denuncia penal
8.b. Intervención de la Justicia de Familia para caso de acumulación
compulsiva
Cumplo entonces en presentar este informe anexo para el conocimiento del
Honorable Concejo Deliberante y funcionarios del Departamento Ejecutivo.
También recuerdo que los informes previos, en los que se puede encontrar mayor
detalle de los casos resumidos en este documento, están disponibles de manera
permanente en nuestra página web institucional.
1. Cuestiones que requieren la decisión legislativa
provincial
1.a. Ley Contravencional
El Defensor del Pueblo asistió a la audiencia pública realizada en 2010 en el
Senado de la Provincia de Buenos Aires, para analizar el Proyecto del Código
Contravencional presentado por el Poder Ejecutivo. El 10 de marzo de ese año
remitió a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires una presentación con el fin
de exponer su opinión respecto del proyecto. El trabajo del Defensor del Pueblo
incluyó consideraciones sobre los aspectos que consideró positivos en la propuesta
y otros cuya incorporación estimó como absolutamente objetables.
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60
Adicionalmente, incluyó en su presentación un cuadro comparativo entre la
normativa en vigencia y aquella que se propone para suplirla. El aporte se remitió
a las Presidencias de las Cámaras y –por medio de correo electrónico– a cada uno
de los legisladores. También se remitió una copia al Honorable Concejo
Deliberante de Morón, que se había expedido críticamente sobre el proyecto de
legislación contravencional propuesto por el Poder Ejecutivo.
Se constituyó una comisión, en la que esta Defensoría participó, que elaboró
un nuevo proyecto del Código. Este fue presentado en el año 2013, en una reunión
que se hizo con el Presidente provisional del Senado, donde fue incorporado
oficialmente. Hoy cuenta con el apoyo de varios legisladores.
1.b. Problemas de deudores por obras de
infraestructura
Existen casos de personas que enfrentan una antigua situación (de más de
treinta años de antigüedad) como deudores, por obras de pavimentación
realizadas en las calles de sus domicilios particulares. El tema ya mereció la
sanción, en 1997, de la Ley Provincial 11.972, que estableció un nuevo cálculo de
las deudas generadas por estas obras, las que habían alcanzado valores
exorbitantes en el transcurso de los años, incluso en algunos casos por encima del
valor de la propiedad.
Lamentablemente, la operatoria reglamentada por la mencionada ley no se
concretó, al menos en un número significativo de casos. El problema persiste y los
propietarios viven con zozobra, ante el riesgo de perder sus casas. En situaciones
análogas a las de estas personas se encuentran deudores por obras de
infraestructura en diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Ante la
magnitud que ha alcanzado la situación, la Legislatura provincial ha sancionado en
sucesivas oportunidades leyes que suspenden por períodos determinados la
ejecución de las sentencias que ordenen la subasta de las propiedades.
La más reciente es la Ley 14.115, del 20 de enero de 2010, que suspende
“por el término de dos años, el trámite de los juicios a partir de la sentencia de trance
y remate o la ejecución de sentencia, derivados de la realización de obras municipales
de infraestructura urbana...”.
El Defensor del Pueblo de Morón ha estimado que el plazo de suspensión es
propicio para encontrar una solución al problema, mediante una ley que establezca
una nueva fórmula para el cálculo de los valores adeudados, siguiendo el criterio
de la ya citada Ley 11.972.
|
61
Así lo ha expresado ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, con
el acompañamiento del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
En su propuesta, los defensores del pueblo provincial y municipal hacen
presente la necesidad de que los montos que se cobren por obras de
infraestructura sean equitativos tanto para los acreedores como para los frentistas.
En tanto no se apruebe una norma con el contenido expuesto, se deberá
prorrogar la vigencia de la legislación que suspende las ejecuciones, a fin de evitar
que las familias enfrenten situaciones muy gravosas, llegando incluso a la pérdida
de su vivienda.
La Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Mercedes ha
emitido dos fallos en que se hace lugar a la excepción de legitimación presentada
por personas que adquirieron sus viviendas y obtuvieron la correspondiente
escritura de dominio, sin que les notificaran que pesaban deudas sobre la
propiedad por obras de infraestructura. La Cámara ha indicado que, en tales casos,
el nuevo adquirente no es el responsable por la deuda, cuyo pago debería exigirse
al vendedor de la propiedad.
Estos fallos han favorecido a numerosas familias y pueden favorecer a todas
las que se encuentran en una situación similar a la descrita.
Por ello el Defensor del Pueblo de Morón ha difundido el contenido de estas
sentencias entre las personas que están en comunicación con la institución por
este problema, de modo que puedan interponer similar excepción, en el caso de
que se les continúe reclamando judicialmente el pago por la presunta deuda.
2. Cuestiones en que se requirieron decisiones del
Poder Ejecutivo Provincial
2.a. Conservatorio de Música Alberto Ginastera, de
Morón
El Conservatorio de Música Alberto Ginastera es un reconocido ámbito de
formación, que forma parte el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires y
desarrolla su actividad en la ciudad de Morón. Desde hace tiempo su valiosa tarea
encuentra dificultades por las limitaciones de infraestructura. Su sede es un
antiguo edificio, en la calle San Martín 370, de esta ciudad.
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62
Este problema fue planteado por la directora de la institución, Mg. Beatriz
Mastrángelo, en una entrevista que le realizara el Defensor del Pueblo, en una de
las emisiones de su programa radial. Enterado de esta situación, el Defensor del
Pueblo procuró colaborar para la superación del problema, con la convicción de
que la actividad desarrollada por el Conservatorio es un aporte muy valioso para la
vida cultural de nuestro Municipio. A tal fin, solicitó una reunión a las autoridades
de la institución, para interiorizarse de la propuesta y de los pasos que se han dado
y del plan existente para las nuevas instalaciones del Conservatorio.
Las autoridades del Conservatorio proponen la construcción de un edificio
en el predio que actualmente ocupa. De aprobarse esta iniciativa, durante el
tiempo que dure la construcción se necesitará contar con un edificio alquilado o
prestado para la continuidad de las actividades. Informan que el intendente de
Morón les ha manifestado la disposición del gobierno municipal de facilitarles un
edificio. También expresan su opinión favorable a la habilitación de un anexo del
conservatorio que funcione en las instalaciones de la Escuela Secundaria Básica
(ESB) N° 40 de El Palomar. Pero estiman que la habilitación del anexo no puede
interferir en el propósito prioritario, que es la construcción del Conservatorio en el
predio que actualmente ocupa.
En orden a avanzar en el conocimiento de los problemas de funcionamiento
del Conservatorio y el modo de superarlos, el Defensor del Pueblo gestionó una
reunión con los directivos de esa institución y con integrantes del Consejo Escolar.
En ella se analizaron algunos problemas que resienten el funcionamiento del
Conservatorio.
En relación con el edificio, las autoridades del Conservatorio señalaron la
importancia de que el proyecto de nuevo edificio del Conservatorio esté
incorporado como prioritario en el plan de obras de la provincia. El consejero
Alejandro Francomano comunicó que el Consejo Escolar ha votado por unanimidad
la disposición por la que se considera que el nuevo edificio del Conservatorio debe
estar entre las obras prioritarias en el distrito. El contenido de esta disposición ha
sido puesto en conocimiento de la Unidad Ejecutiva de Gestión Distrital, que debe
definir el plan de obras. El Defensor del Pueblo expresó su voluntad de colaborar
desde su ámbito para que el Conservatorio de Música de Morón cuente con
instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades.
El Defensor del Pueblo analizó las posibilidades de concretar la propuesta
de nuevo edificio del Conservatorio en el lugar que actualmente ocupa, en
sucesivos encuentros de trabajo mantenidos con el Consejo Escolar y con el
Director de Cultura y Educación, conjuntamente con integrantes del referido
Consejo y con la participación del señor Intendente de Morón. Se consideraron los
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obstáculos de factibilidad económica para concretar la obra y las variantes
posibles, como la adecuación de un edificio escolar con posibilidad de ser utilizado
para las actividades del Conservatorio, compartiendo el ámbito con la escuela, que
actuaría también como departamento de aplicación para la práctica docente de los
alumnos del Conservatorio.
2.b. Escuela Secundaria Básica Nº 40, de El Palomar
En el contexto de búsqueda de edificio para el Conservatorio de Música de
Morón, el Defensor del Pueblo visitó la E.S.B. N° 40, en El Palomar. Pudo
comprobar el deterioro que han sufrido las instalaciones de esa institución escolar,
hasta el punto de que la actividad que se desarrolla enfrenta serias limitaciones. El
alumnado de la institución es escaso. Sin embargo, el edificio ha sido construido
con solidez y tiene capacidad para albergar una población escolar numerosa.
El Defensor del Pueblo estima que el arreglo del edificio debe ser parte de
un proyecto educativo integral e innovador. Por el lugar en que se encuentra,
vecino al Hospital Nacional Alejandro Posadas y al barrio Carlos Gardel, la puesta
en valor del edificio escolar debe también insertarse en el proyecto urbanístico de
reconfiguración de esa zona del Municipio. En esa línea, el Defensor del Pueblo
interesó a las autoridades de la Universidad Nacional de General Sarmiento para
que esta institución brinde su aporte al estudio socio ambiental de la zona en que
se encuentra la ESB N° 40. La razón de encargar el estudio a dicha Universidad es
que cuenta con un departamento especializado en cuestiones del Conurbano.
El propósito de ese estudio es evaluar las condiciones para generar un
impulso de desarrollo humano en la zona, incluyendo la puesta en valor del edificio
escolar y la posibilidad de que en él funcione un anexo del Conservatorio de Música
de Morón, que ocupe parcialmente las instalaciones. Se considera que, por su
ubicación, puede concretarse en las actuales instalaciones de la ESB N° 40 un
proyecto educativo de enseñanza media, preuniversitaria, de irradiación regional.
Una alternativa propuesta por el Defensor del Pueblo de Morón es que dicho
proyecto tenga una impronta vinculada con la educación artística. A tal fin, resulta
importante la vinculación con el Conservatorio.
El Intendente municipal de Morón ha manifestado al Defensor del Pueblo la
disposición de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura aledaña al predio,
principalmente en las condiciones de acceso.
La propuesta de la creación de un centro educativo de calidad, con
orientación a la formación artística, ha sido compartida por el Defensor del Pueblo
en las sucesivas reuniones mantenidas con las autoridades del Conservatorio de
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Música, con los integrantes del Consejo Escolar de Morón, con el director general
de Cultura y educación de la Provincia de Buenos Aires y sus colaboradores y con
el Intendente Municipal de Morón.
2.c. Espirómetro para el Dispensario de Vías
Respiratorias, de Morón
En abril de 2011, el Defensor del Pueblo tomó conocimiento de que el
espirómetro del Dispensario de Vías Respiratorias, ubicado en la calle Cabildo de la
localidad de Morón, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, no funcionaba desde el mes de noviembre del año anterior. Dado que se
trata de un centro especializado en vías respiratorias, y que en la zona sólo el
Hospital Posadas y el Instituto Güemes de Haedo contaban con espirómetros, inició
una actuación de Oficio.
Ante la falta de respuestas a las comunicaciones enviadas a la Dirección de
Hospitales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se trasladó la
gestión del caso a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la cual
fue asignada al Área de Derechos y Garantías de dicha Defensoría y caratulada bajo
el expediente 1531/11.
No obstante ello, en el mes de junio el Defensor del Pueblo volvió a dirigirse
a la Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
a fin de obtener una respuesta. Finalmente, el 18 de julio el Área de Tecnología
Médica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que el día
9 de junio se entregó un espirómetro computarizado, marca MIR, modelo
SPIROBANIK G Serie A23- 048.03232 al Dispensario de Vías Respiratorias, así
como una computadora a efectos de poder realizar impresiones y guardar la
información de los pacientes. Resuelto satisfactoriamente el problema, el Defensor
del Pueblo decidió dar por finalizadas y archivadas las actuaciones.
2.d. Deficiencias del Programa Federal Incluir Salud
El Programa Federal Incluir Salud, ex PROFE, es un programa del gobierno
nacional que se implementa en la órbita de la Dirección Nacional de Prestaciones
Médicas del Ministerio de Salud de la Nación. Su misión es brindar cobertura
médica integral a los beneficiarios de pensiones no contributivas, transfiriéndose
el recurso presupuestario que corresponde a cada Provincia. Sus destinatarios
constituyen una población muy vulnerable, con ingresos muy limitados y sin
ningún respaldo patrimonial.
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Desde el año 2009 los reclamos ingresados en esta Defensoría del Pueblo,
referidos a temas de salud, se focalizaron en el incumplimiento y falencias del
Programa Federal. Los reclamos más comunes planteados por los beneficiarios se
concentraron en las demoras en la autorización de recetas e insumos y las
dificultades para su obtención; la escasez de farmacias adheridas, la falta de
asesoramiento y mala atención por parte de los empleados administrativos de las
diferentes delegaciones.
Alertados por esta situación y los inconvenientes en la operatoria, durante
el transcurso de la gestión, la Defensoría del Pueblo de Morón participó
activamente junto con el Sr. Intendente de Morón Lic. Lucas Ghi, el Sr. Ministro de
Salud de la Provincia de Buenos Aires Dr. Alejandro Collia, en reuniones para
interesarlo de las graves dificultades que evidenciaba el programa. De esa
entrevista, quedó confirmado que la administración del programa en la provincia,
hasta entonces a cargo de IOMA, pasaría directamente al ministerio.
Como resultado, durante el transcurso de 2012 se observaron mejoras en el
funcionamiento del Programa; éstas se vieron reflejadas en la disminución de
reclamos y, en los casos abordados se obtuvo una rápida y favorable respuesta.
Aunque durante 2013 se reiteraron los reclamos y fue necesario intervenir
nuevamente, luego las cuestiones planteadas fueron encontrando respuesta y
solución.
No obstante esto, cotidianamente la Defensoría del Pueblo continúa
trabajando para garantizar el acceso a la salud de esta población tan desfavorecida.
2.e. Averiguación de Identidad
La Ley 13.482, que regula la actividad de las policías de la provincia de
Buenos Aires, establece en su artículo 15 las situaciones en que el personal policial
está facultado para limitar la libertad de las personas. El inciso c) confiere esta
posibilidad “cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que
razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la
documentación que la acredita”. Al amparo de esta disposición, la Policía en
numerosas oportunidades ha detenido a personas, incluso por varias horas, y
creando la figura de “averiguación de antecedentes”, no contemplada en la
mencionada ley.
El Defensor del Pueblo, puesto en conocimiento de algunas de estas
situaciones por personas que las han padecido, ha requerido información a la
dependencia policial actuante en el caso para corroborar el hecho, ha interesado a
la Auditoría de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Justicia y
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Seguridad para que investigue la actuación policial y ha comunicado las denuncias
al Defensor del Pueblo de la Provincia, expresando la necesidad de que se revise
este modo de actuación, en la convicción de que se realiza bajo una interpretación
incorrecta de la ley, aun cuando los funcionarios policiales sostengan que los
jueces de Garantías son informados de estos procedimientos y no expresen
disconformidad al respecto.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo de Morón se complace por el
dictado de la Resolución 2279/12 por el Ministro de Justicia y Seguridad
provincial, por la cual se aprobó el “Protocolo de actuación de las Policías de la
Provincia de Buenos Aires para su intervención en los casos de averiguación de
identidad”, con la finalidad expresa de “adecuar el límite de la libertad ambulatoria
de las personas para determinar su identidad a estrictos parámetros de necesidad,
proporcionalidad, mínima intervención, mínima duración, respeto irrestricto a la
ley y los derechos humanos”.
El estricto cumplimiento de este Protocolo de actuación debe significar el
cese de numerosas conductas arbitrarias por la policía, en detrimento de los
derechos de las personas que habitan en nuestra provincia o transitan por ella.
3. Cuestiones en que se requirieron decisiones del
Poder Ejecutivo Nacional
3.a. Servicio de Ferrocarril línea Sarmiento,
administrado por TBA
El Defensor del Pueblo del Municipio de Morón, comenzó a actuar de oficio
en 2009, en el tema de la administración de TBA sobre el ex Ferrocarril Sarmiento.
La mala calidad de servicio que han sufrido los vecinos y vecinas de Morón que
utilizan este medio de transporte ha sido un tema de preocupación del Defensor
del Pueblo de Morón.
En marzo de 2010, mantuvo una reunión con el entonces interventor de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Dr. Sícaro, el Intendente
de Morón Lic. Lucas Ghi, el Secretario de la UGC N°2, y vecinos de Haedo. Dicha
reunión se circunscribió casi exclusivamente a la posible apertura del paso a nivel
de la calle Fresco en la localidad de Haedo, a pesar de los intentos del Defensor del
Pueblo por incorporar los demás temas.
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El día de la reunión el Defensor del Pueblo entregó al interventor de la
CNRT y, por medio de él, al presidente de TBA, una carta que detallaba un listado
de reclamos específicos que deberían resolverse con carácter perentorio. Allí se
detallaban temas vinculados al acceso y estado de las estaciones, sanitarios,
bancos, máquinas expendedoras de boletos, reapertura de pasos a nivel y mejora
de las vías, entre otros temas.
El día 5 de agosto del mismo año el Defensor del Pueblo logró concretar una
reunión con TBA. A la misma asistió el Intendente de Morón Lic. Lucas Ghi y varios
funcionarios de la empresa. En dicha reunión, las autoridades de TBA expresaron
su deseo de mantener un canal de diálogo fluido con esta Defensoría,
comprometiéndose también a responder por escrito los reclamos puntuales
mencionados en aquella carta. La respuesta fue recibida y la mayoría de los puntos
fueron rechazados, y expusieron los argumentos que sostenían dichas negativas.
Luego del accidente de Once, en febrero de 2012, y de la posterior
intervención del servicio por parte del Estado Nacional, la Defensoría del Pueblo
continuó trabajando en torno a este tema. Se realizaron relevamientos fotográficos
y se enviaron pedidos de informes a las autoridades, gestiones que aún continúan
en curso.
3.b. Préstamos a Jubilados
En el año 2011 se realizó una campaña de información relativa a los
préstamos que se otorgan a jubilados y pensionados en mutuales y financieras. Con
afiches informativos, que se enviaron a todos los centros de jubilados del Distrito,
se ofreció información detallada sobre los recaudos que los solicitantes deberían
tener en cuenta antes de solicitar estos préstamos. A raíz de esta difusión, el
presidente de un Centro de Jubilados se acercó planteando varias dudas. Luego se
realizó una serie de entrevistas con el Defensor del Pueblo, el área jurídica de la
Defensoría y los jubilados que planteaban sus situaciones, para estudiar cada caso
en particular.
En tal sentido, se remitió un pedido de informes a la ANSeS y al INAES
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informándoles la situación de cada
uno de los jubilados.
La ANSeS, respondió que la Resolución D.E. 336/09 quedó suspendida en su
ámbito de aplicación, hasta tanto no se resolvieran los autos caratulados
“Confederación Argentina de Mutuales c/ En-ANSES Resolución 336/09 (905/08)
s/ proceso de conocimiento (Expte. 5495/10)”. Asimismo, indicó que las
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operatorias de las Entidades que efectúan descuentos a favor de terceros, en lo
referente a la Tasa de Interés que aplican a sus afiliados, se rige por el Art. 13 de la
Resolución D.E. 905/08.
El INAES suministró toda la información de los jubilados en las distintas
mutuales implicadas. Se pudo observar que en todos los casos hubo
consentimiento de los jubilados. No obstante, esto sirvió para transmitir a los
jubilados que aún así podían solicitar la baja de afiliación en la Mutual en cuanto
cancelaran sus créditos, dado que en algunos casos había existido publicidad
engañosa o falta de información al momento de afiliarse en lo referente a las tasas
e intereses aplicables, que varían según la cantidad de cuotas requeridas, más la
cuota que deben abonar por estar asociados a la Mutual por la cual se solicitó el
crédito.
Luego de la información suministrada por la ANSeS y el INAES se mantuvo
una nueva reunión en el Centro de Jubilados a fin de despejar dudas en cada caso
en particular.
De la mano de lo anteriormente planteado, a mediados del año 2012, por
reiterados reclamos de jubilados que cobraban sus haberes en el Banco
Supervielle, se acordó actuar de manera conjunta entre la Dirección de Defensa del
Usuario y el Consumidor, ANSes y el Defensor del Pueblo de Morón a fin de lograr
una articulación que permitiera una defensa y asesoramiento a los jubilados
respecto a los créditos y otros servicios que contraían, a la par de cuestionar la
metodología mediante la cual los créditos eran ofrecidos en esa institución.
Luego de haber avanzado en la resolución de algunos de los problemas, la
actuación de la Defensoría del Pueblo de Morón cobró mayor importancia desde la
intervención de la Presidencia de la Nación, en diciembre de 2011, respecto los
límites de la tasa de interés de los préstamos a jubilados. Entonces se estableció
que esa tasa no podía superar al cinco por ciento, que era lo cobrado por el Banco
Nación, y que la cuota de amortización e interés por préstamos no puede superar
el treinta por ciento de los haberes. Además se establecieron medidas de control
sobre mutuales, cooperativas, sindicatos y círculos, los que además de cobrar altas
tasas de interés, perciben una cuota mensual como asociado a la institución.
Las acciones conjuntas entre Defensa del Consumidor, ANSES y la
Defensoría del Pueblo en Morón sentaron las bases para convocar de manera
amplia a trabajadores sociales de PAMI y a la Dirección de Adultos Mayores del
Municipio, buscando así conformar una red de trabajo que permita resolver las
necesidades integrales de los jubilados de esta región.
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3.c. Inmigrantes senegaleses en la Argentina
Muchos migrantes senegaleses enfrentaron dificultades para regularizar su
residencia, como consecuencia del modo irregular de ingreso al país: no habían
registrado su ingreso en una dependencia de Migraciones y para permanecer en la
Argentina, presentaban un pedido de refugio que les era rechazado, por no estar
comprendida su situación entre las que se deben configurar para que se otorgue a
una persona el estatuto de refugiado.
Los migrantes apelaban dicha resolución negativa a su solicitud de refugio,
con lo cual se abría un período de revisión durante el cual obtenían un permiso de
residencia precaria. Pero su situación no se resolvía.
Al tomar conocimiento de esta situación por la consulta de personas de esa
nacionalidad, el Defensor del Pueblo de Morón se dirigió a la Dirección Nacional de
Migraciones recomendando el dictado de una normativa de excepción, que
posibilitara a los residentes senegaleses destrabar la situación irregular en que se
encontraban. Al propio tiempo interesó al Defensor del Pueblo de la Nación para
que acompañara esta gestión.
El citado organismo de Migraciones dictó a principios de 2013 dos
disposiciones –la 001/2013 y la 002/2013– para resolver las situaciones de
irregularidad migratoria de ciudadanos dominicanos y senegaleses.
A partir del 14 de enero de ese año y por un período de 180 días, los
migrantes de Senegal que hubieran ingresado a la Argentina con anterioridad al
dictado de esta disposición pudieron gestionar y obtener un permiso de residencia
temporal por un año, extensible.
La calidad de residente temporaria habilita a la persona para trabajar. Con
la acreditación de que se tiene un ingreso que le permite subsistir con sus propios
medios, el migrante puede, luego, obtener la residencia definitiva. La posibilidad de
regularizar su situación migratoria es de gran importancia para los migrantes
senegaleses dado que podrían trabajar bajo contrato, sacándolos de ese lugar de
vulnerabilidad y pudiendo poner en ejercicio sus derechos.
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4. Cuestiones en que se requirió al Municipio de
Morón el cumplimiento de normas legislativas
provinciales de protección y promoción de
derechos
4.a. Incumplimiento del cupo laboral para personas con
discapacidad
En el año 2009, el Defensor del Pueblo se interesó en saber si el Municipio
de Morón cumplía con la Ley 10.592 , que en su artículo 8° menciona que:
“El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las
empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de
derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas
por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, están obligados a ocupar personas discapacitadas que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al cuatro (4) por ciento de la totalidad de su personal y a
establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados
exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la
reglamentación.”
El Defensor de Pueblo remitió notas a la Dirección de Recursos Humanos
desde 2009, consultando sobre la cuestión. En marzo de 2010, se verificaron 28
(veintiocho) personas con discapacidad. A raíz de esto y dado que no se cumplía
con la norma, se continúa con los pedidos de informe. En enero de 2011, la cifra
ascendió a 30 (treinta) aún siendo este número muy inferior a lo exigido por la ley
provincial.
De acuerdo a dicha ley, la cantidad de personas con discapacidad que
debería incluir el Municipio de Morón debería rondar las 180.
Continuando con la preocupación sobre este tema, representantes de la
Defensoría del Pueblo se presentaron en la delegación Morón del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para solicitar información acerca del
Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SeCLaS). Los funcionarios consultados
informaron que este organismo es el responsable de la administración del sistema
de empleo para personas con discapacidad en la Provincia de Buenos Aires (Ley
10.592 anteriormente citada). Tiene la misión de planificar, establecer y diseñar
acciones y políticas tendientes a lograr la inserción laboral de las personas con
discapacidad según su capacidad y aptitud laboral, evaluando a las mismas con la
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finalidad de ubicarlas en instituciones públicas (obligatoriedad por porcentaje) o
empresas privadas, respondiendo a las demandas existentes en el mercado laboral.
Es de gran importancia señalar que SeCLaS “vela por el cumplimiento
efectivo del cupo mínimo del 4% establecido para el ingreso a la Administración
Pública Provincial”. Esta competencia no estaba siendo cumplida.
Frente a esta realidad, el Defensor del Pueblo decidió recomendar al
Honorable Concejo Deliberante de Morón (expediente abierto en HCD con No
70195/11) que sancione una ordenanza que establezca la obligación de incluir el 4
% de personas con discapacidad en el plantel municipal (en línea con la Ley
provincial 10.592).
Finalmente, en diciembre de 2013 se formalizó un convenio entre el
Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar Cuartango y el
Intendente Municipal, Lic. Lucas Ghi. Este convenio expresa el acuerdo para
emprender acciones conjuntas con el fin de implementar el Programa de Igualdad
de Oportunidades en el ámbito municipal, destinado a fortalecer los
procedimientos tendientes a incorporar trabajadores con discapacidad a su planta
de personal permanente.
4.b. Planta permanente de empleados municipales
Desde 2010 se está realizando un seguimiento de oficio respecto del tipo de
contratación de los empleados municipales y el pase a la planta permanente. En el
transcurso de 2011 se solicitaron informes al área de Recursos Humanos del
Municipio, a fin de verificar, entre otros puntos: la cantidad de empleados
designados, el tipo de contratación y la diferencia de sueldo entre conceptos
remunerativos y no remunerativos que existe entre los empleados contratados y
los que pertenecen a la planta permanente del personal. Durante este año, además,
el Municipio realizó –e informó debidamente- el pase a planta de distintos grupos
de empleados, según los criterios establecidos por el propio Municipio.
En octubre de 2013 se informó que el total de empleados era de 4.602. Los
que corresponden a la planta permanente suman 2.866, y 1.556 eran empleados
temporarios. También había 25 médicos interinos, 125 docentes provisionales y
20 pasantes. De los empleados temporarios, 501 tenían una antigüedad mayor a 3
años.
También se informó que no existe un plazo máximo de duración de los
contratos de planta temporaria y que según el criterio para hacer efectivo el Plan
de Incorporación Progresiva a Planta Permanente, se debe cumplir con tres
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requisitos: 1) Contar el empleado con una antigüedad mayor a 3 años; 2)
Aprobación del Director del área en la cual el empleado presta servicios, mediante
informe de desempeño, y 3) Armado de un proceso integral de pase de planta
temporaria a planta permanente, como se realizó en los años 2007 y 2011.
5. Cuestiones en que el Defensor del Pueblo instó a
la modificación de criterios de organismos
municipales
5.a. Licencia para conducir vehículos
Un vecino del Municipio de Morón solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo para obtener la renovación de su licencia de conducir para motocicletas de
más de 150 cc. y automóviles adaptados especialmente para visión monocular con
espejos parabólicos.
Esta persona padece de falta de visión de su ojo izquierdo y cuenta con el
Certificado de discapacidad pertinente. La negativa a la renovación fue emitida por
la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Legales, con fecha 3 de octubre de 2008, a
través de un dictamen en el que plantea: “Por cuanto, por todos los fundamentos de
hecho y de derecho expresados ut supra, esta Asesoría Legal considera que debe de
rechazarse la solicitud realizada (...), dado que se encuentra imposibilitado
legalmente para obtener la categoría correspondiente para poder conducir
motocicletas, conforme la normativa legal vigente”.
El Defensor del Pueblo consideró que la normativa invocada por el
dictamen de la Asesoría Legal, (decreto de necesidad y urgencia N° 40/07) no
menciona a las motocicletas, cuestionando por tanto se interprete que la
prohibición se extiende a las licencias para conducir esta clase de vehículos por
parte de personas que sufran discapacidad, aún cuando el requirente cumplimente
todos los requisitos exigidos. En efecto, argumenta y recomienda: “Que siempre
resulta necesario, para una correcta interpretación de las leyes, decretos y
reglamentos, efectuar su lectura a la luz de la normativa supralegal -es decir la
Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales-; y
que particularmente este principio es indispensable cuando se trata de decidir
respecto de limitación o negativa de ejercicio de determinados derechos”, a lo que
agrega: “Se ha de tener presente que si una normativa estableciera a priori la
prohibición o la limitación del ejercicio de un derecho a todas las personas con
alguna discapacidad, sin considerar cada caso en particular, resultaría irrazonable y
discriminatoria”.
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Entre otros argumentos, el Defensor del Pueblo concluye que la
reglamentación en que se basa el dictamen negativo emitido por la Asesoría legal
de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Legales de la Municipalidad de Morón
ha perdido vigencia, puesto que reglamenta un decreto de necesidad y urgencia
que ha quedado suprimido al sancionarse la Ley provincial N° 13.297, en vigencia a
partir del 1 de enero de 2009, mediante la cual la Provincia de Buenos Aires
adhiere a la Ley nacional de Seguridad Vial N° 24.449, actualizada por la Ley N°
26.363.
Dado que el requirente cumple con las condiciones que allí se plantean para
obtener la licencia de conducir, y que por su discapacidad cumple con las
adaptaciones pertinentes por visión monocular, le debe ser otorgada dicha licencia
sujeto a la aprobación de una prueba de aptitud.
Finalmente, el 20 de noviembre de 2009, la Dirección de Tránsito y
Transporte otorga la licencia de conducir demandada. Es de señalar que el Sr.
Intendente Lic. Luchas Ghi ha concordado con la opinión vertida por esta
Defensoría.
6. Cuestiones dependientes de decisiones del Poder
Ejecutivo Provincial
6.a. Licencia profesional para conducir vehículos
Un vecino del partido de Morón expuso que la Dirección de Tránsito y
Transporte del Municipio le negó la renovación de su licencia de conducir
profesional por haber cumplido los 65 años de edad. Según el denunciante, la
negativa a renovarle la licencia vulnera las expresas disposiciones de la Ley de
Seguridad Vial.
El Defensor del Pueblo remitió una nota a la Dirección provincial de Política
y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, recomendándole que ordene
expresamente a la Dirección de Tránsito y Transporte que proceda a habilitar al
denunciante para la obtención de la renovación de su licencia de conducir, siempre
que apruebe los exámenes de aptitud física y de idoneidad.
El Defensor expresó que la ley expresa la prohibición de que personas
mayores de 65 años tramiten por primera vez la licencia profesional, pero en el
caso del denunciante solo necesitaba la renovación porque hacía años que
manejaba en esa categoría.
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7. Cuestiones dependientes de decisiones del
Departamento Ejecutivo Municipal
7.a. Inundaciones
Grupos de vecinos de los barrios Seré, de Castelar, y San José, de Morón Sur,
presentaron reclamos en la Defensoría del Pueblo por los inconvenientes sufridos
a raíz de las recurrentes inundaciones. En ambos casos se iniciaron las gestiones y
se realizaron pedidos de informes a las dependencias municipales para determinar
las causas de estas inundaciones, y la búsqueda de posibles soluciones.
En ambos casos se pusieron en marcha distintas obras y mejoras, que al
momento de la redacción de este informe continuaban en marcha. Pero también se
logró entablar reuniones entre los vecinos y el Municipio, para poder acercar las
inquietudes e inconvenientes que atravesaban los vecinos, y estos pudieron tener
información precisa acerca de las maneras en que se buscaba dar solución al
problema.
Las gestiones vinculadas a estos casos se pueden leer detalladamente en el
capítulo Intervenciones destacadas, apartado 1.a.
7.b. Aguas servidas
Un grupo de vecinos presentó un reclamo en la Defensoría del Pueblo en
mayo de 2010, sobre la presencia de aguas servidas en Castelar. Se trata de la zona
de la calle Arias y su intersección con la Avenida Santa Rosa y otras calles aledañas,
que se encuentran con un importante nivel de agua corriendo al margen del
cordón.
El agua que llegaba desde Arias y Santa Rosa recorría 300 metros hasta una
alcantarilla pequeña, la que se encontraba rota, además de que el nivel de
absorción no era el adecuado, por lo que el agua se acumulaba en el trayecto.
Arias es una calle de doble mano fuertemente transitada tanto de flujo
vehicular como peatonal, por lo que resultaba imposible caminar por la vereda sin
ser mojado con el agua sucia que salpican autos y colectivos. Los olores en la zona
eran fuertes y se agravaban en época de verano.
Los vecinos frentistas construyeron canteros de cemento cercanos al
cordón para paliar de alguna manera el avance del agua, pero en aquellos lugares
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donde no existía esto y las veredas estaban en mal estado, existían depósitos de
agua servida que impedían el tránsito normal por esa calle.
Si bien es cierto que parte del agua provenía del Municipio de Ituzaingó y
que ello se agravaba porque la zona mencionada no contaba con cloacas, urgía la
necesidad de estudiar posibles soluciones con nuevas bocas de tormenta para
aliviar el flujo de agua.
Frente al reclamo del Defensor del Pueblo, la UGC 4 respondió que luego de
un estudio realizado por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, dicha obra
sería ejecutada por la Dirección de Obras dependiente de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, estimándose que se realizaría en el trascurso del año 2011.
En octubre de 2011 se concluyeron las actuaciones, dado que se realizó
limpieza de las bocas de tormenta y se realizó el arreglo en la placa de hormigón y
se niveló la calle en la esquina de Arias y Merlo. Respecto al tema de fondo, que es
el anegamiento de agua en la zona, la Dirección de Saneamiento, que depende de la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano, informó que se evaluaría si la solución "a
la problemática planteada sería factible a partir de la ejecución de la segunda etapa
de la obra Saneamiento de la Cuenca de aporte en el Zanjón Martínez", entonces en
proceso de licitación por parte del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
7.c. Desalojo de viviendas
En abril de 2009, una familia trabajadora, constituida por un matrimonio de
origen paraguayo con dos hijos pequeños, accedió al alquiler de una habitación en
Morón Sur, por medio de un aviso puesto en una cartelera. Se trataba de una
vivienda de carácter muy precario y de dimensiones exiguas.
A poco tiempo de vivir en el lugar, se realizó el censo municipal por parte de
la Dirección para la Producción Social del Hábitat. La familia fue informada de que
el inmueble que había alquilado era de dominio público municipal. Aconsejada por
el personal de esa dependencia, la familia dejó de abonar los alquileres.
Inmediatamente comenzaron las amenazas por parte de distintas personas para
exigir el pago, hasta que en septiembre de ese año se presentaron en el lugar seis
personas, quienes tras forzar la entrada y en momentos que el padre de familia
estaba trabajando, golpearon a la locataria e intimidaron a sus hijos y sacaron sus
pertenencias del lugar.
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La familia quedó en la calle y se acercó a la Defensoría del Pueblo para
reclamar ayuda, mientras era albergada y contenida por vecinos solidarios que
también colaboraron para que no perdiera sus pertenencias.
Orientados desde la Defensoría para realizar las respectivas denuncias y
acciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 12 de Morón
con fecha 2 de octubre de 2009 libró mandamiento para la restitución del
inmueble. De esta manera la familia recuperó la vivienda y fueron desalojados por
la fuerza pública quienes permanecían en ella.
En abril de 2010 se dictó sentencia definitiva. Si bien se explicita que el
interdicto de recobrar no constituye una acción posesoria propiamente dicha ni
una acción real fundada en una presunción de propiedad, sino una disposición de
orden público tendiente a prevenir la violencia y el atentado de hacerse justicia por
sí mismo, es procedente la demanda al sólo efecto de restituir las cosas al estado
en que se encontraban a la fecha de la desposesión. “... La posición adoptada -señala
la Jueza- tiene su fundamento en que los accionados no debieron acudir a las vías de
hecho, sino que debieron ejercer las acciones que a su juicio podrían asistirles”.
La familia locataria obtuvo así la oportunidad de cumplir con las
reglamentaciones exigidas en el Municipio para adquirir la propiedad. ES necesario
mencionar que la acción de organismos e instituciones, dinamizadas por la
decisión y valentía de la familia vulnerada, fue coronada por una acción y decisión
judicial realizada en tiempo y forma, lo que ha permitido sentar precedente así
como dar clara señal a quienes de lucran con los bienes públicos y las necesidades
de los sectores más humildes de la población.
7.d. Viviendas sin escritura
Gran cantidad de vecinos que no tenían título de propiedad de sus viviendas
consultaron a la Defensoría del Pueblo, y se los asesoró para que regularicen su
situación a través de la llamada “Ley Pierri” (Nro. 24.374). Este es un programa de
regulación de tierras para quienes la ocupan para uso de vivienda "única, familiar y
permanente". En este caso se les brindó un detalle sobre qué documentación
debían presentar y a qué Escribanía debían recurrir para iniciar el trámite.
7.e. Parador para niños y niñas en situación de calle
Es ampliamente conocida la situación de adversidad que atraviesan las
niñas, los niños, las y los jóvenes que no cuentan con una alimentación adecuada,
ni con condiciones mínimas de albergue frente a las serias inclemencias climáticas,
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77
ni con recurso alguno para su higiene personal. En octubre de 2009 la Defensoría
del Pueblo propuso al Municipio la instalación de un parador para estos chicos en
situación de calle. Se consideró que aún cuando ello implicara esfuerzos
económicos y humanos que habría que solventar y jerarquizar desde el Municipio,
se trata de derechos inalienables para poder crecer, integrarse y desarrollarse en
una sociedad más justa e igualitaria.
Desde la defensoría se considera que no siempre se comprende esta
dimensión única y fundamental de la pobreza, cuando una parte de la sociedad
reclama unilateralmente medidas de seguridad. Es responsabilidad de quienes
ejercemos la función pública, por tanto, avanzar en la resolución de este problema.
Se han llevado a cabo conversaciones con sectores involucrados del Municipio con
el fin de encontrar una salida para la situación.
7.f. El derecho a la defensa en las actuaciones abiertas
por infracciones en el orden municipal.
En el municipio de Morón, la actividad jurisdiccional en materia de faltas se
ejerce por los jueces administrativos de Faltas. La competencia, en el grado de
apelación, corresponde a los jueces correccionales.
El Defensor del Pueblo considera que se deben asegurar las garantías
correspondientes –en particular la de estar suficientemente informado sobre la
falta que se le imputa y el derecho de defensa– a la persona acusada por la
comisión de una falta ya que enfrenta un proceso y, en el caso de ser encontrada
responsable, será penalizada con alguna de las sanciones previstas en el Régimen
Municipal de Faltas. Se requiere, en consecuencia, que la persona imputada de la
falta tenga asegurada la asistencia técnica jurídica, particularmente para sustanciar
el eventual recurso en sede judicial. A partir de esta consideración, el Defensor del
Pueblo consultó a la Defensora General del Departamento Judicial de Morón, sobre
la disposición del Ministerio Público de asistir jurídicamente a quienes decidan
apelar las determinaciones de la Justicia de Faltas. El Ministerio Público de la
Defensa ha asegurado que las personas que decidan recurrir las sentencias de la
Justicia de Faltas ante el juez correccional, podrán contar con el servicio de la
Defensa oficial. Ha solicitado, adicionalmente, que se instrumente un mecanismo
para que los expedientes de las causas en que dicho Ministerio Público deba actuar,
lleguen en tiempo y forma a la Defensoría General y desde ésta retornen a la
Justicia de Faltas con la eventual presentación de la apelación debidamente
fundada.
En cuanto a la asistencia letrada de los infractores, en la audiencia ante el
juez de Faltas, el Defensor del Pueblo considera que se debe asegurar una
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78
asistencia al menos con el carácter de asesoramiento jurídico, que garantice, al
administrado que comparece, el respeto de sus derechos y la exclusión de
arbitrariedad en tal circunstancia.
7.g. La eficacia de las sanciones impuestas por la Justicia
de Faltas de Morón
La ley otorga a los gobiernos municipales la potestad de penalizar las
conductas que transgredan las normas originadas en disposiciones municipales, o
bien la normativa de orden nacional o provincial cuyo cumplimiento deben
supervisar las municipalidades. El sentido del poder sancionatorio es la protección
de los derechos de otras personas y, en definitiva, de la comunidad, que son
lesionados por las conductas prohibidas. Se espera, de los integrantes de la
sociedad, que la determinación de las prohibiciones y la consecuente sanción ante
las transgresiones evite que se incurra en conductas que dañen a esos bienes. Para
ello es condición indispensable que las conductas prohibidas sean efectivamente
esclarecidas y sancionadas; y que las sanciones se cumplan efectivamente.
El Defensor del Pueblo ha notado con preocupación que, frente a
determinadas conductas prohibidas, en detrimento de bienes cuya custodia ha sido
encomendada a la autoridad municipal, la sanción del Municipio se establece pero
no se cumple. Particularmente son desobedecidas las determinaciones de la
Justicia de Faltas que implican cese o corrección de las actividades prohibidas por
lesionar los derechos de la comunidad: clausura de comercios, demoliciones de
obras, etc. La autoridad municipal aduce límites en sus prerrogativas legales para
hacer que sus determinaciones se cumplan. Es cierto que la sentencia del tribunal
municipal queda en suspenso, en tanto la persona recurre la medida en sede
judicial. Pero, en otros casos, la persona no articula el recurso de apelación, sino
que directamente ignora, en los hechos, la determinación del órgano municipal.
El Defensor del Pueblo no propugna un ejercicio de la facultad sancionatoria
por mera muestra de autoridad; tampoco pone énfasis en que dicha facultad se
juegue por igual en todos los órdenes. Pero en aquellas esferas en que la infracción
implica el deterioro de la calidad de vida de otros integrantes de la comunidad, y
en definitiva de la comunidad como tal, es necesario que la facultad sancionatoria
se desarrolle plenamente para evitar que las conductas prohibidas continúen o,
aun cuando cesen, no se corrijan sus efectos deletéreos. La ley provincial califica de
“especial gravedad” las faltas “que atentaren contra las condiciones ambientales y de
salubridad pública”; y en especial las infracciones a las ordenanzas que regulan la
protección de estos bienes.
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79
El Defensor del Pueblo ha recomendado a la autoridad municipal que,
cuando se trata de defender los derechos humanos de los habitantes del Municipio,
se utilicen plenamente las prerrogativas reconocidas. Además, ante casos de clara
desobediencia a las sanciones municipales -como por ejemplo la ruptura de las
fajas de clausura o la continuidad de construcciones antirreglamentarias-, que
configurarían delitos de acción pública, ha recomendado que se inste la
correspondiente acción de investigación y persecución penal.
7.h. Corredor Avenida Presidente Perón (ex Gaona)
En noviembre de 2011 el Defensor del Pueblo de Morón recibió el reclamo
de una persona domiciliada en Ramos Mejía, partido de La Matanza, quien
denunció la instalación de un local bailable en el territorio del municipio de Morón,
que no cumpliría con la disposición que prohíbe instalar este tipo de
emprendimientos a una distancia menor de doscientos metros de un edificio
escolar. Desde la Defensoría del Pueblo se comprobó la existencia, en la zona, de
numerosos locales funcionando y de otros que estaban en preparación para ser
abiertos. Pocos inmuebles mantienen su carácter de residencias familiares, como
en el caso de la denunciante. Se constató suciedad en la zona, como resabio de la
actividad nocturna. Se constató la presencia de un jardín de infantes a unos cien
metros de locales bailables, en la vereda correspondiente al municipio de La
Matanza.
En vista de que se trata de una realidad que involucra a los municipios de
Morón y de La Matanza, los defensores del pueblo de los referidos distritos
decidieron trabajar conjuntamente. Esta decisión fue puesta en conocimiento de la
persona denunciante.
Los defensores del pueblo de Morón y La Matanza acordaron recomendar a
ambos municipios que se coordinen las tareas de limpieza integral luego de la
actividad nocturna en el corredor de la avenida Gaona (partido de La
Matanza)/Presidente Perón (partido de Morón); así como las medidas para
mejorar la iluminación. Igualmente acordaron solicitar a ambos municipios
información referente a todos los locales de la zona, incluyendo el tipo de
habilitación y si poseen autorización del REBA para el expendio de bebidas
alcohólicas. Se decidió consultar sobre medidas especiales de supervisión en la
zona; por ejemplo, inspectores municipales trabajando en las horas de actividad,
para verificar el cumplimiento de los límites a los niveles sonoros; los límites
horarios sobre expendio de bebidas alcohólicas; la ocupación de la vía publica por
parte de los comercios; la seguridad edilicia; el respeto a la capacidad máxima de
personas habilitada para el local; el cumplimiento de los horarios de ingreso y
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80
egreso. Acordaron igualmente solicitar mayor seguridad policial sobre el corredor
y vigilancia en los ingresos y egresos a la zona.
En una reunión mantenida el 5 de setiembre por el Defensor del Pueblo con
el Secretario de Gobierno y el Secretario de la Unidad de Gestión Comunitaria No 7,
éste manifestó que la situación en el corredor de la calle Presidente Perón ha
mostrado importantes avances. Hay una guardia permanente de inspectores
municipales los días miércoles, jueves, viernes y sábado. Contar con un puesto fijo
de inspectores permitió una mayor fiscalización del Municipio. Sostuvo que
permanece como problema la desconcentración de los jóvenes a la hora del cierre
de los boliches e insistió en la necesidad de incrementar la presencia policial.
En septiembre, con la presencia del Secretario de Seguridad del Municipio,
el Subcomisario de la Comisaría de Villa Sarmiento, el Secretario de la UGC 7 y el
Defensor del Pueblo se concretó una nueva reunión. El Secretario de Seguridad se
comprometió a que se contará con presencia de Gendarmería en la zona, para
reforzar la labor policial, ante la evaluación de que faltan recursos de personal y
móviles policiales para desarrollar su tarea en tiempo y forma. Por su parte, el
Defensor del Pueblo se comprometió a tratar con el Jefe de la Departamental de
Morón, la posibilidad de contar con mayores refuerzos mientras transcurre la
actividad nocturna.
7.i. Arbolado Público
La cuestión del arbolado público es fundamental y de preocupación
permanente para la Defensoría del Pueblo del Municipio.
Luego del tornado que castigó la región en abril del 2012, y que dejó un
saldo enorme de ejemplares destruidos y otros tantos en situación de peligro,
resulta fundamental idear un proyecto integral que resuelva en el largo plazo las
carencias que aún se mantienen.
Nuestra ciudad crece año a año y se ha visto incrementada la cantidad de
edificios y cemento de manera sostenida pero no fue contemplada de igual modo
la forestación de especies arbóreas que contribuyan a mejorar la vida de los
vecinos y vecinas en los años venideros.
Se ha planteado en los informes anteriores la necesidad de que el Consejo
del Arbolado Público cumpliera con sus funciones para lo que fue constituido
mediante el decreto 999/07 y reglamentado en marzo del año 2011.
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81
En 2013, por la difusión otorgada en el espacio radial del Defensor del
Pueblo, el tema se volvió a situar en la agenda pública. Desde la Dirección de
Políticas Ambientales volvieron a convocar a vecinos, funcionarios y
organizaciones a integrar el Consejo y se reanudaron las reuniones periódicas, esta
vez con sede en la Reserva Natural Urbana del Municipio.
7.j. Antenas
La instalación de antenas, particularmente las de telefonía móvil, ha
movilizado a grupos de población vecinos a los lugares en que están emplazadas o
cuyo emplazamiento se proyecta. La preocupación manifestada ante el hecho de
que se instalen antenas se debe a dos motivos; uno, es la inconveniencia de la
erección de torres metálicas en zonas densamente pobladas, por el eventual riesgo
que implica su construcción y por la agresión al equilibrio estético que puede
suponer tal tipo de construcciones en medio de las poblaciones. La segunda razón,
y de la mayor impacto movilizador, que ha llevado a expresarse colectivamente en
contra de la instalación de antenas de telefonía móvil, es la duda que se plantea
acerca del efecto dañino para la salud que tienen las referidas antenas al funcionar.
Las inquietudes de los vecinos de Morón han llegado, en varios casos, al
Defensor del Pueblo. La intervención de éste se ha guiado por algunos criterios,
que a continuación se exponen.
Ante todo, se ha tomado en cuenta la existencia de la normativa existente
sobre emplazamiento de las torres y las antenas, por una parte para exigir su
estricto cumplimiento; por otra, además, para analizar si la normativa toma en
cuenta el resultado de las investigaciones que se realizan en relación con el
supuesto impacto de las referidas antenas sobre la salud de la población. En este
caso, si existiera una inadecuación de las normas a las conclusiones científicas,
para reclamar su modificación ante los órganos pertinentes.
Además, se ha compartido la problemática con otras defensorías del pueblo
y se ha comprobado que se trata de una preocupación extendida, que ha merecido
respuestas diversas. El colectivo de los defensores del pueblo, en orden a adoptar
una postura en consonancia con su misión de defensa del derecho a la salud y a
vivir en un ambiente sano, ha recabado información de fuentes autorizadas sobre
el riesgo para la salud que puede significar el emplazamiento de las antenas de
telefonía móvil.
La información suministrada por los expertos es útil, en orden a establecer
criterios de actuación en este tema. Han expresado que todos los estados, y entre
ellos la Argentina, han dictado normas que establecen límites a la intensidad de las
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82
emisiones. La multiplicación del uso de la telefonía celular implica la necesidad de
que existan antenas para transmisión de las comunicaciones. La proliferación de
antenas no comporta por sí un riesgo; ya que, cuantas más antenas haya, menor
será la intensidad de las emisiones de cada una.
Los expertos consultados por los defensores del pueblo han llamado
también la atención acerca de que la preocupación que se manifiesta socialmente
respecto de los riesgos de la instalación de antenas no se tiene, correlativamente,
con los efectos que puedan tener los aparatos particulares que se portan y utilizan,
de forma permanente, junto al cuerpo. En consecuencia, han recomendado que se
inste a realizar una tarea educativa sobre prevención de daños, en relación con el
uso prudente de los teléfonos celulares.
Se debe enseñar sobre la inconveniencia de esperar la conexión de la
comunicación o de mantener largas conversaciones con el aparato junto al oído; así
como la inconveniencia de suministrar este tipo de aparatos a los niños pequeños
(los ocho años de edad se señalan, por algunos, como umbral para su uso). Se ha
sugerido a los defensores del pueblo que recomienden a los gobiernos y al sector
industrial seguir de cerca los avances científicos, así como la necesidad de
promover programas de investigación que faciliten la adopción de decisiones, a
partir de una información cada vez más completa.
Asumiendo que la normativa sobre este tema se basa en el conocimiento
obtenido hasta el presente como resultado de las investigaciones científicas, el
Defensor del Pueblo de Morón se ha propuesto diversas líneas de acción, algunas
de las cuales ya se implementan:
Ante cada denuncia presentada por personas o grupos de personas que
residen o desarrollan su actividad en cercanías de antenas de telefonía móvil, se ha
abierto un expediente de actuación. En todos los casos se ha solicitado información
a los órganos competentes municipales y provinciales, sobre el cumplimiento de
los requisitos para la habilitación de una antena.
La normativa vigente confiere a las municipalidades la facultad para
habilitar el funcionamiento de las antenas. En orden a ello, la administración
municipal debe emitir un certificado previo de factibilidad, que es presentado en el
OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), encargado de efectuar
las mediciones técnicas y comprobar que las señales emitidas no excedan los
valores permitidos. Con la aprobación del citado organismo provincial, el gobierno
municipal estará en condiciones de habilitar el funcionamiento de la antena, en
tanto la obra de infraestructura cumpla con las normas municipales establecidas
para este tipo de construcciones.
|
83
La información suministrada por la Municipalidad de Morón al Defensor del
Pueblo ha permitido saber que se dan diversas situaciones: en algunos casos, la
antena ha obtenido la habilitación correspondiente; en otros, el proceso de
habilitación está en trámite. En los casos en que se ha ordenado el
desmantelamiento de la torre sobre la que se ha erigido o se proyecta instalar la
antena, hay algunos en que se ha cumplido la orden; en otros, se ha apelado la
medida ante el poder jurisdiccional y el cumplimiento de la orden de
desmantelamiento depende de la respectiva determinación judicial.
7.k. Cooperativas de Trabajo
En 2013, la Defensoría del Pueblo recibió dos consultas respecto de la
administración de las Cooperativas enmarcadas en el Plan Agua más Trabajo y
Cloacas más Trabajo. Ambos reclamantes habían sido trabajadores de dichos
planes y expresaron sus dudas y reclamos sobre la creación y administración de las
mismas.
Uno de ellos expresaba no haber cobrado lo que le correspondía ni haber
estado cubierto con el seguro de riesgos del trabajo, al momento de accidentarse.
Además refirió objeciones, aludiendo que la cooperativa no se manejaba como tal
ya que las decisiones no eran consensuadas por sus integrantes así como tampoco
se les daba el mismo trato a todos por igual.
En el otro caso, expresó los inconvenientes que sufrió luego de una lesión
producida mientras se encontraba trabajando en la Cooperativa y las demoras y
gastos que tuvo que afrontar para poder tramitar su recuperación, ya que no tuvo
respuestas satisfactorias ni de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo ni tampoco en
la situación laboral subsiguiente, que culminó con su despido.
Con el objetivo de resolver estas cuestiones particulares pero por sobre
todo con el fin de transparentar el accionar de las Cooperativas de Trabajo, se
concretaron tanto pedidos de informes a la Dirección de Cooperativas del
Municipio, a la Dirección de Transparencia y Control de Gestión además de
reuniones entre el Defensor del Pueblo y los reclamantes; el presidente, tesorero y
otros integrantes de ambas Cooperativas y con otras áreas del Municipio tienen
relación directa con esta temática.
La Defensoría del Pueblo también convocó al Secretario de Transparencia,
Juan Le Bas, para coordinar acciones que mejoren la administración de fondos
cedidos para la creación y funcionamiento de las Cooperativas.
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84
Se continúa trabajando en las modificaciones en el procedimiento
administrativo con el fin de transparentar su funcionamiento. Los expedientes
referidos continúan abiertos y con las gestiones pertinentes a lograr arribar a una
solución definitiva.
8. Cuestiones planteadas ante organismos del
Poder Judicial
8.a. Denuncia penal
En agosto de 2009, el Defensor del Pueblo presentó una denuncia penal –
acompañada por la correspondiente prueba documental–, ante el Ministerio
Público Fiscal del Departamento Judicial de Morón, a partir de denuncias de
personas perjudicadas cuando tramitaron la compra de sus viviendas. La
presentación penal se efectuó ante el indicio firme de que se habían cometido
delitos de acción pública, lo cual exigía la presentación de la denuncia del
funcionario público –en este caso el Defensor del Pueblo– que tomara
conocimiento de los hechos.
Además, porque como consecuencia de las artimañas operadas por el
demandado, las víctimas enfrentaban, en algunos casos, acciones civiles con riesgo
cierto de desalojo de sus viviendas. Lamentablemente, pese a las manifestaciones
de diversos agentes fiscales (cuatro desde agosto de 2009 hasta fin de 2010) que
estuvieron a cargo de la causa, en el sentido de que se dedicarían a la investigación
del caso, ésta no ha registrado avances en todo ese tiempo. Incluso ha sufrido un
serio retraso la aceptación de las presuntas víctimas como particulares
damnificados, carácter que debieron asumir a fin de impulsar la investigación
fiscal y que alcanzaron en los primeros meses de 2011.
La tardanza en la investigación penal de los delitos denunciados preocupa al
Defensor del Pueblo, en tanto significa un perjuicio para personas burladas en su
buena fe, que sufren la amenaza de la pérdida de sus viviendas, así como un riesgo
para otras personas, en tanto los denunciados por su actuación fraudulenta
continúan actuando impunemente. Esta afirmación se funda en que la causa
transitó de una a otra fiscalía, para que estuviera a cargo de la unidad de
investigación que ya se ocupaba de otras denuncias contra el mismo agente
inmobiliario, por hechos parecidos.
|
85
8.b. Ocupación del espacio público en El Palomar
En el año 2009, y a pocos días de haber sido inaugurada la Defensoría del
Pueblo del Municipio de Morón, un grupo de vecinos presentó un reclamo que
reunía las quejas de muchos otros vecinos afectados. Detallaban que desde el año
2005 venían reclamando al Municipio para que limpiara y despejara la vereda de
una casa, en la que tanto en el exterior como en el interior, se acumulaban objetos
que impedían el libre tránsito por la vereda.
Desde entonces el defensor ha instado a la Municipalidad en reiteradas
oportunidades para que proceda a la desocupación del espacio público. La
situación se origina en la práctica compulsiva de acumulación de objetos por parte
de esta persona, que ocupan la totalidad de su vivienda, impidiéndole
prácticamente residir en ella. Los objetos que recoge llenan también un depósito
ubicado en el fondo de la casa, cubren la terraza, se acumulan en la vereda de la
vivienda e incluso ocupan un terreno frente a la casa. La situación se mantiene
desde hace varios años. Además del perjuicio evidente para la calidad de vida de
quien padece esta patología, el fenómeno también perjudica a los habitantes de las
casas vecinas y altera gravemente la convivencia en ese sector de la comunidad. El
vecino en cuestión tiene varios perros, cuya presencia resulta un peligro para los
vecinos y transeúntes, ya que están permanentemente en el exterior de la vivienda.
La Municipalidad ha realizado tareas de desocupación en la vía pública, por
momentos de modo sistemático, sin que se haya alcanzado el objetivo de limpieza,
por la recurrencia en la acumulación. Por otra parte, la autoridad municipal no se
ha considerado habilitada para ingresar a la vivienda, a fin de extraer los objetos
que hay en el interior. Ello impide que su titular pueda habitarla en condiciones
mínimas de confort y salubridad, y son fuente de presencia de insectos y roedores.
La Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales de la
Municipalidad de Morón ha encomendado a un profesional el acompañamiento de
esta persona, planteando como premisa evitar su internación psiquiátrica.
En 2011, y luego de tres años de actuación sobre el caso, el Defensor del
Pueblo dictó una resolución, en la que recomendaba al Departamento Ejecutivo del
Gobierno Municipal de Morón que tomara todas las medidas apropiadas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, con el fin de eliminar de manera
permanente los elementos depositados indebidamente en la vereda y adyacencias
del inmueble. Recomendó, también, que se verificara si la acumulación de objetos
en el interior de la vivienda, cuya existencia se exterioriza porque éstos cubren el
techo hasta una altura significativa, constituía un riesgo. Luego de más de un año
de dicha resolución, se verificó que la situación continuaba en las mismas
condiciones.
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86
Teniendo en cuenta que el problema se había originado en la actuación de
una persona habitante del lugar, el Defensor del Pueblo inició una actuación en el
Tribunal de Familia N° 1 del Departamento Judicial de Morón, solicitando que se
habilite el procedimiento reglado por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El
Tribunal acogió la petición del Defensor del Pueblo, para que la persona acceda a la
atención de salud a la que tiene derecho.
El Defensor del Pueblo entiende que la puesta en juego del recurso previsto
por la Ley de Salud Mental contribuye para que el gobierno municipal pueda
desarrollar las acciones destinadas a remover los objetos y desechos que ocupan
indebidamente el espacio público, así como los que se han acumulado en el
inmueble hasta el punto de hacer imposible que este sirva como vivienda.
El Defensor del Pueblo de Morón continúa su actuación, desde su
competencia específica, para que pueda habitar en su vivienda en condiciones
acordes con la dignidad humana. También para que los vecinos vivan con
seguridad y en un ambiente sano. Adicionalmente, se espera que la autoridad
municipal disponga de un espacio físico alternativo para que la persona pueda
acumular los objetos que, además, suele vender y representan su fuente de
subsistencia.
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87
Expedientes 2009-2013
Según tipo de actuación
Cantidad
980
810
1790
Actuaciones simples
Total
Actuaciones simples
%
54,75
45,25
100
45%
55%
|
88
Según actor
Vecinos/as
Defensor
Total
Cantidad
1727
63
1790
%
96,48
3,52
100
Defensor
4%
Vecinos/as
96%
|
89
Según tipo de denuncia
Cantidad
1591
68
64
41
24
2
1790
Verbal
Oficio
Correo electrónico
Telefónica
Escrita
Fax
Total
%
88,88
3,80
3,58
2,29
1,34
0,11
100
Fax
Escrita
Telefónica
Correo electrónico
Oficio
Verbal
0
200
400
600
800
1000 1200 1400 1600
|
90
Cantidad
1730
60
1790
Archivados
En curso
Total
%
96,65
3,35
100
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Archivados
En curso
|
91
Ingreso de expedientes por mes
Cantidad
82
104
145
167
205
185
162
188
142
145
160
105
1790
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
%
4,58
5,81
8,10
9,33
11,45
10,34
9,05
10,50
7,93
8,10
8,94
5,87
100
250
200
205
188
185
167
150
145
100
162
160
142
145
105
104
82
50
0
|
92
Pedidos de informes remitidos por la Defensoría
Al Municipio
Otros
Total
Cantidad
1164
295
1459
%
79,78
20,22
100
Otros
20%
Al Municipio
80%
|
93
Pedidos de informe remitidos al Municipio
En la siguiente tabla se detallan los pedidos de informe más relevantes
remitidos a las dependencias municipales durante los cinco años del período
señalado. Como en los últimos años se han producido cambios en la estructura
municipal, sólo se detallan aquellos que han recibido mayor cantidad de
comunicaciones.
Dirección de Inspección General
Dirección de Obras
Dirección Administrativa de Infracciones
Dirección de Espacio Público
Dirección de Obras Particulares
Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección de Saneamiento
Unidades de Gestión Comunitaria
Otras
Total
2009
2010
2011
2012
2013
Total
25
7
14
11
12
9
2
7
61
148
41
11
31
25
20
6
9
10
60
213
57
11
37
20
23
12
10
4
71
245
47
27
25
29
19
8
9
7
125
296
47
50
9
0
10
17
12
13
104
262
217
106
116
85
84
52
42
41
421
1164
|
94

Defensoría del Pueblo de Morón | Informe anual 2013

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