Pub_Rivera_ExpSexual_2015web

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Pub_Rivera_ExpSexual_2015web
Rivera
c ró n i c a s d e la
e xp lotac i ó n se xual
Por Nausícaa Palomeque
Rivera c rónic a s de la e x p lotac i ó n s e x ua l
1
Rivera Crónicas de la explotación sexual
Cotidiano Mujer
San José 1436
(598)29018782
[email protected]
www.cotidianomujer.org.uy
2
ISBN: 978-9974-8525-1-8
Autora: Nausícaa Palomeque
Coordinadora: Lilián Celiberti
Corrección: Elena Fonseca
Diseño: Francesca Cassariego
Montevideo, Setiembre 2015
Rivera c rónic a s de la e x p lotac i ó n s e x ua l
Prólogo
Este trabajo relata escenarios de una de las peores violencias estructurales actuales, una forma de esclavitud contemporánea que nos avergüenza como sociedad y que implica prácticas sociales que legitiman abusos
de poder ejercidos sobre quienes suelen estar más expuestos o como en
este caso en condición de subordinación.
Esta es una crónica de frontera que constituye un territorio propicio para
esta explotación comercial, pues Rivera, como frontera seca se cruza caminando de un país a otro y como problema se vuelve más líquido e
invisible, así como quienes se benefician de ella son casi siempre “sujetos
omitidos”. Las nuevas tecnologías en red, la virtualidad amparan la invisibilidad de los encuentros y la impunidad.
Seres y existencias en tránsito que en 251 kilómetros de distancia se vuelven territorios enormes de lesiones de derechos. Espacios de nadie o del
capital cuya lógica de mercado “demanda” el desarrollo de estos delitos
que aquí se narran. Esta demanda favorece la cosificación y la mercantilización de cuerpos, subjetividades y sexualidades de niñas, niños y adolescentes como productos comerciales para satisfacer deseos del mundo
adulto abusivo.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ha ido ganando terreno en las agendas públicas pero sin problematizarse en profundidad,
sin analizar las causas que la sostienen, justifican o reproducen.
Los relatos en general trasforman a las víctimas en victimarias y se repara
poco en los daños de derechos que muchas veces tienen detrás al crimen
organizado y en otras ocasiones a redes locales que mueven mucho dinero y lo hacen desde escenarios de pobreza y exclusión social.
No abundan las investigaciones periodísticas que pongan el cuerpo en
juego y se comprometan para recopilar hechos narrados por testigos
presenciales o contemporáneos, ni que aporten el lenguaje y análisis adecuados para colaborar con la visibilización de todos los actores en juego
y mostrarnos relatos que desnaturalicen la mirada sobre tal explotación.
Como señala esta crónica, a nivel judicial estos delitos, están escasamente
sistematizados e involucran a infancias y adolescencias cada vez más jóvenes y a un mundo adulto, deliberadamente poco visible.
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3
Cuando la prensa relata estos casos lo hace muchas veces desde análisis
lineales que no vinculan estos hechos de explotación con otro tipo de
violencias estructurales de género,inhabilitaciones de derechos o a políticas públicas y nunca incluyen la voz de los sujetos en cuestión.
Este es un tiempo de construcción social de un problema al que podemos
aportar desde las organizaciones sociales, visibilizándolo, denunciándolo.
Las feministas no podemos ni queremos quedar al margen de este proceso.
Queremos colaborar en mayor comprensión, activismo y por eso
impulsamos la realización de este trabajo desde Cotidiano Mujer para
incidir en las voluntades políticas, en la investigación en prensa y en la
academia en el Marco del Fondo FLOW de Holanda para la Igualdad de
Género, que implementamos durante estos tres años.
En un contexto de debate de la Ley de Servicios de la Comunicación Audiovisual este trabajo es doblemente bienvenido porque no sobran los
análisis críticos de los mensajes que los medios de comunicación emiten,
refugiados en una perspectiva de la neutralidad ante estas vulneraciones.
Es una apuesta por un cambio de mirada sobre las infancias y adolescencias reconociendo en ellas sujetos plenos de derechos, colaborando así
con la restitución de ciudadanías que han sido despojadas.
Lic. Psic. Magdalena Beramendi
Cotidiano Mujer
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Carona
Mediodía en la Ciudad de Rivera. Está por comenzar el turno
intermedio en el liceo. Hombres con caramelos y camionetas
cuatro por cuatro. Peligro de hacer “carona”. Explotación y
trata de niñas cada vez más chicas. Brasil como un continente
enorme. La frontera a unas pocas cuadras.
– Aunque yo conozca, si me ofrece carona, no puedo aceptar. Carona
es cuando te ofrecen para ir a algún lugar. Que entres al auto y te dan
caramelos y eso.
¿Y es normal que les ofrezcan carona acá?
–Sí, mucho. A veces vas en la calle y te piden para que subas o te dan
cosas, caramelos…La mayoría son hombres. Cruzando la calle ya estás
en Brasil; si te llevan en un auto y cruzás la frontera, ¿qué vas a hacer?
No podés hacer nada. Principalmente en la frontera, que es mucho
más fácil pasar a una persona, para una explotación sexual o para una
violación, te impone inseguridad.
Este diálogo ocurrió en la ciudad de Rivera, en la puerta del Liceo 6 antes
de que un grupo de adolescentes de 13 y 14 años entrara a clase. (Sus
nombres y apellidos fueron preservados.)
En la frontera uruguaya con Brasil “carona” tradicionalmente significa “hacer dedo”, trasladarse gratis en un coche. Pero para estas adolescentes de
Rivera tiene otra connotación: implica el riesgo de subirse a un auto, en
general con un hombre al volante, y terminar en una situación de peligro,
que puede implicar abuso o explotación sexual.
¿Y los que les piden “carona” son hombres grandes?
– De 40, 50. Gente de dinero. Re grandones. Camionetas 4 x 4.
La preocupación de las jóvenes no es casual. La frontera uruguaya es uno
de los escenarios más propicios para la explotación sexual comercial, sobre todo en las fronteras secas, donde se cruza caminando de un país a
otro. En ese sentido, las fronteras de Rivera y el Chuy se identifican como
dos territorios peligrosos, con condiciones muy favorables para que ocurra la trata.
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También se identifican como lugares de riesgo el litoral, las pequeñas
poblaciones donde no llega la presencia estatal –o es muy mínima–y los
sitios donde se instalan grandes emprendimientos industriales, con trabajos zafrales y movimiento constante de adultos varones. Todas situaciones que se dan en Rivera, a pocos kilómetros de la frontera, en Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero. 1
Las estadísticas hablan de una problemática que está empezando a comprobarse. Rivera es el departamento uruguayo con más procesos por delitos vinculados a la explotación sexual en Uruguay. Según un informe
de 2014 del Poder Judicial2, desde 2010 a setiembre de 2014 en Uruguay
hubo 84 procesos por delitos vinculados a la explotación sexual contra
niños, niñas y adolescentes. En ese período, en el departamento de Rivera
se registraron 21 procesos, le sigue el departamento de Maldonado con
13 procesos y Artigas, con 12.
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1 Desde 2008 se ha constatado que “hay un síntoma grave que se repite en varios
puntos del país: el auge de la explotación sexual infantil. En varios puntos del país la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se ha vuelto habitual. A nadie sorprende
hoy ver chicas de 14, 15 y 16 años en puntos ya ‘clásicos’ de varias ciudades (diversas
fuentes, testimonios y observaciones coinciden en señalar Salto, Paysandú, Mercedes,
Nueva Palmira, Carmelo y algunos puntos de Maldonado) y de varias rutas nacionales
(ruta 1 y las carreteras del litoral) en lo que parecen ser acciones que están yendo más
allá de esporádicas y ocasionales estrategias de supervivencia. Estas prácticas superan el
accionar de los organismos de protección social”. Cuatro años más tarde, la información
recabada da cuenta de la perpetuidad de esta situación, ya que en el interior del país se
han reconocido casos de explotación sexual comercial infantil y adolescente en la ciudad
de Paysandú, en la ciudad de Colonia y Nueva Palmira (en Colonia); en Mercedes (Soriano) y en Fray Bentos (Río Negro),en Bella Unión (Artigas) y en Rivera, relacionado con la
existencia de mega emprendimientos, así como el desarrollo de la producción forestal.
“Explotación y desamparo. 2012. Informe sobre la explotación sexual comercial de niñas
y adolescentes mujeres en Uruguay”. P.39 Fundación Justicia y Derecho, SAI. Arco iris.
Programa de apoyo al buen trato infantil. Montevideo Uruguay. Cita en la cita: La trata de
personas en Argentina, Chile y Uruguay, Estudio exploratorio sobre la trata de personas
con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay, Organización Internacional
para las Migraciones. Misión con Funciones Regionales para el Cono Sur, OIM, Rosario
Argentina, 2008, p.262.
2 Relevamiento de información sobre casos tramitados por la ley 17.815.Poder
Judicial. División Planeamiento y Presupuesto-Departamento de Estadísticas. Noviembre
2014. La Suprema Corte de Justicia dispuso que los juzgados penales recabasen información sobre los casos judiciales de explotación sexual de niños y adolescentes en Uruguay. Se solicitó a los juzgados letrados en materia penal que recaben información sobre:
número de procesados o condenados por los delitos previstos en la ley 17.815 (tráfico,
explotación sexual, comercial y no comercial de niños, pornografía infantil), perfil de los
autores y de las víctimas, casos derivados a la Justicia de Crimen Organizado, tratamiento
en la justicia de las víctimas, copia de decisiones judiciales, pedidos de extradición referidos a autores de estos delitos.
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El trabajo fue encomendado por la Suprema Corte de Justicia, para dar
cumplimiento a una solicitud realizada por la Comisión Especial de Género y Equidad de la Cámara de Representantes del Uruguay3 y fue coordinado por el ministro Eduardo Cavalli, del Tribunal de Apelaciones de
Familia de 2º Turno.
Para Cavalli, el sistema judicial uruguayo necesita avanzar en la sistematización de la información: “El problema preocupa y mucho. En Uruguay
esta información debería estar siempre vigente, no debería ser un informe cada tanto”. El ministro subrayó la necesidad de que la información
se sistematice en forma continua: “Tenemos impresiones; nos da la impresión de que en tal lugar se estarían dando más casos, por ejemplo,
en la frontera o en los lugares donde hay emprendimientos económicos
importantes. Pero son impresiones, no es una forma seria de ver el problema. Sería mucho mejor tener buena información, información permanente y lo más fiel posible”.
Todos los especialistas consultados para esta investigación coincidieron
de que en Rivera, como en el resto del país, las víctimas de explotación
sexual son cada vez más jóvenes. Así lo explicaba el fiscal de Corte y
procurador general de la Nación Jorge Díaz, para un informe sobre la
explotación sexual de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay, de 2012:
“El mercado de la explotación sexual demanda mujeres y adolescentes
cada vez más jóvenes. La regla es un promedio de 12 a 16 años y cada
vez se baja más la línea de edad. Dato que se condice, además, con que
cada vez el desarrollo es más precoz, cada vez la sexualidad aparece más
temprano, y se aprueba en los fenómenos culturales que se difunden a
través de los medios de comunicación”. 4
En Rivera, el sargento Óscar Borba, encargado de la sección de Trata y
Tráfico, confirmó esta situación a nivel departamental: “Cada vez baja
más la edad. Las niñas declaran que empiezan con 10, 11 años”.
3 La nota del 7 de agosto de 2014, suscrita por la presidenta de dicha Comisión
Especial, Daniela Payssé y el secretario de la misma, Nelson Mosco, establecía que el
propósito de la solicitud era “evaluar el impacto producido por la precitada norma, a los
efectos de considerar la eventualidad de una actualización de la misma”.
4 “Explotación y desamparo. Informe sobre la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay 2012”. P.50. Fundación Justicia y Derecho, SAI.
Arco Iris. Programa de Apoyo al buen trato infantil. Uruguay.
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Un delito nuevo para una problemática vieja
La explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres significa una grave violación a los derechos humanos. Implica la utilización
de personas menores de 18 años de edad o incapaces para satisfacer
la demanda de los adultos. Dentro de este concepto macro, se incluyen
las actividades sexuales remuneradas, la pornografía infantil y el tráfico,
delitos previstos en la normativa uruguaya, en la Ley 17.815, de 2004.
Todos los especialistas consultados para esta investigación coincidieron
en que la explotación sexual es un problema en Uruguay y que recién en
los últimos años comenzó a volverse visible. También hay coincidencia en
que todavía cuesta que se desarrollen medidas eficaces para erradicarlo,
en términos de capacitación de profesionales, recursos para la detección
del delito y protección de las víctimas.
Durante muchos años, la explotación sexual fue una problemática oculta y naturalizada, que solía quedar camuflada tras los delitos de abuso
sexual y de violencia doméstica. Comenzó a instalarse lentamente en la
agenda mediática nacional, sobre todo, a partir de dos casos que tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación.5
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Pero la erradicación de estos delitos aún no logró instalarse como prioridad en la agenda del Estado. Para el sociólogo Luis Purtscher, presidente
del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, la explotación sexual es “un problema serio”, que “implica cuestiones de carácter
estructural, expresiones del capitalismo y de los modelos de desarrollo
económico y social, donde el consumo es efímero y todo objeto de consumo es desechable. Y en este caso, cuando ‘la mercancía’ es el cuerpo y
la persona es cosificada, estamos frente a un problemón, sobre todo, si
en estos juegos de poder y en estas construcciones sociales el tema sigue
siendo justificado, invisibilizado y naturalizado, en especial, en algunos
sectores claves, como el sistema judicial”. 6
5 El caso conocido como La Casita del Parque, en Paysandú, en 2013, involucró a
un ex jerarca municipal de ese departamento y el de un empresario de Maldonado, en
2014, que a la fecha continúa en proceso judicial..
6 “Explotación y desamparo. Informe sobre la explotación sexual comercial de
niñas y adolescentes mujeres en Uruguay 2012”. P.37. Fundación Justicia y Derecho, SAI.
Arco Iris. Programa de Apoyo al buen trato infantil. Uruguay.
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El psicólogo Sergio Pereira, director del Programa de Atención a situaciones de Trata y Explotación sexual comercial, del INAU, afirmó que la
explotación sexual comercial es un problema que existe y que hay operadores que aún no lo ven. “Es un problema cultural, instalado en la ciudadanía, pero también en algunas instituciones responsables de abordar el
tema”. Para Pereira, desde hace unos cinco años se comenzó a dimensionar esta problemática como tal: “No teníamos tan claro que había explotación sexual. Por ejemplo, cuando uno piensa en explotación sexual, en
general tiende a imaginarse una red de personas, de delincuentes organizados tratando de explotar a las niñas o adolescentes; pero no piensa que
es explotación cuando el vecino, cercano a la propia niña, le da un kilo de
azúcar a cambio de un favor sexual”7.
Antes de la vigencia de la Ley 17.815 no se consideraba la explotación sexual comercial como delito en Uruguay y estas conductas eran castigados
por otros tipos penales como atentado violento al pudor, corrupción de
menores o violación. Pereira recordó situaciones en las que trabajó: “Uno
se da cuenta que uno dice ‘aquello que yo pensé que era abuso sexual, o
que el equipo lo trabajó como tal, era explotación sexual’, entonces uno
va confirmando que este problema no es nuevo, que existe desde hace
muchos años. Ahora, con una conceptualización más clara -a nivel legal
también ha quedado más claro el delito- desde las distintas instituciones
se está trabajando sobre esto y permite un abordaje mejor. Además, la
gente se está animando también a poder denunciar”.
Ese proceso está comenzando en Rivera, el único departamento con una
sección policial que trabaja específicamente estos delitos. Aun así, esta
investigación da cuenta de que el abordaje de la explotación sexual en
esta frontera plantea múltiples dificultades y desafíos.
7 Ídem P.37.
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Naturalización del delito en Rivera
Martes de tarde. Declaraciones en el Juzgado de Rivera. Una
cola de adolescentes espera sentada. En la Jefatura hace tres
días que la policía de investigación apenas duerme. Pusieron
el foco en el problema y el problema apareció.
“Uno las lleva a un espeto corrido, las sienta ahí y quedan re contentas”.
“Personas de bien, como el Señor XX, podrían ser provocadas y seducidas
por estas muchachas que aparentemente hacían de su cuerpo un negocio”. (Abogado defensor).
“Una vez en el lugar y luego de consumir bebidas y comidas, pagadas por
los hombres, escuchaban música y bailaban. En dicha finca y a cambio de
recibir los beneficios alimenticios y dinero, los masculinos mantuvieron
relaciones sexuales con las menores”.
“Interrogado acerca de si el dinero que le daba a la adolescente de 14
años fue una suerte de pago por haber tenido relaciones sexuales, responde: ‘Claro, yo le pagué’”.
Las citas fueron recogidas de documentación judicial (autos de procesamiento) de distintos casos de explotación sexual en el departamento de
Rivera. Dan cuenta de algunas características de la explotación sexual en
Uruguay: la naturalización del delito –en explotadores e incluso en operadores de la Justicia–, y la percepción de las víctimas como victimarias.
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“El mito de Lolita atraviesa a la sociedad y también a la Justicia”, sostuvo
la fiscal letrada de 1º turno de Rivera, Patricia Sosa, quien desde hace dos
años trabaja en ese departamento, con experiencia en casos de explotación sexual. “Para empezar a encontrar casos en Rivera fue necesario
cambiar la mirada y romper la naturalización del delito: recién ahora está
cambiando la visión y se está comenzando a investigar en Rivera. La norma existía, pero no se tenía la visión de qué es lo que hay que mirar en la
sociedad para empezar a investigar, por eso no había demasiados casos.
Creo que hay gente capacitada en la Justicia, en la sección de Trata. Pero
llevará mucho tiempo. Persiste una mentalidad conservadora, patriarcal,
en la sociedad, en los policías que trabajan en campo, en los ciudadanos
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que no denuncian, incluso en algunos operadores de la Justicia, como se
puede leer en algunas apelaciones. No es imposible cambiarla, pero creo
que todavía no están dadas las condiciones”.
La fiscal sostuvo que Rivera es una sociedad muy conservadora –destacó
la fuerte presencia de iglesias evangelistas y de población musulmana–
que resuelve los conflictos de forma muy violenta. “Aparecen los delitos
violentos, que son cometidos en Rivera por extranjeros, por ejemplo sicarios brasileños, de público conocimiento, que se consiguen por poco
dinero, por ajustes de cuentas. También las reacciones violentas: una
ofensa que termina en un homicidio, grupos que se enfrentan, violencia
doméstica… Y en estos casos, la violencia es transversal a toda la sociedad, es muy democrática en ese sentido”. Para la fiscal de Rivera, sería recomendable que allí hubiese instancias de resolución de conflictos.
“Serviría que existiesen centros de mediación para encarrilar esa energía
violenta. En Rivera no hay ningún centro de mediación”, concluyó.
Todos los operadores consultados, de la Policía, la Justicia y el INAU,
coincidieron en la importancia de poner el foco en la problemática de
la violencia y de la explotación sexual en el departamento. Hasta 2013,
el centro de las investigaciones estaba puesto sobre todo en los delitos
vinculados al contrabando y el narcotráfico, propios de un departamento
fronterizo.
Dificultades de investigar en la frontera
Los delitos de la frontera suelen llamarse delitos de tránsito, porque en
general se cometen en varios Estados. Y en ese sentido, la frontera implica muchas veces un obstáculo para la investigación policial y judicial.
“Sólo un abordaje internacional de compromiso de las autoridades policiales y de los operadores jurídicos en zonas de fronteras y trabajo en
un marco de cooperación jurídica aseguran la identificación y posterior
enjuiciamiento”, afirmó la fiscal Sandra Fleitas Villarreal, autora del libro
“Delitos migratorios. Tráfico de personas y Trata de personas”, de 2014.
La fiscal destacó que el delito de trata de personas, después del tráfico
de estupefacientes y el tráfico de armas, es el delito que más rédito da al
crimen organizado, y que sólo puede abordarse desde una perspectiva
internacional.
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Desde octubre de 2013 la Jefatura de Rivera tiene un grupo específico de
investigación policial para Trata y Tráfico de personas. Era una necesidad
en el departamento y hasta ahora es el único grupo que trabaja exclusivamente en esta problemática a nivel departamental.
Los especialistas coinciden: se empezó a mirar el problema y el problema
apareció. Por eso, no sorprende que la mayoría de los procesamientos en
Rivera vinculados a explotación sexual ocurrieran después de que se creó
esta sección. “¡Era imposible que no aparecieran casos en esta frontera
tan particular! Si el investigador no cambiaba de mirada y veía que determinadas situaciones podían ser presuntas conductas ilícitas, nunca iban a
llegar a la Justicia. Este cambio ha sido un tema de posicionamiento y un
tema de formación”, concluyó la fiscal Sosa, de Rivera.
Pero todavía se plantean limitaciones y obstáculos específicos en la investigación policial en la frontera.
El primer caso que trabajó la sección de Trata, en febrero de 2014, dejó
en evidencia algunas de esas dificultades. Se trataba de un empresario
brasileño que ingresaba a Rivera y llevaba niñas y adolescentes a Livramento (Brasil) para sacarles fotos pornográficas. “Fue un trabajo muy
complicado, teníamos que detener a un ciudadano brasileño que entraba
a Uruguay en un auto de alta gama y buscaba a niñas de entre 11 y 15
años, en su mayoría niñas vecinas de un barrio humilde de la ciudad. El
hombre era de Livramento, un conocido gerente de un instituto brasileño
de tomografía computada, ingresaba al territorio uruguayo y llevaba las
niñas a territorio brasileño, con el aval de los padres. Las vestía, les daba
celulares, las llevaba a la playa y a pasear a Brasil. Sólo que había que
probar si había una situación de explotación”, explicó Borba, encargado
de la sección de Trata y Tráfico de Rivera.
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“Los padres, gente muy humilde, ni salían afuera. El hombre las levantaba
en sus casas y las llevaba y ¡no pasaba nada! Las gurisas se bañaban y se
iban en ese auto y no pasaba nada, se iban a otro país. Porque es otro
país, está ahí nomás, pero es Brasil. Otra legislación, no podíamos simplemente cruzar y detenerlo”, concluyó Borba.
La policía uruguaya debe detener al sospechoso en territorio nacional.
Además, si la policía obtiene información del lado brasileño, permite
avanzar en la investigación del caso, pero esa información no resulta válida para el proceso judicial uruguayo. “Por ahí le pedimos a la policía
brasileña civil o militar o federal que haga un seguimiento. Pero la docuRivera c rónic a s de la e x p lotac i ó n s e x ua l
mentación sólo nos sirve de información, no para agregar al expediente
de Uruguay. Depende del juez, pero por lo general no se utiliza en el
expediente”, explicó el encargado de la dirección de investigación de Rivera, Héctor Alves.
El jefe de investigaciones mostró complicaciones tan precarias como que
no pueden escuchar teléfonos brasileños:
Si se está contactando con un hombre brasileño, ¿ustedes no lo pueden captar?
– A él no. No sabemos con quién habla la muchacha. Si bien nosotros
intervenimos un teléfono, el teléfono uruguayo con el brasileño es imposible. Tienen que ser dos teléfonos uruguayos. Si ella llama por teléfono
a un brasileño, nosotros no lo sabemos.
¿Y ustedes no pueden acceder a esa información?
– No podemos acceder porque ese teléfono tiene que ser intervenido
en Brasil.
¿Y ahí no pueden coordinar con la policía brasileña?
– No, porque no intervienen. ¡Demoran dos años! Brasil es otra legislación, totalmente diferente.
Si no pueden hacer la conexión telefónica, ahí hay un problema grave, sobre todo para investigar en la frontera.
– Es un problema, sí. Se complica.
Según explicó la policía uruguaya, en el primer caso que trabajaron las
pruebas llegaron tarde desde Brasil. Y hoy, con las pruebas en mano, el
explotador está fugado.
Desde Brasil también hubo cuestionamientos. Los operadores judiciales
consultados tuvieron–en forma anónima–quejas similares sobre la policía
y la justicia de Uruguay. Cuestionaron que muchas veces es la justicia
uruguaya la que demora en entregar datos a la justicia brasileña.
Sergio Alves-Levy, militar jubilado de Livramento, coordina la organización
no gubernamental “Movimento Nacional de meninos e meninas de rua do
Rio Grande Do Sul”, una organización que trabaja con niños en situación
de calle y es una de las referentes del lado brasileño en la lucha contra la
explotación sexual. Alves-Levy sostuvo que en Livramento ha visto casos
con víctimas brasileñas y uruguayas, y explotadores de ambos países.
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Para el especialista, la explotación sexual también está naturalizada en
Brasil y si la víctima tiene más de 14 años, es difícil que la policía brasileña vea el caso como un delito de explotación: “En Brasil las personas
entienden que las niñas de 14 años ya pueden decidir qué quieren hacer
y en esos casos muy poca gente lo denuncia. Ese entendimiento está en
la policía y en algunos jueces que no aplican la ley como debería ser”.
En Brasil, al igual que en Uruguay, el trabajo sexual está permitido a
partir de los 18 años. Antes de los 18 años, la explotación sexual se
penaliza, pero es más dura cuando la víctima tiene menos de 14 años,
porque se lo considera un delito “de violencia de vulnerables”. Según
los abogados brasileños consultados, esta norma a veces es malinterpretada por la policía brasileña, que puede ser más permisiva y no perseguir a los explotadores de víctimas de más de 14 años. “La Justicia se
basa en documentos que le llegan, muchos de estos documentos son
elaborados por policías con calificación dudosa y prejuicios culturales,
y en ese sentido, es posible que el error se multiplique”, explicó uno de
los abogados consultados.
Cultura de frontera y territorio
251 kilómetros de frontera. Pasajes de frontera seca que se
cruzan caminando o en auto. Trabajo zafral de varones, camiones, forestación, producción ganadera y arrocera.
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El libre tránsito es notorio apenas se recorre la ciudad de Rivera, que convive –plaza mediante– con la ciudad brasileña de Santana do Livramento.
Allí uruguayos y brasileños cruzan la frontera como parte de su vida cotidiana, como si fuera una única ciudad. En ese contexto se ha conformado
una cultura de la frontera que implica muchas veces violar normativas y
naturalizarlas. Por ejemplo, cruzar la frontera para viajar a Brasil sin hacer
los trámites debidos en Migraciones o tener un coche y documentación
brasileña, y evitar controles en las rutas brasileñas. Todas, situaciones comunes que generan comodidad para los ciudadanos locales, pero que
implican riesgo y trazan un escenario muy propicio para los delitos de
trata y explotación sexual. Esa es una debilidad específica de la frontera.
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“La posibilidad de cometer un crimen en territorio uruguayo, cruzar la
frontera, en menos de cuatro horas estar a 500 kilómetros en un territorio
inmenso como es Brasil, nos coloca en una situación de vulnerabilidad.
La frontera es una oportunidad siempre, pero frente al delito nos hace
muy vulnerables y es de difícil actuación”, explicó Marta Piñeiro, docente
y referente en políticas de género, de Inmujeres, Mides, Rivera.
La reglamentación es clara. Cuando un uruguayo sale de Uruguay tiene
que presentar su salida en Migraciones de Uruguay y al entrar a Brasil,
presentar el ingreso en la Policía Federal. “Eso es así y debe ser así, pero
generalmente no se hace. Para nosotros es irnos un ratito, unos kilómetros a la ciudad de Bagé (Brasil), ¿por qué me voy a molestar por 100 o
200 kilómetros? Esto es lo que pasa, la doble chapa existe. Esas lógicas
tan naturalizadas que hacen parte de nuestra historia, a la hora del delito
son una debilidad, porque no tomamos todos los cuidados suficientes”,
afirmó Piñeiro.
“Tenemos 251 kilómetros de frontera transitables”, describió el jefe de
Policía de Rivera, inspector principal Heriberto Fagúndez. “Reúne todos
los factores para que pueda proliferar ese tipo de delito, una subcultura
muy particular de intercambio; tenemos 251 kilómetros de frontera lineal
desde Arroyo San Luis hasta Masoller y todo es transitable”.
Ese es uno de los focos de riesgo en el departamento. También se consideran zonas propicias para la explotación sexual: Minas de Corrales (a
85 o 100 km de Rivera según la ruta), Vichadero (a 135 km de Rivera) y
Tranqueras (a 54 km de Rivera).Cada una con rasgos peculiares: la ciudad
de Rivera está signada por el desarrollo comercial y los free shops, también por el atractivo del Casino, que está prohibido en Brasil; Minas de
Corrales por la explotación minera; Tranqueras por la forestación y Vichadero por la producción ganadera y arrocera. Estas localidades forman una
suerte de triángulo cercano a la frontera con Brasil.
Coincidiendo con toda la literatura sobre el tema, el problema aparece,
sobre todo, con las producciones zafrales, donde es frecuente que haya
mucho movimiento de trabajadores varones que no son de la zona. Y con
ese movimiento suele aparecer el comercio y la explotación sexual.
En este marco, los especialistas locales apuntan a los riesgos de la trata
interna. Estela Goldaracena, psicóloga del INAU (ex directora de la institución en el departamento), sostuvo que hay que prestarle atención a
estos casos y a los caminos vecinales cercanos a la frontera: “En Rivera
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hubo situaciones donde la trata se hacía desde Tranqueras a Minas de
Corrales o la zona de Tranqueras con Masoller. Hay que pensar en la trata
interna, porque a veces las personas se imaginan esta cosa de ‘llevando
mujeres a otros países’. Sí, eso ocurre también, pero la trata interna existe. Son todas zonas con forestación, el puerto seco, la pasada constante
de camiones de un país a otro. Y bueno… trasladar niños o adolescentes
para ejercer la trata con fines de explotación es mucho más fácil de lo
que se cree”.
En Uruguay las fronteras de Rivera y Chuy son las más complejas para
abordar la explotación sexual, porque tienen fronteras secas y se pasa caminando. Las demás fronteras con Brasil o Argentina están separadas por
ríos, puentes o por distancias terrestres mayores, que –de alguna forma–,
funcionan como un obstáculo.
“La fronteras secas son una dificultad mayor, como en el caso de Rivera
y Chuy, se nota que la impunidad es mayor, la facilidad para la explotación también, mucho mayor que en el caso de Bella Unión o Río Branco,
donde hay un puente, que, si bien no se pide documentación para pasar,
funciona como una cierta barrera”, afirmó el psicólogo Pereira, director
del Programa de atención a situaciones de Trata. Pereira dirigió una investigación académica con la Universidad de la República, en la cual se
investigó la frontera con Brasil, publicada en 2010. 8
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En dicha investigación se exponía la necesidad de capacitar y diseñar políticas de prevención, detección y atención en Rivera, destacando que
hasta el momento sólo se planteaban propuestas puntuales para resolver
casos particulares: “La invisibilidad del fenómeno, sumado a la inexistencia de estrategias que atiendan las situaciones emergentes y de urgencia,
y la inexistencia de mecanismos institucionales en este sentido, conspira
con la posibilidad de diseñar estrategias de prevención que son de suma
relevancia para mitigar el riesgo de situaciones futuras”.9
8“Informe sobre la situación de La explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes en las ciudades de Rivera, Bella Unión, Río Branco y Chuy”. República
Oriental del Uruguay. Universidad de la República. En el marco del Proyecto “Estrategia
regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de
explotación sexual en Mercosur”. Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. 2010. En
ese trabajo académico se investigó la frontera con Brasil: Rivera-Livramento, Chuy-Chui,
Bella Unión-Barra do Quaraí, Río Branco-Yaguarón.
9“Informe sobre la situación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en las ciudades de Rivera, Bella Unión, Río Branco y Chuy”. República Oriental del Uruguay. Udelar. P.71-72.
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Pereira sostuvo que sería oportuno realizar una investigación similar en
la frontera con Argentina, dijo que ha tenido contactos informales con
jerarcas argentinos y que hay situaciones irregulares que deberían estudiarse. “Quienes trabajan en los departamentos fronterizos de ese país
nos han comentado que hay situaciones de un paso al otro sin control.
No es que no controlen, pero de alguna forma han pasado. No sabemos
cómo, no es tan sencillo en la frontera con Argentina, pero lo han logrado”, concluyó.
Trabajar la explotación en la frontera exige necesariamente coordinación
binacional. Pereira enfatizó que hay que aceitar más la coordinación de
los trabajadores sociales de ambos lados de la frontera. Afirmó que es
necesario que haya más diálogo y mayor permanencia de los equipos
que trabajan las políticas contra la explotación sexual. Uno de los problemas es que son cargos que rotan mucho, tanto en Uruguay como en
Brasil. “Cuesta que los equipos territoriales –de los dos países– asuman
que estas cosas suceden; hay que profundizar y estar más atento a la
presencia de la explotación y la trata. Si bien se tiene por escrito el Plan
Binacional10, hay que hacer todo un trabajo con los técnicos para tratar de
que ese plan se pueda llevar adelante”. Las reuniones no cumplieron con
las expectativas planteadas: “Nosotros pretendíamos una coordinación
cada dos o tres meses. En algunas ciudades se logró y en otras no tanto”,
concluyó Pereira.
Silencio y cambio de escenario
Una ciudad donde pocos denuncian y todo es discreto. Una
joven conversa con un hombre que frenó su auto. En el liceo
nadie habla de explotación sexual. Nosotras y las otras.
10 “Plan Binacional de la región de Santana de Livramento-Rivera”. Estrategia
regional de enfrentamiento al Tráfico de niños y adolescentes para fines de explotación
sexual en el Mercosur. El plan implica actividades de sensibilización a la sociedad civil,
capacitación para detectar situaciones de riesgo de explotación sexual, sistematizar las
denuncias en un banco común de datos, crear espacios de articulación entre ambos países, generar espacios de atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia
sexual. 2013.
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Es difícil hablar de explotación sexual en Rivera. Las generaciones más jóvenes fueron las únicas que hablaron abiertamente del tema, sobre todo,
las adolescentes mujeres, que cuestionaron que en Rivera no se hable del
tema, en especial, en el liceo y en el ámbito familiar.
¿En el liceo hablan de este tema, en las clases, con los docentes?
– No, nunca hablamos de eso.
¿No hablan de explotación sexual?
– No.
¿De trata tampoco hablan?
– No, no, nada.
Y viviendo en la frontera ¿no hablan de los peligros de la frontera,
de la trata?
– No, no, esos temas se evitan. Es más, favorecen a la frontera, dicen
que está todo en paz, no hablan de forma negativa. Lo saben, pero
de cierta forma no lo quieren hablar, lo que pasa en la sociedad, todo
esto de prostitución y violación, se tapan un poco acá en Rivera. El
tema es que cada persona piensa: ‘No, a mí eso no me va a pasar’. Pero
no es así. A cualquiera le puede pasar.
Adentro del liceo los docentes consultados prefirieron no comentar el
tema porque no tenían autorización de Secundaria. Ante la posibilidad
de tramitar un permiso, tampoco aceptaron. Apenas comentaron que ese
problema no ocurre con los estudiantes que asisten al liceo. “Les pasa a
otras chiquilinas, gurisas que ya no vienen al liceo”, comentó una docente
consultada.
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No sólo en el ámbito educativo fue difícil hablar de explotación sexual.
Pocos adultos se prestaron a hablar del tema para esta investigación. En
general, respondieron que desconocían la problemática o que “algo escucharon”, pero nunca vieron nada.
¿Hace mucho que trabajás en el taxi acá en Rivera?
– Sí, hace años.
¿Has visto hombres buscando niñas, adolescentes?
– No, no, eso no ocurre en mi turno, consultá de mañana. Ahí te pueden decir.
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La misma respuesta del taxista de la tarde se repitió con el del siguiente
turno y el mismo tipo de declaración ocurrió con la mayoría de los comerciantes consultados, que venden comida, ropa y artesanías en la plaza
Internacional (que marca la frontera Rivera-Santana do Livramento), feriantes y cuidacoches. Varios sostuvieron que hacía años que trabajaban
allí, pero cuando se les preguntó por explotación sexual dijeron que no
conocían nada, que eran nuevos.
Algunos varones adultos –casos excepcionales– aceptaron hablar en forma anónima; ese fue el caso de un comerciante que trabaja cerca de la
Plaza Internacional:
¿De dónde vienen los adultos que pagan por estas chiquilinas?
– Son de los dos países, cruzan porque es una frontera abierta. Aparece una persona: ‘Ah yo conozco una persona que hace esto y esto’. Y
le contestan: ‘Ah yo necesito una muchacha, ¿tenés una calle?’. ‘Ah sí,
hay una, es una casa’.
¿Son hombres con dinero?
–Y sin dinero también, por un poco de droga lo consiguen.
¿En qué zonas de la ciudad?
– Acá mismo– refiriéndose al centro de la ciudad.
En la ciudad de Rivera, en la vía pública, la problemática se insinúa, pero
de forma muy discreta. Hasta ahora, los casos detectados por la Policía y
la Justicia uruguaya ocurrieron en espacios privados: casas particulares,
fiestas privadas, pensiones, estancias en las afueras de la ciudad, zonas
de camiones.
Esa discreción –para los especialistas– tiene que ver con que hay más
controles policiales, aumentaron los procesamientos y en consecuencia,
aumentó la precaución de los explotadores. También tiene que ver con
un cambio en el escenario del comercio sexual general: con el auge de
las redes sociales y los celulares cambió la forma de contacto entre explotador y víctima, y ya no es necesario que la víctima transite las calles.
Para el jefe de Policía de Rivera, Heriberto Fagúndez, la disminución de
los prostíbulos en la ciudad de Rivera es una señal de ese cambio: “Hay
una nueva modalidad de oferta sexual, me estoy refiriendo a las menores,
y con ello un corrimiento de los lugares donde ocurre. La oferta está en
otro lado”. Señaló que los encuentros se acuerdan sobre todo por celular:
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“La desaparición de los prostíbulos implica que el comercio sexual está en
otro lado. Ya no tienen que ir a comprar sexo a un prostíbulo, lo adquieren fácil con mensajes de texto o a través de terceras personas”.
Lo que sí se percibe en la calle son situaciones de riesgo: niños y adolescentes vendiendo CDs y medias; jóvenes afuera de los bares, conversando con los adultos o incluso, subiendo a algún auto. La percepción
de riesgo se acentúa más los fines de semana, cuando llegan muchos
brasileños atraídos por los precios de los freeshops y por el casino de la
ciudad de Rivera, ya que los casinos están prohibidos en Brasil.
“Acá viene mucho brasileño a comprar y después se van a los bares. Y en
la puerta aparecen las muchachas. Son de 16, 17 años. Se quedan en la
puerta, piden un cigarrillo a los hombres que están jugando. ¿Qué estás
haciendo? ¿Querés hacer un programa? Se hace esto, lo otro… Ellas no
pueden entrar al bar, porque son menores, se quedan en la puerta y llaman a los hombres más viejos para salir”, contó un cuidacoches, sin decir
su nombre y luego de pensar si hablar podría traerle problemas.
Otro cuidacoches dijo que ahora ve la situación más tranquila, que antes
era muy evidente. “Quizás mejoró un poco, no sé, o capaz que está medio
tapadito”. Y relató una situación que vivió hace pocos meses: “Un brasileño se me acercó y me preguntó si sabía dónde conseguir, –bueno, mujeres te preguntan todo el tiempo, armas, mujeres–. Pero él me preguntó si
yo le conseguía alguna chiquilina chica, todavía me dijo ‘14 años’. Usted
está loco, le dije. Ahora no me saluda”.
Tampoco quisieron hablar las trabajadoras sexuales de Rivera consultadas. Ante la presencia de una periodista, no aceptaron hacer declaraciones, ni siquiera en forma anónima.
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¿Te cuesta más hablar con las trabajadoras sexuales de Rivera que de
otros departamentos?
– Sí, porque el alto grado que tienen de involucramiento con proxenetas
o hábitos de consumo de droga son una barrera muy grande. Es muy
difícil dialogar con ellas. En Rivera hay mucho más cuidado. Porque, por
ejemplo, en Paysandú, que es la meca de los fiolos y de las redes de
explotación, las trabajadoras en la calle hablan contigo. En Rivera, no.
No hablan –dijo Karina Núñez, trabajadora sexual y referente en salud
sexual y la militancia contra la explotación sexual y la trata. También es
vocera de la ONG Visión Nocturna, que trabaja en respaldo a las trabajadoras sexuales, sobre todo del litoral y el norte uruguayo.
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Para Núñez, Rivera es el departamento donde más cuesta dialogar con
las trabajadoras sexuales. Afirmó que conoce casos de trata, pero prefirió
no dar detalles:
¿Conocés casos de trata en Rivera?
– Sí, tuvimos unos casos, pero bueno, eso es un tema un poco más
pesado.
¿No podés hablar de eso?
– No.
La última vez que Núñez estuvo en Rivera –junio de 2014– percibió que el
escenario de la explotación sexual se mostraba más discreto que en recorridas anteriores. Dijo que meses atrás era más visible en los bares. Ahora reconoció situaciones sospechosas, de día, en la plaza, y de noche, en la rotonda
de Rivera, donde se reúnen los camiones: “En altas horas de la noche estando yo durmiendo en la cabina con un camionero vienen a golpear la puerta
y cuando se corre la cortina, es una chiquilina. De arriba se veía chiquita. Le
pregunté al camionero, que siempre trabaja en ese radio y me dice: ‘Sí, estas
gurisas te vienen todas las noches a joder, pero son de acá del barrio, caminan desde ahí hasta acá’. Es obvio que si vos estás con la cortina cerrada –y
te hablo como trabajadora sexual–, voy a ir a golpear al que sé que me va
a abrir, no voy a ir camión por camión. Pero el camionero ante mí, para no
quedar en evidencia, me dice ‘Ah no sé, siempre andan acá’”.
Falta de protección. Falta de estrategia
Núñez coincidió con la valoración de los demás especialistas consultados.
Las adolescentes explotadas son cada vez más jóvenes: “De arriba del
camión yo la veía chica, ¡no sé qué tanto más chicas podrán ser!”.
Para el jefe de Policía de Rivera, Heriberto Fagúndez, los cambios socioculturales en el rol de la mujer influyeron en el fenómeno de la explotación sexual: “Creo que para entender la explotación hay que entender
también que antes la mujer estaba limitada, contenida, no salía de su
casa. Hoy tiene el mismo protagonismo que el hombre, hay todo un estímulo, un protagonismo distinto de la mujer hoy, que le permite tener
mucho más libertad. Antes la mujer tenía otra función, hoy no, hoy la
mujer encara… Todo eso también influye y bueno, han disminuido las
franjas etarias del comercio sexual”. Y recalcó que en Rivera cada vez hay
menos whiskerías, que el comercio sexual ocurre en ámbitos particulares,
con mujeres cada vez más jóvenes.
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Uno de los casos investigados por la Justicia en el año 2014 en Rivera involucró a varias adolescentes, de 12 a 15 años, que fueron trasladadas a
una finca en la zona rural de Rivera, a medio camino entre Rivera y Vichadero. Allí las esperaba el dueño de la finca y tres adultos más –vinculados
al trabajo forestal–, donde fueron explotadas sexualmente. La documentación judicial consultada relata que una de las jóvenes “era llevada para
el dueño”.11
Un elemento del caso que preocupó especialmente a las autoridades locales fue la constatación de que una de las adolescentes ya había sido
detectada por la Policía como víctima en un caso anterior de explotación
sexual. No es la primera vez que esto ocurre en Rivera y evidencia la falta
de políticas públicas eficaces para proteger a las víctimas: “Es necesario
un trabajo específico con las víctimas, requiere personal especializado, si
no, todo se repite una y otra vez. Me preocupa qué puede pasar con esas
chiquilinas, si no las cuidan, puede llegar a ser mucho peor”, concluyó el
sargento Borba, encargado de la sección de Trata y Tráfico de Rivera.
En Rivera no hay mecanismos de protección para los operadores sociales
que trabajan esta problemática. La psicóloga del INAU de Rivera, Estela
Goldaracena (ex directora de INAU Rivera) fue elocuente: “Más allá de
que pueda ser una red más doméstica, –por decirlo de alguna forma– o
redes más grandes, es muy fácil identificar a los operadores que puedan
estar trabajando en eso. Es aquello de pueblo chico. Y bueno, ahí también podés correr riesgo… Corre riesgo tu vida”.
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Tampoco hay espacios específicos de atención para las víctimas de explotación sexual, lo que dificulta que se concreten y en especial que se
sostengan las denuncias de estos casos. Esa era una de las necesidades
planteadas en el informe sobre la frontera de la Udelar (antes citado) y
continúa siendo un reclamo de los actores locales. Hasta ahora no se
concretó.
11 El caso está en la Justicia, hasta el momento hubo cuatro procesamientos.
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