documento sobre la situacion del agro y desarrollo

documento sobre la situacion del agro y desarrollo

DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION DEL AGRO Y
DESARROLLO RURAL DESDE EL MARCO DE LOS ACUERDOS
DE PAZ EN GUATEMALA
PRESENTADO POR:
DELEGACION GUATEMALTECA PARA LA INCIDENCIA INTERNACIONAL
CONFORMADA POR:
Gilberto Atz, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(CNOC)
Byron Garoz, Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP).
Ursula Roldán Andrade, Pastoral de la Tierra Interdiocesana (P.T.I.)
DIAGNOSTICO SITUACION AGRARIA Y RURAL:
La población rural del país representa el 65% y un 75%1 de la población
rural sigue vinculada a la actividad agrícola, vía el empleo agrícola, el
arrendamiento de la tierra y los pequeños productores, sin dejar de lado que
dicha población diversifica su ingreso con otras actividades no agrícolas. Pese
a ello la agricultura sigue siendo importante en términos económicos y sociales
ya que en 1997 las exportaciones agrarias representaron el 57.4% del total de
exportaciones del país,
Sin embargo el modelo se ha caracterizado en las últimas tres décadas
por una tendencia hacia el estancamiento y declinamiento, ya que la
contribución del sector agropecuario en la formación del PIB después de
representar en los años setenta un 28%. Para el período 1991/1996 el aporte
promedio se situó alrededor del 25% y en 1998 sólo represento el 23.3% en
1998.2
Tampoco se muestra mucho dinamismo en los sectores productivos.
Algunos datos evidencian la afirmación anterior3. Por otro lado, la superficie
cultivada de los productos tradicionales de exportación se ha mantenido casi a
los mismos niveles que hace tres décadas atrás, pero hubo reconversión en el
patrón de cultivos al desaparecer el algodón. El único cultivo tradicional de
exportación que ha mostrado mayor dinamismo ha sido la caña de azúcar, que
dio un salto en más del 200% de manzanas cultivadas en 1997 en todo el
territorio nacional. Dentro del rubro de no tradicionales, destaca el crecimiento
1
Censo Poblacional 1994.
PNUD, “Guatemala el Rostro rural del Desarrollo Humano”, 1999.
3
El sector agropecuario, industrial y comercial muestran una tendencia declinante con relación
a su aporte en la formación del PIB durante el período 1970-1996. Los sectores que aumentan
su participación en el PIB son el sector de transporte, almacenaje y comunicaciones,
Electricidad, gas, agua y la Banca, seguros e inmuebles,
servicios y construcción,
consolidándose de este modo una economía más generadora de servicios que de productos,
aumentando la desarticulación entre la agricultura y la industria.
2
1
de la palma africana, registrándose para 1997 una superficie cultivada de 27
mil manzanas. Desde el ámbito de la seguridad alimentaria, resulta
preocupante la reducción significativa de la superficie dedicada a granos
básicos y el aumento en la importación de dichos productos. Situación que se
agrava porque nuestros campesinos van a depender ya no sólo del mercado de
insumos sino también de semillas. Los países del Sur pretenden crear una
dependencia alimentaria.
En términos de empleo, la agroexportación tradicional genera el 25% del
total de puestos de trabajo del sector agropecuario. Pero se demanda fuerza
de trabajo que no requiere calificación de modo que los salarios tienden a ser
bajos4, sin seguridad social y cada vez más el trabajador agrícola tiene una
condición de temporal lo que le hace vulnerable en relación con los derechos
laborales. El empresariado guatemalteco cafetalero por ejemplo promueve hoy
una liberación del empleo agropecuario, lo que empeoraría la situación de
miseria y explotación. Dadas las características del modelo agroexportador,
cerca del 37% de la población económicamente activa es no calificada y
solamente el 1% está considerada como profesional.
Es relevante en lo rural la disminución del empleo agrícola y el aumento
de la ocupación diversificada, la informalidad y la inserción en diferentes
mercados de trabajo temporales en actividades como el comercio, la artesanía
y los servicios, que en total representa un 25%, sin que estas tampoco tengan
un impulso para su crecimiento y se logren perfilar como nuevos ejes de
desarrollo para el área rural. Dentro de estas estrategias de supervivencia se
encuentra también la migración, una estacional que se caracteriza por la
movilización de población del Occidente hacia la costa y boca-costa y cada vez
más hacia el sur de México, para la recolección de cosechas de
agroexportación, (aproximadamente unos 500,000 campesinos). Así mismo la
migración definitiva interna y externa hacia la ciudad capital y Estados Unidos.
Es un modelo que ha incorporado poco valor agregado y escasa
reinversión. Ha persistido fundamentalmente la exportación de materias
primas, sin avanzar substantivamente, excepto algunas ramas, en procesos de
agroindustrialización. Esta característica se refleja en el comportamiento de la
inversión en la agricultura. Desde los años 70, el nivel de inversión no ha
sobrepasado el 8% y su comportamiento ha sido declinante hasta llegar en
1995 a un 5% aproximadamente.
Este modelo se basa en una estructura agraria que no favorece el
acceso a los recursos productivos (tierra, financiamiento y tecnología). En la
estructura de tenencia de la tierra las fincas multifamiliares que apenas
representan el 2.5% del total de fincas del país controlan el 65% del área total
en fincas, mientras que las propiedades subfamiliares representan el 88% de
4
En términos comparativos, un peón agrícola costarricense recibe 6.8 dólares por jornal,
mientras que un peón agrícola guatemalteco recibe 2.5 dólares por jornal (CEPAL. Información
básica del sector agropecuario, sub-región norte de América Latina y el Caribe, página 224)
2
las fincas pero sólo controlan el 16% de la tierra. Dicha estructura sigue
manteniendo en el campo una situación de conflictividad.
Con relación al crédito, se estima que la pequeña producción sólo tiene
acceso a la oferta crediticia a través de los fondos de fideicomisos, los cuáles
durante la década de los ochenta representaron el 5% del total de la oferta
crediticia5. El patrón de concentración de la tierra y del crédito se manifiesta
también en la incorporación de riego, maquinaria y abonos6.
Todo este modelo favorece la degradación de los recursos naturales por
la presión ejercida desde el aumento de la frontera agrícola, que en la
actualidad se expresa con una cobertura de bosque del 26.6% hasta 1998
mientras que la vocación forestal es del 51.1%. El aumento poblacional que
mantiene una fuerte demanda de leña, agua y subproductos para la actividad
agrícola y la gran empresa que provoca niveles de contaminación de las aguas,
degradación de los suelos y depredación de los bosques.
La pobreza en el campo se manifiesta creciente ya que sólo en 10 años
aumento 18 puntos, en los años 90 el 85% de la población se encontraba en
condición de pobreza, manteniendo contradictoriamente una alta tasa de
crecimiento poblacional lo que va en detrimento de la calidad de vida del área
rural. Otro dato que manifiesta la situación que se vive en el campo es el
índice de desarrollo humano que según el informe de PNUD “Guatemala el
rostro rural del Desarrollo humano”, es en 1998 de 0.59 que aunque significa
una mejora en los últimos años, este aún no refleja condiciones dignas de vida.
En conclusión este modelo reproduce la pobreza, si no hay esfuerzos para
realizar cambios económicos y ajustes de este modelo, la situación en el
campo continuará sin que se logre visualizar un futuro promisorio para las
presentes y futuras generaciones del campo, provocando para el país
situaciones de inestabilidad, ingobernabilidad y deterioro en las condiciones de
subdesarrollo.
UNA EVALUACION SOBRE EL AVANCE DE LOS ACUERDOS DE PAZ:
Los Acuerdos de Paz se consideran un avance en cuanto a que los
mismos significan el término de un conflicto armado de más de 3 décadas con
saldos invaluables de perdidas humanas, destrucción del tejido social y
establecimiento de una sociedad aún atemorizada, militarizada y con resabios
de la conflictividad.
En este sentido los Acuerdos de Paz, despertaron expectativas en
cuanto a la creación de nuevos espacios para la formulación de políticas
públicas y en sus aspectos sustantivos reflejan los anhelos de esta sociedad,
en cuanto que “se quiere una paz firme y duradera cimentada sobre un
5
AVANCSO, Agricultura y campesinado en Guatemala: Una aproximación, Textos para Debate
No.1, 1993.
6
Ibid.
3
desarrollo socioeconómico, orientado al bien común, que responda a las
necesidades de toda la población, superando las situaciones de pobreza,
extrema pobreza y marginación social y política”7.
Así mismo se define que el Estado debe ser orientador del desarrollo
Nacional como legislador, como fuente de inversión pública y prestador de
servicios, como promotor de la concertación social, conciliador de intereses y
de la resolución de conflictos.
Refiriendo un desarrollo participativo y
sustentable.
Con relación a la situación socioeconómica y agraria el Acuerdo
específico plantea postulados como la necesidad de la transformación de la
estructura de tenencia y uso de la tierra. Que la misma solución pasa por la
modernización de las modalidades de producción y de cultivo, protección del
ambiente, seguridad de la propiedad, la adecuada utilización de la tierra y el
trabajo, la protección laboral y una distribución más equitativa de los recursos y
beneficios del desarrollo.
Es así como creemos que dichos aspectos conceptuales son un punto
de partida, sin embargo los mecanismos utilizados para la implementación no
representan del todo un cumplimiento a dichos aspectos sustantivos de los
Acuerdos.
Por lo tanto sé a avanzado en la creación de la institucionalización
agraria a través de la creación de una unidad técnica-juridica de la tierra, la
creación de una Oficina Presidencial de Resolución de Conflictos
(CONTIERRA), la creación de una Comisión Paritaria de Asuntos Relativos a la
Tierra con parte Gubernamental y representación indígena, la creación de una
Coordinadora Nacional para el Desarrollo Agropecuario (CONADEA) también
con representación campesina.
Y en términos de implementación de leyes, se aprobó la ley del Fondo
de Tierras y se está en proceso de discusión de una ley de Catastro.
El Ministerio de Agricultura definió una política agraria para los próximos
10 años que de forma similar a los Acuerdos de Paz plantea la necesidad de
impulsar un desarrollo rural sostenible, dando prioridad al ordenamiento
territorial, la seguridad jurídica de la tierra y la modernización del agro.
Sin embargo todos estos avances, repitiendo “conceptuales y de
creación de instituciones
formales”, tienen contradicciones y presentan muchas debilidades en los
mecanismos de implementación, tales como:
1. En términos globales afirmamos que el Gobierno que esta concluyendo su
mandato mantuvo siempre una doble agenda, los Acuerdos de Paz y la
7
Acuerdos de Paz, suscritos entre el Gobierno de Guatemala y La Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, en 1996.
4
aplicación de las políticas que fijan al mercado como asignador absoluto de
los recursos. De esta cuenta el Estado no ha cumplido con el rol asignado
por los Acuerdos de Paz, como promotor de desarrollo, sino realiza
actualmente una función solamente de facilitador, subsidiario y solidario y
que dada las restricciones estructurales que bloquean e inhiben el
desarrollo rural, esta función no es suficiente para garantizar condiciones de
desarrollo. De esta manera se ha ejecutado una política de disminución del
gasto público, de privatización y consecuentemente se ha desmantelado
casi la totalidad de instituciones de servicio para el sector agrícola.
2. Por otra parte se evidencia en esa misma dinámica de doble agenda, que
muy poco se entrecruzan, tal es el caso que mientras en las Comisiones
Paritarias se discuten la concreción y ampliación de los Acuerdos de Paz,
los Ministerios definen lineamientos y políticas bajo otros criterios y
orientaciones. Así mismo los procesos de operativización han descansado
sobre mecanismos que son muy rígidos en relación con la ampliación de
sectores sociales y de incorporación de aportes.
La política que esta siendo aplicada por el MAGA da prioridad a los sectores
“productivos” entendiéndose por ellos a los grandes terratenientes y sector
agroexportador, dejando a su suerte a los pequeños productores a quien
sólo se les asigna los fondos sociales. Además dicha política no fue
ampliamente discutida con los sectores sociales, por lo tanto no tiene
ningún respaldo social ni legitimidad alguna.
3. Actualmente CONADEA es reducida en representación y participación, así
como por ejemplo este organismo no fué el que elaboró la política del
MAGA para los próximos 30 años. Por lo que creemos que esta instancia
no ha cumplido con su misión de "Maximo rector de la política agraria" lo
que implicaría desarrollar el rol de concertación y de consulta para definir,
planear, ejecutar y evaluar las políticas (según el espíritu de los Acuerdos
de Paz) con una amplia participación campesina, indígena, ONG, etc.
4. La reconversión del Banco Nacional Agropecuario (BANDESA) en un Banco
de propiedad mixta con posibilidades de participación de la Sociedad Civil,
participación que esta determinada por la capacidad económica (US$
250,000) para ser accionista de la Junta Directiva donde si se podría influir
en la política de dicha institución. Por lo que hasta el momento la
participación es limitada y por lo tanto la política de dicho banco no ha
logrado impactar en el Desarrollo Rural, de esta forma, no hay acuerdo
para establecer mecanismos especiales para apoyar a los minifundistas y el
crédito que se otorga no satisface la demanda real para la producción,
además que un gran sector queda fuera de dicho beneficio por sus
características de carencia de garantías.
5. CONTIERRA no puede ser una instancia que resuelva conflictos, mientras
su mandato no se amplie y le permita intervenir en conflictos manifiestos,
así mismo mientras no se tenga una base legal que le permita esclarecer
los expedientes.
5
6. El Fondo de tierras como mecanismo financiero no va a resultar efectivo en
un mercado imperfecto como el guatemalteco, caracterizado por una
estructura agraria con extrema concentración de la tierra, su capacidad de
compra siempre será limitada, sino se implementan medidas que regulen o
contrarresten la poca y elevada oferta de la tierra (en términos de precio de
la tierra y disponibilidad).
Así mismo el mecanismo financiero de acceso a tierra es limitado por la
falta de recursos (asignación presupestaria) para cubrir no sólo la demanda
de acceso a tierra sino financiamiento para la producción y para cubrir las
demandas de asentamiento e infraestructura social, ya que se trata no sólo
de resolver el problema de acceso a tierra sino de generar condiciones de
desarrollo rural. Por ejemplo para el año 2000 el Fondo de tierras, tiene
asignado Q.79,701,536 frente a una demanda de 492 expedientes, que
implicaría un requerimiento de Q.1544,184,477.73. (Fondo que esta
destinado fundamentalmente para el acceso). Sin embargo esto también
depende del nivel de ejecución de la institución, el cual en el 99 no llego ni
al 50%, situación que se explica no sólo por fallas institucionales, sino tiene
mucha relación con las deficiencias en la oferta de fincas.
Pero FONTIERRAS no significa sólo financiamiento para acceder a la tierra,
en su ley a quedado incluido el mecanismo de regularización que significa
un vacío legal por la desaparición del Instituto Nacional de Transformación
Agraria (INTA) y la existencia de 100 a 150 mil expedientes sin resolver.
Hasta la fecha no hay claridad sobre el proceso y esto esta provocando
procedimientos anómalos.
7. Una ley de Catastro Nacional debe prever una discusión amplia, para que
sea aplicable y tenga el respaldo social que necesita, que prevea la
participación ciudadana en su implementación así como que signifique un
sistema descentralizado y que avance en brindar suficiente información
para la resolución de los conflictos agrarios.
8. El enfoque de los Fondos Sociales es de dispersión, clientelismo y
utilizados en las coyunturas electorales más fuertemente con fines políticos.
Mientras mantengan un enfoque subsidiario estos no podrán ser un
instrumento que favorezca el desarrollo rural.
9. La sociedad civil en términos generales y en particular las organizaciones
relacionadas con el agro no se han articulado lo suficiente y por lo tanto
todavía no se ha logrado constituir una fuerza social amplia que proponga
alternativas desde la visión campesina, a la problemática rural.
10. En el aspecto laboral es donde menos avance se visualiza, ya que continua
el incumplimiento a los derechos laborales mínimos, el salario mínimo no se
paga en todas las fincas y tampoco el mínimo garantiza la reproducción de
la familia ( US$ 2 diarios, que al mes hacen $60) frente a una carestía en la
canasta básica (se calcula que una familia para cubrir sus necesidades
6
básicas debe tener un ingreso mensual de US$ 289.80 al mes) y la
devaluación creciente de nuestra moneda (7.80 quetzales por 1 US$).
Además los trabajadores carecen de toda seguridad social. No se ha
reformado el marco jurídico, situación que no permite que las leyes
laborales reconocidas respondan a la realidad laboral que hoy se presenta,
en términos de la cada vez mayor existencia de trabajadores eventuales, la
negación a la organización sindical y la contratación a través de las
transnacionales que significa más trabajo femenino, de niños y menos
garantías laborales.
UN BREVE COMENTARIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL ACTUAL
GOBIERNO:
Sin duda alguna a muchos nos ha sorprendido los resultados del último evento
electoral donde con una mayoría significativa el partido opositor ganó no sólo el
poder ejecutivo, sino legislativo y varias autoridades locales en el interior de la
República, así como una marcada simpatía en todo el país. Considerado como
un partido de extrema derecha, vinculado al pasado contrainsurgente y algunos
miembros a situaciones de narcoactividad y corrupción. Aunque durante los
últimos meses de campaña se le reconociera con una variante populista a
través del discurso específicamente del candidato a la Presidencia, hoy
Presidente electo Lic. Alfonso Portillo.
Son muchas las causas que se pueden analizar que dieron orígen a dicho
fenómeno, pero que en conclusión nosotros creemos tiene que ver con: un
castigo al partido oficial por las políticas de privatización de los servicios
básicos (con fuertes acusaciones de malos manejos en dichas transacciones),
por la inseguridad que reino durante los 4 años de gobierno, la falta de mejoras
en las condiciones económicas de las familias guatemaltecas y una marcada
prepotencia frente a organizaciones civiles y la prensa en especial. Así
también un deseo incesante de cambio de dichas realidades cotidianas,
combinado con una percepción superficial de la población con respecto a las
soluciones, por lo que un discurso populista fue muy oportuno a las
expectativas de una población que se sume en la pobreza y la exclusión.
Frente a esta realidad, creemos que aunque existen razones suficientes para
exteriorizar temores generalizados de una sociedad civil y comunidad
Internacional, consciente y sensible de la situación de violación a los Derechos
humanos en Guatemala del pasado reciente durante el conflicto armado
interno y el peligro que pueda representar tener a algunos personajes
vinculados a dichos acontecimientos en el actual gobierno, no nos debe
aterrorizar ya que como sociedad no creemos permitir una vuelta al pasado, ni
creemos que las actuales autoridades lo estén visualizando de esa manera.
Además las contradicciones que provocan corrientes aparentemente opuestas,
como las que se encuentran al interior del partido ganador, puede generar
oportunidades para establecer cambios a nivel de país y una reorganización de
la Sociedad Civil bastante mediatizada en sus acciones en el proceso anterior.
7
Así mismo las demandas de la población serán fuertes frente a los grandes
compromisos del actual gobierno, que si quiere mantenerse en el poder no
podrá cometer los errores de sus antecesores.
PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:
En términos generales demandamos de la Comunidad Internacional su apoyo e
incidencia en los órganos de decisión del Estado de Guatemala, para que El
país implemente una nueva visión y estrategia de desarrollo, ya que no puede
seguir siendo sólo un país de exportación de materias primas, necesita de una
definición política sobre nuevos ejes de producción.
El país requiere concertar las distintas visiones, para establecer verdaderas
salidas al modelo económico vigente.
Dentro de esto, es fundamental visualizar que el apoyo en el desarrollo rural es
estratégico para perfilar un desarrollo nacional y el primero no se puede
resolver si no existen medidas decididas para amortiguar la pobreza, vía la
creación de oportunidades de los sectores empobrecidos del área rural, con
acceso a los recursos productivos: acceso a la tierra, apoyo en inversión
productiva, financiera y tecnológica para el sector agropecuario, pero sobre
todo para los sectores informales y de empresa rural.
Específicamente al BANCO MUNDIAL le solicitamos establecer mecanismos
reales de discusión sobre el modelo que sé esta impulsando, vía el fondo de
tierras, catastro, replantear la tesis de que el mercado es el que resuelve el
problema agrario en Guatemala. Así como todos aquellos planteamientos
que tienen que ver con la propiedad de la tierra, cuyas formas de
legalización que se propongan no pueden establecerse aisladas de las
características de las comunidades indígenas; así mismo tomar en cuenta las
implicaciones que esto tiene para el manejo y sostenibilidad de los recursos
naturales.
Solicitamos a la misión del banco mundial verificar el nivel de implementación
de sus proyectos, con la Sociedad civil, ya que hasta hoy no hay control social
sobre los niveles de planificación, ejecución, evaluación y determinación del
impacto.
A la Comunidad Internacional les manifestamos que es fundamental para
nuestro país resolver el problema de recaudación fiscal, pero para nosotros es
de relevancia, vincular la posible Reforma fiscal y el desarrollo rural, en
términos de tener claridad de hacia donde se orientará el gasto público, que
debe tener una estrecha relación con la definición de las políticas de desarrollo
Nacional y rural. La actual comisión fiscal es más partidaria que de
representación social y Nacional, urge ampliar el nivel de participación. Y
conformar una instancia Nacional (no sólo sectorial, como es el caso de
CONADEA ) de definición de políticas para el desarrollo rural.
8
Como guatemaltecos tenemos el reto de lograr una efectiva implementación de
Los Acuerdos de Paz, para ello nuestra propuesta para el actual gobierno y
como una demanda de incidencia para la comunidad Internacional, es que este
debe crear una mejor dinámica de implementación, que garantice la
participación y concertación de la sociedad civil, para lograr el avance en los
temas de relevancia para el desarrollo Nacional.
Para ello las actuales mesas de negociación deben abrir espacios de debate y
concertación, para garantizar el respaldo social a las propuestas que se
trasladen, sobre todo cuando se trate de iniciativas legislativas y de reformas a
los sectores de servicios.
Sin embargo dichas comisiones aún con esas características, siempre serán
limitadas para lograr los cambios que se requieren, donde los Acdos. De paz
son una base sustantiva, por lo que proponemos que se abran otras instancias
de discusión cuya referencia puede ser los espacios locales (Municipales y
departamentales), regionales (más de 2 departamentos afines), con
participación multisectorial (Ongs. Organizaciones de base, Estado, Iglesias,
etc.) y desde acá construir una instancia Nacional por temas prioritarios. El
desarrollo rural, estámos seguros debe ser una prioridad Nacional.
A continuación hacemos observaciones, propuestas y sugerencias para los
proyectos específicos que desde los Acuerdos de paz se están perfilando:
INSTITUCIONALIDAD AGRARIA:
La anterior institucionalidad agraria estaba representada por el Instituto de
Transformación Agraria –INTA- y el Ministerio de Agricultura. Con el
gobierno del Presidente Arzú y desde la perspectiva de los Acuerdos de
Paz, se planteo la integración de una Comisión Institucional para el
Desarrollo y fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra, cuya coordinación
la realiza el Ministerio de Agricultura, así como se han abierto nuevas
instituciones como el actual fondo de tierras. Todos estos cambios en la
actualidad presentan varios vacíos legales, ya que muchos artículos de la
anterior ley del INTA fueron derogados, así mismo no existe una evaluación
de cómo ha funcionado la actual institucionalidad y no se sabe cuál será el
futuro de esta, ya que fue una estrategia del gobierno saliente. Frente a lo
anterior es urgente la creación de una ley agraria que resuelva de forma
definitiva la dispersión jurídica, que respalde una nueva
institucionalidad y que se cumpla lo planteado en los Acdos. De paz
sobre el establecimiento de juzgados agrarios. Todo ello creemos
debe hacerse con la mayor participación y concertación social.
CATASTRO:
A la comunidad Internacional y específicamente a los organismos que están
financiando proyectos de Catastro, les solicitamos una incidencia y
monitoreo sobre el contenido y los procedimientos de la Ley, que está en
9
proceso de aprobación; así como los procedimientos de ejecución de los
proyectos, esta ley debe también ser producto de concertación social y
reflejar los siguientes intereses:
a) Dar prioridad y enfoque especial a zonas de mayor conflicto en cuanto a
la situación legal de la tierra, como lo es El Peten y la franja transversal
del Norte.
b) Que contenga la prevención de medidas para esclarecer y avanzar en la
resolución de los despojos históricos de la tierra, no legitimarlos y que
permita avanzar en la fundamentación informativa para la resolución de
los conflictos de la tierra.
c) Que no se establezca una institución centralizada, que no permita el
fortalecimiento de la institucionalidad local y regional, para dar una mejor
utilización de la información catastral y que dicha información pueda
servir como instrumento de desarrollo.
d)
Que la participación local sea prioritaria dentro de los proyectos
catastrales, entendiendo la participación como un proceso no sólo de
presencia, sino fundamentalmente con facultades para la toma de
decisiones.
FONDO DE TIERRAS:
Para que se tenga un efecto en la modificación de la estructura agraria y
posteriormente pueda funcionar un mercado transparente y activo de tierras
en Guatemala es necesario aplicar medidas complementarias a las
puramente financieras, tales como: cumplir de forma inmediata con la
regularización de los más de 100,000 expedientes en manos del
Ministerio de Agricultura, con una base jurídica clara, implementar el
Catastro y crear un impuesto territorial y otros mecanismos que
puedan incidir en la regularización de la oferta; así como cumplir con
la restitución de derechos de las comunidades indígenas (que platea el
Acdo de Identidad de los Pueblos Indígenas).
Así mismo es
importante dar un tratamiento diferenciado a la población retornada.
De igual manera el fondo de tierras debe tener los recursos financieros
suficientes, lo que significa una asignación presupuestaria ajustada a las
demandas, no únicamente de acceso a tierra, sino sobre todo de inversión
productiva.
CONADEA:
Debe cumplir con lo planteado por los Acuerdos de Paz, “máximo rector de
la política agraria” garantizando la participación para la estructuración y
ejecución de las políticas agrarias. Organo sectorial que puede formar
10
parte de un frente más amplio, para concertar con otros sectores “las
políticas para el desarrollo Rural del país”.
SITUACION LABORAL:
Que se tenga mayor vigilancia por la Comunidad Internacional, en los
compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz respecto a las mejoras en
los derechos laborales, sobre todo porque en la actualidad no se cumplen
las garantías mínimas: un salario justo, contratos de trabajo, condiciones
dignas de trabajo, respeto a la organización laboral, cumplimiento a las
decisiones judiciales en aplicación de la ley laboral vigente y una
institucionalidad eficiente que garantice el cumplimiento a sus fines,
cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Pero que sobre todo utilicen los medios que tienen a su alcance como
las transacciones comerciales Internacionales, los Convenios
Internacionales en materia laboral y establecimiento de Codigos de
conducta hacia las empresas privadas, para condicionar en función
de un fiel cumplimiento de los derechos laborales por parte de los
empresarios guatemaltecos.
FONDOS SOCIALES:
Solicitamos de los organismos Internacionales que otorgan financiamiento
para dichos fondos, condicionar el apoyo para que el actual gobierno
establezca una política clara y transparente para la utilización de los
mismos, a manera de evitar la dispersión de los fondos para lograr un
eficaz impacto en el desarrollo rural, evitar el clientelismo y utilización
política partidista, la corrupción o desvío para otros fines no previstos. Es
fundamental implementar mecanismos de participación para la planificación,
evaluación y control social sobre este importante rubro.
BANCO PARA EL DESARROLLO RURAL:
Para poder incidir en las políticas del Banco a manera de que este se
constituya en un instrumento para el Desarrollo rural, es urgente que
sectores representativos de la sociedad civil entren a formar parte de la
Junta Directiva, para ello solicitamos a organismos internacionales que
apoyan con el otorgamiento de fondos para el desarrollo, otorgarle vía
prestamo o donación a dichas organizaciones, la cantidad que se requiere
para la compra de acciones dentro dell banco.
DESARROLLO SOSTENIBLE:
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En cualquier caso lo importante es cumplir con lo pactado en los Acuerdos
de Paz, impulsar un desarrollo humano, sostenible, lo que implica apoyar
políticas que desarrollen dichos preceptos, por lo que los organismos
internacionales deben disminuir sus contradicciones en cuanto al
apoyo a modelos que favorecen la explotación de los recursos
naturales indistintamente, con serias consecuencias, haciendo
irreversible el deterioro ambiental, que hoy fuertemente lastima a
nuestras sociedades Latinoamericanas, con permanentes catástrofes
naturales. Esto debe pasar por garantizar derechos ancestrales de las
comunidades indígenas en el aprovechamiento sostenible, lo que
implica posibilidades de acceso y tenencia (seguridad jurídica) sobre
los recursos naturales, brindarles con ello la posibilidad de la recuperación
y conservación para las futuras generaciones, comunidades que por siglos
han logrado demostrar que tienen esa capacidad, quizás más que cualquier
otra población.
Y presionar a las actuales autoridades para perfilar una política de
desarrollo rural integral, asumiendo además de las problemáticas ya
descritas la de educación, salud, y vivienda rural.
SOBRE EL NUEVO GOBIERNO:
Como una sociedad frágil en su democracia y con muchos retos de
reconstrucción de la organización de la sociedad civil, golpeada en el
reciente conflicto armado interno que hemos vivido, necesitamos el respaldo
de la Comunidad Internacional para ejercer nuestros derechos civiles, la
población eligió y esto es un derecho soberano. Sin embargo, sí
requerimos de su vigilancia e incidencia en términos de garantizar la
vigencia plena de los derechos humanos, que se establezca una gestión
pública transparente y eficaz.
Para que se mantenga no sólo el
compromiso, sino la real aplicación en el avance del cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, sobre todo en sus aspectos sustantivos.
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