CARGA CONTROLADA

Editorial para el Portal de CANIDRA
CARGA CONTROLADA
Las autoridades venezolanas en materia de tránsito terrestre,
finalmente, comprendieron que la carga en el país tiene que estar
sometida a un rígido control de peso específico, antes que sea llevada
de un lugar a otro por y sobre envejecidas y mal cuidadas carreteras.
El caso del puente de Cúpira, en el estado Miranda, ha provocado una
reacción que, por supuesto, ahora deber convertirse en la sana y
acertada medida ofrecida bajo el efecto de lo que el hecho está
representando para la economía del 0riente venezolano, como para el
sistema de vida de los vecinos de la localidad.
La medida, definitivamente, no es tardía. Nunca será todo lo que se
haga para evitar la reedición de situaciones como ésta. Pero de lo que sí
deben ocuparse gobernantes y usuarios es de evitar que el anuncio no
pase de eso, de un ocasional y efectista anuncio. Pero, además, de
convertir la decisión en una actividad sana y transparentemente bien
administrada; nunca en un problema adicional a los que llevan sobre
sus hombros todos los venezolanos que se desplazan por cualquier
carretera del país, bien como conductores de un vehículo o pasajeros
de otro.
En diferentes ocasiones, la Cámara Nacional de Comercio de
Autopartes (CANIDRA) se ha pronunciado sobre el tema, al igual que
sobre los de: velocidad, señalización, iluminación, mantenimiento. Bien
porque de ella dependen el valor de una vida; o, sencillamente, porque
se trata de elementos de alto valor en un país que, históricamente, ha
querido convertirse en destino turístico dentro y fuera de sus propias
fronteras.
Y ante cada reflexión, no ha dudado en plantear que muchas de las
decisiones gubernamentales relacionadas con esta forma de
movilización o de transporte en el país, desafortunadamente, han
fracasado con su solo anuncio, motivado a que ellas no están
fundamentadas en una acción sostenida del Estado venezolano.
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Es decir, a que sólo son buenas para captar el interés colectivo a partir
de una oferta bien ubicada en los espacios informativos de los medios
de comunicación social, pero divorciadas absolutamente de la
importancia de que la sociedad usuaria se incorpore, firme y
responsablemente, al cumplimiento de lo acordado. Y, para lo cual, sin
duda alguna, todo pasa por la obligación en la que estamos los
venezolanos de ser cada día más y mejores ciudadanos; es decir,
individuos ajenos a la máxima de que sólo se cumple con la norma,
cuando hay sanciones y represiones que la hagan visible y de
obligatorio cumplimiento.
Para controlar el transporte de carga por carreteras en Venezuela, no es
cuestión de colocar sofisticados sistemas de verificación de peso en los
puentes. Esa es una función que le corresponde cumplir a los
transportistas individuales u organizados en cooperativas o
corporaciones, y que bien puede apoyarse en la sumatoria de esfuerzos
a cargo de autoridades locales, empresas contratantes y conductores
debidamente informados y formados, para que, a partir del resguardo
de su propia vida y la de los demás conductores, hagan posible la
ausencia de casos como los de Cúpira
Por supuesto, en el intercambio participativo de los actores sociales
comprometidos con la necesidad, importancia y trascendencia del
cambio de conducta en la relación usuario-vialidad, como del
cumplimiento responsable de la norma, también tiene que darse otra
situación no menos fundamental. Y es que las autoridades no pueden
ser una figura simbólica, en el conglomerado de las acciones que se
requieren asumir e implementar, y en su desempeño en el
cumplimiento de las responsabilidades atribuidas por ley. Tampoco un
benefactor consciente de su irregular desempeño, cuando, discrecional,
arbitraria y abusivamente, se organiza para convertir la norma y su
cumplimiento, en un mecanismo de administración subjetiva y de
captación de ingresos, al margen de la sanción punitiva pecuniaria.
El anuncio está hecho. El control de peso en las carreteras ha sido
ofrecido. Y la sociedad venezolana está a la expectativa. Sobre todo,
porque gran parte de los daños viales no necesariamente se
corresponden con actos impropios de los usuarios, como sí de la
inexistencia de políticas de mantenimiento y de protección de este otro
activo económico y social venezolano, más allá de su aprovechamiento
estrictamente relacionado con la utilidad del efecto propagandístico.
Canidra, 24 de agosto de 2012
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