La necesidad imperiosa de democratizar las universidades

La necesidad imperiosa de democratizar las universidades

Educación superior y democracia
La necesidad imperiosa
de democratizar
las universidades
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación
Superior vigente en Paraguay, son principios
constitutivos de la educación superior, entre
otros, el respeto a toda persona, su dignidad
y derechos humanos; la libertad de opinión
y el pluralismo cultural, ideológico, político
y religioso; la democracia, el Estado social
de derecho y la solidaridad*. Estos principios
nos indican el espíritu que debe primar en las
instituciones de este nivel educativo en aras de
fortalecer el respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales, como expresa
el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Fernando Krug
*
Ley Nº 4995/2013 de Educación Superior, art. 5, inc b, c, d.
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DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
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Introducción
El sistema de educación superior paraguayo está conformado por las universidades, institutos superiores e institutos de formación profesional (instituciones de formación docente e institutos técnicos superiores)1. En su conjunto, se
constituye en el nivel más excluyente en el sistema educativo del país, teniendo
en cuenta que el 69 % de la población en edad de acceder a la educación superior de grado (19 a 25 años) hoy no asiste a ninguna institución educativa2.
En disonancia con lo pregonado por los principios democráticos de las leyes
vigentes, hoy se ha desatado una seguidilla de persecuciones en algunas universidades contra estudiantes y docentes que no concuerdan con el manejo
institucional por parte de las autoridades de turno, lo que dificulta el ejercicio
de los derechos consagrados en las normativas nacionales e internacionales.
Sumarios, sanciones y denuncias penales han sido algunas de las medidas que
se han efectuado contra estudiantes organizados y docentes críticos a las autoridades en facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con el
factor común de ser impulsados con motivos poco claros y a través de procesos
llenos de irregularidades3.
Se hacen cotidianas las instrucciones de sumarios administrativos y sanciones
consecuentes para estudiantes de la UNA en el mismo momento en que se va
rearticulando el movimiento estudiantil universitario en Paraguay, o está dando indicios de atravesar ese proceso, dadas las protestas que han ido organizándose desde el año 2012 y durante 2013 en reclamo por manejos administrativos poco transparentes y formas poco democráticas de conducir las facultades.
Los consejos directivos de diversas facultades de la Universidad Nacional –
como Ingeniería y Filosofía– han optado por limitar las libertades de expresión,
opinión y pensamiento, en defensa de sus miembros interpelados por participar de decisiones poco favorecedoras para el sector estudiantil. Al obrar de
este modo en las esferas directivas, en función de intereses personales o de
pequeños grupos, se desconocen los fines de la educación superior según lo
establecido en el artículo 73 de la Constitución Nacional: “El desarrollo pleno de
la personalidad humana, y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social
[...] el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos”.
En la “Observación general N° 13 sobre el derecho a la educación”, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sostiene
que para el disfrute del derecho a la educación es imprescindible la libertad académica. Ésta se refiere a “la libertad del individuo para expresar libremente sus
opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar
1
Viceministerio de Educación Superior (2012) Datos de la educación superior. Segunda edición.
2
Molinier, Lila, Foro por el Derecho a la Educación (2013) Caracterización de sistema educativo, sistema de
educación superior. Asunción, p. 42.
3
Diario Última Hora, 24 de setiembre de 2013. Disponible en http://www.ultimahora.com/de-sumarios-ydenuncias-n725347.html.
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Educación superior y democracia
sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier
otra institución”4. De este modo, la posibilidad de que las posturas críticas, incluso hacia la institución, sean libremente expresadas sin que esto suscite presiones de ningún tipo, es fundamental para docentes y estudiantes.
Así también, la educación está intrínsecamente ligada con la necesidad de fomentar la participación activa de las personas en los procesos institucionales,
sociales y/o políticos, por lo que la Ley General de Educación vigente manifiesta
como uno de los fines del sistema educativo nacional: la “preparación para participar en la vida social, política y cultural, como actor reflexivo y creador en el
contexto de una sociedad democrática, libre, y solidaria”5.
Los centros de estudiantes son importantes para esta tarea de la educación ya
que se constituyen en una herramienta para la difusión de valores democráticos, permiten la participación y el goce del derecho a asociarse libremente,
establecido en el art. 42 de la Constitución Nacional.
La Ley General de Educación, en su artículo 125, inc. D, menciona que es un derecho de las y los estudiantes: “integrar libremente asociaciones, cooperativas,
clubes, centros estudiantiles u otras organizaciones comunitarias, legalmente
constituidas”. Sin embargo, estudiantes de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) han denunciado la vulneración de su derecho a
agremiarse, ya que las autoridades de la mencionada institución obstaculizan
con distintos medios la conformación de centros de estudiantes.
Sumarios a estudiantes en la UNA
Los sumarios son instrumentos administrativos de investigación, utilizados
para determinar la responsabilidad o no de una persona indagada en la comisión de una falta. Se ha vuelto frecuente la apertura de sumarios a estudiantes
y docentes en la UNA, lo cual ha sido denunciado por movimientos estudiantiles al ser considerados una forma de amedrentamiento.
En la Facultad de Filosofía fueron sometidos a sumario los estudiantes María
Ríos y Marcos Rojas por formular una denuncia sobre presunto fraude en las
elecciones de representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo, en los comicios realizados en octubre de 2012.
El Consejo determinó que la denuncia era improcedente, por lo que no investigó el caso en el que miembros de mesa de la filial de Villarrica habrían hecho
el conteo de votos a puertas cerradas (aunque el escrutinio debe ser público,
conforme al Código Electoral). A más de ello, el Consejo decidió dar apertura a
sumarios por supuesta usurpación de cargos por parte de los estudiantes que
habían efectuado la denuncia.
4
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N° 13. El derecho a la educación,
párr. 39. E/C.12/1999/10.
5
Ley N° 1264/98 General de Educación, art. 9 inciso h.
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Una serie de manifestaciones fueron realizadas en contra de los sumarios en Filosofía UNA, entendidos como arbitrarios, lo cual desembocó en la suspensión
por 60 días a la estudiante María Ríos y por 90 días al estudiante Marcos Rojas,
durante los cuales éstos quedaban sin posibilidad de asistir a clases, presentar
trabajos prácticos o rendir exámenes parciales. El Consejo Directivo aplicó la
sanción por “falta de respeto” y por “dirigir tumultos”, a pesar de que los estudiantes ejercían su derecho constitucional a manifestarse6.
En la Facultad de Ingeniería también se procedió a sumariar a Esteban Caligaris
y Eduardo Becker por causa de opiniones realizadas por ambos estudiantes a
través de sus cuentas en las redes sociales de Facebook y Twitter, con relación
a las autoridades de dicha facultad, evidenciándose de esta manera una intención de coartar la libertad de expresión y opinión7.
Los argumentos específicos del sumario no fueron conocidos por los estudiantes afectados, ya que el juez instructor no les permitió acceder al expediente.
Esta situación vulnera disposiciones de la Constitución Nacional y de tratados
internacionales de derechos humanos vigentes en el país, los cuales establecen el derecho de toda persona que sea sometida a un proceso del que pueda
derivarse pena o sanción a conocer previa y detalladamente los hechos que se
le atribuyen.
El proceso fue llevado adelante por el abogado Julio Romero Chamorro, quien
se desempeña como funcionario de la Facultad de Ingeniería. Él había firmado
en carácter de testigo una nota de intimación notarial a Eduardo Becker utilizada como prueba en el caso8. De este modo, el juez instructor no puede ser
considerado imparcial, ya que fue presentado como testigo por la parte denunciante. Se trata de otra vulneración al debido proceso, que incluye el derecho
constitucional de toda persona a ser juzgada por jueces independientes e imparciales (art. 16).
Una fuerte movilización de estudiantes de ingeniería y otras facultades hizo
que se descartara una inminente suspensión injustificada contra los mencionados estudiantes. Aun así, el proceso continuaría siendo sostenido por el decano Isacio Vallejos y los demás miembros del Consejo Directivo9.
Es un contrasentido para la universidad que, en lugar de promover el pensamiento crítico, la tolerancia a las opiniones disidentes, la formación en el marco de valores democráticos, se impulsen medidas de control y disciplinamiento
contra las y los estudiantes. Esto confronta con las finalidades de la educación
en Paraguay, de acuerdo a la Constitución, en su art. 73; la Ley N° 1264/98 General de Educación, en su art. 9; y la Ley de Educación Superior, en su art. 5.
6
Constitución Nacional, art. 32, De la libertad de reunión y de manifestación.
7
Periódico E’a, 28 de mayo del 2013.
8
Declaraciones de Eduardo Becker, publicación del Frente Estudiantil por la Educación, agosto de 2013.
9
Diario Abc Color, 30 de agosto de 2013. Disponible en http://www.abc.com.py/nacionales/sumarian-auniversitarios-por-publicaciones-en-redes-sociales-612508.html.
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Irregularidades en concursos docentes en la Universidad
Nacional
Docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción
se vieron afectados por la falta de transparencia en los concursos para encargaduría, y denunciaron una serie de maniobras por parte de la decana María
Angélica González y el Consejo Directivo10.
Las denuncias formuladas por el grupo de docentes afectados son:
• casos de resultados preliminares que dieron ganadora a una persona y, sin
los procedimientos legales correspondientes, la realización de revisiones y
cambios de resultados para favorecer a otras personas;
• casos en los que directamente se habría hecho desaparecer la carpeta del
concursante para llamar a un supuesto nuevo concurso sin notificar al
afectado y adjudicando posteriormente la cátedra a una persona amiga del
coordinador, en detrimento de quien originalmente se presentó a concurso;
• casos en los que directamente se restó puntaje a algunas personas
concursantes para favorecer a personas amigas de las autoridades de turno;
• casos en los que habrían existido maniobras de carpetas para modificar
resultados y sacar la cátedra a quien inicialmente la ganó.
Las/os docentes afectados concurrieron a una revisión de carpetas y resultados
con la presencia de abogados y una escribana, pero las autoridades de la casa
de estudios negaron la presencia de éstos, pese a que se trata de un acto público. La revisión de carpetas y resultados finalmente no se realizó.
Como ya se ha mencionado, de acuerdo a las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el pleno goce del derecho a la educación requiere de la libertad académica del cuerpo docente y de estudiantes.
El Frente Estudiantil por la Educación –instancia que nuclea a movimientos estudiantiles de diferentes universidades– denunció sucesivas veces la falta de
garantías para el ejercicio de los derechos a la organización, expresión, opinión
y manifestación en la UNA y en la Unves.
Esta organización también ha denunciado los sumarios y obstáculos administrativos (inscripciones, multas) que se hacen recurrentes en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales en perjuicio de estudiantes y docentes.
Cincuenta y dos estudiantes y un docente denunciados por la
decana de la Facultad de Filosofía de la UNA
La decana de la Facultad de Filosofía, María Angélica González, por intermedio
de su asesor jurídico, presentó una denuncia al Ministerio Público donde sindicaba a 52 estudiantes y un docente de haber cometido los hechos punibles de
coacción, coacción grave y privación de libertad.
10 Periódico E’a, 7 de mayo del 2013.
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La denuncia se basaba en una serie de movilizaciones que tuvieron su punto de
origen en el paro de los/as estudiantes de la carrera de Psicología - especialidad
Clínica por la destitución de la profesora Norma Copari, considerada por ellos
injusta y arbitraria.
A partir de las protestas de estudiantes de Psicología Clínica, se fueron plegando estudiantes de otras carreras y, por resolución de la asamblea del gremio
estudiantil, se presentó un pliego de exigencias a las autoridades de la facultad.
Entre los pedidos, se exigía: un balance de los gastos anuales de la facultad; la
reincorporación de la docente Norma Copari; la revisión pública de los resultados del concurso para encargaduría de cátedra; la anulación de las suspensiones a estudiantes y la posibilidad de inscripción extemporal de estudiantes con
dificultades.
A criterio de los estudiantes afectados en la causa, la denuncia presentada por
la decana respondería a una intención de frenar las movilizaciones y amedrentar a la organización estudiantil.
Esta situación, en la que las conducciones de las facultades promueven limitantes para la actuación de estudiantes y docentes como contralores de la administración institucional y como agentes importantes en la construcción de
la agenda educativa, produce efectos adversos a la necesaria democratización
de las universidades, en el marco de construcción de un efectivo Estado social
de derecho.
Negocio familiar y represión a la organización estudiantil
La Unves, creada en el año 2007, con sede central en Villarrica y filiales en diferentes puntos del país, se ha constituido en un medio de lucro para familias enteras, según publicaciones sobre nombramientos en ésta por parte del rector
de la universidad, José Félix González Fernández, y figuras políticas vinculadas
a la gestión de la casa de estudios, como los exdiputados de la Asociación Nacional Republicana Cándido Aguilera y Gustavo Musi11.
Toda una red familiar habría sido instalada en cargos de la citada universidad.
En lo que respecta a la familia del rector, su esposa, María Rosa Forteza de González, tiene asignados a su nombre 10 rubros; su hijo, José Manuel González
Forteza, se desempeña como decano en la Facultad de Ciencias Económicas de
la sede de Paraguarí; la esposa de su hijo, Noelia Cristina Santos, figura como
decana de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas12.
Esta gestión, en la cual se han denunciado casos de desvíos de dinero, además
del uso irregular de fondos por asignaciones de rubros a familiares o amigos,
atenta contra el derecho al acceso y la calidad en la educación de un gran número de personas.
11 Diario Abc Color, 1 de agosto de 2013. Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/universidad-dela-familia-602192.html.
12 Ibíd.
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Así también, estudiantes nucleados en el Movimiento Estudiantil Guaireño
denunciaron la prohibición expresa de formar centros de estudiantes por parte del rector y los decanos de la Unves, sumados a la falta de reconocimiento
de la organización estudiantil en el estatuto de la universidad. Indicaron que
las autoridades se oponen a la constitución de centros de estudiantes porque
eso permitiría el involucramiento de estudiantes en el control del manejo de la
universidad y demostraría una resistencia por parte de las autoridades a que
el proceso educativo se desarrolle en un ambiente basado en el respeto de los
derechos y la transparencia en la gestión.
Iniciativas de estudiantes de la Unves oponiéndose al uso indebido de los fondos de la institución en detrimento de la calidad educativa se han observado a
lo largo del año. A inicios del año 2013, un grupo de estudiantes, docentes y ciudadanía se manifestaba en contra de la designación de Norma Zarate –esposa
del senador Juan Darío Monges– como decana de la sede Paraguarí.
Esta manifestación en contra de la designación por motivos político-partidarios fue brutalmente reprimida por las fuerzas públicas estatales; ello se habría
efectuado a pedido de las autoridades de la sede, que buscaban impedir una
manifestación sostenida de forma pacífica.
Recomendaciones
-- Incorporar en las normativas relativas a la educación superior la pauta de
respeto al ejercicio del derecho a la organización y manifestación de las y los
estudiantes, y verificar su cumplimiento.
-- Generar un amplio y participativo proceso de construcción de los
instrumentos necesarios para implementar la carrera docente universitaria,
a ser aplicados en todas las universidades públicas del país. Posteriormente,
someter a concursos públicos objetivos todas las cátedras existentes, de
modo a generar una real democratización y renovación en el plantel de
docentes universitarios en Paraguay.
-- Cesar las persecuciones en las universidades contra estudiantes y docentes
críticos.
-- El rector de la UNA, Pedro González, y el Consejo Superior Universitario
deben tomar intervención en los casos de las facultades de Filosofía,
Ingeniería y Ciencias Exactas, garantizando los derechos de estudiantes
afectados y aplicando las sanciones que correspondan a las autoridades
académicas que se hayan extralimitado en sus funciones.
-- Desarrollar herramientas legales efectivas para la defensa de los derechos
humanos de todas las personas que integran la comunidad universitaria,
sin perjuicio de la autonomía de la institución.
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