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Transcripción

Informe 2002
Venezuela
Situación del derecho a la libertad de expresión
y a la información
Carlos Correa | Andrés Cañizález
Venezuela, 2003
Informe 2002
Venezuela.
Situación del derecho a la libertad de expresión y a la información
© 2003, Espacio Público
© De esta edición, Fundación Konrad Adenauer
Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal pp 200304CS544
ISSN: 1690-3951
Investigación: Carlos Correa - Andrés Cañizález
Asistente de Investigación: Luisa Torrealba
Corrección de estilo: Carmen Isabel Maracara
Diagramación y montaje: Verónica Alonzo
Impresión: Publicaciones Monfort C.A.
Impreso en Venezuela
Printed in Venezuela
www.espaciopublico.org
[email protected]
Esta publicación fue posible gracias
a la contribución de la Fundación
Konrad Adenauer. [email protected]
El contenido de esta obra puede ser citado y difundido
por cualquier medio, siempre que sea sin fines comerciales.
Agradecemos citar la fuente.
Prólogo
E
l año pasado fue un tiempo de múltiples conflictos en el panorama político venezolano, una circunstancia que se reprodujo en muchos espacios
sociales, incluyendo a los medios de comunicación como parte de este debate y confrontación. Las exigencias ciudadanas para que los medios de comunicación asuman la responsabilidad social y se construiyan sobre la base de
cimientos éticos, constituye una demanda inherente en las actuales sociedades democráticas. Esta exigencia debe soportarse conjuntamente con una amplia libertad de expresión que no implique restricciones ilegales a la posibilidad de una crítica, incluso exacerbada, a las autoridades y su gestión. La
confrontación política alcanzó la esfera de los reporteros que sintieron objetiva y subjetivamente la presión de la violencia en las tareas periodísticas.
Los medios de comunicación, propietarios y periodistas, tienen que responder a las demandas de la ciudadanía, lo que implica desarrollar propuestas de calidad que necesariamente tienen que incluir dimensiones éticas. La
libertad de expresión y de información son derechos de los ciudadanos y por
ello la exigencia de respeto y protección son fundamentales para un mejor y
sostenido crecimiento democrático. Este debate sobre los medios de comunicación tiene desafíos importantes, asociados a la construcción de una representación social y política que ofrezca espacio al pluralismo y la diversidad de
la sociedad. La complejidad de la situación venezolana tiene diversos indicadores, unos de ellos están vinculados al deterioro de la situación de la libertad de expresión y de información, que a lo largo del año 2002, ocupó el interés de los medios, periodistas e instituciones nacionales e internacionales
que realizaron informes, visitas, pronunciamientos y movilizaciones en procura de hacer visibles sus puntos de vista.
La complejidad de la situación y la intensidad del debate está urgido de
datos que contribuyan al despliegue argumental, para evitar las generalizaciones. Por ello el estudio realizado, documenta y cuantifica, de acuerdo a categorías previamente definidas, los hechos registrados y de este modo ofrece
a los protagonistas y responsables un conjunto de datos confiables que aspiramos permita contribuir a precisar las responsabilidades y las exigencias ciudadanas a las autoridades.
La fundación Konrad Adenauer mantiene un trabajo de promoción de
la libertad de expresión y de la libertad de prensa como un punto central en
su política la cooperación internacional, en ese esfuerzo se inscribe la iniciativa de realizar esta publicación que recoge un estudio sistemático de los principales eventos relativos a la situación venezolana. Igualmente incluye los informes y comunicados de organizaciones intergubernamentales y de
instituciones privadas relacionados con los principales hechos que se observaron.
Esta publicación es parte del esfuerzo de formación que realizamos en beneficio de jóvenes periodistas y que llevamos adelante en varias ciudades venezolanas. El tema de estos seminarios y talleres giró alrededor del periodismo necesario para el país. Esta investigación es producto del trabajo de una
organización no gubernamental: Espacio Público, que se dedica especialmente a la tarea de promover la calidad de la comunicación en Venezuela. Agradezco a Carlos Correa y Andrés Cañizález, su interés y dedicación en la realización de esta investigación que esperamos contribuya en el debate acerca
de la situación de los medios de comunicación en Venezuela.
Anja Czymmeck
Índice
Introducción .................................................................................... 9
Informe sobre la situación del derecho a la libertad
de expresión y a la información en Venezuela ........................ 11
Cronología. Libertad de expresión en Venezuela 2002 ........ 37
Enero .............................................................................................. 37
Febrero .......................................................................................... 47
Marzo ............................................................................................ 55
Abril................................................................................................ 65
Mayo .............................................................................................. 73
Junio .............................................................................................. 83
Julio ................................................................................................ 92
Agosto ............................................................................................ 95
Septiembre .................................................................................. 101
Octubre ........................................................................................ 105
Noviembre .................................................................................. 109
Diciembre .................................................................................... 113
La crisis de abril y el derecho
a la libertad de expresión e información ................................ 117
Principales pronunciamientos
de instituciones internacionales .............................................. 131
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos ................................ 131
Comité de Protección de Periodistas .......................................... 154
Reporteros sin Fronteras .............................................................. 166
Federación Internacional de Periodistas ...................................... 197
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) .............................................. 216
Introducción
L
a observación social de la situación del derecho a la libertad de expresión
y a la información está urgido de unos desafíos que complementen los
aspectos relativos al contenido del derecho que son usualmente olvidados. Este es un derecho humano y por tanto inherente a todos los ciudadanos, sin
distingo de profesión, raza o credo. Su desarrollo teórico actual está todavía
limitado a las obligaciones negativas del Estado, es decir las relacionadas al
respeto del Estado a las opiniones, ideas e informaciones de los ciudadanos y
por las desarrolladas a la tarea de protección estatal frente a las violaciones
que puedan cometer terceros.
La libre circulación y debate de ideas es inherente a las modernas sociedades democráticas, sea como aspiración o por realización; y por ello hay un
progresivo reconocimiento de su importancia en el conjunto de los derechos
políticos. Así lo reconocen los diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en el ámbito interamericano cuenta con un número de
restricciones menores a las contempladas en el sistema universal y europeo,
ello está relacionado con una valoración doctrinaria que pondera la importancia de la libertad de expresión para la democracia. Junto a su relevante importancia para el desarrollo político democrática su contenido guarda una fuerte interrelación con la posibilidad de desarrollar libremente la propia
personalidad, asumir las creencias religiosas o ideas que desee e interactuar
socialmente.
Los diversos hechos que pueden afectar su desarrollo tienen características que al observarse en el tiempo y en distintas circunstancias configuran un
modo determinado de patrones que pueden ser agrupados en categorías y obtener un diagnóstico de mayor profundidad y comparable en el tiempo. Los
hechos pueden ser recurrentes, dada una determinada opción de los actores
sociales, sean gubernamentales o no, o por condicionantes externos que deben ser considerados para evitar su repetición. La recolección de información
y datos debe ser sometida a una construcción teórica que permita vislumbrar
los elementos comunes y diferenciadores, analizar los prerrequisitos, determinar los responsables y las consecuencias.
Este informe recurre a las experiencias de observación social que existen
en otros países y desarrolla una propuesta de monitoreo de la situación del
derecho. Sus aspectos novedosos están centrados en el instrumental metodológico que permite una categorización de los distintos eventos o casos en los
que ocurrieron violaciones al derecho humano a la libertad de expresión.
El desarrollo de este primer informe está centrado en los eventos que constituyen delitos del Estado por acción u omisión en las obligaciones que tiene
de respetar la expresión de los ciudadanos y proteger ante las violaciones que
cometen terceros. En sucesivos informes desarrollaremos las responsabilidades del Estado en la tarea de satisfacer este derecho.
La realización de este informe implicó un continuado seguimiento de los
distintos eventos y hechos que ocurrieron a lo largo del año 2002, para ello
se realizó un registro sistemático diario y se tabularon los datos conforme a
las categorías previamente definida. El trabajo incluyó la consulta de fuentes
directas e indirectas y permitió contrastar la realidad de los datos especialmente para los eventos que registramos como violación al contenido del derecho humano a la libertad de expresión y a la información.
El libro tiene cuatro capítulos, en el primero se exponen las cifras resultantes de la tabulación de los distintos eventos según las categorías previamente definidas. Posteriormente se ilustran algunas de las categorías con ejemplos de eventos o casos, para de este modo completar la descripción de lo
sucedido. En el segundo incluimos una cronología de los distintos eventos
que ocurrieron en el año 2002, en ella se pueden revisar las declaraciones, acciones de instituciones nacionales e internacionales y los hechos que signaron el devenir de la historia de la comunicación social venezolana. A continuación incluimos un estudio especial acerca de la crisis de abril de 2002, y
por último ofrecemos las perspectivas de las instituciones internacionales que
produjeron documentos acerca de la situación de los periodistas y medios venezolanos, lo que permite completar la visión acerca de lo ocurrido, con sus
distintas versiones y orientaciones.
Este esfuerzo espera contribuir en la tarea de reducir significativamente
la violencia alrededor de la producción informativa porque ello esta estrechamente con la calidad de la comunicación social. El informe aspiramos sirva
para visualizar los problemas, debatirlos y promover la construcción de acciones ciudadanas y políticas públicas que amplíen el ejercicio de esta libertad en Venezuela.
10
Informe sobre la situación
del derecho a la libertad de expresión
y a la información en Venezuela
El contenido del derecho y categorías analizadas
El derecho a la libertad de expresión y a la información, implica que todas las personas tengan acceso a la información, posibilidad de expresar la
propia opinión y el debate público entre los ciudadanos en torno a las ideas
y mensajes expresados. Un modo distinto de expresar estas tres dimensiones
sería el derecho de los ciudadanos a saber, el derecho a expresarla y el derecho a discutirla. Estos ámbitos incluyen la posibilidad del desarrollo de la propia identidad personal, comunicar las certezas que asume y debatir en el espacio de los medios para influir en las decisiones políticas o públicas de
cualquier tipo.
La posibilidad de realización de este derecho incluye responsabilidades
por parte de los ciudadanos y del Estado. Responsabilidades que en el caso
del Estado implican obligaciones en la tarea de respetar, garantizar y satisfacer los derechos de los ciudadanos, por tanto derechos humanos.
El desarrollo de la observación ciudadana en torno a la libertad de expresión, está influido por una tradición liberal que centra su atención en las obligaciones del Estado en la tarea de respeto al ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos. Por ello se vigila de un modo cercano las violaciones
al derecho a expresarse libremente, especialmente en lo relativo a las agresiones, amenazas, censura, hostigamiento (verbal o judicial), intimidación y las
restricciones legales. Si bien estas violaciones al derecho se inscriben en las
obligaciones referidas al respeto o abstención que debe realizar el Estado en
el goce ciudadano de este derecho, la obligación de garantizar implica que
debe protegerse de las violaciones por parte de terceros.
En el primer caso, las obligaciones de respeto, implican que todo tipo de
atropello o amenaza a la libre expresión que provenga de funcionarios y entidades del Estado constituye una violación al derecho humano a la libre expresión. En lo referido a las obligaciones de garantizar, el Estado debe proveer se-
11
VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA INFORMACIÓN
guridad a los periodistas ante los ataques de terceros y la posibilidad de defensa y reparación para los ciudadanos ante los excesos de medios y periodistas. La
seguridad a los ciudadanos que se desempeñan como periodistas, incluye todas
las dimensiones o momentos de su actividad: en la búsqueda de información,
al expresarla y en el debate.
La obligación de satisfacer implica en el ámbito del acceso, facilitar y ofrecer la información pública, especialmente de aquella que permita el mayor
control ciudadano de la gestión pública. Formar a los ciudadanos para que
tengan habilidades de lectura y selección, de acuerdo a sus propios intereses,
de los medios masivos de comunicación. Ello implica el desarrollo de estrategias educativas para lectura y escritura en medios (nuevos como Internet, por
ejemplo, o la radio y la televisión) o la promoción de bibliotecas y otras fuentes de información. En el campo de la expresión, el Estado debe permitir en
los medios propios la participación de las distintas identidades sociales que
conviven en nuestro territorio y promover el surgimiento de nuevos medios
que fortalezcan las posibilidades de participación de los ciudadanos. La posibilidad de expresión plural implica que el Estado debe regular la concentración de la propiedad de los medios y favorecer la mayor diversidad posible.
En el campo del debate, los Estados deben respetar a los ciudadanos que
expresan sus ideas y que cuestionen al Estado, garantizar los derechos de los
ciudadanos frente a los medios y dirimir judicialmente las diferencias entre
los ciudadanos, así como desarrollar políticas para que el debate se pueda realizar con todos los ciudadanos que deseen hacerlo. Para todo esto se debe fortalecer las habilidades comunicativas de todos y favorecer a todos los medios,
procurando que se exprese la diversidad de las identidades nacionales.
Este informe realiza un monitoreo de las obligaciones del estado en la tarea de respetar y proteger el derecho ciudadano a la libertad de expresión y
el derecho a la información, por ello revisa y da cuenta de los hechos asociados a la tarea que desempeñan los profesionales del periodismo y la comunicación social. La actividad profesional asociada a este derecho tiene una dimensión individual y otra social, en la medida que el derecho a la libertad de
expresión es un derecho individual que es propio de cualquier persona, y por
ende también de los profesionales de la comunicación y social por cuanto los
ciudadanos también tienen derecho a conocer las versiones y opiniones que
ellos pretendan difundir. Esta primera edición del informe se centra en las
obligaciones de respeto y protección, en sucesivas ediciones realizaremos estudios acerca de otros aspectos relacionados con las obligaciones de satisfacción que tiene el Estado frente a este derecho.
12
INFORME 2002
Para ordenar la información recabada acerca de las violaciones al derecho
de los ciudadanos a expresarse libremente, recurrimos a un conjunto de categorías que nos permiten agrupar la variedad de hechos observados. Estas categorías se centran en las obligaciones del Estado para el respeto y protección
de los componentes del derecho en el acceso, expresión y debate. Las categorías utilizadas son las siguientes: ataque o agresión, amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, restricciones legales y hostigamiento verbal.
Los tipos de violaciones se agruparon de acuerdo a las siguientes categorías:
■ Agresión: en el caso de periodistas, heridos o golpeados por civiles o por
fuerzas de seguridad.
■ Ataque: en el caso de medios de prensa, dañados o asaltados por la difu■
■
■
■
■
sión de noticias u opiniones.
Amenaza: en forma personal, por teléfono, por carta u otra modalidad.
Agresión a las propiedades de un periodista como disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.
Censura: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos
como resultado de presión política o de otro tipo; materiales confiscados
o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en el reparto,
presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.
Intimidación: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos
sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de
algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.
Hostigamiento judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicios o
querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por
esos delitos, imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información,
arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.
Hostigamiento verbal: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia
medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a
la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos.
13
■ Restricciones legales: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de
prensa o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad
■ Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por motivo de éste, luego de la realización del mismo.
Variables y metodología
En la categoría de periodista incluimos a todas las personas relacionadas
con la producción informativa que resultan afectadas por hechos o incidentes que están directamente relacionados con la tarea de acopiar, analizar, redactar y difundir informaciones escritas o audiovisuales. Por ello incluimos a
los conductores de los vehículos, camarógrafos, personal técnico y asistentes
que están directamente involucrados en el acto comunicativo.
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o
casos en los que se incluían las siguientes variables: área geográfica; sexo de
las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según
el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas anteriormente.
Las informaciones de los distintos eventos o casos se registraron a partir
de las informaciones aparecidas en 20 diarios de circulación nacional y regional, confirmadas en algunos casos con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas
y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que consideraba las variables que explicitamos anteriormente, se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los
cálculos correspondientes y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este trabajo. El estudio comprende una introducción-resumen de los principales incidentes, seguidamente ilustramos los tipos de violaciones con algunos
casos relevantes y después detallamos de modo cronológico los principales
hechos, informaciones y violaciones que ocurrieron a lo largo de todo el año
o periodo de estudio, incluyendo en esta cronología los casos y eventos de los
que derivan violaciones al derecho.
En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. Igualmente en un
mismo caso pueden registrarse diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos.
14
INFORME 2002
Informe de situación
En un contexto de progresivo incremento de la intemperancia verbal en
la escena política y un aumento de la movilización social alrededor de esta crisis, también se registró una mayor preponderancia para el debate y confrontación política alrededor de los medios masivos de comunicación. Ello se tradujo en un número importante de incidentes en los que resultaron afectadas
numerosas personas vinculadas al quehacer comunicacional venezolano, especialmente reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
En el presente informe detallamos los principales hallazgos de acuerdo a
los resultados obtenidos en el monitoreo y registro de acuerdo al tipo de violación que ocurrió. En la primera parte ofrecemos los datos y principales elementos característicos y después ofrecemos una breve narración de algunos
de los casos, de acuerdo al tipo de violación registrada.
En nuestra acción de monitoreo registramos 142 eventos, actos o casos
de agresiones o inhibitorios de la acción periodística en los que resultaron
afectados 154 trabajadores de los medios de comunicación y en 42 ocasiones
medios de comunicación.
De acuerdo a los criterios metodológicos de este estudio, en los 142 casos, se registraron 167 violaciones y la de mayor recurrencia fue la agresión
que ocurrió en 25,7% de los casos seguida por la censura con 21,6%, la intimidación con 15,6%, el ataque con 14,4% de los casos y el restante porcentaje se distribuye entre los casos de hostigamiento verbal (4,8%), hostigamiento judicial (3,0%) y las restricciones legales (1,2%).
Cuadro 1
Hostigamiento
judicial 3%
Total de violaciones
por tipo
Violaciones por tipo
Agresión
Cantidad
43
Intimidación
15,6%
%
25,7
Ataque
24
14,4
Amenaza
23
13,8
Censura
36
21,6
Restricciones legales
2
1,2
Hostigamiento verbal
8
4,8
26
15,6
Intimidación
Hostigamiento judicial
Total
5
3,0
167
100
Agresión
25,7%
Hostigamiento
verbal
4,8%
Restricciones
legales
1,2%
Ataque
14,4%
Censura
21,6%
Amenaza
13,8%
15
La recurrencia de las violaciones al ejercicio de la comunicación se produjo en el contexto de las tareas de cobertura informativa; de allí que el mayor número de afectados se registró entre los reporteros (29,9%), reporteros
gráficos (22,1%) y los camarógrafos y técnicos de televisión (16,2%) que suman 68,2% de la totalidad de las víctimas relacionadas con la tarea de la producción informativa. Ello deriva de una caracterización del conflicto que se
traslada de la esfera de la confrontación en los medios, al terreno del enfrentamiento de calle, y en la que se considera al medio y en este caso a sus trabadores como enemigos. La recurrencia de estos delitos entre las personas
que están en la búsqueda directa de información establece una relación consustancial entre las potenciales agresiones y el ejercicio de las tareas de reportero. La impunidad de estos delitos muestra la debilidad y precariedad del Estado de Derecho en Venezuela y constituye una violación al derecho a la
información por cuanto ello requiere que los periodistas puedan, libremente, tener acceso a las diversas fuentes y eventos públicos.
El sexo de las víctimas es mayoritariamente masculino con 68,3% de los
afectados, aunque es relevante destacar que el crecimiento de la violencia que
afecta a los comunicadores, no discrimina sexualmente y se observó un crecimiento progresivo a lo largo del año del número de víctimas femeninas.
El mayor número de eventos, cuyos violadores son agentes estatales, correspondió al Ejecutivo Nacional con 54% de los casos, seguido por las autoridades locales (alcaldías) con 16% y la Fuerza Armada Nacional con el 10%.
El mayor número de las violaciones del Ejecutivo Nacional se corresponde
Cuadro 2
Propietarios
12,3%
Jefes de
redacción e
información
2,6%
Total de víctimas
por oficio
Otros 1,9%
Reporteros
29,9%
Víctimas
Número
%
Reporteros
46
29,9
Columnistas
Camarógrafos
Técnicos TV
16,2%
Columnistas
1,3%
Fotógrafos
independientes
0,6%
1,3
20
13,0
Reporteros gráficos
34
22,1
Fotógrafos independientes
1
0,6
Camarógrafos /Técnicos TV
25
16,2
Jefes de redacción e inf.
Conductores
radio/tv 13,0%
Reporteros
gráficos
22,1%
16
2
Conductores radio / TV
Propietarios
4
2,6
19
12,3
Otros
3
1,9
Total
154
100,0
INFORME
Asamblea
Nacional 8%
Cuadro 3
Victimarios estatales
Victimarios
Ejecutivo Nacional
Poder Judicial 2%
Cantidad
%
27
54
Fiscalía
2
4
Policías estadales
3
6
Autoridades municipales
8
16
FAN
5
10
Poder Judicial
1
2
Asamblea Nacional
4
8
50
100
Totales
FAN 10%
Autoridades
municipales
16%
Ejecutivo
Nacional
54%
Policías
estadales 6%
Fiscalía 4%
con las oportunidades que el Presidente arremete contra los medios, con amenazas y hostigamientos.
El mayor número de los incidentes en los que los agentes violadores son
terceros son responsabilidad directa de simpatizantes del gobierno, con 59,8%,
seguidos por los desconocidos con 29,1% aunque en esta categoría se incluyen los ataques con explosivos a medios de comunicación y el daño a equipos
de los canales comerciales, lo que indica que el motivo de los mismos sea afectarlos por sus posiciones políticas. En los casos agrupados en la categoría otros,
se registra a los medios privados incluyendo los hechos en los que se negó la
rectificación, la replica o la negativa a ofrecer información.
Otros 6,8 %
Cuadro 4
Terceros responsables
de las violaciones
Victimarios
Oposición
Cantidad
Oposición 4,3 %
Desconocidos
29,1 %
%
5
4,3
Simpatizantes del gobierno
70
59,8
Desconocidos
34
29,1
Otros
8
6,8
Total
117
100,0
Simpatizantes
del gobierno
59,8 %
17
Cuadro 5
Tipo de violación
Estado
Terceros / part.
Totales
Violaciones
al derecho a la libertad
de expresión
por tipo, responsable
en porcentaje
Agresión
8
33,3
25,7
Ataque
4
18,8
14,4
Amenaza
10
15,4
13,8
Censura
34
16,2
21,6
4
0
1,2
10
2,6
4,8
Intimidación
22
12,8
15,6
8
0,9
3,0
100
100,0
100,0
Total
Estado
Terceros / Particulares
Intimidación
Agresión
Agresión
Hostigamiento
Verbal
Ataque
Intimidación
Amenaza
Restricciones
Legales
Censura
Hostigamiento
Verbal
Censura
Amenaza
Ataque
Restricciones
Legales
Cuadro 6
Lugar de ocurrencia
de los hechos
Zulia
Ciudad
Hechos
%
Caracas
110
77,5
Lara
8
5,6
Aragua
4
2,8
Carabobo
3
2,1
Bolívar
3
2,1
Mérida
2
1,4
Falcón
2
1,4
Anzoátegui
2
1,4
Zulia
2
1,4
Otros
6
4,2
Total
142
100,0
Anzoátegui
Falcón
Bolívar
Mérida
Otros
Carabobo
Aragua
Lara
Caracas
18
INFORME 2002
Al analizar los datos porcentuales de las violaciones según su tipo, nos encontramos que existe una recurrencia mayor a que el Estado utilice la censura que se registra en 34% de las violaciones o la intimidación que se observa
en 22%, mientras que los particulares recurren a la agresión física (33,3%) o
al ataque (18,8%). Estos datos ofrecen indicios de un correlato entre el discurso del Ejecutivo y la actuación de los particulares. Ello considerando que
el mayor número de hechos violentos (agresiones, ataques e intimidación )
son responsabilidad de personas que se identifican como simpatizantes del
Gobierno Nacional.
Casos representativos según el tipo de violaciones
Agresiones
Las agresiones se produjeron en las tareas de cobertura de actos públicos
y la responsabilidad recurrente se registró entre los simpatizantes del Gobierno, quienes agredieron verbal y físicamente para impedir que los periodistas
realizaran su tarea. En muchas ocasiones registramos heridas y golpes a los
trabajadores de la comunicación, especialmente entre los fotógrafos, camarógrafos y reporteros.
Entre los reporteros que sufrieron agresiones se encuentra el fotógrafo
de la revista Primicia, Gabriel Osorio que fue golpeado el 31-07-02 por un
grupo de presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando regresaba de cumplir una pauta de trabajo en el Tribunal Supremo de Justicia.
Los agresores le robaron su cámara fotográfica, un flash y tres lentes, un rollo fotográfico con un material sobre las inundaciones ocurridas en el mes de
julio en el estado Apure, su teléfono celular y otras pertenencias. El día de la
agresión se registraron disturbios en los alrededores del TSJ, luego de que
los magistrados designaran un nuevo ponente para estudiar la posible apertura de un juicio por rebelión a cuatro militares que participaron en los sucesos del mes de abril1.
Otro caso emblemático fue la agresión contra varios periodistas que ocurrió el 02-08-02, cuando fueron emboscados y golpeados por presuntos simpatizantes del oficialismo, mientras estaban cumpliendo sus labores profesionales, en la avenida Sucre de Catia. Aquí se registraron enfrentamientos entre
presuntos miembros del grupo Tupamaros y funcionarios de la Policía Metropolitana. Resultaron lesionados: Elianta Quintero, José Tarache y Juan Méndez, de Venevisión; Noe Pernía, César Sánchez y Wilmer Villasmir, de Radio
19
Caracas Televisión; el reportero gráfico de El Universal, Paulo Pérez Zambrano y el fotógrafo de La Voz de Guarenas, Andry Lara. Entretanto, el equipo
de reporteros del canal Televen, integrado por: el periodista Johán Merchán,
el camarógrafo Orlando Chong y el asistente Jhonny Verdú, tuvieron que refugiarse en un establecimiento comercial, ante las amenazas de agresión que
recibieron.
Asimismo, el fotógrafo del diario El Nacional, Alex Delgado, quien se encontraba cubriendo los disturbios fue agredido verbalmente por un funcionario policial, cuya identidad no pudo determinar, quien lo insultó y luego lo
despojó de tres rollos fotográficos, uno que estaba dentro de la cámara y dos
que estaban listos para ser enviados al periódico. El hecho fue denunciado ante el director de la PM, Henry Vivas.
Además, a Pernía le robaron el celular y le destrozaron los implementos
de su cámara. También los reporteros gráficos del El Universal, Jorge Santos
y Cheo Pacheco fueron agredidos en la avenida Urdaneta. Pacheco fue rodeado por varios encapuchados en la esquina de Carmelitas, quienes le sacaron su carnet del bolsillo y lo amenazaron con un chopo, para que se retirara del lugar mientras tomaba fotos a un grupo de manifestantes que secuestraban
un autobús.
Entretanto, las periodistas Del Valle Canelón, de Globovisión y Paula Andrea Jiménez, de Televen y sus camarógrafos fueron agredidos en las afueras
de la Asamblea Nacional2.
De igual modo, 10 comunicadores sociales resultaron heridos en Barquisimeto, mientras cumplían con la cobertura a una concentración opositora.
El hecho ocurrió el miércoles 04-12-02, luego que simpatizantes del oficialismo atacaran a una concentración opositora, convocada por la Coordinadora Democrática.
Los partidarios del Gobierno realizaban un operativo de salud, en las adyacencias del sitio donde se realizaba la convocatoria opositora cuando se inició un enfrentamiento verbal que culminó en hechos violentos. El fotógrafo
del diario El Impulso, José Rodríguez, recibió un golpe en el ojo derecho con
un objeto contundente que lo dejó inconsciente; la periodista de Televen, Clara Reverol, sufrió una contusión en la frente; el camarógrafo del mismo canal, Gustavo Escalona fue herido con un objeto cortante en la oreja y la reportera de Promar Televisión (Promar TV), Cristian Rodríguez, recibió una patada
en el vientre y a sus pies estalló una bomba lacrimógena. También fue lanzada una pedrada contra el lente de la cámara de ese canal que portaba el camarógrafo José Barreto.
20
INFORME 2002
El reportero gráfico del diario El Informador, Martín Urteaga, recibió un
perdigonazo en su pierna derecha; mientras que la periodista del Diario Hoy,
Iriana Brett, y el camarógrafo de Venevisión, Julio Torres, recibieron golpes
con objetos que les causaron contusiones. El camarógrafo de Telecentro Miguel Ángel López sufrió traumatismos generalizados y Yelina Torrealba, de
esa misma emisora también fue agredida. Mientras, el equipo reporteril de
Radio Caracas Televisión, resultó afectado cuando uno de los manifestantes oficialistas los empujó ocasionando que la cámara del canal cayera al piso y fuera destrozada.
Los hechos ocurrieron en presencia de los funcionarios de la policía del
Estado Lara y cuatro parlamentarios del oficialismo, quienes no intervinieron para evitar que persistieran las agresiones. José Rodríguez sufrió una conmoción craneal. La reportera de Radio Caracas Televisión, Erika Paz, fue afectada y su camarógrafo, Samuel Sotomayor, fue golpeado y le destrozaron a
patadas la filmadora que utilizaba3.
Ataques
Los ataques a los medios se registraron con una recurrencia mayor: se
destruyeron vehículos, se pintaron o afectaron las sedes de los medios y en
algunas manifestaciones se impidió el desplazamiento o la entrada y salida de
los trabajadores.
Entre los ataques que ocurrieron en el mes de abril del 2002 se registró
uno contra la sede de Radio Caracas Televisión, la cual fue rodeada por grupos
afectos al gobierno, horas antes de que el presidente Hugo Chávez retomara
el poder. Los manifestantes rompieron ventanales y gritaban consignas. El
edificio donde se ubica el Colegio Nacional de Periodistas y los negocios del
lugar también sufrieron daños. Fue interrumpida la señal del canal TV Guayana; los sistemas de comunicación internas y la edificación sufrieron daños
y hubo pérdidas en la flota de vehículos.
Posteriormente el canal TV Guayana, suspendió todos sus espacios informativos, luego que el día 12 de abril un grupo de simpatizantes chavistas, encabezado por Antonio Briceño, alcalde del Municipio Caroní, irrumpieron
violentamente las instalaciones del medio. También fueron pintados graffitis
con mensajes como “TV Guayana malditos asesinos”. A partir de ese hecho,
fueron despedidos 98 trabajadores del canal que conformaban la nómina informativa. La denuncia la presentó un empleado de TV Guayana 4.
Otro ataque se registró el 11-09-02, cuando representantes de medios de
comunicación en el estado Carabobo resultaron agredidos por efectivos de la
21
militarizada Guardia Nacional, cuando cubrían una caravana organizada por
grupos opositores, en la ciudad de Valencia, en la que se pedía la renuncia del
presidente Chávez.
El reportero del diario Notitarde, Jairo Altuve, resultó agredido y su vehículo recibió intentos de remolque y golpes que le produjeron una abolladura en el techo. Los camarógrafos Mauro Acosta y Leslie Peña, de los canales Venevisión y Televen, respectivamente, fueron golpeados con escudos
antimotín y puntapiés. El equipo del diario El Carabobeño, también resultó
afectado: a Carlos Briceño, le intentaron quitar la tarjeta de memoria de su
cámara digital y Eduardo Sánchez recibió varios peinillazos cuando subió al
techo de un vehículo para intentar tomar una fotografía.
El jefe del Comando Regional N° 2, de la Guardia Nacional, el General
de Brigada, Luis Felipe Acosta Carles, señaló que la actuación de la Guardia
Nacional consistió en impedir que la manifestación obstaculizara las vías y
que los representantes de los medios de comunicación fueran desalojados porque los vehículos de los medios estaban estacionados en lugares inadecuados
y estaban interfiriendo el tráfico vehicular 5.
No obstante, los episodios de violencia continuaron y en horas de la madrugada del 09 de julio fue lanzada una granada fragmentaria contra las instalaciones del canal Globovisión. El artefacto explosivo fue lanzado desde un
vehículo en movimiento que pasó frente a la sede del canal. La Asamblea Nacional condenó el atentado ocurrido contra la televisora privada6.
Amenazas
La tarea de cuestionamiento público a los medios de comunicación se repitió a lo largo del año 2002; ello se llevó hasta las amenazas de cierre o mecanismos de intimidación pública ordenando la apertura de investigaciones
tributarias o la aplicación de recurrentes supervisiones técnicas. Del mismo
modo se recurría al anuncio de nuevas legislaciones para exigir a los medios
una cobertura favorable a la acción gubernamental. Igualmente modo registramos incidentes en los que actores del conflicto político amenazaban a los
trabajadores de los medios con golpes, muerte o destrucción de equipos.
El primer caso de amenaza contra un medio de comunicación se produjo el 07-01-02, cuando un centenar de simpatizantes del presidente Hugo Chávez protestaron a las puertas de El Nacional, acusando al impreso de no decir
la verdad con respecto a la visita realizada por el presidente Hugo Chávez (el
domingo anterior a la protesta) a Catia y que el diario reseñó diciendo que al
mandatario le dieron un cacerolazo en esa zona. Los manifestantes gritaban
22
INFORME 2002
consignas como: “O dicen la verdad o los quemamos”, “les vamos a pegar, digan la verdad”.
La protesta se extendió desde las siete hasta las nueve de la noche y fue
disuelta por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional (GN) con bombas lacrimógenas. Un efectivo de la GN, cuya identidad se desconoce, resultó herido. Algunos de los manifestantes llevaban bates y cabillas, vestían franelas de los círculos bolivarianos, boinas rojas y chaquetas de camuflaje militar.
Los trabajadores del periódico no podían salir de las instalaciones hasta tanto se retiraron los manifestantes7.
Otro hecho ocurrió durante una de las transmisiones del programa radial
“Aló Presidente” el 09-06-02, conducido por el presidente de la República,
Hugo Chávez cuando afirmó que podría revocar o suspender las concesiones
a las televisoras que “trasmitan propaganda desestabilizadora”.
Representantes del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), el Colegio Nacional de Periodistas y algunos dueños de medios audiovisuales rechazaron
las amenazas del presidente Chávez.
Por su parte, los miembros de la dirección del MVR instaron a Conatel
a tomar medidas contra propagandas “terroristas”, tras la difusión la semana
anterior de un video presentado por la periodista Patricia Poleo, en el cual se
mostraban a presuntos miembros de la FAN, con las caras tapadas con capuchas, pronunciándose en contra del gobierno.
Posteriormente, un grupo de propietarios de emisoras de radio y de televisión acudió a la vicepresidencia de la República y entregaron al vicepresidente José Vicente Rangel una carta manifestando que no estaban dispuestos
a dejarse censurar. Luego de la reunión con los propietarios de los empresarios comunicacionales, el vicepresidente aseveró que los medios podrían realizar la cobertura de actos legales o ilegales y que eso no contempla sanciones. No obstante; si los medios invitaban a la colectividad a participar en esos
hechos, sí podrían ser sancionados.
El vicepresidente, según los dueños de medios, fue muy receptivo y les
dijo que conversaría con Chávez a fin de lograr un acuerdo “lógico, sensato
y civilizado”.
Por su parte, el abogado Alejandro Fuenmayor, experto en régimen de
telecomunicaciones, señaló que en el país no existía asidero legal ni constitucional que permita al presidente Hugo Chávez revocar concesiones a medios
audiovisuales y que Chávez estaría cayendo en arbitrariedad en el ejercicio el
poder público. Asimismo, la Asociación Internacional de Radiodifusión rechazó las declaraciones del mandatario 8.
23
Pero las amenazas continuaron: el jueves 15-02-02 fueron agredidos los
reporteros Iznardo Bravo y su camarógrafo, Vilmer Marcano, de Radio Caracas Televisión; Sandra Blanco, de CMT y el reportero David Pérez Hansen y
su camarógrafo Argenis Uribe, de Radio Caracas Televisión. Bravo y Blanco recibieron insultos y amenazas por parte de presuntos oficialistas cuando se dirigían hacia la Alcaldía de Libertador para entrevistar al Alcalde Freddy Bernal. Recibieron gritos como: “¡Golpistas, vende patrias, ahora estarán contentos
porque triunfó el golpismo!, ¡Digan la verdad, los vamos a joder!”. Marcano
recibió un manotazo e intervinieron tres escoltas que resguardaban la seguridad del equipo de Radio Caracas Televisión e impidieron que continuara la
agresión.
Entretanto, Pérez Hansen y otros reporteros fueron desalojados a la fuerza del Puente Llaguno por manifestantes oficialistas. Uribe fue despojado de
su cámara bajo amenaza de muerte, pero sin ser agredido físicamente. Sin embargo, el reportero David Pérez Hansen sí fue golpeado.
En los alrededores del Puente Llaguno se registraron otras agresiones: el
periodista del El Universal Gustavo Rodríguez, también recibió amenazas de
muerte. Elianta Quintero de Venevisión; Johan Merchán, de Televen y Omar
Veliz, del impreso El Siglo fueron golpeados. María Alejandra Monagas y el
fotógrafo Carlos Meza, ambos de Últimas Noticias fueron agredidos. Monagas fue atacada por el cuello 9.
Censura
La censura o discriminación por una idea política está presente en la acción de comunicativa nacional. De un modo recurrente se registran las cadenas presidenciales, especialmente en el primer trimestre del año o la suspensión de señales y programas según sea el agente violador de una u otra
tendencia política y es evidente el sesgo en la distribución de la propaganda
y publicidad oficial que se orienta a los medios que el gobierno considera cercanos o convenientes en su tarea informativa.
Entre los casos de censura registrados en el 2002 se encuentra el ocurrido
el pasado 11 de abril cuando el presidente de la República Hugo Chávez, ordenó el cierre de la señal de los canales de televisión. Previo al anuncio, los canales de televisión privados partieron sus pantallas cuando se trasmitía una cadena nacional del gobernante, para transmitir de manera simultánea los disturbios que se estaban registrando en las adyacencias del Palacio de Miraflores10.
Horas más tarde, la televisora estatal Venezolana de Televisión fue sacada
del aire con el arribo del gobierno de facto del empresario Pedro Carmona
24
INFORME 2002
Estanga. La salida del aire del canal del Estado se produjo a raíz de la intervención de la Policía de Miranda, en horas de la noche11.
El sábado 13 de abril, cuando fuertes disturbios sacudían la capital y se realizaban protestas en favor del derrocado presidente, las televisoras privadas dejaron de trasmitir información sobre los acontecimientos que ocurrían en el
país. La programación habitual fue sustituida por películas, dibujos animados
y deportes. Además, el canal colombiano Caracol que estaba informando sobre
la situación, fue sacado de la señal por cable12.
Otro episodio de censura en el país se conoció cuando la Asamblea Nacional inició las interpelaciones a las principales personas y funcionarios públicos relacionados con los sucesos del 11 al 14 de abril,. El ex presidente de
Pdvsa, Guaicaipuro Lameda, denunció que durante su gestión al frente de la
petrolera recibió instrucciones de suspender toda la publicidad en El Nacional.
“Recibí instrucciones de suspender toda publicidad en el diario El Nacional,
luego de los hechos ocurridos en las puertas de ese medio de comunicación”,
aseguró13.
Intimidación
La acción intimidatoria se observó como un mecanismo de aumento de
la confrontación con los medios de comunicación y ello se tradujo en un alza
de los incidentes que afectaban las propiedades de los periodistas, la grabación de los comunicadores o las llamadas telefónicas amenazantes.
Distintos y reiterados actos de intimidación ocurrieron en el año 2002,
como el que sucedió durante la trasmisión de un programa “Aló Presidente”
el 17-03-02 en el cual un simpatizante del presidente Hugo Chávez, grabó
con una cámara de video portátil a los periodistas que se encontraba cubriendo el evento. El individuo que se identificó como Jorge Martínez señaló que
también grabaría a los policías presentes en el lugar. Explicó que la intención
“es tenerlos guardados en una colección, como también nos coleccionan a nosotros y después se lo dan a la oposición”14.
Un caso muy representativo de intimidación ocurrió el 9-12-02, cuando
grupos de simpatizantes oficialistas, acompañados por algunos parlamentarios de la Asamblea Nacional se concentraron a la misma hora en las sedes de
los canales Globovisión, Radio Caracas Televisión, Venevisión, Canal TVS (Aragua) y Promar TV (Lara), así como en las sedes de los diarios 2001 y Abril.
Gritaban consignas denunciando “terrorismo mediático”, pedían información
veraz al tiempo que hacían graffitis en las paredes adyacentes a los medios15.
En tanto que la sede del canal del Estado, Venezolana de Televisión, fue visita-
25
da por manifestantes opositores quienes propinaron disparos contra las instalaciones del canal16.
Otro tanto sucedió el 02-08-02, cuando el periodista del canal de noticias
Globovisión, Pedro Luis Flores, denunció que un grupo de simpatizantes del
presidente Hugo Chávez, encapuchados colocaron alcabalas que impedían el
acceso a Miraflores, por lo que él y sus colegas de otros canales no pudieron
cumplir con sus pautas de trabajo. Flores señaló que los encapuchados, detenían a todos los vehículos y requisaban a sus ocupantes y que esta acción se
realizó bajo “la mirada complaciente de Casa Militar”17.
En algunos casos se recurrió a los tribunales con el objeto de prohibir un
determinado contenido o para solicitar la detención de un determinado periodista. La acción judicial constituyó un recurso que utilizaron sectores cercanos al gobierno y de la oposición, según el tipo de información. El hostigamiento judicial buscaba la interrupción de la difusión de algún tipo de
contenidos.
Un episodio de hostigamiento judicial sucedió el 04-09-02. Ese día, el Alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski introdujo un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra Venezolana de Televisión, por la trasmisión del programa “Asedio a una embajada”. Este video
se refiere a los hechos ocurridos el 12 de abril frente a la Embajada de Cuba,
cuando algunas personas dañaron vehículos de la residencia, cortaron la electricidad y el agua. Capriles señala que él se trasladó al lugar para exigir a los
manifestantes el cese de la alteración del orden público. También indica que
en el video son editadas las declaraciones que él ofreció ese día para involucrarlo en el ataque de la sede diplomática. El alcalde denunció que la grabación
violaba sus derechos a la protección del honor, la imagen y la reputación, la
libertad de expresión, la información veraz, oportuna, imparcial y los derechos humanos. El productor del video, Ángel Palacios aseguró que el documental no sesga la información y que las palabras de Capriles no fueron editadas, sino seleccionadas de unas 200 horas de material18.
Otro ejemplo de hostigamiento judicial tiene fecha del 03-10-02, cuando representantes de la asociación Foro de Acción Constitución y Paz informaron que interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de
Justicia, contra los dueños y directivos de los canales de televisión Televen,
Globovisión, Radio Caracas Televisión y Venevisión. Los integrantes de la agrupación, conformada por profesionales afectos al presidente Hugo Chávez, con-
26
INFORME 2002
sideraron que los medios violaban los derechos a la igualdad, al equilibrio, al
pluralismo político, y a la información veraz y a los principales valores de la
democracia. Augusto Montiel, representante de la asociación pidió a los medios que dieran cabida en sus espacios a sectores de la clase media que apoyan al presidente Hugo Chávez y que cesara el sabotaje de las informaciones
positivas provenientes del gobierno19.
Asimismo, un tribunal judicial venezolano negó, el pasado 12-12-02, la
solicitud de detención contra el periodista Nelson Bocaranda, de la televisora Venevisión y la estación Unión Radio quien recibió la orden de privación de
libertad por parte la Fiscalía General de la República. El fiscal 645, Mauricio
Sarmiento Del Moral, acusó al comunicador de negarse a comparecer ante la
Fiscalía. La imputación estaría basada en el artículo 239 del Código Penal Venezolano. El abogado Juan Martín Echeverría, representante de Bocaranda,
acudió ante el tribunal 51 de Control, donde la jueza Carmen Teresa Betancourt declaró sin lugar la solicitud de detención. Echeverría explicó que Bocaranda no acudió al llamado de la Fiscalía porque las dos primeras convocatorias no fueron entregadas personalmente al periodista y fueron dejadas en
una casilla de correo en horas de la madrugada. A la tercera citación no acudió por recomendación de sus abogados, quienes les indicaron que era riesgoso que se presentara, debido a que horas antes se había producido una ola
de manifestaciones y ataques en las sedes de varios medios de comunicación
social capitalinos. Bocaranda fue acusado por difundir un video donde se mostraba la presunta colocación de unos francotiradores de la policía Disip, en
un edificio de Parque Central, frente al cual pasaría una marcha opositora, el
10 de octubre20.
En muchas oportunidades, el hostigamiento verbal se acompañó de agresiones y amenazas; en definitiva constituyó el primer paso en la estructura discursiva que se iniciaba con la descalificación y después anunciaba sanciones o
agresiones. El hostigamiento incluyó la descalificación moral de los periodistas en algunos de los casos.
Uno de los casos de hostigamiento verbal se presentó cuando la agencia
de noticias del estado Venpres publicó el 13-03-02 un artículo de opinión en
el cual vinculan a las periodistas Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo con el narcotráfico. También el periodista José Domingo Blanco es acusado de palangrista. El representante de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, Gerardo
Ramírez, señaló el 03 de abril, que él era J. Valverde. José Domingo Blanco
27
exigió a la Fiscalía General de la República la apertura de una investigación
por presunta difamación. El fiscal General, Isaías Rodríguez abrió una investigación sobre el caso. El 19-03-02, Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Poleo denunció que había recibido
amenazas de muerte contra su hija. Pacheco y Poleo también acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos y pidieron medidas cautelares para proteger su integridad física.
Poco tiempo después, Gerardo Ramírez, acusó públicamente a los periodistas Ibéyise Pacheco, José Domingo Blanco, Patricia Poleo, Orlando Urdaneta y Marta Colomina de ser narcodependientes y de recibir 20 millones
de bolívares mensuales del narcotráfico; aseguró que entregaría las pruebas
de sus señalamientos al Fiscal General. Aseguró que tenía en sus manos informes de inteligencia nacionales, de la DEA, del Departamento de Estado y
hasta de las FARC. También señaló que tenía documentos bancarios donde,
según él, constan las transferencias de grandes cantidades de dinero a los comunicadores sociales y certificados médicos que verifican que consumen 30
gramos de drogas diariamente. Ramírez había señalado el 20 de marzo que
divulgaría una lista de periodistas, militares y funcionarios corruptos o ligados al narcotráfico y que las daría a conocer en los próximos días 21.
De igual modo, los miembros del periódico comunitario Proceso, Joel
Amaya y Rosa Di Falco también fueron víctimas de hostigamiento verbal. El
día 21-06-02 rechazaron públicamente las acusaciones hechas por los diputados opositores Pastor Heydra, Ernesto Alvarenga y José Luis Farías, quienes responsabilizaron a 27 dirigentes comunitarios y representantes de medios de comunicación alternativos de haber organizado los ataques contra
periodistas y parlamentarios ocurridos el 13 de junio en las afueras del Palacio Legislativo, el cual presuntamente se orquestó en Miraflores. Estos medios acudieron a una reunión con el presidente Hugo Chávez, en el Palacio
de Miraflores, realizada el 12 de junio pero según explicaron Amaya y Di Falco, el encuentro tenía como objetivo conversar sobre la situación del país22.
Otro hecho de hostigamiento verbal fue protagonizado por el presidente de la República Hugo Chávez, quien se negó a dar declaraciones al periodista Rafael Lastra, del diario El Nacional, durante un evento el 24-06-02 en
el estado Vargas. “No voy a responderte nada”.“Debería darte pena trabajar
en ese periódico”, “Es triste trabajarle a la mentira y al engaño”, “Es triste estudiar para terminar en eso”, dijo Chávez al reportero23.
28
INFORME 2002
La utilización de mecanismos legales con el objeto de restringir la circulación informativa se aplicó para limitar la circulación de diarios o mediante
el anuncio de leyes punitivas o la aplicación de multas excesivas que pueden
limitar la oferta comunicativa.
Entre las restricciones legales que se impusieron contra trabajadores y medios de comunicación se puede reseñar cuando el jefe de seguridad de la gobernación del estado Mérida, Gerardo “Goyo” Regardiz prohibió el 21-0502 la presencia de pregoneros (personas que venden periódicos en las calles).
El gobernador del estado Mérida, Florencio Porras, además, restringió el pasado 30-05-02 el trabajo de los pregoneros al horario de 6:00 a 9:00 de la mañana en las principales calles de la capital del estado; ésto afectaría las ventas
de periódicos regionales y nacionales en la zona, pues la mayor cantidad de
diarios se venden después de media mañana. Luego de que fuera tomada y
aprobada la medida, los efectivos de la policía del estado Mérida comenzaron
a recorrer las calles en horas de la mañana para velar porque los pregoneros
no salieran a las calles fuera del horario establecido24.
Otro ejemplo de restricción legal se conoció el 18-09-02 cuando la directiva del canal Meridiano Televisión, anunció que interpondría un recurso de amparo contra la sanción que le fuera impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por 370 millones de bolívares, por presunta utilización
ilegal de frecuencias para trasmitir su señal en varias ciudades del país. El gerente general de la televisora deportiva Carlos Ochoa, aseguró que la sanción
forma parte presiones gubernamentales de parte del gobierno hacia el Bloque
de Armas, empresa propietaria del canal, por la conducta independiente y no
oficialista, que mantienen los medios impresos del grupo empresarial. Ochoa
anunció que en los siguientes 15 días interpondrían un recurso ante el Ministerio de Infraestructura y después ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, apegados a la normativa legal.
La Federación Venezolana de la Industria de la Televisión, la Cámara Venezolana de Televisión y el Bloque de Prensa Venezolano suscribieron un comunicado que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la
Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y al Instituto Internacional de Prensa (IPI). En el texto
rechazaron la multa fijada a Meridiano Televisión por parte de Conatel y aseveraron que el uso de procedimientos administrativos como mecanismos de
presión contra un medio de comunicación viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y restringe la libertad de expresión e
información consagradas en el artículo 57 de la Constitución Nacional.25
29
Seguimiento a casos de años anteriores en instancias judiciales
Con respecto al caso del director y editor del semanario La Razón, Pablo
López Ulacio, sobre quien pesa una orden de privación de libertad y la prohibición de mencionar al propietario de la empresa Multinacional de Seguros, Tobías Carrero Nácar 26, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó una “medida internacional” que establece que el Estado
venezolano debe restituir la libertad a López, luego de que fueran desacatadas las medidas cautelares dictadas por la CIDH el 8 de febrero27. La CIDH
también instó al gobierno nacional a averiguar y establecer responsabilidades
en el seguimiento y persecución contra López Ulacio 28. López fue demandado por Carrero luego de que publicara una nota en el semanario La Razón,
donde se hace referencia a un viaje, de “salud y de placer” que habría realizado Carrero en compañía del ex ministro de Interior, Luis Miquilena, el ex
embajador de Venezuela en Washington Ignacio Arcaya y la Primera Dama
a la ciudad de Boston, en los días posteriores a la tragedia de Vargas, en 199929.
Ese mismo día (18-11-01), el semanario La Razón publicó en sus páginas que
la CIDH demandaría a Venezuela ante la Corte Interamericana por el caso30.
En ese mismo caso se ordenó la destitución de la jueza que seguía el caso del editor y director del semanario La Razón, Pablo López Ulacio, María
Reverón, por presuntas “extralimitaciones de funciones, abuso de autoridad,
incumplimiento de la ley y retardo judicial” 31.
En marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
emitió medidas cautelares a favor de los trabajadores de Venevisión, para resguardar su integridad y garantizarles el ejercicio de sus funciones mientras
que en Venezuela, el juez Iván Darío Bastardo del tribunal 40 de Control, ordenó a la Disip brindar protección a los trabajadores de Televen32.
En el periodo estudiado se mantuvo la discusión sobre el polémico artículo 1013 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia el 12-06-01 que establece regulaciones para el ejercicio del derecho a réplica. En el mes de enero, en las sesiones de la CIDH, se realizó una audiencia de admisibilidad del
caso de la sentencia 1.013. Este caso acumuló las solicitudes de Elías Santana, el Bloque de Prensa Venezolano (BPV) y Cecilia Sosa Gómez. La CIDH
admitió la denuncia33. Para la fecha de cierre del presente informe, no se había producido un pronunciamiento del organismo en torno al caso.
El 13-02-02, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que continuará conociendo un recurso de nulidad interpuesto por el
BPV contra los artículos contra los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 31 (Parágrafo Úni-
30
INFORME 2002
co), 33, 36 y 45 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, promulgada el 23 de
agosto de 1972. Dicho texto fue reformado el 6 de diciembre de 1994. Por
este motivo representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y de
la Fiscalía General de la República solicitaron que fuera declarado sin lugar
el recurso interpuesto por el BPV, acotando que los artículos sometidos a revisión dejaron de existir jurídicamente, cuando se erigió la nueva Ley de la
materia. El máximo tribunal argumentó su decisión de desestimar la solicitud hecha por el CNP y dar continuidad a la solicitud de nulidad de los artículos interpuesta por el BPV, en que los requisitos de profesionalización y colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo, contenidos en los
artículos impugnados de la ley de 1972, han sido perpetuados en el artículo
2 de la ley del Ejercicio del Periodismo de 1992.
Observación internacional
Las organizaciones internacionales observaron el desarrollo de los acontecimientos y opinaron cuando vieron situaciones de riesgo para la libertad
de expresión. El aumento de las diferencias públicas entre los medios y el Gobierno así como la recurrencia de hechos de agresión y amenazas dirigidas
hacia periodistas, camarógrafos, fotógrafos, propietarios y directivos de medios, atrajo la atención de organismos internacionales sobre Venezuela.
La CIDH manifestó su preocupación por la apertura de una investigación administrativa a la estación de televisión Globovisión, a raíz de la trasmisión que hizo ese canal de una noticia con unos datos incorrectos y que luego fue aclarada34.
En el mes de febrero se realizó una visita del Secretario Ejecutivo de la
CIDH, en la que señaló que recibió “numerosos casos de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que fueron agredidos física verbalmente”. Destacó que
“las agresiones contra periodistas no sólo amenazan el ejercicio de la libertad
de expresión, sino el derecho al trabajo y el amplio y elocuente debate de ideas
que se observó en el país”35.
El 6 de mayo, los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos arribaron al país
para evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela y el papel desempañado por los medios de comunicación durante la coyuntura del mes de
abril 36. Al culminar su visita, la misión de La CIDH presentó un informe sobre la situación dando cuenta de las agresiones verbales y físicas, contra tra-
31
bajadores de medios de comunicación37. Del mismo modo se solicitó a los medios la necesidad de recuperar la ética en el ejercicio del derecho a la libre expresión.
Luego de la visita de la misión de la CIDH se conocieron nuevos casos
de hechos violatorios de la libertad de expresión e información. Así, el 26 de
junio el organismo prorrogó las medidas cautelares emitidas el 24 de enero,
en favor del diario El Universal, por seis meses más. La medida tendría como
objetivo velar por el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la vida y la integridad personal del diario y de su editor Andrés Mata y solicitar al
gobierno venezolano la adopción de medidas de protección a favor de la periodista del diario, Alicia La Rotta, quien fue agredida el 20 de junio por un
funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), identificado como Marcos Salas, mientras la reportera cubría una marcha de militares retirados38.
La CIDH a lo largo del año 2002 otorgó las siguiente medidas cautelares: a) Pablo López Ulacio, 7 de febrero de 2001; b) El Nacional, 11 de enero
de 2002; c) Andres Mata Osorio, 27 de enero de 2002; d) Globovision y Radio
Caracas Televisión, 30 de enero de 2002; e) Ibeyise Pacheco y Patricia Poleo,
12 de marzo de 2002 y f) Dubraska Romero, Tal Cual, 24 de mayo de 2002 39.
La mayoría de las medidas cautelares implican custodia policial; a lo largo del
período se conoció que los solicitantes reclamaban que el gobierno incumplía el mandato de la CIDH.
En el mes de febrero de 2002, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó al país y luego de reuniones con representantes
de los poderes públicos y de visitar las sedes de varios medios de comunicación, el presidente del organismo Robert Cox indicó que “si el Presidente no
cambia su actitud frente a los medios, veo un futuro muy peligroso en materia de libertad de prensa; no se puede decir que hay libertad de información,
ni de prensa, si los periodistas están trabajando permanentemente bajo amenazas y con miedo”40.
En el mes de marzo, la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI)
hizo un llamado a que se respetara el derecho a la información en el país41. El
presidente de la OPI, Álvaro Martínez, señaló que era necesario que se creara
un frente común de periodistas para que los derechos humanos de los trabajadores de la comunicación sean defendidos42.
A comienzos del mes de abril de 2002, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a través de un comunicado de prensa, condenó la “campaña
presidencial contra los medios en Venezuela”. El Secretario General de la FIP,
32
INFORME 2002
Aiden White señaló que: “El Presidente ha creado una atmósfera de intolerancia contra el periodismo que está amenazando la seguridad física de los periodistas (...) Los periodistas que transportan equipos de trabajo de los medios son atacados en las calles por bandas respaldadas por gente del partido
de gobierno”. White resaltó que los periodistas y los medios sólo hacen su
trabajo y que no deberían ser atacados y victimizados por decir la verdad, “aún
si esta molesta a los líderes políticos”, agregó43.
El 06-05-02, una delegación de la Asociación Mundial de Periódicos
(AMP), se reunió con el presidente Hugo Chávez para conversar sobre la situación de la libertad de expresión en el país. Pedro Ramírez, director del diario El Mundo de España y directivo de la organización recordó que para que
exista un sistema democrático debe haber libertad de expresión. Y señaló que
el organismo gremial venía considerando desde hace algún tiempo y con preocupación, situaciones de presiones y agresiones a la prensa venezolana como
“los casos del editor Pablo López Ulacio (La Razón), el decreto 1.013 (derecho a réplica), episodios de violencia contra personas e instalaciones de medios de comunicación y el caso más grave, el asesinato del fotógrafo Jorge
Tortoza 44.
El 9-07-02 la SIP manifestó a través de un comunicado, su preocupación
por los atentados contra periodistas y medios venezolanos. “Observamos alarmados una mayor intensidad de agresiones y ataques contra los periodistas y
medios venezolanos”, dijo el presidente de la SIP, Robert Cox en el documento.
“No vemos que esta ola de violencia vaya a terminar sino con una decidida acción del gobierno que busque cortar con esos actos de intimidación mediante
una investigación rigurosa y castigo ejemplar” agregó45. La SIP hizo un llamado al gobierno venezolano a investigar los hechos y a establecer medidas para garantizar el ejercicio del periodismo y el cese de la violencia46.
Posteriormente, el 22 y el 23-09-02, representantes de la SIP y del Instituto Internacional de Prensa (IIP), visitaron el país para analizar la situación
de la libertad de expresión. Sostuvieron reuniones con representantes de los
medios de comunicación, del sector empresarial agrupados en Fedecámaras
y con el vicepresidente José Vicente Rangel. Al finalizar su estadía en Venezuela, el presidente de la SIP, Roberto Cox y el presidente del IIP, Jorge Fascetto, manifestaron su preocupación por las continuas agresiones contra los
medios de comunicación, por parte de presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez.
33
Respuestas organizadas de los periodistas
El aumento del número de casos de situaciones en las que se vio afectado el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión motivó a representantes del gremio y a los trabajadores de los modos a tomar iniciativas para
promover el cese de las agresiones. Junto a las agresiones de agentes estatales y terceros se sumo la necesidad de reflexionar los desafíos al interior de las
propias empresas de comunicación y el papel de los medios en la crisis política nacional. Muchas de estas iniciativas se reprodujeron al margen de los
gremios institucionalizados (sindicatos y colegios profesionales) y se desarrollaron a partir de encuentros regulares de reflexión entre periodistas. Estas
reuniones se registraron en la ciudad de Caracas y también en ciudades como Barquisimeto, Estado Lara.
Después de los hechos de abril nació al agrupación Los del Medio, que nació como la primera iniciativa pública destinada a promover la paz, el respeto y el consenso, como señaló la periodista Laura Weffer, al finalizar una misa, promovida por el grupo que se celebró el 17-08-02, en la Iglesia Santa
Teresa. (El Nacional, 18-08-02, pág. C-3 y El Universal, 18-08-02, pág. 1-9).
Este grupo planea realizar algunas actividades públicas adicionales como foros y documentar las denuncias de agresiones realizadas por periodistas, especialmente reporteros.
En Barquisimeto, un grupo de profesionales organizaron uno de los primeros foros públicos que se hicieron para analizar el desempeño de los medios durante los hechos de abril del 2002. Esta iniciativa produjo posteriormente la edición de la revista Teclas con los principales aportes de los invitados
en ese foro.
Otra iniciativa surgida del seno de los trabajadores de los medios es la organización no gubernamental “Expresión Libre”, que agrupa a periodistas y comunicadores de medios audiovisuales e impresos. (Tal Cual, 06-09-02, pág. 5).
Por su parte el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emprendieron un conjunto de
acciones para protestar en contra de las agresiones hacia los trabajadores de
los medios de comunicación y defensa la dignidad de los periodistas y el libre
del ejercicio de la profesión (Tal Cual, 06-09-02, pág. 5).
34
INFORME 2002
Citas
1 El Nacional, 01-08-02, Pág. D-2.
2 El Nacional, 03-08-02, Pág. D-última.
El Universal, 03-08-02, Pág. 4-2.
3 El Nacional, 05-12-02, Pág. A-7. Alerta
del Instituto Prensa y Sociedad, 05-12-02.
4 A) El Universal, 15-04-2002, Pág. 3-14.
B) Tal Cual, 07-05-2002, Pág. 15 (2).
Diario 2001, 10-05-2002, Pág. 7. Tal Cual,
08-05-2002, Pág. 14.
5 Notitarde, 12-09-02, Pág. 2.
6 Tal Cual, 09-07-02, pág. El Nacional,
10-07-02, Pág. D-última. El Globo,
10-07-02, Pág. 5.
7 El Nacional, 08-01-2002, Pág. D-12/1.
Dirección de Derechos Fundamentales
del Ministerio Público).
8 El Universal, 11-06-02, Pág. 1-12 .
Diario 2001, 12-06-02, Pág. 9.
El Nacional, 13-06-02, Pág. 1-8.
9 El Universal, 16-08-02, Pág. 4-1 (1).
Últimas Noticias, 16-08-02, Pág. 16.
10 Diario 2001, 12-04-2002, Pág. 17.
El Nacional, 12-04-2002, Pág. 1-7 (1).
El Universal, 12-04-2002 (edición digital).
11 El Nacional, 15-04-2002, Pág. B-última.
Defensoría del Pueblo: Sucesos de abril
(informe preliminar). Caracas, mayo
de 2002. Pág. 55.
12 El Nacional 15-04-2002, Pág. B-11.
Tal Cual, 16-04-2002, Pág. 16.
13 El Nacional, 08-05-2002, Pág. D-2
14 El Universal, 18-03-2002, Pág. 1-4.
15 El Nacional, 10-12-02, Pág. A-4.
16 En: www.venpres.gov.ve
18 Últimas Noticias, 05-09-02, Pág. 20.
20 Alerta, Instituto Prensa y Sociedad,
12-12-02.
21 A) El Nacional, 14-03-02, Pág. D-3,
Últimas Noticias, 15-03-02, Pág. 16 (2)
Últimas Noticias, 16-03-2002, Pág. 1-7.
El Globo, 20-03-02, Pág. 3. El Universal,
22-03-2002, Pág. 1-8. El Universal,
04-04-2002, Pág. 1-8 Dirección
de Derechos Fundamentales
del Ministerio Público B) El Nacional,
04-04-2002, Pág. D-última. El Universal,
21-03-2002, Pág. 1-6.
22 Últimas Noticias, 21-06-02, Pág. 20
23 El Nacional, 24-06-02, Pág. D-2
24 Diario 2001, 22-05-2002, Pág. 7.
Diario 2001, 31-05-2002, Pág. 19 (2)
Diario 2001, 01-06-2002, Pág. 10.
25 Diario 2001, 18-09-02, Pág. 7. El Nacional,
26-09-02, Pág. F-2.
26 Provea, Informe Anual. Octubre
01-septiembre 01. Pág. 378.
27 El Universal, 14-11-01, Pág. 1-10.
28 La Razón, 18-11-01, pág. A-2.
29 El Universal, 14-11-01, Pág. 1-10.
30 La Razón, 18-11-01, pág. A-3.
31 El Universal, 20-02-02, pág.1-7.
32 El Universal, 01-03-02, pág. 1-4.
33 Así es la Noticia, 22-06-02, pág. 7.
34 Organización de Estados Americanos.
La Relatoría para la Libertad de Expresión
manifiesta su preocupación por proceso
iniciado contra canal de televisión en
Venezuela. Nota de prensa. Washington,
D.C., 29-10-01
35 El Universal, 09-02-02, Pág. 1-6.
37 Nota: Diario 2001, 01-06-02, Pág. 10.
38 El Universal, 27-07-02, Pág. 1-7
39 Información suministrada por la Relatoría
de Libertad de Expresión de la CIDH,
el 8-10-02.
40 El Nacional, 22-02-02, pág. D-4.
41 El Nacional, 26-03-02, pág. D-2.
42 Así es la Noticia, 26-03-02, pág. 6.
43 El Nacional, 04-04-02, pág. E-5.
44 Diario 2001, 07-05-02.
45 El Globo, 10-07-02, Pág. 9.
46 El Universal, 06-08-02, Pág. 1-8.
35
Libertad de expresión en Venezuela | 2002
Cronología
Enero
08-01-2002
■ Un centenar de manifestantes, seguidores del presidente Hugo Chávez pro-
testaron a las puertas de El Nacional acusando al impreso de no decir la verdad con respecto a la visita realizada por el presidente Hugo Chávez (el domingo anterior a la protesta) a Catia y que el diario reseñó diciendo que a
Chávez le dieron un cacerolazo en esa zona (El Nacional, 08-01-2002, Pág.
D-12).
■ Luego de la manifestación ante la sede de El Nacional y de que un grupo
de personas lanzaran panfletos y pintaran consignas en las puertas del canal de televisión Globovisión, la Policía Metropolitana designó a cincuenta
funcionarios para vigilar las sedes de los medios de comunicación (El Mundo,
08-01-2002, Pág. 20).
09-01-2002
■ El director de El Nacional Miguel Henrique Otero, señaló que “los actos de
agresión contra El Nacional demuestran que el gobierno ya está atacando directamente a la libertad de expresión”, durante una visita que realizó a la
Conferencia Episcopal de Venezuela (Así es la Noticia, 09-01-2002, Pág. 3).
■ Luego de la manifestación registrada a las puertas de El Nacional la emba-
jadora de Estados Unidos en Venezuela, Donna Hrinak, aseguró que el gobierno estadounidense está preocupado por la manifestación violenta contra el impreso. Llamó a los venezolanos a hacer uso de su derecho a la protesta
sin amenazas e intimidación. La funcionaria visitó la sede El Nacional para
manifestar su respaldo y recordó que “la libertad de prensa es fundamental en una democracia” (El Nacional, 09-01-2002, Pág. A-2).
37
■ El Bloque de Prensa Venezolano (BPV) se declaró en estado de “alerta”. El
vicepresidente del organismo, Andrés de Armas, informó que el BPV acudirá a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que estos entes analicen la “campaña metódica de
amedrentamiento en contra de los medios de comunicación venezolanos,
con el único objeto de conformar un gobierno totalitario” (Así es la Noticia,
09-01-2002, Pág. 3). El abogado del BVP, Asdrúbal Aguiar, indicó que sería conveniente solicitar a la CIDH una visita a Venezuela, para que pueda
palpar la situación que se vive aquí (Diario 2001, 09-01-2002, Pág. 12).
10-01-2002
■ La Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional acordó abrir un de-
bate sobre las amenazas a la libertad de expresión y las agresiones a los medios de comunicación. La diputada del MVR y Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas, Desirée Santos Amaral había manifestado
con anterioridad la necesidad de que el parlamento se pronunciara en torno a las agresiones contra periodistas y medios (El Nacional, 10-01-2002,
Pág. D-2).
■ El presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que los manifestan-
tes que se apostaron el 7 de enero, en las puertas del diario El Nacional buscaban un derecho a réplica por la noticia reseñada por ese diario según la
cual Chávez habría sido recibido con cacerolas en Catia. Chávez justificó
la protesta por considerar que se trataba de una manifestación pacífica y legítima. Acusó a los medios de estar realizando oposición política. “Los medios están desestabilizando al país, y eso ningún poder del Estado puede
permitirlo”, agregó. (El Nacional, 10-01-2002, Pág. D-2).
11-01-2002
■ El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Carlos Ayala Corao, opinó que los hechos ocurridos a las puertas del diario El Nacional constituyen una “clara violación a la libertad de expresión
en el país, porque se trató de un amedrentamiento contra la libre circulación de información”. Explicó que aunque el derecho a protestar es un principio democrático, la manifestación ante El Nacional forma parte de una cadena de acciones contra la libertad de expresión (El Nacional, 11-01-2002,
Pág. D-2).
38
CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA | 2002
12-01-2002
■ El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), Santiago Cantón, anunció que visitaría Venezuela para observar la situación de la libertad de expresión en el país. La CIDH también
señaló que adoptaría medidas cautelares para garantizar el ejercicio pleno
de la libertad de información y el resguardo de la integridad personal de
periodistas, trabajadores y directivos de El Nacional, luego de la protesta
escenificada a las puertas del impreso (El Nacional, 12-01-2002, Pág. D-1).
13-01-2002
■ El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Robert Cox, afir-
mó que los ataques a los medios se traducen en violencia y temor a informar, lo que perjudica a la democracia. “Es casi clásico que los mandatarios
que se convierten en dictadores comiencen diciendo que la prensa está contra ellos, que los medios dicen mentiras, con el objetivo de amedrentar, y
luego terminan cerrando los diarios, emisoras y canales de televisión”. Cox
abogó por diálogo entre los medios y el presidente (El Universal, 13-012002, Pág. 1-4).
■ El diario El Universal fue objeto de agresiones por parte del presidente Hu-
go Chávez. Entre los casos señalados destacan: el reportero Eugenio Martínez “fue objeto de improperios de todo tipo e incluso golpeado con un
periódico dominical por un agresor chavista que vociferaba: Los medios son
enemigos de la revolución”, esto ocurrió cuando cubría una marcha del oficialismo. Roberto Giusti y Alicia La Rotta “han recibido intentos de intimidación por parte del jefe de Estado”. El jefe del Estado llamó a Giusti
“mentiroso, azote de la verdad” y La Rota fue acusada de ser una profesional sin ética y de ser una ficha de los dueños de los medios (El Universal,
13-01-2002, Pág. 1-4).
■ El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, informó que el organismo seguía de cerca la situación de la libertad de expresión en Venezuela “desde hace bastante tiempo”. Cantón
señaló que la manifestación ocurrida en días pasados a las puertas de El
Nacional junto a otros hechos como la salida irregular de Teodoro Petkoff
del diario El Mundo, las denuncias hechas por las periodistas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo sobre intimidación, y la sentencia 1013 del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el derecho a réplica, son algunos de los sucesos seguidos por el Sistema
39
Interamericano. “La amenazas a la libertad de expresión son siempre una
amenaza directa a la democracia”, sostuvo Cantón (El Nacional, 13-01-2002,
Pág. D-4).
■ El Universal, en su editorial “Nuestra Tribuna”, señaló que el país vive una
escalada de agresiones, amenazas, riesgos, violencia, por parte del oficialismo hacia la libertad de expresión. Y aseguró que El Universal mantendría una línea editorial “objetiva, imparcial y de respaldo a una sociedad
democrática, plural y abierta” (El Universal, 13-01-2002, Pág. 1-10).
14-01-2002
■ El vespertino Tal Cual reseñó la publicación en el diario El Universal de un
comunicado titulado “Ante la conspiración mediática en Venezuela” donde un grupo de periodistas simpatizantes del gobierno y encabezados por
Nora Uribe, comunicadora social y miembro del Comando Político de la
Revolución, denunciaron intenciones desestabilizadoras de parte de algunos medios de comunicación hacia el gobierno nacional. (Tal Cual, 14-012002, Pág. 2).
■ El gobierno nacional aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Te-
levisión Abierta Comunitarias (fue publicado en la Gaceta Oficial el 8 de
enero), mediante la cual se podrán legalizar más de 60 medios de comunicación populares que trasmiten sus señales de forma ilegal (Tal Cual, 1401-2002, Pág. 5).
■ El expresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), Carlos Ayala Corao, señaló que las protestas frente a los medios
de comunicación que sean auspiciadas por el Gobierno o vinculadas con el
poder público serán consideradas como desacato a las medidas cautelares
que dictó la CIDH. Dichas medidas cautelares instan al Estado a tomar
medidas para garantizar el respeto a la libertad. “Cualquier manifestación
frente a los medios de comunicación que esté vinculada con el poder público o auspiciada por el Gobierno será considerada un desacato a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana y que instan al Estado a tomar medidas para garantizar el respeto a la libertad de expresión
de la sociedad” (El Universal, 14-01-2002, Pág. 1-9).
■ El presidente Hugo Chávez en su programa radial “Aló Presidente” nú-
mero 92, hizo un llamado a debatir el papel de los medios de comunicación en los procesos democráticos. “Hay que hacer un debate, abramos el
debate pues. Analicemos el poder que tienen los medios de comunicación
sobre los poderes públicos, constituyéndose -muchas veces- en amenazas
40
para los pueblos del mundo y las democracias que se están construyendo”
(El Globo, 14-01-2002, Pág. 2).
■ El expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Pe-
dro Nikken, advirtió al Gobierno Nacional que el Sistema Interamericano tiene sus ojos puestos en Venezuela como garante de la libertad de expresión. Nikken señaló que “la urgencia que ha tenido la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en solicitar las medidas cautelares
al Gobierno venezolano es demostrativa del valor que tiene la libertad de
expresión, particularmente dentro del sistema internacional de derechos
humanos” (El Nacional, 14-01-2001, Pág. D-2).
15-01-2002
■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), exigió al pre-
sidente Hugo Chávez que cesara las ofensas y agravios contra periodistas.
La petición fue hecha a través de un manifiesto del SNTP, con motivo de
la celebración de los 44 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez, el 23 de enero. El remitido plantea: “Basta de hacernos responsables de sus equivocaciones, no deteriore todavía más el necesario clima
de garantías para el libre ejercicio de nuestra profesión, cumpla y haga cumplir la Constitución, respete la vocación pacifista del pueblo venezolano y
no nos amenace con la fuerza de las armas. Nosotros seguiremos cumpliendo con el compromiso ético de informar la verdad al pueblo venezolano”
(El Universal, 15-01-2002, Pág. 1-5).
16-01-2002
■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) envió un comuni-
cado a Radio Caracas Televisión, donde informó a la televisora la apertura de
un procedimiento administrativo en su contra, por la trasmisión del programa “Nacido para morir” del espacio Archivo Criminal, el día 11 de agosto.
“La empresa ha difundido en horarios no exclusivos para adultos, cuadros
sombríos o patéticos, narraciones sensacionalistas o relatos de hechos poco
edificantes y niveles excesivos de agresión física o psicológica” señaló Conatel
en el comunicado (Así es la Noticia, 16-01-2002, Pág. 6).
41
17-01-2002
■ La organización no gubernamental Human Rights Watch, radicada en Was-
hington, publicó su informe anual, donde señaló que Venezuela ha sido puesta en observación por ese ente, debido a que el país experimenta una situación política donde el poder está concentrado en torno al presidente Hugo
Chávez; lo que constituye una amenaza contra los derechos humanos, en
especial la libertad de expresión. “Lo que está pasando en Venezuela puede transformarse en abuso de poder en contra de quienes se oponen al presidente, inclusive los medios de comunicación, especialmente la prensa independiente, que felizmente aún subsiste y es muy vigorosa en Venezuela”,
dijo José Miguel Vivanco, director de la oficina para las Américas de Human Rights Watch (El Globo, 17-01-2002, Pág. 11 y El Universal, 17-012002, Pág. 1-5).
■ El ministro de la Secretaría de la Presidencia, Rafael Vargas, quien había
asumido recientemente el cargo, señaló que el gobierno está abierto a las
críticas de los medios e indicó que los medios que no dicen la verdad constituyen un problema: “Los medios juegan un papel muy importante. Pero
son un problema los que tienen posiciones partidistas y no dicen la verdad.
No se trata de que no expresen contradicciones, pues de las contradicciones nace la verdad. Es importante que alerten, que critiquen, pero siempre
con la bandera de la verdad, con creatividad y sensatez” (El Nacional, 1701-2002, Pág. D-2).
■ Los integrantes del Caracas Press Club rechazaron la medida propuesta
por el Alcalde de Caracas, Freddy Bernal, de crear brigadas cívicas de protección a los periodistas. “Esa figura es absolutamente reprochable, la protección del periodista es la misma que la del ciudadano común. No tiene
porque haber ningún tipo de brigadas de ninguna naturaleza para proteger a nadie. Lo que se debe hacer es que todos respetemos las leyes”, dijo el presidente de la organización, Álvaro Benavides (El Nacional, 17-012002, Pág. D-4).
■ Los directivos del diario El Nacional se reunieron con representantes de la
prensa extranjera acreditados en el país para conversar sobre la libertad de
expresión y el papel de los medios en el proceso político venezolano. En la
reunión hablaron sobre la manifestación ocurrida el 7 de enero a las puertas del periódico (El Nacional, 17-01-2002, Pág. D-4).
42
18-01-2002
■ Los diputados del Movimiento V República propusieron realizar una reu-
nión con el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, luego de un debate realizado en el parlamento sobre la libertad de expresión. Por su parte el diputado de La Causa
Radical Andrés Velásquez, solicitó “engavetar” el proyecto de la Ley de
Contenidos, el cual el presidente Hugo Chávez solicitó fuese discutido en
la Asamblea Nacional (El Universal, 18-01-2002, Pág. 1-6).
■ Los parlamentarios de la Asamblea Nacional acordaron exhortar a los pro-
pietarios de los medios para que discutan y aprueben un código de ética.
También aprobaron repudiar los actos de violencia contra los periodistas y
promover un encuentro entre los parlamentarios y el Secretario Ejecutivo
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Santiago Cantón (Últimas Noticias, 18-01-2002, Pág. 12).
19-01-2002
■ El agente del Estado, Jorge Dugarte, presentó un informe ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde aseguró que
se cumplieron las medidas cautelares ordenadas por el organismo a favor
del diario El Nacional (El Universal, 19-01-2002, Pág. 1-5).
■ El director de Conatel, Jesse Chacón, aseguró que la Ley de Contenidos
garantizará la libertad de expresión y evitará la censura previa. Explicó que
los medios deben identificar cuando presentan un segmento de información y cuando presentan un segmento de opinión. Aclaró que la Ley de
Contenidos se refiere a medios radioeléctricos y no a la prensa (El Universal,
19-01-2002, Pág. 2-2).
20-01-2002:
■ El director general de Conatel, Jesse Chacón, aseguró que la propuesta del
organismo sobre una Ley de Contenido está apegada a las normas de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos. “La libertad de expresión y de pensamiento no pueden estar sujetas a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar fijadas por la ley y son necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública” (El Universal,
20-01-2002, Pág. 1-8).
43
■ El Nacional, reseñó la agresión de la que fue víctima el equipo reporteril
de Globovisión, durante la cobertura del programa “Aló Presidente”, transmitido desde la urbanización 23 de Enero, a través del testimonio de la
periodista Mayela León. A la reportera le gritaron “mentirosos, digan la
verdad”, ella quedó atrapada en medio de un grupo de gente que entró
al lugar donde se encontraba el presidente Hugo Chávez; entretanto la
camioneta del canal donde permanecían el camarógrafo Jorge Paz y el
asistente Jahn Bernal fue pateada y empujada. (El Nacional, 21-01-2002,
Pág. D-2).
22-01-2002
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, afirmó que de-
nunciaría ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Fiscalía
General de la República, la Contraloría General de la República y el Colegio Nacional de Periodistas, el atropello y agresiones sufridas por reporteros del canal de noticias, durante la cobertura del programa “Aló Presidente” que se transmitió desde el Observatorio Cagigal, ubicado en la
parroquia “23 de Enero” (El Nacional, 22-01- 2002, Pág. D-4).
■ Ramón José Medina, miembro de la junta directiva del El Nacional, denun-
ció el incumplimiento por parte del Gobierno de las medidas cautelares
acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para proteger al personal que labora en dicho diario, luego de la manifestación registrada en los alrededores de la sede del impreso en el mes de
enero (El Nacional, 22- 01-2002, Pág. D-4).
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, denunció en un
comunicado enviado al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy
Benschimol, que la libertad de expresión en el país está limitada, al no existir libre acceso a las fuentes de información. El pronunciamiento de Ravell
se efectuó luego de que un equipo de reporteril de la planta de televisión fuera agredido verbalmente y se le impidiera realizar su trabajo cuando cubrían
el programa “Aló presidente” que se trasmitía desde la parroquia “23 de enero” (El Nacional, 23-01-2002, Pág. D-9).
24-01-2002
■ El periodista y director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel se-
ñaló que en Venezuela no había ejemplos concretos de limitaciones a la libertad de expresión, durante su discurso como orador de orden en la se-
44
sión especial de la Asamblea Nacional, con motivo de la celebración de un
aniversario más de la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. “Nadie puede mostrar aquí o en el exterior, ejemplos de una sola noticia o de
un solo artículo que no hayan sido difundidos como consecuencia de la acción gubernamental. Y no ha habido un periodista preso o perseguido, un
medio suspendido o clausurado”, dijo (El Globo, 24-01-2002, Pág. 7); pero
al mismo tiempo rechazó “los atropellos que con demasiada frecuencia se
cometen en la calle contra los periodistas por grupos de partidarios fanatizados del gobierno” (El Nacional, 24-01-2002, Pág. D-3).
25-01-2002
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA adoptó
una medida cautelar para proteger el derecho a la libertad de expresión a
favor del diario El Universal, por la amenazas y agresiones proferidas por
el presidente Hugo Chávez contra el diario, su editor y periodistas (El Nacional,
25-01-2001, Pág. D-6).
■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jes-
se Chacón señaló que “el supuesto proyecto de Ley de Contenido, presentado por algunos parlamentarios era falso” y presentó el verdadero proyecto sobre el que está trabajando Conatel. Aseguró que en dicho documento
“no se está tratando de cercenar la libertad de expresión, por el contrario,
lo que hace es eliminar muchas de las posibilidades de arbitrariedad que
están consagradas en los instrumentos legales vigentes” (Últimas Noticias,
26-01-2002, Pág.11).
■ El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alfonso Dávila, señaló que se
procedería de inmediato a cumplir con las medidas cautelares impuestas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor
de El Universal (El Nacional, 26-01-2002, Pág. A-2).
28-01-2002
■ Las periodistas Ibéyise Pacheco, Marianela Salazar, Marta Colomina y Pa-
tricia Poleo señalaron que acudirían ante la Fiscalía para denunciar que han
sido víctimas de acoso por partes de organismos de seguridad que las pretenden acallar por las denuncias que han presentado (El Nuevo País, 28-012002, Pág. 5).
■ El presidente Hugo Chávez durante su programa “Aló Presidente”, desde
Mérida, acusó nuevamente a los medios de decir mentiras y atropellar al
45
pueblo, y amenazó a Globovisión con una decisión de cierre en su contra (El
Nuevo País, 28-01-2002, Pág. 2).
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell señaló que ago-
tarán todas las acciones legales para enfrentar las amenazas del presidente Hugo Chávez y el procedimiento administrativo abierto por al Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) (La Antorcha, 28-01-2002,
Pág. A-3).
29-01-2002
■ El jurista Héctor Faúndez señaló que la Ley de Contenidos restringe la li-
bertad de expresión y aseguró que el presidente Hugo Chávez será el principal perjudicado si se aprueba dicho instrumento, porque se vería obligado a moderar su lenguaje y los recursos audiovisuales que utiliza en sus cadenas
(El Nacional, 29-01-2002, Pág. D-2).
■ El presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, volvió a exhortar a
los propietarios de los medios a crear un código de ética (El Globo, 29-012002, Pág. 7).
30-01-2002
■ El Nacional, en su editorial, señaló que la Ley de Contenidos sería un ins-
trumento del gobierno del presidente Hugo Chávez para radicalizar los
controles sobre los medios radioeléctricos (El Nacional, 30-01-2002, Pág.
A-6).
■ El profesor universitario y especialista en legislación de la comunicación
social, Andrés Linares Benzo, señaló que el ente encargado de regular los
contenidos de las transmisiones de los medios audiovisuales, no debe estar
adscrito al Ejecutivo como lo plantea la Ley de Contenidos, para garantizar su autonomía y su independencia (El Nacional, 30-01-2002, Pág. D-4).
31-01-2002
■ La organización política Primero Justicia convocó a una vigilia por la li-
bertad de prensa y el derecho a la información, frente a la sede del diario
El Impulso en Barquisimeto (El Impulso, 31-01-2002, Pág. D-1).
46
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Orga-
nización de Estados Americanos aprobó una medida cautelar (la tercera en
un mes) a favor de Globovisión y Radio Caracas Televisión, para preservar la
integridad de los periodistas y trabajadores de las plantas (El Universal, 3101-2002, Pág. 1-1).
Febrero
01-02-2002
■ El día 31 de enero estalló un niple en las puertas de la sede del diario Así
es la Noticia. El director adjunto del diario El Nacional, Sergio Dahbar, y el
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP) Gregorio Salazar, expresaron su rechazo por el estallido del artefacto explosivo. Dahbar dijo que el caso sería llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Últimas Noticias, 01-02-2002,
Pág. 26).
■ Alrededor de 60 trabajadores de Globovisión presentaron (el 31 de enero)
ante la Fiscalía General de la República todas las denuncias por agresiones
físicas y verbales de las que fueron objeto durante los últimos dos años
(El Nacional, 01-02-2002, Pág. D-2, Últimas Noticias, 01-02-2002, Pág. 14
y El Globo, 01-02-2002, Pág. 5).
■ El ex ministro de Interior y Justicia, Luis Miquilena, ordenó a los organis-
mos de seguridad brindar protección a medios y periodistas en todo el país,
antes de entregar el cargo a su sucesor Ramón Rodríguez Chacín (El
Universal, 01-02-2002, Pág. 1-8). El viceministro de Seguridad Ciudadana, Luis Camacho Kairuz, informó que efectivos policiales resguardarían
los medios de comunicación de Caracas; la medida habría sido ordenada a
raíz del estallido de un niple en la sede del diario Así es la Noticia (El
Nacional, 01-02-2002, Pág. D-2).
02-02-2002
■ Desde Washington, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) re-
chazó las agresiones y ataques contra medios de comunicación y periodistas en Venezuela (El Nacional, 02-02-2002, Pág. D-1).
47
■ La organización Reporteros Sin Fronteras condenó el estallido de un ex-
plosivo en Así es la Noticia, a través de una carta enviada al ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín, donde solicitaron se abriera una
investigación sobre el caso (El Nacional, 02-02-2002, Pág. D-2).
05-02-2002
■ La directora del diario Así es la Noticia, Ibéyise Pacheco, pidió protección
para el personal que labora en el impreso, luego de varios días después del
estallido de una bomba en la entrada de la sede del periódico (El Globo, 0502-2002, Pág. 9).
■ Llegó al país una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA),
encabezada por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y el relator para la libertad de expresión, Santiago Cantón, para estudiar la situación de la libertad de expresión (El Universal,
05-02-2002, Pág. 1-8).
■ El Colegio de Abogados publicó un comunicado de prensa donde fijó po-
sición con respecto a la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional
de elaborar una Ley de Medios. El organismo puso a disposición del Ejecutivo a sus mejores juristas para asesorarlos en la redacción de la ley. Advirtieron que deben respetarse los tratados que establecen el respeto a la
libertad de expresión. (La Religión, 05-02-2002, Pág. 16).
07-02-2002
■ El director de Conatel, Jesse Chacón, aseguró que la Ley de Contenidos
tiene como eje central la regulación de la programación infantil y no la censura y limitación de la libertad de expresión. “Se quiere armar una alharaca con el derecho a la libertad de expresión, cuando el eje central es el contenido y la programación infantil” (Últimas Noticias, 07-02-2002, Pág. 4).
■ El Bloque de Prensa Venezolano (BPV) se reunió con el Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón. Luego del encuentro el presidente del BVP, David Natera,
señaló que la visita de Cantón era significativa para los medios y periodistas porque el sistema interamericano estaba observando la amenazas provenientes del gobierno hacia los medios (Diario 2001, 07-02-2002, Pág. 3).
Natera aseguró que a pesar de que no hay periodistas muertos o presos, ni
medios cerrados, la libertad de expresión estaba en peligro. “El sistema in-
48
teramericano está observando con todo interés y le está haciendo un seguimiento a lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, que las amenazas desde los más altos niveles del poder están tratando de quebrar la firmeza de los medios por decir la verdad. Nuevamente repito: no nos
doblegarán” (El Nacional, 07-02-2002, Pág. D-2).
■ La directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos del
27 de Febrero y Marzo del 89 (Cofavic), Liliana Ortega, señaló que la situación de la libertad de expresión en Venezuela amerita una seria revisión
por parte del Estado. “Creemos que debe hacerse una investigación independiente por parte del Ministerio Público, que permita llegar a una condena a los responsables. Porque la única manera de evitar las violaciones y
minimizar las violaciones a los Derechos Humanos, es castigando a los responsables. Ojalá que los casos de libertad de expresión no queden en la impunidad” (Diario 2001, 07-02-2002, Pág. 3).
■ El canciller, Luis Alfonso Dávila, se reunió con el secretario ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón. Luego del encuentro aseguró que en Venezuela se respeta la libertad
de expresión. “La visita que realiza el secretario ejecutivo de la Comisión,
reafirmará que en Venezuela la libertad de expresión está garantizada” (El
Globo, 07-02-2002, Pág. 10). Dávila invitó a visitar sectores populares para
que verifique allí la situación de libertad de expresión. “Aquellos sitios del
país donde el sentir del pueblo también pudiera ser tomado en consideración a la hora de hacer una apreciación equitativa y justa en relación con el
tema de libertad de expresión” (Últimas Noticias, 07-02-2002, Pág. 17).
■ El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Santiago Cantón señaló que para el mes de mayo estará listo el informe sobre la situación de libertad de expresión y agresiones contra medios y periodistas, luego de reunirse con, Willian Lara, presidente de la Asamblea Nacional. Lara, entregó a Cantón el resumen de
los debates realizados en la AN sobre libertad de expresión y manifestó a
Cantón su rechazó a las agresiones sufridas por medios y periodistas (Últimas
Noticias, 07-02-2002, Pág.16). Durante el encuentro, Cantón hizo un llamado a que se deroguen las “leyes de desacato”. “Preocupa a la Relatoría
que se deroguen estas leyes que imponen sanciones criminales contra periodistas, como las que penalizan expresiones contra funcionarios públicos” (El Universal, 07-02-2002, Pág. 1-7).
■ El investigador y estudioso de la Comunicación, Antonio Pasquali, recha-
zó la Ley de Contenidos durante sus intervención en el primer foro de discusión y consulta de la Ley de Radiodifusión, organizados por parlamentarios de varios partidos, porque deriva de un precepto inconstitucional.
49
“Yo descalifico totalmente el proyecto presentado por Conatel porque deriva del artículo 108 de la Ley de Telecomunicaciones, una de las peores leyes del país, una ley que fue negociada con el capital multinacional con fines electorales que nos ha dado durante 7 ó 9 años la telefonía más cara del
mundo, o sea, que nosotros los ciudadanos hemos pagado con creces el poco capital que ha venido, pero lo descalifico porque dentro de esa Ley el artículo 158 establece taxativamente que habrá una Ley de Contenidos como
una locomotora contra el término Ley” (Diario 2001, 07-02-2002, Pág.9).
■ La Asamblea Nacional calificó como inconstitucional la Ley de Telecomu-
nicaciones, por violar los artículos 209, 57, 58 y 337 de la Constitución,
durante un foro realizado en ese ente. El diputado Pastor Heydra propuso solicitar la nulidad de esa Ley Orgánica, por lo que acudirían en los próximos días al Tribunal Supremo de Justicia (El Globo, 07-02-2002, Pág.19).
manos (CIDH), Santiago Cantón, visitó la sede de El Universal; allí conversó con periodistas y directivos sobre agresiones recibidas en el ejercicio
de sus funciones. Cantón señaló que pidió al fiscal general el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH a favor de periodistas
venezolanos (El Universal, 08-02-2002, Pág.1-4). Asimismo, señaló su apoyo a que los medios de comunicación cuenten con códigos de ética, pero
advirtió que estos no deben ser impuestos desde afuera (El Universal, 0802-2002, Pág. 1-1).
09-02-2002
■ El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derecho Huma-
nos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón,
ofreció una conferencia de prensa donde informó los resultados de las reuniones que sostuvo con diversos sectores para verificar la situación de la libertad de expresión en el país. Al lugar acudió un grupo de personas que
se identificaron como seguidores del presidente Chávez, quienes acusaron
a los periodistas de trasmitir informaciones falsas a través de los medios. Al
final del encuentro se registró un incidente y el representante de la OEA
se tuvo que retirar (El Nacional, 09-02-2002, Pág. D-4). En medio del desorden en que culminó el acto, el reportero gráfico José Cohen fue agredido por un seguidor del gobierno. Durante su intervención, Cantón señaló que observó una extraordinaria valentía de parte de los periodistas para
cumplir su trabajo a pesar de las intimidaciones y que recibió información
de numerosos trabajadores de los medios que han sido agredidos (El Globo,
09-02-2002, Pág. 5). Señaló que “hostigar a periodistas atenta contra la li-
50
bre expresión” (El Universal, 09-02-2002, Pág.1-6). También indicó que
hay que había que promover canales hacia una mayor tolerancia y que el
uso de las cadenas nacionales es legítimo y que debe aplicarse “razonablemente” (Últimas Noticias, 09-02-2002, Pág.14).
■ Tres fiscales del Ministerio Público y un grupo de expertos en siniestros
inspeccionaron la sede del periódico Así es la Noticia, para hacer la reconstrucción del atentado que sufrió el impreso en días pasados (El Nacional,
09-02-2002, Pág. D-última).
10-02-2002
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a una audiencia
pública al Estado y al periodista Elías Santana, para escuchar los alegatos
de ambas partes con respecto a la sentencia 1013 del Tribunal Supremo de
Justicia referida al derecho a réplica que solicitó Santana en el programa
radial conducido por el presidente Hugo Chávez, “Aló Presidente” (El
Nacional, 10-02-2002, Pág. D-5).
■ Antes de abandonar el país luego de una visita de cuatro días el secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Santiago Cantón dijo que el Estado “no debe hacer uso arbitrario del poder, para transmitir las cadenas” (El Universal, 10-02-2002, Pág. 1-4).
16-02-2002
manos (CIDH), Santiago Cantón presentó un informe preliminar sobre la
situación de la libertad de expresión en Venezuela, desde Washington. Expresó su preocupación por la “violencia existente en contra de algunos periodistas y medios de comunicación” También pidió al presidente Hugo
Chávez que esclareciera los hechos violatorios de la libertad de expresión
(diario 2001, 16-02-2001, Pág. 2). Asimismo manifestó su preocupación
por la gran cantidad de cadenas nacionales que “imponía” el presidente Hugo Chávez en los medios de comunicación (El Universal, 16-02-2002, Pág.
1-5). Señaló que los calificativos oportuna, imparcial y veraz, establecidos
en el artículo 58 de la Constitución no se corresponden con el principio 7
de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH:
“los condicionamientos previos, tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho de
libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. En
51
el informe Cantón indicó que para garantizar la libertad de expresión se
requería un sistema judicial autónomo. “Un ejercicio amplio de la libertad
de expresión requiere de la existencia de un poder judicial independiente
e imparcial. Numerosos sectores expresaron su preocupación respecto a
que la independencia y autonomía de este poder podría verse afectada porque aproximadamente 90% de los jueces del país son provisionales” (El
Nacional 16-02-2002, Pág. D-3).
■ El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) pidió al
presidente Hugo Chávez que condene los ataques a los medios. Solicitaron al primer mandatario: “Demostrar su apoyo activo a la libertad de expresión condenando públicamente los ataques contra la prensa venezolana y creando un clima en el cual los periodistas puedan cumplir con sus
deberes profesionales sin temor a represalia” (El Nacional, 16-02-2002,
Pág. D-3).
18-02-2002
■ Incendiaron un vehículo de la periodista Mary León, jefa de la correspon-
salía del diario El Tiempo, de Puerto La Cruz, frente a la residencia de la
comunicadora, en el estado Carabobo. León dijo que presumía que podía
tratarse de una venganza por la posición crítica que ha asumido frente a la
gestión del alcalde de Bejuma, José Moyejas, en el quincenario Alta Voz,
del que es editora (El Nacional, 18-02-2002, Pág. D-última).
20-02-2002
■ La jueza que seguía el caso del editor y director del semanario La Razón
(Pablo López Ulacio), María Reverón, fue destituida por la Comisión de
Reestructuración del Poder Judicial, al haber incurrido en “extralimitaciones de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de la ley y retardo
judicial”. A López Ulacio se le sigue un juicio por presunta difamación, en
las páginas de La Razón en contra del empresario Tobías Carrero Nácar (El
Universal, 20-02-2002, Pág.1-7).
52
21-02-2002
■ Una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arribó al país
el miércoles 20 de febrero. Sostuvo encuentros en la Asamblea Nacional y
visitó varios medios de comunicación. En su visita al diario El Globo señaló que: ”En Venezuela, hay una situación que conduce a generar sospechas
negativas, podemos ver que los periodistas pueden decir y escribir lo que
quieran, pero igualmente hay expectativas peligrosas que pasan de ser sospechosas, por esta razón los medios de comunicación deben seguir informando responsablemente” dijo el presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de la SIP, Rafael Molina (El Globo, 21-02-2002, Pág. 8). En el encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, el presidente de la SIP, Robert Cox, señaló que elaborarán un informe sobre Venezuela. “Hemos venido para escuchar a todos los sectores. Estamos aquí
para apoyar la democracia y la libertad. Creo que vamos a salir de aquí con
mayor información, porque cuando se está en el país se aprende más de lo
que uno puede ver desde afuera. Esperamos que posiblemente el Presidente de la República pueda recibirnos, porque va a ser muy importante para
nosotros tener su punto de vista” (Últimas Noticias, 21-02-2002, Pág. 14).
■ El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, señaló en una disertación
frente a los cadetes de la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas
Armadas de Cooperación (Efofac), que la libertad de expresión en el ámbito militar tiene limitaciones impuestas por la Constitución de 1999 (El
Nacional, 21-02-2002, Pág. D-1).
■ El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Prensa, publicaron un comunicado de prensa donde condenaron las nuevas agresiones contra periodistas y fotógrafos (El Nacional,
22-02-2002, Pág. D-3).
■ El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa Robert Cox, seña-
ló que el presidente Hugo Chávez debía cambiar su actitud para evitar males mayores en materia de libertad de prensa. “Si el Presidente no cambia
su actitud frente a los medios, veo un futuro muy peligroso en materia de
libertad de prensa; no se puede decir que hay libertad de información ni de
prensa si los periodistas están trabajando permanentemente bajo amenazas y con miedo”, dijo Cox (El Nacional, 22-02-2002, Pág. D-4).
■ El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) luego de realizar un balance
de la situación de la prensa en el mundo durante el año 2001, criticó la
política y el discurso del presidente Hugo Chávez y le atribuyó una “actitud hostil” hacia los medios de comunicación (El Nacional, 22-02-2002,
Pág. D-4).
53
■ La editorial del diario El Nacional titulada “Una prueba concreta” señaló
que las agresiones propinadas por seguidores del presidente Chávez a un
grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que
se encontraban en la ciudad universitaria y que iban a realizar una marcha
pacífica para pedir que se elevara el monto del presupuesto asignado a la
universidad y contra los comunicadores sociales que cubrirían el evento,
era una prueba para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), del “clima de violencia que existe contra los medios de Comunicación en Venezuela”. “La violencia fue tan desmesurada que un camarógrafo del canal
de televisión Televen resultó herido en la cabeza, y tuvo que ser atendido
en una clínica particular: también los automóviles donde se desplazaban
los periodistas fueron objeto de agresión y se les impidió posteriormente
el paso al interior de la UCV, obstaculizando el trabajo periodístico y el
derecho de todo ciudadano a estar debidamente informado sobre estos hechos de carácter público. Esta es una prueba rotunda sobre la manera ‘especial’ como el presidente Chávez y sus colaboradores, a través de sus bandas organizadas, fomentan la libertad de expresión” (El Nacional, 22-02-2002,
Pág. A-6).
24-02-2002
■ La empresa “AGB Panamericana de Venezuela”, dedicada a la investiga-
ción sobre el encendido de televisores en las principales ciudades del país
dio a conocer el resultado de un estudio sobre los niveles de audiencia de
las cadenas presidenciales. Desde 1999 hasta el 12 de febrero de 2002, el
presidente Hugo Chávez ha realizado 357 trasmisiones a razón de una por
cada tres días de mandato, que suman 311 (trescientas once horas de trasmisión), lo que equivaldría a trece (13) días seguidos de cadena (El Universal,
24-02-2002, Pág.1-6).
25-02-2002:
■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó su informe anual. En
el documento se calificó como grave que el presidente Hugo Chávez utilizara los medios estatales para silenciar las críticas. También condenó el
“uso abusivo” de dichos medios para “intimidar a los privados, que no se
apegan a las líneas del gobierno” y “exponer al desprecio y odio público y
colectivo a los periodistas, directores y editores”. “Esta práctica ocasiona,
en una primera etapa, la autocensura, hecho que atenta contra la vigencia
de la democracia” (El Universal, 25-02-2002, Pág. 1-6).
54
27-02-2002
■ La Federación Internacional de Periodistas (FIP) envió una misiva al pre-
sidente Hugo Chávez en la que manifiestó su preocupación por los agravio de los derechos fundamentales de los periodistas y los medios de comunicación en el país. El comunicado señala que las agresiones hacia los
comunicadores “vienen a propósito del enfrentamiento del sector gubernamental con la prensa independiente u opositora, y el reiterado ataque
formulado de manera genérica por usted -el Presidente- contra los periodistas venezolanos” (El Nacional, 27-02-2002, Pág. D-4)
Marzo
01-03-2002
■ El nuevo presidente del canal estatal Venezolana de Televisión, Jesús Ro-
mero Anselmi, luego de ser juramentado, anunció que elaboraría un código de ética para el canal del Estado (El Nacional, 01-03-2002, Pág. Búltima).
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al go-
bierno adoptar las medidas cautelares ordenadas por el organismo, para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y libertad de expresión
de los periodistas y trabajadores de Venevisión. La CIDH señaló que el Estado debe: “Brindar la protección que sea requerida por los representantes
de la estación de televisión Venevisión, para resguardar el derecho a la vida
e integridad personal de los periodistas y trabajadores que laboran en dicho
medio de comunicación”. Por otro lado el juez Iván Dario Bastardo del tribunal 40 de Control ordenó a la Disip escoltar y brindar protección a trabajadores de Televen (El Universal, 01-03-2002, Pág. 1-4). La CIDH dio un
plazo de siete días al Gobierno para adoptar medidas cautelares a favor de
trabajadores de Venevisión (El Nacional, 01-03-2002, Pág.D-4).
05-03-2002
■ El Nacional publicó un trabajo especial donde explicó que una entrevista el
intelectual francés Ignacio Ramonet, publicada por el diario el domingo 3
de marzo era falsa. Dicha entrevista había sido presuntamente realizada por
55
Emiliano Payares Guzmán y fue publicada en la revista digital Venezuela
Analítica. El lunes 2 de marzo llegaron a la redacción de El Nacional dos cartas: La primera de Ramonet donde negaba conocer a Payares, haber concedido la entrevista y compartir los conceptos y las ideas que se le atribuyen. La segunda, de Emiliano Payares donde reconoce que su trabajo fue
inventado y que lo escribió impulsado por el deseo de demostrar “la falta de
rigurosidad de la prensa caribe” (El Nacional, 05-03-2002, Pág. D-2).
■ El editor de El Correo del Caroní y director de TV Guayana, David Natera
Febres, solicitó al fiscal general de la República protección para él y su familia frente a las amenazas que han recibido de parte de “sectores relacionados con el gobierno nacional y regional” por la gestión que ha desarrollado como presidente del Bloque de Prensa Venezolano (El Nuevo País,
05-03-2002, Pág. 14).
08-03-2002
■ Representantes de los medios de comunicación (editores y directores) y del
Bloque de Prensa Venezolano acudieron a la sede de la Organización de
Estados Americanos, en Washington donde sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para iniciar un debate en tono a la libertad de expresión
en Venezuela (El Universal, 08-03-2002, Pág. 1-7).
■ Los propietarios y trabajadores del diario El Correo del Caroní recibieron
amenazas de bomba y hostigamiento por parte de seguidores del gobierno nacional, regional y municipal. Las instalaciones del diario fueron desalojadas por una amenaza de bomba (El Universal, 08-03-2002, Pág. 1-8).
David Natera Febres, director del Correo del Caroní, presentó denuncia
formal sobre amenazas contra el impreso. Natera aseguró que “la violencia contra los medios se está concretando” (El Nacional, 08-03-2002, Pág.
D-6).
09-03-2002:
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los
editores de los principales medios de comunicación de Venezuela, quienes
denunciaron la conducta agresiva del gobierno venezolano hacia los medios y su negativa a acatar las medidas cautelares. Elías Santana solicitó a
los magistrados de la CIDH que admitieran su denuncia con respecto a la
sentencia 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual le fue
56
negado el derecho a réplica en el programa “Aló Presidente” conducido
por el presidente de la República, Hugo Chávez (El Nacional, 09-03-2002,
Pág. D-2).
11-03-2002
■ El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón aseguró que
la sentencia 1.013 dictada por la máxima corte del país no restringe la libertad de expresión sino que la consolida: “Ya han trascurrido más de seis
meses y no hay ningún periodista preso por la sentencia 1.013. Todo lo
contrario, yo he sabido de algunos que le han invocado en defensa de su
ejercicio profesional” (El Nacional, 11-03-2002, Pág. D-1).
13-03-2002
■ El agente del Estado, Jorge Dugarte, aseguró ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos que en Venezuela se respeta la libertad de expresión, y que no hay un solo periodista preso o un solo medio cerrado o
clausurado por el gobierno nacional (El Nacional, 13-03-2002, Pág. D-3).
■ Las periodistas Berta Piñango (Unión Radio) y Aymara Lorenzo (Globovisión),
que cubren la fuente militar fueron víctimas del hampa cuando sus carros
fueron violentados. Y Jesús Soriano (Radio Caracas Radio), que cubre la misma fuente fue interceptado por un carro sin placas que chocó la unidad móvil de la emisora donde el comunicador se trasladaba. Los conductores del
otro carro se identificaron como funcionarios de la Disip (El Nacional, 1303-2002, Pág. D-3).
14-03-2002
■ La agencia de noticias del Estado, Venpres, publicó un artículo de opinión
firmado por J. Valverde y titulado “Noticia Criminis: Los narco-periodistas” donde se acusó a Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo y a otros periodistas
venezolanos de estar al servicio de carteles de la droga, sin presentar pruebas de las acusaciones (El Nacional, 14-03-2002, Pág. D-3).
57
15-03-2002
■ El director del diario Últimas Noticias, Elezar Díaz Rangel, fustigó la difu-
sión del artículo “Noticia Criminis: Los narco-periodistas” por parte de
Venpres y condenó la utilización de la agencia del Estado para la difusión
del texto. Señaló que la función de Venpres no es la de difundir artículos de
opinión sino la de informar a la comunidad sobre “la gestión mas trascendente del gobierno” (El Nacional, 15-03-2002, Pág. D-2).
■ El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, condenó el uso de la agen-
cia de noticias del Estado Venpres para difundir notas difamantes contra periodistas del país. “La función de la agencia de noticias del Estado no puede ser esa. Yo la rechazo y la condeno en forma categórica y terminante”
(El Nacional, 15-03-2002, Pág. D-2).
■ El periodista José Domingo Blanco , exigió a la Fiscalía que investigara las
imputaciones en su contra que se hacían en el artículo “Noticia Criminis:
Los narco-periodistas”, publicado por Venpres (Últimas Noticias, 15-032002, Pág. 16). El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy
Benshimol, señaló que presentaría una denuncia ante la Fiscalía para que
se abriera un investigación sobre la información trasmitida por Venpres (El
Nacional, 15-03-2002, Pág. D-2).
16-03-2002
■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, abrió una investigación
a Venpres, para determinar qué tipo de delito se cometió con el artículo suscrito por J. Valverde contra tres periodistas (Últimas Noticias, 16-03-2002,
Pág. 1-7). Rodríguez calificó como una “torpeza” la publicación del referido artículo por parte de Venpres y aseguró que ésta tendrá un efecto boomerang. “Para mí es una torpeza, y las torpezas tiene un efecto boomerang,
sobre todo en este caso. Cuando la torpeza se expresa de esta manera, cuando no hay fundamentaciones específicas, cuando se hacen señalamientos
genéricos, generalmente la torpeza regresa al lugar de donde salió. Y, ante la opinión pública, los acusadores pueden pasar a ser los acusados” (El
Nacional, 16-03-2002, Pág. D-4).
■ El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP) y coordinador regional de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Gregorio Salazar, señaló que vendría a Venezuela una misión
con representantes de Italia, España y Argentina para conocer los ataques
de los que han sido víctimas periodistas y medios de comunicación en Venezuela (El Nacional, 16-03-2002, Pág. D-4).
58
17-03-2002
■ El editor y vicepresidente Regional de la Sociedad Interamericana de Pren-
sa, Andrés Mata, consignó en la Reunión de Medio Año de SIP que se realizó en República Dominicana un informe sobre “El ejercicio de la Libertad de Expresión en Venezuela”. Allí señaló que el presidente Hugo Chávez
había incitado a sus seguidores a actos de violencia contra los comunicadores. “De sus conocidos insultos, agravios e intimidaciones, repetidos contra
los editores y los comunicadores sociales y hechos públicos en cadenas semanales de radio y de televisión, el Presidente de la República, Teniente
Coronel Hugo Chávez Frías, ha transitado hacia una fase de incitación sistemática, al odio e instigación directa a la violencia popular contra todos
nosotros. Ahora convoca o anima a sus seguidores, miembros de los llamados Círculos Bolivarianos, organizados con apoyo y dineros gubernamentales, para que, por la vía de los hechos, cumplan actos de linchamientos
moral y material contra los trabajadores de la prensa y sus bienes, en circunstancias nunca antes conocidas” (El Carabobeño, 17-03-2002, Pág. D-14).
18-03-2002
■ La Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Pren-
sa (SIP) analizó el caso de Venezuela y acusó al presidente Hugo Chávez
de ser “el máximo responsable de los ataques a la libertad de expresión en
Venezuela”. “Es responsable de una campaña sistemática de agresión contra medios y periodistas, para la que utiliza sus interminables discursos en
cadenas nacionales”, dijo el presidente de la Comisión, Rafael Molina (El
Universal, 18-02-2002, Pág. 1-6).
■ El presidente de la República, Hugo Chávez señaló en su programa “Aló
Presidente” número 100, que el artículo publicado por la agencia del Estado Venpres en el que se acusaba a tres comunicadores sociales de narcoperiodistas fue un error y agregó que lo más importante era que dicho error
había sido reconocido (El Nacional, 18-03-2002, Pág. D-2).
■ Durante la trasmisión del programa “Aló Pesidente” un simpatizante del
mandatario grabó con una cámara de video portátil a los periodistas que se
encontraban cubriendo el evento. El individuo que se identificó como Jorge Martínez señaló que también grabaría a los policías presentes en el lugar (El Universal, 18-03-2002, Pág. 1-4).
59
19-03-2002
■ El director de la agencia estatal Venpres, el mayor del Ejército Oscar Na-
vas Tortolero, dijo que asumiría la responsabilidad del caso por la publicación del artículo de opinión “Noticia críminis: los narcoperiodistas” y presentó su renuncia (El Globo, 19-03-2002, Pág. 2).
■ El caso del artículo de opinión publicado por la agencia de noticias del Es-
tado Venpres, donde se acusaba a los periodistas Ibéyise Pacheco, Patricia
Poleo y José Domingo Blanco, fue presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa, como parte del informe presentado a ese organismo por
Andrés Mata (Así es la Noticia, 19-03-2002, Pág.8).
20-03-2002
■ Las periodistas Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco, anunciaron que viajaran
a Washington para solicitar protección ante la Comisión Interamericana
de la Organización de Estados Americanos, luego de que fueron acusadas
de “narcoperiodistas” en un artículo de opinión publicado por la agencia
de noticias del Estado Venpres. Mientras las comunicadoras daban las declaraciones, el Tribunal 36 de Control Penal ordenó la custodia permanente de Pacheco y de todo el personal del diario que ella dirige: Así es la Noticia
(El Universal, 20-03-2002, Pág. 1-4).
■ La Sociedad Interamericana de Prensa, luego de culminar su reunión de
medio año realizada en República Dominicana condenó las amenazas contra la libertad de prensa provenientes del gobierno del presidente Hugo
Chávez y de sus seguidores. También instó a las autoridades legislativas,
judiciales y administrativas a dar cumplimiento a los principios de la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana de Derechos Humanos (El Nacional, 20-03-2002, Pág. D-2).
■ El representante de la asociación civil “Queremos Elegir”, Elías Santana,
señaló que existía una política global que atenta contra la libertad de expresión e información. “Estamos ante una política global. Quien pone la
mesa jurídica para la intervención de los medios de comunicación, agredir
la libertad de expresión y limitar el derecho a la información es la sentencia 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el derecho a réplica
(Diario 2001, 20-03-2002, Pág. 7).
■ Empleados de la agencia de noticias Venpres lamentaron la salida Oscar Na-
vas de la dirección del medio. Destacaron que durante la gestión de Navas
se incrementó la producción noticiosa en una relación de 20 a 100 boleti-
60
nes diarios, se mejoró la condición física de la sede de la agencia y se dotó
al personal de equipos de última tecnología para la trasmisión de noticias.
Igualmente destacaron que luego de la publicación del polémico artículo:
“Noticia críminis: Los narcoperiodistas” se formó una matriz negativa contra la agencia. Se recibieron muchas llamadas con insultos y agresiones, un
vehículo particular embistió contra una unidad de Venpres y un conductor
de la agencia fue amenazado en un estacionamiento con un arma de fuego
(Tal Cual, 20-03-2002, Pág. 6).
21-03-2002
■ El presidente Hugo Chávez señaló, antes de partir a México para partici-
par en la Cumbre Mundial sobre Financiamiento al Desarrollo que no daría declaraciones a los medios hasta que éstos no cambien. “Casi tengo como norma no darles declaraciones por la falta de ética de los medios (...)
cuando los medios de aquí cambien algo, entonces ustedes podrán preguntarme algo. Mientras tanto, no. No les doy declaraciones, sólo los saludo
con mucho respeto. Cuando aquí había un poquito de respeto en los medios, a mí me gustaba hablar mucho. Que les vaya bien” dijo el Presidente en Jose, estado Anzoátegui, donde inauguró una planta petrolera.
■ Luego de la clausura de la asamblea de medio año de la Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP), realizada en República Dominicana, organismos
que agrupan a medios de comunicación en todo el mundo como la SIP, la
Asociación Internacional de Radio (AIR), el Instituto de Prensa Internacional (IPI), anunciaron que enviarían misiones al país para apoyar a los
periodistas que reciben presiones gubernamentales (El Universal, 21-032002, Pág. 1-6).
■ Las periodistas Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco, arribaron a Washington
donde serían recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciarían las acusaciones de que fueron víctimas en un
articulo difundido por la agencia de noticias Venpres donde se les acusaba
de ser narcoperiodistas (El Universal , 21-03-2002, Pág. 1-6).
■ La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional pasó la investigación so-
bre el artículo difundido por Venpres donde se acusó a José Domingo Blanco, Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco de “narcoperiodistas” a la Subcomisión de Medios, para que se inicie un ciclo de interpelaciones. El presidente
de la subcomisión, Juan Barreto, calificó como “infame” la solicitud que le
hicieron a los periodistas mencionados en el artículo de que se realizaran
un examen toxicológico. Barreto consideró que eso implicaba una viola-
61
ción al derecho al honor y a la vida privada que establece la Constitución
(Últimas Noticias, 21-03-2002, Pág. 16).
■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, comisionó a tres fisca-
les para que realicen la investigación sobre el artículo de Venpres donde se
hacen señalamiento contra tres periodistas (Últimas Noticias, 21-03-2002,
Pág. 16).
22-03-2002
■ El Colegio Nacional de Periodistas rechazó la asignación de fiscales de la
Dirección de Drogas para investigar el caso del artículo de opinión publicado por Venpres y donde se acusa a los periodistas Patricia Poleo, Ibéyise
Pacheco y José Domingo Blanco de ser narco periodistas. “Se asignaron
fiscales de la Dirección de Drogas. No aceptamos eso porque se está juzgando de antemano a los colegas, y no se trata el caso como peculado de
uso, por utilizar la agencia de noticias del Estado para someter a los periodistas al escarnio público” dijo el presidente del CNP, Levy Benshimol (Últimas
Noticias, 22-03-2002, Pág. 20).
23-03-2002
■ La prensa reveló la identidad de J. Valverde, el autor del artículo de opi-
nión publicado por Venpres en el que se acusa a algunos comunicadores sociales de ser “narco-periodistas”: se trata del ingeniero chileno Rafael Kries,
quien al parecer habría salido del país (El Nacional, 23-03-2002, Pág. D-4).
■ La secretaria general de Colegio Nacional de Periodistas y diputada del
MVR Desirée Santos rechazó el escrito de J. Valverde y señaló que con ese
artículo se incurrió en la misma falta de rigor que tuvieron los medios al
difundir la falsa entrevista de Ignacio Ramonet. Admitió que en el país hay
un clima de violencia hacia los medios. “Creo que hay una violencia verbal de todos los sectores, y creo que es importantísimo que busquemos la
tranquilidad y la armonía, porque además es una violencia que se refleja en
los medios y que ya está tomando en algunos sectores cuerpo para llegar
de la violencia verbal a la física. Hay que evitar que la violencia se desate”
(El Mundo, 23-03-2002, Pág. 12).
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medi-
das cautelares a favor de las periodistas Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco,
Marta Colomina y Marianela Salazar. La CIDH exigió al Gobierno vene-
62
zolano que brinde protección a las comunicadoras, que garantice sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión; y que
se abstenga de hacer acciones intimidatorias contra ellas. La CIDH aprobó esta medida a pocos días de que las periodistas recibieron amenazas, luego de que exhibieran, en una rueda de prensa realizada el 30 de enero, un
video donde se muestra una presunta vinculación entre la Fuerza Armada
Nacional y la guerrilla colombiana (El Nacional, 23-03-2002, Pág. D-2).
■ Se realizó en el Ateneo de Caracas un encuentro donde participaron co-
municadores sociales en respaldo a la libertad de expresión y a los periodistas Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco y José Domingo Blanco. En el encuentro se dio a conocer el resultado de una jornada de recolección de firmas
que se realizó en la Plaza Altamira, en respaldo a los comunicadores. Se recolectaron 15.000 firmas (El Nacional, 23-03-2002, Pág. D-2).
■ El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín negó que se
haya difamado a tres periodistas Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco y José Domingo Blanco), a pesar de que “ellos, entre otros, son los que se encargan
a diario de lanzar injurias, vilipendios contra mi persona en particular y
muchos otros” (El Correo del Caroní, 23-03-2002, Pág. A-7).
25-03-2002
■ Un trabajo espacial del diario El Siglo, escrito por Juan Pablo Crespo, se-
ñaló que la libertad de expresión está acechada por “graves amenazas”. En
el texto se entrevistó a varios profesionales del periodismo del estado Aragua (José Rosario Delgado, Adalberto Rodríguez y Marcos Colmenares),
todos coincidieron en el planteamiento inicial del texto (El Siglo, 25-032002, Pág. A-3).
■ Tal Cual reseñó la suspensión de la trasmisión de un programa de televi-
sión que saldría al aire el 20 de marzo, por Venezolana de Televisión. El espacio “Canal Abierto” sería conducido por la periodista Gracia Elena Candela. Ella explicó que luego de la suspensión del programa llegaron unas
sugerencias desde Miraflores que referían que en el espacio no habían “voceros calificados” (Tal Cual, 25-03-2002, Pág. 5).
26-03-2002
■ La Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) alertó a la comu-
nidad internacional sobre la situación de la prensa en Venezuela. La OPI
hizo un llamado para evitar que se vulnere el derecho a la información. La
63
OPI señaló que su propósito “es evitar y prevenir cualquier desmán contra los medios de comunicación en Venezuela, donde recientemente periodistas de reconocida trayectoria han sido descalificados por el gobierno venezolano” (El Nacional, 26-03-2002, Pág. D-2).
27-03-2002
■ Las brigadas especiales de Siniestros, Planimetría y Fotografía de la Poli-
cía Científica acudieron a las instalaciones del diario Así es la Noticia para
realizar la reconstrucción del estallido de un artefacto explosivo en el lugar, ocurrido el 31 de enero (El Universal, 27-03-2002, Pág. 1-4).
■ El parlamentario y miembro del directorio de El Nacional, Ramón José Me-
dina, señaló que la vigencia de la sentencia 1013 dictada por el Tribunal
Supremo de Justicia, depende de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Si la comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos deciden en definitiva que esa sentencia,
como nosotros pensamos atenta contra la libertad de expresión y el libre
ejercicio del periodismo, ésta tendrá que ser revocada, porque no puede ser
excluida ni desconocida la decisión que en ese sentido tome la comisión”.
El jurista indicó que considera que la decisión del TSJ sí es revocable (diario
2001, 27-03-2002, Pág. 7).
30-03-2002
■ Fue colocada un explosivo en la sede de la emisora Ritmo 96.9 F.M. situa-
da en la población de Tinaco, en el estado Cojedes. Los empleados detectaron el artefacto antes de su explosión. El propietario de la emisora, Iván
González y el director, Franklin León anunciaron que acudirían a la Fiscalía General de la República para denunciar el hecho (La Voz de Guarenas,
30-03-2002, Pág. 5).
31-03-2002
■ El encarte Urbe y Orbe de El Nacional reseñó que la delegación de la Socie-
dad Interamericana de Prensa (SIP) llegó a la conclusión de que Venezuela viola seis principios consagrados en la Declaración de Chapultepec, la
culminar su visita oficial al país. El presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de la SIP, Rafael Molina señaló que el país incumple los principios 2,4,5 y 8. “El 2 no se cumple por el fallo del Tribunal Supremo de Jus-
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ticia (sentencia 1.013) que establece restricciones al derecho de la información usando el concepto de la información veraz. El 4 tampoco, por los actos de violencia que han pretendido coartar la libertad de prensa. Se irrespeta el 5 porque la Constitución permite la censura previa y hay restricciones
al libre acceso de la información prevista en el Código Penal, la Ley de Menores, la Ley del Sufragio y la Ley del Ejercicio del Periodismo”, dijo Molina (El Nacional, 31-03-2002, Pág. 8).
Abril
02-04-2002
■ El abogado del Bloque de Prensa, Asdrúbal Aguiar señaló que sobre las pe-
riodista Ibéyise Pacheco pesan amenazas y dos acusaciones penales hechas
por militares a raíz de las informaciones publicadas por ellas sobre dos miembros de la Fuerza Armada Nacional. Aguiar indicó que con esas denuncias
se violaban las medidas cautelares de la Organización de Estados Americanos. “El solo ejercicio de acciones penales puede ser considerado violatorio de las medidas cautelares que fueron aprobadas por la Comisión Interamericana de la OEA”, dijo Aguiar. Asimismo recordó que el Estado
“está obligado a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión a Pacheco” (El Universal, 03-02-2002, Pág. 1-6).
04-04-2002
■ El abogado de la periodista Ibéyise Pacheco, Ramón José Medina, anun-
ció que solicitaría la apertura de un caso contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos por el irrespeto de las medidas acordadas por
la CIDH, el pasado 22 de marzo (a favor de Pacheco y otras tres periodistas), a través de la apertura de dos acusaciones penales que dos militares
(Francisco Belisario Landis, comandante de la Guardia Nacional y el coronel Angel Bellorín) ejercen contra la comunicadora. Medina señaló que
el amparo interpuesto por Belisario “sólo prueba que el Gobierno mantiene una actitud de agresión contra los profesionales del periodismo, y una
condenable política de irrespeto a la libre expresión”. Criticó que Belisario “pretenda que no se le mencione en artículos de prensa” (El Universal,
04-04-2002, Pág. 1-8). El abogado Héctor Faúndez, señaló que las accio-
65
nes legales introducidas por Belisario y por Bellorín contra Pacheco, sólo
buscaban distraer y que el Gobierno sigue amedrentando a Ibéyise Pacheco. “En una sociedad moderna se entiende que una figura pública no puede salirse del tapete de la discusión política. Si se castiga a los periodistas
por presentar informaciones sobre corrupción nadie se atravería a denunciar ¿Dónde quedaría, entonces, el trabajo periodístico?”, dijo Faúndez (Así
es la Noticia, 04-04-2002, Pág. 9).
■ Denunciaron también que el Mayor del Ejército, Humberto Ramón Nie-
ves Landaeta, “un hombre pagado por el general Víctor Cruz Weffer, se
ha encargado de la tarea de grabar a Ibéyise Pacheco” (Así es la Noticia, 0404-2002, Pág. 9).
■ El representante de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, Gerardo Ramí-
rez, acusó a los periodistas Ibéyise Pacheco, José Domingo Blanco, Patricia Poleo, Orlando Urdaneta y Marta Colomina de ser narcodependientes
y de recibir 20 millones de bolívares en mensuales del narcotráfico. “No
tengo porque darles a ustedes las pruebas de nada. Se las daré al fiscal, como corresponde. El viernes a las 10:00 am me presentaré en la Fiscalía para consignarlas”, señaló. Aseguró que tenía en sus manos informes de inteligencia nacionales, de la DEA, del Departamento de Estado y hasta de
las FARC. También señaló que tenía documentos bancarios donde, según
él, constan las transferencias de grandes cantidades de dinero a los comunicadores sociales y certificados médicos que verifican que consumen 30
gramos de drogas diariamente (El Nacional, 04-04-2002, Pág. D-última).
■ El director del periódico francés Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet,
quien vino al país para dictar una conferencia sobre periodismo, convocada por el Fondo de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) señaló que
en Venezuela existe una libertad de expresión relativamente amplia. Con
respecto a la situación de violencia que han denunciado a algunos medios
de comunicación dijo que su impresión desde afuera era que el hecho de
que “algunos consideren que pueden estar intimidados, forma parte del debate público, pero por el momento las organizaciones periodísticas internacionales no creen que los medios no pueden ejercer su trabajo libremente” (El Nacional, 04-04-2002, Pág. D-4).
■ El periodista y director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, se-
ñaló en Santo Domingo (República Dominicana) que en el país no hay censura de prensa. Igualmente señaló que en algunos medios ha habido una
campaña contra el Presidente y su gestión. Indicó que desde 1936 hasta ahora “nunca un gobierno ni su respectivo jefe de Estado habían sido objeto de
los más persistentes ataques, que bordean elementales límites de la decencia, como los que vemos ahora” (El Nacional, 04-04-2002, Pág. D-4).
66
■ La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a través de un comuni-
cado de prensa, condenó la “campaña presidencial contra los medios en
Venezuela”. “El presidente ha creado una atmósfera de intolerancia contra el periodismo que está amenazando la seguridad física de los periodistas”, señaló el Secretario General de la FIP, Aidan White. “Los periodistas que transportan equipos de trabajo de los medios son atacados en las
calles por bandas respaldadas por gente del partido de gobierno”. “Los periodistas y los medios sólo hacen su trabajo y no deberían ser atacados y
victimizados por decir la verdad, aún si esta molesta a los líderes políticos”,
agregó White (El Nacional, 04-04-2002, Pág. E-5).
05-04-2002
■ El director del periódico francés Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramo-
net, señaló durante la conferencia “El Tratamiento de la Materia Económica en el Periodismo de Hoy” que ofreció en el Banco Central de Venezuela, que en Venezuela hay una campaña mediática contra el Gobierno.
“Aquí hay una agresiva campaña mediática no justificada contra el Gobierno”. También rechazó las legislaciones que contemplan la información veraz. “En Europa no hay legisladores que busquen efectuar acciones sobre
este punto, pues hay una repugnancia para normar lo que es verdad o no”.
“Más bien lo que se debe hacer es tratar de incentivar la preocupación sobre la ética. Yo sería hostil a leyes de este tipo porque puede ponerse en
marcha un sistema de censura a los medios”, señaló Ramonet (El Nacional,
05-04-2002, Pág. D-4).
06-04-2002
■ El director general de Conatel, Jesse Chacón, presentó en acto público el
proyecto de Ley de Contenidos. “Hagamos de la radio y la televisión una
herramienta de crecimiento para nuestros niños y jóvenes” dijo Chacón
durante el acto. El proyecto plantea tres tipos de públicos: “Protegido, supervisado y adulto”, propone horarios para las trasmisión de programas y
regula los contenidos, niveles de sexo, lenguaje, información y opinión. La
información no tendrá censura salvo lo establecido en la Constitución Nacional (Últimas Noticias, 06-04-2002, Pág. 48).
■ El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión,
Miguel Ángel Martínez, opinó que el anteproyecto de Ley de Contenidos
presentado por Conatel, hace más énfasis en las sanciones que en la regu-
67
lación. “En principio veo allí muchas sanciones. Se habla más de sancionar
que de regular y se supone que esto es una ley de contenidos, no una ley
de sanciones”, dijo Martínez (El Nacional, 06-04-2002, Pág. D-4).
■ El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero; el editor del dia-
rio El Universal, Andrés Mata; la directora del diario Así es la Noticia, Ibéyise Pacheco y el director general de la estación de televisión Globovisión,
Alberto Federico Ravell, acudieron ante el Consejo de las Américas, en Nueva York, para participar en un foro. Allí denunciaron una escalada de hostigamiento a la prensa de parte del gobierno del presidente Hugo Chávez.
Señalaron que la libertad de expresión en Venezuela corre peligro por el
recrudecimiento de los atropellos a los medios de comunicación. El foro
fue moderado por el director ejecutivo del diario The Wall Street Journal
Edward Schumacher ( El Nacional, 06-04-2002, Pág. D-4).
07-04-2002
■ La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso excesivo de las cadenas nacionales de radio y televisión, por parte del gobierno nacional, durante su última visita al país. La Asociación Internacional
de Radiodifusión (AIR) envió un comunicado a todos los medios donde
condena las agresiones e intimidaciones contra periodistas y solicitan al
presidente, Hugo Chávez, y a las autoridades de su gobierno el cese del
“uso abusivo” de las cadenas de radio y televisión (El Globo, 10-04-2002,
Pág. 12).
■ La Cámara Venezolana de la Radiodifusión calificó como un “abuso de po-
der” el uso de los medios radioeléctricos por parte del presidente Hugo
Chávez, para la trasmisión de las cadenas presidenciales. “La transmisión
en cadenas oficiales impuestas, en particular durante el día de hoy, constituye un abuso de poder, una extralimitación por parte del ejecutivo de la
República de las atribuciones claramente limitadas en el artículo 192 de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones que contempla únicamente la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales de la presidencia o la
vicepresidencia de la República o de los ministros a través de los canales de
televisión y las radios privadas, cuando sean ordenadas por el presidente de
la República directamente o por intermedio de Conatel”, reza el comunicado de la Cámara (Notitarde, 10-04-2002, Pág. 16).
■ El Universal publicó un reportaje donde señalaba que los canales de televi-
sión privada perdían más de 300 millones de bolívares por cada día sin pu-
68
blicidad, ante la transmisión de las cadenas con mensajes de funcionarios
del Gobierno. El día nueve de abril, cuando se realizaba el para cívico convocado por Fedecámaras y la CTV, se trasmitieron 14 cadenas. El estudioso de la comunicación Antonio Pasquali señaló que la iniciativa del Ejecutivo Nacional con relación al uso de las cadenas oficiales, debería propiciar
acciones para frenar ese tipo de acciones”. El abuso de posición dominante del gobierno de Chávez con los medios de que emplean frecuencias en
concesión ha llegado en estas horas (con sus 24 cadenas en menos de dos
días) a niveles “internacionalmente grotescos” (El Universal, 10-04-2002,
Pág. 3-10).
■ El Bloque de Prensa Venezolano apoyó el paro convocado por la CTV y
Fedecámaras. Los diarios nacionales y regionales no circularon el día martes, por segunda vez, luego que dejaron de circular el 10 de diciembre, cuando se realizó otro paro cívico. “El gobierno nacional no va a rectificar, y
ningún sector se puede quedar de brazos cruzados” señaló David Natera
Febres, el director del BPV (El Universal, 10-04-2002, Pág. 3-10).
■ La relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, condenó el uso excesivo de las cadenas
de radio y televisión por parte del Gobierno. “En los últimos dos días el
gobierno ha hecho uso abusivo de las cadenas nacionales, en más de 30
oportunidades, con una duración de 15 a 20 minutos cada una”. La Comisión advirtió que “el uso abusivo de las cadenas nacionales viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido al
ejercicio de la libertad de expresión y contradice lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH”. (El Nacional,
10-04-2002, Pág. D-última y diario 2001, 10-04-2002, Pág. 2).
■ Los representantes del Movimiento V República, Cilia Flores, Francisco
Ameliach y Guillermo García Ponce, justificaron la difusión de más de una
docena de cadenas oficiales durante el paro convocado por la CTV y Fedecámaras. “Aquí hay una cadena perpetua de los medios de comunicación.
Hacen ver que hay una crisis, cuando no es así. El Gobierno y el Estado
están en la obligación de usar los mecanismos que por ley le corresponden,
para garantizar la información veraz. Lo que ha habido estos dos días es un
equilibrio de información”, dijo Ameliach (El Nacional, 10-04-2002, Pág.
D-3).
■ El profesor universitario Andrés Linares Benzo, opinó que la intervención
indiscriminada del espacio radioléctrico a través de cadenas oficiales, es inconstitucional. Indicó que el uso de cadenas por parte del Gobierno, el día
9 de abril “ha sido una práctica exagerada, desproporcionada y abusiva, pues
las cadenas no cumplen con el carácter de excepcionalidad que, por lo me69
nos, establecen los tratados internacionales en cuanto a eventuales restricciones de la libertad de expresión y el derecho a la información” (El Nacional,
10-04-2002, Pág. D-2).
11-04-2002
■ Se realizó una reunión entre el Ejecutivo y los representantes de los me-
dios que terminó sin acuerdos. Estuvieron presentes el vicepresidente,
Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel y los
directivos de Televen, Globovisión, Venevisión y Radio Caracas Televisión (El
Nacional, 11-04-2002, Pág. D-2).
■ La organización Reporteros Sin Fronteras rechazó el “uso abusivo” de las
cadenas oficiales. “Aunque es legítimo que el Gobierno deje escuchar puntualmente su voz, en circunstancias excepcionales, en ningún caso puede
justificar la interrupción, una treintena de veces en el lapso de dos días, de
los programas televisados y radiados”, dijo Robert Ménard, secretario general de la organización, en una carta enviada al presidente Hugo Chávez
(El Nacional, 11-04-2002, Pág. D-2).
12-04-2002
■ El Ejecutivo Nacional cortó la señal de los canales Radio Caracas Televisión,
Venevisión, Televen y Globovisión, luego de que las estaciones privadas trasmitieran con la pantalla dividida la cadena que realizaba el presidente Hugo Chávez y los acontecimientos que ocurrían en la avenida Urdaneta y sus
alrededores, cuando la marcha convocada por la CTV y Fedecámaras llegó a las adyacencias del Palacio de Miraflores y se generó un clima de violencia que dejó muertos y heridos (El Universal, 12-04-2002, Pág. 3-10).
■ El reportero gráfico Jorge Tortoza, del diario 2001, resultó muerto al re-
cibir un disparo cuando realizaba su trabajo, en la avenida Baralt; otros trabajadores de la prensa también resultaron heridos (El Universal, 12-04-2002,
Pág. 1-8).
■ La Sociedad Interamericana de Prensa deploró el cierre de los canales de
televisión privados ocurrido el día 11, dispuesto por el Gobierno. El organismo calificó la medida como “una grave afrenta contra la libertad de prensa y el sistema de vida democrático”. La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) también condenó el cierre de los canales de televisión, a
través de un comunicado oficial difundido en Montevideo, sede de la AIR
(Diario 2001, 12-04-2002, Pág. 17 y El Nacional, 12-04-2002, Pág. 1-7).
70
■ La sede del canal de televisión CMT fue rodeado el día 12 en horas de la
noche por unas 50 personas, entre civiles y militares, que portaban armas
largas de fuego, denunció el gerente el dicho medio, Abdel Guerere (El
Nacional, 12-04-2002, Pág. D-3).
■ El editor del diario El Nacional, calificó como “un hecho sin precedentes”
en la historia venezolana el cierre de la señal de los canales privados de televisión, por parte del Gobierno, mientras que el presidente Hugo Chávez
transmitía una cadena nacional (El Carabobeño, 12-04-2002, Pág. D-10).
■ El semanario Quinto Día señaló, en trabajo especial titulado “La rebelión
de los medios”, que la decisión tomada por las plantas de televisión de dividir las pantallas mientras el presidente se dirigía al país en cadena nacional, el día 11 de abril, fortaleció el paró cívico convocado por la CTV y Fedecámaras (Quinto Día, 12-04-2002, Pág. 10).
15-04-2002
■ En un trabajo espacial, titulado “Los medios fueron hostigados”, El Universal,
reseñó las consecuencias que dejaron los sucesos registrados desde el 11 de
abril en los medios de comunicación. El domingo 14 la prensa escrita no
circuló, las sedes de las estaciones de televisión fueron cercadas por grupos
militantes. La sede de Radio Caracas Televisión fue rodeada por grupos afectos al gobierno, en horas previas al retorno al poder del presidente Hugo
Chávez, “y se procedió a romper los ventanales mientras se proferían consignas e insultos”. El edificio donde se ubica el Colegio Nacional de Periodistas y los negocios del lugar sufrieron daños. TV Guayana, en Puerto
Ordaz, también se vio afectada: “La interrupción de la señal, daños a sistemas de comunicación internas y a la edificación, así como la pérdida total de la flota de vehículos, es el saldo dejado el sábado en la noche por los
manifestantes adeptos al Gobierno” (El Universal, 15-04-2002, Pág. 3-14).
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, negó que exis-
tiera un acuerdo entre los medios de comunicación para dejar de trasmitir
informaciones sobre la situación del país, luego de la notoria ausencia informativa del sábado 13 de abril (El Nacional, 15-04-2002, Pág. B-última).
■ El periodista Alexis Correía analizó la falta de información en los medios
de comunicación, ante los sucesos que se registraron en el país el día sábado 13 de abril. Explicó que el “mutismo” de los medios pudo hacer inducido por dos motivos: “Por una parte algunas plantas de televisión asomaron luego el argumento -un poco insatisfactorio- de que sus equipos de
información estaban siendo atacados por partidarios de Hugo Chávez. Por
71
otro lado, es indudable que los canales privados sentían proximidad hacia
el gobierno transitorio del fugaz presidente Pedro Carmona Estanga” (El
Nacional, 15-04-2002,Pág. B-última).
■ La estudiosa de la comunicación Elizabeth Safar señaló que los medios de
comunicación violaron el derecho constitucional del derecho a la información, con la ausencia de información, sobre lo que estaba aconteciendo en
el país, registrada el sábado 13 de abril. Instó a los medios a garantizar la
“imparcialidad en el tratamiento de la información noticiosa y asegurar el
pluralismo” (El Nacional, 15-04-2002, Pág. B-11).
■ El periodista y escritor Ibsen Martínez enumeró, en una crónica periodís-
tica, las limitaciones que hubo a la libertad de expresión y en el acceso a la
información durante los sucesos registrados del 11 al 14 de abril. A su juicio, los medios de comunicación radioeléctricos incurrieron en omisión de
información sobre lo que estaba aconteciendo y la prensa se “autocensuró”. Incluso, las transmisiones de un canal colombiano, que eran emitidas
a través de una empresa por cable fueron sacadas del aire cuando trasmitían información sobre lo que ocurría en los alrededores del Palacio de Miraflores (El Nacional, 20-04-2002, Pág. A-8).
16-04-2002
■ Un trabajo de Marcos Salas, publicado en el impreso Tal Cual, titulado “Una
peligrosa línea editorial”, señaló que “la televisión mantiene que su silencio informativo es para resguardar la seguridad de sus reporteros”. Se analiza la no cobertura de los hechos ocurridos el sábado 13 y el domingo 14
de abril, por parte de los canales privados de televisión (Tal Cual, 16-042002, Pág. 16).
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, a través de un
mensaje televisivo le pidió perdón a los televidentes por la ausencia de información sobre lo que estaba sucediendo en el país el sábado 13 de abril.
Señaló que quería dar una explicación y “pedirle perdón a los televidentes
por haber fallado alguna vez. Las presiones a los medios parecen haber disminuido. Las llamadas de amenazas de muerte han cesado considerablemente. Los periodistas sólo quieren trabajar”, dijo (El Universal, 17-04-2002,
Pág. 3-10).
■ El diario 2001 denunció nuevas agresiones contra periodistas. “El repor-
tero gráfico Javier Calderón (2001) y las reporteras Olga Maribel Navas
(Últimas Noticias) y los reporteros que cubren la Corte Marcial como fuen-
72
te, sufrieron diferentes tipos de agresiones cuando cubrían sus pautas diarias (diario 2001, 17-04-2002, Pág. 17). La periodista de Últimas Noticias,
Olga Maribel Navas, fue desalojada de la Alcaldía de Caracas, por un funcionario que no se identificó y que le dijo que “por órdenes de Freddy Bernal usted es persona no grata y debe abandonar el recinto” (El Universal,
17-04-2002, Pág. 3-10).
■ Los reporteros gráficos anunciaron que se reunirían para protestar por la
muerte del fotógrafo Jorge Tortoza ocurrido durante los sucesos del 11 de
abril en las inmediaciones del Palacio de Miraflores (Últimas Noticias, 1704-2002, Pág. 13). La periodista Evar Riera, corresponsal de Últimas Noticias
en Falcón también presentó denuncias por persecuciones de parte del comandante de la policía del estado, Oswaldo Rodríguez (Últimas Noticias,
17-04-2002, Pág. 13).
■ Los periodistas de los diarios El Mundo y Últimas Noticias, dirigieron una
carta abierta al presidente Hugo Chávez donde exigieron respeto al ejercicio del periodismo y pidieron garantías para el ejercicio de la profesión.
En la carta reseñaron varios casos de periodistas agredidos (Últimas Noticias,
22-04-2002, Pág. 4).
24-04-2002
■ Los reporteros gráficos de distintos medios de comunicación emitieron un
pronunciamiento público, para exigir al Gobierno nacional seguridad y respeto en el ejercicio de sus funciones. Los reporteros gráficos anunciaron
una marcha (El Globo, 24-04-2002, Pág. 8).
Mayo
03-05-2002
■ El diario Tal Cual señaló con motivo de la celebración del Día Mundial de
la Libertad de Prensa, que: “En la Venezuela dividida de la actualidad, sobran quienes hablan de acciones de la inconstitucionalidad oficialista y sus
seguidores en contra de la libertad de expresión ante quienes ejercen el oficio periodístico. Linchamiento moral y material contra los periodistas y
sus bienes, amenazas sistemáticas de las cabillas de los círculos bolivaria-
73
nos e intimidación por parte de ciertos gentes militares, más el habitual
discurso acusatorio de Chávez, que está por verse si enmienda. Unos pocos son de la opinión de que hoy se goza de plena libertad en los medios,
y que más bien, algunos periodistas se han propuesto hablar mal hasta de
Dios para robar protagonismo. La efeméride de hoy es buen momento para obligar la reflexión” (Tal Cual, 03-05-2002, Pág. 2).
■ La directiva del diario zuliano Panorama solicitó a la junta directiva del Blo-
que de Prensa Venezolano su retiro de esa organización. El subdirector del
diario, Alexis Montilla, explicó que la decisión se debe a que la directiva del
impreso considera que existe una “exagerada politización” en el seno del
BPV (Últimas Noticias, 03-05-2002, Pág. 14).
■ El diario Últimas Noticias reseñó que durante los acontecimientos del 11 de
abril, unos 13 reporteros gráficos, además del fotógrafo fallecido, Jorge Tortoza, resultaron heridos, maltratados o víctimas de robos. “Ellos son Luis
Hernández (perdió un riñón y le perforaron el hígado), Enrique Hernández (apedreado y un tiro rozante en el estómago), Jorge Recio (quedó parapléjico producto de un disparo en la cervical), Simón Clemente (herido
en la cabeza y en la mano) y Jhonatan Freites (herido de bala en el antebrazo izquierdo, su celular lo salvó de un balazo en el corazón). Miguel Escalona fue robado y le cayeron a golpes; a José Rodríguez lo golpearon y
amenazaron con lanzarlo del puente de Coche si no entregaba los rollos de
su cámara; a Rafael Calma, Héctor Castillo y Jhonny Parra les robaron sus
equipos. Armando Solórzano y Lorena Bravo también fueron golpeados
en La Guaira” (Últimas Noticias, 03-05-2002, Pág. 14).
■ A raíz del desempeño de los medios de comunicación del país durante los
sucesos de mes de abril y debido a los ataques que sufrieron algunos reporteros y medios se iniciaron ciclos de foros para discutir el tema en las
universidades Fermín Toro y LUZ, UCV y en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV (Ininco) (Últimas Noticias, 03-052002, Pág. 14).
05-05-2002
■ Representantes de los medios de comunicación se reunieron con una de-
legación de Amnistía Internacional. Durante el encuentro los trabajadores
de los medios expusieron las dificultades que atravesaron en la cobertura
de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril. Asdrúbal Aguiar, asesor legal de El
Universal, entregó a la delegación un informe presentado recientemente a
la Sociedad Interamericana de Prensa donde presentaron los casos de “vio-
74
lación a la libertad de expresión y el derecho a la información” (El Universal,
05-05-2002, Pág. 1-8).
■ El editor del diario El Universal, Andrés Mata, se reunió el 4 de mayo con
el presidente Hugo Chávez, en el marco de los encuentros para el restablecimiento del diálogo con los medios de comunicación. Mata aseguró
que El Universal está apegado a la “verdad” y que su compromiso es reflejarla con la mayor objetividad posible y apegado a la ética del periodista (El
Universal, 05-05-2002, Pág. 1-6).
06-05-2002
■ El corresponsal en Venezuela de CNN, Otto Neustaldt, señaló que no
es chavista ni se deja manipular, en respuesta a algunos comentarios surgidos a raíz de la cobertura informativa de los sucesos del 11 de abril.
“Unos me han dicho chavista y otros me han dicho que no me deje manipular. A ambos les digo que como periodista mi trabajo es buscar la
verdad, conseguir todas las versiones posibles para hacer un equilibrio
informativo y que la gente sea la que opine” (El Nacional, 06-05-2002,
Pág. B-última).
07-05-2002
■ El canal de televisión regional TV Guayana, ubicado en Puerto Ordaz, sus-
pendió todos sus espacios informativos, luego de que el día 12 de abril un
grupo de simpatizantes chavistas, encabezado por Antonio Briceño, alcalde del Municipio Caroní, irrumpió violentamente en las instalaciones del
medio. A partir de ese hecho fueron despedidas 98 trabajadores del canal
que conformaban “toda la nómina informativa”. La denuncia la presentó
un empleado de TV Guayana (Tal Cual, 07-05-2002, Pág. 15).
■ Una delegación integrada por los siete miembros de la CIDH arribó al país
para evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entre los
aspectos a revisar se encontraba el papel desempeñado por los medios de
comunicación durante la coyuntura del 11, 12 y 13 de abril (El Nacional,
07-05- 2002, Pág. D-4).
■ El cónsul general de Venezuela en Miami, José Antonio Hernández, pro-
hibió la entrada de los periódicos comunitarios venezolanos a la sede diplomática. Algunos de los afectados aseguraron que el cónsul no tolera las
críticas contra el Gobierno y que cuestionó la información que publican
75
sobre Venezuela y los sucesos de abril. La medida afecta a unas 10 publicaciones venezolanas en esa ciudad (El Nacional, 07-05-2002, Pág. D-5).
■ El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín y el embajador del Reino Uni-
do, John Hughes, firmaron un convenio para promover la libertad de expresión como un derecho fundamental en el sistema democrático. “El proyecto se realizará con la participación conjunta del Colegio Nacional de
Periodistas, los colegios regionales, el Bloque de Prensa y las universidades del país, para discutir y promocionar un derecho que es propio de la
democracia: la libertad de expresión”, explicó Mundaraín (El Mundo, 0705-2002, Pág.19).
■ Una delegación de la Asociación Mundial de Periódicos se reunió con el
presidente Hugo Chávez para conversar sobre la situación de la libertad de
expresión en el país. Pedro Ramírez, director del diario El Mundo de España y directivo de la organización señaló que para que exista un sistema
democrático debe haber libertad de expresión. Y advirtió que el organismo gremial venía considerando desde hace algún tiempo y con preocupación, situaciones de presiones y agresiones a la prensa venezolana como
“los casos del editor Pablo López Ulacio (El Universal), episodios de violencia contra personas e instalaciones de medios de comunicación y el caso más grave, el asesinato el fotógrafo Jorge Tortoza (diario 2001)”. La AMP
anunció que pediría al presidente Hugo Chávez una investigación a fondo
sobre lo sucedido y la determinación de responsabilidades (El Globo, 0705-2002, Pág. 8).
■ El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas deter-
minó que al fotógrafo Jorge Tortoza, muerto en los sucesos de 11 de abril,
le dispararon desde una calle cercana y no desde lo alto de un edificio, luego de realizar la trayectoria de la bala que le quitó la vida (Últimas Noticias,
07-05-2002, Pág. 19).
08-05-2002
■ El expresidente de Pdvsa, Guaicaipuro Lameda, denunció que durante su
gestión al frente de la petrolera recibió instrucciones de suspender toda publicidad en El Nacional. “Recibí instrucciones de suspender toda publicidad en el diario El Nacional, luego de los hechos ocurridos en las puertas
de ese medio de comunicación” (El Nacional, 08-05-2002, Pág. D-2).
■ El propietario de la televisora TV Guayana, David Natera Febres, denun-
ció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó al
76
país, la toma violenta realizada a la sede del canal por parte de seguidores
del presidente Chávez el 12 de abril (Tal Cual, 08-05-2002, Pág. 14).
■ El fotógrafo del diario Avance de Los Teques, Luis Enrique Hernández,
herido durante los sucesos del 11 de abril por una bala que le rozó el hígado y le provocó la pérdida del riñón derecho y su hermano Enrique Hernández (fotógrafo de Venpres) quien también resultó herido, rindieron declaraciones ante la policía científica. Solicitaron se investigara la verdad de
lo ocurrido. Señalaron que tanto el oficialismo como la oposición tenían
su cuota de responsabilidad en los hechos y aseguraron que con sus cámaras seguirán reflejando lo que acontece en el país, “porque el periodismo
se lleva en la sangre” (Últimas Noticias, 08-05-2002, Pág. 18).
■ El diario El Universal entregó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, una nota informativa donde denunció el incumplimiento por
parte del Gobierno de la medida cautelar aprobada por el organismo, para proteger al editor del diario, Andrés Mata, y a su familia. También señala que la sede del impreso sigue siendo víctima de violencia por parte de
los “círculos bolivarianos” y que continúa el hostigamiento contra los periodistas que laboran en el medio (El Universal, 08-05-2002, Pág. 1-2).
09-05-2002
■ Un estudio de opinión pública realizada por Datanálisis, reveló que los me-
dios de comunicación perdieron credibilidad; tras haber estado ubicados
por más de 10 años entre los tres primeros lugares, bajaron al séptimo lugar, después de la sociedad civil, los comerciantes, la Iglesia, los industriales, los bancos y los alcaldes. Y superando sólo a la Fuerza Armada (Últimas
Noticias, 09-05-2002, Pág. 20).
10-05-2002
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, indicó que los
medios deben abandonar la posición política que han asumido, durante su
intervención en el foro “¿Quién garantiza el derecho a la información de
los ciudadanos?”, organizado por el Instituto de investigaciones de la Comunicación (Ininco). “Los medios tenemos que dejar una posición política como la que habíamos asumido”, dijo (Últimas Noticias, 10-05-2002,
Pág. 14).
77
11-05-2002
■ A un mes de los sucesos del 11 de abril, el Sindicato Nacional de los Tra-
bajadores de la Prensa publicó un comunicado donde deploran el vacío informativo que hubo durante esos días en el país, el desconocimiento que
hubo de la Constitución en esos días y su solidaridad con los familiares de
las víctimas. “Deploramos y reclamamos, como todo el país, el vacío informativo que se produjo en varios de los más destacados medios de comunicación durante el sábado 13 y el domingo 14 de abril, y lo cual representó
una flagrante violación al artículo 58 de la Constitución en perjuicio de la
colectividad nacional” (El Nacional, 11-05-2002, Pág. C-7).
■ La Comisión de la CIDH que vino a Venezuela a hacer una observación,
luego de los acontecimientos del 11 al 14 de abril, señaló que en el país hay
un clima de confrontación con los comunicadores que pone en peligro el
ejercicio del periodismo, a pesar de que no se ha verificado censura o detenciones a periodistas. “Sin embargo -advirtió Juan Méndez, presidente
de la CIDH- en este país se ha creado un clima de confrontación con los
medios y con los reporteros que pone en peligro el libre ejercicio del periodismo y por ello la comisión ha acordado medidas cautelares de protección a la integridad personal de varios periodistas y medios de comunicación social” (El Nacional, 11-05-2002, Pág. D-4).
■ La OEA presentó un informe sobre la situación actual del país. En el do-
cumento elaborado por los miembros de la CIDH, se hizo un llamado a la
rectificación de los medios y se admiten limitaciones a la libertad de expresión (El Mundo, 11-05-2002, Pág.3).
12-05-2002
■ Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
de visita en el país, se reunieron con el presidente de la República, Hugo
Chávez, y conversaron sobre la situación de los medios de comunicación
y la libertad de expresión. Le pidieron que hiciera un llamado al respeto a
los medios de comunicación y periodistas. Le indicaron que el uso excesivo de las cadenas de radio y televisión podían constituirse en una forma de
“censura” (El Universal, 12-05-2002, Pág. 1-4).
78
13-05-2002
■ El presidente de la República señaló durante el programa radial “Aló pre-
sidente”, que los medios manipularon la información sobre la trasmisión
de mando de la Brigada Blindada de Valencia, haciendo creer que el comandante de esa unidad se encontraba en rebelión. También señaló que los
medios no le han dado la cobertura necesaria al diálogo nacional. Dijo que
algunos medios “mantienen una oposición constante contra el Gobierno”
(Últimas Noticias, 13-05-2002, Pág. 15).
■ El Coronel del Ejército Ángel Bellorín anunció que irá a juicio contra la pe-
riodista Ibéyise Pacheco, por difamación. “Se hará justicia. Gracias a la decisión de la Corte de Apelaciones podremos participar en un juicio oral público en el que se debatirá la libertad de expresión mal utilizada contra el
honor”, dijo Bellorín. “Pacheco me acusó de que yo había cambiado una
nota en la Facultad de Derecho de la USM y que me habían investigado por
haber cambiado calificaciones de servicio, así que mandé los recaudos probatorios de la falsedad. Nunca me dio el derecho a réplica, ni rectificó, sólo actuó con difamación” aseveró (Últimas Noticias, 13-05-2002, Pág. 24).
14-05-2002
■ La diputada del MVR, Iris Varela, sugirió al presidente Hugo Chávez que
analizara la posibilidad de retirar la concesión a los dueños de plantas de
televisión que de alguna forma hayan estado involucrados estuvieron en los
sucesos del 11 de abril. “Yo si creo que el Presidente, el Ejecutivo Nacional, debe suspenderle las concesiones a los medios de comunicación, porque si no quieren aportar un grano de arena, ni una gota de esfuerzo, para que aquí haya un diálogo y se logre la paz que está reclamando el país,
entonces que empiece por quitarle las concesiones, y que vayan a quejarse
donde sea... Ya ante los ojos del mundo están bien descalificados”, dijo. “Claro está, a los medios conspiradores”, agregó. Propuso a la comisión especial que investigue a Gustavo Cisneros, Napoleón Bravo y Ángela Zago,
“quienes presuntamente están involucrados en grabaciones de videos que
recogen declaraciones dadas por algunos militares que estuvieron relacionados con el golpe de Estado, para que den su versión de los sucesos (El
Nacional, 14-05-2002, Pág. D-2) y (El Universal, 14-05-2002, Pág. 1-6).
■ Durante un acto celebrado en la Plaza Caracas, en el que participaron segui-
dores del presidente Hugo Chávez, fue instalado un toldo donde se recogieron firmas para suspender las concesiones a los medios “conspiradores”.
En el toldo había un gran aviso que decía: “Contra la conspiración de los me79
dios. Pon tu firma, para revocar su concesión”. Esta iniciativa se dio luego
de que la diputada Iris Varela (MVR) propuso que se retirara el permiso a
los canales, que según ella conspiraron (Tal Cual, 14-05-2002, Pág. 2).
15-05-2002
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, se retiró de la
mesa de la Comisión Presidencial para el diálogo por considerar que recibió ataques y satanización hacia los medios de comunicación, por parte de
algunos integrantes de la mesa, en una reunión que se extendió por más de
cuatro horas (El Nacional, 15-05-2002, Pág. D-4).
■ El director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, aseveró que a
él no lo amedrentarían, luego de que recibiera una invitación para acudir
ante la Fiscalía General de la República, donde se realiza una investigación
sobre la participación de Pedro Carmona Estanga en los sucesos del mes
de abril. Otero recibió la citación el 14 de abril a las 2:00 pm para acudir
el 15 de abril a las 10:00 am. La invitación tenía la fecha de una semana anterior y la recibió un día antes; en la misma se le indicaba que de no asistir
sería buscado por los cuerpos de seguridad del Estado (El Nacional, 15-052002, Pág. D-4).
16-05-2002
■ Se instaló en el país el capítulo Venezuela del Media Watch Global (Ob-
servatorio Global de Medios), que es una organización no gubernamental
internacional que tiene como objetivo “monitorear, analizar, y evaluar el
tratamiento de la información con miras a constituirse en tribuna para el
ciudadano común ante excesos y atropellos cometidos por medios de comunicación públicos y privados”. El MWG fue instalado por Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, quien explicó que el organismo
“es una expresión del movimiento social de descontento, que alrededor del
mundo ha generado la globalización de los grandes medios de comunicación. Tiene como finalidad reapropiarse del bien público que poseen todos los ciudadanos que es el derecho a la información veraz” (El Mundo,
16-05-2002, Pág. 2).
■ Un grupo de unos 40 simpatizantes del presidente Hugo Chávez y entre
los que se encontraban militantes del MVR, se congregó en la tarde del
miércoles 15 a las puertas del diario Así es la Noticia para protestar por la
aparición en la primera página del diario de un fotomontaje en el que se
80
observan las caras del general Lucas Rincón, ministro de la Defensa, y del
vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, con los cuerpos de
unos hombres desnudos. Los manifestantes llevaban una pancarta, ejemplares del diario y gritaban consignas como “no a los periódicos golpistas”
(El Nacional, 16-05-2002, Pág. D-última).
17-05-2002
■ La plenaria de la Asamblea Nacional rechazó en primera discusión, el pro-
yecto de Ley de Radiotelevisión propuesto por el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público. Los parlamentarios consideraron que el texto “es prácticamente desconocido por el país” y por lo tanto no cuenta con
respaldo social y político (El Mundo, 17-05-2002, Pág. 8).
■ El presidente del circuito Unión Radio, Sergio Gómez aclaró que los repre-
sentantes de los medios de comunicación privados no rompieron el diálogo con el Gobierno, tras la salida del director de Globovisión, Alberto Ravell, y del editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, de la Comisión
Presidencial por el Diálogo, ya que éstos se pronunciaron “a título personal” y no en representación de los medios (El Universal, 17-05-2002, Pág.
1-12).
18-05-2002
■ El director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, señaló que no
había motivos reales para el retiro del director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, de la Comisión presidencial para el Diálogo, porque allí no
se produjo ninguna agresión contra él. “De hecho fue él mismo quien pidió debatir sobre los medios de comunicación social y prueba de ello son
las palabras de Sergio Gómez, presidente de Unión Radio, quien reafirmó
su presencia en la comisión como representante de los medios. Esperamos
que Ravell regrese”, señaló Rangel (El Nacional, 18-05-2002, Pág. D-4).
21-05-2002
■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que en
seis meses estaría listo el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en la
Prestación de los Servicios de Divulgación Audiovisual y Sonora, a través
del cual se regularán los contenidos que trasmiten la radio y la televisión.
81
El director general de Conatel, Jesse Chacón informó que desde el 5 de abril
se inició un proceso de consulta pública del referido proyecto. El documento establece distintos tipos de horario para las programaciones (protegido,
supervisado y adulto) y que en horario protegido se debe dedicar 50% del
tiempo a la difusión de programas educativos e informativos, especialmente dirigidos a niños y adolescentes (El Mundo, 21-05-2002, Pág. 8).
23-05-2002
■ El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Claudio Grossman, señaló que en Venezuela hay leyes sobre la
libertad de expresión contrarias a la Convención Americana. “En Venezuela hay leyes de vilipendio vigentes, cosa que la CIDH considera contraria
a la Convención Americana, de la que el país es signatario. Lo otro es el
hostigamiento a periodistas, sobre lo cual la comisión ha recibido numerosas denuncias” (El Nacional, 23-05-2002, Pág.D-3).
24-05-2002
■ La periodista de El Nacional, Celina Cárquez, denunció a través de una cró-
nica periodística, que fue agredida física y verbalmente el viernes 23 de mayo, mientras trabajaba. Ella se encontraba en los alrededores del Palacio de
Miraflores, cubriendo una concentración de simpatizantes del presidente
Chávez. Cuando los manifestantes se enteraron que era periodista la rodearon y le hicieron preguntas amenazantes; luego la empujaron, le arrebataron su libreta de anotaciones y la amenazaron con golpearla. Reporteros del diario El Mundo también fueron agredidos en el lugar (El Nacional,
24-05-2002, Pág. D-4).
■ El periodista y ex jefe de información de Radio Caracas Televisión, Andrés
Izarra, señaló durante su interpelación ante la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga los sucesos del 11,12 y 13 de abril, que se vio
forzado a renunciar a su cargo y que el día 13 sus superiores le prohibieron que representantes del oficialismo y ciertas informaciones salieran al
aire. “Cero chavismo en la pantalla. Se prohibió que aparecieran personas
del oficialismo. Sacaron del aire al fiscal Isaías Rodríguez. Teníamos la entrevista telefónica que dio María Gabriela Chávez, la hija del Presidente, a
la televisión cubana, y la rueda de prensa de los militares de la brigada de
paracaidistas que se pronunciaron a favor de mantener el hilo constitucional. Eso no fue trasmitido” aseveró. (El Nacional, 24-05-2002, Pág. D-6).
82
Izarra explicó que la decisión de omitir las informaciones referidas fue tomada en una reunión de la gerencia en la que se le participó que si no se
acogía a esta línea debía abandonar su puesto de trabajo (Tal Cual, 24-052002, Pág. 4).
Junio
01-06-02
■ La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
que visitó al país a raíz de los sucesos del 11 de abril, señaló en su informe
preliminar que las críticas a las autoridades “traen como consecuencia actos intimidatorios que limitan la posibilidad de expresarse libremente”
(diario 2001, 01-06-02, Pág. 10).
03-06-02
■ El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el director ge-
neral del canal Globovisión, Alberto Federico Ravell, manifestaron que las
amenazas contra la libertad de expresión de parte del Gobierno Nacional
siguen “latentes”, en una reunión entre editores y dueños de algunos medios de comunicación y el nuevo relator para la Libertad de Expresión de
la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni. “Una
vez más, la amenaza contra los medios de comunicación social, sigue siendo un tema fijo en la mente del presidente”, dijo Otero (Notitarde, 03-0602, Pág. 16).
04-06-02
■ Los presidentes del Bloque de Prensa Venezolana, de la Federación Vene-
zolana de la Industria de la Televisión, de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y del Colegio Nacional de Periodistas, escribieron una carta al
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, con motivo de la 32° Asamblea Ordinaria del organismo, celebrada en Barbados. En el escrito manifestaron la posición del presidente Hugo Chávez hacia los medios, durante su reunión con la comisión especial
83
de la Asamblea Nacional que investiga los sucesos del 11 de abril. “Esta posición pública y oficial tomada por el presidente Chávez ante la referida comisión parlamentaria contra los medios de comunicación es sumamente
preocupante y tampoco está en sintonía con las aseveraciones hechas por
él por aquellos días de abril, tomadas posteriormente por usted para su informe”, manifestaron (El Universal, 04-06-02, Pág. 1-7).
■ El diario La Religión reseñó que en el informe preliminar de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela se reconoce la valentía de los comunicadores sociales, por haber seguido desarrollando sus actividades a pesar de las “condiciones adversas para su seguridad personal” (La Religión, 04-06-02, Pág. 3).
05-06-02
■ El presidente Hugo Chávez y el vicepresidente José Vicente Rangel se reu-
nieron con los directivos de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, Eladio Lares y Peter Bottome. Granier señaló que durante el encuentro conversaron con el Presidente sobre los círculos bolivarianos y su actitud
provocadora contra los medios de comunicación. Cuando se le preguntó
sobre los señalamientos de autocesura que tuvo Radio Caracas Televisión entre el 12 y el 14 de abril, dijo que se trasmitió todo lo que se debía trasmitir y explicó que es peligroso divulgar noticias de saqueos porque su efecto- imitación puede causar graves daños. Con respecto a la no difusión de
imágenes de la gente que salió a la calle a pedir el regreso de Chávez dijo:
“El caso es que el canal estaba rodeado, los periodistas no podían entrar y
llegó la Fuerza Armada e impuso unas normas que no son muy democráticas, pero que en ese momento fueron las que se aplicaron” (El Nacional,
05-06-02, Pág. D-6).
■ El humorista Laureano Márquez reseñó a través de una crónica, las agre-
siones y amenazas recibidas por un grupo de humoristas cuando se disponían a presentar espectáculos en el estado Falcón. Se registraron dos casos:
en Coro, con un show de Orlando Urdaneta y con Pedro Zapata como anfitrión; el segundo fue en Punto Fijo, cuando fue rodeado el hotel en el que
se encontraban hospedados los actores de la obra “La VI República”. En
ambos casos se suspendieron las presentaciones. Los manifestantes lanzaron panfletos que decían: “No permitiremos que en Territorio Bolivariano, se ejecuten Obras Teatrales en la que el Presidente es pisoteado y ridiculizado. Si nos obligan seremos violentos, pero jamás permitiremos que
continúen con su plan maléfico de descrédito y ridiculización hacia la figura presidencial” (El Nacional, 05-06-02, Pág. A-7).
84
09-06-02
■ El humorista Laureano Márquez y el actor Orlando Urdaneta anunciaron
la introducción de un recurso de amparo para que no fuera prohibida la risa; también participaron en la realización de una vigilia el lunes 10 de junio en la Plaza Altamira en defensa de la carcajada, con el nombre “Ríanse que están rodeados”, luego de los saboteos realizados por simpatizantes
del gobierno cuando se iban a presentar las obras “La VI República” y “Viva Orlando vivo” (El Universal, 09-06-02, Pág. 1-8).
■ El Sindicato de Trabajadores del Diario El Nacional (Sitranac) emitió un
comunicado donde fija posición frente a los acontecimientos que afronta
el país, titulado “Basta de manipulaciones y enfrentamientos”. El texto señala que dicho documento fue censurado por la empresa El Nacional y que
los trabajadores se han encargado de difundirlo para que se conozca su opinión. “Queremos dejar bien en claro que no estamos ni estaremos de acuerdo con marchas políticas agresivas, ni paros o huelgas laborales con fines
políticos, no aprobamos líneas informativas falseadas e intolerantes y no
estamos dispuestos a aceptar que los mal llamados líderes y las organizaciones que representan nos guíen y manipulen con sus huelgas y paros (...).
Basta ya de manipular a los trabajadores de los Medios de Comunicación
para exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los Medios deben aceptar que son un poder y que por
consiguiente tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana...” (Mensaje puesto a circular en
Internet por el Sindicato de Trabajadores del diario El Nacional, 09-06-02,
Págs. 1-3).
■ La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión decidió en su
53° asamblea general, realizada en Porlamar, iniciar acciones legales ante
la Fiscalía General de la República para solicitar el cierre de las emisoras
comunitarias que funcionan ilegalmente (Diario 2001, 09-06-02, Pág.7).
11-06-02
■ El embajador de Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro, anunció
la inclusión del nombre de Jorge Tortoza, en el Newseum de Washington,
en el Journalist Memorial (monumento a los periodistas), el cual honra a
los reporteros gráficos, editores, fotógrafos y locutores que dieron su vida
en el cumplimiento de su misión (Diario 2001, 11-06-02, Pág. 12).
85
■ Tal Cual publicó una nota donde señala que en el caso de la muerte del re-
portero Jorge Tortoza no coinciden algunos datos del parte policial elaborado por la PM y el acta procesal que se presentaría ante la Fiscalía (Tal
Cual, 11-06-02, Pág. 3).
12-06-02
■ La Federación Internacional de Periodistas (FIP), realizó una visita de tres
días al país para revisar la situación que confrontan los periodistas en el
ejercicio de sus funciones y la libertad de expresión. El secretario general
de ese organismo Aiden White, anunció que prestaría su apoyo a todos los
periodistas venezolanos para fortalecer el ejercicio libre e independiente
de la profesión en medio del “clima de confrontación entre Gobierno y
oposición”. Los miembros de la FIP condenaron la autocensura impuesta
por los medios durante los sucesos de abril y la politización de periodistas.
“La muerte de Tortoza es emblemática ya que representa el dilema en que
se encuentran los periodistas en Venezuela en medio de una lucha política”, dijo White (El Nuevo País, 12-06-02, Pág. 15). Los representantes de
la FIP pidieron al presidente “que deje de usar un lenguaje agresivo en contra de los medios” (Diario 2001,12-06-02, Pág. 19)
■ El nuevo relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni, señaló durante su participación en la XXXII Asamblea General de la OEA, celebrada en Barbados entre el 3 y el 4 de junio, en entrevista concedida a El Nacional, que “no se
puede decir que existe plena libertad de expresión partiendo simplemente
del hecho de que no hay periodistas presos ni medios de comunicación cerrados”. El relator señaló que la libertad de expresión en Venezuela no es
plena (El Nacional, 12-06-02, Pág. D-3).
13-06-02
■ El abogado Alejandro Fuenmayor, experto en régimen de telecomunica-
ciones, señaló que en el país no existe asidero legal ni constitucional que
permita al presidente Hugo Chávez revocar concesiones a medios audiovisuales, y que Chávez estaría cayendo en arbitrariedad en el ejercicio del
poder público (El Nacional, 13-06-02, Pág. 1-8).
86
14-06-02
■ El representante de Venezuela ante la Organización de Estados America-
nos (OEA), Jorge Valero, denunció parcialidad por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la publicación de un
informe sobre la libertad de expresión en Venezuela sin dar la oportunidad
a que el gobierno venezolano presentara sus observaciones (El Nacional,
14-06-02, 02, Pág. A-2). “Es evidente que la publicación de este informe
buscaba: condenar al estado venezolano y su gobierno y exponerlo al desprestigio ante la comunidad internacional”, dijo Valero (El Universal, 1406-02, Pág. 1-8).
■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) emitió un comunica-
do a raíz de la advertencia que hizo el presidente Hugo Chávez a los medios audiovisuales de quitarles las concesiones sin transmiten propaganda
de guerra, en el que expresa “su más grave preocupación y rechazo a ese
tipo de intimidaciones y amenazas de sanciones extremas a los medios de
comunicación, los cuales empañan la imagen del sistema democrático venezolano y crean situaciones que establecerían métodos de censura a la difusión de hechos noticiosos, en menoscabo del Estado de Derecho, que es
garante del ámbito que permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión” (El Universal, 14-06-02, Pág. 1-8).
15-06-02
■ Un grupo de ciudadanos venezolanos, encabezados por el abogado José
Castillo Suárez, entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) un documento titulado “La Campaña de terrorismo
mediático contra el orden público y la seguridad nacional de la República Bolivariana de Venezuela”. También manifestaron su preocupación por
considerar que algunos medios y periodistas que han tenido actuaciones
“antidemocráticas” han recibido medidas cautelares de parte de la CIDH,
por lo que solicitan las revisión de dichas medidas (El Universal, 15-0602, Pág. 1-9).
18-06-02
■ El periodista del periódico Letras, Rodolfo Antonio Rico Chávez, denun-
ció que el viernes 14 de junio fue víctima, junto a otras personas, de una
detención arbitraria por parte de la Policía de Chacao. El comunicador se
87
encontraba en un concierto que se realizaba en la plaza Isabel la Católica
en Altamira y fue detenido cuando intentaba cubrir la agresión que ejecutaban un grupo de policías contra un señor que se encontraba en el acto.
Fue esposado, empujado y lo intentaron asfixiar para obligarlo a entrar a
la patrulla. También le quitaron su carnet (El Nacional, 18-06-02, Pág. Dúltima).
21-06-02
■ La periodista del diario El Universal, Alicia La Rotta, fue agredida por un
funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) identificado como Marco Rosales Salas, cuando se encontraba cubriendo una marcha convocada por militares retirados. El agresor se encontraba infiltrado entre los
reporteros gráficos y estaba tomando fotos de los presentes. La periodista
recibió un golpes en la boca y en una de sus manos, luego de que encontrara en el piso un carnet que distinguía al agresor como funcionario de la
DIM y se lo enseñara a los demás periodistas, fotógrafos y camarógrafos
con el fin de identificarlo. El agresor de La Rotta fue detenido por efectivos de la Policía de Chacao y luego fue dejado en libertad por los fiscales
81 y 14 del Ministerio Público, Nelsy Millán y Alexander Acosta. El reportero gráfico Félix Gerardi fue golpeado cuando tomaba fotos de un incidente que se produjo entre uno de los manifestantes y una persona que portaba una cámara de video (El Universal, 21-06-02, Pág.1-4).
■ Representantes de los medios de comunicación venezolanos se reunieron
con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón para solicitar el estudio de la sentencia
1-013 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el derecho a réplica.
El abogado del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), Asdrúbal Aguiar señaló que “le solicité a la Comisión que admita, formalmente, como caso,
la denuncia sobre esta sentencia, la cual es toda una suerte de decálogo restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información” (El Universal, 21-06-02, Pág. 1-12).
■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado de pren-
sa donde exige justicia por el asesinato del reportero gráfico Jorge Tortoza, ocurrida durante los hechos violentos registrados en Caracas el 11 de
abril, al cumplirse 70 días del hecho (El Nacional, 21-06-02, Pág. D-3).
88
22-06-02
■ El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados Americanos, Carlos Ayala Corao,
señaló que el Estado tendrá que sancionar al agresor de la periodista Alicia La Rotta. También indicó que el Estado debería indemnizar a la víctima y que el agresor, quien es funcionario de la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM), debería ser destituido por la falta cometida. También indicó que el ministro de la Defensa o el titular de la DIM deberían condenar
públicamente la agresión debido a que se produjo no sólo un daño físico
sino también moral a la periodista (El Universal, 22-06-02, Pág.1-4).
■ La periodista Alba Sánchez, defensora del lector del diario El Nacional se-
ñaló que en los países democráticos existen tres derechos relacionados con
el derecho a la información: El que tienen los ciudadanos a estar oportunamente informados, el de las fuentes de reservarse sus opiniones y el de
los periodistas a realizar su trabajo con dignidad. En el caso de las fuentes,
la Constitución venezolana establece que los funcionarios públicos tienen
el deber de informar a la ciudadanía sobre sus actuaciones. En cuanto a los
periodistas, estos tienen el deber de informar y el derecho de realizar sus
funciones sin presiones ni agresiones. Para Sánchez éste último derecho
está siendo afectado actualmente. Ella hace un cuestionamiento: si bien los
periodistas no tienen el derecho de privar al público de información de su
interés ni de practicar censura previa, hasta qué punto pueden soportar agresiones. (El Nacional, 22-06-02, Pág. C-4).
■ El director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, José Mi-
guel Vivanco, señaló que “los medios de comunicación en Venezuela no
tienen la obligación jurídica de ser imparciales. Ni el derecho interno ni el
derecho internacional los obliga a ser equitativos en sus informaciones análisis y opiniones. Si los medios desean asumir el papel de la oposición en
Venezuela lo pueden hacer perfectamente, amparados en el derecho internacional” (El Nacional 22-06-02, Pág. D-4).
23-06-02:
■ El sociólogo Tulio Hernández , en un artículo titulado “Pecados capitales”
señaló que es necesario que en las democracias los medios tengan un mínimo de crítica y capacidad de control y de respuesta por parte del resto de
los sectores sociales. Citó a Marta Colomina quien dijo, en un artículo escrito en 1996, que los periodistas no eran “jueces”, “predicadores”, ni “salvadores de la patria”. Finalmente Hernández indicó que aunque cada quien
89
puede tener creencias y fanatismos políticos, le parece injusto que un periodista “lance por la borda” las reglas que definen su rol social (El Nacional,
23-06-02, Pág. H-3).
24-06-02
■ En su programa radial “Aló Presidente” N° 109, el presidente Hugo Chá-
vez hizo un llamado a sus seguidores a constituir un comité de usuarios que
tendría como objetivo “defendernos de tanta manipulación y atropello” de
los medios de comunicación. (El Nacional, 24-06-02, Pág. D-2).
25-06-02
■ El abogado Asdrúbal Aguiar, representante legal del Bloque de Prensa Ve-
nezolano (BPV), señaló luego de asistir a la Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa, que el Estado no puede sancionar a los periodistas cuando sea criticado, porque esto es contrario a los principios de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que los periodistas
tienen la tarea de actuar como censores de la actividad de los poderes públicos y que existen los delitos de difamación o injuria, pero que estos sólo pueden tener como víctima a un particular y no a los gobiernos, porque
estos no tienen derechos humanos. (El Nacional, 25-06-02, Pág. D-1).
26-06-02
■ El conductor de televisión Juan Vicente Gómez, quien tenía un programa
en Venezolana de Televisión recibió el 20 de junio un correo electrónico en
el que lo amenazaron a él y su familia, si no clausuraba su programa. Para
el momento de recibir el mensaje, el programa de televisión había sido sacado del aire, tres semanas atrás, por decisión del canal del Estado (Amenaza a periodista recibida por la organización Provea, 26-06-02).
27-06-02
■ El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, emitió un comuni-
cado de prensa con motivo del día del periodista, donde saluda a los profesionales de la comunicación social, rechaza los actos de violencia que se
90
han registrado contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos e hizo un llamado para que se profundizara la investigación sobre los sucesos de abril
y se establecieran responsabilidades por la muerte del reportero gráfico Jorge Tortoza. También hizo un llamado a los propietarios de los medios de
comunicación “a no involucrar en la línea editorial a reporteros y redactores y estos pueden así ‘contribuir con su imparcialidad, veracidad, oportunidad y honestidad a que la verdad del suceso difundido sea evidente’, como lo manda nuestro Código de Ética” (El Nacional, 27-06-02, Pág. C-5).
■ En un reportaje especial de Hercilia Garnica, con motivo de celebrarse el
día del periodista, se concluye que la profesión del comunicador social se
volvió peligrosa en Venezuela. Los reporteros van a cubrir marchas equipados con chalecos antibalas, máscaras antigas y cascos (El Nacional, 2706-02, Pág. C-1).
08-06-02
■ El presidente de la República, Hugo Chávez, entregó el Premio Nacional
de Periodistas, en un acto celebrado en el salón Ayacucho del Palacio de
Miraflores. Durante el acto hizo un llamado a que exista una libertad de expresión impregnada de valores éticos. Aprovechó para deponer una decisión que había tomado de no ofrecer declaraciones a los medios. También
lamentó que durante los sucesos de abril fuera interrumpido el libre ejercicio del periodismo durante 48 horas (Últimas Noticias, 28-06-02, Pág. 14).
29-06-02
■ Durante un discurso de orden pronunciado durante la entrega del Premio
Nacional de Periodismo “Voces de la libertad”, en su primera edición, el
comunicador social Roberto Giusti señaló que los periodistas venezolanos
estaban sumidos en una “agónica lucha” por defender la libertad de expresión y el derecho a la información. (Diario 2001, 29-04-02, Pág. 9).
91
Julio
02-07-02
■ Los fiscales Joaquín León y Abdevis de Baralt ordenaron la apertura de
un procedimiento de investigación sobre la agresión de la que fue víctima
la periodista Alicia La Rotta, ocurrida el 20 de junio en una marcha de militares retirados. León y Baralt solicitarían a la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM) la apertura de una investigación contra el funcionario que
agredió a reportera de El Universal (Tal Cual, 02-07-02, Pág. 5).
■ Las periodistas Ibéyise Pacheco (directora del diario Así es la Noticia), Pa-
tricia Poleo (directora del diario El Nuevo País) y Marianella Salazar, señalaron que el Gobierno venezolano no ha cumplido con las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
a su favor. (Así es la Noticia, 02-07-02, Pág. 9).
09-07-02
■ En horas de la madrugada del 09 de julio fue lanzada una granada fragmen-
taria contra las instalaciones del canal Globovisión. El artefacto explosivo fue
lanzado desde un vehículo en movimiento que pasó frente a la sede del canal. El director general de la estación, Alberto Federico Ravell, calificó el
hecho como un intento de intimidación. “No van a lograr intimidarnos.
Sólo se trata de un susto... Nuestra función es informar y seguiremos haciéndolo. Vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo” El estallido no
dejó personas heridas pero ocasionó daños al edificio y a nueve vehículos.
(Tal Cual, 09-07-02, Pág. 2).
10-07-02
■ La periodista Sabrina Segovia, quien es corresponsal en Caracas del diario
Notitarde de Valencia , fue agredida física y verbalmente cuando se disponía a cubrir el desfile militar realizado en la avenida Los Próceres en Caracas, con motivo de la conmemoración de la Independencia de Venezuela, el 5 de julio. Fue agredida por dos mujeres que portaban camisetas del
Movimiento V República, luego de que se colocara en un lugar visible su
carnet de periodista. La tumbaron en el piso y le dieron golpes en el estómago y patadas. También la rasguñaron en la cara y en las manos (Tal Cual,
10-07-02, Pág. 4).
92
■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado don-
de manifestó su preocupación por los atentados contra periodistas y medios de comunicación que se han registrado en Venezuela e hizo un llamado a las autoridades a investigar esos hechos. “Observamos alarmados una
mayor intensidad de agresiones y ataques contra los periodistas y medios
venezolanos”, dijo el presidente de la SIP, Robert Cox en el comunicado.
(El Globo, 10-07-02, Pág. 9).
■ El director del semanario universitario Letras, Rafael Uzcátegui, denunció
que el fotógrafo César Padilla fue agredido mientras daba cobertura al “Foro Social Nacional”, evento realizado el Teatro Nacional. Cuando tomaba
las primeras gráficas un grupo de personas lo amenazó diciéndole que lo
golpearían si les tomaba fotografías y si no se retiraba del evento; luego lo
acusaron de ser un infiltrado de la agrupación política Bandera Roja y de
que las fotos serían utilizadas para fines políticos, a pesar de que el les mostró su credencial (denuncia recogida por la organización Provea)
12-07-02
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al
Gobierno Nacional prorrogar las medidas cautelares emitidas por ese organismo a favor de El Nacional, por seis meses más. La solicitud formulada por Santiago Cantón insta al gobierno a “brindar la protección que sea
requerida por los representantes del diario para resguardar la seguridad e
integridad personal de los periodistas, trabajadores y directivos que laboren en dicho medio de comunicación”. Las medidas cautelares en favor de
El Nacional habían sido emitidas el 11 de enero de 2002 (El Nacional, 1207-02, Pág. D-7).
15-07-02
■ La directiva de la Asamblea Nacional emitió un comunicado de prensa en
el que repudió el estallido de un artefacto explosivo ocurrido el 9 de julio
en la sede del canal Globovisión y la quema del vehículo del Jefe de Información del diario El Impulso, José Angel Ocanto, por parte de desconocidos. También se hizo un llamado a los órganos del Poder Ciudadano a que
investiguen los casos y establezcan responsabilidades (El Nacional, 15-0702, Pág. D-3).
93
17-07-02
■ El Presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, Miguel Án-
gel Martínez, señaló que en el territorio nacional estarían funcionando ilegalmente, sin el permiso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
118 emisoras comunitarias (Tal Cual, 17-07-02, Pág. 12 y 13).
18-07-02
■ La Federación Internacional de Periodistas (FIP) publicó un informe en el
que condena las presiones ejercidas contra los periodistas durante los sucesos del mes de abril por parte del gobierno de Hugo Chávez y de los propietarios de los medios de comunicación. El comunicado señala que “los
medios desempeñaron un papel clave en el movimiento de oposición contra la administración de Chávez, mientras que el Presidente es responsable de exacerbar la crisis por medio de ataques personales, hostiles e intemperados a personas y medios de comunicación en su conjunto” (El Nacional,
18-07-02, Pág. D-2).
■ El presidente de la República, Hugo Chávez, anunció la creación de un
Ministerio de la Información. Esta nueva estrategia contempla la separación del Viceministerio de Gestión Comunicacional del Ministerio de la
Secretaría de la Presidencia. La nueva cartera se crea a tres años de la eliminación de la Oficina Central de Información (OCI), ocurrida al inicio
del gobierno de Chávez (Tal Cual, 19-07-02, Pág. 2).
24-07-02
■ La gerente de planificación y desarrollo de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel), Elda Rodríguez, informó que para el cierre del
primer semestre del 2002 el número de usuarios de Internet alcanzó 1,3
millones, frente a 1,2 millones del año 2001. También informó que el número de usuarios de telefonía fija, de televisión por cable y de Internet han
crecido y alcanzaron una penetración de 11,35%, 19,64% y 1,44%, respectivamente (El Nacional, 24-07-02, Pág. F-última).
27-07-02
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prorrogó las
medidas cautelares emitidas el 24 de enero, a favor del diario El Universal,
94
por seis meses más. La medida tendría como objetivo velar por el ejercicio
de la libertad de expresión y el derecho a la vida y la integridad personal
de los trabajadores del diario y de su editor Andrés Mata. (El Universal, 2707-02, Pág. 1-7).
31-07-02:
nización de Estados Americanos prorrogó las medidas cautelares que emitió el 30 de enero a favor de los canales Globovisión y Radio Caracas Televisión,
por seis meses más. Dichas medidas contemplan la protección del derecho
a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas,
directivos y demás trabajadores que laboran en ambos medios. La CIDH
hizo el anuncio a través de un comunicado emitido el 29 de julio (El
Nacional, 31-07-02, Pág. D-2).
Agosto
01-08-02
■ Fue lanzada una bomba lacrimógena en el estacionamiento de Globovisión.
El artefacto fue arrojado el 31 de julio a las dos de la tarde desde un vehículo en movimiento. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas acudieron al lugar para iniciar las investigaciones (El Universal, 01-08-02, Pág. 1-9).
■ El fotógrafo de la revista Primicia, Gabriel Osorio, fue golpeado por un gru-
po de presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando regresaba de cumplir una pauta de trabajo en el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ). Los agresores le robaron su cámara fotográfica, un flash, tres lentes
y un rollo fotográfico con un material sobre las inundaciones ocurridas en
el mes de julio en el estado Apure, su teléfono celular y otras pertenencias.
El día de la agresión se registraron disturbios en los alrededores del TSJ,
luego de que los magistrados designaran un nuevo ponente para estudiar la
posible apertura de un juicio por rebelión a cuatro militares que participaron en los sucesos del mes de abril. (El Nacional, 01-08-02, Pág. D-2).
95
02-08-02
■ El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Pro-
vea) rechazó la ola de violencia que se ha desatado contra los periodistas en
el país. El vocero de la organización, Carlos Correa, señaló que: “No se
puede decir que en Venezuela existe libertad de expresión por el simple hecho de que no hay censura directa o no haya periodistas presos. Las intimidaciones y los ataques contra los periodistas son cada vez más graves y
ocurren con mayor frecuencia” (El Nacional, 02-08-02, Pág. D-2).
■ El periodista del canal de noticias Globovisión, Pedro Luis Flores, denun-
ció que un grupo de simpatizantes del presidente Hugo Chávez, encapuchados, colocaron alcabalas que impedían el acceso al Palacio de Miraflores, por lo que él y sus colegas de otros canales no pudieron cumplir con
sus pautas de trabajo. Flores señaló que los encapuchados detenían a todos
los vehículos y requisaban a sus ocupantes y que esta acción se realizó bajo “la mirada complaciente de Casa Militar”. (El Nacional, 02-08-02, Pág.
D-2).
03-08-02
■ Un total de 12 periodistas fueron emboscados y golpeados por presuntos
simpatizantes del presidente Hugo Chávez, mientras estaban cumpliendo
sus labores profesionales en la avenida Sucre de Catia, donde se registraron enfrentamientos entre presuntos miembros del grupo Tupamaros y funcionarios de la Policía Metropolitana. Resultaron lesionados: Elianta Quintero, José Tarache y Juan Méndez, de Venevisión; Noe Pernía, César Sánchez
y Wilmer Villasmir, de Radio Caracas Televisión; el reportero gráfico de El
Universal, Paulo Pérez Zambrano y el fotógrafo de La Voz de Guarenas, Andry
Lara. Entretanto, el equipo reporteril del canal Televen, integrado por el
periodista Johán Merchán, el camarógrafo Orlando Chong y el asistente
Jhonny Verdú, tuvieron que refugiarse en un establecimiento comercial,
ante las amenazas de agresión que recibieron. Asimismo el fotógrafo del
diario El Nacional, Álex Delgado, quien se encontraba cubriendo los disturbios, fue agredido verbalmente por un funcionario policial. (El Nacional,
03-08-02, Pág. D-última). También los reporteros gráficos del El Universal,
Jorge Santos y Cheo Pacheco fueron agredidos en la avenida Urdaneta.
Entretanto las periodistas Del Valle Canelón, de Globovisión y Paula Andrea Jiménez, de Televen y sus camarógrafos fueron agredidos en las afueras de la Asamblea Nacional (El Universal, 03-08-02, Pág. 4-2).
96
05-08-02
■ En su programa “Aló Presidente” N° 114, trasmitido desde La Vega, el
presidente Hugo Chávez denunció una campaña de desestabilización en su
contra, en los medios de comunicación. Señaló que los medios informan
sólo lo malo y no le dan cobertura a los logros, como los conseguidos por
las selecciones deportivas nacionales en competencias internacionales.
“Hasta cuando vamos a cargar con ese San Benito de que resalten sólo lo
malo para destruir la autoestima nacional. Que ataquen al Gobierno que
yo tengo cómo defenderme”, dijo. “Los medios de comunicación son un
bacalao que tenemos que cargar, pero la mentira tiene las piernas cortas y
la verdad se va imponiendo poco a poco”, agregó (El Universal, 05-08-02,
Pág. 1-6).
06-08-02
■ La organización Reporteros Sin Fronteras solicitó al ministro del Interior,
Diosdado Cabello, que investigara las agresiones perpetradas contra periodistas ocurridas en las manifestaciones de los días 30 y 31 de julio y 1 de
agosto en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Robert Ménard, secretario general de la agrupación, señaló: “Estos acontecimientos
demuestran que la situación de la libertad de prensa en Venezuela sigue siendo muy difícil, a pesar del inicio del diálogo entre el Gobierno y la oposición. Es imperativo que sean identificados y juzgados los responsables” (El
Universal, 06-08-02, Pág. 1-8 y Últimas Noticias, 06-08-02, Pág. 14).
■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las agresiones con-
tra medios y periodistas en Venezuela y llamó al Gobierno a establecer medidas para garantizar a los comunicadores el ejercicio de sus funciones. El
presidente de la SIP, Robert Cox manifestó que le “preocupa el ambiente
de tensión en el que los periodistas venezolanos realizan su trabajo cotidiano”. (El Universal, 06-08-02, Pág. 1-8 y El Nacional, 06-08-02, Pág. D-3).
El pronunciamiento de la SIP fue realizado a través de un comunicado emitido en la sede del organismo en Miami. El presidente de la Comisión de
la Libertad de Prensa de la SIP, Rafael Molina dijo que: “los propios periodistas se han convertido en noticias porque son el blanco favorito de un
sector de la sociedad venezolana que culpa a la prensa por la severa polarización que sufre el país” (El Carabobeño, 06-08-02, Pág. C-7).
■ El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Jes-
se Chacón, dijo en el Foro Internacional y Encuentro Nacional de Medios
Comunitarios, celebrado en Caracas, que en el lapso de un año el organis97
mo concedería licencia para legalizar las trasmisiones a los medios comunitarios que funcionan en el país (El Globo, 06-08-02, Pág. 8).
15-08-02
■ El camarógrafo de Radio Caracas Televisión, Antonio José Monroy resultó
herido de un balazo en la pierna izquierda mientras realizaba la cobertura
de los disturbios que protagonizaron simpatizantes del presidente Hugo
Chávez. Estos se registraron en la noche del miércoles 14 en los alrededores del Palacio de Miraflores y del Tribunal Supremo de Justicia, luego de
que los magistrados del máximo tribunal se pronunciaran en contra de la
apertura de un juicio a un grupo de generales por estar presuntamente implicados en los sucesos del 11 de abril. También resultaron heridas otras 11
personas (El Universal, 15-08-02, Pág. 4-14).
16-08-02
■ El jueves 15 de agosto fueron agredidos los reporteros Iznardo Bravo y su
camarógrafo, Vilmer Marcano, de Radio Caracas Televisión; Sandra Blanco,
de CMT y el reportero David Pérez Hansen y su camarógrafo Argenis Uribe, de Radio Caracas Televisión. Bravo y Blanco recibieron insultos y amenazas por parte de presuntos oficialistas, cuando se dirigían hacia la Alcaldía de Libertador para entrevistar al Alcalde Freddy Bernal. Entretanto,
Pérez Hansen y otros reporteros fueron desalojados a la fuerza del Puente Llaguno, por manifestantes oficialistas. (El Universal, 16-08-02, Pág. 41). En los alrededores del Puente Llaguno se registraron otras agresiones.
El periodista de El Universal Gustavo Rodríguez también recibió amenazas de muerte. Elianta Quintero de Venevisión, Johan Merchán, de Televen
y Omar Veliz, del impreso El Siglo fueron golpeados. María Alejandra Monagas y el fotógrafo Carlos Meza, ambos de Últimas Noticias fueron agredidos. (Últimas Noticias, 16-08-02, Pág. 16).
■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), a través de un do-
cumento, condenó los hechos violentos y amenazas contra periodistas en
Venezuela, ocurridas en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia, e hizo un llamado al gobierno del presidente Hugo Chávez a garantizar “el orden, la vida y la seguridad de las personas” (Diario 2001, 1608-02, Pág. 5).
98
17-08-02
■ Un grupo de reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas, agrupados en
la organización Los del Medio, convocaron a una misa en la Iglesia de Santa Teresa, en el centro de Caracas, para pedir por el cese de las agresiones
recientes contra los profesionales de la comunicación. (El Nacional, 17-0802, Pág. C-2).
■ El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pren-
sa, Gregorio Salazar, propuso una protesta nacional contra las agresiones
a periodistas; también señaló que la vida de los trabajadores de los medios
de comunicación corría cada vez más peligro y que se requería precaución
y otras medidas de protección. (El Nacional, 17-08-02, Pág. D-última).
18-08-02
■ El sábado 17 de agosto, a las 2 de la tarde, se celebró una misa en la igle-
sia de Santa Teresa oficiada por el sacerdote jesuita Arturo Sosa, donde los
trabajadores de los medios de comunicación rezaron por el cese de las agresiones en su contra. La agrupación de periodistas Los del Medio elaboró un
documento que repartieron en la misa, que dice: “Nuestra profesión no
nos permite administrar la verdad a conveniencia y sin sustento a favor de...
o en contra de..., porque entonces nuestras palabras serían simples juicios
de valor generalizados”. La periodista Laura Weffer, señaló que el grupo
Los del Medio es la primera iniciativa pública destinada a promover la paz,
el respeto y el consenso. También reseñaron que en lo que va del año 1 fotógrafo cayó muerto el 11 de abril (Jorge Tortoza), 51 trabajadores de los
medios de comunicación han sido agredidos verbalmente, 12 resultaron lesionados físicamente, 2 han perdidos sus equipos de trabajo y 28 han pedido medidas cautelares a la Organización de Estados Americanos (OEA)
(El Nacional, 18-08-02, Pág. C-3 y El Universal, 18-08-02, Pág. 1-9).
■ El presidente de la República, Hugo Chávez, formuló críticas contra los
medios de comunicación durante un recorrido que efectuó por los barrios
San Andrés y El Calvario, de la parroquia El Valle. Chávez instó a los vecinos del sector a organizar radios y periódicos alternativos, “para que no
gasten dinero en esa basura que sacan casi todos los periódicos”. (El
Universal, 18-08-02, pág 1-6).
99
20-08-02
■ El Colegio Nacional de Periodistas, planteó la realización de un día de “si-
lencio informativo”, en protesta por las agresiones que han sufrido los trabajadores de la prensa. (El Universal, 20-08-02, Pág. 1-7).
■ El Consejo de Ministros aprobó la creación de un Ministerio de Informa-
ción; se conoció que el presidente Hugo Chávez nombraría como encargada del nuevo despacho a la periodista Nora Uribe. Chávez dijo que la población apenas conoce lo que ha hecho el Gobierno en estos años porque
la mayoría de los medios “han asumido una actitud de oposición y han perdido la objetividad para informar la verdad” (El Globo, 20-08-02, pág, 3).
22-08-02
■ El presidente Hugo Chávez juramentó a la nueva Ministra de Informa-
ción, Nora Uribe. Chávez explicó que con este nuevo despacho el gobierno iniciará una ofensiva informativa. “Se trata de pasar a la ofensiva porque nosotros tenemos tres años a la defensiva y la ofensiva la han tenido,
casi siempre, factores que adversan al proyecto revolucionario”. También
indicó que el objetivo del Ministerio es: “Rearticular una estrategia ofensiva de tomar la iniciativa, no sólo porque es una necesidad del Gobierno,
sino porque es una necesidad nacional”. Denunció que mientras el Ejecutivo trata de comunicar los logros del Gobierno, “otros tratan de negarlos, minimizarlos y de resaltar los errores o detalles” (El Universal, 22-0802, Pág. 1-7).
24-08-02
■ El canal de televisión Radio Caracas Televisión solicitó a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) “una acción enérgica y urgente frente al Estado para que las
medidas cautelares que ha adoptado cobren efectividad y se ponga cese a las
sistemáticas agresiones de las que han sido víctimas los periodistas y demás
trabajadores de Radio Caracas Televisión”. (El Nacional, 24-08-02, Pág. D-4).
26-08-02
■ La recién designada ministra de Comunicación e Información, Nora Uri-
be, señaló que entre los objetivos que tendrá su despacho estaría agilizar
100
los recursos necesarios para abastecer de nuevas tecnologías a los medios
de comunicación del Estado: “Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, Venpres y la Imprenta Nacional”. También indicó que articularía
estos medios con el fin de poder desarrollar con precisión la política comunicacional del gobierno. (El Globo, 26-08-02, Pág. 8).
30-08-02
nización de Estados Americanos, emitió medidas cautelares a favor del fotógrafo de la revista Primicia, Gabriel Osorio, quien fue agredido el 31 de
julio (El Nacional, 30-08-02, Pág. D-4).
■ La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisi-
ble un recurso de amparo interpuesto por las abogadas de la señora Ginebra Consuelo Martínez de Falchi contra los periodistas Faitha Nahmens y
Ben Ami Fihman (director de la revista Exceso), por presunta difamación
agravada (contra Nahmens) y por complicidad (Fihman), debido a que la
familia Falchi se sintió afectada por la publicación de un reportaje sobre el
asesinato del comerciante Casto Martínez, ocurrido en diciembre de 1996
(El Nacional, 30-08-02, Pág. D-6).
Septiembre
05-09-02
■ El Alcade de Baruta, Henrique Capriles Radonsky, introdujo un amparo
ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra
Venezolana de Televisión, por la trasmisión del programa “Asedio a una embajada”, el cual se relaciona con los hechos ocurridos el 12 de abril frente
a la Embajada de Cuba. Capriles indicó que en el video son editadas las declaraciones que él ofreció ese día para involucrarlo en el ataque de la sede
diplomática. El productor del video, Ángel Palacios, aseguró que el documental no sesga la información y que las palabras de Capriles no fueron
editadas, sino seleccionadas de unas 200 horas de material (Últimas Noticias,
05-09-02, Pág. 20).
101
06-09-02
■ La organización “Expresión Libre”, que agrupa a periodistas y comunica-
dores, manifestó su respaldo a las acciones acordadas por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP) en contra de las agresiones hacia los trabajadores de los
medios de comunicación y en defensa del ejercicio de la profesión (Tal Cual,
06-09-02, Pág. 5).
■ Nery Jeannette Pino Albarrán y Juan Carlos Amado, quienes se identifica-
ron como miembros del Instituto de Formación Cinematográfica (Cotrain),
denunciaron que fueron amenazados de muerte por integrantes del partido Primero Justicia, mientras filmaban los hechos violentos ocurridos los
días 31 de agosto y 1° de septiembre en la plaza “Indio Chacao”, en la avenida Francisco de Miranda. (Últimas Noticias, 06-09-02, Pág. 10).
10-09-02
■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Prensa (SNTP) convocaron a una jornada “Por la dignidad
y contra las agresiones a los periodistas”, a realizarse el 2 de octubre frente al Panteón Nacional (El Nacional, 10-09-02, Pág. D-7).
12-09-02
■ El director de la Policía Metropolitana (PM), comisario Henry Vivas, emi-
tió un comunicado al juez Rodolfo Romero Zambrano, en el que le informa que ese cuerpo de seguridad no puede continuar brindado protección a la periodista Alicia La Rotta, quien fue agredida cuando cubría una
marcha de militares retirados y que goza de una medida cautelar de la
OEA. Vivas explicó que el organismo de seguridad no cuenta con suficiente personal para cumplir con los servicios rutinarios (El Universal, 1209-02, Pág. 1-9).
■ Varios representantes de medios de comunicación resultaron agredidos por
efectivos de la militarizada Guardia Nacional, mientras cubrían una caravana organizada por grupos opositores, en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, en la que se pedía la renuncia del presidente Chávez. El
reportero del diario Notitarde, Jairo Altuve, resultó agredido y su vehículo
recibió intentos de remolque y golpes que le produjeron una abolladura en
el techo. Los camarógrafos Mauro Acosta y Leslie Peña, de los canales
102
Venevisión y Televen, respectivamente, fueron golpeados con escudos antimotín y puntapiés. El equipo del diario El Carabobeño, también resultó afectado. A Carlos Briceño, le intentaron quitar la flash card de su cámara digital y Eduardo Sánchez recibió varios peinillazos cuando subió al techo
de un vehículo para intentar tomar una fotografía. (Notitarde, 12-09-02,
Pág. 2).
13-09-02
■ Fueron lanzadas cuatro bombas incendiarias en la sede del canal Promar
Televisión, en Barquisimeto, estado Lara. El hecho ocurrió a la 1:45 de la
madrugada. Las bombas tipo molotov impactaron contra dos vehículos del
canal que se encontraban en el estacionamiento de la televisora y se inició
un incendio que fue controlado por un vigilante con ayuda de un extintor.
(El Mundo, 13-09-02, Pág. 22, Tal Cual, 13-09-02, Pág. 2). El defensor del
Pueblo, Germán Mundaraín, instruyó al defensor del estado Lara para que
participara en las investigaciones sobre lo ocurrido en Promar TV (El
Informador, 14-09-02, Pág. A-6).
■ La organización Reporteros sin Fronteras denunció a través de una carta
dirigida al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que en Venezuela se incrementó la intolerancia contra periodistas. El texto destaca algunos casos de agresiones contra trabajadores de los medios ocurridos recientemente.
18-09-02
■ La directiva de Meridiano Televisión anunció que interpondría un recurso
de amparo contra la sanción que le fue impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por 370 millones de bolívares, por presunta
utilización ilegal de frecuencias para trasmitir su señal en varias ciudades
del país. (Diario 2001, 18-09-02, Pág. 7).
22-09-02
■ Un equipo reporteril del canal de noticias Globovisión, fue agredido por pre-
suntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando se encontraba
grabando unas imágenes para un programa en las adyacencias de la Vicepresidencia de la República. El equipo integrado por la reportera Rossana
103
Rodríguez, el camarógrafo Felipe Lugo y el asistente Wilmer Escalona fue
agredido por un grupo de ocho personas. Los agresores amenazaron a los
trabajadores con una pistola y se llevaron el vehículo donde se trasladaban
los trabajadores hasta el puente Llaguno, en las adyacencias del palacio de
Miraflores, donde le rompieron los vidrios y le causaron abolladuras. (El
Nacional, 22-09-02, Pág. D-última).
24-09-02
■ En el marco de una visita realizada al país para constatar la situación de la
libertad de expresión, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Robert Cox, y del Instituto Internacional de Prensa (IIP), Jorge
Fascetto, manifestaron su preocupación por las continuas agresiones contra los medios de comunicación por parte de presuntos simpatizantes del
presidente Hugo Chávez. (Diario 2001, 24-09-02,Pág. 7). Entretanto, el
vicepresidente, José Vicente Rangel, calificó como una “provocación” los
señalamientos de Cox y Fasscetto. “A gente así solo las guía la provocación
y ajustar su agenda, como lo hicieron antes del golpe del 11-A, a un esquema desestabilizador (...). Venezuela cuenta con un gobierno que no cae en
provocaciones y que llega al extremo de permitir abusos”. Los miembros
de la SIP y del IPI instaron a los periodistas a que no permitan que el gobierno de Chávez secuestre y silencia la verdad y advirtieron que el país va
camino a Cuba, en relación con la libertad de prensa (El Nuevo País, 2409-02, Pág. 5).
25-09-02
■ El vicepresidente José Vicente Rangel, luego de una reunión en la que par-
ticipó la ministra de Comunicación e Información, Nora Uribe, y los representantes de la SIP y de la IPI, indicó que el Gobierno estaría dispuesto a que la situación de la libertad de expresión en el país sea verificada ante
organismos internacionales como la organización Human Rights Watch.
“Si el Gobierno rehuye discutir ese tema internacionalmente, van a decir
que uno tiene miedo o algo que esconder. Es preferible sentarnos a la mesa y discutirlo. Tenemos razones suficientes para decir que aquí hay libertad de expresión y nos es fácil relativamente probarlo, difícil es que prueben lo contrario”, dijo (El Universal, 25-09-02, Pág. 1-7).
104
26-09-02
■ Al término de una visita de tres días en el país, los representantes de la So-
ciedad Interamericana de Prensa, Roberto Cox, y del Instituto Internacional de Prensa, Jorge Fascetto, presentaron un informe en el que responsabilizan al presidente Hugo Chávez de la violencia física y verbal que se ha
desatado en contra de los profesionales de la comunicación por parte de
grupos como los círculos bolivarianos. Consideran que el deterioro de la
libertad de prensa es reflejo del alto grado de impunidad que existe en el
país (Últimas Noticias, 26-09-02, Pág. 12).
Octubre
02-10-02
■ El 02-10-02 se realizó el “reencuentro por la dignidad y contra las agre-
siones a los periodistas”, organizado por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP),
con el fin de hacer una oración ecuménica y un llamado a la paz y al cese
de las agresiones contra los periodistas (El Nacional, 02-10-02, Pág. F-1 y
El Universal, 02-10-02, Pág. 1-8). El presidente del CNP, Levy Benshimol,
el secretario general del SNTP, Gregorio Salazar y la parlamentaria y secretaria del CNP, seccional Caracas, Desirée Santos, coincidieron en señalar que es necesario garantizar la seguridad de los comunicadores sociales cuando realizan trabajos en la calles, para evitar que se produzcan
agresiones o amenazas. Salazar pidió respeto para los periodistas y para su
trabajo (El Universal, 03-10-02, Pág. 1-9).
03-10-02
■ El diario El Nacional en su editorial, cuestionó el ejercicio de la libertad de
expresión que se da en el gobierno del presidente Hugo Chávez. El texto
indica que mientras el primer mandatario exhibe ante los observadores internacionales programas radiales, y televisivos y páginas de periódicos, como muestra de que en Venezuela hay una amplia libertad de expresión, les
oculta a los visitantes los “insultos” que emite contra los comunicadores
sociales desde su programa “Aló Presidente” y los chantajes que formula
105
contra los propietarios de estaciones de radio y televisión, de quitarles las
concesiones para operar si critican su gestión (El Nacional, 03-10-02, Pág.
A-8).
09-10-02
■ La Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y
DataStrategia organizaron un ciclo de foros, a nivel nacional, dirigido a jóvenes periodistas y a estudiantes de los últimos semestres de la carrera. Los
encuentros sirvieron para reflexionar en torno al ejercicio del periodismo
en Venezuela. Los eventos se realizaron en Maracaibo, Mérida, Barquisimeto, Caracas y Puerto Ordaz (El Universal, 09-10-02, Pág. 3-7).
15-10-02
■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) resolvió en su XXXII
Asamblea Ordinaria (celebrada en Brasil), condenar los ataques contra los
periodistas y los medios de comunicación en Venezuela y exigir al Gobierno Nacional acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor los periodistas y medios que han resultado afectados (El Universal, 15-10-02, Pág. 1-9).
16-10-02
■ El Bloque de Prensa Venezolano (BPV) emitió un comunicado en el que
rechaza el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana que será introducido ante la Asamblea Nacional (AN), por considerar que contiene artículos que cercenarían la libertad de expresión contemplada en la
Constitución de la República y la Carta Democrática de la Organización
de Estados Americanos, suscrita por Venezuela. (El Universal, 16-10-02,
Pág. 1-7). El proyecto de ley fue aprobado por la AN en una primera discusión. El artículo 133 del texto propone la creación de un “consejo nacional de vigilancia de los medios de comunicación”, que debe velar por “el
acceso igualitario de todos los ciudadanos a los medios de comunicación;
vigilar que la información sea transparente, objetiva y veraz; conocer las
quejas que presenten los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos contra el funcionamiento de los medios; sancionar las prácticas atentatorias y dotarse de su propio reglamento de funcionamiento” (El Nacional, 16-10-02, Pág. D-6).
106
■ Los investigadores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación,
Oscar Lucien y Elizabeth Safar y el comunicólogo y profesor universitario Marcelino Bisbal, calificaron como “inconstitucional” a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, porque establece disposiciones que se contradicen con la Constitución Nacional. Safar explicó que mientras la Ley de
Telecomunicaciones establece en su artículo 209 que el Ejecutivo Nacional podrá hacer uso del recurso de las cadenas nacionales de radio y televisión “cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender las transmisión
de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios”, la Constitución, en su artículo 337 garantiza, incluso en situación de estado de excepción, el derecho a la información. (El Nacional,16-10-02, Pág. D-6).
18-10-02
■ Los periódicos afiliados al Bloque de Prensa Venezolano (BPV) anuncia-
ron que no circularían el lunes 21de octubre, en respaldo al paro cívico nacional promovido por Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de
Venezuela. La secretaria del BPV, Luisa Chiossone, indicó que los miembros de la organización tienen “muchas razones para no salir”. (El Nacional,
18-10-02, Pág. D-2).
19-10-02
■ El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, rechazó la medida
tomada por los miembros del Bloque de Prensa Venezolano de que los medios impresos adscritos al organismo no circulen el 21 de octubre, en respaldo al paro cívico convocado por Fedecámaras y la CTV. Rechazó dicha
medida por considerarla contraria al derecho a la información. “Es una agresión a la libertad de expresión que medios escritos no circulen, porque el
derecho a la información es un derecho del ciudadano y no de la exclusiva
competencia del dueño del medio de comunicación”, señaló Rangel (El
Universal, 19-10-02, Pág.1-3).
20-10-02
■ Fue lanzado un explosivo a la sede de Unión Radio, ubicada en La Castella-
na. El hecho ocurrió a la medianoche del sábado 19 de octubre. El estallido ocasionó daños a la fachada principal de la sede de la estación y a una
vivienda contigua. (El Nacional, 20-10-02, Pág. D-8).
107
22-10-02
■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) condenó la detona-
ción de un artefacto explosivo en la sede de la emisora Unión Radio. A través de un comunicado, la AIR manifestó su preocupación por el hecho e
indicó que “todo atentado contra un medio de comunicación es un atentado contra la libertad de expresión”. “Cuando se vulnera la libertad de expresión, la vigencia misma de la democracia está en peligro” (El Universal,
22-10-02, Pág. 4-9).
28-10-02
■ El Movimiento Quinta República (MVR) anunció la convocatoria de un
día de paro contra la televisión, para el 04-11-02. El parlamentario del MVR
Nicolás Maduro explicó que la propuesta surgió de los mismos simpatizantes del gobierno, para combatir “la propaganda golpista que diariamente
hacen las televisoras”. “Los venezolanos están obstinados de las transmisiones fascistas en contra de un régimen democrático. Será un boicot a las
noticias golpistas de los canales apagando el televisor”, indicó Maduro (El
Universal, 28-10-02, Pág. 1-6).
30-10-02
■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), emitió un co-
municado en el que denuncia que el miércoles 2 de octubre el reportero
Wilmer Ferrer y el reportero gráfico Wladimir Méndez, corresponsales
del diario Panorama en Caracas, fueron atropellados por los vigilantes del
Banco Central de Venezuela, cuando se disponían a retirarse de la sede de
esa institución luego de haber cumplido una pauta de trabajo. En el impasse los vigilantes del BCV intentaron quitarles a los periodistas el equipo fotográfico que portaban (El Nacional, 30-10-02, Pág.D-7).
■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al gobierno venezo-
lano por la presunta “violación sistemática de la libertad de expresión y de
prensa”, al concluir la 58° asamblea general de esa organización. El informe final del organismo concluye señalando que “hay un clima de hostigamiento continuo a la prensa instigado por la violencia verbal del presidente Hugo Chávez” (El Nacional, 30-10-02, Pág. D-5).
108
Noviembre
05-11-02
■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un co-
municado en el que rechaza los hechos de violencia ocurridos en Caracas
el 04-11-02 mientras se realizaba una marcha convocada por la oposición
para entregar firmas que respaldaban la solicitud a un referéndum consultivo sobre la permanencia del presidente Hugo Chávez en el poder. Durante la manifestación resultó afectado el periodista internacional Mauricio Muñoz, de Asociated Press Television News (APTN) quien recibió un
disparo y salvó su vida gracias a que usaba un chaleco antibalas. También
el reportero gráfico Héctor Castillo del vespertino El Mundo, recibió golpes y patadas y fue despojado de su equipo fotográfico. En el comunicado
el SNTP señala que “no hay más caminos que la paz y la democracia” y llama al gobierno y a la oposición a ponerse de acuerdo (El Mundo, 05-11-02,
Pág. 13).
06-11-02
■ El investigador para América Latina de Human Rights Watch, Sebastián
Brett, manifestó su preocupación porque en Venezuela ha aumentado el
número de agresiones a periodistas que se encuentran cumpliendo sus funciones, pero no se han determinado responsabilidades. “Es lamentable que
no se hayan tomado cartas en el asunto. De hecho, sería una excelente señal que el Gobierno realizara una investigación abierta o detuviera a los
agresores de los periodistas”, dijo Brett (El Nacional, 06-11-02, Pág. D-4).
08-11-02
nización de Estados Americanos (OEA), dictó medidas cautelares a favor
del periodista del diario El Impulso de Barquisimeto, José Angel Ocanto,
debido a las reiteradas amenazas que ha recibido el comunicador. Ocanto
fue demandado por el Secretario de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del Estado Lara, Arnaldo Certaín, por difamación e injuria.
Mientras se realizaba el juicio oral del caso, el 16 de octubre, un grupo de
simpatizantes del oficialismo irrumpió en la sede del tribunal e intentó agredir a Ocanto. La CIDH recomendó a las autoridades competentes que brin109
den protección a Ocanto y a su familia, para resguardar sus vida y su integridad personal, conforme a los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (El Universal, 08-11-02, Pág. 1-11).
■ La Asociación de Prensa Extranjera (APEX), condenó, a través de un co-
municado, la agresión contra el camarógrafo de la APTN, Mauricio Muñoz, quien resultó herido mientras cubría los disturbios que se escenificaron en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. El organismo
también manifiesta su preocupación por el creciente clima de violencia ocurrido en el país. “Observamos con creciente preocupación el clima de violencia que vive la sociedad caraqueña y queremos manifestar nuestro más
profundo rechazo a estos actos”, concluyó el remitido (El Nacional, 08-1102, Pág. D-5).
13-11-02
■ La dirigente chavista Lina Ron, demandó al columnista Ibsen Martínez por
difamación agravada. El abogado de Ron, Jesús Jiménez Loyo acudió a los
tribunales para denunciar a Martínez por “someter al escarnio público” a
Ron, por un artículo firmado por el escritor y publicado el 9 de noviembre, en el que afirma que Ron y sus pistoleros promovieron los disturbios
ocurridos en los alrededores del Consejo Nacional Electoral, el 04-11-02
para impedir que las firmas de millones de venezolanos llegaran a la sede
del organismo electoral. (El Universal, 13-11-02, Pág. 1-8).
■ El 13-11-02 un grupo de simpatizantes del presidente Hugo Chávez, ma-
nifestó a las puertas del impreso Así es la Noticia y frente a la sede del canal
Radio Caracas Televisión. Exigían a los medios que “digan la verdad”. En la
sede de Así es la Noticia lanzaron objetos y una bomba lacrimógena. La Policía Metropolitana acudió al lugar y controló la situación. También arrojaron piedras y botellas contra la fachada de Radio Caracas Televisión, la Guardia Nacional y la PM resguardaron la seguridad de los trabajadores del canal
(Alerta, Instituto Prensa y Sociedad, 13-11-02)
18-11-02
■ En la noche del domingo 17-11-02 estalló un artefacto explosivo en la se-
de de Globovisión, que ocasionó la pérdida total de tres vehículos que resultaron afectados por las llamas. No hubo víctimas humanas (El Universal,
18-11-02, Pág. 4-12).
110
19-11-02
■ El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, señaló que el
atentado que fuera realizado contra ese canal en la noche del domingo 1711-02 fue perpetrado con una granada fragmentaria. “En poder de la PTJ
está la espoleta, el anillo y la caparazón de una granada DM-51 de fabricación alemana que es una granada ofensiva”. Ravell dio esta declaraciones
luego de que el director de la Disip suministró una información diferente
sobre las causas de la explosión (Reporte Diario de la Economía, 19-11-02,
Pág. 11).
■ El gobierno de Estados Unidos expresó su rechazo por los hechos violen-
tos ocurrido en fecha reciente en Venezuela, como el atentado acontecido
el 17-11-02 contra Globovisión. “La controversia ocasionada por la intervención de la Policía Metropolitana de Caracas, por parte del Gobierno
Nacional, el ataque con un artefacto explosivo a la sede de Globovisión, y
otros actos de violencia, ponen de manifiesto la necesidad urgente de un
verdadero diálogo para lograr la reconciliación nacional en Venezuela”, dijo el funcionario de la Oficina para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Robert Zimmerman (19-11-02, Pág. A-2).
20-11-02
■ Un equipo reporteril del canal del estado Venezolana de Televisión (VTV) fue
agredido el 19-11-02, mientras cubría el inicio de una marcha opositora desde la plaza Francia de Altamira. El equipo reporteril integrado por la periodista Zaida Pereira y el camarógrafo Eduard Escalona, fue agredido por el
periodista Arturo Vilar, asesor de los militares que se encuentran en la Plaza Francia en situación de “desobediencia legítima”. Vilar impidió que los
trabajadores de VTV instalaran sus equipos de transmisión en las adyacencias de la plaza, a pesar de que contaban con el permiso de la Alcaldía Mayor. Pereira contó que Vilar atacó físicamente a su camarógrafo y se apoderó del material que este había grabado. (El Nacional, 20-11-02, Pág. D-6).
■ El Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) repu-
dió los ataques que se han registrado recientemente en Venezuela contra
comunicadores. La directora ejecutiva del organismo, Ann Cooper, instó
al Gobierno a hacer todo lo posible para determinar quiénes son los responsables de las agresiones y sancionarlos. “El Gobierno venezolano debe
hacer todo lo posible por determinar quienes fueron los responsables de
esta serie de violentos ataques y enjuiciarlos”, dijo Cooper. “De lo contrario, se multiplicarán los peligros que enfrentan los periodistas que buscan
111
cubrir estos importantes acontecimientos”, agregó (El Nacional, 20-11-02,
Pág. D-6).
25-11-02
■ El Consejo Ejecutivo del Instituto Internacional de Prensa (IPI), anunció
que mantiene a Venezuela en su lista de países en “observación” por el respeto al derecho de la libertad de prensa. “La retórica agresiva del presidente Hugo Chávez es una invitación a la violencia física contra la prensa”, dijo el máximo representante del organismo, Jorge Fascetto. La decisión fue
tomada durante una reunión del organismo realizada el 22-11-02 en Viena. Venezuela permanece en la lista de “observación” junto a Rusia, Corea
del Sur, Sri Lanka y Zimbabue (El Universal, 25-11-02, Pág. 1-8).
28-11-02
■ La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado en Miami,
para señalar que el Comité Coordinador de Organizaciones para la Libertad de Prensa emitió una resolución en la que condena las trabas a la libertad de prensa en Venezuela. Dicha resolución fue emitida después del encuentro anual que reunió en Viena a nueve organizaciones internacionales
dedicadas a la defensa de la libertad de expresión. El encuentro se realizó
del 21 al 22-11-02. El comité rechazó “enérgicamente la conducta del Gobierno y de los demás poderes del Estado de Venezuela, que se expresa en
la violación sistemática de la libertad de expresión”. Subrayó el asesinato
del reportero gráfico Jorge Tortoza y agregó que “se han multiplicado las
agresiones físicas y los maltratos a periodistas por parte de los llamados
Círculos Bolivarianos, fuerzas irregulares de choque en la calle bajo control político de los partidarios del gobierno”. Por su parte, la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR), denunció en su sede de Montevideo, que los actos de intolerancia y de hostilidades contra periodistas en
Venezuela “empañan la imagen del sistema democrático en ese país” (El
Universal, 28-11-02, Pág. 1-6).
29-11-02
■ La asociación civil “Expresión Libre” integrada por periodistas venezola-
nos vinculados a los medios de comunicación instó a la Asamblea Nacional a no aprobar los proyectos de Ley de Contenido, Ley del Ejercicio de
112
la Locución y Ley de Participación Ciudadana, por considerar que atentan contra la libertad de expresión. La organización expresó su opinión en
el foro Comunicadores por la Paz y la Democracia. Con respecto al proyecto de Ley de Responsabilidad Social en la Prestación de los Servicios
de Divulgación Audiovidual Sonora (conocida como Ley de Contenido),
la agrupación considera que “es contradictoria y confusa, ya que contiene
demasiados artículos y devuelve la situación legislativa de los medios audiovisuales a los comienzos de la era radiofónica y televisiva”. Advirtieron
que con la aprobación de esta ley “se ejercerá una vigilancia sobre las formas y contenidos de los medios”. En cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, consideran que “no promueve la participación de los ciudadanos,
sino que la obliga, la enmarca y le otorga un sesgo de control, propio de
regímenes autoritarios; que atropella otros derechos consagrados en la
Constitución”. En relación a la Ley del Ejercicio de la Profesión del Locutor, opinan que “pretende regresar a la antigua práctica de locutores sin
nivel universitario” (El Nacional, 29-11-02, Pág. D-6).
Diciembre
03-12-02
■ Durante el lunes 2 y el martes 3 de diciembre no circuló la prensa escrita
en Venezuela. La medida fue tomada por los representantes del Bloque de
Prensa Venezolano (BVP) en respaldo al “paro cívico nacional” convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Fedecámaras, y la
Coordinadora Democrática, en rechazo a la gestión del gobierno del presidente Hugo Chávez y para solicitar una salida electoral a la crisis política que vive actualmente el país. Durante esos días sólo circularon algunos
medios impresos regionales; entre ellos, el diario Panorama, del estado Zulia, el cual se retiró hace algunos meses del BPV, por no estar de acuerdo
con la “posición política” asumida por el organismo. Las ediciones digitales de los diarios continuaron ofreciendo información. Las emisoras de radio y de televisión también dieron cobertura al paro. Entretanto, directivos y periodistas del diario de circulación nacional Últimas Noticias,
denunciaron, a través de un comunicado de prensa, que factores externos
al impreso impidieron su circulación ese martes. Dicho diario no pudo circular debido a que representantes sindicales impidieron la impresión de la
edición que ya estaba terminada (Instituto Prensa y Sociedad, 03-12-02).
113
05-12-02
■ El reportero gráfico del diario 2001, Fernando Malavé, resultó herido por
un impacto de perdigón propinado por un Guardia Nacional, el martes 3
de diciembre, cuando se encontraba cubriendo una manifestación de opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez en la zona caraqueña de
Chuao. Malavé recibió el disparo en el costado izquierdo cuando se disponía a tomar una fotografía de los hechos. Los uniformados presentes en el
lugar intentaban disolver la manifestación con bombas lacrimógenas. “Todo el mundo nos pide que digamos la verdad, pero cuando lo hacemos nos
atacan. A mí me dispararon a quemarropa nada más por hacer una foto de
un efectivo de la Guardia Nacional con una bomba lacrimógena en la mano”, dijo Malavé. El fotógrafo fue llevado a un centro asistencial donde fue
sometido a una intervención quirúrgica. Le fue extraída una docena de perdigones de su cuerpo. Sus órganos vitales no resultaron afectados. (El
Nacional, 05-12-02, Pág. B-12). El técnico de microondas de la televisora
CMT, José Antonio Dávila, resultó herido por perdigones en el cuello y en
el pecho. Y el periodista Rafael Fuenmayor de CMT, recibió patadas y fue
afectado por una bomba lacrimógena que cayó a sus pies mientras hacía
una transmisión en vivo de los acontecimientos. Los reporteros Luis Alfonso Fernández, de Venevisión, y Aymara Lorenzo del canal de noticias
Globovisión, recibieron golpes por parte de los efectivos militares, en presencia de las cámaras de televisión (Alerta, Instituto Prensa y Sociedad, 0312-02).
■ Diez comunicadores sociales resultaron heridos en Barquisimeto, mientras
realizaban la cobertura a una concentración opositora. El hecho ocurrió el
miércoles 04-12-02, luego de que personas identificadas como simpatizantes del oficialismo atacaran a una concentración convocada por la opositora Coordinadora Democrática. El fotógrafo del diario El Impulso, José Rodríguez, recibió un golpe en el ojo derecho con un objeto contundente que
lo dejó inconsciente. La periodista de Televen, Clara Reverol, sufrió una
contusión en la frente; el camarógrafo del mismo canal, Gustavo Escalona, fue herido con un objeto cortante en la oreja y la reportera de Promar
Televisión, Cristian Rodríguez, recibió una patada en el vientre y a sus pies
estalló una bomba lacrimógena. También fue lanzada una pedrada contra
el lente de la cámara de ese canal que portaba el camarógrafo José Barreto. El reportero gráfico del diario El Informador, Martín Urteaga, recibió
un perdigonazo en su pierna derecha; mientras que la periodista del diario
Hoy, Iriana Brett, y el camarógrafo de Venevisión, Julio Torres, recibieron
golpes con objetos contundentes que les causaron contusiones. El camarógrafo de Telecentro Miguel Ángel López sufrió traumatismos generaliza-
114
dos y Yelina Torrealba, de esa misma emisora también fue agredida (El Nacional,
05-12-02, Pág. A-7). Los hechos ocurrieron en presencia de los funcionarios de la policía del Estado Lara y cuatro parlamentarios del oficialismo,
quienes no intervinieron para evitar la continuidad de las agresiones. José
Rodríguez sufrió conmoción craneana. La reportera de Radio Caracas
Televisión, Erika Paz fue agredida y su camarógrafo, Samuel Sotomayor, fue
golpeado y le destrozaron a patadas la filmadora que utilizaba (Alerta, del
Instituto Prensa y Sociedad, 05-12-02).
10-12-02
■ En la noche del lunes 9 de diciembre se produjo una ola de acciones con-
tra diversos medios de comunicación del país. Grupos de simpatizantes oficialistas se concentraron en las sedes de Radio Caracas Televisión, Globovisión,
Meridiano Televisión y Venevisión, en Caracas. El Aragueño y TVS, en Maracay; Promar Televisión, en Barquisimeto así como Globovisión Zulia. Gritaban consignas denunciando “terrorismo mediático” y pidiendo “veracidad”
en la información. La sede de esta última estación televisiva resultó con daños en sus equipos cuando los manifestantes tomaron las instalaciones (El
Nacional, 10-12-02, Pág. A-4). La sede del canal del Estado Venezolana de
Televisión también fue visitada, pero por manifestantes opositores quienes
propinaron disparos contra las instalaciones del canal (www.venpres.gov.ve).
■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) solicitó a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la emisión de medidas cautelares para proteger la integridad “personal, física y moral” de los
periodistas que se encuentran en situación de riesgo en el país. (El Nacional,
10-12-02, Pág. A-4).
12-12-02
■ Un tribunal judicial venezolano negó, el 12 de diciembre, la solicitud de
detención contra el periodista Nelson Bocaranda, de Venevisión y Unión Radio,
quien recibió la orden de privación de libertad por parte la Fiscalía General de la República. El fiscal 645, Mauricio Sarmiento Del Moral, acusó al
comunicador de negarse a comparecer ante la Fiscalía. La imputación estaría basada en el artículo 239 del Código Penal Venezolano. El abogado
Juan Martín Echeverría, representante de Bocaranda, acudió ante el tribunal 51 de Control, donde la jueza Carmen Teresa Betancourt declaró sin
lugar la solicitud de detención. Bocaranda fue acusado por difundir un vi-
115
deo donde se mostraba la presunta colocación de unos francotiradores de
la policía política Disip, en un edificio de Parque Central frente al cual pasaría una marcha opositora el 10 de octubre (Alerta, Instituto Prensa y Sociedad, 12-12-02).
18-12-02
■ Fue robado un equipo de microondas de Televen que había sido instalado
en la Plaza las Tres Gracias para dar cobertura al cierre de una marcha convocada por la Coordinadora Democrática que se realizaría en el lugar. El
equipo reporteril instaló sus equipos para trasmisión alrededor de las tres
de la tarde, cuando comenzaron a sonar disparos que provenían de la UCV.
Luego los responsables de los disparos se dirigieron hasta el lugar donde
estaban los representantes de los medios y cargaron con los equipos de trasmisión del canal. No se llevaron la cámara, pero los miembros del equipo
reporteril, el periodista Johán Merchán, el camarógrafo Edwar Martínez,
el operador del microondas Carlos Castro y el asistente Héctor Durán, tuvieron que retirarse del lugar. No hubo daños humanos. Al momento de
producirse el hecho también estaba presente en el lugar un equipo del canal Venevisión el cual no resultó afectado (Entrevista con Ángel Lozada, jefe de Información de Televen).
116
La crisis de abril y el derecho
a la libertad de expresión e información *
“La libertad de expresión, en todas
sus formas y manifestaciones, es un derecho
fundamental e inalienable, inherente
a todas las personas. Es, además,
un requisito indispensable para la existencia
misma de una sociedad democrática”.
Declaración de Principios sobre el Derecho
a la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
S
i bien puede identificarse la crisis de abril con fechas precisas entre los días
8 y 14, diversos analistas coinciden en que el clima político venezolano venía “calentándose” desde el paro empresarial del 10 de diciembre de 2001. La
agudización de factores políticos, como una creciente polarización, tuvieron
su reflejo en lo informativo, con lo cual se afectó seriamente a la sociedad venezolana.
En la vertiginosa secuencia de sucesos que rodearon a la crisis institucional del mes de abril, estuvieron presentes hechos de diversa índole relacionados con la temática específica del derecho a la libertad de expresión e información.
La crisis de abril representó un clímax, en el cual la sociedad pasó del estruendo al silencio informativo, y en medio del mismo se vieron afectados los
derechos ciudadanos en esta materia. Este interés en rescatar el punto de vista del ciudadano, en medio de las reflexiones y análisis sobre el papel de la información en la sociedad venezolana no es nuevo, como muestra de ello nos
remitimos a las palabras del rector de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), Luis Ugalde s.j., en el II Encuentro de la Sociedad Civil, celebrado
* Esta es una versión resumida de un informe realizado por el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello en el marco del programa de cooperación de la Fundación
Konrad Adenauer con la UCAB. La versión completa de este informe puede encontrarse en:
http://www.ucab.edu.ve/investigacion/cddhh/crisis.pdf
117
en 1995: “No creemos que el camino de contrapunteo entre los representantes del Estado y de los medios de comunicación social (...) sea el más fecundo. Más bien hemos visto que está lleno de tácticas evasivas y de hipocresía,
que no conduce a asumir plenamente la responsabilidad ética de los medios
de comunicación en la sociedad venezolana (...) en definitiva el doliente o beneficiario de los medios de comunicación es el ciudadano”1.
El marco normativo internacional, que al haber sido ratificado por Venezuela, según la Constitución de 1999, adquiere rango constitucional, ha coincidido en establecer que la libertad de expresión es un derecho de doble vía,
pues comprende el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas”. En este informe insistiremos en referirnos explícitamente al derecho a la libertad de expresión e información, pues se trata de las dos
caras de la misma moneda. Han sido particularmente importantes en trazar
esta orientación la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada
por iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por otro lado, si bien este derecho tiene una importante dimensión individual, que sirve de sustento a otra serie de derechos políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Nro. 5, de 1985,
precisó un marco social y ciudadano sobre este derecho y ello es de significativa relevancia para guiar el sentido de este informe. La Corte estableció que
si bien “la libertad de expresión representa un derecho de cada individuo (...)
implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
En un contexto en el cual los medios masivos de comunicación han tomado una importancia capital para el desarrollo de la vida democrática en
nuestras sociedades, la Corte también precisó que “para el ciudadano común
tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia”2. Bajo este
marco se conducirá la documentación de los sucesos del mes de abril de 2002.
A. Cadenas Presidenciales: entre el derecho y el abuso
A.1 Multiplicación de cadenas
Un primer elemento a abordar es el referido a las cadenas oficiales de radio y televisión, su excesivo uso en medio de aquella crisis y la respuesta da-
118
LA CRISIS DE ABRIL Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
da por los canales privados. En total, entre el 8 y 9 de abril se produjeron más
de 30 cadenas nacionales de entre 15 y 20 minutos cada una. En varias oportunidades no aparecían en las cadenas los voceros del alto gobierno, tal como
lo estipula la Ley de Telecomunicaciones, sino que eran colocadas imágenes
de los reporteros del canal estatal que intentaban transmitir una situación de
normalidad.
Visto desde el derecho ciudadano a la información, se saltaba de una “cadena”, pues los canales privados operaron como un cartel sin posibilidad de que
la audiencia pudiera tener información diferenciada entre un canal y otro, a la
serie de cadenas oficiales, que por un lado desvirtuaban y hasta contradecían el
espíritu de la normativa legal sobre esta figura. Desde un punto de vista jurídico, los canales privados no violentaron ninguna normativa legal al “encadenar
sus señales”, sin embargo, en el contexto en que eso se produjo tal acción, la
misma limitó el acceso ciudadano a la información. En el caso de las cadenas
oficiales, la ley no establece claramente la finalidad y limites de este mecanismo, pero el uso que se le dio respondía a una lógica de “guerra mediática”.
El exceso de mensajes en cadena y sus contenidos constituyó un abuso,
desde una posición de poder, si bien se amparaba en el artículo 192 de la Ley
de Telecomunicaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esa coyuntura, condenó “el uso abusivo de las cadenas nacionales” porque este mecanismo “utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público
puede constituir una forma de censura”. La reiterada suspensión de la señal de
los canales privados limitaba la difusión de información para la ciudadanía.
A.2 Parcialidades mediáticas
Los medios privados, por su parte, también limitaron el acceso a la información, en la medida en que varios canales transmitieron de manera uniforme la misma información, sin dar espacio a la diversidad informativa, incluso sobre un mismo hecho, mientras que políticamente no reflejaron, en ese
contexto, la pluralidad política existente en el país y privilegiaron de forma
abierta a sectores de la oposición. Una misión de la organización no gubernamental Human Rights Watch al hacer un balance sobre el aspecto señaló
que “la mayoría de los medios de comunicación simpatizan claramente con
la oposición, actúan como defensores de sus posturas y emplean un mensaje
agresivo en contra del gobierno” 3.
Aunque son los Estados quienes tienen claras responsabilidades en el campo de derechos humanos, no puede obviarse el asunto de la responsabilidad
119
social de los medios privados, en cuanto constituyen el canal a través del cual
la ciudadanía se informa.
En el fondo, no parecían interesados unos y otros en la necesidad de que
los ciudadanos se informaran, sino en que fuesen espectadores de una batalla
mediática. Sostenemos que en la recepción de la más amplia y plural información es que el ciudadano se forma su opinión sobre los hechos de la realidad social. El gobierno del Presidente Hugo Chávez tenía en sus manos la
opción de potenciar una información amplia y democrática por los canales
con los que cuenta, y que sumados tienen una cobertura nacional bastante
amplia4. Esa opción pudo haberse desarrollado de forma abierta sin apelar a
la abusiva imposición de cadenas. La ciudadanía, por decisión propia y al contar con opciones, podría haber hecho valer sus preferencias. La imposición
también vino de los canales privados, que al “uniformizar” sus transmisiones,
perdieron de vista que justamente en la diversidad y pluralidad de fuentes informando sobre un mismo hecho, es que los ciudadanos pueden llegar a estar realmente informados. En este asunto, la normativa internacional deja claramente señalado que no existen deberes legales por parte de los medios privados,
pero al mismo tiempo los últimos debates, por ejemplo en el seno de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han apuntado a dejar claramente establecidas tanto responsabilidades como compromisos éticos por parte de los medios de
comunicación, sin que ello implique, obviamente, una imposición estatal.
A.3 Reacciones ante las cadenas
Entre otras, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras protestó por la “forma abusiva” como el gobierno de Hugo Chávez “acaparó” las
señales audiovisuales privadas del país a través de cadenas oficiales. Robert
Ménard, secretario general de la organización, dijo en una carta a Chávez que
“aunque es legítimo que el Ejecutivo deje escuchar puntualmente su voz, en
circunstancias excepcionales, en ningún caso eso puede justificar la interrupción, una treintena de veces en el lapso de dos días, durante 15 ó 20 minutos
por lo general, de los programas televisados y radiados”.
Sin duda alguna, este tema de las cadenas es uno de los que requerirá algún tipo de regulación en un marco de debate democrático y ciudadano. El
Presidente Chávez ha hecho un uso excesivo de este recurso, y no sólo durante la crisis de abril, con lo cual se ha desvirtuado el carácter de función de
Estado que debería tener.
Esto, sin embargo, no cierra el debate que también debe generarse y ampliarse sobre el papel de los medios venezolanos en la crisis, y sobre sus res-
120
ponsabilidades en el seno de la sociedad, visto el primordial rol de informar
que cumplen. Las lecturas en uno u otro sentido, deben hacerse desde los intereses de la ciudadanía, que más allá del conflicto político que envuelve al
país, tiene -tanto más en una coyuntura como ésta- un legítimo derecho a informarse.
En relación con la decisión de las televisoras de dividir la pantalla, no existe alguna ley que establezca sanciones para interrupciones de este tipo. Al contrario, en el marco de un abusivo uso de las cadenas nacionales, que en sí constituían una restricción a la libertad de expresión, los medios privados entendieron
que se afectaba el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual además estipula con claridad que no se puede restringir el derecho de expresión por medios como “abuso de controles oficiales”.
B. Restricciones en medio de la crisis: interrupciones y allanamientos
B.1 Canales privados fuera del aire
La tarde del 11 de abril, mientras la marcha opositora se dirigía a las inmediaciones del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado ofreció una cadena
nacional de radio y televisión. Los canales privados de televisión respondieron con la división de la pantalla y así, mostraron a la par del discurso presidencial las imágenes de los primeros muertos5. La respuesta del Ejecutivo fue
ordenar el corte inmediato de las señales de los canales privados, que después
pudieron regresar al aire, gracias al uso de sistemas satelitales. Esta decisión,
polémica en cualquier contexto pues prácticamente sólo se dejaba en el aire
con carácter nacional a la señal del canal del Estado, leída desde una situación en la que la población requería información, lo más completa y veraz posible, terminó siendo un boomerang político e informativo.
Aunque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones le otorga la potestad al
Ejecutivo para medidas de este tipo, la forma en que se decidió la sanción, sin
un proceso previo y sin posibilidad de que los afectados pudieran defenderse, va contra los mecanismos de los procesos administrativos para casos de esta naturaleza. En ese contexto, además, fue una forma de censura que contraviene expresamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual establece el establecimiento de responsabilidades ulteriores en los procesos ligados a casos sobre libertad de expresión e información.
El carácter público de la señal radioeléctrica de ninguna manera le otorga al
Estado poderes absolutos de intervención, como sacar una señal de aire que es la
penalización mayor, sin que se realicen procedimientos administrativos previos.
121
B.2 Señal del Estado interrumpida
Así como la interrupción vivida por los canales privados despertó inmediatas reacciones internacionales y repudios, el canal del Estado también vivió una suspensión de sus emisiones sin que se evidenciara una condena o al
menos una preocupación por el hecho, que resultaba tan deplorable como los
antes señalados.
El periodista de Globovisión, Pedro Luis Flores, según consta en la emisión que salió al aire en la noche del 11 de abril y que confirmó en entrevista para esta investigación, ingresó en las instalaciones, que ya se encontraban
sin personal6. La sede posteriormente fue tomada por efectivos de la Policía
de Miranda y de la Policía Metropolitana.
Medio año después de los hechos, la Fiscalía General de la República continuaba adelantando una investigación para determinar las verdaderas razones de la salida del aire de la señal y los responsables del hecho.
La salida del aire de la señal de Venezolana de Televisión dejó a la audiencia
venezolana sin la posibilidad de una alternativa adicional a la de los canales
privados de televisión, los cuales tenían una línea editorial e informativa que
estuvo abiertamente a favor de la salida de Hugo Chávez del gobierno y del
establecimiento de Carmona Estanga en el poder.
En el breve gobierno de facto de Pedro Carmona, por otro lado, unido a
los sucesos que rodearon al canal estatal, se evidenció una línea de restricción
hacia los medios de comunicación identificados con el proyecto político de
Hugo Chávez.
B.3 Allanamientos a medios comunitarios
En esa línea se enmarca el allanamiento que sufriera la agencia de noticias del Estado, Venpres7. De acuerdo con los cuerpos de seguridad, se actuaba por orden del Presidente provisional en busca de “armas o documentos
que pudieran comprometer al régimen de Hugo Chávez”. No se desprende
de esta acción que en la sede de este ente informativo se haya encontrado armamento, y más bien debe entenderse como una acción claramente dirigida
a la intimidación, con repercusiones en el derecho a la libertad de expresión
e información. Acciones como la reseñada sobre medios de comunicación,
cualquiera sea la orientación política de éstos, constituyen una seria amenaza. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de Naciones Unidas y aprobada en 1948, establece claramente que “todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones (...) y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
122
Durante el viernes 12 de abril, efectivos del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), y de la Policía Metropolitana (PM) allanaron las instalaciones de
Radio Perola, TV Caricuao, Radio Catia Libre, con el argumento de que se
buscaban armas de fuego. Igualmente un comando de la PM se presentó en
la sede de Catia TV, ubicada en el piso 5 del Hospital de Lídice, y si bien no
se produjo un allanamiento fue un acto de hostigamiento y coerción, porque
durante varias horas los uniformados bloquearon el acceso a las instalaciones
de este medio comunitario. Este tipo de operaciones, como hemos expresado, constituyen una amenaza a la libertad de expresión, y en el marco en el
que se produjeron, evidenciaron un claro sesgo político, una acción contra la
expresión de opiniones, al tener esas emisoras comunitarias una pública adhesión al gobierno del Presidente Chávez.
C. Agresiones en medio de la crisis
C.1 Agresiones a periodistas, fotógrafos y camarógrafos
En los últimos dos años, pero con particular fuerza en 2002, se han venido produciendo constantes agresiones a periodistas, camarógrafos y fotógrafos. El que hechos de esta naturaleza pasen a convertirse en una constante, por
parte de partidarios de un bando político u otro, entraña una seria amenaza a
la libertad de expresión en el país. Si bien es imposible establecer una responsabilidad directa de funcionarios oficiales o partidistas, por ejemplo en ordenar este tipo de acciones, sí existe una responsabilidad clara del alto gobierno,
de la Fiscalía General y de los cuerpos policiales en condenar categóricamente este tipo de acciones, así como de procesar y castigar a los culpables.
En la visita realizada a Venezuela, tras los sucesos de abril, la misión de
Human Rights Watch puntualizó claramente el clima que se vive en este aspecto específico: “El Presidente Chávez emite ataques verbales periódicamente contra los medios de comunicación empleando un lenguaje enérgico e intimidatorio. Teniendo en cuenta la polarización de la situación política, sus
declaraciones críticas pueden ser interpretadas por sus simpatizantes como
una incitación a la violencia”8.
Esta situación se repitió, en algunos casos con mayores niveles de dramatismo e importancia, durante la crisis de abril, en medio de la cual los periodistas, fotógrafos y camarógrafos estuvieron incluso en medio de una línea de
fuego, como lo evidencia, de forma lamentable, la muerte de Jorge Tortoza y
123
la serie de heridos con armas de fuego, que en aquellos momentos parecieron convertirse en blanco.
De acuerdo con el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus
siglas en inglés), la mayoría de fotógrafos que estuvieron presentes en los sucesos del 11 de abril, en el centro de Caracas tienen distintas versiones sobre
de dónde provenían los disparos, “pero todos los fotógrafos estaban de acuerdo en que fueron blanco de los disparos porque trataban de documentar los
hechos”9.
Al momento de culminar este informe, en Octubre de 2002, ha transcurrido más de medio año de estos sucesos y aún no se habían determinado responsabilidades por las muertes ocurridas durante la crisis de abril, tampoco
existen señalamientos por los casos de las personas heridas.
Este clima de agresiones a periodistas y fotógrafos constituye una limitación clara al derecho a la libertad de expresión e información. Cuando a través de una agresión se limita o impide la cobertura periodística de un hecho,
no sólo se ha afectado la libertad de expresarse del comunicador, sino que al
resto de la sociedad se le ha privado el legítimo derecho a estar informada,
debidamente, de un hecho de interés público.
C.2 Hostigamiento contra medios de comunicación
Desde enero de 2002, cuando comenzaron a manifestarse acciones violentas contra las sedes de medios de comunicación en Venezuela, la CIDH ha
sido enfática en señalar la necesidad de que el Estado garantice medidas de
protección a dichas instalaciones. En la tarde del sábado 13 de abril, cuando
el gobierno de facto de Carmona estaba prácticamente desmoronándose, se
registraron hechos que añadieron tensión al clima sociopolítico, pero que además constituyeron una clara limitación a la libertad de expresión.
En el caso del canal de Radio Caracas Televisión quedaron registradas imágenes en las cuales seguidores del Presidente Chávez lanzaron piedras y otros
objetos contra la fachada del edificio, cuyos ventanales resultaron destrozados.
Acciones de este tipo, que finalmente provocan intimidación, y por tanto restricción a la libertad de expresión y consecuentemente limitan la oferta informativa que reciben los ciudadanos, han sido motivo de debate en foros internacionales durante los últimos años. Sin embargo, en el contexto de
los sucesos vividos en el mes de abril, cobraron mayor relevancia.
La CIDH, que ha hecho un permanente seguimiento de la situación venezolana y estuvo particularmente activa ante los sucesos del mes de abril,
alertó tras su visita de mayo de 2002 que “el amedrentamiento a los comuni-
124
cadores sociales tiene un efecto devastador sobre la democracia, por lo que
insta a la sociedad venezolana a un profundo periodo de reflexión y se destaca la necesidad de que los distintos actores de la sociedad y del gobierno se
abstengan de identificar a los periodistas y comunicadores sociales como aliados de sus opositores”10.
D. El día que callaron los medios
D.1 Silencio histórico
La crisis de abril desde las lecturas comunicacionales tiene muchas vertientes. Hemos señalado algunas. Sin embargo, en medio de tantos hechos,
posiblemente uno pasará con mayor fuerza a la historia; se trata del día en que
callaron los medios. Silencio histórico le han llamado algunos estudiosos en
las primeras aproximaciones.
Este silencio mediático, que se manifestó de forma abierta el sábado 13
mientras que el viernes 12 existía una cortina de censura, posiblemente retumbó con más fuerza debido al estruendo informativo que vivía el país en los días
previos y sobre lo cual ya hemos hecho referencia en páginas anteriores. Las
señales de televisión, especialmente, que habían venido siendo una referencia
de primer orden para la información de la ciudadanía, y en menor medida la
radio y también la prensa escrita, tejieron un inexplicable silencio sobre los sucesos que ocurrían en el país cuando evidentemente se debilitaba el gobierno
de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga.
D.2 Autocensura en RCTV
El viernes 12, según lo relata el periodista Andrés Izarra, quien ejercía entonces como gerente informativo del canal Radio Caracas Televisión y que debido a la línea editorial renunció a su trabajo, la dirección de esta planta ordenó “cero chavismo” en pantalla. No existen pruebas de que se produjo una
acción concertada por parte de los canales de televisión, pero en la práctica
literalmente desaparecieron como fuentes informativas los voceros del gobierno depuesto e incluso los familiares del Presidente Chávez; éste fue detenido y se le pedía la renuncia, en tanto se aseguró públicamente que ya había renunciado, y los medios reprodujeron esta versión sin ponerla en duda
en ningún momento.
Izarra, con sus testimonios en diversos foros y entrevistas -como la que
se le hizo para el presente informe11- e incluso una comparecencia en la Asam-
125
blea Nacional, ha arrojado luces sobre este -hasta entonces- desconocido mutismo informativo. “Cero chavismo en la pantalla. Se prohibió que aparecieran personas del oficialismo. Sacaron del aire al fiscal Isaías Rodríguez. Teníamos la entrevista telefónica que dio María Gabriela Chávez, la hija del
Presidente, a la televisión cubana, y la rueda de prensa de los militares de la
brigada de paracaidistas que se pronunciaron a favor de mantener el hilo constitucional. Eso no fue trasmitido (...) Renuncié porque, a priori, se acusó a un
sector como autor de la masacre. Renuncié porque era violatorio de la ética
periodística. Renuncié avergonzado porque los medios extranjeros lo hacían
mejor”, ha asegurado Izarra, cuya detallada versión de los hechos no ha sido
desmentida por el canal en el que laboraba.
Javier Barrios, coordinador de la Red Informativa Nacional de Fe y Alegría, precisó en una entrevista para esta investigación12 que esa red de nueve
emisoras activó en abril, para hacer frente a la cobertura de la crisis política,
un operativo denominado “Con todas las voces”. Este “consistió en variar la
programación a un nivel básicamente informativo y colocar en el micrófono
a todos los actores que intervienen en la confrontación política que se estaba
planteando, incluyendo las voces de las comunidades y especialmente las zonas populares”. En esta experiencia informativa, según Barrios, se apostó por
“el equilibrio, la imparcialidad y el pluralismo”, lo cual implicó no vetar o
censurar informaciones, aunque algunos hechos recibieron un tratamiento cuidadoso, como el caso de los saqueos que se registraron en algunos barrios de
Caracas. Esta cobertura constituye un ejemplo de las posibilidades de ofrecer
información a la ciudadanía, aún en momentos de crisis.
D.3 Posición de los propietarios de los medios
Los propietarios de los medios han asegurado que la decisión de cortar las
transmisiones informativas tenía por finalidad resguardar a su personal, que
estaba siendo amenazado por simpatizantes del Presidente. Estas mismas razones fueron alegadas por la prensa escrita para explicar la ausencia de ediciones en la calle el domingo 14. Es de recordar, que si bien el país conoce en los
últimos meses una ola de agresiones contra la prensa, en los días previos igualmente cargados de conflictividad los medios siempre estuvieron informando.
Asimismo han asegurado que prefirieron omitir lo que pasaba ante la imposibilidad de tener reporteros en la calle y de que éstos pudieran sufrir agresiones de parte de los simpatizantes del Presidente Chávez, ello -en el caso
de la televisión- les privaba también de poseer imágenes.
Otra razón esgrimida ha sido que la difusión de imágenes de hechos vio-
126
lentos como los saqueos que se estaban registrando en algunas zonas de Caracas, llegara a tener un efecto multiplicador de estos sucesos, como ocurrió
en febrero de 1989 cuando se registró la explosión social conocida como el
“Caracazo”.
Al hacer un balance de este silencio informativo, se destaca que este hecho tuvo una repercusión particularmente dramática, pues nos encontrábamos ante sucesos de relevancia para la vida nacional y la sociedad requería información, como pocas veces, y no la obtuvo de los medios.
D.4 Responsabilidades de periodistas y medios
Debido a que la tradición en la que se sustentan los derechos a la libertad
de expresión e información, parte de una concepción de que los medios de
comunicación son contrapoder al poder del Estado, no existen responsabilidades para las empresas comunicacionales, desde una lectura apegada al derecho internacional de los derechos humanos. Así, en un caso como el vivido
en Venezuela existe efectivamente un clima de debate sobre el papel de los
medios, pero los voceros de éstos no tienen -según la normativa legal- obligaciones en el manejo de lo que finalmente viene a ser un bien público, la información.
Dejando en claro que no es el Estado quien debe definir pautas sobre la
conducción de los medios, ello no implica, como ha recodado la propia CIDH,
“que no haya manera de lograr un comportamiento más ético en los medios”.
La crisis como la vivida en abril obliga a que se debata públicamente sobre el
papel de los medios en su carácter de canales de una información que es de
interés colectivo.
Conclusiones y perspectivas
Al hacer un balance de la crisis de abril en lo referido al derecho a la libertad de expresión e información, resulta notorio que principalmente salió
perjudicada la ciudadanía en el ejercicio de este primordial derecho. En medio de los acontecimientos, que resumidamente hemos reseñado, se hicieron
evidentes cuestiones como abusos, desequilibrios, parcialidades y agresiones,
que de diferente manera afectaron el acceso y manejo de la información por
parte de los ciudadanos en ese contexto de crisis.
Lo vivido en abril, de forma dramática, debería conducir a que el Estado
asuma responsabilidades en una serie de violaciones específicas a este dere-
127
cho que se registraron durante los sucesos. Por otro lado, estos pusieron en
evidencia la necesidad de que se establezcan reglamentaciones transparentes
en asuntos como las cadenas oficiales de radio y televisión y la potestad del
Ejecutivo para restringir la salida de señales del espacio radioeléctrico. En todos los casos, deben asumirse debates plurales, en un marco democrático y
abierto, para la aprobación de reglamentos específicos en cada una de estas
materias.
En tanto, la actuación de entes privados también significó una vulneración, pues se entiende que en la responsabilidad en velar por el cumplimiento de los derechos humanos recae en el Estado. Es una responsabilidad de diferente cuño, pues no está establecida desde un punto de vista jurídico, pero
esto no libera a los medios privados de comunicación y a los periodistas de
establecer compromisos éticos transparentes con los ciudadanos, reconociendo que la información tiene un valor social en las sociedades contemporáneas
y ello reviste de ciertas responsabilidades a medios y periodistas, especialmente en coyunturas de crisis política como la que ha vivido Venezuela en abril.
Finalmente, el objetivo principal de un documento de este tipo, que recapitula y ordena hechos conocidos y vividos en la sociedad venezolana, es servir
de incentivo a una necesaria reflexión que debe involucrar no sólo a autoridades y medios de comunicación, sino también a gremios profesionales, centros
de formación universitaria, así como a investigadores y comunicadores.
128
Notas
1 Ugalde, Luis. Palabras de Bienvenida en:
Medios de Comunicación y Responsabilidad Ciudadana. UCAB, 1995, Pág. 8.
2 Las negritas son nuestras y con ellas enfatizamos la importancia y el carácter social
que tiene hoy la recepción de información.
Esta opinión consultiva emanó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para referirse al tema de la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo.
3 Human Rights Watch. Crisis política en Venezuela. Informe de la misión. 03.07.02.
Una versión en español se puede conseguir
en Internet:http://www.hrw.org/spanish/press/2022/ venezuela_mision.html
4 El Estado maneja un canal de televisión que
tiene más del 95% de cobertura del territorio nacional, Radio Nacional tiene repetidoras en distintos puntos del país, y además actualmente el sector público
administra una cadena de decenas de emisoras de radio que fueron estatizadas a raíz
de la crisis bancaria de 1994. A eso se le añade la agencia de noticias Venpres, que además de la distribución entre los medios coloca sus informaciones en la red de Internet.
Este conjunto de entes, de forma coheren-
te, habría podido ser una opción válida de
información a la ciudadanía.
5 Ese día fallecieron 18 personas y decenas
resultaron con heridas de bala, presuntamente de francotiradores. Un año después no
existe claridad sobre lo que ocurrió y se ha
postergado inexplicablemente la creación
de una comisión de la verdad independiente para que investigue esos hechos.
6 Entrevista con Pedro Luis Flores. Caracas,
Septiembre de 2002.
7 El Nacional 15-04-02, Pág. D-11
8 Este informe de la misión de HRW ya fue
citado anteriormente.
9 González, Sauro: Carne de cañón. New York,
Comité de Protección de Periodistas, en:
www.cpj.org/news/2002/Ven17apr02_Sp.html
10 La serie de pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referidos a la problemática de la libertad de expresión en Venezuela se pueden
ubicar en Internet: www.cidh.org/relatoria/
spanish
11 Entrevista con Andrés Izarra. Caracas, septiembre de 2002.
12 Entrevista con Javier Barrios. Caracas, septiembre de 2002.
129
Principales pronunciamientos
de Instituciones Internacionales
NOTA DE LOS EDITORES: el año 2002 resultó particularmente importante en
materia del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela.
El amplio debate que se registró dentro del país, que estuvo acompañado de
lamentables hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, tuvo resonantes ecos en el exterior. Este informe, además de documentar lo sucedido en el país, pretende recoger algunos de los principales pronunciamientos originados por entidades con sede en el exterior a propósito
de la temática, durante el año 2002.
de la Organización de Estados Americanos
Comunicado de Prensa Nº 23/02
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos finaliza
su visita a la República Bolivariana de Venezuela
Fuente: http://cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2002/23.02.htm
1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó hoy
una visita “in loco” a la República Bolivariana de Venezuela la cual fue realizada por invitación del Presidente Hugo Chávez Frías. La visita del 6 al
10 de mayo, contó con la participación del Presidente de la Comisión, Dr.
Juan E. Méndez; Primera Vicepresidenta, Dra. Marta Altolaguirre; y los
miembros de la Comisión, Profesor Robert K. Goldman, Doctor Julio Prado Vallejo y Licenciada Susana Villarán. Asimismo, participaron de la vi-
131
sita el Secretario Ejecutivo de la CIDH Dr. Santiago A. Cantón, el Relator para la Libertad de Expresión designado, Eduardo Bertoni y personal
de la Secretaría Ejecutiva.
2 Durante una conferencia de prensa, la Comisión, a través de su Presidente Dr. Juan Méndez, expresó su condena a los trágicos sucesos de abril que
costaron la vida de por lo menos 16 personas. Asimismo recordó que durante los trágicos acontecimientos de abril la Comisión condenó las muertes y los hechos de violencia, repudió el golpe de estado y solicitó medidas
cautelares a favor de Tarek William Saab e información sobre la detención
e incomunicación de Hugo Chávez Frías. En su reunión con la CIDH el
Presidente Hugo Chávez Frías agradeció las acciones de la Comisión.
3 En relación con los sucesos de abril, la CIDH expresó que “es una obligación internacional del Estado investigar y juzgar a los responsables de los
hechos de abril, de conformidad con las reglas del debido proceso y asegurar que no queden en la impunidad”.
4 La CIDH manifestó su preocupación por la polarización de la sociedad venezolana que tuvo su más trágica y grave expresión en los hechos de abril.
En este sentido, la CIDH expresó que el llamado a diálogo nacional por
parte del Presidente Chávez representa un avance sustantivo. La CIDH
“valora esta importante iniciativa, sin perjuicio de lo cual señala que la mesa de diálogo anunciada no refleja una actitud de inclusión de todos los sectores sociales y políticos.” Asimismo, se exhortó a los sectores de la oposición a abandonar el sectarismo y prestarse al diálogo y llamó “a todos los
sectores para permitir en un clima de tolerancia la activa participación en
la discusión democrática con propuestas creativas e integradoras, para que
el proceso de diálogo nacional sea verdaderamente fructífero y exitoso en
el más breve plazo posible.”
La libertad de expresión
9 En relación con la libertad de expresión, la Comisión, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión ha dado especial seguimiento a la protección de este derecho en Venezuela a través de sus informes anuales y el
informe suministrado a la CIDH sobre la visita realizada por el Secretario
Ejecutivo, Dr. Santiago A. Cantón, en febrero del presente año. La CIDH
132
PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES
ha constatado que, si bien es posible efectuar críticas a las autoridades, ellas
traen como consecuencia actos intimidatorios que limitan la posibilidad de
expresarse libremente. La CIDH constata que en Venezuela no se han cerrado periódicos ni se ha detenido a periodistas. Sin embargo, la libre expresión no se puede limitar a la inexistencia de actos de censura, clausura
de periódicos o detenciones arbitrarias de quienes se manifiestan libremente. En el caso particular de la profesión periodística, la CIDH recibió información que da cuenta de agresiones verbales o físicas ocurridas en los
últimos meses y recordó que es responsabilidad del Estado proveer de protección a la ciudadanía, incluso a los comunicadores sociales, a través de
medidas enérgicas dirigidas a desarmar a sectores de la población civil que
funcionan al margen de la ley y que hubiesen estado involucrados en dichos hechos.
10 Asimismo, la CIDH ha observado con preocupación la escasa o en ciertos
momentos nula información en que se encontró la sociedad venezolana en
los días de la crisis institucional de abril pasado. La CIDH señaló que “aunque puedan existir múltiples justificaciones para explicar esta falta de información, en la medida en que la supresión de información haya resultado de decisiones editoriales motivadas por razones políticas, ello debe ser
objeto de un indispensable proceso de reflexión por parte de los medios de
comunicación venezolanos acerca de su rol en tal momento”.
La sociedad civil
13 La CIDH expresó que la participación política, el derecho de asociación
y la libertad de expresión son derechos garantizados en la Convención Americana y en tal sentido, los Círculos Bolivarianos, en tanto grupos libres
de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan el proyecto político
del Presidente, pueden ser bajo ciertas condiciones un canal idóneo para
el ejercicio de estos derechos. Sin perjuicio de ello, la CIDH entiende que
la expresión de ciertas ideas políticas partidarias no puede ser privilegiadas en detrimento de otras ni ser justificativa para actos de violencia o restricciones a derechos de terceros con visiones políticas diferentes o roles
profesionales determinados, mucho menos si reciben financiamiento público. La Comisión recuerda al Gobierno que es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todos los habitantes de Venezuela. El Estado compromete su responsabilidad internacional
133
si grupos de civiles actúan libremente violando derechos, con el apoyo o
la aquiescencia del Gobierno. Por ello, la Comisión llama al Gobierno a
investigar seriamente los hechos de violencia atribuidos a algunos Círculos Bolivarianos y a adoptar de la manera más urgente posible todas las acciones que sean necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el
futuro. En particular, es indispensable que el monopolio de la fuerza sea
mantenido exclusivamente por la fuerza de seguridad pública, de inmediato, debe asegurarse el más completo desarme de cualquier grupo de civiles.
Reflexiones finales
16 Por último, entre sus reflexiones finales, la CIDH expresó que la principal
fuente de legitimación democrática es la otorgada por la voluntad popular
expresada en elecciones libres, periódicas y universales. Sin perjuicio de
ello, las elecciones por si mismas no constituyen elementos suficientes para asegurar una plena vigencia de la democracia. Como lo señala la Carta
Democrática Interamericana son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado
de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad
de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son
igualmente fundamentales para la democracia.
17 La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial, las
limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se
encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la
sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las
instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de
134
coordinación entre las fuerzas de seguridad, representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana. Por ello, la Comisión
urge al fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela a la mayor
brevedad posible.
18 En la situación actual en Venezuela, la protección internacional de los derechos humanos adquiere una relevancia aún más fundamental. En tal sentido, resulta especialmente importante que el Gobierno del Presidente Chávez cumpla de manera integral con las decisiones y recomendaciones que
adoptan los órganos del sistema interamericano, en sus decisiones en casos individuales, en sus sentencias y en particular, en las solicitudes de medidas cautelares dictadas para proteger a las personas en situaciones de grave riesgo y cuando es necesario evitar daños irreparables.
19 La CIDH seguirá observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La visita que culmina en
el día de hoy, constituyó una oportunidad inmejorable para cumplir este
fin, así como para profundizar el diálogo, que dentro del marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la sociedad venezolana. La CIDH reitera su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno de Venezuela así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin
de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos
humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional. Asimismo, espera realizar en el corto plazo una nueva visita para dar seguimiento a las recomendaciones y conclusiones presentadas en este comunicado.
Caracas, 10 de mayo de 2002.
135
Anexo
Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos al culminar su visita a la República Bolivariana de Venezuela
1 En el día de la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) finalizó su visita in loco a la República Bolivariana de Venezuela.
La visita -realizada por invitación del Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías- se extendió del 6 al 10 de mayo de 2002 y tuvo por objeto observar la situación de los derechos humanos en dicho país.
2 La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de promover la observancia de los derechos
humanos en el Hemisferio y cuyas atribuciones se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión está compuesta de siete miembros elegidos a título personal por la
Asamblea General de la OEA. La Delegación de la CIDH para ésta, su primera visita a Venezuela, estuvo integrada por su Presidente, doctor Juan
E. Méndez; Primera Vicepresidenta, Licenciada Marta Altolaguirre; y los
miembros de la Comisión, Profesor Robert K. Goldman, doctor Julio Prado Vallejo y Licenciada Susana Villarán. Participaron en la visita el Secretario Ejecutivo Embajador Santiago A. Cantón y los abogados Milton Castillo, Mario López, María Claudia Pulido, Debora Benchoam y Ariel
Dulitzky, así como el Relator para la Libertad de Expresión designado, Dr.
Eduardo Bertoni. La delegación contó con el apoyo administrativo de las
señoras Martha Lucía Keller, Nadia Hansen y Gloria Amanda Molina.
3 La CIDH destaca que tuvo la más amplia libertad para reunirse con las
personas de su elección, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio que estimara conveniente. El Gobierno de Venezuela extendió a
la Comisión la más plena asistencia y cooperación a fin de posibilitar la realización de su programa. La Comisión agradece al Gobierno del Presidente Chávez por estas facilidades. Asimismo, la CIDH expresa su beneplácito por las invitaciones del Señor Presidente Hugo Chávez Frías y del Señor
Vicepresidente José Vicente Rangel para que la Comisión visite a Venezuela las veces que considere necesario para dar continuidad a la observancia de la situación de los derechos humanos en el país.
136
4 Durante su visita la CIDH se entrevistó con autoridades de los poderes del
Estado, incluyendo al señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías
[1]. También se entrevistó con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos [2], representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, dirigentes políticos, periodistas y representantes de medios de comunicación social, representantes de asociaciones sindicales, víctimas y familiares
de víctimas y otros representantes de la sociedad civil en el ámbito nacional y local. La CIDH mantuvo contacto con organismos internacionales
incluyendo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Asimismo, recibió información y testimonios sobre la
situación en todas las regiones del país, en especial la del Estado de Portuguesa, donde se trasladó una delegación de la CIDH.
5 En el marco de la colaboración existente con el Gobierno, y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor protección de los derechos
fundamentales en Venezuela, la Comisión, sobre la base de las funciones y
atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento sus observaciones
preliminares sobre las impresiones recogidas antes y durante la presente
visita. Las conclusiones y recomendaciones finales serán plasmadas en un
informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el cual
será puesto a consideración del Estado venezolano y hecho público próximamente.
6 El propósito de la presente visita ha sido una evaluación sobre la vigencia
de los derechos humanos en Venezuela. Durante su visita, la Comisión ha
observado temas de crucial importancia, sin perjuicio de ello, luego de los
acontecimientos de abril, estas observaciones preliminares se concentrarán en aspectos relacionados con la vigencia de los derechos humanos en
el contexto del Estado de Derecho. Los demás temas sobre los que recibió
información en esta visita, como son los derechos de la mujer, situación de
los pueblos indígenas, derechos de los niños, situación carcelaria, tratamiento a los refugiados continuarán siendo analizados por la CIDH dentro de
sus diferentes atribuciones convencionales y estatutarias.
9 La democracia y el Estado de Derecho constituyen condiciones necesarias
para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos en una sociedad. Según la Carta Democrática Interamericana, son elementos esencia-
137
les de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio
con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas,
libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de
la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo,
son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales
y la libertad de expresión y de prensa (Carta Democrática Interamericana,
artículos 4 y 5).
14 Debe subrayarse que con anterioridad a los hechos de abril, la CIDH comprobó con profunda preocupación la existencia de una extrema polarización de la sociedad venezolana que tuvo su más trágica y grave expresión
en los hechos de los días 10, 11, 12, 13 y 14 de abril. En el informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión correspondiente al año
2000, la CIDH expresó que durante ese año, el presidente Hugo Chávez
efectuó ciertas expresiones que podrían considerarse amedrentadoras a los
medios de comunicación y periodistas. La actitud del primer mandatario
podría contribuir a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que
no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas, necesarios
para la convivencia en democracia. Asimismo, durante la visita que el Secretario Ejecutivo realizó en febrero de este año, comprobó la existencia
de un ambiente de intolerancia y polarización política que de mantenerse
podría amenazar el pleno y responsable ejercicio de la libertad de expresión, como así también la subsistencia de un estado de derecho dirigido a
salvaguardar las instituciones democráticas.
15 El Presidente expresó que los sucesos de abril obligan a una profunda reflexión y convocó a un diálogo nacional. Ello representa a juicio de la Comisión un avance sustantivo. La CIDH ha podido observar con preocupación que continúa la excesiva polarización entre el gobierno, los partidos
políticos, las organizaciones laborales, empresariales, de la sociedad civil,
los representantes de algunos de los otros poderes del Estado y los medios
de comunicación. La CIDH señala que la anunciada mesa de diálogo no
incluye aún todos los sectores sociales y políticos. La CIDH exhorta a los
sectores de la oposición a abandonar el sectarismo y prestarse al diálogo.
138
El primer paso debería implicar que la oposición y el gobierno acordaran
condiciones mínimas para las mesas de diálogo. En particular, su composición, mecánica y agenda. El diálogo debe ser verdaderamente plural, amplio, sincero y efectivo. Ello requiere que todos los actores fundamentales
del quehacer nacional puedan sentarse en una misma mesa, a fin de lograr
las coincidencias y consensos necesarios para una convivencia democrática, pacífica y responsable. La Comisión hace un llamado a la tolerancia de
todos los sectores para permitir la activa participación en la discusión democrática con propuestas creativas e integradoras. Así, el proceso de diálogo nacional será verdaderamente fructífero y exitoso en el más breve plazo posible. En este sentido la CIDH ofrece su colaboración en aquellas
materias de su competencia.
16 La Asamblea Nacional ha decidido conformar una Comisión de la Verdad,
que se encargaría de investigar los hechos. La CIDH ha apoyado siempre
las Comisiones de la Verdad en los distintos países del hemisferio en que
han sido creadas, en tanto y en cuanto representan un mecanismo adecuado para asegurar el derecho a la verdad. En particular, la Comisión de la
Verdad puede realizar una contribución muy importante para la democracia venezolana, en el sentido de garantizar que la investigación sobre los
hechos de abril se realice de manera que sus conclusiones sean aceptadas
por todos, y que los responsables reciban todo el peso de la ley. La CIDH
entiende que la Comisiones de la Verdad exitosas son las constituidas por
personas con alta credibilidad y experiencia en derechos humanos; dotadas de los necesarios recursos financieros y humanos; con pleno acceso a
las pericias científicas y otras piezas de la investigación penal; que no interfieran indebidamente con las funciones de otros órganos; que gozan de
un plazo razonable para agotar todas las líneas de investigación; y finalmente las que se basan en un compromiso político serio de aceptación de
sus conclusiones e implementación de sus recomendaciones, conformes con
el ordenamiento jurídico. Por último, la CIDH recuerda que las investigaciones de ésta u otras Comisiones de la Verdad no relevan al Estado de
su obligación de investigar y sancionar judicialmente a los responsables de
violaciones a los derechos humanos.
139
e. La Libertad de Expresión
34 La importancia que la CIDH le otorga al respeto de la libertad de expresión se evidencia con la creación de la figura del Relator Especial para la
Libertad de Expresión, que tuvo amplio apoyo de los jefes de Estado y de
Gobierno del Hemisferio. Es de recordar que durante la Cumbre de las
Américas celebrada en Chile en abril de 1998, los Jefes de Estado y Gobierno hicieron pública su preocupación sobre el estado de la libertad de
expresión en los países del hemisferio. El respeto a este derecho es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y contribuye a la protección de otros derechos fundamentales.
35 La Comisión, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, ha
dado especial atención al estado de la libertad de expresión en Venezuela
a través de sus informes anuales y el informe suministrado a la CIDH sobre la visita realizada en febrero del presente año. Es importante remarcar
que, de la información recibida durante la presente visita, se puede concluir que muchas de las observaciones de la CIDH y su Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión durante las visitas mencionadas continúan
vigentes.
36 Como se expresó con anterioridad, la CIDH ha constatado que, si bien es
posible efectuar críticas a las autoridades, ellas traen como consecuencia
actos intimidatorios que limitan la posibilidad de expresarse libremente.
En este sentido, la CIDH constata que en Venezuela no se han cerrados
periódicos ni se ha detenido a periodistas. Sin embargo, la protección de
la libre expresión no se puede limitar a la inexistencia de actos de censura,
clausura de periódicos o detenciones arbitrarias de quienes se manifiestan
libremente y requiere de un ambiente de seguridad y garantías para los periodistas. En el caso particular de la profesión periodística, la Comisión
constató la reiteración de agresiones verbales o físicas ocurridas en los últimos meses y días. Es responsabilidad del Estado proveer de protección a
la ciudadanía, incluso a los comunicadores sociales, a través de medidas enérgicas dirigidas a desarmar a sectores de la población civil que funcionan al
margen de la ley, y que pudieran estar involucrados en esos hechos.
37 Se ha recibido información sobre otras formas de obstaculización al pleno
ejercicio de la libertad de expresión: un ejemplo son las leyes que penali-
140
zan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, conocidas como
leyes de vilipendio (leyes de desacato). La CIDH ya se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de estas normas con el articulo 13 de la Convención. Otro ejemplo es el uso abusivo de las cadenas nacionales. Oportunamente la CIDH emitió un comunicado de prensa condenando el uso
abusivo e innecesario de este mecanismo, que utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de
censura. La CIDH ha recibido con beneplácito la información suministrada durante la presente visita que indica hasta la fecha una sensible disminución de este mecanismo. Sin embargo, la CIDH espera que en el futuro se mantengan criterios claros en la utilización de dichas cadenas que
contemplen el interés publico y situaciones de verdadera emergencia o necesidad nacional. Un tercer ejemplo lo constituye las distintas formas de
presión que se ejercen sobre los medios de comunicación radioeléctrica
mediante la iniciación de procedimientos administrativos que, si son abusivos, constituyen también un método indirecto de restricción de la libertad de expresión.
38 La dificultad en el acceso a la información pública continúa sin respuesta,
por lo que cualquier iniciativa por parte del gobierno que facilite el libre
acceso a la información contribuirá para que la ciudadanía esté mejor informada.
39 La CIDH ha observado con preocupación la escasa, o en ciertos momentos nula, información en que se encontró la sociedad venezolana en los días
de la crisis institucional de abril pasado. Aunque puedan existir múltiples
justificaciones para explicar esta falta de información, en la medida en que
la supresión de información haya resultado de decisiones editoriales motivadas por razones políticas, ello debe ser objeto de un indispensable proceso de reflexión por parte de los medios de comunicación venezolanos
acerca de su rol en tal momento.
40 Finalmente, la CIDH manifiesta un reconocimiento a la valentía de los
comunicadores sociales quienes han seguido desarrollando sus actividades
aun en condiciones adversas para su integridad personal. Como queda dicho, la CIDH considera que el amedrentamiento a los comunicadores sociales tiene efecto devastador sobre la democracia, por lo que insta a la sociedad venezolana a un profundo periodo de reflexión y se destaca la
141
necesidad de que los distintos sectores de la sociedad y del gobierno se abstengan de identificar a los periodistas y otros comunicadores sociales como aliados de sus opositores.
57 La participación política, el derecho de asociación y la libertad de expresión son derechos garantizados en la Convención Americana y en tal sentido, los Círculos Bolivarianos, en tanto grupos libres de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente,
pueden ser bajo ciertas condiciones un canal idóneo para el ejercicio de
estos derechos. Sin perjuicio de ello, la Comisión entiende que la expresión de ciertas ideas políticas partidarias no puede ser privilegiadas en detrimento de otras ni ser justificativa para actos de violencia o restricciones
a derechos de terceros con visiones políticas diferentes o roles profesionales determinados, mucho menos si reciben financiamiento público. La Comisión recuerda al Gobierno que es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todos los habitantes de Venezuela.
El Estado compromete su responsabilidad internacional si grupos de civiles actúan libremente violando derechos, con el apoyo o la aquiescencia
del Gobierno. Por ello, la Comisión llama al Gobierno a investigar seriamente los hechos de violencia atribuidos a algunos Círculos Bolivarianos
y a adoptar de la manera más urgente posible todas las acciones que sean
necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro. En particular, es indispensable que el monopolio de la fuerza sea mantenido exclusivamente por la fuerza de seguridad pública, de inmediato, debe asegurarse el más completo desarme de cualquier grupo de civiles.
58 De acuerdo a la información recogida por la CIDH, no puede descartarse la existencia de otros grupos armados, partidarios del Gobierno o de la
oposición. Resulta esencial investigar la existencia de estos grupos y proceder a su desarme de la manera más completa y con la mayor celeridad
posible.
62 La principal fuente de legitimación democrática es la otorgada por la voluntad popular expresada en elecciones libres, periódicas y universales. Sin
perjuicio de ello, las elecciones por sí mismas no constituyen elementos
suficientes para asegurar una plena vigencia de la democracia. Como lo
señala la Carta Democrática Interamericana son elementos esenciales de
la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos huma-
142
nos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de
la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional
de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de
la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. En este contexto, el funcionamiento de un Poder Judicial independiente e imparcial
como garante de la protección de los derechos humanos, como vehículo
para la obtención de justicia por parte de las víctimas y como órgano de fiscalización y control del accionar de los otros poderes del estado es fundamental para un Estado de Derecho.
63 Si bien las elecciones periódicas constituyen elementos necesarios pero no
suficientes de la democracia, nada justifica la ruptura constitucional ni el
intento de impedir el funcionamiento de instituciones claves como son los
poderes del Estado. No es aceptable apelar a maniobras que supriman por
completo de manera ilegal el ejercicio del poder por las autoridades elegidas libremente por el pueblo.
64 La CIDH, basada en su experiencia de más de cuarenta años en la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio, considera
fundamental que todos los sectores de la sociedad busquen mecanismos o
acuerdos que permitan hacer del respeto y vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y en la Constitución, el
marco de referencia para todos los protagonistas de la vida pública venezolana. La polarización y la intolerancia no solamente dificultan la vigencia de las instituciones democráticas sino que conducen peligrosamente a
su debilitamiento. Una democracia débil, a juicio de la Comisión, no permite una vigorosa defensa de los derechos humanos.
65 Resulta prioritario el rechazo a toda forma de deliberación de la fuerza pública y la aplicación de los códigos militares y penales que sancionan tales
143
conductas. Un avance decidido en esta dirección es esencial para evitar
nuevos actos de insubordinación de sectores de la Fuerza Armada contra
la autoridad civil democráticamente electa. La realidad en la región demuestra que la deliberación de las Fuerzas Armadas suele ser la antesala
para fracturas constitucionales que en todos los casos conducen a graves
violaciones a los derechos humanos. Es responsabilidad de todos los sectores, pero prioritariamente del Gobierno, asegurar que las Fuerzas Armadas cumplan exclusivamente los roles de defensa de la soberanía nacional para la que han sido creadas y entrenadas.
66 La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las
instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, representan una clara debilidad de los
pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana. Por ello, la Comisión urge al fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela con la mayor brevedad posible.
67 En la situación actual en Venezuela, la protección internacional de los derechos humanos adquiere una relevancia aún más fundamental. En tal sentido, resulta especialmente importante que el Gobierno del Presidente Chávez y los demás órganos del poder público cumplan de manera integral
con las decisiones y recomendaciones que adoptan los órganos del sistema interamericano, en sus decisiones en casos individuales, en sus sentencias, y en particular en las solicitudes de medidas cautelares dictadas para
proteger a las personas en situaciones de grave riesgo y cuando es necesario evitar daños irreparables. La Corte y la Comisión Interamericanas constituyen importantes instancias a disposición de todas las personas sujetas a
la jurisdicción del Estado venezolano para tratar de obtener justicia independiente e imparcial.
68 La Comisión apela a las autoridades del Estado y a las distintas expresiones de la sociedad civil que analicen el presente comunicado así como el
informe que elaborará en los próximos meses y discutan de manera cons-
144
tructiva la forma de aplicar sus recomendaciones, en interés de avanzar hacia la vigencia irrestricta de los derechos humanos de los habitantes de Venezuela, sin distinción alguna.
69 La CIDH seguirá observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La visita que culmina en
el día de hoy, constituyó una oportunidad inmejorable para cumplir este
fin, así como para profundizar el diálogo, que dentro del marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la sociedad venezolana. La CIDH reitera su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno de Venezuela así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin
de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos
humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional. Asimismo, espera realizar en el corto plazo una nueva visita para dar seguimiento a las recomendaciones y conclusiones presentadas en este comunicado.
Caracas, 10 de mayo de 2002.
145
Comunicado de Prensa N° 5/02
Evaluación preliminar de la CIDH
sobre visita a la República Bolivariana de Venezuela
Fuente: http://cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2002/5.02.htm
El 8 de febrero de 2002, el Secretario Ejecutivo de la CIDH y Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Cantón, finalizó su visita a la República Bolivariana de Venezuela. La visita se extendió del 5 al 8
de febrero de 2002 y tuvo por objeto informarse sobre los recientes hechos
de conocimiento público relacionados con el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, así como también preparar la visita in loco que la CIDH
efectuará durante la primer quincena del mes de mayo del presente año, en
respuesta a la invitación del Presidente de la República, Sr. Hugo Chávez Frías.
La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de promover la observancia de los derechos
humanos en el Hemisferio y cuyas atribuciones se derivan de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión está compuesta por siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA. Acompañaron al Secretario Ejecutivo el Especialista Principal
de la Secretaría, Dr. Milton Castillo Rodríguez, responsable de los asuntos
de Venezuela en la Secretaría y la abogada Débora Benchoam de la Relatoría
para la Libertad de Expresión.
Durante su visita, la delegación se entrevistó con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Luis Alfonso Dávila, el Fiscal General de la Nación, Dr.
Isaías Rodríguez, el Defensor del Pueblo, Dr. Germán Mundarain y el Presidente de la Asamblea Nacional, Sr. William Lara. También se entrevistó con
las ONGs que conforman la organización Foro por la Vida, Bloque de Prensa Venezolano, Colegio Nacional de Periodistas, Confederación de Trabajadores de Venezuela, Círculo Bolivariano, diputados del Parlamento Andino
de la República de Venezuela, representantes de los medios de comunicación
La Razón, El Universal, El Nacional, Radio Caracas Televisión, Globovisión, Vale
TV, Círculo Mundial, Cadena Capriles, periodistas de investigación, camarógrafos y fotógrafos, peticionarios ante el Sistema Interamericano y otros
representantes de la sociedad civil a nivel nacional.
146
El Dr. Cantón agradece la disposición de las autoridades venezolanas para permitirle realizar su trabajo con plena independencia y autonomía, y su
voluntad para colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Asimismo, el Secretario Ejecutivo quiere extender su agradecimiento a los representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y especialmente a los periodistas por la importante información que suministraron
durante la visita.
El Relator Especial desea poner de manifiesto que el derecho a la libertad de expresión comprende el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, requisito fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las sociedades democráticas. La libertad de
expresión consolida el resto de las libertades fundamentales de los ciudadanos al facilitar su participación en los procesos de decisión; al constituirse como herramienta para alcanzar una sociedad más tolerante y estable y al dignificar a la persona humana a través del intercambio de ideas, opiniones e
información. La libertad de expresión permite que los conflictos inherentes
a toda sociedad se debatan y se resuelvan sin destruir el tejido social, manteniendo el equilibrio entre la estabilidad y el cambio, elemento fundamental
para el desarrollo democrático. Además de coadyuvar a la protección de los
demás derechos fundamentales, la libertad de expresión cumple un rol esencial en el control de la gestión gubernamental, ya que expone los abusos de
poder, así como las infracciones a la ley cometidas en perjuicio de los ciudadanos. Cuando se restringe o limita la libertad de expresión, la democracia
pierde su dimensión social colectiva y permanente, volviéndose un simple arreglo institucional formal en el cual la participación social no es efectiva.
Considerando que la libertad de expresión es un requisito fundamental
de la democracia, los Jefes de Estado y Gobierno del hemisferio, durante la
Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Chile en 1998, hicieron pública su preocupación sobre el estado de la libertad de expresión en sus países y apoyaron la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Dicho mandato fue ratificado durante la Tercera Cumbre de las Américas
celebrada en Québec en 2001.
Con anterioridad a la visita, la CIDH y su Relatoría recibieron información de varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales informaron sobre la situación de la libertad de expresión en
Venezuela. Asimismo, durante la presente visita se recibió información por
parte de las autoridades y amplios sectores de la sociedad civil, periodistas y
medios de comunicación.
147
Dentro de ese contexto, el pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión es uno de los temas prioritarios en la agenda de la Comisión cuando
analiza la situación de los derechos humanos en uno de los países miembros
de la Organización de los Estados Americanos. El Secretario Ejecutivo informará a los miembros de la Comisión durante su 114° período ordinario de
sesiones, a realizarse en Washington D.C. del 25 de febrero al 15 de marzo,
sus observaciones sobre la visita realizada con el objeto de preparar la visita
in loco que la CIDH efectuará durante la primer quincena del mes de mayo
del presente año.
En el marco de la colaboración existente entre el Gobierno y la CIDH
para la realización de la presente visita y con el objetivo de contribuir a la búsqueda de una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, el Secretario Ejecutivo, en base a las funciones y atribuciones que le otorga a la CIDH el artículo 41 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento sus observaciones
preliminares sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela:
1 En el informe de la Relatoría de 1999 se expresó la preocupación por el
contenido del artículo 58 de la Constitución, el cual dispone que “todos
tienen derecho a la información oportuna, veraz e imparcial”. El debate e
intercambio de ideas es el principal mecanismo para la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento del sistema democrático basado en la pluralidad
de ideas, opiniones e información. El Principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que los Condicionamientos previos, tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad
por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de
expresión reconocido en los instrumentos internacionales. Condicionar la
información a que sea veraz, oportuna o cualquier otro calificativo constituye una especie de censura prohibida en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
2 En el Código Penal y Código de Justicia Militar venezolano se consagran
leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a autoridades del Estado
y funcionarios públicos, conocidas como leyes de vilipendio (leyes de desacato). La CIDH ha establecido que las leyes que protegen el honor de
los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección mayor del que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esa distinción invierte directamente el prin-
148
cipio fundamental de un sistema democrático que sujeta al gobierno a controles, como el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus
poderes coercitivos. Los funcionarios públicos deben tener un escrutinio
mayor por parte de la sociedad, como garantía del sistema democrático.
3 Durante la presente visita, el Secretario Ejecutivo recibió información sobre la preocupación por parte de numerosos sectores de la sociedad con
relación a la gran cantidad de cadenas nacionales oficiales en los medios de
comunicación. Las cadenas nacionales obligan a los medios de comunicación a cancelar su programación habitual para transmitir información impuesta por el gobierno. Durante la visita, la Relatoría pudo comprobar la
utilización de las cadenas nacionales con una duración y frecuencia que podrían considerarse abusivas a la luz de la información allí vertida que no
siempre podría estar sirviendo el interés público.
4 La Relatoría se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la importancia del derecho de acceso a la información como vía para fortalecer las
democracias y alcanzar políticas de transparencia a través de la fiscalización de la gestión pública. En un sistema democrático, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión
y de un libre acceso a información. La CIDH ha recomendado en distintas oportunidades la importancia de sancionar leyes que permitan un acceso efectivo a la información en poder del Estado. La Relatoría fue informada de la falta de mecanismos apropiados que garanticen el ejercicio efectivo
de este derecho.
5 El Secretario Ejecutivo fue informado sobre la existencia de un proyecto
de ley de “contenidos”. Algunos sectores manifestaron su preocupación porque este proyecto de ley podría contener disposiciones que afecten el ejercicio del derecho de libertad de expresión, en particular disposiciones que
podrían permitir casos de censura previa. La Relatoría recuerda que la jurisprudencia del sistema interamericano ha sostenido que la censura previa sobre cualquier expresión, opinión o información debe estar prohibida por la ley y que sólo se admiten responsabilidades ulteriores de acuerdo
a lo establecido por el artículo 13 de la Convención Americana y el Principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH. El Secretario Ejecutivo recibió la copia de un proyecto que será
149
evaluado oportunamente y continuará observando de cerca la evolución de
este tema.
6 La libertad de expresión puede verse seriamente amenazada por la inexistencia de recursos judiciales efectivos o por acciones legales iniciadas con
el objetivo de silenciar a los medios de comunicación. Un ejercicio amplio
de la libertad de expresión requiere la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial que garantice recursos efectivos para la defensa de
este derecho. Numerosos sectores expresaron su preocupación en relación
a que la independencia y autonomía del Poder Judicial podría verse afectada por la existencia de aproximadamente 90% de jueces provisionales que
no gozan de la garantía de estabilidad y pueden ser removidos. La Relatoría recibió información sobre acciones legales y administrativas en contra
de los medios de comunicación Globovisión, ValeTV y el diario La Razón,
que podría afectar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo venezolano.
7 Durante la visita la Relatoría recibió información sobre la utilización del
otorgamiento de pautas publicitarias del sector público con el objetivo de
perjudicar a algunos medios de comunicación, entre otros los diarios El
Universal, El Nacional, Tal Cual y La Razón. El Secretario Ejecutivo señala
que las entidades estatales deben establecer un criterio claro, justo y objetivo para determinar cómo distribuir la propaganda oficial. En ningún caso la propaganda oficial puede ser utilizada con la intención de perjudicar
o favorecer a un medio de comunicación sobre otro.
8 La Relatoría tomó conocimiento sobre el debate existente en relación con
los códigos de ética. Sobre el particular la Relatoría considera que la ética periodística es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. Los Códigos de ética representan un instrumento importante para
orientar a los periodistas en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, la
Relatoría considera que los códigos de ética no deben ser impuestos por
las autoridades sino que deben ser adoptados voluntariamente por los propios medios. El principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que: la actividad periodística debe regirse por
conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los
Estados.
150
9 La relación entre los medios de comunicación como actividad empresarial
y los medios de comunicación como actividad periodística es uno de los
desafíos existentes en las Américas. La Relatoría recibió información por
parte de algunos sectores que expresaron su preocupación de que en algunos medios esta distinción no está claramente definida. La Relatoría considera que es fundamental que se garantice la independencia editorial de
los medios de comunicación.
10 Más allá de la información anterior el Relator desea destacar su gran preocupación por la violencia existente en contra de algunos periodistas y medios de comunicación que se detallan a continuación.
11 Durante la presente visita el Secretario Ejecutivo pudo comprobar la existencia de un amplio y elocuente debate de ideas. Este debate, en ocasiones
excesivo, según varios sectores, es indudablemente un requisito indispensable, a juicio de la Comisión, para evaluar la libertad de expresión. Sin embargo, la libertad de expresión no implica solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de expresar las ideas
libremente sin sufrir consecuencias arbitrarias ni acciones intimidatorias.
El Estado es responsable de garantizar un ambiente conducente a un ejercicio pleno de la libertad de expresión.
12 En este sentido, la Secretaría Ejecutiva y la Relatoría para la Libertad de
Expresión recibieron información que da cuenta de numerosos periodistas, camarógrafos y fotógrafos que han sido objeto en los últimos meses de
agresiones físicas y verbales. Los incidentes registrados abarcan amenazas,
ataques a la integridad física, el descrédito profesional y el temor de los comunicadores sociales a identificarse cuando cubren algunos actos del Gobierno por temor a las represalias.
13 Sobre este particular, en los informes anuales de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH se advirtió al Estado venezolano sobre la existencia de expresiones por parte de altos funcionarios públicos contra los
medios de comunicación y periodistas de investigación, que podrían conducir a actos intimidatorios o a la autocensura en perjuicio del pleno ejercicio de la libertad de expresión.
151
14 La Relatoría considera que los actos de hostigamiento y desprestigio contra periodistas, y medios de comunicación tienen un grave efecto multiplicador sobre las violaciones a los derechos humanos de toda la población.
La Relatoría llama a las autoridades venezolanas y a la sociedad en general a buscar canales de entendimiento que permitan una mayor tolerancia
hacia la crítica y el escrutinio garantizando el pleno ejercicio de la libertad
de expresión e información. Asimismo, señala la necesidad de efectuar una
investigación de las agresiones dirigidas hacia periodistas como método de
prevención y justicia
15 La Relatoría desea reconocer la extraordinaria valentía, dignidad y profesionalismo de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos venezolanos quienes, a pesar de las intimidaciones recibidas en los últimos tiempos, continúan ejerciendo diariamente su labor de informar en beneficio de toda la
sociedad venezolana y de la comunidad internacional.
El Secretario Ejecutivo ha encontrado una buena disposición por parte
de las autoridades para discutir y buscar soluciones a los problemas planteados. La CIDH y su Relatoría continuarán informando a las autoridades sobre los posibles casos de violación a la libertad de expresión, y colaborará para buscar mecanismos que faciliten el mejoramiento de la situación de la libertad
de expresión.
El Dr. Cantón agradece la cooperación y las facilidades provistas por el
Gobierno del Presidente Chávez Frías, otras autoridades del Estado y las organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil en la preparación y realización de esta visita.
Washington, D.C. 14 de febrero de 2002
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Comunicado de Prensa PREN/55/02
La relatoría para la libertad de expresión manifiesta
su preocupación por la utilización de cadenas nacionales
Fuente: http://www.cidh.org/relatoria/Spanish/ComPren2002/ComPren5502.htm
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la utilización
abusiva de las cadenas nacionales en las programaciones televisivas y radiales
por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Según la información recibida, desde el lunes 8 de abril los medios de comunicación se
han visto obligados a suspender su programación habitual en varias ocasiones para transmitir en cadena nacional. En los últimos dos días el gobierno
ha hecho uso de las cadenas nacionales en más de 30 oportunidades con una
duración de 15 a 20 minutos cada una.
La Relatoría considera que el uso abusivo de las cadenas nacionales viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido al ejercicio de la libertad de expresión y contradice lo establecido por
la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
Durante una reciente visita a Venezuela la Relatoría manifestó su preocupación por el uso arbitrario de las cadenas nacionales en los medios de comunicación como vía indirecta de restricción al derecho a recibir información. La Relatoría recomienda al Estado venezolano que cese con dichas
intervenciones permitiendo un libre flujo de ideas y opiniones garantizando
el ejercicio pleno de la libertad de expresión, pilar fundamental de una sociedad democrática.
Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH
9 de abril de 2002
Washington, D.C.
153
Comité de Protección de Periodistas (CPJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Reportaje especial: Venezuela
Carne de cañón
En la actual batalla entre los medios venezolanos y el presidente Hugo Chávez
Frías, se está usando a los periodistas como municiones.
Por Sauro González Rodríguez
Agosto 2002
Fuente: http://www.cpj.org/Briefings/2002/ven_aug02/ven_aug02_sp.html
CARACAS, VENEZUELA. Bebiendo una taza de café en una mañana de mayo, en una cafetería no lejos de la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, una
periodista de uno de los principales diarios privados de Venezuela describe los
sucesos que rodearon el golpe de estado de abril y sus desastrosas repercusiones para los medios de comunicación nacionales. “Entonces, hay dos focos,
uno el presidente, otro los dueños de los medios, que están presionando”, señala, sin suavizar sus palabras. “Y los periodistas estamos en el medio del asunto, completamente indefensos, expuestos a ataques de un lado y del otro”.
Lo que esta reportera describe se está volviendo un fenómeno cada vez
más común en Venezuela. El resultado es que los periodistas -atrapados entre
la incendiaria retórica del presidente venezolano Hugo Chávez Frías y el activo papel político que los propietarios y directores de los medios han adoptado- se han convertido en blanco de ataques de sectores populares.
De hecho, precisa la periodista, “Siempre uno sale a la calle, y yo me saco el carné (de periodista) de inmediato y me lo guardo”.
Los periodistas de los medios de comunicación estatales también se sienten víctimas. “Yo creo que eso puede traer riesgos para los periodistas, mantener el equilibrio, porque puedes llegar a ser considerado como traidor por unos
y por otros, que consideren que la labor del periodista es hacer política, que
un medio de comunicación es un revólver y que los periodistas somos balas”,
afirma Ernesto Villegas, periodista que trabajó para el diario El Universal y
ahora lo hace para la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La primavera pasada, los periodistas venezolanos se dieron cuenta de cuán
grave se había tornado la situación. En la tarde del 11 de abril, luego de tres días
154
de protestas por parte de manifestantes antigubernamentales, el gobierno venezolano interrumpió la señal de los seis canales de televisión locales (uno de los
cuales es administrado por el Estado), para transmitir declaraciones del presidente Chávez. En pleno discurso, los canales privados dividieron la pantalla en dos
para seguir cubriendo las manifestaciones. Chávez, molesto con esta decisión, ordenó cerrar los canales y los acusó de conspirar para derrocar su gobierno.
A la mañana siguiente, Chávez fue derrocado y Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, la asociación empresarial más poderosa del país, fue
nombrado para encabezar el nuevo gabinete, que contaba con apoyo de algunos sectores castrenses. Pero la noticia del derrocamiento de Chávez trajo como resultado más protestas, esta vez por parte de sus simpatizantes, y en 48
horas, oficiales de las fuerzas armadas leales a Chávez habían restituido al presidente en su cargo.
Para el 14 de abril, la violencia ya había cobrado unas 50 vidas, entre ellas
la de Jorge Ibraín Tortoza Cruz, veterano fotógrafo que había trabajado los últimos 11 años para el diario caraqueño 2001. Tortoza recibió un disparo y murió posteriormente a causa de sus heridas. Otro fotógrafo, Jorge Recio, quedó
paralizado del pecho hacia abajo. (No se ha esclarecido ni quién disparó a los
fotógrafos ni si estos fueron blanco específico. Algunos fotógrafos dicen que
sujetos armados no identificados apostados en azoteas fueron quienes efectuaron los disparos, mientras otros dicen que fueron efectivos de la Guardia Nacional o la Policía Metropolitana de Caracas. Pero todos los fotógrafos están
de acuerdo en que fueron blanco de los disparos porque trataban de documentar los hechos. La Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, en estos momentos debate una ley que crearía una comisión de la verdad para investigar
los sucesos del 11 de abril.)
En más de una docena de entrevistas con el Comité para la Protección de
los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), varios periodistas manifestaron
que se habían sentido como carne de cañón en esta lucha entre Chávez y los
medios, los que cada vez se oponen más a Chávez. Algunos periodistas afirmaron que los jefes de redacción les habían ordenado que no cubrieran actividades del oficialismo o habían editado las noticias para proyectar a la oposición de una manera más favorable. “Si tú llevas tu información, Tal Cual como
pasó, los hechos, lo das al periódico y ellos lo manipulan para hacer que la situación aparezca de otra manera” -explica la periodista del diario caraqueño,
haciendo una pausa para beber su café-, “quien se ve afectado profesional, física y moralmente es el periodista que trabaja en la noticia, porque es su nombre el que aparece allí escrito”.
155
La mayoría de los diarios caraqueños, entre ellos los de circulación nacional como El Nacional y El Universal, no publicaron la edición del 14 de abril
alegando que temían ser atacados por los simpatizantes de Chávez. (Tanto El
Nacional como El Universal habían evacuado a la mayor parte del personal el
día anterior.) Los canales privados de televisión mostraron poco, si acaso algo, de la cobertura noticiosa de las manifestaciones de apoyo a Chávez. Los
gerentes de los canales niegan que decidieron ignorar las manifestaciones de
apoyo a Chávez y aducen que ordenaron a los reporteros no cubrirlas por motivos de seguridad. “Las informaciones que comienzan a llegar al canal eran
de violencia, de muerte, de saqueos y nosotros, sacrificando el raiting, la credibilidad de los televidentes, la libertad de expresión, lo que ustedes quieran
definir, decidimos no transmitir imágenes de violencia ni de saqueo”, declaró Alberto Federico Ravell, director general del canal de noticias las 24 horas Globovisión, en una intervención televisada en la que trató de expresar su
arrepentimiento por la situación. Sin embargo, muchos periodistas han señalado que los canales habían cubierto los hechos de violencia previos al golpe,
y que se hubiera podido cubrir los sucesos sin exponer a los reporteros a riesgos innecesarios.
Aun cuando muchos medios de prensa apoyaron a Chávez en su arrolladora llegada al poder en 1998, desde que Chávez fue electo mandatario su relación con los medios ha estado marcada por la confrontación. Chávez y sus seguidores acusan a la prensa venezolana de distorsionar los hechos y ocultar los
logros de su gobierno. En su programa de radio y televisión, “Aló Presidente”,
Chávez ha arremetido contra sus críticos de entre los medios. Además, Chávez
ha utilizado las cadenas -transmisiones simultáneas por radio y televisión a toda la nación- para descalificar a personas, y muchas veces se ha referido directamente a periodistas y dueños de los medios.
Las organizaciones venezolanas de derechos humanos plantean que aunque en Venezuela hay libertad de expresión, no existen plenas garantías para
el ejercicio de dicha libertad, conforme lo ilustran varios fallos judiciales recientes que han permitido la censura previa o han penalizado la crítica a los
funcionarios públicos.
Sin embargo, dice Teodoro Petkoff, antiguo político y ahora director del
diario opositor Tal Cual, el discurso de Chávez “no ha estado acompañado
hasta ahora de ninguna medida represiva... Es verdad que el presidente es agresivo pero con él también son, o somos, sumamente agresivos”. “El problema
que ha creado Chávez” -añade Petkoff- “es que su discurso, en algunos de los
sectores que lo respaldan, populares, no tan cultos, genera actitudes agresivas contra trabajadores de los medios”.
156
Los ataques contra los reporteros, camarógrafos y fotógrafos no son un
nuevo fenómeno en Venezuela. En las últimas cuatro décadas, los presidentes venezolanos con frecuencia han tratado de silenciar la cobertura crítica de
los medios, y con ese objetivo han empleado tácticas que han ido desde amenazas violentas y la censura manifiesta hasta la negativa a otorgar tasas de cambio preferenciales para la importación de papel periódico. Por ejemplo, según investigaciones del CPJ, durante 1992 por lo menos cinco medios de
comunicación venezolanos fueron allanados, censurados, impedidos de circular o vieron confiscados los ejemplares de sus publicaciones por parte de
las autoridades gubernamentales. Y durante los últimos 10 años, el CPJ ha
documentado 18 ataques contra un total de 34 periodistas. La mayoría de tales ataques ocurrieron en la primera mitad de la década del 90, durante los
gobiernos de los ex presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera.
Pero durante la gestión del presidente Chávez, el combate entre el gobierno y los medios se ha intensificado en esta nación tan dividida. Por ejemplo,
Chávez ha calificado a la oposición, que incluye a los medios, de “escuálidos”;
y los medios a su vez han respondido tildando a los simpatizantes de Chávez
de “turbas chavistas” y “vándalos”. El agresivo discurso del presidente Chávez
ha exacerbado la hostilidad contra los medios entre los simpatizantes del gobierno, quienes en varias ocasiones han atacado a equipos de reporteros; y ha
fomentado un clima de temor y autocensura entre los periodistas, que evitan
cubrir actividades del oficialismo.
El hostigamiento también ha alcanzado a medios de comunicación extranjeros como CNN. Por ejemplo, algunos simpatizantes de la oposición han
expresado su enojo contra CNN porque esta cadena de noticias cubrió las manifestaciones de abril de apoyo al mandatario venezolano y las ruedas de prensa de funcionarios del gobierno.
Por supuesto, la incursión de los medios en el terreno político no hace
más que aumentar los riesgos que los periodistas venezolanos enfrentan. Algunos conocidos periodistas se han convertido en opositores tan fervientes
de Chávez que muchos venezolanos dicen que los medios, al llenar el vacío
dejado por los desprestigiados partidos políticos, han pasado a ocupar el lugar de la oposición.
La atmósfera dentro de los medios estatales refleja la de los medios privados. Sin dudas la mayoría de los gobiernos venezolanos anteriores han utilizado a los medios estatales para impulsar sus propios intereses partidistas. Pero,
de acuerdo con periodistas que trabajan para los medios del Estado, la situación ha empeorado con el presidente Chávez. Estos periodistas dicen que Chávez ha tratado a los medios estatales -que comprenden la radioemisora Radio
157
Nacional, VTV y Venpres- como su propio foro mediático privado. Y según una
periodista de Radio Nacional: “Dentro de la emisora hay una cacería de brujas:
o eres chavista o eres escuálida”.
“Yo siempre he planteado eso, que nosotros tenemos que cubrir las dos
cosas, pero esa no es la política de comunicación”, dice un periodista que trabaja para la agencia de prensa estatal, Venpres. En otras palabras, es difícil encontrar cobertura informativa equilibrada.
La situación de los periodistas en el efímero gobierno del empresario Carmona, durante el golpe, no fue nada mejor. Según se informó, las fuerzas que
apoyaban a Carmona hostigaron a periodistas que trabajaban para medios comunitarios -emisoras de radio y TV no comerciales que transmiten su señal a la
comunidad donde tienen sede-. Varios medios comunitarios caraqueños tales
como TV Catia, TV Caricuao, Radio Perola y Radio Catia Libre denunciaron
que la policía había allanado sus sedes y que algunos de sus trabajadores habían
sido detenidos. La mayoría de los medios comunitarios apoyan al gobierno.
También durante el régimen de Carmona, el canal de televisión estatal,
VTV, fue sacado del aire la noche del 11 de abril tras ser ocupado por fuerzas militares que se habían sumado al golpe. El canal se mantuvo cerrado hasta el 13 de abril, cuando fue tomado por simpatizantes del gobierno que lo
hicieron salir de nuevo al aire.
Nadie puede predecir lo que el futuro les depara a los periodistas venezolanos, y mucho menos a Venezuela misma. Muchos venezolanos temen que
pueda haber otro golpe militar contra Chávez, y, según noticias recientes, tanto opositores como partidarios de Chávez están almacenando armas y municiones. Temiendo que los periodistas sean los objetivos principales si otro golpe se lleva a cabo, algunos diarios están elaborando planes de emergencia para
evacuar a los periodistas y estar al tanto de su paradero.
En el pasado, cada vez que Chávez ha ordenado que cesen los ataques y el
hostigamiento contra los periodistas, sus seguidores por lo general han hecho
caso de su petición. Aunque el presidente venezolano todavía denuncia en ocasiones a los “medios de comunicación” en general, últimamente ha evitado señalar a periodistas de modo individual. Pero los continuos ataques a la prensa
este verano, en los cuales simpatizantes del gobierno han golpeado e insultado a fotógrafos y reporteros, sugieren que la situación está fuera de control.
Y las víctimas de todo esto son los periodistas, quienes sencillamente intentan realizar su trabajo.
* Sauro González Rodríguez es investigador
del programa de las Américas del CPJ
158
Alerta
Venezuela: Periodistas siguen en riesgo
Fuente: http://www.cpj.org/news/2002/Ven17apr02_Sp.html
NUEVA YORK, 17 DE ABRIL DE 2002. Luego del fallido golpe de estado de
la semana pasada contra el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, partidarios de Chávez hostigaron a varios medios de comunicación, según conoció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El jueves, poco antes de ser derrocado, Chávez había acusado a los medios de radio y televisión locales de conspirar contra su gobierno.
Alrededor de las 7 p.m. del sábado 13 de abril, cuando el presidente Chávez todavía se encontraba bajo custodia de los militares que por poco tiempo
lo obligaron a abandonar el cargo, sus partidarios rodearon las oficinas de los
canales privados de televisión Radio Caracas Televisión, Globovisión y Venevisión.
En Radio Caracas Televisión los manifestantes rompieron vidrios a pedradas mientras le gritaban insultos al personal del canal. Alrededor de la 1 a.m.,
el canal evacuó a la mayoría del personal, según versiones de la prensa local.
Minutos antes esa misma noche, mientras los manifestantes pro Chávez
clamaban por el regreso del mandatario al poder, los seguidores de Chávez
en el gobierno obligaron a Radio Caracas Televisión a transmitir en cadena noticias de Venezolana de Televisión, el canal estatal.
El domingo 14 de abril, la mayoría de los diarios caraqueños, entre ellos
los diarios de tirada nacional El Nacional y El Universal, no salieron publicados, supuestamente porque temían ser atacados por partidarios de Chávez.
Tanto El Nacional como El Universal habían evacuado a la mayoría del personal el sábado.
El lunes, Sergio Dahbar, editor adjunto de El Nacional, declaró a El
Universal que sujetos motorizados no identificados habían efectuado disparos al aire cerca de las oficinas del periódico. Mientras tanto, durante el golpe, la Constitución fue suspendida y la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones del Estado, fueron disueltos.
“Seguimos sumamente preocupados por la seguridad de los periodistas
venezolanos”, señaló Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ. “En los últimos días, los periodistas han hecho frente a actos de hostigamiento y agresión, así como a la suspensión de todas las garantías constitucionales para la
libertad de prensa por parte de los líderes golpistas”.
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Ambiente politizado
Según despachos de la prensa extranjera, varios ejecutivos de los medios
se reunieron el sábado con Pedro Carmona, jefe de la asociación empresarial
venezolana Fedecámaras, quien fue colocado en la presidencia por los líderes
del golpe.
Los canales privados de televisión dieron escasa cobertura informativa a
las manifestaciones a favor de Chávez el fin de semana pasado. Los venezolanos tuvieron que depender de CNN y canales colombianos y españoles para obtener noticias sobre las manifestaciones.
Algunos periodistas han afirmado que los ejecutivos de los medios privados, quienes por lo general han sido opositores acérrimos del presidente, dieron órdenes a los reporteros de no cubrir las manifestaciones a favor de Chávez, y algunos periodistas han presentado su renuncia en protesta, según
versiones locales.
Los canales de televisión privados alegan que no podían cubrir las noticias por miedo a que el personal o las oficinas de los canales fueran atacados
por los partidarios de Chávez, quienes habían asediado varios medios de comunicación a principios de año.
En la actualidad muchos periodistas venezolanos evitan llevar credenciales de prensa y reportar desde las calles, y algunos de los que llegaron a cubrir los disturbios fueron blanco de los partidarios de Chávez, según versiones locales. Varios periodistas dejaron sus trabajos alegando hostigamiento
por parte de los seguidores de Chávez.
La semana pasada, el periodista venezolano Jorge Tortoza murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras daba cobertura informativa a los violentos enfrentamientos que tenían lugar en Caracas.
Chávez y la prensa
La relación entre el presidente y los medios ha sido antagónica desde hace mucho. Chávez y sus seguidores acusan a la prensa venezolana de distorsionar los hechos y ocultar los logros del gobierno de Chávez. El presidente
a menudo ha criticado en duros términos a los medios por su presunta falta
de objetividad. Sus seguidores han hostigado y en ocasiones agredido a los
equipos de noticias.
Actualmente todos los canales de televisión han vuelto a salir al aire, los
periódicos están circulando y Chávez ha tomado una posición conciliatoria
hacia los medios. En una conferencia de prensa llevada a cabo el lunes 15 de
abril, el presidente admitió que su gobierno había abusado de las cadenas na-
160
cionales de radio y televisión al interrumpir reiteradamente la programación
televisiva a principios de la semana pasada.
Chávez también reconoció que había sido un error señalar en sus cadenas a personas por haberlo criticado. En numerosas oportunidades Chávez se
ha referido directamente a periodistas y propietarios de los medios de comunicación durante las cadenas.
Venezuela: Agencia de prensa estatal
acusa a periodistas independientes de complicidad
en conspiración global de narcotráfico
Fuente: http://www.cpj.org/news/2002/Ven22march02na_Sp.html
NUEVA YORK, 22 DE MARZO DE 2002. La agencia estatal de noticias de
Venezuela provocó indignación generalizada al acusar a tres periodistas independientes venezolanos de estar vinculados con una presunta conspiración
global de narcotráfico controlada por bancos internacionales y líderes políticos de países desarrollados.
El 13 de marzo, la agencia estatal de información Venpres publicó un artículo de opinión en su página de Internet (www.venpres.gov.ve) con la firma
de J. Valverde, el que parece ser un seudónimo. El artículo insinuaba que Ibéyise Pacheco, directora del diario caraqueño Así es la Noticia; Patricia Poleo,
directora de El Nuevo País, también con sede en Caracas; y José Domingo
Blanco, presentador de noticias del canal Globovisión, habían sido contratados
por los carteles internacionales de la droga para ensuciar la reputación del gobierno venezolano.
A los tres periodistas se les conoce por sus duras críticas a Hugo Chávez
Frías, el controvertido presidente venezolano.
“El CPJ condena este obvio intento del gobierno de difamar a tres periodistas independientes”, declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 17 de marzo, el presidente Chávez llamó el artículo un “error”. Al día
siguiente el director de Venpres, Oscar Navas Tortolero, ofreció su renuncia.
Sin embargo, ese mismo día el ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín acusó a los periodistas locales de actuar “irresponsablemente” y desafió a
toda la prensa independiente a hacerse exámenes toxicológicos.
161
El 21 de marzo, aduciendo hostigamiento e intimidación por parte del
gobierno venezolano, Pacheco y Poleo solicitaron protección a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C.
Pacheco y Poleo sostienen que sus nombres aparecen en una lista secreta de objetivos del gobierno y que recientemente han recibido varias amenazas de muerte. (Al parecer Blanco no ha recibido ninguna amenaza y no es
uno de los peticionarios.) Actualmente la CIDH estudia el caso de las periodistas.
A petición de los abogados de los periodistas, la Fiscalía ha abierto una
investigación acerca del incidente de Venpres. Un tribunal venezolano ha ordenado protección para Pacheco y para los empleados de Así es la Noticia, que
fue atacado a fines de enero con un explosivo de fabricación casera.
En lo que parece haber sido un adelanto a la crítica internacional, el artículo de Valverde señaló: “No debería en consecuencia extrañarnos que algunos personajes e instituciones extranjeras, en alguna medida influidos o controlados por los carteles de la droga organicen en las próximas semanas algunas
actividades y premios honoríficos para lavar la honorabilidad de nuestros narco-periodistas locales”.
15 febrero de 2002
Cartas de protesta
Venezuela: Preocupan al CPJ amenazadoras
declaraciones de Chávez
Fuente: http://www.cpj.org/protests/02ltrs/Venezuela15feb02pl_Sp.html
Su Excelencia Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Caracas, Venezuela
VIA FACSIMILE 58-212-806-3221
Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se encuentra alarmado por los numerosos casos de acoso e intimidación
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contra la prensa venezolana que hemos documentado durante las últimas seis
semanas.
El CPJ considera que estos actos son el resultado lógico de las implacables diatribas que Su Excelencia ha dirigido a los medios. Lo instamos a que
se abstenga de emitir duras declaraciones que puedan llevar a sus seguidores
a hacer de la prensa un blanco.
En las últimas semanas la relación ya de por sí tensa entre su gobierno y
la prensa ha empeorado en medio de señales de que la popularidad de Su Excelencia está disminuyendo y que la sociedad se va polarizando cada vez más.
En marzo de 2001, el CPJ hizo notar que sus ataques verbales socavaban la
credibilidad de la prensa, y hacían que los periodistas quedaran vulnerables
ante ataques legales e inclusos físicos. Ahora nos preocupa que tales temores
se hayan materializado.
Deseamos expresarle nuestra preocupación acerca de los siguientes incidentes en particular:
En un programa radial transmitido el 6 de enero, Su Excelencia se refirió despectivamente al diario caraqueño El Nacional y acusó a una de sus periodistas, Yelitza Izaya Yánez, de “faltar el respeto” y “mentir” luego de informar que manifestantes de la barriada caraqueña de Catia habían protestado
contra su visita golpeando cacerolas. La noche siguiente, unos 100 simpatizantes del Movimiento V República (MVR), el cual es liderizado por Su Excelencia, rodearon la sede de El Nacional por dos horas. Algunos de los manifestantes estaban armados con bates y palos, según noticias difundidas por
la prensa local. Durante ese tiempo, los empleados del periódico no pudieron abandonar el edificio por miedo a ser atacados por los manifestantes.
El 10 de enero, El Nacional presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C.
Al día siguiente la CIDH solicitó al gobierno venezolano que adoptara medidas cautelares para proteger los derechos a la integridad personal y libertad
de expresión de los periodistas y demás trabajadores de El Nacional. Las autoridades venezolanas han acordado adoptar las medidas.
El 13 de enero, la “Caravana por la Verdad”, una columna de alrededor
de 30 vehículos con simpatizantes del MVR, les hicieron amenazadoras visitas a varios medios en Caracas. Los partidarios del MVR primero se congregaron frente a la sede de El Nacional, donde golpearon cacerolas y exigieron
que el periódico “dijera la verdad” sobre los logros de su gobierno. Luego
efectuaron protestas frente a las sedes de Radio Caracas Televisión y el diario
caraqueño El Universal.
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El 20 de enero un equipo del canal Globovisión conformado por la reportera Mayela León, el camarógrafo Jorge Manuel Paz y el asistente Jhan Bernal fue atacado por una turba de simpatizantes de Su Excelencia cuando cubrían la transmisión de su programa radial semanal “Aló Presidente”, en la
parroquia caraqueña 23 de Enero. La turba rodeó la camioneta de Globovisión
y la patearon y empujaron, mientras lanzaban insultos. Luego de la intervención de soldados, los periodistas de Globovisión se retiraron sin terminar la cobertura. Un equipo de Radio Caracas Televisión encabezado por la reportera
Luisana Ríos también fue maltratado mientras cubría la transmisión, según
despachos de la prensa local. El 29 de enero, Globovisión pidió a la CIDH que
otorgara medidas cautelares en favor de los periodistas que fueron atacados.
El 30 de enero, la CIDH envió una carta en la que solicitaba al gobierno venezolano que adoptara dichas medidas en favor de los periodistas de Globovisión
y Radio Caracas Televisión. Las autoridades venezolanas han acordado adoptar
las medidas.
En la mañana del 31 de enero, dos sujetos en motocicleta lanzaron un explosivo de fabricación casera hacia la entrada del diario Así es la Noticia, parte de la empresa CA Editora El Nacional, también propietaria de El Nacional.
Los atacantes huyeron después de lanzar panfletos en los que acusaban a la
directora de Así es la Noticia, Ibéyise Pacheco, y a otras tres periodistas de orquestar una campaña contra el “proceso de cambio”. La explosión destrozó
la puerta de vidrio de la entrada pero no causó heridas.
Diez minutos después del ataque, una persona que no se identificó llamó
por teléfono y dijo que otra bomba estallaría en el estacionamiento del edificio, por lo cual doscientos empleados tuvieron que ser evacuados del edificio.
La policía llegó minutos más tarde pero no encontró ningún explosivo. En
declaraciones citadas por El Nacional, Rafael Vargas, ministro de la Secretaría de la Presidencia, restó importancia al ataque: “Lo que estalló a las puertas del diario Así es la Noticia fue, prácticamente, una caja de fósforos que pusieron allí para alarmar”. El Ministerio del Interior y Justicia desde entonces
ha designado a policías para que protejan las instalaciones y al personal del
periódico.
Pacheco declaró a El Nacional que había recibido varias amenazas anónimas por teléfono la noche anterior al ataque. La persona que llamó le dijo que
su casa y el periódico serían allanados. Las amenazas surgieron un día después que Pacheco y las periodistas Marianela Salazar, Patricia Poleo y Marta
Colomina hicieran público un video que mostraba a oficiales de las fuerzas
armadas venezolanas y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
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de Colombia (FARC) tratando la liberación de un ciudadano venezolano secuestrado y presuntamente vinculado a los paramilitares colombianos. El video sugería que existía una estrecha colaboración entre los militares venezolanos y las FARC.
El 4 de febrero un equipo del canal Venevisión encabezado por el reportero Rafael Garrido fue hostigado cuando cubría los festejos públicos por el
décimo aniversario del intento golpista dirigido por Su Excelencia el 4 de febrero de 1992. Individuos no identificados trataron de tumbarlos de la tarima en la que estaban. En lo que el equipo de Venevisión escapaba, una de las
ventanas de su vehículo fue destrozada, según noticias locales.
Si bien lo elogiamos por las medidas que su gobierno ha tomado para proteger a los periodistas, por otra parte el CPJ cree que los ataques verbales de
Su Excelencia contra los medios pueden haber contribuido al actual clima de
intolerancia. Lo instamos a que demuestre su apoyo activo a la libertad de
prensa condenando todos los ataques contra la prensa venezolana y creando
un clima en el cual los periodistas puedan cumplir con sus deberes profesionales sin temor a represalias.
Atentamente,
Ann K. Cooper
Executive Director
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Reporteros sin fronteras
Venezuela: Informe Anual 2002
Fuente: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=1585
Continúan los repetidos ataques verbales de Hugo Chávez contra la prensa aunque, sin embargo, no van seguidos de actos de represión. Sin embargo, la política de
intimidación del Presidente adopta nuevas formas: amenaza de retirar la licencia de
emisión a un canal de televisión, amenaza de rectificación impositiva, proyecto de adopción de una ley liberticida...
De nuevo, este año, el presidente Hugo Chávez no cesó de atacar a los medios de comunicación. Presentándose como un presidente cercano a las clases
populares acusó, en febrero de 2001, a “un grupito de cuatro o cinco personas
que por años acumularon dinero y poder mediático” de estar encabezando una
“conspiración” para no informar sobre los éxitos de su administración. Algunos días antes, durante una ceremonia, exclamó “abajo los periodistas y el capitalismo”. En el mes de enero, criticó igualmente a Miguel Henrique Otero,
director del diario El Nacional, culpable según él de estar haciendo el juego a
“intereses perversos”, después de que éste le acusara de acumular poderes. Los
medios de comunicación, prácticamente convertidos en la única voz de oposición tras la casi desaparición de los partidos políticos tradicionales, ampliamente desacreditados por cuarenta años de reparto del poder, replicaron a la
actitud del Presidente uniéndose a una huelga general de protesta, lanzada el
10 de diciembre por organizaciones patronales y obreras.
A imagen de Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, los patrones
de la prensa reconocen, sin embargo, que el intolerante discurso de Chávez
no se ha traducido en hechos represivos contra los medios. Sin embargo, este año se esgrimieron nuevas amenazas contra diferentes medios. El canal de
televisión Globovisión fue amenazado con la retirada de su licencia por haber
emitido una información falsa aunque el canal publicó, inmediatamente, un
desmentido. Igualmente, el Presidente amenazó con denunciar al grupo de
prensa Grupo Capriles, como sospechoso de estar evadiendo al fisco. Desde
el mes de abril de 2001, está pendiente la adopción de una ley sobre el contenido de los programas de radio y televisión.
Finalmente, el funcionamiento de la justicia es otro motivo de inquietud.
En dos asuntos de prensa, las decisiones de los tribunales venezolanos fueron
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objeto de recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), por violación de los derechos de los periodistas. Por otra parte, el
concepto de “información oportuna, veraz e imparcial”, garantizado por la
nueva Constitución, adoptada en diciembre de 1999 por iniciativa del Presidente, pesa sobre la prensa como una espada de Damocles. El 12 de junio, el
Tribunal Supremo de Justicia lo defendió en una resolución que priva a los
periodistas del derecho de réplica justo cuando son atacados por el Presidente en su programa dominical “Aló Presidente”, difundido por la emisora pública Radio Nacional de Venezuela.
Periodistas agredidos
El 21 de noviembre de 2001, varios periodistas fueron agredidos mientras cubrían un enfrentamiento entre opositores y partidarios del gobierno
de Hugo Chávez. Entre ellos, David Pérez Hansen, reportero del canal de
televisión RCTV de Caracas, y un camarógrafo del canal nacional Globovisión,
fueron golpeados por algunos manifestantes.
Presiones y trabas
El 8 de febrero de 2001, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a las autoridades venezolanas que adoptaran medidas conservatorias para garantizar la libre circulación y la libertad de expresión de Pablo López Ulacio, director del semanario La Razón. El Estado
venezolano se negó a aplicar la decisión de la CIDH, argumentando que constituye “un intento de ingerencia en los asuntos internos de Venezuela”. Pablo López Ulacio se encuentra refugiado en Costa Rica desde que, en agosto de 2000, un juez ordenó que fuera puesto en situación de residencia vigilada
por haberse negado a acudir a una audiencia de su proceso. El director de La
Razón fue denunciado por “difamación” por la empresa Multinacional de Seguros, a la que acusó de obtención irregular de mercados públicos. El abogado del periodista justificó la actitud de su cliente por la falta de “las más mínimas garantías de imparcialidad por parte de las autoridades judiciales”,
esgrimiendo las presuntas conexiones entre el propietario de Multinacional
de Seguros y varios altos responsables del poder judicial, así como con el presidente Hugo Chávez. En junio de 2000, otro juez ya había prohibido al periódico que publicara artículos sobre Multinacional de Seguros.
El 18 de mayo, el programa de radio “Responda, Mundial pregunta”, emitido diariamente por la radio pública YVKE Mundial, fue suspendido sin que
se explicaran las razones. Según Fernando Silva, presentador del programa,
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la medida venía a sancionar las revelaciones efectuadas en el programa sobre
supuestos contratos fraudulentos firmados por el alcalde de Caracas, Alfredo
Peña, ex ministro del presidente Chávez.
El 25 de mayo se declaró un incendio en las instalaciones del diario La
Opinión, en San Carlos, Estado Cojedes (a 300 km. al sudoeste de Caracas).
Rafael Oviedo, director y editor del periódico, acusó al gobernador del Estado y supuesto delfín del presidente Chávez, Johnny Yanes Rangel, de ser el
inductor del incendio. Añadió que el gobernador intentaba provocar la quiebra del diario, retirándole cualquier publicidad oficial. El periódico es conocido por su oposición al gobernador, quién, por su parte, acusó al propietario de haber provocado el incendio él mismo, y pidió que se abriera una
investigación.
El 9 de junio, durante una manifestación organizada por el Partido Comunista y retransmitida por la televisión, Hugo Chávez acusó a determinados medios de comunicación de hacer declaraciones falsas de impuestos y anunció que acudiría a los tribunales para “restaurar la ética, La Razón y la verdad
en el periodismo”. Después, en su programa de radio “Aló Presidente”, emitido por Radio Nacional de Venezuela, acusó al grupo de prensa Capriles, que
entre otros publica los diarios Últimas Noticias y El Mundo, de estar practicando una evasión fiscal.
El 10 de junio, en su programa “Aló Presidente”, Hugo Chávez anunció
que los visitantes extranjeros que le faltaran al respeto en sus declaraciones a
los medios de comunicación, serían inmediatamente expulsados de Venezuela. Algunos días antes, la dirigente política peruana Lourdes Flores, manifestó ante la prensa su preocupación por el futuro de las libertades en Venezuela, estableciendo un paralelismo entre la evolución autoritaria del régimen del
ex presidente peruano Alberto Fujimori y la política del presidente Chávez.
El 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó el recurso presentado por Elías Santana, periodista y presidente de la asociación Queremos
Elegir, para conseguir el derecho de réplica en el programa de radio del presidente Hugo Chávez, “Aló Presidente”, difundido por la emisora pública Radio Nacional de Venezuela. En la emisión del 27 de agosto de 2000, el jefe del
Estado calificó a Elías Santana de “representante de un sector pequeñísimo
de la sociedad civil”. El Tribunal Supremo consideró que Elías Santana no
podía pretender un derecho de réplica en el programa del Presidente porque
tenía la posibilidad de dar a conocer su opinión en los dos medios de comunicación a los que tiene acceso, el diario El Nacional, donde es mediador, y la
emisora Radio Capital. Por otra parte, el Tribunal Supremo, en los conside-
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randos, defiende el artículo 58 de la Constitución, relativo al presunto derecho de los ciudadanos a “una información verídica, oportuna e imparcial”.
Igualmente, legitima la censura previa en caso de “propaganda de guerra” y
mensajes “con carácter discriminatorio”, o que animen a “la intolerancia religiosa”. La resolución estipula finalmente que, cuando el derecho a la información entre en conflicto con otro derecho garantizado por la Constitución,
deberán decidir los jueces. El 3 de julio, la alta jurisdicción confirmó su decisión, calificándola de “irreversible”. En las semanas siguientes, Elías Santana y el Bloque de Prensa Venezolana, que agrupa a los patronos venezolanos
de prensa, presentaron un recurso ante la CIDH. El 30 de julio dimitió el representante del Estado venezolano en la CIDH, Herman Escarrá Malavé, negándose a defender la decisión del Tribunal Supremo porque estima que viola la Constitución y las leyes internacionales.
El 18 de octubre, la Comisión Venezolana de Telecomunicaciones (Conatel), institución pública encargada de la concesión de frecuencias, informó al canal de televisión Globovisión de la apertura de una investigación administrativa, por “difusión de noticias falsas”. Sobre el canal pesa la amenaza
de retirada de licencia. A finales de septiembre, con la información facilitada por un taxista, dijo, erróneamente, que habían muerto ocho taxistas. Informado de su error, el canal inmediatamente publicó un desmentido, pero
la información ya había provocado manifestaciones de taxistas en la capital.
El 3 de octubre, el presidente Chávez afirmó que no se trataba de “un error
sino de una traición” y, con palabras veladas, amenazó a la dirección del canal con retirarles la licencia de emisión para preservar “el interés nacional y
la verdad”. A fecha 1 de enero de 2002, Conatel todavía no había hecho pública su decisión.
En noviembre, se presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión contra el no ha lugar pronunciado, un año antes, por esa institución a favor de Ben Ami Fihman y Faitha Nahmens, respectivamente director y reportero del mensual Exceso. Para la dirección de Exceso, este nuevo procedimiento
demuestra que los medios de comunicación trabajan bajo la amenaza de que
se vuelvan a abrir sus antiguos procesos. Igualmente, teme que los querellantes aprovechen sus relaciones en el seno del gobierno para conseguir un veredicto favorable. Ben Ami Fihman y Faitha Nahmens fueron acusados de
“difamación” por la familia de un comerciante a raíz de un artículo, publicado en junio de 1997, sobre el asesinato de este último por asesinos a sueldo.
El 18 de octubre de 2000, después de tres años de procedimientos muy costosos para la publicación, el Tribunal Supremo finalmente pronunció un no
ha lugar, a causa de las irregularidades que marcaron el procedimiento.
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El 23 de noviembre, los soldados bloquearon las calles aledañas del periódico Así es la Noticia, en Caracas, mientras se presentaban en la sede del
diario el comandante en jefe del ejército, general Cruz Weffer, el ex gobernador del estado Apure, Jesús Aguilarte y la ex reina de belleza, Betzabé Zárraga, para exigir de Ibéyise Pacheco, directora del periódico, la publicación
de un derecho de réplica a sus denuncias sobre los supuestos gastos suntuarios del general, mientras era responsable del Plan Bolívar 2000, un programa gubernamental de desarrollo y ayuda social. Ibéyise Pacheco también publicó artículos sobre las supuestas relaciones sentimentales de Betzabé Zárraga
con el general Cruz Weffer y Jesús Aguilarte. El mismo día, Marianella Salazar, editorialista del diario Tal Cual y periodista de la radio Jazz 95 FM, recibió una carta del general Cruz Weffer, pidiendo la rectificación de una información que le concernía. Siempre el 23 de noviembre, Marta Colmina, de
la emisora Unión Radio, y Patricia Poleo, del diario El Nuevo País, dos medios
de comunicación de Caracas, recibieron sendas cartas del general Melvin Pérez, comandante de la guarnición de Caracas, exigiendo poder ejercer el derecho de réplica, tras haber sido acusado por las dos periodistas de presuntas
irregularidades durante el tiempo que fue responsable de la puesta en marcha del Plan Bolívar 2000, en el estado Monagas (a 500 km. al este de Caracas). El 28 de noviembre, y en el transcurso de una conferencia de prensa, tres
de las cuatro periodistas denunciaron maniobras por parte de los oficiales,
destinadas a intimidar a sus fuentes en el seno del ejército.
Venezuela
11 de abril - 11 de junio: estado de avance de la investigación
sobre la muerte del reportero gráfico J. Tortoza
Jorge Tortoza, reportero gráfico del diario 2001, murió el 11 de abril de
2002, a consecuencia de unos disparos, mientras cubría las manifestaciones
organizadas por la oposición para protestar contra la política del gobierno del
presidente Hugo Chávez, y que provocaron su caída. Cuando el fotógrafo marchaba a la cabeza del cortejo de manifestantes, una bala de 9 mm. le hirió gravemente en la cabeza. Trasladado al hospital Vargas, murió hacia las 21h30,
después de que le fuera practicada una operación quirúrgica. Jorge Tortoza
trabajaba en el diario 2001, desde hacía mas de diez años. Anteriormente, había trabajado en el laboratorio de fotografía de la policía judicial.
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Dos meses más tarde, se sabe poco de los avances de la investigación. Los
tres sospechosos, detenidos momentáneamente poco después de la muerte
del periodista eran, de hecho, miembros del grupo de prensa Bloque de Armas, al que pertenece el diario 2001. Se les acusaba de haberse apoderado de
la máquina fotográfica de Tortoza, que le habían retirado a la víctima para llevarla al periódico. El 12 de abril se le practicó una autopsia.
Al regreso del presidente Chávez a la jefatura del Estado, se nombraron
nuevos fiscales para el caso de las víctimas del 11 de abril. Desde entonces, la
investigación avanza lentamente. La reconstrucción de los hechos (planimetría) no se llevó a cabo hasta el 26 de abril, dos semanas después de los sucesos. Por otro lado, todavía no han sido interrogados por lo menos dos testigos : Amílcar Chourio, el chofer del diario 2001 que acompañaba al periodista,
y Jenny Oropeza, una colaboradora cercana a Tortoza en 2001, que le acompañó durante una parte de la jornada del 11 de abril.
Cuando se cumplen dos meses del 11 de abril de 2002, primer día del intento de golpe de Estado en el que resultaron muertos diecisiete civiles, Reporteros Sin Fronteras está preocupada por las pocas informaciones proporcionadas por las autoridades sobre el grado de avance de la investigación sobre
la muerte de una de las víctimas, el reportero gráfico Jorge Tortoza, del diario
2001.
La organización pide a las autoridades venezolanas que movilicen todos
los recursos necesarios para que sean identificadas y castigadas la persona, o
las personas que dispararon sobre el periodista.
Mientras, entre la propia prensa, persisten las diferencias entre partidarios y adversarios del presidente Chávez, Reporteros Sin Fronteras hace una
llamada al conjunto de los medios de comunicación para que se unan para pedir que se aclare la muerte de Jorge Tortoza. Recordando que los reporteros
gráficos heridos el 11 de abril pertenecen a medios de comunicación de distintas tendencias, la organización ha precisado que “la impunidad es un asunto de todos”.
La organización venezolana de defensa de los derechos humanos Cofavic, que está aportando un apoyo jurídico a las familias de las víctimas, publicó un comunicado firmado por ellas, denunciando “la falta de resultados concretos relativos a las investigaciones”. “No contamos con ninguna información
oficial sustantiva que pueda ofrecernos calma y confianza en nuestra intención de procurar justicia”, se lamentan las familias que piden que sean “equipos de expertos internacionales” quienes lleven a cabo “las experticias y exámenes a que haya lugar para esclarecer” las muertes.
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Igualmente piden “inmediato acceso a los exámenes médico-forenses”,
antes de hacer una llamada a la sociedad venezolana para que se una a sus esfuerzos por “despolitizar” los crímenes. Sin embargo, Cofavic constata que la
muerte de Jorge Tortoza ha sido uno de los pocos casos de homicidio, cometido el 11 de abril, del que se ha hecho una reconstrucción.
En una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de su visita a Venezuela de los días 6 al 10 de mayo, RSF pidió a la organización interamericana que investigara sobre los atentados a la
libertad de prensa, y al derecho a la información, ocurridos en el país entre el
8 y el 14 de abril de 2002, en ocasión de un intento de golpe de Estado.
Carta abierta de RSF a la CIDH
Paris, 7 de mayo de 2002
Sr. D. Juan Méndez
Organización de Estados Americanos
Caracas - Venezuela
Señor Presidente,
En el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una visita a Venezuela, del 6 al 10 de mayo, Reporteros Sin
Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de prensa, quiere llamar su atención sobre los atentados a la libertad de prensa y al derecho
a la información, cometidos en su país entre el 8 y el 14 de abril de 2002, durante el intento de golpe de Estado.
Los días 9 y 10 de abril de 2002
En ocasión de la huelga nacional, convocada para el 9 de abril por varios
sindicatos, el gobierno embargó, los días 9 y 10 de abril y en unas treinta y
cinco ocasiones, la antena de los canales de televisión y de las emisoras de radio que disponen de una licencia de emisión otorgada por el Estado. La decisión se llevó a cabo en aplicación del artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con el fin de dar a conocer la postura del gobierno. El recurso
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a esta disposición fue no solamente abusivo sino también contrario al artículo 192, que precisa que debe tratarse de “mensajes o alocuciones oficiales de
la presidencia, la vicepresidencia o los ministros”. Pero durante esas interrupciones, llamadas “cadenas”, también se dio la palabra a varias personalidades
del mundo político, sindical y empresarial, así como a periodistas del canal
oficial de televisión. Para eludir esta obligación, los canales de televisión decidieron, durante la jornada del día 10 de abril, emitir simultáneamente sus
propias informaciones, dividiendo la pantalla en dos partes.
El 11 de abril de 2002
El fotógrafo Jorge Tortoza, del diario 2001, resultó muerto mientras cubría unos violentos enfrentamientos entre opositores y partidarios del presidente Hugo Chávez, en el centro de Caracas. Según el chófer del periodista,
recibió una bala en la cabeza disparada por un individuo vestido de civil. Gravemente herido, Jorge Tortoza falleció en el hospital Vargas, poco después de
ser operado quirúrgicamente. Otros tres fotógrafos de prensa resultaron heridos, en las mismas circunstancias. Jonathan Freitas, del diario Tal Cual, resultó herido leve en el brazo, de un disparo. Enrique Hernández, de la agencia pública Venpres, fue alcanzado en la cabeza por una pedrada, y luego en el
vientre por una bala que, presumiblemente, rebotó en una pared. Su hermano, Luis Enrique Hernández, del diario Avance, también resultó herido de
bala en la cadera. Un cuarto fotógrafo, Miguel Escalona, del diario El
Carabobeño, fue alcanzado en la cabeza con un bate de béisbol; le robaron el
material. Según el testimonio de un fotógrafo, publicado en el diario Últimas
Noticias y reproducido en el diario Tal Cual, un miembro de la Guardia Nacional le manifestó en las cercanías del palacio presidencial: “Guarda esa cámara de fotos porque tenemos orden de disparar sobre todos los que lleven
aparatos fotográficos”.
Hacia las 16 horas, se suspendieron los programas de los canales privados de televisión, por orden del presidente Hugo Chávez, quien justificó la
decisión por la “campaña de difamación” propagada por las emisoras, a las
que acusó de “incitación a la violencia” y de “irresponsabilidad”. La orden de
cortar la señal hertziana de los canales llegó poco después de que los canales,
negándose a emitir exclusivamente un discurso del Presidente, procedieran a
la transmisión simultánea, dividiendo la pantalla en dos partes, de imágenes
de la represión que, en aquel momento, se ejercía sobre la manifestación de
la oposición. El presidente Chávez exigió la emisión de su discurso en el momento en que, en las calles de Caracas, empezaban a escucharse disparos. Su
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demanda se basaba en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por la noche, los locales del canal de televisión CMT estuvieron rodeados, durante algunas horas, por elementos de los servicios de información
militar (Dirección de Inteligencia Militar, DIM). Finalmente, hacia las 22 horas quedó restablecida la señal hertziana, después de que una fracción del ejército se uniera a la oposición al jefe del Estado.
Hacia las 22 horas, los locales del canal público Venezolana de Televisión
fueron ocupados por elementos de la Guardia Nacional, que hasta aquel momento estaban protegiendo las instalaciones. Se suspendió la programación,
por temor a represalias de los antichavistas. En el mismo momento, y por los
mismos motivos, la agencia pública de prensa Venpres suspendió su trabajo informativo.
Los canales privados de televisión no emitieron, durante la jornada, ninguna imagen de las manifestaciones de partidarios del presidente Hugo Chávez, ni del asalto que efectuaron al palacio presidencial. Como la programación del canal público permanecía suspendida sólo dispusieron de información
los abonados al cable, a través de los canales extranjeros. Posteriormente, las
emisoras venezolanas han justificado el mutismo por el “riesgo” que corrían
sus periodistas al realizar esos reportajes. También explicaron que la emisión
de imágenes de escenas de pillaje, en Caracas, podían animar a llevar a cabo
acciones similares en las provincias. Gustavo Cisneros, presidente de Organización Diego Cisneros, propietaria de Venevisión, añadió que el silencio de
la televisión estuvo también ligado a consideraciones operativas, como la carencia de imágenes para ilustrar los acontecimientos.
Al final de la tarde, decenas de personas se manifestaron violentamente
ante la sede del canal privado de televisión Radio Caracas Televisión, mientras
la capital era escenario de incidentes y circulaban versiones contradictorias
acerca del regreso de Hugo Chávez a la presidencia. Los manifestantes arrojaron piedras contra la fachada, rompiendo los cristales de la emisora. A pesar de que los periodistas de RCTV, temiendo por su seguridad, lanzaron mensajes reclamando la intervención de las autoridades, los incidentes se
desarrollaron sin que intervinieran las fuerzas del orden. Los partidarios del
presidente Chávez se manifestaron igualmente ante los canales Globovisión y
Venevisión. De este último, y de Radio Caracas Televisión, obtuvieron la emisión de las declaraciones de sus líderes. Igualmente, los edificios de los diarios El Nacional y El Universal, tuvieron que ser evacuados tras el despliegue
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de manifestaciones similares ante sus puertas. Hacia las 20 horas, el canal público Venezolana de Televisión reanudó sus emisiones, bajo el control de algunos partidarios de Hugo Chávez.
Los canales privados de televisión no emitieron ningún boletín informativo. Sólo el canal de información continua Globovisión reprodujo las informaciones difundidas por las agencias internacionales de prensa. Algunos periódicos tuvieron que evacuar sus locales la víspera, y casi ninguno se publicó
el 14 de abril. Solamente se podían encontrar en los kioskos El Globo y Últimas
Noticias. Sin embargo, algunas redacciones mantuvieron sus ediciones digitales, difundiendo esencialmente despachos de agencias.
El 15 de abril, la situación volvió poco a poco a la normalidad, con la reaparición de la prensa escrita en los kioskos y de los flashes informativos en la
televisión, salvo en los canales Radio Caracas Televisión y Venevisión. Temiendo por su seguridad, muchos periodistas y camarógrafos de esos canales no
se presentaron en sus puestos de trabajo. Incluso tres periodistas de Venevisión,
Claudia Andrade, Jesús Marín y Margarita Rodríguez, abandonaron el país.
Respondiendo a la pregunta de un camarógrafo, durante una conferencia de
prensa, Hugo Chávez hizo un llamamiento a sus seguidores para que pusieran fin a las agresiones y a las amenazas contra periodistas.
Recomendaciones
Tras los acontecimientos del 8 al 14 de abril, Reporteros Sin Fronteras recomienda a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
■ Que condene el uso abusivo del gobierno del sistema de “cadenas” y
que estatuya acerca de las modalidades de embargo de antena por las
autoridades. Para RSF, aunque es legítimo que un gobierno haga llegar puntualmente su voz en circunstancias excepcionales esto no puede, en ningún caso, justificar la interrupción de los programas televisados o radiados, en treinta ocasiones en el espacio de dos días;
■ Que condene la suspensión de los canales privados de televisión, por
el presidente Hugo Chávez;
■ Que condene las manifestaciones que tuvieron lugar ante los locales de
varios medios de comunicación el 13 de abril, por su carácter violento
e intimidatorio;
■ Que investigue sobre el origen de los disparos que costaron la vida a
Jorge Tortoza, y sobre las circunstancias en que resultaron heridos otros
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cuatro fotógrafos, para que sus agresores puedan responder ante la justicia;
■ Que investigue sobre las razones que llevaron a los canales privados de
televisión a no informar, los días 13 y 14 de abril, sobre las manifestaciones de partidarios del presidente Chávez. Reporteros Sin fronteras
considera que esta falta de información representa un grave atentado
contra el derecho de la población a ser informada;
■ Que investigue si se dan las condiciones necesarias para que se produz-
ca una vuelta al ejercicio seguro del periodismo.
En la seguridad de que usted no permanecerá insensible a este mensaje,
le agradecería que nos tuviera informados del desarrollo de su visita a Venezuela y le ruego que acepte, Señor Secretario Ejecutivo, la expresión de mi
mayor consideración.
Robert Ménard
Secretario General
Comunicado:
Nueva agresión contra el canal Globovisión
24-09-2002
Fuente: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=3859&var_recherche=
Venezuela
Reporteros Sin Fronteras denuncia la nueva agresión de que ha sido víctima el canal Globovisión, en Caracas. En una carta dirigida a Diosdado Cabello,
Ministro de Interior y de Justicia, la organización ha pedido que se abra una investigación para que los responsables sean juzgados y castigados. Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, se felicitó por el hecho
de que algunos miembros del gobierno condenaran la agresión. Sin embargo,
ha emplazado al ministro para que anuncie las medidas que piensa adoptar para “poner fin a las repetidas agresiones contra los profesionales de la información, que ponen en peligro el libre ejercicio del periodismo”. En lo que va de
año, y en dos ocasiones, el canal ha sido víctima de ataques con granadas.
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El 21 de septiembre de 2002, ocho individuos armados, presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, agredieron a Rossana Rodríguez, Felipe Lugo y Wilmer Escalona, del canal Globovisión en Caracas, cuando grababan imágenes en el puente Llaguno (centro de la ciudad). Después de
amenazar y golpear al chofer del equipo, los agresores se apoderaron de la cámara y causaron daños al vehículo del canal. La intervención de Lina Ron,
conocida simpatizante de Hugo Chávez, permitió a los periodistas recuperar
una parte de su material, con excepción de la grabación del vídeo. Pocas horas más tarde, uno de los presuntos asaltantes, Luis Cortez, fue detenido y
trasladado al tribunal. La Ministra de Información, Nora Uribe, así como el
vicepresidente José Vicente Rangel, denunciaron esta agresión.
El puente Llaguno es un lugar simbólico para los partidarios del presidente. Varios de ellos murieron allí durante el intento de golpe de Estado del
11 de abril de 2002.
Comunicado
Un canal de televisión regional alcanzado por bombas incendiarias
13-09-2002
Reporteros Sin Fronteras ha manifestado su gran preocupación porque
el canal de televisión regional Promar TV, con base en Barquisimeto (estado
de Lara, a 250 kilómetros al oeste de Caracas), ha sido atacado con bombas
incendiarias. En una carta dirigida a Diosdado Cabello, Ministro de Interior
y Justicia, la organización ha pedido que se efectúe una investigación, para
identificar y castigar a los autores. “Es indispensable que las autoridades pongan fin a la escalada de violencia que tiene a la prensa como víctima”, ha dicho, preocupado, Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin fronteras, quien ha recordado que el atentado contra Promar TV es el cuarto ataque,
con artefacto explosivo, contra un medio de comunicación, en este año. La
organización ha pedido al gobierno que garantice la protección de los periodistas, de acuerdo con las directivas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El 13 de septiembre de 2002, tres individuos tiraron cuatro bombas incendiarias (tipo cocteles Molotov) de fabricación casera, en el aparcamiento
del canal de televisión Promar TV, con base en Barquisimeto, provocando ligeros daños materiales. Según el vigilante del canal, la agresión se produjo
hacia la 1h35 de la mañana. Promar TV es una emisora regional conectada a
la señal de emisión del canal de información continua Globovisión, al tiempo
que proporciona a ésta información sobre el estado de Lara. Globovisión es conocido por su tono crítico con la gestión gubernamental. Los partidarios del
presidente le acusan también de no haber emitido imágenes de las manifestaciones de apoyo a Hugo Chávez, el pasado 13 de abril, cuando fue víctima
de un intento de golpe de Estado.
El 31 de julio, una granada lacrimógena fue lanzada contra la sede de
Globovisión. Ya el pasado 9 de julio fue lanzada una granada contra los locales
de la cadena. El 31 de enero de 2002, explotó una bomba ante el local del diario Así es la Noticia, en Caracas, provocando daños en la fachada del periódico. La dirección del diario había recibido amenazas poco tiempo antes a través de una llamada telefónica anónima denunciando su línea editorial, crítica
con el gobierno.
El 29 de julio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prorrogó, por un plazo de seis meses, las medidas cautelares adoptadas, el 30 de enero de 2002, a favor de los canales Venevisión y Radio Caracas
Televisión. La Comisión pidió a las autoridades venezolanas que garanticen la
seguridad de los periodistas y que se lleven a cabo, de manera exhaustiva, todas las investigaciones relativas a actos de intimidación y de violencia perpetrados contra los profesionales de la información.
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Comunicado
Reporteros sin Fronteras pide la apertura de investigaciones
sobre las agresiones sufridas por varios periodistas
12-09-2002
Reporteros sin Fronteras ha expresado su preocupación por las agresiones que sufrieron varios periodistas, durante las recientes manifestaciones, tanto a favor como en contra del gobierno. En una carta dirigida a Diosdado Cabello, Ministro de Interior y Justicia, la organización ha pedido que se hagan
investigaciones para aclarar esas agresiones. “Resulta preocupante, para la libertad de prensa en Venezuela, constatar que los periodistas son cada vez más
víctimas de la intolerancia”, manifestó Robert Ménard, secretario general de
Reporteros sin Fronteras. “Es imperativo que los culpables sean identificados y juzgados", añadió.
El 9 de septiembre de 2002, Carlos Eduardo Delgado, camarógrafo del
canal de televisión local CMT, fue golpeado cuando estaba cubriendo una manifestación de partidarios del presidente Chávez en Caracas. Los manifestantes la tomaron con los representantes de la prensa presentes en el lugar, gritando “fuera los medios vendidos”, y calificaron al canal de la CMT de
“imperialista y golpista”.
Tres días antes, Aymara Lorenzo, del canal de televisión Globovisión, y Luisana Ríos, de Radio Caracas Televisión, fueron atacadas cuando cubrían un enfrentamiento entre partidarios y opositores del presidente Chávez, delante de
la base militar de Fuerte Tiuna, en Caracas. Ambas periodistas fueron insultadas por algunos partidarios del gobierno, que acusan a los canales de televisión por sus frecuentemente críticas de la gestión gubernamental, así como
por la cobertura que hicieron del intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez, en abril de 2002. En aquel momento, los canales no emitieron
ninguna imagen de las manifestaciones de apoyo al presidente Hugo Chávez,
que estuvo separado del poder durante cuarenta y ocho horas.
Finalmente, el 5 de septiembre, la periodista Vanessa Camargo, del canal
de televisión pública Venezolana de Televisión, fue amenazada mientras cubría
una manifestación contra el gobierno, en La Guaira (estado de Vargas, al norte de Caracas). Los manifestantes le pidieron que se marchara del lugar. Igualmente, atacaron al reportero y al camarógrafo del canal, a los que acusaron
de ser favorables al gobierno del presidente Chávez, y propinaron golpes al
vehículo del equipo de la televisión.
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Comunicado:
Nuevas agresiones de periodistas
07-08-2002
El 2 de agosto, Elianta Quintero, José Tarache y Juan Méndez, de Venevisión,
Noé Pernía, César Sánchez y Wilmer Villasmil, del canal Radio Caracas
Televisión, Paulo Pérez Zambrano, fotógrafo del diario El Universal, Andry
Lara, fotógrafo del diario La Voz de Guarenas y Alejandro Delgado Cisneros,
fotógrafo del diario El Nacional, fueron amenazados por partidarios del presidente Hugo Chávez que bloqueaban la avenida Sucre de Catia y las calles
del barrio popular “23 de Enero”, en Caracas, y mientras la policía intentaba
dispersar al gentío. Por otra parte, un equipo del canal Televen, integrado por
el periodista Johann Merchán, el camarógrafo Orlando Chong y el asistente
Johnny Verdú fue perseguido por simpatizantes del gobierno y tuvo que esconderse. Finalmente tuvieron que disfrazarse para poder eludir el cerco. Posteriormente, mientras cubrían los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, un agente de la policía municipal les arrebató la cámara y confiscó
sus películas. El 4 de agosto, durante la transmisión televisiva semanal “Aló
Presidente”, el presidente Hugo Chávez atacó nuevamente a los periodistas,
calificándoles de “embusteros”. Acusó a la prensa de destacar solamente lo
malo del país.
Comunicado:
Una bomba explota en la sede de un canal de televisión
09-07-2002
Reporteros sin Fronteras ha denunciado el atentado perpetrado contra el
canal de televisión privado Globovisión, el 9 de julio de 2002. En una carta dirigida a Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia, Robert Mé-
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nard, secretario general de la organización lamentó que “persiguen los actos
de intimidación contra los medios de comunicación privados”. Reporteros sin
Fronteras, que ha tomado nota de la abertura de una investigación, ha pedido que se la mantenga informada de sus avances.
Según informaciones recogidas por Reporteros sin Fronteras, un artefacto de baja potencia explotó en la sede del canal de televisión privado Globovisión,
en La Florida, urbanización ubicada en el noreste de Caracas, el 9 de julio de
2002, en los alrededores de la una de la mañana. Según los primeros elementos de la investigación, el artefacto explosivo, una granada de fabricación militar arrojada desde un vehículo contra la sede de Globovisión, cayó en el patio interior del canal, causando sólo daños materiales. Las autoridades reforzaron
la seguridad en torno a otros medios de comunicación de la ciudad. El ministro del Interior y de Justicia expresó a nombre del gobierno su condena del
atentado, y anunció que se abrirá una investigación.
El 31 de enero de 2002, explotó una bomba ante el local del diario Así es
la Noticia, en Caracas, provocando daños en la fachada del periódico. La dirección del diario había recibido amenazas poco tiempo antes a través de una
llamada telefónica anónima denunciando su línea editorial, crítica con el gobierno.
Comunicado:
Una bomba explota ante la sede de un diario
01-02-2002
En una carta dirigida a Ramón Rodriguez Chacín, Ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado
el atentado perpetrado, el 31 de enero, contra el diario Así es la Noticia. “Las
amenazas verbales del jefe del Estado contra los medios de comunicación que
le critican han terminado por generar un clima propicio para la violencia”,
constató Robert Ménard, Secretario General de RSF. “Le pedimos que condene este atentado cometido por supuestos simpatizantes de su gobierno”,
añadió. RSF ha pedido también al ministro que se identifique a los culpables
y se les denuncie judicialmente.
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Según las informaciones recogidas por RSF, el 31 de enero de 2002 explotó una bomba ante el local del diario Así es la Noticia, en Caracas, provocando daños en la fachada del periódico. La bomba, de poca intensidad, fue
lanzada por dos individuos que circulaban en una moto. La dirección del diario había recibido amenazas poco tiempo antes a través de una llamada telefónica anónima denunciando su línea editorial, crítica con el gobierno. Cerca de la sede del periódico se encontraron panfletos, después de la explosión,
en los que se acusa a los periodistas de Así es la Noticia de estar llevando una
política antigubernamental y de servir a la “oligarquía”. Estaban firmados con
el nombre MRT, un grupo hasta ahora desconocido.
El periódico Así es la Noticia está dirigido por Ibéyise Pacheco, que también es editorialista en el diario El Nacional que, el 7 de enero de 2002, recibió amenazas de algunos partidarios del presidente Chávez. Ambos diarios
pertenecen al mismo grupo. Por otra parte, Ibéyise Pacheco divulgó, el 30 de
enero de 2002, la existencia de un documento revelador sobre las supuestas
relaciones entre oficiales venezolanos y guerrilleros colombianos.
El gobierno ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los periódicos Así es la Noticia y El Nacional, así como del canal de televisión
Globovisión. Se han desplegado fuerzas policiales en torno a los locales de los
tres medios de comunicación.
Comunicado:
Simpatizantes del Presidente asedian los locales del diario
El Nacional
14-01-2002
El 11 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) pidió oficialmente al gobierno venezolano de “brindar la protección
que sea requerida por los representantes del diario El Nacional”, y asimismo
exigió que se abra una investigación para desenmascarar y castigar a los responsables del hostigamiento contra el diario. LA CIDH dió al gobierno un
plazo de siete días para dar respuesta a esta petición. El presidente Chávez
aseguró que es “muy triste” que la CIDH se preste a defender “la mentira y
el chantaje”, referiendose a la línea editorial de El Nacional. El Presidente afir-
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mó que continuarán las protestas contra los medios de comunicación “si siguen atropellando al pueblo”. El 9 de enero, el presidente Chávez explicó que
la anterior manifestación contra El Nacional “no fue instigada (por el gobierno), ¡surgió de las gargantas del pueblo!”. Una caravana organizada por, el
oficialista “Movimiento V República” (MVR) recorrió Caracas, el 13 de enero, parándose delante de algunos medios de comunicación, entre ellos El Nacional,
para exigirles que “digan la verdad”.
9 de enero del 2002
Simpatizantes del Presidente asedian los locales
del diario El Nacional
En una carta dirigida al presidente de la República, Hugo Chávez, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha protestado contra el asedio de partidarios
del poder contra el diario El Nacional. Esta agresión se produjo veinticuatro
horas después de que el Presidente criticara al diario. “Las amenazas verbales del Presidente ahora van seguidas de efecto”, ha manifestado inquieto Robert Ménard, secretario general de RSF. “Este acontecimiento significa una
degradación de la situación de la prensa en Venezuela”, ha subrayado. RSF
ha pedido al presidente Chávez que condene la agresión y le recuerda que debe llamar al orden a sus partidarios. Ménard ha exigido que se abra una investigación sobre el incidente. Finalmente, la organización también ha pedido al Presidente que ponga fin a sus virulentos ataques contra la prensa, que
la convierten en un objetivo de la venganza popular. Durante la visita del presidente venezolano a París (Francia) en octubre de 2001, RSF denunció su
política de intimidación de los medios de comunicación.
Según informaciones recogidas por RSF, al menos un centenar de simpatizantes del presidente Chávez asediaron, durante varias horas, el 7 de enero
de 2002, los locales del diario El Nacional. Los militantes cantaron slogans
contra el periódico y acribillaron su fachada con diversos proyectiles. Durante ese tiempo, se impidió a los periodistas abandonar los locales del diario.
Fue necesario un despliegue de la policía antidisturbios para dispersar a los
activistas, que se reclamaban de un “círculo bolivariano”, organización popular favorable a Hugo Chávez. El día anterior, el presidente de la República
había denunciado con dureza la línea editorial del diario, según él culpable
de publicar mentiras sobre la política de su gobierno.
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Sociedad Interamericana de Prensa
Comunicado de Prensa
Misión de la SIP y el IPI expresa preocupación
y advierte sobre el grave deterioro
del clima de libertad de prensa en Venezuela
Fuente: http://www.sipiapa.com/espanol/pressreleases/srchcountrydetail.
cfm?PressReleaseID=808
CARACAS (25 DE SEPTIEMBRE DE 2002). La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) advirtieron con
preocupación el grave deterioro de la situación de la libertad de prensa en Venezuela, al constatar el clima de agresiones físicas e intimidación contra periodistas y medios de comunicación, al tiempo que insistieron sobre la existencia de un orden legal y jurídico que coarta el libre desarrollo de la actividad
periodística.
Después de tres días de visita en Venezuela, la SIP y el IPI concluyeron
que el deterioro de la situación de la libertad de prensa es el reflejo del alto
grado de impunidad que impera en el país como resultado de la ineficiencia
de las instituciones en investigar con celeridad y castigar con prontitud a los
responsables de los ataques contra los periodistas y los medios. Ambas organizaciones encontraron numerosas contradicciones en los poderes del Estado, que bajo la excusa de la independencia de poderes, han permitido el aumento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Luego de recibir numerosa documentación de parte de periodistas de diferentes medios y representantes de asociaciones periodísticas, sobre agresiones, amenazas, intimidación y hasta el asesinato de un reportero gráfico, además de denuncias sobre trabas legales y jurídicas, así como de discriminación
en el otorgamiento de la publicidad oficial, la SIP y el IPI advirtieron que jamás podrá establecerse un verdadero clima democrático sin las debidas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.
Las organizaciones calificaron de alarmante el hecho de que la violencia
física y la agresión verbal contra los periodistas provengan de grupos afines
al Gobierno como los Círculos Bolivarianos, conducta instigada por el propio presidente Hugo Chávez que sistemática y públicamente arenga contra
la labor de los periodistas y la prensa.
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El IPI, en representación de periodistas, editores y ejecutivos de medios
de comunicación de 115 países, con sede en Viena, Austria, y la SIP en representación de más de 1.300 publicaciones escritas del hemisferio occidental,
manifestaron que la violencia no es el único aspecto por el que se deteriora la
libertad de prensa en el país, y realzaron la valentía y el coraje de la labor de
los periodistas para garantizar el derecho del público a la información.
Al considerar que los poderes públicos del Estado insisten en el respeto
a la libertad de prensa en el país, tras reuniones con el presidente de la República en ejercicio, José Vicente Rangel, y con las más altas autoridades del Poder Judicial y de la Asamblea Nacional, la SIP y el IPI indicaron que esas declaraciones están desacreditadas por disposiciones administrativas, sentencias
judiciales, proyectos de leyes y preceptos constitucionales que contradicen,
incluso, normas del derecho y tratados internacionales sobre libertad de expresión y de prensa.
Entre esas contradicciones, la SIP y el IPI citan que mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Rincón, se comprometió a no permitir que se adopte ninguna norma contra la libertad de prensa como podría
estar incluida en el proyecto de Ley que estudia actualmente la Asamblea Nacional, la Corte sostiene su Sentencia 1013 que define criterios periodísticos
sobre información oportuna, veraz e imparcial y avasalla el derecho a la propiedad privada y de los medios, así como la libertad de informar. Ambas organizaciones añadieron que la cláusula constitucional sobre “información veraz” representa un retroceso en materia de libertad de prensa y que puede ser
utilizada para controlar la actividad periodística. También criticaron que las
zonas de exclusión decretadas por el gobierno por motivos de seguridad y que
limitan la actividad política, coartan severamente el derecho del público a informar y ser informados, y las garantías para el libre desarrollo de la actividad periodística.
Aun así, ambas instituciones mostraron su beneplácito de que el vicepresidente Rangel se haya comprometido a motivar al Ministerio Público para
que se profundicen las investigaciones, y a que el Gobierno haya aceptado la
propuesta del IPI para la formación de una comisión internacional interdisciplinaria que evalúe la libertad de prensa en el país.
Además de las autoridades públicas del país, la SIP y el IPI mantuvieron
reuniones con líderes y representantes de Fedecámaras, la Federación Venezolana de la Industria de la Televisión y de la Radiodifusión, la Fiscalía General de la República, la Coordinadora Democrática, el Bloque de Prensa Venezolano, el Colegio de Periodistas, la Confederación de Trabajadores de
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Venezuela, la Conferencia Episcopal Venezolana, y numerosos periodistas de
los diferentes medios de comunicación.
La delegación internacional estuvo liderada por los presidentes de la SIP,
Robert J. Cox, del The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur y del
IPI, Jorge Fascetto, Diario Popular, Buenos Aires, Argentina.
Integraron además la delegación, por la SIP, Andrés García Gamboa, vicepresidente primero, Novedades de Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo,
México; Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información, Ahora, Santo Domingo, República Dominicana; Julio Muñoz,
director ejecutivo SIP, Miami, Florida y Ricardo Trotti, coordinador de Libertad de Prensa e Información, Miami, Florida.
Por parte del IPI participaron David Greenway, The Boston Globe, Estados Unidos; Wilfred Kiboro, presidente corporativo, Nation Media Group,
Kenya; Mitja Mersol, Delo, Eslovenia; Norman Webster, The Montreal Gazette, Canadá; Johann P. Fritz, director del IPI, Viena, Austria y Michael Kudlak, consejero de Libertad de Prensa, Viena, Austria.
Venezuela: Condena SIP agresión contra periodistas
MIAMI (5 DE AGOSTO DE 2002). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
condenó las recientes agresiones contra medios de prensa y periodistas en Venezuela y llamó públicamente al gobierno de ese país a promover la tolerancia
y a garantizar el derecho de los periodistas a ejercer la profesión con seguridad.
Durante los violentos disturbios de la semana pasada en Caracas y mientras cubrían las protestas, unos 13 periodistas, fotógrafos y camarógrafos de
diferentes medios de comunicación fueron agredidos por los manifestantes.
Tras expresar su solidaridad con los periodistas, el presidente de la SIP,
Robert J. Cox, agregó que “nos preocupa el ambiente de tensión en el que los
periodistas venezolanos realizan su trabajo cotidiano. A lo largo de los últimos meses hemos denunciado un grave incremento de acciones violentas y
tememos que estas continúen”.
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Cox, subdirector del diario The Post and Courier, de Charleston, Carolina
del Sur, dijo que “es hora de que el gobierno tome cartas en el asunto y ponga fin a la violencia de los grupos intolerantes contra la prensa local”.
Por su parte, Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información, “esta es una situación tan distorsionada y caótica que
los propios periodistas se han convertido en noticias porque son el blanco favorito de un sector de la sociedad venezolana que culpa a la prensa por la severa polarización que padece el país”.
Molina, director de la revista Ahora, de Santo Domingo, República Dominicana, expresó que “para que se eviten situaciones aún más graves contra
la prensa, este es el momento en que gobierno debe intervenir para frenar la
violencia”.
Cox y Molina anunciaron que la SIP estudia la posibilidad de enviar una
delegación internacional a Venezuela para analizar la situación de la libertad
de prensa en este país.
Condena la SIP ola de violencia contra periodistas en Venezuela
MIAMI (9 DE JULIO DE 2002). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
manifestó su preocupación por una ola de atentados contra periodistas y medios de comunicación registrados recientemente en Venezuela, por lo que solicitó públicamente a las autoridades que investiguen y castiguen a los responsables como única forma de garantizar el derecho del público a la
información.
“Observamos alarmados una mayor intensidad de agresiones y ataques
contra los periodistas y medios venezolanos, y no vemos que esta ola de violencia vaya a terminar sino es con una decidida acción del gobierno que busque cortar estos actos de intimidación, mediante una investigación rigurosa
y castigo ejemplar”, dijo Robert Cox, presidente de la SIP.
Por su parte, Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información de la SIP, advirtió que “si no se garantiza el ejercicio li-
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bre del periodismo, tarde o temprano veremos como toda la sociedad venezolana quedará virtualmente secuestrada”.
Cox, subdirector de The Post and Courier, de Charleston, Carolina del Sur
y Molina, director de la revista Ahora, de República Dominicana, dijeron que
la SIP está analizando el envío de una nueva misión a Venezuela para revisar
la situación por la que atraviesa la libertad de prensa. La última misión de la
SIP a ese país se produjo en febrero pasado, tiempo en que se advirtió sobre
los riesgos de la violencia contra los periodistas y una serie de normas legales
que no permiten el normal desarrollo de la tarea periodística.
En los últimos días, la libertad de prensa en el país fue afectada por varios
incidentes violentos contra periodistas y medios de comunicación que las autoridades de la SIP condenaron en forma enérgica. Entre esos casos, destacaron su preocupación por el secuestro de Fabio Cortés, propietario de La
Nación, de San Cristóbal, hecho que todavía no fue esclarecido desde que tres
enmascarados entraron violentamente el 29 de junio a su hogar y lo raptaron
tras amenazar a su esposa y dos hijas.
Hoy a la madrugada desconocidos que se dirigían en un vehículo arrojaron una granada fragmentaria en un estacionamiento de la cadena Globovisión
ocasionando daños materiales pero no víctimas.
El 6 de julio un grupo de desconocidos incendió el automóvil de José Angel Ocanto, jefe de Información del periódico El Impulso, de Barquisimeto,
quien presumiblemente fue blanco de ataques en represalia por las denuncias
sobre corrupción en la administración de pública que hace en su columna “Campaña en el desierto”.
El 5 de julio, Sabrina Segovia, corresponsal de Notitarde en Caracas fue
agredida por partidarios del gobierno, y en otro incidente similar, a mediados de junio, la periodista Alicia La Rotta, del diario El Universal, de Caracas, fue golpeada por un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado
que se hizo pasar por periodista.
El periodista Luis Botello, director para los programas de América Latina del Centro Internacional para Periodistas, con sede en Washington, denunció que fue amenazado cuando una autoridad del Colegio de Periodistas
regional aludió a que podía ser deportado por decir que no existe libertad de
expresión en el país. Botello organizó un seminario de entrenamiento para
periodistas del 27 al 29 de junio en la Isla Margarita. Luego fue demorado
por las autoridades en el aeropuerto cuando se apreastaba a salir del país.
También se registraron a mediados de junio actos de violencia de parte de
simpatizantes del gobierno contra vehículos de los canales de televisión Televen
y Globovisión y del periódico El Siglo.
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Otra agresión se registró el 26 de junio en el estado de Anzoátegui donde un grupo de periodistas que había sido citado para una conferencia de
prensa fue atacado física y verbalmente por miembros de la policía municipal.
La SIP reclama respeto a la libertad de prensa en Venezuela
MIAMI (17 DE ABRIL DE 2002). La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) se mantiene en permanente atención respecto a la situación imperante
en Venezuela y alienta la esperanza de un cambio a favor de la plena vigencia
de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ante los anuncios del presidente Hugo Chávez a favor de la conciliación,
el presidente de la SIP, Robert J. Cox, manifestó su deseo en que ello se concrete en hechos, lo que requiere la revisión de una serie de normas y proyectos de ley que se consideran lesivos para la libertad de expresión, así como
terminar con actitudes y manifestaciones autocráticas con las que el Poder
Ejecutivo ha creado situaciones antagónicas en contra de los periodistas y medios de comunicación.
En una visita reciente a ese país, una delegación internacional de la SIP
dijo que en Venezuela no se cumple con los 10 principios de la Declaración
de Chapultepec necesarios para el desarrollo de una verdadera democracia y
que el presidente Chávez era el responsable de las agresiones a la libertad de
prensa.
La SIP con la misma firmeza que condenó las normas restrictivas a la libertad de expresión vigentes en Venezuela y que advirtió sobre los peligros
en que podrían degenerar la política y el discurso del Poder Ejecutivo, lo que
lamentablemente fue confirmado en los hechos, reclama hoy en el marco de
ese espíritu conciliatorio, que se den pruebas concretas a favor de la libertad
de prensa.
Asimismo, la SIP reclama la atención y rechaza todos aquellos actos y decisiones, provengan de donde provinieren, dirigidos a impedir que los ciudadanos estén debidamente informados.
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“La tarea de los medios de prensa y de los periodistas es informar sin dejar que otros intereses ajenos a esa tarea la limiten y la función de los gobiernos es garantizar que los periodistas y los medios de información desarrollen
sus actividades sin ningún tipo de obstáculos”, dijo Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, director de
la revista Ahora, Santo Domingo, República Dominicana.
Cox, subdirector del diario The Post and Courier, de Charleston, Carolina
del Sur, señaló que la SIP tiene la esperanza de que la violencia no prospere
y la conciliación democrática sea una realidad en Venezuela. “Pero queremos
ser enfáticos en advertir que ello no puede suceder si es que no se respeta la
plena vigencia de la libertad de expresión y de prensa y se garantiza la labor
periodística”, concluyó.
En Venezuela no se cumple con los principios sobre libertad
de prensa de la Declaración de Chapultepec
MIAMI (5 DE MARZO DE 2002). La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) manifestó que no existe verdadera libertad de prensa en Venezuela al
no respetarse los 10 principios de la Declaración de Chapultepec, conclusión
que la entidad hemisférica obtuvo tras un análisis sobre las leyes y regulaciones que afectan la labor periodística y el derecho del público a la información
en ese país.
Autoridades de la SIP y juristas venezolanos que formaron parte de un foro público sobre libertad de prensa, coincidieron en que Venezuela está atravesando por su peor crisis, rodeada por un clima de tensión, agresión, intimidación e intolerancia en contra de medios de comunicación y periodistas,
agravada por una falta de independencia del sistema judicial que impide el
cumplimiento de los principios de la Declaración de Chapultepec.
La Declaración de Chapultepec fue concebida en una reunión hemisférica en México en 1994 y desde entonces ha sido firmada por 22 jefes de Estado. Sus 10 principios se refieren a las garantías necesarias para sostener un
clima de libertad de prensa y para respaldar el sistema democrático.
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Asimismo, en el decimonoveno foro de Chapultepec celebrado en Caracas, los panelistas concordaron en que la Declaración debería “tener carácter
obligatorio” y la calificaron como “fuente de derecho y no meramente una
declaración enunciativa de derechos”.
Asdrúbal Aguiar, jurista venezolano, dijo que la Declaración de Chapultepec es una “fuente válida y vinculante dentro de la esfera del derecho internacional público para los Estados”. Fundamentó su posición diciendo que la
Declaración ha sido firmada por numerosos presidentes y primer ministros,
y que por ello “se trata de una especie de acto internacional por lo que sienta doctrina y puede ir más allá de ser meras declaraciones”.
Héctor Faúndez, jurista y catedrático venezolano, coincidió con esa posición y al referirse al aporte de las entidades no gubernamentales, expresó
que la Declaración de Chapultepec inspiró la creación de la Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización
de Estados Americanos (OEA), “por ello la validez como documento internacional”.
Por su parte, Pedro Nikken, ex magistrado de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, quien recalcó la importancia que la SIP ha tenido a lo
largo de los años en la defensa de la libertad de prensa, se refirió a ambas declaraciones como un marco conceptual de referencia para proteger la libertad de prensa en el hemisferio. En ese sentido, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha podido adoptar recientemente varias
medidas de protección a favor de medios de comunicación que fueron hostigados por el gobierno de Hugo Chávez.
Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que “no es una mera coincidencia que la prensa venezolana esté atravesando por su peor crisis en un clima de tensión, agresión
e intimidación y que el marco jurídico impida el cumplimiento de cualquiera de los principios de la Declaración de Chapultepec”. Agregó que “tanto
los fallos judiciales como las normas legales son utilizados para contribuir a
este ambiente de confrontación y extrema intolerancia oficial hacia la libertad de prensa”.
El presidente de la Comisión de Chapultepec, Alejandro Miró Quesada,
El Comercio, Lima, Perú, quien también disertó en el foro, expresó que existían muchas similitudes entre las tácticas de presión y hostigamiento hacia la
prensa del depuesto gobierno de Alberto Fujimori en el Perú y el gobierno
de Chávez. “Lo interesante es que en ambos países -dijo- se pregonaba públicamente la plena libertad de prensa cuando en realidad existía un permanente acoso de los jueces y funcionarios contra los medios y los periodistas”.
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En su presentación del análisis comparado entre la legislación de Venezuela y la Declaración de Chapultepec, Molina brindó numerosos ejemplos
de cómo se coarta la libertad de prensa, calificando de “discriminatoria, arbitraria y peligrosa para la libertad de prensa”, a la cláusula constitucional sobre “información veraz”.
Sobre el tema, Faúndez, manifestó que la redacción de los artículos 57 y
58 de la nueva Constitución, donde se contempla esa cláusula, conforman un
“problema estructural” porque se refieren a la libertad de expresión “sólo en
términos de garantías de los particulares frente a los medios y no cómo debieran estar concebidas como garantías frente al Estado”.
Cecilia Sosa, ex-presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que
ninguno de los principios de la Declaración se cumplía en Venezuela a la luz
de la Sentencia 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia. Aquella medida adoptada en el 2001, no permitió que un periodista responda a un agravio del presidente Chávez en su programa radial “Aló Presidente”.
Sosa, al referirse a la existencia de una política oficial contra la libertad de
prensa, indicó “no somos libres... estamos atrapados y acorralados, quien critica al proyecto revolucionario es sometido al escarnio”.
El moderador del panel, Danilo Arbilla, ex presidente de la SIP y director
del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, expresó que en esa política se
inserta el “uso indebido” de los medios del Estado y privados por parte del presidente Chávez quien suele “confiscar semanalmente los medios de comunicación con sus cadenas nacionales”. Agregó que “esta es una forma novedosa
de atentar contra la libre expresión, más peligrosa que cerrar medios”.
Molina, director de la revista Ahora, Santo Domingo, República Dominicana, agregó que entre otras medidas que atentan contra la libertad de prensa, se encuentran el hostigamiento oficial permanente contra medios y periodistas, la colegiación obligatoria, las normas de desacato contempladas en varios
códigos de procedimiento, la discriminación en la distribución de publicidad
oficial y la amenaza a los medios electrónicos sobre el retiro de las licencias y
concesiones operativas.
Sobre la política gubernamental de premiar o castigar, la SIP pudo advertir esa tendencia durante una reunión que mantuvo el día anterior al foro con
obispos de la Conferencia Episcopal de Venezuela representados por monseñor Nicolás Bermúdez. Los prelados indicaron que personeros del gobierno
comenzaron gestiones para quitarle a la Iglesia la concesión de un canal de
televisión, además que denunciaron a la SIP la discriminación a la que están
sometidos los medios privados en cuanto a la publicidad oficial.
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Aguiar también criticó duramente la concesión reciente del Tribunal Supremo de Justicia por la que se faculta a sí mismo a reabrir juicios por razones de orden público, lo que se interpreta como una amenaza latente contra
los medios de prensa.
Entre algunas de las medidas judiciales que afectan a los medios de comunicación, se advierte una campaña contra la propiedad del Grupo de Periódicos Capriles, así como la persecución judicial en contra del propietario
del semanario La Razón, Pablo López Ulacio, quien se mantiene exiliado en
Costa Rica debido a la falta de garantías legales y al debido proceso en un juicio por difamación.
Sobre el acoso judicial, el diputado Ramón José Medina, opinó que “este es el peor momento para la libertad de prensa en Venezuela porque antes
cuando existían agresiones en contra de los periodistas podíamos acudir al
Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia ya que eran órganos confiables. Ese ya no es el caso ahora”.
En referencia a la falta de confianza en el sistema, los panelistas mostraron su escepticismo sobre un nuevo proyecto legal denominado Ley de Contenidos sobre el que los legisladores dijeron que solo contempla un marco regulatorio para establecer un horario de protección al menor.
Los panelistas expresaron su desconfianza argumentando que la Asamblea Legislativa está mostrando poca transparencia sobre el contenido de ese
proyecto. Interpretaron que se podría estar ante otro método de coerción contra los medios de comunicación, así como en el pasado se justificó deliberadamente a la “información veraz” como una cláusula beneficiosa para la opinión pública.
Además de Molina, Arbilla y Miró Quesada, la delegación de la SIP estuvo compuesta por su presidente, Robert J. Cox, subdirector del The Post and
Courier, Charleston, Carolina del Sur; el primer vicepresidente, Andrés García Gamboa, Novedades de Quintana Roo, Cancún, México; el director ejecutivo, Julio E. Muñoz; el coordinador de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti;
y el abogado y el administrador del Proyecto Chapultepec, Jairo E. Lanao y
Sean Casey, respectivamente.
193
Reunión de Medio Año, República Dominicana, Marzo, 15 a 19/2002
Resoluciones sobre países
Venezuela
Fuente: http://www.sipiapa.com/espanol/pulications/rese-venezuela-sp.cfm
Considerando
que existe una deliberada política de Estado para restringir el ejercicio de
la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela
Considerando
que la conocida Sentencia 1013 adoptada por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; la petición formulada por la Asamblea Nacional a los medios de comunicación para que dicten un código de ética; las averiguaciones administrativas abiertas
contra algunos medios de comunicación a objeto de sancionarlos por supuestas violaciones de la información veraz; el anuncio por el gobierno de que hará aprobar una Ley de Contenidos; y, recientemente, la utilización de la agencia de noticias gubernamental (Venpres) para la práctica del terrorismo de Estado
y de las amenazas militares de investigaciones contra los periodistas que discrepan con las líneas oficiales o que denuncian hechos de corrupción dentro
del gobierno, son manifestaciones indiscutibles de la señalada política oficial
conducente a censurar y doblegar a los medios de comunicación no afectos al
régimen imperante
Considerando
que las agresiones reiteradas que hace el presidente de la República en sus
cadenas semanales de radio y televisión contra la prensa en general, han pasado a una fase de violencia popular, que ya ha hecho víctimas, a manos de los
denominados Círculos Bolivarianos; bandas de calle organizadas desde el gobierno, a distintos diarios y plantas de televisión, así como a numerosos periodistas
Considerando
que en los últimos días han surgido, además, los llamados Tribunales Populares que han realizado juicios con participación de activistas del partido
194
del presidente contra periodistas, medios escritos y de televisión, declarándolos “objetivos” y luego “objetivos de guerra”
Considerando
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vio obligada,
en los días anteriores, a adoptar medidas cautelares para proteger de tales hechos de violencia animada desde el gobierno a distintos medios de comunicación y periodistas venezolanos, sin que las autoridades oficiales hubiesen
dado un adecuado cumplimiento a las mismas
Considerando
que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece que “no
hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”; que igualmente estipula en su Principio 4 que “el asesinato,
el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de
los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con
prontitud y sancionados con severidad”
Considerando
que asimismo el Principio 5 de la Declaración de Chapultepec afirma que
“la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación
de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y
movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa” y que su Principio 10 establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”
La reunión de medio año de la SIP resuelve
■ condenar los hechos antes mencionados y manifestar su grave preocupación por la actual situación de la libertad de expresión en Venezuela y su incidencia, al verse menoscabada, como lo está siendo, en el destino de la democracia representativa y la vigencia del estado de derecho
■ exhortar a sus autoridades legislativas, judiciales y administrativas a dar
cumplimiento a los principios contenidos en la Declaración de Cha-
195
pultepec y la Convención Americana de Derechos Humanos que, de
manera general, están siendo objeto de violaciones sistemáticas y generalizadas
■ reconocer y alentar la valentía y el compromiso de servicio con la li-
bertad de expresión de los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela
■ dirigirse a la Secretaría General de la OEA, a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos y a su Relatoría para la Libertad de Expresión informándoles sobre los particulares de esta resolución.
196
Federación Internacional de Periodistas
Reporte de la FIP sobre el golpe condena a Chávez
y a los propietarios de los medios
por violaciones a la libertad de prensa
22-07-2002
Fuente: http://www.ifj.org/publications/press/pr/384es.html
La Federación Internacional de Periodistas publicó hoy un reporte sobre
las acciones de algunos propietarios de medios durante el reciente intento de
golpe en Venezuela, el cual condena a algunos propietarios de medios de censura y de utilizar los medios para respaldar un intento ilegal para derrocar al
gobierno del presidente Hugo Chávez.
La FIP acusa también al Presidente Chávez de crear una “una atmósfera
hostil de la cual han sido blanco los trabajadores de los medios y los periodistas quienes han sido objeto de intolerable presión, incluyendo amenazas de
violencia física”.
La FIP dice que debe hacerse más para sortear los obstáculos a la libertad de expresión en el país y llama a una acción para fortalecer la independencia e imparcialidad en el periodismo venezolano, incluyendo la garantía
formal del derecho a negarse a aceptar asignaciones contra la ética y a actuar
de acuerdo a su conciencia.
El reporte de la FIP, “Falta de comunicación en la crisis política venezolana: cómo los medios y el gobierno reprobaron el examen en periodismo y
democracia”, nace de la misión de averiguaciones en Caracas del 10 al 12 de
Junio del presente. La misión fue lanzada luego del golpe de estado del 11
de abril, cuando el presidente Chávez fue derrocado por sectores del ejército después de las protestas en la calle y luego repuesto dos días más tarde
después de la manifestación masiva contra el golpe por parte de los adeptos
a Chávez.
El reporte de 20 páginas dice que los medios jugaron un papel clave en el
movimiento de oposición contra la administración de Chávez, mientras el mismo presidente es responsable de exacerbar la crisis mediante ataques inmoderados, personales y hostiles contra individuos y los medios en general.
197
Como resultado, los eventos del golpe y el contra golpe que tuvieron lugar entre el 9 y el 14 de abril, vieron la manipulación activa, con los medios
antichavistas cerrados y luego reabiertos, mientras las transmisiones chavistas eran censuradas. La noticias de las protestas contra el golpe y la restauración del gobierno legal no fueron reportadas por algunos medios en manos
de dueños opuestos al presidente.
“La censura de la información por parte los dueños de los medios constituye una brecha en la credibilidad que debe existir entre el público y los medios, si es que la democracia, el pluralismo y la libertad de prensa van a sobrevivir”, concluye el reporte, que llama a las organizaciones internacionales
de medios para que insistan en que los medios no deben ser utilizados como
armas para derrocar gobiernos electos.
“Algunos medios, por la naturaleza de su compromiso en el proceso político, han sumado a las limitaciones a la libertad e independencia de los periodistas creada por la administración. Esto creó la percepción entre vastos
sectores del público de que no existe libertad de prensa, o al menos, que los
medios han comprometido sus responsabilidades democráticas”.
El reporte respalda a grupos de periodistas y sindicatos de medios que
han luchado contra la presión del gobierno y la censura. Su trabajo debería
ser fortalecido. Hay una demanda particular para que el gobierno investigue profundamente la violencia callejera del 11 de abril y lleve a la justicia
a los asesinos del periodista Jorge Tortoza, quien murió mientras cubría la
protesta.
El reporte dice que los periodistas venezolanos rechazan el papel politizado de los medios y propone un debate abierto entre los periodistas sobre la
necesidad del profesionalismo y la independencia de toda fuerza política “tanto del gobierno como de la oposición”.
El reporte dice también que es necesario un diálogo urgente entre el gobierno, los medios y los líderes del periodismo, para restaurar la confianza del
público y mantener la imparcialidad profesional. Al movimiento sindical en
Venezuela -uno de los grupos más numerosos que desafían la autoridad del
gobierno de Chávez- se le solicitó que respaldara los esfuerzos de los periodistas y trabajadores de los medios para mantener su independencia.
Finalmente, el reporte alerta que, a pesar de la restauración del gobierno
electo, la tensión entre el gobierno y la oposición persiste fuertemente y son
necesarias acciones urgentes para proteger la independencia editorial.
La misión fue llevada a cabo por el Secretario General de la FIP, Aidan
White, el Vicepresidente de la FIP, Osvaldo Urriolabeitia, de Argentina y Ro-
198
bert Collier, un reportero de los Estados Unidos representante de “The
Newspaper Guild-CWA”, la filial de la FIP en los Estados Unidos. La misión fue respaldada por el grupo regional de la FIP para América Latina, GALFIP, y fue asistida por el Encargado Regional, Gregorio Salazar, Secretario
General del sindicato de periodistas de Venezuela, el SNTP.
Falta de comunicación en la crisis política venezolana:
cómo los medios y el gobierno reprobaron
el examen en periodismo y democracia
Reporte de la Misión de la FIP en Caracas
Junio 10-12, 2002
Fuente: http://www.ifj.org/publications/mission/venezuelaES.pdf
1. Introducción
La gran victoria electoral del presidente Hugo Chávez en 1998 abrió una
nueva y turbulenta era en la política venezolana. La FIP, junto con otros grupos defensores de la libertad de prensa, ha observado con creciente preocupación como los periodistas se encontraron en el ojo del más peligroso huracán político en más de 40 años. La FIP ha podido observar muy de cerca esta
crisis; nuestra Oficina Regional, la cual atiende a las asociaciones de periodistas de América Latina, tiene su base en Caracas.
El reporte no examina las raíces y causas del conflicto más amplio de Venezuela, sino que se ocupa solamente del papel y responsabilidad de los periodistas y organizaciones de medios antes, durante e inmediatamente y después del breve golpe que derrocó al presidente Chávez del 11 al 13 de abril.
El periodismo jugó un papel clave en este campo de batalla político. Algunos sectores de los medios fueron claros instigadores -y algunos pueden
incluso haber sido participantes activos- en la conspiración para derrocar a
Chávez y el resto del orden democrático en Venezuela. Este protagonismo
político llevó a una crítica muy áspera de los dueños de los medios y de los
periodistas de línea-y-archivo.
A pocos meses de la toma de posesión de Chávez en febrero de 1999, redacta una nueva Constitución y un aplastante paquete de reformas económicas y sociales. Respaldado inicialmente por el apoyo de los venezolanos po-
199
bres, atacó a algunas de las instituciones establecidas del país -incluyendo empresarios, medios, y sindicatos- y trató de crear un nuevo orden económico y
social. Sin embargo, estos cambios recibieron una crítica feroz, de parte de
los dueños de los medios quienes utilizaron sus periódicos y programas noticiosos para hacer oposición.
Chávez respondió a la crítica de los medios con su propia ruda retórica,
acusando a los propietarios de los medios de ser parte de una “rancia oligarquía” que debía ser derribada.
La oposición antichavista creció constantemente, acelerándose cuando la
economía de la nación cayó en picada a finales de 2001, y culminó en el golpe del 11 de abril. Chávez fue derrocado por un alto comando militar luego
del asesinato de 19 personas durante las protestas de calle de la oposición y
fue repuesto después de 48 horas, luego de que furiosos y confusos partidarios tomaran las calles demandando su reposición.
El 12 de abril, el día después a la sangrienta violencia de la calle que indujo la toma militar. La FIP, que había protestado anteriormente por la campaña presidencial contra los medios, publicó una declaración enfocada en el
asesinato del periodista Jorge Tortoza, uno de los 19 asesinados. Las declaraciones públicas de los grupos periodísticos de la FIP en Venezuela y la lista
de incidentes durante el 2001 y el 2002 son anexos a este reporte.
Después del golpe, la venenosa hostilidad entre el gobierno y la prensa
continúa empeorando. Como resultado, la FIP decidió enviar una misión a
Caracas para:
• Examinar la situación política y de los medios e investigar el papel de las
organizaciones de medios durante los eventos del 9 al 14 de abril.
• Discutir con los periodistas y los trabajadores de los medios las medidas
necesarias para fortalecer el profesionalismo, la imparcialidad y la independencia periodística
Previo a la visita, el Comité Ejecutivo de la FIP, reunido en Washington
DC, expresó su firme respaldo a los periodistas venezolanos y ha hecho un
llamado a acciones urgentes que aseguren mayor respeto por la libertad editorial y periodística.
La FIP seleccionó representantes de alto rango con experiencia profesional en la región y extenso conocimiento de los problemas enfrentados por los
periodistas en su vida diaria. La misión consistió de tres miembros:
Aidan White Secretario General de la FIP
Osvaldo Urriolabietia Vicepresidente de la FIP (Argentina)
Robert Collier Periodista, San Francisco (Estados Unidos)
200
Los miembros de la misión agradecen el activo compromiso del personal
de la FIP y en particular al encargado de la Oficina Regional, Gregorio Salazar, con el trabajo de la misión. Su ayuda y colaboración fueron invalorables para el logro de la eficiencia pluralidad de la misión.
Aidan White,
Secretario General Bruselas, Junio 21, 2002
2. Antecedentes de la crisis de los medios
Venezuela es un país de 23 millones de habitantes con una economía rica en petróleo. Durante más de la mitad del siglo 20 el país fue gobernado
por militares fuertes. Las dictaduras de Juan Vicente Gómez (1908-35) y la
de Marcos Pérez Jiménez (1948-58) persiguieron y asesinaron a sus adversarios y proscribieron a las organizaciones políticas, sin embargo las de Eleazar
López Contreras (1935-40) y la de Isaías Medina Angarita (1940-45), fueron
más abiertas e iniciaron el tránsito hacia la democracia las reformas sociales.
Todos estos regímenes promovieron la industria del petróleo.
Los gobiernos electos democráticamente se han alternado desde 1959.
En los últimos años la problemática regional ha incluido conflictos relacionados con las drogas a lo largo de la frontera con Colombia, aumentando el
consumo interno y la excesiva dependencia de la industria petrolera, que, con
la fluctuación de los precios, ha creado constante turbulencia dentro de la economía nacional.
Como el sector petrolero representa aproximadamente la tercera parte
del producto bruto nacional, cerca de 80% de las ganancias por exportación
y más de la mitad de las rentas operativas del gobierno, la suerte del gobierno de Chávez, como la de otros anteriores a que él, ha estado fuertemente influenciada por la política petrolera internacional.
Al asumir el gobierno, Chávez llevó a cabo una reversión del papel que
por muchos años jugó Venezuela como el principal timador de la OPEP (violador de las cuotas de producción). Chávez se adhirió fielmente a la cuota de
Venezuela y animó a otros miembros a hacer lo mismo. Al hacer esto, Chávez revivió el poder de la organización en el mercado y ayudó a alzar dramáticamente los precios internacionales.
En 1999 y 2002, el aumento de los precios del petróleo inundó los cofres
del gobierno venezolano de petrodólares y causó un breve boom económico.
Pero en 2001 y comienzos de 2002, el petróleo cayó de nuevo por la recen-
201
sión internacional y otros factores, empujando de esta manera a Venezuela
hacia la recesión. La contracción se empeora por las severas inundaciones y
derrumbes de diciembre de 1999, que causaron un estimado de $15 a $20 billones en daños.
Al empeorar la economía y aumentar las quejas de la oposición, Chávez
denunció a la elite del país acusándolos de haber saqueado las riquezas del petróleo sin industrializar al país. Desde sus propias aventuras militares (Chávez estuvo involucrado en dos atentados de golpe en 1992 y pasó dos años en
prisión antes de otorgársele el perdón), responsabiliza a esas élites de 40 años
de corrupción.
En su estilo militarista y ampuloso, Chávez comenzó a alienar al pueblo,
lo que ha estimulado la conflictividad, pero le ha dado altos dividendos políticos entre los sectores desposeídos de la población.
A pesar de las protestas de varios sectores de la sociedad, el gobierno implementó políticas sociales de redistribución y asistencia humanitaria a la población. Una Asamblea Nacional Constituyente aprobó una nueva Constitución. Tan pronto se implementó un paquete de reformas, la mayoría de ellas
contenidas en un paquete de 49 leyes aprobadas mediante poderes extraordinarios otorgados por la Asamblea Nacional, el movimiento de protestas populares, encabezadas por el empresariado y la principal central obrera del país,
se tornó más hostil y radical.
Mientras este proceso se desarrollaba, las relaciones entre el gobierno y
los medios se deterioraban profundamente. Varias importantes organizaciones de medios de comunicación privados se unieron en una coalición con la
clase media, los empresarios y sindicatos en una coalición de oposición al programa de reformas del gobierno. Mientras grandes sectores de la clase media
se unían al cabildeo antichavista, los partidarios de Chávez, entre los sectores
más pobres de la sociedad venezolana, permanecieron desorganizados y faltos de capacidad para expresarse.
Sin embargo, no todos los medios eran antichavistas. El presidente ha tenido el respaldo consistente de algunos importantes periódicos y emisoras,
especialmente la estación de televisión estatal Venezolana de Televisión y Radio
Nacional (RNV).
Papel de los periodistas y los medios
Mientras los periódicos, radio y televisión venezolanos han jugado siempre un papel de agudos críticos y partícipes en las batallas políticas de la na-
202
ción, los eventos de abril de 2002 dieron una relevancia sin precedentes al papel de los medios y el trabajo de los periodistas.
La libertad de prensa en Venezuela está asegurada por dos cláusulas claves de la Constitución de 1999 del gobierno de Chávez. El derecho a la libertad de expresión está establecido en el Artículo 57 y el Artículo 58 de la Constitución. El derecho a expresar opiniones libremente sin censura (Artículo 57)
y el derecho a réplica (Artículo 58) están en líneas generales con los estándares internacionales.
Sin embargo, en su reporte de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre el Artículo 58 de la
Constitución, el cual provee que “Toda persona tiene derecho a información
oportuna, veraz, imparcial y sin censura”. La Comisión estuvo en desacuerdo con el derecho a la información “veraz y oportuna”, argumentando que es
“una especie de censura previa prohibida en la Convención Americana de Derechos Humanos”. La CIDH es el órgano principal de la Organización de
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato es promover la observancia de los
derechos humanos en el hemisferio.
Argumentos sobre el marco de esta Constitución y su contenido han sido una característica del debate entre el gobierno y los opositores del programa de reformas económicas y sociales del presidente. Las organizaciones de
medios privados han estado entre los que más critican el enfoque de Chávez,
afirmando que Chávez “obraba inconscientemente” al cambiar arbitrariamente los artículos, introduciendo un Consejo Constituyente bajo su propio control y “robando votos” en el Referendo Constitucional.
No obstante, la Oficina de la Defensoría del Pueblo (ODP), establecida
bajo la Constitución de 1999 para monitorear la aplicación de los derechos,
cree que la Constitución protege adecuadamente los derechos a la libertad de
expresión. Como en toda Constitución. Las palabras son importantes, pero
la preocupación surge sobre la interpretación de los derechos. Sólo el tiempo dirá si los textos acordados en 1999 apuntalan la libertad de expresión.
En línea con su responsabilidad, la ODP sometió a la Asamblea Nacional el borrador de un reporte detallado sobre los eventos que rodearon el golpe de Abril de 2002, destacando un número de violaciones a la independencia editorial de los medios por parte del presidente y el fracaso de los medios
para mantener los derechos constitucionales de los ciudadanos a recibir información de interés público.
Al intensificarse la crisis política, los medios mantuvieron un sólido frente de oposición y se convirtieron en el centro de la protesta contra el go-
203
bierno.
La administración sintió que la única forma de expresión pública para el
gobierno fue limitada a los comentarios que hacía Chávez personalmente por
radio y televisión, sin embargo bajo ningún concepto estas fueron insustanciales. Chávez es dado a largas apariciones en televisión, algunas veces de hasta cuatro y cinco horas.
Chávez utilizó su derecho legal a la difusión a la audiencia nacional de radio y televisión en forma más que extensa. El abuso de su acceso privilegiado
(el 9 de abril Chávez se presentó 17 veces en las pantallas de la televisión nacional) ha ocasionado severas críticas tanto internas como externas. Este tema
ha sido recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su misión en el país en febrero de 2002. Un daño adicional a los medios
privados fue el impacto en la publicidad como resultado de las interminables
alocuciones del presidente. Las empresas de televisión se quejaron de pérdidas multimillonarias en publicidad por la pérdida de su programación regular.
De todas formas, dirigió un fuego cerrado contra las críticas de los medios, acusándoles de distorsión y parcialidad y acusó a algunos individuos de
mentir. Este ataque personalizado enardeció a muchos periodistas y medios.
Los medios y los periodistas se involucraron activamente en la emergente lucha política. Los mismos periodistas fueron afectados por la creciente polarización del debate político. Las elecciones a la junta directiva del sindicato de periodistas SNTP en septiembre de 2001 se llevaron a cabo en el calor
de este debate, habiendo una lista de candidatos pertenecientes a la “línea oficial” y chavista, pero una lista de oposición independiente y balanceada recibió el 80 por ciento de votos, manteniendo un liderazgo que lucha por abrirse camino entre las facciones chavistas.
Los periodistas dicen que después de una huelga de la oposición el 10 de
Diciembre de 2001, el presidente empezó a “perseguir a los periodistas en general”. El 17 de Diciembre durante una concentración de masas con sus partidarios, advirtió a los periodistas sobre la hostilidad de los medios hacia el
gobierno. Varios reporteros que cubrían la concentración fueron atacados inmediatamente. Un mes más tarde, en el 23 de enero de 2002, más de 500 periodistas firmaron un manifiesto público demandando a Chávez “cesar en sus
agresiones”.
Los periodistas también admitieron que durante este período los niveles
de profesionalismo en los medios estaban decayendo. En un caso, citado por
la misión, un informante desconocido durante una llamada a la estación de
TV Globovisión anunció que nueve taxistas habían sido asesinados. Esta información no verificada (que luego se comprobó que era falsa) fue transmitida
204
al aire, causando pánico y una huelga inmediata, marchas y protestas de los
taxistas. La pobre actuación de los medios expuso problemas profesionales de
los cuales se aprovechó el presidente Chávez. Él se enfureció por la cobertura de los medios, la cual contrastaba el interferido y altamente favorable tratamiento a los oponentes políticos y las descripciones altamente negativas del
gobierno. El tono de la crítica presidencial se volvió amargo e insultante. Según los líderes de los periodistas, Chávez “satanizó” a los medios y a los reporteros.
Los reclamos de los medios por lo que ellos dicen fue una campaña presidencial contra la libertad de prensa fueron recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual llevó a cabo una misión en Venezuela en Febrero de 2002.
En sus hallazgos preliminares, el Secretario Ejecutivo 6 de la Oficina del
Relator de la CIDH se quejó de una serie de problemas, incluyendo:
1. La presencia de “leyes de desacato” que dificultan la disensión
El Código Criminal y el Código de Justicia Militar venezolanos contienen leyes que penalizan las expresiones ofensivas contra autoridades gubernamentales y funcionarios públicos o personeros del Estado, conocidas como
leyes de desacato.
Nota de la FIP: Estas leyes, que son extensamente condenadas por muchos
países por los defensores de la libertad de prensa mundiales, protegen el honor de personeros públicos que actúan en su función oficial les confiere un
derecho injustificado a una protección que no se extiende a otros miembros
de la sociedad. Esta distinción contraviene los principios básicos de cualquier
sistema democrático bajo el cual los representantes del gobierno son sujetos
al escrutinio público a fin de prevenir el abuso de poder y los privilegios. Los
funcionarios públicos deben estar sujetos a mayor escrutinio como garantía
del sistema democrático.
2. Interferencia del Estado en la radiodifusión privada
Las emisoras del Estado han forzado a otros medios de comunicación masiva a interrumpir sus programaciones para transmitir información impuesta
por el gobierno. Durante la visita, la CIDH observó el uso de las fuentes de
los medios masivos por parte de las emisoras gubernamentales por un tiempo y frecuencia que puede ser calificada como abusiva, dado que la información diseminada en esta forma puede no ser siempre de interés público.
La Misión de la FIP tuvo la oportunidad de presenciar algunas de estas
transmisiones presidenciales. Estas a menudo criticaban fuertemente a los me-
205
dios, incluyendo ataques personales utilizando un lenguaje inmoderado que,
aunque no en sí mismo fuera de los límites de la libre expresión, ciertamente contribuían a la creación de una atmósfera de confrontación entre los medios y el gobierno.
3. Falta de acceso a la Información
La CIDH se quejó de que aunque de manera general se reconoce que
el derecho de acceso a la información es importante para el fortalecimiento de las democracias y para asegurar la transparencia y la apertura del gobierno a través de la vigilancia de la administración del gobierno, no existen mecanismos adecuados para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho
en Venezuela.
4. Temor a una “Ley de Contenido de los Medios” que podría permitir la censura
La CIDH fue informada de la existencia de una propuesta de ley de “contenido”, que, según advirtieron algunos observadores, podría contener provisiones que podrían afectar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluyendo previsiones que podrían permitir casos de censura previa.
No obstante, el Presidente de la Asamblea Nacional 7 le aseguró a la FIP que
a pesar de algunas discusiones entre los diputados pro-gobierno sobre la llamada ley de contenidos para regular a los medios “no se ha introducido ni se
espera que se introduzca tal legislación”.
5. Discriminación en la Distribución de la Propaganda del Estado
Los medios de han quejado vigorosamente de la injusta discriminación
por parte del Estado en la concesión de material propagandístico. Particularmente, los diarios El Universal, El Nacional, Tal Cual y La Razón de quejan de
que la administración de Chávez los penalizaba mediante la negación del acceso a la propaganda gubernamental. La CIDH ha recomendado a las agencias gubernamentales establecer lineamientos claros, justos y objetivos sobre
como se distribuirá la propaganda gubernamental y que esta propaganda nunca debería ser utilizada con la intención de perjudicar a ningún medio o favorecer a uno sobre otro.
El conflicto entre Chávez y los medios había empeorado por las expresiones críticas hacia los medios masivos y periodistas investigativos por parte
de funcionarios públicos. La IACHR dijo que estas críticas oficiales “podrían
conducir a actos de intimidación o auto censura para detrimento del pleno
ejercicio de la libertad de expresión”.
206
Los grupos defensores de la libertad de expresión reportaron información sobre un gran número de periodistas, camarógrafos, y fotógrafos que han
sido blanco de agresiones físicas y verbales. Los incidentes registrados incluyen amenazas, ataque físico, daño a la reputación profesional y temor de parte de los comunicadores sociales a identificarse cuando cubren eventos para
evitar represalias.
3. Abril 2002 y las consecuencias
Desde diciembre de 2001 y durante los primeros meses de 2002, grupos
de periodistas y el principal sindicato de periodistas publicaron algunas advertencias y protestas sobre la naturaleza de la presión hacia sus miembros.
Algunos de estos se anexan a este reporte. Hasta la organización oficial ODP
intervino en enero de 2002 para solicitarle al presidente Chávez que moderara su lenguaje cuando se refiriera a sus oponentes en público. Durante este tiempo no hubo virtualmente ninguna expresión de preocupación por parte de la comunidad de defensores de la libertad de prensa o de los defensores
de los derechos humanos sobre la calidad de la cobertura de los medios, la
cual fue estridentemente crítica hacia el gobierno, mientras las corporaciones de medios y sus dueños se colocaban directamente dentro del campo político preparando el golpe.
No es necesario decir que a principios de abril de 2002 la atmósfera hostil y conflictiva había convertido la capacidad de un reporte imparcial sobre
la administración de Chávez en algo muy difícil, sino casi imposible.
El 11 de Abril una demostración masiva y un paro de trabajadores en Caracas, dirigido por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
llevó a una sangrienta confrontación y al golpe de Estado. La CTV ha sido
un crítico severo del gobierno de Chávez, quien propuso “demolerla” cuando era candidato presidencial y el nuevo gobierno insistió en que las elecciones del sindicato fueran supervisadas por el Consejo Nacional Electoral, el
cual rehusó luego convalidar los resultados de la elección. La CTV ha protestado agriamente, señalando que tal intromisión burocrática viola las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que han sido firmadas y ratificadas por Venezuela. La CTV ha tenido el respaldo total de la
Confederación Internacional de Sindicatos Libres. Ahora, aún tras el fracaso
del golpe, la CTV sigue siendo un duro oponente de Chávez, rehusando negociar con su gobierno y llamando a una huelga general para ayudar a forzar
a Chávez a dejar el poder.
Días antes, mientras se deterioraba la situación, el presidente insistía en
tomar los medios televisivos, tanto públicos y privados, para hablarle direc-
207
tamente al pueblo. Chávez hizo 17 intervenciones (reportadas) durante la programación del 9 de abril para difundir sus propias opiniones sobre la crisis
política.
El 11 de abril los medios le respondieron de la misma forma, dividiendo
las pantallas para mostrar la marcha de la oposición mientras el presidente hablaba.
Al acercarse el momento de crisis, Chávez sacó del aire a todas las estaciones de televisión privadas. Sólo se le permitió salir al aire a la emisora gubernamental. Moviéndose con rapidez para aprovecharse de los eventos, el
alto mando militar forzó a Chávez a entregar el poder reemplazándolo por
Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras, la principal asociación de empresarios de Venezuela. En pocas horas los medios privados volvieron a la normalidad, la estación estatal fue cerrada, y Carmona emitió un
decreto adjudicándose poderes dictatoriales -despidiendo al gabinete de Chávez, disolviendo la Asamblea Nacional, desechando a la Corte Suprema, aboliendo la Constitución y otorgándole a Carmona el derecho a despedir a cualquier funcionario municipal o estatal electo.
Estos extraordinarios y antidemocráticos eventos fueron reportados en su
totalidad. El 12 de abril los medios de difusión cubrieron en vivo la bizarra
escena en Miraflores mientras Carmona se autojuramentaba como presidente, y donde un auditorio frenético y delirante aplaudía a rabiar todas las medidas, cada una más absurda e irracional y antidemocrática que la otra. El hecho fue vívidamente narrado tanto por los medios de difusión como por la
prensa.
Allí mismo cunde la alarma, incluso en el campo de la oposición. Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual y de fuerte línea crítica al gobierno fue
demoledor en sus críticas y denunció el golpe. Sin embargo, muchas organizaciones de medios parecieron perder todo sentido de responsabilidad profesional. En la mañana del 12 de abril en la mañana, las plantas televisivas (en
connivencia con los militares) comenzaron a censurar las opiniones que favorecieran a Chávez cuando cortaron abruptamente la rueda de prensa en la cual
el Fiscal General denunciaba la violación de la Constitución. El 13 de abril,
cuando crecía la oposición al golpe, hubo una clara e inequívoca censura por
parte de los medios televisivos.
Mientras las protestas de calle comenzaban a extenderse el 13 de abril, los
principales medios ignoraron completamente estos eventos. Sorprendentemente, transmitieron sólo telenovelas y películas mientras miles de partidarios de Chávez tomaban las calles demandando su regreso. Su acción llevó a
violentos ataques contra los edificios de los medios.
208
Este movimiento adquirió ímpetu contra el golpe que eventualmente, gracias a un vuelvan caras dentro de las Fuerzas Armadas, llevó al retorno de
Chávez y al arresto de Carmona. El líder del golpe fue puesto bajo arresto
domiciliario, y luego le fue otorgado el asilo político en Colombia desde donde argumentó, extraordinariamente, que él no había tomado parte en un golpe en lo absoluto. “Simplemente existió un vacío de poder y alguien debía llenarlo”, dijo Carmona a los medios.
No obstante, la comunidad de los derechos humanos rápidamente condenó los actos antidemocráticos e inconstitucionales de esta administración
momentánea. El reporte provisional de la Oficina de la Defensoría del Pueblo confirma violaciones a la libertad de prensa por parte del gobierno, los
medios privados y la administración de Carmona. El reporte declara:
Abril 9, dos días antes de la protesta masiva contra Chávez:
■ Chávez utilizó repetidamente el derecho presidencial a transmitir por
las emisoras de radio y televisión para hablar en contra de la creciente
huelga general conducida por Fedecámaras y la CTV.
■ Interrupción regular de la programación de las estaciones de televisión
privadas para transmitir información anti-gobierno en favor de la oposición.
■ No-circulación de los principales periódicos.
■ Transmisiones ininterrumpidas en la televisión estatal contra las pro-
testas y en favor del gobierno desde el 9 de abril.
■ División de las pantallas de parte de algunas estaciones mientras se trans-
mitían las declaraciones del gobierno.
Abril 11, día de la protesta que llevó al golpe de estado:
■ Transmisión continua por los medios privados de las protestas y virtual
animación en favor de la redirección de las manifestaciones hacia el palacio presidencial de Miraflores (donde tuvo lugar el choque con la policía y partidarios de Chávez armados).
■ Cobertura por la televisión estatal del respaldo creciente hacia el go-
bierno.
■ Interrupción de la señal de transmisión de los canales privados de te-
levisión por parte del gobierno durante la alocución del presidente.
■ Cierre de la televisión estatal durante la noche por la policía del go-
bierno pro-oposición del estado Miranda.
209
Abril 12 - 14:
■ El gobierno golpista impuso controles a los emisoras comunitarias, ta-
les como TV Caricuao, Catia TV, Radio Catia Libre, Radio Perola y Radio
Alternativa de Caracas y cierra completamente la estación televisora estatal.
■ La televisión, radio y periódicos dan una cobertura excesivamente po-
sitiva al gobierno golpista, respaldando abiertamente la violación a la
constitución.
■ Autocensura de los canales privados de televisión y falta de reportaje
de las protestas chavistas y el contragolpe militar del 13 de abril, y la
mayoría de los periódicos decidió no publicar el regreso de Chávez el
14 de abril.
El reporte de la ODP reconoce que el gobierno abusó de su derecho a la
transmisión y acusa a la mayoría de los medios de la falta de información al
público en general sobre la situación. Los medios privados justificaron esta
falta diciendo que temían los ataques, dada la violencia de la atmósfera. No
obstante, el reporte acota que algunos medios (CNN en Español, Telemundo,
Radio Caracol) dieron total cobertura. El 12 de abril, anota el Reporte, cuando el Dr. Isaías Rodríguez, el Fiscal General, sorprendió a las estaciones durante una alocución en vivo por la televisión al denunciar el golpe de Estado,
su declaración fue interrumpida y no se le permitió finalizar su apelación.
Durante los días posteriores a la misión los rumores sobre otro golpe de
Estado se habían multiplicado exponencialmente y los principales medios jugaron un papel crecientemente (y aparentemente consciente) en la desestabilización de la situación y, podría decirse, animando al golpe. Una revisión
de la cobertura de los periódicos y la televisión en ese período de la misión
refleja la triste realidad de que ninguno de los lados de la crisis busca la mediación, sino que están empeñados en más confrontación.
Los grupos defensores de la libertad de prensa y aquellos que protestan
contra las acciones del gobierno corren el riesgo de ser señalados como antichavistas y son acusados de parcialidad. William Lara, el presidente de la Asamblea Nacional y chavista criticó fuertemente a la FIP por sus reportes sobre
Venezuela en febrero de 2002, denunciándola como parcial, errónea e incompleta. Aunque debe decirse que algunos detalles pudieron ser incorrectos o
estar incompletos, es una exageración y un insulto personal a los miembros
de la FIP tratar de caracterizar a este reporte como “mentiras”. Desdichadamente, el Sr. Lara, como muchos en esta confrontación política, es propenso
a utilizar innecesariamente el lenguaje de la confrontación.
210
Fue un placer para la misión saber que la Asamblea Nacional no está considerando, ni se espera que considere, ninguna ley que permita la clausura de
estaciones de televisión. Esto pone en perspectiva las amenazas hechas por el
presidente el 9 de junio de cerrar los medios. También anima saber que, a pesar de las sugerencias contrarias de algunos de los diputados pro gobierno, no
se ha introducido ninguna legislación ni se espera que lo sea, que pueda llevar a una ley de contenidos que regule a los medios.
El tono de la crítica de Chávez hacia los medios y sus otros oponentes se
moderó un poco después de la misión. El 13 de junio criticó de nuevo a los
medios, aunque distinguió cuidadosamente entre periodistas y dueños de medios y no profirió amenazas específicas. Enfatizó que “No es culpa de los reporteros ni de los operadores de las cámaras, porque ellos envían las noticias
y los jefes las distorsionan”. No obstante, las principales estaciones de TV
presentaron sus palabras como que constituían aún una amenaza más para la
libertad de prensa. La Asociación Internacional de Radiodifusoras reflejó esta preocupación, publicando una declaración desde Montevideo condenado
al presidente Chávez por sus amenazas contra las estaciones de TV.
La necesidad de que los medios adopten una perspectiva equilibrada y
profesional mientras los eventos continúan desarrollándose es más crucial que
nunca.
4. Conclusiones y recomendaciones
Acciones del Gobierno
La FIP cree firmemente que el conflicto entre el presidente Chávez y los
medios ha sido exacerbado por el lenguaje inmoderado y el fracaso en fomentar el diálogo por parte del gobierno. El abuso de autoridad de Chávez ha
contribuido a una atmósfera hostil de la cual han sido blanco los trabajadores de los medios y los periodistas quienes han sido objeto de intolerable presión, incluyendo amenazas de violencia física.
Han habido numerosas llamadas al cambio de talante y a bajar el tono del
intercambio entre los medios y el gobierno. Creemos que es esencial hacer
nuevos esfuerzos para realizar un dialogo positivo y crear un ambiente libre
de amenazas en el cual los periodistas puedan trabajar de manera segura y
donde el papel de los medios pueda ser discutido apropiadamente.
Queremos señalar que algo debe hacerse para crear un marco legal y político que sortee los obstáculos para la libertad de expresión, incluyendo asuntos relacionados con la distribución de la propaganda estatal, clarificación de
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los derechos constitucionales a la libre expresión, acceso gubernamental a los
medios privados y al estatus de independencia editorial de la radiodifusión
pública.
Hacemos un llamado al presidente y al gobierno a repudiar las estrategias
de confrontación y a promover más el diálogo entre los profesionales de los
medios, a fin de restaurar la confianza del público en los medios -tanto públicos como privados- como un baluarte del proceso democrático en Venezuela.
Nos preocupa particularmente el fracaso en encontrar a los responsables
de las muertes del 11 de Abril, e insistimos en que las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para identificar y llevar ante la justicia a los responsables
de la muerte del periodista Jorge Tortoza durante ese día.
Violaciones de la libertad de prensa por parte de los medios
A pesar de la inapropiada presión del gobierno sobre los medios anti-gobierno, es innegable que algunas secciones de los medios faltaron en servir a
los intereses de la democracia y los derechos del pueblo a conocer en su totalidad y de manera imparcial el reporte de los eventos del 11, 12 y 13 de abril.
Estas omisiones constituyen una intolerable violación de la libertad de prensa. Ellos también arriesgaron a los trabajadores de los medios y a los periodistas en su empleo.
En estos momentos, cuando el pueblo de Venezuela tenía más necesidad
del periodismo independiente e imparcial sobre lo que estaba sucediendo en
su país, sectores de los medios abandonaron toda responsabilidad profesional
y se involucraron en la censura de información vital sobre el desenvolvimiento de la crisis.
La censura de información por parte de los dueños de los medios constituye una brecha en la credibilidad que debe existir entre el público y los medios, si es que la democracia, el pluralismo y la libertad de prensa van a sobrevivir.
Algunos medios, por la naturaleza de su compromiso en el proceso político, han sumado a las limitaciones de la libertad e independencia de los periodistas creada por la administración. Esto creó la percepción entre vastos
sectores del público de que no existe libertad de prensa, o al menos, que los
medios han comprometido sus responsabilidades democráticas.
Los periodistas deben ser libres de reportar y expresar sus ideas libremente sin que sufran consecuencias arbitrarias o actos de intimidación. Sobre todo, deben trabajar en un ambiente conducente al completo ejercicio de la li-
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bertad de expresión y eso incluye la libertad de oponerse a la manipulación
del periodismo por razones políticas por parte de los propietarios.
Todos los organismos de medios internacionales en las Américas y el resto del mundo deben repudiar la falta de profesionalismo por parte de los patronos de los medios e insistir en que los medios no deben ser utilizados como armas para el derrocamiento ilegal de un gobierno electo.
Protesta y respuesta de los trabajadores de los medios y de los periodistas
No nos sorprende que estas acciones hallan llevado a una reacción negativa por parte de los periodistas y trabajadores de los medios.
El 9 de junio de 2002, el sindicato del periódico más importante de Venezuela, El Nacional, publicó una declaración advirtiendo a los dueños de los
medios que “ya no permitiremos que nos utilicen” de la manera que ocurrió
durante el intento de golpe de Estado. Dice en parte: “Se hizo muy claro por
las desastrosas imágenes de esos días de desinformación, durante los cuales la
mayoría de los empleados, reporteros y periodistas arriesgamos nuestras vidas, sólo para que los dueños y directivos de los medios decidieran no publicar nada y ocultarle al público los graves eventos que tenían lugar en las calles, mientras los principales canales de TV exhibían películas viejas como si
nada sucediera (...) Todos debemos asumir esos días de confusión, tensiones,
intereses y errores con mucho coraje y rectificar con profunda sinceridad. No
más manipulación. Los trabajadores decimos firme y responsablemente que
ya no aceptaremos ese comportamiento”.
La posición de los empleados de los medios no es compartida por los periodistas quienes siempre han mantenido que ellos reportan objetivamente.
En el número del 12 de abril, el día siguiente al golpe, los periodistas mostraron considerable equilibrio e imparcialidad en su cobertura.
Tanto el Sindicato Nacional Trabajadores de la Prensa como el Colegio
Nacional de Periodistas se han opuesto firmemente a la manipulación de los
medios por todos los bandos durante el reciente conflicto y hacen un llamado a la renovación del profesionalismo y por nuevas iniciativas para creas estándares editoriales que enfrenten las presiones políticas y comerciales, ya sea
de parte de los propietarios o de los políticos.
Nos hacemos eco de los sentimientos expresados por el periodista Elys
Riva en El Globo, quien escribiendo durante la misión, dijo: “Es necesario cambiar en ambos bandos el discurso político, que debe ser menos agresivo, más
conciliatorio y llevar hacia la búsqueda de la mediación entre los diferentes
sectores”.
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Críticas de la FIP
La misión rechaza el alegato de que la FIP es una organización antichavista. Esta organización no está en pro ni en contra de gobierno o color político alguno. El objetivo de la FIP es reflejar un equilibrio profesional en los
asuntos políticos y ser partidario sólo de la defensa de la seguridad física y los
derechos profesionales y sociales de los periodistas.
No obstante, la FIP, como otros grupos defensores de la libertad de prensa, debe ser precavida al interpretar los eventos y debe responder de manera
equilibrada y profesional. Las respuestas iniciales de la FIP a los eventos del
11 de abril reflejaron preocupación profesional, pero no llamó la atención adecuadamente sobre el papel de los medios durante la cadena de eventos que
llevaron al golpe y la restauración del gobierno legal.
Apoyo a los periodistas
Durante la visita, miembros de la misión tuvieron la oportunidad de discutir la situación con más de 40 personas, la mayoría de los periodistas activos empleados y algunos funcionarios.
La FIP reconoce que muchos periodistas venezolanos han mostrado extraordinarios valor, dignidad y profesionalismo. Reporteros, escritores y editores, así como camarógrafos y fotógrafos, quienes, a pesar de la intimidación
sufrida en los últimos tiempos, continúan diariamente llevando a cabo su labor de diseminación de la información en beneficio de toda la sociedad Venezolana y de la comunidad internacional.
La mayoría de los periodistas con quienes nos reunimos y discutimos la
crisis estaban a favor de una clara e inequívoca posición que rechace este papel politizado.
La FIP hace un llamado al debate entre los periodistas venezolanos sobre
los estándares profesionales y la verdadera independencia de toda fuerza política, tanto gubernamental como de oposición.
La misión cree que el movimiento sindical más numeroso debe respaldar
a los profesionales de los medios y dar soporte a los empleados que se esfuerzan por mantener la integridad periodística ante presiones intolerables.
A fin de fortalecer la calidad e independencia del periodismo venezolano,
recomendamos que algunas medidas deben ser consideradas a corto plazo para recobrar la confianza:
Cláusula de conciencia para los periodistas venezolanos
La cláusula de conciencia, que da a los periodistas el derecho a resistir instrucciones de actuar faltando a la ética, debe ser introducida en los acuerdos
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colectivos o formas de auto-regulación. Esta cláusula de conciencia debe incluir la provisión de que los periodistas pueden rehusar una asignación para
llevar a cabo cualquier tarea si la acción rompe los estándares profesionales
reconocidos. Este puede ser un importante resguardo contra el abuso de poder de los propietarios. Muchos propietarios se oponen a tales cláusulas, pero para los periodistas, el derecho a actuar de acuerdo a su conciencia es la
base de su conducta ética.
Los medios venezolanos deberían considera la adopción de tales cláusulas o una estatuto editorial adicional respetando la independencia editorial y
proveyendo un sistema de responsabilidad para proteger a los periodistas de
la victimización o tratamiento injusto si insisten en mantener sus estándares
éticos y profesionales en su trabajo.
Diálogo profesional para proteger los estándares éticos
La FIP cree que es necesario un diálogo urgente entre el gobierno, los
medios y los líderes del periodismo, para restaurar la confianza del público y
mantener el profesionalismo. Creemos que es necesario un debate interno
para proteger la independencia editorial de los periodistas de la presión indebida, ya sea de fuentes internas o externa.
Recomendamos firmemente que se tomen iniciativas urgentes para fortalecer los grupos de periodistas, incluyendo:
a) Un simposio nacional organizado por los periodistas para discutir asuntos éticos y profesionales que surjan del conflicto con el gobierno y para establecer una estructura para la independencia editorial.
b) La participación de grupos de periodistas en las reuniones de diálogo nacional que se están siendo planificadas por la Oficina de la Defensoría del Pueblo para promover mayor respeto por los valores democráticos
y los derechos humanos. En algunos países, como Francia, los periodistas
tienen el derecho legal a reclamar compensación de los patronos si se cambia dramáticamente la línea de la política editorial de una manera con la cual
estén en profundo desacuerdo, como por ejemplo, después de un cambio de
propietarios.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
2002: El año en que la prensa ha vivido peligrosamente *
Por Andrés Cañizález, corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
En Venezuela, el papel de los medios de comunicación y de los periodistas ha estado en intenso debate desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999. El clímax de la crisis política de abril,
en la cual la prensa, en su sentido más amplio, fue protagonista, de ninguna
manera debe hacernos olvidar que el país viene conociendo una traumática
relación entre el poder político y el sector comunicacional. Creemos que a
lo largo de los meses del año 2002 dicha relación ha tenido hechos resaltantes, que justamente han colocado la lupa internacional en el país, en materia
de libertad de expresión; pero que este proceso tuvo un punto de quiebre en
el mes de enero, cuando simpatizantes del jefe de Estado, un día después de
que éste criticara duramente al diario El Nacional, manifestaron a las puertas
del impreso.
El presente documento, acompañado de una cronología pormenorizada,
pretende reflejar el clima que ha vivido Venezuela en materia de libertad de
expresión en los cinco primeros meses del 2002. Y un informe donde se reseña la situación desde el mes de junio hasta la fecha.
Ola de confrontación tocó las puertas de la prensa
La ola de confrontación que se vive en Venezuela tocó directamente a la
prensa con una manifestación de partidarios del presidente Hugo Chávez a
las puertas del diario El Nacional, hecho inédito en el país. La noche del lunes 7 de enero varias decenas de militantes del Movimiento V República (MVR)
y de los Círculos Bolivarianos, creados por el presidente Chávez, se apostaron a las puertas del diario y por más de una hora impidieron el acceso al medio de comunicación, hasta que intervino un cuerpo policial.
Este tipo de manifestación, sin precedentes en el país hasta ese momento, ocurrió un día después de que Chávez atacara a El Nacional en su programa radial “Aló presidente”.
“Deploramos muchísimo este hecho, sobre el cual veníamos alertando.
Los constantes ataques verbales (del presidente) van mermando el clima de
respeto para el libre ejercicio del periodista y la libertad de expresión”, aseguró en aquel momento Gregorio Salazar, secretario del Sindicato de Traba-
216
jadores de la Prensa. “Estamos entrando en un período de conflictividad, en
la cual los colegas deben estar allí por razones profesionales y se han convertido en un blanco de estos grupos ligados al MVR”, dijo Salazar, quien a la
par es representante regional para América Latina de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
“El diario El Nacional lo que da es lástima”, había dicho el día anterior el
Presidente venezolano al criticar “la campaña contrarrevolucionaria” de este
medio de comunicación en contra de su gobierno. “Me han dicho que esta
posición ha hecho caer las ventas de este pobre periódico, que ahora debe quitar préstamos bancarios para sobrevivir”, indicó con tono mordaz el jefe de
Estado venezolano.
Paradójicamente, durante la campaña electoral de 1998, en la que resultó electo Chávez como presidente, El Nacional fue acusado por sectores políticos de ser “prochavista’’. Alfredo Peña, ex director del medio, fue cercano
colaborador del gobierno, pero en el último año marcó distancia.
El editor del diario, Miguel Henrique Otero, expresó que la manifestación realizada por los partidarios de Chávez es “un intento de amedrentamiento”. “Es una agresión contra un medio que publica lo que ocurre en la
calle y no lo que ellos quieren”, dijo Otero, quien en ese momento advirtió
que actos semejantes podrían producirse contra otros medios.
Los ataques verbales de Chávez contra la prensa han sido constantes desde el año 2000. Incluso ha señalado por su nombre a los propietarios y en más
de una ocasión dejó entrever tácitos señalamientos por cuestiones impositivas o de sucesión en la propiedad de los medios.
Ya en su informe del año 2000, el relator de libertad de expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, expresaba preocupación por el tono del discurso presidencial. “Las expresiones del
presidente Chávez (...) en forma intimidatoria, en contra de comunicadores
sociales y medios de comunicación, emitidas desde la posición de autoridad
que ocupa el primer mandatario, podrían tener un efecto intimidatorio sobre
la prensa y la sociedad”, indicó.
El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York,
y la organización Reporteros sin Fronteras, con sede en París, de la misma
forma alertaron durante el año 2001 que el discurso presidencial podía incentivar a partidarios del gobierno a atacar a los medios y a los profesionales de éstos.
A lo largo de los últimos meses del 2001 y los primeros del 2002 se han
registrado agresiones verbales contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos
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en distintas manifestaciones públicas. En enero, el canal de noticias Globovisión,
señalado en varias ocasiones por Chávez como ‘’contrarrevolucionario’’, indicó a sus trabajadores que no usen distintivos que los identifiquen con la empresa para evitar agresiones. El diario El Universal, por su parte, reforzó la fachada de su entrada con una verja metálica.
Por su parte, Carlos Correa, doctor en Ciencias de la Comunicación e investigador sobre el tema de libertad de expresión, recalcó que los sucesos a
las puertas de El Nacional “son un elemento más en una cadena de hechos que
no crean un clima favorable para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. A su juicio, los partidarios de Chávez tenían derecho a manifestarse públicamente pero no a impedir el ingreso o salida del medio de comunicación,
a tocar cacerolas y amenazar a los periodistas y menos aún a tomar fotografías de las personas que estaban dentro del edificio.
“Todo esto constituye un acto intimidatorio”, precisó Correa. En su opinión, si Chávez y sus partidarios están en contra de algún medio, por considerar que dicen mentiras, podrían dejar de comprarlo o crear nuevos medios
que reflejen fielmente sus intereses. “Se trata de que todos se puedan expresar libremente”, dijo.
El 27 de junio de 2001, cuando se celebró el día del periodista en Venezuela, Chávez reconoció que desde que llegó al poder en febrero de 1999, ha
mantenido “un complejo sistema, muy complejo, de relación con los medios”.
A su juicio, esto era “inevitable”, debido a las relaciones de la prensa, radio y
televisión con “el poder económico”.
Reacciona el Sistema Interamericano
El caso de El Nacional marcó un giro importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conjuntamente con su Relatoría para
la Libertad de Expresión, rechazó rápidamente la manifestación de los simpatizantes del presidente y emitió la primera de numerosas medidas cautelares dictadas en los primeros meses del 2002 en aras de exigir garantías al ejercicio pleno de la Libertad de Expresión en Venezuela.
El 16 de enero, una semana después de los sucesos a las puertas del diario, la CIDH confirmó una primera visita preparatoria del secretario ejecutivo del organismo y ex relator sobre Libertad de Expresión, Santiago Cantón, que se realizó en febrero y que fue seguida, posteriormente, por una visita
en pleno de los comisionados en mayo.
En enero, cuando se conoció esta decisión fue recibida con beneplácito entre medios de prensa, gremios periodísticos y activistas de derechos humanos.
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“Nosotros lo valoramos como un hecho positivo porque le va a permitir
a la CIDH hacerse un panorama directo, en el propio lugar de los hechos y
sobre esa base ver que acciones tomar en el futuro”, comentó en aquel momento José Gregorio Guarenas, coordinador de la Vicaría de los Derechos
Humanos, ligada a la Iglesia Católica. Guarenas, quien en dos oportunidades
durante el año 2001 acudió a la sede de la CIDH, en Washington, para presentar casos relacionados con Venezuela, dijo que acciones como ésta, de evaluar “in situ”, constituye “una muestra que la defensa de los derechos humanos no tiene frontera”.
La CIDH dictó medidas cautelares el 9 de enero, después de recibir una
denuncia del diario El Nacional, cuya sede fue bloqueada por más de una hora el día 7 por unas cuatro decenas de simpatizantes del presidente Hugo Chávez. La CIDH le pidió a las autoridades protección para los periodistas e instalaciones de El Nacional, realizar una investigación de los sucesos, determinar
responsabilidades y dar las garantías para el libre ejercicio de la libertad de
expresión en este país.
Velozmente, al conocerse la decisión de la CIDH de hacer una evaluación en el terreno en Venezuela, el canciller Luis Alfonso Dávila realizó un
viaje no previsto originalmente a Washington donde se entrevistó con autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “El respeto a los
derechos humanos y a la libertad de expresión son incuestionables y están garantizados en la Constitución de la República”, aseveró. De acuerdo con el
ministro, aunque se han generado polémicas con los medios, aseveró que el
derecho a la disidencia, la crítica y la protesta están garantizados “al extremo
de que durante el ejercicio de nuestro gobierno ningún ciudadano ha sido
agredido, reprimido o sometido a prisión por ejercer esos derechos”.
La CIDH no se salvó de la intolerancia
El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Santiago Cantón, debió interrumpir, en medio de agresiones verbales, la presentación, el 8 de febrero, de una evaluación preliminar sobre la
libertad de expresión en Venezuela, lo cual reflejó el agitado y polarizado clima político local. Cantón, realizó una visita de tres días a Caracas, ofrecía una
conferencia de prensa para presentar sus comentarios preliminares, pero debió suspenderla cuando se generaron situaciones de violencia verbal, y también física, en la sala donde se desarrollaba la presentación en un lujoso hotel de Caracas.
Carlos Correa, estudioso de la libertad de expresión y coordinador del
219
Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea), comentó que la forma abrupta en que debió concluir Cantón su presentación “refleja el clima de
intolerancia que no está haciendo bien a la labor informativa”. “Este tipo de
eventos no favorecen el desarrollo normal de una visita como esta y tampoco ayuda a que pueda hacerse un seguimiento ecuánime de la situación de los
derechos humanos en Venezuela, y en particular sobre la libertad de expresión”, señaló.
Simpatizantes del presidente Chávez acusaron de “vendidos” a los delegados de la CIDH, mientras gritaban consignas como “digan la verdad”. También se registraron enfrentamientos entre seguidores del jefe de Estado y opositores al gobierno. En lo que originalmente sería una conferencia de prensa,
estuvieron presentes numerosas personas que no ejercen el periodismo profesionalmente.
Al concluir esa visita de febrero, el secretario ejecutivo de la CIDH reiteró que “la libertad de expresión no es sólo la libertad de poder expresarse,
sino que comprende también que no existan consecuencias negativas por lo
expresado”. Pidió, asimismo, que los propios medios de comunicación de Venezuela generen códigos de ética y los cumplan y que no sea el Estado el que
regule, a través de leyes, las programaciones o contenidos. Recalcó que debe
existir pluralidad y equidad en los medios, para representar las distintas opiniones presentes en la sociedad.
El secretario ejecutivo de la CIDH, que hasta el año pasado fue el relator
especial para la libertad de expresión de este organismo, que depende de la
Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación porque el clima político de enfrentamiento que vive en Venezuela influya en la
cobertura informativa. Dijo que algunas situaciones de agresiones contra los
periodistas y medios podrían llevar a la autocensura.
La CIDH el 9 de enero dictó medidas cautelares a favor del diario El Nacional,
y pidió a las autoridades medidas especiales de protección para todos los medios informativos del país. Sin embargo, el 31 de enero estalló un explosivo
contra la sede del diario Así es la Noticia. A partir de ese momento, en tanto,
se evidenció una mayor movilización callejera, en la que los simpatizantes de
Chávez han agredido verbalmente a periodistas. Para Cantón, en el país debe generarse un clima de tolerancia en el debate político y precisó que el Estado “tiene el rol principal” en ese sentido.
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Venezuela bajo observación internacional
La primera visita de la CIDH abrió camino a una cadena de misiones internacionales de observación a Venezuela, gran parte de organismos independientes y de gremios que reúnen a propietarios de medios.
En esa lógica se inscribió una misión de alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que concluyó el 22 de febrero una visita de una semana al país. En ese momento, el gobierno venezolano ratificó su argumento de que “existe plena libertad de expresión” y para ello puso como
demostración que “no hay ningún periodista preso, ni nadie está detenido por
expresar su opinión, tampoco ha sido cerrado ningún medio de comunicación”. El presidente de la SIP, el estadounidense Robert Cox, y el vicepresidente del organismo, el uruguayo Danilo Arbilla, recalcaron que no hay
muertos, pero existe un clima de intimidación y agresión hacia la prensa, alimentado por el discurso presidencial.
“Si el Presidente no cambia su actitud frente a los medios, veo un futuro
muy peligroso en materia de libertad de prensa”, aseguró Cox para quien “no
se puede decir que hay libertad de información ni de prensa si los periodistas
están trabajando permanentemente bajo amenazas y con miedo”. La SIP recomendó a la Fiscalía General de Venezuela que se establezcan responsabilidades
en los 42 casos más recientes de agresiones contra medios de prensa y periodistas, para dar un ejemplo claro de que estas acciones no deben continuar.
La visita a Caracas de la SIP coincidió con la divulgación del balance anual
2001 del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) que formuló una serie de
críticas a la política y el discurso del presidente venezolano a quien atribuye
una “actitud hostil” hacia los medios. De acuerdo con el IPI, “la retórica agresiva de Chávez, quien ha calificado a periodistas de no patriotas, contrarrevolucionarios y enemigos de la ley, ha contribuido al clima de intimidación y
hostilidad hacia la prensa”.
El golpe también arropó a los medios
El golpe de Estado y restitución en el poder del presidente Hugo Chávez, ocurrido en el mes de abril, no sólo puso en crisis al sistema político sino que también arropó a los medios de comunicación públicos y privados.
Venezuela pasó de un extremo a otro, en cuestión de horas, con el derrocamiento de Chávez por el alto mando militar, un gobierno interino de horas
del empresario Pedro Carmona y posteriormente el regreso al poder del jefe de Estado electo en las urnas en diciembre de 1998, en un proceso intenso vivido en 48 horas.
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La cobertura informativa, especialmente de la televisión, también pasó de
un extremo a otro entre el 11 y el 14 de abril, cuando se vivió la crisis. La
abundante e inmediata información sobre la caída de Chávez y el ascenso de
Carmona, tuvo como contracara el casi absoluto mutismo sobre el retorno
del Presidente. Para estudiosos de la comunicación, la crisis política ha puesto sobre el tapete la necesidad de debatir sobre la responsabilidad de los medios de informar a la ciudadanía más allá de sus intereses.
Esto, además, está condimentado en el caso de Chávez por el uso excesivo y arbitrario, como ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cadenas nacionales de radio y televisión que
según el gobierno “buscan contrarrestar la conspiración mediática”.
Incluso en el caso de las excesivas cadenas y la ilegal interrupción de las
señales de televisión, la tarde del 11 de abril, los canales de televisión se “la
jugaron”, en palabras de Alberto Federico Ravell, director general de Globovisión,
para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información de lo que estaba
pasando. Gracias a los modernos sistemas satelitales y a la propia alimentación local de la televisión por cable, varios canales venezolanos evadieron la
censura que intentó poner el gobierno. Sin embargo, se retrajeron al momento de informar sobre la salida de Carmona y el regreso de Chávez. Ante esta
situación, miles de personas apelaron a las señales de televisión internacional
de servicios de cable o satélite por suscripción, en tanto que la mayor parte
de la prensa escrita alegó “razones de seguridad” para justificar la ausencia de
diarios. El domingo 14 no hubo prensa nacional, salvo una excepción, el impreso Últimas Noticias.
A juicio de Marcelino Bisbal, periodista, profesor universitario y estudioso de la Comunicación, con todos estos sucesos que vivió el país “se nos abre
un periodo para pensar en el tipo de periodismo que veníamos haciendo y que
queremos hacer. Pero la reflexión tiene que ser de lado y lado”, porque también debe cuestionarse el rol de los medios de comunicación en manos del
Estado.
El presidente Chávez, tras retornar al poder con un discurso conciliador,
lanzó el 15 de abril un ramo de olivo a los medios en su primera conferencia
de prensa. Pidió “perdón” a los propietarios de las empresas comunicacionales del país por haberlos agredido verbalmente. Asimismo, llamó a sus simpatizantes para que “no se metan” con periodistas, camarógrafos y fotógrafos, porque “ellos no son responsables de la política informativa de sus medios”.
Esta es la primera vez que Chávez lanza un mensaje en ese sentido en sus tres
años de gobierno.
222
Y el debate sigue
Desde mediados de abril y a lo largo de mayo se ha generado un clima de
debate sobre el papel de los medios los periodistas y el Estado, especialmente en coyunturas como la actual crisis política venezolana. Se han producido
una cadena de foros, intervenciones, seminarios y encuentros. Es un clima de
intercambio y reflexión públicos sobre la profesión que era desconocido en
el país desde hace largos años y sobre lo cual tienen cuota de responsabilidad
entidades como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y también las escuelas que forman a los futuros profesionales.
En mayo, por ejemplo, dos instancias de la Universidad Central de Venezuela (CNP), la Escuela de Comunicación y el Instituto de Investigaciones
de la Comunicación (Ininco), realizaron varios foros en Caracas, en tanto en
ciudades como Maracaibo y Barquisimeto también se han abierto espacios a
la reflexión. En ese marco, y con un nutrido grupo de invitados extranjeros,
se lanzó la iniciativa de un observatorio de la información.
Si nos guiamos por las palabras del profesor universitario y director del
diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, los medios de comunicación, especialmente la televisión, tuvieron un “silencio histórico” el 13 de abril. A su
juicio, el papel protagónico de los medios en la crisis política del país es previa a Chávez, y se remonta justamente al descrédito vivido por los partidos
políticos tradicionales, lo cual otorgó mayor influencia a la prensa, que goza
de alta credibilidad, y favoreció el triunfo electoral del actual presidente. Los
editores de los medios, con los que hablé como investigador a mediados de la
década pasada, se encontraron con un poder que ellos no habían buscado”,
comentó.
En este marco se creó el 14 de mayo el capítulo venezolano del Media
Watch Global, una iniciativa nacida en el seno del Foro Social Mundial
(FSM). Este observatorio de prensa fue presentado por el director del periódico Le Monde Diplomatic, Ignacio Ramonet, quien estuvo en Caracas junto a
un grupo de comunicadores latinoamericanos y europeos que también promovieron similar iniciativa en Brasil.
En el marco de la presentación del Media Watch Global, se conoció el
testimonio del periodista venezolano Andrés Izarra, quien renunció a la gerencia informativa de Radio Caracas Televisión, uno de los dos principales canales televisivos del país. Aseveró que el 13 de abril, colocado ante la disyuntiva de reforzar “el silencio informativo, que me parecía inaceptable, o
renunciar, decidí irme en ese mismo momento”. Según el periodista, quien
223
trabajó anteriormente con varias cadenas informativas de Estados Unidos, su
equipo tuvo información sobre lo que acontecía y diversos testimonios de personas ligadas al gobierno de Chávez, pero se le ordenó “cero chavismo en
pantalla”.
Para el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Max Römer, “la respuesta que faltó por parte de los medios
el pasado mes de abril fue el equilibrio informativo, tanto de los medios de
comunicación públicos, privados y comunitarios (...) un mes después de los
sucesos seguimos sin ese equilibrio”.
Parte del origen de esta crisis, no sólo política, sino que ha colocado a los
medios en el centro del debate, tiene que ver con el propio ejercicio profesional en el país, que no solo está marcado por la orientación editorial de la
empresa. Pablo Antillano, periodista y escritor, quien ha estado presente en
varios de los debates registrados entre abril y mayo, recalcó que “en los últimos meses, y tengo miles de ejemplos porque estoy haciendo un estudio, se
vienen observando prácticas sesgadas entre los periodistas. Esto es el uso irregular de las fuentes, la toma de posiciones políticas y ausencia de rigor en la
búsqueda de la información”.
*
Este informe comprende el período entre enero y mayo de 2002.
Situación de la libertad de expresión y del ejercicio del
periodismo en Venezuela desde junio hasta octubre de 2002
Durante el período analizado, la situación se ha caracterizado por un clima de confrontación entre sectores afectos y adversarios al gobierno nacional que se intensificó a partir de los sucesos ocurridos en Venezuela del 11 al
14 del pasado mes de abril cuando el presidente Hugo Chávez salió temporalmente del poder y luego regresó luego de que una multitudinaria marcha
opositora culminó en hechos violentos que dejaron 18 personas muertas y
cerca de 100 heridos.
Los medios no han escapado a ese clima de conflicto y periodistas, camarógrafos y fotógrafos de diversos medios han resultado agredidos mientras
realizaban sus labores profesionales, por personas que rechazan la línea in-
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formativa de los medios donde laboran. También se han registrado atentados
con artefactos explosivos en las sedes de algunas televisoras.
A continuación se reseñan los casos registrados, durante el periodo comprendido entre junio y octubre de 2002, haciendo referencia a las medidas
que se han tomado y la situación de las investigaciones abiertas.
Periodistas y trabajadores de la prensa, blanco de agresiones
En medio del clima de confrontación han resultado agredidos periodistas de medios privados y públicos, tanto la capital, Caracas, como en algunas
ciudades del interior del país y en algunos casos trabajadores adscritos a los
departamentos de prensa de instituciones públicas.
En algunos casos las agresiones han sido verbales y han ocasionado daños
en los equipos de trabajo de los periodistas. Este fue el caso que se registró el
11 de junio cuando los vehículos del canal de televisión Televen y del periódico El Siglo, en los que se transportaba los equipos reporteriles de esos medios
fueron destrozados, mientras que el carro de la televisora Globovisión fue chocado por un autobús en el que se trasladaban algunos simpatizantes del presidente Hugo Chávez.
Los hechos se registraron en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, cuando una marcha realizada por seguidores del presidente Chávez para
solicitar las renuncia del gobernador del estado, culminó en actos violentos.
En esa oportunidad el diputado Nicolás Maduro, vocero del partido de
gobierno, condenó tajantemente las agresiones a los periodistas, de parte de
personas que se identifican como seguidores del presidente Hugo Chávez, e
instó a los simpatizantes del Gobierno a que se conviertan en garantes de la
seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.
Otro caso de agresión contra equipos de los medios se escenificó el 13 de
junio cuando un grupo de personas que se identificó como simpatizantes del
presidente Chávez se concentró a las puertas del Palacio Legislativo Nacional, ubicado en el centro de Caracas, lanzaron piedras contra el vehículo del
canal de noticias Globovisión y le pintaron en las ventanas un graffiti que decía “golpistas y traidores”. También se registraron agresiones físicas y verbales contra parlamentarios opositores y oficialistas y periodistas.
Representantes del parlamento acudieron a la Fiscalía para denunciar los
hechos. A finales del mes de junio, el juez 28 de control Angel Irigoyen dictó una medida cautelar, cuyo cumplimento quedó a cargo de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana y la Policía de Caracas para proteger la integridad física de los parlamentarios y los periodistas que cubren la fuente legislativa
225
y prohibir la realización de manifestación no autorizadas en los alrededores
del Palacio Legislativo. Posteriormente, el martes 2 de julio acudieron a la
sede de la Asamblea Nacional tres fiscales del Ministerio Público, Layla Hidalgo (fiscal 54), Oswaldo Rodríguez (fiscal 30) y Norka Mundaraín (fiscal
auxiliar 54), para dar cumplimiento a la medida cautelar.
Todos estos acontecimientos se registraron durante la semana en la que
se conmemoraron dos meses de los acontecimientos entre el 11 y 14 de abril,
cuando se produjo la salida y restitución en el poder del presidente Hugo Chávez, luego de los hechos violentos en el centro de Caracas, donde hubo muertos y heridos.
El 15 de junio, un grupo de periodistas del estado Táchira denunciaron
recibieron amenazas de parte de simpatizantes del Presidente de Venezuela.
Los corresponsales de los canales privados de televisión Globovisión y Radio
Caracas y de la emisora local Radio Mundial fueron obligados a interrumpir
la cobertura de un mitin que se realizaba en la ciudad de San Cristóbal y que
fue organizado por los partidos afectos al gobierno MVR, PPT y el PCV en
apoyo al primer mandatario venezolano y al gobernador del estado, Ronald
Blanco La Cruz.
Los trabajadores de los medios fueron amenazados, por un grupo de más
de 30 personas, con ser golpeados con tubos de hierro camuflados en las banderas a manera de astas, si seguían reseñando el evento.
Los corresponsales y los reporteros locales estaban trasmitiendo desde un
edificio cercano al lugar de la concentración, en el centro de la ciudad, cuando los seguidores del gobierno llegaron hasta allí e impidieron que continuaran con su labor y les gritaban insultos como: “manipuladores” “agentes de
la CIA” y “prostitutas”.
Aunque la mayoría de los casos han sido denunciados, las investigaciones
han avanzado con mucha lentitud y para la fecha no han determinados responsabilidades en los casos de agresiones; tal vez el caso más emblemático de
la impunidad se registró en el mes de junio cuando ocurrió una agresión física contra la periodista Alicia La Rotta, del diario El Universal que fue registrada en vivo por las televisoras y en la que el agresor fue plenamente identificado y sin embargo para la fecha no ha recibido las sanciones legales
correspondientes.
La Rotta fue agredida el 20 de junio por un funcionario de la Dirección
de Inteligencia Militar (DIM) identificado como Marcos Publio Rosales,
mientras cubría una marcha de militares retirados.
Rosales, quien se encontraba en la marcha haciéndose pasar por reportero gráfico, golpeó a La Rotta ocasionándole lesiones en un brazo y en la bo-
226
ca, luego de que ella encontrara un documento de identificación que portaba el agresor y que lo acreditaba como funcionario de la DIM.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía donde el abogado de La Rotta
Gregory Odreman solicitó medidas protección para la periodista, quien había sido favorecida con un medida cautelar que emitió la CIDH a favor del
diario El Universal, sus bienes, editores y periodistas, emitida el 25 enero de
2002.
El 25 de junio fueron agredidos el camarógrafo Gustavo Flores y el Coordinador de Televisión de la Universidad Central de Venezuela, Ángel García
Buttó, trabajadores de la Dirección de Información y Comunicaciones de la
Universidad Central de Venezuela, principal institución pública de educación
superior del país, mientras realizaban la cobertura a un foro que se realizaba
dentro del organismo, que posteriormente sería transmitido por el canal interno del centro educativo. El evento fue convocado por estudiantes y profesores de la escuela de Sociología y donde participaban como invitados algunos dirigentes del partido opositor Primero Justicia.
Flores fue golpeado por un individuo que acudió al lugar a manifestar en
contra de la realización del evento, lanzó un objeto explosivo y posteriormente le suministró un golpe en el pecho, cuando realizaba unas tomas de los invitados. Entretanto García recibió recibió una amenaza de agresión que no
se concretó porque el agresor fue retirado del lugar por algunos de los presentes.
En la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, ubicado en al región
oriental, un grupo de periodistas fue agredido por vigilantes privados y presuntos integrantes del cuerpo policial del lugar, Poli Urbaneja, cuando se dirigían a la residencia del empresario Miguel Tsoukatos, quien ofrecería una
rueda de prensa para hablar sobre el secuestro del que fue víctima uno de sus
hijos, el pasado 26 de junio.
Los vigilantes que resguardan la entrada de la zona residencial donde está ubicada la casa de la familia Tsoukatos, propiciaron empujones y golpes a
los trabajadores de los medios que se encontraban en el lugar, quienes portaban sus credenciales en lugares visibles. La periodista Meury Manzano y el
reportero Carlos Enrique Landaeta del diario regional El Norte, resultaron
ser los más agraviados.
El hecho fue denunciado ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas de Barcelona y en la sede regional de la Fiscalía. El
alcalde del lugar Alexis Ortiz se comprometió a abrir una investigación sobre
lo ocurrido.
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Finalizando el mes de junio, el periodista panameño Luis Botello, director para los programas de América Latina del International Center for Journalist (ICFJ), quien se encontraba en Venezuela para participar en el seminario Medios y Libertad de Expresión en Las Américas, realizado en la Isla de
Margarita, entre el 27 y el 29 de junio denunció que recibió amenazas de deportación, por parte de la representante del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP), Nélida Arrechedera, quien es la Secretaria General Adjunta del CNP,
en su seccional de Caracas.
Durante su participación en el evento, declaró a un periódico de la región
de Margarita que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para que exista libertad de expresión. El periodista explicó que su declaración se basó en
las conclusiones de la primera sesión del seminario, en la que los participantes hablaron sobre el manejo de la libertad de expresión por parte de medios,
editores, periodistas y gobiernos.
Botello señaló que Arrechedera le indicó que el presidente Hugo Chávez
deporta a los extranjeros que digan ese tipo de cosas y que eso le podría pasar a él, luego que el periódico El Sol de Margarita publicara en primera página un titular de apertura donde hacía referencia a las declaraciones del periodista sobre la libertad de prensa en Venezuela, con las que la representante
del Colegio de Periodistas de Venezuela no estaba de acuerdo.
Por su parte, Arrechedera señaló al IPYS que sí sostuvo una conversación
con Botello, pero negó que le haya hecho amenazas de deportación. “En ningún momento dije nada como para que se sintiera aludido”, dijo y explicó que
en la conversación habló sobre el manejo que hacen los medios venezolanos
de la información e hizo referencia a las declaraciones hechas por el presidente de la República Hugo Chávez, el 10 de junio en su programa radial “Aló
Presidente”, donde el primer mandatario dijo: “Expulsaré del país a extranjeros que vengan a dar opiniones sobre política interna”, luego que la ex candidata presidencial del Perú Lourdes Flores Nano, en visita a Venezuela, manifestó a la prensa su preocupación por el futuro de las libertades en el país e
hizo un paralelismo entre la política del presidente venezolano y el régimen
de Alberto Fujimori.
Los casos registrados han puesto en evidencia que las agresiones dirigidas que han padecido los trabajadores de los medios van dirigido directamente a ellos puesto que en varias oportunidades los ataques han ocurrido a periodistas que portan sus credenciales en lugares visibles o que se trasladan en
vehículos plenamente identificados con los logos de los medios. Así lo demuestra el testimonio de la periodistas Sabrina Segovia, reportera del perió-
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dico Notitarde del estado Carabobo, quien relató al IPYS la agresión de la que
fue objeto, el 5 de julio, cuando se dirigía a cubrir un desfile militar que se
realizaba en Caracas, con motivo de la conmemoración de la firma del acta
de la Independencia.
Segovia iba caminando hacia las instalaciones del Fuerte Militar “Tiuna”,
donde se realizaba el evento; a pocos metros del lugar decidió colocarse su
credencial de reportera en un lugar visible; inmediatamente fue atacada sorpresivamente por la espalda por dos mujeres quienes la lanzaron al piso, le
dieron golpes y patadas y le gritaron consignas como: “los medios son ruines”, “son mentirosos”, “digan la verdad”.
Las agresoras se dieron a la fuga, luego de arrebatarle el carnet. Aunque,
Segovia no logró ver sus caras, sin embargo cuando se alejaban observó que
portaban franelas con el símbolo del partido de gobierno, el Movimiento Quinta República (MVR). El caso fue denunciado ante la Fiscalía y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Ese mismo día se reportó una nueva agresión. En esta oportunidad el reportero gráfico César Padilla, del periódico universitario Letras fue amenazado con ser golpeado si continuaba tomando fotos y no se retiraba del lugar,
cuando cubría el primer día de sesiones de un evento denominado Foro Social Nacional, que se realizaba en Caracas.
Padilla fue amenazado, por parte de un grupo de asistentes al evento, quienes lo acusaron de ser un infiltrado y de pertenecer al grupo político opositor
Bandera Roja, a pesar de que él les mostró su credencial del periódico Letras.
El reportero tuvo que abandonar el lugar sin dar cumplimento a su pauta.
El 31de julio resultó afectado otro reportero gráfico. Gabriel Osorio, quien
trabaja para la revista Primicia, publicación perteneciente al grupo editor del
diario El Nacional. Osorio fue golpeado cuando se encontraba cubriendo una
marcha en la que participaban simpatizantes y opositores del presidente Chávez, en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas,
que culminó en disturbios.
El fotógrafo fue interceptado a la altura de la esquina Dos Pilitas de la
avenida Baralt, a las 3:30 de la tarde, por cinco individuos, que presuntamente eran simpatizantes del presidente Chávez que le gritaron y lo acusaron de
ser funcionario de la CIA. Él les explicó que era reportero gráfico y les mostró su credencial, sin embargo lo empujaron y golpearon ocasionándole hematomas en el cuerpo y heridas en las manos. Los agresores huyeron llevándose el bolso con el equipo y el material fotográfico del reportero. El caso fue
denunciado ante la CIDH.
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El jueves 5 de septiembre fue agredido un equipo del canal de televisión
del Estado Venezolana de Televisión que cubría una marcha de la oposición realizada La Guaira, estado Vargas, al norte de Caracas, en la que se solicitaba la
renuncia del presidente Chávez. La periodista Vanexa Camargo y su equipo
de camarógrafos se trasladaron hasta La Guaira en un vehículo identificado
con el logotipo del canal. En el lugar recibieron insultos y gritos rechazando
su presencia en la manifestación. El camarógrafo y su ayudante fueron escupidos por manifestantes opositores, que los acusaban de ser parte del gobierno del presidente Chávez.
Posteriormente, mientras Camargo se encontraba en la calle recolectando información le gritaron que se fuera del lugar y fue amenazada con un camión que fue trasladado hasta el lugar donde estaba parada. El vehículo del
canal estatal recibió golpes que le ocasionaron daños a una de las puertas.
Entretanto, otro grupo de trabajadores de los medios de comunicación
resultaron agraviados, por parte de efectivos de la Guardia Nacional, mientras cubrían una caravana organizada por grupos opositores en la ciudad de
Valencia en el estado Carabobo.
Un grupo de uniformados equipados con escudos antimotines, peinillas,
armas de fuego y chalecos antibala, intervinieron para evitar que la movilización provocara congestionamiento del tráfico, remolcaron algunos vehículos
que presuntamente estaban interfiriendo el flujo y luego desalojaron a los periodistas que se encontraban en el lugar por donde pasaba la manifestación.
Jairo Altuve, reportero del diario Notitarde, resultó agredido, intentaron remolcar su vehículo y posteriormente lo golpearon ocasionándole una abolladura en el techo. Los camarógrafos Mauro Acosta y Leslie Peña, de los canales Venevisión y Televen, recibieron golpes con escudos antimotines y puntapiés.
A los reporteros gráficos del diario El Carabobeño, Carlos Briceño y Eduardo
Sánchez, también fueron afectados. A Briceño le intentaron quitar el flash
card de su cámara digital, pero la intervención de sus compañeros lo impidió.
Sánchez recibió varios peinillazos cuando subió al techo de un vehículo para
intentar tomar una fotografía.
Poco antes de finalizar el mes de septiembre se volvió a escenificar un hecho en el que resultó severamente afectado un vehículo perteneciente a un
medio de comunicación.
El sábado 21 de septiembre un equipo reporteril del canal de noticias
Globovisión integrado por la reportera Rossana Rodríguez, el camarógrafo Felipe Lugo y el asistente Wilmer Escalona fue interceptado por un grupo de
ocho presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando grababan
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unas imágenes en la avenida Urdaneta de Caracas, en las cercanías de la Vicepresidencia de la República. Los agresores golpearon y amenazaron con un
arma de fuego a Escalona y lo obligaron a entregar el vehículo en que se desplazaban, el cual estaba identificado con el logotipo del canal. Rodríguez fue
amenazada con un trozo de vidrio.
Los asaltantes se llevaron el vehículo hasta el puente Llaguno, sitio donde se reúnen habitualmente los simpatizantes del presidente Chávez, ubicado a pocos metros de Miraflores. Allí le destrozaron los vidrios y le causaron
abolladuras. También se llevaron los equipos de grabación.
Rodríguez, Lugo y Escalona tuvieron que resguardarse en la sede de la
Vicepresidencia de la República, cercana al lugar. Minutos después, Lugo y
Esacolona solicitaron la ayuda de la dirigente chavista Lina Ron quien intervino ante los agresores y logró que les devolvieran el vehículo, la cámara y el
trípode.
Los agresores se quedaron con el casette, un radio trasmisor y la batería
de la cámara. La policía municipal de Caracas detuvo a un sujeto identificado como Luis Cortez, quien presuntamente participó en el ataque. Cortez
rindió declaraciones el domingo 22 de septiembre, ante el tribunal 49 de control a cargo de la jueza Gisela Hernández.
En el tribunal se presentó un representante del “Sindicato de Motorizados Bolivarianos” que se identificó como Franco Arquímedes, quien hizo un
llamado al diálogo y asumió la responsabilidad por el ataque al equipo de
Globovisión, en nombre de la agrupación, aunque aseguró que la agresión al
vehículo la realizó un infiltrado.
Este es la tercera vez que equipos o vehículos de esta estación sufren daños por actos violentos. El primer ataque ocurrió el pasado 09 de julio cuando fue lanzada una granada fragmentaria contra las instalaciones del canal.
Posteriormente, el 31 de julio fue lanzada una bomba lacrimógena contra la
sede de la televisora.
Las agresiones cada día se han intensificado, se ha pasado de las amenazas y los insultos a hechos que ponenen riesgo la vida de trabajadores de los
medios. Así el domingo 22 de septiembre, cuando un grupo de sujetos no identificados dispararon contra la residencia de Carlos Barrios, director de la emisora radial Astro 97.7 FM, ubicada en el estado Portuguesa, al occidente venezolano.
Barrios responsabilizó del hecho a dirigentes del partido de gobierno MVR
y aseguró que forma parte de “un plan terrorista” contra los medios. También señaló que luego del atentado recibió una llamada a su teléfono celular
231
en la que el interlocutor aseguraba que los próximos disparos irían dirigidos
contra él.
Luego del atentado, el empresario relató que durante el mes de julio en
la emisora habían recibido varias llamadas amenazantes y recordó que hace
un año fue incendiada la planta transmisora de la estación. Barrios es miembro de la Coordinadora Democrática y Secretario General del partido Social
Cristiano Copei, organizaciones opositoras al gobierno del presidente Hugo
Chávez.
Los medios se convierten en objetivos
A la par de las agresiones que se han registrado contra trabajadores de los
medios desde el pasado mes de julio, las sedes de los medios de comunicación
se han convertido en los nuevos objetivos.
En el periodo analizado se han registrado tres atentados contra las sedes
de dos canales de televisión, que no han dejado heridos pero han ocasionado
daños a la estructura física. Por la naturaleza de estos actos han sido catalogados como acciones de amedrentamiento e intimidación y aunque los casos
están en manos de las autoridades policiales hasta la fecha no se han determinado responsabilidades.
El primer incidente se registró el 9 de julio cuando explotó una granada
fragmentaria en la sede del canal de televisión Globovisión. El artefacto fue lanzado en horas de la madrugada desde un vehículo en movimiento que se dio
a la fuga y explotó en el estacionamiento del causando daños materiales a las
puertas y paredes de la planta y a siete vehículos.
En esa oportunidad el director de la televisora, Alberto Federico Ravell,
condenó el suceso y aseguró que la estación no cambiaría su línea editorial a
raíz del ataque. “Este es un nuevo atentado contra la libertad de expresión
aseveró”.
Para el momento de ocurrir el hecho Globovisión, gozaba de una medida
cautelar emitida el 30 enero de 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y que tenía una validez de seis meses, donde se recomendaba al Estado que
tomara medidas para preservar la integridad de los periodistas y de los trabajadores de la planta.
Una vez ocurrido el hecho acudieron al lugar efectivos de la Policía Metropolitana, de la policía política (Disip) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes recolectaron evidencias e
informaron que se trató de una granada militar tipo fragmentaria.
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El 31 de julio se registró otro hecho similar en la sede del canal. A las 2:00
p.m. fue lanzada una bomba lacrimógena al estacionamiento del canal desde
un vehículo en movimiento que pasó frente al mismo. En esta ocasión no se
registraron daños materiales
Este segundo ataque ocurre dos días después de que la CIDH prorrogara por seis meses la medida cautelar emitida el 30 de enero a favor de Globovisión.
Un tercer caso de atentado se produjo en la madrugada del viernes 13 de
septiembre, en la sede del canal regional Promar Televisión, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, de la región cetro occidental del país,
cuando fueron lanzadas cuatro bombas incendiarias en la sede del canal.
Dos de las bombas impactaron contra la pared del estacionamiento y otra
cayó cerca de un vehículo del canal, originando un incendio que fue controlado por un vigilante con un extintor de incendios. No hubo víctimas.
El director de la televisora, Jorge Kossosky señaló que en días anteriores al hecho recibió amenazas anónimas. También denunció que algunos reporteros del canal fueron golpeados mientras cumplían su trabajo y varios
vehículos habían sido atacados en la calle, sufriendo daños. En el lugar se hicieron presentes efectivos de la policía del estado y funcionarios de la policía política, Disip.
Fallos judiciales
Otro hecho significativo que se registró durante el periodo analizado fue
un fallo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a favor de dos periodistas acusados de difamación. La Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible un recursos interpuesto por los familiares del empresario Folco Falchi, que intentaba la apertura de un proceso judicial contra los periodistas de
la revista venezolana Exceso, Faitha Nahmens, por presunta difamación y Ben
Ami Fihman, por complicidad.
Nahmens fue demandada en 1997, luego de que los familiares de Falchi
se sintieran afectados por un reportaje elaborado por la comunicadora, sobre
el asesinato del comerciante Casto Martínez, quien era suegro de Falchi, ocurrido en diciembre de 1996. La CIDH había emitido medidas cautelares a favor de los periodistas en abril del 2000.
En cuanto al caso del reportero gráfico Jorge Tortoza, quien falleció luego de recibir un impacto de bala mientras cubría los sucesos violentos que se
registraron en Caracas el 11 de abril, aún está en fase de investigación, pese
a que han pasado seis meses de los sucesos.
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