Encendiendo el motor forestal La estabilidad financiera según el FMI

Encendiendo el motor forestal La estabilidad financiera según el FMI

viernes 9 de octubre del 2015
el comercio .A21
Opinión
El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural,
el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Diversificación Productiva en marcha
Ley de partidos políticos
Encendiendo el motor forestal
Reformar
contra
la realidad
- Piero Ghezzi Solís Ministro de la Producción
L
os últimos días han sido
muy importantes para la
diversificación productiva. Además de los seis decretos legislativos aprobados para impulsarla, se implementó
tres acciones para facilitar el despegue del sector forestal: la aprobación de cuatro reglamentos a la Ley
Forestal, impulsados por el Ministerio de Agricultura; la modificación
del Fondo Mipyme en la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que facilitará el financiamiento
al sector; y la aprobación de la construcción del Centro de Innovación
Tecnológica (CITE) forestal en Pucallpa, el más grande del país.
Las cifras de nuestro potencial
forestal son elocuentes. Tenemos
de 10 a 12 millones de hectáreas de
bosque amazónico. Usamos menos de 2 millones. Es madera fina,
lista para aprovecharse con un manejo ambientalmente sostenible.
Además, tenemos en los espacios
andinos y amazónicos aproximadamente 9 millones de hectáreas “reforestables” para plantaciones. Solo
hemos reforestado 33 mil hectáreas.
La bolaina crece en nuestras plantaciones en 8 años versus 23 años del
pino radiata, especie con propiedades similares, en Chile. Sin embargo, este país, con mucho menos territorio de aptitud forestal, exporta
alrededor de US$5.500 millones de
productos forestales versus US$170
millones del Perú.
Logros de la mesa forestal:
El potencial observado nos llevó
a instalar la mesa forestal, a iniciativa del Ministerio de Agricultura
(Minagri), como parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva. La mesa elaboró un diagnóstico integral e identificó tres tipos de
barreras: a) Deficiente regulación y
tramitología. b) Falta de innovación
y baja productividad. c) Falta de financiamiento.
En regulación, este 30 de setiembre se publicaron los cuatro regla-
mentos forestales pendientes, liderados por el Minagri.
Participaron más de 2.500
personas, incluidas comunidades nativas vía la consulta
previa. Los reglamentos permiten que aquellos que tienen posesión pero no titulación de
sus tierras puedan comerciar su madera de manera legal. También los
dueños de tierras pueden realizar
plantaciones forestales sin trámite
alguno. Para el bosque, se simplifica
los trámites, se permite que la concesión pueda constituir garantías
para préstamos, y se
da una visión integral
(más allá de productos
maderables).
Además, se levantaron las barreras en tramitología: carga casi cero;
agilización notable del mecanismo de exportación;
implementación
del Manual de Auditoría
Quinquenal y Sistema de
Información Gerencial; mejora en regulación de las infracciones y sanciones y conformación
del Tribunal Forestal.
ren mínimo a diez años, con
largos períodos de gracia
debido al flujo de caja acumulado negativo hasta la cosecha. Ese tipo de financiamiento no existe. Tampoco
para las concesiones de bosque primario, pues en el pasado las
concesiones nunca se han aceptado
como garantía. Esperamos utilizar
un monto relativamente pequeño
Crecimiento
Lograr el despegue definitivo
del sector forestal requerirá
reglas de juego sostenidas en
el tiempo.
El CITE forestal en Pucallpa ayudará a acelerar la innovación en los
procesos productivos, y, con nuevas
especies, a transferir tecnología a las
pequeñas y medianas empresas (mipymes) y atraer expertos calificados
del exterior. Sus laboratorios darán
certificaciones de calidad. También
ayudará a la estandarización. Mejorará nuestros procesos de secado
y corte de la madera que aún no son
ideales, inyectando competitividad.
En cuanto al financiamiento, las
plantaciones forestales lo requie-
(S/.200 millones inicialmente) para préstamos de segundo piso que
gatillen el financiamiento privado
al sector, como hizo el Fondo Mivivienda con el sector inmobiliario.
Las compañías de seguros y fondos
de pensiones locales son los inversionistas naturales.
Las ventajas del sector forestal rebasan lo productivo. Desarrollar el
sector no solo es compatible con el
medio ambiente, sino que protege
nuestra biodiversidad, nos ayuda a
preservar el agua, e incluso podría
mitigar desastres naturales. Además, es una actividad socialmente inclusiva. Por cada 2
hectáreas de plantación
se genera un empleo
formal para trabajadores no calificados.
Países vecinos decidieron años atrás
impulsar su sector forestal. Para desarrollarlo, Chile devolvía
hasta 75% de lo que las
empresas invertían en las
plantaciones. Similares incentivos, en menor porcentaje, han
aplicado Brasil, Uruguay, Colombia
y, recientemente, Ecuador. A diferencia de nuestros vecinos, el Perú
apuesta principalmente por mejorar la productividad.
Naturalmente lograr el despegue definitivo del sector forestal
requerirá más que lo logrado hasta
hoy. Requerirá también reglas de
juego sostenidas en el tiempo,
y acompañamiento continuo
para hacer ajustes cuando sea
necesario. Asimismo, seguir
fortaleciendo la infraestructura logística. Esperamos que
con lo hecho y lo que queda
por hacer este motor del
crecimiento, por tantos
años apagado, se encienda para impulsar el progreso
del Perú.
ilustración: giovanni tazza
mirada de fondo
La estabilidad financiera según el FMI
- iván alonso Economista
E
n una entrevista periodística publicada el último
domingo, Christine Lagarde, directora gerenta
del Fondo Monetario Internacional, encomia a los reguladores bancarios del mundo por haber
establecido requerimientos más
estrictos de capital, lo cual debería
contribuir a la estabilidad financiera. Una visión, para ser justos, compartida por gran parte de la comunidad financiera y de la academia.
Lo que no queda del todo claro en la
mente de este economista desregulado es de qué manera una mayor
exigencia de capital reduce el riesgo de que los ahorristas no puedan
recuperar sus depósitos, que es, si
no la única, la principal razón para
preocuparse por la estabilidad financiera.
Supongamos que el regulador le
ordena a un banco que aumente su
capital. Los accionistas cumplen con
hacer un aporte. Pero ¿qué es exac-
tamente lo que aportan? Podrían, por ejemplo, aportar
inmuebles, que el banco después utiliza para trasladar
allí las agencias que funcionan en locales alquilados.
Más inmuebles en el lado
izquierdo del balance implican más
capital en el lado derecho. ¿Sirve ese
capital para devolver a los ahorristas sus depósitos, en caso el banco no
pueda recuperar la totalidad de los
préstamos que ha otorgado? No, a
menos que se puedan vender los inmuebles rápidamente sin tener que
bajarlos de precio.
El regulador indudablemente preferiría que el aporte se hiciera en efectivo. Pero eso no resuelve
el problema. Un aporte en efectivo
significa que el banco puede hacer
más préstamos y también, por lo
tanto, que puede perder más plata.
Su capacidad para responder por
los depósitos del público no necesariamente será mayor de lo que hasta
entonces había sido. El regulador tendrá que exigir que
el aporte quede inmovilizado en la bóveda, con el objeto
de que haya más capital para
el mismo volumen de préstamos. Pero, para mantener su
rentabilidad, los bancos tratarán de
cambiar la composición de su cartera, reemplazando los préstamos menos riesgosos por otros más riesgosos, que son los que pagan las tasas
de interés más altas.
En todo orden de cosas, la gente
suele reaccionar de una forma que
lleva a resultados distintos de los
que esperaban los reguladores. La
regulación financiera no es una excepción.
Hay una presunción de que los
dueños de los bancos no pondrán
por propia voluntad todo el capital
necesario para aislar a sus depositantes de las pérdidas crediticias; o
que asumirán riesgos excesivos para
el capital con que cuentan. Pero en
esto no tienen por qué ser diferentes
a los demás empresarios. No quieren
conscientemente perder su negocio
por una acumulación de malas deudas que lo descapitalicen completamente. No quieren tampoco arriesgar las utilidades futuras por una
ganancia de corto plazo.
Decir que los bancos deben tener
como mínimo un capital equivalente al 8% o al 10% o a cualquier
otro porcentaje de sus préstamos es
esencialmente una cuestión subjetiva. Parte de una idea acerca de la
frecuencia con la que sus clientes no
estarán en capacidad de pagar sus
deudas y de cuánto consideren recuperable mediante la ejecución de sus
garantías. Una idea basada ya sea en
la experiencia o en la confianza sobre su proceso de evaluación crediticia. Y, con todo respeto, no creemos
que los reguladores, en general, estén mejor informados o motivados
para decidir cuánto riesgo debe asumir un banco.
Fernando Tuesta
Soldevilla
Profesor de Ciencia
Política de la PUCP
E
l Congreso de la República aprobó modificaciones a la Ley de
Partidos Políticos que, desde
su promulgación, en noviembre del 2003, ha visto cambiar
su contenido en casi todo su articulado. El
problema es que no atacan aspectos sustantivos de la regulación de los partidos
políticos o sus modificaciones han ido en
sentido contrario al objetivo declarado. Es
suma de partes y ausencias.
La propuesta, por ejemplo, permite
que un partido pueda seguir existiendo
pese a no presentarse a un proceso electoral –con lo que se alarga la vida de los
llamados “vientres de alquiler”–, eleva a
una cuarta parte el número de candidatos
designados por la dirección del partido –
sin que pasen por elecciones internas– e
incrementa a más de 700 mil las firmas
de adherentes para inscribir un partido,
cuando estas medidas no han reducido
la presencia de partidos cascarones. De
la misma manera, no se toca el pernicioso voto preferencial, así como no permite
la intervención directa de los organismos
electorales en las elecciones internas, entre otras importantes ausencias.
Pero la gran novedad de este primer paquete de modificaciones es el artículo que
señala que no se puede entregar, prometer
u ofrecer dinero, regalos o dádivas, salvo como propaganda electoral, siempre y cuando
no supere el 1% de una UIT por cada bien
entregado. La pretensión es legislar contra
el populismo y la demagogia, partiendo de
que el elector se deja llevar por estas prebendas, creando un sinsentido jurídico.
¿Cómo hará la ONPE, al que se le encarga esta tarea, para cotizar el valor de un
bien que se entrega u ofrece? ¿Qué método
y qué pruebas debería alcanzar? Es decir, si
se regala un bien que cuesta S/.38,50 (1%
de la UIT) estaría prohibido, pero si se regala cientos que cuestan menos de esa cantidad, no.
Si un partido excede esta cantidad, la
ONPE tendría que sancionarlo con 100 UIT
(S/.385.000) e incluso podría retirarlo de
la campaña electoral (al ser una conducta
tipificada como grave). El problema para
esta ley es la realidad que busca normar.
En una campaña electoral se desarrollan,
en muy corto tiempo, cientos de eventos
simultáneos y espontáneos en todo el país.
Hoy ya están inscritos 21 partidos nacionales, por lo que se tendría 21 candidatos
presidenciales y –gracias al voto preferencial– cada candidato al Parlamento hará
campaña individual, por lo que sumarían
2.730 candidatos en total.
Para ir tras cada candidato la ONPE
tendría que crear un aparato especial con
personal y recursos supervisando sus actividades –obviamente no podría hacer
una muestra estadística–. Una práctica
altamente subjetiva y de casi imposible
aplicación. Esto supondría, además, una
carga administrativa alta que se desplazaría luego al JNE cuando, por apelación,
deba ver cada caso, incrementando su ya
alta carga procesal.
Ahora imagínese esto para el caso de las
elecciones regionales y municipales, cuyo
número de candidatos supera los cien mil:
las denuncias se multiplicarían, exigiéndose a los organismos electorales su cumplimiento, ante una tarea de difícil aplicación y resultado esquivo. No se trata de no
combatir la demagogia, sino hacer leyes
realistas, aplicables y que no se cargue de
más trabajo a los organismos electorales,
distrayendo la atención de sus funciones
fundamentales. Ingentes e inútiles recursos para legislar contra la realidad.
habla culta
- martha Hildebrandt -
Director General: FRANCISCO MIRÓ QUESADA C.
Pipilín. En la lengua general la voz infantil pipí designa la orina, pero en el castellano
de gran parte de la América hispana, el Perú incluido, pipí es el equivalente de pene,
especialmente el del niño. El oficial Diccionario de americanismos (2010) registra, con el
mismo sentido, el diminutivo pipilín, el cual está circunscrito a nuestro país. Véase este
diálogo en Los últimos días de La Prensa de Jaime Bayly: “–¿No tiene pipilín el viejo? / –Dice
que se lo volaron en la guerra...” (Barcelona 1996, p. 306).
Director Periodístico: Fernando Berckemeyer Olaechea
Directores fundadores: Manuel Amunátegui [1839-1875] y Alejandro Villota [1839-1861]
Directores: Luis Carranza [1875-1898] -José Antonio Miró Quesada [1875-1905]
-Antonio Miró Quesada de la Guerra [1905-1935] -Aurelio Miró Quesada de la Guerra [1935-1950]
-Luis Miró Quesada de la Guerra [1935-1974] -Óscar Miró Quesada de la Guerra [1980-1981]
-Aurelio Miró Quesada Sosa [1980-1998] -Alejandro Miró Quesada Garland [1980-2011]
-Alejandro Miró Quesada Cisneros [1999-2008] -Francisco Miró Quesada Rada [2008-2013]
-Fritz Du Bois Freund [2013-2014]