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¡NUEVO DISEÑO!
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Caracas, 12 de octubre de 2016
Apoyo
a punta
de tiros
Sin mejoras económicas a la vista, el Gobierno pudiera apostar por la reducción de la
inseguridad mediante las OLP como forma de detener su fuga de apoyo. Pero a
quienes busca atraer son justamente quienes menos preocupación sienten por la
violencia criminal
a semana pasada el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
Néstor Reverol, anunció que su despacho dio inicio a una nueva etapa
de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el más reciente intento oficial de detener al hampa desbordada que azota al país. Desde entonces, en los procedimientos han muerto decenas de presuntos delincuentes. Solamente este martes 11 de octubre se reportaron 23 muertes.
A pesar del cambio reciente en el ministerio, las OLP llegaron para quedarse. La falta de un texto que detalle cuál es su plan, se dificulta el seguimiento de sus procedimientos y cumplimiento de metas.
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La apuesta del gobierno podría ser usar a las OLP como bandera política para recuperar votos (o intenciones de votos) ante la posibilidad de un
referendo revocatorio. Si no se le ha dado bien luchar contra la inflación,
al menos podría reducir la criminalidad.
La violencia recrudecida entre 2015 y 2016 no habla muy bien de los
resultados de esta estrategia.
Contraloría complicada
Las OLP cumplieron esta semana un año y tres meses. Su primer despliegue, el 14 de julio de 2015, fue en los barrios formados alrededor de
la avenida Guzmán Blanco, mejor conocida como Cota 905, en el Distrito
Capital. Sólo en Caracas, el saldo fue de 16 muertos. También hubo procedimientos en los Valles del Tuy y Aragua.
La inusitada incursión de policías a estas zonas fue una sorpresa para
el país. Su repetición dejó claro que no era algo ad hoc, sino la nueva política bandera del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Los
constantes cambios en el gabinete a menudo van acompañados por nuevas estrategias. Así como el ya olvidado Plan Patria Segura fue el gran desarrollo del hoy renegado Miguel Rodríguez Torres, las OLP fueron las hijas de Gustavo González López, quien llegó a esa al ministerio cuatro meses antes del primer procedimiento. Su sucesor, Néstor Reverol, lleva poco tiempo al frente, pero todo indica que las ha adoptado.
A pesar de su preponderancia, es muy poca la información disponible
sobre las OLP. El criminólogo Fermín Mármol García, dijo este lunes en entrevista para el Circuito Éxitos que es difícil hacer un seguimiento sobre su
efectividad. Cuestionó la falta de un texto oficial que detalle métodos y
objetivos, algo que no es cónsono con el carácter de política pública.
El gasto que suponen para el país es tratado de manera dispersa en las
cuentas oficiales. Por eso, no hay claridad de cuánto cuestan.
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y
Paz de 2015 menciona que el año pasado "se realizaron 132 OLP, lo que
permitió el desmantelamiento de 137 bandas, la detención de 2.287 ciudadanos por diferentes delitos, la incautación de 1.319 armas, 42.118 cartuchos de calibres variados y la recuperación de 233 vehículos, 422 motocicletas y 2.213 apartamentos, lo que benefició a 14.951.254 personas
en todos los estados del país y el Distrito Capital, con una inversión de Bs
42,7 millones.
Para coadyuvar a las OLP y la conformación de ejes de mancomunidades policiales se compraron 328 chalecos policiales tácticos, 372 pistolas
calibre 9 mm, 200 cajas de municiones calibre 9 mm y 198 cajas de cartuchos calibre 12 mm, lo que supuso un desembolso total de Bs 42.919.325.
Con el objetivo de analizar la incidencia delictiva en zonas bajo estado
de excepción (Zulia, Táchira y Apure), se creó una base de datos cuyo costo fue de Bs 5.148.766. Una remodelación de la sede del Comando de
Operación y Protección del Pueblo "OLP" del Cuerpo Policía Nacional Bolivariana implicó un gasto de Bs 178.380.799.
También se llevó a cabo una "investigación sociopolítica de los sectores y urbanismos intervenidos por las OLP con el propósito de generar información sobre la situación sociopolítica presente en ellos que fundamente el diseño, ejecución y seguimiento de políticas en materia de pre-
La realización
de 132 OLP el
año pasado
supuso,
según cifras
oficiales, una
inversión de
Bs 42,7
millones
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vención del delito y la violencia". Esto costó Bs 862.351.
Debido a una inflación calculada extraoficialmente por diferentes expertos entre 400% y 500% para lo que va de año, de todas estas actividades que implicaron las OLP en 2015, aquellas que se han repetido en 2016
resultan más costosas. Además, no se sabe si esta nueva etapa en los operativos significará más actividades y mayores gastos.
¿Y los Derechos Humanos?
Las OLP han sido el objeto de críticas severas por parte de organizaciones no gubernamentales protectoras de Derechos Humanos en Venezuela. El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) ha estado particularmente activo en la recepción de denuncias de ciudadanos sobre brutalidad policial y otros abusos de poder
en el marco de los operativos.
Debido a su rango territorial de acción exclusivamente -o casi exclusivamente- en zonas populares, Provea ha calificado a las OLP como una
"razzia contra los pobres".
En mayo, la ONG alertó que los operativos especiales de seguridad dejaron 245 muertos durante el segundo semestre de 2015, según el Ministerio Público. Añadió que fueron allanadas 17.000 viviendas en áreas humildes.
La prensa ha reseñado varias veces que familiares de personas abatidas por agentes del Estado durante las OLP denunciaron que los muertos
no tenían ningún tipo de antecedente penal, ni estaban haciendo nada ilegal al momento de comenzar los procedimientos, pero igualmente fueron
tiroteados por policías o militares.
En un informe luego de un mes tras la primera OLP, Provea llama la
atención sobre el hecho de que, según el propio ministerio, 52 personas
hayan fallecido en el marco de los operativos, sin que se dé cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o muerto en el mismo contexto.
Esto, aunado a las denuncias de familiares, ha producido en la organización de Derechos Humanos sospechas de que las ejecuciones extrajudiciales, tanto de delincuentes como de inocentes, se han vuelto una norma en las OLP.
Provea también ha manifestado una gran preocupación por excesos en
las detenciones de ciudadanos.
"En 23 operativos reseñados por el ministerio en su web se refleja la cifra de personas detenidas en los mismos. Un total de 4.021 ciudadanos ha
Ministro Reverol mantendrá, al
menos por ahora, las OLP, a
pesar de que son originalmente
hijas de su predecesor,
González López
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sido detenido durante el primer mes de ejecución de OLP. Del total, sólo
368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a
su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo
a estas cifras, 90,8% de las detenciones practicadas en el marco de las OLP
han sido arbitrarias e ilegales y apenas en 9,1% se presume la vinculación
de los aprehendidos con hechos delictivos", se lee en el reporte de la
ONG.
Además está el problema de las entradas por la fuerza a residencias.
Provea detalla que en ese primer mes, 3.463 viviendas fueron allanadas.
En operativos como los realizados en la Cota 905 (Caracas) y un urbanismo de la Misión Vivienda en Anzoátegui, todas las moradas de dichas comunidades fueron revisadas. En ninguno de los casos estos allanamientos
(denominados "inspecciones" y "auditorias" por los funcionarios actuantes) contaron con una orden judicial. En muchas de las situaciones de allanamientos masivos los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público. Se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.
El informe da cuenta también sobre cómo 200 viviendas ubicadas en el
kilómetro 3 de la carretera Panamericana (entre el Distrito Capital y Miranda) fueron desalojadas forzosamente y demolidas en el marco de otra
OLP. Los afectados denunciaron que los funcionarios actuantes afirmaron
que la medida obedecía a que la zona estaba controlada por "células paramilitares".
"En este caso el Estado irrespetó las garantías procesales en el caso de
desalojos forzosos adoptadas por la ONU en el sentido que no realizó una
consulta con las personas afectadas y no otorgó un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, realizó el desalojo y demolición de forma sorpresiva. Además, los afectados reportaron abusos, malos tratos y
detenciones arbitrarias", advirtió Provea.
A juicio de Provea, más de un año después las cosas no han mejorado.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG, expresó su preocupación por el relanzamiento de los operativos, ya que, a su juicio, desde que comenzó existe una "alta letalidad" en los sectores donde se ha
practicado la nueva fase del operativo.
"Lamentablemente el balance de menos de una semana de un número tan elevado de personas asesinadas por fuerzas del orden público, confirma esta preocupación que hemos señalado. Hasta ahora no hay investigación concluyente por parte del Ministerio Público que permita establecer responsabilidades con las anteriores muertes", sostuvo, este lunes,
en entrevista para Unión Radio.
Cuestionó que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, "ha guardado silencio con respecto a la actuación de la OLP, lo que propicia que la
impunidad y el abuso en la fuerza sea la norma".
Poca efectividad
A pesar de todas las denuncias que envuelven a las OLP desde sus primeros despliegues, un año más tarde, en julio de 2016, un estudio de la
firma Hinterlaces concluyó que 82% de los venezolanos estaba de acuer-
Provea llamó
la atención
sobre el
hecho de que
52 presuntos
delincuentes
murieran
durante el
primer mes de
OLP, sin
reportes de
funcionarios
heridos o
fallecidos
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Inti Rodríguez, coordinador de
investigación de Provea, alertó
que los mismos problemas de
DD.HH. de OLP anteriores se
están dando en nueva etapa
Directora: Cindy Medina
Redacción: Alejandro Armas
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do con una nueva fase de los operativos. Además, 59% de los consultados respondió que las operaciones tendrán al menos algún grado de efectividad.
Esto pudiera explicar por qué las denuncias de violaciones de DD.HH.
en las OLP no han tenido eco entre el grueso de los venezolanos. Ante un
panorama económico que a corto plazo solo augura más penurias, el Gobierno tal vez apueste a parar la hemorragia de apoyo masivo con mayores garantías de seguridad personal. Si es así, sin embargo, la probabilidad
de éxito es limitada.
Mientras que la inseguridad es señalada mayoritariamente por la clase alta y media como su principal causa de preocupación, en los estratos
menos favorecidos -que históricamente han formado la base de apoyo del
chavismo- esa posición la ocupan los problemas económicos. El aumento de la violencia delictiva, cuyas víctimas son pobres en 84% de los casos
según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), ha sido una constante los últimos 17 años, pero eso nunca pareció incidir significativamente en el respaldo al expresidente Hugo Chávez.
Hasta ahora no ha habido indicios de que la violencia criminal haya caído gracias a las OLP. El OVV estimó que 2015 cerró con 27.875 homicidios,
una tasa de 90 por cada 100 mil habitantes. Ello supone entre 2 y 3 mil
asesinatos más que en 2014. Un reportaje publicado la semana pasada en
Runrun.es totalizó extraoficialmente 4.318 ingresos a la morgue de Bello
Monte entre enero y septiembre de 2016. Además, este septiembre fue
el más violento en los últimos seis años.
Fermín Mármol García considera que la falta de efectividad de las OLP
se debe a su propio diseño. Cuestiona que las fuerzas de seguridad solo
entren a las zonas populares esporádicamente y no permanezcan ahí, como se hizo en Brasil. Añadió que esto debía ir acompañado por políticas
públicas que penetren estos espacios y que ofrezcan actividades alternativas a la comisión de delitos para sus habitantes.
El especialista critica además que los blancos de las OLP sean solamente las bandas que operan en los barrios. A su juicio, una verdadera política de seguridad debería ampliar su rango de acción para poner fin al
dominio de los colectivos armados, los pranes en las cárceles y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (grupo guerrillero activo en el Alto Apure
desde 1992).
Las denuncias hechas en el marco de las OLP pudieran llevar a un efecto contrario al deseado: mayor rechazo al Gobierno por parte de los humildes. Mientras, el hampa sigue haciendo de las suyas y por ese lado
tampoco se ve una mejora en la calidad de vida para los venezolanos.
Seguiremos informando…
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