Principales debates sobre relaciones ci´vico

Principales debates sobre relaciones ci´vico

Principales debates sobre relaciones cívico-militares en Colombia
Gabriel Rojas Andrade
CODHES
Introducción
Las relaciones cívico-militares en Colombia se caracterizan por una tensión interna atípica
en los Estado latinoamericanos: por un lado, Colombia ostenta una democracia que ha
perdurado en el tiempo de manera relativamente estable sin haber estado sometida por
un periodo prolongado a un gobierno autoritario de corte militar. Por otro lado, el país
padece un conflicto armado interno que ha persistido por cerca de cinco décadas, en el
que participan múltiples actores, y en el que las fuerzas militares han ocupado un lugar
preponderante, tanto por su implementación de doctrinas de seguridad nacional,
discursos de lucha contrainsurgente o políticas de guerra contra amenazas terroristas,
como por el creciente gasto en defensa que los últimos gobiernos han llevado a cabo y el
reciente énfasis en su profesionalización, modernización y aumento de pie de fuerza.
Mientras que el país mantiene una tradición de control civil sobre el estamento castrense,
las fuerzas militares siempre han tenido un papel importante en las agendas políticas que
buscan la presencia del Estado en sectores tradicionalmente abandonados por las
instituciones civiles, y si bien no constituyen una amenaza para el gobierno democrático,
cada vez más se convierten en un punto de referencia para la construcción de la paz.
De este modo, la paradoja que se presenta en el análisis de las relaciones entre civiles y
militares en Colombia, reside en la idea de que unas fuerzas armadas que históricamente
han gozado de relativa autonomía y que no representan una amenaza para las
instituciones democráticas en tanto que aceptan el control civil de su accionar, se han
desarrollado y fortalecido cumpliendo funciones civiles en el contexto del conflicto
armado interno.
El presente escrito tiene por objeto presentar algunos de los debate principales en torno a
las relaciones cívico-militares en Colombia desde perspectivas históricas, políticas y
sociológicas planteadas por académicos y militares que recogen las posturas clásicas en la
materia y las desarrollan en el contexto local. No se pretende con el ejercicio agotar un
estado del arte sobre la cuestión, sino brindar herramientas para examinar la paradoja
mencionada entre el control civil sobre la fuerza publica en Colombia y la injerencia de
esta última sobre el conflicto armado interno en el país.
El texto se divide en cinco apartados. El primer capítulo se ocupa de la tensión entre una
aparente estabilidad democrática ostentada por el Estado colombiano y la simultanea
persistencia de un conflicto armado interno que ha obligado a las fuerzas militares a
volcarse exclusivamente a temas de seguridad doméstica. En la segunda sección se
describen los retos de institucionalizar una subordinación del estamento castrense al
control civil teniendo en cuenta la “simbiosis” entre lo civil y lo militar que se ha dado en
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los últimos veinte años en Colombia. El tercer apartado menciona algunas constantes
históricas en las relaciones entre civiles y militares relacionadas con la falta de una
proyección estratégica y la vinculación con acciones de asistencia y desarrollo de las
fuerzas militares durante la segunda mitad del siglo XX en Colombia. En el cuarto capítulo
se resaltan las similitudes y diferencias entre el caso colombiano y América Latina con
respecto a los nuevos retos de las relaciones cívico-militares tras la caída de las dictadoras
en la región. En la quinta sección se señalan algunas premisas encontradas en la
perspectiva militar sobre la subordinación al control civil, los avances en la
profesionalización y capacitación en derechos humanos y los retos con respecto a
reminiscencias de los discursos contrainsurgentes y antiterroristas que los militares aún
comparten con sectores políticos en Colombia. Finalmente, se ofrecen unas
consideraciones finales sobre la necesidad de considerar las relaciones cívico-militares a la
luz del actual proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.
1. Paradoja entre estabilidad democrática y conflicto armado interno
Oscar Andrade, en su artículo “Relaciones cívico-militares en Colombia: apuntes para un
estado del arte” (2012), lleva acabo una síntesis de los principales enfoques que han
predominado en el análisis de las relaciones entre civiles y militares en el país a partir de
cuatro categorías: construcción histórica, conflicto armado, estudios comparativos y visión
de los militares. El hilo conductor de su presentación de los debates es, precisamente, la
aparente paradoja del Estado colombiano: en un país ajeno a la injerencia directa de los
militares en la arena política existe un aparato militar súper desarrollado a causa de las
demandas de un prolongado conflicto armado interno y diferentes formas de violencia
política (Andrade; 2012, 4).
Andrade inicia su exposición aludiendo a aparatos teóricos clásicos en el análisis de las
relaciones cívico-militares, que además son recurrentes en la bibliografía sobre el tema en
Colombia. Para describir el modelo ideal de una autoridad civil legitima acude a Oheling
(1967) y la definición del poder militar como supeditado a la defensa de la sociedad contra
cualquier ataque exterior y al apoyo del mantenimiento del orden público interno
(Andrade; 2012, 146). Asimismo, emplea a Huntington (1957) para recordar la distinción
entre los tipos de control civil al estamento castrense: el objetivo y el subjetivo: en el
primero la profesionalización de los cuadros militares garantiza su independencia de la
política, en el segundo, se limita su incidencia política por medio de restricciones legales e
institucionales a su autonomía (Andrade; 2012, 146). Sin embargo, para Andrade, las
propuestas de Morris Janowitz (1960), Charles Moskos (1977), Peter Feaver y Erika Seeler
(2009) pueden ser complementarias para explorar el caso colombiano. Estos autores
critican la distinción de Huntington al afirmar que el profesionalismo no garantiza que los
militares no se involucren en política pues sus intereses particulares pueden entrar en
tensión con la protección del sistema político que deben defender con base en el poder
coercitivo que se les ha otorgado. Más aún, en el siglo XX, donde las fuerzas militares han
entrado a una economía de mercado y modelos de gestión y donde las “nuevas
amenazas” requieren del trabajo conjunto de civiles y militares, la profesionalización no
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garantiza una divergencia entre los valores civiles y los valores militares. Esto quiere decir
que la participación cívica y la cultura ciudadana, y no la simpe profesionalización, podrían
garantizar el control civil (Andrade; 2012, 147).
Las aproximaciones teóricas expuestas no responden con precisión a casos en los que
civiles y militares se ven envueltos en contextos de guerra prolongada, como el
colombiano y en el que el uso del poder coercitivo puede tener implicaciones políticas. De
allí que Andrade y otros autores opten por investigar el caso colombiano como una
atipicidad en la relaciones civiles militares en América Latina que requiere un estudio más
detallado con base en las dinámicas del conflicto armado interno.
Históricamente, la debilidad del Estado colombiano y la reciprocidad entre las reformas
militares y las transformaciones estatales han generado que en Colombia el desarrollo
militar halla quedado rezagado y ello haya limitado la posibilidad del estamento castrense
de convertirse en un factor autónomo capaz de disputar la autoridad civil (Andrade; 2012,
161). Sin embargo, la influencia de la Guerra Fría y la posguerra en las relaciones entre
civiles y militares impulso el empoderamiento militar a través de la doctrina de seguridad
nacional y, eventualmente, las nuevas agendas de seguridad basadas en amenazas no
militares presionaron el involucramiento de civiles en temas de seguridad y defensa. Pese
a esta influencia, el conflicto armado obligó a los militares colombianos a mantener un
enfoque más tradicional de seguridad interna matizado por el discurso antiterrorista de
Estados Unidos después del 11 de septiembre y la injerencia de la política internacional de
la superpotencia en el país, particularmente por medio del Plan Colombia. (Andrade;
2012, 162).
Para Andrade, es claro entonces que el conflicto armado es transversal a las relaciones
cívico-militares en Colombia pues ha obligado a las fuerzas armadas a asumir de forma
exclusiva la seguridad interna del país. Ello ha establecido una indefinición entre las
funciones de la policía y el ejercito, ha impulsado la autonomía militar en el manejo de la
política de seguridad y defensa y ha generado indiferencia de los civiles por los asuntos
militares. En este sentido, los procesos de paz con la insurgencia también han puesto de
manifiesto momentos de crisis entre civiles y militares (ratificando la subordinación de las
fuerzas armadas en el tema en la medida en que estas iniciativas siempre les han sido
impuestas por el ejecutivo). Por su parte, el fenómeno del paramilitarismo cuestiona el
control real que tienen los civiles sobre las fuerzas militares por el margen de autonomía
que tuvieron estas para respaldar a estos grupos y porque las diferencias entre civiles y
militares en el paramilitarismo se vuelven difusas y hacen difícil establecer lógicas de
control y subordinación que no se yuxtapongan (Andrade; 2012, 163).
Lo expuesto por Andrade señala cómo el caso colombiano contrasta con lo ocurrido en la
región. La tradición relativamente democrática del país y el atraso de las Fuerzas Armadas
colombianas no permitió dictaduras militares como las del Cono Sur. Estas circunstancias
generaron que la cuestión cívico-militar en Colombia no girara en torno a procesos de
democratización sino a la lucha por el establecimiento del monopolio de la violencia y que
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la autonomía del poder castrense siempre fuera limitada por actores civiles. No obstante,
lo que Andrade llama tradición democrática debe ser matizado, pues si bien en términos
formales hay una estricta división de poderes, una constitución estable y pocos gobiernos
militares de corta duración, las garantías de participación política en Colombia nunca han
sido constantes como lo demuestra el bipartidismo o el exterminio del partido político
Unión Patriótica después de la desmovilización de la guerrilla del M-19. La participación de
los paramilitares en el asesinato de los miembros de esta organización política muestra
cómo la transacción que pretendía la doctrina Lleras al inicio del Frente Nacional en 1958,
en la que los asuntos de los civiles y los militares debían estar estrictamente separados,
terminó por desdibujarse en la participación de civiles apoyados por sectores de las
fuerzas armadas para acallar una propuesta política de izquierda (Andrade; 2012, 164).
Andrade concluye resaltando la idea de que el desconocimiento y falta de involucramiento
de los civiles en temas de seguridad y defensa ha terminado por otorgar un margen de
autonomía a los militares en el diseño y ejecución de políticas en el sector. La supremacía
del poder civil sobre el militar representado en el ordenamiento jurídico y la mentalidad
de los militares en Colombia todavía se enfrenta al desafío de subsanar esta brecha.
(Andrade; 2012, 164).
2. La simbiosis entre lo civil y lo militar y la falta de institucionalización para la
construcción de la paz
Markus Schultze-Kraft en “La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de
la construcción de la paz” (2012) reitera varios de los puntos señalados por Andrade pero
replanteando el proceso de control civil sobre las fuerzas militares en Colombia. A partir
de un análisis sobre los últimos veinte años de reformas en el establecimiento castrense
(con especial énfasis en las prácticas del gobierno Uribe), Schultze plantea las relaciones
entre civiles y militares no se presentan en un espacio institucionalizado, sino en una
“simbiosis” que le da a la fuerza pública un amplio margen de autonomía y maniobra en el
ámbito público del país. En este sentido, con miras a la construcción de paz en Colombia,
el autor sugiere una reconversión militar, reformas en el sistema de seguridad y cambios
en el actual patrón de relaciones cívico- militares (Schultze; 2012, 405).
Para Schultze, después de la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-1957) y el Estatuto de
seguridad de Turbay Ayala (1978-1982), el país optó por delegar una relativa autonomía a
las fuerzas militares que evitara su injerencia en asuntos políticos que pudieran conllevar a
una nueva dictadura militar o a los excesos y falta de garantías constitucionales del
gobierno de Turbay. Con la llegada de la constitución de 1991 y el establecimiento de un
Ministerio de Defensa a cargo de las cuestiones de seguridad y defensa que ponía en
cabeza de la autoridad civil del ejecutivo el comando de las fuerzas armadas, se pretendía
reiterar la subordinación del lo civil a lo militar. Sin embargo, la violencia generalizada de
la década de los noventa, el crecimiento del narcotráfico, el fortalecimiento de la guerrilla
de las FARC y el apoyo de los Estados Unidos, presionaron a los gobiernos de turno,
especialmente el de Andrés Pastrana a instaurar una política de modernización,
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profesionalización, aumento y cualificación de las fuerzas armadas, reflejado en el gasto
militar, que involucró más a los militares en la agenda pública de la nación. Con el fracaso
de las negociaciones de paz en el Caguán y la llegada del primer gobierno de Álvaro Uribe,
las relaciones civiles militares se tornaron hacia el involucramiento de los primeros a las
actividades de seguridad a través de nociones como el “soldado del pueblo” (civiles que
apoyaban con información a las fuerzas militares) y la consolidación de una visión de
apoyo al desarrollo social en la fuerza pública. Esto quiere decir que la recuperación del
territorio nacional iba de la mano de acciones de asistencia y servicio comunitario de los
militares para atacar la base política de las FARC en las regiones. La creciente participación
de las fuerzas militares en la vida pública de la mano con su profesionalización (que
terminó de estructurarse en los gobiernos de Uribe), aumento del pie de fuerza y éxitos en
la lucha contra las guerrillas, cambiaron la histórica indiferencia de los civiles hacia el
establecimiento castrense y configuraron un apoyo a las mismas a partir de discursos
antiterroristas muy cercanos a la doctrina del “enemigo único” recuperada por los
militares con base en los lineamientos de política internacional del gobierno de George
Bush.
Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010, se planteó de nuevo un
giro en la política interna sobre el conflicto armado que opta de nuevo por una salida
negociada a las hostilidades y pone a los militares en una situación tensa frente a la
apropiación del discurso antisubversivo y antiterrorista que habían planteado durante el
gobierno de Uribe. La interlocución política con la guerrilla de las FARC no permite una
estigmatización del enemigo único y devuelve al país a la discusión de lógicas
estructurales de las causas del conflicto. En este contexto, Para Schultze, las relaciones
cívico-militares deben releerse no solo en términos de la seguridad interna sino también
con miras a un posible escenario de posconflicto.
La gran transformación que se llevó a cabo en la fuerza pública en los últimos veinte años
y el surgimiento de un patrón de relaciones cívico-militares caracterizadas por una
“simbiosis” entre el poder ejecutivo y los militares, que no refleja un control civil eficiente
e institucionalizado, hizo del establecimiento castrense una de las instituciones del Estado
colombiano más fuertes y robustas, lo cual plantea que el control civil sobre las fuerzas
militares y policivas es relativo. Este panorama, presentado en el marco de una evolución
del conflicto armado interno, el narcotráfico y la criminalidad, se enfrentan ahora a un
posible cambio en el corto o mediano plazo por cuenta del proceso de paz con la guerrilla
de las FARC. En tal escenario, Schultze reitera la necesidad de una reconversión de las
fuerzas militares, la reestructuración de las relaciones cívico-militares y la modernización
de la gobernanza en el sistema de seguridad como elementos fundamentales para la
construcción de la paz en Colombia (Schultze; 2012, 405). En tanto que la paz exige la
participación de las fuerzas militares, se requiere una reducción drástica del pie de fuerza
y de los recursos asignados a defensa; programas eficientes de reintegración a la vida civil
y productiva, tanto de soldados como de excombatientes de las guerrillas, que no los lleve
a una competencia entre sí por los fondos del Estado; y otorgar a la policía y no al ejercito
la responsabilidad para combatir el crimen organizado, la delincuencia común y el
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narcotráfico.
3. Una perspectiva histórica
El trabajo de Pablo Nieto en su artículo “¿Subordinación o autonomía?. El ejército
colombiano, su relación política con el gobierno civil y su configuración en la violencia,
1953-1990” (2004), constituye un excelente recuento histórico de las relaciones cívico
militares desde la dicotomía entre autonomía y subordinación que ya se ha expuesto a
partir de las interpretaciones de Andrade y Schultze, sin embargo, el artículo no se
aproxima a los conceptos en el ámbito de los estudios cívico-militares, sino estrictamente
con base en categorías históricas, lo cual ilumina las conclusiones desde una perspectiva
distinta.
Para Nieto, hasta finales de los ochenta, no fue posible para las fuerzas armadas
consolidar un programa político y militar que les permitiera elaborar estrategias y tomar
decisiones en los asuntos estrictamente militares. Esta circunstancia los ha obligado a
abandonar las pretensiones de consolidar doctrinaria y políticamente su pensamiento en
medio de los cambios políticos del Estado colombiano. Con respecto a la lucha contra las
guerrillas, Nieto pone en evidencia el fracaso que hasta comienzos de los noventa
padecieron las fuerzas militares a causa de su actitud reactiva y no ofensiva y por la falta
de estrategia en las acciones militares. Finalmente, la función de planificadores
socioeconómicos o asistentes del desarrollo y represores de las manifestaciones políticas
contrarias al régimen de turno que en la década de los sesenta llevaron a cabo las fuerzas
militares (sin ninguna estrategia militar solida) y que luego se transformó en los setenta y
ochenta en una militarización en el poder local que nunca se consolidó más allá de una
dependencia de las elites gubernamentales locales, redundó en la subordinación y relativa
autonomía que solo comenzaría a verse enfrentada con la modernización y control civil
consignado en la Constitución de 1991. Como se vio, desde la propuesta de Schultze, dicha
modernización no se ejerció institucionalmente ni siquiera con los cambios drásticos de la
década del dos mil y el gobierno de Álvaro Uribe.
4. El contraste con América Latina
Como ya se mencionó, las relaciones cívico-militares en Colombia son atípicas en la región
por la influencia de un conflicto armado interno prolongado que tiene múltiples actores
violentos y la ausencia de una dictadura militar de largo aliento. Varios autores han
señalado esta particularidad, pero también han resaltado las similitudes de América Latina
en términos de la posibilidad de que intereses autoritarios provenientes de estructuras
militares vuelvan a llevar a cabo golpes de Estado y consoliden dictaduras. Tal posibilidad
es muy baja de acuerdo con los estudios más recientes, no solo porque los Estados han
conseguido un control civil de los militares fruto de su aprendizaje con las dictaduras del
siglo XX, sino también porque en un mundo globalizado resulta muy costoso y poco
provechoso un intento de golpe de Estado cuando las presiones internacionales son tan
inmediatas y pueden ejercer una coerción real a través de mecanismo políticos
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multilaterales y recursos vinculantes del derecho internacional. Los “golpes efímeros”
como los llama David-Pion Berlin (2008) como los ocurridos en Honduras y Venezuela son
una muestra de la inviabilidad de la toma del poder por parte de una junta militar.
Sin embargo, esta certeza no quiere decir que la influencia de los militares en las
democracias latinoamericanas halla mermado. Se puede decir que se ha sofisticado a
partir de complejas tramas sociales que no garantizan el control civil. Carlos Blanco (2010)
señala que la participación política de militares en retiro en debates políticos y la
administración pública, además de acciones de omisión han configurado una nueva
tendencia de incidencia de los establecimientos castrenses. De la misma forma, los
discursos alrededor de nuevas amenazas internas que requieren acciones antiterroristas
no tienen el mismo vigor de la doctrina anticomunista de la Guerra Fría, pero sí
estructuran visiones policivas de los establecimientos castrenses basados en la seguridad
interna, como es el caso de Colombia. Militarizar la seguridad interior a causa de las
nuevas amenazas del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo es una figura
creciente en América Latina con graves consecuencias colaterales para las derechos
humanos, de la cual Colombia no está exenta (Blanco; 2010, 6). De hecho, en el gobierno
de Álvaro Uribe, el discurso de la nueva amenaza terrorista fue fundamental en la política
de seguridad democrática y lo condujo incluso al bombardeo de un territorio soberano de
un vecino país en 2008 como es Ecuador. La inquietud que Blanco sugiere al respecto es
hasta dónde los argumentos de la seguridad interna ponen en peligro el control civil de las
fuerzas militares y les otorgan potestades que pueden atentar contra los derechos
humanos como es el caso de los “falsos positivos” (civiles asesinados por miembros de la
fuerza pública para obtener incentivos en respuesta a resultados favorables en cuanto a
bajas de guerrilleros) o poner en riesgo las relaciones con los países vecinos y la región.
Ante los riesgos señalados en cuanto a nuevas formas de incidencia del poder militar
sobre el civil, Arturo Sotomayor (2008) ofrece caminos pertinentes para las democracias
latinoamericanas que aplican para el caso colombiano. Una de sus sugerencias es
abandonar la idea de que enviar a fuerzas militares a cumplir funciones policivas es la
mejor manera de garantizar la seguridad interna. No obstante, Berlin (2008) cuestiona
esta aproximación observando que en la actualidad existen militares que se involucran en
cuestiones internas respetando el control civil y cita el caso de Colombia como ejemplo:
era el presidente Álvaro Uribe (un civil) quien orientaba sin objeción las acciones de las
fuerzas armadas. Su tesis, lejos de ser optimista, consiste en afirmar que las premisas de
las relaciones cívico militares en América Latina bien pueden ser revaluadas dadas las
condiciones actuales de los países en la región. Lo que Berlin llama conclusiones
“sorprendentes” en la realidad latinoamericana, muestra las relaciones cívico-militares
como una tensión dinámica no resuelta por completo que responde a nuevas
interacciones sociales y nuevas dinámicas políticas con respecto al uso de la violencia
estatal.
5. La visión militar
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Para finalizar, es necesario ilustrar brevemente las posiciones que miembros de las fuerzas
armadas colombianas han configurado como oficiales en ejercicio o retirados sobre las
relaciones civiles militares. Es claro que la visión desde la moral de la tropa y los intereses
institucionales se refuerza con la idea de que la modernización de las fuerzas armadas en
Colombia ha permitido la capacitación en derechos humanos, la subordinación a un
ministerio de defensa de carácter civil y ha abierto oportunidades de profesionalización
que garantizan el respeto por las autoridades democráticas (Arce; 2003). Asimismo, los
autores militares resaltan una historia de sacrificio y entrega a la patria que con la política
de seguridad democrática encontró un respaldo necesario para la recuperación y la
consolidación del territorio nacional del dominio de la insurgencia (Mateus; 2006).
Por otro lado se exhiben las preocupaciones de las fuerzas armadas con respecto a los
cambios de política que el presidente Juan Manuel Santos ha instaurado y el énfasis en la
consecución de la paz (Montero; 2012). En este aspecto es interesante ver como el debate
se da de manera abierta en foros académicos en los que los militares inquieren acerca de
las condiciones de los uniformados desde el punto de vista personal e institucional y
cuestionan los alcances de un proceso de paz con un enemigo que antes era considerado
sencillamente una amenaza terrorista que hay que eliminar. La respuesta de Santos
consiste en presentar la paz como una iniciativa que debe venir desde lo militar y de la
que la fuerza pública es garante. Si bien las clásicas tensiones en procesos de paz en
Colombia parecen enfrentarse más abiertamente en foros públicos que propician el
debate democrático, todavía preocupan posiciones contundentes que llaman a volver a la
doctrina del “enemigo único” y hacen lecturas revisionistas de la historia de América
Latina celebrando la lucha anticomunista, contrainsurgente y antiterrorista que llevaron a
cabo las dictaduras del siglo XX en la región, sin mencionar sus excesos y graves
violaciones a los derechos humanos (Arce; 2003). Del mismo modo, la interlocución
política con el actor armado guerrillero con quien se negocia la paz en la actualidad sigue
siendo una tarea difícil en tanto que la idea de una narcogerrilla, “asesina”,
“secuestradora” y “salvaje” constituye el imaginario de algunos miembros de la fuerza
pública (Mateus; 2006). Dicho imaginario, es compartido por partidos políticos civiles en la
actualidad que aspiran a cargos en el poder legislativo y el ejecutivo como el Uribe Centro
Democrático, cuya plataforma política se basa en la recuperación de la seguridad y el
rechazo a un proceso de paz que juzga impune y que le esta entregando el país a las
guerrillas. Esta identificación entre discursos militares y políticos debe ser motivo de
discusión y examen en el debate sobre el futuro de las relaciones cívico-militares en
Colombia. Un discurso enriquecido sobre las causas estructurales, políticas, económicas y
sociales del conflicto (Vargas; 2006) constituye un mecanismo idóneo para enriquecer
dicha discusión sin caer en los sectarismo y polarizaciones que cualquier proceso de paz
tiende a generar entre civiles y militares a causa de los desafíos que impone un proceso de
transición.
Consideraciones finales
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Como se señaló al comienzo de este escrito, el propósito de la breve compilación
bibliográfica presentada fue ilustrar los debates recurrentes sobre las relaciones cívicomilitares en Colombia con base en la paradoja entre estabilidad democrática y
persistencia de un conflicto armado interno que exhibe el país. En este sentido, se observó
cómo la relativa autonomía de los militares para establecer sus estrategias se ha topado
históricamente con las debilidades institucionales del Estado y la falta de modernización
de las fuerzas militares.
Asimismo, se indicó que las últimas dos décadas en Colombia han visto el mayor
crecimiento del establecimiento castrense en la historia del país y ello ha generado un
reto importante para el mantenimiento del control civil con miras a un posible
posconflicto. Se indagó además acerca de las tradicionales asimetrías entre el poder
militar del Estado y el poder civil del mismo y la función en la asistencia y el desarrollo que
históricamente han cumplido las fuerzas armadas en el país. Ello sin descuidar el hecho de
que la relación entre paramilitarismo y fuerza publica ha cuestionado las lógicas de control
y subordinación de las relaciones cívico-militares y las reales garantías democráticas del
Estado.
Con respecto a los contrastes con América Latina, se hizo énfasis en que los desafíos de los
nuevos discursos sobre amenazas a la seguridad han generado una militarización de las
políticas de orden doméstico y que Colombia no ha sido ajena al proceso. Finalmente, vale
la pena reiterar, con Schultze, que el más grande reto para las atípicas relaciones cívicomilitares en Colombia se presenta con las posibilidad más cercana de lograr la paz con la
guerrilla de las FARC que la sociedad colombiana ha visto. Esta circunstancia exige
repensar los alcances de un control civil que se ha desarrollado con base en un conflicto
armado interno de cinco décadas. Unas fuerzas militares que se han profesionalizado y
modernizado con base en las amenazas internas, deben ahora proyectarse hacia un
posconflicto que, si bien no va a carecer de violencia criminal organizada, delincuencia
común y narcotráfico, exigen una participación ciudadana en la construcción y
fortalecimiento de instituciones democráticas, lejos de las lógicas de la guerra.
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