PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ENTREVISTA A MARÍA

Transcripción

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Quién controla la información que brindamos
cuando pagamos con tarjeta de crédito, descargamos
un archivo o navegamos por Internet? PAG. 8
ENTREVISTA A
MARÍA SEOANE
Periodista y directora de
Radio Nacional. PAG. 4
Buenos Aires Diciembre de 2012
www.gestionpublica.info
RENDICIÓN DE CUENTAS Y
TRANSPARENCIA EN MÉXICO
Cómo ve la sociedad al funcionario
público. El rol de la Auditoría
Superior de la Federación, sus
informes y marco jurídico. PAG. 3
LEY NACIONAL DE BOSQUES
Se reglamentó hace tres años, pero
aún no es posible realizar un balance
sobre su cumplimiento. Igualmente,
fuentes oficiales aseguran que los
desmontes disminuyeron. PAG. 8
USO Y FISCALIZACIÓN DE
LOS AGROQUÍMICOS
En Argentina se comercializan más
de 500 tipos. Diversos especialistas
aseguran que no existe control en
las condiciones de venta. PAG. 10
2
Análisis de la Gestión Pública | Nº 4 | Diciembre de 2012
EDITORIAL
Sumario
Cómo transitar de los cuentos a las
cuentas en un solo paso. Transparencia
y rendición de cuentas en México. Por
Oscar Arredondo Pico. PAG 3
Entrevista a María Seoane, periodista
y directora de Radio Nacional. Por Facundo Martínez. PAG 4
Comunas. Del presupuesto porteño
2013 se les otorgó un 0,60%. PAG 5
Riachuelo. Un informe de la AGN asegura que desde ACUMAR se “ocultan
datos”. PAG 6 y 7
Ley de Bosques. A cuatro años de su reglamentación. Análisis del grado de cumplimiento. Desmontes. PAG 8
Protección de datos personales. Navegar por Internet o anotarnos en un sorteo puede luego transformarse en herramientas de marketing y espionaje. PAG 9
“Argentina necesita un control
férreo que modifique la conducta”
Por Hugo Quintana,
Secretario General de
APOC.
Q
uienes ejercemos
la tarea del control
desde el Sindicato
siempre sentimos soledad
en el objetivo de querer
mejorarlo.
Culturalmente
en Argentina no es un bien
demasiado preciado por la política, pero
tampoco por la gente. Los argentinos queremos control para los demás, pero cuando
nos toca a nosotros no nos gusta.
Siempre tratamos que el control ocupe un lugar excelente ante la sociedad y
la política. Es una tarea difícil, llegar desde el humor, por ejemplo, es un costado
nuevo que por ahí abre algunos caminos y
nos permite decirles “señores el control no
es oposición, no es la gente mala que nos
mete presos cuando hacemos las cosas mal”. Todo
lo contrario, es el reaseguro
que tiene el ciudadano para
que sus fondos vayan hacia
donde la política también
decide.
Cuando nosotros organizamos un gremio latinoamericano y después internacional, empezamos a
ver las diferencias de relación que tiene la
política con el control. En los países anglosajones, por un tema cultural, hay una relación de cooperación. En los viejos países
del Este la relación es más tirante aún que
la Republica Argentina y los países latinoamericanos.
El otro día me preguntaban cómo hacemos para que nuestros informes no mueran en un laberinto político. Les conteste
que una vez que las auditorías están apro-
bados, tenemos una pagina web (elauditor.
info) en la cual esos viejos informes cargados de adjetivos técnicos, crípticos, los
convertimos casi en notas periodísticas. Es
una forma que encontramos también de
hacer nuestro trabajo, no nos quedamos
en la sola representación sindical, sino que
queremos que los organismos que representamos gremialmente sean cada vez
más útiles, porque Argentina necesita un
control férreo que modifique la conducta.
Nosotros creemos que tenemos una misión especial en nuestro país, porque la
política está lejos de la gente, y ésta va a
volver a creer que es el mecanismo para
solucionar los problemas cuando los funcionarios sean más transparentes, y no es
una cuestión de este gobierno, sino que es
la manera de hacer política de la República Argentina. Pero para que los gobiernos
sean transparentes, los organismos de
control tienen que ser diferentes.
Agroquímicos. Polémica en torno a su
uso y control. Las recomendaciones de la
Auditoría General de la Nación. PAG 10
¿Protagonismo de los estados nacionales?. Por Atilio Borón. PAG 11
Reseña de los libros de Daniel Muchnik,
Laura Pautassi / Gustavo Gamullo y Colin Crouch. PAG 11
Vecinos con privilegios. Un informe de
la Auditoría porteña señala la existencia
de “reclamos vip” para atender, entre
otros, pedidos de corte de ramas. PAG 12
Staff
Director General
Hugo Buisel Quintana
Director Ejecutivo
Federico Recagno
Consejo Asesor
Daniel Muchnik, Fabián Méndez
Editora
María Gimena di Tada
Redactores
Victoria Gallarza, Juan Ignacio Filardi
Diseño Editorial
Fernanda Schweinheim
Fotografía
Parpadeo Contenidos
Ilustración
Gianluca Manograsso
Colaboraron en este número: Atilio Borón,
Elba Stancich, Miguel Sumer Elías, Oscar
Arredondo Pico, Facundo Martínez.
Análisis de la Gestión Pública
Pte. Perón 1558, 5 piso (C.A.B.A.)
Contacto: [email protected]
Tel.: 5237-0797
El mismo idioma
Por Federico Recagno,
secretario adjunto de
APOC
H
ablamos el mismo
idioma” es una frase
que suele darse en
algunas conversaciones y
es un giro verbal que se utiliza para confirmar que los
participantes de la charla
se entienden.
Hablar un mismo idioma presupone una
ventaja, ya que no requiere de traductores
que deban ir reinterpretando lo que se va
diciendo.
Los amigos, o los que se tienen confianza, logran llevar al diálogo un paso más
allá del lenguaje oral, ellos pueden detectar
en los gestos lo que el otro le quiere decir.
En materia de países ocurre algo parecido. Muchas veces el idioma puede ser un
obstáculo para el entendimiento. Hay una
comunicación informal entre pueblos que
es frecuente en las zonas de frontera. El
ir y venir cotidiano de los habitantes crea
un lenguaje común que toma palabras del
país vecino.
Y hay, también, un diálogo formal entre países que
se encuentra a cargo de la
diplomacia. Está claro que
para la Argentina, en términos objetivos, debería resultar más sencillo dialogar
con claridad con los países
de habla hispana. En el mismo sentido, de los estados
cuya lengua es el español,
es con Uruguay con el que
tenemos mayores similitudes idiomáticas.
Es probable que no existan dos países
en el mundo que tengan tantas semejanzas culturales, incluida la lengua, como Argentina y Uruguay. Pero, a pesar de estas
coincidencias, llama la atención observar
como en los últimos años se han desatado
una serie de polémicas bilaterales que han
afectado los tradicionales vínculos fraternos entre ambas naciones.
Pasteras, turismo, intercambio comercial
y el dragado del canal Martín García, nos
han ido llevando a algunos desencuentros
que repercuten en la relación con nuestros
vecinos.
Hace muchos años que la APOC viene
proponiendo, a través de la Unión Latinoamericana de Trabajadores de los Organismos de Control (ULATOC), en foros internacionales la intervención de las entidades
fiscalizadoras superiores (Auditorías Generales, Contralorías y Tribunales de Cuentas)
en todos los emprendimientos multilaterales
en los que participen los países del Mercosur. A título de ejemplo podemos citar las
represas de Yaciretá, Itaipú y Salto Grande.
En el reciente caso del dragado del canal Martín García, Uruguay designó a su
organismo de control externo, el Tribunal
de Cuentas. Argentina, en cambio, nombró a la Sindicatura General de la Nación,
que es un órgano de control interno, para
igual función de monitoreo de las tareas a
realizar, con los consabidos contratiempos
que derivaron de su accionar. Argentina,
al no designar a la Auditoría General de la
Nación, pasó por alto al Congreso, ámbito
natural de discusión de la política exterior.
Si se lograran acuerdos en el ámbito del
Mercosur para que sean los entes externos
de control los encargados de fiscalizar los
emprendimientos multilaterales estaríamos
dando un paso concreto que nos lleve a
“hablar el mismo idioma”. Siempre con los
vecinos se tendrán dificultades propias del
trato y los negocios. Tengamos instituciones dispuestas a encontrar puentes que
reflejen lo que sentimos los pueblos: argentinos y uruguayos hermanados.
Diciembre de 2012 | Nº 4 | Análisis de la Gestión Pública
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OPINIÓN
Cómo transitar de los cuentos
a las cuentas en un solo paso
“Transparencia y rendición de cuentas” son palabras que sugieren ideas de gobiernos con un
gran desempeño. Sin embargo, en México, no logran tener un eco convincente en la población.
Por Oscar Arredondo Pico*
E
n México los temas de la transparencia y la rendición de cuentas se
tocan en todos los discursos oficiales. Revierte a los oradores esa chispa de
esperanza y de autoengaño que necesitan
para sentir que lo que están diciendo es
auténtico. Estas palabras no se escapan
de la agenda de ningún servidor público
con aspiración de seguir escalando posiciones en su carrera política. No obstante
a ser lo nuevo y lo políticamente correcto,
ese discurso parece vacío y seguirá así
mientras sigamos viviendo en un país en el
que la corrupción se documente día a día
con escándalos indignantes y a pesar de
eso impere la impunidad.
Utilizar estos temas como ornamenta de
la función gubernamental con otros términos no menos románticos, revisten y hasta
legitiman la labor de los políticos. “Transparencia y rendición de cuentas”, palabras
que sugieren ideas de gobiernos con un
gran desempeño. Basta señalar algunos
ejemplos muy trillados de cómo se banaliza su verdadero significado con estilo: “la
democracia y la rendición de cuentas”; “la
transparencia y los derechos ciudadanos”;
“la rendición de cuentas y el desarrollo”.
Estas composiciones auguran interés en
conferencias, publicaciones y seminarios,
pero la verdad es que muchos de ellos,
pese a su rimbombancia y a mencionarlas
mil veces en distintas formas las palabras
mágicas, no logran tener un eco convincente en la población. En tanto no se consolide un verdadero sistema transparente
que rinda cuentas de las responsabilidades
de los políticos y los burócratas, en la práctica no van a dejar de ser un cosmético que
simule la lucha contra la ilegalidad, los abusos y las irregularidades.
La sociedad no es tonta y sigue viendo
conductas poco éticas y vergonzosas muy
enquistadas en los encargados de las funciones del Estado, esto opaca todos los
esfuerzos que se han hecho por contar con
leyes y con instituciones relacionadas con
la materia. Desde hace más de diez años
se han realizado modificaciones a nuestro
marco jurídico y administrativo con el fin
de contar con más mecanismos, sistemas
e instancias de acceso a la información,
transparencia y rendición de cuentas. Se
crearon y fortalecieron las entidades de fiscalización superior en la federación y los
estados; lo mismo sucedió con los institutos de acceso a la información pública. Se
dotaron de funciones a los órganos internos de control y se abrió al público mucha
información gubernamental a través de
plataformas de Internet.
No podemos negar que han habido importantes avances en ese terreno aunque,
cómo dice el refrán, “del dicho al hecho hay
mucho trecho”. Los desfalcos siguen y los
culpables recorren la pasarela política con
absoluta impunidad. Muchos argumentan
que el problema es que no hay castigos,
otros dicen que no hay correlación en el
tiempo entre lo que establece la norma y
La ASF se encuentra
limitada por su propio
marco jurídico. (O.A.P)
sus consecuencias, otros más que el problema está cuando el dinero de la federación llega a los estados, los más pesimistas
hablamos de un problema cultural que proviene desde que Iturbide fue proclamado
emperador y de ahí a la fecha los vocablos
corrupción y servicio público se confunden.
Quiero pensar que la solución está en hacer reformas constitucionales que de una
buena vez tomen al toro por los cuernos,
desde el imperativo fundamental de que es
necesario ejercer la democracia exigiendo
resultados o sanciones y tener los mecanismos para hacerlo.
Es cierto que la Auditoria Superior de la
Federación (ASF) cada vez audita un porcentaje más alto del presupuesto público,
que cuenta con más reconocimiento y su
La sociedad no es tonta y
sigue viendo conductas
poco éticas y vergonzosas
en los encargados de las
funciones del Estado.
eficiencia va en aumento. Sin embargo, se
encuentra limitada por su propio marco jurídico; los informes se entregan catorce meses después de que se acaba un ejercicio
fiscal. Para ese momento cualquier defrau-
dador del erario podría estar en el rincón
más paradisíaco del mundo en un Jacuzzi
de champagne. Por otro lado, cuando se
transfieren recursos a los demás estados
de la república y éstos no tienen voluntad
de dar información, resulta imposible fiscalizarlos y finalmente en los casos exitosos
en los que la ASF encuentra alguna irregularidad administrativa que amerite alguna
sanción como la inhabilitación, o incluso la
cárcel y envía sus investigaciones tanto a
la Secretaría de la Función Pública como
al Ministerio Público, ahí simplemente no
pasa nada. Son muchos los expedientes
que se abren pero prácticamente al final de
la película no hay culpables.
La ASF realiza un extraordinario trabajo
para poder documentar el mal manejo del
gasto público y las irregularidades estructurales no son una leyenda urbana. Al contrario, son tan constantes e ininterrumpidas
que parecieran normales. Ante este panorama entonces ¿Cual es la salida? En principio la ausencia de la cultura y la ética en
la que deben formarse los cuadros de los
servidores públicos con base en esquemas
y valores de honradez, responsabilidad y
honestidad. Su actuación debe entenderse
dentro de un encuadre en el que la rendición de cuentas sea una responsabilidad
personalísima.
La solución más inmediata es que se
aprueben las reformas que se han propuesto en la penúltima legislatura de Diputados y la actual legislatura en la Cá-
mara de Senadores, que tienen como fin
fortalecer la Fiscalización y la rendición de
cuentas. Prevén que las auditorias de la
ASF se puedan realizar durante el ejercicio
fiscal y servir para corregir irregularidades
dentro del año presupuestal; consideran la
creación de un Sistema Nacional de Fiscalización que permitiría la acción coordinada
de los entes de fiscalización superior de la
federación y los estados, así como de los
órganos de control interno y las instancias
de evaluación de políticas públicas; reduciría notablemente los tiempos de entrega de
informes para que se realicen inmediatamente al terminar el ejercicio fiscal; prevén
un tribunal que pueda sancionar administrativamente por irregularidades en el manejo de las finanzas públicas; permitirán a
los legisladores considerar en la discusión
presupuestaria las evidencias de mal manejo del gasto detectadas por la ASF y prevén que haya mecanismos de participación
ciudadana en la fiscalización de recursos
públicos.
Seguramente estás reformas no serán
suficientes para terminar con problemas
tan graves como la corrupción y la impunidad, sin embargo son suficientes para que
los políticos y funcionarios dejen de contarnos tantos cuentos y podamos dar el paso
a una rendición de cuentas más sólida.
*Investigador de Políticas Públicas y Presupuesto,
Fundar, Centro de Investigación y análisis. México.
4
ENTREVISTA
“La Ley de Medios es como
nuestra revolución francesa”
Lo aseguró la periodista María Seoane, directora de Radio Nacional. Según dijo, desde su emisora se defiende lo
público sobre lo privado y lo estatal sobre lo corporativo. Aclaró que cubren de manera regular actos de la oposición.
Por Facundo Martínez*
Cuando usted asumió como directora
sostenía que la Radio Nacional tenía
que aceptar la pluralidad de voces de
los distintos sectores sociales y políticos. ¿En qué medida se acercó en estos
tres años a ese objetivo?
La radio se transformó en una radio verdaderamente federal. Tenemos 48 emisores y en todas ellas se producen programas
con periodistas y producciones locales. No
son repetidoras, sino que son emisoras
que están integradas en un sistema de
formación y de capacitación profesional.
También estamos equipando a la radio,
porque la Radio Nacional fue saqueada
entre 1976 y 2001, cuando el Estado se
convirtió en un botín para las corporaciones. Nos dejaron un Estado endeudado y
con su patrimonio vendido.
¿Qué se ha hecho para contrarrestar
esto?
Profesionalizamos la radio y los programas, que están conducidos y hechos por
periodistas con una enorme libertad y con
una línea editorial que tiene una sola definición: defender lo público sobre lo privado
y lo estatal sobre lo corporativo. Además
nosotros bregamos por la democracia y
los derechos humanos. Lo hacemos con la
convicción de que debe tener voz la mayoría política elegida por la sociedad argentina, que es el Gobierno Nacional. Los
periodistas que están de acuerdo con eso
son los que conducen nuestros programas.
Es un pacto, como el que tienen los medios
privados con sus trabajadores, que no pueden hablar mal de un anunciante. Ahora,
en materia de tecnología, hemos invertido
en transmisores y también en equipos de
“La Ley de Medios de la
democracia es lo mejor
que ha ocurrido en la
Argentina en materia de
comunicación”.
aire, hemos renovado el plantel tecnológico de toda la Radio. Todo este proceso
conlleva a obras civiles, que quedan para
nuestros hijos y la posteridad. Obras que,
además, implican muchos controles, reglas del Estado que se deben cumplir. El
espíritu público es como el espíritu de la
colmena.
¿Hay lugar para la oposición al gobierno en la Radio?
La línea de los medios públicos es la de
respetar a la mayoría política y social que
eligieron los argentinos. Pero, además, cubrimos de manera regular los actos opositores. La única dificultad que tenemos con
la oposición es que a veces no quieren hablar con los medios públicos. Discriminan
lo público porque sólo se sienten bien ha-
Nosotros bregamos
por la democracia y los
derechos humanos.(M.S)
blando en los medios privados.
¿Cuesta cambiar la imagen que la sociedad se hizo de lo público principalmente durante la etapa de las privatizaciones?
La reconstrucción de lo público tiene muy
pocos años, a partir de 2003, del gobierno
de Néstor Kirchner, y se ha transformado
en el verdadero eje ideológico y político de
este proyecto de gobierno. Y sí, cuesta mucho, pero hay una decisión política de que
eso ocurra, y en los medios públicos se ve
entre otras cosas, por el nivel de inversión
que hay en cada una de las emisoras, la
compra de tecnología, el nivel de calidad
que han conseguido los medios públicos
es muy satisfactorio. Uno ve Paka Paka,
canal Encuentro, la pantalla de la TV Pública, las miniseries, lo que se ha producido,
se nota que la calidad es otra, mejor.
¿Cómo ve al periodismo de hoy, que
se debate entre la militancia y el corporativismo?
Yo vengo de trabajar en empresas privadas, incluida Clarín. Ahí también había
líneas editoriales. Lo que pasa es que la
información circula de manera diferente en
los medios públicos y privados. En los medios privados la información es una mercancía que se compra y se vende al mejor
postor. No hay periodismo independiente
en las corporaciones. Y esta idea de mercancía de la información ha mutado, es un
paradigma en crisis, porque la revolución
científico-técnica ha hecho que la información circule sin límites.
La aplicación de la Ley de Medios
vuelve a estar en el centro del debate
político. ¿Cuál es su posición?
La Ley de Medios de la democracia es lo
mejor que ha ocurrido en la Argentina en
materia de comunicación. Yo digo que es
un pacto civilizatorio, que adecua realmente esta idea de que la información no tiene
dueño. La información debe ser producida
libremente, debe circular sin restricciones
y debe estar financiada para las mayorías.
¿Considera que tiene alguna debilidad la Ley?
Creo que es lo que pudimos conseguir
en esta etapa de la historia, y todavía no
la hemos podido aplicar plenamente. La
“La Radio Nacional fue
saqueada entre 1976 y
2001, cuando el Estado se
convirtió en un botín para
las corporaciones”.
nuestra es una ley muy progresista para la
Argentina y para la región, pero no alcanza
el rigor que tiene la ley en Estados Unidos,
donde los grupos que tienen un diario no
pueden tener un canal de televisión. Creo
que uno de los aspectos que la norma no
abordó, y que sería muy importante que se
modificara, es la prohibición a las corpora-
ciones dedicadas a la comunicación de la
integración horizontal con negocios que no
tienen que ver con la comunicación como,
por ejemplo, Expoagro o el petróleo o la
telefonía.
La apropiación monopólica de la información es una traba no sólo para la libertad de
expresión sino para el desarrollo de nuestras sociedades. En este sentido, la Ley de
Medios es nuestra revolución francesa.
¿Quiere decir con esto que la lucha es
más bien política?
Absolutamente. Lo que se define aquí es
quién manda en el Estado Democrático.
Si el Estado, con sus leyes, con sus mayorías, o los grupos corporativos. Esto es
muy importante.
Es una batalla política, cultural y no está
dirigida al Grupo Clarín, que no va a desaparecer, simplemente debe adecuarse,
como todos los demás grupos. La Ley es
para todos igual.
¿Cuáles son las novedades para la
programación de 2013?
Lo único que puedo decirle es que la Radio tiene éxito. Estamos contentos, y los
oyentes también. Hemos tenido numerosos premios en estos tres años. Premios
de la Bienal de México, premios Eter; sin
dudas subió la calidad profesional. En esta
radio no vas a encontrar “chivos” y miembros de la política nacional que tengan espacios cooptados. Esta es una radio hecha
por periodistas.
*Sociólogo y Periodista
5
2013
Del presupuesto
porteño, un 0,60%
para las comunas
Según la Ley 1.777, el gobierno de la Ciudad tiene la facultad
de otorgarles hasta un 5%. Sin embargo, al igual que el año
pasado, el monto asignado fue mucho menor.
L
a Ley 1.777 (sancionada y promulgada en 2005) establece que cada una
de las comunas posee patrimonio y
presupuesto propio, el cual se concreta en
el Presupuesto Anual de la Ciudad de Buenos Aires. Según se acordó, durante los
primeros dos años (2012 y 2013) el dinero
destinado podría alcanzar hasta un 5% del
Presupuesto porteño. Sin embargo, para
el 2013, de $40.549.912.585 millones de
recursos asignados para la Ciudad, a las
comunas se les otorgó $240,1 millones, lo
que representa un 0,60%.
En el 2012 la situación fue similar. De
un presupuesto porteño que alcanzó los
$32.905.436.924 millones, las comunas
recibieron la suma de $71.833.400 (un
0,22%). Teniendo en cuenta que el Gobierno porteño tiene la facultad de otorgarles hasta un 5% del presupuesto, el
porcentaje asignado en el 2012 representó una pérdida para las comunas de
$1.645.271.846,20.
Autonomía de la Ciudad
A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que declaró la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, se habilitó el
derecho a dictar leyes locales y a tener un
gobierno independiente del gobierno federal. A la vez, se acordó que la democracia
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
tenga un carácter participativo.
La Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, estableció en su artículo
127 la creación de las comunas y, en consecuencia, la Legislatura porteña sancionó
la Ley 1.777, conocida como Ley de Comunas, que crea una nueva división política
Fuente: Presupuesto
2012 de CABA.
En 2011 se eligieron los
miembros que integran las
15 Juntas Comunales.
administrativa basada en unidades de gestión a escala barrial.
Conforme a la sanción de
la Ley 3.233, se convocó
a la primera elección de
autoridades comunales el
día 5 de junio del 2011.
Conforme a la sanción de la Ley 3.233,
se convocó a la primera elección de autoridades comunales el día 5 de junio del
año 2011, a los efectos de elegir los siete
miembros que integran cada una de las
quince Juntas Comunales. La votación se
hizo efectiva el día 10 de julio de 2011.
Finalidades y Funciones
Las finalidades establecidas para las Comunas son: Promover la descentralización
y desconcentración de las funciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preservando su integridad territorial, facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el control
de los asuntos públicos, promoviendo además la democracia directa, implementar
medidas a favor de las zonas más desfavorables de la Ciudad, preservar y difundir el
patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios, preservar el Medio Ambiente
y asegurar el Desarrollo Sustentable. Como
finalidad general también establece cuidar
el interés de la Ciudad.
Fuente: Presupuesto 2012 de CABA.
Presupuesto
De acuerdo a los recursos y gastos que se
establecen en el presupuesto porteño, se
deben hacer efectivas las funciones y actividades de las Comunas a los fines de realizar la descentralización de la Ciudad, tal
como estaba previsto en las finalidades definidas para las Comunas. El artículo 8vo.
de la Ley de Presupuesto 2012 de la CABA,
establece los importes correspondientes al
Presupuesto de los Organismos Descentralizados y Entidades Autárquicas, dentro
de las que se incluyen las Comunas.
En los cuadros que se muestran adjuntos se detalla primero la pérdida presupuestaria total de las Comunas en el año
2012, y por otro lado los recursos que podrían haber recibido de parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires tal como lo
establece la Ley 1.777.
Competencias exclusivas
a) Mantenimiento urbano de las vías secundarias: calles, pasajes, sendas, calles
peatonales, pasos. Construcción de bicisendas y rampas para discapacitados.
b) Mantenimiento de los espacios verdes:
planificación, ejecución y control de los trabajos en la limpieza de espacios verdes,
servicios de guardianes, reparación y preservación de todas sus instalaciones.
c) Elaboración de su programa de acción
y anteproyecto de presupuesto anual, ejecución y administración del mismo: trabajar
en forma conjunta con los vecinos y organizaciones no gubernamentales a través del
presupuesto participativo,
d) La presentación de proyectos en ejercicio de la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder
Ejecutivo: todos los proyectos presentados
por las comunas deben tener prioridad y
tratarse en las comisiones correspondientes de la Legislatura.
e) Llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes y el desarrollo local.
P.S. VERUS
6
RIACHUELO - ESPECIAL GESTIÓN PÚBLICA
La AGN asegura
que desde ACUMAR
se “ocultan datos”
Para el organismo de
control no cumple con
lo demandado por la
Corte. La información
sobre los avances en las
metas es parcial.
Y
a pasaron cuatro años desde que
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) estableció que la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) debía presentar información sobre el
avance en el cumplimiento de los objetivos
(mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, sanear el riachuelo y prevenir el daño, entre otros), a través de un
Sistema de Indicadores. Pero, según un reciente informe de la Auditoría General de la
Nación (AGN), se estaría cumpliendo con
lo acordado de manera “parcial”, a la vez
que denuncian un “ocultamiento de datos”.
El Sistema de Indicadores es un conjunto de los distintos aspectos que componen
la problemática a resolver; por ejemplo el
estado del agua del Riachuelo, situación
habitacional de la población del área, limpieza de las márgenes del río, y estado de
salud de la población afectada. Pero más
allá de la organización de los indicadores,
el objetivo del Sistema debía ser informar
sobre el avance en el cumplimiento de los
objetivos enunciados.
Falencias en los indicadores. Desde
ACUMAR indicaron que se asisitieron a
más de 14.000 familias de 17.771 que requieren ayuda, es decir, en este aspecto el
nivel de avance fue de un 82%. Sin embargo, para la AGN, el porcentaje sería muchísimo menor al informado si se tuviesen
en cuenta la totalidad de familias con problemas habitacionales que requieren asistencia. Por otro lado, se estableció como
objetivo para el estado del agua de nivel o
uso 4 (sólo apto para uso recreativo pasivo) cuando hay varios tramos del curso de
agua que antes y ahora presentan niveles
mejores.
Según la AGN, “se establecen objetivos
ya alcanzados antes que la ACUMAR inicie su gestión o se establecen metas cuyo
cumplimiento requiere de un mínimo esfuerzo”. Por otra parte, y de acuerdo a lo
dicho por Juan José Mussi, secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, “las obras ya estarían concluidas
con un pequeño faltante”, cuando según
los vecinos todavía no se inició el proceso
de relocalización.
Para el organismo de control, otro aspecto negativo del Sistema de Indicadores tiene que ver con la forma en que se expone
la información. Es que, según denunciaron,
la misma no permite evaluar avances y se
ocultan datos (en general se usa una forma
gráfica que no permite ver el detalle).
Además, la Auditoría de la Nación afir-
En el 2012 se llevaron
a cabo las audiencias
públicas con el objeto de
requerir información a los
diversos actores.
maó que los indicadores no respetan la
periodicidad establecida (algunos tienen
hasta un año de atraso) ni se presenta
toda la información disponible. En líneas
generales, del trabajo de los auditores se
desprende que ningún indicador recibió el
visto bueno. Por este motivo, se propusieron modificaciones para que éstos cumplan
efectivamente con el objetivo de informar
sobre el avance en el cumplimiento de las
metas planteadas.
Audiencias públicas. A lo largo del 2012
se llevaron a cabo las audiencias públicas
convocadas por el Máximo Tribunal, con el
objeto de requerir información a los diver-
$129
millones recibió
la empresa M&T S.A. al
ser adjudicataria de una
contratación directa
sos actores involucrados en la ejecución
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) (ver gráfico aparte) y respecto al
grado de avance en general, administrado
por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
En su exposición, el Presidente de la
AGN, Leandro Despouy, realizó una presentación con los resultados de un relevamiento especial que tuvo por objeto identificar la posible existencia de contrataciones
de seis sociedades - presuntamente sospechadas en una denuncia periodística
que involucra al Juez Federal de Quilmes,
Luis Armella, responsable de la ejecución
de la sentencia - y determinar los entes o
jurisdicciones a cargo de la ejecución de
obras que hubieran efectuado las contrata-
La AGN afirma que
los indicadores no
respetan la periodicidad
establecida (tienen hasta
un año de atraso).
ciones con esas empresas.
Esta investigación determinó la existencia de 19 contrataciones entre la empresa
M&T S.A. y AYSA, por un valor total de
126 millones de pesos, mediante la modalidad de procedimientos abreviados de
contratación, sin recurrir a licitación o concurso público y una adjudicación directa de
CEAMSE a la citada empresa, por más de
3 millones de pesos.
Asimismo, el titular de la AGN afirmó que
se detectó que las sociedades denunciadas se encuentran vinculadas por la composición de sus órganos de administración
y fiscalización, por la identidad de los socios, por la coincidencia de domicilios,
porque sus integrantes presentan relaciones familiares entre sí, y que cuatro de las
sociedades fueron instrumentadas por el
mismo escribano.
Conformación Jurisdiccional del PISA.
Plan Integral de Saneamiento Ambiental
ACUMAR 4%
Provincia de
Buenos Aires 6%
CABA 14%
Nación 76%
Nación $6.735.658.833
CABA $1.269.121.585
Provincia de Buenos Aires $488.871.945
ACUMAR $390.240.615
La ACUMAR estableció
como objetivo para el
estado del agua de uso 4.
“No queremos que
ACUMAR sea el
nuevo INDEC”
Según afirman los vecinos, todavía no se inició el
proceso de relocalización.
14.000
12.000
4
Familias
pesos
Fueron las que asistió la ACUMAR por
problemas habitacionales en la cuenca.
Fue el capital inicial de la empresa M&T S.A,
según informó Leandro Despouy.
Pasaron desde que la Corte le pidió a la ACUMAR
información sobre los avances de las metas.
sión adoptada por la Corte Suprema de
Justicia de apartar al Juez de la causa, denunciar al magistrado penalmente y ordenar una investigación sobre el resto de los
funcionarios y organismos que participaron
de las contrataciones sospechadas.
Otra situación que mencionó, y que calificó como una “limitante en las actividades de control”, es que los organismos de
control de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Provincia de Buenos Aires, aún
no cumplieron con la entrega de sus dictámenes de auditoría relativos al control de
los recursos que esas jurisdicciones aportan al PISA, a pesar de haberse convenido
formalmente en el 2011.
Como conclusión el titular de la AGN,
Leandro Despouy, destacó el esfuerzo de
la Corte Suprema de Justicia por encauzar
la ejecución del plan de saneamiento, aunque a pesar de ello, existen todavía serias
dificultades orgánicas y una falta de articulación entre las distintas jurisdicciones
intervinientes. Según dijo, estas razones
atentan contra la finalidad de creación de
la ACUMAR, que es la de coordinar y con-
trolar la ejecución del plan de saneamiento
del Riachuelo en su integridad.
Se descubrieron 19
contrataciones entre la
empresa M&T S.A. y AYSA,
por un valor total de 126
millones de pesos.
Además, se señaló que miembros de estas sociedades forman parte de la sociedad
San Martin 264 Bernal S.A., en la cual también son socios algunos familiares del Juez
Luis Armella. Con respecto a la empresa
M&T S.A., Despouy informó que fue constituida con un capital inicial mínimo suscripto
por $12.000 e integrado por $3.000 y que
registraba sólo un año de antigüedad cuando comenzó a participar y resultar adjudicataria de concursos privados de precios y
contrataciones directas por la suma de 129
millones de pesos.
Estas serias irregularidades detectadas
por la AGN derivaron en la reciente deci-
años
El sistema de indicadores puede
mejorarse.
De los 66 indicadores propuestos por la
ACUMAR, sólo 14 estarían dando información sobre la consecución de objetivos. Los
indicadores de información por ejemplo
no muestran ningún aspecto de los avances en el proceso de saneamiento sino
estados de situación de características
socioeconómicas. En relación a este aspecto, un agregado que propone la AGN,
es la incorporación de nuevos indicadores
que, por su trascendencia, deberían formar
parte del Sistema de Indicadores que pública la ACUMAR. Se trata de indicadores
de resultado que se consideran indispensables para dar cumplimiento a lo exigido
formalmente por la Corte y que tiene que
ver con la mortalidad infantil, enfermedades asociadas con las condiciones medio
ambientales de vida, los vinculados con la
prevención de inundaciones y de potabilidad del agua medida en hogares.
El Riachuelo está sucio. Eso no es
novedad. Pero más allá de los metales pesados y las aguas servidas,
el mayor contaminante de la cuenca
de 64 kilómetros es “la corrupción”.
Así lo denunció el presidente de la
Asociación de Vecinos de La Boca,
Alfredo Alberti. Esta ONG forma parte del Cuerpo Colegiado que dispuso
la Corte Suprema en 2008 para monitorear el cumplimiento del fallo que
ordenó sanear la cuenca.
En relación al “ocultamiento de
datos” por parte de la ACUMAR
que puso en evidencia un informe
de la Auditoría General de la Nación (AGN), Alberti aseguró que “el
acceso a la información pública es
una dificultad con la que se suelen
encontrar”. Y añadió: “No pensé que
podría ser un problema para la AGN
también”.
El titular de la Asociación Vecinos
de La Boca cuestionó los porcentajes
de desempeño que brinda la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo: “No
sabemos cómo llegan a esos porcentajes altísimos. Si tomamos en cuenta todos los porcentuales de cumplimiento debe estar en promedio del
90%. Con el nivel que están dando
en seis meses más puede ser que
digan que cumplieron la tarea de sanear el Riachuelo. No queremos que
la ACUMAR sea el nuevo INDEC”.
Entre las preocupaciones de la
ONG Vecinos de La Boca se destaca
“la gran cantidad de desechos que se
vuelcan en la cuenca”: “En la ACUMAR son muy permisivos respecto
a los niveles de volcado al Riachuelo”, cuestionó Alberti. Además, indicó
que “las restricciones para arrojar los
residuos de las industrias linderas
deberían ser mucho más estrictos”.
“En la actualidad, la Autoridad se
ajusta a los estándares internacionales estipulados para ríos más caudalosos. Pero en una cuenca tan contaminada como el Riachuelo habría
que tender al cero volcado”, señaló
Alberti quien recalcó además la importancia de generar un programa de
volcado a futuro.
Por último, resaltó el impacto que
le causó leer la nota publicada en el
diario Página/12 en donde se acusaba al Juez Federal de Quilmes, Luis
Armella, de tener vinculación familiar
con las empresas que realizaban las
obras de saneamiento del Riachuelo.
“Nunca nos imaginamos que podía
pasar. Fue una defraudación muy
grande”, recalcó el presidente de la
Asociación de Vecinos de La Boca.
Respecto a la denuncia publicada
por el medio gráfico, el titular de la
ONG explicó que hubiera preferido que esta información “haya sido
producto del trabajo de los organismos de control”. Además, cuestionó
que “ningún diputado se haya hecho
cargo de la investigación”. “Esto evidencia la falta de control. A quienes
debían controlar les cabe una responsabilidad. Ahora sólo esperemos
que falle la justicia”, agregó.
7
8
PESE A SU REGLAMENTACIÓN
La Ley de Bosques está
recién en los comienzos
A cinco años
de la sanción
de la norma
Por Elba Stancich*
Fuentes oficiales afirman que “aún no es tiempo de hacer un balance sobre el cumplimiento
efectivo de la norma”, pero destacan que los desmontes disminuyeron. Desde Vida Silvestre
coinciden en la reducción del fenómeno, pero lo atribuyen a cuestiones macroeconómicas.
H
acia fines del siglo XIX, Argentina
había perdido el 70% de sus bosques nativos. Con la sanción, y su
posterior reglamentación en 2009, de la
Ley 26.331 (conocida como Ley de Bosques) la tendencia cambió. Si bien aún
siguen existiendo denuncias de desmontes, desde la Dirección de Bosques de la
Nación argumentan que “la norma está en
etapa de construcción”.
En su primer artículo, la Ley “establece
los presupuestos mínimos de protección
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosques nativos
y de los servicios ambientales que éstos
brindan a la sociedad”. Asimismo, dispone
“un régimen de fomento y criterios para la
distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos”.
La actual Directora Nacional de Bosques,
Inés Gómez, dialogó en exclusiva con Ges-
“Hay un antes y un
después a partir de la
sanción de la norma, pero
puede atribuirse a otros
factores”.
tión Pública y consideró que “aún no es
tiempo de realizar un balance sobre el cumplimiento efectivo de la Ley”. “La sanción de
una norma abre un espacio de trabajo de
implementación que tiene sus dificultades
y creo que podemos decir que la tendencia
de la deforestación está cambiando su pendiente”, describió Gómez y a la vez advirtió:
“Van cuatro años desde que salió la Ley y
esto en una gestión es poco y siendo bosques no es nada”.
Manuel Jaramillo, de la Fundación Vida
Silvestre, coincide en que hay un antes y un
después a partir de la sanción de la norma,
pero que puede también atribuirse a otros
factores. “Nosotros realizamos un análisis
entre 1989 y 2004 que determinó que el
estado deforestación en ese momento era
de unas 17 mil hectáreas por año. Actual-
Hacia fines del siglo XIX,
Argentina había perdido el
70% de sus bosques.
Para la Fundación
Vida Silvestre, entre
1989 y 2004 el estado
deforestación era de unas
17 mil hectáreas por año.
mente, estamos terminando un estudio que
abarca el periodo 2004 y 2010 y hay una
reducción significativa del fenómeno”, explicó el especialista. De todos modos, contempló que “podría ser consecuencia de la
prohibición de los desmontes pero también
podría vincularse a cuestiones macroeconómicas”.
Por otro lado, Jaramillo no cree que se
esté fortaleciendo la ayuda económica a
las provincias con fines de preservación.
“La constitución del Fondo para la Conservación Nacional de los Bosques Nativos nunca se realizó (Ver aparte). Sólo
hubo algunas partidas presupuestarias
que la Secretaría de Ambiente entregó
a las provincias”, destacó.
El Fondo debería crearse por un fideicomiso generado por Nación y todos
los años capitalizarse con el 0.3% del
Presupuesto Nacional y el 2% de las
retenciones a los productos agrícolas y
forestales que salen del país. Para Manuel Jaramillo,“la norma lo establece,
pero la implementación no está siendo
efectiva”.
El reclamo de un grupo de ONGs
A través de una carta dirigida a los distintos jefes de bloque de la Cámara Baja,
un grupo de ONGs (Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y
Recursos Naturales –FARN- entre otras)
reclamó la pronta implementación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos, establecido en el artículo 30 de la Ley 26.331.
En el documento, expresan que “hasta el
momento, la constitución del Fondo ha sido
parcial”. El Proyecto de Ley de Presupuesto
Nacional 2013 asignó menos del 10% de lo
estipulado por la normativa, lo cual se suma
a falencias similares que vienen arrastrándose desde el año 2008, y que ocasionan
graves daños a la conservación de los
bosques nativos. Según el artículo 31, la
partida correspondiente no puede ser menor al 0,3% del Presupuesto y debe tener
además una asignación específica del 2%
Para quienes venimos trabajando en
diferentes movimientos y organizaciones
ambientalistas y ecologistas, reconocemos en la Ley 26.331 (conocida como Ley
Bosques) una bisagra. Por un lado, vino a
establecer un punto de racionalidad a un
modelo de crecimiento económico basado en la destrucción de los ecosistemas
y desalojo de comunidades, y por otro, su
sanción constituyó un hito en materia de
participación ciudadana en la búsqueda de
regulación ambiental.
Según la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAYDS), el año posterior a la sanción de la
Ley, la deforestación en el país se redujo
en un 60%. No obstante, se debe señalar
la falta de actualización de este dato por
parte de la SAYDS, y que los abusos de
las topadoras y motosierras continúa. Las
causas pueden encontrarse en los malos
ordenamientos territoriales realizados por
gobiernos que han denegado la participación ciudadana, como Córdoba o Formosa, y por otro en la falta de controles de las
autoridades correspondientes.
Al avance de la frontera agropecuaria motorizada por la soja y la ganadería
desplazada de sus áreas tradicionales de
desarrollo, se suman otro tipo de intereses
económicos como los emprendimientos inmobiliarios en el sur o en las regiones de
humedales del Delta. El poder económico
detrás de estos intereses sigue vigente y
es acompañado por políticas oficiales que
promueven su expansión, pero a partir de
2007 la población cuenta con una herramienta para hacerle frente.
La Ley de Bosques se ha encontrado
desde su gestación con un sin número de
trabas: el lobby para frenar su sanción,
la tardía reglamentación, el vaciamiento del fondo para el enriquecimiento y la
conservación de los bosques por quinto
año consecutivo, el desvío de los fondos
asignados, la trampa a los ordenamientos
territoriales. Sin embargo, sigue siendo la
mejor herramienta que hemos tenido para
defender nuestros bosques.
A cinco años de su sanción, el reclamo
es su plena implementación, la sustanciación del Fondo para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques y la garantía de la existencia y funcionamiento
de los canales de participación ciudadana
previstos por la ley. De lo contrario, no se
podrá enfrentar la situación de emergencia
forestal que la norma vino a paliar.
*Integrante de la Junta Directiva de Los Verdes.
de las retenciones de productos primarios y
secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y del sector forestal.
Para Ana Di Pangracio, coordinadora del
área de Conservación de FARN, el Fondo
“es el corazón de la Ley”.
“No sólo hicimos el reclamo a Diputados,
sino también enviamos un pedido de informes al Ministerio de Economía y a Jefatura
de Gabinete porque la disposición de esa
partida surge desde el proyecto que eleva
el Poder Ejecutivo”, concluyó.
9
OPINIÓN
La importancia
de resguardar los
datos personales
Al anotarnos en sorteos o navegar por Internet, brindamos
información a terceros desconocidos, que luego se
transforman en herramientas de marketing y espionaje.
*Por Miguel Sumer Elías
C
ada persona realiza a diario innumerables actividades y transacciones
en las cuales proporciona, directa o
indirectamente, datos personales. Anotarse en promociones o sorteos, comprar en
el supermercado, registrarse en los controles de vigilancia de edificios, inscribirse en
cualquier actividad recreativa, realizar trámites en organismos públicos o empresas,
pagar con tarjetas de crédito o débito, viajar en medios de transporte, navegar por
Internet, descargar archivos, acceder a los
e-mails o interactuar en redes sociales o
foros son algunos de los ejemplos.
Sin embargo, estas actividades se realizan a un ritmo tan acelerado que la gente
no tiene tiempo de prestarle real atención
al hecho que terceros desconocidos tengan datos sobre su personalidad, gustos,
comportamiento, economía, familia, salud,
preferencias, hábitos sociales, políticos y
Los datos sensibles se
refieren al origen racial
y étnico, a las opiniones
políticas, convicciones
religiosas o morales.
de consumo, entre otros.
En el marco de este oscuro sistema se
elaboran gigantescas bases de datos no
controladas que permiten la confección de
perfiles demasiado precisos sobre las personas y son extraordinarias herramientas
para el marketing y el espionaje.
Para poder defenderse de estos abusos
Las personas, empresas
y organismos que
recolectan datos están
obligadas a inscribirlos
en un registro especial.
en el año 2000 se sancionó la Ley 25.326
de Protección de Datos Personales que
beneficia con nuevos derechos a los titulares de los datos y exige pautas para la
recolección y el tratamiento de los mismos,
sobre todo en relación a los denominados
datos sensibles que son aquellos relativos
al origen racial y étnico, a las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o
morales, la afiliación sindical, la salud y la
vida sexual.
De esta forma las personas, empresas
y organismos que recolectan datos están
obligadas a inscribir las bases en un re-
PROTECCIÓN DE DATOS
A nivel nacional
Bajo la órbita del ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales recibe las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de
registros o archivos por violar los derechos
de confidencialidad en el tratamiento de los
datos. Tiene a su cargo el Registro de las
Bases de Datos, instrumento organizado
a fin de conocer y controlar las bases de
datos.
Este órgano de control nacional, cuyo titular es desde 2008 Juan Antonio Travieso,
investiga si la base de datos denunciada
da cumplimiento o no a los principios que
establece la Ley de Protección de Datos
Personales (25.326) y las disposiciones reglamentarias. Tiene también el deber de informar al denunciante el nombre y domicilio
del responsable de dicha base de datos y
cuál es su fin último.
Según figura en la página web (www.jus.
gob.ar/datos-personales.aspx), en caso de
comprobarse el hecho denunciado podrá
aplicarse sanciones administrativas a la
base de datos, de acuerdo al artículo 31 de
la Ley 25.326. Además, el damnificado puede solicitar un Hábeas Data para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos públicos o privados.
En 2003 la Unión Europea (UE) reconoció a Argentina en materia de protección de
información personal. A partir de la adecuación a la que fue sujeta la normativa nacional, no se le aplican las restricciones para la
transferencia de datos personales sino que
se permite el libre flujo de los datos personales con la UE.
En el 2000 se sancionó
la Ley de Protección de
Datos Personales.
gistro especial a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(órgano de control de la ley), a adoptar medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los mismos, a solicitarle el
consentimiento previo al titular e informarle sobre lo que pretenden hacer con sus
datos para que –en última instancia– éste
pueda decidir sobre la conveniencia o no
de proporcionárselos.
Asimismo, los datos deberán recolectarse en forma lícita y leal y no ser utilizados
para finalidades distintas de aquéllas para
las que se recogieron, permitiéndole al titular poder acceder a los mismos cuando
éste lo requiera y/o justifique para rectificar, cancelar o suprimir los que sean erróneos, desactualizados, falsos o excesivos.
La correcta aplicación de este régimen
legal se encuentra bajo la tutela de la mencionada Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales (DNPDP) quien está
facultada para sancionar a los infractores
con apercibimientos, multas de hasta 100
mil pesos, e incluso con suspensiones o
clausuras de las bases de datos (de acuerdo a la gravedad o extensión de la violación).
Es indudable que la informática evoluciona y revoluciona a la sociedad de manera arrolladora, llevándose por delante
décadas de legendarias tradiciones y costumbres y poniendo al Derecho en jaque
al desactualizar a diario longevas normas
jurídicas.
Es por ello que los ciudadanos deberán
necesariamente conocer estas armas legales ya que, conjuntamente con el accionar
del órgano de control, son los únicos que
podrán darle pelea a esta disputa despareja.
*Abogado especialista en Informática e Internet. Director de www.informaticalegal.com y Socio de TechLawBiz. Docente Universitario.
10
La AGN dijo que hay una
demora en “la aplicación
de posibles sanciones”.
UN NEGOCIO QUE CRECE AÑO TRAS AÑO
Agroquímicos: polémica en torno
a su intenso uso y fiscalización
En el 2011 los herbicidas aumentaron su facturación en un 59%. Varios especialistas aseguran que no existe control
“en las condiciones de comercialización”. La Auditoria de la Nación recomendó “realizar monitoreos permanentes”.
S
egún datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
(CASAFE), el mercado argentino de
agroquímicos superó en 2011 los 2.000
millones de dólares. Los químicos más demandados fueron los herbicidas e insecticidas. Mientras que los primeros, cuyo principal producto es el Glifosato, incrementaron
su facturación un 59%, los segundos, a
pesar de haber sufrido una contracción en
relación a 2010, representan el 17% del
mercado.
Hoy en nuestro país se comercializan
más de 500 tipos de agroquímicos. Sin embargo, mientras el negocio crece cada vez
más, se plantea la discusión en torno a la
sustentabilidad y control del cultivo.
La Auditoría General de la Nación (AGN)
aprobó el año pasado un informe sobre el
desempeño del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad (SENASA) en relación a la fiscalización de las empresas
productoras de agroquímicos. Para el organismo de control es “imprescindible que el
Estado extreme las medidas de control sobre los agroquímicos desde su producción
hasta su disposición final”. “Resulta fundamental realizar monitoreos permanentes de
los alimentos para detectar la presencia de
residuos con el fin de garantizar la salud de
los ciudadanos”, destaca el informe.
Gestión Pública se comunicó con el SENASA para contrastar esta información,
Según la AGN, el Estado
debe extremar el control
sobre los agroquímicos
desde su producción
hasta su disposición final.
pero al cierre de esta edición, el ente de
sanidad no brindó declaraciones sobre el
tema.
El ingeniero agrónomo, miembro de la
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (REPAL), Javier
Souza Casadinho afirmó a este medio que
“no hay demasiado control en las condiciones de comercialización”. Además,
denunció que en Argentina se permite la
aplicación de determinadas sustancias que
“están prohibidas en otros países (como el
Endosulfán)”.
En sintonía, el investigador del CONICET y profesor titular de eco-toxicología en
la Universidad Nacional del Litoral (UNL),
Rafael Lajmanovich, consideró que resulta
“difícil fiscalizar a aquellas provincias que
tienen miles de hectáreas cultivadas”. “No
creo que exista una fuerza de control tan
grande que pueda abarcar semejante cantidad de terreno”, enfatizó.
Por su parte, el Director Ejecutivo de CASAFE, Juan cruz Jaime, explicó que “el SENASA es un ente reconocido mundialmente por los altos estándares de calidad que
promueve”. Según remarcó, “trabajamos
codo a codo y estamos conformes con su
desempeño para la regulación de los agroquímicos”.
Un sistema desarticulado.
La AGN analizó también el Sistema Federal
de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB). A través del SIFFAB, SENASA tiene la facultad de aplicar sanciones y
retirar de la venta aquellos productos que
no se encuentran registrados.
El SENASA puede aplicar
sanciones y retirar de la
venta aquellos productos
que no se encuentran
registrados.
Según observó la Auditoría, la articulación
con los organismos provinciales y municipales, que son quienes deberían proporcionarle
toda esa información al SENASA, “es escasa”. Desde la AGN indicaron que hay una de-
mora en “la aplicación de posibles sanciones” porque las muestras de los productos
que se toman durante las inspecciones –y
que se envían a analizar a los laboratorios
del SENASA- “registran retrasos a la hora
de emitir los resultados”.
Desde CASAFE manifestaron su desacuerdo en relación al desempeño de este
sistema. “El SENASA nos fiscaliza, controla
y regula. Tenemos reuniones conjuntas y
cuando hay una consulta pública siempre
respondemos”, expresó el director ejecutivo de la Cámara. En contraposición, Souza Casadinho cuestionó el modo en que se
categorizan a los agroquímicos a través de
la dosis letal media: “Este procedimiento es
insuficiente. Se determina la toxicidad de
estos productos de acuerdo a la cantidad
de ratas que mueran luego de ingerirlos. Es
decir, cuanto más pueda comer el animal
antes de morir, el producto será menos toxico”, explicó y advirtió que esta modalidad
“no tiene en cuenta las enfermedades crónicas que pueden generar los agrotóxicos”.
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OPINIÓN
DE LA EDITORIAL EDHASA
¿Protagonismo de los
estados nacionales?
Aquel periodismo
*Por Atilio A. Boron
M
ucho se ha escrito de la creciente
irrelevancia de los estados nacionales, considerados como jurásicas
sobrevivencias de un pasado definitivamente sepultado por el avance de la globalización neoliberal y los poderes transnacionales. Este discurso prendió con fuerza en
muchos países latinoamericanos y -previsiblemente- muy poco en los capitalismos desarrollados cuyas dirigencias saben distinguir muy bien entre las modas intelectuales
y políticas de una época y las necesidades
concretas a las cuales sirven los gobiernos.
En esta parte del mundo la prédica que
nos invita a “achicar el estado” (que, recordémoslo, irrumpió como dogma oficial
durante los años del terrorismo de estado
y que se acompañaba con un atractivo corolario: “agrandar la nación”) fue inclusive
acogida con beneplácito por la mayoría de
las coaliciones gobernantes y un sector mayoritario de la intelectualidad y los políticos
del progresismo que creyeron –en un rapto
de imperdonable ingenuidad- que el pregonado ocaso estatal abriría las puertas a la
dinámica expansiva y virtuosa de los mercados a la vez que precipitaría el proporcional fortalecimiento de la sociedad civil.
La historia, madre de toda teorización sobre lo social, refutó implacablemente estas
ocurrencias, pues sería exagerado considerarlas como “teorías”. Lo que en verdad
pasó lo puso en evidencia la actual crisis
general del capitalismo: los estados de los
países avanzados lejos de debilitarse o
de cederle su lugar y sus funciones a los
mercados hicieron exactamente lo contrario: se fortalecieron, si bien por la vía de un
gravísimo endeudamiento, y extendieron el
ámbito de sus intervenciones a los efectos
de enfrentar la crisis.
Más allá del hecho de que esta movida
no haya tenido hasta ahora los resultados
esperados (y es poco probable que las cosas vayan a ser distintas en los próximos
años) lo cierto es que el protagonismo de
los estados lejos de menguar no hizo sino
agigantarse, desairando las especulaciones de los analistas que hasta hace poco
entonaban los himnos fúnebres con los
cuales se despedía a los estados nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, esta
reafirmación de lo estatal dio pábulos a
“Los estados de los
países avanzados lejos
de cederle su lugar a
los mercados hicieron
exactamente lo contrario”
11
Política, medios y periodistas en la Argentina (1965 -2012)
A mediados de la
década del sesenta
Argentina vivía una
euforia política y
cultural. La Revolución Cubana era
un faro para la militancia, y un alerta
para el poder de
turno; el Instituto Di Tella renovaba el
lenguaje del arte; la universidad estaba
en un momento de gloria; los escritores
latinoamericanos encandilaban a los
lectores.
En ese clima el periodismo modificó
su lenguaje y buena parte de su ideario.
Surgieron revistas míticas como Primera Plana, Panorama y Confirmado. El
ofició se profesionalizó. Una legendaria
generación de periodistas nació de la
mano de los momentos más intensos de
la historia nacional: El Cordobazo, el asesinato de Aramburu, la guerrilla de los setenta, la vuelta de Perón, la dictadura y la
democracia recuperada en 1983.
En estos tiempos de política, pasión y
violencia cambió el lugar del periodismo
en la sociedad y se complejizó su relación
con el poder. Hoy esa tensión se agudizó
al máximo. La batalla no parece ser por la
verdad, sino por el dominio.
Desde aquellos días, que parecen un pasado romántico, hasta este presente, que
hace unos años era difícil imaginar, Daniel
Muchnik narra en este libro una historia
que vivió y de la que continúa siendo actor
destacado.
Autor: Daniel Muchnik
Editorial Edhasa / 2012
EDITORIAL BIBLOS
¿Más derechos, menos marginaciones?
“En EEUU esta reafirmación de lo estatal dio pábulos
a una campaña de la derecha radical”
Políticas sociales y bienestar en la Argentina
En suma: fortalecimiento del estado para
controlar y corregir los efectos desquiciantes de los mercados, imponer salvajes ajustes, controlar la protesta de los trabajadores
y recomponer las ganancias de las empresas. En la periferia capitalista, en cambio,
la crónica debilidad de nuestros estados
nacionales ha permitido –como en el caso
Es corriente asumir que las políticas
sociales
corrigen
distorsiones, desarreglos, inequidades e injusticias que
provoca la acción
de los mercados en
la estructura social.
Sin embargo, la tesis central de este
libro arriesga que las políticas sociales
contribuyen a modelar la desigualdad y
la marginación. De este modo, juegan
un rol protagónico en la formación de
“Sin un estado fuerte, y
con servidores públicos
bien remunerados, ningún
esquema económico
puede funcionar”.
de la Argentina- la perniciosa extranjerización de la cúpula empresaria que opera en
el país (aproximadamente, las dos terceras partes de las mayores empresas son
extranjeras) y el mantenimiento de un régimen tributario sumamente regresivo que
retroalimenta la debilidad estatal.
Si en algo se fortalecieron nuestros estados fue en su capacidad represiva, nada
más. El problema trasciende pues lo epistemológico.
No se trata de refutar ocurrencias disparatadas sino de ser concientes de que sin
un estado fuerte, sólido financieramente,
correctamente organizado y con servidores
públicos bien remunerados y jerarquizados
ningún esquema económico, sea capitalista
o socialista, puede funcionar. Y la víctima
de esa malfunción no es el teórico refugiado en su gabinete universitario sino la población y, muy especialmente, los sectores
populares, tradicionalmente vulnerables
ante los impactos del ciclo económico. Es
por ello que necesitamos más estado y, sobre todo, un mejor estado.
una increíble campaña de la derecha radical,
emblematizada en el Tea Party, que acusó
al presidente Barack Obama de conducir al
país al comunismo.
Lo que en realidad hizo Obama, y con él
todos los gobiernos del mundo desarrollado,
fue acudir en auxilio del capital socializando
sus pérdidas y evitando el “efecto dominó” de
una serie de quiebras que sí hubieran puesto en graves problemas al capitalismo como
*Politólogo y sociólogo
sistema.
una “brecha” entre las aspiraciones ético
normativas planteadas desde la retórica de
protección y promoción de los derechos humanos y las condiciones de realización de
las oportunidades de vida de las personas.
Los autores analizan un conjunto de políticas sociales implementadas en Argentina
combinando orientaciones teóricas provenientes del campo del derecho, la sociología
y la ciencia política.
Compiladores: Laura Pautassi y Gustavo
Gamullo
Editorial: Biblos / 2012
DE LA EDITORIAL CAPITAL INTELECTUAL
La extraña no-muerte del neoliberalismo
Cuando la crisis
de 2008 hizo estallar por los aires al
sistema financiero,
la mayoría de los
observadores especializados decretaron la muerte del
neoliberalismo, ese
corpus de ideas
que en las últimas
décadas había subyugado a la mayoría
de las economías desarrolladas, y también a muchas no desarrolladas.
Sin embargo, para Colin Crouch –
quien ya en 2004 sorprendió con su
anterior libro Posdemocracia–, el neoliberalismo goza de buena salud. Según sostiene, un ejemplo de ello es el
modo en el que las grandes corporaciones
salieron fortalecidas de esa crisis que, en
un primer momento, pareció que las derrumbaría.
“A pesar que fue el comportamiento
de los bancos el que causo la crisis de
2008/2009, éstos emergieron de ella más
poderosos que antes. En cambio, la mayoría de los otros sectores perjudicados por
los efectos de la crisis no fueron protegidos”, analiza Crouch en su libro.
Para el autor, la protección de los bancos
a cuesta de los “recortes masivos del sector público” indica que el sector financiero
“prevalecerá más que nunca en la estructura económica”.
Autor: Colin Crouch
Editoria: Capital Intelectual / 2012
12
SOBRE DATOS DEL 2009
La Dirección de Arbolado Urbano
se concentra en los vecinos “VIP”
Un informe de la Auditoría porteña reveló la existencia de un “circuito preferencial y discrecional” para dar respuesta
a pedidos urgentes de cortes de ramas y reparación de veredas, notificados desde distintas áreas del Ejecutivo.
L
a Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires (AGCBA) detectó en
2009 que la Dirección General de Arbolado Urbano (DGARB) se concentró en
atender “reclamos VIP”. El organismo de
control especificó la existencia de un “circuito preferencial y discrecional” para dar respuesta a los pedidos urgentes de vecinos
especiales, ya sea por su insistencia o notificados por la Secretaria Privada de Jefe de
Gobierno, Vicejefa de Gobierno, Jefatura
de Gabinete, Ministros o Subsecretarios.
Según datos difundidos por el portal
www.elauditor.info, “la DGARB inspeccionó sólo el 9% de los 57.100 reclamos de
corte de ramas, reparación de las veredas
rotas por el crecimiento de las raíces y daños sobre vehículos y viviendas producidas
por caídas de árboles”. Por otro lado, la Auditoría porteña señaló que de ese total “sólo
se solucionó el 1%”.
para operar en la vía pública realizando sus
tareas. De hecho, les mostraron a los auditores varias cajas de motosierras nuevas
que no son adecuadas para realizar trabajos en altura debido a su peso excesivo. Y
añadieron que, cuando se rompe la cadena
de las motosierras viejas, que son más livianas, las reponen sacándoles las cadenas a las nuevas.
Inspección y control
Al momento de la auditoria, se pudo verificar que “sólo se hacían trabajos basados
en los reclamos”, los cuales se reciben a
través de dos vías: por un lado el 0800999-2727 (call Center del SUACI) y por otro
en los Centros de Gestión y Participación
El informe reflejó que
la sede de Avellaneda
tiene un galpón industrial
que muestra un completo
estado de abandono.
Sobre la Dirección
La Dirección General de Arbolado Urbano,
creada por decreto en mayo de 2009, se
encarga de mantener y conservar los ejemplares arbóreos de la ciudad de Buenos
Aires. Además, debe controlar a las empresas que realizan el mantenimiento del
arbolado y atender los reclamos vecinales.
Para llevar adelante estas tareas, la Ciudad
Los reclamos se reciben a
través de dos vías: por un
lado el 0800-999-2727 y
por otro en los Centros de
Gestión y Participación
fue divida en seis zonas, en dos opera la
DGARB y en el resto empresas privadas.
Según informa la página web de la Dirección, las tareas involucradas en el contrato
son, fundamentalmente, las correspondientes a poda, con dos épocas de receso
coincidentes con la veda oficial que se establece anualmente de acuerdo a las observaciones fenológicas del estado de las distintas especies que componen la mayoría
del arbolado público, la extracción de árboles secos y de riesgo, y la poda de raíces.
El organismo realiza el mantenimiento
del arbolado a través de dos dependencias
ubicadas en la calle Venezuela y en el Parque Avellaneda. Según el informe realizado
por la AGCBA en el 2010, la dependencia
de Venezuela presenta varias falencias. En
cuanto a movilidad, la delegación posee
dos camionetas tipo Pick Up y una Trafic
que, al momento de la visita, se encontraban paradas por no tener presupuesto para
hacerlas funcionar.
Por otro lado, en relación al equipamiento y debido a la falta de elementos como
sierras, hidroelevadoras, escaleras, sogas,
palas o hachas, la mayoría de los operarios
están sin realizar tareas. Según la información difundida por www.elauditor.info, la dependencia tampoco cuenta con equipos de
comunicación, por lo que, una vez que los
operarios salen a la calle, no hay manera
de seguir en contacto con ellos.
Otra de las falencias detectadas por los
auditores tiene que ver con la falta de ca-
La DGARB inspeccionó
sólo el 9% de los 57.100
reclamos de corte de
ramas y reparación de
las veredas rotas.
pacitación que recibe el personal de la Dirección. Según el delegado sindical, ellos
aprenden el trabajo “en la cancha”. Además, advirtieron también que las órdenes
de trabajo telefónicas recibidas quedan
agendadas en “papelitos” puestos en un
pinche, es decir no se registran de manera
formal.
Instalaciones
En cuanto a las instalaciones, el informe de
auditoria reflejó que la sede de Avellaneda tiene un galpón industrial que muestra
un completo estado de abandono (fisuras,
filtraciones y manchas de óxido) y que, al
momento de la visita de los auditores porteños, parecía estar siendo reformado por los
mismos operarios de la dependencia.
El Jefe Operativo del lugar expresó que
en las nuevas obras realizadas en plazas y
parques, los árboles son comprados a terceros, es decir, a viveros particulares. Los
auditores señalaron que “no se aprovechan
las especies de árboles adultos cultivadas y
existentes en dependencias de la DGARB
y/o la DGEV (Vivero Municipal)”. Además,
remarcaron que los árboles que se encuentran en la DGARB no pueden ser manipulados por falta de maquinaria, como por
ejemplo palas mecánicas.
Los agentes presentes al momento de la
auditoría comentaron que nunca se los consultó acerca de sus necesidades en cuanto
a ropa, insumos y maquinarias necesarias
(CGP) correspondientes al domicilio afectado. También se reciben los reclamos denominados “VIP”. Además, la auditoría “no
pudo tener acceso a información ni documentación (actas) resultado de las inspecciones dado que la DGARB no contaba con
las mismas”.
Según lo que informaron fuentes de la
Dirección de Arbolado Urbano, “se realizó
un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para realizar un relevamiento
de los árboles en las zonas de juegos de
las plazas”. Pero advirtió que “el grave riesgo potencial que representa el estado del
arbolado y la gestión de mantenimiento
respecto de las personas y las cosas ante
accidentes”. Para la AGCBA “el riesgo real
y completo no puede calcularse ya que el
nuevo organismo (DGARB) desconoce fehacientemente el estado de situación del
total del arbolado de Buenos Aires”.
Por último, en el informe se advierte que
en una entrevista con la Directora Operativa de la Dirección Operativa Inspecciones y
Certificación de la DGARB, “en el año 2009,
prácticamente, no se habían realizado Inspecciones ni Controles sobre las empresas
Contratistas del Servicio de Mantenimiento
de Arbolado”.
Acuerdo con el Jardín Botánico
Según informó el ministerio de Espacio Público, la Dirección de Arbolado y el Jardín
Botánico, acordaron desarrollar un plan de
propagación de especies arbóreas notables
de la Ciudad que se destacan por cualidades estéticas, botánicas o históricas. Mientras la Dirección identifica las especies y
provee los insumos, el Jardín Botánico brinda el sitio de cultivo, cuidado y la certifica
los ejemplares.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ENTREVISTA A MARÍA

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