En Nuevo León ya hay a quién perseguir con pistola en mano. No

En Nuevo León ya hay a quién perseguir con pistola en mano. No

PoLicíaS
y ‘cobroNES’
En Nuevo León ya hay a quién
perseguir con pistola en mano.
No son narcotraficantes, secuestradores
ni robacoches. Son empresarios
que adeudan multas de tránsito
en carreteras federales. La policía
los tiene encañonados.
No. 66 • DEL 18 aL 24 DE ENEro DE 2008
66
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Por Hugo gutiérrEz
N
o se coordinan para enfrentar y detener a
los plagiarios, los asaltabancos o los sicarios. Pero las autoridades policiales del
Estado ya encontraron cómo trabajar en
equipo y en qué usar sus armas y chalecos antibalas.
Ahora resulta que son cobradores de multas de
tránsito que son impuestas por la Policía Federal Preventiva en las carreteras del país.
Con lujo de violencia, Seguridad Pública y los recaudadores de la Secretaría de Finanzas han actuado al menos
en dos empresas transportistas para cobrar las sanciones
económicas.
En estos operativos se ocupa la Policía, al mismo
tiempo que en otras acciones los plagiarios tienen que
ser detenidos por el Ejército.
Y no le informan de esas aprehensiones al Estado
ni a los municipios porque sospechan que están coludidos con los delincuentes. Como sucedió la semana
pasada en Juárez, cuando militares de la Sedena liberaron a un rehén.
También se dan en tiempos cuando el Municipio
de San Nicolás tuvo que recurrir a la PGR, a la AFI y
a la PFP para recuperar los vehículos robados de las
agencias de automóviles. Las corporaciones estatales
tuvieron la información, pero no actuaron.
Pareciera que los operativos armados para la Secretaría de Seguridad Pública se reducen a cobrar las
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M]liff
multas de la Secretaría de Finanzas.
Ahí sí se coordinan y no pierden el tiempo para
emprender acciones.
Y es que luego de un 2007, en el que Gobierno del
Estado gastó más de 5 mil millones de pesos en obras y
programas de organización para el Fórum Universal de
las Culturas. Después de un año en que se adquirieron
deudas, la Secretaría de Finanzas necesita recursos.
Según abogados de la empresa de transporte de
carga Fletes Tauro S.A. de C.V., el Consejero Jurídico de
la Secretaría de Finanzas del Estado, Artemio Maldonado Chapa, les aseguró que la dependencia piensa cobrar
cerca de 900 millones de pesos en adeudos de este tipo.
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Embargo
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ContradiCCión ConstituCional
Un acuerdo federal establece que las tesorerías estatales pueden cobrar las multas de tránsito sancionadas en el Reglamento de Carreteras de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Cada centavo que
logren recaudar se queda en los estados.
Y pareciera que la oficina de Rubén Martínez Dondé
se ha propuesto recuperar la mayor cantidad de dinero
posible.
Por eso es que utilizan la sorpresa de su lado. Actúan
sin avisar a los transportistas que tienen una deuda.
Operan bajo la protección de los artículos 156 y 157
del Código Fiscal de Nuevo León, aunque éste contradice al Artículo 16 de la Constitución federal.
Llegan junto con elementos de Seguridad Pública y
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entran a embragar a las empresas.
El 16 Constitucional establece que solamente la autoridad judicial puede expedir una orden de cateo. Sin
embargo, en el Código Fiscal local aparece una frase que
según la Tesorería les autoriza a ingresar a propiedad privada y cobrar con violencia.
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“Romper cerraduras para embargo” es la oración del
Código Fiscal que supuestamente los faculta al allanamiento. Incluso, en los operativos hasta le confiscan sus
armas a los guardias de las empresas y detienen a los deuM]liff
dores en plena propiedad privada.
En ambos casos de cobranza, la dependencia a cargo
de Martínez Dondé ha sorprendido a sus deudores. Actúa
sin previo aviso.
Esto le permite no alertar a la empresa y evitar que
el
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moroso se ampare bajo la protección del Artículo 16 de
la Constitución federal.
Así lo hicieron en noviembre con la empresa Fletes
Tauro S.A. de C.V. El principal accionista de esta compañía, que tiene 30 años de existir, es Marco TulioM_aoh^ijcmi
Valdés, presidente de la Unión Regiomontana de Transportistas Mexicanos.
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En diciembre también hicieron un operativo en la Central de Autobuses contra la
empresa Estrella Blanca. Aunque es área
federal y afectaron a los pasajeros de un
autobús que se encontraba en el andén
para salir a servicio, embargaron el vehículo.
Ambas empresas presentaron una
denuncia penal en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y Cometidos por Servidores Públicos.
Hasta el momento la fiscalía no ha realizado ninguna diligencia para investigar
las acciones de los funcionarios de la Tesorería y de los policías que intervinieron en
los operativos de embargo.
Respecto a la contradicción de los artículos 156 y 157 del Código Fiscal de Nuevo León,
con el Artículo 16 de la Constitución federal,
la fracción panista hizo la reforma a la legislación local para respetar la Carta Magna. La
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Los propietarios de la empresa fletes tauro S.a. de c.v. dicen que al menos unos 20 elementos uniformados, varios portando armas largas, entraron a su propiedad para el embargo.
aprobó el 18 de diciembre pasado.
Pero apenas unos días después, el 27 de
diciembre, el Gobernador Natividad González Parás regresó al Congreso local la
reforma al Código Fiscal. Hizo observaciones para que no se convirtiera en ley y por
lo tanto la contradicción continúa.
Así, en Nuevo León la Tesorería no necesita la orden de un Juez del Poder Judicial
para romper cerraduras, entrar a propiedad privada con policías armados y sin
notificación previa embargar bienes.
Si no se respeta la propiedad privada en
el estado, qué sigue.
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EL DELito: 28 miL PESoS
La falta al Reglamento de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes cometida por un conductor de Fletes Tauro S.A.
de C.V. en carreteras federales le ocasionó
un embargo en marzo de 2003. Pero como
la mercancía confiscada no era suficiente
para el pago de una multa de 28 mil 245
pesos, la Tesorería enfocó su embargo
contra la empresa propietaria del tráiler.
Así, por una falta de hace cuatro años, el
13 de noviembre pasado Martínez Dondé
dio instrucciones para que sus cobradores
y la Secretaría de Seguridad Pública acudieran al domicilio de la compañía transportista a cobrar la multa. Dinero que se
quedaría en las arcas estatales.
La empresa grabó todo el operativo en
video y tomó fotografías.
El personal de Finanzas y los policías
presentaron un documento oficial en un
formato que dice: “Citatorio”. Pero cuando los vigilantes de la empresa les dijeron
que no podían dejarlos entrar hasta que
dijeran el objetivo del citatorio cambiaron
su estrategia.
Llamaron a refuerzos y advirtieron que
entrarían a como diera lugar. El notificador Jesús Alejandro Dávila Garza escribió
a mano en el “Citatorio” que se trataba de
una ampliación de embargo y rompieron las
En la denuncia de hechos que presentaron los transportistas dice que la única orden
para detener a dos personas dentro de las propiedad privada, provino de la Secretaría
de finanzas. aprehendieron al hijo del propietario de la empresa, marco alejandro
valdés garcía (círculo), y al vigilante martín castaño Pérez.
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Los elementos de Seguridad Pública del Estado se llevaron a los dos detenidos en esta patrulla. aproximadamente una hora después los regresaron a la empresa sin ningún argumento.
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cerraduras de la compañía transportista.
Sin embargo, ahí cometieron el primer
error porque ingresaron al domicilio fiscal
de una empresa filial: Fletes Tauro División Centro S.A. de C.V.
Aunque es un negocio “hermano”, no
se trata de la empresa propietaria del trailer al que se le levantó la multa. Porque los
empleados de la Secretaría de Finanzas y
de Seguridad Pública entraron a la compañía: Fletes Tauro S.A. de C.V.
De todas formas, con policías armados,
llamaron a las grúas de Garajes y Talleres
y levantaron tres vehículos que según ellos
completaban los 28 mil 245 pesos de multa.
Cuando llegó el hijo del propietario de
la empresa, Marco Alejandro Valdés García, los policías le advirtieron que si los
funcionarios de la Tesorería pedían su
intervención, usarían la fuerza.
Cuando Valdés García alegó que no
sabía aún de qué se trataba el embargo,
trató de interponer su vehículo para que
las grúas no sacaran de la empresa los tres
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un policía que no se identificó, que siempre
portó su chaleco antibalas, advirtió a valdés
garcía (derecha) que usarían la fuerza pública. fue quien ordenó su detención dentro de
las instalaciones de la empresa.
vehículos que habían levantado.
Entonces un oficial de Seguridad Pública del Estado se colocó detrás del automóvil de Valdés García y cuando éste apenas
lo tocó, asumió que podía aprehenderlo.
Se dirigió junto con otros policías hacia
el hijo del empresario y lo tomaron de los
brazos para sacarlo de las instalaciones de
Fletes Tauro.
Lo subieron a una granadera junto con
un vigilante. Después de que una hora en
la que Marco Tulio Valdés buscó a su hijo
vía telefónica, la granadera regresó y dejó
en libertad a Valdés García y al vigilante.
Sin órdenes de cateo o de aprehensión,
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con armas largas y con prepotencia, los
empleados de la Tesorería embargaron
tres vehículos, incluyendo un tráiler, valuados en unos 500 mil pesos.
Todo fue hecho en propiedad privada y
para cobrar 28 mil 245 pesos de una multa
de hace cuatro años.
Seguramente habrá más multas por
cobrar en la lista de Martínez Dondé. Si
continúan con este método de cobro en la
Secretaría de Finanzas, los cuerpos policiales en el estado tendrán mucho trabajo y podrán lucir sus armas largas contra
regiomontanos que adeudan multas de
tránsito en carreteras federales.
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poLíticA
el Valle
sigue
sin Reyes
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Los propietarios y la
fiduciaria buscan por dos vías
la autorización del
fraccionamiento en la Huasteca.
El Ayuntamiento sigue firme
con el objetivo de preservar
la zona.
PoR Hugo gutiéRRez
E
l proyecto residencial que buscan
construir en el Cañón de Ballesteros
sigue dos caminos legales para tratar de imponer su reinado. En ambos pelea
la validez de un plan de desarrollo municipal que jurídicamente nunca existió.
Tal parece que aún con Luis Francisco
González Parás, hermano del Gobernador, como asesor jurídico y miembro del
Consejo de Administración de la empresa propietaria de los terrenos, el Ayuntamiento de Santa Catarina está dispuesto a
preservar el área como reserva natural.
En uno de las dos vías, la semana pasada se resolvió el sobreseimiento del amparo que había solicitado Banorte, el fiducia-
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poLíticA
rio del proyecto. Seguramente esta institución financiera buscará la revisión de la resolución.
El argumento de Banorte es que el Ayuntamiento de Santa
Catarina afectó sus intereses al revocar el Plan de Desarrollo
Municipal 2006-2020 que autorizaba el uso del suelo para el proyecto. Pero ese plan nunca existió jurídicamente porque no fue
publicado por el Municipio de Santa Catarina.
El otro camino que han seguido los fraccionadores, es un
juicio de lo Contencioso Administrativo contra la Secretaría de
Desarrollo Urbano de Santa Catarina.
Pelean que esa dependencia muniel ayuntamiento
ya está
cipal les negó la factibilidad del suelo
Planteando la
a la propietaria de la tierra, la empresa
cReación de un
Metrofinanciera.
PaRque
En este caso el Tribunal resolvió,
ecológico con
salomónicamente, que como no existió
inVeRsión
jurídicamente el Plan de Desarrollo que
PRiVada.
autorizaba el fraccionamiento, la polémica se sujete a la Ley Estatal de Ordenamiento Territorial.
Pero en este caso la dirección Jurídica Municipal, a cargo de
Isaac Manuel Mejía Cedillo, peleará que cualquier desarrollo
debe sujetarse a su Plan Municipal de Centros de Población,
porque es precisamente este documento el que está vigente.
Mientras la batalla jurídica continúa, el Ayuntamiento ya está
planteando la creación de un parque ecológico con inversión
privada para usar parte de la zona protegida con actividades
recreativas.
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política
¿Rogelio Cerda en AyD?
E
l nombre de Rogelio Cerda vuelve
a los círculos políticos de Nuevo
León. Y ahora se le menciona con
insistencia para la dirección de Agua y
Drenaje.
El que fuera Secretario de Gobierno y
hombre de todas las confianzas de Natividad González Parás podría encontrar su
reivindicación política en el manejo de la
estratégica paraestatal.
El freno a su designación estaría ubicado hoy en el potencial conflicto de interés
con sus actividades inmobiliarias.
Kenadie la quiere
D
icen que en el pecado se
lleva la penitencia. Y ese
refranero popular lo está
padeciendo en carne propia Kena
Yañez Martínez.
La que fungiera directora del Instituto Estatal de la Juventud retomó
su carrera de Relaciones Internacionales en el ITESM. Pero muchos
consideran que su falta difundida
en un video es suficiente para violar
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el Reglamento de Alumnos.
Kena, inscrita con el número de
matrícula A00266639, ha levantado
polémica en los pasillos del campus. Es vista por alumnos y profesores como un mal ejemplo.
La ex funcionaria fue separada
de su cargo, luego de que se difundió un video en el que presuntamente solicita al ex director administrativo, Eduardo Martínez Véliz,
Y es que siendo Agua y Drenaje el eje
fundamental del crecimiento urbano, un
político con intereses en bienes raíces es
poco probable que ocupe el cargo.
Hasta ahora son dos los directores de
la empresa estatal durante la actual administración.
El primero fue Lombardo Guajardo,
quien hoy dirige la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El actual es
Emilio Rangel Woodyard, que a pesar de
su bajo perfil tuvo que salir a defender el
aumento a las tarifas del año pasado.
modificar un contrato de 2.2 millones de pesos.
Esa cantidad del presupuesto fue
pagada a la empresa Distribución
Comercial y Servicios Profesionales,
que aún no aparece.
Luego de la difusión del video,
Yáñez renunció. La Contraloría estatal inició un proceso administrativo
que la semana pasada concluyó el
periodo de comparecencias.
Hasta el momento no existe una
resolución, pero los alumnos hablan
respecto a la violación al Capítulo 9,
Artículo 30 del Reglamento General
de Alumnos.
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➜
última
El hombre ha nacido libre,
y por doquiera se encuentra
sujeto con cadenas”.
jean jacques rousseau
(1712-1778)
filósofo francés
hj]k]flŽ
➜