convenios de la policía con las mineras

convenios de la policía con las mineras

Policía mercenaria
n Mientras la seguridad ciudadana es uno de los grandes fracasos de este régimen las mineras tienen bajo contrato a
miles de efectivos. El asunto llegó el 11 de marzo del 2013 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
foto jorge chávez
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Convenios
de la Policía con
las mineras
La
Libertad
Distrito y provincia de
Pataz
•Convenio con Poderosa.
•Suscrito el 8 de febrero
del 2007. •Contrato
vigente y no
revelado.
Cajamarca
Distrito y provincia de
Cajamarca
•Convenio con Yanacocha
•Suscrito el 31 de marzo del 2011.
•Vencía, en teoría, el 31 de diciembre
del 2012. •Personal de la Dirección de
Operaciones Especiales destacado.
•Pago: S/.48 diarios para un oficial y
S/.28 para un suboficial. S/.78 en
situación de emergencia.
Cajamarca
Distrito de Cachachi,
provincia de Cajabamba
•Convenio con Sulliden
Shahuindo. •Suscrito el 1 de octubre
del 2009. •Vencía, en teoría, el 1
de octubre del 2011. •15 policías
destacados (un oficial y 14
suboficiales). •Pago: S/.120 diarios
para el oficial y S/.100 diarios
para el suboficial.
La
Libertad
Distrito de Parcoy,
provincia de Pataz
•Convenio con Aurífera
Retamas. •Suscrito el 8
de febrero del 2007.
•Contrato vigente y
no revelado.
Cajamarca
Provincia de Hualgayoc
•Convenio con Gold Fields
La Cima •10 policías destacados
(un oficial y 9 suboficiales).
•Pago: S/.180 diarios para el
oficial que comanda en grado de
comandante y mayor, S/.160
para el capitán y S/.140
para los suboficiales.
Áncash
Distrito de Huallanca,
provincia de Bolognesi
•Convenio con Santa Luisa.
•Suscrito el 5 de marzo del 2009
•Vencía, en teoría, el 5 de marzo del
2011. •15 policías (un oficial y 14
suboficiales). •Pago: S/.100 diarios
al oficial y S/.80 diarios a los
suboficiales.
Cajamarca
Distrito y provincia
de Hualgayoc
•Convenio con minera
Coimolache.
Áncash
Distrito de Jangas,
provincia de Huaraz
•Convenio con Barrick
Misquichilca. •Suscrito el
8 de febrero del 2007.
•Contrato vigente y
no revelado.
Apurímac
Distrito de Turpay,
provincia de Grau
•Convenio con Mistigold.
•Suscrito el 2005, con
vigencia indefinida.
•Detalles del contrato
no revelados.
1Policías en el campamento minero de Conga. Se movilizan en vehículos de Yanacocha y están bajo planilla de la empresa.
Áncash
Distrito de San
Marcos, provincia de Huari
•Convenio con Antamina.
•Suscrito el 22 de junio del
2012. •Vence el 22 de junio del
2014. •20 efectivos de la DIVOES.
•Pago: S/.19 la hora para el
oficial y S/.13 la hora para
los suboficiales.
Ayacucho
Distrito de Anco,
provincia de La Mar
•Convenio con Perú LNG.
•Suscrito el 9 de octubre del
2008. •Debió vencer el 9 de
octubre del 2010. •Pago: S/.150
diarios al oficial superior
y S/.100 diarios a los
suboficiales.
1Convenios de prestación de servicios entre la Policía, como institución, y las empresas Gold Fields, Yanacocha, Sulliden y Antamina.
2 ≠ hildebrandt en sus trece ≠ del 12 al 18 de abril del 2013
pasa a la página siguiente3
1Trece contratos con mineras que implican
la movilización de un número considerable
de policías “privatizados” por la fuerza del
dinero. Pero podría haber más. Estos son los
detectados hasta ahora.
Cusco
Provincia de Espinar
•Convenio con Xstrata
Tintaya. •Suscrito el 17 de
febrero del 2000 hasta la fecha.
•12 policías (un oficial y once
suboficiales) destacados •Pago:
S/.850 quincenal al comisario,
S/. 350 efectivos, S/.802
a destacamento de
Tintaya.
Cusco
Provincia de
Chumbivilcas
•Convenio con minera
Ares. •Suscrito en el 2005
por tiempo indefinido.
•Contrato no
revelado.
del 12 al 18 de abril del 2013
≠ hildebrandt en sus trece ≠ 3
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3viene de la página anterior
escribe alonso ramos
foto edwin julca
Policías en la
laguna El Perol.
Uno de ellos
graba a quien se
atreva a mirarlos.
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os policías se alquilaron
al mejor postor en los
últimos años. Esa fue
la denuncia que resonó,
el pasado 11 de marzo, en la sede
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en
Washington, Estados Unidos. En
la audiencia especial para nuestro país, los representantes de
la sociedad civil (Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos,
Fedepaz y Grufides) hicieron hincapié en los leoninos convenios
confidenciales celebrados entre la
Policía Nacional y las empresas
extractivas, especialmente las mineras. Así, los policías mal pagados y peor tratados por el Estado
pueden ganarse un dinerito extra.
Esta práctica perversa comenzó en 1999, en el gobierno
de Alberto Fujimori. El régimen
de Alejandro Toledo puso de su
parte al permitir que los acuerdos ya no requiriesen la firma
del ministro del Interior. En el
2009, con Mercedes Cabanillas
al frente del Mininter, el gobierno aprista institucionalizó los
llamados “servicios extraordinarios complementarios” que
ahora aplica Humala.
Al leer los convenios da la
sensación de que estos hubieran
sido redactados en los jardines
de las mansiones de los dueños
de las mineras. El acuerdo con
Yanacocha es un ejemplo de ello.
El texto, escrito el 31 de marzo
del 2011, exige, entre otras cosas,
que la Policía designe “prioritariamente a personal especializado en control de multitudes de
Cajamarca, de la División de Servicios Especiales y de la Dirección de Operaciones Especiales”.
“La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, intervendrá en situaciones especiales
cuando la asociación política social haga previsible que podrían
afectarse directamente la integridad física de los trabajadores
y contratistas de minera Yanacocha”, añade una de las cláusulas.
Para que no queden dudas
de quién manda, la cláusula de
confidencialidad dice: “La Policía Nacional se compromete a
dar un tratamiento confidencial
y a no revelar el contenido de
este documento a terceros, sin
el previo consentimiento escrito
de minera Yanacocha”.
A cambio del servicio, Yanacocha, una de las mayores
productoras de oro de Latinoamérica, ofrece muy avaras recompensas. En situaciones normales, paga S/.48 diarios para
el oficial a cargo y S/.28 diarios
para los suboficiales. En situaciones que ellos llaman “espe-
La farsa de la consulta previa
L
David Roca Basadre
as mesas de diálogo se convierten
cada vez más en mecedoras de inquietudes campesinas. No es ya casualidad que los afectados por alguna no
consultada incursión extractivista en sus tierras
legítimas, o por contaminación, a la hora de los
diálogos decidan no participar más.
Los dirigentes de Cañaris abandonan las reuniones porque no les dejan entrar completa a
su delegación, y los del gobierno declaran que
las abandonaron sin excusa. Ya antes vimos en
el debate sobre Conga, en Cajamarca, situación
similar. En Espinar la población debió presionar para que haya, finalmente, un dificultoso
diálogo que aún no concluye. Los vecinos de
Paramonga, en bronca con los contaminadores
de la azucarera, al no dejarse oír, ya cortaron el
diálogo.
Pero ahora la cosa va para peor porque la
decisión de evitar la consulta previa, que una
ley y su reglamento amparados en un convenio
internacional con rango constitucional ordenan, parece que va a ser la verdadera norma.
En el Pastaza resulta imposible imaginar
que, teniendo claros los niveles de contaminación existentes, se persista en ampliar la presencia de la empresa Pluspetrol en medio millón
de hectáreas que son tierras de comunidades
nativas a las que no se consulta nada. Y para esa
no-consulta se alega precisamente el hecho de
que se trata de una simple ampliación de la actividad extractiva de dicha empresa.
En Cañaris el Estado, a través del Ministerio
de Energía y Minas, pretende negar la condi-
ción de indígenas a una comunidad donde el
60% es quechuahablante. Esto a pesar de que el
mismo Estado, mediante el mapa etnolingüístico del INDEPA de 2010, el gobierno regional y
los censos del INEI los reconocen como tales.
Además dicen, igualmente, que por tratarse de
una ampliación ya no hay nada que consultar.
Un importante informe del jurista español
Bartolomé Clavero dice sobre
los ronderos cajamarquinos
que estos se presentan como
“pueblos originarios, campesinos y ronderos herederos de
los pueblos indígenas Caxamarcas, Coremarcas y Chachapoyas”, que las “mismas Rondas
Campesinas y su forma de rotación en el servicio comunitario
responden al principio cultural
de la reciprocidad indígena”, y
que “las Rondas Campesinas
son instituciones representativas de pueblos indígenas”, por
lo que son sujetos de una consulta previa que
no se les hace.
Este razonamiento iluminador concluye en
que se produce un grave problema cuando la
justicia del Estado es la que falla en amparar
derechos y más bien “se conjura con otras instituciones nacionales” para cerrar espacios atropellando derechos.
La delincuencia estatal –porque como vimos atropella las leyes que debe garantizar–
viola asimismo una sentencia del Tribunal
Constitucional, que en 2012, en el caso de la
comunidad de Tres Islas en Madre de Dios contra gente que invadía su territorio, determinó
con claridad que “la comunidad nativa tiene el
legítimo derecho de hacer uso de su derecho a
la propiedad y determinar quiénes pueden ingresar a su propiedad y quiénes no”.
Es decir, no hay que ser abogado para entender este castellano que no es el del juez Urbina. Salvo que no se quiera entender, que es
lo que parece.
Ni siquiera una ley de consulta previa y su
reglamento, que ya por sí
mismos reducen el alcance del Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas, pueden contra la voluntad extractivista del Estado y la
angurria depredadora de
las empresas.
La destrucción de fauna, flora, tierra, agua es
minimizada en los informes de las empresas (avalados por el MINEM) y que
algunas veces son observados –cuando puede y
cuando quiere– por el Ministerio del Ambiente.
En ese contexto, ante tanta cerrazón y soberbia, las movilizaciones campesinas e indígenas no sólo se validan por sí mismas y por
la defensa de sus derechos propios, sino que
contribuyen a la protección y restauración de
equilibrios en los ecosistemas, que al final benefician a todos. Su terquedad extraordinaria
las convierte en los protagonistas políticos de
oposición más destacados de la hora presente.
La defensa de bosques y tierras las señala como
precursoras de los nuevos porvenires por los
que hay que fajarse.
Como nunca y por la vida, la rebelión se justifica. n
La defensa de bosques
y tierras las señala
como precursoras de
los nuevos porvenires
por los que hay que
fajarse
foto la primera
1Mirtha Vásquez, asesora legal
de GRUFIDES: “Estos convenios
implican una ilegalidad”.
1Arriba y sobre estas líneas: convenios con la minera Santa Luisa y con Perú LNG, la empresa gasífera. Derecha: el reglamento, dado por García en julio
del 2009, que permitió la proliferación de los contratos entre las mineras y la institución policial.
ciales”, por dar un servicio sin
las facilidades del alojamiento
y de la alimentación, el policía,
sea cual fuere su rango, recibirá S/.78 diarios. Yanacocha se
compromete a pagar un seguro
de US$20 mil por fallecimiento;
US$18 mil por invalidez permanente; US$10 mil por curaciones
por lesiones graves; US$3.500
por lesiones leves, y US$3.500
por sepelio. ¡Bien barato le sale
a Roque Benavides el kilo de
policía teniendo en cuenta las
millonarias ganancias de su
compañía!
En el 2009, con
Mercedes Cabanillas
al frente del Mininter,
el gobierno aprista
institucionalizó los
llamados ‘servicios
extraordinarios
complementarios’ que
ahora aplica Humala
El documento que estamos
citando lleva la firma del entonces vicepresidente de Yanacocha,
Carlos Santa Cruz, y del director
de la XIV Dirección Territorial
Policial de Cajamarca, general
Jorge Iparraguirre. El contrato,
en teoría, debió vencer el 31 de
diciembre del 2012. El portal
de la Policía Nacional, que sólo
hace mención al acuerdo pero no
publica los detalles, dice que el
primer pacto, firmado en mayo
del 2007, sigue vigente.
Otro contrato llamativo es el
de la compañía cuprífera de ca-
pitales suizos Xstrata Tintaya.
Al estallar el conflicto social en
Espinar, Cusco, que dejó tres
muertos, se descubrió que había
una comisaría dentro del campamento minero. Las tareas ya
estaban asignadas. “Como parte
de sus funciones en la provincia
de Espinar, el mayor comisario,
jefe de la comisaría, apoyará el
desenvolvimiento del destacamento policial de Tintaya. Al
comandante de Sicuani se le considera como elemento de apoyo,
información y control”.
El primer convenio de Xstrata
1Mar Pérez, de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos:“Se
trata de reprimir con mano ajena”.
y la policía fue celebrado un 17 de
febrero del 2000. Y ha sido renovado sucesivamente. La redacción del documento señala que
en la comisaría hay 12 policías
(un oficial, dos efectivos de inteligencia y nueve suboficiales). El
comisario recibe quincenalmente S/.850 por su trabajo mien-
1Escena en Cañaris, donde todo se prepara para una nueva ofensiva contra la voluntad mayoritaria de la población.
pasa a la página 393
4 ≠ hildebrandt en sus trece ≠ del 12 al 18 de abril del 2013
del 12 al 18 de abril del 2013
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3viene de la página 5
tras que los efectivos S/.350.
La suma incluye bonificación,
alimentos y pasajes.
Con el gobierno de Humala,
la Policía pactó también con
Antamina, uno de los mayores
productores de cobre y zinc en
el mundo. La firma de capitales suizos pidió protección para
su campamento minero Yanacancha, en Áncash. Antamina
demandó un mínimo de veinte
efectivos de la División de Operaciones Especiales, los más preparados para aplacar posibles
disturbios.
El equipo especializado tiene
el encargo de “prevenir, detectar
y neutralizar actos de sabotaje,
terrorismo y cualquier amenaza
contra el personal, instalaciones,
maquinarias y equipos de Antamina”. A cambio, la comisaría
recibió una computadora tipo
desktop con acceso a Internet,
un teléfono IP fijo de la red de
Antamina, dos equipos de radios portátiles Motorola VHF y
un celular RPC Claro. “Antamina
también supervisará –dice el documento– que los efectivos estén
capacitados y en aptitud física,
mental y moral para el cumplimiento de las funciones y obligaciones”. El acuerdo fue suscrito
el 22 de junio del 2012 por el
exdirector general de la Policía,
Raúl Salazar. Vence a mediados
del 2014. Por el trabajito la PNP
recibe S/.19 por hora para el
oficial y S/.13 por hora para los
suboficiales. Si barato se vendió
la administración García, la de
Ollanta está en realización.
Con la minera sudafricana
Gold Fields, las fuerzas del orden
siguen el mismo sendero. Para el
proyecto La Cima, anclado en la
provincia cajamarquina de Hualgayoc, la cuarta mayor productora de oro del mundo busca que
nada altere sus operaciones. La
Policía, a través de la dirección
territorial cajamarquina, tiene el
compromiso de “prevenir y mantener el orden público brindando
una adecuada protección al personal, bienes y derechos de la empresa”. Y añade: “atender diligentemente las denuncias por delitos
y faltas, proteger a los trabajadores y propiedades en el Proyecto y
en Cajamarca contra todo tipo de
actos lesivos, tales como sabotaje,
terrorismo, bloqueos, pandillaje,
foto grufides
1En una 4 x 4 proporcionada por la empresa aurífera Yanacocha un grupo de policías hace una ronda urbana.
daños, atentados y cualquier otro
hecho cuya prevención y/o control corresponda a la función policial”. El servicio se prestará las
24 horas del día en tres turnos de
ocho horas.
Como en la mayoría de casos,
Gold Fields ofrece una cobertura de seguro por caso de fallecimiento, incapacidad permanente, curación, sepelio y traslado.
En situación de normalidad, los
efectivos reciben entre 100 y 120
soles diarios. En situaciones de
emergencia –o sea cuando las
papas pueden quemar– un oficial en el grado de comandante o
mayor recibe S/.180 diarios, un
capitán S/.160 y un suboficial
S/.140. El pacto fue firmado el
11 de enero del 2010 y tenía, en
teoría, una duración de dos años.
Un trato similar recibe la canadiense Sulliden, productora
de oro y plata para su proyecto
Shahuindo. Las fuerzas del orden destacaron a quince efectivos (un oficial y 14 suboficiales)
para el campamento, ubicado en
el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. El pago es el
siguiente: S/.120 diarios para el
oficial y S/.100 para un suboficial. El papel no anda con rodeos
y también cuenta con su cláusula
de confidencialidad.
La Policía no sólo cuida de las
mineras sino que también brinda sus servicios a la compañía
distribuidora de hidrocarburos
Perú LNG. El objetivo: cuidar
la construcción del ducto para
el transporte de gas natural. Según el convenio del 9 de octubre
del 2008, los efectivos son pagados para “prevenir, detectar
El texto, escrito el 31 de
marzo del 2011, exige,
entre otras cosas,
que la Policía designe
‘prioritariamente
a personal
especializado en
control de multitudes
de Cajamarca,
de la División de
Servicios Especiales
y de la Dirección de
Operaciones Especiales
y neutralizar actos de sabotaje,
terrorismo y cualquier amenaza
contra el personal”. Perú LNG
paga S/.150 diarios al oficial y
S/.100 diarios a los suboficiales.
Otras empresas con contratos
son las mineras Barrick Misquichilca, Santa Luisa, Coimolache,
Poderosa, Ares, Aurífera Retamas y Mistigold.
“La desnaturalización de la
norma reside en el hecho de que
los policías reciben pago por dar
seguridad, cuando este servicio
ya está pagado por todos los ciudadanos”, dice David Velasco,
director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Fedepaz. Velasco fue
uno de los ponentes en la sesión
de la CIDH en marzo pasado,
donde se denunció estos seudocontratos. Ante la denuncia
el presidente de la Comisión, el
mexicano José de Jesús Orozco
Henríquez, paró las orejas y pidió más detalles: “Respecto a la
llamada privatización de la función de la seguridad, consultaría
a ambas partes: ¿qué normas la
regulan y por parte del Estado
qué sistema de monitoreo realiza
en este tipo de casos y, si acaso,
el Estado asume que al conferir
funciones de responsabilidad a
particulares podría responsabilizarse, de forma directa, por
posibles violaciones a los derechos humanos?”. La ministra
Eda Rivas esquivó la pregunta y
el procurador Luis Huertas prometió enviar documentos.
Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dice que los convenios
favorecen a las empresas al trasladar toda la responsabilidad a la
Policía en la represión de las protestas. “Si alguien muere, es más
difícil de investigar”, dice Pérez.
Según las organizaciones
de derechos humanos, el primer ministro Juan Jiménez y el
ministro del Interior, Wilfredo
Pedraza, se comprometieron a
rescindir los contratos pero hasta ahora nadie dice esta boca es
mía.
“¿A quién protegen los policías? ¿A las empresas o a la población? Cuando detuvieron a
Marco Arana, una mujer le preguntó a un policía por qué hacen
eso. Él respondió: ‘Porque son
perros, concha tu madre’. Allí
tienes la respuesta”, dice a este
semanario Rocío Silva Santisteban. n
semanario hildebrandt en sus trece es una publicación de plutón editores s.a.c. n año 3, número 150 n del 12 al 18 de abril del 2013
director: césar hildebrandt
edición general: rebeca diz rey
redacción: melissa pérez, alonso ramos, claudia blanco, maría del carmen yrigoyen, ana briceño, carlos león moya, ghiovani hinojosa
fotografía: edwin julca, jessica vicente diseño gráfico: paul gibson v. corrección: maría jiménez redes sociales: pia hildebrandt coordinación
periodística: sonia suyón pendegrama: flavio casalino colaboradores: ismael león, álvaro portales, pedro francke, carlos ferrero, manuel lajo,
reynaldo trinidad, jaime antezana, manuel dammert, javier diez canseco redacción: jr. independencia 208 of. 402 miraflores, teléf: 01-2426830
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hecho el depósito legal en la biblioteca nacional del perú: n° 2010-05328 editado en lima abril 2013
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