¿Minería en el paraíso

DOSSIER DE PRENSA INTERNACIONAL
Una campaña del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del
Perú, Muqui – Red de Propuesta y Acción (CooperAcción y Fedepaz) y del Comité
Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales
(CATAPA, Bélgica)
www.mininginparadise.org
¿Minería en el paraíso? Zonas libres de minería
Se decide un futuro. El de varias generaciones. Si el termómetro de conflictos describe
un país, Perú queda retratado: actualmente tiene 25 pugnas abiertas entorno a su
desarrollo minero, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Sus
experiencias son numerosas y muchas están teñidas de desastres ecológicos, desencanto
económico para sus poblaciones y violaciones de los derechos de las comunidades
locales.
Las
poblaciones
de
Ayabaca,
Huancabamba, San Ignacio y Jaén
claman por su opción: conservar sus
zonas libres de actividad minera. Éstas
están actualmente amenazadas por el
proyecto de extracción de cobre y
molibdeno Río Blanco, que representa
Paisaje de Huancabamba
el primer proyecto minero a gran escala
en el norte de Perú, una zona que aún
tiene la posibilidad de elegir qué tipo de desarrollo quiere. Un 25% de esas cuatro
provincias se encuentra actualmente concesionado, pero la explotación aún no ha
empezado. El proyecto representa la primera piedra de la construcción de un distrito
minero en esa zona. Por lo tanto, la decisión no es baladí y los norteños ya han votado:
no a la minería.
Pero, ¿quién decide dónde y cómo explotar? Por el momento, la única voz es la del
Gobierno peruano, quien en todo momento ha defendido los intereses de la empresa Río
Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz S.A.), actualmente en manos del complejo chino
Zijin, pero que hasta el 2007 era subsidiaria de la británica Monterrico Metals. Desde el
inicio de las actividades en 2003, el proyecto se ha considerado ilegal –según el informe
de la Defensoría del Pueblo del 2006- ya que la población local no ha sido consultada
tal y como dicta la Constitución Peruana. Sólo la consulta vecinal del 16 de septiembre
del 2007, realizada en los municipios de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera,
2
da una referencia oficial -no vinculante- de la voluntad de los locales: un 97% de la
población votó en contra de la actividad minera.
Anteriormente, el descontento de la población derivó en una marcha pacífica hacia el
campamento de la empresa que terminó con el secuestro y la tortura de 28 campesinos y
un fallecido. La empresa está siendo juzgada en Londres por estos delitos de los que
existen claras fotografías del maltrato de los comuneros.
Más allá del pisotón a los derechos humanos también son importantes los datos
económicos. La población peruana ha hecho sus propias cuentas: a largo plazo es más
beneficiosa una zona libre de minería. Se conseguirá así conservar una zona de
ecosistemas únicos, como son el bosque de neblina y el páramo, asegurar la calidad y
cantidad de agua necesaria para la agricultura de la zona –donde se cultiva café
orgánico, cacao, mangos, limones y arroz- y respetar así una opción de desarrollo propia
y sostenible con el medio ambiente.
Así, no hay duda que en el conflicto de Río Blanco se decide el futuro de esas tierras y
su población. Está en juego una opción de desarrollo para una comunidad entera. Y la
población se ha decidido en contra de las minas. Le falta ser escuchada.
3
Dimensión económica del conflicto
Minería para el desarrollo. Esa ha sido la propaganda del Gobierno peruano durante los
últimos años. Aprovechamiento de sus recursos minerales para hacer crecer la economía
del país. Pero, ¿quién se beneficia de esa minería? “Traen desarrollo, pero solo para
ellos, la empresa, no para nosotros. Para nosotros dejan la destrucción, la
contaminación”, denuncia Pascual Rosales, ex-presidente del Comité Ejecutivo
Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca. Hay varias razones que soportan sus
quejas. Varias experiencias nacionales para poner en duda la máxima del gobierno.
La economía peruana se ha centrado en los
últimos años en la actividad minera.
Actualmente, con el 15,38% del territorio
concesionado, el país vive la mayor
expansión del sector. Pero este aumento de
la riqueza no ha contribuido al desarrollo de
las poblaciones locales, esas que prestan sus
territorios para la extracción. Muy al
contrario, habitualmente los territorios ven
cómo la actividad se desarrolla sin ningún
beneficio, dejando sólo un suelo incultivable
y escasez de agua potable, que contribuye a
Campesina en la provincia de Huancabamba
destrozar su desarrollo durante décadas.
Yanacocha, por ejemplo, alberga la mina aurífera más grande de América Latina, pero
la región de Cajamarca sigue siendo la segunda región más pobre del país. Este escaso
beneficio que se genera a nivel local en países como Perú llevó a la Corporación
Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial) a crear el programa “Reforzando
los beneficios locales”, por la evidente falta de beneficios que aporta la minería a la
zona donde se desarrolla.
Uno de los principales problemas del desarrollo minero en Perú deriva del hecho que el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tenga una doble responsabilidad: promover la
inversión minera, pero también regular y asegurar su correcto desarrollo. ¿Por qué las
4
empresas extranjeras encuentran en Perú tantos beneficios? El canon minero es una tasa
baja respecto a otras internacionales y uno de los más bajos de América Latina y
muchas de las regalías se rebajan exageradamente o, en muchos casos, se eliminan. Se
convierte la minería, así, en un negocio redondo para las empresas.
La población recuerda que su desarrollo económico alternativo es más beneficioso que
una mina a largo plaza. En la zona del proyecto se han formado una serie de
cooperativas ecológicas y asociaciones de productores, agrícolas y ganaderos, que
promueven un desarrollo alternativo y sostenible. Un desarrollo que les permita
mantener los ecosistemas que las comunidades han cuidado y de los que dependen para
sobrevivir. Existe además una posibilidad de ecoturismo en una zona tan rica como son
los Andes tropicales peruanos; opción económica que se perdería, sin duda, con el inicio
de explotación de la mina Río Blanco.
5
Dimensión ecológica del conflicto
“Nosotros aquí en Ayabaca estamos en un paraíso, en un ambiente tan saludable, donde
nacen las aguas puras y limpias de la cordillera. Las Rondas, hemos acordado que la
minería no la aceptamos”, expresa Natividad Vicente Gonza, ex-vicepresidenta de la
Federación Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Ayabaca. Y no exagera
con lo de paraíso. Los Andes tropicales son entornos de extraordinaria riqueza biológica
–incluyen los frágiles ecosistemas del páramo y los bosques de neblina-, regulan el agua
de toda la región y forman parte de la cabecera del Río Amazonas, bien común de toda
la Humanidad.
Los representantes de las cuatro provincias que se declaran zonas libres de minería lo
tienen claro: no a una minería que destruya
un entorno natural como el suyo. Hay casos
dramáticos dentro de las fronteras de Perú
que justifican la opción de querer evitar ese
tipo de desarrollo. La Oroya, por ejemplo,
está actualmente entre las diez poblaciones
más
contaminadas
del
mundo,
¿qué
desarrollo ha obtenido su población? Silvia
Passuni,
geógrafa
de
la
organización
Bosque de neblina en Jaén
CooperAcción, lamenta que en ese caso “los excesos ambientales y sociales cometidos
por la empresa hayan propiciado que el Estado y la Sociedad Nacional de Minería los
rechacen públicamente; pero el rechazo es siempre hacia la empresa, los problemas de
contaminación ambiental y desorden social pasan a segundo plano”. Pero no siempre la
minería gana. La población de Tambogrande defendió su opción hasta el final: no a la
minería de la empresa Manhattan. Y ésta tuvo que abandonar la zona. Ahora, es el turno
de Río Blanco.
Las mayores amenazas contaminantes de una
mina a cielo abierto son los relaves no tratados
ni manejables, el drenaje ácido de mina
(AMD) y los daños a los recursos hídricos.
Mina aurífera en Yanacocha (Cajamarca)
Estos últimos son los que adquieren una escala
6
más global, por lo que la contaminación de las aguas puede afectar a la larga a otras
regiones –más allá de Piura- e, incluso, a otros países. Según Passuni, Ecuador podría
verse afectado, “en especial si consideramos que hacia el otro lado de la frontera existe
otro proyecto minero con similar denominación, lo que nos hace pensar que podría
tratarse de otra subsidiaria de la matriz”.
Con la actividad minera se contaminan las aguas superficiales y subterráneas que corren
río abajo. Según un estudio del Perú Support Group, el proyecto actual está situado en la
vertiente oriental, limitando así su efecto negativo al Río Amazonas y al Océano
Atlántico. Pero un distrito minero más amplio en esa región amenaza la vertiente
occidental que va hacia el Pacífico. Y, actualmente, un 25% de las cuatro provincias ya
ha sido concesionado.
Todos los efectos contaminantes son reducibles, aunque eso depende siempre de la
empresa. El complejo chino Zijin, actual responsable del proyecto (tras la compra de los
activos de Monterrico Metals en el 2007) acaba de ser noticia por la contaminación en
China del Río Ting; 2.000 toneladas de peces contaminados lo convierten en uno de los
desastres más graves de los últimos años en el país. El pasado mes de agosto se detuvo
al vicepresidente de la empresa por irregularidades técnicas. "Si son capaces de
contaminar de esa manera dentro de su propio país, es muy probable que no tengan
ningún escrúpulo de hacerlo en un país que no es el suyo, como el caso del Perú y el
proyecto minero Río Blanco", expresaba tras la noticia David Velazco, director de la
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
El debate se resume en cómo debería ser una correcta sinergia entre minería, desarrollo
y medio ambiente. Passuni añade que “Perú es un país muy diverso tanto en ecosistemas
como en grupos culturales, por lo tanto, no es posible aplicar la misma recomendación o
un mismo modelo en todos los casos”. Así, cada zona debe buscar su propio desarrollo,
y el norte lo ha encontrado: zonas libres de minería.
7
Dimensión social del conflicto
¿Qué pasa si un día llega una mina e instala un campamento a los pies de tu casa? En el
2003, la vida de las provincias de Ayabaca y Huancabamba -situadas en la sierra andina
peruana- cambió. Llegó la empresa minera Majaz S.A -actualmente Río Blanco Copper
S.A, subsidiaria de la transnacional china Zijin- y se instaló en las comunidades
campesinas de Yanta y Segunda y Cajas. La amenaza minera, esa que hasta entonces
sólo conocían en la zona norte como una experiencia fuera de sus regiones, irrumpió de
repente. Sin previo aviso y sin consultar. Sin lograr una aceptación ciudadana, sólo una
concesión del Gobierno peruano en Lima. Tan lejos de esa zona.
Rápidamente se abrió el debate: ¿qué desarrollo quieren nuestras regiones?, ¿realmente
coincide con el desarrollo que necesita Lima?, ¿cómo vamos a vivir a partir de ahora?
Manuel Guerrero, secretario de Medio Ambiente en la Central Nacional de Rondas
Campesinas, explica: que “con la mina se está tratando de insertar formas de vida en
contra de nuestra sociedad”.
Desde el gobierno se defiende que una mina genera oportunidades de trabajo, pero se
descuida que mucho del trabajo requiere empleados cualificados que la zona no puede
aportar. Entonces, ¿trabajo para quién? Y, ¿qué harán las mujeres? Según el informe de
la organización británica Peru Support Group, la experiencia corrobora que la mina no
genera trabajo para ellas, lo que puede tener como consecuencia el empobrecimiento de
la mujer, que con la contaminación puede perder sus campos de cultivo.
Y el proyecto ha derivado en conflicto.
Río Blanco es una de las 25 pugnas
abiertas a causa de la minería, según el
Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina (OCMAL). Así, parece
que la minería peruana no ha generado los
beneficios anunciados. Las actividades
extractivas no se han traducido en riqueza
para los locales ni en paz social. Todo lo
Mujer frente un cartel de protesta en Ayabaca
contrario.
8
El gobierno ha decidido militarizar la zona de Río Blanco. Mientras las comunidades
buscan recursos para alzar su voz y dialogar con empresa y gobierno, este último opta
por la militarización para garantizar un correcto desarrollo de la actividad. Guerrero
asegura que ellos defienden “la vida y se les acusa de terroristas, en cambio se defiende
a los que traen la muerte y la destrucción”. ¿A quién representa este gobierno? David
Velazco, director de Fedepaz, explica: “el gobierno se está aprovechando de la idea de
que hay, supuestamente, serios riesgos a la seguridad para declarar en emergencia la
zona. Esto termina siendo una idea para imponer el desarrollo de la actividad minera”.
Se han violado los derechos humanos. Hasta la fecha han fallecido siete personas en
este conflicto y se espera en Londres la sentencia del juicio a Monterrico Metals por la
tortura de 28 comuneros tras una marcha al campamento en agosto del 2005. ¿Dónde
está la paz social? Guerrero no duda: “esto sigue siendo un paraíso y hay que
defenderlo”.
9
Dimensión jurídica del conflicto
Un juicio pendiente en Londres da la primera pista. La empresa Monterrico Metals,
responsable del inicio de la exploración de Río Blanco, actividad que en el 2007
absorbió el gigante chino Zijing, está acusada de violación de los derechos humanos.
También está acusada de asentamiento ilegal en la zona norte peruana por la Defensoría
del Pueblo (2006) y por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
y de Ambiente y Ecología del Congreso de la República (2008). Con esta presentación,
al proyecto minero de Piura le queda poco apoyo legal.
Monterrico Metals tiene congeladas 5 millones de libras esterlinas en activos (unos 8
millones de dólares americanos), a la espera de la sentencia del juicio – prevista para el
2011- en el que la empresa está acusada del secuestro y tortura de 28 personas que
protestaron por su actividad en el norte, en agosto del 2005. Las fotos de la tortura
vieron la luz unos meses más tarde del conflicto, dejando pocas dudas sobre los hechos.
Por otro lado, en el 2006, la Defensoría del Pueblo determinó hasta tres violaciones de
los derechos que implican la concesión minera: violación a la propiedad de los
comuneros, al derecho a determinar cómo se explota una propiedad y al derecho a la
información sobre el desarrollo de las actividades. La Ley de tierras y la Ley de
comunidades campesinas peruanas establecen que cualquier empresa requiere al menos
2/3 de la Asamblea Comunal de las Comunidades Campesinas propietarias para iniciar
sus actividades, disponga o no de licencia. Emma Gómez, abogada de CooperAcción
afirma que “ninguna autoridad se ha hecho responsable por permitir que la empresa esté
desde el año 2003 en la zona, sin tener autorización correspondiente. Tanto el Congreso
de la República como la Defensoría han confirmado la ilegalidad”. Y esa presencia
ilegal ya ha sido denunciada por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas como
delito de usurpación de tierras.
Por lo tanto, los únicos indicios reales de consulta de la voluntad de las comunidades
son los resultados de la consulta vecinal del 16 de septiembre del 2007, realizados en
los municipios de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera. Aunque los
resultados no son vinculantes, el no a la minería ganó con un aplastante 97% de los
votos.
10
Gómez
lamenta
priorice
el
que
interés
de
“el
la
Gobierno
empresa
extranjera en desmedro de la protección
y defensa de los derechos de las
comunidades del país. Así, han tratado de
aplicar la denominada política del perro
del hortelano, que se basa en la idea de
Anuncio de la Consulta Vecinal del 2007
que la existencia de comunidades no
permite el desarrollo del país”.
Pero, ¿un desarrollo que pise a los derechos humanos? Si el juicio de Londres se decide
en contra de la empresa, será “una prueba más de la inviabilidad del proyecto por todos
los problemas que ha generado”, argumenta Gómez. Y, pese a la importancia del caso,
el Gobierno peruano sigue sin pronunciarse al respecto. Mientras en Londres se juzga la
violación de los derechos humanos en el norte del Perú, el gobierno sigue en silencio. Y
la protesta en Piura sólo crece.
11
Mapas de la zona afectada
Mapa de las concesiones mineras en Perú,
entre 15-16% del territorio.
12
13
Agenda
•
-
SEPTIEMBRE
Autodeclaración de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén como “Zonas
libres de minería”.
•
Lanzamiento de la campaña en Piura (local) y Bélgica (internacional).
OCTUBRE
-
Entrega de la declaración “Zonas libres de minería” en Lima.
-
Foro público sobre el ordenamiento territorial y la zonificación ecológicaeconómica en Lima.
•
-
NOVIEMBRE
23 de noviembre. Conferencia internacional en Bruselas: académicos,
europarlamentarios, testimonios y representantes de las instituciones peruanas
participarán en el debate sobre la propuesta de zonas libres de minería. Se
presentará el dossier de investigación, fundamento científico y jurídico de la
campaña, y una exposición fotográfica sobre los efectos devastadores de la
minería en Perú y los paraísos amenazados.
-
Semanas de acción: Conferencias destinadas a la sensibilización de la
población europea sobre los conflictos mineros y la propuesta de zonas libres de
minería.
-
Gira Europea: Conferencias de ponentes peruanos que pasarán por algunos
países europeos –por determinar- en las que se expondrán las razones que
argumentan y sustentan la creación de una zona libre de minería. Las
conferencias serán acompañadas con reuniones de articulación y entrevistas con
la prensa.
•
DICIEMBRE
-
Semanas de acción
-
Día de Clausura: Se presentarán los resultados ante las instituciones peruanas,
europeas y las Naciones Unidas.
14
Contacto de prensa internacional
[email protected]
Aretha Francis
[email protected]
[email protected]
0032 477042887
Laura de la Quintana
[email protected]
[email protected]
0032 477042869
Antonio Varela
[email protected]
[email protected]
0032 477047397
CATAPA (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales).
K. Maria-Hendrikaplein 5-6 9000 Gent, Bélgica.
www.mininginparadise.com
15
Campaña internacional organizada por
16