La revolucion pinguina: la emergencia de los foros hibridos en la

La revolucion pinguina: la emergencia de los foros hibridos en la

El «Consejo Asesor Presidencial por la Calidad de la Educación»: Examen de un
mecanismo para el fomento de la participación en Chile
René E. Jara Reyes1
Abstract
In this article we inquire about the effectiveness of public policies which encourage
civic participation. Through the analysis of the particular case of the Consejo Asesor
Presidencial para la Calidad de la Educación, we study the actors` behaviour and their
interaction faced to the introduction of new interaction mechanisms, which mix science,
politics and institutions. Its consistence and coherence are questioned after the
evaluation of the real effects of the initiative. From the experienc,e compared to other
similar mechanisms, certain recommendations can be established that could help
correct the imperfections this chilean citizen forum model.
Resumen
En este artículo nos preguntamos por la efectividad de una política pública para el
incentivo de la participación. A partir del análisis del caso específico del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de Educación, estudiamos el comportamiento e
interacción de los actores de cara a la introducción de mecanismos de deliberación que
mezclan ciencia, la política e instituciones. Su consistencia y coherencia quedan en tela
de juicio luego de la evaluación de los efectos reales de la iniciativa. De la experiencia
comparada con otros mecanismos similares, se pueden establecer ciertas
recomendaciones que ayuden a corregir las imperfecciones del este modelo de foro
ciudadano en Chile.
Introducción
En el presente trabajo intentamos comprender cómo se enfrenta el problema
general de la participación de la sociedad civil en la esfera pública latinoamericana.
Sabemos que existe una inquietud general en estos países por integrar las voces de la
sociedad civil en las más diversas áreas, enmarcada en una gran demanda por mayor
democracia en la región.
1
Periodista, Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile. Becario Conicyt para estudios de
doctorado en Francia. Académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Arcis.
Para realizar este análisis, partimos del supuesto que el Estado con su acción
estimular una participación que aparece a veces difícil y esquiva. El objetivo de este
trabajo es comprender cómo el Estado se hace parte del problema generando políticas
que la incentiven y que, al mismo tiempo, resguarden la autonomía de los actores
sociales.
En este entendido, nuestro interés se centra en el estudio de una experiencia
concreta cuyo norte fue incorporar a diferentes actores sociales a la discusión sobre
políticas públicas. La forma que asumió es ambigua, a medio en camino entre dos
figuras: el consejo técnico de consulta y la conferencia de ciudadanos. Variando en sus
fines, modos y estructuras, ambos son vistos como mecanismos que buscan facilitar el
diálogo entre diferentes esferas: la ciencia y la política en el primer caso; la política, la
ciencia y la ciudadanía en el segundo.
Nos gustaría analizar esta experiencia en torno a un caso de ejecución. Es por
eso que nos focalizamos en el análisis del Consejo Asesor por la Calidad de la
Educación (de aquí en adelante, el Consejo). El Consejo se inserta dentro de las
medidas que el Gobierno de Michelle Bachelet (Gobierno de Chile, 2005) toma para
menguar los magros índices de participación en el país, mediante toda una orquestación
mediática que capta gran rápidamente el interés de la opinión pública nacional.
Una vez descrito el mecanismo, lo que se percata es la existencia de un problema
que está la base de la propia creación de la iniciativa: la tensión entre representación del
saber y la representación de lo social. El origen diverso de los participantes, la
focalización más en los resultados que en el proceso de discusión, la posición previa y
posterior de los actores y el inevitable desnivel cognitivo entre unos y otros agentes
serán algunos de los problemas que traerá consigo la figura del Consejo.
En torno a estos dilemas, lo que pretendemos realizar es un análisis que describa
la forma y los objetivos de la política. En seguida, intentamos identificar cómo actúan
los agentes enfrentados a la siguiente disyuntiva: la politización o la cientifisación del
mecanismo. Estas dos trayectorias muestran un rico juego de intercambio y
movilización de capitales políticos entre los actores. En un tercer nivel, resaltamos lo
que constituye la conclusión preliminar de este trabajo. El razonamiento es el siguiente:
si bien el Consejo sigue una lógica de funcionamiento propia que busca fomentar la
incorporación de actores sociales, lo que se muestra en el análisis es que la instancia
podría estar pre-determinada por factores propios del sistema político institucional.
Estos logran imponerse a los objetivos de mayor representación social, logrando cooptar
y desviar los intereses «primeros» o «reales». En definitiva, sugerimos que la
introducción de estos mecanismos puede suponer una colisión entre los intereses del
mundo social y los del sistema político.
Para observar la relación entre el problema (la falta de participación) y la forma
de hacerle frente (la integración de los sujetos en estas comisiones) proponemos
redirigir la observación a nivel del diseño de la política. Esto nos podría demostrar si
existe un real ajuste entre el objetivo que la política de Consejos Asesores
Presidenciales buscaba y sus efectos. De no ser así, lo que se espera es una confusión
mayor sobre el rol que pueden jugar estos instrumentos de incitación a la participación y
al mismo tiempo merma el carácter supuestamente «deliberativo » de estas instancias.
Lo que se ofrece a continuación es un estudio de caso sobre un período
específico, entendiendo que la política de Consejo Asesores Presidenciales en Chile
abarca varios Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010).
Nos serviremos para ello de la literatura especializada que ha tratado el tema, de los
materiales de prensa que recogen las principales “polémicas públicas” y de cierto
material de divulgación que recoge las “controversias científicas” implicadas. Buscamos
interpretar este material como una memoria de las posiciones que tomaron las actores
durante el desarrollo de la instancia, así como de los argumentos y razones que
movilizan en su dialogo con los demás participantes. Se trata por lo mismo de una
reconstrucción del escenario según se puede abstraer de la documentación aquí descrita.
Durante el análisis hemos privilegiado dos perspectivas. En primer lugar,
utilizamos como gran marco de análisis la noción de “análisis cognitivo de políticas
publicas” (Faure et all, 1995; Muller, 2000). Con esta noción intentamos estudiar la
inserción del Consejo dentro de la etapa de diseño de la política. Esto nos permite ver su
influencia en la formulación de proyectos de reforma. En segundo lugar, consideramos
que el encuentro clave entre razones sociales y científicas amerita un tratamiento más
detallado. Para ello, utilizamos la llamada « sociología de la traducción » (Latour, 1989)
en la medida que nos ayuda a determinar cómo conviven en estos «foros híbridos»
(Callon et all, 2001) varios tipos de representatividades y usos del saber. A la luz de
estas evidencias, podemos observar cómo las sociedades democráticas actuales no sólo
incorporan el saber científico, sino también la opinión de los ciudadanos y otros actores
sociales.
De tal modo, el artículo presenta la siguiente estructura. En la primera parte
entregamos un pequeño marco de investigaciones que delimitan el problema de estudio.
En la segunda, presentamos los antecedentes de la «revolución pingüina» y la manera
en que se « encauza » la respuesta del Estado -la creación de un Consejo Asesor- con las
demandas de los estudiantes. En seguida, describimos los aspectos formales de esta
iniciativa, identificando ciertos usos sociales a partir de la abstracción del proceso de
movilización de capitales políticos. Finalmente en las conclusiones presentamos los
principales resultados del análisis y los desafíos que, a la luz de esta experiencia,
debiera incorporar este tipo de iniciativas para mejorar la participación de la ciudadanía
y fortalecer a la sociedad civil en la región.
Presentación del Problema
Debiéramos comenzar señalando que en el contexto latinoamericano se inicia
con mayor fuerza la discusión sobre los mecanismos de participación ciudadana a fines
de los años noventa. Experiencias pioneras en el campo de la innovación política como
los presupuestos participativos (Goldfrank y Schneider 2006; Goldsmith y Vainer,
2001), o la introducción de mecanismos de gobernanza local dan cuenta desde fines de
los noventa de un gran interés de la academia (Subirats 2001).
Sin embargo, lo anterior no se explica sin antes evocar el pasado político
reciente de la región. La historia de los últimos treinta años estaría marcada por un
pasado de dictaduras e inestabilidad política aún muy presentes (O’Donnell, G;
Schmitter, P., 1988). El legado de los gobiernos autoritarios y la exclusión de la vida
política de grandes sectores de la población es una pesada carga con la que debieron
cargar todas las «nuevas» democracias latinoamericanas. En ese escenario, las llamadas
transiciones políticas de la dictadura a la democracia fueron procesos claves para
comprender la apertura o el relativo estancamiento de las demandas por mayor
participación en cada país (Diamond, 1999).
En el caso de Chile, podemos pensar que la demanda por una mayor
participación ciudadana y una democratización de lo social se hace presente en el
mundo político muy tardíamente. Recién hacia 1998 surgen ciertas voces críticas dentro
del propio Gobierno respecto al camino seguido hasta ese entonces. En este momento,
el debate sobre el «malestar» es quizás el de mayor relevancia (Brunner, 1998).
Así también, la discusión sobre los mecanismos de participación social en la
gestión política fue tardía. Si bien existen ciertos debates recientes sobre la gobernanza
y la incorporación de los ciudadanos en la discusión sobre temas ambientales, en
cuestiones municipales (Castillo, 2006) o en cierta euforia y manipulación de la
«consulta popular» por parte de los municipios de la derecha, lo que los investigadores
constatan en general es más bien un permanente olvido o descuido del ítem
participación en el diseño de un gran número de políticas públicas (De la Maza, 2005).
Por otro lado, este descuido también puede resultar coherente con diferentes
reportes e índices que constatan una relativo «decaimiento» de la actividad de los
diversos actores sociales durante el período (Garreton, 2001). Todo lo anterior, pese a la
gran movilización que vive la sociedad durante los ochenta en contra del régimen
militar y que parece no ser funcional a las condiciones de la nueva democracia. Si bien
la “actividad de la sociedad civil se articula históricamente en relación al Estado”
(Garretón, 2009b), lo cierto es que la evidencia constata que los noventa podrían ser
calificados como una de las peores épocas para lo social, debilitándose su accionar en
los más variados ámbitos (p.e., ver la sorprendente baja del índice de la sindicalización).
Según todos los datos que conocemos, esto constituye hasta la fecha uno de los
mayores déficit de los gobiernos democráticos en Chile (PNUD, 2004). Mientras otros
actores se fortalecen de la mano de políticas neoliberales (mundo privado) o de la
relativa reaparición de un Estado benefactor, la sociedad civil resta en Chile un
« pariente pobre », con poco financiamiento público e incapaz de ampliar su influencia
sobre la sociedad.
A este escenario debemos sumar una fuerte baja en los niveles de participación
política a nivel formal (Navia, 2004). La desafección ciudadana de los temas públicos y
el aumento del abstencionismo -alimentado en cierta parte por el voto voluntario
implementado en la práctica durante la Transición Política- muestran un marco de
despolitización general de la sociedad. Estos datos corroboran lo que hace mucho
tiempo ya es explotado por el discurso de la derecha política: el declive de la
identificación partidaria y de la política de los políticos (Joignant y Navia, 2007). Se
trataría de un proceso en donde la clase política se ha desentendido completamente de
los intereses de la gente (Angell, 2003), eslogan que resume en buena forma el subtexto que triunfa en la retórica del cambio enarbolada por Sebastián Piñera y sus
partidarios.
Instalada en las antípodas políticas, la llegada de Michelle Bachelet a la
presidencia supuso un auge relativo del problema de la participación. El llamado
«gobierno ciudadano» se caracteriza por una preocupación constante en la protección
social, pero también encarna como discurso político lo que los analistas denominaron un
cambio en el «estilo de gobierno» (Garreton, 2009b). Este se caracterizaría por una
fuerte personalización del mando en la figura del Presidente, una conexión mayor con
eso que se denominan « los problemas de la gente », una sensibilidad femenina en el
poder que tiene como corolario la ascensión de un de outsider a la cabeza del Estado.
En ese contexto, la implementación del Consejo se comprende como una
innovación en materia de institucionalidad. Si bien la instancia ya esta presente en los
gobiernos anteriores, el sello de la administración Bachelet viene dado por el uso
intensivo de este mecanismo como forma de resolver los conflictos sociales (Aguilera
2009, p.12). Es por eso que esta derivación de la figura del foro es movilizada por el
Gobierno para responder a las demandas de mayor participación por parte de la
sociedad civil.
Cierta literatura que ha estudiado el problema sugiere centrar el interés en el tipo
de diálogo que emerge de estas instancias. Tenemos el caso de Inglaterra y el estudio de
los consejos que discuten la normativa sobre alimentos transgénicos (Hagopian 1998).
Así también, esta el caso de Francia, y la incorporación de ciudadanos a la discusión de
ciertos proyectos de ley sobre energía nuclear (Callon et all. 2001). En Finlandia, el
tema parece la «conferencia de ciudadanos», mientras en Estados Unidos la figura más
desarrollada es la de los Federal Advisory Committes (Balla y Wright 2001) que
funciona bajo una estricta y bien definida legislación. En todas estas experiencias, el
objetivo directo no es el reencuentro entre los mundos social y político- de por si ya
incorporados en varias instancias de discusión de la ley- sino en cómo estos foros
combinan dos tipos de saberes: uno de tipo técnico, científico, y otro de tipo práctico,
mas vinculados con la experiencia y un savoir faire ciudadano.
Dentro de este campo de investigaciones sobre nuevas instituciones y políticas
publicas, nosotros optamos por trabajar con la noción de foros híbridos (Callon et all.
2001). En estas instancias, también conocidas normalmente como “conferencias de
ciudadanos” se reúnen personas comunes, elegidas muchas veces por sorteo, que vienen
a representar la opinión del «hombre medio». Por lo general, estas discusiones integran
las voces de los actores implicados, los especialistas del tema y ciertos “mediadores”
que mantienen el contacto entre el foro y el campo político. En tal sentido, su
composición es hibrida, a medio camino entre la representación de la opinión pública y
la de los sabios.
A primera vista, estos foros híbridos no guardan mayor relación con la figura de
Consejos Asesores que aquí deseamos estudiar. Sin embargo, pese al enorme retraso
que el sistema chileno tiene respecto a la incorporación de actores a la discusión
política, el sustrato del problema parece común: ¿Cuál es la naturaleza, el carácter y los
efectos que tienen tanto los Consejos Asesores Presidenciales como los foros híbridos?
En primer lugar, comparten dos características: no son resolutivos y representan
una tensión entre diversos tipos de representatividad (Aguilera, 2008). Tanto los foros
como los Consejos Asesores son sólo instancias de consulta y recomendación raramente
vinculantes. Cada uno de los actores habla desde una voz que pretende representar a
muchas otras. En tanto integrantes, los consejeros son parte de un universo que pretende
representar un Estado ideal del colectivo político para expresar sus recomendaciones,
como también de la medida precisa en que se necesita cada uno de estos capitales:
saber, voluntad popular y opinión pública.
En segundo lugar, ambas instancias son respuestas a un tema común en las
democracias actuales: la introducción de mecanismos socio técnicos al servicio del
Gobierno (Callon et all. 2001). La profesionalización del campo político muestra aquí
sus dos vertientes: por un lado, la necesidad de que la ciencia sirva en específico al buen
gobierno de los hombres, y al mismo tiempo, que ciertos hombres se especialicen en el
campo de la política para hacer de ella una profesión con razón social de existencia
propia.
Más que una coincidencia en las formas, lo que nuestro análisis privilegia es la
coincidencia en los problemas y tensiones. Tanto los foros híbridos como los Consejos
Asesores se instalan en un contexto donde la democracia exige más democratización, al
mismo tiempo que un uso más específico y eficiente del conocimiento. Es a este largo
proceso de cientifisación de la política y politización de la ciencia en donde pondría el
acento la sociología histórica de la acción publica (Muller, 2000).
En tanto ciencia y política se mezclan, los actores que conviven al interior de los
foros constituyen redes simétricas. Sobre ellas y a un nivel descriptivo es que trabaja la
así llamada sociología de la traducción (Latour, 1989). Ella contempla el estudio de la
transformación de argumentos científicos en razones políticas, etapa en la cual la
disputa entre agenciamientos políticos, científicos, institucionales, resultan claves
(Tournay, 2009).
No obstante coincidimos en la conveniencia del análisis simétrico para estudiar
este tipo de instancias en que los actores no pueden ser identificados como entes puros o
representantes de un razón social – la ciencia o el pueblo-, diferimos en un punto, el
cual ya ha sido criticado en otras publicaciones: no todos los actores son iguales (Favre,
2008) ni participan de estas instancias en igualdad de condiciones. No existe un espacio
de comunismo cognitivo que pueda permitir la discusión libre de todos con todos. En
ese sentido, es necesario introducir la diferenciación social en estos usos de la ciencia
(Bourdieu 2003 a y 2003 b) que está a la base de este tipo diálogos ciudadanos.
Finalmente, nuestro estudio de las funciones del Consejo en el diseño de la
política de reforma a la Educación en Chile está inspirado en el análisis cognitivo de las
políticas públicas (Muller 1990). Según esta perspectiva, « gobernar no es resolver los
problemas », sino « dar cuadros de interpretación del mundo que permitan a los actores
dar sentido a su acción » (Op cit. 1990, p.24). Vista desde esta perspectiva, el Consejo
es una política que vuelve posible el acercamiento de postura, pues funciona como
« mediación social, como gestor de diferentes entre sectores de la sociedad, o entre
sectores de la sociedad y lo global » (Faure et all. 1995, p.44).
Con estos elementos, lo que se busca en el análisis es poner de manifiesto tres
operaciones. En primer lugar, la descripción y encauzamiento entre demanda social y
respuesta del Gobierno. En segundo lugar, la caracterización de tres procesos de
agenciamiento que surgen a propósito del Consejo: una politización del mecanismo, una
cientifisación del tema educativo y una reinscripción institucional de la deliberación.
Esta cadena daría cuenta, a nuestros ojos, del proceso de transformación de las
recomendaciones en proyectos de ley.
2-¿Por qué un Consejo Asesor?
¿Cómo se hace coherente y necesario el Consejo Asesor para integrar la
demanda social de mayor participación? Es lo que denominamos «encauzar» un
problema hacia una política pública. Para estos efectos, podemos distinguir dos
procesos cognitivos que se traducen en dos etapas de la política pública: la construcción
de una alternativa viable y la construcción de una respuesta política al conflicto que aquí
se plantea.
En primer término, podemos afirmar que la política de Consejos Asesores
Presidenciales (La Tercera, 23/08/2007; Aguilera 2009) se hace coherente con un vacío:
la carencia de un programa político de los partidos de la Concertación de Partidos por la
Democracia (Garretón 2009a). En tal entendido, los CAPs son medidas concretas, que
no responden a las orgánicas ni al estilo de trabajo de los partidos de la Concertación.
Más bien, serían de inspiración propia de la Presidenta y su grupo de asesores más
próximos. Esto le permite una cierta plasticidad en su ejecución, así como también en
los objetivos que se propone.
En tal sentido, el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación
puede ser leído como una respuesta política a-partidista, cuyo norte es, tal como se ha
mencionado en otros estudios y en varios mensajes de la mandataria, “ampliar la
participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas” (Gobierno de
Chile 2005; Aguilera 2009, p.12). El supuesto es que se necesitan políticas más
cercanas a la gente, sin tanta influencia de los técnicos y del sistema político. Por tanto,
se busca incorporar a la discusión nuevas “experticias no técnicas” (Aguilera 2009,
p.11) a la discusión, las cuales estarían encarnadas por la dirigencias sociales y la
ciudadanía en su diversidad.
Se considera que esta sería una forma valida de incluir mecanismos de discusión
que en otras democracias ya están instalados (Aguilera, 2009). La participación de estos
grupos estaría garantizada por una cuota destinada para los actores sociales organizados,
los cuales casi siempre alcanzan notoriedad e interés de la autoridad luego de
movilizaciones extensas y desgastantes donde ponen a prueba su poder de convocatoria.
Este criterio marcaría un antes y un después del Gobierno de Bachelet, en tanto genera
un desincentivo al diálogo sin presiones, favorecido como conducta frente a la
movilización social al menos por el primer Gobierno de la Concertación (Jara, 2009).
En el caso del Consejo Asesor por la Calidad de la Educación, la Presidencia
aseguró un cupo a los estudiantes para dar fin a un proceso de movilización que ponía
en riesgo la propia estabilidad del Gobierno y la normalidad en las grandes ciudades
(Mensaje de la Presidenta 2007). De esta forma, el Gobierno utiliza el momento como
una “ventana de oportunidad”, poniendo a prueba la eficacia y la amplitud con que
puede ocupar este mecanismo en la resolución de conflictos. Como se verá hacia el final
del texto, esto no implica en ninguna medida una vinculación entre el producto del
Consejo y las medidas que realmente se impulsan desde el Gobierno. Por fuera de un
optimismo ingenuo (Martínez 2007), lo que se demuestra en la práctica es que el
Consejo no logra volcar su voluntad deliberativa en las propuestas de proyectos de ley.
El peso del atavismo político institucional es el que marca un relativo retroceso del
Gobierno frente a las demandas que expresa el Consejo, así como el fracaso de los
actores sociales en deliberar, hacer valer su voz e influir en el diseño de la política
educacional a seguir.
2.1- « Revolución pingüina » y los inicios del conflicto
La « revolución pingüina » es el nombre que recibió el gran movimiento de
estudiantes secundarios durante abril y junio del 2006 en un primer momento, que luego
se reactivan entre septiembre y octubre del mismo año. El principal objetivo de estas
movilizaciones fue la denuncia de las enormes inequidades en el acceso a los bienes
públicos de educación, alimentadas por la gran segmentación del sistema escolar y
universitario. Sin embargo, hay antecedentes para pensar que esta gran huelga tiene sus
antecedentes en anteriores movilizaciones durante los años precedentes (Domedel y
Peña y Lillo 2008).
Lo que comenzó como una huelga por el aumento de la tarifa de la movilización
para los estudiantes y la tardía entrega de la tarjeta que les permite optar a este
beneficio, terminó siendo una profunda crítica al sistema de educación chileno. A este
clamor por reformas se unieron el Colegio de Profesores, las asociaciones de estudiantes
universitarios (CONFECH), las asociaciones de apoderados y en general, gran parte del
sector educativo. En general, recibieron una gran aceptación de la opinión pública
(Estudio Nacional de Opinión Pública 2006 a y 2006 b; 2008).
La respuesta del Gobierno fue en un primer momento débil. Las gestiones del
recién nombrado Ministro de Educación, Mártir Zilic, no lograron aplacar la
movilización in crescendo. Tampoco las de su sub-secretaria, Pilar Romaguera, quien
estuvo a cargo de negociar las demandas con el movimiento (Emol, 30/05/2006). El
gesto de « delegar » la mesa de diálogo con los estudiantes en la subsecretaria fue visto,
a ojos de los pingüinos, como una maniobra disuasiva, la que finalmente le costó el
cargo a Zilic.
Después de meses de protestas y paros, el conflicto había pasado de un problema
de la Región Metropolitana y de su capital, Santiago de Chile, a un tema nacional. La
represión de las fuerzas de orden público fue tan dura en regiones como en Santiago.
Eso ayudó a construir una imagen heroica del movimiento, donde chicos de 15 a 16
años se enfrentaban frente a frente tanto con las autoridades como con la policía en las
calles. Incluso algunos senadores del ala más progresista solidarizaron con las
demandas de los estudiantes (Emol, 29/05/2006). Así, el dilema que se planteó para el
Gobierno fue esperar un desgaste inevitable o aparecer como un actor pro-activo de los
cambios.
Ante tal disyuntiva, el 6 de junio la Presidenta emite un mensaje en donde
anuncia la creación de un Consejo, constituido por técnicos y los más variados actores
del sistema educativo, públicos y privados, con el objetivo de discutir y analizar las
posibles reformas al modelo hasta ese entonces imperante (La Segunda, 7/06/2006).
Después de varias dudas, discusiones, asambleas y negociaciones debido al gran
numero de representantes en el Consejo, los estudiantes deciden integrarse a la
iniciativa. Es así como los protagonistas de las protestas más grandes en Chile desde los
años ochenta llegaron a sentarse en una misma mesa con los principales defensores del
modelo de educación.
2.2-El “Consejo”. Origen, funciones e integrantes.
Como su nombre ya lo indica, la principal función del Consejo era asesor al
Gobierno en las posibles reformas al sistema. En el mejor de los casos, el organismo
esta pensado para ser una prótesis del poder. Su mandato no implica una capacidad
autónoma para decidir o de iniciativa de ley, sino mas bien para recomendar cursos de
política a la autoridad. Las resoluciones que de él emanen serán por tanto transitorias,
susceptibles de cambio, pero sobre todo, sometidas a evaluación tanto por parte del
gobierno – quien si tiene iniciativa de ley- y luego corroboradas en votación por el
poder legislativo.
En segundo lugar, es importante señalar que el origen del Consejo Asesor fue
un mandato presidencial (Decreto con Fuerza de Ley 146-2006). Esto quiere decir que
como institución no tiene un carácter formal y permanente. Su campo de acción es
limitado en el tiempo -seis meses- y no posee una regulación mayor que lo norme. Por
lo mismo su estructura, composición, fines y medios son dejados enteramente a
discrecionalidad de la autoridad de turno.
Dentro de sus atribuciones, el Presidente de la República define las normas de
reclutamiento y las orgánicas al interior del Consejo. La selección de candidatos es
confeccionada por el Gobierno en coordinación con la Secretaria Técnica del Consejo,
así como también el nombre del personaje que preside el Consejo. Se unen a esta
estructura un comité de técnicos de varios ministerios y organismos coordinadores
regionales (Informe Final, 2006).
Según el tiempo y el número de actores definido, la secretaria técnica y el
presidente del organismo definen el funcionamiento de la instancia. En este caso, se
realizaron sesiones semanales entre junio y diciembre del 2006. Las sesiones de trabajo
se realizaron en dependencias de la Biblioteca de Santiago y del Colegio de Contadores
de Chile (Informe Final 2006, p.2) así como también las audiencias en donde se recibió
a las organizaciones invitadas y las sesiones plenarias, donde se discutían los avances
preliminares. Se realizaron además debates más acotados a nivel regional, pero no se
incluyeron en el documento final.
Un punto clave de la orgánica del Consejo fue la división del trabajo. Formadas
durante las primeras semanas y atendiendo al origen variado y numeroso de los
participantes, se hizo imperioso una distribución en tres comisiones: Marco regulatorio,
Institucionalidad y Calidad de la Educación (Informe de Avance 2006 a, p.11). Al
interior de ellas luego se volvieron a dividir y especificar las tareas (Docentes y
Educación Superior), todo ello como fruto de la propia dinámica de discusión de los
integrantes y solo monitoreado desde lejos por la organización central (Informe Final
2006). Cada comisión tuvo un coordinador de comisión, quien cumplió importantes
labores en la redacción final del informe que recibió la presidenta hacia el final de la
instancia2.
Así como la división del trabajo se hizo siguiendo la intuición de los propios
consejeros, también el reclutamiento y distribución de cada consejero por comisión
quedo al libre albedrío. Estos mecanismos de autoorganización permiten a cualquier
individuo insertarse en el trabajo de cualquier comisión, sin mediar algún criterio de
pertinencia de su participación en dicha comisión.
Las dos grandes tareas que encarga el Consejo a cada comisión son realizar un
diagnóstico de la situación sobre su tema de trabajo específico y construir una propuesta
con medidas concretas a implementar. Las propuestas cambian sustantivamente entre el
informa final y el avance del mes de septiembre, no así los diagnósticos que son
aparecen prácticamente idénticos en la redacción de ambos documentos (Informe de
Avance, 2006; Informe de Avance, 2006).
3- Politización, cientifisación y reinscripción institucional: tres modelos
A partir del movimiento de los actores, el análisis de sus posiciones y la
movilización de recursos -capitales- , hemos identificado tres tipos de comportamiento
entre los integrantes. Si bien existe una mayor presencia uno o más actores en cada uno
de ellos, en forma alguna hay un monopolio. Cada uno de estos agenciamientos
-politización, cientifisación y reinscripción institucional- muestran no el origen social,
político o técnico de cada actor. Se trata, mejor dicho, de cómo se articulan estos actores
en red cuando se enfrentan al trabajo de discusión en el Consejo. Si bien se presentan en
orden cronológico según como interpretamos sucedieron durante su desarrollo,
podemos suponer que este cambie a la luz del análisis de otras experiencias.
2
Para revisar la composición del Consejo, ver: http://www.consejoeducacion.cl/view/consejointegrantes.asp?op-menu=1&op-submenu=2
3.1-Una politización del Consejo
Los actores sociales son visto como quienes vienen a politizar la gestión pacifica
y normal del Consejo. Sabemos que el concepto de politización (Lagroye, 2003) supone
que no existe una forma de politizar, sino todo lo contrario: múltiples maneras de
politizar un fenómeno. En ese sentido, nosotros nos referimos en este apartado a un tipo
de politización concreta, inspirada en la pregunta de base: ¿Es esta la forma de mejorar
la representación?
Hay cuatro « polémicas » publicas que pueden dar una idea sobre este proceso
de politización del que hacemos mención: la mala elección de los integrantes (Emol,
06/06/2006; Emol, 08/06/2006), los cupos reservados para los estudiantes (Emol,
07/06/2006), las diferentes opiniones sobre el avance o retroceso del trabajo (Emol,
18/08/2006; Emol, 23/08/2006) y el real efecto de las conclusiones del consenso sobre
los proyectos de ley a enviar por el Ejecutivo al Congreso (La Nación,12/12/2006).
Como se extrae del análisis de prensa, cada una de estas « polémicas » no son un
producto de una acción aislada y en un sólo sentido. Es más, son invocadas y utilizadas
tanto por expertos como por representantes del mundo social, independiente de su
origen.
La unidad de estas cuatro polémicas está dada por un factor común: su crítica
sobre la forma que asume el mismo Consejo como mecanismo y orgánica política. Es en
su propio carácter de “innovación institucional” donde podemos encontrar la raíz de
estas reacciones a favor y en contra del Consejo (Tournay 2009). Entre ellas, la mayor
parte bascula entre un prejuicio sobre « el mal diseño », el « sinsentido » o el miedo a la
manipulación o cooptación del organismo.
De tal manera, la discusión al interior del Consejo se produce en un ambiente
altamente politizado, ya no solo por la toma de partido de los actores, sino también por
las críticas que se ciernen sobre el propio mecanismo. Los dos grupos de actores más
polarizados se organizan en torno al eje público privado. A partir de él toman posiciones
frente al propio dispositivo, pero comparten en común una politización de las formas de
discusión, de constitución de la comisión y del orden que debiera asumir. En
consecuencia, en un primer momento el tema de discusión no son las diferencias de
opinión o de interés, sino la pertinencia del propio organismo que congrega a los
participantes.
A partir de estos posicionamientos, podemos trazar las posiciones de los actores
frente a esta politización. Por un lado, encontramos a los estudiantes. Sus principales
criticas se dirigen al carácter «poco deliberante» de la iniciativa y al lenguaje demasiado
técnico de algunos integrantes de las comisiones. La amenaza permanente de una bajada
o de movilizaciones en la calle será la tónica. No obstante, algunos investigadores del
movimiento han encontrado más de una posición entre los secundarios (Gómez Leyton
2006). La pregunta que se instala es porqué y en qué medida se debe incorporar a los
actores sociales al Consejo. La segunda pregunta complementa a la anterior: si son
representantes, ¿en qué proporción debieran estar presentes?
Debemos agregar que la posición de resguardo que toman los secundarios frente
a las autoridades y el mundo privado es totalmente compatible con un problema muy
poco estudiado: el carácter de nuevo actor social que encarna el movimiento secundario.
Si muchachos de entre 15 y 16 años asumen funciones políticas, no lo hacen
respaldados por una generación precedente que los educara y socializara en estas
prácticas de lucha y negociación. Aún cuando existen investigaciones que identifican
una especie de herencia o legado de madres activas en la resistencia contra la dictadura
hacia sus hijos (Benítez y Chovanec, 2008), la pregunta que se instala es ¿cuáles son las
dinámicas de asociatividad donde las redes sociales lo son todo parecen explicar mucho
mejor la emergencia de esta « revolución pingüina», en desmedro de vínculos u
orgánicas políticas fuertes? (Fernández, 2008).
La misma reticencia hacia expertos y los privados es compartida por los
representantes de los maestros. Ellos buscan apoyar las posiciones de los estudiantes
contra eso que consideran políticas «de tecnócratas» sobre la educación. Al mismo
tiempo, su critica se dirige a dos temas anclas: lo que ellos consideran la « deuda
histórica » del Estado con los profesores y la formación deficitaria que reciben los
profesores. También se oponen a mayores legislaciones que buscan autorizar el ejercicio
de la profesión sin titulación pedagógica para otros profesionales. En general, se
manifiestan a favor del diálogo con los actores sociales.
Sin embargo, lo que nos parece curioso e interesante de resaltar es la posición
que asumen los estudiantes universitarios. Si bien en un primer momento apoyan
fuertemente al movimiento estudiantil y comparten sus críticas, su adaptación y
tolerancia a los métodos del Consejo fue mucho mayor. Pese a que hacia el final se
bajan, permanecerán fuertemente comprometidos en la discusión y abiertos al diálogo.
Probablemente esto se deba a dos factores: primero, la mayor permeabilidad del
argumento técnico entre los dirigentes universitarios debido a la cercanía entre expertos
y la academia; segundo, a un mayor hábito de diálogo y negociación, suponemos, fruto
de una socialización fuerte de estas formas en los ambientes universitarios.
La posición de los rectores invitados a participar del Consejo es mucho más
ambigua. Frente a la demanda de los estudiantes, ellos actúan más bien como gremio:
en defensa de sus demandas al Estado por mayor financiamiento, anclando el problema
de discusión en la formación del personal docente. Aunque no mantienen una postura
unificada sobre el conflicto educación publica y privada, logran aunar ciertas posturas.
Esto es vital para comprender la alianza que sostendrán hacia el final con los expertos y
la dirigencia universitaria (El Mercurio, 01/10/2006), obteniendo a cambio la creación
de un nuevo Consejo que se dedica en especifico a tratar los problemas de la Educación
Superior.
Por otro lado, podemos encontrar a las asociaciones de las escuelas privadas y a
la mayor parte de los expertos. Existe una alianza implícita entre ciertos grupos
conservadores de la derecha política y gran parte de los especialistas del tema
educación. Su principal critica es al carácter un tanto «caótico» del dialogo entre una
audiencia tan variopinta. Ellos exigen una reorganización del Consejo en «comisiones»
para avanzar en la discusión. De tal manera, hacen uso de sus recursos para movilizar
esta innovación en su beneficio, para encuadrarla y darle «orden» a la discusión.
Conforme avanza el Consejo, las quejas sobre los procedimientos permanentes
dan paso a fuertes críticas respecto al carácter del documento final y su manera de
reflejar el diálogo entre sus participantes (El Mercurio, 04/12/2006). De una cierta
manera, se trata de las “estrategias de objetivación” (Lagroye, 1997, pág. 157) de la
participación de los representantes. En este punto, no pueden sorprender ciertas
declaraciones de «disconformidad» de los estudiantes y un muy buen balance de la
iniciativa por parte de los actores privados. Sin embargo, lo que en verdad resulta
inusitado es cierta disconformidad de los expertos con los resultados. Ellos consideran
el documento final pobre e incompleto (Beyer 2009).
Finalmente, la politización de la instancia pasa en general por la instalación de
un malentendido, o mejor dicho, de un desacuerdo. Se entiende que los actores sociales
están ahí para deliberar. Sin embargo, lo que se descubre con pena y desazón por parte
de los estudiantes es que dentro de la Concertación existen varias posturas cercanas a las
de la Derecha en temas de educación. Puestos en ese plano, toda discusión sobre las
reformas a los temas de fondo esta vetada de antemano, por lo que sólo resta
concentrarse en deslegitimar la iniciativa con la bajada de los dirigentes unos días antes
de la entrega del Informe Final (Emol, 06/12/2006).
3.2- Una cientifisación del objeto: la Educación
Si la politización implicó un vuelco de las críticas sobre el propio organismo, la
cientifisación representa la movilización del saber para tomar parte en la discusión. En
tal sentido, el recurso « saber » está a la base de este agenciamiento. El movimiento
general redirige la atención del Consejo sobre cuestiones técnicas (El Mercurio,
22/10/2003), las cuales hacen carne de controversias científicas al interior del campo de
investigación educativo. Esta supuesta « tecnificación» supone una toma postura que
implica a la política en un doble sentido de mutua implicación: la politización de la
ciencia y la cientifisación de la política.
Una primera cuestión a aclarar es que la cientifisación del objeto de estudio del
Consejo- la educación- tiene diferentes grados de pertinencia para cada integrante según
su origen. Este determina el grado de conocimiento que se tiene ya sea de la lógica del
asesoramiento (esto es, los protocolos que se siguen), ya del conocimiento especifico
que se tiene del problema publico sobre el cual se pretende intervenir. Por tanto, lo que
cabe aquí es establecer diferencias claras y obvias entre participación, hábito y
conocimiento del tema.
Las capacidades que exige el Consejo son decisivas para el buen desempeño del
consejero. Tal cual lo expone la memoria del organismo, es necesario que quienes no
están al tanto de la literatura y las cifras del sector se pongan al día. Para ello, es
necesario levantar literaturas, conocer discusiones y manejar evidencia comparada: un
proceso completo de documentación. Frente a ello, los estudiantes se encuentran en un
franco desnivel, no sólo por desconocer datos e investigaciones. Su inexperiencia en
negociaciones fuera de conflictos y en un ambiente dialogante también representa una
desventaja y condiciona inevitablemente su performance y sus expectativas de influir
como actor.
El hecho principal que mueve a los actores a este nivel es que la educación se les
aparece como un tema de ciencia, con evidencias empíricas y perfiles hegemónicos.
Fuera de los colores, lo que se reposiciona es la figura del tecno-político (Domínguez,
1997), emblema de la transición, a medio camino entre el político y el científico,
comprometido con intereses y afectos en ambos campos. Las disputas entre ellos son
saldadas fácilmente gracias a una historia compartida al interior del campo científico
(Puryear 1994; Mella 2008). Esto se ha visto facilitado por la consolidación de una
comunidad epistémica (Haas, 1992), la cual no ha tenido suficiente fuerza hasta ahora
para exponer sus ideas y ser escuchados por el campo político.
Sin embargo, la unidad epistémica de los expertos en ciertos puntos no llega a
inhibir la discusión, sino más bien la encuadra en sus propios términos. Es por eso que
surgen en los reportes especializados de los expertos que participan en el Consejo, una
serie de «controversias científicas». Estas atraviesan la discusión y enfrentan a los
expertos, ya sea en torno a los instrumentos escogidos para estudiar el fenómeno, las
metodologías o los modos de planificar la acción del Estado. Cuestiones como el diseño
de un cuasi mercado más (Contreras 2006) o menos regulado (Beyer, 2008) o el
incremento del gasto por alumno según el establecimiento donde recibe su educación
(García Huidobro 2006), definen el campo de las medidas a tomar.
La cientifisación del objeto del Consejo compromete activamente no solo a los
expertos. Podemos identificar ciertos usos del saber científico en el Consejo y
movilizaciones a favor de esta lógica para cada actor. En el caso de los estudiantes
universitarios y los rectores de las universidades, existirá una fuerte tendencia a confiar
en los reportes de los expertos, muchos de ellos también especialistas en temas de
educación superior. Cabe destacar aquí el papel clave que juega la red de expertos
universitarios como Harald Beyer de CEP Chile, Alejandra Mizala de la Escuela de
Ingenieria de la Universidad de Chile, Rossana Costa de Libertad y Desarrollo, Dante
Contreras y Pablo González de la Facultad de Economía y Negocios Universidad de
Chile. Resaltan entre ellos dos competencias: su trabajo como especialistas del tema
educación en thinks tanks y a centros de estudios especializados, en planteles
universitarios de la Universidad de Chile, Universidad Católica o la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, pero además su fuerte inserción en el mundo de las
políticas públicas en general . En torno a este núcleo -universidades, thinks tanks,
expertos- se crea una concentración mayor del saber que desnivela el diálogo en su
favor. Ellos encarnarían el potencial transformador y modernizador dentro del Consejo.
Sin embargo, un análisis más detallado muestra pequeños matices entre la posición de
unos y otros expertos, pero que en general muestran una clara tendencia a sobrerepresentar el mundo de los thinks tanks de Derecha –Centro de Estudios Públicos y
Libertad y Desarrollo- que pretende ser contrarrestado por los expertos de las
universidades públicas.
La revisión de encuestas de opinión por parte de los técnicos enuncia otra de las
contradicciones entre actores y capitales. Aún cuando el movimiento estudiantil contó
con una gran aprobación de la ciudadanía en sus gestos y propuestas (CEP, 2006 a y
2006 b; CEP, 2008), no hizo un uso intensivo de este recurso. En cambio, las cifras si
fueron utilizados por los expertos en los más diversos sentidos, con argumentos a favor
y en contra (La Tercera, 02/10/2006). Este uso técnico de la opinión pública manifiesta
desde ya una peligrosa premisa: existe un modo directo de comunicarse con la
ciudadanía por medio de las encuestas. Por tanto, para saber qué piensan los ciudadanos
debemos ir a las encuestas, sin necesidad de acudir a esos eslabones intermedios, a
saber: los actores sociales y sus dirigencias.
Como se observa, la cientifisación de la decisión política nos introduce de lleno
en el debate sobre el sentido de lo político en las democracias socio técnicas. Esta nos
fuerza a pensar en los efectos de nuestros actos a partir de una racionalidad extendida.
Esto quiere decir, obliga a los actores a concentrarse no necesariamente en la discusión
propia del foro, sino en las condiciones de posibilidad reales y muy concretas de
construir propuestas de políticas a seguir. Esta deriva teleológica conspira, por tanto,
con la idea de una ciudadanía participante de la discusión.
3.3- La reinscripción institucional: ¿Una especie de atavismo?
Un tercer y fundamental agenciamiento es el que corona este proceso de
consulta y consejo que busca influir el Consejo. Si la politización del Consejo había
puesto sus dardos en las fallas del mecanismo y la cientifisación había exigido mayores
competencias para el juicio de los consejeros, el atavismo institucional viene a describir
la forma en que opera una desactivación del potencial deliberativo del organismo. En tal
entendido, lo politiza de una forma diferente: reinscribiéndolo en las lógicas de poder
institucional tradicionales, o sea, por fuera de las lógicas representativas que el Consejo
buscaba reivindicar.
La presencia de este « atavismo » se percibe en varias reacciones de los actores.
Por una parte, la bajada de los estudiantes secundarios e universitarios hacia al final del
mandato del Consejo. Ello busca impedir con su ausencia la legitimación de una
decisión que a todas luces se tomara pase lo que pase. Por otra parte, la reacción
enfática de rechazo por parte del sector privado, la Democracia Cristiana y algunos
investigadores vinculados al CEP (Beyer 2009) a ciertos artículos del proyecto de Ley sobre el lucro y la posible eliminación de los mecanismos de selectividad en los
establecimientos- demuestra que aun cuando existe confianza en el equilibrio entre
derecha e izquierda, es preferible asegurar un proyecto viable antes de la votación.
Un buen ejemplo de esta reinscripción institucional es el llamado « Acuerdo
para la calidad de la Educación» (VVAA 2007).En concreto, la firma de los acuerdo
entre as fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional realiza la corrección
política y binominal del proyecto de ley eliminado las zonas sensibles para dividen a la
clase política, a saber: el lucro y la selectividad de alumnos al interior de los colegios
públicos (Aguilera 2009, p.32). Esta corrección produce el paradójico efecto que una
minoría política con poder de veto sea sobre representada gracias ya no a enclaves
autoritarios, sino a mecanismos de empate político propios de la transición (Garretón,
2009 a).
El denominado « atavismo institucional » tiene todavía otras implicancias. Entre
ellas, ayuda a la autoridad política a manejar un timing más holgado. Por medio del
posicionamiento de ciertos veedores (Ver Anexos) en el Consejo, tanto el Ministerio
como el Gobierno pueden estar informados desde antes de cuales serán los
requerimientos que pueden surgir del Consejo, preparando sus propuestas con mayor
antelación. El mensaje es el siguiente: es posible adelantarse a la iniciativa de los
actores sociales. Su mejor ejemplo, el trabajo constante, sostenido y paralelo del
Ministerio de Educación en la confección de un modelo de Superintendencia de
Educación (El Mercurio, 01/10/2006).
Finalmente, el arraigo de cada actor este atavismo institucional no es
equitativo. Existen actores que mantienen una cohesión y un poder negociador mucho
más fuerte frente a esta instancia. Prueba de ello es como la Comisión de Educación
Superior surge como una demanda del propio Consejo, reposicionando sus demandas en
el centro de la agenda del Gobierno. En esta tarea la red expertos-universidades-rectores
muestra las extensiones posibles de su sinergia.
El consejo ayuda previamente a articular consensos? (Aguilera 2009, p.35) No.
El Consejo actúa confiado es que no hay nada que decidir, ya que toda reforma pasara
por una negociación en ambas cámaras. De tal forma, se perpetua el efecto de las
“democracias delegativas” (O'Donnell, 1994), las cuales contemplan con impotencia
como la movilización es un mecanismo inmune a las lógicas conservadores ya
arraigadas en las instituciones.
4- Conclusiones
Hemos analizado las dinámicas que surgen en torno al Consejo Asesor para la
Calidad de Educación con el fin de comprender qué tipo de participación de la sociedad
civil favorecía. A la luz de los datos encontrados, podemos señalar que existe un
desajuste entre el problema público al que se pretende hacer frente y las medidas
finalmente adoptadas. Los efectos de esta iniciativa resultan a la larga contradictorios
con los deseos expresados por la autoridad antes de su implementación.
Dentro de las dinámicas de discusión que promueve el Consejo, identificamos
tres tipos de repertorios frente a los cuales se desarrolla el proceso de toma de
posiciones por parte de los integrantes. Conviene aclarar que estos repertorios se
manifiestan como “agenciamientos”, esto quiere decir, grandes discursos sobre un tema
que comprometen a los actores y que en caso alguno son monopolio de uno de estos en
particular. Estos se explican por procesos de convergencia y decisión respecto a los
cuales cada uno se comportan de diferente manera según su historia y competencia
política.
El primero de ellos es la politización, la cual se expresa en polémicas en torno
al origen y el funcionamiento del propio Consejo. En segundo lugar, la cientifisación
esta marcada por las controversias científicas que se dan en torno a la objetivación del
tema del Consejo: la Educación. El efecto práctico de esta dinámicas a es la integración
socialmente eficiente de un saber técnico que se percibía previamente como « ajeno » y
« a-político ».Con el tercer agenciamiento, la reinscripción institucional, lo que se
evidencia es que el rico intercambio anteriormente descrito entre “sabios y profanos” se
pierde a manos del imperativo fáctico: volver posible la aprobación de los proyectos de
ley.
La reinscripción institucional de los acuerdos sería un paso normal dentro del
trámite legislativo si no fuera por que Chile ostenta un sistema político diseñado por la
dictadura que promueve el “empate político”. Si consideramos los factores que
favorecen y perjudican el cambio institucional (Olsen 2009), lo que en este caso
específico estaría primando es una cierta “rutina” de la relación entre poder Ejecutivo y
Legislativo para resolver conflictos. De tal manera, eso que aparece como uno de los
mayores capitales históricos del sistema político chileno (Drake y Jaksic 1999; Lahera y
Toloza, 1998), representaría paradójicamente un impedimento para lograr una mayor
participación del mundo civil en la vida política. Es así como el efecto no deseado del
Consejo es la integración de las voces sociales para su reinscripción en el espacio del
empate político heredado por la transición, pacificando la participación y sus peligros,
atenuando la polarización y privilegiando el consenso.
Perfeccionamiento del mecanismo: algunas líneas de trabajo
Por todo lo anterior, resultaría altamente conveniente introducir ciertos cambios
en la política de Consejos Asesores con el fin de perfeccionar el carácter participativo
del organismo. Al mismo tiempo, estos cambios debieran llevar a una definición
concreta del objeto de la iniciativa, el cual bascula entre dos caminos: la integración de
los actores sociales en lógica representativa (participación social), o la creación de
instancias de representación de los ciudadanos (participación ciudadana).
Dentro de las reformas, una muy importante es la introducción de la dimensión
territorial. En otras experiencias de participación ciudadana, lo que se busca es forzar la
representación del ciudadano con un territorio específico de aplicación de la política
pública. Así también, es necesario incorporar en todos los niveles la participación de
regiones. En cambio, si el objetivo es fomentar la participación social de los actores
organizados, es necesario mejorar las formas de accountability y de discusión real entre
las bases de los movimientos y sus dirigentes.
A nivel técnico, resulta francamente preocupante la renuncia de la autoridad
política a regular los juegos de actores por medio de una normativa acorde. Para nuestro
caso de estudio, resulta especialmente preocupante la falta de un criterio para la
distribución de los actores en comisiones y subcomisiones. Ello promueve la alianza
entre los actores más fuertes, lo que no siempre favorece a las mayorías. Que el criterio
de distribución haya quedado sometido al interés y el libre albedrío de los integrantes
debiera ser una situación a mejorar.
Otra cuestión que aparece como problemática es la diferencia radical que se
establece entre capitales sociales. Las diferencias groseras en el uso y manejo del
conocimiento entre especialistas y actores sociales repercuten a un nivel cognitivo en el
diálogo posible que se da entre los integrantes del Consejo. Si la dirección que se tome
es fomentar la participación ciudadana mediante esta política, es conveniente trabajar en
los procesos de standardización del aprendizaje por medio de metodologías innovadora.
Por último, es necesario disminuir al mínimo las diferencias de base entre los
integrantes para favorecer un dialogo “en igualdad de condiciones”. Para ello y en
cualquiera de las dos direcciones que se apunte- sea el fomento de la participación
social o ciudadana- se necesita reducir las diferencias de origen que impiden una
performance standard entre los integrantes del consejo. Instrumentos como dietas, por
ejemplo, ayudarían a mejorar la dedicación exclusiva de los consejeros, impactando
positivamente su desempeño.
Con todo, uno podría prever que el cambio de administración en marzo del 2010
terminaría con este tipo de iniciativas como el Consejo. Sin embargo, una revisión del
argumento y de las ultimas declaraciones que se recogen de boca del propio presidente
electo y de su gabinete respecto al carácter de « unidad nacional » del nuevo gobierno
implicara un dialogo fluido entre el Gobierno y la oposición, que por primera vez desde
la dictadura estará representada por la Concertación. En este escenario, lo que podemos
sospechar es que de existir estas instancias de dialogo político ciudadano, la
reinscripción institucional -nuestra tesis del atavismo político-partidario- podría
prevalecer, sobre todo porque ni el eje ciudadano ni el social parecen ser, a nuestro
juicio, prioritarios para el próximo Gobierno.
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La Segunda, 7/06/2006; “Sin estudiantes se constituyó el Consejo Asesor de Bachelet”.
Emol, 8/06/2006, “Forni: Consejo asesor de educación debió ser solamente técnico”
Terra.cl, 18/08/2006, “Consejo Asesor de Educación rechazo críticas de los escolares”
Universia.cl, 23/08/2006, “Estudiantes Secundarios en Pie de Guerra”
El Mercurio, 01/10/2006 “El pacto Brunner-Peña que torció el rumbo del consejo
asesor”.
La Tercera, 2/10/06, “Alianza muestra tajante rechazo a informe de avance del Consejo
Asesor para la Educación”
La Tercera, 23/08/07, “Los otros consejos asesores de la Presidenta”.
El Mercurio, 22/10/2006. “En busca de mejores escuelas: Claves para entender el
nuevo rumbo del debate sobre calidad de enseñanza”.
El Mercurio, 04/12/2006, “Calidad de la Educación: Consensos Disensos y confesiones
que no saldrán en el informe final”
Emol, 6/12/2006 “Ministra resta validez a criticas de los estudiantes secundarios”
La Nación, 12/12/06, «Bachelet se compromete a sustituir la ley LOCE»