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Fue precisamente en junio del 2014 cuando el pleno del Congreso del
Estado creó el delito de desaparición forzada que se castiga hasta con 30
años de prisión a aquel agente del Estado que prive de la libertad a una
persona o que ayude a algún grupo a hacerlo. El artículo 5 de la
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas, advierte que la práctica generalizada o
sistemática de este delito podrían constituir un crimen de lesa
humanidad. En el 2011 y 2012 no hubo un solo registro de denuncia
penal por desaparición de personas en la que se involucrara a oficiales
del Estado, pero en el 2013 se recibieron 8 en las regiones de Xalapa (3),
Córdoba (4) y Veracruz (1). En 7 de los casos, fueron señalados como
probables responsables elementos de la SSP-Estatal y en uno no se
especificó la corporación policiaca. Un año después, en el 2014 sumaron
37 las investigaciones por la presunta participación de policías en la
desaparición de hombres y mujeres en las zonas de Tuxpan, Xalapa,
Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos. En 19 se responsabilizó también a
efectivos de la SSP, en dos más a policías municipales de Córdoba y 16
desapariciones, existen indicios que participaron efectivos pero se
desconoce a qué corporación pertenecían. Fue en octubre del 2014,
cuando elementos de la Policía Municipal de Orizaba detuvieron al
empresario poblano Zito Ángel Zanatta (hermano del diputado local
priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri) después que se peleó con un
joven y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades
ministeriales detuvieron a ocho de la Policía Municipal, incluido el
supervisor de esa corporación. Para el 2015 se integraron 27
investigaciones ministeriales en las zonas de Tuxpan, Xalapa, Córdoba,
Veracruz y Coatzacoalcos, donde nuevamente los efectivos Estatales
fueron los más señalados (en 15 casos), el resto no se identificó a la
corporación.
Y de enero a octubre del presente año 2016, se reportan 15 denuncias en
Xalapa, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. De los 15
investigaciones, en trece fueron mencionados efectivos de la SSP, en uno
policías municipales de Córdoba y otro más se desconoce la corporación
a la que pertenecían. Enero del 2016, en el municipio de Tierra Blanca
fueron detenidos 4 hombres y una mujer que viajaban en un auto
compacto porque “les parecían sospechosos”. Los elementos de la
Policía Estatal los entregaron al Cartel Jalisco Nueva Generación, cuyos
integrantes les dieron muerte y desaparecieron al menos 2 cuerpos
triturándolos. Siete integrantes de la SSP fueron detenidos, entre ellos
Marcos Conde Hernández, delegado de la corporación en la Región Diez.