Comunicado de la coordinación general de

Comunicado de la coordinación general de

Comunicado de la coordinación general de campaña
de Vamos, Granada
6 de mayo de 2015
Vamos, Granada valora positivamente la experiencia de gestión de Marta Gutiérrez
al frente del Colegio de Arquitectos, y niega rotundamente que aplicara la reforma
laboral de Rajoy en los despidos de 2011.
El pasado miércoles, 29 de abril, el Partido Popular de Granada, a través de su concejala
Telesfora Ruiz (conocida por haber instaurado la LAC), prohibió la entrada del candidato
número 2 de Vamos, Granada, Luis de Haro-Rossi, a una mesa redonda organizada en un
local municipal por los sindicatos municipales con representación en la policía local. Dicha
mesa redonda no se celebró porque los sindicatos decidieron cancelarla ante este intento
de censura.
El pasado jueves, 30 de abril, el Partido Popular de Granada denunció ante la Junta Electoral de Zona a la candidatura Vamos, Granada (señalando su relación con Podemos) por
colocación de propaganda electoral. Esta denuncia ha sido recurrida, ya que los carteles
colocados no pedían el voto, simplemente pedían un gobierno municipal más transparente.
El pasado lunes, 4 de mayo, La Voz de Granada y la página de Facebook de Ganemos Granada –amén de las páginas personales del grupo de apoyo a Alejandro Víctor García como
candidato (fallido) a la alcaldía de Granada– publicaron una nota supuestamente firmada
por un grupo de personas que trabajaban para el Colegio de Arquitectos de Granada, cuya
decana, Marta Gutiérrez Blasco, es la candidata a la alcaldía de Vamos, Granada y pertenece al Consejo Ciudadano de Podemos Granada.
Cada día es más evidente que estamos ante una campaña orquestada contra Vamos, Granada por parte de poderes fácticos de esta ciudad que no aceptan la posibilidad de un
cambio en las instituciones. Quienes nos han gobernado desde la transición tiene miedo al
cambio y a que la ciudadanía granadina vote a las personas más capaces y más eficientes,
que además no tienen ningún reparo en destapar la corrupción que ha sumido a nuestro
Ayuntamiento en la ruina económica.
Las actuaciones del Partido Popular se descalifican por sí solas, pero no queremos dejar de
responder de forma detallada, punto a punto, a la nota publicada sobre la gestión de Marta
Gutiérrez Blasco al frente del Colegio de Arquitectos. Nos queremos disculpar por la longitud del texto, pero la gravedad de las acusaciones implica que la explicación deba ser larga
para que no quepa ninguna duda al respecto.
Esta nota construye a partir de algunos datos sesgados un relato que nada tiene que ver
con la realidad, y a cada tergiversación respondemos.
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«La candidata a la alcaldía por Vamos Granada y miembro del Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos, Marta Gutiérrez, despidió en 2012, como decana del Colegio de Arquitectos de Granada, a 13 trabajadores con una media de 55 años de edad y con más de tres décadas en activo, según ha adelantado
esta mañana La Voz de Granada».
RESPUESTA:
No fueron 13, sino 8 los despedidos con esa antigüedad. Se realizaron en octubre de 2011,
no en 2012, como se puede comprobar en la sentencia 83/2011 del Juzgado de lo Social
n.º 7 de Granada. Rajoy accede al Gobierno después de hacerse los despidos; de hecho, en
noviembre de 2011. Es imposible que se aplicara en esos despidos la reforma de Rajoy.
En esa misma sentencia se puede comprobar, a partir de los salarios-día, el orden de salarios anuales de que se trata, por la sencilla cuenta de multiplicar por 365.
Se hicieron 3 despidos más en 2012, 1 en 2013, el último en 2015. Solo los 8 primeros despidos fueron denunciados. Ninguno plato de gusto en ningún caso, el Colegio tiene el tamaño
y el funcionamiento de una pequeña empresa familiar, y cualquiera que se haya visto en esa
situación puede entenderlo.
Evidentemente, en todo momento Marta Gutiérrez Blasco intentó por todos los medios evitar estos despidos, al tiempo que trataba de mantener a flote un Colegio de Arquitectos que
cuando ella fue elegida como decana tenía una situación que lo abocaba a la quiebra.
Acumulando más de 1.000.000 € en tres años, preveía para 2011 unas pérdidas de más de
300.000 €, unos 40.000 € mensuales una vez que terminara el ERTE que reducía la jornada
y los gastos de personal en un 20 %, una deuda hipotecaria de 3.000.000 € (aún en periodo
de carencia, que al acabar aumentaría todavía más las pérdidas), y con un disponible en
cuentas que apenas alcanzaba para llegar a fin de año. Una entidad que después de 4 años
ha sido saneada económicamente y ha conseguido mantener el empleo de 7 trabajadores y
trabajadoras, evitando con ello la desaparición de este colegio y que se tuvieran que asumir
sus funciones por algún otro colegio provincial: Málaga, Jaén, Almería, o centralizarse en el
de Sevilla, o en donde terminara decidiendo la estructura colegial.
«Según los despedidos, la candidata a alcaldesa, que había asistido como activista a diversas concentraciones contra la reforma laboral de Mariano Rajoy, “aplicó a rajatabla” la norma que redujo a veinte días
por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, la indemnización por despido. La resolución
judicial aún está pendiente en el Supremo.»
RESPUESTA:
Los despidos se realizan en octubre de 2011, antes de la citada reforma, antes incluso del
comienzo del gobierno del PP, así que es imposible que se aplicara. Es necesario recordar
que el despido con indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades no lo introduce la Reforma, solo se facilitan los requisitos para poder aplicarlo1.
La última sentencia, 129/14 de la Sala de lo Social del TSJA, da la razón al Colegio en todos
los términos de las demandas.
La novedad en el caso de los despidos objetivos radica en que se entenderá que la disminución de ingresos
o ventas es persistente si su nivel de ingresos o venta que es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos y por lo tanto no será necesario acreditar pérdidas. El Colegio ha acreditado pérdidas en
todos los casos.
1
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«El recorte de plantilla fue una de las primeras medidas que adoptó Marta Gutiérrez tras su toma de
posesión».
RESPUESTA:
La primera medida adoptada por la Junta de Gobierno de Marta Gutiérrez tras su toma de
posesión fue la reducción de las remuneraciones de la propia Junta Directiva del Colegio
en un 50 %, y para los cargos de secretario y decana en un 70 %. Es decir, la propia Marta
Gutiérrez pasó de poder cobrar los más de 3000 € de su predecesor a cobrar los últimos 4
años entre 1000 y 1200 € brutos mensuales incluyendo todos los gastos, dando ejemplo de
austeridad directiva en un momento de absoluta emergencia.
«Los trabajadores admiten que la decana les ofreció antes una reducción del cincuenta por ciento de sus
haberes y que rechazaron la oferta».
RESPUESTA:
En la plantilla del Colegio había unas diferencias salariales abismales: había personal cobrando según salario base y complementos del convenio de oficinas y despachos (13001500 €), y por otra parte, salarios de hasta 4700 €, con un complemento personal suplementario (aparte de los de antigüedad o transporte) que elevaba el salario a más del doble del
establecido por el convenio.
Se propuso a los trabajadores que tenían estos sueldos muy por encima de la media de sus
compañeros una reducción del 50 % (que aún mantenía su salario en sueldo base, complementos de convenio, y una parte de complemento personal) para conseguir de media la
reducción del 40 % que permitía equilibrar el gasto a los ingresos de entonces.
La propuesta consistía en la reducción al 50 % únicamente de las nóminas que tenían complementos personales, cada cual en proporción, entendiendo que quienes más ganaban
eran quienes tenían margen en su remuneración.
En el Colegio no se ha despedido a ningún trabajador que haya sufrido previamente reducción salarial. Las reducciones salariales se han aplicado para sobrevivir y mantener al
personal, no para abaratar despidos. Los salarios de la plantilla de Colegio son los correspondientes al Convenio de Oficinas y Despachos, con sus complementos de antigüedad y
transporte, y nunca se ha planteado un descuelgue respecto al convenio. Solo los asesores
y los cargos directivos, con su decana al frente, cobran mucho menos que en las empresas
del ramo.
«Hasta el momento, los operarios han cobrado el 60 % de una indemnización equivalente a 20 días por
año trabajado; el restante 40 % lo abonará el Fondo de Garantía Salarial.»
RESPUESTA:
Tampoco es cierto. Inicialmente cobraron en algunos casos más del 80 % por la limitación
de cobertura del FOGASA a 3 veces el SMI. Y posteriormente, han cobrado los salarios de
tramitación, lo que eleva la indemnización cobrada a prácticamente el doble de la del despido objetivo, y además la indemnización de 45 días por año en dos de los casos. Un total de
unos 600.000 €, con una media de 80.000 por trabajador y trabajadora.
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«“Burló la legalidad laboral y aplicó a rajatabla la reforma del PP”, recuerda Miguel Cabrera, el trabajador
despedido que hace de portavoz de sus compañeros.»
RESPUESTA:
«Burlar la legalidad laboral» es una acusación que hay que demostrar judicialmente. Un
error de forma subsanado al día siguiente de ser detectado no es burlar la legalidad laboral.
De este error ha respondido el seguro de la Asesoría Laboral. La última sentencia, 129/14
de la Sala de lo Social del TSJA, sobre este proceso da la razón al Colegio de Arquitectos,
así que no ha existido tal vulneración en ningún caso.
«Cuando el pasado mes de marzo la decana apareció entre los posibles candidatos de Vamos Granada,
el partido patrocinado por Podemos y Equo, los despedidos se quedaron de piedra. Hace un mes, Gutiérrez tampoco tuvo inconveniente en acudir a la Huerta del Rasillo a solidarizarse con los trabajadores de
una empresa que prestaba servicios de ayuda social a la Junta de Andalucía.»
RESPUESTA:
Comparar la situación del Colegio con la de los trabajadores de la Huerta del Rasillo solo
puede hacerse por desconocimiento o por omisión interesada de la verdad.
1.Los trabajadores de la residencia del Rasillo sufren impagos completos de meses y
han seguido yendo a trabajar cada día por su compromiso con los residentes. Los
trabajadores del Colegio han cobrado siempre sus nóminas, esa ha sido siempre la
prioridad en el Colegio y no ha habido un solo retraso en el pago. Compensaciones de
Junta de Gobierno y asesores sí se han pagado con más de seis meses de retraso en
ocasiones, y también las cuotas hipotecarias solicitando carencia de seis meses, en
momentos de nula liquidez.
2. En el Rasillo seguían teniendo los mismos residentes que atender, y seguían existiendo
los mismos ingresos para pagar sus salarios (cuotas de los residentes, financiación
de la Junta). El despido de los trabajadores del Colegio tenía causas objetivas: se debía al descenso drástico de los ingresos y de la actividad, y las consecuentes pérdidas
persistentes y demostradas. La actividad fundamental del Colegio venía siendo visar
proyectos, y de eso vivía. Sin proyectos, no hay actividad, ni ingresos con que pagarla,
aunque en todo caso la intención de la Junta de Gobierno fue evitar los despidos bajándose el sueldo ellos mismos primero y tratando de acordar reducciones salariales,
siempre por encima del convenio.
3.Los trabajadores del Colegio han cobrado sus indemnizaciones (más de 600.000 euros). Los del Rasillo, en caso de ser despedidos, sufrirían un ERE que conllevaría esperar para cobrar el 100 % de sus indemnizaciones por el FOGASA, lo que implica varios
años de retraso «gracias» a la desastrosa gestión del Partido Popular en este fondo
tan importante para los trabajadores en tiempos de crisis como el actual.
«Entre los despedidos del colegio de Arquitectos había casos tan dramáticos o más que el de los enfermeros de la residencia para grandes dependientes del Rasillo. Por ejemplo, María del Carmen Roig, que
llevaba 39 años en el colegio y a la que solo le restaban 6 meses para cumplir la edad de jubilación.»
RESPUESTA:
No es cierto que esta trabajadora estuviera a punto de jubilarse. Habría sido ilógico para
el Colegio despedirla con una indemnización de 40.000 € a la que se han añadido otros
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40.000 € por salarios de tramitación, 80.000 € en total, si con esperar seis meses se hubiese podido jubilar, lo que no habría tenido coste alguno para el colegio.
«O su compañera María del Amor, con 21 años de antigüedad, y que al haber sido delegada sindical
gozaba de las garantías de protección especificadas en el Estatuto de los Trabajadores. En este caso, el
TSJA condenó al colegio y a su decana a la readmisión.»
RESPUESTA:
Tampoco es cierto. Había sido delegada de personal un año antes, y por tanto su despido
no fue declarado nulo por esta circunstancia, sino por los mismos motivos que los demás,
un error de forma2. El Colegio podía optar por indemnizar a 45 días o por una readmisión y
nuevo despido subsanando el error de forma, salvo en el caso de esta trabajadora que por
haber sido delegada de personal podía elegir ella, y eligió la indemnización.
«Otro caso no menos llamativo es el de otra empleada con 32 años en el colegio, viuda sin pensión y
con un hijo dependiente con un grado de discapacidad del 75 %. Poco antes de su despido había solicitado una reducción de jornada laboral para dedicar más tiempo al cuidado de su hijo. Fue rechazada. La
medida habría supuesto un ahorro importante para el colegio profesional.»
RESPUESTA:
Esto tampoco es cierto y así está dicho, demostrado y establecido, por sentencia judicial
83/2011 del Juzgado de lo Social n.º 7 de Granada, que esta mujer nunca solicitó esta reducción de jornada.
«La pesadilla de este grupo de trabajadores del Colegio de Arquitectos, en el ocaso de su vida laboral,
tras 3 décadas de media de servicio, se inició el 3 de octubre de 2011, fecha en la que recibieron la primera carta de despido firmada por la ahora candidata de Vamos Granada (Podemos), Marta Gutiérrez,
que había accedido al cargo en el mes de mayo de ese año. El Colegio de Arquitectos alegó para justificar el despido colectivo “causas objetivas por razones económicas, productivas y organizativas”, según
recuerda Miguel Cabrera. Allí empezó un largo periplo judicial.»
RESPUESTA:
Todas las sentencias (83/2011 del Juzgado de lo Social n.º 7 de Granada, 1697/2012 de la
Sala de lo Social del TSJA, 327/2013 del Juzgado de lo Social n.º 3, 129/2014 de la Sala de
lo Social del TSJA) reconocían sobradamente la situación calamitosa del Colegio, y la existencia de causas económicas y organizativas para los despidos, que de no haberse producido hubieran supuesto la quiebra del Colegio y su desaparición, con el consiguiente coste
para los trabajadores, para los arquitectos granadinos, y para la propia ciudad de Granada.
El periplo judicial también fue largo y arduo para el Colegio. En una situación de total precariedad hubo que redoblar esfuerzos de asesores, Junta de Gobierno y personal sin poder
El FOGASA abona en despidos por causas objetivas el 40 %, pero con un límite de 3 veces el SMI; la redacción anterior de la ley daba lugar a confusión al Colegio, que inicialmente indemnizó el 60 % y al tomar
conciencia del error, un mes después y antes del juicio, les abonó la diferencia con un 10 % por demora; en
primera instancia se declaró error excusable y por tanto procedente, y en segunda instancia no.
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redoblar gastos, además de continuar cumpliendo con las funciones colegiales corrientes
tratando de mantener el empleo y los servicios que se dan en una institución como esta.
Evidentemente, hubiera sido mucho más sencillo que estos trabajadores privilegiados por
años de gestiones poco cuidadosas con los fondos del Colegio, hubieran aceptado acercarse a las condiciones del resto de la plantilla, que, como ellos mismos reconocen, son muy
dignas.
«La primera demanda contra el Colegio de Arquitectos, organismo de derecho público, fue desestimada
por el juez sustituto del juzgado de lo social número 7. Sin embargo, el recurso de súplica ante el TSJA
fue estimado y la sentencia en primera instancia revocada. El alto tribunal declaró improcedente el despido y condenó al Colegio a la readmisión o, en su caso, a una indemnización a razón 45 días por año
por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades.
»La resolución se hizo extensiva a todos los trabajadores salvo a María del Amor Roldán, que en su
calidad de exdelegada sindical, le correspondía elegir entre la indemnización o la reincorporación a su
puesto. Roldán optó por la indemnización ya que supuso que no tardarían en despedirla de nuevo.
»Sin embargo, el triunfo de los trabajadores duró muy poco. Apenas tuvieron tiempo de saborear la
victoria. Tras la sentencia condenatoria, los trabajadores recibieron, solo 13 días después, en 2012, una
segunda carta, de 16 folios, firmada por la decana y líder de Podemos, donde se les comunicaba su readmisión y, a renglón seguido, un nuevo despido. La decana y sus abogados se limitaron a corregir los
errores formales que motivaron la improcedencia de los despidos.»
RESPUESTA:
Así se hizo porque así lo establece el Estatuto de los Trabajadores para los despidos improcedentes por error de forma: que se puede realizar de nuevo el despido subsanando el error
de forma, por las mismas causas. Las causas económicas se reconocen en la sentencia, y
seguían vigentes, agravadas incluso.
«Los trabajadores, resignados, llevaron de nuevo su caso a los tribunales, pero en esta ocasión perdieron
el juicio en primera instancia y, posteriormente, el TSJA desestimó el nuevo recurso. El larguísimo conflicto aún no está cerrado. A día de hoy queda pendiente de resolver un último recurso ante el Tribunal
Supremo en el que los trabajadores insisten en que hubo fraude de ley.»
RESPUESTA:
La Junta de Gobierno ha actuado siempre de buena fe y con el objetivo de cumplir la legalidad y los derechos laborales de los trabajadores, junto con sus asesores. Los errores cometidos han sido técnicos y no intencionados, y cuando se han detectado se han rectificado
y se ha compensado a los trabajadores. La última sentencia sobre el asunto da la razón al
Colegio y a la gestión realizada.
«El Colegio de Arquitectos de Granada, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, redujo espectacularmente sus ingresos, en particular los procedentes de los visados de obra. El gasto en personal
representaba el 60 % del presupuesto. Los anteriores decanos, Ángel Gijón y Emilio Herrera, a la
vista de edad de los empleados, 55 años en adelante y de los años de antigüedad, 30 años de media,
optaron por adoptar medidas que permitieran a la mayoría llegar a la edad de jubilación anticipada a
los 61.»
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RESPUESTA:
Anteriores decanos hicieron también despidos, algunos de ellos de personal con la misma
antigüedad que los ocho a quienes en realidad corresponde el proceso relatado en la nota.
Las medidas que se tomaron –despidos de más de 20 trabajadores con salarios base de
convenio y dos ERTE de reducción de jornada al 20 %– no lograron contrarrestar el descenso de los ingresos, y en 2011 las pérdidas previstas eran de 300.000 €. Esa trayectoria
terminaba en la quiebra y la pérdida de todos los puestos de trabajo sin posibilidad de indemnización alguna.
La revisión de la situación y la decisión de las medidas a adoptar se hace de forma colegiada, porque el funcionamiento del colegio es democrático. Las medidas se propusieron
por Junta de Gobierno y fueron aprobadas tras largo debate por la Asamblea General de
Colegiados.
«“Elegir el despido fue condenarnos a la miseria y obligarnos a pasar necesidades en los últimos años
de nuestra vida laboral, justo antes de la jubilación”, asegura Miguel Cabrera.»
RESPUESTA:
Con el real contexto de precariedad, se está hablando de «miseria» por parte de quienes
cobraban nóminas de más de 4000 € mensuales, de los cuales más de la mitad correspondía a complementos personales fuera de convenio, un importe triple del de muchos de sus
compañeros de plantilla (y de la gran mayoría de la población). Cobraron indemnizaciones
que alcanzaron unos 80.000 € de media, hasta llegar a unos 600.000 € en total. Tenían
además derecho a dos años de subsidio de desempleo que, junto con la indemnización (y
el patrimonio que pudieran tener al haber percibido esos salarios, al menos con más probabilidad que los trabajadores que no percibían complementos personales), podían más
fácilmente conectar con la jubilación.
«Marta Gutiérrez estudió arquitectura, pero solo la ha ejercido de manera tangencial y esporádica, según se desprende de su vida laboral publicada en la web de Vamos Granada. Trabajó seis meses en
Nicaragua para la Agencia Española de Cooperación Internacional y en Granada en diversos proyectos
financiados con fondos públicos. Accedió al cargo de decana en mayo del año 2011 y lo debería dejar -o
presentarse a la reelección- el próximos mes coincidiendo con las elecciones municipales.»
RESPUESTA:
Esta puesta en duda de la capacidad o la experiencia laboral de la actual decana del Colegio
de Arquitectos es la última prueba de los argumentos falaces y de distracción que tratan
de darse. Fue la primera de su promoción, finalizando la carrera en 5 años + 1 de proyecto
fin de carrera. Colaboró en diversos proyectos con docentes de la ETSAG (la rehabilitación
de la Iglesia de las Angustias, entre otros). Está colegiada desde el 2000. Trabaja como
autónoma de manera continua desde 2002 hasta hoy en proyectos de edificación y rehabilitación, especializada en bioconstrucción, con el único paréntesis de un contrato con el
INJUVE en proyectos de la Agencia de Cooperación, en que desarrolló en colaboración con
la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de León proyectos de rehabilitación de vivienda y fomento del emprendimiento, tras especializarse en Cooperación al Desarrollo de
Asentamientos Humanos por la Universidad Politécnica de Madrid. Por encargo privado ha
proyectado viviendas unifamiliares y plurifamiliares; por encargo público, los programas de
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rehabilitación autonómica y de infravivienda de la Junta de Andalucía de dos municipios,
además de trabajos específicos de diagnóstico participativo en Loja. En colaboración con
otros compañeros de profesión, participó en el Concurso de Ideas para la construcción de
viviendas en el Barrio de la Alfaguara, con el proyecto que resultó ganador, y en el proyecto
de remodelación del Centro de I+D del aceite de oliva en Guadahortuna.
Ha sido presidenta de Adobe Arquitectura y Compromiso Social durante diez años, trabajando como voluntaria en asesoramiento técnico y participativo con vecinos del Plan Santa
Adela, en talleres de alegaciones a la propuesta de PGOU de 2008, en la redacción de varios
contrainformes de ruina asistiendo a los inquilinos en riesgo de expulsión de sus viviendas
(Casa del Aire, Casa Cuna), asistiendo a los vecinos en los procesos de desalojo y tapiado
del Cerro de San Miguel, y como denunciante en representación de la Asociación en varios
procesos judiciales contra delitos urbanísticos en Atarfe (Medina Elvira Golf, Espartero, Instituto Ilíberis, etc.) y en el caso Nevada. Como miembro de la asociación, participó en la
asistencia técnica para el análisis y mejora de la participación en la redacción del Programa
de Actuación de la ampliación del Área de Rehabilitación Concertada del Albaicín.
Ha participado en proyectos de investigación acción participativa (IAP) junto con la Universidad de Granada, fundando el grupo de Consumo Como de Graná, el Ecomercado en
colaboración con todos los agentes productores y comercializadores en canal corto de
la producción ecológica de la provincia, y el comedor ecológico infantil Donde comen los
monstruos.
En mayo de 2011 los colegiados eligieron a la lista que Marta Gutiérrez Blasco encabezaba
como candidata a decana con casi un 60 % de los votos, con una participación del 60 %, una
cifra histórica en las elecciones colegiales. El equipo que ella dirigía se hizo cargo de una
entidad que caminaba hacia la quiebra, y cuya subida en las tasas de visado pesaba sobre
una profesión ya de por sí castigadísima. Con la colaboración de asesores y personal, y el
apoyo de los colegiados, han logrado su saneamiento económico, recuperando su actividad
formativa y cultural, y reactivando mediante alquileres el edificio en el que tiene su sede,
Casa Zayas. Todo ello en un marco de gran dificultad económica general, y muy concreta
dentro de la estructura colegial, en que muchos colegios atraviesan gravísimas dificultades,
habiéndose producido en estos años el cierre de algunas delegaciones por quiebra económica. En este contexto, muy recientemente Marta Gutiérrez Blasco fue invitada al Pleno del
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Arquitectos de España (CSCAE) formado por los
decanos de todos los Colegios de España, para explicar esta gestión realizada a golpe de
esfuerzo, austeridad en los gastos de dirección y representación, sensatez en el manejo de
la deuda, y valentía en la puesta en uso y rentabilidad del edificio. El propio Presidente del
CSCAE hizo una calurosa felicitación por la labor de estos cuatro años, que ha permitido
sanear una entidad colectiva para ponerla de nuevo al servicio de sus miembros y de la
sociedad.
Para terminar, algunas preguntas en relación a lo que ha ido llegando por redes a la decana
del Colegio de Arquitectos y candidata de Vamos, Granada, Marta Gutiérrez Blasco:
Así se las gasta la decana con ‘los de abajo’.
Continuamente habrá que pensar qué está arriba y qué está abajo.
Los colegiados de Granada ingresaron de media unos 4000 € ¡anuales! en el año 2011.
Poco se sabe de la precariedad de los profesionales de la arquitectura, como de otras pro8
fesiones. Nuestra costumbre de ser autónomos y no cejar, y no inscribirnos en el paro hace
que no tengamos datos oficiales. Las encuestan hablan de un paro inscrito del 20 %, y uno
encubierto del 50 %. La mayoría somos autónomos. No tenemos honorarios mínimos, lo
que equivale en un autónomo a decir que un empleado no tiene convenio. No tenemos
derecho a paro, ni a indemnización por cese de actividad. Con la crisis, la situación se ha
agravado hasta límites dramáticos, emigrando por miles en las generaciones más jóvenes.
La anterior gestión, para compensar el descenso de la actividad, había subido al triple las
tasas de visado, que se detraían de esos honorarios de por sí bajísimos por la feroz competencia, en una huida hacia adelante confiada en que «escampara» la crisis.
En este contexto, los ocho trabajadores despedidos en el proceso al que se refiere la comunicación, los que están acusando al Colegio, cobraban salarios del orden de 4000 € brutos,
de los cuales más de 2000 € eran complementos personales fuera de convenio. Para la
categoría de 6 de ellos, oficial de 1ª, y su antigüedad media, 30 años, incluyendo complemento específico de convenio y de transporte, corresponde un salario de unos 1800 €. Se
les ofrece continuar cobrando alrededor de 2000 €, y no aceptan, y sus indemnizaciones
han alcanzado los 80.000 € de media.
Como ya he explicado, yo misma pasé a cobrar 1000 € de los más de 3000 € que cobraba
el anterior decano. Mis otras actividades profesionales suponían unos ingresos medios de
600 €, 1600 € en total, por tanto, descontando cuota de autónomos 1300 € brutos.
Quien está denunciando al Colegio, y aquellos a quienes nombra en el comunicado, son
casualmente quienes tenían salarios más elevados, por complementos personales, y no de
antigüedad. Quede claro que esta respuesta se acota a esos casos.
Lo dicho ¿qué es arriba y qué es abajo? Los puestos de libre designación con salarios desorbitados de las administraciones también son empleados contratados, ¿están «abajo»?
La candidata de Vamos, Granada aplicó la reforma de Rajoy a los trabajadores.
Despidos hechos en octubre de 2011, gobierno de Rajoy en noviembre de 2011, reforma
laboral en 2012. Está bastante claro: el Colegio no aplicó la reforma laboral en los despidos,
y yo tampoco, por tanto.
Pero hacer despidos los hice, los firmé y los comuniqué personalmente. No me gustó, claro
que no.
Yo habría preferido que el Colegio fuera una cooperativa laboral, y que de las decisiones se
hubieran hecho responsables los propios trabajadores. Pero no lo era, y la responsabilidad
de gestión era de la Junta de Gobierno.
Y mi papel, y el de mis compañeros, era gestionar con transparencia, dando ejemplo de austeridad, informando a colegiados y personal, llevando las decisiones correspondientes a la
Asamblea, y empleando todos los medios a nuestro alcance para garantizar los derechos
de los trabajadores: cobro de nóminas sin demora, cobro de las indemnizaciones legales
correspondientes en los casos en que hubiera que prescindir de los puestos.
¿Qué es lo coherente? ¿No hacer despido alguno y dejar que una entidad o una empresa
quiebre y los trabajadores queden a expensas del FOGASA?
Siete trabajadores continúan trabajando en el Colegio, con salarios que cumplen convenio,
y puntualidad en el cobro de la nómina.
O abandonamos el discurso político de que los empresarios son los malos y los trabajadores los buenos –o viceversa según el color del bando en el que nos inscribamos– o será
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muy difícil construir un proyecto por el bien común, una sociedad sana donde colaborar y
cooperar cada cual desde sus capacidad y carácter. Otra cosa es ceguera u oportunismo
político.
Para ejercer cualquier cargo con independencia y coherencia, tiene una que tener claras
sus competencias y sus límites, y sus funciones. A mí no me gusta el modelo urbanístico
basado en los centros comerciales y las urbanizaciones de adosados, pero como decana
no puedo negarme al visado de sus proyectos si cumplen con la legalidad. Cada inquietud
hay que llevarla por su cauce.
Si queréis cambiar las cosas, nos dijeron, presentaros a las elecciones. Pues eso. A las que
corresponda en cada caso.
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