Todos los casos - Centro de Derechos Humanos

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Todos los casos - Centro de Derechos Humanos
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Accolade
Ficha Nº001
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Greco
Resumen caso
Un total de siete empresas agrupadas bajo el nombre de Accolade Pool, tenían contratos
incumplidos de reaseguro firmados con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) entre
1977 y 1982. Este grupo de empresas obtiene una sentencia favorable por parte de un Tribunal
comercial de Inglaterra en contra de la CNAS. El grupo Accolade Pool, pretende ejecutar dicha
sentencia extranjera contra el Estado argentino. Para ello, inicia el proceso judicial respectivo,
obteniendo una sentencia desfavorable por parte de tribunales de primera y segunda instancia
llegando la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho Tribunal no tuvo necesidad
de expedirse dado que, cuando el caso se encontraba radicado allí, el Ministerio de Economía de
la Nación ordenó el pago de la deuda. La orden provino de Juan Cayetano Intelisano, quien
tomó esta decisión de realizar el pago en efectivo por un monto muy superior al originalmente
requerido por las empresas y al calculado por la Dirección de Administración de Deuda Pública
($54.000.000 pesos argentinos, US$14.191.853). La acusación fue realizada por Manuel
Garrido, Fiscal de Investigaciones Administrativas en base al total desconocimiento de las
sentencias de tribunales argentinos (primera y segunda instancia, sin sentencia de la Corte
Suprema en tanto el pago fue anterior a cualquier pronunciamiento, circunstancia por la cual
devino abstracta la causa).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de Funciones
Legal
2008
2. Cohecho/soborno/extorsión
Ilegal
2008
3. Fraude/Malversación de caudales Ilegal
2008
públicos/Peculado.
Actores implicados
1. Ministerio de Economía
2. Empresa Extranjera – Accolade
3. Poder Ejecutivo
4. Otras Instituciones Públicas - Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Denunciante (y cargo si Manuel Garrido, Fiscal de Investigaciones Administrativas
aplica)
(Público, Alto)
Acusado/a
(cargo
y Juan Cayetano Intelisano (Subsecretario Administración y
jerarquía)
Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y
Producción, Público Alto)
Osvaldo Siseles (Ex Subsecretario Legal del Ministerio de
Economía, Público Alto)
Yolanda Eggink (Ex Directora General de Asuntos Jurídicos,
Público Alto)
Iván Holjevac (Empresario Pool Accolade, Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Usuarios(as) del servicio
3. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
1. Nota periodística http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=16992
2. Denuncia
interpuesta
por
Fiscal
de
Investigaciones
Administrativas
http://www.fia.gov.ar/economia_accolade.pdf
3. Noticia sobre el caso y su relación con otros hechos de corrupción, ver
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=486192
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Aeropuertos Argentina 2000
Ficha Nº002
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Pista de aterrizaje en
Anillaco
Resumen caso
En el año 1998, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) resultó adjudicataria de la
concesión de los 32 principales aeropuertos de la Argentina. Durante la ejecución del contrato
de concesión, esta empresa incurrió en un gran número de incumplimientos que serían causa
suficiente para la rescisión del contrato por parte del Estado, como por ejemplo la realización
obras que debían hacerse. Con posterioridad a la crisis económica del 2001, que azotó a nuestro
País, los Ministerios de Planificación, Obras Publicas y Economía, crearon una Unidad
(UNIREN) encargada de ajustar tarifas y renegociar contratos en el nuevo esquema económico.
Sin embargo y a pesar de los incumplimientos detectados, al momento de renegociar la
concesión el Estado opta por mantener la concesión con AA2000. Esta renegociación de la
concesión resultaría perjudicial para el Estado en tanto no se habría exigido una adecuada
reparación por los incumplimientos en los que se incurrió, a la vez que se reducen notable e
injustificadamente las obligaciones en cabeza de la empresa. Como se señaló el proceso de
renegociación de la concesión, fue iniciado por AA2000 en 2001, durante la presidencia de De
la Rúa y concluye después de la intervención del Presidente Eduardo Duhalde, en la presidencia
de Néstor Kirchner.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
4. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2001
5. Fraude: Malversación de Fondos Ilegal
2001
Públicos/Peculado
Actores implicados
5. Poder Ejecutivo
6. Ministerio de Planificación
7. Ministerio de Economía
8. Ministerio de Obras Públicas
9. Otras instituciones públicas-Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos.
10. Empresa privada-Aeropuertos Argentina 2000
Denunciante (y cargo si
aplica)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
4.
5.
1.
2.
Manuel Garrido (Fiscal de Investigaciones Administrativas,
Público Alto)
Eduardo Duhalde (Presidente de la Nación, Público Alto)
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación, Público Alto)
Eduardo Eurnekian (Dueño empresa AA2000, Privado Alto)
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
No
No
Terciario-Servicios de transporte
Actores Afectados
Compradores(as)/Clientes
Empresas competidoras
Mayor información
Nota presentada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a la Cámara de
Diputados http://www.fia.gov.ar/proyecto%20nota%20Diputados.pdf
Noticia sobre aerolíneas afectadas por el contrato cuestionado, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=853544
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Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Amira Yoma-Yomagate
Ficha Nº003
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2003 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
"Yomagate" estalló en 1991 cuando Andy de la Cruz Iglesias, contador del grupo, reveló la
existencia de una organización dedicada a la venta de cocaína en Europa y el lavado de dinero
en Argentina y Uruguay. Esa historia fue revelada por la Revista Cambio 16 y desencadenó el
retiro del Gobierno de Amira Yoma, en ese momento Secretaria de Audiencias del Presidente
Carlos Saúl Menem. El dinero obtenido se ingresaba sin control al país. Parte de la suma
ingresada fue blanqueada con la compra de inmuebles, la constitución de empresas y la
adquisición de joyas, y otra parte era enviada a Uruguay, donde se la depositaba en las cuentas
de otros involucrados. Amira Yoma, a raíz del escándalo se vio obligada a abandonar su cargo
en el gobierno y fue sobreseída por la justicia en 1994. El ingreso al país del dinero se daba con
la connivencia del asesor de la Aduana de Ezeiza, Ibrahim Al Ibrahim, marido de Amira Yoma,
quien se encuentra prófugo en su país de nacimiento: Siria. Se involucró también en la causa al
Secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de Menem. Este funcionario fue condenado en
2003. El juez concluyó que Caserta fue quien estableció en el nivel local la organización de
blanqueo de capitales. Aquí se probó que llegaron a Ezeiza en cinco viajes, entre agosto y
noviembre de 1990, cargamentos de dólares en vuelos directos de Aerolíneas Argentinas que
provenían de Nueva York y Miami.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Delitos Aduaneros
2. Lavado de dinero
3. Tráfico de Estupefacientes
Ilegal
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
1990
1990
1990
1. Poder Ejecutivo Nacional
2. Secretaría de Recursos Hídricos
3. Aduanas
Denunciante (y cargo si Andy de la Cruz Iglesias, contador (privado, bajo)
aplica)
Revista Española Cambio 16
Acusado/a
(cargo
y Amira Yoma (Secretaria de Audiencias, Público Alto)
jerarquía)
Mario Caserta (Secretario de Recursos Hídricos, Público Alto)
Ibrahim Al Ibrahim (Asesor de Aduanas, Publico Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia sobre el caso y el sobreseimiento de Amira Yoma, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=526253
2. Noticia
sobre
la
condena
a
Caserta,
ver
http://www.rionegro.com.ar/arch200309/p10j01.html,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=526252
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=526253 .
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Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Antonini Wilson
Ficha Nº004
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Greco
Resumen caso
El día 14 de Agosto de 2007, arriba en el aeropuerto Jorge Newbery de Argentina, un avión
proveniente de Caracas en el cual viajaban funcionarios del gobierno argentino. Los
funcionarios eran los siguientes: Claudio Uberti (director del Órgano de Control de las
Concesiones Viales), Victoria Bereziuk (también del OCCOVI) y Exequiel Espinosa,
presidente de ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima). Asimismo, viajaban en ese
mismo vuelo el empresario Guido Alejandro Antonini Wilson, tres ejecutivos de Petróleos de
Venezuela SA (PDVSA), y Daniel Uzcátegui Spetch, hijo del vicepresidente de esta última
compañía, Daniel Uzcátegui Matheu. El empresario venezolano esta acusado de haber
intentado ingresar en ese viaje una valija en la que llevaba US$790.550 dólares no declarados.
Cuando fue consultado sobre el contenido de su equipaje, Antonini dijo que tenía libros y
papeles. El contenido de la valija fue detectada por la policía aeronáutica María del Lujan
Telpuk y se presume que era dinero destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández,
pero ambos gobiernos –Argentina y Venezuela- rechazaron estas especulaciones.
Conducta/s Reprochable/s
4. Delitos Aduaneros
Estatus
Año de la conducta
Ilegal
2007
Actores implicados
4. Ministerio de Planificación Federal
5. Entes fiscalizadores y reguladores-Órgano de Control de las Concesiones Viales
(OCCOVI)
6. Empresa Pública Argentina-Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)
7. Empresa Extranjera-Petrolera PDVSA
Denunciante (y cargo si María del Lujan Telpuk (Policía, público bajo)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Claudio Uberti (Director OCCOVI, Público Alto)
jerarquía)
Exequiel Espinosa (Presidente ENARSA, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
2. Ciudadanía
Mayor información
3. Noticia sobre el caso, ver http://www.cronista.com/notas/107383-aseguran-queantonini-wilson-es-solo-un-eslabon-la-corrupcion-chavista4. Noticia
del
caso
del
portal
Terra
en
Venezuela,
ver
http://www.terra.com.ve/actualidad/articulo/html/act1534259.htm
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Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Administración de
Especiales-APE
Ficha Nº 005
País
Programas Argentina
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso Medicamentos Falsos o
Mafia de los Medicamentos
Resumen caso
La Administración de Programas Especiales (APE) es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Nacional, que funciona bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud.
Tiene por finalidad mediante subsidios enfrentar gastos respecto de enfermedades como SIDA,
discapacidad u oncológicas que suelen tener costos elevados. En este marco, el esquema prevée
la transmisión de fondos a la Obra Sociales, y las autoridades de APE no demostraron un
estricto control sobre el dinero de los subsidios. Las maniobras consistían en adulteraciones de
certificados de discapacidad, historias clínicas, facturas de prestadores, recibos. Y a su vez, los
subsidios parecían responder al deseo de favorecer a ciertas Obras, malversando así fondos
destinados a atender enfermos, entre otras a Empleados de Comercio (a cargo de Armando
Cavalieri), Unión de Personal (a cargo de Andrés Rodríguez), Choferes de Camiones (a cargo de
Hugo Moyano), Personal Hotelero Gastronómico (a cargo de Luis Barrionuevo), Ferroviaria (a
cargo de José Pedraza), Trabajadores de Empresas de Electricidad (Oscar Lescano). También se
investiga en estas maniobras la participación y responsabilidad de la autoridad de control de la
salud, en cabeza de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor
Capaccioli y Juan Rinaldi. En efecto, en la irregularidad de las transferencias estaría involucrada
la Superintendencia de Servicios de Salud, ente de regulación y control de los actores del
Sistema Nacional del Seguro de Salud. Su misión es supervisar, fiscalizar y controlar a las Obras
Sociales y a otros Agentes del Sistema. Estas supuestas irregularidades motivaron que en el año
2006, Juan Pablo “Pata” Medina promoviera una denuncia judicial ente la justicia federal. El
denunciante pertenece a la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina). Un informe del diputado Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, reveló que
Hugo Moyano (la obra social de camioneros) pasó de recibir $1.700.000 pesos argentinos
(US$447.000) en 2004 a recibir $14.200.000 pesos argentinos (US$3.734.000) en 2008. Esos
datos indican que en 2004 la APE recibió 89 solicitudes de apoyo económico por parte de la
obra social de los camioneros; cuatro años más tarde recibió 1445, aumentando en un 1500%.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
6. Fraude: Malversación de Caudales Ilegal
No se accede al dato
Públicos/Peculado
7. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal
No se accede al dato
malicioso de documentos
Actores implicados
11. Ministerio de Salud
12. Superintendencia de Servicios de Salud
13. Otras Instituciones Públicas- Administración de Programas Especiales (APE)
14. Sindicatos
Denunciante (y cargo si Juan Pablo “Pata” Medina (integrante de la Fundación Unión
aplica)
Obrera de la Construcción de la República Argentina)
Acusado/a
(cargo
y Héctor Capaccioli (Funcionario-Otro, Público Alto)
jerarquía)
Juan Rinaldi (Funcionario-Otro, Público Alto)
Hugo Moyano (Persona a cargo de una de las obras sociales)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Salud
Sector Económico
Actores Afectados
6. Beneficiarios(as) de la Política Pública
7. Trabajadores(as)
Mayor información
1. Reportaje
sobre
corrupción
en
Argentina,
ver
www.clublanacion.com.ar/notas/c712.htm
Otras observaciones o comentarios
Para mayor información sobre la Administración de Programas Especiales-APE, ver
http://www.ape.gov.ar/institucional/apeparatodos.aspx
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Banco Medefin – Pedro Pou
País
Argentina
Ficha Nº006
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Pedro Pou, fue presidente del Banco Central entre 1996 y 2000, durante la presidencia de Carlos
Saúl Menem y luego durante la de De la Rúa, el funcionario fue investigado por la justicia por
supuesta defraudación al Estado y por autorizar maniobras ilegales por la quiebra de un Banco.
Puntualmente se le acusa de autorizar redescuentos por $58 millones de pesos argentinos
(US$15.237.100) con bonos públicos cuyo valor real rondaba el 50%, pero aceptados por el
Central a su valor técnico, esto es, el valor nominal más los intereses a favor del Banco Medefin.
En las maniobras están involucrados asimismo ex funcionarios de ex directivos del Banco
Central Manuel Domper, Miguel Angel Ortiz y Marcos Saúl, del Banco de la Nación Argentina
a sus ex directivos Hugo Gaggero, Aldo Dadone y Genaro Contartese -los tres también
involucrados en el escándalo IBM- y Julio Dentone, César Ochoa, Juan Rigal Butler, Víctor
Bestiani y Alfonso Millán, así como también del Banco Ciudad involucró a su ex titular Nicolás
Weisz-Wassing, a Héctor Menéndez, José González, Benjamín Gesualdo, y al ex secretario de
Finanzas Lisandro Barry. También están involucrados los entonces directivos del Banco
Medefin Francisco Mayorga, José López Mañana, Daniel Cardoni, Ricardo González Victorica
y Vicente Gallo. En Agosto de 2009 Pou fue procesado y se le trabó un embargo por $500.000
pesos argentinos (US$131.354).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
8. Fraude: Malversación de fondos Ilegal
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
públicos/Peculado
Actores implicados
15. Bancos/Entidades Financieras-Banco Central de la República Argentina (BCRA)
16. Bancos/Entidades Financieras-Banco Ciudad
17. Bancos/Entidades Financieras-Banco Nación
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Pedro Pou, (Presidente Banco Central de la República Argentina,
jerarquía)
Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios financieros
Sector Económico
Actores Afectados
8. Ciudadanía
9. Compradores(as)/clientes(as)
Mayor información
4. Noticia
sobre
el
juicio
oral
que
enfrenta
Pou,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=592896
5. Noticia
sobre
el
procesamiento
de
Pou,
ver
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=28767
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº007
País
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Caso Boliche Bailable República de Argentina
Cromagnon
Resumen caso
En diciembre de 2004, durante un recital se produjo un accidente en el Boliche Bailable
“República Ciudad de Crogmanon”. Un incendio en el lugar producido por una vengala, causo
la muerte de casi 200 personas. En el marco de la investigación, se descubrió que el boliche no
cumplía con las condiciones para su habilitación y que por lo tanto debió haber sido
clausurado. La justicia investigó la existencia de una asociación ilícita compuesta por
funcionarios y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Este último
sería el líder de esta asociación ilícita que permitiría la existencia de zonas liberadas de control
además de la habilitación de locales que no cumplían con los requisitos para operar. Anibal
Ibarra fue destituido de su cargo por medio de un juicio político. La legislatura consideró que
el funcionario había incurrido en mal desempeño de sus funciones. Asimismo, el 2007, El
Tribunal Oral en lo Criminal 24 condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo al
empresario Rubén Fuerte (titular de una empresa de asesorías de seguridad contra incendios)
por ser “coautor de cohecho activo en 16 locales diferentes”, y al oficial de bomberos Marcelo
Nodar y ex comisario de Bomberos Alberto Corbellini, culpables por “cohecho pasivo”. Los
jueces Raúl Llanos, Marcelo Alvero y Cecilia Maizaces, dispusieron penas de dos años y nueve
meses en suspenso por el delito de “cohecho activo” para el empresario Luis Perucca (titular de
una empresa de asesorías de seguridad contra incendios), y de dos años y seis meses en
suspenso por cohecho pasivo para el cabo Marcelo Smock.
Conducta/s Reprochable/s
5. Asociación ilícita
6. Cohecho/Extorsión/Soborno
Estatus
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
Año de la conducta
No se accede al dato
2004
8. Gobierno Federal
9. Otras instituciones públicas-Bomberos
10. Empresas Privadas- Asesorías de seguridad contra incendios
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Anibal Ibarra, Jefe de Gobierno Ciudad de Buenos Aires
jerarquía)
(Público Alto)
Marcelo Nodar, Oficial de Bomberos (Público Medio)
Alberto Conrado Corbellini, Comisario Jefe de la División
Prevención de la Superintendencia de Bomberos (Público
Medio)
Marcelo Smock, Cabo de Bomberos (Público Bajo)
Rubén Fuerte, Empresario (Privado Alto)
Luis Perucca, Empresario (Privado Alto)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
3.
4.
5.
6.
5.
6.
7.
Situación del caso
No
Sí, Cerrado
No
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento
Actores Afectados
Familiares de las personas afectadas
Compradores(as)/Clientes
Habitantes de la zona
Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia
Mayor información
Noticia
sobre
la
citación
de
cuatro
bomberos
federales,
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-53917-2005-07-20.html
Noticia sobre las condenas dadas a los bomberos federales,
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-96768-2007-12-28.html
Noticia
sobre
las
condenas
a
otros
implicados,
http://www.clarin.com/diario/2007/12/28/sociedad/s-04201.htm
Otras observaciones o comentarios
ver
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº008
País
Año de aparición en prensa
2004 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Asociación Mutual Israelita Argentina Argentina
(AMIA)
Resumen caso
El año 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) situada en el Barrio de Once de
la Ciudad de Buenos Aires, sufrió un atentado en el cual murieron 85 personas a las que se
sumaron más de 300 heridos. En la investigación judicial del caso, los jueces del Tribunal Oral
Federal Nº 3 llegaron a la conclusión que integrantes de los tres poderes del Estado colaboraron
para enhebrar una historia con pruebas falsas para inculpar falsamente a los 5 imputados por el
atentado, vale destacar que el Juzgado de Instrucción participa fuertemente en dichas maniobras.
En efecto, la etapa de instrucción del caso Amia, tuvo una duración de 10 años y estuvo a cargo
del Juez Galeano, a quien se lo acusa de haber llevado adelante, junto con el Ministro del
Interior de ese momento, Carlos V. Corach, un plan para responsabilizar a ciertas personas.
Centralmente se trata de Carlos Telleldín quien habría proporcionado la camioneta que se utilizó
en el atentado y quien habría sido objeto de extorsiones de parte de miembros de la Policía.
También habría intervenido el Secretario de Inteligencia del Estado (titular de la SIDE,
Secretaría de Inteligencia del Estado), Eduardo Anzorreguy quien utilizó fondos estatales de este
organismo para realizarle pagos a Telleldín. Asimismo habría habido connivencia de los fiscales
encargados de la acusación y del titular de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas) Rubén Beraja. Finalmente, en la sentencia judicial se requirió que se investigue a
los miembros de la comisión bicameral de seguimiento de la investigación que se conformó en
el congreso nacional en el año 1996 teniendo entre otras funciones la de realizar inspecciones,
tomar declaraciones testimoniales, solicitar el allanamiento de domicilios y, en casos de
necesidad, solicitar el arresto de personas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
9. Homicidio
Ilegal
1994
10. Obstrucción de la justicia / Ilegal
1995
investigación
Actores implicados
18. Ministerio del Interior
19. Servicios de Inteligencia-SIDE (secretaría de Inteligencia del Estado)
20. Poder Judicial de la Nación
21. Ministerio Público Fiscal
22. Congreso de la Nación (Comisión Bicameral de seguimiento de la investigación)
23. Organizaciones No Gubernamentales/Agrupaciones civiles- Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
24. Organizaciones No Gubernamentales/Agrupaciones civiles- Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA)
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Galeano (Juez Federal, Público Alto)
jerarquía)
Carlos Corach (Ministro del Interior, Público Alto)
Eduardo Anzorreguy (Secretario de Inteligencia del Estado,
Público Alto)
Rubén Beraja (Presidente DAIA, Privado Alto)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
10. Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia
11. Familiares de las personas afectadas
12. Ciudadanía
Mayor información
6. Información respecto de la Causa AMIA http://www2.jus.gov.ar/AMIA/
7. Noticia sobre el fallo judicial de 2004 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/142982-2004-10-30.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº009
País
Año de aparición en prensa
2000
Caso Coimas
BANELCO
en
el
Senado,
Ley
Argentina
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el año 2000 gobernaba en Argentina una coalición de fuerzas que había llegado al poder con
la consigna de transparencia como respuesta a las fuertes acusaciones de corrupción de la década
de 1990 que tuvieron a Carlos S. Menem como Presidente. En esta oportunidad el Congreso
buscaba la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, en el Senado de la Nación. Para lograr este
resultado, se habría sobornado a varios senadores del peronismo a cambio del voto favorable a la
ley, se estima el pago de US$5.000.000. La maniobra habría estado encabezada por el Ministro
de Trabajo, Alberto Flamarique, quien en una reunión y luego del voto favorable en diputados
habría dicho “Para los Senadores tengo la Banelco” haciendo referencia a poseer una tarjeta
bancaria que permitiría el pago de sobornos. El caso obtuvo luz por las declaraciones de un
arrepentido, Mario Pontaquarto, quien fuera Secretario Parlamentario. Este afirmó que existió
una reunión en la Casa Rosada (Casa de Gobierno) en el mismo despacho del presidente de la
Nación. Allí se afirma que se le hizo saber al Presidente De la Rúa que el
justicialismo/peronismo necesitaba de “otras cosas” para destrabar la sanción de la ley, el ex
presidente habría contestado -siempre según los dichos del arrepentido ahora avalados por el
juez- ese tema “arréglenlo con (el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado-SIDE,
Fernando de) Santibañes”. Así fue que los otros funcionarios involucrados en este acto de
corrupción fueron el Presidente de la Nación: Fernando De La Rua; el Secretario de la SIDE:
Fernando de Santibañez; el Ministro de Trabajo: Alberto Flamarique; el mismo Mario
Pontaquarto; el Presidente Provisional del Senado: José Genoud; los senadores peronistas: José
Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda. Este caso motivo
la renuncia del Vicepresidente de la Nación Chacho Alvarez y fue uno de los hechos que luego
generó la caída de Fernando de La Rua. La ley que en su momento fue aprobada, se derogó en el
año 2004 por 215 votos a favor y 23 en contra.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
11. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2000
Actores implicados
25. Poder Legislativo
26. Poder Ejecutivo
27. Ministerio de Trabajo
28. Servicios de Inteligencia-Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
Denunciante (y cargo si Mario Pontaquarto (Secretario Administrativo, Público Medio)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Fernando de La Rua (Presidente de la Nación, Público Alto)
jerarquía)
Fernando de Santibañez (Secretario de Inteligencia del Estado,
Público Alto)
Alberto Flamarique (Ministro de Trabajo, Público Alto)
Mario Pontaquarto (Secretario Administrativo, Público Medio)
José Genoud (Presidente Provisional del Senado, Público Alto)
José Cantarero (Senador, Público Alto), Alberto Tell (Senador,
Público Alto), Remo Costanzo (Senador, Público Alto), Augusto
Alasino (Senador, Público Alto)
Ricardo Branda (Senador, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
13. Electores(as)
14. Representados(as) por la autoridad-Diputados, Senadores, Presidente de la Nación,
Ministro
15. Ciudadanía
Mayor información
8. Noticia
sobre
el
procesamiento
De
la
Rúa,
ver
http://www.perfil.com/contenidos/2008/02/25/noticia_0057.html
Otras observaciones o comentarios
Este caso también se conoce como Ley Banelco.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Cristóbal López
País
Argentina
Ficha Nº010
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Hipódromo Argentino de
Palermo S.A-HAPSA
Resumen caso
Cristóbal López es un empresario cuyo crecimiento económico se dio principalmente a partir de
su trabajo en el negocio del juego. El inicio en este negocio se dio a partir del año 1992 en la
Provincia de Chubut. Posteriormente se extendió a salas de juego en Trelew, Playa Unión,
Rawson, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. En 1998, un acuerdo con el entonces gobernador
misionero Ramón Puerta (Partido Justicialista) lo llevó a abrir una casa de tragamonedas en
Posadas. En 2000, el gobernador de La Pampa, Rubén Marín, concedió a Casino Club la
explotación de un casino en Santa Rosa. La presidencia de Néstor Kirchner, al igual que la de
Cristina Fernández, favoreció el crecimiento de los negocios de este empresario a tal punto que
su facturación creció de $500 millones de pesos argentinos (US$131.387.397) en 2003 a $3.000
millones de pesos argentinos (US$788.331.012) en 2008 y en los últimos tiempos se lo acusa de
ser beneficiado con la prorroga de la concesión del Hipódromo. Siempre se sospecho y denunció
vinculación con el poder, se estiman presiones ejercidas por el kirchnerismo sobre intendentes
así como también por beneficios dados en el marco de las concesiones. En la actualidad es
dueño de 11 Casinos y 14 salas de juegos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
12. Trafico de Influencias
Ilegal
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Actores implicados
29. Empresa Privada
30. Poder Ejecutivo Nacional
Denunciante (y cargo si Elisa Carrió (Fundadora y Presidenta de la Coalición Cívica)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Cristóbal López (Dueño de empresa/empresario/contratista,
jerarquía)
Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No
No
Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento.
Actores Afectados
16. Empresas Competidoras
17. Ciudadanía
Mayor información
9. Noticia sobre compras de empresas que pretendía realizar López,
http://www.perfil.com/contenidos/2009/12/07/noticia_0005.html
10. Noticia
sobre
la
denuncia
de
Elisa
Carrió,
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-97993-2008-01-25.html
Otras observaciones o comentarios
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº011
País
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Caso Distribución Arbitraria de Argentina
Subsidios, Secretaria de Transporte
Resumen caso
Se denuncian altos subsidios destinados al transporte los que motivaron sospechas de corrupción
en esos otorgamientos. El funcionario sospechado es el secretario de transporte, Ricardo Jaime.
En el año 2005, la cartera destinada a este rubro era de cerca de dos mil millones de pesos
argentinos por año (US$525.555.104) y ha habido un fuerte incremento sin la consecuente
mejora del servicio. Existe un informe de la Auditoría General de la Nación (Órgano de Control
Externo Actuación AGN N° 504/0), en donde específicamente se auditan los controles
realizados por la Secretaría de Transporte de la Nación y/o la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, respecto de los subsidios otorgados a través de partidas presupuestarias, a los
Concesionarios Ferroviarios destinados a la ejecución de obras. Puntualmente se sostiene que
han existido “irregularidades en los subsidios que el Estado otorgó a las empresas
concesionarias de los ferrocarriles, que ascienden a $1.817 millones de pesos (US$477.466.619)
entre 2005 y 2008”. En las conclusiones de dicho informe se señala la falta de transparencia en
el otorgamiento de los subsidios, incumplimiento de los principios en materia de contrataciones
y licitaciones.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
13. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
14. Fraude: Malversación de Fondos Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
Públicos/Peculado
Actores implicados
31. Ministerio-Secretaría de Transporte de la Nación
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Ricardo Jaime, Secretario de transporte (Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
No
No
No
No
No
No aplica
Actores Afectados
18. Ciudadanía
19. Usuarios(as) del Servicio
20. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
11. Informe de Auditoría General de la Nación (AGN) al cual se hace referencia:
http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2009/2009_206.pdf
12. Noticia
sobre
informe
de
AGN,
ver
http://www.perfil.com/contenidos/2009/11/23/noticia_0003.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº012
País
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Caso Distribución de pauta publicitaria Argentina
oficial
Resumen caso
Se reprocha al Estado Nacional la asignación en forma discrecional de publicidad oficial
constituyendo de este modo una presión encubierta sobre el derecho de libertad de expresión. A
partir de una denuncia realizada por el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel
Garrido, en 2008 se inició una denuncia penal. En esta denuncia se vincula al Secretario de
Medios del Poder Ejecutivo Nacional Enrique Albistur (quien renunció en diciembre de 2009)
con empresas “socias” o “amigas” en las que tendrían participación algunos de sus familiares.
Albistur era funcionario desde el año 2003, nombrado por el ex presidente Nestor Kirchner. Por
esos hechos se le imputó negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que
contempla una pena de entre uno y seis años de cárcel. También está siendo investigado por
presunto enriquecimiento ilícito. Las compañías vinculadas a Albistur que recibieron publicidad
oficial son nueve. Entre 2004 y 2007, según la investigación de Garrido, recibieron pautas por
un total de $9.826.070 pesos argentinos (US$ 2.581.526). Ellas son Estatic SA ($2.138.430
pesos argentinos, US$561778), Video Market SA ($327.899 pesos argentinos, US$86.141),
Enterprise Publicidad SA ($753.508 pesos argentinos, US$197.952), Publicar SA ($1.329.750
pesos argentinos, US$349.336), Horizontes del Sol SA ($162.750 pesos argentinos,
US$42.756), Sistemas Publicitarios SRL ($897.021 pesos argentinos, US$235.654), Vía Pública
Fijar SRL ($3.610.489 pesos argentinos, US$948.506), Chretien & amp; Asociados SA
($560.307 pesos argentinos, US$147.197), y Onda Norte SA ($45.916 pesos argentinos,
US$12.063). La denuncia alcanzó también al subsecretario de Medios, Alejandro Lenzberg; al
ex director general de Comunicación Gustavo Russo, y al ex director nacional de Políticas
Regionales del Ministerio del Interior Guillermo De Lella.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
15. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
16. Negociaciones incompatibles
Ilegal
Año de la conducta
No se accede al dato
2004, 2005, 2006, 2007,
2008
Actores implicados
32. Ministerio-Secretaría de Medios
33. Empresas Privadas- Estatic SA, Video Market SA, Enterprise Publicidad SA, Publicar
SA, Horizontes del Sol SA, Sistemas Publicitarios SRL, Vía Pública Fijar SRL,
Chretien & amp; Asociados SA y Onda Norte SA.
Denunciante (y cargo si Manuel Garrido, Fiscalía de Investigaciones Administrativas
aplica)
(Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Enrique Albistur, Secretario de Medios del Poder Ejecutivo
jerarquía)
Nacional (Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Publicitarios
Sector Económico
Actores Afectados
21. Ciudadanía
22. Empresas competidoras
Mayor información
13. Noticia
sobre
la
renuncia
de
Enrique
Albistur,
ver
http://www.mdzol.com/mdz/nota/177326-Renunció-Enrique-Albistur-a-la-secretaría-deMedios-de-la-Nación/
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº013
País
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Caso Enriquecimiento ilícito de los Argentina
Kirchner
Resumen caso
En el año 2008, se han realizado denuncias en relación al crecimiento del patrimonio del ex
presidente y la actual presidenta, argumentándose que ello fue realizado en forma no
transparente y por ello se investiga judicialmente. Según los medios, la fortuna de los Kirchner
creció un 527%, cuando llegaron al poder en el año 2003, su patrimonio era de dos millones de
pesos argentinos; en 2007 ambos poseían $17.824.941 (US$4.681.536); y a fines de 2008, según
consta en la declaración jurada patrimonial de bienes llegaba a un monto de $46.036.711
(US$12.091.061). La causa habría sido archivada por orden de la Cámara Federal porteña la
cual rechazó un planteo del entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
(FIA), Manuel Garrido, para que la investigación siguiera en pie. Asimismo, los legisladores
Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán presentaron una ampliación de la denuncia
por supuesta asociación ilícita contra el ex presidente Néstor Kirchner (actual diputado electo) y
un grupo de funcionarios del gobierno nacional. Vale señalar que existieron otro tipo de
denuncias por análogos hechos encabezadas por abogados como Ricardo Moner Sans o Enrique
Piraggini, presidente del Partido del Campo Popular. Según surge de la declaración jurada
patrimonial que Cristina Kirchner presentó durante 2009 ante la Oficina Anticorrupción (OA) lo
que implica un incremento del 158%. En el mes de Diciembre de 2009, en el marco de la causa
que llevaba adelante el Juez Federal Oyarbide, se dictó el sobreseimiento de Cristina y Néstor
Kirchner respecto del delito de enriquecimiento ilícito. La sentencia, asimismo, quedó firme y
ya no podrá ser revisada dado que los fiscales del caso decidieron no apelar la resolución
judicial.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
17. Asociación Ilícita
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
18. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
34. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Ricardo Monner Sans, Abogado
aplica)
Enrique Piraggini, (Presidente de partido, público alto)
Fernando Sánchez (diputado, Público Alto)
Elsa Quiroz (diputada, Público Alto)
Juan Carlos Morán (Diputado, Público Alto)
Manuel Garrido, Titular de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas-FIA (Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Néstor Kirchner (Ex Presidente de la Nación, Público Alto)
jerarquía)
Cristina Fernández (Presidenta de la Nación, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado por sobreseimiento
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
23. Ciudadanía
24. Electores(as)
25. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
14. Noticia
sobre
el
sobreseimiento
de
los
Kirchner,
ver
http://www.perfil.com/contenidos/2009/12/21/noticia_0017.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Enriquecimiento ilícito Carlos S.
Menem
Ficha Nº014
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Tráfico de armas, Caso Pista
de aterrizaje en Anillaco
Resumen caso
Se acusa al ex Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem por el delito de enriquecimiento
ilícito. Existen diversas causas judiciales por tal motivo. En una de ellas intervino en esa causa
el Juez Urso a quien le fue cedida la competencia en la investigación por el Juez Juan José
Galeano. Sin embargo, luego el caso fue nuevamente remitido a otro Juzgado, se trata del fuero
penal económico a raíz de la vinculación del enriquecimiento ilícito con el contrabando de
armas a Ecuador y Croacia. La investigación se da en el marco de la causa de la venta ilegal de
armas a Ecuador y Croacia. En abril de 2005, el Juez Esperoni Dicto la falta de mérito en la
Causa. También se lo acusa de haber falseado su declaración jurada ante la Oficina
Anticorrupción (OA), y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su
declaración jurada fiscal y falseó también una ganancia imposible en intereses, y no justificar
una cuenta en Suiza por US$600.000.
Conducta/s Reprochable/s
19. Enriquecimiento Ilícito
Estatus
Ilegal
Año de la conducta
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Desconocido
20. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal
malicioso de documentos
Actores implicados
35. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Carlos Stornelli (Fiscal, Púlico Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Saúl Menem, Presidente de la Nación (Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
26. Ciudadanía
27. Electores(as)
28. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
15. Noticia
sobre
cambio
de
juez
en
el
caso,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=358815
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Felisa Miceli
Ficha Nº015
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Felisa Miceli, ocupaba el cargo de Ministra de Economía de la Nación del Gobierno del
Presidente Néstor Kirchner cuando personal de la División Bomberos de la Policía Federal
descubrió en el baño privado del despacho de la funcionaria una bolsa de papel con $100.000
pesos argentinos (US$26.264) y US$31.000. Ello ocurrió el día 5 de junio de 2007; no se sabía
la procedencia del dinero pero existían suposiciones de pagos ilegales o sobresueldos, ella
explicó que era propio y se iban a destinar a una operación inmobiliaria que nunca se concretó.
La Policía laboró un acta, pero la misma desapareció sospechosamente, hay testimonios que
indican que la secretaria de la Ministra había ordenado a otra secretaria que no debía quedar
rastro alguno del hallazgo. Se presentó una denuncia por parte del abogado Miguel Bootelo, así
como también por el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. El fiscal
Federal Guillermo Marijuán, encargado de la investigación, realizó un allanamiento y una
amplia inspección en el Ministerio de Economía para sumar datos al hecho. El supuesto origen
espurio del dinero motivo que la Ministra de Economía presentara su renuncia el día 16 de julio
de 2007. El primero de julio de 2009 se solicito la elevación a juicio de la causa por el delito de
encubrimiento en concurso real con el delito de destrucción de documento, se ordenó un
embargo de $200.000 pesos argentinos (US$52.528) sobre los bienes de la ex funcionaria
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
21. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2007
22. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal
2007
malicioso de documentos
Actores implicados
36. Ministerio de Economía
Denunciante (y cargo si Miguel Bootelo (Abogado, Público Medio)
aplica)
Manuel Garrido, Fiscal de Investigaciones Administrativas
(Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Felisa Miceli, Ministra de Economía (Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No Aplica
Sector Económico
Actores Afectados
29. Ciudadanía
Mayor información
16. Noticia sobre el destino que se le daría al dinero encontrado, ver
http://www.clarin.com/diario/2007/06/26/elpais/p-01701.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº016
País
Año de aparición en prensa
2004
Caso Fondos de Santa Cruz
Argentina
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Gran parte de los fondos que la provincia de Santa Cruz obtuvo en la década de 1990, fue
gracias a un juicio que el entonces gobernador Néstor Kirchner le ganó al Estado nacional. En
torno a fondos (US$540.000.000) existe un manejo poco transparente y poca información sobre
dicho depósito, dado que en un primer momento se declaró el depósito ante la Reserva Federal,
Banco Central de los Estados Unidos que como tal, realiza transacciones con gobiernos, bancos
comerciales y otras instituciones financieras pero no participa en operaciones de inversión, para
luego ser depositados en el Banco Suizo Credit Suisse. Por otro lado, estos fondos que estaban a
nombre de la provincia de Santa Cruz, pasaron a estar a nombre del Banco de Santa Cruz SA,
puesto que en mayo 2006, la provincia celebró un contrato con este banco mediante el cual
constituyeron el Fideicomiso de Administración Provincia de Santa Cruz. La provincia pagaría
gastos de custodia por $2.379.000 pesos argentinos (US$624.737).
Estas gestiones se cuestionan dado el déficit presupuestan que posee la Provincia de Santa Cruz.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Malversación de Fondos Ilegal
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
Públicos/Peculado
1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz
2. Bancos/Entidades financieras- Banco Suizo Credit Suisse
3. Bancos/Entidades financieras- Banco de Santa Cruz SA
Denunciante (y cargo si Adrián Salbuchi, Periodista y conductor del programa radial
aplica)
“El Traductor” (Público, Medio)
Enrique Romero, Periodista y conductor del programa radial
“El Traductor” (Público Medio)
Acusado/a
(cargo
y Néstor Kirchner (ex Gobernador de la Provincia de Santa Cruz,
Público Alto)
jerarquía)
Daniel Peralta (Gobernador de la Provincia de Santa Cruz)
Juan Manuel Campillo (Ministro de Economía local, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Representados(as) por la autoridad
3. Habitantes de la zona-Provincia de Santa Cruz
Mayor información
1. Noticia
sobre
dónde
estarían
los
fondos
de
Santa
Cruz,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937071
2. Noticia
sobre
el
déficit
de
fondos
en
Santa
Cruz,
ver
http://www.perfil.com/contenidos/2009/07/14/noticia_0008.html
3. Libro “El caso de los fondos de Santa Kruz: los 'desaparecidos' de Néstor Kirchner”
(Ediciones Anábasis, Córdoba, 2007)
Otras observaciones o comentarios
Sobre tratamiento del caso penal, Causa 6662/04 iniciada en el Juzgado Federal Criminal y
Correccional No. 7
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Funcionario Jaime
Ficha Nº017
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Distribución arbitraria de
Subsidios, Secretaría de Transportes
Resumen caso
Ricardo Raúl Jaime se desempeñaba como Secretario de Transporte durante el gobierno de
Nestor Kircher. Por un lado la denuncia realizada por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas focalizada en la realización de distintos viajes aéreos al exterior, en diferentes
aeronaves privadas cuyos costos habrían sido solventados sin justificación ni vínculo alguno
con actos inherentes a la función de Secretario de Transporte. Cabe destacar que estos viajes
fueron realizados por empresas pertenecientes al denominado “Grupo Cirigliano” que se
encuentran bajo la órbita de control funcional del Secretario de Transporte. Por otro lado se
pone en cuestionamiento el origen de un avión en el cual se transportaba permanentemente este
funcionario cuya compra fue realizada a fines de 2008 por un monto mayor a US$4.000.000.
Conducta/s Reprochable/s
23. Cohecho/Soborno/Extorsión
24. Enriquecimiento Ilícito
Estatus
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
Año de la
conducta
2007
2008
37. Empresas Privadas
38. Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios
39. Otras Instituciones Públicas
Denunciante (y cargo si aplica)
Ricardo Cirielli (Subsecretario de Transporte
Aerocomerical, Público Alto)
Manuel Garrido
(Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Ricardo Jaime (Secretario de Transporte, Público Alto)
Grupo Cirigliano
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No aplica
Actores Afectados
30. Ciudadanía
31. Empresas Competidoras
Mayor información
1. Denuncia
de
la
Fiscalía
de
Investigaciones
Administrativas,
ver
http://www.fia.gov.ar/Denuncia%20por%20vuelvos%20privados%20realizados%20por
%20el%20Ing.%20Ricardo%20Jaime.pdf
2. Nota
periodística
a
partir
de
la
cual
interviene
la
FIA
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=973
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Funcionario Kohan
Ficha Nº018
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Sobresueldos con fondos
reservados
Resumen caso
Alberto Kohan tuvo dos cargos de importancia durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.
Fue Secretario General de la Presidencia en 1989, 1990 y entre 1995-1999, y Ministro de Salud
entre 1990 y 199. EL año 2001 fue denunciado por el abogado del Partido Radical Juan Carlos
Iglesias, por enriquecimiento ilícito. Los argumentos que se presentaron en la denuncia que fue
radicada en la Justicia Federal, específicamente en el juzgado N° 5, fueron que antes de
ingresar en la función pública “era un hombre sin fortuna”, en tanto que ahora posee una
mansión cuyo “costo es superior al millón y medio de pesos” argentinos (US$395.000),
además de “otros bienes y fortuna personal que le permiten mantener un nivel de vida
elevadísimo”. También se propuso investigar a su esposa, Marta Franco. De acuerdo a la
investigación del juez federal Ariel Lijo, cuando ingresó al gobierno en 1989, Kohan tenía un
inmueble valuado en US$ 155.000, mientras que al salir del gobierno, tenía 9 inmuebles -uno
de ellos de más de US$ 1 millón-, tres autos, una lancha, un jet ski y casi 100 armas. Según el
juez, sus gastos durante su paso por el gobierno no eran solventables con sus ingresos y los del
grupo familiar.
Conducta/s Reprochable/s
7. Enriquecimiento Ilícito
Estatus
Ilegal
Año de la conducta
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999
Actores implicados
11. Poder Ejecutivo-Secretaría General de la Presidencia
12. Ministerio de Salud
Denunciante (y cargo si
aplica)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Juan Carlos Iglesias (Asesor legal del Partido Radical, Público
Medio)
Alberto Kohan (Secretario General de la Presidencia, Público
Alto y Ministro de Salud, Público Alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, No se accede al dato
No
No aplica
Actores Afectados
7. Ciudadanía
Mayor información
8. Noticia
sobre
el
procesamiento
de
http://www.clarin.com/diario/2006/03/14/um/m-01158550.htm
Otras observaciones o comentarios
Kohan,
ver
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº019
País
Caso Gostanian
Argentina
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El caso consiste en un incremento patrimonial injustificado, omisiones en su declaración jurada
de bienes y participaciones en sociedades por parte de Armando Gostanian -Titular de la Casa
de la Moneda, entre agosto de 1989 y diciembre de 1999, quien también fuera previamente
asesor de la Presidencia de la Nación durante gestión de Carlos S. Menem. Las pericias
realizadas en el expediente judicial indican que no se habría justificado la suma de más de
US$660.000 que fueron destinados a la compra de un inmueble en Punta del Este, y que no hay
registros contables y societarios que permitan justificar el pago de dividendos y honorarios con
relación a tres sociedades radicadas en el exterior (Panamá), percibidos por el imputado entre
1995 hasta el 2000.
Conducta/s Reprochable/s
2. Enriquecimiento ilícito
3. Falsificación
de
Documentos/Uso
malicioso de documentos
4.
Estatus
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
Otras instituciones públicas-Casa de la Moneda
Año de la conducta
1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
No se accede al dato
5. Poder Ejecutivo-Presidencia de la Nación
Denunciante (y cargo si Juan Carlos Iglesias (Asesor Legal/Abogado de la Oficina
aplica)
Anticorrupción, Público Medio)
Acusado/a
(cargo
y Armando Gostanian, Titular de la Casa de la Moneda (Público
Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia
sobre
el
procesamiento
de
Gostanian,
ver
http://www.clarin.com/diario/2009/03/06/um/m-01871883.htm
2. Noticia
sobre
la
denuncia
de
la
Oficina
Anticorrupción,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=404427
3. Noticia sobre la confirmación del procesamiento de Gostanian por la Cámara Federal,
ver http://www.cij.gov.ar/nota-2772-La-Camara-Federal-confirmo-procesamiento-deGostanian-por-enriquecimiento-ilicito.html
Otras observaciones o comentarios
Sobre causa penal, buscar por Cámara Criminal y Correccional Federal - Sala II – Confirmó el
procesamiento 22/10/2009.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Granillo Ocampo
Ficha Nº020
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Sobresueldos con fondos
reservados
Resumen caso
Raúl Granillo Ocampo, fue el último Ministro de Justicia del Presidente Carlos S. Menem. Fue
acusado de enriquecimiento ilícito por no poder justificar el incremento de US$1.300.000
dólares y $27.510 pesos argentinos (US$7.228) en su patrimonio entre octubre de 1994 y
diciembre de 1999. Además de él mismo, su esposa, Nélida Barros Reyes, urdieron diversas
maniobras en las que también involucraron a los tres hijos de la pareja para justificar el
enriquecimiento. Las operaciones que originaron el enriquecimiento ilícito de Granillo Ocampo
fueron tres: la supuesta venta del 50% del paquete accionario de una bodega por US$1.000.000,
el aporte de US$ 300.000 para la compra de tres departamentos y la adquisición de dos
automotores por $27.510 pesos argentinos (US$7.228).
Conducta/s Reprochable/s
4. Enriquecimiento ilícito
Estatus
Año de la conducta
Ilegal
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Actores implicados
6. Ministerio de Justicia de la Nación
Denunciante (y cargo si Manuel Garrido (Titular Oficina Anticorrupción- Ministerio de
aplica)
Justicia, Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Raúl Granillo Ocampo, Ministro de Justicia de la Nación
(Público, Alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierta
No
No aplica
Actores Afectados
2. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia
sobre
el
procesamiento
de
Granillo
Ocampo,
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=630042
2. Noticia sobre el involucramiento de los hijos de Granillo Ocampo,
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=15459
Otras observaciones o comentarios
Sobre tratamiento penal del caso, buscar Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal n° 5, Sec. 10 y Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Greco
País
Argentina
Ficha Nº021
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Accolade
Resumen caso
Se cuestiona el reclamo ilegitimo de una indemnización de $618 millones de pesos argentinos
(US$ 162.289.915) de parte del Grupo Greco, ex propietario del ex Banco de los Andes y de una
diversas de empresas vitivinícolas, cuyo pago fue autorizado por el Ministerio de Economía en
diciembre de 2006 y no fue cancelado por falta de crédito presupuestario. Se denuncia asimismo
falta de información pública sobre el caso. En 1986, a la vuelta de la democracia, se presentó de
parte de este grupo una demanda de indemnización denunciando la apropiación de las empresas
del grupo por parte de la dictadura militar. Sin embargo, se sabía que dicho grupo Greco fue uno
de los que se aprovechó de las condiciones creadas por el Ministro de Economía de la dictadura
militar, José Alfredo Martínez de Hoz, para crear bancos (en este caso, los Andes) para absorber
depósitos del público que derivaban en beneficio de sus propias empresas. Cuando éstas dejaban
de devolver los préstamos, se pretendía hacer pagar la deuda al Banco Central. A pesar de ello, el
Grupo Greco pretendió recuperar sus activos cuando volvió la democracia. Hasta junio de 2003,
este reclamo fue rechazado, pero en dicho año, hubo un cambio de criterio de los representantes
legales del Estado (Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, bajo el mando de
la Secretaría Legal). La abogada María Eugenia Martínez, que se desempeñó en el área hasta
2003, fue reemplazada por la letrada Beatriz Pernas, bajo las órdenes de los directores Daniel
García y Yolanda Eggink, el subsecretario Osvaldo Siseles y el secretario Eduardo Pérez. Frente a
esta situación, la entonces Ministra de Economía Felica Miceli presentó una denuncia ante el juez
Sergio Torres que se reciba la declaración testimonial de Martínez y se tome indagatoria a los
restantes. Martínez había expresado que “no existe un solo documento” que respaldara el reclamo
de los Greco “Por el contrario, es el grupo Greco el que está en deuda con el Estado”. Sin
embargo, a partir de la posterior actuación de quienes la sucedieron, no sólo se convalidó la suma
reclamada por los ex titulares del Los Andes, sino que se convalidó un fallo del juez Juan
Francisco Soto en favor del reclamo, que ni siquiera tomó en cuenta la deuda de los Greco con el
Estado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1992, 1993,
7. Fraude: Malversación Ilegal
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
de
caudales
2002, 2003, 2204, 2005, 2006, 2007
públicos/Peculado
8. Falsificación
de Ilegal
No se accede al dato
Documentos/Uso
malicioso
de
documentos
Actores implicados
5. Ministerio de Economía
6. Empresas Privadas-Grupo GRECO
7. Bancos/Entidades financieras-Banco Central
8. Bancos/Entidades financieras-Banco Los Andes
Denunciante (y cargo si Ricardo Monner Sans (Abogado, público medio)
aplica)
Felica Miceli (Ministra de Economía, público alto)
Acusado/a
jerarquía)
(cargo
y
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Juan C. Intelisano, Subsecretario Administración, Ministerio de
Economía (Público Alto)
Eduardo Corrales (funcionario Ministerio de Economía, público
bajo)
María Eugenia Martínez (abogada, público medio)
Daniel García y Yolanda Eggink (abogados, público medio)
Osvaldo Siseles (Subsecretario Ministerio de Economía, Público
Alto)
Eduardo Pérez (Secretario Ministerio de Economía, público alto).
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
4. Ciudadanía
5. Empresas competidoras del Grupo GRECO
Mayor información
1. Noticia sobre el caso, ver http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-84504-200705-05.html
2. Información entregada por senadores ante la Cámara, sobre el caso. Ver
http://www.senadorernestosanz.com.ar/prensa/pdfs/a_nova/2008/22_02_08_romero.pdf
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº022
País
Caso Hipódromo Argentino de Palermo Argentina
S.A-HAPSA
Resumen caso
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso de Cristóbal López
El ex-presidente Néstor Kirchner, sin que medie proceso licitatorio firmó un decreto nro.
1851/2007 el día 5/12/2007, por el cual prorrogó hasta el año 2032 la concesión del Hipódromo
de Palermo y el complejo de tragamonedas aumentando también su número. El mismo vencía
originalmente en 2017. Parte de la argumentación para tal proceder se basa en un motivo que no
debería ser central para la Administración Pública, esto es: “durante los primeros diez años de
concesión, la actividad hípica atravesó una seria crisis, originada en diversos factores, que
conllevaron a una sensible merma, en la asistencia del público apostador al circo hípico
palermitano”. Otro aspecto sospechoso está dado en que la norma obliga “incrementar el parque
de máquinas de resolución inmediata, atento a las necesidades del mercado lúdico”, todos
aspectos que excederían la esfera de decisión Estatal. A su turno, ello se realiza en favor de un
empresario vinculado al poder, se trata de Cristóbal López, dueño de la empresa Casino Club
mediante la cuál explota 17 casinos y bingos en todo el País.
Conducta/s Reprochable/s
9. Licitación pública fraudulenta
10. Tráfico de Influencias
Estatus
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
Año de la conducta
2008
2007
9. Poder Ejecutivo Nacional
10. Empresas Privadas- Hipódromo Argentino de Palermo S.A-HAPSA
Denunciante (y cargo si Manuel Garrido, Fiscal de Investigaciones Administrativas
aplica)
(Público Alto)
Elisa Carrió, Legisladora Coalición Cívica (dirigenta
política, Público medio)
Acusado/a
(cargo
y Federico Achával, empresario (Público, Alto)
jerarquía)
Cristóbal López , empresario (Público, Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, pero vinculado en una causa de enriquecimiento ilícito
Penal
Presidente Kirchner.
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Sector Económico
Terciario-Servicios de Ocio y de Entretención
Actores Afectados
4. Ciudadanía
5. Compradores(as)/Clientes(as) de HAPSA.
6. Empresas competidoras de HAPSA
Mayor información
6. Reportaje
en
Revista
Critica
Digital,
http://criticadigital.com/revistacfiles/revista_c_5_entero_web.pdf
7. Noticia sobre
la prórroga de
la concesión
del Hipódromo,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=980527
Otras observaciones o comentarios
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº023
País
Caso Hidrovía
Argentina
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Existen acusaciones de favorecer irregularmente el contrato de concesión obtenido por el
consorcio belga argentino Hidrovía SA para el peaje del dragado y balizamiento del Río Paraná
y de la Plata que fue concesionado por el gobierno de Carlos S. Menen en el año 1995,
extendido en la actualidad hasta el año 2021, cuando primitivamente la concesión se extendería
hasta el año 2005. La Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio Justicia, realizó una
denuncia penal que no tuvo avances y motivó que en 2005 la Sala II de la Cámara Federal se le
ordene al Juez que siguiera investigando. Entre las acusaciones señaló que “El pliego sufrió
varias alteraciones y muchas de sus cláusulas fueron negociadas cuando el contrato se
encontraba en vigor. A pesar de ello, el pliego fue sistemáticamente violado en varios aspectos,
ya sea modificándoselo o directamente incumpliendo con artículos específicos como la
renegociación y ampliación del contrato antes de lo que se estipulaba”. Vale destacar que luego
de la crisis del 2001 el consorcio fue favorecido con la renegociación del contrato llevada
adelante por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN), así se dispuso la dolarización de la tarifa a pesar de que ello no estaba previsto en
contrato de concesión y que el Gobierno impulsaba la pesificación de las tarifas y con la
extensión de la concesión. Asimismo la gestión de Cristina Fernández ha extendido el plazo
hasta el año 2021. Por las renegociaciones la empresa logró un subsidio extra de US$112,5
millones por tres años, asimismo se amplió en unos 600 kilómetros el área de dragado, se
ratificaron los aumentos ya otorgados en los peajes y se aumenta el nivel de calado de los
tramos que ya estaban concesionados.
Conducta/s Reprochable/s
25. Cohecho/Soborno/Extorsión
Estatus
Ilegal
26. Falsificación de Documentos/Uso
malicioso de documentos
Ilegal
Año de la conducta
2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009
2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009
Actores implicados
13. Empresas Privadas- Hidrovía SA
14. Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios
15. Otras Instituciones Públicas- Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN)
Denunciante (y cargo si Oficina Anticorrupción
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Hidrovía SA.
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de transporte
Sector Económico
Actores Afectados
8. Usuarios(as) del servicio
9. Empresas Competidoras de Hidrovía SA.
Mayor información
9. Noticia
sobre
la
extensión
del
contrato,
ver
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=18066
10. Sobre la crítica que realiza el defensor del pueblo de Argentina, Eduardo Mondino, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1105953
Otras observaciones o comentarios
Es un caso con escasa cobertura mediática, el año de aparición en la prensa es una estimación.
Finalmente se otorgó el sobreseimiento Hidrovia.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso IBM - Banco Nación
Ficha Nº 024
País
Argentina
Año de aparición en
prensa
2004
Casos Vinculados
Caso IBM - DGI
Resumen caso
Mediante el proceso licitatorio 60/93 se buscaba la informatización del Banco de la Nación
Argentina llamado “Proyecto Bicentenario”. La contratación fue adjudicada a la empresa IBM y
se comprobó el pago de sumas de dinero, estimado en un primer momento en más de US$21
millones para determinar la adjudicación a dicha empresa. El contrato suponía informatizar las
525 sucursales del Banco Nación a cambio de US$249 millones de dólares/pesos. El contrato fue
anulado luego de conocerse el escándalo por denuncia de la DGI. Vale destacar que el Banco
Nación, principal damnificado nunca se presentó como querellante en la causa penal. En el caso
se ha investigado y solicitado se levante el secreto del nombre del titular de una cuenta en Suiza, a
la que se giraron US$ 37 millones que corresponderían al pago del retorno del contrato. Dicha
operación bancaria fue realizada por el Banco General de Negocios (BGN) y su titular también
fue citado en la causa judicial. A fines del año 2009, en un juicio abreviado, fueron condenados a
penas de entre tres años y dos años y tres meses de prisión en suspenso y al decomiso de más de
$18 millones de pesos (US$4.711.425).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
27. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
No se accede al dato
28. Fraude/Estafa al Fisco
Ilegal
No se accede al dato
29. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
No se accede al dato
Actores implicados
40. Empresas Privadas-IBM
41. Bancos/Entidades Financieras-Banco de la Nación Argentina
42. Bancos/Entidades Financieras-Banco General de Negocios (BGN)
Denunciante (y cargo si aplica)
Carlos Alvarez, Diputado Nacional (Público Alto)
Horacio Viqueira, Diputado Nacional (Público Alto)
Alfredo Bravo, Diputado Nacional (Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Alfredo Alerto Aldaco, Director de Sistemas del Banco
Nación (público medio)
Mario Jorge Dadone, Director del Banco Nación
Argentina (público alto)
Genaro Antonio Contartese, Director del Banco Nación
Argentina (público alto)
Hugo Gaggero, Director del Banco Nación Argentina
(público alto)
Ricardo Matorana, Presidente IBM (Privado Alto)
Gustavo Soriani, Director IBM (Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Computacionales
Sector Económico
Actores Afectados
32. Usuarios(as) del servicio
33. Empresas Competidoras de IBM
Mayor información
1. Noticia
sobre
la
posibilidad
de
que
el
caso
prescribiese,
ver
http://www.clarin.com/diario/2006/01/23/elpais/p-01101.htm
2. Documento,
sobre
el
acuerdo
del
juicio
abreviado,
ver
http://sincorrupcion.files.wordpress.com/2009/12/acta-acuerdo-juicio-abreviadoultima.pdf
3. Noticia sobre la autodeclaración de culpables por parte de los implicados del caso, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1198415
Otras observaciones o comentarios
En Argentina, existe la figura penal “Defraudación a la administración pública”, que para efectos
de la base de casos de corrupción, ha sido registrada como “Fraude/Estafa al Fisco”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso IBM – DGI
Ficha Nº 025
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso IBM – Banco Nación
Resumen caso
Durante el año 1994, la Dirección General Impositiva (DGI), que estaba a cargo de Ricardo
Cossio, contrató a la empresa IBM para montar dos sistemas informáticos: el tributario y el de
jubilaciones y pensiones. El contrato fue por más de US$500 millones y el Estado pagó por él un
sobreprecio de $120 millones de pesos argentinos (US$31.537.450), según un informe de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En dicha contratación junto con la
empresa IBM se presentó Banelco quien no fue seleccionado. En el contrato se dispuso que el
monto iba a ser abonado a IBM en cuatro años y que la DGI abonaría por cada aporte de los
contribuyentes $0,83 pesos argentinos (US$0,22) lo que significan alrededor de $7 millones de
pesos argentinos por mes (US$1.839.685). En el caso también está involucrada la empresa
Consad S.A., subcontratista de IBM y en igual situación se encuentra Segurex S.A que era
propiedad del grupo económico del titular de la DGI (Cossio). Se señala que la investigación
judicial tuvo tres jueces distintos a cargo, demoró 11 años en ser elevada a juicio y que varias
veces estuvo al borde la prescripción.
Conducta/s Reprochable/s
30. Cohecho/Soborno/Extorsión
31. Fraude/Estafa al Fisco
32. Licitación pública fraudulenta
Estatus
Año de la conducta
1994, 1995, 1996
1994, 1995, 1996
1994, 1995, 1996
Ilegal
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
43. Empresas Privadas- Consad S.A, Segurex S.A
44. Otras Instituciones Públicas-Dirección General Impositiva (DGI)
Denunciante (y cargo si Carlos Alvarez, Diputado Nacional (Público Alto)
aplica)
Horacio Viqueira, Diputado Nacional (Público Alto)
Alfredo Bravo, Diputado Nacional (Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Ricardo Cossi, Titular DGI (Público Alto)
jerarquía)
Carlos Hurrell, DGI (Público Alto)
Francisco Figueira y María Eugenia Dallorso, Subsecretarios de
Sistemas de Información de la Secretaría de la Función Pública
(Público Alto)
Ricardo Matorana, Presidente IBM (Privado Alto)
Gustavo Soriani, Alberto Minazzoili y Mauricio D Alessandro,
Directores IBM (Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Computacionales
Sector Económico
Actores Afectados
10. Ciudadanía
11. Empresas Competidoras
12. Usuarios(as) de los servicios
Mayor información
1. Noticia sobre la elevación de la causa, tras 11 años de conocido el caso, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=948511
2. Noticia,
DGI
continúa
su
contrato
con
IBM,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=167795
Otras observaciones o comentarios
En Argentina, existe la figura penal “Defraudación a la administración pública”, que para efectos
de la base de casos de corrupción, ha sido registrada como “Fraude/Estafa al Fisco”.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº026
País
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Caso Instituto Nacional de Estadísticas y Argentina
Censos (INDEC)
Resumen caso
Se acusa de la existencia de maniobras en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) con el fin de adulterar el índice de precios al consumidor (IPC). Se detectó que para la
determinación de dicho índice se utilizaban acuerdos de precios con las Cámaras Empresariales y
otras anomalías que implicaban un cambio de la metodología utilizada históricamente por los
técnicos del Instituto, conocida como “metodología 13”, no avalado por los técnicos ni por
organismos internacionales reconocidos. Se destaca que mediante este índice se determinan
aspectos como los niveles de pobreza, la inflación, y también en el exterior determina los
intereses de algunos bonos de deuda argentinos, actualizaciones diversas entre otros aspectos de
la economía. Frente a esta situación la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició una
causa penal para determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados y
también la Asociación por los Derechos Civiles inició una acción de amparo destinada a que
dicho Organismo informe como se calcula dicho índice.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
33. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal
2007, 2008, 2009
malicioso de documentos
34. Violación al secreto público
Ilegal
Previo a 2007
Actores implicados
16. Otras instituciones Públicas- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Denunciante (y cargo si Manuel Garrido, Fiscal de Investigaciones Administrativa
aplica)
(Público Alto)
Asociación por los Derechos Civiles (ONG)
Acusado/a
(cargo
y Ana María Edwin, Beatriz Paglieri, Funcionarias del INDEC
jerarquía)
(Público Medio)
Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior (Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No aplica
Actores Afectados
13. Ciudadanía
Mayor información
11. Noticia sobre el caso, ver http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-91988-200709-26.html
Otras observaciones o comentarios
En Argentina, las conductas asociadas al caso son “Falseamiento de documentación pública” que
en la base de casos se tipifica como “Falsificación de Documentos/Uso malicioso de
documentos”. Mientras que “Violación del secreto estadístico” se tipifica bajo la conducta
“Violación al secreto público”.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº027
País
Año de aparición en prensa
2005 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Caso Intendente de la Ciudad de Argentina
Buenos Aires Carlos Grosso
Resumen caso
Carlos Grosso fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1989 con el presidente
Carlos Menem. Llegó a tener 50 denuncias aproximadamente por casos de corrupción. Por
ejemplo, durante su intendencia se realizó una concesión por terrenos en el barrio porteño de
Palermo, específicamente de un velódromo y de una cancha de golf. Esta concesión fue
denunciada por quien luego sería Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra (el cargo de Jefe de Gobierno
se incorporó en la reforma constitucional de 1994, reemplazando al intendente y siendo electo
por los Ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Esta concesión evitó los
procedimientos licitatorios y fue otorgada en forma directa a la empresa Asesores Empresarios
S.A. La justicia procesó a Grosso por el delito de asociación ilícita. Según Anibal Ibarra (en ese
entonces concejal en la Ciudad de Buenos Aires), la realización de la concesión tenía por
objetivo final pagar aportes que se habían hecho a la campaña presidencial de Menem. La causa
prescribió en el año 2005.
Otra de las causas fue conocida con el nombre de Escuela Shopping. En mayo de 1991, el
entonces concejal Aníbal Ibarra y su par Guillermo Francos denunciaron a Grosso y a los 42
concejales que a las 3 de la madrugada del domingo 30 de diciembre de 1990 votaron a favor de
la aprobación del proyecto que cedió al empresario Salomón Salem la planta baja de la escuela
Nº 16 Presidente Mitre y 25 locales en una feria municipal, a cambio de archivar un reclamo por
una deuda y remodelar la escuela. En esta cesión que se realizó no se respetó la condición de
edificio histórico de la escuela que la protegía de modificaciones edilicias. Esta causa también
prescribió en 2005. En el año 2008, se lo procesó nuevamente Grosso, junto con el ex presidente
Menem y el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta de un terreno fiscal en la
zona de retiro. También se encuentra causa sobre la cesión irregular de terrenos del Parque Tres
de Febrero al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en 1990. Esta causa también prescribió
en 2008 por decisión de la justicia.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
8. Asociación ilícita
Ilegal
1990, 1991, 1992
9. Cohecho/Extorsión/Soborno
Ilegal
1990, 1991, 1992
10. Fraude: Malversación de Caudales Ilegal
1990, 1991, 1992
Públicos/Peculado
11. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
No se accede al dato
Actores implicados
17. Gobierno Federal de la Ciudad de Buenos Aires
18. Poder Ejecutivo Nacional
19. Ministerio de Economía
20. Empresas Privadas- Asesores Empresarios S.A
Denunciante (y cargo si Anibal Ibarra, Concejal (Público Alto)
aplica)
Guillermo Francos, Concejal (Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Grosso, Intendente Ciudad de Buenos Aires (Público
jerarquía)
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
14. Empresas competidoras
15. Habitantes de la zona-Provincia de Buenos Aires
16. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
12. Sobre
la
prescripción
de
algunas
causas,
http://www.clarin.com/diario/2005/04/05/laciudad/h-04301.htm
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=693357
13. Sobre
el
cierre
de
una
de
las
causas,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1071934
14. Sobre
la declaración
de
Grosso por causa del
Velódromo,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=108527
15. Sobre
la
denuncia
contra
Grosso
por
la
escuela-shopping,
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-52153-2005-06-09.html
Otras observaciones o comentarios
ver
y
ver
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Juez Trovato
Ficha Nº028
País
Argentina
Año de aparición en prensa
1999 (Reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Francisco Trovato, se desempeñaba como juez de instrucción. En el marco de la investigación de
la muerte de Lourdes Manzanares, quien cayera por el hueco de un ascensor en enero de 1995, el
magistrado fue acusado por el delio de cohecho. Según se demostró luego, el juez recibió por
parte de Antonio Visciglia, Viceprecidente de Almagro Construcciones firma de la empresa que
construyó el edificio donde ocurrió el accidente, un mueble valuado en US$19.000 a cambio de
la obtención de una sentencia favorable. Por esta acusación, en el año 1996, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia inició un sumario penal, justamente tendiente a verificar si se había
producido este hecho de corrupción o no. Asimismo, el Ministro de Justicia Elías Jassan presentó
en julio de 1996, un pedido de juicio político que a la postre, concluyó con la destitución del
magistrado por decisión del Senado de la Nación. Por otro lado, en julio de 1999, el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 11 condenó al Juez Trovato, a la pena de seis años de prisión por el delito
de cohecho agravado y le impuso una multa de $20.000 pesos argentinos (US$5.256). En junio
del 2000, la Sala IV de la Cámara de Casación, órgano encargado de la revisión de la sentencia,
le redujo la condena a cuatro años y medio. Al haber cumplido los dos tercios de esa pena,
obtuvo en diciembre de este mismo año el beneficio de la libertad condicional. Antonio Visciglia
quien, como se dijo más arriba fuera el encargado de sobornar al magistrado, fue condenado a la
pena de dos años de prisión.
Conducta/s Reprochable/s
12. Cohecho/Soborno/Extorsión
Estatus
Año de la conducta
1996
Ilegal
Actores implicados
21. Empresas Privadas-Almagro Construcciones
22. Poder Judicial de la Nación
Denunciante (y cargo si Julio Nazareno, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
aplica)
Nación (Público Alto)
Elías Jassan, Ministro de Justicia (Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Francisco Trovato, Juez (Público Alto)
jerarquía)
Antonio Visciglia, Empresario (Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
17. Ciudadanía
18. Familiares de las personas afectadas-Lourdes Manzanares
19. Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia-Lourdes Manzanares
Mayor información
16. Noticia
sobre
la
condena
del
Juez,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=145115
17. Noticia
sobre
la
destitución
de
Trovato,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=83535
18. Noticia sobre la acusación a Trovato por cohecho agravado, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=144767
19. Noticia sobre la solicitud del Ministro de Justicia Elías Jassan, para realizar un jucio
político contra Trovato, ver http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=175846
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº029
País
Caso Juez Wowe
Argentina
Año de aparición en prensa
1998
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Carlos Wowe, se desempeñaba como Juez Civil desde el año 1995. En su juzgado, Francisco
Macri, radicó una denuncia contra el periodista Bernardo Neustadt por daños y perjuicios.
Bernardo Nesperal, también juez en lo Civil, denunció penalmente a Carlos Wowe ya que este
último le había ofrecido una sentencia favorable a Bernardo Neustadt (amigo de Nesperal) a
cambio de US$200.000. Por esta denuncia, Wowe debió renunciar en julio de 1997, para evitar
ser destituido por el juicio político que se había iniciado en su contra. También en el año 1997,
fue condenado por el Tribunal Oral Penal 27 a siete años de prisión por el delito de tentativa de
cohecho agravado por su condición de juez y exacciones ilegales. Sin embargo, un año después,
esta condena fue anulada por la Cámara de Casación quien consideró la decisión arbitraria
ordenando la realización de un nuevo juicio. El nuevo juicio fue realizado por el Tribunal Oral
Penal Nº12 quien nuevamente lo encontró culpable del delito de tentativa de cohecho, aunque
decidió reducir la condena a dos años de prisión.
Conducta/s Reprochable/s
13. Cohecho/Soborno/Extorsión
23. Poder Judicial
Denunciante (y cargo si
aplica)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
20.
21.
20.
21.
22.
23.
24.
Estatus
Ilegal
Actores implicados
Año de la conducta
1996
Bernardo Nesperal, Juez (Público Alto)
Carlos Wowe, Juez (Público Alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Cerrado
No
No aplica
Actores Afectados
Francisco Macri, Empresario
Ciudadanía
Mayor información
Noticia sobre
los balances de condenas
en el
año 1999,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=165639
Noticia sobre el nuevo juicio que se realizó contra WOWE,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=116155
Noticia
la
detención
de
Wowe
por
cohecho,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=168110
Noticia
sobre
los
años
de
prisión
otorgados
a
Wowe,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=77608
Noticia sobre el juicio oral y público que se le realizaría a Wowe,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=76889
ver
ver
ver
ver
ver
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Lázaro Báez.
País
Argentina
Ficha Nº030
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Cristóbal López, Caso Rudy
Ulloa, Caso Skanska
Resumen caso
Lázaro Baez, comenzó su relación con el ex presidente, Néstor Kirchner, durante la intervención
del Banco de Santa Cruz (del cual era empleado), cuando el entonces gobernador y futuro
presidente, lo nombró directivo adjunto. A partir de 2003, año en que asume la presidencia
Néstor Kirchner, se observa un abultado crecimiento económico de Lázaro Baez. Este
crecimiento se da en un contexto en el cual la empresa constructora de la cual Baez es dueño,
Gotti Hermanos, accede al 82% de los contratos estatales con la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, durante el año 2008, según un relevamiento del diputado de la Coalición Cívica Juan
Carlos Morán, ganó el 12% de los contratos licitados por el ministerio de Planificación que
dirige Julio De Vido. Por último, una de sus empresas obtuvo la licitación de seis de las 14
zonas petroleras de Santa Cruz. Las otras fueron para Cristóbal López, otro de las personas
sospechadas de corrupción. Se lo acusa también ser de testaferro del ex presidente.
Conducta/s Reprochable/s
35. Tráfico de Influencias
Estatus
Año de la conducta
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
45. Empresas Privadas-Gotti Hermanos
46. Gobierno Local de Santa Cruz
Denunciante (y cargo si Elisa Carrio (Dirigenta y fundadora de la Coalición Cívica,
aplica)
público alto)
Juan Carlos Morán (diputado de la Coalición Cívica, público
alto)
Omar Lavieri (Periodista, privado medio. Columnista del
programa Metrópolis en Radio Continental)
Acusado/a
(cargo
y Lázaro Baez (Empresario, Privado Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
34. Ciudadanía
35. Habitantes de la zona
Mayor información
17. Noticia
sobre
los
casos
vinculados
a
Lázaro
Báez,
ver
http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=708098
Otras observaciones o comentarios
Cuando comenzó la investigación del Caso Skanska, Guillermo Montenegro (en ese entonces
juez federal), detectó que varias de las facturas truchas usadas por la empresa sueca Skanska,
habían sido usadas en otras obras públicas, saliendo a la luz pública este caso.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Líneas
(LAFSA)
Aéreas
Federales
Ficha Nº031
País
SA
Argentina
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
LAFSA son las Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, se trata de una empresa estatal
creada por el Decreto 1238 en el año 2003. La empresa fue creada para absorber a los
empleados de otras empresas aéreas quebradas (LAPA y Dinar). El objetivo central del
Gobierno en esa oportunidad fue que la empresa atendiera las escalas que habían dejado Lapa y
Dinar, como así también los puntos no cubiertos por Aerolíneas Aerolíneas Argentinas. Sin
embargo LAFSA nunca voló. Entre el año 2003 y 2007 se estima que gastó $136.877.536
(US$35.869.383), que posee sueldos elevados desde $2.000 (US$524) hasta los $14.000
(US$3.669), que cobraban los gerentes, que la empresa posee cerca de 100 empleados
divididos entre jerárquicos, pilotos, copilotos, tripulantes de cabina, supervisores, técnicos,
operadores de rampa y administrativos, y nunca tuvo aviones propios. Por Decreto 1672
dictado a fines del año 2009, se dispuso la liquidación de la empresa la que se llevará en un
plazo de 180 días corridos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
36. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006,
públicos/Peculado
2007, 2008, 2009
Actores implicados
24. Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios
25. Empresa Pública-LAFSA
26. Ministerio-Secretaria de Transportes
Denunciante (y cargo si Martín Montero, Director de Investigaciones de la Oficina
aplica)
Anticorrupción (Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima-LAFSA
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciarios-Servicios de transporte
Sector Económico
Actores Afectados
22. Empresas competidoras de LAFSA
23. Compradores(as)/Clientes(as) de LAFSA
24. Trabajadores(as) de LAFSA
Mayor información
1. Noticia sobre los gastos que le significó al Estado la implementación de LAFSA, ver
http://www.perfil.com/contenidos/2009/11/06/noticia_0028.html
2. Noticia
sobre
el
cierre
de
la
aerolínea,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1195732
Otras observaciones o comentarios
En Argentina la figura legal vinculada al caso es “Administración Fraudulenta”, la que se
agrupa a Fraude/Malversación de caudales públicos/Peculado en la base de casos.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso María Julia Alsogaray
Ficha Nº032
País
Argentina
Año de aparición en prensa
1998
Casos Vinculados
Caso Meller, Caso Privatización
de ENTEL, Caso Sobresueldos
con fondos reservados, Caso
Riachuelo
Resumen caso
María Julia Alsogaray, quien fuera interventora de ENTEL (empresa nacional de
telecomunicaciones) y también Secretaria de Recursos Naturales durante la presidencia de
Carlos Saúl Menem, durante la década del noventa, fue acusada de enriquecimiento ilícito. La
ex funcionaria está acusada de pagar sobreprecios del 400% para remodelar la Secretaría de
Medio Ambiente, por la venta irregular de terrenos de Radio Nacional, por la contratación
anómala de publicidad para promocionar el “Plan de Manejo del Fuego”, por un convenio
firmado con la Universidad de Lomas y por un acuerdo entre la ex ENTEL y una consultora.
Alsogaray fue condenada en mayo de 2004 a dos años de prisión por enriquecimiento ilícito y
al decomiso de $622.000 pesos argentinos (US$163.018) y US$500.000 para resarcir al Estado
por el delito, lo que fue cubierto con el remate de su petit hotel de la Recoleta el 11 de
noviembre pasado en $3.680.000 pesos argentinos (US$964.485). Vale destacar que fue la
única funcionaria con condena judicial
Conducta/s Reprochable/s
37. Enriquecimiento Ilícito
Estatus
Ilegal
Año de la conducta
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Actores implicados
47. Ministerio- Secretaría de Recursos Naturales
48. Empresas públicas- Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y María Julia Alsogaray, Secretaria de Recursos Naturales
jerarquía)
(Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios Básicos
Actores Afectados
36. Ciudadanía
37. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
18. Noticia sobre el caso y otras noticias vinculadas para su cronología, ver
http://www.clarin.com/diario/2009/12/09/um/m-02058427.htm
19. Noticia sobre el caso y razones de por qué se le investiga, ver
http://pdf.diariohoy.net/1998/11/20/c4y5.pdf
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Marita Veron
Ficha Nº033
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
Caso Trata de personas y
prostitución
Resumen caso
Marita Verón, desapareció de su casa en enero de 2002. Su desaparición, está siendo
investigada por la justicia. Según surgió de la causa, el secuestro fue perpetrado por una red de
trata de blancas del noroeste de la Argentina. En la causa hay 13 imputados con posibilidad de
que su causa se eleve a juicio. Entre ellos podemos mencionar a Daniela Natalia Milheim, ex
esposa de Rubén Ale, propietario de la empresa de remises Cinco Estrellas, que en el momento
de la desaparición de Marita Verón tenía un convenio con el gobierno tucumano para funcionar
como “veedores de la seguridad” en la capital provincial. “Eran una especie de fuerza
parapolicial” según el relato de la abogada querellante. Se encuentra imputado en la causa
además un policía de la Rioja: Domingo Pascual y la actual esposa de Ale, María Jesús Rivero.
En el proceso de búsqueda de Marita Verón, Susana Trimarco, madre de Marita Verón,
describe numerosas trabas perpetradas por la policía para encontrar a su hija.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
14. Trata de Personas
Ilegal
Previo a 2002
15. Secuestro
Ilegal
2002
Actores implicados
27. Empresa privada-Cinco Estrellas
28. Gobierno Local-Provincia de Tucumán
29. Policía de Tucumán
Denunciante (y cargo si Susana Trimarco, madre de Marita Verón (familiar, no aplica)
aplica)
Elizabeth Neli (Abogada de la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia de Tucumán, público medio)
Acusado/a
(cargo
y Natalia Milheim, esposa de propietario de Cinco Estrellas
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
(Familiar, ex esposa de Ale, no aplica)
María Jesús Rivero (Familiar, actual esposa de Ale, no aplica)
Domingo Pascual (policía de La Rioja, público bajo)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios de seguridad
Actores Afectados
25.
26.
27.
28.
Habitantes de la zona
Familiares de personas afectadas
Víctima de trata de personas/violaciones-Marita Verón
Secuestrados(as)
Mayor información
25. Página web del caso, ver http://www.casoveron.org.ar/
26. Noticia
sobre
el
estado
de
la
causa
judicial,
ver
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-39204-2009-04-03.html
27. Reportaje
sobre
la
Trata
de
Personas,
ver
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132268-2009-09-23.html
28. Noticia sobre la marcha que la madre de Marita Verón organiza cada mes, ver
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122558-2009-04-03.html
Otras observaciones o comentarios
En Argentina, en el año 2008 se introduce la figura de Trata de Personas como delito en el
Código Penal, mientras que el Día Internacional contra la Trata de Personas se conmemora
cada 23 de septiembre.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Medicamentos Falsos o Mafia de
los medicamentos
País
Argentina
Ficha Nº034
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Administración de
Programas Especiales-APE
Resumen caso
La droguería San Javier, propiedad del empresario Néstor Osvaldo Lorenzo, comercializaría
medicamentos falsos con diferentes obras sociales (entidades públicas no estatales). El mismo
aparece en la mayoría de las 400 causas que se investigan por adulteración, robo y falsificación
de valiosos remedios oncológicos y contra el SIDA. Esta comercialización se realizaría por
intermedio de la Administración de Programas Especiales, organismo descentralizado de la
Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud. Las maniobras
utilizadas serian la falsa creación de enfermos, la entrega de medicamentos adulterados y el
corte de “troqueles” de medicamentos para cobrar reintegros. Una de las obras sociales más
comprometidas en el caso de corrupción es la Obra Social de Bancarios dirigida por Juan José
Zanola, alguien fuertemente ligado al gobierno de Menem y luego al de Kirchner. Asimismo,
el laboratorio habría realizado aportes a la campaña presidencial de Cristina Fernández de
Kirchner. El máximo recaudador para la campaña, fue el ex Superintendente de Servicios de
Salud, Héctor Capaccioli. Los aportes serían por un monto $945 mil pesos argentinos
(US$247.350) presuntamente hechos para la campaña oficial de 2007 a través de personas
allegadas a Lorenzo, identificados como Julio César Posse y Carlos Torres, así como por las
sociedades Multipharma y Global Pharmacy Service SA. Esta involucrado también en la causa
el ahora ex subsecretario provincial de Control Sanitario Alberto Acosta. Este funcionario fue
desplazado de su cargo en septiembre de 2009.
Conducta/s Reprochable/s
38. Tráfico de estupefacientes
Estatus
Año de la conducta
2007
Ilegal
Actores implicados
49. Entres Fiscalizadores y Reguladores-Superintendencia de Servicios de Salud
50. Otras instituciones públicas-Administración de Programas Especiales
51. Otras instituciones públicas-Obra Social de Banqueros
52. Empresas Privadas-Droguería San Javier
53. Empresas Privadas- Global Pharmacy Service SA
54. Empresas Privadas-Multipharma.
Denunciante (y cargo si No se accede al dato. La denuncia se realiza en el juzgado
aplica)
federal 12, a cargo de Sergio Torres, fiscalía de Guillermo
Marijuán.
Acusado/a
(cargo
y Néstor Osvaldo Lorenzo (empresario, Privado Alto)
jerarquía)
Hector Capaccioli (Ex Superintendente de Servicios de SaludOtro, Público Alto)
Alberto Acosta (Subsecretario Provincial de Control Sanitario–
Otro, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario-Industria Farmacéutica
Sector Económico
Actores Afectados
38. Beneficiarios(as) de la Política Pública
39. Compradores(as)/Clientes(as)
40. Usuarios(as) del Servicio
Mayor información
20. Noticia sobre la mafia de los medicamentos y los nombres de los implicados, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1172071
21. Reportaje sobre el caso, ver http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=14881
Otras observaciones o comentarios
A este caso estaría vinculado el triple homicidio de General Rodríguez por el tráfico de
efedrina.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Meller
Ficha Nº035
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
Caso María Julia Alsogaray,
Caso Privatización de Entel
Resumen caso
En el año 1986 la empresa Meller obtiene una licitación pública para encargarse de la
publicación de guías telefónicas y distribuirlas entre los usuarios de ENTEL (Empresa
Nacional de Telecomunicaciones). La ganancia de Meller provenía del pago de los anunciantes
de la guía. El problema surgió cuando Meller SA reclamó a Entel que le rindiera cuentas y
liquidara los pagos que Entel había cobrado a las empresas anunciantes en 1990 y que no le
había pagado a Meller. La Interventora de Entel, María Julia Alsogaray, acogió el reclamo
patrimonial formulado por uno de sus contratistas. Posteriormente, frente a serios
cuestionamientos de la Sindicatura General y la Procuración del Tesoro, resolvió suspender la
ejecución del citado acto administrativo. El contratista concurrió ante el Tribunal Arbitral de
Obras Públicas, que se expidió a su favor. Contra este laudo, el ente residual dedujo recurso
extraordinario cuya denegación motivó la presentación directa ante la Corte Suprema, que
desestimó su queja. La sentencia del 5 de noviembre de 2002 convalida el pago. La oficina
anticorrupción realizó una denuncia en la que se estudia el reconocimiento ilegal de una deuda,
sin causa, al Grupo Meller S.A. por un valor cercano a los treinta millones de pesos
(US$7.861.675). Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tuvo
mucha relevancia en la renuncia de los siguientes Ministros de la Corte por presión de juicio
político o durante la tramitación del mismo: Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo
Vázquez. Asimismo motivó la destitución de Moliné O´Connor, asi como de Antonio
Boggiano por medio de juicio político. Cabe aclarar que al fallo que fue catalogado como un
acto de corrupción por el Congreso (encargado de llevar adelante el juicio político), se
opusieron los siguientes ministros de la Corte: Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique
Petracchi.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1990
2003
16. Negociación incompatible/conflicto de intereses Ilegal
17. Obstrucción de la Justicia
Ilegal
Actores implicados
30. Empresa Pública-Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
31. Poder Judicial-Corte Suprema de Justicia de la Nación
Denunciante (y cargo si Sindicatura General de la Nación
aplica)
Oficina Anticorrupción
Acusado/a
(cargo
y María Julia Alsogaray (Interventora de Entel, Público Alto).
jerarquía)
Moliné O´Connor (Ministro Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Público Alto)
Antonio Boggiano (Ministro Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Público Alto)
Julio Nazareno (Ministro Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Público Alto)
Guillermo López (Ministro Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Público Alto)
Adolfo Vázquez (Ministro Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios Básicos
Actores Afectados
29. Ciudadanía
30. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
29. Noticia sobre la decisión de Kirchner en torno al caso, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=515441
30. Noticia
que
confirma
el
procesamiento
de
Alsogaray,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=766418
31. La denuncia se caratuló como “ALSOGARAY, María Julia y otros s/ infracción
artículo 248, 265, 274, inciso quinto, 273 inciso séptimo del Código Penal”, del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 7.
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Obra Pública Yacyretá
Ficha Nº036
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el año 1973, la Argentina y Paraguay firmaron un tratado binacional que dio origen a la
construcción de una represa hidroeléctrica que lleva el nombre de Yacyretá. En el proyecto
original, se previó una inversión de US$500 millones para conseguir su plena operación a
mediados de los años 80. En 2008 dicho costo se había incrementado a un total de US$11 mil
millones. Hay diversos hechos irregulares, entre otros pueden nombrarse: US$17 millones que
se le pagaron indebidamente a la empresa italiana Ansaldo en concepto de reembolsos por cinco
generadores que debían ser nacionales pero, en rigor, venían de Génova. En el 2002 Yacyretá
renovó y dolarizó un contrato por US$42 millones con la consultora internacional Consorcio de
Ingeniería de Yacyretá (CIDY) cuando “el trabajo lo podían hacer técnicos del Estado”, afirman
expertos argentinos. Yacyretá, asimismo, renovó un seguro por la represa con la empresa
británica Heath y según una auditoría implicaba un sobreprecio de US$1.500.000 por año. La
represa se encuentra en funcionamiento actualmente. Sin embargo por las demoras en las obras
no ha alcanzado su punto máximo de producción.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
39. Fraude: Malversación de fondos Ilegal
Entre 1973 y 2008
públicos/Peculado
Actores implicados
55. Poder Ejecutivo de Argentina
56. Poder Ejecutivo de Paraguay
57. Empresa Extranjera-Empresa británica Heath
58. Empresa Extranjera- Empresa italiana Ansaldo
59. Empresa Multinacional- Consorcio de Ingeniería de Yacyretá (CIDY)
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y No se accede al dato
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
41. Empresas competidoras
42. Beneficiarios(as) de la Política Pública
Mayor información
22. Noticia
sobre
los
costos
extras
de
la
construcción,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=688157
23. Noticias
sobre
nuevas
denuncias
en
torno
al
caso,
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2005/05/22/z-980988.htm
Otras observaciones o comentarios
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº037
País
Año de aparición en prensa
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Caso Obra Social de la Ciudad de Argentina
Buenos Aires (OBsBA)
Resumen caso
La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBsBA), agrupa a todos los empleados públicos
de la Ciudad, que superan los 100.000 de los cuales aporta más del 18% del valor de su salario
para el funcionamiento de la misma. Sin embargo desde hace muchos años existen acusaciones
en torno a manejos irregulares, falta de provisión de servicios, cooptación de su dirección por
parte de sindicalistas que permanecen en el cargo durante muchos años y el ejercicio de presión
política para evitar que los empleados que quieran optar por otra Obra Social puedan hacerlo. El
principal Sanatorio de la Obra Social es la Clínica “Julio Méndez” sobre la existen acusaciones
de numerosas contrataciones y compras directas, asimismo hay datos sobre gastos de más de
$2.000.000 de pesos argentinos (US$524.059) destinados para cubrir la seguridad del edificio.
Atendiendo a estas situaciones la Obra Social fue intervenida por el actual Jefe de Gobierno de la
Ciudad Mauricio Macri a fin de 2007.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
Previo a 2007
públicos/Peculado
Actores implicados
32. Otras instituciones públicas-Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBsBA)
Denunciante (y cargo si Elisa Carrió (Dirigenta y fundadora de la Coalición Cívica,
aplica)
público alto)
Acusado/a
(cargo
y Jorge Macri y Hernán Seoane (encargados de salud en la
jerarquía)
Fundación Creer y Crecer de Macri, privado medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Salud
Sector Económico
Actores Afectados
31. Ciudadanía
32. Usuarios(as) del Servicio
Mayor información
32. Noticia sobre la pelea electoral y la ruptura en la Provincia de Bueno Aires, ver
http://www.clarin.com/diario/2009/02/27/elpais/p-01866961.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso PAMI – Alderete
Ficha Nº038
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Víctor Alderete, fue Interventor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) obra social de los jubilados y pensionados, durante el gobierno de Carlos
S. Menem. Se lo acusa de administrar en forma corrupta este organismo durante el ejercicio de
sus funciones. Una de las acciones ilícitas que se le cuestiona es la firma de un contrato de
asesoramiento para policlínicos del PAMI en la ciudad santafesina de Rosario por casi
$1.500.000 de pesos argentinos en el año 1998 (US$393.082). Asimismo se lo investigó por la
compra de audífonos para mayores en forma irregular. Según la justicia, la responsabilidad de
Alderete radicó en “la ausencia de estudio alguno que permitiera analizar los costos para
contrastarlos” con los ofrecidos por la empresa oferente y que el personal jerárquico del PAMI
“no fue consultado”. Este caso de compra irregular de audífonos, fue denunciado por el abogado
Ricardo Monner Sans en 1999. El desmanejo dejó la obra social de los jubilados prácticamente
quebrada, con una deuda de $1.400.000 de pesos argentinos (US$366.876) debiendo al sistema
bancario y de seguridad social e impositivo. Tampoco era posible el cumplimiento de todas las
prestaciones médicas. En esa oportunidad tuvo 17 denuncias penales, los casos del PAMI fueron
emblemáticos de la corrupción del menemismo y uno de los lugares intervenidos por el nuevo
gobierno de entonces (la Alianza)
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
40. Fraude:
Malversación
de
Caudales Ilegal
1997, 1998, 1999
Públicos/Peculado
41. Incumplimiento de los Deberes de Ilegal
1997, 1998, 1999
Funcionario
Actores implicados
60. Otras Instituciones Públicas-Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI)
Denunciante (y cargo si Ricardo Monner Sans (Abogado, público medio)
aplica)
Manuel Garrido (Titular de la Oficina Anticorrupción, público
alto)
Acusado/a
(cargo
y Víctor Alderete, Interventor Instituto Nacional de Servicios
jerarquía)
Sociales para Jubilados y Pensionados–PAMI (Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Salud
Sector Económico
Actores Afectados
43. Beneficiarios(as) de la Política Pública
44. Ciudadanía
Mayor información
24. Noticia
sobre
la
deuda
que
dejó
Alderete,
ver
http://www.clarin.com/diario/2000/01/07/t-00301d.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Pico Presidente del
Deliberante de la Ciudad
Concejo
Ficha Nº039
País
Argentina
Año de aparición en prensa
1999 (Reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
José Manuel Pico, era presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Se
abrieron contra él un gran número de causas judiciales. Las más importantes son las siguientes:
Enriquecimiento ilícito: el Tribunal Oral Nº 29 lo condeno a la pena de cinco años de prisión
por este delito. El mismo se configuró, según lo explicó el fiscal de la causa a través de un
ejercicio abusivo de sus funciones. El ex funcionario, reconoció ser el dueño de 18 inmuebles y
tener medio millón de pesos (US$131.076) en préstamos hipotecarios. Según el cálculo del
tribunal, en el patrimonio del ex edil existe una diferencia superior al millón de pesos
(US$262.157), que Pico no pudo justificar.
Falsificación de Documento público: Pico se fugó del país el 16 de julio de 1997. Para ello
incurrió en falsificación de documento, específicamente del DNI que empleó para fugarse del
país hacia Brasil, con ayuda de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Permaneció
prófugo en ese país hasta que fue traído de regreso por funcionarios del mismo organismo de
inteligencia En este documento utilizaba el nombre falso de Julio José Carzoglio. Por este delito
le recayó una condena de tres años y medio.
Estafa: conjuntamente con la empresa San Sebastián, conformaba una asociación ilícita que
edificaba y comercializaba inmuebles, algunos de ellos irregulares y con pedido de demolición y
otros que nunca llegaron a ser levantados. El juez de la causa, Raúl Yirigoyen, entendió que
estaban probadas las estafas en perjuicios de 534 personas damnificadas. Pico fue condenado
por este actuar a la pena de 14 años de prisión. Esta pena se componía sin embargo por el delito
de estafa así como también por los delitos de asociación ilícita y falsificación de documento,
antes descritos. También fueron condenados Antonio Nicolosi, José María Pintos y Jorge
Granja, presidente y gerentes de la empresa constructora San Sebastián, a trece, siete y tres años
de prisión respectivamente.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
18. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
Previo 1997
19. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal
1997
malicioso de documentos
20. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
Previo 1997
Actores implicados
33. Otras instituciones públicas-Concejo deliberante de la Ciudad de Buenos Aires
34. Empresa Privada- San Sebastián
35. Servicios de Inteligencia-Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
Denunciante (y cargo si O se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Juan Manuel Pico, Presidente del Consejo Deliberante de la
jerarquía)
Ciudad de Buenos Aires (Público Alto)
Antonio Nicolosi, Empresario (Privado Alto)
José María Pintos, Empresario (Privado Alto)
Jorge Granja, Empresario (Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Penal
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
33. Ciudadanía
Mayor información
33. Sobre
los
años
de
condena
a
Pico,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=157426
34. Noticia
que
informa
que
Pico
sigue
prófugo,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=72804
35. Noticia
sobre
las
condenas
a
los
cómplices,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=122321
36. Sobre el falso Documento Nacional de Identificación (DNI) de Pico, ver
http://www.clarin.com/diario/1997/09/05/t-00501d.htm
37. Noticia sobre la condena que solicitó el fiscal para Pico, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=157194
38. Sobre
años
de
condena
solicitados
por
el
Fiscal,
ver
http://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-25/pag14.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Pista de Anillaco
País
Argentina
Ficha Nº040
Año de aparición en prensa
1999 (Reaparición)
Casos Vinculados
Caso Aeropuertos Argentina 2000
Resumen caso
Se construyó en la ciudad de Anillaco (Provincia de la Rioja) de donde es oriundo el ex
Presidente Carlos S. Menem, una pista de aterrizaje a 800 metros de la casa en que vive el ex
mandatario. Vale destacar que el Pueblo de Anillaco posee solamente 1000 habitantes, por lo
que no se justificaría la construcción de una pista de estas características. La pista fue construida
para soportar el peso de aviones de gran porte y en su momento se mencionó que sería utilizada
para el traslado de la producción de aceitunas, pese a los anuncios que se hicieron en su
momento, desde esa pista nunca partió cargamento alguno de aceitunas u otro producto de La
Rioja. Solamente se la usó para que allí aterrizaran el entonces presidente Carlos Menem y
dirigentes políticos nacionales y extranjeros, así como gremialistas y empresarios. Se dice que
fue construida en 1997 para evitar que Menem aterrizara en la ruta, lo que implicaba no sólo un
peligro para la figura presidencial sino también para los automovilistas que circulaban por allí.
Vale destacar que a 100km de allí la Provincia de La Rioja posee un aeropuerto con todas las
medidas de seguridad necesarias. La pista fue totalmente construida con donaciones de
empresas, principalmente de Aeropuertos Argentina 2000, quien ganara la privatización de 33
aeropuertos del país. Esta empresa, cabe destacar, incumplió con lo pactado al momento de
obtener las concesiones de estos aeropuertos omitiendo pagar parte de los $171,5 millones de
pesos argentinos de canon que debía abonar al Estado (US$44.834.900).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
21. Abuso de Funciones/de autoridad Legal
1997
Actores implicados
36. Poder Ejecutivo Nacional
37. Otras Instituciones Privadas-Aeropuertos Argentina 2000
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Saúl Menem, Presidente de la Nación (Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Terciario-Servicios de transporte
Sector Económico
Actores Afectados
34. Ciudadanía
35. Habitantes de la zona
Mayor información
39. Noticia
sobre
el
estado
de
la
Pista
de
Anillaco,
ver
http://www.clarin.com/diario/2006/01/02/elpais/p-01101.htm
40. Se hicieron mejoras en el año 1999, noticia http://www.clarin.com/diario/1999/06/21/t00301d.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Planes Sociales
Ficha Nº041
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Oficina Anticorrupción (OA) abrió una investigación para revisar cómo otorga sus subsidios
el Ministerio de Desarrollo Social, con qué criterios de evaluación y con qué controles. Esta
investigación se motivo en el hecho de que desde el Ministerio se negara informar los padrones
de beneficiarios de casi un millón de planes sociales. Sólo en 2006, el Ministerio de Desarrollo
Social habría invertido en subsidios un total de $987 millones de pesos (US$258.783.421). Se
afirma que más del 50% de quienes reciben planes sociales están afiliados a partidos políticos y
se ha afirmado que en épocas electorales dichos planes aumentan, finalmente vale mencionar
que los mismos fueron aumento luego de la crisis económica social del año 2001. Hubo además
informes de Organismos de Control como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los informes realizados sobre diferentes programas
sociales son contundentes y revelan irregularidades en la entrega de fondos asistenciales. La
falta de transparencia para repartir las partidas sociales parece ser un elemento caracterizador del
reparto de subsidios. El otorgamiento de subsidios que en un gran número de casos se realiza a
través de transferencias del Estado Nacional a Municipios, genera una dinámica de clientelismo
por la cual dirigentes políticos pelean por el manejo de la caja proveniente de estos subsidios.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
42. Fraude: Malversación de fondos Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Públicos/Peculado
43. Intervención Electoral
Ilegal
2005, 2007
Actores implicados
61. Poder Ejecutivo Nacional
62. Ministerio de Desarrollo Social
Denunciante (y cargo si Oficina Anticorrupción
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Ministerio de Desarrollo Social
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
No aplica
Actores Afectados
45. Ciudadanía
46. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
25. Noticias sobre el análisis que hace un sociólogo sobre los Planes Sociales, ver
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-56419-2005-09-13.html
26. Noticia sobre el aumento de la ayuda social en periodos electorales, ver
http://www.periodismo-aip.org/caso-detalle.php?id=46
Otras observaciones o comentarios
El tratamiento administrativo del caso es llevado por la Oficina Anticorrupción
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Privatización
Argentinas
Aerolíneas
Ficha Nº042
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Se realizó una denuncia el año 1990, por la existencia de irregularidades en el proceso de
privatización de Aerolíneas Argentinas que se realizara ese mismo año. Dicha denuncia se
amplió en el año 2000 por presentaciones de la Oficina Anticorrupción y con anterioridad por un
grupo de diputados. Vale señalar que en esa causa la Corte Suprema de Justicia de la Nación
hizo uso de una figura inexistente en el derecho argentino que es el “per saltum” con la finalidad
de obstaculizar el dictado de una medida cautelar sobre la privatización de Aerolíneas
Argentinas. Fundamentalmente se sostiene que el precio estimado de la privatización,
US$623.000.000 resultaba irrisorio toda vez que el valor real de la Compañía ascendería a una
suma cercana a los US$1.500.000.000. Y también que, para la compra, los adquirentes se
endeudan para realizarla, aunque en el primer balance de la Empresa dichas deudas figuran
como de la Empresa misma. Asimismo, con posterioridad se constatan también desmanejos
como por ejemplo la pérdida de la flota de aviones que poseía la Compañía, lo que hace que
deban operar con aeronaves alquiladas. También la prensa hablaba de investigaciones sobre
lavado de dinero y evasión de impuestos. Vale destacar que durante este período se llevaron
adelante numerosas privatizaciones (por ejemplo Gas del Estado, Banco Hipotecario,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, etc.) todas sindicadas como desventajosas para el Estado
Nacional, en este caso puntual se estima que su privatización hizo que el Estado asumiera un
pasivo de US$800.000.000.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
44. Delitos Tributarios
Ilegal
1990
45. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
1990
46. Lavado de dinero
Ilegal
1990
Actores implicados
63. Empresa internacional- Aerolínea Iberia
64. Empresa estatal-Aerolíneas Argentinas
Denunciante (y cargo si
aplica)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Alejandro Olmos (Ciudadano argentino, Otro-no aplica cargo)
Carlos Saúl Menem (Presidente de la Nación, Público Alto)
Domingo Cavallo (Ministro de Economía, Público Alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios de transporte
Actores Afectados
47. Ciudadanía
48. Usuarios(as) del servicio
49. Empresas competidoras
27.
28.
29.
30.
Mayor información
Norbeto Galasso (2005): “De Alfonsín a Menem y De la Rúa. 1983-2001”. Cuadernos
para la Otra Historia. Centro Cultural Enrique S. Discépolo. Buenos Aires, Argentina.
Ver http://discepolo.org.ar/files/alfonsin_menem_delarua.pdf
Noticia sobre las pruebas en los casos de privatización corrupta, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=89790
Noticia sobre las acusaciones que se hacen contra las Aerolíneas Argentinas, ver
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-06/01-06-10/pag17.htm
Noticia sobre la investigación de lavado de dinero y evasión de impuestos en la
http://blogs.clarin.com/patagoniaprivatización
de
las
aerolíneas,
ver
rebelde/2009/7/28/raul-ricardo-alfonsin-ideologo-y-ejecutor-del-plan-de/
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Privatización de ENTEL
Ficha Nº043
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
Caso Meller, Caso María Julia
Alsogaray
Resumen caso
ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), fue privatizada en el año 1992, la
privatización dispuesta por un Decreto del año 1989 preveía la división de la red telefónica de
todo el país en dos áreas y el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio telefónico
básico a una sociedad anónima para cada área. Para que las licenciatarias pudieran prestar los
correspondientes servicios, se previó la constitución de dos sociedades anónimas a las cuales se
transferirían los activos necesarios para tales tareas, antes de la adjudicación del paquete
accionario. María Julia Alsogaray fue nombrada interventora de la empresa y Roberto Dromi fue
el Ministro de Obras Públicas de la época. Las denuncias sobre la privatización de ENTEL
fueron diversas. Competidores que querían ingresar a las licitaciones del mercado de las
telecomunicaciones. Un ejemplo de ello lo constituye la firma Bell Atlantic que acusa de pedidos
de sobornos tanto a Alsogaray como a Dromi. Otro de los aspectos denunciados da cuenta de
irregularidades en los inventarios de los bienes transferibles de la empresa, la sustracción de
controles de parte de otros organismos como por ejemplo la Comisión Nacional de
Telecomunicaciónes y la violación de los derechos de otros oferentes. Asimismo María Julia
Alsogaray, interventora de esta empresa, fue acusada de defraudación a la Administración
Pública. La denuncia fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans y está vinculada con la
contratación de un servicio jurídico externo durante su gestión como interventora en ENTEL, a
pesar de que la empresa poseía un departamento de Asuntos Jurídicos propio.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
22. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
1989, 1990
23. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1989, 1990
públicos/Peculado
Actores implicados
38. Empresa Pública-Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
39. Ministerio de Obras Públicas
Denunciante (y cargo si Ricardo Monner Sans (abogado)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y María Julia Alsogaray, Interventora de Entel (Público Alto).
jerarquía)
Roberto Dromi, Ministro de Obras Públicas (Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierta
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Básicos
Sector Económico
Actores Afectados
36. Ciudadanía
37. Empresas competidoras
38. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
41. Informe de la Oficia de Anticorrupción sobre el proceso de privatización de Entel, ver
http://www.anticorrupcion.gov.ar/Transferencia%20irregular%20de%20terrenos%20en
%20ENTEL.pdf
Otras observaciones o comentarios
Cabe recordar que durante la década de 1990, se produce la privatización de diversas empresas
del Estado como Aerolíneas Argentinas, YPF, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras
Sanitarias, los aeropuertos, correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas
siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers las radios, los Canales de televisión.
En cuanto al cargo de “Interventor(a)”, es una figura que el Poder Ejecutivo creó con ocasión de
este proceso.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº044
País
Año de aparición en prensa
Caso Ramón Hernández
2001
Casos Vinculados
No
Argentina
Resumen caso
Se trata del incremento patrimonial injustificado del Secretario Privado del entonces Presidente
de la Nación Ramón Hernández. Se consideraba que el nombrado posee cuentas en Merryl Lynch
Bank en Suiza. La agencia de noticias AFP expuso que la Justicia suiza identificó una cuenta
bancaria de Hernández que tenía cerca de US$6.000.000 depositados. Ello surgió de la
investigación penal que se realiza en Ginebra contra el ex Presidente Menem. Hernández habría
abierto una cuento de una fundación fantasía "Red Spark Foundation Incorporated" en el año
1996 en un banco suizo y allí tendría más de US$5.000.000, asimismo se lo acusa de poseer un
barrio muy lujoso de Miami, Estados Unidos, que sobresale por su valor y lujo. Hernández fue
Secretario Privado, pero con rango de secretario de Estado según Decreto Presidencial del 8 de
julio de 1989 hasta el fin del mandato de Menen en diciembre de 1999.
Conducta/s Reprochable/s
11. Enriquecimiento ilícito
Estatus
Ilegal
Año de la conducta
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999
Actores implicados
11. Poder Ejecutivo Nacional
Denunciante (y cargo si Juan Carlos Iglesias, Abogado del Partido Radical (Público
aplica)
Medio)
Legisladores del Partido ARI
Acusado/a
(cargo
y Ramón Hernández, Secretario Privado de la Presidencia
jerarquía)
(Privado Bajo)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
3. Ciudadanía
Mayor información
8. Sobre funcionarios del gobierno de Menen que fueron acusados de enriquecimiento
ilícito, ver http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=319063
9. En
relación
al
sobreseimiento
de
los
acusados,
ver
http://www.clarin.com/diario/2006/02/11/elpais/p-01401.htm
Otras observaciones o comentarios
Este caso se analiza en la prensa junto al Caso Gostanian y Caso Funcionario Kohan.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº045
País
Año de aparición en prensa
2000
Caso Riachuelo
Argentina
Casos Vinculados
Caso María Julia Alsogaray
Resumen caso
Se obtuvo financiamiento para realizar la limpieza del Riachuelo, se trata de un curso de agua de
64 Km. al Este de Argentina, que nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Este financiamiento
se obtuvo en 1993, año en el cual María Julia Alsogaray, en ese momento Secretaría de Medio
Ambiente, se comprometió a terminar el proceso de limpieza en un plazo de mil días. Para ello se
creó un Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y se
creó un Comité Ejecutor de ese plan para llevar adelante el proceso de limpieza.
Desde 1996 hasta el año 2000, el Comité manejó más de US$35.000.000, de los cuales casi
US$22.000.000 fueron a parar el rubro servicios técnicos y profesionales, es decir consultorías
que hicieron estudios sobre el origen de la contaminación. Pero no hubo firma de compromisos
de parte de las empresas para revertir el estado de las cosas y se puso en marcha el saneamiento
real de la cuenca. La justicia tomo intervención en este problema e indagó a la ex secretaria de
Recursos Naturales y Medio Ambiente María Julia Alsogaray, al ex director del Instituto
Nacional del Agua y del Ambiente Mario de Marco Naón y a otras cinco personas
presumiblemente involucradas. Esa medida tendría sustento en la supuesta comisión de los
delitos de violación de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos y
enriquecimiento ilícito por causa de obras contratadas para la oxigenación del río y la recolección
de residuos sólidos depositados en su lecho que, en definitiva, no habrían sido realizadas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
47. Fraude: Malversación de fondos Ilegal
1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
públicos/Peculado
1999
48. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999
Actores implicados
65. Ministerio-Secretaría de Medio Ambiente
66. Otras Instituciones Públicas-Instituto Nacional del Agua y del Ambiente
67. Empresas Privadas-Consultorías sobre contaminación
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y María Julia Alsogaray, Secretaria de Recursos Naturales (Público
Alto)
jerarquía)
Mario de Marco Naón, Director del Instituto Nacional del Agua y
del Ambiente (Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Sector Económico
Actores Afectados
50. Beneficiarios(as) de la Política Pública
51. Habitantes de la zona
Mayor información
31. Noticia sobre las promesas de Alsogaray como Secretaria de Recursos Naturales, ver
http://www.clarin.com/diario/2006/08/25/laciudad/h-04102.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Rudy Ulloa
Ficha Nº046
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Lázaro Báez
Resumen caso
Rudy Ulloa, comenzó trabajando como ordenanza y chofer del estudio jurídico de Néstor
Kirchner en Santa Cruz (en ese momento futuro Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y
Presidente de la Nación). Luego Ulloa obtuvo un gran crecimiento empresarial. Comenzó como
empresario de medios comprando un periódico local (“El Periódico”), compró luego el canal de
televisión “El 2” al que accedió con la llegada de Kirchner a la Presidencia. Actualmente es
propietario de un multimedio en Santa Cruz que incluye un diario de distribución gratuita, El
Periódico Austral, la radio FM El Carmen y la productora Cielo. Además, continúa la
explotación de la señal local de Canal 2, de Río Gallegos -el cable propiedad de Supercanal S.A., cuyos contenidos son aportados por su propia productora. También se hizo cargo de la
producción local de Canal 10. El crecimiento tendría como elemento determinante la publicidad
oficial proveniente tanto del Estado de Santa Cruz como del Nacional, en los momentos que
Kirchner estaba a cargo de ambos.
Conducta/s Reprochable/s
49. Tráfico de influencias
Estatus
Ilegal
Año de la conducta
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009
50. Intervención electoral
Ilegal
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009
Actores implicados
68. Gobierno Local-Provincia de Santa Cruz
69. Poder Ejecutivo Nacional
70. Medios de comunicación escrita- El Periódico, Periódico Austral
71. Medios de comunicación televisiva-El 2, Canal 10,
72. Medios de comunicación radial-Radio FM El Carmen
73. Empresa privada-Productora Cielo
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Rudy Ulloa (Dueño de empresa/empresario , Privado Alto)
jerarquía)
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación, Público Alto)
Cristina Fernández (Presidenta de la Nación, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Terciario-Medios de comunicación
Sector Económico
Actores Afectados
52. Empresas Competidoras
53. Ciudadanía
54. Electores(as)
Mayor información
32. Noticia
sobre
quién
es
Rudy
http://www.elojodigital.com/politica/2007/05/08/1067.html
Otras observaciones o comentarios
Ulloa,
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Siemens-DNI
Ficha Nº047
País
Argentina
Año de aparición en prensa
1998
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La empresa alemana Siemens pagó sobornos al Gobierno Argentino durante la presidencia de
Carlos Menem para resultar adjudicataria de la contratación para realizar la digitalización del
Documento Nacional de Identidad. Se acusa al ex presidente Carlos Menem de haber cobrado
un soborno directo de Siemens de US$16 millones. También se involucra allí al ex ministro del
Interior Carlos V. Corach y al ex director de Migraciones Hugo Franco. El total de dinero
destinado al soborno, habría rondado los US$80 millones. Un importante ejecutivo de la
empresa alemana Siemens fue condenado, por la justicia alemana (la Audiencia Provincial de
Múnich) en julio de 2008 a dos años de prisión en suspenso y una multa de €108.000
(US$151.475). Otro elemento que desde el principio generó sospechas en el proceso licitatorio,
fue que el ex Ministro de Justicia del presidente Menem y ex Juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación quien era representante de la empresa Siemens al mismo tiempo que asesor
del Gobierno. Finalmente, el contrato fue rescindido por el Gobierno de la Alianza a cargo de
Fernando de la Rúa, bajo el argumento de que el precio propuesto por Siemens era muy elevado.
El Gobierno de Alemania intentó interceder a favor de Siemens, argumentando que la decisión
de rescindir el contrato violentaba la seguridad jurídica al mismo tiempo que podía afectar las
relaciones entre ambos países. La filial argentina de Siemens admitió, que pagó sobornos
durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Sin embargo, en la justicia argentina, el caso
sigue abierto: el 31 de agosto de 2004, el juez a cargo dispuso pedir las declaraciones
indagatorias de Carlos Menem, Carlos Corach, Aldo Carreras -ex funcionario del ministerio del
Interior- y dos directivos de Siemens. Desde ese día, los distintos defensores presentaron cinco
incidentes de nulidad cuya resolución en la Cámara llevó trece meses. Aún así, hasta hoy esas
declaraciones indagatorias no se realizaron.
Conducta/s Reprochable/s
51. Cohecho/Soborno/Extorsión
52. Licitación pública fraudulenta
Estatus
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
74. Empresa Multinacional-Siemens
75. Ministerio del Interior
76. Ministerio de Justicia
Año de la conducta
1998
1998
77. Otras instituciones públicas-Dirección de migraciones
78. Poder Ejecutivo Nacional
79. Poder Ejecutivo de Alemania
Denunciante (y cargo si No se accede al caso
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Saúl Menem, Presidente de la Nación (Público Alto)
jerarquía)
Carlos Corach, Ministro del Interior (Público Alto)
Hugo Franco, Director de Migraciones (Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Computacionales
Sector Económico
Actores Afectados
55. Ciudadanía
56. Empresas competidoras
Mayor información
33. Noticia
sobre
la
relación
entre
Siemens
y
la
DNI,
ver
http://www.clarin.com/diario/2009/06/06/elpais/p-01933722.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Skanska
Ficha Nº048
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Se investiga el supuesto pago de sobreprecios y de coimas para la construcción de los
gasoducto Norte y Sur en la Provincia de Córdoba por parte de la empresa de origen sueco
Skanska. Están procesados en la causa el ex titular de la Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y el
ex interventor del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), Fulvio Madaro, y la
investigación avanza hacia otros funcionarios del área de Energía y del ministerio de
Planificación Federal que encabeza Julio De Vido. Tanto Ulloa como Madaro fueron removidos
de sus cargos por estar involucrados en los hechos. Asimismo, se encuentra imputado en la
causa Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación del Ministerio, una persona muy cercana
al Ministro de Planificación Federal. Habría 23 firmas cuyas facturas fueron utilizadas por
Skanska para simular operaciones y así generar fondos para el pago de comisiones indebidas.
Una de las firmas que proveyó de facturas falsas a Skanska fue Calibán Infiniti Group, cuyo ex
titular, Adrián López, admitió la maniobra. Vale señalar que la misma empresa Skanska así lo
admitió ante la Justicia: en una auditoría interna que se aportó a la causa judicial se determinó
que en total se habían destinado algo más de $13 millones de pesos argentinos (US$3.408.495)
al pago de servicios que nunca se prestaron.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
53. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
No se accede al dato
54. Falsificación de documentos/Uso Ilegal
No se accede al dato
malicioso de documentos
Actores implicados
80. Empresa Multinacional- Skanska
81. Empresa privada- Calibán Infiniti Group
82. Poder Ejecutivo Nacional
83. Otras Instituciones Públicas- Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)
84. Ministerio de Planificación Federal
85. Otras instituciones Pública- Nación Fideicomisos
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Néstor Ulloa, Presidente Nación Fideicomisos (Público Alto)
jerarquía)
Fulvio Madaro, Interventor ENARGAS (Público Alto)
Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación (Público
Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí,
Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
57. Ciudadanía
58. Empresas Competidoras
59. Usuarios(as) del servicio
60. Habitantes de la zona de Provincia de Córdoba
Mayor información
34. Noticia sobre la cadena de sobornos vinculada al caso, ver http://www.revistanoticias.com.ar/comun/nota.php?art=395&ed=1586
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Sobresueldos
reservados
con
Ficha Nº049
País
fondos
Argentina
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso María Julia Alsogaray,
Caso Granillo Ocampo
Resumen caso
Los llamados fondos reservados, son fondos asignados por la Ley de presupuesto para gastos
relacionados con gastos de inteligencia y seguridad del Estado. Sin embargo dichos montos,
durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem fueron asignados discrecionalmente para
el pago de sobresueldos a diferentes funcionarios del gobierno. Tanto el entonces Ministro de
Educación Jorge Rodríguez, como el Secretario General de la Presidencia Alberto Kohan
admitieron que perciben además de su remuneración mensual un sobresueldo de alrededor de
$6.000 (US$1.573) y de $3.100 (US$812.795) pesos argentinos respectivamente. Oscar
Camilión, ex Ministro de Defensa, admitió también el cobro de sobresueldos de un valor
aproximado de $30.000 pesos argentinos (US$7.866) por encima de su sueldo. La ex Secretaria
de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito y parte de
la prueba que se tuvo en cuenta para tal condena provendría justamente de estos sobresueldos
pagados durante la presidencia de Menem. Granillo Ocampo, ex Ministro de Justicia de Menem,
también perseguido por la justicia, procesado por el pago y cobro de sobresueldos, durante el
ejercicio de sus funciones. Esta causa sigue abierta. También fue el jefe de Gabinete del mismo
gobierno, Jorge Rodríguez, investigado por la causa de sobresueldos. En junio de 2009, el juez
federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió procesar por el delito de peculado al ex presidente
Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Además, el magistrado ordenó
trabar un embargo a Menem que alcanza los $100 millones de pesos argentinos
(US$26.219.191) y de $10 millones de pesos argentinos (US$2.621.919) en el caso de Cavallo.
Conducta/s Reprochable/s
55. Fraude: Malversación de
caudales públicos/Peculado
56. Enriquecimiento ilícito
Estatus
Ilegal
Año de la conducta
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Ilegal
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Actores implicados
86. Poder Ejecutivo Nacional
87. Ministerio de Defensa
88. Ministerio de Justicia
89. Ministerio de Educación
90. Ministerio de Economía
91. Secretaría General de la Presidencia
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Saúl Menem, Presidente de la Nación (Público Alto)
jerarquía)
Oscar Camilion, Ministro de Defensa (Público Alto)
María Julia Alsogaray, Secretaria de Recursos Naturales
(Público Alto)
Raúl Granillo Ocampo, Ministro de Justicia de la Nación
(Público Alto)
Jorge Rodríguez, Ministro de Educación (Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
61. Ciudadanía
Mayor información
35. Noticia sobre el procesamiento de Menem y su embargo por $100.000.000 de pesos
argentinos, ver http://www.clarin.com/diario/2009/06/04/elpais/p-01932248.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Sociedad Comercial del Plata
Ficha Nº050
País
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Argentina
Resumen caso
En septiembre de 2000 se presentaron en concurso preventivo ante la justicia comercial, tres
sociedades integrantes del denominado Grupo Soldati: Sociedad Comercial del Plata, Compañía
General de Combustibles y Tren de la Costa S.A. El acuerdo preventivo que obtuvo la empresa
concursada se habría alcanzado por medio de accionar ilegal. Específicamente según indica la
denuncia realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) conjuntamente con
Alejandra M. Gils Carbó Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, se habría cometido el delito previsto en el artículo 180 del Código Penal de la
Nación. El mismo establece que “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor
que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia
con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de
aceptación del concordato, convenio o transacción. La misma pena sufrirá, en su caso, todo
deudor o director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una
persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que
concluyere un convenio de este género”. La denuncia realizada por la FIA, busca que se
investigue la responsabilidad penal de negociadores del acuerdo, de algunos acreedores en
presunta connivencia, funcionarios públicos, auxiliares de la justicia y demás sujetos que
tomaron parte en la ejecución de los hechos que se describirán. Según la FIA, el examen de los
hechos revela que los acuerdos preventivos de Sociedad Comercial del Plata y Compañía
General de Combustibles no son reales, sino el resultado de diversos artilugios, negociaciones
paralelas y simuladas, de modo que las mayorías legales necesarias para su aprobación fueron
urdidas de manera ficticia e ilegal. Una de las cláusulas que contenía el acuerdo al que
supuestamente se había llegado alcanzaría una quita de hasta un 95% de los créditos. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación decidió revocar el fallo que homologó el acuerdo preventivo.
De acuerdo con el fallo, la asamblea de accionistas no se conformó regularmente, por lo cual no
puede afirmarse que haya existido el acuerdo de una mayoría de bonistas. Mientras la Cámara
consideró que el 90% del capital había prestado acuerdo, para el máximo tribunal sólo lo hizo el
11% (de una masa creditoria total y verificada de unos US$258 millones).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
57. Falsificación
de Ilegal
documentos/Uso malicioso
de documentos
58. Obstrucción
de
la Ilegal
Año de la conducta
2000
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
Justicia/Investigación
2006,-2007, 2008, 2009
Actores implicados
92. Poder Judicial
93. Empresa Privadas- Sociedad Comercial del Plata, Compañía General de Combustibles y
Tren de la Costa S.A. (Grupo Soldati)
Denunciante (y cargo si Manuel Garrido (Fiscal de Investigaciones Administrativas,
aplica)
Público Alto)
Alejandra M. Gils Carbó (Fiscal General ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Empresa Privadas- Sociedad Comercial del Plata, Compañía
jerarquía)
General de Combustibles y Tren de la Costa S.A. (Grupo
Soldati)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario-Industria Petrolera
Sector Económico
Terciario-Servicios de transporte
Actores Afectados
62. Empresas competidoras
Mayor información
36.
37.
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Swift (Campell Soup)
Ficha Nº051
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La empresa de frigoríficos estadounidense Swift, buscaba en el año 1990 radicarse en la
argentina. En este proceso de radicación la empresa realizó una denuncia contra el Gobierno
Nacional porque se le habrían ofrecido coimas para acelerar el proceso de asentamiento en la
argentina. Esta denuncia fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos quien, a través del
entonces embajador, Terence Todman, quien envió una nota al Gobierno Nacional denunciando
la situación.
La empresa quería importar maquinarias, que iban a ser utilizadas para ampliar su planta ubicada
en la Provincia de Santa Fe sin pagar impuestos por US$4,4 millones, de acuerdo a la ley de
promoción industrial. Se trataba de una inversión de US$140 millones. El pedido de coimas
habría sido realizado por solicitado por Emir Yoma, cuñado y asesor del entonces presidente
Carlos Menem, al frigorífico norteamericano Swift Armour. Como consecuencia de este caso,
Emir Yoma debió renunciar a su cargo de asesor presidencial. Asimismo, el entonces Ministro de
Economía, Antonio Erman Gonzalez, dejo su cargo a favor de Domingo Cavallo. Renunció
además a su cargo el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. La investigación
judicial se encuentra cerrada sin que haya recaído condenas sobre funcionarios públicos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
24. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1990
Actores implicados
40. Poder Ejecutivo Nacional
41. Ministerio de Economía
42. Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Denunciante (y cargo si Empresa Swift (no aplica)
aplica)
Terence Todman (Embajador de Estados Unidos, Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Emir Yoma (Asesor político, Público Medio)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario – Industria Alimenticia
Sector Económico
Actores Afectados
39. Ciudadanía
40. Empresas competidoras
Mayor información
42. Noticia sobre la carta del Embajador de EE.UU donde denunciaba el caso, ver
http://www.clarin.com/diario/2007/02/08/elpais/p-00401.htm
43. VERBITSKY, Horacio: Robo para la Corona. Los frutos prohibidos del árbol de la
corrupción.
Bs.
As.:
Planeta,
1991.
Ver
http://www.ipys.org/investigaciones/investigacion.php?id=44
44. Nota del año 2007 dónde se menciona el caso como Swiftgate
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=906181
45. Nota
del
año
2007
que
reproduce
una
del
año
1991
http://www.pagina12.com.ar/especiales/20aniversario/todo_un_estilo.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Talleres Navales Dársena NorteTANDANOR
Ficha Nº052
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La privatización de TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte), realizada durante el
Gobierno de Menem en el año 1991, habría causado al Estado Nacional una pérdida de US$70
millones. Las irregularidades que en primera instancia investigó el juez federal Claudio
Bonadío, ocurrieron luego de que el gobierno de Carlos Menem privatizó el astillero y entregó
la concesión a la empresa Indarsa. Tras haber pagado sólo una parte mínima del contrato ese
Consorcio realizó innumerables reclamos al Estado. Dicha empresa vendió un inmueble que
Tandanor tenía en Puerto Madero a una empresa vinculada. Luego dejó de pagar y se declaró en
quiebra, y se quedó con el inmueble y con el astillero. En el marco de la investigación de esta
causa fueron investigados: el ministro de Defensa de ese entonces Erman González; también
Eduardo Andrés Tesorieri, quien se desempeñaba como director de Tandanor en representación
del Estado. Asimismo, fue investigado Oscar Camilión, también Ministro de Defensa de
Menem. Erman Gonzalez falleció en febrero de 2007, razón por la cual, respecto de su persona,
no se sigue la investigación penal en la que se lo involucraba.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
59. Fraude: Malversación de fondos Ilegal
1991
públicos/Peculado
Actores implicados
94. Poder Ejecutivo Nacional
95. Ministerio de Defensa
96. Empresa Privada-INDARSA
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Oscar Camilión, (Ministro de Defensa, Público Alto)
jerarquía)
Erman Gonzalez, (Ministro de Defensa, Público Alto)
Roberto Tadía (Interventor de Tandanor, Público Alto)
Eduardo Andrés Tesorieri (Director de TANDANOR, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario-Industria Bélica
Sector Económico
Actores Afectados
63. Ciudadanía
Mayor información
38. Noticia sobre el procesamiento a Erman Gonzalez por el caso, ver
http://www.clarin.com/diario/2006/07/14/elpais/p-01201.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Tendido Red Eléctrica Patagonia
Ficha Nº053
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Un informe de la Auditoría General de la Nación (órgano de control) mostró sobreprecios en la
obra del segundo tramo del tendido eléctrico de alta tensión que va entre las Provincias de Río
Negro a Santa Cruz. El incremento sería de alrededor de un 48% más por kilómetro que el
primer tramo de la obra y no habría justificación para ello. La sospecha es el pago de un
sobreprecio de alrededor de $150 millones de pesos argentinos (US$39.328.787). El mismo fue
denunciado en primera instancia por los diputados de la Coalición Cívica Carlos Morán y
Adrián Pérez quienes requirieron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de
Manuel Garrido, que investigue el caso. La secretaría de Energía a cargo de Daniel Cámeron,
justificó el aumento del precio en la distinta característica de las obras. Sin embargo la Auditoría
General de la Nación no consideró suficiente esta explicación. Algunos de los funcionarios que
estuvieron involucrados en el manejo de estos fondos son Julio de Vido, como Ministro de
Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz junto con el Secretario de Energía también de la
provincia de Santa Cruz, Daniel Cameron. Ambos, luego ocuparon similares cargos en el
gobierno nacional bajo la presidencia de Kirchner (De Vido, Ministro de Planificación Federal y
Daniel Cameron, Secretario de Energía).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
60. Fraude: Malversación de Fondos Ilegal
2007
Públicos/Peculado
Actores implicados
97. Ministerio de Planificación Federal
98. Ministerio-Secretaría de Energía-Provincia de Santa Cruz
99. Ministerio de Obras Públicas-Provincia de Santa Cruz
Denunciante (y cargo si Carlos Morán (Diputado Nacional, Público Alto)
aplica)
Adrián Pérez (Diputado Nacional, Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Julio de Vido (Ministro de Obras Públicas de la Provincia de
jerarquía)
Santa Cruz junto, Público Alto)
Daniel Cameron (Secretario de Energía Provincia de Santa
Cruz, Público Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí,
no
se
accede
al
dato
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Básicos
Sector Económico
Actores Afectados
64. Habitantes de la zona
Mayor información
39. Documento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas donde se explicitan las
razones
de
la
denuncia,
ver
http://www.fia.gov.ar/Denuncia%20interconeccion%20electrica%20Madryn%20Trunca
do.pdf
40. Noticia
sobre
el
monto
del
sobreprecio,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1086754
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Thales Spectrum
Ficha Nº054
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el año 1997 durante el gobierno del presidente Menem se privatizó la explotación del espacio
radioeléctrico, quedando el mismo en manos de la empresa Thales Spectrum. Se acusa
irregularidades en el proceso licitatorio, poca transparencia y se presume que se pagaron coimas
para lograr la adjudicación del mismo. En efecto, durante el año 2009, el ex presidente Carlos
Menem fue procesado por administración fraudulenta a raíz de la concesión y lo embargaron por
$200 millones de pesos argentinos (US$52.438.383). Asimismo, se encuentran implicados en la
causa Germán Kammerath, quien en ese momento era Secretario de Comunicaciones. El
Gobierno del Presidente Kirchner, a través del Ministro de Justicia Gustavo Beliz, anuló la
concesión, justificando la decisión en el incumplimiento del contrato. Según determinó la
justicia, habría habido un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99% que se
traduciría en $671.831.357 pesos argentinos (US$176.148.750).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
61. Fraude: Malversación de Fondos Ilegal
1997
Públicos/Peculado
62. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
1997
Actores implicados
100.
Poder Ejecutivo Nacional
101.
Empresa Multinacional -Thales Spectrum
102.
Ministerio-Secretaría de Comunicaciones
Denunciante (y cargo si No se accede al caso
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Saúl Menem, Presidente de la Nación (Público Alto)
jerarquía)
Germán Kammerath, Secretario de Comunicaciones (Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Básicos
Sector Económico
Actores Afectados
65. Ciudadanía
66. Empresas Competidoras
Mayor información
41. Noticia sobre las rescisiones de Néstor Kirchner, entre esas la de Thales Spectrum, ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=910839
42. Noticia
sobre
la
anulación
del
espacio
radioeléctrico,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=567195
43. Noticia
sobre
la
posible
vinculación
de
Menem
al
caso,
ver
http://www.clarin.com/diario/2004/01/28/p-00701.htm
Otras observaciones o comentarios
La empresa Thales Spectrum tenía como negocio cobrar por el uso de las frecuencias de enlaces,
radiotaxi, transporte, celulares y de evitar el contrabando de las señales.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Ticket Canasta
Ficha Nº055
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El diputado Nacional Héctor Recalde, denunció que la Cámara de Empresas de Servicios de
Vales Alimentarios (CEVAS), intentó sobornarlo para impulsar una ley para que todos los
trabajadores que cobren menos de $2.000 pesos argentinos (US$524.384) sean incorporados a
un sistema para que cobren parte de su sueldo en tickets que pueden ser utilizados para la
compra de alimentos. Esto habría ocurrido en noviembre de 2007. Los que ofrecieron el soborno
por $20 millones de pesos argentinos (US$5.243.838), habrían sido Miguel Gutiérrez Guido
Spano, intermediario del sector empresarial, y Santiago Lynch, uno de los directores de CEVAS.
Se interpuso demanda en la justicia federal quien se encuentra investigando el caso.
Específicamente el juez Octavio Aráoz de Lamadrid quien elevó a juicio oral y público del caso.
Conducta/s Reprochable/s
63. Cohecho/Soborno/Extorsión
Estatus
Año de la conducta
2007
Ilegal
Actores implicados
103.
Otras instituciones privadas-Cámara de Empresas de Servicios de Vales
Alimentarios
104.
Empresa privada-Sodexho Pass S.A.
105.
Empresa privada-Accor S.A.
106.
Poder Legislativo Nacional
Denunciante (y cargo si Héctor Recalde (Diputado Nacional, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Miguel Gutiérrez Guido Spano (Director de la Cámara de
jerarquía)
Empresas de Servicios de Vales Alimentarios, Privado Alto)
Santiago Lynch (Asesor de la Cámara de Empresas de Servicios
de Vales Alimentarios, Privado Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Abierto
No
Secundario-Industria Alimentaria
Actores Afectados
67. Trabajadores(as)
68. Empresas competidoras
Mayor información
44. Noticia
sobre
los
implicados
Lynch
y
Guido
http://www.perfil.com/contenidos/2007/11/20/noticia_0062.html
45. Noticia
sobre
el
tratamiento
del
http://www.clarin.com/diario/2009/07/02/elpais/p-01950794.htm
46. Editorial
del
Diario
La
Nación
sobre
el
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=967605
Otras observaciones o comentarios
Spano,
caso,
caso,
ver
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Tráfico de Armas hacia Ecuador
Ficha Nº056
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2007 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso Enriquecimiento Ilícito
Carlos Saúl Menem
Resumen caso
Entre los años 1994 y 1995 mientras se desarrollaba la guerra de Cenapa, entre Ecuador y Perú,
la Argentina realizó una triangulación para vender de modo ilegal armas a Ecuador. Se trató de
8.000 fusiles y 70 mil toneladas de municiones. La maniobra consistió en exportar las mismas a
Venezuela para que luego fueran desviadas en forma irregular hacia Ecuador. Vale destacar que
Argentina era país “garante de paz” y existía un embargo dictado por Naciones Unidas que
prohibía a dichos Países comprar material bélico. También se habrían vendido en forma ilegal
armas a Croacia.
El caso fue publicado por un diario de Perú y luego se difundió mediáticamente en Argentina.
La transacción tuvo sustento en un Decreto secreto, por el cual se ordenó la venta de dichas
armas, y allí se señalaba el destino de Venezuela y también de Panamá. El mismo fue firmado
por el Ministro de Defensa Oscar Camilión, el Ministro de Relaciones Exteriores Guido Di
Tella, y el Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem. Este último sufrió arresto domiciliario
en el marco de la investigación de la causa judicial.
Asimismo, habrían intervenido en la transferencia ilegal de armas el Interventor de
Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. Este último, en la declaración indagatoria incriminó a su
vez a otros funcionarios del gobierno de Menem (Secretario y Subsecretario de Planeamiento
del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury y José Torcillo, el Jefe del Ejército, Martín
Balza).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
64. Exportación/importación ilegal de Ilegal
1991, 1992, 1993, 1994,
material bélico o tráfico de armas
1995
Actores implicados
107.
108.
109.
110.
Denunciante
aplica)
Acusado/a
jerarquía)
Fuerzas Armadas
Ministerio de Defensa
Poder Ejecutivo
Otras Instituciones Públicas-Embajada de los Estados Unidos en Argentina
(y cargo si Medio de comunicación escrita-Diario de Perú
(cargo
y
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Carlos Saúl Menem (Presidente de la Nación, Público Alto)
Oscar Camilión (Ministro de Defensa, Público Alto)
Guido Di Tella (Ministro de Relaciones Exteriores, Público
Alto)
Luis Sarlenga (Interventor de Fabricaciones Militares, Público
Medio)
Guillermo Etchechoury (Secretario de Planeamiento Ministerio
de Defensa, Público Alto)
José Torcillo (Subsecretario de Planeamiento de Ministerio de
Defensa, Público Medio)
Martín Balza (Jefe del Ejército, Público Alto)
James Cheek (Embajador de Estados Unidos en Argentina,
Público Alto)
Emir Yoma (Otro, Público Medio)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Secundario-Industria Bélica
Actores Afectados
69. Ciudadanía
Mayor información
47. Reportaje
sobre
la
venta
de
armas
en
1996,
ver
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=172224
48. Reportaje sobre distintos juicios orales de casos de corrupción en Argentina, ver
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-92628-2007-10-07.html
49. Noticia
sobre
acusación
de
Carlos
Menem,
ver
http://www.clavedigital.com/App_Pages/Portada/Titulares.aspx?id_Articulo=15432
Otras observaciones o comentarios
Este es un caso emblemático de corrupción, de ahí su mención por los entrevistados. Vuelve a
aparecer en prensa el año 2007 ante la posibilidad de su llegada a juicio oral.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Trata de personas y prostitución
Ficha Nº057
País
Argentina
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Marita Veron
Resumen caso
Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, sería según investigaciones de la Procuración
General de la Nación el centro de una red de tratantes de blancas. Habrían sido trasladadas a esta
ciudad más de 400 mujeres de diferentes nacionalidades para ser explotadas sexualmente en tres
prostíbulos, habilitados como whisquerías por la Municipalidad de la capital pampeana. Esta
ciudad sería, además de lugar de destino, un punto de distribución de las jóvenes hacia otras
localidades. Relacionado con estas operaciones, un comisario que se había desempeñado al frente
de la oficina de Migraciones de la policía pampeana entre 2003 y 2004 denunció que las
autoridades de la fuerza provincial de aquel entonces, en particular el jefe y el subjefe, Ricardo
Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez (quienes continúan en sus cargos), obstaculizaron sus
intentos por perseguir la explotación sexual de mujeres extranjeras en distintos locales nocturnos
de la capital pampeana y sus alrededores. La investigación fue realizada por el titular de la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo
Colombo, quien con la información reunida formuló una denuncia en el juzgado federal de Santa
Rosa.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
25. Secuestro
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
26. Obstrucción
de
la Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Justicia/investigación
27. Trata de personas
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Actores implicados
43. Policía de la Provincia de La Pampa
44. Poder Ejecutivo Provincia de la Pampa
Denunciante (y cargo si Marcelo Colombo, Fiscal de Asistencia en Secuestros
aplica)
Extorsivos y Trata de Personas (Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Ricardo Alberto Baudaux (Jefe Policía de la Pampa, Público
Alto)
Juan Domingo Pérez (Subjefe Policía de la Pampa, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Ocio y Entretención (Bares,
Sector Económico
Whisquerías)
Actores Afectados
41. Ciudadanía
42. Habitantes de la zona
43. Familiares de personas afectadas
44. Secuestrados(as)
45. Víctimas de trata de personas/Violaciones
Mayor información
46. Noticia sobre el reclutamiento de mujeres en Santa Rosa que luego se llevan a la Pampa,
ver http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130517-2009-08-24.html
47. Noticia sobre la repatriación de 4 mujeres encontradas en España, ver
http://www.clarin.com/diario/2008/09/02/sociedad/s-01751206.htm
48. Reportaje de Artemisa, organización sin fines de lucro, sobre los avances en Trata de
Personas, ver http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=30&idnota=6783
49. Noticia sobre los esfuerzos que realizan las autoridades para cerrar todas las whiskerías,
ver http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130569-2009-08-25.html
Otras observaciones o comentarios
Si bien el caso comienza a tomar mayor importancia en el 2009, se ha decidido integrar en la
base de casos de corrupción, por la representatividad de una conducta reprochable que en
Argentina posee larga data.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº058
País
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Caso Venta de predio estatal a la Argentina
Sociedad Rural
Resumen caso
En el año 1991 bajo el gobierno del Presidente Carlos Saúl Menem, se vendió un predio en el
barrio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina.
La venta según lo investigado por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue
realizada a un precio mucho menor del que correspondía según los valores del mercado. Así,
según sus informes, el predio tenía un valor mínimo de US$131.800.000 cuando se vendió por
un valor de US$30 millones, por la indicación de tasadores de los bancos Ciudad de Buenos
Aires y del Banco Hipotecario.
En la causa se encuentran implicados Carlos Saúl Menem (en dicha oportunidad Presidente de la
Nación), Domingo Cavallo (en dicha oportunidad Ministro de Economía). También están
imputados el ex presidente y el ex secretario de la SRA, Eduardo Agustín Carlos Zavalía y Juan
Alberto Ravagnani; el ex titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas
Ordóñez, y el ex funcionario Gastón Ramón Figueroa Alcorta.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
65. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1991
Públicos/Peculado
Actores implicados
111.
ONG/Agrupaciones civiles-Sociedad Rural Argentina
112.
Ministerio de Economía
113.
Otras instituciones públicas- Comisión de Venta de Inmuebles Estatales
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Saúl Menem (Presidente de la Nación, Público Alto)
jerarquía)
Domingo Cavallo (Ministro de Economía, Público Alto)
Eduardo Agustín Carlos Zavalía (Presidente Sociedad Rural
Argentina, Privado Alto)
Juan Alberto Ravagnani, (Secretario Sociedad Rural Argentina,
Privado Bajo)
Matías Lucas Ordóñez, (Director Comisión de Ventas de
Inmuebles Estatales, Público Alto)
Gastón Ramón Figueroa Alcorta (Asesor Secretaría de Función
Pública, Público Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
70. Ciudadanía
71. Habitantes de la Zona
Mayor información
50. Sobre
indagatoria
en
torno
a
Menem
y
Carvallo,
ver
http://www.perfil.com/contenidos/2009/01/06/noticia_0017.html
y
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1087307
51. Sobre
edificaciones
a
construirse
en
el
terreno
cuestionado,
ver
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0200/articulo.php?art=3196&ed=0200
52. Sobre el escrito que entrega Carvallo en vez de declarar sobre el caso, ver
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=19068
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Aeroporto de Salvador
Ficha Nº059
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Uso indebido de fondos y sobrefacturación. En el año 2001 una auditoría por el Tribunal de
Cuentas (TCU) consideró que había irregularidades en la asignación a la reforma del aeropuerto,
Luis Eduardo Magalhães, en Salvador (Bahia). El trabajo comenzó en 1997 y fue presupuestado
por R$120 millones (US$68 millones). En 2001, antes de su finalización, se habría excedido de
su valor en R$49 millones (US$28 millones). La reforma del aeropuerto fue financiada por una
asociación entre Embratur (Instituto Brasilero de Turismo), la Infraero (Empresa Brasileña de
Infraestructura Aeroportuaria), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de
Bahia. Las empresas ganadoras fueron las Tecnosolo, y OAS. Este último es de propiedad del
yerno del entonces senador Antonio Carlos Magalhaes, que fue gobernador del Estado y que es
el padrino político del entonces gobernador César Borges. De acuerdo con el TCU, R$17,6
millones (US$10 millones) fueron pagados indebidamente a la OEA, y R$671 mil (US$383
mil), a la empresa Tecnosolo. Otra parte del dinero supuestamente se ha utilizado ilegalmente en
la construcción de obras viales en Salvador y en la duplicación de la carretera que une la capital
de Bahía al estado vecino de Sergipe. Otra irregularidad grave señalada por el TCU es el
sobreprecio, que alcanza los R$30 millones (US$17 millones). Habiendo aprendido de las
irregularidades TCU paralizó las obras durante seis meses para frenar nuevas desviaciones, y el
aeropuerto se inauguró en septiembre de 2002. Armado con las pruebas materiales de
irregularidades el Ministerio Público demandó una acción civil pública de improbidad
administrativa contra César Borges y el entonces presidente de Infraero Fernando Perrone. No
hay conocimiento sobre la acción contra Borges, sin embargo tramita en la Justicia federal de
Bahía un caso contra el ex presidente de Infraero (Leer Ficha de Registro del caso, sección
“mayor información”).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación Indebida
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Ilegal
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Actores implicados
1. Gobierno Federal
2. Gobierno da Bahia
3. Empresas de construcción
Denunciante (y cargo si Procuradoria da República em Salvador.
aplica)
Acusado/a
(cargo
y César Borges (Ex gobernador, Público Alto), Fernando Perrone
jerarquía)
(Ex presidente da Infraero, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Empresas competidoras
3. Ciudadanía
Mayor información
1. Reportaje sobre el caso: http://tinyurl.com/yzw5nsn
Otras observaciones o comentarios
1. Proceso por improbidad administrativa contra el ex presidente de Infaero:
http://tinyurl.com/ydemet5 .
2. Información
sobre la figura jurídica brasilera "ação civil pública"
http://tinyurl.com/yffcdkm
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Águas Espraiadas
Ficha Nº060
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso Banestado
Resumen caso
Sobreprecio, desvío de presupuestos públicos y lavado de dinero. La empresa de construcción
Mendes Junior fue contratada por la ciudad de Sao Paulo para hacer una avenida llamada Aguas
Espraiadas (posteriormente nombrada Roberto Marinho), inaugurada en la gestión de Paulo
Maluf como alcalde de São Paulo (1993-1996). Hoy día Maluf es diputado federal. El
procedimiento de fraude fue el siguiente: la alcaldía pagaba al contratista, quien a su vez pagaba
a contratistas ficticios. Éstos devolvían el 90% del monto, que eran depositados en las cuentas
de cambiadores de dinero (doleros), que a su vez remitiera el dinero a cuentas de Paulo Maluf
fuera de Brasil. Las constataciones iniciales son que la agencia de Banestado en los Estados
Unidos, bancos de EE.UU., de las islas del Caribe, islas Jersey y Suiza, trasladaban los montos.
Las cuentas tenían como beneficiarios los miembros de la familia Maluf y terceros, tales como
el publicista Duda Mendonça, que desarrolló la campaña electoral para Paulo Maluf para la
alcaldía en 1992. Por las irregularidades, Maluf responde a demandas judiciales penales y
administrativas, pero tiene pocas condenas. Una de ellas ocurrió en 2005 cuando él y su hijo,
Flávio Maluf, fueron arrestados, en septiembre de 2005 por supuestamente intentar sobornar al
dolero Vivaldo Alves en el período en que las irregularidades fueron detectadas. A finales de
octubre se retiró la solicitud de detención por una orden judicial presentada en el Tribunal
Supremo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
3. Asociación ilícita
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996
4. Apropiación Indebida
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996
5. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996
6. Lavado de dinero
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996
Actores implicados
4. Gobierno Local-Alcaldía de São Paulo
5. Empresas Privadas-Constructoras
6. Bancos/Entidades Financieras internacionales
Denunciante (y cargo si Medio de comunicación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Vivaldo Alves (Dolero), Flávio Maluf (hijo del alcalde), Paulo
jerarquía)
Maluf (ex alcalde de São Paulo, Público Alto), Duda Mendonça
(publicista, Privado Medio).
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
4. Electores(as)
5. Empresas competidoras
6. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
2. Reportajes sobre el caso http://tinyurl.com/yexdtoh y http://tinyurl.com/yhta88p
3. Informaciones respecto a Paulo Maluf http://tinyurl.com/597an4
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Alstom
País
Brasil
Ficha Nº061
Año de aparición en prensa
2008 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Pago de sobornos a cambio de favoritismo en licitaciones. En mayo de 2008 el periódico The
Wall Street Journal informó de que Francia y Suiza estaban investigando la multinacional
francesa Alstom bajo sospecha de haber pagado sobornos para ganar contratos en Asia y en
Sudamérica. En Brasil, los contratos ilegales serían los de la venta de equipos para la ampliación
del Metro de São Paulo, por valor de US$45 millones, con US$6,8 millones en sobornos, y el de
la construcción de hidroeléctrica de Ita, entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina,
en el monto de US$200 millones, de los cuales US$30 millones serían para el pago de sobornos.
El Ministerio Público del Estado inició en el 8 de mayo de 2008 una operación para investigar los
contratos con las multinacionales de Metro de São Paulo y otras empresas relacionadas con el
Departamento de Transporte Metropolitano. También se examinarían los negocios de Alstom en
el sector de energía. La empresa francesa tenía por lo menos 30 contratos con el gobierno de São
Paulo desde 1990, según el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), algunos de ellos sin licitación.
El Ministerio Público Federal (MPF) también decide investigar el caso. El objetivo es saber si la
empresa francesa ha cometido los delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales en Brasil. En
un reportaje del 30 de mayo en el diario Estado de Sao Paulo, se informó que seis empresas
offshore, dos de ellas controladas por brasileños, habían sido utilizadas por la multinacional
francesa para pasar sobornos a los funcionarios y los políticos de São Paulo entre 1998 y 2001. El
pago se haría sobre la base de consultorías ficticias. En el 3 de junio, el diario informa que
Robson Marinho, consejero del TCE, coordinador de la campaña de Mario Covas en 1994 a
gobernador de Sao Paulo y jefe de personal del Gobierno del Estado de 1995 a abril de 1997,
viajó a Francia para ver el Mundial de Fútbol de 1998 con los gastos pagados por Alstom, cuyos
contratos con Eletropaulo y metro de Sao Paulo Marinho evaluaría posteriormente.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
7. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
8. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
9. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
7. Gobierno do Estado de São Paulo
8. Empresa internacional – Alstom
9. Empresa Pública – Metro de São Paulo
Denunciante (y cargo si aplica)
Ministerio Público
Acusado/a (cargo y jerarquía)
José Fagali (ex presidente de Metrô de São Paulo, Público
Alto), Robson Marinho (Consejero de TCE, Público
Medio), Claudio Mendes (intermediário).
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Terciario-Medios de Transporte
Actores Afectados
7. Empresas competidoras
8. Ciudadanía
Mayor información
4. Reportaje detallado del caso: http://tinyurl.com/yfw8pb6 .
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Atrium
Ficha Nº062
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Correios
Resumen caso
Licitación pública fraudulenta y malversación de fondos. Los cabilderos José Santos Esteves y
Clauzer Fortune han cooptado funcionarios de la Empresa Brasilera de Correos y Telégrafos
(ECT) para obtener información para manipular procesos de licitación. Los funcionarios de
ECT supuestamente suministraron los datos a dirigentes de Atrium que, asociada a la empresa
Aerotecnica Uniao, administrada por Washington Pavan y José Cação, ganó el concurso.
Iniciado el contrato, las empresas habían presentado propuestas de precios excesivos, aditivos
irregulares y ejecución incorrecta del objeto licitado. Luego, presentaron el proyecto para la
instalación de un sistema de aire para evitar errores en las máquinas que hacen la separación de
las correspondencias. Para aumentar los beneficios de la empresa habría hecho una baja en el
servicio de calidad, que no resuelve los problemas de las máquinas. Un ingeniero de la ECT
advirtió sobre las irregularidades, pero su diagnóstico no fue tomado en consideración después
de las quejas de la prensa. Una colaboración entre el Ministerio Público, Contraloría General,
Policía Federal y auditores de la ECT llevó a cabo las investigaciones. Una vez que se juntaron
todas las pruebas se interpuso una demanda penal y una acción de improbidad administrativa en
contra once personas. Entre los acusados figuran agentes de la ECT, la empresa Atrium,
Aerotécnica de la Unión, los cabilderos y las empresas participantes. Las acciones se están
tramitando en el Judiciario Federal y no ha habido sentencias.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
10. Apropiación Indebida
Ilegal
2004, 2005
11. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004, 2005
12. Falsificación de Documentos
Ilegal
2004, 2005
13. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2004, 2005
14. Utilización
de
información Ilegal
2004, 2005
privilegiada
Actores implicados
10. Empresas privadas
11. Empresa pública – Empresa de Correios e Telégrafos (ECT)
Denunciante (y cargo si Ministério Público Federal no Distrito Federal, Procuradoria
aplica)
da República
Acusado/a (cargo y jerarquía) José Antônio Cação (Empresario, Privado Alto), Jorge Dantas
Dias (Jefe de Ingeniería de ECT, Público Alto), Clauzer
Esteves (Cabildero), Edilson Louzada (Jefe de Proyectos de
ECT, Público Alto), Luiz Felipe Madureira (Ingeniero, Público
Medio), Wagner de Mendonça (Empresario, Privado Alto) ,
Rodrigo Neves (Empresario, Privado Alto), Washington Pavan
(Empresario, Privado Alto), José Santos Fortuna (Cabildero),
Carlos Roberto Tormin (Subjefe de Ingeniería da ECT, Público
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Medio), Antônio Winter (arquitecto e fiscal responsable por la
obra)
Situación del caso
No
No
Sí, Abierto
Sí, Abierto
No
Terciario-Medios de Transporte
Actores Afectados
9. Empresas competidoras
10. Ciudadanía
Mayor información
5. Reportaje sobre o escán dalo: http://tinyurl.com/ylb5hbw
6. Proceso criminal en el J udiciario Federal: http://tinyurl.com/yhjotdr .
7. Proceso de improbidad administrativa en el Judiciario Federal:
http://tinyurl.com/ykfe mqw .
Otras observaciones o comentarios
1. Información sobre la fi gura jurídica brasilera “ação civil pública”:
http://tinyurl.com/yffcd km
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Banco Santos
Ficha Nº063
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El proceso que llevó a la quiebra y posterior liquidación del Banco Santos por gestión
fraudulenta, comenzó el 12 de noviembre de 2004, cuando el Banco Central ordena la
intervención en la institución financiera. Después de descubrir que la situación financiera del
banco se estaba deteriorando rápidamente y que el déficit de capital (diferencia entre activos y
deudas y créditos) sería de 700 millones de reais (400 millones dólares EEUU), el BC destituyó
a Edemar Cid Ferreira y los entonces directores de la administración y control de la institución,
nombrando a César Aguiar Vanio como interventor. Su responsabilidad era de investigar
posibles irregularidades de los dirigentes de la institución y reunir la información necesaria para
decidir su futuro. Después de la intervención, el BC volvió a calcular el agujero en la institución
y concluyó que el déficit sería de 2,2 mil millones de reais (1,2 mil millones de dólares EEUU).
Edemar y otras 18 personas – entre ellos la esposa de Edemar (Marcia Cid Ferreira), el hijo de
la pareja (Rodrigo Rodrigues de Cid Ferreira), el ex superintendente del banco (Mário
Arcângelo Martinelli) y los ex directores Álvaro Zucheli Cabral, Ricardo Ferreira de Souza e
Silva y André Pizelli Ramos – fueron acusados por el Ministerio Público Federal de asociación
ilícita, gestión fraudulenta y el blanqueo de dinero. En diciembre 2006 salió la primera
sentencia: Edemar fue condenado a 21 años; Mário a 18 años; Rodrigo, Álvaro y Ricardo a 16
años y Marcia a 5 años. Los casos están actualmente tramitando en Tribunales Superiores.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
15. Asociación Ilícita
16. Fraude/Estafa al Fisco
17. Lavado de dinero
Ilegal
2004
Ilegal
2004
Ilegal
2004
Actores implicados
12. Bancos/Entidades Financieras-Banco Santos
Banco Central
Denunciante (y cargo si
aplica)
Edemar Cid Ferreira (ex dueño de Banco Santos), Márcia Cid
Acusado/a (cargo y
Ferreira (esposa de Edemar y dueña de empresas usadas para
jerarquía)
desviar recursos), Rodrigo Rodrigues de Cid Ferreira (hijo de
Edemar y ex director del banco), Mário Arcângelo Martinelli
(ex superintendente do banco), Álvaro Zucheli Cabral, Ricardo
Ferreira de Souza e Silva, André Pizelli Ramos (ex directores) y
otros 12 ex directores.
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Civil
No
Político
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios financieros
Sector Económico
Actores Afectados
11. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
8. Reportajes: http://tinyurl.com/yaapgjy y http://tinyurl.com/yene6vp
9. Informes del Ministerio Publico: http://tinyurl.com/yb48xqx y
http://tinyurl.com/ya9r8wr
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Banestado
País
Brasil
Ficha Nº064
Año de aparición en prensa
2001 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso Satiagraha, Caso
Marka/FonteCindam
Resumen caso
Desvío de fondos; blanqueo de dinero en bancos extranjeros. El plan se llevó a cabo
durante el año 1996, en el cual los administradores del Banco Banestado enviaban
reservas de recursos de la institución a bancos de EE.UU. y la agencia de Banestado en
Nueva York. Una vez en el extranjero, los cambistas operaban todas las cuentas de la
institución y el monto era enviado para ser lavados en paraísos fiscales. Parte del monto
hubiera sido utilizado en irregularidades, como el esquema de "caja 2" (recursos no
declarados) en la campaña electoral del entonces gobernador de Paraná, Jaime Lerner, a
la reelección en 1998. La campaña presidencial de José Serra, en 2002, supuestamente
también se benefició del esquema. En mayo de 2008 el valor de las transacciones
financieras irregulares y que fueron objeto de un procedimiento penal ha llegado a más
de US$28 millones. De la cantidad que está en el extranjero, por la misma fecha, se
repatrió R$34,7 millones (aproximadamente US$20 millones). La Policía Federal
comenzó a investigar el esquema en 2001 y en 2003 se creó un grupo de trabajo
integrado por la policía federal, fiscales y jueces, que funcionó entre 2003 y 2007.
Además de Lerner y Serra, fueron identificados como beneficiarios del ex congresista
José Janene y sus ayudantes Meheidin Jenana Rosa Valente, el ex gobernador de
Paraná, Jayme Canet Jr., ex Secretario de Estado para los Medios de Comunicación y ex
presidente del Legislativo Luiz Alberto Dalcanale y ex presidente de Banestado
Domingos Murta Ramalho, ex presidente del Banco del Estado de Paraná y el
Secretario de Estado de Hacienda del Estado, Giovani Gionédis y el ex secretario de
Estado de Hacienda, Michael Solomon, un grupo de empresarios, intermediarios del
mercado cambiario y funcionarios de bancos estatales y privados. El grupo de trabajo
denunció 684 personas por su relación con el caso y ha condenado a 97 en casos
penales. Entre ellos fueron condenados el ex presidente de Banestado Manuel García
Cid, ex director Gabriel Pires Neto, ex gerente de Tucumann Engenharia e
Empreendimentos, José María Muller, el funcionario de la empresa Redram, Sergio
Marder, la funcionaria de Jabur Toyopar Importación de Vehículos, María Cristina
Jabur y el dolero Divonzir Catenace por préstamos irregulares y gestión fraudulenta. Se
abrió una CPI en el Senado, la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa do
Paraná para investigar el caso, que se cerraron sin graves consecuencias para los
investigados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
18. Asociación Ilícita
Ilegal
1996
19. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
1996
20. Infracción a normas de Ilegal
1996
financiamiento electoral
21. Lavado de dinero
Ilegal
1996
Actores implicados
13. Bancos/Entidades financieras estatales y privados
14. Gobierno Federal de Paraná
15. Empresas privadas
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Jayme Canet (ex
gobernador do Paraná), Divonzir
jerarquía)
Catenace (dolero), Luiz Alberto Dalcanale (ex secretario
estadual y ex presidente da Assembléia Legislativa),
Manoel Garcia Cid (ex–presidente do Banestado), Giovani
Gionédis (ex presidente del consejo del banco y secretario
estadual), Maria Cristina Jabur (ex empresaria), Meheidin
Jenani (ex asesor de Janene), José Janene (ex diputado
federal), Jaime Lerner (ex gobernador), Sergio Marder (ex
empresario), José María Muller (ex empresario), Sergio
Motta (ex ministro), Gabriel Pires Neto (ex director do
Banestado); José Serra (gobernador), Miguel Salomão (ex
secretario estadual), Rosa Valente (ex asesor de Janene)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
No se accede al dato
Sí, Cerrado
No se accede al dato
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios Financieros
Actores Afectados
12. Electores(as)
13. Candidatos(as) competidores(as)
14. Ciudadanía
Mayor información
10. Reportaje http://tinyurl.com/yayn6be .
11. Balance del Ministerio Público Federal
sobre
http://tinyurl.com/yl3hrja .
Otras observaciones o comentarios
1. Hubo un total de 684 personas acusadas.
el
caso,
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Cartões Corporativos
Ficha Nº065
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El uso de fondos públicos para fines privados. Creada en 2001 para el gasto discrecional, de
bajo costo o privacidad, la Tarjeta de Pago del Gobierno Federal empezó a ser utilizada por los
funcionarios. Sin embargo, basada en datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera del
Gobierno Federal (Siafi), la prensa publicó que en 2007 hubo un aumento del 129% en el gasto
de la tarjeta, en comparación con 2006. Muchos casos han sido reportados por los medios de
comunicación y uno de los más conocidos fue la Secretaría Especial de Políticas para Promover
la Igualdad Racial que se utilizó de una gran suma de dinero para los pagos de alquiler de
coches, restaurantes y hoteles. La secretaria, así como otros responsables por pagos de grandes
montos, intentaron explicaciones públicas, sin embargo, como los costes eran recurrentes, se
podrían haber hecho por otros métodos menos costosos para el gobierno. Por el desgaste
sufrido, la secretaria pidió su renuncia al Presidente, lo que responde a un acto de mala conducta
por irregularidades administrativas. El Portal de Transparencia, herramienta del gobierno
federal, empezó a publicar el gasto en tarjetas, y hubo cambios en las leyes que indicaban su uso
(ver Mayor información). Se abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación, la que se cerró
sin resultados. El Tribunal de Cuentas y el Contralor General investigaron si los gastos
efectuados con las tarjetas eran abusivos, pero llegó a la conclusión de que estaban dentro de los
estándares establecidos por la ley.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
22. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2008
23. Apropiación indebida
Ilegal
2008
Actores implicados
Poder Ejecutivo
Ministerio-Secretaría Nacional de Pesca
Ministerio-Ministerio de los Deportes
Ministerio-Secretaría Especial de Políticas de Promoción para la Igualdad Racial
Ministerio-Ministerio de las Comunicaciones
Otras Instituciones Públicas-Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas
Otras Instituciones Públicas-Universidad Federal de São Paulo
Entes Fiscalizadores y Reguladores-Superintendencia Regional do Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria.
24. Fuerzas Armadas-Marina de Brasil
Medios de comunicación escrita-Periódico O Estado de S. Paulo
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Marina de Brasil, Altemir Gregolin (Secretario Nacional da
jerarquía)
Pesca), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Ariense Meneses (servidora de Presidencia de República),
Ulysses Neto (rector da Universidade Federal de São Paulo),
Wilde Pereira (asesor del rector da Universidad de Brasília),
Matilde Ribeiro (Secretaria Especial de Políticas de Promoción
da Igualdad Racial), Francisco Silva (servidor do Ministério das
Comunicações), Orlando Silva (Ministro de los Deportes),
Superintendência Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), entre otros.
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Abierto
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Hotelería y Turismo, Servicios de Transporte,
Sector Económico
Servicio de Ocio y Entretenimiento
Actores Afectados
15. Usuarios(as) del servicio (Universidades)
16. Beneficiarios(as) de la política pública (Secretaría Especial de Políticas para Promover
la Igualdad Racial )
17. Ciudadanía
Mayor información
12. Decretos gubernamentales referentes al uso de tarjeta de pagamento
http://tinyurl.com/ygtkk33 y http://tinyurl.com/ygbawh5 .
13. Reportajes detallados del caso http://tinyurl.com/y9v7mwm
14. Reportaje sobre el caso, cronología del caso y justificaciones dadas por cada institución
involucrada, ver http://tinyurl.com/yk96hfo y http://tinyurl.com/yhtdnct
Otras observaciones o comentarios
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº066
País
Año de aparición en prensa
Caso Correios
Brasil
2005
Casos Vinculados
Caso Mensalão, Caso Atrium,
Caso Furnas
Resumen caso
En abril de 2005, una revista publicó diálogos grabados por dos empresarios que fueron
víctimas de extorsión en la Empresa de Correos y Telégrafos (ECT). El plan de desvío de
recursos públicos era llevado a cabo en licitaciones fraudulentas y pagos de cohechos,
envolviendo agentes nombrados por el Partido Trabajista Brasilero (PTB), Partido del
Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) y el de Partido de los Trabajadores (PT). Para
participar en licitaciones de ECT, las empresas pagaban soborno, una demanda formulada por el
entonces diputado Roberto Jefferson (presidente del PTB). Además, la empresa ganadora se
comprometía a un suministro de 3% hasta 5% de su facturación anual. A cambio, las empresas
creaban contratos con sobreprecios y aditivos irregulares. Por otra parte, los empresarios que
ganaban las licitaciones tenían que contribuir a las campañas electorales del PTB. Presionado,
Jefferson denunció el caso conocido como Mensalão (presuntos pagos mensuales a
parlamentarios). Se abrió una comisión de investigación parlamentaria que examinó este caso y
el caso de Mensalão. Roberto Jefferson y José Dirceu (ex presidente del PT) fueron expulsados
del Parlamento. Este último perdió los derechos políticos por ocho años. Después de las
investigaciones por el Ministerio Público y la Policía Federal, algunos funcionarios de Correos
y ex-diputados respondieron a procesos criminales y por acto de improbidad administrativa.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
24. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2003, 2004, 2005
25. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2003, 2004, 2005
26. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2003, 2004, 2005
27. Licitación Pública Fraudulenta
Ilegal
2003, 2004, 2005
Actores implicados
25. Poder Legislativo-Cámara de los Diputados
26. Empresas Públicas-Empresa de Correios e Telégrafos (ECT)
No se accede al dato
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía) José Borba (ex diputado federal), Roberto Brant (ex diputado
federal), Pedro Corrêa (ex diputado federal), Eduardo Coutinho
(servidor público), João Paulo Cunha (diputado federal),
Valdemar da Costa Neto (diputado federal), José Dirceu (ex
diputado federal), José Santos Fortuna Neves (capitán da
Polícia Militar), Roberto Garcia Salmerón (ex presidente da
Eletronorte), Fernando Godoy (servidor público), Josias
Gomes (ex diputado federal), Vadão Gomes (diputado federal),
João Henrique Souza (presidente da ECT), Pedro Henry
(diputado federal), Julio Imoto (servidor público), José Janene
(ex diputado federal), Roberto Jefferson (ex diputado federal),
Professor Luizinho (ex diputado federal), Sandro Mabel
(diputado federal), Maurício Madureira (ex-diretor da ECT),
João Magno (ex diputado federal), Maurício Marinho (servidor
público), José Mentor (diputado federal), Antônio Osório
(director de Recursos Humanos de Correios), José Gerardo
Ponte Pierre (médico), Romeu Queiroz (ex diputado federal),
Paulo Rocha (diputado federal), Carlos Rodrigues (ex diputado
federal), Vanderval Santos (ex diputado federal).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios de Correos
Actores Afectados
18. Empresas Competidoras
19. Electores(as)
20. Ciudadanía
Mayor información
15. Reportaje sobre
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Correios:
http://tinyurl.com/yhakdgl,
Reportaje
sobre
renuncia
de
parlamentarios
http://tinyurl.com/ykmvk77 .
16. Reportajes sobre denuncias del Ministerio Público: http://tinyurl.com/yfzaym9 y
http://tinyurl.com/yj5c2en .
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Dólares na cueca
Ficha Nº067
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Mensalão
Resumen caso
Pago de sobornos e incautación de dinero ilegal. Cuando era examinado por máquina de rayo X
de un aeropuerto de São Paulo, José Adalberto da Silva, el asesor del entonces diputado del
estado de Ceará (José Guimarães, al 2009 diputado federal), llevaba 209 mil reais (US$120 mil)
en su maleta y US$100 mil en su ropa interior. El diputado dijo no saber el origen del dinero,
pero según las investigaciones de la Policía Federal y del Ministerio Público el monto era un
soborno referente a ventajas para el consorcio del Alusa/STN para la concesión de un crédito de
US$300 millones en el Banco de Nordeste de Brasil (el proyecto fue elaborado por la empresa
Enphase). El asesor había recibido la cantidad de São Paulo, en una reunión con uno de los
directores de la empresa. Este caso, junto con el recibo de 250 mil reais (US$144 mil)
supuestamente derivado del esquema del caso Mensalão, hizo que se introdujera en la Asamblea
Legislativa de Ceará un procedimiento de infracción del decoro parlamentario contra José
Guimarães, del cual finalmente fue absuelto. Sin embargo, Guimarães responde a una acción
civil pública por improbidad administrativa en el Tribunal Federal de Ceará por este caso.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
28. Asociación Ilícita
Ilegal
2005
29. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2005
30. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2005
Actores implicados
27. Poder Legislativo — Asamblea Legislativa do Ceará
28. Bancos/Entidades Financieras — Banco do Nordeste do Brasil
29. Empresas privadas — Alusa, STN y Enphase
Policía
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía) Francisco Arruda (ex director do Banco do Nordeste do
Brasil), Companhia Técnica de Engenharia S/A Elétrica Alusa,
Enphase Projetos de Investimento e Consultoria Ltda., José
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Nobre Guimarães (diputado federal), Luiz Ethewaldo
Guimarães (ex director do Banco do Nordeste do Brasil),
Raimunda de Lima (esposa de Adalberto da Silva), Victor
Samuel da Ponte (ex director do Banco do Nordeste do Brasil),
Kennedy Moura Ramos (ex asesor especial de la presidencia
do Banco do Nordeste do Brasil), José Adalberto da Silva (ex
asesor de José Nobre Guimarães), Sistema de Transmissão do
Nordeste (STN), Roberto Smith (presidente do Banco do
Nordeste do Brasil), Claudio Vasconcelos Frota (ex
Superintendente do Banco do Nordeste do Brasil)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Abierto
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios Financieros
Actores Afectados
21. Electores(as)
22. Ciudadanía
23. Empresas competidoras
Mayor información
17. Reportaje sobre conclusión del Ministerio Público: http://tinyurl.com/yj2jw3m
18. Informaciones sobre el diputado José Guimarães: http://tinyurl.com/yf8no3o
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Eduardo Bittencourt
Ficha Nº068
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el contexto de las investigaciones sobre irregularidades supuestamente cometidas por
Robson Marinho, consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de São Paulo (TCE-SP), un ex
funcionario público, Ruy Imparato, afirmó que el Presidente del TCE-SP, Eduardo Bittencourt
había recibido sobornos para aprobar las cuentas de los gobernadores Orestes Quercia (19861990) y Luiz Antonio Fleury (1990-1994). Bittencourt, presuntamente, ha enviado dinero de
origen desconocido y no declarados para los bancos Lloyds, Citibank y First Hawaiian en
Hawai-EEUU. En el banco Citibank estarían 2 millones de dólares, mientras que el resto de los
bancos concentrarían 15 millones de dólares. Los montos serían lavados en la offshore Justinian
Investment Holdings Limite, ubicado en las Islas Vírgenes. Además de las irregularidades
señaladas, Bittencourt nombró a sus cinco hijos para funciones en el TCE, sin cumplir funciones
y utilizó dinero público para pagar cuentas privadas. Después del escándalo, los hijos del
presidente fueron exonerados. El Ministerio Público ha abierto dos investigaciones para evaluar
la irregularidad. Una de ellas es penal y se abrió en el Tribunal Superior de Justicia (STJ), sin
conocerse el resultado. La otra es civil, por acto administrativo de mala conducta y abuso de
funciones, y se abrió en primera instancia por el Fiscal General del Estado de São Paulo,
Fernando Vieira Grella. La acción se tramita en secreto de justicia. Bittencourt también está
siendo investigado por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica
Internacional (DRCI), el organismo del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
31. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2008
32. Apropiación Indebida
Ilegal
2008
33. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2008
34. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2008
35. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2008
públicos/Peculado
Actores implicados
30. Entes Fiscalizadores y Reguladores–Tribunal de Cuentas del Estado de Sao Paulo
31. Gobierno Federal–Gobierno de Estado de São Paulo
32. Empresas Privadas–Offshore Justinian Investment Holdings Limite.
Ruy Imparato (funcionario(a), público bajo)
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Eduardo Bittencourt de Carvalho (presidente y consejero do
jerarquía)
Tribunal de Cuentas de São Paulo)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Abierto
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
24. Ciudadanía
Mayor información
19. Reportaje sobre el caso, ver http://tinyurl.com/ylghmvm .
Otras observaciones o comentarios
Offshore. El offshoring designa la actividad de empresas, con sede en un determinado país, de
trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país, donde por lo general
enfrentarán menores costos en mano de obra, menor presión en leyes laborales, menor cantidad
de normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios desde el
punto de vista del lucro económico para la empresa. En términos financieros, se refiere a
aquellos países conocidos como “paraísos fiscales”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Emenda da reeleição
Ficha Nº069
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2002 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Compra de votos para la aprobación de la enmienda Constitucional que permitía la elección del
jefe del Poder Ejecutivo en las tres esferas (Federación, estados y municipalidades). Para
garantizar la aprobación de la propuesta, el entonces ministro de Comunicaciones Sergio Motta,
el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Luis Eduardo Magalhaes, y el
gobernador de Acre, Orleir Cameli, y el de Amazonas, Amazonino Mendes, supuestamente
articularon un plan de pago de sobornos a cambio de votos pro enmienda. El plan fue
descubierto a través de escuchas telefónicas y consistía en pagos hechos por el Banco de
Amazonas, en nombre de una empresa de Eladio Cameli, hermano del entonces gobernador de
Acre. Los entonces diputados Juan Maia y Ronivon Santiago fueron expulsados del Partido del
Frente Liberal y fue abierto en su contra un proceso en la Comisión de Constitución y Justicia.
Ambos renunciaron a sus escaños para escapar de una posible destitución. También se abrió un
procedimiento contra Osmir Lima, Zila Bezerra y Chicáo Brígido, que finalmente fueron
absueltos por el Comité.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
36. Asociación Ilícita
Ilegal
1997
37. Apropiación Indebida
Ilegal
1997
38. Compra de Votos
Ilegal
1997
39. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
1997
Actores implicados
33. Poder Ejecutivo Federal de los Estados
34. Ministerio–Ministerio de Comunicaciones
35. Poder Legislativo–Cámara dos Deputados
36. Bancos/Entidades financieras–Banco de Amazonas (estatal)
37. Empresa Privada
Medios de comunicación escrita-Folha de S. Paulo
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Pauderney Avelino (ex diputado federal), Zilá Bezerra (ex
jerarquía)
diputada federal), Chicão Brigido (ex diputado federal), Elídio
Cameli (hermano del ex gobernador do Acre), Orleir Cameli (ex
gobernador do Acre), Luís Eduardo Magalhães (ex presidente
da Cámara de los Diputados), João Maia (diputado federal);
Osmir Lima (ex diputado federal), Amazonino Mendes (ex
gobernador do Amazonas), Sérgio Motta (ex ministro de las
Comunicaciones), Ronivon Santiago (ex diputado federal).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Administrativo
No se accede al dato
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
25. Electores(as)
26. Candidatos(as) Competidores(as)
27. Ciudadanía
Mayor información
20. Reportaje detallado: http://tinyurl.com/yjqhgkv .
Otras observaciones o comentarios
La Reaparición del caso en el año 2002 se debe a que se retoma por la reelección de algunos
diputados en ese año.
Fecha del registro: diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Furnas
Ficha Nº070
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Correios
Resumen caso
Malversación de fondos de empresa estatal para financiar campañas electorales. En el contexto
de las investigaciones sobre el caso de Correos, en el año 2005, el entonces diputado Roberto
Jefferson dijo que había recibido fondos no declarados en su campaña electoral de 2002. Apenas
unos días después el cabildero Nilton Monteiro pasó a la Policía Federal una lista creada en
noviembre de 2002, que contenía los nombres de 156 políticos que supuestamente han recibido
fondos desviados de la estatal Central Hidroeléctrica de Furnas. Los montos tenían como
destino la formación de un fondo ilegal para patrocinar sus campañas electorales para la
elección o reelección, y que ascenderían a casi 40 millones de reais (22.8 millones de dólares).
Presuntamente, la lista elaborada por Dimas Toledo, entonces director de la empresa, presentaba
los nombres de políticos de 12 partidos diferentes. La mayoría de los nombres pertenecían al
PSDB, el partido del entonces Presidente de la República (Fernando Henrique Cardoso), y las
mayores cantidades fueron distribuidas a los candidatos presidenciales, José Serra, y al entonces
candidato al gobierno del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin. Frente a las denuncias en
2006 se abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación, que se cerró sin conclusiones.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
40. Apropiación indebida
Ilegal
2002
41. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2002
públicos
42. Infracción
a
normas
de Ilegal
2002
financiamiento electoral
Actores implicados
38. Empresa Pública–Central Hidroeléctrica de Furnas
39. Poder Legislativo
40. Partidos políticos
Roberto Jefferson (ex diputado federal), Nilson Monteiro
Denunciante
(cabildero)
Acusado/a
(cargo
y Geraldo Alckmin (ex gobernador de São Paulo), José Serra (ex
jerarquía)
candidato a la presidencia de la República), Dimas Toledo (ex
director de Furnas), y otros, totalizando 156 políticos.
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Básicos
Sector Económico
Actores Afectados
28. Electores(as)
29. Candidatos(as) competidores(as)
30. Ciudadanía
Mayor información
21. Reportagem da Folha de S. Paulo sobre a lista de Furnas, ver http://tinyurl.com/yks68v4
22. Reportagem do Jus Brasil sobre a lista de Furnas, ver http://tinyurl.com/yjykcuf .
Otras observaciones o comentarios
Reportagem do Centro de Mídia Independente com a cópia da lista, ver
http://tinyurl.com/yzv3gm7
Relatório da CPI dos Correios que aponta os resultados da CPI de Furnas, ver
http://tinyurl.com/yfwvz8p ;vide p.250
Nilson Moteiro es definido como Cabildero, es decir, aquel que hace lobby, quien intenta influir
en las decisiones de una persona con poder a favor de determinados intereses.
Fecha del registro: diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Gafanhoto
País
Brasil
Ficha Nº071
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Asociación ilícita para el uso indebido de fondos públicos. Se inició en 1998, en la campaña
electoral para el segundo mandato del entonces gobernador Neudo Campos. Se crearon más de
5 mil cargos inexistentes –los gafanhotos o "chapulines"– en los órganos públicos del estado de
Roraima, cuya población en ese entonces era de aproximadamente 330 mil personas. Un
procedimiento para la inclusión de los nombres era solicitar la elaboración de un documento
para pedir ayuda financiera a los diputados. Sin embargo, el documento era en realidad una
procuración. Con éste documento, los delincuentes convertían a la persona en funcionario
público. Al finalizar el mes, los jefes del esquema conservarían 80% a 90% del sueldo y dejaban
el resto a los gafanhotos. Se estima que el grupo que organizó el programa se compone de 60
personas, entre ellas el ex gobernador (Neudo Campos) y su adjunto (Flamarion Portela),
parlamentarios y empresarios. Pero la mayor parte de los fraudes fue llevada a cabo por los
parientes o empleados de 20 legisladores estatales. Se calcula que, entre los años 1998 y 2003,
la desviación fue de 420 millones de reales (240 millones de dólares de EEUU). El Ministerio
Público y la Policía Federal (PF) comenzaron investigaciones y en noviembre de 2003, la PF
llevó a cabo la operación Praga Egipto con el fin de desmantelar las pandillas y las
irregularidades en el Estado. En la operación se detuvo a 28 personas, incluido el entonces
gobernador Neudo Campos. Después de dicha operación, el Ministerio Publico abrió al menos
tres causas penales y otros procedimientos de acción civil pública por improbidad
administrativa contra los acusados. Muchos de ellos están siendo analizados por el Tribunal
Supremo Federal y el Tribunal Federal de Roraima.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
43. Asociación ilícita
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
44. Apropiación Indebida
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
45. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Actores implicados
41. Gobierno Federal–Poder Ejecutivo de Roraima
42. Poder Legislativo–Asamblea Legislativa de Roraima
Medios de Comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Neudo Campos (ex-gobernador) y otras seis personas.
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
31. Ciudadanía
32. Electores(as)
Mayor información
23. Reportaje sobre el caso, ver http://tinyurl.com/y9wk3t4
24. Nota del Ministerio Público Federal sobre los procesos criminales enjuiciados, ver
http://tinyurl.com/y9dyz5j
Otras observaciones o comentarios
El principal acusado, Neudo Campos, fue elegido diputado federal en 2006. Los datos sobre los
procesos que ofrecen y otra información se puede acceder aquí: http://tinyurl.com/y8q2hko
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Gautama
Ficha Nº072
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Una asociación de ex agentes políticos, intermediarios, funcionarios públicos y empresarios
vinculados a la constructora Gautama simulaban disputas entre competidores para obtener
lucros en obras públicas. Los intermediarios contactaban las autoridades públicas con ofertas de
pago de sobornos a cambio de la dirección del contrato para Gautama. La acción de la banda
también se produjo a través del cabildeo, por la financiación de viajes de los funcionarios del
Estado a Brasilia para defender los intereses del grupo delictivo. A nivel federal la banda
desviaba recursos de cuatro Ministerios (de Minas y Energía, Integración Nacional, Ciudades y
Planteamiento) y del Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT). El fraude
ocurrió en los estados de Alagoas, Bahía, Pernambuco, Piauí y Distrito Federal, ya en las
autoridades municipales participaron en el esquema autoridades de Camaçari (Bahía) y Sinop
(Mato Grosso). La investigación del caso fue realizada por la División de Inteligencia de la
Policía Federal y la Contraloría General de la Unión, formándose en mayo de 2007 la Operación
Navaja, que cumplió 84 órdenes de búsqueda y más de 40 detenciones, entre ellas el presidente
de la empresa Zuleido Soares Veras. Tres semanas después de los arrestos permanecían en la
cárcel la dueña de la empresa, María de Fátima Palmeira (directora de Gautama); Vicente
Vasconcelos Coni (director de Gautama en el estado de Maranhão), João Manuel Soares Barros
(funcionario de Gautama) y Abelardo Sampaio Filho (director de Gautama). Los otros 43
implicados fueron puestos en libertad. Después de la operación, el Tribunal de Cuentas federal
paralizó muchas de las obras de construcción que contenían irregularidades. Dado que el
esquema en que participan muchos actores en los diferentes estados es difícil cuantificar las
demandas civiles o penales interpuestas contra los implicados. Una de ellas es un acción civil
pública por improbidad administrativa, interpuesta en el Tribunal Federal en el estado de
Sergipe en contra Everaldo José de Oliveira, ex alcalde del municipio Poço Verde, Jonas Dias
Neto, un ex alcalde de ese municipio, José Edson Santana, ingeniero civil, y Zuleido Veras.
Todos están involucrados en licitaciones irregulares en las obras relativas a la transposición de
río São Francisco. La sentencia del proceso no se ha dictado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
46. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2007
47. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2007
48. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2007
Actores implicados
43. Gobierno Federal
44. Gobierno Municipal
45. Empresas Privadas
Medios de Comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Flávio Henrique Abdelnur Candelot (funcionario da Gautama),
jerarquía)
Enéas de Alencastro Neto (representante do governo de
Alagoas em Brasília), Ivo Almeida Costa (ex-asesor ministério
de Minas e Energia), João Alves Neto (filho do ex-gobernador
de Sergipe João Alves Filho), Adão Pirajara Amador Farias
(ex-jefe de gabinete da Secretaria de Agricultura na gestão do
diputado distrital Pedro Passos, do PMDB), Iran César de
Araújo Filho (secretario de Obras de Camaçari), Jorge Barreto
(engenheiro da Gautama), Ney Barros Bello (secretario de
Infra-estrutura do Maranhão), Florêncio Brito Vieira
(funcionario da Gautama), Luiz Carlos Caetano (alcalde de
Camaçari), José Reinaldo Carneiro Tavares (ex-gobernador do
Maranhão), José Ivan de Carvalho Paixão (ex-diputado
federal), Gil Jacó Carvalho Santos (funcionario da Gautama),
Geraldo Magela Fernandes da Rocha (ex-asesor do governo do
Maranhão), Roberto Figueiredo Guimarães (presidente do
Banco de Brasília), Tereza Freire Lima (funcionária da
Gautama), Henrique Garcia (funcionario da Gautama), Ernani
Soares Gomes Filho (servidor público), Nilson Aparecido
Leitão (alcalde de Sinop), Francisco de Paula Lima Júnior
(sobrinho do gobernador do Maranhão), Abelardo Sampaio
Lopes Filho (director da Gautama), Denisson de Luna Tenório
(subsecretario de infra-estrutura de Alagoas), Ricardo
Magalhães (funcionario da Gautama), Alexandre Maia Lago
(sobrinho do gobernador do Maranhão), Márcio Fidelson
Menezes (ex-secretario de Infra-estrutura de Alagoas), Flávio
Conceição de Oliveira Neto (conselheiro do Tribunal de Contas
de Sergipe), Humberto Rios de Oliveira (funcionario da
Gautama), Zaqueu de Oliveira Filho (servidor público), Maria
de Fátima Palmeira (directora da Gautama), Pedro Passos
(diputado distrital), Rosevaldo Pereira Melo (funcionario da
Gautama), Edílio Pereira Neto (asesor do secretario de Obras
de Camaçari), Jair Pessine (ex-secretario municipal de Sinop),
Flávio José Pin (superintendente de Produtos de Repasses da
Caixa Econômica Federal), Sebastião José Pinheiro Franco
(fiscal de obras no Estado do Maranhão), Sérgio Luiz Pompeu
Sá (asesor do Ministério das Minas e Energia), José de
Ribamar Ribeiro Hortegal (servidor da Secretaria de Infra-
Tratamiento del caso
Administrativo
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Estrutura do Maranhão), Bolívar Ribeiro Saback (funcionario
da Gautama), Everaldo José de Siqueira (subsecretario de
Obras de Camaçari), João Manoel Soares Barros (funcionario
da Gautama), Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras (filho
de Zuleido), Jorge Targa Juni (presidente da Companhia
Energética do Piauí), Adeilson Teixeira Bezerra (secretario de
Infra-estrutura de Alagoas), Vicente Vasconcelos Coni
(director da Gautama no Maranhão), José Edson Vasconcelos
Fontenelle (empresario), Dimas Veras (irmão do dono da
Gautama), Zuleido Veras (propietario da Gautama), José Vieira
Crispin (director de Obras da Secretaria de Infra-Estrutura de
Alagoas)
Situación del caso
No
Sí, Abierto
No se accede al dato
No
Primario-Construcción
Actores Afectados
33. Empresas competidoras
34. Ciudadanía
Mayor información
25. Nota de la Policía Federal sobre la Operação Navalha, ver http://tinyurl.com/yfjqlgw .
26. Nota del Ministerio Público sobre la demanda de improbidad administrativa, ver
http://tinyurl.com/yj3fh74
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Infraero
Ficha Nº073
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Las conductas fueron cometidas en los estados de Amapá, Bahía, Pernambuco, Santa Catarina,
Bahia, Distrito Federal por la Empresa estatal Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), cuya
característica común eran irregularidades en licitaciones, según la denunciante, la empresaria
Silvia Pfeifer. Desde el año 2003, los empresarios que tenían contratos con Infraero enviaban
dinero al diputado Carlos Wilson, entonces presidente de la compañía y a los directores Eleuza
Therezinha Lopes, Eurico José Bernardo y Fernando Loyo Brendaglia. Los valores de los pagos
fluctuaban de 5 mil reais a 20 mil reais (entre 2,8 mil y 11,4 mil dólares EEUU). Además, parte
del dinero de los empresarios supuestamente financió la campaña electoral de Carlos Wilson. En
contraste, Infraero beneficiaba a estas empresas en los procesos de licitación y aceptaba obras
con sobreprecios. También, hubo fraude en la licitación para la publicidad en los aeropuertos,
asociado a la empresa Aeromídia, donde supuestamente Carlos Alberto Carvalho, Secretario de
Planificación en Curitiba (estado de Paraná), comandó para recaudar fondos ilegales para la
campaña de reelección del entonces alcalde Cassio Taniguchi. El monto recaudado fue de
aproximadamente 20 millones de reais (11,8 millones de dólares). A cambio, la compañía se
benefició de la cancelación de las multas relacionadas con la publicidad ilegal en Curitiba. En la
licitación de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos existe otro antecedente con la
empresa Brasif, además de otras irregularidades detectadas en las empresas Kallas, Codemp y
SF3, esta última de propiedad del director de Brendaglia y Charles Wilson. En total, el Tribunal
de Cuentas ha elaborado una lista de 89 deficiencias de las obras públicas en los aeropuertos en
Brasil. El caso fue investigado en la Comisión Parlamentaria de Investigación, pero la Infraero y
todos sus implicados fueron absueltos. De todas formas, existen otros procesos que se ejecutan
contra los autores.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
49. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2003, 2004, 2005.
50. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2003, 2004, 2005.
51. Infracción
a
normas
de Ilegal
2003, 2004, 2005.
financiamiento electoral
52. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2003, 2004, 2005.
Actores implicados
46. Empresa Privadas
47. Empresas Públicas–Infraero
48. Gobierno Federal
Silvia Pfeiffer (empresaria)
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y José Ricardo de Almeida (servidor público), Tércio Ivan de
jerarquía)
Barros (superintendente regional sudeste da Infraero), Pedro
Arthur Borges (funcionario da empresa Talude), Rommel
Albino Clímaco (presidente da Comissão de Fiscalização da
Infraero), Bartolomeu Hércules Marques das Chagas (Servidor
público), Shinko Nakandakari (Director da Talude), Pedro
Aristides Pacagnella (Servidor público), Marcelo Pissarra
Bahia (Servidor público), Carlos Eduardo Russo (funcionario
público), Ivan Schiavetti (Servidor público), Talude S.A.,
Eleuza Terezinha Lores (Gerente regional de ingeniería)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Medios de Transporte
Sector Económico
Actores Afectados
35. Candidatos(as) competidores(as)
36. Ciudadanía
37. Empresas competidoras
Mayor información
27. Reportaje denunciando el caso, ver http://tinyurl.com/yhmxm7t
28. Ação de Improbidad Administrativa movida por el Ministerio Público, ver
http://tinyurl.com/yz3luur
29. Nota del Ministerio Público Federal acerca de la condena de funcionario público en
proceso criminal: http://tinyurl.com/yhzkh5k
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Jogo do Bicho
Ficha Nº074
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 17 de mayo de 2001, en un testimonio ante la CPI de Seguridad Pública, en el Legislativo del
estado de Rio Grande do Sul, delegados de policía afirman que empresarios de juegos ilegales
(entre los cuales el popular "jogo do bicho" o "juego de los animales") donaron dinero para el
Partido de los Trabajadores (PT) (en el poder en ese entonces). Al día siguiente, el ex tesorero
del PT Jairo Carneiro dos Santos, acusado de malversación de fondos, dice que los
contraventores habían donado ilegalmente 600 mil reais (US$340 mil) para la campaña del
gobernador Olívio Dutra en 1998, a través de una ONG llamada Clube Seguros da Cidadania.
La ONG supuestamente utilizó el dinero para la adquisición del edificio de la rama regional del
PT. En octubre de 2001, en una reunión de la CPI se divulga un CD con una conversación entre
el ex jefe de la policía Luiz Fernando Tubino y Diógenes Oliveira, de la ONG. En la grabación,
Oliveira, hablando en nombre de Olivio Dutra, le pide a Tubino que sea menos riguroso en la
represión de juegos ilegales. En febrero de 2004, una nueva denuncia de financiación ilegal
vincula a los empresarios de juegos ilegales con PT de Rio Grande do Sul. En una entrevista,
José Vicente Brizola, entonces director general de Lotergs (Lotería del Estado de Rio Grande do
Sul), dice que en la campaña electoral del año 2002, Carlos Fernandes, miembro del Partido de
los Trabajadores e hijo de la entonces candidata al Senado, Emilia Fernandes, le pidió recursos a
los empresarios de actividades de juego ilegal para financiar la campaña de su madre y también
para la campaña del entonces candidato a gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro (hoy
día Ministro de Justicia). Según la acusación de Brizola, Carlos Fernandes indicó los
empresarios a contactar. Entre ellos se encontraban Silvana De Luca, una representante de la
empresa Kater, que dirige la empresa de juegos Toto Bola; Jaime Sirena, entonces presidente de
la Asociación de Bingos del Rio Grande do Sul; y Miguel Mucilo, propietario de máquinas de
video lotería. En enero de 2002 la CPI de Seguridad Pública presentó su informe final,
concluyendo que la adquisición de la sede del partido había sido financiada con dinero del juego
ilegal. Cuarenta y un personas fueron acusadas, pero el ex gobernador Dutra fue absuelto.
Posteriormente, el Ministerio Público utilizaría el informe de la CPI para abrir una investigación
penal contra el gobernador, siendo archivada la causa el año 2003.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
53. Asociación ilícita
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
54. Infracción
a
normas
de Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
financiamiento electoral
Actores implicados
49. Gobierno Federal–Gobierno do estado do Rio Grande do Sul
50. Empresas Privadas–Empresas de juegos
51. Partidos Políticos–Partido de los Trabajadores
52. Organización sin fines de lucro
53. Policía
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Fernandes (miembro del PT), Olívio Dutra (ex
jerarquía)
gobernador de Rio Grande do Sul), Silvana De Luca
Tratamiento del caso
Administrativo
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
38.
39.
40.
30.
31.
(representante de la empresa Kater), Miguel Mucilo
(empresarios), Jaime Sirena (presidente de la Asociación de
Bingos del Rio Grande do Sul).
Situación del caso
Sí, Cerrado
No se accede al dato
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios de ocio y entretención
Actores Afectados
Candidatos(as) competidores(as)
Ciudadanía
Electores(as)
Mayor información
Reportaje sobre el caso, ver http://tinyurl.com/ylcpf2m
Nota del Tribunal
Superior de Justicia sobre la investigación criminal, ver
http://tinyurl.com/yh246gk
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Jogos Pan-Americanos
Ficha Nº075
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Se detectaron irregularidades en los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro en 2007,
ascendiendo a 35 casos en el Tribunal de Cuentas federal, de los cuales sólo dos están en etapas
avanzadas. En estos procesos, dos empresas y cuatro funcionarios públicos han sido citados para
registrar una indemnización a las arcas públicas de más de 18 millones de reais (10 millones de
dólares EEUU). La sospecha de faltas graves y desvío de recursos por la Organización
Panamericana, se origina en denuncias de delitos de diferentes especies. Los auditores están
investigando, por ejemplo, pruebas de entrega de bienes y servicios en cantidades distintas a las
fijadas en los contratos, cambios en las condiciones contractuales e inclusión de aditivos sin
justificación, además de compras con precios mucho más altos que los de mercado. Faltas que
una vez aclaradas pueden explicar por qué el costo final de los Jogos Pan-Americanos estimado en 3.3 mil millones de reais (1,8 mil millones de dólares EEUU) - supera el
presupuesto inicial de 400 millones de reais (228 millones de dólares).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
55. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2007
Actores implicados
54. Empresas Privadas (servicios diversos)
55. Gobierno Federal (Federal, del estado de Río de Janeiro)
56. Gobierno Local- Municipio del Río
Denunciante
Acusado/a
jerarquía)
(cargo
y
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Medios de comunicación
Ricardo Leyser (secretario de Estado en el ministerio brasileño
de Deportes), José Mardovan (funcionarios públicos, altos
cargos), Luiz Custodio Orro, José Pedro Valorlotta, y las
empresas Consorcio Interamericano y Fast Engenharia.
Situación del caso
Sí, Abierto
Sí, Cerrado
No se accede al dato
No se accede al dato
No
Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Actores Afectados
41. Ciudadanía
42. Empresas competidoras
Mayor información
32. Reportaje sobre el caso, ver http://tinyurl.com/yazbwoz
33. Nota del Tribunal de Cuentas federal sobre una de las decisiones, ver
http://tinyurl.com/yfk8zlf
Otras observaciones o comentarios
Sentencias del Tribunal de Cuentas federal respecto a los Juegos Panamericanos 2007, ver
http://tinyurl.com/yj74hu2 y http://tinyurl.com/ydr7cpt
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Jorgina
Ficha Nº076
País
Brasil
Año de aparición en prensa
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La abogada del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), Jorgina de Freitas, fue acusada
de dirigir una organización que desvió 500 millones de reais (285 millones de dólares de
EEUU) de la institución. En el año 1992, fue condenada a 12 años de detención por la Justicia
Federal y 14 años por la Justicia del estado, pero ella estaba fuera del país. Se refugió en los
Estados Unidos, Costa Rica, Portugal y España. En este período creó una red de empresas
ficticias en paraísos fiscales para blanquear y mover los montos desviados de Brasil. Fue
perseguida por la Policía Federal y se entregó a la Justicia de Costa Rica en 1997, donde fue
deportada a Brasil y presa a inicios de 1998. En mayo de 1991, el Ministerio Público denunció a
Jorgina y otras 19 personas. Actualmente Jorgina cumple régimen de prisión semi-abierto
(duerme en el cárcel) hasta el año 2020. Además, su registro de abogada ha sido revocado por el
Colegio de Abogados de Brasil (OAB). También fue condenada por el Tribunal de Justicia de
Estado Unidos a devolver la parte que le correspondía de los fondos. Todos los otros acusados
también fueron condenados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
56. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
1992
57. Asociación Ilícita
Ilegal
1992
58. Enriquecimiento ilícito
59. Lavado de dinero
Ilegal
1992
Ilegal
1992
Actores implicados
57. Otras instituciones públicas-Instituto Nacional do Seguro Social
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Cláudia Caetano Bouças, Wilson Ferreira (todos abogados),
Jorgina de Freitas (ex abogada del INSS), Nestor José do
jerarquía)
Nascimento (ex juez), Olegário Campos de Oliveira, Astor
Cardoso Pontes de Miranda, Marcílio Gomes da Silva (ex
abogado del INSS), Ilson Escóssia da Veiga.
No se encontraron datos respecto a los otros 12 involucrados.
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No se accede al dato
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No se aplica
Sector Económico
Actores Afectados
43. Ciudadanía
Mayor información
34. Reportaje detallada del caso http://tinyurl.com/y8fzwsm
35. Informe del Superior Tribunal de Justicia: http://tinyurl.com/y8ovlev
36. Informe de la Justicia del Río de Janeiro: http://tinyurl.com/ydf4drp
Otras observaciones o comentarios
El esquema supuestamente se inició en la década de 1980.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Lunus
Ficha Nº077
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
Caso Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia
Resumen caso
A través de las grabaciones de conversaciones telefónicas del entonces senador Jader Barbalho,
se llegó a la conclusión de existencia de fraudes en autarquías en el estado de Pará, base del
político (ver caso Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), donde se podría tener
alguna conexión con el estado vecino de Maranhão. Por otra parte, se informó que el Partido de
la Social Democracia (PSDB) también interceptó los teléfonos de la gobernadora de Maranhão,
Roseana Sarney, para empañar su candidatura a la presidencia en las elecciones de octubre
2002. Así, se obtuvo información sobre el vínculo entre la empresa Lunus -de propiedad de
Roseana- y Jorge Murad, Secretario de Planificación del gobierno de Maranhao en ese entonces,
además de esposo de Roseana. Paralelamente a las investigaciones, el Ministerio de Hacienda
tomó conocimiento de un fraude de 44 millones de reais (US$25 millones de dólares de EEUU)
en ayudas dirigidas a Maranhão. En una reunión del consejo de Superintendencia para el
Desarrollo de la Amazonia (Sudam), encuentro que fue presidido por la gobernadora, en el que
se aprobó el proyecto Usimar, que sería un convenio para la instalación de una fábrica entre el
gobierno y el fabricante de piezas automotoras Nueva Hübner. Posteriormente, se constató que
el dinero público no se utilizó para los fines previstos, ya que se habrían desviado los montos a
Lunus. En una operación de la Policía Federal en la empresa Lunus se incautaron 1,34 millones
de reais (US$750 mil dólares EEUU) en efectivo, que serían parte de la desviación de Sudam y,
presumiblemente, se utilizarían en la candidatura del gobernador para la presidencia. También
se encontraron documentos dirigidos a Usimar por Sudam, en nombre del Secretario. La
operación de la Policía Federal afectó las intenciones de voto en Roseana para la Presidencia de
la República, lo que hizo que ella abandonara esa intención para disputar un lugar en el Senado
Federal. Su esposo, Jorge Murad, renunció al cargo de Secretario del estado de Maranhão.
Contra los implicados se abrieron peticiones penales y demandas por improbidad
administrativa, pero todas las quejas fueron posteriormente archivadas. A través de un
requerimiento judicial presentado por Lunus ante el Tribunal Federal de la 1ª Región, en marzo
de 2003 se devolvieron los bienes incautados en la redada.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
60. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002
61. Apropiación indebida
Ilegal
2001, 2002
62. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2001, 2002
Actores implicados
58. Gobierno Federal–Gobierno do Estado do Maranhão
59. Entes Fiscalizadores y Reguladores–Superintendencia do Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam)
60. Empresas Privadas
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Jorge Murad (esposo de Roseana y dueño de Lunus), Roseana
jerarquía)
Sarney (gobernadora y dueña de Lunus), entre otros.
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Político
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Sector Económico
Actores Afectados
44. Ciudadanía
45. Electores(a)
Mayor información
37. Reportajes sobre el caso: http://tinyurl.com/yh5z3qm, http://tinyurl.com/yjqcyzf y
http://tinyurl.com/yhhaz4p
38. Reportaje sobre decisión de la Suprema Corte de archivar denuncia en contra la
gobernadora: http://tinyurl.com/ygy9ow9 y sobre la decisión favorable a la empresa
Lunus: http://tinyurl.com/ykfxmjf .
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Máfia
(Sanguessugas)
das
Ambulâncias
Ficha Nº078
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Según la Policía Federal, el esquema comenzó en 2001 y ocurrió a través de fraudes a
enmiendas al presupuesto federal y a procesos de contratación. La empresa Planam presentaba a
las Alcaldías paquetes para la compra de ambulancias. Los alcaldes que estaban de acuerdo
deberían vincular la solicitud a un diputado federal, que presentaba una enmienda al presupuesto
nacional con el propósito de atender aquella municipalidad. Las enmiendas al presupuesto
federal propuestas por diputados en el sector de salud, generaban recursos que se utilizaron en la
compra de ambulancias y equipo de salud con sobreprecio, en una asociación entre miembros
del Ministerio de Salud, el Congreso Nacional, de Municipios y empresas. No es posible decir
con exactitud cuántos municipios participaron en el programa, se sabe solamente que el fraude
se llevó a cabo en varios estados del país y se supone que participaron más de 300 personas. La
denuncia del Ministerio Público presentada en el año 2006 apuntaba 81 personas como
involucradas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
63. Asociación Ilícita
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
64. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
65. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
61. Poder Ejecutivo
62. Poder Legislativo
63. Empresas Privadas–Empresas de área de la Salud
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía) Bento Alencar (contador), Marcelo Antonio de Andrade (exasesor de Aldir Cabral), Roberto Arruda de Miranda (ex-asesor
parlamentario), Suelene Almeida Bezerra (ex-asesor de
Reginaldo Germano), Octávio José Bezerra Sampaio
Fernandes (ex-asesor de Edna Macedo), Pedro Braga de Souza
Júnior (ex-asesor de Eduardo Seabra), André Luis
Brusamarelo(ex-asesor de Múcio Sá), James Sampaio Calado
Monteiro (ex-asesor de Helenildo Monteiro), Sinomar
Camargo (empresario), Marcelo Cardoso de Carvalho (exasesor de Ney Suassuna), Wilber Corrêa da Silva (funcionario
público), Washington da Costa e Silva (ex-asesor de Valdeci
Paiva), Otacílio Dutra Maia (funcionario público), Ricardo
Augusto F. da Silva, José Augusto Feitosa (ex-asesor de
Heleno Silva), Itanildes Orlando Fernandes (ex-diputado
federal), Nylton Filho (empresario), José Carlos da Fonseca
Júnior (ex-diputado federal), Evandro Viana Gomes (ex-asesor
de Vanderlei Assis), Carlos Gomes Bezerra (diputado federal),
Múcio Gurgel de Sá (ex- diputado federal), Maria Loedir de
Jesus Lara, Jairo Langoni Carvalho (funcionario público do
ministerio da Saúde), Renildo Leal Santos (ex-diputado
federal), Marco Antônio Lopes (ex-asesor de Elaine Costa),
Erik Janson Sobrinho de Lucena (ex-asesor de Benedito Dias),
Francisco Machado Filho (ex-asesor do diputado Nilton
Capixaba), Noriaque Magalhães (marido de Maria da Penha
Lino), Celso Augusto Mariano (ex-asesor de Luiz Antônio
Tratamiento del caso
Político
Administrativo
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Vedoin), Enier Martins (contador), Cíntia Medeiros
(funcionário da empresa Frontal), Ronildo Medeiros
(funcionário da empresa Frontal), Rodrigo Medeiros de Freitas
(funcionário da Planam), Rogério Henrique Medeiros de
Freitas (socio-administrador da Romed e da Medical Center),
Neureny Miranda (hermana do dueño da empresa Frontal),
Carlos José Miranda, Tabajara Montezuma Carvalho (exmotorista da Planam), Adarildes Maria de Moraes Costa
(funcionaria pública), Régis Moraes Galheno (ex-asesor de
João Mendes de Jesus), Luiz Carlos Moreira Martins (militar
da reserva), Aristóteles Neto (empresario), Carlos Augusto
Neto, Angelita Nunes (funcionaria da empresa Frontal), Moura
Zenon de Oliveira, José Thomaz de Oliveira Neto, Nívea
Martins de Oliveira Ribeiro (funcionaria pública), Maria da
Penha Lino (asesora especial do Ministério da Saúde), Gerson
Pereira da Silva, Candido Pereira Mattos (ex–diputado
federal), Ana Alberga, Christiane Almeida Piraja Dias (exasesora de Vanderlei Assis), Enir Rodrigues de Jesus (dueña da
EPP), Francisco Rodrigues Pereira, Carlos Alberto Rodrigues
Pinto (ex-diputado federal), Ivo Rosa (genro de Darci Vedoin),
Laire Rosado Filho (ex-diputado federal), Newton Augusto
Sabaraense (ex-asesor de Teté Bezerra), José Edmar Ronivon
Santiago de Melo (ex-diputado federal), Cacilene dos Santos
(funcionaria pública do Ministério Da Saúde), Joaquim dos
Santos Filho (ex-diputado federal), Alana Sarinho, Elias
Moisés Silva (ex-asesor de Nilton Capixaba), Wagner Sérgio
Silva (ex-asesor de Nilton Capixaba), Maria Estela da Silva
(funcionaria da Planam), Alessandro Silva de Assis
(representante comercial da Planam), Adílson da Silva
Guimarães, Izabel Carneio Silva, Cristiano de Souza Bernardo
(ex-asesor do diputado Vieira Reis), Adalberto Testa Netto
(empresario), Gustavo Trevisan (empresario), Diego Trevisan
(primo de Luiz Antônio Vedoin), Carlos Trevisan (tio de Luiz
Antônio Vedoin), Darci Vedoin (dueño da Planam), Helen
Vedoin (empresaria), Cléia Vedoin (esposa de Darci y
empresaria), Luiz Vedoin (filho de Darci José Vedoin),
Alessandra Vedoin (ligada à Planam), João Augusto Baltazar
Viana da Silva, Manoel Vilela de Medeiros (socio de empresas
implicadas), José Wagner dos Santos (ex-asesor da Associação
dos Municípios do Mato-Grosso), Ricardo Waldmann Brasil
(empresario), Thizuko Yoshizaki Marban.
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Abierto
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios de Salud
Actores Afectados
46. Electores(as)
47. Empresas competidoras
48. Ciudadanía
Mayor información
39. Reportaje sobre la denuncia del Ministerio Público, ver http://tinyurl.com/yhsegwg
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Máfia dos Fiscais
Ficha Nº079
País
Brasil
Año de aparición en prensa
1998
Casos Vinculados
Caso Precatórios
Resumen caso
Empresarios, comerciantes y camelôs (comerciantes de las calles) periódicamente pagaban
soborno a funcionarios de la Alcaldía de São Paulo a cambio de omitir irregularidades en el
comercio. Los montos recogidos eran repasado a vereadores (parlamentarios municipales) que
controlaban administraciones regionales de la municipalidad. Se supo del caso porque en 1998
una comerciante, Soraia da Silva, denunció en la televisión que un fiscal le pidió 30 mil reais
(US$17 mil) para emitir un documento de autorización de funcionamiento. El presidente del
sindicato de camelôs, Afonso José da Silva, también confirmó el esquema. En el año 1999 se
creó una Comisión Parlamentaria de Inquérito (CPI) en el parlamento local, la cual se cerró a
los tres meses sin conclusión. Sin embargo, en marzo del año 2000 el caso se puso nuevamente
en la arena pública porque Nicea Pitta (ex esposa del entonces Alcalde de São Paulo, Celso
Pitta) denunció que la CPI fue cerrada dos años antes porque el Alcalde le pagó a los
parlamentarios locales. Nicea también entregó informaciones respecto al caso Precatórios. Se
formó un equipo de investigación entre el Ministerio Público, policías y delegados, los cuales
recabaron más de 600 quejas en dos meses de investigación. Más de 80 personas fueron
detenidas. Vicente Viscome, vereador en ese entonces, fue condenado a 16 años de detención.
Al entonces diputado estadual Hannah Garib, supuestamente el principal beneficiario del
esquema, le tocó 20 años de detención. También fue sentenciado el ex administrador regional
João Bento dos Santos Filho; el ex jefe de depósito de productos Antônio Alberto Alves, a 16
años y seis meses de detención, y Antônio Libânio de Melo, que recogía el dinero, a 20 años.
Dos ex funcionarios públicos — Benedito Adriano Gonçalves y Maria Thereza Ribeiro de
Almeida Ferrari — ligados al esquema fueron denunciados por el Ministerio Público por
ocultamiento (no pago de impuestos).Al final de las investigaciones, algunos parlamentarios
municipales fueron detenidos, perdieron sus mandatos o se tornaron reos. Funcionarios públicos
municipales también fueron o siguen siendo investigados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
66. Abuso de funciones
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999
67. Apropiación Indebida
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999
68. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999
69. Delitos tributarios
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999
70. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999
Actores implicados
64. Gobierno Local–Câmara de Vereadores (Consejo Municipal o Parlamento Municipal)
65. Gobierno Regional–Administraciones Regionales de la Alcaldía de São Paulo
Soraya Patrícia da Silva (empresaria), Afonso José da Silva
(camelô, vendedor en español)
Acusado/a
(cargo
y Alfredo Savelli (secretario municipal), Dito Salim (ex
jerarquía)
vereador), Faria Lima (ex vereador), Hannah Garib (ex
diputado de estado), José Izar (ex vereador), Marco Bertolucci
Neto (funcionario público), Marcos Zeppini (fiscal), Maeli
Vergniano (ex vereadora), Osvaldo Enéas (ex vereador), Maria
Helena (ex vereadora), Vicente Viscome (ex vereador),
Benedito Adriano Gonçalves (ex funcionario público) Maria
Thereza Ribeiro de Almeida Ferrari (ex funcionaria pública)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
49. Compradores(as)/Clientes(as)
50. Empresas competidoras
51. Representados(as) por autoridad
Mayor información
40. Reportajes sobre el caso, ver http://tinyurl.com/yjuvbmq , http://tinyurl.com/ygxghuz y
http://tinyurl.com/ycnay9a
41. Denuncia del Ministerio Público, ver http://tinyurl.com/ykaoj6z
42. ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo:
Fapesp/Educ/Sumaré, 2002: http://tinyurl.com/yk7mjp4 .
Otras observaciones o comentarios
El esquema supuestamente empezó en 1993 y terminó en el año 2000.
Denunciante
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Marka/FonteCindam
Ficha Nº080
País
Brasil
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En enero de 1999, el Banco Central de Brasil (BC) elevó el límite máximo del dólar de EEUU
de 1,22 reais a 1,32 reais. Los bancos Marka y FonteCindam, en contra de la tendencia del
mercado, habían adquirido compromisos fuertes en dólares de EE.UU. Salvatore Cacciola,
dueño de Marka, decidió buscar la ayuda del BC. Bajo la justificación de que actuaba para
evitar quiebras en el mercado, el BC vendió a Marka y FonteCindam dólares en un precio
menor. Teresa Grossi, jefa interina del Departamento de Fiscalización del BC en ese entonces,
medió las negociaciones y solicitó a la Bolsa de Mercaderías & Futuros una carta para justificar
el rescate. El caso fue objeto de una Comisión Parlamentaria de Inquérito, concluyendo que
había una pérdida aproximada de US$1.5 mil millones para las arcas públicas. El año 2005, la
justicia de Río de Janeiro, en primera instancia condenó a 13 años de prisión a Cacciola por los
delitos de peculato (usar la posición mantenida para apropiación ilegal de dinero) y mala
gestión. Luiz Antonio Gonçalves y José Roberto Steinfeld del Banco FonteCindam, fueron
declarados culpables de gestión fraudulenta y gestión temeraria, respectivamente, debiendo
cumplir una condena de diez años. El entonces presidente del BC, Francisco Lopes, fue
condenado a diez años en sistema cerrado y Teresa Grossi a seis años. A Cláudio Mauch (ex
director de Departamento de Fiscalización del BC) y Demóstenes Madureira de Pinho (ex
director de Política Externa del BC) también fueron condenados a diez años de detención. Sin
embargo, el Ministerio Público rehuyó de la sentencia tal cual los condenados, y el caso sigue
en análisis por los tribunales superiores.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
71. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
1999
72. Apropiación Indebida
Ilegal
1999
73. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1999
públicos/Peculado
Actores implicados
66. Bancos/Entidades financieras–Banco Central, Banco Marka, FonteCidam
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Salvatore Alberto Cacciola (ex presidente del Banco Marka),
jerarquía)
Antonio Gonçalves y José Roberto Steinfeld (ex presidentes del
Banco FonteCindam), Tereza Grossi (ex jefe de departamento
do Banco Central), Demosthenes Madureira de Pinho (exdirector do Banco Central), Claudio Mauch (ex director del
Banco Central), Francisco Lopes (ex presidente del Banco
Central)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
52. Ciudadanía
53. Empresas Competidoras
Mayor información
43. Informe del Ministerio Público, ver http://tinyurl.com/ybdp8qe
44. Reportaje del caso, ver http://tinyurl.com/yc2hpnz
45. TAYLOR, Mattew M. & BURANELLI, Vinícius C. Ending up in Pizza:
accountabillity as a problem of institutional arrangement. Latin America Politics and
Society, 2007. Ver http://tinyurl.com/yl6yrnj
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Mensalão
Ficha Nº081
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Correios, Caso Operação
Satiagraha, Caso Mensalão
Mineiro, Caso Dólar na cuenca
Resumen caso
Compra de apoyo político en el Poder Legislativo por el Ejecutivo. Los miembros de la
coalición de gobierno de la Presidencia supuestamente votaban a favor de proyectos del
gobierno y a cambio recibían una asignación de 30 mil reais (US$17 mil) o cargos públicos para
distribución libre y discrecionaria. Supuestamente, también se utilizaban los montos para
financiar campañas electorales. La acción, denunciada en junio de 2005 por el entonces
diputado Roberto Jefferson (presidente del Partido de Trabajadores Brasileiro-PTB) luego
del caso Correios, fue presuntamente encabezada por miembros pertenecientes al Partido de los
Trabajadores (PT), con el entonces ministro de Casa Civil y ex presidente de PT, Jose Dirceu.
El esquema contaba con la colaboración de un empresario del sector de propaganda, Marcos
Valerio (también involucrado en el caso Mensalao mineiro), y con el entonces tesorero del PT,
Delubio Soares. Todavía no hay conocimiento del origen de los recursos, pero se sabe que el
dinero se blanqueaba en los Bancos Rural y BMG en forma de préstamos, y en dos empresas de
corretaje (Bonus-Banval y Natima). Estos recursos eran transferidos de las cuentas de Marcos
Valério a Delúbio Soares, que distribuía a los parlamentarios y partidos políticos. A cambio de
este servicio, el Banco Rural tenía ventajas en operaciones de crédito a funcionarios públicos,
pensionistas y jubilados. Más tarde se descubrió que el Banco Opportunity (vinculado al caso
Satiagraha) también contribuyó a la financiación del esquema. Algunos de los involucrados,
incluidos parlamentarios, renunciaron a sus cargos. Se abrió una Comisión Parlamentaria de
Investigación (CPI), que condujo a la incautación, entre otros, de Roberto Jefferson y José
Dirceu, este último también perdió los derechos políticos hasta 2015. Varias docenas de
personas fueron denunciadas criminalmente y por acto de improbidad administrativa al
Judiciario. El proceso con el mayor número de acusados (40) está pendiente en el Tribunal
Supremo Federal. La denuncia fue recibida en agosto de 2007 y desde allí comenzó la
tramitación de la acción penal.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
74. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2003, 2004, 2005
75. Compra de votos
Ilegal
2003, 2004, 2005
76. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2003, 2004, 2005
77. Infracción a normas financiamiento Ilegal
2003, 2004, 2005
electoral
78. Lavado de dinero
Ilegal
2003, 2004, 2005
Actores implicados
67. Poder Legislativo–Cámara de Diputados
68. Empresas Privadas–Empresas de corretaje Bonus-Banval y Natima, Agencias de
Publicidad
69. Bancos/Entidades Financieras–Bancos Rural, BMG, Opportunity
Roberto Jefferson (ex-deputado federal)
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía) José Luiz Alves (ex asesor de Adauto), José Borba (ex
diputado federal), José Eduardo Cavalcanti de Mendonça
(publicista), Pedro Corrêa (ex diputado federal), Valdemar
Costa Neto (diputado federal), João Paulo Cunha (diputado
federal), José Dirceu (ex ministro), Breno Fischberg (ex socio
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
de corretora de seguros), José Genoíno (ex deputado federal),
João Genú (asesor de José Janene), Luiz Gushiken (ex
ministro), Pedro Henry (diputado federal), Ramon Hollerbach
(publicista), José Janene (ex diputado federal), Roberto
Jefferson (ex diputado federal), Ayanna de Jesus (ex vicepresidente do Banco Rural), Antônio Lamas (cómplice de
Jacinto), Jacinto Lamas (tesorero do Partido Liberal), Anita
Leocádia (ex asesora de Paulo Rocha), João Magno (ex
diputado), Anderson Adauto (ex ministro), Emerson Palmieri
(ex tesorero do partido Trabalhista Brasileiro), Cristiano Paz
(publicista), Sílvio Pereira (ex secretário geral do PT),
Henrique Pizzolato (ex director do Banco do Brasil), Enivaldo
Quadrado (ex socio de corretora de seguros), Carlos Alberto
Quaglia (dolero), Roberto Queiroz (ex diputado federal), Kátia
Rabello (directora do Banco Rural), Paulo Rocha (diputado
federal), Bispo Rodrigues (ex diputado federal), José Salgado
(vice-presidente do Banco Rural), Vinícius Samarane (director
do Banco Rural), Geiza dos Santos (funcionaria de Marcos
Valério), Luiz Carlos da Silva (ex diputado federal), Zilmar
Silveira (socia de José Eduardo), Delúbio Soares (ex tesorero
do PT), Rogério Tolentino (abogado das empresas de Marcos
Valério), Marcos Valério (empresario), Simone Vasconcelos
(funcionaria de Marcos Valério)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Abierto
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios Publicitarios, Servicios Financieros
Actores Afectados
54. Electores(as)
55. Candidatos(as) Compet idores
56. Ciudadanía
Mayor información
46. Reportaje detallado, ver http://tinyurl.com/yejtpwa
47. Denuncia del Ministeri o Publico, ver http://tinyurl.com/yf9ly9k
48. Información del STF (a cción penal 470), ver http://tinyurl.com/ybvj33u
Otras observaciones o comentarios
A Carlos Alberto Quaglia se le define como dolero, es decir aquellos cambiadores de dinero.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº 082
País
Año de aparición en prensa
2005
Caso Mensalão Mineiro
Brasil
Casos Vinculados
Caso Mensalão
Resumen caso
Financiamiento de la campaña electoral con dinero ilegal en el estado de Minas Gerais. El caso
fue descubierto por una profundización del Inquérito 2245 sobre el "Mensalão" nacional. Por
determinación de la cúpula del Poder Ejecutivo del Estado de Minas Gerais, encabezada en
aquel entonces (1998) por el gobernador Eduardo Azeredo (hoy día senador), candidato a
reelección. El Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge) y las empresas públicas Compañía
Minera de Minas Gerais (Comig) y Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
celebraban préstamos o transferencias de dinero a la agencia Publicidad SMPB, de propiedad
del empresario Marcos Valério (también involucrado en el caso “Mensalão” nacional). El
monto sería invertido en la campaña para la reelección del gobernador de Minas Gerais. Para las
agencias de publicidad, las ventajas del esquema eran contratos por licitación irregular, además
de parte de los montos de los préstamos. Los préstamos, a su vez, se pagaban con fondos
procedentes de empresas públicas o privadas que sostenía algún tipo de relación con el gobierno
de Minas. Fueron abiertos procedimientos criminales y por actos de improbidad administrativa.
Las investigaciones y acciones están en tramitación. El día 3 de diciembre de 2009 la Suprema
Corte recibió la denuncia en contra el senador Azeredo, que ahora es reo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
79. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
1998
80. Lavado de dinero
Ilegal
1998
81. Licitación publica fraudulenta
Ilegal
1998
82. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1998
83. Infracción
a
normas
de Ilegal
1998
financiamiento electoral
Actores implicados
70. Gobierno Federal–Gobierno del estado de Minas Gerais
71. Empresas Privadas- Agencia Publicidad SMPB
72. Empresas Públicas- Compañía Minera de Minas Gerais (Comig) y Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
73. Banco/Entidades Financieras- Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge)
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Clésio Andrade (ex-vice gobernador), Eduardo Azeredo
jerarquía)
(senador), Renato Cordeiro (ex-director de empresa estatal),
Edurado Guedes (ex–secretario estatal), Walfrido Guia (exsecretario estatal), Ramon Hollerbach (publicista), Claudio
Mourão (ex-secretario estatal), Eduardo Mundim (ex-gerente
de Banco BMG), Jair Alonso de Oliveira (ex-director de Banco
Bemge), Cristiano Paz (publicista), Silvio Perez (ex-director do
Banco BMG), José Afonso Bicalho da Silva (ex-presidente do
banco Bemge), Fernando Soares (ex-director de empresa
estatal), Marcos Valério (empresario), Lauro Wilson (exdirector de empresa estatal)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario-Industria Minera
Sector Económico
Terciario-Servicios Financieros, Servicios Básicos, Servicios
publicitarios
Actores Afectados
Electores(as)
Empresas competidoras
Representados(as) por la autoridad
Ciudadanía
Mayor información
49. Reportaje detallado del caso, ver http://tinyurl.com/ye835v4
50. Denuncia presentada por el Ministerio Público, ver http://tinyurl.com/ycc4c7s
51. Inquérito 2280, ver http://tinyurl.com/y9ace2s
Otras observaciones o comentarios
57.
58.
59.
60.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Mensalinho
Ficha Nº 083
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
A principios de septiembre de 2005, dos revistas informaron que el entonces presidente de la
Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, había cobrado tasas (extorsión) al propietario de
uno de los restaurantes de la Cámara. El empresario Sebastián Buani dijo que pagó 110 mil
reais (US$ 63 mil) al diputado Severino en 2002 y 2003 por la prórroga hasta 2005 del contrato
para la explotación de restaurantes en la Cámara. El contrato terminaba en 2002, año en el cual
Severino fue primer secretario de la Cámara, el principal cargo de función ejecutiva en la Casa.
Buani afirma que pagó US$40 mil en 2002 y habría recibido como un documento de garantía
firmado por Severino, quien a su vez dice que el documento era falso. Buani dice que ha pagado
más de US$70 mil en cuotas entre marzo y noviembre de 2003, procedimiento que él llama
"mensalinho” (pequeños pagos mensuales). El escándalo estalló cuando Buani trató de renovar
el contrato de nuevo en 2005 y dicha renovación no fue concedida. El 21 de septiembre de 2005
Severino renunció al cargo de congresista para evitar un proceso de destitución. El
procedimiento en su contra en la Corte Suprema fue archivado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
84. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2002, 2003
85. Apropiación indebida
Ilegal
2002, 2003
86. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2002, 2003
87. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2002, 2003
Actores implicados
74. Poder Legislativo–Cámara de los Diputados
75. Empresas Privadas–Prestadora de servicio
Denunciante (y cargo si Sebastião Buani (ex propietario de restaurantes da Cámara dos
aplica)
Deputados).
Acusado/a (cargo y jerarquía) Severino Cavalcanti (ex primer secretario y ex presidente de la
Cámara dos Deputados).
Tratamiento del caso
Político
Administrativo
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
No
No
Secundario-Industria Alimentaria
Actores Afectados
61. Empresas competidoras
62. Ciudadanía
63. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
52. Reportajes sobre el caso: http://tinyurl.com/yabjz7g y http://tinyurl.com/ydex5xh
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Merenda em Fortaleza
Ficha Nº 084
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Asociación ilícita para la malversación de fondos públicos, exención de licitación y pago de
sobornos. Entre 1998 y 2002, el entonces alcalde de Fortaleza (capital del estado de Ceará),
Juraci Magalhaes, y su yerno, el entonces diputado del estado, Sergio Benevides,
supuestamente desviaron la suma de 10.8 millón de reales (US$6.2 millón) del Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) del Gobierno Federal. Los involucrados fueron
acusados de fraude en licitaciones y contratos de la administración municipal, lavado u
ocultación de bienes, asociación ilícita y, en el caso de Juraci Magalhaes, crimen de
responsabilidad. El esquema implicaría prescindir de la licitación legal, competencia simulada –
sin competencia real- oferta de sobornos para que los posibles participantes se retiraran de la
licitación, pago a funcionarios públicos, venta a precios excesivos, suministro de bienes
alimenticios dañados, fraude, entre otros. Para justificar la exención de licitación ilegal, se
produjo un retraso deliberado del proceso de licitación, obligando a una contratación por
emergencia y por lo tanto sin necesidad de hacer la licitación. Según la denuncia, el sistema
estaría dirigido por Sergio Benavides, con la complicidad de su suegro (el ex alcalde). El
Tribunal de Cuentas federal abrió una auditoría para investigar el caso y sentenció a las
empresas contratadas por el municipio. Se abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación,
que duró tres meses. Fue presentado un proceso contra el ex diputado, pero él fue absuelto. El
Ministerio Público presentó una acción civil pública por improbidad administrativa contra el ex
alcalde, quien murió en enero de 2009.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
88. Asociación ilícita
Ilegal
1998, 1999, 2000
89. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1998, 1999, 2000
90. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1998, 1999, 2000
91. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1998, 1999, 2000
públicos/Peculado
92. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
1998, 1999, 2000
Actores implicados
76. Gobiernos Regionales–Alcaldía de Fortaleza
77. Empresas Privadas
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía) Jessé Bezerra Araújo (empresario), Alexandre de Castro Cals
Gaspar (empresario), Francisco Robério Rodrigues, Romero
(empresario), José Sérgio Teixeira Benevides (ex diputado del
estado), Jurací Vieira de Magalhães (ex alcalde), Francisco
Vilmar Pinto (empresario)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Abierto
Civil
No se accede al dato
Penal
No se accede al dato
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No
Sector Económico
Actores Afectados
64. Electores(as)
65. Empresas competidoras
66. Beneficiarios(as) de la política pública
67. Ciudadanía
Mayor información
53. Reportajes sobre el caso, ver http://tinyurl.com/yhowysr y http://tinyurl.com/yhvgumd
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Operação Anaconda
Ficha Nº085
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Venta de decisiones judiciales. El escándalo comenzó con una denuncia anónima en Maceió
(capital del estado de Alagoas) donde el abogado y ex miembro de la Policía Federal Jorge
Bezerra negociaba la liberación de los delincuentes condenados. Después de monitorear sus
llamadas telefónicas, se descubrió que él representaba una organización que actuaba en los
estados de Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, con sede en Sao Paulo. Los jefes de la
organización eran jueces, policías, abogados y empresarios, pero no está claro por cuánto
tiempo la banda estuvo activa. El procedimiento funcionaba a través de una red de abogados que
se mantenía en contacto con la organización, donde policías y abogados dejaban lagunas en las
investigaciones de los clientes para que pudieran ser absueltos en el juicio. La Policía Federal en
octubre de 2003, realizó dos allanamientos: uno en la residencia de un ex miembro de la policía
y otra en la residencia de una auditora de la Receita Federal (Ingresos Fiscales) y del juez
federal José Carlos da Rocha Mattos, ambos esposos y miembros del plan. Basado en la
investigación sobre el caso, el Fiscal General abrió un procedimiento penal y diez de los doce
procesados fueron condenados. El juez Rocha Mattos, destituido de su cargo y condenado a
prisión por el Tribunal Regional Federal de la 3 ª Região, recientemente obtuvo el derecho a
apelar la libertad a través de un hábeas corpus. Otros sentenciados también pidieron y
obtuvieron el derecho a responder en libertad o a sustituir la condena por trabajos comunitarios.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
93. Asociación ilícita
Ilegal
2003
94. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2003
95. Apropiación indebida
Ilegal
2003
96. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2003
Actores implicados
78. Empresas Privadas
79. Poder Judicial
80. Policía
Denuncia anónima
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y José Augusto Bellini (ex delegado), Dirceu Bertin (ex
jerarquía)
delegado), Jorge Luiz Bezerra da Silva (ex delegado), Carlos
Alberto da Costa (abogado), Sérgio Chiamarelli (empresario),
Norma Regina Emílio Cunha (auditora, esposa de Rocha
Mattos), César Herman (ex policial), Ali Mazloum (juez),
Casem Mazloum (juez), Affonso Passarelli Júnior (abogado),
João Carlos da Rocha Mattos (juez), Wagner Rocha
(empresario)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No se accede al dato
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No se aplica
Sector Económico
Actores Afectados
68. Empresas competidoras
69. Ciudadanía
Mayor información
54. Reportaje detallado, ver http://tinyurl.com/ya42mut
55. Informe del Supremo Tribunal Federal acerca del HC 92852, ver
http://tinyurl.com/ylegdn4
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº086
País
Año de aparición en prensa
2008
Caso Operação Santa Tereza
Brasil
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En abril del año 2008, la Policía Federal detuvo a diez personas en la operación Santa Tereza,
por supuestos desvíos en los contratos de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) a empresas y alcaldías. Después de liberado el dinero
presuntamente se blanqueaba en un restaurante y un burdel de lujo donde existía trata de
personas y prostitución. La acción fue supuestamente encabezada por Ricardo Tosto y João
Pedro Moura, miembros del consejo del BNDES, y con la participación del director ejecutivo
de la tienda de vestuario femenino Lojas Marisa, Boris Bitelma Timoner, en al menos uno de
los casos. En el período cuando se descubrió el plan, por lo menos 200 proyectos con fondos
públicos estaban a punto de ser aprobados. Dichos proyectos se referían a contratos de
inversiones en municipios de los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco y Rio
Grande do Norte. Investigaciones posteriores han planteado la sospecha de que el diputado
Paulo Pereira de Souza (Paulinho) ejerció presión para liberar el dinero, ya que la
organización no gubernamental Meu Guri (Mi Chiquito), fundada por su esposa, recibió
financiamiento del BNDES, considerando que Juan Moura, fue asesor de Paulinho y era parte
del consejo del BNDES en ese momento. En mayo de 2008, el Ministerio Público denunció 13
personas; y en junio de 2009, otros cuatro. El diputado Paulinho responde a una investigación
judicial sobre el caso (inquérito 2725/2008). El Comité de Ética de la Cámara de Diputados
también inició un proceso, pero fue archivado. Ricardo Tosto y Joao Pedro Moura fueron
destituidos del Consejo de la BNDES, al igual que Boris Timoner.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
97. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2008
98. Asociación ilícita
Ilegal
2008
99. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2008
100.
Lavado de dinero
Ilegal
2008
101.
Prostitución
Ilegal
2008
102.
Trata de personas
Ilegal
2008
Actores implicados
81. Entidades Financieras–Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social
(BNDES)
82. Gobierno Regional–Alcaldías
83. ONG/Agrupaciones civiles-Meu Guri (Mi Chiquito)
84. Poder Legislativo–Cámara de los Diputados
85. Empresas privadas-Restaurantes, Burdel
Policía Federal
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Henrique Eduardo Alves (diputado federal), Wilson de Barros
jerarquía)
Consani Júnior (coronel reformado de la Policía Militar de São
Paulo), Manuel de Bastos Filho (propietario de una casa de
prostitución), Boris Bitelman Timoner (exdirector ejecutivo de
Lojas Marisa), Wilson Carvalho de Oliveira (presidente de una
ONG), Jamil Issa Filho (asesor de Mourão), José Ferraz Gaspar
de Campos (ex del Partido Democrático Trabalhista-PDT), José
Carlos Guerreiro (propietario que presuntamente emitía notas
fiscales falsas para la Alcaldía de Praia Grande), Felício
Makhoul (dueño de un edificio contiguo al burdel; donde vivían
las prostitutas), Marcelo Rocha de Miranda (responsable por el
tráfico local de personas), João Pedro de Moura (exasesor de
Paulinho), Alberto Mourão (ex alcalde da Praia Grande), Celso
de Jesus Murad (socios y directores del burdel), Elza Pereira
(esposa del diputado), Jack Rubinstein Leiderman (responsable
por el tráfico internacional de personas), Paulo Pereira de Souza
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
70.
71.
72.
73.
56.
57.
58.
59.
60.
(diputado federal), Ricardo Tosto de Oliveira Carvalho
(abogado, consejero destituido del BNDES), Marcos Vieira
Mantovani (socio de la empresa que presuntamente emitía notas
fiscales falsas)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
Sí, Abierto
No
Terciario- Servicios de Ocio y Entretención
Actores Afectados
Empresas competidora s
Beneficiarios(as) de la política pública
Víctimas de trata/viola ciones
Ciudadanía
Mayor información
Reportaje detallado del caso http://tinyurl.com/yzdzttm
Informaciones de la Policía Federal: http://tinyurl.com/yaujgk2
Primera denuncia del Ministerio Público: http://tinyurl.com/ylclsc3
Segunda denuncia del Ministerio Público: http://tinyurl.com/yfxn9lt
Informaciones del inquérito en la Corte Suprema: http://tinyurl.com/yjcojpu
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Satiagraha
Ficha Nº087
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Mensalão
Resumen caso
Después de cuatro años de investigación, el 8 de julio de 2008, la Policía Federal (PF) en la
operación Satyagraha (resistencia no violenta y silenciosa, en sánscrito), detuvo al banquero
Daniel Dantas, controlador del grupo Opportunity, al ex alcalde de Sao Paulo Celso Pitta y al
empresario Naji Nahas, acusados de malversación de fondos públicos y delitos financieros.
Según la PF, había dos grupos principales en el supuesto esquema. Uno de ellos sería dirigido
por Daniel Dantas, beneficiado con los fondos públicos desviados por los operadores del caso
Mensalão. El segundo grupo, conectado al primero, sería formado por empresarios y cambistas
que trabajaban en el mercado financiero blanqueando dinero. Este grupo, según la PF, estaría
encabezado por Naji Nahas e incluiría el ex alcalde de São Paulo. El 20 de julio de 2009, un
juez de primera instancia en São Paulo recibió la denuncia del Ministerio Público, iniciando una
demanda judicial en contra Daniel Dantas por los delitos de blanqueo de capitales, gestión
fraudulenta de instituciones financieras, evasión fiscal y organización criminal. En la denuncia,
el Ministerio Público Federal (MPF) informó que las investigaciones de la Operación
Satyagraha, encontraron que Dantas, Dorian Ferman (presidente de Opportunity) y Veronica
Valente Dantas (la hermana del banquero) constituyeron "un verdadero grupo de empresas
delictivas, cuya característica más importante fuera aplicar métodos empresariales para la
perpetración de crímenes, especialmente los delitos contra el sistema financiero, corrupción
activa y blanqueo de fondos ilícitos". El MPF ha detallado siete diferentes actos delictivos
cometidos en los últimos diez años por Dantas, Ferman y Verónica más 11 personas vinculadas
a ellos. Todos son reos en la misma demanda judicial. El Tribunal falló en la apertura de tres
investigaciones de la policía con el intento de : 1) profundizar la participación de las personas
inicialmente investigadas pero no denunciadas, el caso del ex diputado Luis Eduardo
Greenhalgh y Carlos Rodenburg, que encabeza el área agrícola del grupo; 2) investigar delitos
financieros en la adquisición del control de Brasil Telecom por la concurrente Oi, e 3) investigar
evasión de divisas cometida por los accionistas brasileros del Opportunity Fund, con sede en las
Islas Caimán en el Caribe.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
103.
Asociación Ilícita
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
104.
Delitos tributarios
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
105.
Enriquecimiento ilícito Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
106.
Fraude: Malversación Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
de caudales públicos/Peculado
2005, 2006, 2007, 2008
107.
Lavado de dinero
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
108.
Tráfico de Influencias
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
86. Empresas Privadas–Telefonía (Brasil Telecom y Oi)
87. Bancos/Entidades Financieras–Grupo Opportunity
88. Gobierno Regional
89. Poder Legislativo
Policía Federal
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Norberto Aguiar Tomaz (director del banco), Rodrigo Bhering
jerarquía)
Andrade (director de empresas vinculadas al grupo), Carla
Cicco (ex presidente de Brasil Telecom), Daniel Valente Dantas
(controlador del grupo Opportunity), Verônica Valente Dantas
(socia, directora y asesora de varias empresas del grupo y del
banco Opportunity), Dório Ferman (presidente del banco
Opportunity), Roberto Figueiredo do Amaral (lobista y
consultor), Itamar Benigno Filho (director del banco), Luis
Eduardo Greenhalgh (ex diputado), Maria Amália Delfim de
Melo Coutrim (asesora de varias empresas del grupo), Eduardo
Penido Monteiro (director del banco), Humberto José Rocha
Braz (ex director de Brasil Telecom y consultor actual en el
grupo Opportunity), Carlos Rodenburg (área agrícola del grupo
Oportunity), Danielle Silbergleid Ninnio (ex-asesora jurídica de
Brasil Telecom), Guilherme Henrique Sodré Martins (lobista de
Opportunity), William Yu (consultor financiero)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No se accede al dato
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Terciario-Servicios Básicos, Servicios Financieros
Actores Afectados
74. Ciudadanía
75. Compradores(as)/Clientes(a)
76. Empresas Competidoras
Mayor información
61. Reportaje detallado del caso, ver http://tinyurl.com/6kfyk4
62. Informe del Ministerio Publico, ver http://tinyurl.com/ygojk4e
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Operação Taturana
Ficha Nº088
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El esquema, iniciado en 2001, ocurrió por la apropiación de parte de los salarios de los
funcionarios de la Asamblea Legislativa del estado de Alagoas. Para que el plan tuviera éxito,
se incluyó a 150 trabajadores "fantasmas" (no iban a trabajar) y "naranjas" (con nombres de
otras personas) en el presupuesto de la Casa legislativa. Estos falsos funcionarios fueron
nominados para las oficinas de los diputados involucrados. Los funcionarios públicos efectivos
(admitidos ante pruebas públicas) también estaban involucrados en el sistema fraudulento. En
estos casos, los salarios eran altos para que parte del monto fuera desviado. El grupo también
señalaba al Fisco valores superiores a la retención, para recibir también reembolso por créditos
fiscales de los "fantasmas" y "naranjas". Se estima que en cinco años, la cantidad total
desviada fue de 200 millones de reales (US$114 millones). La investigación fue realizada por
un consorcio entre Ministerio Público, el Banco Central, Receita Federal (el Fisco) y la Junta de
Control de Actividades Financieras (COAF), órgano vinculado al Ministerio de Hacienda. Estas
instituciones recogieron información que posteriormente fue trasladada a la Policía Federal, que
en diciembre de 2007 llevó a cabo la Operación Taturana, una operación de búsqueda y
captura en la Asamblea Legislativa del Estado de Alagoas, completando 79 órdenes de
búsqueda, captura y detención. Según la Policía Federal, 10 de los 27 legisladores del estado de
Alagoas estuvieron involucrados en el sistema, pero los legisladores no fueron detenidos en la
operación porque no fueron sorprendidos en el acto. Sin embargo, fueron detenidos funcionarios
públicos y el coronel Assirio Nascimento, jefe de la Policía Militar. También fueron detenidos
los ex miembros del Legislativo Celso Luiz y Gilberto Gonçalves y el ex gobernador del
estado, Manoel Gomes de Barros. El Ministerio Público presentó procedimientos penales y un
proceso colectivo por actos de improbidad administrativa en contra de los diputados. En enero
de 2009 se presentó una acción de cesación y los diez diputados implicados fueron destituidos
porque el juez consideró que podrían suponer un riesgo para recoger pruebas. Sin embargo, en
julio un mandamiento judicial presentado ante la Corte Suprema permitió que los diputados
regresasen a sus funciones.
Conducta/s Reprochable/s
109.
Asociación ilícita
110.
Enriquecimiento
Ilícito
111.
Fraude:
Malversación de caudales
públicos/Peculado
Estatus
Ilegal
Ilegal
Año de la conducta
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Actores implicados
90. Poder Legislativo de Alagoas
91. Gobierno Federal
Medios de Comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Antônio Albuquerque (diputado del estado), Dudu Albuquerque
(diputado del estado), Rafael Albuquerque (hermano del
jerarquía)
presidente de Asamblea), João Beltrão (diputado del estado),
Isnaldo Bulhões Filho (diputado del estado), Nailton Felizardo
(ex diputado e tesorero de Asamblea), Marcos Ferreira
(diputado del estado), Cícero Ferro (diputado del estado),
Arnaldo Fontan (parlamentario de Maceió), Nelito Gomes de
Barros (diputado del estado), Manoel Gomes de Barros (el ex
gobernador del estado), Gilberto Gonçalves (ex diputados del
estado), Flávio Jatobá (yerno del diputado Ferro y alcalde de
Roteiro), Arthur Lira (diputado del estado), Celso Luiz (ex
diputados del estado), Marcelo Martins (funcionario público),
Roberto Menezes (funcionario públicode la Cámara
parlamentaria de Maceió, capital del estado de Alagoas, nivel
medio, vinculado al parlamentario local Arnaldo Fontan),
Assírio Nascimento (jefe de Policía Militar do Poder
Legislativo), Daniela Moreira Silva Dório (secretaria de
Antônio Albuquerque
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
77. Ciudadanía
78. Electores(as)
79. Trabajadores(as)
Mayor información
63. Nota de la Policía Federal sobre el caso, ver http://tinyurl.com/ye4m54g
64. Reportaje sobre la decisión judicial que determinó el regreso de los parlamentares a sus
mandatos. Ver http://tinyurl.com/ygdlrc8
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Operação Via Salária
Ficha Nº089
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Formado por funcionarios públicos, abogados e intermediarios, el esquema engañaba la
concesión de beneficios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) — vinculado al
Ministerio de la Seguridad Social —, a favor de las personas que no debían recibir la ayuda.
Funcionarios pertenecientes al INSS creaban procesos de solicitud de beneficios con
documentos falsos preparados por los abogados de la banda y aceleraban la liquidación del
proceso. Algunos beneficiarios del fraude se unieron al grupo y empezaron a actuar como
intermediarios. El grupo trabajó en los estados de Rio Grande do Norte y Ceará. Se estima que
los daños causados a las arcas públicas suman 4 millones de reais (US$2.2 millones), con más
de tres mil beneficios fraudulentos. El Ministerio Público, la Policía Federal y el Ministerio de
Seguridad Social conjuntamente investigaron el caso y llevaron a cabo una operación en octubre
de 2007 en la que fueron detenidas más de 20 personas. Entre los detenidos estaba el entonces
director del INSS en Río Grande do Norte, Francisco Canindé. El Ministerio Público presentó
demandas judiciales criminales en contra de al menos 17 personas, mientras que los procesos
están en curso y aún no hay sentencias.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
112.
Asociación ilícita
Ilegal
2007
113.
Apropiación Indebida
Ilegal
2007
114.
Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2007
Actores implicados
92. Otras Instituciones Públicas-Instituto Nacional de Previsión Social
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Regina de Aquino (beneficiaria), César Batista de Araújo
jerarquía)
(abogado), Domingos de Brito (funcionario del INSS),
Francisco Candidé (ex director de INSS), Antonino Cardoso
(funcionario del INSS), Maria da Conceição Oliveira
(beneficiaria), Rita Dantas (beneficiaria), Antônio Filho
(funcionario del INSS), José Júnior (intermediario), Sônia Lima
(abogada), Antônio de Mendonça (funcionario del INSS), José
de Oliveira (beneficiario), Raimundo Rebouças (beneficiario),
Antonia Ribeiro (beneficiaria), Cristolesson Sales (funcionario
del INSS), Elisabeth da Silva (beneficiaria), Francisca de Souza
(intermediario)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No se accede al dato
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
80. Ciudadanía
81. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
65. Reportaje sobre el caso, ver http://tinyurl.com/ybkwngb
66. Nota de la Policía Federal, ver http://tinyurl.com/ybodeel
67. Nota del Ministerio Publico, http://tinyurl.com/yjf5d58
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Palocci
Ficha Nº090
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el 14 de marzo del año 2006, Francenildo Costa, el cuidador de una mansión en Brasilia,
dijo al diario O Estado de São Paulo que el entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci
Filho (hoy día diputado federal), asistía al lugar para reunirse con los grupos de presión (lobby),
hacer fiestas con prostitutas y hacer la distribución de sobornos pagados por empresas,
especialmente aquellas de la cuidad de Ribeirao Preto (estado de São Paulo), donde Palocci
ocupó el cargo de alcalde por dos períodos (1993-1996 y 2001-2002) y que presuntamente
fueron beneficiadas por licitaciones fraudulentas. Cuando supo de las declaraciones de Costa, el
entonces ministro supuestamente ordenó al entonces presidente del Banco Estatal Caixa
Economica Federal-CEF (institución bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda), Jorge
Mattoso, romper el secreto bancario del cuidador ante la duda de que partidos de oposición
habrían depositado dinero en su cuenta bancaria a cambio de la denuncia. De hecho, según una
revista, había un depósito de 38 mil reais (US$22 mil) en la cuenta de Francenildo. En
respuesta, el cuidador dijo que el dinero fue el resultado de un acuerdo hecho con su padre
biológico, un empresario, para evitar un proceso de paternidad no reconocida. El empresario y
la madre de Francenildo confirmaron el hecho. En el día 27 de marzo, Palloci renunció a su
cargo de ministro. El presidente de la CEF y el periodista que asesoraba al Ministerio de
Hacienda (Marcello Netto) también dimitieron. Sin embargo, el inquérito criminal en contra el
ex ministro fue archivado por el Tribunal Supremo Federal en agosto de 2009 (Inquérito 2767).
El ex ministro y diputado federal todavía responde a procesos civiles.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
115.
Abuso de funciones/de Ilegal
2006
autoridad
116.
Asociación ilícita
Ilegal
2006
117.
Licitación
publica Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2002
fraudulenta
118.
Violación al secreto Ilegal
2006
público
Actores implicados
93. Empresas Privadas
94. Bancos/Entidades Financieras–Banco estatal: Caixa Econômica Federal
95. Gobierno Regional–Alcaldías
96. Ministerio–Ministerio de Hacienda
Denunciante (y cargo si Francenildo dos Santos Costa (cuidador de la mansión de
aplica)
Brasilia).
Acusado/a
(cargo
y Antonio Palocci Filho (ex Ministro de Hacienda), Jorge Mattoso
jerarquía)
(ex presidente de Caixa Econômica Federal) y Marcello Netto
(periodista y ex-asesor de Palocci).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciarios-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
82. Electores(as)
83. Representados(as) por la autoridad
84. Empresas competidoras
Mayor información
68. Reportaje detallado del caso, ver http://tinyurl.com/mky7dc
69. Reportaje acerca de los procesos civiles, http://tinyurl.com/yk2ttvz
70. Informaciones acerca del diputado Palocci, ver http://tinyurl.com/ybfj9jo
71. Informaciones de
Corte Suprema acerca del inquérito archivado, ver
http://tinyurl.com/yheosf9
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Precatórios
Ficha Nº091
País
Brasil
Año de aparición en prensa
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso Mafia dos fiscais
Resumen caso
La Constitución brasilera de 1988 determinó que los estados y municipios sólo podrían emitir
bonos para pagar precatórios (deudas con el pago ordenado por la Corte) que estaban pendientes
antes del 5 de octubre del año 1988. En 1995, el Municipio de Sao Paulo, en la gestión de
Paulo Maluf (hoy día diputado federal), emitió bonos con un valor inflado por el equipo de
Celso Pitta, entonces su secretario de finanzas. En 1997, la Comisión Parlamentaria de
Inquérito (CPI) en el Senado Feral señaló irregularidades: la cantidad de títulos emitidos por la
ciudad de São Paulo superó por 1.3 mil millones de reais (US$750 millones) el monto gastado
en el pago de recurso. La CPI ha descubierto que un equipo liderado por Wagner Baptista
Ramos, asesor de Pitta, creó un sistema que culminó en pérdidas a las arcas públicas, dando
grandes beneficios a empresas que operaban los valores. Una de estas empresas, el Banco
Vetor, pagaba cuentas personales de Nicea Pitta, entonces esposa de Celso Pitta. En 1998, con
Celso Pitta como alcalde de São Paulo, el Senado aprobó una resolución que prohibía el
traspaso de los títulos considerados ilegales por la CPI. La única excepción fue hecha a la
Municipalidad de São Paulo. Cuando el matrimonio se divorció en el 2000, Nicea denunció
aspectos que aún no estaban clarificados (denunció en el mismo entonces el caso Máfia dos
fiscais). En al año 2008 Pitta (fallecido en noviembre 2009) fue sentenciado a la prisión, pero
cumplió en libertad. El caso está bajo análisis judicial.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
119.
Abuso
de Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
funciones/de autoridad
120.
Enriquecimiento
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
ilícito
121.
Lavado de dinero
Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
122.
Tráfico
de Ilegal
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
influencias
Actores implicados
97. Gobierno Regional-Alcaldía de São Paulo
98. Bancos/Entidades financieras-Banco Vetor
Medios de comunicación
Denunciante
Nicea Pitta (ex esposa de Celso Pitta)
Acusado/a
(cargo
y Celso Pitta (ex secretario de finanzas y ex alcalde), Paulo Maluf
jerarquía)
(ex alcalde), Wagner Ramos (coordinador de la deuda pública
de la Secretaría de Finanzas y funcionario del Banco Vetor)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Abierto
Civil
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Sector financiero
Sector Económico
Actores Afectados
85. Ciudadanía
86. Electores(as)
87. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
72. Reportajes sobre el caso http://tinyurl.com/yfr3fu7 y http://tinyurl.com/yzfbzs7
73. Informaciones respecto al diputado Paulo Maluf http://tinyurl.com/597an4
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Renan Calheiros
Ficha Nº092
País
Brasil
Año de aparición en
prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Renan Calheiros, presidente del Senado en el año 2007, supuestamente utilizó el cargo de
senador para interceder en favor de una empresa de construcción (Mendes Junior). El senador
presentaba enmiendas parlamentarias para la liberación de las obras bajo la responsabilidad de
Mendes Junior y cuyas ejecuciones se vieron interrumpidas por irregularidades. A cambio,
Mendes Junior pagaba costes personales a Calheiros, usando como intermediario Claudio
Gontijo, un cabildero amigo del senador. Gontijo pagaba el alquiler mensual de un apartamento
donde vivía la periodista Mónica Velloso, con la cual Calheiros tenía una relación íntima y una
hija de 3 años. La pensión mensual de la niña, 12 mil reais (US$6,8 mil), también era pagada
por Gontijo con el dinero de Mendes Junior. Supuestamente, el cabildero también donaba de
forma irregular a las campañas electorales de la familia Calheiros desde 1990. Después de la
revelación de estos hechos, otras irregularidades salieron a la luz, como la sospecha de que
hubiera comprado haciendas a bajos precios para la reventa a precio de mercado. Calheiros
también había logrado vender una fábrica de bebidas de su propiedad a un precio más alto que
el mercado (a pesar de estar en deuda) a cambio de presionar al Senado a favor de la fábrica de
cerveza Schincariol - que, además de comprar la fábrica de Calheiros, financió su campaña
electoral. El senador también fue acusado de haber aceptado sobornos para beneficiar el banco
BMG en facilidades de crédito para los jubilados, de haber ordenado a la policía del Senado de
espionar a otros senadores y de haber utilizado a terceros para adquirir una licencia de
radiodifusión en el estado de Alagoas. El parlamentario también fue nombrado como el líder de
un esquema para la recogida y el desvío de fondos en los ministerios de Seguridad Social y de
Salud, que habrá causado una pérdida de 3 millones de reais (US$1.7 millón) a las arcas
públicas. Se abrieron seis procedimientos en el Comité de Ética del Senado para investigar
presuntas irregularidades relacionadas con el senador y todos fueron archivados. Antes del
juicio del último caso por violación del decoro, Calheiros renunció como presidente del Senado
(pero siguió como senador).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
123.
Asociación ilícita
Ilegal
1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007
124.
Cohecho/Soborno/Propina Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
125.
Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007
126.
Tráfico de influencias
Ilegal
1993, 2002
Actores implicados
99. Empresas privadas- Empresa de construcción Mendes Junior, Fábrica de cerveza
Schincariol
100.
Bancos/Entidades Financieras-Banco BMG
101.
Ministerios-Ministerios de Seguridad Social y Salud
102.
Poder Legislativo–Senado
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Renan Calheiros (Senador), Olavo Calheiros (diputado y
hermano del Senador), Claudio Gontijo (cabildero)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No se accede al dato
Civil
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Terciario-Servicios Financieros
Actores Afectados
88. Representados(as) por la autor idad
89. Electores(as)
90. Empresas competidoras
Mayor información
74. Reportajes en http://tinyurl.co m/yb7gloz y http://tinyurl.com/ykw2dyt
75. Información respecto al senad or: http://tinyurl.com/yaknfsh
Otras observaciones o comentarios
Investigación judicial en Corte Supre ma contra el Senador, ver http://tinyurl.com/yazmkyq
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Rondônia
Ficha Nº093
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Algunos legisladores del estado de Rondônia supuestamente exigieron sobornos del entonces
gobernador de Rondonia, Ivo Cassol, para apoyar y votar a favor de proyectos de interés para el
Ejecutivo. El dinero obtenido mediante el soborno también se utilizó para la compra de
decisiones judiciales que eximen a los políticos procesados por corrupción. Además de los
diputados, participaron en el esquema ilegal miembros del Tribunal de Cuentas del Estado de
Rondônia (TCE-RO) y empresarios interesados en obtener contratos con la Asamblea
Legislativa de Rondonia. Los empresarios presionaban a los operadores responsables por las
licitaciones para que los resultados fuesen favorables para sus empresas. Una vez que ganó el
concurso, los proyectos eran demasiado caros o no se aplicaron (sin embargo, la empresa recibía
el pago por el trabajo). El desvío de fondos de las obras para las manos de los legisladores
estatales involucrados se realizaba por medio de cheques para el pago de los funcionarios
públicos "naranjas" (nombres de personas reales que sin embargo no trabajaban en la Casa; a
veces ni siquiera sabían que sus nombres estaban siendo utilizados). Los cheques eran cobrados
y el dinero pasados a los diputados. El Ministerio Público y la Policía Federal investigaron el
caso desde mayo de 2005, cuando las grabaciones de vídeo realizadas por el entonces
Gobernador Ivo Cassol aparecen en reportajes en la televisión. Desde entonces, los sospechosos
fueron controlados por medio de escuchas telefónicas. En agosto de 2006, comenzó la
"Operación Dominó”, dirigida por la Policía Federal. Diez personas fueron arrestadas. El
identificado como jefe del régimen de malversación de fondos, fue el entonces diputado José
Carlos (Carlão) de Oliveira, ya estaba detenido. Después de la acción de la Policía Federal, la
subprocuraduría-general de la República ofreció una denuncia penal ante la Corte Suprema
contra el ex diputado Carlão de Oliveira, el ex juez Sebastiao Teixeira Chaves, el juez José
Jorge Ribeiro da Luz, el asesor de la CE Edilson de Souza Silva, de Justicia y el Procurador
José Carlos Vitachi. La información sobre los procesos relacionados con el caso está bajo
secreto judicial.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
127.
Asociación ilícita
Ilegal
2005, 2006
128.
Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2005, 2006
129.
Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2005, 2006
130.
Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2005, 2006
públicos/Peculado
131.
Obstrucción
de
la Ilegal
2005, 2006
Justicia/investigación
Actores implicados
103.
Empresas Privadas
104.
Gobierno Regional–Gobierno de provincia de Rondônia
105.
Poder Judicial–Provincia de Rondônia
106.
Poder Legislativo
Denunciante
Acusado/a
jerarquía)
(cargo
y
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Deborah Duprat (Procuradora General de la República, Público
Alto)
Ivo Cassol (ex gobernador), Carlão de Oliveira (ex diputado
provincial), José Jorge Ribeiro da Luz (juez), Edilson de Souza
Silva (consejero de Tribunal de Cuentas de Rondônia),
Sebastião Teixeira Chaves (juez), José Carlos Vitachi
(procurador del Ministerio Público)
Situación del caso
No
Sí, Cerrado
No se accede al dato
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
91. Ciudadanía
92. Electores(as)
93. Empresas competidoras
Mayor información
76. Reportajes en http://tinyurl.com/yhnrudj y http://tinyurl.com/yz7ovgy
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº094
País
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
Caso Lunus
Caso
Superintendência
do Brasil
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)
Resumen caso
En 2001, un informe indicó desvíos de 108 millones de reales (US$62 millones) en
Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM), una autarquía del Ejecutivo
federal. En 29 de los 95 proyectos analizados se encontraron irregularidades, siendo estos
proyectos elaborados o aprobados por la gestión de personas nombradas por el entonces senador
Jader Barbalho (hoy día diputado federal); entre ellos Artur José Guedes Tourinho,
despedido por su presunta participación en las irregularidades. Jader y Tourinho fueron
detenidos en el año 2002 y puestos en libertad el mismo día, tras la concesión del hábeas corpus.
Las desviaciones se produjeron a través de adquisición de bienes y servicios defraudados, y
falsificación de documentos fiscales. El esquema estaba protegido por el pago de sobornos a
políticos y funcionarios de la autarquía. El congresista fue denunciado al poder judicial, el caso
fue presentado al Comité de Ética del Senado, lo que llevó Barbalho a la renuncia en 2001, y el
mismo año el gobierno federal determinó la disolución de la autarquía. En julio de 2007, más de
un centenar de investigaciones se habían abierto por el Ministerio Público en cuatro estados
(Tocantins, Mato Grosso, Pará y Maranhão) para investigar el fraude cometido por empresarios,
funcionarios y políticos sin prerrogativa del foro (congresistas sólo son juzgados por la Suprema
Corte). Una vez que tiene la prerrogativa del foro, Jader Barbalho responde a los casos ante el
Supremo Tribunal Federal, donde se encuentra un inquérito (2051/2003) y un caso penal
(336/2004) relativos al caso Sudam. En el inquérito, 24 personas son mencionadas, mientras que
en la acción penal, 61 personas aparecen como reos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
132.
Apropiación Indebida
Ilegal
2000
133.
Asociación ilícita
Ilegal
2000
134.
Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal
2000
135.
Falsificación
de Ilegal
2000
documentos/Uso
malicioso
de
documentos
136.
Fraude: Malversación de Ilegal
2000
caudales públicos/Peculado
137.
Licitación
pública Ilegal
2000
fraudulenta
Actores implicados
107.
Empresas Privadas–Imperador Agroindustrial de Cereais S/A, Construtora
Serra do Lageado Ltda., Montenal Ltda. y Compresarial - Consultoria Empresarial S/C
Ltda.)
108.
Otras Instituciones Públicas-SUDAM
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a (cargo y jerarquía) Amauri Cruz Santos, Jader Fontenelle Barbalho (ex senador),
Joel Mendes, Raimundo Pereira de Sousa, Cristiano Pisoni
(accionista de la compañía), Itelvina Pisoni (accionista de la
compañía), Vilmar Pisoni (accionista de la compañía),
Vanderlei Pisoni (accionista de la compañía), Otarcízio
Quintino Moreira, Daniel Rebeschini, Wilma Urbano Mendes.
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Secundario-Industria Alimenticia
Actores Afectados
94. Ciudadanía
95. Empresas competidoras
Mayor información
77. Reportaje detalladas del caso: http://tinyurl.com/yzzq5ff
78. Informes
del
Ministerio
Público,
ver
http://tinyurl.com/yd4lsyu
y
http://tinyurl.com/y9nuktz
79. Inquérito 2051/2003: http://tinyurl.com/y944pf8
y acción penal 336/2004:
http://tinyurl.com/ydmtleu
80. Informaciones acerca del diputado Barbalho, ver http://tinyurl.com/yhhfmn3
81. TAYLOR, Mattew M. & BURANELLI, Vinícius C. Ending up in Pizza: accountabillity
as a problem of institutional arrangement. Latin America Politics and Society, 2007.
http://tinyurl.com/yl6yrnj
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Privatização da Telebrás
Ficha Nº095
País
Brasil
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En un proceso concluido en 1998 y que recaudó más de 22 mil millones de reales (US$12,5 mil
millones), el gobierno brasileño comenzó a vender las empresas del sistema de
Telecomunicaciones de Brasil (Telebrás). Los funcionarios públicos responsables del proceso
de privatización supuestamente dieron información privilegiada a empresas privadas. Según los
registros de la Policía Federal, el entonces Presidente del Banco Nacional de Desarrollo
(BNDES), André Lara Rezende y el entonces ministro de Comunicaciones Luiz Carlos
Mendonça de Barros trataron de alentar al grupo privado de Opportunity y el fondo estatal
Previ, perteneciente a los empleados del Banco de Brasil. El ex ministro de Mendonça de
Barros amplió en una hora y media el plazo de presentación de cartas de garantía en la víspera
de la subasta, a petición del Banco de Brasil. El BNDES, a su vez, prestó unos 500 millones de
reales (US$286millones) a las empresas que participaron en la privatización. Además, un
director de BNDES presuntamente intercedió por el grupo Opportunity. El consorcio del cual
era parte el grupo Opportunity tenía una cantidad de fondos públicos por encima del límite legal
en el anuncio de la privatización; José Pío Borges, entonces vicepresidente del BNDES,
consideró los fondos públicos como privados y así Opportunity pudo participar en el proceso.
Después de haber salido el caso a la luz pública, Mendonça de Barros y Lara Rezende
renunciaron a sus cargos. El Tribunal de Cuentas llevó investigaciones de las irregularidades y
el Ministerio Público presentó una acción civil pública por improbidad administrativa. En marzo
de 2009, diez años después del escándalo, el juez encargado del caso absolvió a los acusados
basándose en que las acciones no significaron pérdidas para las arcas públicas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
138.
Abuso de funciones/de Ilegal
1998
autoridad
139.
Tráfico de influencias
Ilegal
1998
140.
Utilización
de Ilegal
1998
información privilegiada
Actores implicados
109.
Empresas Públicas-Telebrás
110.
Bancos/Entidades Financieras-BNDES, Banco de Brasil, Grupo Opportunity
111.
Ministerios-Ministerio de Comunicaciones
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y André Lara Rezende (ex presidente del BNDES), Luiz Carlos
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Mendonça de Barros (ex Ministro de Comunicaciones).
Situación del caso
No
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No se accede al dato
No
Terciario-Servicios Básicos
Actores Afectados
96. Empresas competidoras
97. Usuarios(as) del servicio
98. Ciudadanía
Mayor información
82. Reportajes sobre el ca so, ver http://tinyurl.com/yjfozsp y http://tinyurl.com/yfkglfa
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo (TRT SP)
Ficha Nº 096
País
Brasil
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
Caso Violação do sigilo painel do
Senado
Resumen caso
Entre 1992 y 2000, el Gobierno federal destinó cerca de 263 millones de reais (US$150
millones) para construir el edificio del Tribunal Regional del Trabajo de São Paulo. Sólo se
utilizaron 70 millones de reais (US$40 millones) y el resto del dinero fue desviado por un plan
dirigido por el juez Nicolau dos Santos Neto, con la participación del entonces senador Luiz
Estevao y directores de la constructora Incal S.A., que ganó la licitación. Una Comisión
Parlamentaria de Investigación se abrió y destituyó al senador (en la votación de su destitución
por el caso Violação do Painel do Senado); el Tribunal de Cuentas determinó la indemnización
del monto desviado; y el juez fue condenado a 26 años de prisión y está en detención
domiciliaria. También se determinó la detención de los directores de la empresa que realizaba la
construcción. Todavía están en curso acciones civil pública demandadas por el Ministerio
Público Federal para la aplicación de las sanciones civiles, y para la recuperación de los activos
sustraídos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
141.
Abuso de funciones/de Ilegal
1999
autoridad
142.
Apropiación Indebida
Ilegal
1999
143.
Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1999
144.
Falsificación
de Ilegal
1999
documentos/Uso malicioso de
documentos
145.
Licitación
pública Ilegal
1999
fraudulenta
Actores implicados
112.
Empresas Privadas–Incal S.A
113.
Poder Judicial–Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
114.
Poder Legislativo
Prensa
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Fábio Monteiro Filho e José Eduardo Ferraz (presidente y vicejerarquía)
presidente da Incal S/A), Luiz Estevão Neto (ex senador),
Nicolau dos Santos Neto Aka “Lalau” (Juez del Tribunal
Regional do Trabajo)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
99. Ciudadanía
100.
Empresas Competidoras
101.
Usuarios(as) del servicio
Mayor información
83. Informe del Ministerio Público, ver http://tinyurl.com/yb7adf9
84. Reportajes
detallados
del
caso,
ver
http://tinyurl.com/yexxo4n
y
http://tinyurl.com/ykmdcux
85. TAYLOR, Mattew M. & BURANELLI, Vinícius C. Ending up in Pizza: accountabillity
as a problem of institutional arrangement. Latin America Politics and Society, 2007
http://tinyurl.com/yl6yrnj
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: noviembre de 2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº097
País
Caso Violação do sigilo do painel do Brasil
Senado
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo (TRT SP)
Resumen caso
La decisión del Comité de Ética del Senado en relación a la destitución del entonces senador
Luiz Estevao (por vinculación al caso TRT-SP) se hizo por votación secreta. El entonces
presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, pidió al entonces senador José Roberto
Arruda para conferir cómo fueron los votos de los legisladores que participaron en la decisión,
violando la confidencialidad del voto (supuestamente, el intento era hacer chantaje). El mismo
día Arruda contactó a la directora del Prodasen (órgano de informática del Senado), Regina
Borges, donde, la funcionaria pública ordenó a sus subordinados que obtuviesen los votos de la
sesión. La lista fue entregada a un asistente del presidente del Senado. Posteriormente, un
miembro del Ministerio Público reveló a una revista que el presidente del Senado sabía cómo
votaron los legisladores. El senador Arruda fue destituido del Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB), que lídera en el Senado. Se presentó una demanda por violación del decoro
parlamentario contra Arruda y Magalhaes y también en contra del entonces senador José Dutra.
Los dos primeros renunciaron a sus cargos para escapar de una expulsión, mientras que Dutra
fue absuelto. Los servidores que actuaron bajo las órdenes de los senadores fueron sancionados
en un procedimiento disciplinario con la suspensión de funciones por 30 y 90 días. Los
senadores y la directora del Prodasen también fueron investigados por el Ministerio Público
(Inquérito 1879). El caso fue archivado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
146.
Abuso de funciones/de Ilegal
2000
autoridad
147.
Violación
al
secreto Ilegal
2000
público
Actores implicados
115.
Poder Legislativo–Senado
Medios de comunicación
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y José Roberto Arruda (ex-senador), Regina Borges (servidora
jerarquía)
pública), Domingos Dias (servidor público), José Dutra (exsenador), Ivar Ferreira (servidor público), Sebastião Gazzolla
Júnior (servidor público) Heitor Ledur (servidor público),
Antônio Carlos Magalhães (ex-senador).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No se aplica
Sector Económico
Actores Afectados
102.
Ciudadanía
103.
Representados(as) por la autoridad
104.
Electores(as)
Mayor información
86. Informes
del
Senado
Federal,
ver
http://tinyurl.com/yz3hxc9
y
http://tinyurl.com/y9c843r
87. Informe de
la
Suprema Corte respecto al
Inquérito
1879, ver
http://tinyurl.com/yj7mp5d
88. Reportaje acerca del caso, ver http://tinyurl.com/yclu47n
89. Reportaje acerca de la destitución del senador Luiz Estevao y su vinculación con el caso
TRT-SP, ver http://tinyurl.com/yctp2q3
Otras observaciones o comentarios
El entonces senador Arruda fue elegido diputado federal el 2002 y gobernador de Distrito
Federal el 2006. A fines de 2009, se conoce un nuevo escándalo donde un ex asesor grabó
docenas de videos de situaciones de soborno, cohecho y extorsión.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Yeda Crusius
Ficha Nº098
País
Brasil
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El plan constaba de dos partes: la primera, descubierta por escuchas telefónicas instaladas a
petición del vice-gobernador Paulo Feijó y del ex coordinador de campaña electoral Lair Ferst,
puso de manifiesto que parte de los fondos para la entonces candidata a gobernadora Yeda
Crusius en las elecciones del año 2006 habría sido planteada fuera de las normas establecidas
por la ley electoral y el monto restante se habría dado a ella para comprar una casa y arreglar
cuentas personales. La segunda operación fue revelada por la Operación Rodin, llevada a cabo
por la Policía Federal, quienes desmantelaron un plan para desviar dinero del Departamento de
Tránsito (Detran), lavado por empresas inexistentes, que presuntamente llenaron las arcas de
campañas electorales y generon el enriquecimiento ilícito de los acusados. Se supo que desde
2003, el Detran contrataba a la Fundación de Apoyo de la Ciencia y la Tecnología (FATEC)
y la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM) para preparar la prueba de los candidatos a
conductores. Luego, se hacía una subcontratación de empresas privadas, que absorbían los
recursos para pagar sobornos a los funcionarios públicos que ayudaban a efectuar el fraude en
licitaciones y transferir fondos a funcionarios superiores de Detran y otras personas
involucradas. En el Poder Ejecutivo, algunos secretarios y funcionarios públicos que
participaban en el plan fueron removidos de sus funciones por orden de la gobernadora Yeda.
En 2008, se abrió contra ella en la Asamblea Legislativa una petición de impeachment (juicio),
que fue archivada. Una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), también abierta en el
Parlamento del estado de Rio Grande do Sul, concluyó en julio del 2008, responsabilizando a
las 40 personas, que dos meses antes el Ministerio Público Federal había denunciado al Poder
Judicial. Dicha denuncia se está manejando en secreto en el Tribunal Federal de Rio Grande do
Sul, pero se anunció que los bienes de muchos de los involucrados fueron considerados no
disponibles. El Ministerio Público también presentó dos actos por faltas de probidad
administrativa. En octubre de 2009, la gobernadora Yeda fue excluida de la acción de
improbidad administrativa, ya que de acuerdo con la Corte Suprema, ella no podría figurar
como acusada en este tipo de apelación. En el mismo fallo, los diputados tuvieron sus bienes
desbloqueados. Sin embargo, los bienes del ex presidente del Tribunal de Cuentas de Estado
(TCE) João Luiz Vargas siguen no disponibles.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
148.
Asociación Ilícita
Ilegal
2006
149.
Cohechos/Soborno/Extorsión
Ilegal
2006
150.
Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2006
151.
Infracción a normas de Ilegal
2006
financiamiento electoral
152.
Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
116.
Empresas privadas
117.
Gobierno Federal–Poder Executivo del estado de Rio Grande do Sul
118.
Otras Instituciones Públicas
119.
Otras instituciones privadas
Paulo Feijó (vice-gobernador), Lair Ferst (ex-coordinador
Denunciante
da campaña electoral de la gobernadora.
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Damiana Almeida (socia da Pakt), Dário Almeida (expresidente da Universidade Federal de Santa Maria),
Frederico Antunes (diputado estadual), Gilson Araújo
(servidor público), Rosmari Greff Avila da Silveira (ex-
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
secretário-executivo da Fundação de Apoio à Tecnologia,
Pedro Azevedo (propietario da PLS Azevedo), Alexandre
Barrios (ex-advogado do Detran), Rubens Bordini
(tesorero da campaña electoral da gobernadora), Luciana
Carneiro (servidora pública), Consultoria e Assessoria
Ltda, Yeda Crusius (gobernadora), Carlos Crusius (exmarido de Yeda), Doctus Consultores Ltda, Antônio
Dorneu Cardoso Maciel (exdirector da CEEE e extesorero-general del Partido Progresista), Ferdinando
Fernandes (Socio da Pensant), Francene Fernandes (socia
da Pensant), José Antônio Fernandes (socio da Pensant
Consultores), Lenir Fernandes (socia da Pensant), Cenira
Ferst (hermana de Lair Ferst), Elci Ferst (socia da
Newmark Tecnologia), Lair Ferst (ex-coordinador da
campaña electoral de Yeda Crusius, Rosana Ferst (socia da
Rio del Sur), Francisco Fraga (secretario de gobierno),
GCPLAN – Gestão Capacitação e Planejamento Ltda, José
Otávio Germano (diputado federal), Luiz Germano
(funcionario de Carlos Rosa), Hermínio Gomes Junior (exdirector do Detran), Luiz Gonzaga Isaía (ex-presidente da
Fundae), Höher e Cioccari Advogados, Rafael Hoher (hijo
de Rubem Hoher), Ricardo Hoher (hijo de Rubem Hoher),
Rubem Hoher (Socio da Doctus), IGPL Inteligência em
Gestão Pública Ltda., Patrícia Jonara (esposa de Carlos
Ubiratan), Marilei Leal (socia da Pakt), Logística e
Marketing Ltda, Walna Meneses (assessora), Delson
Martini (ex-presidente da Companhia Estadual de Energia
Elétrica), Ronaldo Morales (ex-presidente da Fundação de
Apoio à Tecnologia e Ciência), Newmark - Tecnologia da
Informação, Denise Nachtigall Luz (socia do oficina
Nachtigall Advogados Associados), Nachtigali Luz
Advogados Associados, Helvio Debus Oliveira Souza
(contador), Fernando Osvaldo (socio da Pakt), Pakt Excelência em Projetos Ltda., Luiz Pellegrini (expresidente da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência),
Pensant Consultores Ltda, Alfredo Pinto Telles (socio da
Newmark Tecnologia, Rio del Sur - Auditoria &
Consultoria Ltda, Carlos Rosa (propietario da Carlos Rosa
Advogados Associados), Carlos Rosa Advogados
Associados, Marco Aurélio da Rosa Trevizani (contador de
Lair Ferst), Eduardo Redlich João (cómplice de Lair Ferst),
S3 Contabilidade, Paulo Sarkis (ex-rector da Universidade
Federal de Santa Maria), Silvestre Selhorst (ex-secretárioexecutivo da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência),
Nilza Terezinha Pereira (falsa propietaria da NT Pereira),
Carlos Ubiratan dos Santos (ex-director-presidente del
Detran), João Luiz Vargas (ex-presidente do Tribunal de
Cuentas Estadual), Flávio Vaz Netto (ex-director do
Detran), Eduardo Wegner Vargas (hijo del presidente de
TCE), Luiz Fernando Záchia (diputado estadual).
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Abierto
Sí, Abierto
Sí, Abierto
No
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No aplica
Actores Afectados
105.
Candidatos(as) competidores(as)
106.
Electores(as)
107.
Empresas competidoras
Mayor información
90. Reportajes sobre el caso, ver http://tinyurl.com/rcoyuz y http://tinyurl.com/yh64p34
91. Informe del Tribunal Regional Federal, ver http://tinyurl.com/y98ovpq
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Caso Aulas Tecnológicas
Chile
Ficha Nº099
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 1996 los diputados Víctor Pérez (UDI) y Lily Pérez (RN) denunciaron las
irregularidades que se habrían cometido en la compra de aulas tecnológicas durante el
gobierno del Presidente P. Aylwin (DC), siendo Ministro de Educación Ricardo Lagos
(PS).
Con base en informes generados por Contraloría, se llegó a la conclusión que se habría
cometido “Fraude al Fisco” y se propuso emprender acciones civiles y penales el año
2000.
Al parecer, el Ministerio de Educación (MINEDUC) habría pagado un monto superior a
los US$ 4 millones de sobreprecio para adquirir aulas tecnológicas en un convenio con
España. También se detectaron irregularidades en los contratos de equipamiento
educativo con la empresa estatal española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)
(inversiones de aproximadamente US$ 13 millones).
La Cámara de Diputados armó una Comisión Investigadora, la que concluyó que no
hubo ilícitos, pese a que la Contraloría señaló que sí hubo irregularidades.
Conducta/s Reprochable/s
1. Fraude: Estafa al Fisco
Estatus
Ilegal
Actores implicados
Año de la conducta
1996
1. Ministerio de Educación
2. Empresa internacional española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)
Denunciante (y cargo
Lily Pérez (diputada, público alto) y Víctor Pérez (diputado,
si aplica)
público alto)
Acusado/a (cargo y
Ricardo Lagos (Ministro de Educación, público alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
No
No
No
No
Terciario-Servicios educacionales
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública -Aulas Tecnológicas
2. Empresas competidoras en servicios educacionales.
Mayor información
Sector Económico
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Banco Central-INVERLINK
Ficha Nº100
País
Chile
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Corporación del Fomento
(CORFO)-INVERLINK
Resumen caso
El caso quedó al descubierto en febrero de 2003, cuando el presidente del Banco Central (Carlos
Massad), encontró en su computador un mensaje de correo electrónico rebotado que contenía
información confidencial. Dicho correo estaba dirigido al gerente general de Inverlink
Corredores de Bolsa (Enzo Bertinelli), y había sido enviado por la secretaria de Massad (Pamela
Andrada Díaz). A cambio de esta información económica privilegiada, Andrada habría recibido
$42 millones pesos chilenos de manos de Bertinelli. El Banco Central se querelló por los delitos
de “Cohecho” y “Violación de secreto” y “Violación a la ley de delitos informáticos”, contra
Pamela Andrada y Enzo Bertinelli. Al año 2007 la investigación aún seguía su curso. No se
lograron recabar más antecedentes, aunque el caso ha seguido siendo mencionado por la prensa
a través del caso Corporación del Fomento (CORFO)-Inverlink, vinculado a este caso (ver
ficha).
Conducta/s Reprochable/s
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
2. Delitos informáticos
3. Violación al secreto público
Estatus
Año de la conducta
No se accede al dato
No se accede al dato
No se accede al dato
Ilegal
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
1. Empresa privada-INVERLINK
2. Bancos/Entidades Financieras-Banco Central
Denunciante (y cargo si
Carlos Massad (Presidente, público medio)
aplica)
Acusado/a (cargo y
Pamela Andrada (secretaria, público bajo), Enzo Bertinelli (gerente
jerarquía)
general de empresa privada, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
No se accede al dato
No
Terciario- Servicios Financieros
Actores Afectados
1. Compradores(as)/Clientes
2. Empresas competidoras
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente 691 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Cancillería
Ficha Nº101
País
Chile
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El año 2008 se detectan irregularidades –“Adulteración de documentos contables”- en la
Embajada de Chile en Perú, a propósito del control de cuentas que se realiza por el cambio de
embajador. Se estima que el encargado del área de finanzas, Ricardo Harboe, defraudó al Fisco
por aproximadamente $66.000.000 de pesos (US$ 100.000 aprox.). Se le aleja del cargo y se inicia
un procedimiento administrativo. Una vez terminado dicho procedimiento, se inicia un
procedimiento penal en su contra.
Al momento de detectarse la irregularidad, era Embajador de Chile en Perú Cristian Barros.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Falsificación de documentos/Uso Ilegal
2006, 2007, 2008
malicioso de documentos
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Ministerio de Relaciones Exteriores – Embajada en Perú
Denunciante (y cargo si aplica)
Ministerio Relaciones Exteriores, Ministerio Público
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Ricardo Harboe Gaete (funcionario, público medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanos(as) de Chile
Mayor información
1. El diario electrónico El Mostrador fue quien hizo público el caso. Ver
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cancilleria_investiga_millonario_f
raude_en_embajada_de_chile_en_peru
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Chiledeportes
País
Chile
Ficha Nº102
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso
PUBLICAM
Resumen caso
Mediante una investigación aleatoria, Contraloría detectó irregularidades en 70 de 77 proyectos
de Chiledeportes, cometidas a fines de 2005, por un total de $417 millones de pesos.
Frente al hecho, diversas querellas emergen. Un grupo de diputados conformado por los RN
(Partido Renovación Nacional) Alberto Espina, José García Ruminot y Nicolás Monckeberg y
de la UDI (Partido Unión Demócrata Independiente), Andrés Chadwick, Marcelo Forni y Julio
Dittborn, interpusieron una querella por “Fraude al Fisco”, “Malversación de fondos públicos” y
“Uso malicioso de instrumento privado”.
En noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por los
ilícitos de “Fraude al Fisco”, “Falsificación de instrumento público” y “Apropiación indebida de
dinero”.
Por estos motivos, se detiene al ex Director Regional Metropolitano de Chiledeportes Juan
Michel Salazar, del Partido Demócrata Cristiano, quien ocupó dicho cargo entre agosto de 2005
y abril de 2006, siendo acusado por “Fraude al Fisco”. Además, su primo, Mario Salazar, es
declarado culpable por delito de “Estafa reiterada al Fisco”, por apropiarse de $23 millones de
pesos, recibidos por proyectos de asignación directa que gestionó ante Chiledeportes. También
fue acusado de fraude el ex jefe de Gabinete de Juan Michel (David Navarro), y el funcionario
del Servicio de Impuestos Internos (Luis Jofré), quien fue procesado por “Fraude al Fisco”. Este
último también estaba siendo investigado en el caso de facturas falsas de PUBLICAM, por lo
que se realizaron investigaciones paralelas en ambos casos (ver ficha del caso).
En enero de 2007, se conoce que otros 114 proyectos de asignación directa presentarían
irregularidades, habiendo sido adjudicados en fechas coincidentes con la campaña electoral de
2005. De los $135 millones de pesos auditados por Contraloría, sólo 30 fueron regularizados a
través de la entrega de antecedentes, por lo que al menos 104 millones de pesos correspondían a
gastos no justificados.
En abril de 2009, se inicia el juicio oral contra J. Michel, quien fue declarado culpable por uno
de los nueve delitos de “Malversación reiterada de fondos públicos” que se le imputaban. En el
juicio se acreditó que en los nueve casos se defraudó al fisco, pero que sólo en uno le cupo
responsabilidad a Michel en su calidad de funcionario público a cargo de la custodia de los
recursos (se le condenó por la entrega de $9 millones de pesos a fines de 2005, a través de
asignación directa y de los cuales no pudo rendirse cuentas), De los otros ocho cargos que
cuestionaban la utilización de $40 millones de pesos aproximadamente, fue absuelto a pesar de
considerarse que constituían “Fraude al Fisco”, en tanto no se acreditó la participación de
Michel como funcionario público a cargo de los caudales defraudados en ninguno de ellos. Su
condena fue de tres años de libertad vigilada, no poder ejercer cargos ni oficios públicos
mientras dure la condena, la inhabilitación perpetua de derechos políticos, y el pago de una
multa de 11 UTM ($403.502 pesos).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación indebida
Ilegal
2005
2. Falsificación
de
Documentos/Uso Ilegal
2005
malicioso de documentos
3. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2005
públicos/Peculado
4. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2005
Actores implicados
1. Otras Instituciones públicas-Chiledeportes ó Instituto Nacional de Deportes
2. Empresa Privada-PUBLICAM
Denunciante (y cargo si
Consejo de Defensa del Estado (CDE). Alberto Espina (diputado,
aplica)
público alto), José García Ruminot (diputado, público alto),
Nicolás Monckeberg (diputado, público alto), Andrés Chadwick
(diputado, público alto), Marcelo Forni (diputado, público alto),
Julio Dittborn (diputado, público alto).
Acusado/a (cargo y
Juan Michel Salazar (Director, público medio), David Navarro
jerarquía)
(Jefe de Sección, público medio), Luis Jofré (funcionario, público
bajo), Mario Salazar (representante de organizaciones de la
sociedad civil)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Al año 2005, 1US$ equivalía a aproximadamente $559 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Coimas
Ficha Nº103
País
Chile
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
Caso MOP-GATE
Resumen caso
A raíz de una investigación periodística sobre falsificación de certificados de revisión técnica
(Canal 13 y revista Qué Pasa), se da a conocer que los dueños de plantas de revisión técnica
Carlos Filippi y Gabriel Álamo habrían contactado a Víctor Manuel Rebolledo (diputado PPD)
para que consiguiera de forma irregular el permiso de funcionamiento de una planta de revisión
técnica en Rancagua. El Subsecretario de Transportes en ese momento, era Patricio Tombolini
(PS). Al asumir un nuevo Subsecretario se produce el cierre de dos plantas de revisión técnica
de estas personas, tras lo cual sus dueños deciden dejar de pagar al diputado Rebolledo.
En represalia, Iván Sánchez Santibáñez (amigo y socio de Filippi recurre a los diputados
Cristián Pareto (DC) y Jaime Jiménez (DC) quienes filtran documentos que comprometían al
diputado Rebolledo y al ex-subsecretario Tombolini. A continuación, pasaron de acusadores a
acusados cuando se dio a conocer que Iván Sánchez Santibáñez giró $20 millones de pesos a los
diputados democratacristianos para que ellos a) denunciaran las coimas recibidas por Rebolledo
y Tombolini y b) consiguieran una “fórmula irregular por la vía administrativa” para recuperar
la planta de revisión técnica. Las condenas de las personas imputadas fueron dadas a conocer un
año y ocho meses después de abierto el caso:
(1) Patricio Tombolini: Sentenciado a una pena de cárcel de tres años y un día, una multa de 36
millones de pesos e inhabilidad perpetúa para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007 la Corte
Suprema le absuelve unánimemente de esta condena.
(2) Cristián Pareto y (3) Jaime Jiménez: Fueron condenados como coautores de “cohecho”. Se
les condenó con 540 días de cárcel remitida, una multa de 20 millones de pesos e inhabilidad
perpetua para ejercer cargos públicos (ambos eran diputados).
(4) Víctor Manuel Rebolledo: Filippi denunció con comprobantes de pago que le entregó 12
millones de pesos. Inicialmente fue condenado como coautor de “soborno”. La condena fue de
300 días de cárcel conmutables por un año de firma, una multa de 30 millones de pesos e
inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007, se le redujo la pena a cien
días de reclusión menor, más una multa en beneficio fiscal de $3.333.333 y mantuvo la
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
(5) Gabriel Álamo: Inicialmente condenado como coautor de “soborno” a Patricio Tombolini.
La condena fue de 300 días de cárcel remitida, multa de 30 millones de pesos e inhabilidad
perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo 2007, su condena se modificó a cien días de
reclusión menor más una multa de $3.333.333.
(6) Carlos Filippi: Su condena consistió en reclusión nocturna por 2 años; tres multas: una de
30, otra de 20 y una última de seis millones de pesos (56 millones de pesos en total). También
se le condenó con la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. En mayo de 2007,
Filippi fue absuelto de uno de los cargos en su contra y lo condenaron a dos penas de cien días
por delitos de “sobornos”, más dos multas: una de $3.333.333 y otra de $2.500.000,
correspondientes a los montos de los beneficios que habría pagado a otros involucrados en la
causa.
(7) Iván Sánchez: En mayo de 2007 se le condena a 60 días de prisión, una multa de $2.500.000
e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
En mayo de 2007 se les concedió a todos los condenados la remisión condicional de la pena,
pero debieron permanecer bajo la vigilancia de Gendarmería por un año.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2000, 2001
Actores implicados
1. Ministerio de Transporte
2. Empresa privada-Plantas de Revisión Técnica
3. Poder Legislativo
Prensa (Canal 13, Revista Qué Pasa), Jaime Jiménez (Diputado,
Denunciante
público alto), Cristián Pareto (Diputado, público alto)
Acusado/a
(cargo
y Gabriel Álamo (dueño de empresa, privado alto), Carlos Filippi
jerarquía)
(dueño de empresa, privado alto), Jaime Jiménez (diputado,
público alto), Cristián Pareto (diputado, público alto), Víctor
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Manuel Rebolledo (diputado, público alto), Patricio Tombolini
(subsecretario, público alto).
Situación del caso
No
No
No
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del ser vicio-Plantas de Revisión Técnica.
2. Representados(as) por la autoridad
3. Empresas competid oras
Mayor información
1. Reportaje detallado del caso http://www.puntofinal.cl/572/coimas.htm
Otras observaciones o comentarios
Al año 2007, 1US$ equivalí a a aproximadamente $522 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Corporación del
(CORFO)-INVERLINK
País
Fomento Chile
Ficha Nº104
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Banco Central-INVERLINK
Resumen caso
En febrero de 2003, Javier Moya (jefe de Tesorería de la Corporación del Fomento, CORFO)
sustrajo y comercializó en el mercado 159 documentos a plazo de la CORFO a través de la
administradora de fondos mutuos del holding Inverlink. Moya habría recibido a cambio una
coima de $150 millones aprox.
Moya fue descubierto en marzo de 2003, dándose a conocer que los documentos sustraídos
tenían un valor de más de US$100 millones.
El caso tuvo tratamiento administrativo, pues se desarrollo una investigación por la Contraloría,
y también tratamiento judicial por las demandas civiles y del Servicio de Impuestos Internos
(SII), pero no todos los cargos pudieron confirmarse, por lo que muchos de los imputados
fueron absueltos.
En abril de 2003, la Superintendencia de Valores y Seguros, se querelló en contra de los ex
ejecutivos de Inverlink por el delito de “Asociación ilícita”. Esta querella significó que Juan
Pablo Prieto (ex operador de la corredora del BBVA) y Larry Fletcher (ex captador de
Inverlink), fueran detenidos al establecerse el delito.
Además, se procesó por “Estafa” a Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Javier Moya, Enzo
Bertinelli y otros ejecutivos de Inverlink, quienes habrían cometido el ilícito entre diciembre de
2002 y marzo de 2003.
En diciembre de 2003, se procesa a las doce personas que constituían la plana mayor de
Inverlink por haber realizado operaciones fraudulentas sin respaldo económico y a espaldas de
los inversionistas que les habían confiado sus dineros. El procesamiento afecta al presidente del
holding, Eduardo Monasterio, y los directores Francisco Edwards, Pablo Schaffhauser, Ignacio
Wolff, Enzo Bertinelli, Juan Antonio Yáñez. En calidad de cómplices fueron encausados
Patricio Collarte, Eduardo Tapia, Carlos Rubilar, Guillermo Brito, José Muñoz y Carlos Berríos.
En marzo de 2008, se decide absolver a cinco integrantes de la plana mayor del holding. Así, se
exculpó a Ignacio Wulf, Pablo Schaffhauser, Eduardo Monasterio, Enzo Bertinelli y al contador
Patricio Reyes, por declarar impuestos maliciosamente incompletos o falsos y por la omisión
maliciosa de declaraciones tributarias.
Conducta/s Reprochable/s
1. Asociación Ilícita
2. Delitos tributarios
3. Fraude: Estafa al Fisco
Estatus
Año de la conducta
No se accede al dato
No se accede al dato
2002, 2003
Ilegal
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Corporación del Fomento (CORFO)
2. Empresa privada-INVERLINK
Denunciante (y cargo si
Estudio de abogados Miguel Soto y Compañía.
aplica)
Servicio de Impuestos Internos (SII)
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
Acusado/a (cargo y
Pamela Andrada (secretaria, público bajo), Carlos Berríos
jerarquía)
(Trabajador, privado medio), Enzo Bertinelli (director, privado
alto), Guillermo Brito (trabajador, privado medio), Patricio Collarte
(gerente, privado alto), Francisco Edwards (director, privado alto),
Larry Fletcher (trabajador, privado medio), Eduardo Monasterio
(presidente, privado alto), Javier Moya (jefe de sección, público
medio), José Muñoz (trabajador, privado medio), Marcelo Muñoz
(trabajador, privado medio), Juan Pablo Prieto (trabajador, privado
medio), Patricio Reyes (trabajador, privado alto), Carlos Rubilar
(trabajador, privado medio), Pablo Schaffhauser (director, privado
alto), Eduardo Tapia (trabajador, privado medio), Ignacio Wolff
(director, privado alto), Juan Antonio Yáñez (director, privado
alto).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
Terciarios, Servicios Financieros.
Sector Económico
Actores Afectados
1. Compradores(as)/Clientes(as)-INVERLINK
2. Beneficiarios(as) de la política pública
3. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. Libro del periodista Hugo Traslaviña “Inverlink. La ruta de una estafa”. El libro
concluye con gran cantidad de anexos, entre ellos una cronología del caso, la
reproducción del mail enviado por Pamela Andrada y un organigrama de las empresas
del
grupo
Inverlink.
Mayores
referencias
en
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={23bdf15e-f03c-42d0-8883a8a0cf5a8ff8}
2. Tesis. “El impacto del caso Inverlink en la industria de los fondos mutuos”, de Daniela
Morales
Najum
y
Pía
Vielma
Cornejo.
Ver
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/morales_d/html/index-frames.html
Otras observaciones o comentarios
Este caso también se conoció como “Fondos mutuos”.
Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Ficha Nº105
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Caso Empresas de Ferrocarriles del Chile
Estado (EFE)
Resumen caso
A comienzos de 2007, a solicitud de la Comisión de Transporte del Senado, la Contraloría
General de la República informa graves irregularidades en implementación del Plan Trienal
2003-2005 –plan de US$1.100 millones- de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE),
cuando era administrado por Luis Ajenjo (Democracia Cristiano). Entre otras, cuestiona:
a) La pérdida de $ 38.000.000 de pesos. Señala que podría deberse a posible “Fraude al
Fisco”
b) Extravío de facturas
c) Que EFE haya contratado a la empresa Evasa Consultores Ltda. para efectuar un trabajo
que no se hizo y que ya había sido realizado anteriormente por una filial de la propia
EFE
d) La compra de 4 automotores diesel para el tramo Victoria –Puerto Montt a la empresa
española RENFE debido a su baja calidad (lo que condujo a la paralización del servicio)
y el hecho de que no se hayan cobrado las garantías correspondientes. El costo total de
los automotores fue de alrededor de US$ 8 millones.
Ya con anterioridad el Sindicato de Trabajadores de EFE había solicitado a la Contraloría y al
Consejo de Defensa del Estado que investigarán el Plan Trienal, sin resultado.
Con los antecedentes entregados por la Contraloría, en abril del 2007 se constituye por la
Cámara de Diputados una Comisión Investigadora. Paralelamente, los diputados Matthei (Unión
Demócrata Independiente –UDI-) y Prokurica (Renovación Nacional) interpusieron querella
criminal por los delitos de “Malversación de caudales públicos”, “Fraude al Fisco” y “Estafa”,
en contra de quienes resulten responsables. Dichas acusaciones se interponen en los tribunales
del antiguo sistema procesal penal chileno.
Durante la investigación de la Comisión Investigadora, surgen las siguientes nuevas aristas:
a) Se denuncia ante la Contraloría a Ajenjo porque recibió, junto a sus remuneraciones
regulares, otros pagos adicionales por participar en el directorio de algunas empresas
filiales de EFE, situación prohibida por ley. Esta arista termina con la absolución de
Ajenjo, por considerarse que no era funcionario de Alta Autoridad Publica.
b) Interposición en junio de 2007 por el Consejo de Defensa del Estado de una querella en
tribunal de garantía –nuevo proceso penal- por “Fraude al Fisco” y “Estafa” contra dos
ex gerentes de EFE -Claudio Carreño, gerente de administración y finanzas, y Guido
Olavarría Ortiz, jefe de la unidad de consumos básicos- y tres de sus contratistas:
Rodrigo Tagle, Jessica Castro Soto y Anastasio Cerda González. El Ministerio Público
finalmente formalizó a Carreño y Tagle por “Fraude al Fisco”, por un contrato entre
EFE y Evasa por el que se pagaron $117 millones de pesos en dos meses.
Los congresistas querellantes solicitaron un ministro en visita, por la complejidad del caso. La
Corte Suprema acoge la petición y nombró a Omar Astudillo, en quien queda radicado el
conocimiento y fallo de las irregularidades ocurridas entre 2003 y 2005. En tanto, las
irregularidades acaecidas desde 2005 en adelante quedan radicadas en el Ministerio Público.
En noviembre de 2007, el juez Astudillo dicta sus primeros autos de procesamientos: a) el ex
gerente de EFE Claudio Carreño por “Fraude al Fisco” y “Negociaciones incompatibles” por
más de $50 millones de pesos; b) Luis Briceño y Ximena Espinoza por “Estafa”, pues se les
pagó por asesorías tributarias que no se hicieron totalmente. Posteriormente, en enero del 2008,
y en virtud de un informe del fiscal de EFE, el Consejo de Defensa del Estado presentó una
querella en contra de los que resulten responsables del “Fraude al Fisco” que asciende a
$6.187.952.000 ($US11.854.314 aprox.), por la sustracción de bienes en EFE y el abultamiento
de la contabilidad durante la gestión de Luis Ajenjo (2003-2006).
Además, a mediados de enero de 2008, fue procesado Rodrigo Tagle, por “Estafas”, pues se le
imputa la sustracción de aproximadamente $80 millones de pesos. Además, un informe pericial
señala que EFE 'sobrepagó por la instalación de sus oficinas más de $320 millones de pesos que
'no tienen justificación.
Respecto de la causa seguida en el nuevo sistema procesal penal, a Briceño se le formalizó por
“Cohecho” y a Guido Olavarría por “Fraude al Fisco” por cerca de $79 millones en complicidad
con Claudio Carreño. A mediados de enero de 2008, el Consejo de Defensa del Estado presentó
la primera querella en contra de Luis Ajenjo, ex presidente de Empresa de Ferrocarriles del
Estado, por “Malversación de caudales públicos”, por $14.444.443. Este monto se pagó a
Patricio de Gregorio, a instancias de Ajenjo, por asesorías que no se realizaron. La querella
también es en contra de De Gregorio; el ex gerente general Eduardo Castillo y el ex gerente de
Administración, Claudio Carreño.
Se sumaron la senadora Matthei y el diputado Alvarado, ambos de la UDI, a través de una
querella por delitos de “Malversación de fondos”, “Falsificación de documento público” y
“Negligencia inexcusable” en contra de Luis Ajenjo.
En octubre de 2008, y dentro del nuevo proceso penal, se condena a Claudio Carreño por 83
delitos reiterados de “Fraude al Fisco” y dos delitos de “Cohecho”.
En enero del 2009, el ministro en visita Astudillo, condena por “Fraude al Fisco” –por más de
$80 millones de pesos- a Claudio Carreño, además de otros procesados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
153.
Cohecho/Soborno/
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
Extorsión
154.
Falsificación
de Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
documentos/Uso malicioso de
documentos
155.
Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
156.
Fraude: Malversación de Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
caudales públicos/Peculado
157.
Licitaciones
públicas Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
fraudulentas
158.
Negociaciones
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006
incompatibles/ Conflicto de
intereses
Actores implicados
120.
Empresa Pública–Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)
121.
Empresa Privada– Evasa
122.
Empresa extranjera-RENFE
Denunciante (y cargo si
Sindicato de Trabajadores de EFE, Evelyn Matthei (diputada,
aplica)
público alto), Baldo Prokurica (diputado, público alto), Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados, Contraloría General de
la República, Ministerio Público,
Acusado/a (cargo y
Luis Ajenjo (director, público alto), Luis Briceño (asesor), Claudio
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Carreño (jefe de sección, público medio), Eduardo Castillo
(gerente, público alto), Jessica Castro (trabajador, privado medio),
Anastasio Cerda (trabajador, privado medio), Ximena Espinoza
(otro), Patricio de Gregorio (trabajador, privado medio), Guido
Olavarría (jefe de sección, público medio), Juan Rodríguez Tagle
(gerente, privado alto)
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
Sí, Abierto
No
Terciario- Servicios de transporte
Actores Afectados
108.
Trabajador es(as) de EFE
109.
Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. Fiscalía cierra caso EFE y pide 5 años de presidio para ex presidente de la empresa Luis
Ajenjo. 17 de junio de 2002. Véase en:
http://latercera.com/contenido/680_142984_9.shtml
Otras observaciones o comentarios
Al año 2008, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Frambuesa
País
Chile
Ficha Nº106
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El diario electrónico El Mostrador denunció en abril del 2008 el uso indebido de un vehículo
fiscal por parte de la subsecretaria de Transporte, Elinett Wofft, puesto que la usaba para la
distribución de frambuesas, como parte de su microempresa familiar.
Según la legislación chilena, su conducta contraviene la ley de probidad administrativa, puesto
que los funcionarios de exclusiva confianza no pueden desempeñar actividades económicas
ajenas a sus cargos ni tampoco usar infraestructura fiscal para fines distintos al trabajo público.
Aunque la acusada negó las acusaciones, terminó renunciado a su cargo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2008
Actores implicados
1. Ministerios-Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones – Subsecretaria
Denunciante (y cargo si
Medios de comunicación escrita-Diario Electrónico “El Mostrador”
aplica)
Acusado/a (cargo y
Elinett Wofft (Subsecretaria de Transportes, público alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
No
No
No
No
No
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Reportaje del El Mostrador que denunció el caso.
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el_ins/
Otras observaciones o comentarios
Disponible
en
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso GMA-Huechuraba,
Viña del Mar.
Recoleta,
País
Chile
Ficha Nº 107
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Sobresueldos en
Municipalidad de Viña del Mar
Resumen caso
El caso se da a conocer en marzo de 2008, cuando se denuncian irregularidades en los contratos
que sostenía la Municipalidad de Huechuraba con la empresa de Gestión Municipal Avanzada
(GMA). Esto conlleva a que se investiguen otros municipios que también tenían contratos con
esta empresa, estimándose que son 11 municipios (todos pertenecientes al partido UDI “Unión
Demócrata Independiente”). Sin embargo, en los medios de comunicación sólo se han dado a
conocer cuatro municipios: Huechuraba, Recoleta, Viña del Mar y Renca tratándose en mayor
profundidad los tres primeros mencionados.
Huechuraba.
En abril 2008, Isaac Givovich acusa a la alcaldesa Carolina Plaza por las irregularidades
existentes en los contratos con GMA. Givovich debía trabajar con los productos que entregaba
GMA (Ficha la Ficha Vecina y el Sistema de Información Georreferencial, SIG), enterándose
que existía un contrato desde mayo 2005 y que el municipio había pagado los servicios cuando
éstos no se habían realizado.
En junio de 2008, Contraloría confirmó irregularidades por $160 millones de pesos. Un segundo
contrato por las mismas funciones entre la municipalidad y GMA, poseía el doble del costo del
primer contrato: $2 millones mensuales los años 2005, 2006 y 2007, para luego cobrar $6
millones por el mismo servicio.
En agosto de 2008, Isaac Givovich declara ante al Tribunal Electoral por la solicitud de
destitución que pesaba sobre Plaza por los cargos de “Notable abandono de deberes y Faltas a la
probidad”.
Recoleta.
En julio de 2008, Contraloría confirma una serie de irregularidades en Recoleta, cuyo edil era
Gonzalo Cornejo (UDI). Las irregularidades también se refieren a los contratos que la
municipalidad contrajo con GMA, cuya gerente general y representante era Jenny Acevedo
Sepúlveda (desde marzo de 2005), que también se desempeñaba como Jefa de Gabinete en la
municipalidad (entre marzo de 2001 y mayo de 2005). Además, Cornejo y Acevedo eran socios
en la empresa Rush S.A. Los contratos firmados por Cornejo con GMA son de agosto 2006 y
por un monto de $1.500.000 pesos. Luego, suscribieron otro en mayo de 2007 por $9.282.0000
pesos.
Por estos motivos, en julio de 2008, el Primer Tribunal Electoral Metropolitano acogió el
reclamo formal de los concejales Francisca Zaldívar (Demócrata Cristiana), Jadille Baza
(Partido Por la Democracia) y Fernando Pacheco (Partido Socialista), por “Notable abandono de
deberes” y “Contravención de las normas sobre probidad administrativa”.
En agosto de 2008, la Fiscalía indagaría la triangulación de $32 millones de pesos, entregados
por GMA a Rush S.A, empresa del alcalde Cornejo. Este pago se habría realizado mediante
cuatro cheques de $8 millones cada uno, fechados entre 2005 y 2007.
En junio 2009, Contraloría confirmó las irregularidades y derivó el caso a la Fiscalía Centro
Norte, para que se abriese una investigación criminal. Por esta investigación, se formalizaría al
ex edil de Recoleta (Gonzalo Cornejo); el ex operador de la UDI (Iñaki Busto); uno de los
dueños de GMA (Jaime Jullian); la asesora personal de Cornejo (Jenny Acevedo) y la edil de
Huechuraba (Carolina Plaza), entre otros.
De momento no se tendrían más noticias de los avances del caso, pero el monto total ascendería
a cerca de $300 millones de pesos. El uso de estas empresas supuestamente estaría vinculado al
financiamiento de las campañas municipales de Plaza, Cornejo y también de Claudia Nogueira,
esposa de Cornejo y candidata a diputada.
Los cargos que han aparecido en los medios de comunicación, hablan de “Negociación
Incompatible” y “Fraude al Fisco” en Recoleta, además de investigarse la “Asociación Ilícita”
por la existencia de otros casos en otros municipios de la UDI.
Viña del Mar.
También desde marzo de 2008 se investigó la vinculación de GMA con la alcaldesa de Viña del
Mar, Virginia Reginato. En esta alcaldía, se requirieron los servicios de GMA junto a otras
empresas e instituciones (Esrri, Dell Computación y la Fuerza Aérea de Chile), para actualizar
la carta geográfica.
Virginia Reginato dictó un decreto para adjudicar la contratación de los servicios de GMA
(asignación directa), pero Contraloría Regional de Valparaíso objetó este decreto, ordenando un
sumario por los quince millones de pesos pagados a GMA.
A su vez, esta investigación de Contraloría también generó que se conocieran las irregularidades
en cuanto a sobre sueldos pagados a funcionarios de la Municipalidad, con Fondos del Casino
de la ciudad (ver ficha sobre caso de sobresueldos en Viña del Mar).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
2005, 2006, 2007
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2005, 2006, 2007
3. Negociación incompatible/Conflicto de Ilegal
2005, 2006, 2007
intereses
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Recoleta
2. Gobierno Local-Municipalidad de Huechuraba
3. Gobierno Local-Municipalidad de Viña del Mar
4. Empresa privada-Gestión Municipal Avanzada (GMA)
Denunciante (y cargo si
Contraloría General de la República, Jadille Baza (concejal,
aplica)
público medio), Isaac Givovich (Jefe de sección, público medio),
Fernando Pacheco (concejal, público medio), Francisca Zaldívar
(concejala, público medio).
Acusado/a (cargo y
Jenny Acevedo (jefa de sección, público medio), Iñaki Busto
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
(colaborador de campaña), Gonzalo Cornejo (alcalde, público
medio), Jaime Jullian (propietario de empresa, privado alto),
Carolina Plaza (alcaldesa, público medio), Virginia Reginato
(alcaldesa, público medio).
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicios personales/profesionales/técnicos.
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona- Comuna de Huechuraba
2. Habitantes de la zona- Comuna de Recoleta
3. Habitantes de la zona- Comuna de Viña del Mar
4. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
1. Municipalidad de Huechuraba Informe Final - Junio 2008. Informe de Contraloría
General de la República de Chile sobre el caso.
2. Municipalidad de Recoleta Informe Final - Junio 2008. Informe de Contraloría General
de la República de Chile sobre el caso.
Otras observaciones o comentarios
En mayo de 2008, Carolina Plaza renuncia al partido Unión Demócrata Independiente (UDI)
por el escaso apoyo brindado por este ante los hechos.
Al año 2008, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Indemnizaciones
País
Chile
Ficha Nº108
Año de aparición
2000
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En septiembre del 2000 el Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile denuncia a diversas
autoridades que altos ejecutivos de la empresa recibían millonarias indemnizaciones por su
desvinculación o cese de funciones. Posteriormente, su gerenta general –María Soledad Lascarsolicita la investigación de Contraloría.
Entre las medidas inmediatas que toma el gobierno de Lagos, destacan: dictación de un
instructivo presidencial para limitar las indemnizaciones al máximo establecido en la normativa
laboral; publicación de un informe con 59 altos funcionarios que recibieron indemnización por
encima de la establecida en el Código del Trabajo; y exigir la devolución de las
indemnizaciones o, si se niegan, la desvinculación de su cargo a quienes todavía seguían
prestando servicios al Estado. De estos últimos, diez acogieron la petición de devolución y otros
seis renunciaron a sus cargos. Con todo, el presidente Lagos manifiesta que aunque
reprochables desde la ética, son conductas legales.
Entretanto, se descubre que dichas prácticas se extienden a otras empresas públicas: ENAP,
Polla Chilena de Beneficencia, CODELCO y Ferrocarriles del Estado; y que estas prácticas se
vienen cometiendo desde el gobierno del anterior presidente.
Se forma una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Ésta termina su investigación
concluyendo que unos 875 ejecutivos obtuvieron indemnizaciones millonarias. Entre ellos
destacan:
a) Correos de Chile: i) Facundo René Labraña Larrondo, recibió en total $124.087.920 ii)
Fernando Rau, recibió $ 46.312.301; iii) Roberto Morales Puelma, recibió $
46.666.667; iv) Jorge Figueroa Groenmeyer, $ 19.317.168, v) Marcelo Zapata, $
10.000.000.
b) Empresa Nacional de Petróleo (ENAP): Alvaro Garcia Alamos, por $211.840.615, ii)
Marcelo Iván Rodríguez Concha, $89.507.029, iii) Jaime Jorge Jara Miranda,
$83.075.733, iv) Alex Avsolomovich Callejas, $290.796.419.
c) Polla Chilena de Beneficencia: Orlando Cantuarias, 90 millones de pesos
d) Empresa ferrocarriles del estado: i) Patricio Corvalán M., $ 41.000.000, ii) Hernán
Riquelme, $ 69.000.000.
e) Empresa Nacional de Minería (ENAMI): i) ex vicepresidente de la empresa, Patricio
Artiagoitía, $ 37.192.597 ( prefiriendo renunciar a su cargo antes que devolver el
dinero); ii) María Verónica Baraona Del Pedregal, $ 34.356.237, iii) Santiago
Cadenasso Saure, $ 220.649.817
Contraloría expone su informe frente a la Comisión. Señala que no puede imponer sanciones
administrativas a los ejecutivos, pues no son empleados públicos sino funcionarios sujetos a la
normativa laboral privada.
La Comisión resuelve asignar responsabilidad política a dos ex ministros: Sergio Jiménez, de
Minería, y Carlos Hohmann, de Transportes y Telecomunicaciones, porque no velaron por el
adecuado uso de los recursos públicos de sus respectivas reparticiones, al no fiscalizar el
cumplimiento de instructivos emanados del Ejecutivo, facilitando que se produjeran abultados
pagos en las empresas bajo su tuición (Codelco, ENAP, ENAMI, Correos y Ferrocarriles).
La Comisión solicita, además, la designación de un ministro en visita. Pero dicha petición es
rechazada por la Corte Suprema.
Entretanto, el Consejo de Defensa del Estado interpone 25 denuncias para perseguir
responsabilidades penales. Entre ellas: i) en Correos: contra los ejecutivos René Labraña y
Fernando Rau por fraude al fisco y estafa; ii) en ENAP: contra el ex gerente Álvaro García
Álamos, ex secretario general Marcelo Rodríguez Concha y ex fiscal Jaime Jara Miranda, todos
por negociaciones incompatibles. También interpone 18 denuncias para perseguir
responsabilidades civiles.
Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de ENAP, los diputados Lily Pérez y
Baldo Prokurica se hacen parte del procedimiento y se querellan contra Álvaro Álamos y Sergio
Jiménez por fraude al fisco, y contra Marcelo Rodríguez y Jaime Jara por negociaciones
incompatibles. La jueza que conoce de la causa, Carmen Garay, finalmente se niega a
procesarlos por falta de antecedentes.
Respecto del procedimiento seguido contra funcionarios de Correos, en el 2001 fallece
Fernando Rau, por lo que la causa penal abierta en su contra es cerrada.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
1. Abuso de funciones/de autoridad Legal
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
3. Negociación
incompatible/ Ilegal
conflicto de intereses
Actores implicados
1. Empresa pública – Correos de Chile
2. Empresa pública – Empresa Nacional de Petróleo ENAP
3. Empresa pública – Empresa Nacional de Minería ENAMI
4. Empresa pública – Ferrocarriles del Estado EFE
Año de la conducta
No se accede al dato
No se accede al dato
No se accede al dato
5. Empresa pública – Polla chilena de beneficencia
6. Empresa pública – Corporación Nacional del Cobre CODELCO
Denunciante (y cargo si
Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile, María Soledad
aplica)
Lascar (gerenta, público alto), Contraloría General de la República,
Consejo de Defensa del Estado, Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Patricio Artiagoitía (vicepresidente, público alto)
Alex Avsolomovich Callejas
María Verónica Baraona Del Pedregal
Santiago Cadenasso Saure
Orlando Cantuarias
Patricio Corvalán M.
Facundo René Labraña Larrondo
Roberto Morales Puelma
Jorge Figueroa Groenmeyer
Álvaro García Alamos (gerente)
Carlos Hohmann (ministro, público alto)
Jaime Jorge Jara Miranda (ex fiscal)
Sergio Jiménez (ministro, público alto)
Fernando Rau
Hernán Riquelme
Marcelo Iván Rodríguez Concha (secretario general)
Marcelo Zapata
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No se accede al dato
Sí, Cerrado
No
Primario-Minería
Secundario-Industria petrolera
Terciario-Servicios de comunicaciones
Terciario-Servicios de transportes
Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Otras fuentes de información
1. Millonarias indemnizaciones. El entierro de un escándalo publico. Diario El Mercurio.
Miércoles 31 de octubre 2001. Véase en
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={e2c2ec6d-7b2a-4caf-951852f46b45b3f5}
2. Caso Indemnizaciones: segunda parte y ¿final?. Diario El Mercurio. Cuerpo D
Reportajes. Domingo 25 de Marzo 2001. Véase en
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={78d5880e-9678-4375-8e27fe3f02d80997}
3. Entregan lista de algunos involucrados en caso indemnizaciones. El Mercurio
Electrónico. Jueves 28 de septiembre 2000. Véase en
http://www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=33902
Otras observaciones o comentarios
Al año 2000, 1US$ equivalía a aproximadamente $536 pesos chilenos
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso INJUV
País
Chile
Ficha Nº109
Año de aparición en prensa
1998
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 1998 se conocieron una serie de irregularidades administrativas y financieras que afectaron
al Instituto Nacional de la Juventud. Se acuso a la Dirección del organismo, en su mayoría
militantes del Partido Socialista.
La Contraloría inició sumario administrativo. En su investigación, detectó pérdidas por cerca de
$600 millones de pesos. Los ilícitos más comunes fueron: fallas administrativas, falsificación de
facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y consultorías
millonarias.
Finalmente, se destituye a Leonardo González, su director, junto al resto de la dirección del
organismo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Falsificación
de
Documentos/Uso Ilegal
1994, 1995, 1996, 1997
malicioso de documentos
2. Fraude/Estafa al Fisco
Ilegal
1994, 1995, 1996, 1997
3. Licitaciones públicas fraudulentas
Ilegal
1994, 1995, 1996, 1997
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas – Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
Denunciante (y cargo si
Contraloría General de la República
aplica)
Acusado/a (cargo y
Leonardo González (director, público medio), Jorge Torres
jerarquía)
(funcionario, público medio), Rafael Vera (director, público medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Al año 1997, 1US$ equivalía a aproximadamente $419 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Mirage
Ficha Nº110
País
Chile
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Riggs, Caso Ventas de
armas en Ecuador, Caso Ventas
de armas a Croacia, Caso
Tanques Leopard
Resumen caso
En diciembre de 2003 se inició la investigación sobre el supuesto pago de coimas en la adquisición
de 25 aviones Mirage Elkan. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), fue quien denunció la
situación por el delito de “Exacción ilegal”.
La conducta reprochable, se habría cometido en 1994, cuando Chile pagó supuestamente $US 109
millones a Bélgica por estos 25 aviones. No obstante, sólo $US 70 millones llegaron a ese país, pues
los $US 39 millones restantes quedaron en manos de Sabca, la empresa encargada de reacondicionar
los aparatos y que, según la investigación, habría repartido $US 15 millones para comisiones a altos
uniformados a través de otra empresa (Europavia) que habría actuado como intermediaria.
Hasta el momento se han acreditado los delitos de “Malversación de caudales públicos”, “Cohecho”,
“Negociación incompatible” y “Fraude al Fisco”. A julio de 2009, estaba procesado Ramón Vega
Hidalgo (ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y ex senador designado), quien habría
ocultado su relación con Bernard van Meer (ciudadano británico y yerno del militar), quien fue el
principal impulsor del negocio y que confesó recibir $US 2,7 millones de comisión. Otros
procesados en calidad de cómplices, son Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro (Generales
en retiro) y Luis Bolton Montalvo (Coronel). También se ha analizado la participación de civiles,
tales como Conrado Ariztía (empresario) y Henriette Bahna (viuda de Carlos Honzik, comerciante
de armas de origen checo).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1994
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
1994
3. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado
Ilegal
1994
4. Negociación incompatible/Conflicto de intereses
Ilegal
1994
Actores implicados
1. Fuerzas Armadas de Chile
2. Empresa privada – Safca
3. Empresa privada – Europavia
Denunciante (y cargo si aplica)
Consejo de Defensa del Estado
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Conrado Ariztía (empresario, privado alto), Henriette Bahna
(otro), Luis Bolton Montalvo (militar, público medio), Florencio
Dublé Pizarro (militar, público alto), Jaime Estay Viveros
(militar, público alto), Bernard van Meer (familiar), Ramón
Vega Hidalgo (militar, público alto)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Situación del caso
No
No
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Abierto
No
Secundario-Industria bélica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona-Chile
Mayor información
1. Libro “Pinochet: El gran comisionista” de Benedicto Castillo (2009). El periodista vincula
los casos Riggs (ver Ficha de Registro) y Mirage.
2. Noticia de La Nación Domingo que detalla el caso y los destinos de los dineros
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090117/pags/20090117224315.html
Otras observaciones o comentarios
Esta investigación ha ameritado exhortos a Bélgica, Inglaterra y otros países para llamar a declarar a
personas extranjeras y también ha ameritado viajes a Bélgica para solicitar documentos generados
por las investigaciones en torno a la misma causa en dicho país. Otros antecedentes que han
retardado la investigación, es la incineración que hizo la FACH de la documentación del periodo
1981 a 1996, la cual había sido solicitada por el Congreso para realizar mayores averiguaciones de
otros posibles casos similares. Esta incineración, supuestamente fue autorizada por la Contraloría
General de la República.
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso MOP GATE
Ficha Nº111
País
Chile
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Coimas
Resumen caso
En agosto de 2000, el frustrado autorrobo perpetrado por Sara Oliva, secretaria y persona de
confianza de Héctor Peña Véliz (dueño de GATE), destapó el vínculo comercial entre el Ministerio
de Obras Públicas (MOP) y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE S.A.).
Oliva declaró ante los tribunales, que su ex jefe Peña Veliz obtenía licitaciones del MOP para
financiar campañas políticas. Así Contraloría comenzó a investigar dos contratos por un total de
$1.440 millones de pesos que el MOP le adjudicó a GATE en 1999 y 2000, lo que correspondería a
sobresueldos para cerca de 79 funcionarios.
Por “Fraude al fisco” fueron procesados el Ministro Carlos Cruz, Sergio Cortés (ex jefe de
Finanzas de Vialidad del MOP, comisionado por el Partido Socialista para recolectar fondos al
interior de Obras Públicas para las elecciones municipales de diciembre 2000), y Roberto Salinas
(ingeniero de la Coordinación General de Concesiones), porque en representación de la Dirección
General de Obras Públicas firmó con consultoras contratos cuyos precios habrían sido abultados.
Entre los antecedentes revelados trascendió que existieron otras empresas vinculadas al MOP que
pagaban sobresueldos. Entre estas figuran Auditorías Ambientales Ltda. de Gustavo Alfaro y de
Héctor General; y Asyr Contadores, propiedad de los dos anteriores más Yerko General. Además
de Belfi, M.I.S. y C.C.P. Ingenierías.
A Sergio Cortés, Contraloría lo acusó de “Falta de Probidad administrativa”. En abril de 2003,
Carlos Cruz y otros 3 ex funcionarios de la cartera son encausados por “Fraude” y “Estafa al
Fisco”. En agosto de 2006. La ministra Chevesich absuelve al ex ministro Cruz en una de la arista
que indagaba “Exacción ilegal”. En julio de 2007, tras incautar correos electrónicos de la
Coordinadora General de Concesiones, se condenó al ex funcionario del MOP Julio Toro a 541
días de cárcel remitidos por “Exacción ilegal”. En agosto de 2008, se vuelve a procesar al ex
ministro Cruz por “Fraude al Fisco” por $30 millones de pesos.
A raíz del caso MOP, se dieron a conocer diversos casos de corrupción que ameritaron
investigación en cuanto a los vínculos con otras empresas o instituciones (ver ficha del caso
Coimas). En agosto de 2008 aún continuaban abiertas 4 aristas de las 27, muchas de las cuales ya
habían prescrito en diciembre de 2005.
Una pericia contable concluyó que el perjuicio fiscal defraudado alcanzó un total de
$1.253.352.295 de pesos, sólo en la causa principal.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1999, 2000
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
No se accede al dato
3. Exacción Ilegal
Ilegal
No se accede al dato
4. Falsificación de documentos/ Uso Ilegal
No se accede al dato
malicioso de documentos
5. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
No se accede al dato
Actores implicados
1. Ministerios-Ministerio de Obras Públicas, MOP
2. Empresa privada- Gestión Ambiental y Territorial, GATE S.A.
Denunciante (y cargo si
Sara Oliva (secretaria, público bajo)
aplica)
Acusado/a (cargo y
Eduardo Arriagada (jefe de sección, público medio), Sergio Cortés
jerarquía)
(jefe de sección, público medio), Carlos Cruz (Ministro, público
alto), Sergio Hinojosa (jefe de sección, público medio), Héctor
Peña Véliz (propietario de empresa, privado alto), Héctor Quiroz
(otro, público medio), Roberto Salinas (jefe de sección, público
medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario, Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Chile
2. Empresas competidoras de GATE
Mayor información
1. El expediente judicial del caso MOP GATE se abrió bajo el rol judicial Nº 56.288 y está
caratulado como “Negociación incompatible”.
Otras observaciones o comentarios
Otras personas que habrían recibido sobresueldos son: Guillermo Díaz, ex seremi y ex
subsecretario de Transportes. ($15.555.000). Ricardo Trincado, ex seremi y ex intendente de la
Sexta Región. ($4.660.000). Patricio Zapata, ex seremi y ex intendente de la Primera Región.
($2.880.000). Sergio Cortés, ex inspector fiscal de Gate y ex jefe de Finanzas de Vialidad.
($8.374.184). Dolores Rufián, directora de Planeamiento del MOP. ($14.740.000). Patricio
Tombolini, ex subsecretario de Transportes. ($2.750.000). Eduardo Bartholin, director de Obras
Hidráulicas. ($10.900.000). Humberto Peña, director de Aguas. ($10.800.000). René Ruiz, ex
director de Administración y Finanzas del MOP. ($9.900.000). Juan Rusque, director de Obras
Portuarias. ($9.000.000). Pablo Anguita, ex director de Vialidad. ($22.409.100). Yasmín Balboa,
seremi Novena Región. ($2.880.000). Gonzalo Berríos, abogado, ex asesor de Carlos Cruz.
($1.386.000). Walter Brunning, subdirector de Planeamiento. ($10.935.000). Ivannia Goles,
directora de Arquitectura. ($8.100.000). Sergio Alburquenque, asesor de la Dirección General de
OO.PP. ($5.670.000). Juan Lobos, ex director general de OO.PP. ($900.000). Ximena Tudela, ex
secretaria de Carlos Cruz. ($2.552.440). Eduardo Abedrapo, ex miembro unidad de Concesiones.
($4.583.333). David Guzmán, director de Aeropuertos. ($9.000.000). Gonzalo Castillo, jefe de
gabinete de Juan Carlos Latorre. ($9.000.000). Daniela Devoto, asesora del MOP. ($1.350.000).
Mario Tala, jefe de gabinete de Dolores Rufián. ($8.910.000). Osvaldo Aguayo, ($1.300.000).
Carlos Alert ($2.880.000). Alia González, ($270.000 y $1.350.000). Roberto Alonso, ($5.691.413).
Alvaro Parra ($1.351.238). Gladys Antezana ($756.000). Patricia Araneda ($1.211.796). Juan
Arrese ($7.200.000). Carlos Brito ($4.050.000). Juan Bustos ($1.110.000). Manuel Castañeda
($2.880.000). Carolina Cisternas ($150.000). Pilar Concha ($600.000). Patricio Contador
($121.500). Paula Cruz ($2.909.984). Claudia De la Rivera ($860.000). Miguel Espinoza
($1.175.000). Patricio Estay ($2.495.026). Patricia Fuentes ($1.005.483). Carlos Gárate
($5.600.000). Pamela Gómez ($14.000.000). Hernán González ($480.000). Raúl Gutiérrez
($2.880.000). Carlos Inostroza ($1.800.000). Enrique Jiménez ($4.660.000). Claudio Lara
($1.100.250). Pedro Martínez ($2.880.000). Lissette Maureira ($1.413.000). Ginnette Menares
($152.000). Myriam Montecinos ($45.000). Vladimir Morales ($2.880.000). Cecilia Moreno
($756.000). Jeannette Moya ($195.300). Juan Muñoz ($2.880.000). Rodrigo Muñoz ($2.407.970).
Javier Narbona ($4.860.000). Mónica Pardo ($4.860.000). Vicente Pardo ($7.800.000). Alvaro
Parra ($1.451.428). Manuel Peña ($2.880.000). Ximena Pérez ($2.566.667). Carolina Quintana
($2.335.000). Mario Quiñones ($1.350.000). Carlos Salazar ($4.860.000). Miguel Silva
($2.160.000). Paula Soto ($2.265.000). Osvaldo Torres ($1.600.000). Daniel Vásquez
($6.157.887).
Al año 2000, 1US$ equivalía a aproximadamente $536 pesos chilenos
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad de Algarrobo
Ficha Nº112
País
Chile
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En abril de 2008, a partir de un informe de Contraloría (resolución Nº 1421 del 2008), se dio a
conocer que la Municipalidad de Algarrobo tenía serias dificultades en su rendición de cuentas,
sistemas de licitaciones de compras públicas, entre otras.
En julio de 2008 se inicia un proceso, ya que tres concejales del municipio -Hipólito Aravena
(Democracia Cristiana), José Luis Yáñez (independiente) y Jaime Jamett (Unión Demócrata
Independiente)- deciden denunciar las irregularidades ante el Tribunal Electoral de la V Región.
Lo que solicitaban era la destitución del alcalde Guillermo Urquízar Tapia (independiente pro
Renovación Nacional), por “Notable abandono de deberes y contravención graves a las normas de
probidad”, cargos que se justificaban por mantener hasta el 01 de abril a su esposa (María
Victoria Araya) como directora de la Oficina de la Familia, pese a la prohibición de contratar
parientes.
También lo acusaron de desórdenes administrativos (que Contraloría ya había detectado), abusos
en el manejo de dineros del Fondo Común Municipal, infracciones a la ley de compras públicas, y
la no existencia de conciliaciones bancarias.
Por estos motivos, en mayo 2009, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) confirma
unánimemente la destitución de Urquízar, quien cumplía su segundo período al mando del
municipio.
Junto con la destitución del alcalde Urquízar en mayo de 2009, también se notifica de su
destitución al director de Obras del municipio, el arquitecto Alejandro Navarrete, por “Falta a la
probidad administrativa”. Esta decisión fue notificada por la Contraloría General de la República,
con base en la autorización que Navarrete habría dado para la construcción de un edificio de ocho
pisos en un sector donde el plano regulador permite una altura máxima de cuatro pisos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
No se accede al caso
Actores implicados
7. Gobierno Local-Municipalidad de Algarrobo
Denunciante (y cargo si
Hipólito Aravena (concejal, público medio), Jaime Jamett
aplica)
(concejal, público medio), José Luis Yáñez (concejal, público
medio)
Acusado/a (cargo y
Guillermo Urquízar (alcalde, público medio)
jerarquía)
Alejandro Navarrete (público, medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
2. Habitantes de la zona-Comuna de Algarrobo
3. Representados(as) por la autoridad
4. Electores(as)
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad de Camarones
Ficha Nº113
País
Chile
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En octubre de 2005, el concejal Manuel Alvarado (RN) denunció a Sonia Salgado (alcaldesa
DC) por cohecho o fraude electoral, pues en Camarones votaron más personas de las que viven
en dicha localidad.
Se inició una investigación para formalizar a la alcaldesa, pero no fue posible por encontrarse
prófuga junto a su marido Ciro Albornoz (consejero regional DC), procesado también por el
mismo delito. Salgado y Albornoz aparecieron días antes de que prescribiera el caso, en
diciembre de 2005. Albornoz justificaba que habían desparecido por la enfermedad que tenía
Salgado: un trastorno bipolar de personalidad. En ese momento son formalizados junto a otras 6
personas, entre ellas su hermana Olga Salgado; Orlando Gómez; Emilio Jiménez (PPD, Jefe de
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) y Gastón Montero.
Si bien el caso fue sobreseído en primera instancia por haber prescrito, el Ministerio Público y
Hernán Mery (UDI) apelaron a mediados de diciembre de 2005 por lo que la investigación
continuó. Después de un año y medio de investigaciones (marzo de 2007), se absolvió de los dos
cargos a la alcaldesa, a su marido y a su hermana.
Además, en octubre de 2006, se inició una investigación en contra de Salgado por supuesto
“Nombramiento Ilegal de un funcionario”, pues había contratado a un pariente de su ex jefe de
campaña en abril de 2005. Esta acusación fue impuesta por Manuel Alvarado ante el Ministerio
Público, el mismo concejal que interpuso la primera querella. Finalmente la Fiscalía determinó
que Salgado había cometido dicho delito y que debía cesar sus funciones de alcaldesa además de
pagar una multa monetaria.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude electoral
Ilegal
2004
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2005
3. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2005
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipal de Camarones, XV Región
Hernán Mery (ex alcalde, público medio), Manuel Alvarado
Denunciante
(concejal, público medio)
Acusado/a
(cargo
y Ciro Albornoz (concejal, público medio),
jerarquía)
Orlando Gómez (no se accede al dato),
Emilio Jiménez (jefe se sección, público medio),
Gastón Montero (no se accede al dato),
Olga Salgado (familiar),
Sonia Salgado (alcaldesa, público medio).
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de Camarones
2. Candidatos competidores- elecciones municipales
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad de Coquimbo
País
Chile
Ficha Nº114
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En octubre de 2005, la senadora Evelyn Matthei (UDI) presentó dos querellas contra el alcalde
Pedro Velásquez (DC). La primera querella fue por presunto “fraude al fisco”, relacionado con
la venta de terrenos municipales a precios inferiores al avalúo comercial. La segunda querella
fue por “negociación incompatible” por haber asesorado a privados, cuando su cargo se lo
impedía. En octubre de 2006 se suspendió al alcalde, eligiéndose como sucesor a uno de los
concejales. En enero de 2007 se emitió la sentencia: Velásquez fue condenado a 300 días de
presidio condicional, debía pagar como multa el 10% del monto de los dineros en cuestión,
además de quedar inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos y de representación
popular. Esta sentencia fue dada a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
No se accede al dato
2. Negociación incompatible/Conflicto de intereses
Ilegal
No se accede al dato
Actores implicados
1. Gobierno Local - Municipalidad de Coquimbo
Evelyn Matthei (senadora, pública alta)
Denunciante
Acusado/a (cargo
y Pedro Velásquez (Alcalde, público medio)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona- Municipalidad de Coquimbo
2. Representados(as) por la autoridad
3. Electores(as)
4. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
1.
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad de Iquique
Ficha Nº115
País
Chile
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En septiembre del 2000, a través de un informe de Contraloría Regional (que cubría el periodo
de agosto a diciembre de 1999), se conocieron diversas irregularidades en la Municipalidad de
Iquique, cuyo alcalde era Jorge Soria Quiroga (Partido Regional Fuerza País). En junio de 2003,
Contraloría formalizó su demanda por “fraude” al acreditarse que $123.667.844 fueron
utilizados indebidamente: $100 millones aproximadamente para el pago de horas extras y $23
millones por la cancelación de jornadas de trabajo no realizadas. Estos dineros fueron a parar a
una empresa de aseo cuyo dueño era Ernesto Wittmann. La posterior investigación judicial
indagó los nexos entre el alcalde y Ernesto Wittmann, la existencia de planillas de trabajadores
falsas, cobros de horas extraordinarias adulteradas y nóminas de empleados inexistentes,
irregularidades cometidas con el fin de cobrar remuneraciones y acceder a los beneficios de
Decreto con Fuerza de Ley Nº 889, que bonifica la mano de obra en la zona, flujos de dinero
que aumentaban durante los períodos de campaña electoral.
En junio de 2009, tras cinco años de investigación, se conoció la condena de Jorge Soria por los
delitos de “fraude al fisco”, “negociación incompatible” y “cohecho”. La condena fue de 1.082
días de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período de castigo e
inhabilitación perpetua para ejercer cargos de elección popular. Además se le impuso el
decomiso de un terreno y una multa de $65 millones de pesos.
También fueron condenados el ex administrador municipal Ernesto Lo, a 541 días por “fraude al
fisco” y los contratistas municipales Ernesto y Edwin Wittmann, a 541 días cada uno por
“estafa”.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
No se accede al dato
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
1999, 2000, 2001
3. Negociación
incompatible/Conflicto
de Ilegal
No se accede al dato
intereses
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Iquique
2. Empresa Privada de Aseo
Contraloría Regional de Tarapacá
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Jorge Soria (alcalde, público alto),
jerarquía)
Ernesto Lo (funcionario, público bajo)
Ernesto Wittmann (propietario de empresa, privado alto)
Edwin Wittmann (propietario de empresa, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
Sector Económico
Terciario-Servicios Básicos
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Municipalidad Iquique
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. La denuncia de la Contraloría Regional de Tarapacá , dio inicio a la causa rol No.
782958, radicada en el Segundo Juzgado de Letras de Iquique,
Otras observaciones o comentarios
El artículo 239 del Código Procesal Penal chileno, contempla dos formas de comisión de delitos
para los empleados públicos: una defraudación abierta y otra pasiva. Esta última corresponde a
la que incurrieron Jorge Soria y Enrique Lo, pues permitieron que se ocasionaran pérdidas al
patrimonio del Fisco.
Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos.
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad de María Elena
País
Chile
Ficha Nº116
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En noviembre de 2004 dos carabineros denuncian ante la Fiscalía Local que había personas que
teniendo sus permisos de circulación retenidos en otras municipalidades, contaban con permisos
de conducir provisorios. La investigación determinó que el alcalde Lambert -en su calidad de
titular del Juzgado de Policía Local- había entregado al menos 20 de estos permisos de conducir
provisorios a familiares, amigos y conocidos. Esta irregularidad se habría cometido entre 2001 y
2004
El caso apareció en la opinión pública al momento de iniciarse el juicio oral en el año 2006.
Los cargos formulados fueron “Otorgamiento irregular de permisos provisionales de conducir”,
encontrándosele culpable en agosto de 2006 con una condena a pena remitida de tres años y un
día.
En el proceso actuaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio
Público.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de María Elena
2. Poder Judicial-Juzgado de Policía local (cuyo titular era Lambert)
Carabineros (Policía), Consejo de Defensa del Estado, Ministerio
Denunciante
Público
Acusado/a (cargo y
Santiago Lambert (alcalde y titular del Juzgado de policía local,
jerarquía)
público medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Cerrado
No
No aplica
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Comuna de María Elena
2. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Este delito figura en la Ley del Tránsito chilena, Nº 18.290.
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708
Disponible
en
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad Pitrufquén
País
Chile
Ficha Nº117
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En febrero de 2003 el Concejo Municipal de Pitrufquén denuncia ante la Contraloría Regional
que el alcalde de la localidad habría incurrido en irregularidades administrativas al gastar $78
millones de pesos en viáticos y horas extraordinarias entre los años 2001 y 2002.
Esto ocasiona que en septiembre de 2004, el Tribunal Electoral Regional (TER) lo destituyera
por “Faltas a la probidad” y “Notable abandono de deberes”. Fue acusado de “Manejo irregular”
de $100 millones de pesos de un comité habitacional, además del pago ilegal de viáticos a
funcionarios de su confianza y de estudios no realizados.
En octubre de 2004, se confirmó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años,
según el Tribunal Calificador de Elecciones.
Sin embargo, Lizama había repostulado al cargo de alcalde, y fue electo, pero en noviembre de
2004 el Tribunal Electoral Regional de la región de La Araucanía resolvió que el Concejo
Municipal debía oficializar un nuevo nombramiento para el cargo de alcalde.
Al no poder asumir como alcalde reelecto por su sanción, Lizama decide viajar a Santiago para
solicitar el indulto del presidente de esa época, Ricardo Lagos (el cual no le fue concedido). En
esa época, Lizama también se autoproclama alcalde en algunas ceremonias públicas, lo que
causa conmoción pública.
Cabe destacar que por el actuar del partido que albergaba a Lizama (Unión Demócrata
Independiente), una concejala y el diputado de la zona, deciden renunciar a dicho partido.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002
2. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado Ilegal
2001, 2002
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Pitrufquén
Concejo Municipal
Denunciante
Pedro Lizama (alcalde, público medio)
Acusado/a
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
No
No
No Aplica
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Comuna de Pitrufquén
2. Beneficiarios(as) de la política pública- del comité habitacional
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Al año 2001, 1US$ equivalía a aproximadamente $634 pesos chilenos
Al año 2002, 1US$ equivalía a aproximadamente $688 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Municipalidad
Normal
de
Quinta
País
Chile
Ficha Nº118
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
A raíz de un sumario administrativo que acreditaba la extensión de permisos de circulación sin
que los interesados entregaran todos los antecedentes necesarios, pagos con cheques a fecha y
cobros por un valor inferior por los permisos, en una resolución de noviembre de 2007,
Contraloría resolvió destituir al Director de Tránsito (Juan Cuevas Alarcón); al jefe del
Departamento de Permisos de Circulación (Carlos Mora Saldías), y a una empleada del mismo
departamento (Claudia Jerez Vargas). Asimismo, el organismo contralor pidió la suspensión
durante tres meses, con el goce de sólo el 50% de su sueldo, de la cajera de la Tesorería
Municipal (María Rosales Ahumada); y la suspensión durante 60 días, también con el 50% de
su sueldo, de la Tesorera Municipal (Mireya Toro Rojas). Finalmente, la Contraloría dispuso
multas en contra de la directora de Administración y Finanzas (Nora González Hernández), y de
las funcionarias del Departamento de Permisos de Circulación (Rosa Vallejos Urrutia, Victoria
Leiva Rodríguez y Mónica Ríos Araneda).
En julio de 2008, se da a conocer que el alcalde de Quinta Normal, Manuel Fernández
(Democracia Cristiana), no aplicó estas medidas de Contraloría. No obstante, según el Asesor
Jurídico de la municipalidad, el único facultado para sancionar en un sumario administrativo es
el alcalde, por lo que no existían irregularidades si el alcalde decidió no aplicar las sanciones
dispuestas por Contraloría.
En cuanto a las irregularidades en los permisos de circulación, generaron un perjuicio de $20
millones a la Municipalidad de Quinta Normal y la pérdida de 958 sellos verdes.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
Actores implicados
Año de la conducta
2003, 2004
1. Gobierno Local-Dirección Municipal de Tránsito
2. Gobierno Local-Municipalidad de Quinta Normal
Denunciante (y cargo si
Contraloría General de la República
aplica)
Acusado/a (cargo y
Juan Cuevas Alarcón (jefe de sección, público medio), Manuel
Fernández (alcalde, público medio), Nora González Hernández
jerarquía)
(director/a, público medio), Claudia Jerez Vargas (funcionaria
público bajo), Victoria Leiva Rodríguez (funcionaria, público
bajo), Carlos Mora Saldías (jefe de sección, público medio),
Mónica Ríos Araneda (funcionaria, público bajo), María Rosales
Ahumada (otro, público bajo), Mireya Toro Rojas (Tesorero/a,
público medio), Rosa Vallejos Urrutia (funcionaria, público bajo)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
No
No
No aplica
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del servicio-permisos de circulación en Municipalidad de Quinta Normal
2. Habitantes de la zona-Comuna de Quinta Normal
Mayor información
1. Municipalidad Quinta Normal Informe Final sobre auditoría de ingresos - Febrero 2009
Informe de Contraloría General de la República de Chile sobre el caso
Otras observaciones o comentarios
Al año 2003, 1US$ equivalía a aproximadamente $691 pesos chilenos
Al año 2004, 1US$ equivalía a aproximadamente $609 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso municipalidad de San Fernando
Ficha Nº119
País
Chile
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En julio de 2001 cuatro concejales de la Municipalidad de San Fernando denunciaron
irregularidades ante el Tribunal Electoral (TRICEL): acusaron al alcalde José Figueroa (PC) de
“notable abandono de deberes” y de “falta a la probidad administrativa”.
Estos hechos se dieron a conocer públicamente en mayo de 2002. Entre las irregularidades
figuraban una sobredotación de personal y altos sueldos pagados a 150 funcionarios de la
Corporación de Educación de la Comuna, los que supuestamente correspondían a favores
políticos. No obstante, finalmente se concluyó que no había pruebas contra José Figueroa,
siendo absuelto en julio de 2003 por el TRICEL.
Paralelamente, el alcalde Figueroa enfrentó otras querellas criminales. Una, interpuesta por los
mismos concejales por “malversación de caudales públicos”, y otra interpuesta por el Colegio
de profesores por “apropiación indebida de recursos”, ya que estos pensaban que el alcalde era
el responsable por sus sueldos impagos. De estos cargos se le sobreseyó por no acreditarse el
presunto delito.
Posteriormente, la administración sucesora encabezada por Juan Paulo Molina (alcalde),
investigó de forma privada el déficit financiero de la municipalidad y ante estas averiguaciones,
decidió interponer una querella criminal por el “delito de apropiación indebida” contra el ex
alcalde José Figueroa y contra Ricardo Ulloa López, ex Secretario General de la Corporación
Municipal de San Fernando. Los resultados de esta querella a agosto de 2009, aún se
desconocen.
Conducta/s Reprochable/s
1. Apropiación indebida
2. Fraude:
Malversación
caudales públicos/Peculado
Estatus
de
Año de la conducta
2001
2001
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
1. Gobierno Local-Corporación Municipal de Educación y Salud
Concejales, Colegio de Profesores, Juan Paulo Molina (alcalde
Denunciante
sucesor)
Acusado/a (cargo
y José Figueroa (alcalde, público medio)
jerarquía)
Ricardo Ulloa (Jefe de sección, público medio).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
No Aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de zona-Comuna de San Fernando.
2. Trabajadores(as)-Profesores de colegios municipalizados.
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Programa de generación de
País
Chile
Ficha Nº120
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En diciembre de 2005, el alcalde de la comuna de Quillota, Luis Mella (Democracia Cristiana),
denuncia al Ministerio Público que se estaban desviando fondos públicos para la campaña del
candidato a diputado Marco Enríquez-Ominami (del Partido Socialista en ese entonces). Dichos
fondos estaban destinados a financiar los “Planes de Generación de Empleo” (programa público
destinado a disminuir la cesantía) pero se desviaban para pagar a los brigadistas de campaña.
Iniciada la investigación, el fiscal a cargo se encuentra con que dicha práctica se había
extendido fuera de la circunscripción electoral del candidato investigado inicialmente, como
Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y San Antonio.
Paralelamente, la Contraloría Regional de Valparaíso inicia su procedimiento administrativo en
contra del Intendente de la Región Luis Guastavino. Se le sanciona con la censura por su
responsabilidad administrativa en la supervisión de los funcionarios de los gobiernos locales.
Si bien no se encuentran antecedentes suficientes para sustentar la acusación contra los
candidatos a diputado Marco Enríquez-Ominami, ni contra el senador Carlos Ominami (en ese
entonces del Partido Socialista), sí se encuentran para formular acusación en contra de otros
funcionarios públicos. Así, se da inicio a tres procedimientos penales:
a) Concejal Marisol Paniagua (Partido Por la Democracia PPD) –hija de la diputada Laura
Soto (PPD)- y su pareja Uziel Valle, jefe de finanzas de la Intendencia Regional de
Valparaíso, por utilizar los fondos para financiar la campaña de la concejala en el 2004.
Fueron formalizados por “Estafa”
b) Diputada Laura Soto y sus asesores –y entre ellos, también su hija Paniagua y yerno-,
por utilizar fondos para la campaña de la diputada en el 2005. Se les formaliza por los
delitos de “Fraude al Fisco” y “Estafa” por $9.000.468 pesos
c) Diputado Rodrigo González y sus asesores, formalizados también por el delito de
“Fraude al Fisco” y “Estafa” por $15.768.000 pesos, durante su campaña el 2005.
En el procedimiento penal en contra de Laura Soto y sus asesores se dictó sentencia absolutoria
para la diputada y para el jefe de su campaña electoral, Cristián Gatica. Respecto del resto,
fueron declarados culpables: a) por el delito de “Fraude al Fisco”: el secretario regional
ministerial (seremi) del Trabajo, José Manuel Mancilla; b) por “Estafa reiterada”: la concejal
Marisol Paniagua y su cónyuge Uziel Valle; Luis Gatica, jefe de gabinete de la diputada; y los
contratistas Luis Vargas y su hijo Sergio Vargas.
En el procedimiento penal seguido en contra de Rodrigo González (PPD) y sus asesores el
diputado no fue acusado por no reunirse suficientes pruebas por el Ministerio Público. Respecto
de sus asesores, se les formulo acusación y el procedimiento sigue en curso.
empleos
Conducta/s Reprochable/s
1. Fraude: Estafa al Fisco
Estatus
Año de la conducta
2004, 2005, 2006
Ilegal
Actores implicados
1. Poder Legislativo- Congreso Nacional – Cámara de Diputados
2. Gobierno Local – Municipalidad de Valparaíso – Consejo Comunal
3. Gobierno Regional – Intendencia de Valparaíso
4. Gobierno Regional – Gobernación de Valparaíso
5. Ministerios – Ministerio del Trabajo – Secretaria Regional Ministerial del Trabajo
Denunciante (y cargo si
Luis Mella (alcalde, público medio)
aplica)
Contraloría Regional de la República
Ministerio Público
Consejo de Defensa del Estado
Sergio Romero (Renovación Nacional) (senador, público alto)
Jaime Arancibia (senador, público alto)
Acusado/a (cargo y
Fernando Avendaño (funcionario, público medio)
jerarquía)
Max Bastidas (concejal, público medio)
Luigi Fernández (colaborador de campaña)
Cristián Garrido (colaborador de campaña)
Cristian Gatica (colaborador de campaña) Luis
Gatica (jefe de sección, público medio) Luis
Guastavino (funcionario, público alto)
Rodrigo González (diputado, público alto)
Víctor Hueniful (funcionario, público medio)
Ricardo León (concejal, público medio)
Edgardo Lepe (funcionario, público medio)
Giuseppe Malatesta (colaborador de campaña)
José Mancilla (funcionario, público medio)
Hugo Meza (contratista, privado alto)
Marisol Paniagua (concejal, público medio)
Jaime Quiroz (funcionario, público medio)
Laura Soto (diputada, público alto)
Uziel Valle (jefe de sección, público medio)
Luis Vargas Leiva (contratista)
Sergio Vargas Pérez (contratista)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
1. Electores(as) de la zona-Región de Valparaíso
2. Beneficiarios(as) de la política pública-Programas de Empleo
3. Candidatos(as) competidores(as)
Mayor información
1. Reportaje: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={416db632-66e4-4c3c-a60df39256d3ae20}
Otras observaciones o comentarios
Al año 2005, 1US$ equivalía a aproximadamente $559 pesos chilenos
El cargo contratista para efecto de la base de datos, se clasifica como Propietario(a) de empresa
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso PUBLICAM
País
Chile
Ficha Nº121
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso
Chiledeportes
Resumen caso
El caso PUBLICAM salió a la luz pública luego que Contraloría emitiera un informe en el que
daba cuenta de una serie de irregularidades cometidas al interior de Chiledeportes (ver Ficha de
Registro).
El ilícito consistió en crear empresas ficticias que comercializaban sus facturas. La principal de
estas empresas era PUBLICAM, cuyo principal dueño y gestor era Manuel Arancibia. Publicam
operaba vendiendo facturas falsas destinadas principalmente a empresas que pretendían evadir
impuestos con documentación falsa, aunque sus papeles aparecieron vinculados casos de
corrupción descubiertos en 2006 (ver casos vinculados). Algunas de las facturas fueron
descubiertas en la adjudicación de proyectos presentados a Chiledeportes, los que finalmente no
se ejecutaban, mientras que otras fueron a parar a la rendición de gastos de algunos políticos
ante el Servicio Electoral en las parlamentarias de diciembre de 2005.
Al violarse el Código Tributario se presentaron cargos contra la contadora Gloria Pavez Chávez,
la secretaria María Chávez Chávez, y Margarita Arancibia, hermana de Manuel Arancibia. El
Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó, a su vez, cargos contra uno de sus funcionarios Luis Jofré- quien facilitó la creación de más de 40 sociedades y el timbraje de 1.082 facturas de
la firma PUBLICAM S.A.
Junto a Manuel Arancibia como encargado de PUBLICAM, figuraban Juan Meyerholz y
Claudio Zalaquett Breschi. Este último fue condenado a cuatro años de pena remitida y una
multa de 10 unidades tributarias anuales (la multa asciende a un total de US$8.053 aprox.),
mientras que Meyerholz fue condenado a tres años de reclusión nocturna y a una multa de 10
unidades tributarias mensuales (la multa asciende a un total de US$623 aprox.)
De otros implicados por comercialización de facturas falsas, no se conocieron sus sanciones
(condenas). Este hecho provocó un perjuicio fiscal de $303.634.738 de pesos (US$ 552.064
aprox.), por concepto de evasión de impuestos (al emitirse facturas falsas se genera un crédito
que redunda en evasión del Impuesto al Valor Agregado)
Conducta/s Reprochable/s
1. Asociación ilícita
2. Delitos tributarios
3. Falsificación de documentos
4. Fraude: Estafa al fisco
Estatus
Año de la conducta
No se accede al dato
No se accede al dato
No se accede al dato
No se accede al dato
Ilegal
Ilegal
Ilegal
Ilegal
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Servicio de Impuestos Internos
2. Empresa Privada-PUBLICAM
Caso conocido a raíz de las investigaciones en el caso
Denunciante
Chiledeportes
Acusado/a (cargo
y Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto),
jerarquía)
Margarita Arancibia (familiar),
María Chávez Chávez (trabajadora, privada baja),
Luis Jofré (funcionario, público bajo),
Juan Meyerholz (propietario de empresa, privado alto),
Gloria Pavez Chávez (trabajadora, privada baja),
Claudio Zalaquett (propietario de empresa, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
Terciario
Sector Económico
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso PUBLICAM- SERVEL
País
Chile
Ficha Nº122
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso PUBLICAM, Caso
Chiledeportes
Resumen caso
En octubre de 2006, el senador Guido Girardi (PPD) incluye dos facturas falsas emitidas por la
empresa PUBLICAM S.A en la rendición de sus gastos de la campaña ante el Servicio Electoral
(SERVEL). Girardi reconoció públicamente que se utilizaron dichas facturas para justificar
gastos de campaña pero señaló que esto se hizo sin su consentimiento. Esto llevó a que
finalmente fuese absuelto (en septiembre de 2007), recayendo la responsabilidad penal sobre su
administrador electoral, Ricardo Farías, quien fue formalizado por el delito de “estafas
reiteradas”, ya que a juicio del Ministerio Público se abultaron gastos con el fin de no devolver
los excedentes de la campaña al Servicio Electoral.
A Ricardo Farías se le condenó a 541 días de presidio remitido y al pago de una multa de 21
UTM (US$ 1.283 aprox.) por el delito de “estafa al fisco”.
Paralelamente, se investigó al dueño de PUBLICAM S.A, Manuel Arancibia, por el delito de
“estafa” en calidad de cómplice, por vender facturas falsas al comando del senador Guido
Girardi. Posteriormente a Arancibia se le enjuició por una serie de “delitos tributarios” que se
conocieron como el Caso PUBLICAM (ver caso vinculado), que salió a la luz pública luego que
Contraloría emitiera un informe en el que daba cuenta de una serie de irregularidades cometidas
al interior de la institución pública Chiledeportes (ver caso vinculado). También se investigó la
presentación de facturas PUBLICAM S.A. para justificar gastos de las campaña de Lily Pérez y
Sebastián Piñera (ambos de RN), quienes aspiraron sin éxito al Senado y la Presidencia.
De acuerdo a lo señalado por la prensa, el fiscal del caso habría estimado que el perjuicio fiscal
de este caso alcanzó aproximadamente $55.890.981 pesos (US$106.055 aprox.)
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Delito tributario
Ilegal
2006
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Empresa Privada-PUBLICAM
2. Otras instituciones públicas-Servicio Electoral
Partido de oposición (Renovación Nacional)
Denunciante
Acusado/a
(cargo
y Guido Girardi (senador, público alto)
jerarquía)
Ricardo Farías (colaborador de campaña)
Manuel Arancibia (propietario de empresa, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
No se accede al dato
No
No
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios de publicidad
Actores Afectados
1. Candidatos(as) competidores de senador Girardi, Lily Pérez y Sebastián Piñera
2. Electores(as) de Chile
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Red de Corrupción
Ficha Nº123
País
Chile
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Los primeros indicios sobre una supuesta red de corrupción entre la Policía de Investigaciones de
Chile (PDI), el sistema judicial y carabineros, aparecieron en abril de 2007, cuando un
narcotraficante pidió el beneficio de baja de condena presentando documentos falsos.
A raíz de estos hechos, comenzaron las investigaciones que conllevaron a que en octubre de 2008,
se detuviera a 10 detectives (cuyos rangos fluctuaban entre inspectores y comisarios), además de
gendarmes, un juez y carabineros.
El ilícito consistía en adulterar antecedentes penales de delincuentes (órdenes de arraigo y de
detención) y también en entregar información en cuanto a los operativos y allanamientos
programados. Esta situación se venía produciendo desde el 2003, dándose de baja a los
funcionarios implicados y presentándose querellas por abuso de confianza en el uso de las claves
de acceso al sistema informático interno.
Con el paso de la investigación, se descubrió que la red también estaba relacionada con los ilícitos
cometidos por Francisco Lapolla (ex jefe de la Brigada Investigadora del Crimen de la PDI de
Macul, subprefecto), quien fue detenido por filtrar información policial a una banda de
narcotraficantes denominada “Los Valladares”, en alusión al nombre de su líder: Luz Valladares
Araya.
La principal imputada en el caso es Margarita Cuadros, ex trabajadora de PDI y del poder judicial,
quien actuaba como el nexo entre los funcionarios de la policía civil y los funcionarios judiciales.
Conducta/s Reprochable/s
1. Asociación ilícita
Estatus
Ilegal
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
Año de la conducta
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
3. Delitos informáticos
Ilegal
4. Falsificación
de
documentos/Uso
malicioso de documentos
5. Obstrucción de la Justicia/investigación
Ilegal
Ilegal
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
Actores implicados
1. Policía de Investigaciones (PDI)
2. Poder Judicial
3. Carabineros de Chile
4. Gendarmería de Chile (GENCHI)
Denunciante (y cargo si
Ministerio Público
aplica)
Acusado/a (cargo y
Margarita Cuadros (funcionaria, público medio), Manuel Donoso
(policía, público medio), Uberlinda Elizondo (funcionaria,
jerarquía)
público bajo), Diego Inostroza Flores (policía, público bajo),
Ricardo Morales Calquín (policía, público bajo), Marcelo
Palavecino Flores (policía, público bajo), Óscar Ruiz Silva
(policía, público bajo)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del servicio-Internos(as) que no obtuvieron beneficios por conductos
regulares
2. Ciudadanía
Mayor información
Libros, Reportajes de todo el caso, Noticias ilustrativas, Fallos judiciales, etc.
1. Noticia
que
relata
cada
arista
detalladamente.
Ver
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={84c65cb2-239c-46b0-b2b2017600b769aa}
2. Noticia
que
detalla
los
nombres
y
cargos
de
los
involucrados
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081017/pags/20081017210241.ht
ml
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Registro Civil-TATA
País
Chile
Ficha Nº124
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso (no más de doscientas palabras)
El año 2007, el Servicio de Registro Civil e Identificación inició un proceso de licitación para el
Proyecto de Integración de Plataforma Tecnológica, Comunicaciones e Informática (manejo de
actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, vehículos motorizados, etc.).
TATA Consultancy Services BPO Chile S.A, se adjudicó la propuesta por más de US$ 80
millones. La Empresa Quintec, junto con INDECS Ltda., denunciaron un “Tráfico de
influencias” ante la Contraloría de la República en octubre de 2007, alegando que en este
proceso se cometieron una serie de irregularidades. En enero de 2008, la Contraloría impugnó el
proceso y ordenó retrotraer todo a la etapa de evaluación. No obstante los reparos, en marzo de
2008 el Registro Civil volvió a entregarle la licitación a TATA. Sin embargo, el gobierno
ordenó reiniciar el proceso tras salir a la luz pública que Andrés Contardo -quien había
participado en el diseño de las pautas y requerimientos de la licitación como asesor de
Guillermo Arenas (Director Nacional del Registro Civil)-, trabajaba simultáneamente para
TATA en el extranjero.
Luego de este incidente, se decidió remover al Director Nacional (Arenas), y a cuatro
subdirectores del servicio: Gabriela Huarcaya (Jurídica); Enzo Pistacchio (Operaciones); Luis
Mella (Administración y Finanzas) y Andrés Moreno (Estudios y Desarrollo).
Arenas sostuvo una serie de reuniones con los ejecutivos de TATA, donde se decidió elevar el
precio de la licitación para que él obtuviese una comisión mensual por $16 millones de pesos
aproximadamente.
Luego de esto, también se formaliza a los ejecutivos de la empresa TATA: Henry Manzano,
gerente para Iberoamérica de TATA; Arturo Nahum, ex gerente general de TATA; Pablo
Cisterna, ex gerente general de TATA y Andrés Tupper, ex gerente comercial de TATA. Los
cargos fueron “Cohecho” y “Fraude al Fisco frustrado”.
La última información del caso es que Guillermo Arenas estaba en prisión preventiva, al igual
que Danilo Rivas (gestor de negocios), quien habría sido el nexo entre TATA y el Registro
Civil.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2007
2. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2007
3. Tráfico de Influencias
Ilegal
2007
4. Violación al secreto público
Ilegal
2007
Actores implicados
1. Empresa multinacional- Consorcio indio TATA
2. Otras instituciones Públicas- Registro Civil de Chile
Empresa Quintec e INDECS Ltda. denuncian ante la Contraloría de
Denunciante
la República.
Acusado/a (cargo y
Guillermo Arenas (Director, público alto), Andrés Contardo
jerarquía)
(funcionario, público bajo), Danilo Rivas (funcionario, público
bajo), Henry Manzano (gerente, privado alto), Arturo Nahum
(gerente, privado alto), Pablo Cisterna, (gerente, privado alto),
Andrés Tupper, (gerente, privado alto), Gabriela Huarcaya (Jefa de
sección Jurídica); Enzo Pistacchio (Jefe de sección Operaciones);
Luis Mella (Jefe de sección Administración y Finanzas) y Andrés
Moreno (Estudios y Desarrollo).
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
Sí, Abierto
No
de Derechos Humanos
Sector Económico
Terciario-Servicios computacionales
Actores Afectados
1. Empresas competid oras-Quintec
2. Empresas competid oras-INDECS LTDA.
3. Usuarios(as) del ser vicio-Registro Civil de Chile
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Al año 2007, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Revistas
Ficha Nº125
País
Chile
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres y su Consejo Municipal denunciaron al Ministerio
Público a la diputada Amalia Herrera y a algunos de sus funcionarios, pues, cuando ella tenía el
cargo de alcaldesa en dicha municipalidad en 2004, utilizó fondos municipales para financiar
propaganda para su campaña parlamentaria. En concreto, la entonces alcaldesa encargó a su jefe
de marketing, Ricardo de la Barrera, que solicitara a las empresas privadas que tenían deudas
con la Municipalidad aportes en dinero para financiar unas 17.000 revistas que daban cuenta de
su gestión como alcaldesa, sumando en total $8.745.384 pesos. Dichos montos nunca llegaron a
las arcas municipales.
El fiscal inicia la investigación penal y la formaliza en febrero del 2008 por los delitos de
“Estafa”, “Fraude al Fisco” y “Ejercicio ilegal de la profesión de abogado”.
Interviene posteriormente el Consejo de Defensa del Estado, como querellante solicitando la
pena por delito de “Cohecho”.
El tribunal penal declara culpable a la diputada Herrera y a De la Barrera, ambos por el delito de
“Cohecho”. No se reúnen pruebas suficientes para condenarlos por “Estafa”.
Posteriormente ambos intentan anular la sentencia. Los tribunales anulan el juicio solo respecto
de la diputada Herrera.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004
2. Ejercicio ilegal de la profesión
Ilegal
2004
3. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Gobierno Local – Municipalidad de Quilpué
2. Empresas privadas
Denunciante (y cargo si
Mauricio Villambres (alcalde, público alto)
aplica)
Consejo Comunal de Quilpué
Ministerio Público
Consejo de Defensa del Estado
Acusado/a (cargo y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Ricardo de la Barrera (colaborador de campaña), Amelia Herrera
(diputada, público alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Cerrado
No
No aplica
Actores Afectados
1. Electores(as) de la zona-Región de Valparaíso
2. Candidatos(as) competidores
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Al año 2004, 1US$ equivalía a aproximadamente $609 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Riggs
País
Chile
Ficha Nº126
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
Caso Ventas de armas en
Ecuador, Caso Ventas de
armas a Croacia, Caso
Tanques Leopard, Caso
Mirage.
Resumen caso
Post atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001, el Senado estadounidense
autorizó revisar las cuentas bancarias sospechosas. Entre esas, se investigaron las cuentas de
Augusto Pinochet, descubriéndose que mantenía desde diciembre de 1994 cuentas millonarias
en el Riggs National Bank de Washington. Los primeros en presentar una acción judicial
(denuncia), fueron los abogados de derechos humanos, Carmen Hertz y Alfonso Insunza.
Después, el Consejo de Defensa del Estado también se querellaría.
Al avanzar la investigación, aparecieron otros casos vinculados (ver sus fichas). Fue así como se
le desaforó por cuatro delitos: “Declaración de impuestos maliciosamente incompleta”,
“Adulteración de su declaración de bienes”, “Falsificación de pasaportes” y “Falsificación de
documentación fiscal”. Sin embargo, sólo se le procesó por “Falsificación y uso de cuatro
pasaportes”, “Adulteración de un documento de la Subsecretaría de Guerra”, “Declaración
irregular de bienes” y “Evasión tributaria”. En la arista de la investigación que apuntaba a
establecer los delitos de “Malversación” y “Negociación incompatible” se avanzó muy lento por
los innumerables recursos que interpuso la defensa. Además de los familiares más cercanos a
Pinochet, también fue encausada la ex funcionaria del Registro Civil, Erica Steamann Parrao,
por ser supuestamente la responsable de la adulteración de los pasaportes utilizados. También se
procesaría por los mismos delitos a Lucía Hiriart y sus hijos (Augusto, Lucía, Jacqueline, María
Verónica y Marco Antonio Pinochet Hiriart). Todos en calidad de cómplices. Algunos de estos
procesamientos ya fueron revocados, mientras que otros continúan pendientes.
En diciembre de 2006, muere Pinochet y con eso se le libera de todos los cargos imputados
(sobreseído por fallecimiento). El Servicio de Impuestos Internos logró acreditar que el
perjuicio fiscal provocado por todos los dineros que Pinochet transfirió y utilizó en el extranjero
alcanzó la suma de $ 8.774.324.043 de pesos (aproximadamente US$ 14.623.873). A raíz de
esto, al ex dictador se le embargaron todas sus cuentas.
Conducta/s Reprochable/s
1. Delito tributario
2. Falsificación
documentos/Uso malicioso
documentos
3. Fraude:
Malversación
caudales públicos/Peculado
4. Negociación
incompatible/Conflicto
intereses
Estatus
Ilegal
de
de
Ilegal
Año de la conducta
1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005
No se accede al dato
de
Ilegal
No se accede al dato
Ilegal
No se accede al dato
de
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo de Chile
2. Fuerzas Armadas de Chile
3. Bancos/Entidades financieras-Riggs National Bank
Denunciante (y cargo si Carmen Hertz (representante de organizaciones de la sociedad
aplica)
civil), Alfonso Insunza (representes de organizaciones de la
sociedad civil), Consejo de Defensa Nacional
Acusado/a (cargo y
Augusto Pinochet (Dictador y ex Comandante en Jefe del Ejército,
jerarquía)
funcionario público alto), Erica Steamann Parrao (funcionaria,
público bajo)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Chile
Mayor información
1. Artículo sobre la fortuna de A. Pinochet en el extranjero.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071205/pags/20071205123205.
html
2. Texto del Senado estadounidense titulado “Money laundering and foreign corruption:
enforcement and effectiveness of the patriot act: case study involving Riggs Bank”
(“Lavado de dinero y corrupción extranjera: implementación y efectividad de la Ley
Patriota: Un estudio del caso del Riggs Bank”). Disponible en
http://hsgac.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Documents.Home y también a
través
de
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050315/asocfile/ASOCFILE12005
0315221825.pdf
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Sobresueldos en Municipalidad
de Viña del Mar
País
Chile
Ficha Nº 127
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso GMA-Huechuraba-RecoletaViña del Mar
Resumen caso
A partir de las irregularidades detectadas en el caso de GMA-Huechuraba-Recoleta-Viña del
Mar (ver ficha), se dieron a conocer otras irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar
el año 2008, referidas a los sobresueldos que se habrían pagado a 13 funcionarios municipales
con dineros provenientes del Casino de juego de la ciudad, lugar donde éstos jamás habrían
cumplido funciones. Dichos funcionarios eran colaboradores personales de la alcaldesa Virginia
Reginato (Unión Demócrata Independiente) y de su mismo partido político.
En marzo de 2008, los concejales Víctor Andaur, (Partido Comunista) y Jorge Molina (Partido
Por la Democracia) realizaron la denuncia ante Contraloría.
Uno de los concejales denunciantes –Víctor Andaur- señaló que aproximadamente son $200
millones de pesos los que se desembolsaron por año desde el 2005 para pagar a estas personas,
mientras que el segundo concejal denunciante, señaló que en los cuatro años se malversaron al
menos $500 millones de pesos.
Frente a los cuestionamientos, la alcaldesa indicó que el pago de honorarios extra con fondos
del Casino Municipal era una práctica habitual en el municipio desde hace al menos dos
décadas.
Las investigaciones siguen en curso y podrían conllevar a la destitución de la alcaldesa de Viña
del Mar.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad de Viña del Mar
2. Empresa Privada- Casino de juegos de Viña del Mar
Denunciante (y cargo si
Víctor Andaur (concejal, público medio), Jorge Molina (concejal,
aplica)
público medio)
Acusado/a (cargo y
Virginia Reginato (alcaldesa, público medio)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Ocio y Entretención
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona-Comuna de Viña del Mar
2. Compradores(as)/Clientes(as) del Casino de Viña del Mar
Mayor información
1. Noticia
publicada
en
junio
http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=6786&categoria_id=61
Otras observaciones o comentarios
Al año 2008, 1US$ equivalía a aproximadamente $522 pesos chilenos
2008
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso subvenciones escolares
Ficha Nº128
País
Chile
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Contraloría General informa la existencia de diversos “desórdenes administrativos” en la
Secretaria Regional Metropolitana de Educación. Entre los desórdenes destacan gastos no
respaldados, duplicidad de pagos, cheques mal girados y 166.000 alumnos matriculados en más
de un establecimiento. Se inicia un procedimiento penal, originado por la denuncia del SEREMI
(secretario regional ministerial) Metropolitano Alejandro Traverso, en contra de los
funcionarios y privados responsables. Se acredita el pago a personas que no son sostenedores
escolares por parte de una funcionaria, defraudando al Fisco por $290 millones de pesos. El
Ministerio de Educación presenta un informe para aclarar la situación. Además, se inicia un
procedimiento administrativo al Seremi por negligencia en el control de sus dependientes, que
termina en su destitución. La Contraloría nuevamente informa que, pese a sus intentos, el
Ministerio de Educación no es capaz de justificar $262 millones. La Oposición inicia un
procedimiento político para destituir a la ministra de educación Yasna Provoste, cuya
consecuencia fue finalmente la destitución de su cargo. La ministra acudió al Sistema
Interamericano, proceso que aún se encuentra pendiente.
Conducta/s Reprochable/s
1. Fraude: Estafa al Fisco
Estatus
Año de la conducta
2004, 2005, 2006
Ilegal
Actores implicados
1. Ministerios-Ministerio de Educación – Secretaría Regional Ministerial
2. Otras instituciones privadas- Sostenedores de los colegios de la zona-Región
Metropolitana
Denunciante (y cargo si
Secretario Regional Metropolitano del Ministerio de Educación
aplica)
Contraloría General de la Republica
Ministerio Público
Diputados de la Oposición (RN-UDI)
Acusado/a (cargo y
Franka Grez (funcionaria, público medio), Yasna Provoste
jerarquía)
(ministra, público alto), Alejandro Traverso (funcionario, público
medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Abierto
Terciario-Servicios de Educación
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública-Estudiantes de la zona-Región Metropolitana
2. Empresas competidoras- Sostenedores escolares que no incurrieron en las
irregularidades
Mayor información
1. Cronología del caso: www.3a.cl/contenido/23_3642_9.shtml
Otras observaciones o comentarios
Al año 2004, 1US$ equivalía a aproximadamente $609 pesos chilenos
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº129
País
Caso Tanques Leopard
Chile
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Riggs, Caso Ventas de armas
a Croacia, Caso Ventas de armas a
Ecuador, Caso Mirage
Resumen caso
Cuando se destapa el Caso Riggs (ver Ficha de Registro), diversos casos comienzan a abrirse.
Se aseguraba que parte de la fortuna de Augusto Pinochet (US$27 millones en total) provenía de
comisiones relacionadas con la compra de armamento durante su Comandancia en Jefe del
Ejército. Uno de estos casos es la compra de Tanques Leopard a Holanda en 1995, por un valor
de US$80 millones. En septiembre de 2005, el propietario de la empresa holandesa
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), Joep Van Den Nieuwenhuyzen, confirmó que
pagó comisiones a Óscar Aitken (ex albacea de Pinochet), por más de US$9 millones. También
se pagaron comisiones a Guillermo Ibieta Otto (intermediador), por un 14% de la venta. En esta
investigación también se determinó la existencia de sociedades entre Pinochet y el jefe de
FAMAE, general Héctor Guillermo Letelier. Pinochet, fue sobreseído de los cargos en su contra
al acaecer su fallecimiento.
Conducta/s Reprochable/s
1. Fraude:
Malversación
caudales públicos/Peculado
2. Lavado de dinero
Estatus
de
Ilegal
Año de la conducta
1998
Ilegal
No se accede al dato
Actores implicados
1. Empresa Pública-Fábrica y Maestranzas del Ejército, FAMAE
2. Fuerzas Armadas de Chile
3. Empresa Privada-Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, RDM
Denunciante (y cargo si
Medio de comunicación escrita-Periódico holandés “De
aplica)
Volkskrant”
Acusado/a (cargo y
Oscar Aitken (ex albacea, público medio), Guillermo Ibieta
jerarquía)
(intermediario), Luis Iraçabal (Director de FAMAE, público
medio) y Gustavo Latorre (Gerente comercial de FAMAE, público
medio), Héctor Guillermo Letelier (General, público medio),
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
1.
2.
1.
2.
Augusto Pinochet (ex Comandante en Jefe, público alto).
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Secundario-Industria Bélica
Actores Afectados
Habitantes de la zona-Chile
Empresas competidoras-RDM
Mayor información
Reportaje sobre el negocio de las armas que montó Augusto Pinochet. Se mencionan
con
mayor
detalle
las
cuentas
y
empresas
involucradas.
Ver
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={b0b504f0-ec00-4c09-b3559f9db9227ae0}
Noticia donde los ejecutivos Holandeses revelan detalles del caso. Ver
http://www.lasegunda.com/detalle_impreso/index.asp?idnoticia=
La_Segunda14082009Aexport_La_Segunda_ART_152753_PAG_59676
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Agosto/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso venta de armas a Croacia
País
Chile
Ficha Nº130
Año de aparición en prensa
2005 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso Riggs, Caso Ventas de
armas en Ecuador, Caso Tanques
Leopard, Caso Mirage.
Resumen caso
En 1991, el embajador de EE.UU. en Chile, Charles Gillespie, informó que un avión con
cargamento de ayuda humanitaria había sido detenido en el aeropuerto de Budapest, Hungría. El
avión, en realidad, trasladaba 11 toneladas de armas cuyo destino oficial era Sri Lanka, pero que
estaba siendo trasladada a Croacia. En ese momento había prohibición de Naciones Unidas para
comerciar material bélico con los países de la ex Yugoslavia debido a la situación de guerra
existente en esa región.
En total se estima que si el negocio se hubiera llevado a cabo, habría alcanzado los US$60
millones.
El Ejército inició investigaciones internas, las que concluyeron en una resolución de la Corte
Marcial que ordenó acusar a ciertos implicados por falsificación de instrumento público y
privado, y para el resto se declara el cierre del caso. No obstante, la Corte Suprema, vía casación,
el año 2000 anula dicha resolución y ordena que se formule acusación contra los otros militares
involucrados.
En agosto de 2005 el juez militar a cargo de la causa, Miguel Trincado, dicta sentencia
condenatoria contra los capitanes Pedro Araya Hermosilla y Patricio Pérez Villagrán, del Ejército
y la Fuerza Aérea de Chile (FACH), respectivamente, por exportación ilegal de material de uso
bélico, además de sentenciar por fraude aduanero al sargento (R) Ramón Pérez Orellana.
En octubre de 2005 la Corte Marcial, a petición del Consejo de Defensa del Estado, ordenó
reabrir la investigación porque estimó que hubo errores u omisiones, y designa como ministro en
visita al juez Alejandro Solís. Además, se obtuvieron nuevos antecedentes a propósito de la
investigación sobre la muerte del coronel Gerardo Huber, encontrado muerto luego de prestar
declaración en el caso. Entre las nuevas diligencias destacaron los nuevos interrogatorios al ex
jefe de la Fábrica y Maestranzas del Ejército, general (R) Guillermo Letelier Skinner y al ex
director de Logística del Ejército, Carlos Krumm Rojas.
El 2008, el juez Solís halló culpables de exportación ilegal de material bélico y de falsedad al: a)
general (r) Guillermo Letelier, ex director de FAMAE; y b) al general (r) de la FACh Vicente
Rodríguez; por “Exportación ilegal de armas” al c) oficial (r) Patricio Pérez Villagrán; d) al
capitán (r) Pedro Araya Hermosilla: e) al sub oficial (r) Ramón Pérez Orellana; f) al ex coronel
David Fuenzalida González; g) al mayor (r) Carlos Sepúlveda Cataldo; h) a Carmen Molina,
mujer de Sepúlveda y ex secretaria de FAMAE; y i) al empleado civil y encargado de Finanzas
de FAMAE, José Sobrazo Poblete. Absolvió de todo cargo y responsabilidad al ex director de
Logística del Ejército, general (r) Carlos Krum.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Delito aduanero
Ilegal
No se accede al dato
2. Exportación/importación ilegal de Ilegal
No se accede al dato
material bélico o tráfico de armas
3. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
No se accede al dato
Actores implicados
1. Fuerzas Armadas-Fábrica y maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE)
Denunciante (y cargo si
Consejo de Defensa del Estado
aplica)
Acusado/a (cargo y
David Fuenzalida González (militar, público medio), Carlos
jerarquía)
Krumm (militar, publico alto), Guillermo Letelier (militar,
público alto), Carmen Molina (funcionaria, público bajo), Vicente
Rodríguez (militar, público alto), Carlos Sepúlveda Cataldo
(militar, público medio), José Sobrazo Poblete (funcionario,
público bajo).
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario-Industria Bélica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de todos los países en guerra con Croacia.
2. Habitantes de la zona-Chile.
Mayor información
1. Corte Marcial reabre caso armas por irregularidades en la investigación. Diario La
Tercera. 19 de octubre del 2005. Véase en:
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,3255_5666_166137283,00.html
2. Dos generales irán a prisión por tráfico de armas. Diario La Nación. Miércoles 10 de
junio 2009. Veáse:
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090609/pags/20090609222450.h
tml
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso venta de armas a Ecuador
Ficha Nº131
País
Chile
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Riggs, Caso Ventas de armas
en Ecuador, Caso Tanques
Leopard, Caso Mirage.
Resumen caso
El juez Sergio Muñoz inicia una investigación sobre las ventas de armas a Ecuador, realizada
durante 1994 y 1995 cuando dicho país se encontraba en conflicto bélico con Perú, para determinar
si los pagos recibidos en dichas ventas estaban destinados a incrementar el patrimonio del ex –
dictador Augusto Pinochet. Posteriormente la investigación fue asumida por el juez Carlos Cerda.
Se estableció que la Fábrica de maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) encargó al ex albacea
de Pinochet, Óscar Aitken, revertir los depósitos hechos por Ecuador. Junto con algunos militares,
viajó a Ecuador a inicios de 1995 para eliminar cualquier rastro del pago hecho por ese país a la
cuenta de Famae Limited - sociedad off shore ubicada en Panamá- desviándose los dineros a una
cuenta del Banco de Chile en Nueva York, a nombre de Famae Limited, y se anuló la transferencia
inicial.
En el curso de la investigación se determinó que esta operación no tenía relación con el origen de la
fortuna de Pinochet.
Se desata una contienda de competencia. Finalmente, el conocimiento del caso recae en el juez
Joaquin Billard, por orden de la Corte Marcial.
En mayo del 2006, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte como querellante. Unos días
después, también se querella el Ministerio Público Militar.
En enero de 2008, el juez Billard, si bien declara que se acreditó el delito de venta ilegal de armas,
dicta sobreseimiento definitivo sin inculpados por haber prescrito la acción penal para perseguir las
responsabilidades.
Chile, al ser garante de la paz según el acuerdo de Río, tenia prohibición de vender armas a
cualquiera de las partes en conflicto. Sin embargo, durante las diligencias, se acreditó que la
Fábrica de Maestranzas del Ejército Chileno (FAMAE) sí realizó ventas durante el desarrollo del
conflicto, y no antes, como afirmaba el Ministro de Defensa Jaime Ravinet.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1994, 1995
2. Exportación/importación ilegal de material Ilegal
1994, 1995
bélico o tráfico de armas
Actores implicados
2. Fuerzas Armadas-Fábrica y maestranzas del Ejercito de Chile (FAMAE)
Denunciante (y cargo si
Consejo de Defensa del Estado
aplica)
Ministerio Público Militar
Acusado/a (cargo y
Augusto Pinochet (militar publico alto),
jerarquía)
Militar Luis Iraçabal (Director de FAMAE, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Cerrado
No
Secundario–Industria Bélica
Actores Afectados
1. Habitantes de Chile
2. Habitantes del Perú
Mayor información
1. Los secretos que encierra la venta de armas a Ecuador. Diario Electrónico El Mostrador. 20
de
abril
de
2006.
Véase
en:
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/imprimir/exclusivo_los_secretos_que_encie
rra la_venta_de_armas_de_chile_a_ecuador/
2. Nexos de armas a Croacia y Ecuador. El Mercurio. Domingo 8 de enero de 2006. En:
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={d32c8f80-6084-4b5e-82e5-f91f1f3b49ec}
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Septiembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Caso Asesinato Orlando Sierra
Hernández
Colombia
Ficha Nº132
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Orlando Sierra Hernández, sub director del periódico La Patria de Manizales, fue asesinado el
30 de Enero de 2002. El periodista denunciaba a la clase política del departamento de Caldas a
través de su columna “Punto de Encuentro” del periódico. En 1998 solicitó escoltas por las
amenazas recibidas después de denunciar a Ferney Tabasco, dirigente del Partido Liberal en el
mencionado Departamento, por cobrar dinero por la gestión para la expedición de libretas de
servicio militar. Ferney Tabasco, quien perdió su investidura como congresista en 1998, fue
señalado por varios testigos de ser el autor intelectual del asesinato de Sierra, "Yo estaba con
don Ferney y Dixon (Tapasco) un martes, cuando Ferney cogió el periódico y dijo: a ese hp de
Sierra no quiero verlo vivo mañana a la hora del almuerzo. Dixon dijo: hay que salir de ese
problema de una vez. Al otro día mataron al periodista. ", dijo uno de los principales testigos a
la revista SEMANA. Después desapareció en extrañas circunstancias. (Semana, 2007). Según
los reportes de la Fiscalía, en los meses siguientes al asesinato de Sierra, seis personas, entre
sicarios y testigos del crimen, fueron acribilladas. La mayoría de ellos habían sindicado al ex
diputado Ferney Tapasco como el autor intelectual del asesinato. Sin embargo, investigadores
afirman que hasta el año 2007, transcurridos 5 años de la investigación, la cifra real de
homicidios relacionados con el caso Sierra Hernández es de 27 personas. (Semana, 2007)
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Homicidio
Ilegal
2002
2. Obstrucción de la Justicia/investigación
Ilegal
2002
Actores implicados
1. Partido Político Liberal
2. Medio de Comunicación escrita-Periódico La Patria
Denunciante (y cargo si
aplica)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Civil
Político
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Luis Eduardo Vélez Atehortúa, denuncias anónimas
Dixon Ferney Tabasco (congresista, público alto), Luis Arley
Ortiz Soto, alias 'Pereque' (privado bajo), Luis Fernando Soto
Tapia (privado bajo), Luis Miguel Tabares, alias 'Tilín' (privado
bajo), Ferney Tabasco González (diputado, público alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia-Orlando Sierra Hernández
Mayor información
1. Documental Batalla del Silencio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Canal
Caracol:
http://www.youtube.com/watch?v=keilDiuWYwo&NR=1 y
http://www.youtube.com/watch?v=TKmRBMFCyzU
2. Semana (2007, 21 de Julio), “Cero y van 27 muertos”, Consultado el 25 de
Noviembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=105094
Otras observaciones o comentarios
En agosto de 2009 el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez solicitó abrir una
nueva investigación sobre el asesinato de Orlando Sierra Hernández donde solicita vincular a
los Ferney y Dixon Tabasco (congresista y ex congresista). Dixon Tapasco, hijo del ex diputado
Ferney, está preso dentro del proceso de parapolítica por los señalamientos que en su contra ha
hecho el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 'Ernesto Báez'. Las condenas
este caso son:
Luis Fernando Soto Zapata, autor material del crimen recibió una condena de 19 años y seis
meses.
Luis Miguel Tabares y Luis Arley Ortiz, en mayo de 2005 fueron condenados a 28 años de
prisión como coautores materiales.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº133
País
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Caso Caja Nacional de Previsión Social Colombia
(CAJANAL)
Resumen caso
Entre los años 2002 y 2005 la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), entidad
encargada de la administración del régimen pensional de los empleados estatales, perdió más de
500 mil millones de pesos colombianos (U$256.748.070) por fraudes en el manejo y asignación
de pensiones. Los abogados Omar y Armando Cabrera Polanco en diciembre de 2002,
falsificaron una tutela en la que, con la complicidad de funcionarios de la Caja de Previsión
Social y de la ex secretaria del Juzgado Tercero de Bogotá, Rosalba Fonseca Florido, se
ordenaba la reliquidación pensional y laboral de 218 maestros a quienes, supuestamente por
orden del Juzgado, se les incrementaron las mesadas pensionales, que fueron cobradas hasta el
año 2005.La Fiscalía estableció que dicha tutela no existió. Quien descubrió el fraude fue el juez
Carlos Milton Fonseca, del Juzgado Tercero de Bogotá, pues su secretaria fue quien se prestó
para adulterar el supuesto fallo judicial y darle visos de legalidad. Cuando los hermanos Cabrera
Polanco se vieron perseguidos escondieron los documentos que probaban sus actividades, los
cuales fueron encontrados por los investigadores de la Fiscalía, evidenciando la existencia de
pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total
de 250 millones de pesos colombianos (U$128.374). Aunque el congresista Andrade admitió
que recibió el préstamo, no explicó la destinación del mismo.
Por este caso, fueron acusados los hermanos Cabrera Polanco, y Jeiner Gilombo (abogados),
condenados a 74 meses de prisión por falsedad en documentos públicos, enriquecimiento ilícito,
prevaricato, y peculado. Luis Álvaro Sánchez ex juez condenado a 15 años y 10 meses de cárcel
por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir y
falsedad ideológica en documento público.
Manuel David Arrieta Bejarano, Director Seccional de CAJANAL en el departamento de
Sucre, se le imputaron 12 cargos que incluyen la autorización de manera irregular del pago de
cuentas, y ordenar giros de dinero a personas que declararon que nunca lo recibieron, de
servicios.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación Indebida
Ilegal
1998, 2002, 2005
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1998, 2002, 2005
3. Falsificación de documentos/Uso malicioso Legal
1998, 2002, 2005
de Documentos
4. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
1998, 2002, 2005
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)
Denunciante (y cargo si Carlos Milton Fonseca (Juez, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Omar y Armando Cabrera Polanco (Abogados, público bajo),
jerarquía)
Manuel David Arrieta Bejarano (Director Seccional Sucre,
Público Alto), Rosalba Fonseca Florido (Secretaria, Público
Bajo), Ricardo León Parra (Director CAJANAL, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Abierto
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la Política Pública
2. Usuarios(as) del Servicio
Mayor información
1. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso149478-venas-rotas-decajanal
Otras observaciones o comentarios
CAJANAL fue liquidada en Julio del 2009
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº134
Nombre mediático del caso
País
Caso Carimagua
Colombia
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Carimagua es la denominación de un conjunto de predios ubicados en el departamento del Meta,
al oriente de Colombia, que habían sido prometidos a decenas de familias de desplazados en el
año 2004 por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural – Incoder-. Sin embargo en el año
2008 el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, anunció que dichos terrenos
serían entregados en concesión a empresas privadas para la explotación de cultivos de palma por
medio de una licitación a la que fueron llamados quienes demostraran un patrimonio neto de
$15.000 millones de pesos colombianos (US$7.702) en 2006 e ingresos por negocios agrarios de
$50.000 millones de pesos colombianos (US$25.674.807) en los últimos 7 años. El mencionado
ministro señaló que estos grandes empresarios darían mejor uso a la tierra, lo que representaría
mayores dividendos para el Estado. De otra parte los desplazados, argumentaban que la tierra no
servía, que no había desplazados interesados y que sólo podrían vivir 50 familias en los
mencionados terrenos. Pese a lo anterior, en el año 2004, el Ministro Arias viajó a Japón para
hacer el lanzamiento del proyecto Carimagua en Tokio, exaltando la fertilidad del suelo y las
posibilidades de renta que ofrecían las tierras para cosechar palma, caucho, madera y, además,
producir oxigeno, demostrando que las 15.000 hectáreas eran aptas para la explotación agrícola
y ganadera, y donde era posible ubicar al menos 500 familias campesinas. La exposición hecha
por parte del ministro Arias, desató una serie de polémicas y acusaciones contra el Gobierno
Nacional por la contradicción en la destinación de las tierras de Carimagua, las que favorecían a
grandes empresarios en contravía del bienestar de las familias desplazadas. Frente a esta
situación, el ministro Arias suspendió la licitación que entregaría a privados 15.000 hectáreas
del predio Carimagua; sin embargo, a pesar de detener la convocatoria, el Gobierno no revertió
los actos administrativos con los cuales le cambió la destinación de las tierras de Carimagua, por
lo que en la actualidad siguen en curso el acuerdo 06 y la resolución 1791, del 6 y el 10 de julio
del 2007 con los que fue aprobada la cesión de dichas tierras para cultivos de palma, caucho y
maderables. Los sucesos que rodearon el cambio en la destinación de los suelos destinados a los
desplazados de la violencia en Colombia, para ser vendidos a empresarios, hasta el momento no
han sido investigados por las autoridades disciplinarias, penales o fiscales, razón por la cual es
considerado un escándalo de presunta corrupción, principalmente “mediático”
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2008
2. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2008
3. Negociación incompatible/Conflicto de Ilegal
2008
interés
Actores implicados
1. Ministerio de Agricultura
2. Empresas Privadas
Denunciante (y cargo si Héctor Eli Rojas (congresista, Público, Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Andrés Felipe Arias (Ministro de Agricultura, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Mediático
No
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Abierto
No
Sí, Abierto
No
Primario-Agropecuario y Silvícola
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la Política Pública
3. Habitantes de la zona de Carimagua
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Chuzadas del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS)
País
Colombia
Ficha Nº135
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso Jorge Noguera ex director
Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)
Resumen caso
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es señalado de interceptar las líneas
telefónicas y los correos electrónicos a diferentes personajes públicos colombianos desde el año
2000. El escándalo estalló al revelarse que entre abril y mayo de 2006, época preelectoral donde
el presidente Uribe hacía campaña para su primera reelección, habían sido interceptadas más de
100 personas. Entre éstas se destacan candidatos a la presidencia, miembros de la oposición,
magistrados de las Altas Cortes, periodistas, entre otros.
La directora del DAS María del Pilar Hurtado (2007 - 2008), dijo que el Presidente de la
República había ordenado investigar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dados
los rumores de posibles nexos con narcotráfico. Durante tres meses fueron interceptadas 1.900
llamadas de los magistrados de la Corte Suprema. Se destacaba el énfasis hecho en Iván
Velásquez, magistrado auxiliar, jefe de la investigación de la para-política. También fueron
interceptadas las llamadas de los fiscales de Justicia y Paz encargados de las investigaciones a
paramilitares, y la oficina de protección de testigos de la Fiscalía, entre cientos de otras
llamadas.
Según un detective del DAS, al estallar el escándalo fueron destruidos CDs, discos duros,
archivos de voces y documentos confidenciales en la sede principal del DAS en Bogotá.
Adicionalmente se evidenció una relación informal entre la Presidencia de la República y el
DAS en la cual cualquier alto funcionario de Palacio podía hacer solicitudes a esa entidad.
También se reveló que interceptar los teléfonos era un servicio cobrado con tarifas que
dependían del tiempo y de la persona objeto de vigilancia.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2006, 2007, 2008
2. Asociación Ilícita
Ilegal
2006, 2007, 2008
3. Delitos informáticos
Ilegal
2006, 2007, 2008
4. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal
2000, 2006, 2007, 2008
de Documentos
Actores implicados
1. Servicio de Inteligencia - Departamento Administrativo de Seguridad DAS
2. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República
3. Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Revista Semana, Medios de
aplica)
comunicación radial-Emisora La W, denuncias anónimas
(Técnicos del Departamento Administrativo de Seguridad)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Carlos Arzayus (Director de Inteligencia del DAS, público
alto), María del Pilar Hurtado (Directora del DAS, público
alto), Jorge Alberto Lagos (Jefe de Contrainteligencia del
DAS, público alto), Jorge Noguera,(Ex Director del DAS,
público alto) Andrés Peñate (Ex Director del DAS, público
alto), Joaquín Polo (Ex Director del DAS, público alto),
Fernando Tabares (Jefe de inteligencia del DAS. público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Abierto
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Alcaldes(as) de la ciudad de Bogotá 2004-2011
2. Colaborador/Asesor(a) legal/Abogado del magistrado César Julio
3. Columnistas de Medios de Comunicación
4. Congresistas/Diputados(as)/Senadores(as)
5. Directores(as) de Medios de Comunicación
6. Electores(as)
7. Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia
8. Ministro del Interior
Mayor información
1. “El DAS sigue grabando”: http://www.semana.com/noticias-nacion/das-siguegrabando/120991.aspx
Otras observaciones o comentarios
1. Se mantiene en anónimo la identidad de los denunciantes Técnicos del DAS por temor a
ser asesinados.
2. Producto del Caso, ocurrieron las siguientes renuncias y despidos:
Jorge Castro, Director de la Policía
Guillermo Chávez, Director de Inteligencia de la Policía
11 generales de la policía salieron de sus cargos
3. Investigaciones Disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación:
Bernardo Moreno - Secretario General de la Presidencia de la República
César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa de Palacio.
Jorge Mario Eastman Robledo, Asesor Presidencial.
Mario Alejandro Aranguren Rincón, director Unidad de Información y Análisis
Financiero –UIAF.
José Miguel Narváez, ex director de Inteligencia y al ex sub Director del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Coca en avión de la Fuerza
Aérea Colombiana
País
Colombia
Ficha Nº136
Año de aparición en prensa
1998
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En noviembre de 1998 fueron hallados 725 kilos de cocaína avaluados US$18 millones en un
avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana –FAC- que aterrizó en el aeropuerto de Fort
Lauderdale, en Estados Unidos. La cocaína estaba camuflada en 4 plataformas metálicas de
carga, y 1.304 gramos netos de heroína mimetizados en una de las mallas de la aeronave.
Los 700 paquetes en lo que estaba empacada la droga fueron introducidos en hangares del
Centro Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá. Este evento, evidenció la existencia de
una organización al interior de la FAC que se dedicaba al tráfico de estupefacientes llamada el
“cartel azul”, que estaría operando desde la base del Comando Aéreo de Transporte Militar
(Catam), en Bogotá. Desde 1996 se había iniciado un juicio que seguía a tres técnicos de la
institución armada, sindicados de haber ocultado heroína en uno de los compartimentos del
avión en el que el entonces Presidente Ernesto Samper viajaría a Nueva York el 19 de
septiembre de 1996. Uno de los técnicos detenidos, dio las listas de oficiales y suboficiales que,
según él, habían estado vinculados a la actividad clandestina del trasiego de drogas y explicó
cómo operan las rutas en las que se utilizan aviones de la institución. Estos hechos fueron
investigados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que mencionó los posibles
nexos de miembros de la FAC con el narcotraficante Jairo Correa Alzate.
Además de propiciar la renuncia del General de la Armada Manuel Sandoval, la tripulación de la
aeronave -oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea- fue enjuiciada por ese caso y el 10 de abril
del 2002 fueron condenados el Teniente Ricardo Ramírez Ruiz y al Cabo Ismael Pulido Gómez
a 15 años de prisión. Sin embargo el Teniente y el Cabo presentaron a la Fuerza Aérea
Colombiana una de la sentencia de absolución supuestamente firmada por el magistrado
Sigifredo Espinosa con el fin de no ser retirados de la institución. El documento resultó ser falso
y por tal motivo fueron capturados, aceptando sus cargos por fraude procesal.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
1996, 1997, 1998
2. Tráfico
de Ilegal
1998
Estupefacientes
Actores implicados
1. Fuerzas Armadas - Fuerza Aérea Colombiana (FAC)
Denunciante (y cargo si Agentes Norteamericanos, Técnico de la Fuerza Aérea
Colombiana detenido en Estados Unidos
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Luis Fernando Cañaveral (Privado bajo), Gonzalo Alberto
Noguera (Mayor FAC, medio público), Jairo Alberto Payán
jerarquía)
Bolaños (Teniente Coronel de la FAC, alto público), Ismael
Pulido Gómez (Cabo FAC, bajo público), Ricardo Alberto
Támara Gómez (Teniente FAC, medio público), Juan Ricardo
Ruiz Ramírez (Teniente FAC, medio público)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Proceso No. 25702 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/jurisprudencia_segundo_trimestr
e_2009/25702(06-05-09).doc
2. Las
largas
Alas
del
Cartel
Azul
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-830121
Otras observaciones o comentarios
Los acusados fueron condenados a 15 años de prisión, además de pagar una multa $9.938
millones de pesos colombianos (US$5.103.124)
EN la base de datos, el delito de Asociación para delinquir, se clasifica dentro de la Asociación
ilícita
Fecha del registro: Diciembre de/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº137
País
Caso Contralor de Cundinamarca 2004- Colombia
2007
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
Caso Pablo Ardila Gobernador
de Cundinamarca
Resumen caso
Juan Carlos Medina Ovalle fue nombrado Contralor del Departamento de Cundinamarca para
ejercer sus funciones entre el 1ro de enero 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007. Dos
presuntos hechos de corrupción fueron divulgados por la prensa nacional y local, y fueron sujeto
de investigaciones disciplinarias y penales por parte de los organismos competentes.
En el primero de ellos se sindicó al Contralor Medina Ovalle de haber presionado al Señor
Mario Rueda Fonseca, gerente de la empresa Reimpodiésel, para que pagara una extorsión al
Señor Libardo Antonio Correa Castañeda, luego de que Reimpodiésel obtuviera un contrato
para el mantenimiento del parque automotor de la Gobernación de Cundinamarca, extorsión que
tuvo lugar durante una reunión en la sede de la Contraloría en septiembre de 2004. De acuerdo
con la Fiscalía General de la Nación, la intimidación de Correa pasó de la presión amenazante
de que iba a obstaculizar la firma del contrato, incluso, a las amenazas contra la integridad
personal de los beneficiados. La extorsión solicitada fue de $140.000.000 millones de pesos
colombianos (US$71.889) y correspondían al 20% del valor comercial del contrato. El
Contralor Medina Ovalle se fue denunciado por el Señor Mario Rueda Fonseca debido a que
luego de que éste se negase a pagar la extorsión, la Contraloría de Cundinamarca finalizó
unilateralmente el contrato entre Reimpodiésel y la Gobernación de Cundinamarca. Las
indagaciones adelantadas por los investigadores llevaron a la conclusión que entre Correa
Castañeda y el ex contralor Medina Ovalle existía una relación íntima de amistad, confirmada
por el propio Correa, por lo menos desde 16 años atrás, cuando ambos estudiaron economía en
una universidad en Bogotá. De acuerdo con la providencia del Vicefiscal Fernando Pareja
Reinemer, quien fue el encargado de dirigir la investigación en la Fiscalía General de la Nación:
“es evidente que la relación cercana que tenían el sindicado y el ex contralor fungió como el
medio ideal que aprovechó aquél para citar a la Contraloría departamental al representante de
Reimpodiésel y hacerle una exigencia, intimidándolo con su aparente poderío y dándole la
impresión de contar con el manejo del ejercicio de las potestades del control fiscal.”(El
Espectador, 2009). Pese a los hallazgos del cuerpo investigativo de la Fiscalía, en noviembre de
2007, Ruth Esperanza Gómez Osorio, juez 53 penal del circuito de Bogotá dejó en libertad al ex
contralor Medina Ovalle, al considerar que la Fiscalía carecía de argumentos penales
contundentes para mantenerlo detenido en un establecimiento carcelario. (El Tiempo, 2007).
Otro de los presuntos hechos de corrupción sobre los cuales fue acusado el Contralor Medina, se
descubrió debido de las denuncias efectuadas en el año 2004 por el diputado a la Asamblea de
Cundinamarca Orlando Gaitán Mahecha, quien aseguró que “Medina Ovalle desvió los dineros
del presupuesto de la Contraloría para contratar una nómina paralela, con lo que desfinanció la
nómina oficial.” (El Tiempo, 2004).
La información de prensa, con fecha del 29 de septiembre de 2004, señala que el diputado
denunció que el Contralor despilfarró $798 millones de pesos colombianos (US$409.769) para
pagar salarios a 87 funcionarios nombrados por Medina durante sus primeros 7 meses en el
cargo de Contralor. En ese sentido, la prensa informa que Gaitán Mahecha aseveró que “el
Contralor despilfarró el presupuesto a tal punto que en solo 7 meses gastó el 68,8% del
presupuesto total de la entidad, incurriendo en gasto desmesurado que no garantiza el
cumplimiento del equilibrio presupuestal.” (El Tiempo, 2004). Frente a las denuncias
formuladas por el Diputado, el Contralor de Cundinamarca desvirtuó los señalamientos e
instauró una denuncia penal por calumnia, injuria y falsa denuncia contra Gaitán Mahecha.
Mediante un comunicado, el Contralor dijo que el presupuesto con el que recibió la entidad fue
de $4.692 millones de pesos colombianos (US$ 2.409.323), aprobados por la Asamblea de
Cundinamarca, mediante Ordenanza 24 del primero de diciembre de 2003, de acuerdo a la Ley
617 de 2000, y el mismo organismo, del que hace parte el diputado Gaitán Mahecha, aprobó un
ajuste por Ley al presupuesto inicial de $3.900 millones de pesos colombianos (US$2.002.634),
con una ejecución a la fecha del 48,2% (El Tiempo, 2004). Frente a este último caso, la Fiscalía
General no tuvo pronunciamiento alguno. En la actualidad el Ex Contralor Medina Ovalle, no
tiene en su contra sanciones penales o disciplinarias conocidas, luego de que, como se mencionó
anteriormente, fuera dejado en libertad por la Juez 53 Penal del Circuito en lo referente a su
vinculación al caso de extorsión/soborno arriba explicado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2007
2. Fraude: Malversación de caudales
Ilegal
2004
públicos/Peculado
3. Utilización de información privilegiada
Ilegal
2007
Actores implicados
1. Gobierno Regional-Gobernación de Cundinamarca
2. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Contraloría de Cundinamarca
3. Empresa Privada
Denunciante (y cargo si Orlando Gaitán Mahecha (Diputado a la Asamblea de
aplica)
Cundinamarca, Público Alto), Mario Rueda Fonseca (Gerente
General Empresa Reimpodiésel, Privado Alto)
Acusado/a
(cargo
y Juan Carlos Medina Ovalle (Contralor del Departamento de
jerarquía)
Cundinamarca, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario - Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la Política Pública
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso169600-costosa-mordida
2. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1576787
3. El Tiempo, (2004, 2 de Octubre) “Diputado Denuncia Al Contralor” Consultado el día
5
de
Diciembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1576787
4. El Tiempo, (2007, 28 de Noviembre).”Nula medida de aseguramiento contra Juan
Carlos Medina Ovalle, contralor de Cundinamarca” Consultado el día 5 de Diciembre
de 2009 de la World Wide Web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3834922
5. El Espectador, (2009, 30 de Octubre). “Costosa ‘mordida’” Consultado el día 5 de
Diciembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso169600-costosa-mordida
Otras observaciones o comentarios
El caso volvió a aparecer en la prensa el año 2007
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Ficha Nº138
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Caso Contrataciones en la Dirección Colombia
Nacional de Estupefacientes
Resumen caso
La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue creada para coordinar algunas políticas del
Estado colombiano en materia de drogas y estupefacientes, relacionadas con el decomiso y
administración de bienes adquiridos con dineros producto de la comisión de los delitos de
narcotráfico. En el año 2004 la entidad se vio involucrada en el cobro de comisiones a cambio
del arriendo de casas, fincas y demás inmuebles incautados al narcotráfico, situación que
involucró directamente al entonces director Luis Alfonso Plazas Vega.
Plazas Vega fue denunciado por el senador Javier Cáceres por la presunta celebración de
contratos en beneficio de personas cercanas sin cumplir los requisitos legales, y por la entrega
de bienes incautados a personas con antecedentes penales, entre ellos Napoleón Garavito
Acosta, investigado por peculado por apropiación y falsedad en documento; Mario Tomás
Mosquera López, condenado por estafa; y la corporación CISER, entidad de la cual uno de sus
socios había sido condenado a 40 meses por extorsión.
Con base en estas denuncias, la Contraloría General de la República inició investigaciones que
evidenciaron la entrega de predios a terceros sin que mediara un acta de inventario que
permitiera la presentación de informes mensuales relacionados con rendimientos y frutos. Por
esta razón se encontró mérito para indagar sobre un posible daño patrimonial al Estado que
supera los $700.000.000 de pesos colombianos (US$359.447).
Además del caso antes enunciado, la DNE, desde el año 2004 ha estado involucrada en diversos
escándalos sobre presuntos hechos de corrupción, dentro de los cuales se destacan: la
expedición y uso de documentos falsos, resoluciones adulteradas, suplantación de personas y
esguinces a los procedimientos legales, la asignación a testaferros de decenas de millonarios
bienes decomisados a los narcotraficantes, así como el uso de dichos bienes para realizar
estafas. A raíz de esto, los medios de comunicación en Colombia han llegado a señalar que la
entidad la rodea una mafia, razón por la cual el Ministerio del Interior y Justicia, entidad a la
cual se adscribe la DNE, decidió entregar la administración de los bienes a la Sociedad de
Activos Especiales (SAE) que depende del Ministerio de Hacienda.
Actualmente la Fiscalía adelanta 110 investigaciones sobre las presuntas irregularidades de la
DNE, los juzgados especializados 14 y los tribunales 2. Los involucrados están siendo
investigados por delitos tales como: lavado de activos, peculado, concusión, estafa, falsedad en
documento público, hurto agravado y calificado, además de invasión de tierra. El Valle del
Cauca, Puerto Boyacá, el Magdalena Medio y el Eje Cafetero son las zonas del país donde se
reportaron estas irregularidades.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Legal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2. Apropiación indebida
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
3. Falsificación de documentos/Uso Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
malicioso de documentos
4. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
5. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
públicos/Peculado
6. Lavado de dinero
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas – Dirección Nacional de Estupefacientes
2. Ministerio de Hacienda
Denunciante (y cargo si Javier Cáceres (Senador de la Republica, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Luis Alfonso Plazas Vega (Director de la DNE, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Abierto
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la Política Pública
Mayor información
1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1511394
2. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1530593
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº139
Nombre mediático del caso
País
Caso Convenios Interadminstrativos entre
Universidad de Cartagena y Departamento
del Casanare
Colombia
Resumen caso
Año de aparición en
prensa
2006
Casos Vinculados
Caso Parapolítica, Caso
Financiamiento de
Campañas por
Paramilitares-Caso de
Miguel Ángel Perez
En el año 2002, la Gobernación del Departamento del Casanare suscribió varios Convenios
interadministrativos con la Universidad de Cartagena, universidad pública colombiana de
régimen especial. Los hechos irregulares se presentaron en los convenios Nos. 867 y 230, a los
que fueron adicionados acuerdos hasta llegar a sumas superiores a los $128.000 millones de
pesos colombianos (US$ 65.727.506). Ese dinero fue erogado por la Gobernación del Casanare
a la Universidad de Cartagena, sin embargo, estudios técnicos practicados por funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de
la República, establecieron la existencia de sobrecostos por más de $5.000 millones de pesos
colombianos (US$2.567.480). (Fiscalía General de la Nación, 2007).
En el proceso adelantado fueron involucrados como responsables el, en su momento, rector de la
Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra y el Gobernador del Casanare
William Hernán Pérez Esquivel. En materia Disciplinaria el Ministerio Público, estableció que
al llevar a cabo dichos convenios se “desconocieron los principios de selección objetiva,
transparencia y economía, al no convocar a otras entidades públicas, y no realizar estudios
técnicos, administrativos, económicos ni jurídicos para determinar la necesidad y conveniencia
para el departamento”. (Radio Santa Fe, 2008).
En el marco de la Investigación, la Procuraduría y la Fiscalía descubrieron que el exgobernador
William Hernán Pérez Espinel, también promovió, auspició y financió a grupos paramiltiares, y
recibió de estas organizaciones $3.000 millones de pesos colombianos (US$1.540.488) para
costear su campaña electoral. Según la Procuraduría, el ex mandatario del Casanare tuvo
estrechos vínculos con el grupo paramilitar liderado por Germán Darío Buitrago Parada, más
conocido con el alias de “Martín Llanos”. En fallo de única instancia, el Ministerio Público
afirmó que quedó plenamente comprobado que Pérez Espinel, quien se desempeñó como
gobernador entre el 2001 y 2003, incurrió en una falta disciplinaria gravísima y a título de dolo
al poner su cargo al servicio del grupo paramilitar dominante en la zona, con el propósito de
promocionar, auspiciar y financiar el mismo como “retribución” al hecho de que gracias a su
apoyo accedió a esa dignidad. (Radio Santa Fe, 2008).
De acuerdo con declaraciones dadas por Carlos Guzmán Daza, alias “Salomón”, considerado el
vocero político del grupo paramilitar, el entonces gobernador del Casanare, manejó la
contratación del departamento a través de cooperativas creadas con ese propósito como Conalde,
Coopnal, Cooespro, Proteger y Codeter. Adicionalmente, se comprobó la creación de una
“oficina paralela” de la Oficina Jurídica de la Gobernación, la cual estaba destinada a adelantar
todo el trámite de legalidad de la contratación ocultando su finalidad de cumplir compromisos
previamente adquiridos. (Radio Santa Fe, 2008).
La Procuraduría General de la Nación también comprobó que el exgobernador Pérez Espinel
pasó por alto todo el trámite de legalidad de la contratación pública, para poder cumplir sus
compromisos financieros con la asociación delictiva, actuaciones que fueron objeto en su
momento de sanción disciplinaria.
Para finalizar es importante aclarar que, de acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, este
caso no se trata de la violación del régimen contractual sino del régimen presupuestal y,
específicamente, del ordenamiento de la utilización de las regalías, producida mediante de este
instrumento de gestión administrativa que constituye el contrato. (Procuraduría General de la
Nación, 2009)
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Apropiación Indebida
Ilegal
2002
2. Asociación Ilícita
Ilegal
2002
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2002
4. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2002
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas - Universidad de Cartagena
2. Gobierno Regional - Gobernación de Casanare
3. Empresa Privada - Meyán Ltda.
4. Empresa Privada - Servicios de Ingeniería S.A. (SDI)
5. Grupos Paramilitares
Denunciante (y cargo si aplica)
Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de la República
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Sergio Manuel Hernández Gamarra (Rector de la
Universidad de Cartagena, Público Alto), Felipe Agustín
Incer Covo (Representante legal de la Sociedad de
Servicios de Ingeniería S.A., SDI, Privado Alto), Baltazar
Eduardo Mesa Restrepo.(Representante legal de Meyán
Ltda., Privado Alto), William Hernán Pérez Espinel
(Gobernador de Casanare, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la Política Pública
Mayor información
1. Fiscalía General de la Nación, (2007, 24 de Mayo), “Medida de aseguramiento en
contra del ex rector de la Universidad de Cartagena” Consultado el día 25 de
Noviembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.fiscalia.gov.co/pag/DIVULGA/noticias2007/anticorrupcion/CorrupCartagen
aMay24.htm
2. Radio Santa Fe, (2008, 27 de Noviembre). “Paramilitarismo: Exgobernador del
Casanare William Pérez Esquivel inhabilitado 20 años” Consultado el día 25 de
Noviembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.radiosantafe.com/2008/11/27/gobernador-del-casanare-william-perezesquivel-inhabilitado-20-anos/
3. Procuraduría General de la Nación, (2009, 28 de Septiembre). “Destituido ex rector de
la universidad de Cartagena” Consultado el día 25 de Noviembre de 2009 de la World
Wide Web: http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_529.htm
Otras observaciones o comentarios
1. El caso volvió a aparecer en prensa el año 2007.
2. Las sanciones derivadas de las investigaciones en este proceso son las siguientes:
Sergio Manuel Hernández Gamarra: En materia Penal, un fiscal de la Unidad Nacional
Anticorrupción dispuso la detención preventiva del ex rector de la Universidad de
Cartagena, contra quién se adelanta un proceso por el delito de peculado por
apropiación. En materia disciplinaria, en Septiembre de 2009, la Procuraduría General
de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos.
William Hernán Pérez Espinel: En materia Penal, en mayo de 2008, la Fiscalía General
de la Nación le dictó medida de aseguramiento por los delitos de concierto para
delinquir agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión. En
noviembre de 2009, luego de acogerse a sentencia anticipada en los delitos de concierto
para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, sumados a otros como
peculado a favor de terceros y concusión, Pérez fue sentenciado a 15 años de prisión, y
multado por $2.400 millones de pesos Colombianos. En materia Disciplinaria, el
exgobernador Pérez fue destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar cargos
públicos por 20 años, la resolución tomó en cuenta las irregularidades en la celebración
de contratos y los vínculos con grupos paramilitares anteriormente descritos.
En el mismo proceso, el fiscal instructor también vinculó por el delito de peculado por
apropiación a Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, representante legal de Meyán Ltda.,
quien suscribió el contrato No. UDC-867-04-01 con la Universidad de Cartagena. En
este caso se detectaron sobrecostos por más de tres mil millones de pesos.
Así mismo, fue vinculado Felipe Agustín Incer Covo, representante legal de la Sociedad
de Servicios de Ingeniería S.A., SDI, quien firmó contrato de consultoría con la
Universidad de Cartagena, pero figura escogiendo a los contratistas que desarrollaron
los convenios suscritos con la Gobernación del Casanare. Esta persona también es
investigada por el delito de peculado por apropiación.
Fecha del registro: Diciembre 2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Corrupción en el Instituto
Nacional de Concesiones
(INCO)
Ficha Nº140
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso INVIAS – Daniel García
Arizabaleta, Caso Parapolítica,
Caso Los Nule
Resumen caso
El Instituto Nacional de Concesiones (INCO), es una entidad pública del
nivel nacional, adscrita al Ministerio de Transporte de Colombia, encargada
de identificar y proponer iniciativas de vinculación del capital privado para el desarrollo de la
infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados en Colombia.
Actualmente, administra una red vial primaria concesionada de más de 4.000 kilómetros con
inversiones público - privadas que ascienden a $12,09 billones de pesos colombianos
(US$6.500 Millones, aproximadamente.). (La República, 2009).
Desde el año 2006, esta entidad ha sido mencionada en diversas ocasiones por la prensa
nacional en escándalos de corrupción. Sus tres últimos directores han dejado el cargo por
presuntos hechos de corrupción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta ficha revisa los tres casos
de corrupción más relevantes de los últimos años que han determinado el retiro de sus
directivos.
1. Luis Carlos Ordosgoitia Santana, Ingeniero Civil que se desempeñó como Director del
INCO hasta el mes de Noviembre de 2006, fecha en la cual se retiró voluntariamente del
cargo tras admitir que era uno de los cerca de 30 políticos que el 23 de julio de 2001
asistieron a una conferencia convocada por la organización paramilitar Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), activa en ese entonces. Dicho encuentro terminó con la firma
del llamado “Acuerdo de Ralito”, que comprometía a los asistentes, entre ellos algunas
docenas de congresistas, con la “refundación” del Estado y la suscripción de un "nuevo
contrato social". La divulgación del documento desató el llamado escándalo de la
"parapolítica,” por nexos de políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC.
Aunque el acto ilegal del que se acusó a Ordosgoitia no ocurrió durante el tiempo que éste
ocupó el cargo de Director del INCO, el proceso de investigación penal y el escándalo ante
la opinión pública sí se desató durante este periodo, razón por la cual el nombre y la imagen
del Instituto se vieron involucrados.
Luego de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, Ordosgoitia fue
declarado inocente por el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, quien ordenó la
libertad inmediata del ex congresista y ex director del INCO, al considerar que su
participación en el denominado Acuerdo de Ralito, no constituyó delito. Según la decisión
del Vicefiscal, el hecho de que un político hubiera ido a la reunión de Ralito no da una
absoluta certeza para condenar a los asistentes, sino que se deben analizar las razones que
los llevaron allí. Según el abogado del ex congresista, en este caso, Ordosgoitia cumplía una
misión de acercamiento con los jefes paramilitares, encomendada por el presidente Andrés
Pastrana Arango y en el momento de la reunión aún se encontraba en cumplimiento de esa
comisión de facilitador autorizada por el Primer Mandatario. (El Tiempo, 2008)
2. Fabio Méndez Dangond, Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, se
desempeñó como Director del INCO desde diciembre de 2006 hasta el mes de Marzo de
2007. Fue destituido por presentar un diploma falso de magister en Finanzas y Evaluación
de Proyectos. Según el Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, Méndez Dangond le
juró por Dios que había cursado los estudios sobre los cuales fue acusado de mentir. En
declaraciones a “W radio”, Méndez Dangond señaló que sí le hizo tal juramento al ministro,
pero no aportó los documentos del magister. Hasta la fecha no se conocen fallos de
investigaciones de tipo penal en contra del funcionario, la sanción disciplinaria fue la
destitución de su cargo, no obstante en los archivos de la Procuraduría General de la Nación
no se registra ninguna inhabilidad o sanción disciplinaria adicional a su despido.
3. Alvaro José Soto, se desempeñó como Director del INCO hasta Septiembre de 2009,
cuando el Presidente Álvaro Uribe Vélez, lo relevó del cargo de director, al tiempo que a
tres funcionarios más de la entidad y a un asesor del Ministerio del Transporte, por
presuntos hechos de corrupción. Esto se debió a la aparición en los medios de comunicación
de una grabación de una conversación telefónica en la cual se oía a un asesor del INCO
hablar de la presunta distribución de dineros a directivas de la entidad para otorgar una
millonaria concesión de la obra del ferrocarril central de Colombia. Dicho asesor fue
identificado como Guillermo Gómez, quien habla con una segunda persona sobre la
distribución de los dineros que entregará un licitante. El asesor menciona no sólo al director
del INCO, sino a otros cuatro funcionarios de esta institución y la distribución de los
dineros, que sería del 60 por ciento del valor de la licitación. Gómez, según la grabación,
dice como sería entregado el porcentaje entregado para Álvaro José Soto, quien lo recibiría
a través de una tercera persona. Actualmente el proceso está en investigación ante los
órganos Fiscales, Penales y Disciplinarios.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
2001
2. Falsificación de Documentos/Uso malicioso Ilegal
2007
de documentos
3. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2009
Actores implicados
1. Poder Legislativo – Congresistas
2. Empresas Privadas - Proveedores y/o Contratistas del Estado
3. Grupos Paramilitares
4. Ministerio de Transporte
Denunciante (y cargo si Fiscalía General de la Nación (Público Alto), Andrés Uriel
Gallego (Ministro de Transporte, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Fabio Méndez (Director INCO , Público Alto), Luis Carlos
jerarquía)
Ordosgoitia (Director INCO, Público Alto), Álvaro José Soto
(Director INCO, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Abierto
Sí, Abierto
No
Primario – Construcción
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de Política Pública
2. Empresas Competidoras
3. Otros(as) candidatos(as) al cargo de director
Mayor información
1. La República, (2009, 22 de Septiembre). “Por corrupción, destituyen a director del
INCO”. Consultado el día 10 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web:
2. http://rse.larepublica.com.co/archivos/MACRO/2009-09-22/por-corrupcion-destituyena-director-del-INCO_83727.php
3. http://www.cmi.com.co/?ir=noticia&nota=35015&seccion=8
4. El Tiempo, (2008, 3 de Septiembre). “Libre Luis Carlos Ordosgoitia por no tener
responsabilidad en la reunión de Ralito” Consultado el día 10 de Noviembre de 2009
de la World Wide Web: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-03/libreluis-carlos-ordosgoitia-por-no-tener-responsabilidad-en-la-reunion-de-ralito_4498335-1
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº141
País
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Caso Corrupción en el Sector Salud del Colombia
Departamento del Chocó
Resumen caso
En el año 2006 la Superintendencia de Salud de Colombia, adelantó importantes acciones de
vigilancia a las entidades del sector salud del departamento del Chocó, una de ellas, la
intervención del hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, el más grande del departamento. En
dicho hospital, la superintendencia encontró problemas de ineficiencia, bajos estándares de
calidad y ausencia de gestión en riesgos hospitalarios, así como cuentas sin pagar superiores a
$5.413 millones de pesos colombianos (US$2.800.541). Según un informe de la Supersalud. “Al
momento de la visita, el hospital no disponía de existencias mínimas de insumos hospitalarios,
medicamentos, ni material médico-quirúrgico. Además, no había control de los recursos
financieros, ni existía plan de pago”. (Colprensa- El Colombiano -El País, 2006).
Por su parte, investigaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, señalaron que la
ineficiencia administrativa en el sector salud del Departamento conjugaba, problemas políticos y
personales entre el, en su momento, Gobernador Julio Ibarguén Mosquera y la Dirección del
Hospital San Francisco de Asís. Por ese problema, la Defensoría indicó que la Gobernación dejó
de girar recursos al hospital, lo cual llevó al deterioro del establecimiento, y al embargo de
$2.222 millones de pesos colombianos (US$1.149.603) de las cuentas de los recursos de la
salud, afectando a los trabajadores, contratistas y proveedores. (Colprensa- El Colombiano -El
País, 2006).
La situación dejó al departamento del Chocó sin recursos para vacunas y atención sanitaria
durante 2006 y 2007. Con base en estos antecedentes, la Supersalud estudió las posibles
medidas contra el Departamento Administrativo de Salud - DASALUD, entidad encargada de la
administración de los recursos del sector. El ente de vigilancia, encontró que DASALUD no
contaba con un sistema contable ni soportes de los cheques girados, así como tampoco había
registro exacto de las cuentas por pagar y el inventario de las cuentas ascendía a más de $12.000
millones de pesos colombianos (US$6.208.478) (Colprensa- El Colombiano -El País , 2006).
No siendo la situación lo suficientemente grave, en el año 2007 la Unidad Antinarcóticos de la
Fiscalía General de la Nación, informó a la opinión pública que la organización criminal de
Olmes Durán Ibargüen, el más importante narcotraficante del Pacífico colombiano, había
infiltrado el manejo de recursos públicos para la salud y de la Licorera de Chocó. De acuerdo a
las autoridades, en la casa del Narcotraficante, los investigadores encontraron un listado de 13
contratos firmados en 2006 con DASALUD, por valor de $5.000 millones de pesos
colombianos (US$2.586.866), y el monto de las comisiones que cobraba por ellos. Según las
indagaciones del organismo judicial, era la contraprestación que el ex gobernador Julio Ibargüen
Mosquera, le había dado a Durán, quien había invertido en su campaña más de $700 millones de
pesos colombianos (US$362.161). (Fiscalía General de la Nación, 2007).
A estas evidencias se sumaron grabaciones de más de 100 horas de conversaciones telefónicas
ente Durán y sus aliados, en las cuales se habla sobre las cifras del negocio de los licores y sobre
los contratos en DASALUD. Dichas grabaciones también demuestran que algunos funcionarios
de la Gobernación y de DASALUD, mantenían a Durán al tanto de las investigaciones
administrativas, penales y disciplinarias en curso y de las reuniones promovidas por el Gobierno
Nacional y los órganos de control para enfrentar la crítica situación de la salud del
departamento. (Cambio, 2007).
Según pruebas en poder de las autoridades, los cerca de $57.000 millones de pesos colombianos
(US$29.490.272) que el Gobierno asigna cada año a DASALUD y los cerca de $12.000
millones de pesos colombianos (US$6.208.478) que deja la comercialización de los licores en
cabeza del Consorcio Chocó-Pacífico en el cual Durán tiene participación, hacían parte de los
negocios del narcotraficante. (Cambio, 2007)
Investigaciones, resoluciones o penas:
En Julio de 2007, la Fiscalía General de la Nación, ordenó abrir investigación contra el
Gobernador del Chocó Julio Ibarguén Mosquera, por el presunto desvío de recursos oficiales
hacia personas que lideraban organizaciones dedicadas al narcotráfico, delito que es actualmente
investigado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En el
mismo proceso fueron asegurados sin beneficio de excarcelación Olmes Durán Ibargüen,
Anurio Murillo Murillo, Ermes Prudencio Mosquera Mosquera, Francisco Reyis Murillo
Murillo, Héctor Jaime Castillo Córdoba, Iber Andrés Valencia Rebolledo, Ignacio Lemos Potes,
Rubén Perlaza y Jilmar Guevara Saavedra. Estas personas fueron capturadas el 15 de junio de
2007 y actualmente están siendo procesados por los delitos de tráfico, fabricación ó porte de
estupefacientes agravado y concierto para delinquir. (Fiscalía, 2007). En materia disciplinaria,
en seguimiento a los casos de Corrupción en la Administración de DASALUD, en el año 2007,
el ex Gobernador Julio Ibarguén y el ex Director del Departamento Administrativo de Salud
Departamental, Víctor Oscar Klinger, fueron sancionados por la Procuraduría General de la
Nación con destitución de sus cargos e inhabilidad por irregularidades cometidas en la
adjudicación de un contrato para la compra de equipos hospitalarios, insumos y medicamentos
para los centros de salud del Departamento, en donde se registraron sobrecostos superiores al
443 % en la compra de medicamentos. (Procuraduría General de la Nación, 2008. p 74).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación Indebida
Ilegal
2006, 2007
2. Asociación Ilícita
Ilegal
2006, 2007
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2006, 2007
4. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2006, 2007
públicos/Peculado
5. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2006, 2007
Actores implicados
1. Gobierno Local-Gobernación del Chocó
2. Otras instituciones públicas - Departamento Administrativo de Salud Departamental
de Chocó (DASALUD)
3. Hospital - San Francisco de Asís, de Quibdó - Chocó
4. Carteles de narcotráfico - Grupo de Narcotraficantes liderado por Olmes Durán
Ibargüen
Denunciante (y cargo si Fiscalía General de la Nacional, Procuraduría General de la
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Civil
Penal
Político
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Nación (Ente Fiscalizador y Regulador), Superintendencia de
Salud (Ente Fiscalizador y Regulador)
Olmes Durán Ibargüen, (Narcotraficante), Julio Ibarguén
Mosquera (Gobernador del Chocó, Público Alto), Víctor
Oscar Klinger (Director del Departamento Administrativo de
Salud Departamental de Chocó-DASALUD, Público Medio).
Situación del caso
Sí, Cerrado
No se accede al dato
Sí, Abierto
No se accede al dato
No se accede al dato
Terciario – Servicios de Salud
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la Política Pública
2. Habitantes de la zona del Chocó
Mayor información
1. Colprensa- El Colombiano -El País, (2006). “Corrupción se devora al Chocó”
Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril012007/corrupcion.html
2. Cambio, (2007, 29 de Junio), “El Gobernador y el narco” Consultado el día 4 de
Diciembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.cambio.com.co/paiscambio/731/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLYPRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-3618300.html
3. Fiscalía General de la Nación, (2007, 6 de Julio) “Fiscalía Investigará a Gobernador
del Chocó” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/noticias2007/seccosta/Scgoberna6jul.htm
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso DMG-Financiamiento de campañas
Ficha Nº142
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
DMG, es la sigla con la que se dio a conocer la multimillonaria empresa de David Murcia
Guzmán, captadora ilegal de dinero que funcionaba bajo el esquema de “pirámides financieras”,
en el que los responsables pagaban altos rendimientos con el dinero de nuevos clientes captados
en cadena. Luego de tres años de estar operando bajo el esquema de pirámide y con más de 30
empresas constituidas, el Gobierno Nacional decide intervenir la firma DMG por los delitos de
enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, captación ilegal de dineros
del público y cohecho. Después de algunos meses de ser intervenida la empresa DMG, se
conoció la noticia en la que señalaban que la empresa intervenida tenía en sus bodegas
guardados los documentos con las firmas para convocar un referendo para la reelección
presidencial, y que la empresa de transporte de valores Transval, que transportó los documentos
sin cobrar por este servicio, tenía como accionista a la firma Proval, la cual a su vez tenía
acciones en DMG.
Debido a esto se inició una investigación sobre la financiación de la campaña por la reelección
en la que se encontró que $5.000 millones de pesos colombianos (US$2.590.000) no fueron
declarados a las autoridades competentes, y la violación de los topes fijados por la ley. Al
parecer se recibieron y gastaron alrededor de $1.900 millones de pesos colombianos
(US$98.300). David Murcia Guzmán en declaraciones hechas durante la audiencia de
juzgamiento señaló que aportó no menos de $5.000 millones de pesos colombianos
(US$2.590.000) para la financiación del proceso logístico del referendo: aviones, helicópteros y
vehículos blindados, y en la compra de camisetas, gorras y papelería, actividades que se
realizaron a solicitud del Comité Promotor del Referendo para la Reelección de Uribe.
El Consejo Nacional Electoral investigó cómo se financió la recolección de millones de firmas
de respaldo a un proyecto que busca convocar a los electores a las urnas para que aprueben una
enmienda constitucional que permita que el actual presidente, Álvaro Uribe Vélez sea reelegido
y determinó que la campaña no recibió dinero por parte DMG. Adicionalmente, se conoció la
noticia de que la campaña electoral de Samuel Moreno a la Alcaldía de Bogotá, pudo haber sido
financiada por este grupo. Al respecto se señalo que David Murcia Guzmán, y William Suarez
presidente de la comercializadora DMG, se reunieron con el Personero Distrital de Bogotá,
Francisco Rojas Birry, en la casa de María Eugenia Rojas, madre del alcalde Samuel Moreno,
con el fin de conocer su posición frente a la candidatura de Enrique Peñalosa (principal
contendor político de Moreno Rojas), quien cuestionaba y atacaba a DMG. No obstante, en las
investigaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, fueron encontradas grabaciones
donde funcionarios de DMG acordaban la entrega de $200 millones de pesos colombianos
(US$103.000) al personero Rojas Birry, quien recibió cargos por parte de la Fiscalía por
enriquecimiento ilícito.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
2008
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2008
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2008
4. Fraude Electoral
Ilegal
2008
5. Intervención electoral
Legal
2008
6. Lavado de dinero
Ilegal
2008
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Gobierno Local
3. Gobierno Regional
4. Empresa Privada-DGM
Denunciante (y cargo si aplica) Wilson Borja (Representante a la Cámara, Público Alto),
Germán Navas (Representante a la Cámara, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Francisco Rojas Birry (Personero de Bogotá, Público Alto),
Álvaro Uribe Vélez (Presidente de la República, Público
alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Político
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Sector Económico
Actores Afectados
1. Candidatos(as) Competidores(as)
2. Electores(as)
3. Ciudadanía
Mayor información
1. http://www.semana.com/noticias-opinion/comodin-dmg/121998.aspx
Otras observaciones o comentarios
Otras personas que han sido señalados de recibir recursos para la financiación de las campañas
políticas, por parte de DMG fueron:
Pedro Alonso Sanabria, Gobernación de Boyacá;
Jorge Enrique Guáqueta; Alcaldía de Suesca, Cubndinamarca;
Juan Pablo Díazgranados Pinedo, Alcaldia de Santa Marta, Magdalena
Ómar Díazgranados Velásquez, Gobernación del Magdalena
Joaco Berrío, Gobernación de Bolívar (
Felipe Guzmán, Gobernación de Putumayo
Raúl Iván Flores, Gobernación de Casanare
Jorge Pérez, Gobernación de La Guajira
Pedro Gallardo, Gobernación de San Andrés
Darío Vásquez, Gobernación del ) Meta
Mario Aristizabal, Gobernación de Caldas ¡
Arturo García y Pedro Alonso Sanabria, Gobernación de Boyacá
Juan Carlos Abadía, Gobernación del Valle
y otros 50 alcaldes municipales
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Ficha Nº143
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
No
Caso Dragados y Construcciones de Colombia
Colombia
y
del
Caribe
(DRAGACOL)
Resumen caso
La Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe (Dragacol), fue
constituida en 1994 con US$104.000, no obstante para finales del año de su creación su
contratación superaba los US$3.861.000. Sus contratos eran celebrados principalmente
con el Ministerio de Transporte para ejecutar las obras de dragado y adecuación del río
Magdalena, en el sector Barrancabermeja-Chingaló. Sin embargo los funcionarios del
Ministerio que realizaban la contratación no tuvieron en cuenta la figura de
interventoría, por lo que no se pudo dar inicio a las obras, situación que le costó a la
Nación US$6.725 diarios. Dragacol demandó al Gobierno por estas irregularidades, el
cual se tuvo que comprometer por medio de varias solicitudes de conciliación a pagar
una suma de US$2.475.000 y posteriormente de US$13.450.000 por motivo de
conciliación. Las razones que desataron la investigación se enfocaron en el tráfico de
influencias y fallas en la conciliación laboral por cerca de US$13.450.000 entre el
Ministerio de Trabajo y Dragacol; Reginaldo Bray director de Dragacol fue
contribuyente de la campaña del Presidente Andrés Pastrana Arango; (aportes que no
fueron registrados en la contabilidad oficial y que evadieron, los controles legales a que
estaba sujeta la financiación de la campaña). Por esta razón Reginaldo Bray y su
abogado, el ex ministro Hugo Escobar Sierra, fueron sindicados por apropiación y por
celebración indebida de contratos, Bray fue llamado a juicio y la Contraloría encontró
méritos para abrir procesos de responsabilidad fiscal. Sumado a esto, el Consejo de
Estado ordenó a la firma de Reginaldo Bray restituir a la Nación más de US$6.726.000
que el Ministerio de Transporte pagó en exceso a Dragacol por los controvertidos
contratos para la limpieza del río Magdalena en el departamento de Bolívar, el valor real
que se debió reconocer por dicha contratación no debió exceder los US$2.070.000. Hoy
Reginaldo Bray Bohórquez, se encuentra prófugo de la justicia
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación indebida
Ilegal
1998, 1999
2. Conflicto de Intereses
Legal
1998, 1999
3. Fraude: Estafa el Fisco
Ilegal
1998, 1999
4. Tráfico de Influencias
Legal
1998, 1999
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo - Gobierno Nacional
2. Empresa Privada – Dragacol
3. Ministerio de Desarrollo
Denunciante (y cargo si Javier Cáceres Leal (Senador liberal, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Reginaldo Bray Bohórquez (Director Dragacol, Privado
jerarquía)
Alto), Mauricio Cárdenas (Ministro de Transporte, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Civil
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Trabajadores(as) de Dragacol
2. Beneficiarios(as) de la política
3. Empresas competidoras
Mayor información
1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-954589
2. http://www.semana.com/noticias-nacion/cae-dragacol/21981.aspx
Otras observaciones o comentarios
1. Otros de los funcionarios implicados en el caso son:
Alfonso Campo Soto, ministro encargado, autorizó el contrato 0098 del
11 de mayo de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por
US$3.515.033.
Juan Gómez Martínez. Fue el encargado de autorizar los otrosí a los
contratos aumentar los valores.
Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizo contratos
Rodrigo Marín Bernal, inició una conciliación con Dragacol por cerca de
US$4.294.197.589
Mauricio Cárdenas. autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía
demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca.
Juan Alberto Páez, entonces viceministro de Transporte participó el
comité de conciliación.
Hugo Escobar, fue abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso El Guavio
Ficha Nº144
País
Colombia
Año de aparición en prensa
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Central Hidroeléctrica del Guavio es la segunda central en funcionamiento más grande de
Colombia. Entró en operación el 15 de diciembre de 1992, aún cuando no alcanzó a ser
terminada, pues presentó sobrecostos por US$2.053 millones debido a que se comenzaron los
trabajos sin comprar los predios. Los sobrecostos fueron apropiados por los consorcios
contratistas, Vianini–Entrecanales y Tavora y Campenon Bernard-Spie Batignolles, que ganaron
cuantiosas sumas como resultado de las compensaciones por la demora en la compra de los
predios. Adicionalmente, al gerente de la Empresa de Energía de Bogotá , Fabio Puyo Vasco, se
le comprobaron US$360.000 de aumento patrimonial injustificado (Suárez,2007). En el
desarrollo de la investigación de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, se estableció que la
documentación aportada por Puyo para justificar sus ingresos era falsa. Además la Contraloría
General de la Nación inició un juicio fiscal contra Puyo y lo responsabilizó con US$555.000 el
23 de mayo de 1993, en su calidad de Gerente Ordenador de la Empresa de Energía de Bogotá –
EEB- . Fue sentenciado a 7 años de prisión, pero para ese tiempo Puyo vivía en España, y
Colombia no logró la extradición. Así, pasaron siete años desde que la sentencia contra Puyo por
enriquecimiento ilícito, falsedad en documento, falsedad ideológica y concierto para delinquir
quedó ejecutoriada, y la sanción prescribió. Las irregularidades de este proyecto le costaron a
cada bogotano un promedio de U$130 y permanentes racionamientos eléctricos. Cada día de
retraso en la terminación de la obra le costó a la EEB US$238.000 en lucro cesante. Debió estar
concluida en 1988 y sólo se logró su terminación en 1994. De los 145 funcionarios
comprometidos en las irregularidades, 110 fueron beneficiados con la prescripción de las
sanciones disciplinarias. Además de tres ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá,
incluido Puyo, y dos ex alcaldes, que también fueron favorecidos con esta figura debido a que
durante diez años no se adelantó ninguna investigación sobre las irregularidades cometidas
durante la construcción de la hidroeléctrica.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
1993
2. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
1993
3. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal
1994
de Documentos
Actores implicados
1. Empresas Públicas de Bogotá
Denunciante (y cargo si Oficial de la Procuraduría
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Fabio Puyo Vaco (Gerente Empresa de Energía Eléctrica de
jerarquía)
Bogotá, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Civil
Administrativo
Político
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No
Sí, Cerrado
No
Terciario-Servicios Básicos
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona - Bogotá
Mayor información
1. Suarez, Aurelio (24 de Mayo de 2007,) “Con la plata del Guavio se comprará el
Guavio”, Consultado el 28 de Noviembre de la Word Wide Web :
http://www.polodemocratico.net/Con-la-plata-de-El-Guaviose?page=video&id_article=8140
Otras observaciones o comentarios
El caso se considera cerrado por la prescripción de los términos.
Este caso aunque ocurrió entre los años 1991 y 1994, tuvo reaparición en los medios durante
1998 cuando prescribió la sentencia de Fabio Puyo Vasco
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Entrega de Notarías
Ficha Nº145
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Yidispolítica, Caso DMGFinanciamiento de Campañas
Resumen caso
El Supertintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, denunció ante la Corte
Suprema de Justicia la entrega de notarías a cambio de votar a favor de la primera iniciativa
reeleccionista, que permitió que Álvaro Uribe continuara por cuatro años más en la Presidencia
en 2006. Aseguró que 34 congresistas se vieron beneficiados con la entrega de 79 notarias a
cambio del voto en favor de la primera reelección presidencial. Después de ser aprobado el
proyecto de reelección, Cuello Baute empezó a ser contactado por miembros del gobierno,
quienes no estaban de acuerdo con la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un
concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre, pues el
gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías
a políticos. La principal prueba de Cuello Baute fue un listado en el que aparecen 72 decretos
por medio de los cuales, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos. El 25 de
noviembre de 2005 se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios. "El afán
básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los
políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la
Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser
candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la Ley de Garantías, la cual le prohibía al
gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo
de 2006 (Semana, 2009). No obstante, Cuello Baute fue señalado por el zar anticorrupción,
Rodrigo Lara, de presionar a notarios, a quienes pedía dinero a cambio de medidas que los
favorecieran, por lo que fue condenado en abril de 2008 a cien meses de prisión por el delito de
concusión. El testimonio que permitió probar la culpabilidad de Cuello fue el del coordinador de
actividades notariales de la Superintendencia, Milton Amell Contreras, quien aseguró a la
Fiscalía que el ex superintendente hizo que un notario le llevara diez cabezas de ganado a la
finca de propiedad de su familia.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007
Actores implicados
2. Poder Legislativo - Congreso de la República
3. Otras instituciones públicas - Superintendencia de Notariado y Registro
4. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República
Denunciante (y cargo si Manuel Cuello Baute (Ex superintendente de Notariado y
aplica)
Registro, Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Manuel Cuello Baute (Ex superintendente de notariado y
jerarquía)
registro, Público, Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Político
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No Aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Semana, (2009, 27 de Junio), “El Ventilador de las Notarías”, Consultado el 27 de
Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticiaspolitica/ventilador-notarias/125628.aspx
Otras observaciones o comentarios
Hubo una serie de Congresistas acusados(as), además de Manuel Cuello.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº 146
País
Año de aparición en prensa
2007 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Caso Fernando Botero Zea-Proceso Colombia
8000
Resumen caso
El proceso 8.000 es el nombre con el que se conoce al proceso judicial contra el Presidente de
Colombia, Ernesto Samper (1994 – 1998), por la acusación de recibir financiación de parte del
narcotráfico, específicamente de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del
Cartel de Cali, para su campaña presidencial. La condena más significativa dentro del proceso
8000 fue la de Fernando Botero Zea, representante legal y director de la campaña “Samper
Presidente”, quien en octubre de 1996 fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión por
enriquecimiento ilícito a favor de terceros, dados los señalamientos de la Fiscalía sobre su
conocimiento de la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña. En Febrero de 1998,
luego de 30 meses detenido, recobró su libertad, aunque quedó debiendo una multa que le
impuso el juez por US$1.655.594. Sin embargo, sus deudas con la justicia no quedaron
saldadas, porque, según se denunció, en 1993 algunos empresarios y empresas ofrecieron hacer
un aporte a la campaña de Ernesto Samper en el exterior. Botero puso a disposición sus cuentas
personales en Nueva York para canalizar esos recursos sin revelar el nombre de los donantes.
De esa forma, no habría que registrarlos en la contabilidad oficial y la campaña podría
sobrepasar el tope máximo reglamentario que ascendía a US$2.069.492. Así, a las cuentas
personales de Botero Zea ingresaron US$1.725.000 donados por diferentes empresas.
(SEMANA, 2008) La investigación de la Fiscalía determinó que en 1994, entre la primera y la
segunda vuelta de la elección presidencial, Botero trasladó US$1 millón de sus cuentas de
Nueva York a Bogotá. El dinero fue transferido a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá
y allá se expidieron unos bonos Ley 55 que fueron repartidos entre nueve personas allegadas a
Fernando Botero. Esas personas recibieron cheques de gerencia que fueron endosados por ellos
mismos y entregados a Botero Zea. (SEMANA, 2008). Según las denuncias, estos dineros
provenientes de Nueva York no fueron invertidos en su totalidad en la campaña. Las
investigaciones de la Fiscalía, señalaron que Botero Zea se había apoderado de US$413.898,
que fueron invertidos en la compra de una finca en el municipio de Tabio (Cundinamarca) En
noviembre del 2002 la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría pidieron condenarlo por
hurto, al plantear que, como director de la campaña de Ernesto Samper, se apoderó de la cifra
mencionada destinada a la misma. El dinero habría sido consignado en tres cuentas que Botero
tenía en bancos de E.U. En Abril del 2003 el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30
meses de prisión por hurto agravado. Después de una apelación hecha por la defensa, el 24 de
Enero de 2007 Corte Suprema de Justicia falló en contra de Botero Zea. No obstante, él se
encontraba viviendo en México, donde se instaló después de cumplir su primera condena. Por
haber nacido en México, país que prohíbe la extradición de sus nacionales, Botero Zea no ha
regresado a Colombia a pagar su condena.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación Indebida
Ilegal
1994
2. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
1994
3. Infracción a normas financiamiento electoral
Ilegal
1994
Actores implicados
1. Partido Político Liberal
2. Carteles de narcotráfico
Denunciante (y cargo si Cesar Gaviria Trujillo (Ex presidente de la Nación, Público
aplica)
Alto), Andrés Pastrana Arango (Ex presidente de la Nación,
Público, Alto), Fiscalía General de la Nación (Público Alto)
Acusado/a
(cargo
y Fernando Botero Zea (Director de la campaña “Samper
jerarquía)
Presidente”, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sí, Abierto
Político
No
Sistema Internacional de
DDHH/Internacional de
Justicia
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Electores(as)
Mayor información
1. SEMANA, 2008, “Veredicto Final”, Consultado el día 18 de Diciembre de 2009 de la
World Wide Web: http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=100655
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº147
País
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
Caso Parapolítica
Caso Financiamiento de Campañas por
Colombia
Paramilitares. Caso de Miguel Ángel
Pérez
Resumen caso
En Octubre de 2003 el señor Miguel Ángel Pérez fue elegido Gobernador del Departamento del
Casanare, cargo que empezó a ejercer en enero de 2004. En noviembre de ese mismo año, el
informativo de televisión “Noticias Uno” desató un escándalo en la opinión pública nacional, al
transmitir un video en el que el gobernador Pérez aparece recibiendo una importante suma de
dinero, presuntamente, para el financiamiento de su campaña a Gobernador. Según el
informativo, dicho dinero habría sido entregado a mediados de octubre de 2003 por Luis Martín
Sacristán alias "Fox", conocido por ser el vocero político del grupo de paramilitares liderado por
alias “Martín Llanos”. Pérez reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se trataba
de una celada del grupo paramilitar y que no sabía con quién estaba reunido ni de quién recibía
el aporte, y aseguró que devolvió los dineros cuando supo el origen. (Semana, 2006).
Atendiendo las denuncias del importante medio de comunicación, el 22 de diciembre de 2004, la
Fiscalía General de la Nación solicitó la suspensión del cargo y libró una medida de
aseguramiento en su contra. No obstante, antes de su captura, el gobernador se escabulló y
desapareció de la escena. El 16 de junio de 2005, luego de más de 6 meses de búsqueda, la
Policía de Bogotá lo capturó en un restaurante del norte de la ciudad. En julio del año 2006,
después de varias audiencias, los magistrados de la sala de casación penal de la Corte Suprema
de Justicia lo declararon culpable de recibir US$52.000 de las autodefensas de Martín Llanos
para financiar su campaña electoral en 2003. Lo condenó a seis años de cárcel y a pagar
US$103.500. En la sentencia el máximo tribunal señaló que “para la sala es evidente que el
doctor Pérez Suárez acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación
con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la
conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares”. (Semana, 2006). Además de los
delitos anteriormente mencionados, la Corte Suprema de Justicia, inició en 2008 una
investigación contra Miguel Ángel Pérez por el delito de Celebración Indebida de Contratos,
aduciendo que en el año 2.007, cuando se desempeñaba como Gobernador, celebró un contrato
sin cumplir con todos los requisitos de ley para llevar energía eléctrica a los municipios de
Trinidad y San Luis. Frente a este último delito, la sala penal absolvió al exgobernador
argumentando que la Fiscalía no presentó las pruebas contundentes que demostraran la
responsabilidad de Pérez en la comisión de la conducta de que se le acusaba. (Notillano, 2007)
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2003
2. Asociación Ilícita
Ilegal
2003
3. Infracción a normas financiamiento electoral
Ilegal
2003
Actores implicados
1. Gobierno Regional-Gobernación de Casanare
2. Grupos Paramilitares - Autodefensas del Casanare
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-“Noticias Uno”
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Miguel Ángel Pérez (Gobernador de Casanare, Público Alto)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
Sí, Cerrado
No se accede al dato
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la Política Pública
3. Candidatos(as) Competidores(as)
Mayor información
1. Semana, (2006, 29 de Julio) “Entre Rejas” Consultado el día 30 de Noviembre de 2009
de la World Wide Web:
http://www.semana.com/noticias-nacion/entre-rejas/96161.aspx
2. Notillano, (2007), “Corte absolvió por celebración indebida de contratos, al
exgobernador del Casanare Miguel Ángel Pérez” Consultado el día 30 de Noviembre
de 2009 de la World Wide Web:
http://www.notillano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:elcontralor-julio-cesar-turbay-quintero-hoy-en-villavicencio-realizara-foro-sobre-regaliase-inversion-social-en-el-meta-existen-hallazgos-por-3444-millones-depesos&catid=25:primera-emision&Itemid=28
3. Cambio, (2007, 29 de Junio), “El Gobernador y el narco” Consultado el día 4 de
Diciembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.cambio.com.co/paiscambio/731/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLYPRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-3618300.html
Otras observaciones o comentarios
1. http://www.semana.com/noticias-nacion/entre-rejas/96161.aspx
2. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=313810
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Guillermo Fino
Ficha Nº148
País
Colombia
Año de aparición en
prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Guillermo Fino Serrano, quien para el año 2002 era el presidente del Instituto de Seguros
Sociales (ISS), fue acusado por cobrar una comisión ilegal a la multinacional “Fresenius
Medical Care” a cambio de entregarle contratos del ISS. El caso de corrupción señalado
consistió en la exigencia por parte de Guillermo Fino Serrano de una comisión del 10% a la
mencionada firma Fresenius Medical Care Colombia S.A. a cambio de adjudicarle un contrato
por US$20.695.000 para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con
insuficiencia renal adscritos al Seguro Social. Los US$2.070.000 fueron cancelados por el
representante legal de Fresenius, con recursos provenientes del anticipo de US$8.278.000
efectuado por el ISS el 5 de abril de 2002, mediante cheques girados a una cuenta clandestina a
la contabilidad de Fresenius, abierta por ese mismo representante, según informó la Procuraduría
General de la Nación en ese entonces. (Semana, 2006). Las denuncias fueron hechas por Jesús
Antonio Buriticá, (esposo de Claudia Hernández, asesora de Fino en el Instituto de Seguros
Sociales) quien actuaba como intermediario para realizar el cambio de los pesos que recibía
Guillermo Fino, a dólares. Como Buriticá no recibió de Fino el pago prometido por su trabajo,
empezó a extorsionarlo, y Fino lo denunció. En el momento de la denuncia Buriticá publicó las
acciones de Guillermo Fino. La Procuraduría pudo constatar que Fino cobró además otra
comisión para ordenar la cancelación de la cartera pendiente que tenía el Instituto con la firma
Fresenius a la fecha de 30 de junio de 2001. Para tal efecto, el ex presidente del Seguro Social
suscribió un contrato de acuerdo de pago con dicha firma, por más de US$20.695.00, valor
sobre el que solicitó una participación del 6% que le fue cancelada por el Representante Legal
de Fresenius, también mediante cheques girados a nombre de diferentes personas, que
posteriormente se hicieron efectivos y fueron convertidos en divisas (Semana, 2006). Como
parte de las investigaciones adelantas por la Fiscalia y procuraduría, se descubrieron otras
irregularidades como el ejercicio de la curul de Concejal de Bogotá estando inhabilitado debido
a un contrato de consultoría que firmó con la Corporación de Abastos S.A – Corabastos-. En el
año 2006 Procuraduría General de la Nación, inhabilitó a Guillermo Fino por 20 años para
ocupar cargos públicos e impuso una multa de US$13.000. Rodrigo Díaz Sandoya, representante
de la multinacional Fresenius fue investigado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004
2. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2004
3. Falsificación de documentos/Uso malicioso de Ilegal
2004
documentos
4. Lavado de dinero
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Otras instituciones Públicas - Instituto de Seguros Sociales
2. Empresa Multinacional - Fresenius Medical Care
Denunciante (y cargo si aplica)
Jesús Antonio Buriticá, esposo de Claudia
Hernández, asesora de Fino en el Instituto de
Seguros Sociales (Privado, Bajo), Rodrigo Días
Sendoya (Ex Presidente de Fresenius Medical Care,
Privado, Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Guillermo Fino (Ex director del Instituto de Seguros
Sociales, Público, Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sí, Cerrado
Político
No
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
Terciario-Servicios de Salud
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la Política Pública
2. Ciudadanía
3. Candidatos(as)/Competidores(as)
Mayor información
1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1587698
2. Sala
Disciplinaria
–
Mayo
16
de
2006
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/PROCURADURIA/SALA%20DISCIPLINAR
IA/2006/161-3018.doc
3. Semana, (2006, Martes 11 Julio), Inhabilitado Guillermo Fino por 20 años, Consultado
el 30 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticiason-line/inhabilitado-guillermo-fino-20-anos/95834.aspx
Otras observaciones o comentarios
1. El Señor Fino Serrano, comenzó su vida pública como secretario de Hacienda del
Distrito de Bogotá en 1993, se desempeñó como director de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN desde el año 2000 al 2002, y como Concejal de Bogotá en
el año 2006, además de ser defensor de David Murcia Guzmán, el dueño de la
comercializadora DMG, señalado de lavado de activos y captación ilegal de dinero.
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Guillermo León Valencia Cossio
Ficha Nº149
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El escándalo de Guillermo León Valencia Cossio, entonces director de Fiscalías de Medellín
(Antioquia), y hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio,
estalló tras comprobar que compartía información de reserva con el empresario Juan Felipe
Sierra, hijo de un reconocido empresario del país, y sindicado de ser el enlace de la organización
del narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, con altos funcionarios de la
Policía y la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. “Don Mario” fue cabecilla del bloque paramilitar
Centauros y es el jefe de la “Oficina de Envigado” una red de sicarios creada en la década de
1980 por el capo Pablo Escobar. La información que compartía Valencia Cossio (identificado
como 'el Señor del Vino' para esconder su identidad) con Sierra, se refería al estado de las
investigaciones contra los grupos del narcotráfico y autodefensas en la región. Adicionalmente
Valencia Cossio reconoció que tenía una relación cercana con John Fredy Manco Torres alias 'el
Indio', segundo de la organización de alias “Don Mario”, y admitió haber recibido una
cuatrimoto de US$20.600 por los oficios prestados a esa red entre los que se incluyen la
exclusión de alias “el Indio” del organigrama de la llamada 'Oficina de Envigado', dada su
participación activa en los Consejos de Seguridad Regionales, por ser el director de la Fiscalía
de Medellín, y por ser el hermano del Ministro del Interior. La Fiscalía General de la Nación,
gracias a interceptaciones a un teléfono celular que Valencia Cossio introdujo irregularmente a
la cárcel de Itagüí (por lo que es procesado a nivel disciplinario), pudo comprobar que éste
había dado instrucciones a algunos familiares para que ocultaran pruebas y documentos que
demostrarían el origen ilegal de buena parte de su fortuna que entre los años 2006 – 2008
registró un incremento patrimonial no justificado de US$620.900. Personal del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía efectuó registros de allanamiento a varios bienes de Valencia
Cossio, en los que realizó la incautación de la cuatrimoto mencionada, una motocicleta y un
vehículo marca BMW, algunos de los que se encontraban a nombre del ministro del Interior y
de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Otros investigados por la Fiscalía General de la Nación son:
Marco Antonio Pedreros, Comandante de la Policía en el Valle de Aburrá, Antioquia; y Perla
Emperatriz Dávila, Directora seccional de fiscalías en Montería, Córdoba.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
2006, 2007, 2008
2. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2006, 2007, 2008
3. Falsificación
de
documentos/Uso Ilegal
2006, 2007, 2008
malicioso de Documentos
4. Violación al secreto público
Ilegal
2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Poder Judicial - Fiscalía Regional de Medellín
2. Carteles de narcotráfico
Denunciante (y cargo si Fiscalía General de la Nación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Guillermo León Valencia Cossio (Fiscal, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sí, Abierto
Político
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Inversiones de Gases
Colombia S.A. (Invercolsa)
Ficha Nº150
País
de
Colombia
Año de aparición en prensa
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
A principios de los años 90, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) organizó parte de
sus inversiones en una firma llamada Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa),
contratando la asesoría de la firma Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda., del abogado
Fernando Londoño Hoyos, Ministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe
durante los años 2002 y 2004. Londoño actuó como representante legal hasta 1995, a través de
un contrato comercial de mandato con representación. Dos años después, Ecopetrol decidió
vender las acciones que tenía en Invercolsa. De acuerdo con el artículo 60 de la Constitución,
cuando el Estado quiere vender una empresa, debe ofrecerla primero al sector solidario, a los
trabajadores y ex trabajadores, en condiciones preferenciales. Londoño, comprobando su
relación laboral con Invercolsa a través de una falsa certificación dada por el nuevo
representante legal de la firma Enrique Vargas Ramírez, compró un paquete equivalente al 20%
de la empresa (145 millones de acciones) por $9.000 millones de pesos colombianos
(US$4.657.000).
Ecopetrol inició acciones para exigir que los compradores pertenecieran efectivamente al sector
solidario, alegando que Londoño Hoyos había presentado un documento laboral que no reunía
los requisitos legales. Londoño inició contra Invercolsa un proceso ordinario laboral para
reclamar el pago de salarios y prestaciones causados entre 1990 y 1995 años en los que fue
representante legal por delegación de la consultora Fernando Londoño Abogados Asociados
Ltda. Si se le reconocían estos pagos, implícitamente se legitimaría su estatus de ex empleado.
Pero mientras las investigaciones judiciales avanzaban, Londoño entregó las acciones a un
encargo fiduciario para respaldar un crédito del Banco del Pacífico (del que era miembro de la
junta directiva). Así, a partir del 27 de mayo de 1999 el beneficiario de las acciones es la
Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana, Afib, de Panamá. En diciembre de 2003, el
Consejo de Estado falló una acción popular en la cual determinó que Londoño Hoyos adquirió
las 145 millones de acciones de Invercolsa de manera irregular, y ordenó devolver esos dineros
al Estado. Londoño apeló esa decisión y en 2005 el Consejo de Estado dejó sin efectos la
sentencia. No obstante, Ecopetrol y la Procuraduría insistieron en la ilegalidad de los hechos y
la Corte Constitucional, en el 2007 les dio la razón. La Procuraduría sancionó
disciplinariamente a Fernando Londoño con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos
por este caso. Este presentó su carta de renuncia como Ministro del Interior luego de que la
Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por la adquisición de las acciones.
Londoño Hoyos y la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A., deben devolver a
los accionistas de Invercolsa un total de $4.223.896.809 de pesos colombianos (US$2.185.000),
por concepto de dividendos percibidos durante el tiempo que las acciones estuvieron bajo su
custodia. Hasta el momento no se ha hecho efectivo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Falsificación
de
documentos/Uso Ilegal
1997
malicioso de Documentos
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1997
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Empresa Pública - Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL
2. Empresa Privada - Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa)
Denunciante (y cargo si ECOPETROL
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Fernando Londoño Hoyos (Ministro del Interior, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario-Industria Petrolera
Sector Económico
Actores Afectados
1. Candidatos(as)/Competidores(as)
2. Ciudadanía
3. Trabajadores(as)
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº151
Nombre mediático del caso
País
Caso Instituto Nacional de Vías
(INVIAS)-Daniel García Arizabaleta
Colombia
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Corrupción en el Instituto
Nacional de Concesiones
(INCO)
Resumen caso
En el año 2007, atendiendo denuncias anónimas, la Procuraduría General de la Nación, abrió un
proceso de investigación disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas por Daniel
Andrés García Arizabaleta, en ese momento Director del Instituto Nacional de Vías – Invías,
entidad pública colombiana adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de la ejecución de
los proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional y de la
infraestructura marítima. La investigación adelantada por la Procuraduría, identifico que el
Señor García Arizabaleta, había incurrido en una serie de faltas disciplinarias, no solo durante
su cargo como Director de Invias, también mientras ocupó otros cargos públicos de importancia
como Viceministro de Transporte, Director del Instituto Colombiano para el Deporte –
COLDEPORTES y Asesor de la Presidencia de la República. Los dos primeros cargos contra
García hacen referencia a un documento que éste entregó para probar su experiencia laboral y
que, según la Procuraduría, tiene datos no verídicos. En este sentido, el organismo aseguró que
el acusado ejerció funciones de asesor sin cumplir los requisitos legales. (El Tiempo, 2007). En
tercer lugar, García habría incurrido en incompatibilidad porque asumió la Dirección de
Coldeportes aún ejerciendo como asesor presidencial. El cuarto reparo que hace la Procuraduría
es que García se posesionó en esta última entidad sin tener los requisitos, pues él es arquitecto y
esta profesión no figuraba dentro de las posibles para la Dirección. En quinto lugar, dice la
investigación, García Arizabaleta nunca acreditó la experiencia profesional requerida para ese
cargo, a pesar de que estuvo en Coldeportes hasta agosto del 2006. (El Tiempo, 2007). Una
sexta irregularidad, dice el Ministerio Público, es que García habría usado su cargo en
Coldeportes en beneficio propio, al modificar los requisitos para llegar a Director: bajo las
nuevas reglas, un profesional en cualquier disciplina académica, incluida la arquitectura, que era
la suya, podía dirigir Coldeportes. Los cargos séptimo y octavo se relacionan con haberse
posesionado y ejercido como director (e) del Invías sin los requisitos de ley. En ese momento,
García estaba en el Viceministerio de Transporte. Entre los requisitos estaba tener un título
profesional en ingeniería civil, de transporte y vías, administración de empresas o pública,
derecho o economía, que García Arizabaleta no posee. La Procuraduría sostiene que, haciendo
las veces de director encargado del Invías y sabiendo que no cumplía con los requisitos legales,
modificó el manual de requisitos para ese cargo público e incluyó la arquitectura, como lo hizo
en Coldeportes, como una de las profesiones válidas para ocuparlo. La décima irregularidad que
habría cometido García fue posesionarse como director en propiedad del Invías. Una vez más, el
cargo está relacionado con la experiencia laboral en la firma de propiedad de su familia que,
según la Procuraduría, no tenía. Además, estaba inhabilitado para ejercer la arquitectura, pues
carecía de tarjeta profesional. La Procuraduría dice que hay indicios de irregularidades, como
usurpación de funciones públicas e indebida ejecución presupuestal en Invías, que trasladó a la
Fiscalía General de la Nación. (El Tiempo, 2007). Por las irregularidades mencionadas, el
Procurador General de la Nación, ordenó la destitución de García Arizabaleta como Director de
Invías y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 12 años.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
2. Ejercicio ilegal de la profesión
Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
3. Falsificación de documentos/Uso Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
malicioso de Documentos
4. Negociación incompatible/Conflictos Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
de intereses
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas - Instituto Nacional de Vías (Invías)
2. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República
3. Ministerio de Transporte
4. Otras instituciones públicas - Instituto Colombiano Para el Deporte (COLDEPORTES)
Denunciante (y cargo si aplica)
Denuncias Anónimas, Procuraduría General de la Nación
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Daniel Andrés García Arizabaleta (Director de Invías,
Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario – Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Candidatos(as) Competidores(as)
2. Trabajadores(as) del Instituto Nacional de Vías
3. Trabajadores(as) del Instituto Colombiano para el Deporte - Coldeportes
4. Beneficiarios(as) de la Política Pública
Mayor información
1. EL TIEMPO, (2007, 18 de Septiembre) “De falsedad en documento y abuso de poder
acusa procuraduría a Director de Invías” Consultado el día 25 de Noviembre de 2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.partidoliberal.org.co/root/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=
1474
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Jorge Noguera ex director
Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)
País
Colombia
Ficha Nº152
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Parapolítica, Caso Chuzadas del
Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)
Resumen caso
Jorge Noguera, Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años
2002 y 2005, fue acusado por el ex jefe de informática la institución, Rafael García, de tener
vínculos con grupos paramilitares en Colombia. El proceso de investigación adelantado por las
autoridades judiciales contra Noguera señaló que durante su paso por el DAS, el funcionario
facilitó la base de datos de la institución a paramilitares, además de ello, eliminó antecedentes
penales a narcotraficantes y a otras personas requeridas por la justicia, entre los cuales se
encontraba Nodier Giraldo, narcotraficante hermano del jefe paramilitar Hernán Giraldo
solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, la Procuraduría
General de la Nación concluyó que fueron más de 10 las reuniones que Jorge Noguera sostuvo
con líderes de los paramilitares en la ciudad de Santa Marta y el Parque Tayrona en el
departamento del Magdalena. Noguera llegó a ser uno de los hombres más cercanos al presidente
Álvaro Uribe Vélez, toda vez que en el año 2002 se desempeñó como jefe de su primera campaña
a la Presidencia en el departamento del Magdalena. Tras su salida del DAS fue nombrado como
Cónsul en Milán, Italia. (Semana, 2008).
Rafael García acusó al ex director del DAS de sostener vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias
“Jorge 40” reconocido paramilitar de la zona norte del país y Álvaro Pupo, primo de Jorge 40,
quien viajaba hasta Bogotá y se reunía con ellos en el despacho de Noguera. Después de realizar
las investigaciones pertinentes, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento
contra Noguera por el delito de concierto para delinquir agravado. Según García, Álvaro Pupo le
entregó a 'Jorge 40' la información secreta del DAS, incluyendo la lista de 15 sindicalistas que
posteriormente fueron asesinados en la ciudad de Barranquilla, razón por la cual Jorge Noguera
se encuentra sindicado por homicidio.
Jorge Noguera, al llegar a la entidad nombró en la sede nacional del DAS a dos de sus hombres
de confianza: Gian Carlo Auqué De Silvestri, Secretario General y Director (e) de Inteligencia, y
Rafael García, Director de informática, y continuó con Emilio Vence, Rómulo Betancourt y
Mauricio Rosales, a quienes nombró en las direcciones de los departamentos de Atlántico,
Bolívar y Norte de Santander. Hoy dichos funcionarios se encuentran investigados y juzgados
por delitos conexos, al igual que el mismo denunciante Rafael García, quien fue condenado por
la Fiscalía General de la Nación por promover y permitir la infiltración paramilitar de la entidad.
Por su parte Auqué De Silvestri tiene un pliego de cargos de la Procuraduría en el mismo proceso
abierto contra Noguera. Emilio Vence fue detenido por los falsos atentados al Presidente Álvaro
Uribe; Rómulo Betancourt fue declarado insubsistente y Mauricio Rosales renunció tras
conocerse que trabajó con la polémica empresaria del chance. Enilce López, la ‘Gata’.
Rafael García entregó una declaración a autoridades de los Estados Unidos en la que aseguró que
usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a Estados Unidos y a otros países.
En su declaración García asegura que el Presidente Álvaro Uribe conocía y aprobaba las
relaciones entre el DAS con grupos paramilitares. García también declaró que Jorge Noguera
viajó a México en razón de su cargo como Director del DAS; dicho viaje oficial y pagado por el
Estado colombiano, tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante
de los Hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas
rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de
trasladarla a los estados de la Costa Este de los Estados Unidos. García aseguró que entre el 2003
y el 2004 con funcionarios del DAS, la Aeronáutica Civil de Colombia y la DIAN, se
introdujeron a Colombia cerca de 100 millones de dólares, producto del narcotráfico. En el año
2006 se abrieron dos procesos penales en la Fiscalía, y otro disciplinario, en la
Procuraduría, contra Jorge Noguera.
En el año 2007 Jorge Noguera fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos
públicos El 11 de junio de 2008, Jorge Noguera fue puesto en libertad debido a que el Fiscal
Mario Iguarán delegó la función de investigación, pero en diciembre del mismo año fue
recapturado y llamado a juicio por la Fiscalía.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Legal
2007
2. Asociación ilícita
Ilegal
2007, 2008, 2009
3. Homicidio
Ilegal
2007
4. Utilización de información privilegiada
Ilegal
2007, 2008, 2009
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Servicios de Inteligencia - Departamento Administrativo de Seguridad
3. Grupos paramilitares
4. Carteles de narcotráfico
Denunciante (y cargo si aplica)
Rafael García,(Ex jefe de informática del DAS, Público
Medio)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Rómulo Betancourt (Director Departamental del DAS en
Bolívar, Público Medio), Rafael García (Director de
Informática, Público Medio), Jorge Noguera (Ex Director
del DAS, Público Alto), Mauricio Rosales (Director
Departamental del DAS en Norte de Santander, Público
Medio), Emilio Vence (Director Departamental del DAS
en Atlántico, Público Medio).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Político
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Muertos y lesionados en la tragedia-Sindicalistas asesinados
Mayor información
1. Semana, (2008, 12 de Diciembre) “Jorge Noguera, Otra vez a la cárcel”,
Consultado el 29 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.semana.com/noticias-justicia/jorge-noguera-otra-vez-carcel/118670.aspx
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Las losas del Transmilenio
Ficha Nº153
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Las losas de la vía por la cual transita el Transporte Masivo en Bogotá –Transmilenio-,
sufrieron daños después de cinco años de ser instaladas, cuando tenían una supuesta vida útil
de 20 años. La razón fue el uso de un relleno fluido que resultó ser altamente erosionable como
material de nivelación Las más afectadas fueron las losas de la llamada Autopista Norte, entre
las calles 80 y 170 de Bogotá. Hasta diciembre del 2007 el Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá (IDU) había reparado 1.262 losas en la Autopista Norte y 1.340 en la Avenida Caracas.
El costo de estos arreglos fue de $16.542 millones de pesos colombianos (US$8.558.000). En
total, hasta el 2008 en la Autopista Norte en las reparaciones a las losas inicialmente instaladas
se habían invertido $7.635 millones de pesos colombianos (US$3.950.144) y en la Avenida
Caracas, $8.907 millones de pesos colombianos (US$4.608.000). La Autopista Norte tiene
24.753 losas y se ha reparado 5,1 % del total, y la Avenida Caracas, 16.997 de la que se han
arreglado el 8 %. El 23 de julio del 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
una acción popular instaurada por la Contraloría Distrital para que se establecieran los
responsables de los daños en las losas de la troncal Autonorte de TransMilenio. En el 2005
fueron abiertos nueve procesos por responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría. En
diciembre del 2006, siete personas fueron llamadas a juicio por la Fiscalía General de la Nación.
Entre ellos, el ex director del Instituto de Desarrollo Urbano, Andrés Camargo, y dos ex
funcionarios más de la entidad. Dicha determinación se derivó del pliego de cargos que la
Procuraduría General de la Nación le había formulado a Camargo por supuesta negligencia en la
construcción del tramo en mención.
La Contraloría profirió en febrero de 2008, un auto de imputación por responsabilidad fiscal por
la suma de $9.268 millones de pesos colombianos (US$4.795.000) debido a los daños en las
losas que se presentaron en la troncal de la Avenida Caracas, entre las calles 80 y sexta. El fallo,
por una cuantía de $7.304 millones de pesos colombianos (US$3.778.893), cobija como
fiscalmente responsables al director y subdirector del IDU en ese momento, Andrés Camargo y
Carlos Alberto Torres Escallón, respectivamente. De la misma forma, se halló responsables a
Óscar Hernando Solórzano Piedrahíta, director técnico de construcciones; María Elvira Bolaño
Vega, gerente del proyecto; Antonio José Jaramillo, coordinador general de la construcción y
Jorge Alberto Ordóñez, coordinador de las obras. (El Espectador, 2008). Asimismo, también se
hizo responsable al interventor del contrato, un consorcio conformado por las empresas Integral
S.A., Silva Fajardo y Cía Ltda. y Silva Carreño y Asociados S.A. La responsabilidad también
fue extendida a las compañías de seguros, terceros civilmente responsables: Aseguradora
Suramericana, Seguros del Estado y La Previsora S.A. (El Espectador, 2008)
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2006
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas - Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
2. Gobierno Local - Alcaldía de Bogotá
Denunciante (y cargo si aplica)
Contraloría Distrital
Acusado/a (cargo y jerarquía)
María Elvira Bolaño Vega (Gerente del proyecto, Público
Medio), Andrés Camargo (Director del IDU, Público
Alto), Antonio José Jaramillo (Coordinador general de la
construcción, Público Medio), Jorge Alberto Ordóñez
(Coordinador de las obras, Público Medio), Óscar
Hernando Solórzano Piedrahíta, (Director técnico de
construcciones, Público Medio), Carlos Alberto Torres
Escallón (Subdirector del IDU, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Político
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. El Espectador (2008, 2 de Julio), “Daños en losas de Transmilenio”, Consultado el 25 de
Noviembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-danos-losas-de-transmilenio
2. El Espectador, (2008, 7 de Febrero), “Fiscalía ordena captura del ex director del IDU
Andrés Camargo”,Consultado el 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-fiscalia-ordena-captura-del-exdirector-del-idu-andres-camargo
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Los Nule
Ficha Nº154
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso Contrataciones en la
Dirección Nacional de
Estupefacientes, Caso Corrupción
en el Instituto Nacional de
Concesiones (INCO)
Resumen caso
Los Nule son un grupo de tres empresarios Guido, Manuel y Miguel, que desde 1992 han
conformado más de 30 empresas de ingeniería civil, y facturan anualmente más de US$200
millones. Guido Nule es hijo del ex Ministro de Minas, Guido Nule Amín y sus primos, Manuel
y Miguel Nule son hijos de Miguel Nule Amín, ganadero, ex Gobernador del Departamento de
Sucre y tres veces concejal de la Ciudad de Barranquilla. En junio de 2004 los Nule obtuvieron
la concesión del megaproyecto vial más importante del país, la autopista Bogotá-Girardot. Su
mayor socio en esta obra, que participó con el 25% de la concesión, fue Alejandro Char, actual
alcalde de la ciudad de Barranquilla, hijo del ex senador y empresario del Atlántico Fuad Char,
cuñado de Guido Nule. Cuatro días después de obtener la adjudicación de concesión de la
autopista se empezó a modificar el contrato. Hasta el 2008 se habían presentado 18 variaciones
que incluyeron cambios de fechas, ampliación de plazos, cambios técnicos modificaciones de
cláusulas y adiciones de recursos. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Concesiones –
INCO- le reconoció a la concesión el pago de US$13.957.694, ocasionados por la construcción
de nuevas obras.
Para financiar la construcción de la Autopista Bogotá – Girardot, en el año 2006 la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE) le prestó al grupo US$13.441.000, incautados al
narcotráfico y destinados a la construcción de cárceles y para la administración de justicia,. Los
Nule le incumplieron a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) con el pago de
US$7.000.000. Según la Contraloría General de la Nación, dicha transacción -que no revistió
ilegalidad- dejó en evidencia debilidades que ponen en riesgo inversiones tan significativas. Por
otro lado, en el 2008 fueron señalados de usar recursos de regalías mineras que tienen
destinación específica, al encontrar cómo Manuel Nule Velilla (MNV S.A.), hace parte de la
unión temporal que audita las regalías del Departamento del Casanare. Pero, además, que MNV
S.A., se benefició de U$2.070.000 de esos fondos, a través del consorcio vial de la autopista
Bogotá-Girardot. A finales del 2007, la Procuraduría inicia investigación disciplinaria
preliminar por supuesto tráfico de influencias a: Juan Carlos Vives, ex director de la DNE.
Carlos Albornoz actual director de la DNE. 15 funcionarios de la DNE. En el 2008 la
Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal por lo que
considera "un detrimento al erario" en el préstamo de la DNE al grupo Grupo Nule. Por esto
instauró demandas contra las firmas MNV y Gas Kpital del mismo grupo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Tráfico de influencias
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Empresas Privadas - Grupo Nule
2. Otra institución pública - Instituto Nacional de Concesiones (INCO)
3. Otra institución pública - Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Periódico El Espectador y
aplica)
Periódico El Tiempo
Acusado/a
(cargo
y Guido Nule (Empresario, Privado Alto), Manuel Nule
(Empresario, Privado Alto), Miguel Nule (Empresario, Privado
jerarquía)
Alto), Juan Carlos Vives (Exdirector de la Dirección Nacional
de Estupefacientes, Público Alto).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Civil
No
Político
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Internacional de
DDHH
Primario – Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de las Políticas Públicas
2. Ciudadanía
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Pablo Ardila
Cundinamarca
Gobernador
Ficha Nº155
País
de
Colombia
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el mes de Diciembre de 2007, por solicitud de Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la
Nación, el Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez suspende de su cargo al Gobernador del
Departamento de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra. La destitución estuvo acompañada de una
orden de captura proferida por las autoridades Judiciales quienes le acusaron por los delitos de
extorsión y prevaricato. Para expedir la medida de aseguramiento, la Fiscalía tuvo en cuenta los
testimonios de 38 areneros del Municipio de Ricaurte al sur del Departamento de
Cundinamarca, y de dos pescadores quienes aseguraron que Ardila los presionó para que
vendieran un título de explotación minera y terrenos que después aparecieron en manos de una
empresa de allegados al mandatario regional. Los dos pescadores le dijeron a la Fiscalía que el
propio Ardila habló con ellos para que vendieran los islotes en el río Magdalena que venían
habitando hace varios años. Además de lo anterior, la Fiscalía consideró que había evidencias
para creer que el Gobernador, siendo servidor público, estuvo detrás de la negociación que dejó
en manos de la empresa SAP Agregados el título minero que le permitía la explotación artesanal
de gravilla del río Magdalena. (El Tiempo, 2007). La investigación contra Ardila por parte del
órgano judicial, empezó poco después de que el diario “El Tiempo”, uno de los más importantes
y de mayor circulación en Colombia, revelara una comprometedora grabación en la que uno de
los asesores de Ardila, Julio Eduardo Riveros, apodado 'Yiyo', admitía que en el departamento
había manejos irregulares y que de ellos se beneficiaba el propio Gobernador. En la actualidad
la Fiscalía General de la Nación adelanta contra Ardila Sierra procesos por los delitos de
enriquecimiento ilícito y estafa, por las irregularidades presentadas en la compra de los
areneros, anteriormente mencionada. Además de ello, los hechos investigados se relacionan con
el incremento patrimonial injustificado de Ardila en el año 2004, quien, según los peritos del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, percibió ingresos por $1.575.801.903 de pesos
colombianos, que no fueron legalmente justificados, razón por la cual, el ex gobernador sigue
recluido en la cárcel “La Picota” en la ciudad de Bogotá. (El Espectador, 2009).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007
2. Apropiación Indebida
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007
3. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007
4. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007
Actores implicados
1. Gobierno Regional - Gobernación de Cundinamarca
2. Empresa Privada - SAP Agregados
3. Trabajadores(as) – Areneros del Municipio de Ricaurte
Denunciante (y cargo si aplica)
No se accede al dato-Areneros del Municipio de Ricaurte,
Medio de comunicación escrita-Periódico “El Tiempo”
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Pablo Ardila Sierra, (Gobernador de Cundinamarca,
Público Alto), Julio Eduardo Riveros (Asesor de la
Gobernación de Cundinamarca, Público Medio).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Político
No se accede al dato
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario-Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la Política Pública
3. Trabajadores(as)
Mayor información
1. El Espectador, (2009, 27 de Enero), “Por enriquecimiento ilícito, Pablo Ardila seguirá
tras las rejas”. Consultado el día 1 de diciembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo112087-enriquecimiento-ilicitopablo-ardila-seguira-tras-rejas
2. El Tiempo, (2007, 27 de Diciembre), “Capturado el gobernador saliente de
Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, por corrupción”. Consultado el día 1 de
Diciembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3875418
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Ficha Nº156
Año de aparición en prensa
2006
Caso Parapolítica
Colombia
Casos Vinculados
Caso Campañas por Paramilitares. Caso de
Miguel Ángel Perez , Caso Convenios
Interadminstativos entre Universidad de
Cartagena y el Departamento del Casanare,
Caso Corrupción en el Sector Salud del
Departamento del Chocó, Caso Chuzadas del
DAS, Caso Jorge Noguera ex director
Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), Caso Yidispolítica
Resumen caso
En el mes de Junio de 2005, Clara López Obregón, dirigente del Partido Político Polo
Democrático Alternativo (PDA), denunció la presunta vinculación de congresistas con las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de que Salvatore Mancuso, líder del grupo
paramilitar, en su desmovilización en el año 2004, señalara que un 35% del Congreso eran
“amigos" de su organización. (El País, 2007). A las denuncias de López se sumaron las de otros
miembros del PDA como Gustavo Petro y la de periodistas investigativos que desde el año 2002
venían alertando vínculos entre el paramilitarismo y la política regional colombiana. Atendiendo
las denuncias de Mancuso, en noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia ordenó la
detención de tres congresistas: los Senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y el representante
Eric Julio Morris, a quienes se les imputaron los delitos de "concierto para delinquir, homicidio
y promover, armar y financiar grupos paramilitares". (El País, 2007). El proceso adelantado en
contra de dichos congresistas se convirtió entonces en el primero de una serie de procesos que la
Rama Judicial inició en contra de decenas de políticos colombianos.
Desde el año 2006 a 2009, las investigaciones han identificado que más de 200 políticos entre
dirigentes políticos y funcionarios del Estado se habrían beneficiado de alianzas con grupos
paramilitares, los cuales por medio de la intimidación y la acción armada contra la población
civil habrían, presuntamente, presionado para que esta votara por determinados candidatos a
cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como al Congreso de
la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos
habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y
habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las
que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones
criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional. (Semana, 2006).
El proceso de “destape” del caso ha estado marcado por diferentes escándalos a lo largo de los
más de 3 años de conocimiento público y de investigación por parte de la Fiscalía General de la
Nación y la Corte Suprema de Justicia. Entre los momentos más importantes se pueden destacar
2: el primero de ellos fue la incautación por parte de las autoridades de un computador portátil a
alias 'Don Antonio' (hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, jefe del
bloque norte de las AUC) con documentos que revelaban crímenes contra líderes sociales, y una
alianza de las AUC con autoridades políticas. Estos hallazgos llevaron a abrir investigaciones
contra cuatro Senadores de la coalición del Gobierno de Álvaro Uribe: Zulema Jattin, Dieb
Maloof, David Char y Álvaro García Romero. (Semana, 2006, 10 de Octubre). El segundo
momento importante fue el descubrimiento del “Pacto de Ralito”, documento firmado en el año
2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la
Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Hoy la mayoría de los firmantes
se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque
algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no
prosperó.
De acuerdo a investigaciones publicadas por el diario El Espectador, el Pacto estaba enmarcado
dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley
con la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente
en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Actualmente, según datos de
la Misión de Observación Electoral, MOE, red de organizaciones sociales y académicas que
hace vigilancia a los procesos electorales en Colombia, más de 140 personas han sido
involucradas en procesos de investigación adelantados por las autoridades Judiciales.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación Indebida
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
2. Asociación Ilícita
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
3. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
4. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
públicos/Peculado
6. Homicidio
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
7. Secuestro
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
8. Intervención electoral
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
9. Infracción
a
normas Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
financiamiento electoral
10. Lavado de dinero
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
1. Poder Legislativo – Congresistas
2. Gobierno Local – Concejales
3. Gobierno Local – Alcaldes
4. Grupos Paramilitares
5. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República
6. Gobierno Regional - Gobernadores
Denunciante (y cargo si aplica)
Clara López Obregón (Militante y dirigente del
Partido Político Polo Democrático Alternativo,
Público Medio), Salvatore Mancuso (Paramilitar),
Gustavo Petro (Congresista, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
En total más de 140 funcionarios públicos. Entre
ellos 28 Senadores (Público Alto), 24
Representantes (Público Alto). Ver en información
adicional.
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Abierto
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sí, Abierto
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
2. Candidatos(as) Competidores(as)
3. Ciudadanía
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
Electores(as)
Empresas competidoras
Representados(as) por autoridad
Muertos y lesionados en la tragedia-Secuestrados y Asesinados
Mayor información
Para
conocer
los
53
congresistas
involucrados,
revisar:
http://parapoliticaycongreso.blogspot.com/2008/05/lista-de-involucrados-en-laparapoltica.html
Semana, (2006, 11 de Noviembre) “Las pruebas hablan por sí solas” Consultado el día
4
de
Diciembre
de
2009
de
la
World
Wide
Web:
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98170
Semana, 2007, 1º de Febrero. “Para entender la para-política” Consultado el día 4 de
Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticiasnacion/para-entender-parapolitica/100953.aspx
El País, 2007, 20 de Febrero, “El escándalo de la 'parapolítica' en Colombia”
Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/escandalo/parapolitica/Colombia/elpepuint
/20070220elpepuint_6/Tes
Semana, (2006, 10 de Octubre) “El computador de ‘Jorge 40’ puede ser el inicio de un
nuevo proceso 8.000” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide
Web: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97456
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
Listado de Congresistas Involucrados en el Proceso de "Parapolítica" por Partido
Partido de la U
1
Mauricio Pimiento. Ex Gobernador, Senador del Cesar. Obtuvo 52.485 votos.
Actualmente en juicio. Está detenido.
2
3
Jairo Merlano. Senador de Sucre. Obtuvo 50.946 votos. Renunció a su investidura.
Actualmente en juicio. Está detenido.
Jairo Fernández. Representante de Sucre. Llamado a indagatoria.
4
5
Carlos García Orjuela. Senador del Tolima. Ex Presidente del Congreso. Investigación
preliminar.
Armando Benedetti. Senador del Atlántico. Investigación preliminar.
Colombia Democrática
6
Mario Uribe. Senador de Antioquia. Ex Presidente del Congreso. Renunció a su
investidura. Preso.
7
Álvaro García Romero. Senador de Sucre. Obtuvo 55.573 votos. Renunció a su
investidura. Llamado a juicio. Está Preso.
8
Miguel de la Espriella. Senador de Córdoba. Obtuvo 49.958 votos. Sentenciado a 45
meses. Está Preso.
9
Erik Morris. Representante por Sucre. Obtuvo 33.365 votos. Sentenciado a seis años
de prisión. Está Preso.
10
Ricardo Elcure Chacón. Senador de Norte de Santander. Reemplazo de Mario Uribe.
Obtuvo 4.017 votos. La Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento. Está preso.
Partido Conservador
11
William Montes. Senador de Bolívar. Obtuvo 65.321 votos. Actualmente en juicio.
Está Preso.
12
Ciro Ramírez Pinzón. Senador de Boyacá. Obtuvo 62.394 votos. Investigación
preliminar. Está Preso.
13
Luís Humberto Gómez Gallo. Senador del Tolima. Ex Presidente del Congreso.
Obtuvo 48.897 votos. Investigación preliminar. Está Preso.
14
Gonzalo García. Representante del Tolima. Obtuvo 17.199 votos. Llamado a
indagatoria. Está detenido.
15
16
17
18
Alfredo Cuello Baute. Representante del Cesar, ex Presidente de la Cámara de
Representantes. Llamado a indagatoria.
Eduardo Enríquez Maya. Representante de Nariño. Investigación preliminar.
Myriam Paredes. Representante de Nariño. Investigación preliminar.
Javier Darío Devia. Representante del Tolima. Investigación preliminar.
19
Alfonso Campo Escobar. Representante del Magdalena. Obtuvo 33.602 votos.
Condenado a 6 años. Está detenido.
20
Luis Fernando Almario. Representante del Caquetá. Renunció a su investidura.
Investigación preliminar. Preso.
21
Muriel Benito Revollo. Ex Representante a la Cámara por Sucre. Está presa
cumpliendo condena.
Cambio Radical
22
Nancy Patricia Gutiérrez. Senadora de Cundinamarca. Presidenta del Congreso.
Investigación preliminar.
23
Reginaldo Montes. Senador de Córdoba. Obtuvo 38.948 votos. Actualmente en juicio.
Está Preso.
24
Karelly Lara. Representante del Magdalena. Obtuvo 12.002 votos. Actualmente en
juicio. Está detenida.
25
Óscar Wilchez. Representante del Casanare. Obtuvo 24.723 votos. Llamado a
indagatoria. Está Preso.
26
Rubén Darío Quintero. Senador de Antioquia. Obtuvo 49.937 votos. Llamado a
indagatoria. Está Preso.
27
Miguel Pinedo Vidal. Senador del Magdalena. Ex Presidente del Congreso. Obtuvo en
su última elección 39.181 votos. Investigación preliminar. Está Preso.
28
Alonso de Jesús Ramírez. Representante reemplazo de Karelly Lara. Obtuvo 9.485
votos. Llamado a indagatoria. Está detenido.
29
30
31
Humberto Builes. Reemplazo de Rubén Darío Quintero. Obtuvo 21.033 votos.
Llamado a indagatoria. Está preso.
Luís Carlos Torres. Senador del Meta. Apertura de investigación.
Óscar Wilches. Ex Representante a la Cámara por Casanare. Llamado a juicio.
Alas Equipo Colombia
32
33
Álvaro Araújo. Senador del Cesar. Obtuvo 75.068 votos. Renunció a su investidura.
LLamado a Juicio. Está Preso
Álvaro M. Cuello. Representante del Cesar. Llamado a indagatoria. Está Preso.
Partido Liberal
34
Juan Manuel López. Senador de Córdoba. Obtuvo 145.991 votos. Actualmente en
juicio. Está Preso
35
Luís Fernando Velasco. Senador del Cauca. Obtuvo 40.644 votos. Llamado a
indagatoria. Está detenido
36
Emilio Enrique Ángel Barco. Representante de Caldas. Obtuvo 21.069 votos.
Investigación preliminar. Preso.
37
Dixon Tapasco. Representante de Caldas. Obtuvo 24.729 votos. Investigación
preliminar. Preso.
38
39
Pompilio Avendaño. Representante del Tolima. Obtuvo 19.336 votos. Investigación
preliminar. Está Preso.
Mauricio Parodi. Representante de Antioquia. Investigación preliminar.
40
Guillermo Gaviria. Senador de Antioquia. Ex Presidente de la Cámara de
Representantes. Obtuvo en su última elección 43.470 votos. Llamado a indagatoria.
Está preso.
41
Jorge Morales Gil. Representante a la Cámara por Antioquia. Investigación
preliminar.
42
43
44
45
46
47
48
Convergencia Ciudadana
Carlos Barriga. Senador. Investigación preliminar.
Oscar Reyes. Senador. Investigación preliminar.
Luis Alberto Gil. Senador. Investigación preliminar.
Alfonso Riaño. Representante por Santander. Investigación preliminar.
Eleonora Pineda. Ex Representante por Córdoba. Está Presa.
Rocio Árias. Ex Representante por Antioquia. Está Presa.
Luis Eduardo Vives. Senador del Magdalena. Obtuvo 54.609 votos. Está Preso.
Colombia Viva
49
50
Dieb Maloof. Ex Senador. Renunció a su investidura. Obtuvo 44.764 votos.
Condenado a 4 años y 9 meses por acogerse a sentencia anticipada. Preso
Jorge Castro. Ex Senador. Renunció a su investidura. Medida de aseguramiento.
51
Vicente Blel. Ex Senador de Bolívar. En su última elección obtuvo 32.989 votos.
Llamado a indagatoria. Está Preso.
Apertura Liberal
52
Héctor Julio Alfonso López. Representante de Bolívar. Renunció a su investidura.
Llamado a indagatoria.
53
Jorge Luis Caballero. Representante del Magdalena. Obtuvo 45.090 votos. Renunció a
su investidura. Condenado por concierto para delinquir agravado. Tiene una
investigación en curso por homicidio. Está preso.
http://parapoliticaycongreso.blogspot.com/2008/05/lista-de-involucrados-en-laFuente: parapoltica.html
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº157
País
Caso Pomarico
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
No
Colombia
Resumen caso
En marzo del año 2000 el presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomarico,
dimitió de su cargo debido a las presiones del Presidente de Colombia Andrés Pastrana por un
escándalo de corrupción de varios millones de dólares. Pomarico aceptó la responsabilidad
política por haber gastado US$2.800.000 en 62 contratos, algunos de los cuales no cumplían con
los requisitos legales para su celebración. El 22 de marzo del año 2000, la Fiscalía General de la
Nación comenzó una investigación sobre esos contratos, en la que se señalaba que el Congreso
gastó U$50.000 en papel higiénico, US$49.000 dólares en construir un baño y U$56.990 para
prevenir el "efecto 2000". Estos contratos se firmaron entre el 30 y 31 de diciembre de 1999,
días en los que el Congreso no funcionó (AE, Internacional 2000). Con la complicidad de
funcionarios del Departamento Administrativo del Congreso, se falsificaba presupuestos de
empresas reconocidas, con precios exageradamente altos, para justificar la elección de un
tercero, siempre más barato. Adicionalmente, las empresas contratistas utilizaban materiales de
calidad inferior a los que figuraban en el presupuesto, para elevar las ganancias. La Mesa
Directiva de la Cámara también se vio implicada en la adjudicación irregular de contratos a
empresas fantasmas para la limpieza de fachada y reparación de tapetes del Capitolio Nacional.
Uno de ellos, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Octavio Carmona, consiguió
188 contratos para sus amigos. Armando Pomarico fue condenado por concierto para delinquir,
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación a 12 años de prisión
y una multa de US$130.000, a interdicción de los derechos de elegir, ser elegido, y ejercer
cualquier otro derecho político por diez años; y a pagar indemnización de perjuicios a favor de
la Cámara de Representantes por valor de US$128.000.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1999
2. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal
1999
de Documentos
3. Fraude:
Malversación
públicos/Peculado
de
caudales
Ilegal
1999
Actores implicados
1. Poder Legislativo - Congreso de la República
Denunciante (y cargo si Denuncia anónima (Diputado, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Octavio Carmona Salazar (Congresista, Público Alto), Miguel
jerarquía)
Ángel Flórez Rivera (Congresista, Público Alto ), Luis Norberto
Guerra Vélez (Congresista, Público Alto ), Armando de Jesús
Pomárico Ramos (Congresista, Público Alto), Darío Saravia
Gómez (Congresista, Público Alto).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Cerrado
No
Sí, Cerrado
No
No aplica
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Ciudadanía
Mayor información
1. AE Internacional, (2000,27 de Marzo,) “La corrupción pesa sobre el Congreso de la
República”.Consultado el 28 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web:
http://www.americaeconomica.com/numeros/39/noticias/eclbcongreso.htm
Otras observaciones o comentarios
El Consejo de Estado decidió que los siguientes congresistas fueran despojados de su
investidura con base en lo establecido en la Constitución de 1991:
Armando De Jesús Pomárico Ramos
Octavio Carmona Salazar.
Miguel Ángel Flórez Rivera.
Darío Saravia Gómez.
Luis Norberto Guerra Vélez
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Registrador Nacional Bruges
Ficha Nº158
País
Colombia
Año de aparición en prensa
1999 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Jaime Calderón Bruges, Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 1998-2002, se
vio envuelto en líos de corrupción por recibir siete cheques por parte de empresas vinculadas al
Cartel de Cali (importante bloque narcotraficante del occidente del país) en 1991. Los cheques
aparecieron girados por Jesús Zapata, chofer de la esposa de Miguel Rodríguez; por Alfonso
Martínez Arévalo, escolta del capo, y por Jorge Castillo, que resultó ser un nombre ficticio. Esta
situación, sumado al hecho de no poder aclarar ni el incremento patrimonial personal ni el gasto
de $48 millones de pesos colombianos (US$25.000) en 1991, al parecer con dineros
provenientes de la mafia, lo llevaron a ser acusado de enriquecimiento ilícito, cargos que no
pudo aclarar a las autoridades competentes. La Fiscalía tomó la decisión de mantener al ex
registrador privado de la libertad por 5 años, y una multa de $45 millones de pesos colombianos
(US$23.500). En defensa el ex registrador sostuvo que el dinero le fue prestado por el periodista
Alberto Giraldo para pagar una deuda con la Federación de Algodoneros y que desconocía el
origen de la plata. Calderón interpuso una tutela argumentando que se había violado el debido
proceso pues la Corte Suprema de Justicia no podía revisar el caso porque ley que lo permitía
había sido fue tumbada por la Corte Constitucional y esta le permitió salir de la cárcel.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1991
Actores implicados
1. Otra institución pública - Registraduría Nacional
2. Carteles de narcotráfico
Denunciante (y cargo si Organismos de Control
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Jaime Calderón Bruges (Ex Registrador Nacional, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Político
No
Sistema Interamericano de
DDHH/Internacional de
Justicia
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Electores(as)
Mayor información
1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-907246
Otras observaciones o comentarios
Si bien el caso ocurrió a comienzos de los noventa, reapareció en prensa en 1999.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso TermoRío
Ficha Nº159
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Durante el Gobierno de César Gaviria Trujillo se adoptaron medidas para promover la entrada
de capital extranjero al país. Uno de los sectores beneficiados fue el eléctrico, permitiendo la
generación de energía eléctrica a los inversionistas privados. El acuerdo preveía que el
inversionista construía una planta de generación térmica y la electrificadora, y el Estado
garantizaba pagarle durante 15 ó 20 años por el derecho potencial de adquirir la energía. En
1996 la Electrificadora del Atlántico (Electranta), controlada por el Estado Colombiano, y la
empresa Coenergía (empresa estadounidense) firmaron un contrato de gestión para crear una
empresa generadora y distribuidora de energía. En 1997 se creó la empresa TermoRío S.A. A
los días Electranta convocó empresas que vendieran más barato el servicio de energía;
TermoRío ganó la licitación y firmó el contrato para generar electricidad por 20 años. Esto puso
a la Electrificadora del Atlántico, que para ese entonces tenía una deuda morosa por cerca de
US$52.000.000, en riesgo de ser intervenida por la Superintendencia Servicios Públicos.
Orlando Cabrales, para entonces Ministro de Minas y Energía, advirtió al gerente de Electranta,
Antonio Holguín, no continuar con el proceso de TermoRío, advertencia que fue ignorada por el
funcionario. El Gobierno consideró sospechoso el afán con que actuó Holguín y la poca
información que suministró al gobierno, siendo el principal accionista de Electranta.
(SEMANA, 2001)
En abril de 1998, se anunció un plan de privatizaciones y, por disposición del gobierno,
Electranta cedió sus activos y sus pasivos a Electrocaribe, una nueva sociedad Electranta
continuaba obligada a adquirir la electricidad generada por TermoRío, pero al quedar sin
activos, no podía cumplir con este compromiso. Los inversionistas extranjeros, inconformes con
lo sucedido, acudieron a un tribunal de arbitramento en Barranquilla, Colombia. Según el
contrato celebrado entre las partes, este tribunal debería guiarse por las reglas de la Cámara de
Comercio Internacional.
TermoRío demandó por los daños sufridos y en diciembre de 2000, el tribunal de arbitramento
le dio la razón y ordenó a Electranta, y al gobierno colombiano, pagar US$60.300.000 a
TermoRío. En agosto de 2002, el Consejo de Estado Colombiano anuló el laudo arbitral, con el
argumento de que para la época en que se desarrolló el tribunal de arbitramento, no era legal
bajo el derecho colombiano usar las reglas procesales de la Cámara de Comercio Internacional
(SEMANA,2001). A raíz de la anulación, TermoRío demandó a la República de Colombia y a
Electranta ante la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, con el objeto de que dicha
Corte ejecutara el laudo arbitral y, por lo tanto, desconociera la anulación emitida por el
Consejo de Estado. En marzo de 2006, la Corte del Distrito de Columbia respaldó los
argumentos presentados por la Nación Colombiana, y ordenó rechazar la demanda. La Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos, en una sentencia del 26 de noviembre de 2008, ordenó
archivar la demanda interpuesta por TermoRío y Lease Co., La Fiscalía dictó resolución de
acusación contra Antonio Holguín y Jorge Quintero, gerente y subgerente de Electranta, y
Rodolfo Plata gerente de TermoRío.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
2001
2. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal
2001
de Documentos
3. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2001
4. Licitación Pública Fraudulenta
Ilegal
2001
Actores implicados
1. Empresa privada - TermoRío
2. Empresa pública – Electrificadora del Atlántico (Electranta)
3. Ministerio de Minas y Energía
Denunciante (y cargo si TermoRio
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Antonio Holguín Calonge (Gerente de Electranta, Privado
Alto), Rodolfo Plata (Gerente Termo Rio, Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Política
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios básicos
Sector Económico
Actores Afectados
1. Usuarios(as) del servicio
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-619856
2. SEMANA, (2001, Lunes 26 de Marzo), “El ABC de Termorio”. Consultado el día 5
de Enero de 2010 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticiasnacion/abc-termorio/17435.aspx
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Noviembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Yidis Política
Ficha Nº160
País
Colombia
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Entrega de Notarías, Caso
Parapolítica
Resumen caso
Álvaro Uribe Vélez fue reelegido Presidente de Colombia para el período 2006 - 2010 después de
impulsar una reforma a la Constitución Política de Colombia, que prohibía la reelección presidencial.
La aprobación de la reforma en el Congreso fue controversial pues los representantes a la Cámara Yidis
Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su decisión a última hora; Medina votó favorablemente la
reelección después de comprometer su voto en contra, mientras que Avendaño se ausentó de la
votación. El escándalo se desató en abril de 2008, cuando el informativo “Noticias Uno”, transmitió un
video en el que Yidis Medina admitió haber aceptado sobornos de parte de algunos de los más cercanos
colaboradores del Presidente Uribe: Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia y
Diego Palacio, Ministro de Protección Social; quienes pretendían que Medina cambiara su voto en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el proyecto de acto legislativo tramitado por el
gobierno para permitir la reelección presidencial inmediata. El video fue grabado en agosto de 2004
pero la entonces congresista solicitó que éste solo fuera revelado en caso de que a ella le sucediera
algo, pues afirmó haber recibido amenazas contra su vida. Medina dijo que el video también podía
revelarse en caso que ella no recibiera lo pactado con el gobierno a cambio de su voto (Caracol Radio,
2008). En sus denuncias, Medina involucró a otros altos funcionarios del Gobierno, los cuales, según
ella, también ofrecieron dádivas a los Congresistas para incidir en su intención de voto. Entre ellos se
encontraban: Alberto Velázquez, Secretario General de la Presidencia; Hernando Angarita,
Viceministro del Interior y de Justicia; Jorge Noguera, Director del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS y José Félix Lafaurie, Superintendente de Notariado y Registro. De acuerdo con Yidis
Medina, ella era intermediaria para entregar sobornos a otro Congresista, Teodolindo Avendaño, quién
habría recibido US$103.500 por no asistir a la votación de la reelección. Avendaño admitió haber
recibido dineros de Medina aunque negó que esos dineros tuvieran relación con su ausencia en la
votación del proyecto.
Después de la investigación correspondiente, la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina a
43 meses de cárcel y a una multa de 85 salarios mínimos por el delito de cohecho propio. Cuando la
Corte Suprema dictó la resolución de acusación en contra de Medina, aseguró que "el cargo que se le
imputa a la procesada es el de autora de cohecho propio, toda vez que en su condición de congresista
aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar actos contrarios a sus deberes". Teodolindo
Avendaño fue condenado a ocho años de prisión, por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento
ilícito, al ausentarse para dar vía libre a la reelección presidencial en el 2004. (El Espectador, 2008).Por
su parte, en materia disciplinaria, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velázquez:, fueron
exonerados de toda responsabilidad, el Ministerio Público argumentó falta de pruebas y
contradicciones en el testimonio de Medina; en materia Penal, actualmente el proceso se encuentra en
investigación en la Fiscalía General de la Nación. El Viceministro del Interior y de Justicia Hernando
Angarita, Jorge Noguera y el ex superintendente de Notariado y Registro, José Felix Lafaurie,
quedaron por fuera del proceso disciplinario que en su contra cursaba en el Ministerio Público. (El
Espectador, 2009)
De acuerdo a la información de la prensa nacional, la diferencia entre la decisión del Procurador y la de
la Corte parece radicar en la clase de pruebas que cada instancia tomó en consideración para
fundamentar su fallo. El Procurador le dio enorme valor a las declaraciones públicas de Medina y
respaldó su decisión de absolver al ministro Palacio y al hoy embajador Pretelt no solo en la falta de
coherencia de Medina sino en la imposibilidad de confrontar su versión con la de los incriminados.
Para la Corte Suprema, en cambio, la declaración de Medina es solo el punto de partida de una
investigación que adelanta contra los dos funcionarios que incluyó, además de su testimonio, una serie
de pruebas documentales y testimoniales que la llevaron a concluir que, en efecto, se había configurado
el delito de cohecho. "La Corte no fundamentó el delito de cohecho con base en un solo testimonio", le
dijo a la Revista CAMBIO de Colombia un magistrado del alto tribunal. (Cambio, 2006).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Poder Legislativo - Congreso de la República
2. Ministerio de Protección Social
3. Ministerio del Interior y de Justicia
4. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República
Denunciante (y cargo si aplica)
Yidis Medina (Congresista Representante a la Cámara, Público
Alto), Medios de comunicación televisiva-“Noticias Uno” de
canal Televisión Nacional
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Hernando Angarita (Viceministro del Interior y de Justicia,
Público
Medio),
Teodolindo
Avendaño
(Congresista
Representante a la Cámara, Público Alto), José Félix Lafaurie (Ex
superintendente de Notariado y Registro, Público Alto), Yidis
Medina (Congresista Representante a la Cámara, Público Alto),
Jorge Noguera (Ex director del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, Público Alto), Diego Palacio (Ministro de la
Protección Social, Público Alto), Sabas Pretelt de la Vega
(Ministro del Interior y de Justicia, Público Alto), Bernardo
Velásquez (Secretario General de la Presidencia, Público Alto).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No se accede al dato
Político
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Representados(as) por autoridad
2. Candidatos(as)/Competidores(as)
Mayor información
1. http://www.colombia.com/especiales/2008/resumen/actualidad/politica.asp
2. http://www.colombia.com/actualidad/autonoticias/politica/2008/04/21/DetalleNoticia32837.asp
Otras observaciones o comentarios
Se considera pertinente señalar que en Colombia jurídicamente el cohecho supone, mínimo, la
existencia de dos actores: quien ofrece y quien recibe. En este caso los ex – representantes Yidis
Medina y Teodolindo Avendaño, receptores de los pagos derivados del cohecho, están pagando una
pena impuesta por las autoridades por dicho delito; no obstante a la fecha las autoridades penales y
disciplinarias no han procesado a ninguna persona por el delito de la entrega y/u ofrecimiento del
soborno.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Aduanas
Ficha Nº161
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Más de 500 expedientes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan que 593 funcionarios
bajo el mando del Administrador General de Aduanas, José Guzmán Montalvo, han incurrido en
irregularidades ligadas al contrabando como delitos de extorsión, fraude, robo de mercancías
incautadas y abuso de autoridad. Los ilícitos involucran desde administradores de aduanas hasta
vistas aduanales, en su mayoría, funcionarios rotados por disposición del entonces secretario de
Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de Guzmán Montalvo, quienes de acuerdo con la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos habrían incurrido en el delito de encubrimiento. Los
diputados Manlio Fabio Beltrones y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, solicitaron a la Secretaría de Hacienda un
programa emergente para frenarlo. Según un oficio a nombre de la Administración General de
Aduanas (AGA), Mario Córdova López, administrador central de Fiscalización Aduanera de
Hacienda responde a los diputados que por disposición de Gil Díaz y de Guzmán Montalvo, el 80%
de los mandos medios fueron rotados por “ineficiencia en la prestación del servicio y no por
problemas de corrupción”.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001
2. Apropiación indebida
Ilegal
2001
3. Asociación ilícita
Ilegal
2001
4. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001
5. Delito aduanero
Ilegal
2001
6. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2001
Actores implicados
1. Aduanas
2. Ministerio - Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Denunciante (y cargo si aplica)
Manlio Fabio Beltrones (Diputado, Público Alto),
Marcos Morales Torres (Diputado, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Francisco Gil Díaz (Secretario de Hacienda, Público
Alto), Mario Córdova López (Administrador Central de
Fiscalización Aduanera de Hacienda, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Trabajadores(as)
2. Ciudadanía
3. Empresas competidoras
Mayor información
1. Artículo relacionado con el caso:
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2005/septiembre/htm/500+expedientes+corrup+adu
anal.htm
Otras observaciones o comentarios
1. En México el Ministerio se nombra Secretaría. Por lo tanto el actor involucrado es la
Secretaría de Hacienda.
2. Además de los acusados mencionados, hubo otros 593 funcionarios de Aduanas.
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº162
País
Caso Aguinaldo de Garrido
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
México
No
Resumen caso
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Garrido, tomó la decisión de asignarse un
aguinaldo equivalente a 70 días, más prestaciones y sus honorarios ordinarios como funcionario
público, que en total se supera los $500 mil pesos mexicanos (US$40 mil) correspondientes al mes de
diciembre de 2006. Esta decisión se inscribe en un presupuesto de dudosa honestidad, en donde el
ejecutivo estatal asignó más de $190 millones de pesos mexicanos (US$14.900.000) para este pago
de prestaciones a funcionarios públicos. Además, dicha irregularidad se observa en el plano de varios
gobernadores de distintos estados que reciben cuantiosas cantidades de dinero por concepto de
prestaciones, aguinaldos y facilidades, además de sus ya cuantiosos salarios como funcionarios
públicos. Dicha asignación arbitraria no tuvo ningún eco en las instancias federales, a pesar de que
existe una relación asimétrica entre la federación y las entidades federativas, y de las supuestas
políticas de austeridad anunciadas por el presidente Felipe Calderón como medida general para evitar
el dispendio de recursos. A pesar del descontento mostrado en la opinión pública, la decisión del
gobernador Francisco Garrido, así como de los otros mandatarios estatales, fue de completa
indiferencia a los señalamientos de incongruencia y abuso.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
Año de la conducta
2006
Actores implicados
123.
Gobierno Regional – Estado de Querétaro
Denunciante (y cargo si aplica)
Medios de comunicación escrita-Periódico La Jornada
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Francisco Garrido (Gobernador, Público Alto)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
Sector Económico
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
No
No
No aplica
Actores Afectados
110.
Ciudadanía
Mayor información
92. Notas relacionadas con el caso:
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/21/index.php?section=estados&article=040n1est
93. http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=96761
94. http://www.eluniversal.com.mx/estados/70396.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Amigos de Fox
Ficha Nº163
País
México
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Amigos de Fox fue más allá de la cuestión del financiamiento paralelo a la campaña presidencial
de la coalición Alianza por el Cambio, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta organización conformó una red de ciudadanos
con el propósito de llevar a la Presidencia de la República a un candidato de oposición, Vicente
Fox, y sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la casa presidencial. El 21 de junio
del año 2000, el entonces diputado del PRI, Enrique Jackson, denunció la existencia de una
presunta red de financiamiento ilícito, proveniente del extranjero y de diversas empresas de
carácter mercantil, a la campaña de Fox. El 23 de junio de 2000 la denuncia llegó al Instituto
Federal Electoral (IFE), que arrancó sus indagatorias y entre julio de 2000 y 2001 solicitó
información a varias autoridades federales, estatales y particulares. El IFE enfrentó negativas de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Secretaría de Hacienda, para proporcionar la
información solicitada, aduciendo los secretos bancario, fiduciario y fiscal. El asunto llegó al
Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación que en tres años de investigación
aclararon la triangulación de recursos destinados a la campaña de Fox. Entre los personajes
involucrados figuraron los empresarios Lino Korrodi, y Carlota y Laura Robinson Kauachi. En
total, los recursos involucrados en esta red de financiamiento y erogados en diversos rubros de la
campaña de Vicente Fox ascendieron a $91 millones de pesos mexicanos (US$7.115.000). El 10 de
octubre de 2003, el Consejo General del IFE aprobó el dictamen de la Comisión de Fiscalización e
impuso sanciones económicas al PAN y al PVEM. Ambos partidos presentaron quejas ante el
Tribunal Electoral, quien confirmó en todos sus términos la investigación del IFE y fijó una multa
definitiva de $498 millones de pesos mexicanos (US$39.000.000), $399 millones al PAN y $99
millones de pesos mexicanos al PVEM (US$31.000.000 y US$US$8.000.000, respectivamente).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Infracción a normas financiamiento electoral
Ilegal
2000
Actores implicados
1. Organización no gubernamental/Agrupación Civil - Amigos de Fox
2. Partidos Políticos - Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista.
Denunciante (y cargo si aplica) Enrique Jackson (Diputado, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Asociación Amigos de Fox, Partido Acción Nacional
Tratamiento del caso
Situación del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
No
No
No aplica.
Actores Afectados
1. Candidatos(as)/Competidores(as)
2. Ciudadanía
Mayor información
1. Artículo: Tejeda Ávial, Roberto. “Amigos de Fox, breve historia de un “partido” efímero”
en Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. XII, No. 43, septiembre-diciembre de
2005. pp. 67-92. Versión electrónica disponible en
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral%2034/6794.pdf
2. Artículo: Islas Colín, Alfredo. “El caso amigos de Fox”, s/f, s/l. Versión electrónica
disponible en
http://www.cem.itesm.mx/derecho/sitioobservatorio/info/islas/38_A_Guide/11-Con-esosamigos.pdf
3. Reportajes y notas de prensa:
http://www.jornada.unam.mx/2003/10/10/008n1pol.php?origen=politica.php&fly=1
4. Libro: Córdova, Lorenzo y Ciro Murayama, Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y
Amigos de Fox, Cal y arena, 2006.
5. Libro: Hernández, Anabel. La familia presidencial: el gobierno del cambio bajo sospecha
de corrupción, Random House Mondadori, 2005.
6. Libro: Tejeda, José Luis. La transición y el pantano: poder, política y elecciones en el
México actual, 1997-2003, Plaza y Valdés.
7. Libro: Sánchez Rebolledo, Adolfo. Qué país nos deja Fox: los claroscuros del gobierno
del cambio, Norma, 2006.
Otras observaciones o comentarios
Juan Antonio Fernández Ortiz, integrante de “Los Amigos de Fox” fue sancionado por las
irregularidades del proceso de credencialización del Seguro Popular (Véase Caso Seguro Popular).
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Atenco
Ficha Nº164
País
México
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policial, ordenado por el Gobierno Federal, del Estado
de México y del municipio de Texcoco, contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT), provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de
México. Sin embargo, este conflicto tiene sus orígenes el 23 de octubre de 2001 cuando el Gobierno
Federal anunció que el nuevo aeropuerto de la ciudad de México se construiría en Texcoco. Ante
este anuncio, los campesinos afectados iniciaron una serie de movilizaciones en defensa de sus
tierras durante 2001 y 2002, que tuvieron por resultado que el 2 de agosto de 2002 la Presidencia de
la República cancelara el proyecto. El operativo del 3 de mayo de 2007 dejó un saldo de 207
detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente,
torturas y cateos ilegales. Por su parte, numerosas organizaciones de defensa de derechos humanos
documentaron golpizas, incomunicaciones, allanamientos de morada y robo de pertenencias a
manos de policías estatales y federales. A lo largo de las investigaciones se acumularon diversas
irregularidades jurídicas que para diciembre de 2009 mantienen en prisión a 12 integrantes del
Frente, con condenas que van desde 67 hasta 112 años de prisión. El caso fue atraído por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, en febrero de 2009 exoneró de toda
responsabilidad a funcionarios del alto nivel, como el gobernador del Estado de México y los
directores de los órganos de seguridad federal y estatal.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2006
2. Homicidio
Ilegal
2006
3. Obstrucción a la Justicia/investigación
Ilegal
2006, 2007, 2008
4. Secuestro
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo - Gobierno del Estado de México
2. Policías
3. Ministerio - Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México
4. ONG/Agrupaciones civiles - Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
5. Poder Judicial
Denunciante (cargo y jerarquía si aplica)
Medios de comunicación, Organismos de defensa de
derechos humanos (ONG/Agrupaciones civiles)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Eduardo Medina Mora (Secretario de Seguridad
Pública, Público Alto), Enrique Peña Nieto
(Gobernador del Estado de México, Público Alto),
Wilfrido Robledo Madrid (Director de la Agencia
Estatal de Seguridad, Público Alto), Ardelio Vargas
Fosado (Coordinador de las Fuerzas Federales de
Apoyo, Público Alto), Miguel Ángel Yunes
(Secretario del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sï, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Familiares de los(as) afectados(as)
2. Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia
3. Secuestrados(as)
4. Víctimas de trata de personas/violaciones
5. Habitantes de la zona
Mayor información
1. Crónica
de
los
hechos
del
periodo
2001-2202:
http://www.serpajamericalatina.org/secretariados/mexico/cronologiadeloshechosdesansalva
doratenco.doc
2. Nota de prensa: http://www.contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/08/02/atenconi-impunidad-ni-silencio-ni-olvido/
3. Nota de prensa:
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/13/index.php?section=politica&article=003n1pol
4. Nota de prensa:
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=politica&article=016n1pol
5. Nota de prensa: http://www.jornada.unam.mx/2009/04/19/index.php?section=edito
6. Nota de prensa:
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/06/index.php?section=cultura&article=a12a1cul
7. Nota de prensa:
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=010n1pol
8. Libro que comenta el caso: Alcayaga, Cristina. Atenco, el peso del poder y el contrapeso de
la resistencia civil, Miguel Angel Porrúa, México, 2002.
9. Libro que comenta el caso: Lajous, Alejandra. ¿Dónde se perdió el cambio?: tres episodios
emblemáticos del gobierno de Fox, Planeta, México, 2003.
10. Libro que comenta el caso: Villaseca Chávez, Jesús. Atenco rebelde: imagen de un pueblo
en lucha, Latitudes, México, 2007.
11. Libro que comenta el caso: González Pedrero, Enrique. La cuerda tensa: apuntes sobre la
democracia en México, 1990-2005, Fondo de Cultura Económica, 2006.
Otras observaciones o comentarios
Se incurrieron violaciones a diversos Derechos Humanos, que no vienen en el glosario de las
conductas reprochables, como abusos y violaciones sexuales, allanamientos e incomunicación,
torturas, entre otros. Estas conductas se subsumen en el Abuso de Poder.
Durante las averiguaciones de las autoridades, se creó la figura legal de “secuestro equiparado”. La
creación de esta figura, en los medios de comunicación también se ve como un manejo de la justicia
a favor de los culpables. Por otro lado, las evidencias no fueron recabadas y no existen informes
médicos de las violaciones y golpes dados a las personas de Atenco, lo que incide en que se le
considere un caso de corrupción
En el caso mexicano, el Secretario equivale al Ministro.
Fecha del registro: Diciembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
País
Caso Boletas electorales
México
Ficha Nº165
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La revista de periodismo de investigación “Proceso” inicia litigio para conocer el contenido de los
paquetes electorales de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en 2006. Agotó las instancias
internas cuando la Suprema Corte (con votación dividida) determinó desechar el amparo
correspondiente, por considerar que se trataba de un asunto electoral (en donde no cabe el amparo) y
no sobre el derecho a la información. Por lo anterior, el litigio llegó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) apelando a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos,
signada por México en 1981. Las instituciones involucradas mexicanas, específicamente el Instituto
Federal Electoral, quería quemar las boletas electorales, y los demandantes apelaban y criticaban
públicamente esta decisión. La Comisión Interamericana aceptó el caso en 2007 y en 2008 optó por
solicitar medidas cautelares para que los paquetes no fueran destruidos en tanto no finalizara el litigio
internacional. La ley considera a las boletas como documentos públicos, contrariamente a lo dicho
por el Instituto Federal Electoral: el Código Penal Federal conceptúa a los paquetes electorales como
documentos públicos (art. 401). Por lo cual el Tribunal Electoral corrigió al IFE señalando que los
paquetes sí eran documentos públicos, pero declaró que eran "indisponibles". Eso, a despecho de una
tesis relevante del propio Tribunal que señala que la documentación electoral, incluidas
explícitamente las boletas electorales, "pueden ser del conocimiento público".
Conducta/s Reprochable/s
159.
Fraude electoral
160.
Obstrucción
de
la
Investigación
Justicia/
Estatus
Ilegal
Ilegal
Año de la conducta
2006
2006
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas - Instituto Federal Electoral
2. Poder Judicial
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Revista Proceso
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Instituto Federal Electoral
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No se accede al dato
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No se accede al dato
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Candidatos (as)/Competidores(as)
3. Electores(as)
Mayor información
1. http://www.fundar.org.mx/boletines2008/boletin_14enero.htm
2. http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=003n1pol
3. http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=76403
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Bribiesca
Ficha Nº166
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La periodista argentina Olga Wornat presenta un libro donde plantea la supuesta inexplicable
riqueza de los hijos de la entonces primera dama mexicana, Marta Sahagún de Fox. Muestra el
despilfarro y la prepotencia de los hijos del primer matrimonio de Sahagún, a los que se sumó
también su ex esposo Manuel Bribiesca. Según el libro, los hijos de la esposa de Fox se habían
convertido en los últimos dos años en millonarios gracias a las influencias para conseguir contratos
para la construcción de obras públicas. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados aprobó la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las denuncias por
presunto tráfico de influencias en contra de los hermanos Manuel, Jorge y Fernando Bribiesca
Sahagún. La Comisión estaba encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública,
concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles
de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación
estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. La Secretaría de la Función
Pública, a través de su entonces Secretario, Eduardo Romero Ramos, se niega a entregar a la
comisión de investigación de la Cámara de Diputados la lista de empresas y contratos relacionados
con los hermanos Bribiesca, denunció la diputada integrante Marta Lucia Micher. Después de una
larga investigación, La Comisión en su informe final, determinó que existen elementos suficientes
contra los hermanos Bribiesca por delitos de tráfico de influencias, información privilegiada,
dudoso origen de los recursos económicos empleados y delitos fiscales.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2003, 2004
2. Delitos aduaneros
Ilegal
2003, 2004
3. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2003, 2004
4. Obstrucción de la justicia/investigación
Ilegal
2005
5. Tráfico de influencias
Ilegal
2003, 2004
6. Utilización de información privilegiada
Ilegal
2003, 2004
Actores implicados
1. Aduanas
2. Empresa Privada – Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.
3. Empresa Pública – Pemex
4. Entes Fiscalizadores y Reguladores – Secretaría de la Función Pública
Denunciante (y cargo si aplica)
Olga Wornat (Periodista)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Manuel Bribiesca Sahagún (Empresario, Privado Alto), Jorge
Bribiesca Sahagún (Empresario, Privado Alto ), Fernando
Bribiesca Sahagún (Empresario, Privado Alto), Eduardo
Romero Ramos (Secretario de la Función Pública, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario – Construcción
Sector Económico
Secundario-Industria Petrolera
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Cronología:
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/Presupuesto_SIA2/documentos/indice.htm
Otras observaciones o comentarios
En el caso mexicano, el Secretario equivale al Ministro.
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo SECODAM
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Centro Fox
Ficha Nº167
País
México
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 3 de noviembre de 2006, Marta María Sahagún de Fox (esposa del ex presidente Vicente Fox
Quesada) y María Magdalena Aguirre Navarro solicitaron al notario público 85, de la ciudad de León
(en el Estado de Guanajuato, México), Marcelo Gay Guerra, que formalizara el acta constitutiva de la
asociación civil Centro Fox, con domicilio conocido en el rancho San Cristóbal, en esta localidad.
Entre los asociados aparecen los presidentes de los grupos Carso; Carlos Slim Helú; Televisa, Emilio
Azcárraga Jean; Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y Olegario Vázquez Raña, así como el banquero
Roberto Hernández. En dicha acta no se establecen los montos de la participación de cada uno de los
asociados, debido a que el acta se elaboró para dar vida a una asociación altruista, no mercantil ni
civil, por lo que tampoco se obliga a los empresarios a revelar la información de sus aportaciones a la
construcción del Centro Fox. El 19 de septiembre de 2007, senadores y diputados demandan a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la riqueza del ex Presidente Vicente Fox. Además,
en Guanajuato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió al Órgano de Fiscalización
Superior auditar al gobierno del estado -en la administración de Juan Carlos Romero Hicks- y al
ayuntamiento de San Francisco del Rincón, ante la sospecha de que financiaron de manera ilegal
obras en el rancho del ex mandatario. En el Senado, presidente de la Junta de Coordinación, Manlio
Fabio Beltrones, se pronunció porque se coteje la información del patrimonio de Fox con su última
declaración ante la SFP. El dirigente estatal del PRD, José Luis Barbosa, dijo que la solicitud de
auditoría se basa en que, en 2006, la carretera que va de León a la comunidad de San Cristóbal,
donde está la propiedad del ex mandatario, se amplió de dos a cuatro carriles, y que antes de concluir
su sexenio, Fox recibió apoyos del municipio y del gobierno estatal para la realización de obras en
San Cristóbal, como suministro de energía eléctrica, construcción de red de drenaje, introducción de
agua potable e instalación de alumbrado público en la plaza principal, todo para el Centro Fox. "Se
tiene la duda de que el apoyo fue a petición del propio Fox y se pudieron desviar recursos de otras
partidas para realizar obras en el rancho del ex Presidente", dijo Barbosa.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2006
2. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado
Ilegal
2006
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Gobierno Regional – Gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks
2. Gobierno Local – Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato
3. Poder Ejecutivo
4. Organización no gubernamental/Agrupación Civil - Centro Fox Denunciante (y cargo si aplica)
José Luis Barbosa (Militante Partido de la
Revolución Democrática, Público Medio),
Manlio Fabio Beltrones (Senador, Público, Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Vicente Fox (Presidente de Estado, Público
Alto), Juan Carlos Romero Hicks (Gobernador,
Público Alto), Antonio Salvador García López
(Alcalde, Público Medio).
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
Sector Económico
No aplica
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
1. Reportaje sobre el caso:
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/septiembre2/htm/Recursos_publicos_Centro_F
ox.htm
2. Artículo relacionado:
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/08/index.php?section=politica&article=005n1pol
Otras observaciones o comentarios
1. Este caso lleva a una investigación sobre enriquecimiento ilícito del ex mandatario Vicente
Fox. Sin embargo, ese caso no fue mencionado en las entrevistas por tanto no se trata en esta
ficha.
2. La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM.
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Citigroup Banamex
País
México
Ficha Nº168
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Fondo Bancario de Protección al
Ahorro-Instituto de Protección al
Ahorro Bancario (FOBAPROA-IPAB)
Resumen caso
La venta del Banco Nacional de México (Banamex) a Citigroup, en mayo de 2001, se ha considerado
como un doble fraude al erario público mexicano. Primero porque Banamex fue rescatado con dinero
público después de la crisis económica de 1994-1995 (véase caso FOBAPROA/IPAB) y segundo,
porque su venta a Citigroup se llevó a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al
llevarse a cabo mediante esta modalidad, dicha transacción quedó exenta del pago del Impuesto
Sobre la Renta, el cual se calcula ascendía a US$3.500.000.000. Dicha operación no solamente fue
autorizada por el entonces Secretario de Hacienda de México, Francisco Gil Díaz, sino que él mismo
participó en la operación, beneficiando con esta operación a Banamex al sobrevaluar y vender el
banco a un precio más alto a Citigroup y evitando el cobro de impuestos por la venta a su dueño,
Roberto Hernández. El 24 de octubre de 2008, los legisladores Juan N. Guerra y Pablo Trejo, del
PRD, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Francisco
Gil Díaz por autorizar la venta de Banamex a Citigroup. Los denunciantes argumentaron que Gil
incurrió en un conflicto de interés, ya que como ex empleado de Avantel, filial de Banamex, facilitó
que la operación se realizara en la BMV a través del llamado "cruce protegido", con lo que se evitó el
pago del millonario impuesto. La PGR dio entrada a la querella contra Gil Díaz y ordenó abrir la
averiguación previa en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En la denuncia de
los diputados se anexa una lista de posibles involucrados en la anómala venta de Banamex o que
impidieron su investigación: José María Zubiría Maqueo, Luis Mancera Arrigunaga, Vicente Corta
Fernández y Javier Laynez Potisek.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001
2. Delitos tributarios
Ilegal
2001
3. Fraude: Estafa al fisco
Ilegal
2001
4. Negociación incompatible/conflicto de Ilegal
2001
intereses
5. Obstrucción de la Justicia/Investigación Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
1. Bancos/Entidades financieras- Banco Nacional de México (Banamex)
2. Ministerio - Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Denunciante (y cargo si Juan N. Guerra (Legislador, Público, Alto), Pablo Trejo (Legislador,
aplica)
Público, Alto)
Acusado/a
(cargo
y Vicente Corta Fernández (Titular de la Secretaría Ejecutiva del
jerarquía)
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Público, Alto),
Francisco Gil Díaz (Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Público, Alto), Roberto Hernández (Propietario de Banamex, Privado
Alto), Javier Laynez Potisek (Procurador Fiscal de la Federación,
Público, Alto), Luis Mancera Arrigunaga (Titular de la Procuraduría
Fiscal de la Federación, Público, Alto), José María Zubiría Maqueo
(Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Público, Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Sector Terciario - Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Reportaje: http://www.laverdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=10894&Itemi
d=168
2. Reportaje: http://eldemocratatodos.blogspot.com/2009/01/francisco-gil-daz-investigadopor.html
3. http://contracorrientemx.wordpress.com/2008/09/21/autorizo-gil-diaz-venta-de-banamexque-provoco-enorme-quebranto-fiscal/
4. Notas que aportan información adicional:
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/22/index.php?section=economia&article=021a1ec
o
5. Libro donde se menciona el caso: Heredia Zubieta, Carlos. “Banamex-Citigroup: The
End of Mexican Banking” en Equipo Pueblo, The Other Side of Mexico, núms. 64-80,
1999.
6. Libro donde se menciona el caso : Zepeda Patterson, Jorge. Los amos de México: los
juegos de poder a los que sólo unos pocos son invitados, Planeta Mexicana, 2007.
Otras observaciones o comentarios
1. Otro actor afectado es el erario público.
2. La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de
investigar y perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se
homologa a un Ministerio de Justicia.
3. En México el Ministerio se nombra Secretaría. Por lo tanto el actor involucrado es la
Secretaría de Hacienda
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº169
País
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Caso Conflicto de intereses del Auditor
México
Superior de la Federación
Resumen caso
El despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fue fundado por Arturo
González de Aragón antes de que fuera Auditor Superior de la Federación. Al tomar el cargo de
Auditor, González de Aragón dejó su labor en el despacho y cedió sus acciones a sus hijos, dueños
del 90% de las acciones del despacho. En el sexenio de Vicente Fox, 2000-2006, el despacho auditó
a diversas dependencias públicas, incluida la Presidencia de la República, y omitió mencionar en los
informes que se entregan a la Cámara de Diputados, que varias de las dependencias que la Auditoría
Superior de la Federación había inspeccionado, habían sido previamente revisadas por el despacho
de sus hijos. El despacho González de Aragón auditó también diversos gobiernos estatales,
secretarías de Estado, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos. Destacaron Pemex,
Suprema Corte de Justica de la Nación, Secretaría de Turismo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares,
Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Cabe mencionar que están incluidas las dependencias
que se han caracterizado por tener malos manejos de recursos públicos y diversos casos de
corrupción. El diputado Ángel Pasta, de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de
Diputados, inició un procedimiento administrativo en contra del Auditor por presunto conflicto de
intereses. González de Aragón se amparó para evitar cualquier tipo de sanción, argumentando que él
nunca tramitó o resolvió un asunto relacionado con el despacho privado de sus hijos, y por lo tanto,
no tenía la obligación de informar a su superior jerárquico. De la misma manera se deslindó de la
firma familiar. Sin embargo, el juez le negó el amparo y González de Aragón tuvo una amonestación
privada por negligencia administrativa.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Negociación incompatible/Conflicto de interés
Ilegal
2001, 2002, 2003
Actores implicados
1. Entes Fiscalizadores y Reguladores - Auditoría Superior de la Federación
2. Empresa Privada - Despacho González de Aragón y Asociados
3. Poder Legislativo - Cámara de Diputados
Denunciante (y cargo si aplica)
Ángel Pasta Muñuzuri (Diputado, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Arturo González de Aragón (Auditor, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario - Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Artículo
dedicado
al
caso:
http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2008/htm/investigan-auditor-conflictointereses.htm
Otras observaciones o comentarios
Otro actor afectado es el erario público, ya que si las auditorías no se llevan a cabo de manera
estricta, puede haber recursos desviados que no se estén tomando en cuenta.
Es importante mencionar que alrededor de este caso figuran versiones de que el Auditor resultaba
incómodo para ciertos gobernantes y para el poder legislativo, por ser un buen fiscalizador. Lo
anterior figura como una razón para que los mismos legisladores quisieran destituirlo de su función
al frente de la Auditoría Superior de la Federación
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Contratos de Mouriño-Ivancar
Ficha Nº170
País
México
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien fuese activista regional del Partido Acción Nacional en las
campañas presidenciales de 2000 a favor de Vicente Fox y en 2006 a favor de Felipe Calderón, se
le reconoce por su cercanía amistosa con Felipe Calderón y por su combinación políticoempresarial entre el sector de servicios del sector energético y las comisiones de energía en la
Cámara de Diputados o la Subsecretaría de Energía durante el sexenio 2000-2006. Mouriño escaló
posiciones hasta la secretaría particular, y luego a la Secretaría de Gobernación. Su trayectoria
política se encuentra estrechamente ligada a la regulación del sector petrolero, de donde se le acusa
tráfico de influencia a favor la empresa familiar denominada Ivancar. En 2008 se mostraron
contratos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorgados a la empresa de la familia Mouriño. A pesar
de la conducta visiblemente reprobable, la situación legal de los contratos otorgados parecía no ser
objetable. Se abrió una Comisión de Investigación en la Cámara de Diputados, la cual cerró con un
dictamen favorable a Juan Camilo Mouriño y su empresa familiar. En cuanto a los montos
implicados, se dice que mientras Mouriño era diputado y luego funcionario de la Secretaría de
Energía, se le dieron contratos por adjudicación directa a su empresa por casi $100.000.000 de
pesos mexicanos (US$7.900.000) para el transporte de hidrocarburos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Tráfico de influencias
Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005
2. Licitación Pública Fraudulenta
Legal
2002, 2003, 2004, 2005
3. Negociación incompatible/Conflicto de Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005
intereses
Actores implicados
1. Empresa pública - Pemex
2. Empresa privada – Ivancar
Denunciante (y cargo si aplica) Andrés Manuel López Obrador (Militante Partido Político,
Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Juan Camilo Mouriño (Secretario de Gobernación- Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Abierto
No
Secundario-Industria Petrolera
Terciario – Servicios de transporte
Actores Afectados
1. Ciudadanía.
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Documenta
AMLO
contratos
de
Mouriño.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/485920.html
2. Nota sobre el tema: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40539.html
3. El funcionario entregó a PGR contratos de Ivancar “Estoy tranquilo; no he violado la ley y
no renunciaré”, insiste el titular de Bucareli. http://impreso.milenio.com/node/8032957
4. Reportaje sobre el Caso: http://contralinea.info/archivo-revista/?p=1087
Otras observaciones o comentarios
En 2009 Mouriño muere en un accidente aéreo, también controvertido. Lo anterior ha servido de
pretexto para que ya no siga el seguimiento al caso de los contratos asignados por PEMEX a su
empresa.
En México el Ministerio se nombra Secretaría. Por lo tanto Juan Camilo Mouriño figura como
Ministro.
Fecha de registro: Diciembre de/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº171
País
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Caso Corrupción en la Secretaría de México
Seguridad Pública (SSP )
Resumen caso
En 2007 se presentaron diversas quejas ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Seguridad Pública, la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por el
desvío de recursos públicos destinados a viáticos y alimentos para la tropa, así como para
mantenimiento vehicular y abastecimiento de gasolina en la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP). Se involucraban en la demanda a altos mandos de la Policía Federal Preventiva adscritos a
las Fuerzas Federales de Apoyo que estaban coludidos para hacer negocios con los recursos
incluso materiales que se pedían para las tropas en funciones. Como operadora principal de esta
red de servidores públicos bajo investigación -cuyo lucro rebasa los $600 millones de pesos
mexicanos (US$47.500.000), según estimaciones de la SFP- ha sido señalada Mónica Jeanete
Rodríguez Hernández, quien fungía como Directora General Adjunta de Administración y Enlace
de las Fuerzas Federales de Apoyo, y quien iba a ser ascendida en el momento de las
investigaciones para ocupar el puesto de Coordinadora de Asesores. Entre las irregularidades que
se encontraron en la investigación resaltan las conductas dolosas en los procesos de facturación,
bienes y servicios que no se recibieron, por ejemplo. También el uso de policías federales
preventivos para asuntos personales, irregularidades en las solicitudes de insumos para las fuerzas
federales de apoyo, es decir, se pedían insumos para un sobre número de elementos de la policía y
lo sobrante era vendido por fuera para aventajarse. Jeanette Rodríguez también fue acusada de
remodelar su vivienda con recursos públicos y de tener a policías como servicio doméstico. Pese a
que 8 funcionarios fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos, ninguno de los
involucrados ha sido sancionado todavía e incluso algunos ya están de nuevo en funciones.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2006, 2007
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2006, 2007
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Ministerio - Secretaría de Seguridad Pública
2. Policía
Denunciante (y cargo si Denuncia anónima
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Alejandro Ortiz Ávila (Policía, Público Alto), Federico Rivas
jerarquía)
Valdés (Policía, Público Alto), Mónica Jeanette Rodríguez
Hernández (Directora Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Artículo
periodístico
sobre
el
caso:
http://www.laverdad.com.mx/principal/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11057
Otras observaciones o comentarios
La denuncia anónima fue realizada por personal activo de la Secretaría de Seguridad Pública a la
Secretaria de la Función Pública y al Órgano Interno de Control.
Otro actor afectado sería el erario público
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM
Fecha del registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº172
Nombre mediático del caso
País
Caso Desvío de fondos Lotería Nacional
México
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), ahora Secretaría de
Función Pública, presentó una denuncia de hechos, ante la Procuraduría General de la República
(PGR), relacionada con una serie de irregularidades en la Lotería Nacional para la Asistencia
Pública (Lotenal) que significaron un beneficio económico para un grupo de expendedores por
$63.331.179,80 pesos mexicanos (US$4.955.000). Durante su gestión como Director General de
la Lotenal, Carlos Salomón Cámara, autorizó la designación de agentes expendedores de billetes
de lotería, y realizó diversos actos jurídicos, que beneficiaron a diversas sociedades
expendedoras en las que tenía intereses. El Órgano Interno de Control (OIC) en la Lotenal, inició
el 25 de junio de 2001 una auditoría de la que se desprende que Carlos Salomón Cámara realizó
personalmente –o por conducto de otros servidores públicos- diversos actos jurídicos, que le
produjeron beneficios económicos a las sociedades mercantiles registradas bajo el nombre de
Mexicana de Premios, El Poder de la Suerte, Promotora de Premios, Premios de Tierra Blanca y
Premios de Jalapa, en las que tenía intereses Domingo Muguira Revuelta, tío de su cónyuge. Las
empresas en cuestión no pudieron saldar la deuda correspondiente por el concepto de venta de
billetes, por lo que ofrecieron bienes inmuebles para saldar sus deudas, pero Carlos Salomón
Cámara aceptó la liquidación por debajo de su monto real. Los bienes que entregaron fueron
aceptados con avalúos que fijaron el precio muy por encima de su valor en el mercado. En marzo
del 2008, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en el que se dictaminó que
Carlos Salomón Cámara no incurrió en la responsabilidad administrativa que se le pretendía
atribuir.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de Funciones/de autoridad
Ilegal
1996, 1997, 1998
2. Fraude: Malversación de caudales
Ilegal
1996, 1997, 1998
públicos/Peculado
3. Tráfico de influencias
Ilegal
1996, 1997, 1998
Actores implicados
1. Empresa Pública - Lotería Nacional
2. Empresa Privada - Venta de billetes de lotería nacional.
Denunciante (y cargo si
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora
aplica)
Secretaría de Función Pública)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Carlos Salomón Cámara (Director General de la Lotería
Nacional, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Comunicado
de
prensa
No.
155/2001
de
la
SECODAM:
http://portal.funcionpublica.gob.mx
2. http://esp.mexico.org/lapalabra/una/19184/huele-a-narco-y-corrupcion-la-admon-defelix-gonzalez-canto-ii
3. Oficio
No.
CI-SFP.46612008
Expediente
No.
CI/136/08
http://www.funcionpublica.gob.mx
Otras observaciones o comentarios
Otro actor afectado es el Erario Público.
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio de Justicia.
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo SECODAM, actualmente es la
Secretaría de la Función Pública
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Elba Esther Gordillo
Ficha Nº173
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Maestros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE),
formaron una agrupación disidente llamada Punto Crítico y demandaron a la lideresa y
presidenta del Sindicato, Elba Esther Gordillo, por enriquecimiento ilícito ante la Procuraduría
General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF). Gustavo Muñoz Cruz y Edmundo Morales dieron diversas declaraciones como
representantes de la organización Punto Crítico. Investigaciones periodísticas publicaron en
2003 y 2004 que la Maestra Elba Esther Gordillo y su familia tienen una cantidad significativa
de propiedades en el interior del país y en Estados Unidos. Con datos del Registro Público de
Propiedad, se pudo conocer que tan solo en el Distrito Federal, Elba Esther y su familia tiene
una fortuna acumulada de más de $67 millones de pesos mexicanos (US$6.5 millones), y lo
anterior, no coincide con sus ingresos como funcionaria pública. La maestra ha respondido en
todo momento que su fortuna se debe a una herencia que recibió tiempo atrás. Diversas fuentes
periodísticas han escrito libros y artículos relacionados con el personaje político de Elba Esther
y su poder en el país. Lo anterior derivado principalmente del poder que tiene con el sindicato
de maestros (con más de un millón de afiliados) y las cuestiones electorales. Por otra parte, el
Sindicato recibe miles de millones de pesos mexicanos de recursos públicos, que son utilizados
de manera discrecional y donde se presume que la lideresa hace mal uso de estos para comprar
aliados y aumentar su poder. La investigación por parte de la Procuraduría encargada fue
declarada en reserva en el año de 2007 y no se puede acceder al dato actualizado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Sindicatos - Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación
Denunciante (y cargo si Edmundo Morales (Representante Punto Crítico, Público
aplica)
Medio), Gustavo Muñoz Cruz (Representante Punto Crítico,
Público Medio)
Acusado/a
(cargo
y Elba Esther Gordillo (Presidenta de Sindicato, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Trabajadores(as)
Mayor información
1. Link
a
información
adicional
de
Elba
Esther
Gordillo:
http://setebc.wordpress.com/2008/09/21/el-error-de-caldern-elba-esther-gordillo-es-unmito-que-hay-que-humanizar-asegura-ricardo-raphael-de-la-madrid/
2. Libro que relata a profundidad el entorno político de Elba Esther: Ricardo Raphael, Los
Socios
de
Elba
Esther”.
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/322668
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Emprendedores
(ECODIS)
con
Discapacidad
Ficha Nº174
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El Programa Emprendedores con Discapacidad, llamado ECODIS, que fue impulsado por
Vicente Fox durante el 2005, en teoría tenía la intención de ofrecer opciones productivas para
discapacitados tras la creación de cooperativas en las que se venderían diversos productos. En el
portal de la Presidencia de la República se presumía entonces que la fundación desarrollaría y
tendría: “tiendas ECODIS, repartidores de productos ECODIS, venta directa por catálogo,
servicios y básicos ECODIS, venta en centros comerciales, entre otros”. En enero de 2008
aparece en la prensa que dicho programa cometió fraude por más de $9.5 millones de pesos
mexicanos (US$750.000). Según denuncias de los afectados, en el desfalco está involucrada una
empresa de la cual es socio Jorge Bribiesca, quien es hijo de Martha Sahagún, esposa de Fox. En
2005 se destinaron $40 millones de pesos mexicanos (US$3.200.000) para el apoyo de
proyectos emprendedores de personas con discapacidad, sin embargo el manejo de estos
recursos fue fraudulento y no se llegaron a concretar los objetivos para los cuales fue creado este
organismo. Los fraudes se cometían mediante documentos apócrifos por medio de los cuales los
funcionarios responsables del programa destinaban el dinero a sus personas y presentaban
documentos falsos para "comprobar" el destino de los recursos. Esta fundación fue creada por la
propuesta de Víctor Hugo Flores Higuera, ex titular de la Oficina de Representación para la
Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad de la Presidencia. Dicho
funcionario admitió que estaba enterado de la falsificación de diversos documentos presentados
ante el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) de la Secretaría de Economía (SE), con
el objetivo de allegarse recursos del erario, sin embargo la secretaría de la Función Pública no
impuso ninguna sanción a este funcionario ni al representante de la institución Víctor Manuel
Navarro, a pesar de que se reconoció que los documentos que entregó Navarro para comprobar
el destino del dinero "no cumplen con la normatividad". En la auditoría se recomendó iniciar el
proceso jurídico porque la fundación, a casi medio año de recibir los recursos, no presentó los
padrones de beneficiarios (5.270 discapacitados), el informe final del proyecto y la
documentación comprobatoria (del destino) de los recursos”, entre otras irregularidades. Aunado
a esto, se desconoce el destino de $30.888.000 mil pesos mexicanos (US$2.415.000) que la
Secretaría de Economía entregó a esa fundación por medio del programa de apoyo a la pequeña
y mediana empresas (Pymes). Pese a que Fox dio por sentado el éxito de éstos programas, el
financiamiento fue cancelado debido a las irregularidades que se presentaron en el manejo de los
mismos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2005
públicos/Peculado
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2005
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2005
4. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal
2005
de documentos
Actores implicados
1. Organización no gubernamental/Agrupación Civil – Fundación ECODIS
2. Poder Ejecutivo
3. Ministerio - Secretaría de Economía – Fonaes
Denunciante (cargo y jerarquía si Elizabeth Velasco (Periodista, Privado Medio)
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Víctor Hugo Flores Higera (Director Oficina de
Representación para la Promoción e Integración Social de
las Personas con Discapacidad de la Presidencia, Público
Alto), Víctor Manuel Navarro (Representante de
ECODIS, Privado Medio )
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
2. Candidatos(as)/Competidores(as)
Mayor información
1. http://data2.efinf.com/reader/display?c=lores&id=9b443606db3da2c5df3ffc77ea1beeb8
&d=
2. http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/59/3er/2P/Ord/feb/00L59A3P208.html
3. http://www.jornada.unam.mx/2008/01/07/index.php?section=sociedad&article=034n1so
c
Otras observaciones o comentarios
El caso está completamente cerrado, aunque existan motivos legales para perseguir delitos e
irregularidades administrativas.
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM
En el caso mexicano, las Secretarías equivalen a Ministerios.
Fecha del registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Ernestina Ascencio
Ficha Nº175
País
México
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario (mujer indígena de 73 años), fue violada
presuntamente por miembros del Ejército Mexicano en Tetlacinga, Sierra de Zongolica, Veracruz.
La indígena murió a consecuencia de las agresiones infligidas. La Procuraduría General de Justicia
del Estado de Veracruz (PGJV) presentó un primer reporte pericial que reportó fracturas,
traumatismos y líquido seminal de más de un individuo en el cuerpo de la mujer, así como el
desgarre en las regiones vaginal y anal. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no fincó
responsabilidades entre su personal. Al correr de las investigaciones, el cadáver fue exhumado
pero la Procuraduría de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no corroboraron
lo manifestado en la autopsia original, y se determinó que la muerte había sido causada por
problemas gástricos. Se aisló a la familia para impedir que fueran asesorados jurídicamente e
impugnaran el dictamen de la Procuraduría. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
solicitó la información del expediente. Se dispuso que se otorgaría información, pero no se
entregaría copia del expediente completo por considerarla “reservada”. La Coordinadora Regional
de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica señaló que existió contubernio entre el
Ejército y la Procuraduría. Los servicios periciales y el Ministerio Público especializado en delitos
sexuales omitieron datos relevantes y mostraron inconsistencia en sus investigaciones para
garantizar la impunidad de los soldados. Se suma el fuero del que goza el grupo castrense, que les
exonera de ser investigados y procesados por leyes civiles. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) fortaleció la hipótesis de una muerte natural derivada del padecimiento de
enfermedades gástricas, la cual fue incluso avalada por el presidente Calderón, lo que anuló la
posibilidad de llevar a cabo otra investigación a fondo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2007
1. Homicidio
Ilegal
2007
2. Obstrucción de la justicia/investigación
Ilegal
2007, 2008, 2009
Actores implicados
1. Fuerzas Armadas – Ejército Mexicano en Tetlacinga
2. Ministerio - Secretaría de la Defensa Nacional
3. Ministerio - Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz
4. Otras instituciones públicas - Comisión Nacional de Derechos Humanos
5. Otras instituciones públicas - Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
Denunciante (y cargo si aplica)
Coordinadora Regional de Organizaciones
Indígenas de
la Sierra
de
Zongolica
(ONG/Agrupación civil), Familiares de la víctima
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Felipe Calderón (Presidente de la República,
Público Alto), Emeterio López Márquez
(Procurador de Justicia del estado de Veracruz,
Público Alto), José Luis Soberanes (Presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
No
Penal
Sí, Abierto
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Familiares de personas afectadas
2. Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia-Ernestina Ascencio
3. Victimas de trata de personas/violaciones-Ernestina Ascencio
Mayor información
1. Reportaje, http://www.cimacnoticias.com/site/07052810-Caso-Ascencio-tres.17785.0.html
2. Reportaje,
http://www.cimacnoticias.com/site/s07051501-REPORTAJEErnestin.17592.0.html
3. Reportaje, http://www.cimacnoticias.com/site/07051508-Gobierno-de-Veracru.17623.0.html
4. http://www.cimacnoticias.com/site/07031411-Zongolica-trabajo.16884.0.html
5. http://www.cimacnoticias.com/site/s07052901-REPORTAJE-Zongolic.17774.0.html
6. Libro donde se menciona el caso: Amnistía Internacional, Informe 2008.
7. Libro donde se menciona el caso: Lachenal, Cecile, Juan Carlos Martínez Martínez, Miguel
Moguel Valdés, Los organismos públicos de derechos humanos nuevas instituciones, viejas
prácticas, Fundar Centro de Análisis, México.
Otras observaciones o comentarios
En las conductas reprochables se encuentra la violación sexual a la víctima, por parte de los
militares. Dichas conductas no están tipificadas en el glosario.
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio. Ver http://www.pgr.gob.mx/Que%20es%20PGR/presentacion.asp
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Escalera Náutica
Ficha Nº176
País
México
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Escalera Náutica (o Proyecto Mar de Cortés a partir de 2004) se inició en 2001 para unir las
marinas de Estados Unidos y de México. Involucra a cuatro estados del país y al menos 24
puertos, cubriendo la zona del Golfo de California. El plan buscó inversión privada para
desarrollarse; vendió algunas marinas y otras fueron concesionadas. Se han invertido al menos
$1.500.000 de pesos mexicanos (US$120.000) y sólo se han concluido ocho destinos, la mayoría
están en malas condiciones. El proyecto buscaba desplegar el espacio a 50 mil embarcaciones
privadas, acoger alrededor de 5.3 millones de turistas y crear 29 mil empleos fijos. Sin embargo,
ha habido falta de transparencia en la toma de decisiones, privatización ilegal de la zona marítimoterrestre, despojo de tierras a habitantes originarios, discriminación, agudización de la pobreza y
deterioro medioambiental. John McCarthy, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR) durante el sexenio foxista, ha sido acusado de corrupción, irregularidades
administrativas y aprovechar información privilegiada para su beneficio. Favoreció empresas en la
adjudicación de las marinas del proyecto, como Goodman Real Estate Inc. y Hansa, y a empresas
poderosas como Televisión Azteca, al venderles terrenos a precios subvaluados en Cancún y Los
Cabos, violando toda normatividad. También vendió extensas propiedades costeras ajenas, de
particulares, alegando que eran patrimonio de FONATUR. La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2003 determinó irregularidades en créditos otorgados
por FONATUR. Desde el 2006 se levantaron al menos dos denuncias penales en la Procuraduría
General de la República (PGR) en contra de McCarthy por fraude en venta de terrenos en Cancún
y en Los Cabos. La Comisión de Turismo del Senado anunció en 2008 la creación de una
subcomisión para investigarlo. Sin embargo, aún no se ha procedió contra McCarthy.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002, 2003
Apropiación indebida
Ilegal
2001, 2002, 2003
Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001, 2002, 2003
Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2001, 2002, 2003
Negociación incompatible/Conflicto de intereses
Ilegal
2001, 2002, 2003
Tráfico de influencias
Ilegal
2001, 2002, 2003
Utilización de información privilegiada
Ilegal
2001, 2002, 2003
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas - Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2. Poder Legislativo - Cámara de Senadores
3. Empresas privadas - Goodman Real Estate Inc., Hansa
4. Medios de comunicación- Televisión Azteca
Denunciante (y cargo si Auditoría Superior de la Federación, Comisión de Turismo del
aplica)
Senado de la República
Acusado/a (cargo y jerarquía) John McCarthy (Director del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Sector Terciario – Hotelería y turismo
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
3. Habitantes de la zona
Mayor información
1. Reportaje: http://www.emedios.com.mx/testigospdfs/20090702/1c4829-42fa10.pdf
2. Reportaje:
http://defrente.com.mx/2008/06/la-escalera-nautica-%C2%BFotro-dolor-decabeza-para-accion-nacional/
3. Reportaje: http://www.notihuatulcopuertoescondido.com/?p=2303
4. Notas que aportan información adicional: http://www.voltairenet.org/article156383.html
5. Notas
que
aportan
información
adicional:
http://revistalaverdad.com.mx/index.php/feed/reportaje-especial/3236-Negociosmillonarios-Fonatur.txt
6. Libro donde se menciona el caso: McDougall, Stasy. The Escalera Nautica of the Sea of
Cortez: A Pathway to the Sustainable Development of Northwestern Mexico?, School for
International Training, 2002.
7. Libro donde se menciona el caso: Micheline Cariño, Martha y Mario Monteforte, Del
saqueo a la conservación: historia ambiental contemporánea de Baja California Sur,
1940-2003, Instituto Nacional de Ecología, México, 2008.
Otras observaciones o comentarios
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio de Justicia.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Fidel Herrera
Ficha Nº177
País
México
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 2006, el diputado del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, hizo una denuncia pública por la
malversación de recursos de la cuenta pública del 2004, por más de $200 millones de pesos
mexicanos (US$15.500.000) en la administración del Estado de Veracruz, gobernado entonces por
Miguel Alemán. Además pone al descubierto el encubrimiento del régimen de Fidel Herrera
Beltrán, actual gobernador, por no aplicar la ley a funcionarios de la anterior administración
priísta. Se descubrió que hubo pagos duplicados por $12.538.000 mil pesos mexicanos
(US$980.000) en recursos aportados al sector salud para la construcción de hospitales sin que a la
fecha exista un responsable del peculado cometido a los recursos públicos del Fideicomiso del
impuesto a la nómina. Por otro lado, se sospecha relación ilícita con Lotería Nacional al ganar dos
veces el premio mayor. Una de ellas, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, junto con varios
empresarios locales, ganaron el sorteo del 31 de diciembre de 2008 por un monto de $25 millones
de pesos mexicanos (US$1.950.000).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2004
públicos/Peculado
2. Obstrucción de la Justicia/Investigación
Ilegal
2006
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2008
Actores implicados
1. Gobierno Regional – Veracruz
2. Empresas públicas – Lotería Nacional
3. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si Miguel Ángel Yunes Márquez (Diputado, Público Alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Miguel Alemán (Gobernador, Público Alto), Fidel Herrera
jerarquía)
Beltrán (Gobernador, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No se accede al dato
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios de Ocio y Entretenimiento
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
1. http://www.vozuniversitaria.org.mx/content/view/106/1/
2. http://www.eluniversal.com.mx/estados/67169.html
3. http://www.eluniversal.com.mx/notas/471576.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Fiesta de Felipe Calderón
Ficha Nº178
País
México
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El presidente Felipe Calderón celebró su cumpleaños con un convivio en Los Pinos (residencia
oficial del presidente) al que asistieron familiares, amigos y funcionarios de todos los niveles del
gobierno federal. De acuerdo con una solicitud de información presentada por el periódico “El
Universal”, Presidencia de la República entregó el listado de los obsequios que recibió el día de
su cumpleaños, no así el de los invitados, ni tampoco el gasto que generó la fiesta. Por considerar
que fue un "evento privado", tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la
Función Pública (SFP) determinaron declarar "inexistencia" de cualquier documento que
justificara el ingreso a Los Pinos por parte de funcionarios públicos en día laboral para festejar el
cumpleaños del presidente Felipe Calderón, el pasado 17 de agosto. Tampoco quisieron dar a
conocer el listado de los invitados al festejo del jefe del Ejecutivo, pues argumentaron
"inexistencia" de cualquier documental sobre el acto. La Presidencia también rechazó dar a
conocer algún documento que avalara los gastos erogados por la dependencia para organizar el
festejo del Ejecutivo, aludiendo "inexistencia" del archivo o registro. El Instituto Federal de
Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República entregar documentos
que informaran de los gastos financieros y materiales que se hicieron para la fiesta de
cumpleaños del presidente Felipe Calderón. Con este fallo la Presidencia no podía declarar
nuevamente inexistente dicha información que fue solicitada por “El Universal”. El IFAI
también resolvió dos recursos más presentados por “El Universal”. Uno contra la Presidencia de
la República para que entregara el listado de los invitados al cumpleaños de Calderón y otro más
solicitado a la SFP para que entregara los permisos presentados por los funcionarios para
ausentarse de sus labores en día hábil para asistir al cumpleaños de Calderón. En el primer caso
se consideró que la Presidencia de la República debe hacer una búsqueda exhaustiva del
documento solicitado y en segundo se confirmó la inexistencia del mismo. Por conducto del
IFAI, Presidencia de la República entrega a “El Universal” una lista que especifica remitente y
tipo de obsequio, aunque no da detalles sobre su valor comercial ni sus características y, en el
caso de algunas obras plásticas, tampoco aclara títulos ni autores.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2007
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2007
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República
2. Ente fiscalizadores y reguladores - Secretaría de la Función Pública
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Prensa El Universal
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Felipe Calderón (Presidente de la Nación, Público Alto),
Secretaría de la Función Pública
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Festejo: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/153416.html
2. IFAI pide abran gastos: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/157175.html
Otras observaciones o comentarios
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº179
País
Año de aparición en prensa
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
Caso Citigroup-Banamex
Caso Fondo Bancario de Protección al México
Ahorro-Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (FOBAPROBA-IPAB)
Resumen caso
Entre 1988 y 1994 el crédito total disponible en México como porcentaje del PIB pasó de 15% a
43%. La expansión del crédito coincidió con la privatización de la banca, la desregulación del
sistema bancario y financiero y las expectativas desatadas por la firma del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte. Sin embargo, las expectativas no estaban basadas en datos
objetivos sobre el desempeño presente o futuro de la economía. Los bancos recién privatizados
vieron en la expansión del crédito el camino para una fácil rentabilidad. Tanto los bancos como
los agentes privados sobrestimaron la capacidad de pago y la recuperación de los préstamos. La
cartera vencida comenzó a crecer en paralelo con la burbuja de préstamos. Cuando llegó la crisis
del año 1994-95 el universo bancario entró en crisis profunda. El Gobierno Federal compró a
los banqueros la cartera mala, incobrable y fraudulenta, utilizando al FOBAPROA (Fondo
Bancario de Protección al Ahorro, creado en 1990) como un mecanismo para enfrentar la crisis
(y que en 1999 se convirtió en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB). Este
rescate, que después se convirtió en deuda pública, no hizo responsables a los accionistas de los
bancos; tampoco distinguió entre préstamos fraudulentos y la cartera que legítimamente se había
vencido. A la fecha, el saldo acumulado de los pasivos del IPAB-Fobaproa es multimillonario.
Los recursos fiscales asignados para pagar los intereses sólo cubren la parte real de los mismos.
La capitalización de intereses lleva a un crecimiento de los pasivos al ritmo de mil millones de
pesos mensuales, lo que lo convierte en una hipoteca insostenible sobre las finanzas públicas. El
monto involucrado fue de $5.767 millones de pesos mexicanos (US$450.775.000), y la
iniciativa de ley fue presentada directamente por el entonces Presidente de la Nación, Ernesto
Zedillo. Cabe mencionar que Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) y Martin Werner, Subsecretario de Hacienda, aceptaron toda la iniciativa
de rescate y liberación de macro endeudamientos, que sobre todo favorecían a una larga lista de
empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional que presuntamente habían
financiado campañas políticas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
1994
2. Delitos tributarios
Ilegal
1994
3. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1994
públicos/Peculado
4. Tráfico de influencias
Ilegal
1994
Actores implicados
1. Entes fiscalizadores y reguladores – Comisión Nacional Bancaria y de Valores
2. Ministerio - Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3. Empresa privada – Bancos mexicanos
4. Partidos Políticos
5. Poder Ejecutivo
6. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación (principalmente prensa escrita),
aplica)
Partido de la Revolución Democrática
Acusado/a
(cargo
y Carlos Cabal Peniche (Propietario Bancos Cremi-Unión,
Privado Alto), Felipe Calderón Hinojosa (Presidente de la
jerarquía)
República, Publico Alto), Vicente Fox Quesada (Presidente de
la República, Publico Alto), Carlos Salinas de Gortari
(Presidente de la República, Publico Alto ), José Ángel Gurría
(Secretario de Hacienda, Público Alto), Roberto Hernández
(Dueño Banamex, Privado Alto), Ernesto Zedillo Ponce de
León (Presidente de la República, Público Alto), Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No se accede al dato
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario – Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Reportaje: http://www.envio.org.ni/articulo/390
2. Reportaje:
http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/octubre/htm/IPAB_corrupcion.htm
3. Expediente: http://www.jornada.unam.mx/1999/08/02/expediente.html
4. Libro donde se aborda el caso: Del Villar, Samuel. Agravios nacionales en la hacienda
pública mexicana, 1982-2005, Océano, México, 2006.
5. Libro donde se aborda el caso: Fárber, Guillermo y Ruiz Healy, Eduardo. Fobaproa: la
bomba de tiempo, Times Editores, México, 1998.
6. Libro donde se aborda el caso: Huerta González, Arturo. El debate del Fobaproa:
orígenes y consecuencias del "rescate bancario", Diana, México, 1998.
7. Libro donde se aborda el caso: Padierna, Dolores. La historia oculta del FOBAPROA,
Salvador Vega Rodríguez, México, 2000.
8. Libro donde se aborda el caso: Rubio-Freidberg, Luis. Tres ensayos: Fobaproa,
privatización y TLC, Cal y Arena, 1999.
9. Libro donde se aborda el caso: Salinas de Gortari, Carlos. La década perdida: 19952006: neoliberalismo y populismo en México, Debate/Random House Mondadori, 2008
10. Libro donde se aborda el caso: Solís de Alba, Ana Alicia. Soberanía nacional, crisis
política y movimientos sociales, Itaca, 2005.
11. Libro donde se aborda el caso: Solís Rosales, Ricardo. Del Fobaproa al IPAB:
testimonios, análisis y propuestas, Plaza y Valdés, México, 2000.
Otras observaciones o comentarios
Los nombres de las personas involucradas en el fraude Fobaproa-IPAB en muy largo, sin
embargo coinciden en ser grandes banqueros, empresarios, políticos y familiares de políticos.
El caso ocurrió el año 1994, pero reapareció en prensa en 1998.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº 180
País
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Caso Fondos de Desastres Naturales México
(FONDEN)
Resumen caso
En el año 2002, el entonces Subdirector de Recursos Financieros de la Coordinación General de
Protección Civil, Arturo Fernández, denunció ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Gobernación, el desvío de recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Inmediatamente después, fue removido de su cargo. Fernández siguió juntando evidencia y logró
interesar al Poder Legislativo sobre el caso, para abrir procedimientos administrativos, políticos e
incluso penales. El demandante sufrió un atentado en 2003 e interpuso una demanda penal contra
quien resultara responsable sobre el desvío e irregularidades en el uso de recursos públicos
destinados al Fondo en cuestión. En 2004, el Jefe del Departamento de Quejas del Fondo, vuelve
a iniciar un procedimiento ante el Órgano Interno de Control, el funcionario René Rosado,
también fue removido de su cargo por querer investigar. La Comisión Permanente del Congreso,
dentro del Poder Legislativo, ordena entonces a la Secretaría de la Función Pública y a la
Auditoría Superior de la Federación abrir sus respectivos expedientes e investigar el caso del
desvío de más de $1.321 millones de pesos mexicanos (US$103.310.000) entre el año 2001 y
2004, del FONDEN, mientras la funcionaria Carmen Segura Rangel fungía como Coordinadora
General del Sistema Nacional de Protección Civil, ente encargado del Fondo y dependiente de la
Secretaría de Gobernación que en ese entonces era presidida por Santiago Creel Miranda,
presunto protector de la funcionaria Carmen Segura. La acusación residía en el fraude por
aproximadamente $800 millones de pesos mexicanos públicos (US$62.560.000), que eran
invertidos en casas de bolsa o intermediarios financieros, y cuyas ganancias tenían un destino
desconocido. En algunas noticias se encuentra el rumor de que este Fondo o por medio de éste, se
beneficiaba la futura campaña presidencial de Creel. Al mismo tiempo se denunció la compra de
diversos artículos con sobreprecios, sin licitaciones, se pagaban productos que no se entregaban,
se pedían productos a empresas fantasmas, no llegaban los productos que supuestamente se
compraban a los estados que sufrían desastres naturales, etc. Las investigaciones realizadas
llevaron en 2005 a la destitución e inhabilitación por diez años de Carmen Segura, así como la
multa de $1.773.000 pesos mexicanos (US$140.000). Al Director Técnico del Fondo, Ricardo
Cícero, se le inhabilitó por quince años y se le puso una multa por la misma cantidad. Sin
embargo, Carmen Segura fue promovida por el Partido Acción Nacional (Partido donde Creel
tiene amplio poder), para obtener un cargo de diputada plurinominal en la Asamblea Legislativa
de Distrito Federal, por otra parte, logró también a través de un juzgado administrativo, exentarse
de pagar la multa. Con la información obtenida se puede constatar que ni fue inhabilitada, ni fue
multada e incluso logró que el órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación la
exentara también de la responsabilidad del desvío de recursos. Al parecer le dieron únicamente
una amonestación privada por negligencia administrativa.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004
públicos/Peculado
2. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004
Actores implicados
1. Ministerio - Secretaría de Gobernación
2. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Arturo Fernández (Subdirector de Recursos Financieros de la
Coordinación General de Protección Civil, Público Medio),
René Rosado (Jefe del Departamento de Quejas del Fondo de
Desastres Naturales, Público Medio)
Ricardo Cícero Betancourt (Director Técnico del Fondo de
Desastres Naturales, Público Medio), Clíserio Jiménez
Fernández (Coordinador Administrativo de Protección Civil,
Publico Medio), Carmen Segura Rangel (Coordinadora
General del Sistema Nacional de Protección Civil, Público
Alto)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
No se accede al dato
No
No aplica
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política púbica
2. Ciudadanía
3. Empresas competidoras
Mayor información
1. Nota sobre el caso: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=213973
2. Nota
que
escribe
el
demandante:
http://www.fundar.org.mx/pdf/pdfsderechoasaber/recuadros/Arturo%20Fern%E1ndez.pd
f
3. Nota
sobre
el
desenlace
del
caso
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/19/index.php?section=politica&article=018n1pol
Otras observaciones o comentarios
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM
En el caso mexicano, el Secretario equivale al Ministro
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Fundación Vamos México
Ficha Nº181
País
México
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
Caso Bribiesca, Caso Centro
Fox, Caso Megabiblioteca
Resumen caso
En 2001 se crea la Fundación Vamos México, una iniciativa de Marta Sahagún de Fox, esposa
del entonces presidente Vicente Fox. En 2004, durante la revisión de la Cuenta Pública 2003,
sale a la luz una posible triangulación de fondos entre la Lotería Nacional, el fideicomiso público
Transforma México y la asociación civil Vamos México. En septiembre de 2007, diputados
mexicanos aprobaron por unanimidad crear una comisión especial para que investigara el
presunto enriquecimiento ilícito por parte del ex presidente Vicente Fox. La creación del Centro
Fox, el origen del financiamiento de Vamos México, el enriquecimiento de los Bribiesca
(familiares de Marta Sahagún), las irregularidades en la creación de la Megabiblioteca José
Vasconcelos, así como la aparición de las riquezas de la pareja en diversas revistas fueron
motivos suficientes. En ese mismo mes, Reporte Índigo da a conocer testimonios de empresarios
que fueron presionados y extorsionados para contribuir en la Fundación Vamos México. En la
red de favores se mencionan los nombres del ex director del Instituto Mexicano del Servicio
Social (IMSS), Santiago Levy, y el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Raúl Muñoz
Leos. En febrero de 2008 la comisión especial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito
de Vicente Fox exigió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que investigue la evasión
fiscal que habría cometido la fundación Vamos México entre 2001 y 2006, debido a que reportó
ingresos menores a los realmente recibidos por concepto de donativos en efectivo y en especie.
En total, informó, entre 2001 y 2006 la fundación recibió $527.928.650 pesos mexicanos
(US$41.300.000) y únicamente reportó al SAT $504.405.854 pesos mexicanos
(US$39.450.000), esto es, 4,66% menos. Las irregularidades también abarcan los donativos en
especie, que alcanzaron un monto equivalente a $14.219.458 pesos mexicanos (US$1.112.065),
pero Vamos México sólo reportó al SAT $9.955.975 pesos mexicanos (US$778.000). Esta
diferencia se explica porque en 2001 Vamos México recibió donativos en especie por
$3.804.070 pesos mexicanos (US$297.500), pero no los reportó al SAT. Al año siguiente obtuvo
$2.734.213 pesos mexicanos (US$213.800), pero a las autoridades fiscales les informó que había
recibido $2.584.455 de pesos mexicanos (US$202.100). En 2003 recibió donativos en especie
por $309.655 de pesos mexicanos (US$24.000), pero tampoco informó al respecto.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
3. Fraude: Estafa al fisco
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
4. Tráfico de influencias
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
públicos/Peculado
6. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Empresa Pública – Lotería Nacional
3. Organización no gubernamental/Agrupación civil – Fundación Vamos México
Denunciante (y cargo si aplica)
No se accede al dato (Diputados, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Marta Sahagún de Fox (Esposa del Presidente de la
República, Público Alto), Vicente Fox Quezada
(Presidente de la República, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No se accede al dato
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
3. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
1. http://www.vamosmexico.org.mx/quienes/
2. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7011000/7011598.stm
3. Testimonios: http://www.reportebrainmedia.com/archivo/Reporte/55
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Góber Precioso
Ficha Nº182
País
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Lydia Cacho
México
Resumen caso
El 14 de febrero de 2006 se publican en el periódico mexicano "La Jornada" una serie de
conversaciones telefónicas grabadas, que llegaron de manera anónima a la redacción del
periódico. Las conversaciones sostenidas entre el "Rey de la mezclilla", un empresario
mexicano de origen libanés de nombre Kamel Nacif y el Gobernador del Estado de Puebla,
Mario Marín, revelaban cómo el político y el empresario darían "escarmiento" a la periodista
Lydia M. Cacho, quien es autora del libro "Los demonios del Edén" en el cual Nacif aparece
como un pederasta acusado de por lo menos 100 abusos sexuales, además de ser amigo y socio
de Succar Kuri, quien amasó una gran fortuna mediante una red de explotación sexual y
pornografía infantil de niños y niñas de entre los 4 y 14 años de edad en el sureste mexicano
(Cancún). El “escarmiento” incluyó el secuestro de la periodista, dirigido por el Gobernador
Mario Marín, al enviar un grupo de policías a Quintana Roo para llevarse a la periodista al
Ministerio Público del Estado de Puebla, donde le practicaron diversas torturas y violaciones a
sus derechos físicos y morales. El alias "gober precioso" se debe a que en una de estas
conversaciones Nacif le llama así a Mario Marín además de decirle que va a ser el "héroe de la
película". (Revisar Otras informaciones en Ficha de Registro). Con esta serie de conversaciones
se desató toda una polémica mediática en la que se relacionaba al poder político que actúa de
manera servil ante el poder económico, y se evidencia toda una red de empresarios que actúan
en la corrupción política, el abuso del poder y el tráfico de influencias. Actualmente, Nacif está
libre y el "gober precioso" más otros "funcionarios" involucrados continúan en sus cargos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2007
2. Asociación ilícita
Ilegal
2007
3. Secuestro
Ilegal
2007
4. Tráfico de influencias
Ilegal
2007
5. Obstrucción de la Justicia/Investigación
Ilegal
2007
6. Trata de personas
Ilegal
2007
Actores implicados
1. Empresas privadas
2. Gobierno Regional – Estado de Puebla
3. Ministerio de Justicia – Procuraduría General de la República
4. Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia
5. Policías
Denunciante (y cargo si Lydia Cacho (Periodista). Medios de comunicación escritaaplica)
Periódico La Jornada
Acusado/a
jerarquía)
(cargo
y
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Succar Kuri (Empresario, Privado Alto), Mario Marín
(Gobernador del Estado de Puebla, Público Alto), Kamel Nacif
(Empresario, Privado Alto)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No se accede al dato
Secundario - Industria textil
Actores Afectados
1.
2.
3.
4.
Ciudadanía
Representados(as) por autoridad
Secuestrados(as)
Víctimas de trata de personas/violaciones
Mayor información
1. Enlaces
relacionados
con
el
Caso:
http://www.expresionlibre.org/site2/especiales/kamel_marin.php
2. http://www.lydiacacho.net/libros/los-demonios-del-eden/
3. http://losdemoniosdeledendoc.blogspot.com/
Otras observaciones o comentarios
Hasta el año 2010 no se registra ningún expediente abierto de la Procuraduría General de la
República sobre los casos de secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas y demás delitos
cometidos contra Lydia Cacho. Asimismo, no existen registros de investigación de las
autoridades estatales y federales, sobre la red de prostitución infantil y pederastia.
La explotación sexual y pornografía infantil se subsumen en la conducta reprochable “Trata de
personas”, pues a las personas afectadas se les traslada con fines que violan los Derechos
Humanos, independiente a si estas personas dieron su consentimiento.
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio
A raíz del Caso del Góber precioso, se empezó a llamar a los gobernadores presuntamente
corruptos que abusan de su poder y que benefician a sus amigos “Góber”, sólo por la analogía
con dicha experiencia.
Fecha del registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Hildebrando
Ficha Nº183
País
México
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) da a conocer documentación de 47 contratos
otorgados por el Gobierno Federal a las empresas Hildebrando, S.A. de C.V. y Metadata, S.A.
de C.V., cuyo socio mayoritario es Diego Zavala Gómez del Campo, cuñado de Felipe
Calderón, candidato presidencial del Partido Acción Nacional. De acuerdo con los documentos
exhibidos, en la actual administración las empresas vinculadas a Zavala --dedicadas a la venta y
mantenimiento de software y hardware-- obtuvieron 47 contratos por un monto de $157
millones de pesos mexicanos (US$12.280.000). Claudia Sheinbaum, del equipo del entonces
candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, denunció que cuando Calderón
era Secretario de Energía, Petróleos Mexicanos otorgó un contrato vía adjudicación directa de
$60 millones de pesos mexicanos (US$4.690.000) a Hildebrando, con fecha 26 de noviembre de
2004. En el 2002, los contratos de las empresas citadas ascendieron a $2.738.000 pesos
mexicanos (US$ 214.000) y en el 2003 llegaron a $50.900.000 pesos mexicanos
(US$3.981.000); para 2004 aumentaron a $96 millones de pesos mexicanos y en 2005 a $58
millones de pesos mexicanos (US$7.507.900 y US$4.536.000, respectivamente), según los
documentos. Además del presunto tráfico de influencias, los perredistas acusaron a Zavala de
ocultar información a la Secretaría de Hacienda. Tras recibir, de manera anónima, información
con la documentación fiscal de Hildebrando a las oficinas del presidente del partido, los
colaboradores de López Obrador cotejaron la documentación fiscal con el reporte de ganancias
publicada por la propia empresa en su página de internet. Según el documento entregado por el
PRD, Zavala reportó en 2005 ingresos a Hildebrando por $683.447.895 de pesos mexicanos
(US$53.450.000), pero dijo haber tenido gastos de $683.454.844 de pesos mexicanos
(US$53.451.150), por lo que no pagó impuestos. Sin embargo, en ese mismo año, en su página
electrónica reportó haber recibido ganancias por $992.100.000 pesos mexicanos
(US$77.590.000).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2005
2. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005
4. Negociación incompatible/Conflictos Ilegal
2002, 2003, 2004, 2005
de intereses
Actores implicados
1. Empresa privada – Hildebrando S.A., Metadata S.A.
2. Ministerio de Energía
3. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si aplica)
Claudia Sheinbaum (Asesora, Público Medio)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Felipe Calderón (Secretario, Público Alto), Diego Zavala
Gómez del Campo (Empresario, Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario - Servicios Computacionales
Sector Económico
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
Mayor información
1. http://www.contralinea.com.mx/archivo/2006/junio2/htm/sat_isosa_hildebrando.htm
Otras observaciones o comentarios
En el caso mexicano, el Secretario equivale al Ministro
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Hoteles de Quintana Roo
Ficha Nº184
País
México
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 2008, Patricio Patrón Laviada, Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PROFEPA, y ex Gobernador del estado de Yucatán en el período de 2001 al 2007, declaró ante
la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que se habían clausurado temporalmente
14 hoteles en el Parque Nacional Tulúm, por haber sido construidos en zonas protegidas y no
contar con los permisos ambientales necesarios para operar, que debe otorgar la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, o bien, contar con permisos ambientales
que no debieron haber sido dados y que violan la normatividad. El funcionario dijo, sin
mencionar nombres, que había corrupción en funcionarios de la SEMARNAT, así como otros
de nivel federal y local, y que ya se habían demandado las irregularidades a la Secretaría de
Función Pública para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes y sancionar a
los responsables. Al mismo tiempo, el mismo Patricio Patrón Laviada, terminó su mandato
como gobernador, envuelto en acusaciones y demandas de corrupción, fue etiquetado por la
opinión pública como depredador del medio ambiente y tiene congelado un expediente en la
Procuraduría General de la República por lavado de dinero y evasión fiscal que involucra a sus
familiares y amigos. El presidente Felipe Calderón lo nombró titular de la PROFEPA a pesar de
las acusaciones en su contra, y ahora demanda irregularidades en hoteles, donde se presume que
él mismo es dueño de uno de los hoteles clausurados y que aún con todo, sigue funcionando.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso
de
funciones/de Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
autoridad
2. Apropiación indebida
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3. Delitos tributarios
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4. Lavado de dinero
Ilegal
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Actores implicados
1. Empresas privadas – Hoteles
2. Gobierno Local
3. Gobierno Regional
4. Ministerio- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT
5. Otras instituciones públicas-Procuraduría Ambiental
Denunciante (y cargo si Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto
aplica)
Nacional de Antropología e Historia, Organizaciones no
gubernamentales, Patricio Patrón Laviada (Titular de la
Procuraduría Ambiental – PROFEPA).
Acusado/a
(cargo
y Patricio Patrón Laviada (Gobernador del Estado de Yucatán,
Público, Alto),
jerarquía)
Funcionarios de Secretaría de Medio Ambiente
Autoridades Federales y Locales
Hoteles que operan sin permiso
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Terciario – Hotelería y Turismo
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona
Mayor información
1. Seguimiento
al
tema
por
la
ONG
Planeta
Azul:
http://www.planetaazul.com.mx/www/2008/09/26/denuncia-patron-laviada-corrupcionen-la-semarnat/
2. http://www.planetaazul.com.mx/www/2007/01/23/violan-hoteles-tulum-semarnatautoriza-complejos-turisticos-en-area-natural-protegida/
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº185
País
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Caso Integradora de Servicios Operativos México
S.A. (ISOSA)
Resumen caso
ISOSA es el nombre de un fideicomiso público que recibe recursos gestionados por una
compañía privada (OGASA) que gestionaba el cobro de impuestos por un servicio de aduanas,
específicamente en puertos y aeropuertos ante pasajeros. El servicio de OGASA consistía en una
segunda y última revisión de objetos y mercancías. Dicha facultad tributaria, ya de por sí
cuestionada en manos privadas, fue alimentando un fondo financiero constituido en la figura de
un fideicomiso de la banca pública de segundo piso ISOSA. Se cita: “La Secretaría de Hacienda
creó alrededor de ISOSA un complejo esquema financiero para triangular las operaciones de la
empresa, pues además del Fideicomiso Aduanas I, la dependencia abrió el Fideicomiso Aduanas
II, que es propietario de Controladora de Servicios Integrales Estas dos empresas permitieron a
ISOSA administrar el derecho de trámite aduanero, impuesto que se aplica a las importaciones y
exportaciones.” (Roberto Garduño- La Jornada). En ningún renglón del acuerdo entre el Estado
con la empresa ISOSA queda completamente claro el destino de la administración de los
impuestos recabados, y se estipula borrosamente una forma de pago mediante deducciones
directas, o decir, que ISOSA se cobraba de los impuestos que recabó durante más de 10 años. La
Auditoría Superior de la Federación responsabilizó al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz,
de malos manejos en los fondos del trámite aduanero, y se estimaron daños al erario público
superiores a los $10 mil millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$800 millones). En
investigaciones posteriores se descubrió un vínculo del entonces Secretario de Hacienda con la
junta de socios de la empresa ISOSA. El Senado de la República solicitó comparecencias para
aclarar el asunto. Poco después, Francisco Gil Díaz ordenó desaparecer el fideicomiso NAFIN 2
y el contrato establecido con ISOSA. El caso no tuvo mayores ni posteriores avances.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Tráfico de Influencias
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
2. Fraude:
Malversación
de Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
caudales públicos/Peculado
3. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
4. Delitos Aduaneros
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
5. Delitos Tributarios
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Actores implicados
1. Empresa Privada- Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA)
2. Ministerio de Hacienda
3. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si aplica)
Mario Di Constanso (Diputado, Público Alto), Arturo
González de Aragón (Auditor, Público Alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Francisco Gil Díaz (Ministro, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
Servicios Aduaneros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Artículo relacionado con el Caso:
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2005/noviembre/htm/borra+hacienda+huellas+is
osa+aduanas2.htm
2. Artículo relacionado con el Caso:
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article
&sid=986
3. Artículo relacionado con el Caso:
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/18/index.php?section=politica&article=013n1pol
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Ley Televisa
Ficha Nº186
País
México
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En Marzo de 2006 se aprueba en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, sin
cambiar una coma, una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la
Ley Federal de Radio y Televisión, mejor conocidas como Ley Televisa (pues beneficiaban en
mayor medida a las dos televisoras que poseen el 95% de las concesiones de televisión del país:
Televisa y TV Azteca). El Presidente Vicente Fox pudo haber vetado la ley por los
señalamientos de inconstitucionalidad hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
contra la ley, pero decidió publicarla. En mayo, 46 senadores de la 59 Legislatura promovieron
una acción de inconstitucionalidad en contra de 16 artículos. Un año después, en 2007,
solamente 8 de los 16 artículos impugnados fueron declarados parcial o totalmente
inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. De los ocho artículos, destacan cuatro que
modificaron la esencia de la Ley Televisa: 1) Artículo 16. Establecía que el término de una
concesión sería de 20 años y podría ser refrendada al mismo concesionario, que tendría
preferencia sobre terceros. 2) Artículo 17. Establecía que el mecanismo para asignar las
concesiones sería el de licitación a través de subasta pública. Es decir, se otorgarían al mejor
postor. 3 y 4) Artículos 28 y 28 A. Estos artículos permitían que los concesionarios de telefonía,
radio o televisión pudieran ofrecer los otros dos servicios sin necesidad de participar en una
licitación. Se dejaba al arbitrio de la Secretaría de Comunicaciones fijar algún pago por esta
autorización. Hoy tendrán que licitar y pagar por los nuevos servicios. En 2009, un grupo de
diputados del Partido Verde Ecologista de México, también conocido como “Telebancada”
(diputados promovidos e impuestos por los medios de comunicación para legislar a favor de
intereses privados) han impulsado iniciativas que anulen lo dispuesto por la Corte en 2007, Aún
no se conocen los resultados de este esfuerzo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2006
2. Tráfico de influencias
Ilegal
2006
3. Negociación incompatible/Conflicto de intereses
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Medios de comunicación – Televisa y TV Azteca
2. Poder Ejecutivo
3. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si Javier Corral (Senador, Público Alto), y un grupo plural de 45
aplica)
senadores más.
Acusado/a (cargo y jerarquía) Senadores y diputados que aprobaron la Ley Televisa, Vicente
Fox (Presidente de la Nación, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario – Medios de Comunicación
Sector Económico
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
Mayor información
1. http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46589.html
2. http://www.reportebrainmedia.com/archivo/Reporte/37
3. http://www.youtube.com/watch?v=1gZeiwHyxkQ
Otras observaciones o comentarios
En prensa fue posible sólo conseguir el nombre del Senador Javier Corral como denunciante, de
entre los 46 senadores que se presentaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
oposición a la “Ley Televisa”.
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Lydia Cacho
Ficha Nº187
País
México
Resumen caso
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
Caso Góber Precioso
En el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, la periodista
Lydia Cacho evidenció la protección que recibía de políticos y empresarios Jean Succar Kuri,
acusado de comandar una red de prostitución y pornografía infantil En el libro también menciona
la participación de Kamel Nacif Borge, empresario textilero, quien demandó a Cacho por
difamación. Por este motivo, el 16 de diciembre de 2005, Cacho fue detenida y trasladada a
Puebla por agentes de la Procuraduría General de Justicia poblana. Sin embargo, la periodista es
puesta en libertad bajo fianza el 12 de octubre. El 14 de febrero de 2006 se difunde una charla
telefónica entre Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín. En ella Nacif refiere como,
mediante amistades y contactos dentro de la prisión poblana, solicitó que Cacho fuera violada y
cómo se obviaron los trámites legales de notificar a la periodista del proceso que se seguía en su
contra. En marzo Cacho denunció a Marín, a la Procuradora Blanca Laura Villeda, a la juez Rosa
Silvia Pérez y a Nacif. En abril de ese año el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) atrajo la investigación en contra de Marín y se formó una comisión para investigar las
violaciones cometidas por Marín y otros funcionarios en contra de los derechos individuales de
Cacho. Marín negó haber cometido algún delito e insiste en que las autoridades deben
investigarlo a fondo para determinar cuál fue su actuación. Sin embargo, Marín logró en junio
que la Corte aplazara la revisión del informe de la comisión investigadora. Finalmente, el 29 de
noviembre, los ministros de la Suprema Corte, resolvieron que no existió conspiración entre
Marín y Nacif para violar las garantías individuales de Cacho. Incluso determinaron que la
transgresión a sus derechos no fue grave y que el caso podía ser resuelto en otras instancias
judiciales.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2005
2. Asociación ilícita
Ilegal
2005
3. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2005
4. Obstrucción de la Justicia/Investigación
Ilegal
2005, 2006, 2007
5. Secuestro
Ilegal
2007
6. Tráfico de influencias
Ilegal
2005, 2006, 2007
7. Trata de personas
Ilegal
2005, 2006, 2007
Actores implicados
1. Gobierno Regional - Gobierno del Estado de Puebla
2. Gobierno Regional - Gobierno del Estado de Quintana Roo
3. Poder Judicial
4. Policías
Denunciante (y cargo si aplica) Lydia Cacho (Periodista)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Kamel Nacif Borge (Empresario, Privado Alto), Mario Marín
(Gobernador, Público Alto), Rosa Silvia Pérez (Jueza, Público
Medio), Blanca Laura Villeda (Procuradora de justicia,
Público Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Víctimas de trata de personas/violaciones
3. Secuestrados(as)
Mayor información
1. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/35787
2. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/35958
3. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/37660
4. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/38433
5. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/44004
6. Reportaje y seguimiento al caso: http://www.eluniversal.com.mx/notas/511533.html
7. Reportaje y seguimiento al caso: http://www.cimacnoticias.com/site/08031008-Poderesparalelos.32384.0.html
8. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.criticarte.com/Page/file/art2008/LydiaCachoFS.html?=LydiaCacho.html
9. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.econsulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6366&Itemid=55
10. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.cimacnoticias.com/site/index.php?id=33012&print=1&no_cache=1
11. Reportaje
y
seguimiento
al
caso:
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/junio2/htm/lydia-cacho.htm
12. Libro que aborda el caso: Arenas, Rebecca. La democracia en juego, Ediciones y
gráficos Eón, México, 2006.
13. Libro que aborda el caso: Cacho, Lydia. Los demonios del Edén: el poder que protege a
la pornografía infantil, Grijalbo, México, 2006.
14. Libro que aborda el caso: Cacho, Lydia. Memorias de una infamia, con prólogo de
Carmen Aristegui, Grijalbo Random House Mondadori, México, 2007.
Otras observaciones o comentarios
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio
La explotación sexual y pornografía infantil se subsumen en la conducta reprochable “Trata de
personas”, pues a las personas afectadas se les traslada con fines que violan los Derechos
Humanos, independiente a si estas personas dieron su consentimiento
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Madrazo
Ficha Nº188
País
México
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
A través de una correduría financiera de San Antonio, Texas, llamada Financial House Asset
Management Corp, Roberto Madrazo Pintado, ex gobernador de Tabasco, depositó US$46
millones en dos bancos extranjeros, el Dresdner Bank de Alemania y el Prudential Securities
Incorporated de Estados Unidos, según una investigación del periódico La Jornada del año
2001. Financial House es una pequeña empresa encabezada por José Miguel Iturbe, cuyo
hermano, Juan Pablo Iturbe, está casado con María de la Parra, hermana de Isabel de la Parra,
esposa de Madrazo. En la investigación se descubrió que Financial House, ubicada en el
despacho 518 de un edificio marcado con el número 7800 de la calle 10 West, de la ciudad de
San Antonio, en el estado de Texas, transfirió al Dresdner Bank alrededor de US$30 millones a
nombre de Roberto Madrazo e Isabel de la Parra. En otra operación, José Miguel Iturbe entregó
una suma adicional de US$16 millones al señor Edward Braniff, del Prudential Securities
Incorporated, para que los guardara en una cuenta de esa institución, a nombre de Madrazo
Pintado y su cónyuge. Durante su mandato (1995-2000), Madrazo Pintado percibió un salario
global estimado en US$565.000, a razón de US$7.800 mensuales, contabilizando tanto su
salario nominal como bonos, aguinaldos y compensaciones especiales. En las dos operaciones
financieras aquí descritas, el ex gobernador, según las fuentes, depositó a su nombre una
cantidad equivalente a 65.7 veces el total del dinero que legalmente le correspondía ganar como
funcionario público. En el mismo lapso, administró un presupuesto de US$7.800.000.000
(US$1250.000.000 anuales), pero de acuerdo con el INEGI, Tabasco alcanzó el segundo lugar
en empobrecimiento a nivel nacional, y las denuncias sobre corrupción y enriquecimiento
inexplicable de los miembros de su gabinete eran recurrentes.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2001
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2001
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Gobierno Regional – Gobierno del Estado de Tabasco
2. Empresas Privadas – Financial House Asset
3. Bancos/Entidades financieras - Dresdner Bank, Prudential Securities Incorporated
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Periódico La Jornada
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Roberto Madrazo Pintado (Gobernador, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona-Estado de Tabasco
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
1. http://www.jornada.unam.mx/2001/08/05/005n1pol.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº189
País
Año de aparición en prensa
1999
Caso Mario Villanueva
México
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 1999, tras las elecciones estatales en Quintana Roo, el ex mandatario Mario Villanueva fue
mencionado en varias investigaciones desarrolladas en la ciudad de México, Quintana Roo,
Campeche y Yucatán, sobre su participación en una célula del cártel de Juárez en el sureste,
específicamente como el responsable de permitir las operaciones de esa organización criminal
que comandaba en Cancún, Ramón Alcides Magaña, alias El Metro, y Juan Esparragosa, alias
El Azul. En ese año, la Procuraduría General de la República (PGR) giró una orden de
aprehensión en su contra por la probable comisión de delitos contra la salud en diversas
modalidades y por delincuencia organizada. En 2001, acusado de los delitos de lavado de dinero
y delincuencia organizada, es detenido en Cancún y llevado a la Procuraduría General de la
República en su estado. Convertido en el preso 1074, rinde su declaración preparatoria en el
penal de máxima seguridad de La Palma y se declara inocente de "todas las imputaciones". El
segundo tribunal unitario del Estado de México resuelve una de las apelaciones en el caso
Villanueva, y determina que debe ser procesado por el delito de intimidación y ser absuelto del
que atenta contra la administración de justicia. Al resolver el expediente, el magistrado del
citado tribunal resuelve ratificar el auto de formal prisión sólo en uno de los dos delitos por los
que se acusa en este asunto a Villanueva Madrid. En 2002 el Primer Tribunal Unitario de
Segundo Circuito le retira el cargo de delincuencia organizada y le ratifica la formal prisión por
asociación delictuosa y reclasifica —en un solo delito— el lavado de dinero y defraudación
fiscal. El gobierno de Estados Unidos solicita a México la extradición del ex gobernador Mario
Villanueva; Alcides Ramón Magaña, El Metro; Gilberto Salinas Coria o Gilberto Garza; El
Güero Gil, y Miguel Ángel Caro Quintero, para ser juzgados por diferentes cargos de
narcotráfico y lavado de dinero. Los presuntos narcotraficantes mexicanos solicitados en
extradición son acusados en la Unión Americana de introducir, distribuir y mantener nexos
criminales con organizaciones para el tráfico de drogas y “lavado” de dinero. En Junio de 2008
un Tribunal federal del estado de México aumentó de seis a 36 años con nueve meses de cárcel
la pena impuesta al ex gobernador de Quintana Roo, por el cargo de narcotráfico y fomento al
mismo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
2. Asociación ilícita
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
3. Tráfico de estupefacientes
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
4. Tráfico de influencias
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
5. Lavado de dinero
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
6. Fraude: Estafa al fisco
Ilegal
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Actores implicados
1. Gobierno Regional – Quintana Roo
2. Carteles de narcotráfico – Cartel de Juárez
Denunciante (y cargo si Procuraduría General de la República
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Mario Villanueva (Gobernador, Público, Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Representados(as) por autoridad
Mayor información
1. http://www.eluniversal.com.mx/notas/432545.html
2. http://www.eluniversal.com.mx/notas/512347.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Megabiblioteca
Ficha Nº190
País
México
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
Caso Sari Bermúdez-Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes
Resumen caso
En el 2003 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes abrió la convocatoria para el
concurso internacional que elegiría el proyecto de la Mega Biblioteca José Vasconcelos. El
proyecto ganador fue el de un grupo de arquitectos mexicanos encabezados por Alberto Kalach.
En 2006 se inaugura la Mega Biblioteca no sin rechazo a las críticas tanto de la construcción
como del funcionamiento. Unos meses antes, el titular del Comité Administrativo del Programa
Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), Oswaldo Cervantes Rodríguez, aseveró que el
gasto ejercido en la construcción estaba dentro de lo proyectado y que la cifra no excedía los
US$80.000.000. En 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó el cierre de la
Megabiblioteca José Vasconcelos, para terminar las obras y verificar la correcta ejecución de los
contratos para la construcción, que podrían revisarse con insumos de la Auditoría Superior de la
Federación. En septiembre de ese mismo año, diputados y senadores federales, presentaron ante
la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos contra "quien resulte
responsable", por las irregularidades cometidas en la construcción de la Megabiblioteca José
Vasconcelos, pues la Auditoría encontró irregularidades. Entre ellas, pagos indebidos o
sobregirados, en algunos casos hasta por US$1.485.000, entre los que destacan la colocación de
pisos de mármol de primera calidad, y que se detectaron, fisurados, levantados, rotos o
resanados. En 2008, como resultado de las observaciones hechas por la Auditoría, la Secretaría
de la Función Pública sancionó a 13 servidores públicos de rango inferior del Comité
Administrativo. La sanción más fuerte —inhabilitación por 10 años— fue para dos
funcionarios: Fernando Ramonés Escobedo, gerente de Recursos Humanos, y Salvador de León
Hernández, subgerente de Personal. En tanto, Jesús Alfonso Garza fue destituido del puesto de
gerente de Construcción y Supervisión de Obra; Sergio Pérez León, subdirector técnico, fue
inhabilitado por un año y recibió amonestación pública; Nahum Hermes Rodríguez Chávez fue
inhabilitado por un año. Otros funcionarios más obtuvieron amonestaciones públicas. La SFP
también sancionó seis empresas: Inmuebles y Construcciones Gova, multa de US$80.000 e
inhabilitación para contratar por 7 meses; Mundial de Instalaciones Avanzadas, con multa de
US$73.000 e inhabilitación para contratar durante tres meses; Construcciones Edificaciones y
Urbanización Alben, multa de US$5.500 e inhabilitación para contratar por tres meses; Gutsa
Infraestructura, multa de US$60.300; Pro y Cons, multa de US$44.000; Grupo Areco, multa de
US$33.000; Inmuebles y Construcciones Goval, multa de US$55.000. La Mega Biblioteca
reabrió sus puertas en diciembre de 2008.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2003, 2004, 2005
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2003, 2004, 2005
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Otra instituciones públicas - Comité Administrativo del Programa Federal de
Construcción de Escuelas
2. Empresas privadas
Denunciante (y cargo si No se accede al dato (Diputados y Senadores federales)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Gerardo Cantú Villarreal, Oswaldo Cervantes Rodríguez,
jerarquía)
Construcciones Edificaciones y Urbanización Alben (Empresa
privada), Jesús Alfonso Garza (Gerente, Público Medio), Grupo
Areco (Empresa privada), Gutsa Infraestructura (Empresa
privada), Inmuebles y Construcciones Gova (Empresa privada),
Inmuebles y Construcciones Goval (Empresa privada), Salvador
de León Hernández (Subgerente, Público Bajo), José Luis
López Rodríguez, Julio René Macías Martínez, Carlos Alberto
Miranda Juárez, Mundial de Instalaciones Avanzadas (Empresa
privada), Sergio Pérez León (Subdirector, Público Bajo), Pro y
Cons (Empresa privada), David Puente Rodríguez. Fernando
Ramonés Escobedo (Gerente, Público Medio), Nahum Hermes
Rodríguez Chávez
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario - Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
2. Usuarios(as) del servicio
3. Empresas competidoras
Mayor información
1. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=352542
Otras observaciones o comentarios
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Minera San Xavier
País
México
Ficha Nº191
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 26 de febrero de 1999 el Instituto Nacional de Ecología de la entonces Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) autorizó, de manera condicionada a la
Minera San Xavier (MSX), filial de la canadiense New Gold, el cambio de uso de suelo para el
desarrollo de un proyecto minero mediante un tajo a cielo abierto y beneficio de mineral por
lixiviación con cianuro en el Municipio Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. La organización
no gubernamental Pro San Luis Ecológico, A.C. y diversos organismos y ciudadanos, agrupados
en el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, interpusieron recursos legales para anular
dicho proyecto. Ante la protección de la SEMARNAP y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFA), Pro San Luis buscó la protección de la justicia federal, obteniendo un
amparo el 23 de junio del 2004 que ordenó al Tribunal dejar sin efectos la sentencia impugnada.
El Tribunal dictó sentencia anulatoria del proyecto el 1º de septiembre del 2004. La Minera San
Xavier obtuvo un amparo aduciendo que fue violado su derecho de audiencia. La SEMARNAT
emitió el 10 de abril del 2006 una nueva autorización a la Minera. Pro San Luis interpuso ante el
Tribunal una queja por incumplimiento de la sentencia, y éste rechazó sin ningún fundamento la
queja. Pro San Luis buscó nuevamente la protección de la justicia federal, obteniendo el 30 de
abril del 2008 un amparo el cual ordenó al Tribunal aceptar la queja y obligar a SEMARNAT a
cumplir la sentencia del 2005. Minera San Xavier inició una revisión de amparo que perdió, al
determinarse que el amparo otorgado a Pro San Luis era correcto y constitucional. El 24 de
septiembre de 2009 el pleno del Tribunal emitió su sentencia, que le fue notificada a Pro San
Luis el 14 de octubre. El 14 de diciembre de 2009, la Minera anunció que había obtenido un
amparo en contra de la suspensión parcial de operaciones.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2. Obstrucción de la justicia/ Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Investigación
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Actores implicados
1. Empresa privada - Minera San Xavier
2. Gobierno del Estado de San Luis Potosí
3. Gobierno Local - Municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí
4. Partidos Políticos – Partido Acción Nacional (PAN)
5. Poder Judicial - Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
6. Ministerio - Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Denunciante (y cargo si Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (Agrupación
aplica)
civil), Pro San Luis Ecológico, A.C. (Agrupación civil)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Ángel Candia Pardo (Abogado de Minera San Xavier, Privado
Alto), Ricardo Juárez (Titular de la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambienta, Público Medio), Jorge
Mendizábal Acebo (Director de Minera San Xavier, Privado
Alto), Marcelo de los Santos Fraga (Gobernador, Público
Alto), Alejandro Zapata Perogordo, (Militante de Partido
Político, Publico Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No se accede al dato
Político
No se accede al dato
Civil
No se accede al dato
Penal
No aplica
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Primario – Minería
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona
Mayor información
1. http://www.avisotv.com/2009/10/30/canada-y-mexico-arrecia-disputa-por-minera-sanjavier/
2. http://www.jornada.unam.mx/2009/10/30/index.php?section=estados&article=035n1est
3. http://www.lajornadasanluis.com.mx/2009/03/02/pol14.php
4. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74344
5. http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=opinion&article=011a1pol
6. Punto de acuerdo en la Cámara de Diputados sobre el permiso para los trabajos de
explotación
en
el
Cerro
de
San
Pedro:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/oct/20051004-V.html
7. Libro que trata el caso Costero, Cecilia (coord.). Internacionalización económica,
historia y conflicto en la minería. El caso de Minera San Xavier Colección
Investigaciones, COLSAN, México, 2008,
8. Libro que trata el caso:
Estrada, Gilberto y Xavier Boelsterly, Espejito, espejito… dime quién es el más bonito:
¿Minera San Xavier o Cerro de San Pedro?, Colectivo revolucionarte, México, 2005.
9. Libro que trata el caso:
Ortiz, José de Jesús. La batalla por el Cerro de San Pedro, s/l, s/f, una reseña del libro
puede
encontrarse
en
http://www.proyectotabano.com.mx/Colaboradores/Contrapesos/noviembre%20_15_09.
htm
Otras observaciones o comentarios
En el caso mexicano, la Secretaría equivale a un Ministerio.
Fecha del registro: Diciembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Montiel
Ficha Nº192
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El gobernador electo del Estado de México para el periodo de 1999 a 2005, Arturo Montiel, fue
demandado ante la Procuraduría General del Estado de México y ante la Procuraduría General
de la República por peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La información
disponible apunta más al enriquecimiento ilícito, encontrándose diversas notas que hablan de
que el funcionario en cargo recibió US$915.000 en su periodo de gobernador, mientras que
adquirió bienes por más de US$6.725.000. La demanda fue llevada a cabo antes de las
elecciones presidenciales de 2006 cuando Montiel buscaba ser candidato presidencial por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI). El escándalo mediático lo obligó a retirarse de la
pre-candidatura interna. Por la parte procedimental, se creó una fiscalía especial para que
investigara el caso, pero no se arrojaron resultados sustanciales que pudieran iniciar otros
procesos legales a nivel estatal. El Poder legislativo intervino y diputados de partidos de la
oposición pidieron que se turnara la investigación a la Procuraduría General de la República. Se
llevaron a cabo investigaciones en Francia, España, Alemania e Italia, donde presuntamente el
ex gobernador tiene propiedades de alto lujo. También se investigó a su entonces esposa e hijos
(as) por ser receptores de recursos públicos. Nuevamente la Procuraduría no encontró
evidencias y reservaron la averiguación previa por doce años.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación indebida
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
3. Tráfico de influencias
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
4. Fraude: Malversación de Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
caudales públicos/Peculado
Actores implicados
1. Gobierno Regional - Estado de México
2. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si José Luis Cortes Trejo (Concejal, Público Medio)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Arturo Montiel Rojas (Gobernador, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Artículo que muestra detalles sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montiel:
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/11/003n1pol.php
2. Libro sugerido: Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel, Negocios de familia.
http://www.actualidadesmexico.com.mx/2009/08/negocios-de-familia/
Otras observaciones o comentarios
Otro actor afectado es el erario público.
En México el Concejal es llamado Regidor
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio
Fecha del registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº193
País
Año de aparición en prensa
Caso Muertas de Juárez
México
1998 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Desde 1993 en Ciudad Juárez Chihuahua, cientos de mujeres han sido secuestradas, asesinadas
(algunas de ellas torturadas y mutiladas). Sus restos han sido encontrados tanto en el desierto
como en la zona metropolitana. Todas las víctimas tienen un origen humilde y eran estudiantes,
camareras, empleadas domésticas u obreras. Fueron sorprendidas en el trayecto de su casa al
trabajo o viceversa. El seguimiento de los casos se caracteriza por procesos judiciales inciertos,
expedientes con lagunas judiciales y criminales que siguen libres. Las familias de las víctimas no
cuentan con medios económicos para presionar a las autoridades y esclarecer los asesinatos. Se
presume que las investigaciones no han llegado a fondo debido a la supuesta relación entre
cárteles de la droga, hombres de negocios, policías y autoridades locales. Se insinúa la existencia
de redes de pornografía, cine snuff, tráfico de órganos, sectas satánicas e incluso, celebración de
orgías de narcotraficantes y autoridades policíacas o estatales, como las causas de los femicidios.
Hasta la fecha, no se han resuelto satisfactoriamente los más de 600 asesinatos y los cientos de
desapariciones. Tampoco se cuenta con cifras exactas sobre los acontecimientos y mucha
información ha sido ocultada por las propias autoridades. Aquellos que se han opuesto a la
versión oficial (abogados, legisladores, defensores civiles, periodistas) han recibido amenazas y
han sido perseguidos o asesinados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido recomendaciones a los
Gobiernos locales y federales. La Corte recientemente sancionó al estado mexicano en diciembre
de 2009, por la manera como llevó el caso conocido como “el campo algodonero” relacionado
con el tema en cuestión. A pesar de las múltiples demandas de organizaciones civiles nacionales
e internacionales, las autoridades no han mostrado una verdadera disposición para resolver los
asesinatos y desapariciones.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Homicidio
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008.
2. Obstrucción
de
la Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
Justicia/investigación
2005, 2006, 2007, 2008.
3. Secuestro
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008.
4. Tráfico de influencias
Ilegal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008.
Actores implicados
1. Gobierno Regional – estado de Chihuahua
2. Gobierno Local – Ciudad Juárez
3. Poder Judicial
4. Organizaciones No Gubernamentales – Nuestras hijas de regreso a casa, Justicia para
nuestras hijas
5. Carteles de narcotráfico
6. Policías
Denunciante (y cargo si aplica)
Sociedad civil.- Organizaciones de la sociedad civil y
Familiares de las víctimas
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Francisco Barrio Terrazas (Gobernador, Público Alto),
Arturo Chávez Chávez (Procurador, Público Alto),
Arturo González Rascón (Procurador, Público Alto),
Patricio Martínez (Gobernador, Público Alto), Jesús
José Solís Silva (Procurador, Público Alto )
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
No se accede al dato
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Abierto
Sí, Abierto
No aplica
Actores Afectados
1.
2.
3.
4.
Ciudadanía
Habitantes de la zona
Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia
Secuestrados(as)
Mayor información
1. Reportaje:
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/23273/La_ciudad_de_las_muertas_La_
tragedia_de_Ciudad_Juarez
2. http://www.letraslibres.com/index.php?art=8445
3. http://www.jornada.unam.mx/2003/10/22/023ª2pol.php?origen=opinion.php&fly=1
4. Notas
que
aportan
información
adicional
http://www.laprensasandiego.org/archieve/december05-03/politica.htm
y
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=22760
5. Libro donde se menciona el caso: Rodríguez, Sergio. Huesos en el desierto, Anagrama,
Barcelona, 2002.
6. Libro donde se menciona el caso: Washington Valdez, Diana. Cosecha de mujeres.
Safari en el desierto mexicano, Océano, 2005.
Otras observaciones o comentarios
Recientemente, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, se nombró a Arturo Chávez
Chávez como Procurador General de la República, a pesar de una ola de protestas y críticas que
cuestionaron fuertemente el papel que tuvo Chávez en su papel como Procurador de Justicia en
Chihuahua, y especialmente en la obstrucción de la justicia y nexos con el entonces Gobernador
Barrios, para no esclarecer el caso de las muertas de Juárez. (nota relacionada:
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n1320205.htm ).
El caso se viene desarrollando desde el año 1993 en adelante.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Niño Verde
Ficha Nº194
País
México
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Jorge Emilio González Martínez conocido en México como el "Niño Verde" inició su carrera
política en 1993 al lado de su padre, el fundador del Partido Verde Ecologista de México, y
sobrino de un importante y potentado empresario farmacéutico. Desde que su padre le delegó el
poder en el partido, éste ha sido administrado desde una dinámica familiar y nepotista, a pesar de
las denuncias y de los señalamientos de las autoridades electorales al respecto. Desde 1997 la
disidencia del partido se ha quejado de los malos manejos de sus líderes, y en 2003 denunció
presuntos actos de corrupción por parte del "Niño Verde". En 2004 se publicó un video en el que
aparece el "Niño Verde" negociando un permiso municipal para que una Constructora canadiense
pudiese edificar la zona de reserva ecológica en Cancún, Quintana Roo, a cambio de US$2
millones. El intercambio de favores se debe a que el Partido Verde gobierna el municipio de
Cancún, y por lo tanto el Niño Verde “podría” resolver los “obstáculos administrativos” para
solventar el negocio. En dicho video se observan a los empresarios y al Niño Verde tratando el
tema sobre una mesa. Claramente se escucha la oferta de US$2 millones a cambio de permisos
administrativos para la constructora. Jorge Emilio González declaró que el video fue sacado de
contexto, toda vez que el material no fue presentado en completo. El Niño Verde aduce que al
final del evento él no acepta el soborno, y que esta parte no fue divulgada en el material. El caso
fue archivado en la Procuraduría General de la República, y la posibilidad de abrir una Comisión
de Investigación en la Cámara de Diputados quedó sepultada por cálculos partidistas a la luz de las
elecciones. Paralelamente a esta polémica, un grupo de disidentes del Partido Verde exigió la
renuncia de González Martínez, luego de acusarlo de desviar US$60.000 de los recursos del
partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a una cuenta a nombre de Erika Bautista,
quien se asegura, es su ama de llaves.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado
Ilegal
2004
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2004
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Empresas privadas
2. Gobierno local
3. Partidos Políticos
4. Poder legislativo
Denunciante (y cargo si aplica)
Santiago León (Militante de Partido Verde Ecologista de
México, Público Medio)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Jorge Emilio González Martínez (Diputado, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario – Hotelería y Turismo
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona
Mayor información
1. http://www.eluniversal.com.mx/graficos/coberturas_est/esp385.html
2. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3490000/3490452.stm
3. http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/409303.html
4. http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=206011&tabla=notas
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº195
Nombre mediático del caso
País
Año de aparición en prensa
2008 (reaparición)
Casos Vinculados
No
Caso Partida Secreta del ex presidente México
Salinas de Gortari
Resumen caso
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se etiquetaron alrededor de US$850 millones para la
partida secreta que en ese entonces existía, y que era una cantidad de dinero absolutamente
inauditable e inaccesible. Los presidentes podían hacer uso de dichos recursos públicos con
absoluta discrecionalidad sin tener que rendir cuentas. Después de que en el sexenio Zedillista se
procesó a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, por delitos de autoría intelectual de
asesinato, lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito; una averiguación previa se abrió
en la Procuraduría General de la República, e involucraba a Carlos Salinas de Gortari, por el
manejo y presunto desvío de US$207 millones de la partida secreta a cuentas privadas. La
averiguación previa se enfrentó con la naturaleza de la partida secreta, por lo tanto, como no había
un fin presupuestario específico para esta, no se podía hablar de desvío de recursos. Los actores
más cercanos a Carlos Salinas, y responsables directamente de esta partida, eran Ernesto Sentíes,
Director de Administración, y Justo Ceja, su Secretario Privado. El primero fue declarado muerto
en 1998, y el segundo desapareció. En junio de 2008, la Subprocuraduría de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República, informó que el Gobierno mexicano
obtuvo una devolución de US$75 millones (más intereses) de fondos federales que habían sido
transferidos a cuentas de Raúl Salinas de Gortari.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
públicos/Peculado
1993, 1994
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Procuraduría General de la República
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Carlos Salinas de Gortari (Presidente de la Nación, Público Alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
No Aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Artículo sobre el tema:
http://www.reforma.com/editoriales/nacional/447/893995/default.shtm
2. www.forumenlinea.com/historicos/2006/152.doc
Otras observaciones o comentarios
Otro actor involucrado fue el hermano del ex presidente, ya que por medio de este es que
presuntamente se desviaron los recursos públicos de la partida secreta a cuentas privadas. En 2009,
el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, antecesor de Carlos Salinas de Gortari, en una
entrevista pública mencionó que Carlos Salinas se había robado la mitad de la partida secreta. Lo
anterior también fue dicho públicamente por Carlos Téllez, ex secretario de Comunicaciones y
Transportes. Las notas anteriores se omiten por ser en un año fuera del rango de estudio de esta
Sistematización.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Pemexgate
Ficha Nº196
País
México
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
Caso Simulación Sorteo Milenio
Millonario, Caso Pemexgate II
Resumen caso
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) del Gobierno de Vicente Fox
presenta una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2002 por
un presunto desvío irregular de recursos públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM) durante la campaña electoral del año 2000. El representante del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE), Pablo Gómez, presentó el 23 de enero de 2002 una queja ante la autoridad
electoral en contra del PRI por una violación a las normas que rigen el financiamiento de los
partidos políticos. El IFE enfrentó la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para entregarle la información necesaria para poder constatar las transferencias financieras a las
que hacían referencia la denuncia. La PGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales entregó al IFE el expediente que contenía pruebas fundamentales para emplazar al
PRI: a) 5 de junio de 2000: Convenio Administrativo Sindical No. 9399 entre PEMEX y su
sindicato, a través del cual la empresa le concedió un préstamo al sindicato por US$50.000.000;
b) 8 de junio de 2000: El Secretario Tesorero del sindicato, Luis Ricardo Aldana Prieto, dirigió un
escrito a la Caja General del Banco Mercantil del Norte, S.A., mediante el cual autorizó a dicha
institución bancaria entregar a los señores Elpidio López López, Melitón Antonio Cazares Castro,
Alonso Veraza López, Gerardo Trejo Mejía, Andrés Heredia Jiménez y Joel Hortiales Pacheco,
diversas cantidades de dinero en efectivo a través de “traslado de valores”; c) Se localizaron 86
comprobantes de Servicio de Valores en Tránsito del Grupo Financiero Banorte con los cuales se
entregaron en efectivo diversas cantidades de dinero que suman un total de US$50.000.000, de
esa cantidad, US$39.000.000 fueron retirados, precisamente, por las personas autorizadas por el
secretario tesorero del sindicato de Pemex. El propio secretario tesorero del mencionado sindicato
retiró personalmente la cantidad restante, US$21.000.000. El IFE pudo inferir que el cobro del
dinero por varios funcionarios del PRI no eran acciones aisladas, sino coordinadas y encaminadas
a un mismo fin. Se constató la recepción de US$39.000.000 por parte del PRI sin haberlos
notificado a la autoridad electoral, cuando los partidos están obligados a informar de todos los
recursos que reciben. La sanción que se fijó siguió criterios de multa preestablecidos por el IFE y
confirmados por el Tribunal Electoral. El no informar del ingreso de recursos se multó con una
pena del doble del monto implicado: una sanción de US$79.000.000 al partido que dejó de
reportar US$39.000.000 de ingresos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2000
2. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2000
públicos/Peculado
3. Infracción a normas financiamiento electoral
Ilegal
2000
4. Obstrucción de la Justicia/Investigación
Ilegal
2002
Actores implicados
1. Empresa pública – Petróleos Mexicanos (Pemex)
2. Partido Revolucionario Institucional (PRI)
3. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
4. Bancos/Entidades financieras
5. Entes Fiscalizadores y Reguladores - Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Denunciante (y cargo si Pablo Gómez (Senador, Público Alto), Secretaría de
aplica)
Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Partido
Revolucionario Institucional
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario-Industria Petrolera
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Candidatos(as)/Competidores(as)
Mayor información
1. Libro: Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox. CÓRDOVA,
LORENZO y CIRO MURAYAMA. México: Cal y Arena, 2006.
Otras observaciones o comentarios
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo SECODAM, actualmente es la
Secretaría de la Función Pública
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Pemexgate II
Ficha Nº197
País
México
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Pemexgate
Resumen caso
En 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al Senador Juan Bueno
Torio, entonces director general de la subsidiaria Pemex Refinación, por abuso de autoridad,
tráfico de influencias, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos y
enriquecimiento ilícito, al autorizar adjudicaciones directas por US$800.000.000 en contratos
para servicios de transporte de hidrocarburos. El expediente (integrado en la averiguación previa
95/UEIDCSPCAJ/2006) radicado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delitos Federales, contiene un diagrama que detalla cómo se
operó la adjudicación de los contratos, de los cuales, cita el texto, el 4% del monto autorizado,
es decir, unos US$30.000.000, se destinaron de la siguiente manera: US$15.500.000 “a la
campaña de Felipe Calderón; US$5.500.000 a la (campaña) de Juan Bueno Torio, y el resto
entre los otros funcionarios que participaron en la operación”, entre ellos Rosendo Villarreal
Dávila, José Antonio Gómez Urquiza, Pedro Carlos Gómez Flores, Laura Chong Gutiérrez,
Oswaldo Machado Martínez. Se explica que Pedro Carlos Gómez Flores habría negociado con
los transportistas los montos que se repartirían a cada empresa; que José Antonio Gómez
Urquiza de la Macorra –a quien se ubica como financiero de Calderón– aprobaría los montos
como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de Pemex Refinación; que Oswaldo
Machado habría diseñado la adjudicación directa, y que Laura Chong Gutiérrez habría operado
la parte jurídica. De resultar ciertos los señalamientos investigados por las autoridades federales,
Bueno Torio habría contravenido el artículo 134 constitucional que obliga a licitar cualquier
contratación de obra o servicio de gobierno.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2004, 2005
2. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2004, 2005
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2004, 2005
4. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2004, 2005
5. Tráfico de influencias
Ilegal
2004, 2005
Actores implicados
1. Empresas públicas – Pemex refinación
Denunciante (y cargo si Procuraduría General de la República
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Juan Bueno Torio (Jefe de sección, Público Medio)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario-Industria Petrolera
Sector Económico
Actores Afectados
1. Candidatos(as)/Competidores(as)
2. Ciudadanía
Mayor información
1. http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/abril/htm/dinero-pemexcalderon.htm?Avance-01-abr-08
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Proárbol
Ficha Nº198
País
México
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 20 de febrero de 2007, el presidente Felipe Calderón anuncia la puesta en marcha de
ProÁrbol. La meta es sembrar 250 millones de árboles en 2007 y así colaborar con una cuarta
parte de la meta que se propuso el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de
sembrar mil millones de árboles. El 17 de enero de 2008, el gobierno anuncia que se
incrementarán mil US$50.000.000 a ProÁrbol a fin de alcanzar la suma total de
US$407.000.000 para 2008. La meta es sembrar 2 millones 800 mil árboles en ese año. Más
adelante EL UNIVERSAL publica que el programa destinó US$210.000.000, y en estados
como Aguascalientes y Chihuahua el porcentaje de árboles muertos es de 100%. Se da cuenta
del fracaso de ProÁrbol, debido a presuntos actos de corrupción. Greenpeace afirma que sólo
10% de las especies ha sobrevivido, debido a que se sembraron en zonas inviables para su
crecimiento. Organizaciones ambientalistas ponen en tela de duda el manejo de los millonarios
recursos que el gobierno invirtió para esa causa, mientras que asociaciones de silvicultores
denuncian ante la Cámara de Diputados irregularidades. El 16 de enero de 2009, se anuncia que
la compra de árboles y plantas realizadas dentro de ProÁrbol se encuentra bajo investigación de
la SFP desde 2007. Entre los servidores públicos sujetos a investigación están el coordinador
general de Administración, Carlos Rodríguez del Toro, y Jorge Iván Arce, gerente de Recursos
Materiales y Obras. La lista de involucrados es aún indeterminada, ya que también son
investigados los responsables de supervisar los sembradíos. El 29 de enero de 2009, la
Comisión Permanente del Congreso acordó llamar a comparecer al secretario de Medio
Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, y al director de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), José Cibrián, para que aclaren dudas sobre la administración de ProÁrbol. El 13 de
marzo de 2009 la Auditoría afirmó que fue un fracaso el programa. Consideró que hubo
compromisos excesivos y acusa que el Programa recurrió a manipulaciones, alteración de
resultados y discrecionalidad en el manejo de planes estatales para justificar sus fallas. El 17 de
marzo de 2009 renuncia a su cargo el director de la Conafor cuando la Auditoría confirmó las
irregularidades en ProÁrbol.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude: Malversación a caudales Ilegal
2007
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Ministerio de Medio Ambiente
2. Otra institución pública - Comisión Nacional Forestal
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Periódico El Universal
aplica)
Acusado/a
(cargo
y José Cibrián (Director de la Comisión Nacional Forestal,
jerarquía)
Público Medio), Juan Rafael Elvira Quesada (Secretario de
Medio Ambiente, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Beneficiarios (as) de la política pública
2. Ciudadanía
Mayor información
1. http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/75175.html
Otras observaciones o comentarios
En México, el Secretario equivale a un Ministro, dentro del Poder Ejecutivo.
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Provida
Ficha Nº199
País
México
Año de aparición en
prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 2002, el diputado Luis Pazos, en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, decidió, de manera unilateral, sustraer
US$2.400.000 de una ampliación de US$47.000.000 para programas de salud de las mujeres y
VIH/SIDA, y asignarlos a los centros de ayuda para la mujer operados por la organización
Provida, cuyo presidente era Jorge Serrano Limón. La Secretaría de Salud aceptó las
instrucciones de este diputado, y procedió a entregar los recursos al Comité Nacional Provida, a
pesar de que excedía los límites de su propia normatividad para el desembolso de recursos a
organizaciones externas. Provida dispuso de los recursos sin apegarse a los rubros para los
cuales habían sido solicitados, usando empresas con las que comparte dirección fiscal y
teléfonos para gastar los recursos. Adicionalmente, incurrió en una serie de irregularidades
fiscales e incluso se sintió facultado para hacer donativos a terceros, comprar artículos de lujo —
como plumas Mont Blanc— y proveer con “tangas” a las mujeres que pretende atender. Seis
organizaciones de la sociedad civil, cercanas a las gestiones de algunas diputadas por aumentar
los recursos para los programas de salud para las mujeres y VIH/SIDA, se dieron a la tarea de
documentar cada una de las irregularidades detectadas en el proceso de asignación de fondos a
Provida. Posteriormente, solicitaron el expediente financiero completo de los US$2.400.000
gastados, y le hicieron una auditoría ciudadana —la primera de su tipo en México—. Los
hallazgos de la misma, presentados a medios nacionales en julio de 2004, dieron por resultado
una serie de acciones “urgentes” por parte del gobierno para atender las irregularidades y la
corrupción documentadas.
La Secretaría de Salud suspendió dos donativos adicionales, cada uno por US$2.400.000, a
realizarse en 2004 y 2005. Confirmó las irregularidades identificadas por la auditoría ciudadana
y exigió la devolución de los recursos entregados. Hasta la fecha, esto no ha pasado. La
Secretaría de la Función Pública reconfirmó las irregularidades encontradas, impuso una multa
de US$1.015.000 a la organización e inhabilitó a su representante legal, Jorge Serrano Limón,
para ocupar puestos públicos o recibir fondos públicos durante 15 años. Hasta la fecha, la multa
no ha sido pagada y no hay resoluciones claras respecto al caso. La Auditoría Superior de la
Federación condujo su propia auditoría, como órgano de control externo, corroborando una vez
más las irregularidades denunciadas por las instancias anteriores. Con base en lo encontrado,
inició una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal, la cual tampoco ha llevado a
acciones concretas en contra del ex titular de Provida.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2002
2. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2002
públicos/Peculado
3. Negociación incompatible/Conflictos de intereses
Ilegal
2002
4. Tráfico de influencias
Ilegal
2002
Actores implicados
1. Organización no gubernamental – Provida
2. Ministerio de Salud
3. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Coalición de organizaciones de la sociedad civil
Jorge Serrano Limón (Director, Privado Alto), Luis Pazos
(Diputado, Público Alto)
Situación del caso
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
No aplica
Actores Afectados
1. Beneficiarios(as) de la política pública
2. Ciudadanía
Mayor información
1. http://www.fundar.org.mx/fundar_1/site/publicaciones/publicaciones.php?id_pub=167
Otras observaciones o comentarios
El diputado que en ese entonces violó la Ley al desviar los recursos, es ahora titular de la
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras
(CONDUSEF), en vez de haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo (SECODAM).
En el caso mexicano las Secretarías, del Poder Ejecutivo, equivalen a Ministerios.
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Ropas de la pareja presidencial
Ficha Nº200
País
México
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El lunes 29 de septiembre de 2003 se publicó en primera plana de El Universal la nota “Marta,
el glamour de Los Pinos”, por la reportera Anabel Hernández, donde dice que Marta Sahagún, la
esposa del entonces presidente Vicente Fox, comparte con la reina Sofía el encanto por las
prendas de Escada, cuyo valor en el mercado va de los US$780 a los US$3.130. Con la princesa
Carolina y su majestad Rania de Jordania, la debilidad por los trajes y accesorios de la casa
Channel, de entre US$1000 y US$6.000. Y del estilo de Lady Di, una selecta joya de Tiffany, el
‘Open Heart’ de oro amarillo de 18 quilates, con valor de US$75.000. Por otro lado, el
presidente Vicente Fox busca a diseñadores exclusivos para integrar su guardarropa. Los trajes
que luce el Presidente (Hermenegildo Zegna) son de diseño especial, pues su talla “58 large” es
poco común y tienen un costo de entre US$1.720 y US$2.100, más un porcentaje adicional que
va de 15% a 20%, por la hechura a la medida. Algunos de sus trajes se mandan hacer a
Barcelona. Al día siguiente la Primera Dama comentó a la reportera que la mayoría de su ropa
de marca y joyas no se han comprado con recursos públicos; y que sólo se ha gastado
US$40.000 en la partida destinada a vestuario del Presidente y su esposa, no US$70.200, como
se difundió erróneamente desde Los Pinos. La primera dama aclaró que por un ‘error’, la
Unidad de Enlace de la Presidencia divulgó en un documento cifras que se pueden prestar a
confusión sobre el gasto en vestuario de la pareja presidencial. En dicho documento aparece que
del 2001 al 2003 la Presidencia ha gastado ‘498,830.35’ pesos mexicanos (US$39.012) pero
enseguida de esa cifra, y en paréntesis y con letra, aparece ‘(ochocientos noventa y ocho mil
ochocientos 30 pesos 35/100 MN)’. Al respecto, Marta de Fox aseguró que la cifra correcta es
‘498 mil 830 pesos con 35 centavos’, del año 2001 al 2003. En 2004, se publicó la nota
“Transparentan Fox y Marta gastos en ropa”, firmada por Juan Arvizu, quien menciona 36
copias de facturas de compra de ropa y accesorios diversos de la Pareja Presidencial que suman
casi US$70.000. Con base en los recursos que permite la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sociedad obtuvo reportes oficiales de los
gastos de la partida 3825, conocida como ‘gastos inherentes a la investidura presidencial’, pero
hubo reservas para dar a conocer las facturas de las compras.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Fraude:
Malversación
de
caudales Ilegal
2001, 2002, 2003
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Juan Arvizu (Periodista), Anabel Hernández (Periodista)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Marta Sahagún de Fox (Primera dama, Público Alto), Vicente
jerarquía)
Fox (Presidente de la nación, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Vestuario de la pareja presidencial
http://www.razonypalabra.org.mx/observatorio/2004/ago23.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº201
País
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Megabiblioteca
Caso Sari Bermúdez-Consejo Nacional México
para la Cultura
y las Artes
(CONALCUTA)
Resumen caso
El ex presidente mexicano Vicente Fox, quién ocupó dicho cargo de 2000 a 2006 nombró a Sari
Bermudez como presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONALCUTA).
Se duplicaron a US$33.000.000 los estímulos económicos para miembros del Sistema Nacional
de Creadores Artísticos (SNCA); sin embargo, el número de beneficiados se mantuvo con
relación a la administración anterior. Dicho apoyo económico, para un grupo de 444 creadores,
significó el 48.14% de todo el presupuesto asignado al Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca). Las asignaciones de becas son cuestionadas por sectores artísticos que ponen en
duda la calidad de los proyectos y trayectorias de los artistas beneficiados por éstas becas y
estímulos económicos y argumentan que existen favoritismos, carencia de criterio, corrupción,
nepotismo y amiguismo, además de que los dictámenes no son claros y los beneficiados son
pocos. Diversos medios señalan a los jueces responsables de distribuir las becas y modificar las
reglas de operación para beneficio personal. En el periodo de Sari Bermúdez, a 444 creadores
artísticos les fueron otorgados estímulos mensuales (15 salarios mínimos por tres años a
creadores y 20 salarios mínimos, vitalicios, a eméritos). Entre ellos se encuentran creadores que
tenían cargos directivos en Conaculta o en empresas privadas, miembros de consejos directivos,
integrantes de comisiones de selección, incluso, quienes por incurrir en omisiones o declarar
vínculos familiares, personales o laborales, no debieron ser seleccionados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
públicos/Peculado
3. Negociación
Ilegal
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
incompatible/Conflictos
de
intereses
4. Tráfico de influencias
Ilegal
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Actores implicados
1. Secretaría de Cultura – Comisión Nacional para la Cultura y las Artes
2. Poder Ejecutivo
3. Poder Legislativo – Diputados
Denunciante (y cargo si Partido de la Revolución Democrática (PRD)
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Sara Guadalupe Bermúdez (Directora, Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios (as) de la política pública
Mayor información
1. http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/septiembre2/htm/Corrupcion_Becas.htm
Otras observaciones o comentarios
En México, Las Secretarías equivalen a un Ministerio.
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº202
Nombre mediático del caso
Caso Segundo Piso en el DF
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el año 2000, al iniciar el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe del gobierno
capitalino, se dio inicio a la construcción del “Segundo Piso Periférico”, un viaducto elevado
construido con el propósito de desahogar la carga vehicular. En diciembre de 2001 se dio a
conocer su magna obra y se dice que se destinarán en total US$625.000.000 y que la obra se
iniciará en abril de 2002. A partir de entonces se abren un sinfín de polémicas en diferentes
sentidos y desde diversos ángulos y actores. Cuando se anuncia la obra, el proyecto ejecutivo
aún no estaba iniciado y el gobierno capitalino aseguró que cinco meses serían suficientes para
licitar, adjudicar e iniciar la obra, así como consultar a la población y a especialistas en el tema.
El Gobierno capitalino fue criticado públicamente por ignorar la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal, ya que se saltó las licitaciones en varios casos para construir obras que
implicaban montos considerables que rebasaban lo legalmente permitido. Se dieron
adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Una a la empresa Rioboo por
US$15.000.000, y otras más a INDI, GUSTA y Mecano por US$62.000.000. Por otra parte, se
creó el Fideicomiso para el Mejoramiento de Vías de Comunicación, FIMEVIC, con un
presupuesto de US$44.000.000, que era mucho menor que lo que efectivamente se destinó a la
construcción del periférico elevado. Al parecer se desviaron recursos etiquetados para la
seguridad pública, desarrollo social y sistema de transporte Metro, para la obra en cuestión.
Según una auditoría que fue solicitada a la Contraloría del Distrito Federal, hubo irregularidades
en el gasto de US$55.000.000, que implicaban gastos duplicados o no justificados y
ampliaciones de contratos no justificadas. Por otra parte, se clasificó información sobre los
contratos, información financiera y pruebas de resistencia sísmica de la construcción.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2002, 2003
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2002, 2003, 2004
públicos/Peculado
3. Licitación Pública Fraudulenta
Ilegal
2002, 2003
Actores implicados
1. Gobierno Regional – Gobierno del Distrito Federal
2. Ministerio – Secretaría de Obras
3. Empresas privadas – Constructoras
Denunciante (y cargo si Partidos políticos de oposición
aplica)
Acusado/a
(cargo
y César Buenrostro (Secretario de Obras, Público Alto), Andrés
jerarquía)
Manuel López Obrador (Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Público Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario – Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
3. Habitantes de la zona
Mayor información
1. Reportajes detallados del caso: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=47348
2. Expediente
de
la
Secretaría
de
Función
http://www.funcionpublica.gob.mx/resoluciones/2009/CI-SFP.-729-2009.pdf
Otras observaciones o comentarios
Otro actor afectado es el Erario Público e indirectamente la ciudadanía.
En México, las Secretarías son equivalentes a los Ministerios.
Pública:
Fecha del registro: Diciembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Seguro Popular
Ficha Nº203
País
México
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, otorgó un contrato por US$25.000.000, a
la empresa Image Technology de México, para producir 3.7 millones de tarjetas inteligentes del
servicio “Tu Salud” y mantener los datos personales de los usuarios del Seguro Popular. Al darse
el fallo de la Licitación Pública, otra empresa concursante, Técnica Comercial Vilsa, presentó
una queja ante la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de Función Pública
(SFP). Sus razones fueron que la licitación fue elaborada para que sólo Image Techonology
pudiera ganar, aparte de que el precio de cada tarjeta inteligente era de US$1,5
aproximadamente, y la empresa ganadora ofrecía US$6,7 pesos por unidad. Juan Antonio
Fernández Ortiz, quien era el director del Seguro Popular, fue investigado y en la primera parte
del proceso, la Directora de Inconformidades de la Secretaría de Función Pública declaró
infundada la queja por falta de interés jurídico de la empresa denunciante. Gracias a la
investigación periodística, se obtuvieron pruebas de que funcionarios del Seguro Popular y
directivos de la empresa ganadora se habían reunido meses antes de que se abriera el concurso y
se confirmó que la licitación había sido abierta para formalizar las negociaciones dadas con
antelación. La Secretaría de la Función Pública reabrió los expedientes del Seguro Popular para
investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos, por supuestos
actos de corrupción y nepotismo. El 31 de mayo de 2006, la Secretaría de Función Pública
resolvió que Juan Antonio Fernández Ortiz había incurrido en diversas irregularidades en el
proceso de credencialización del Seguro Popular, inhabilitándolo por diez años para ejercer
cargos públicos y multándolo con US$36.000, al encontrarse responsable de “abuso de
autoridad”. Por otra parte, se le sanciona también por haber realizado viajes a Hawai, Singapur,
Tokio y Hong Kong, con recursos públicos sin justificación laboral, por haber alargado el
periodo de entrega del contrato y gastado US$3.800.000 más de los US$25.000.000 establecidos.
La hija de la pareja sentimental de Fernández, del mismo nombre que su madre, Rocío Herrera,
coordinaba el proceso de credencialización con un salario de más de US$7.800 mensuales y
prestaba su nombre para que su madre viajara con el funcionario ahora inhabilitado. Rocío
Herrera también fue inhabilitada por un año y una multa de US$190. Al parecer no hubo multa ni
sanción a la empresa Image Technology.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de Funciones/de autoridad
Ilegal
2003, 2004, 2005
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2004, 2005
públicos/Peculado
3. Licitación Pública Fraudulenta
Ilegal
2005
Actores implicados
1. Ministerio de Salud - Seguro Popular
2. Empresa privada - Servicios de credencialización e identificación digital
Denunciante (y cargo si aplica)
Técnica Comercial Vilsa (Empresa competidora)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Juan Antonio Fernández (Director de Seguro Popular,
Público Alto), Rocío
Herrera (Directora
de
Credencialización, Público Alto), Enrique Pérez
(Directivo Image Technology, Privado Alto), Gabriel
Pérez (Directivo Image Technology, Privado Alto),
Seguro Popular
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
No se accede al dato
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario-Servicios computacionales
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
3. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/agosto/htm/Examigo_Fox_Mira.htm
l
2. http://www.contralinea.com.mx/archivo/2006/junio2/htm/nepotismo_seguro_pupular.ht
m
3. http://www.voltairenet.org/article150444.html#article150444
4. Expediente
de
la
Secretaría
de
Función
Pública:
http://www.funcionpublica.gob.mx/resoluciones/2009/CI-SFP.-729-2009.pdf
Otras observaciones o comentarios
Otro actor afectado es el Erario Público
La Secretaría de la Función Pública corresponde a la antigua Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo SECODAM
Fecha del registro: Diciembre/2009.
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Siemens
Ficha Nº204
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Comisión de Valores de Estados Unidos dio a conocer un expediente donde especificaba que
la empresa alemana SIEMENS había gastado US$500.000.000 en sobornos para adquirir
contratos públicos, en diversos países de Latinoamérica, incluido México. En dicho expediente
se menciona que la empresa, con conocimiento del director general por México, había entregado
3 pagos de US$2.600.000 a un “consultor” que fungió como intermediario para dar parte de ese
dinero a un “alto funcionario” de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Dicho funcionario era de
nivel alto pues era capaz de influir en el acuerdo para que se resolviera una disputa que se estaba
llevando a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional,
con sede en París. Siemens era parte del Consorcio Proyecto Cadereyta, integrado también por
Triturados Basálticos (TRIBASA) y por Sunkyong Engineering. Dicho consorcio ganó un
contrato para modernizar las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y Ciudad Madero,
Tamaulipas. La obra se entregó tarde y con fallas, al mismo tiempo que el costo final acabó
siendo 40% mayor que el estipulado en la licitación. El total gastado fue de US$3.000.000.000.
Raúl Muñoz Leos, que en ese entonces era Director General de PEMEX, aceptó la obra
inconclusa, y existe la posibilidad de que esa aceptación este ligada con el pago del soborno,
pero no se puede comprobar con la información disponible.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/ Soborno/ Extorsión
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Empresa Multinacional – Siemens
2. Empresa Pública – PEMEX
Denunciante (y cargo si Comisión de Valores de Estados Unidos
aplica)
Acusado/a
(cargo
y SIEMENS
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
No.
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario - Industria petrolera
Sector Económico
Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
3. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. Artículo
que
habla
sobre
la
corrupción
de
Siemens
http://www.zocalo.com.mx/images/uploads/archive/123024284766.pdf
Otras observaciones o comentarios
Existe información insuficiente en línea que permita saber los actores involucrados específicos,
es decir, fuera de las organizaciones donde se desempeñaban. Al mismo tiempo, no es posible
conocer con las fuentes consultadas, sobre el proceso legal o el procedimiento que llevó a cabo
la Secretaría de la Función Pública. Se tendría que hacer un estudio más a profundidad que
implique la elaboración de solicitudes de información pública, lo que excede el tiempo de
trabajo destinado al llenado de cada Ficha de Registro.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº205
Nombre mediático del caso
Caso Simulación del Sorteo Milenio Millonario
País
México
Año de aparición en
prensa
2002
Casos Vinculados
Caso Pemexgate
Resumen caso
En las elecciones presidenciales del año 2000, el Partido Revolucionario Institucional
presuntamente (PRI) lavó US$9.800.000 a través de un sorteo llamado Milenio Millonario, para
apoyar ilegalmente la campaña presidencial de Francisco Labastida. La hipótesis del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), quien demandó el acto, es que dicho sorteo fue una
simulación, a través de la cual se pudieron ingresar recursos provenientes del sindicato
petrolero, al Partido. Lo anterior se hizo a través de la supuesta venta de boletos. Estuvieron
involucrados Alfonso Grey, quien se encargaba de pedir los permisos para rifas y sorteos, desde
el Partido a la Secretaría de Gobernación; Alfredo Salgado fungía como contralor interno del
PRI; y Jorge Cárdenas de la Secretaría de Finanzas. Se llevó a cabo una investigación por parte
de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ya
que existían diversas acciones que presumían de ser ilegales en el Sorteo. Por ejemplo, se
detectaron que algunos de los ganadores eran cercanos al candidato presidencial, otros
declararon no haber comprado boleto, otros reembolsaron el premio en un porcentaje que iba del
70% al 90%. Así mismo, se aparentaron compras de boletos que justificaban el ingreso de
recursos al Partido, no hubo lista de boletos vendidos y no vendidos que se hubiera entregado a
Secretaría de Gobernación, tampoco se especificaban los lugares de venta. Así el Sorteo, era un
pretexto para simular venta de boletos y así poder ingresar dinero proveniente del sindicato
petrolero al PRI. Los ganadores de US$3.900.000, recibían el premio y luego devolvían una
parte o todo el premio y ese dinero se utilizaba para la compra de votos para el Partido. El
Instituto Federal Electoral también llevó a cabo una investigación a raíz de la queja interpuesta
por el PRD, pero la concluyó no fundada ya que no pudo comprobar con las pruebas con que
contaba el delito electoral, pero claramente se menciona en los resultados, que tampoco se pudo
probar lo contrario.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Infracción a normas financiamiento electoral
Ilegal
2000
2. Lavado de dinero
Ilegal
2000
Actores implicados
1. Partidos políticos
2. Sindicatos
3. Ministerio – Secretaría de Gobernación
Denunciante (y cargo si aplica)
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Jorge Cárdenas (Militante del Partido Revolucionario
Institucional, Público Medio), Alfonso Grey (Militante
del Partido Revolucionario Institucional, Público Medio),
Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Salgado
(Militante del Partido Revolucionario Institucional,
Público Medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Candidatos(as)/Competidores(as)
Mayor información
1. Artículo
relacionado
al
caso:
http://www.diputadosfederalespan.org.mx/adjunto/08%20uni(4).pdf
2. http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=82248&tabla=nacio
n
3. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/3547.revela-prd-como-se-desviodinero.html
4. http://www.jornada.unam.mx/2003/03/13/010n1pol.php?printver=1
Otras observaciones o comentarios
En el caso mexicano, la Secretaría equivale a un Ministerio.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Sobornos Alstom
Ficha Nº206
País
México
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Alstom T&D, subsidiaria del corporativo Alstom, fue multada e inhabilitada por la Secretaría de
la Función Pública por dos años para participar en contratos del Gobierno Federal. Lo anterior
fue resuelto por infringir la ley en materia de adquisiciones y actuar con dolo en procedimientos
licitatorios en 1999 convocados por la compañía estatal Luz y Fuerza del Centro. La compañía
que provee de equipo para transportes y energía, hizo depósitos por un US$1.200.000 en bancos
extranjeros para sobornar al entonces funcionario público y Director General de la compañía de
Luz y Fuerza, Alfonso Caso Aguilar con US$800.000; y al Subdirector General Antonio García
Rojas, con US$400.000. El dinero enviado tenía el objetivo de ganar dos contratos, uno por
US$2.900.000 y otro por US$2.400.000. La Procuraduría General de la República (PGR)
intervino en el caso y dentro de su investigación pidió la declaración del ex director de Alstom
México, Bernardo Prieur y el asesor externo Enrique Fernández Castelló, quien actuó como
intermediario para transferir los fondos del soborno a la cuenta de Antonio García Rojas. La
Procuraduría resolvió que no existió lavado de dinero ni delincuencia organizada en el asunto y
turnó el caso a la Unidad Especializada e Investigación de Delitos contra Servidores Públicos.
No es posible conocer el desenlace de este proceso con las fuentes consultadas. Dentro de la
compañía Alstom internacional, fueron despedidos Bernardo Prieur, Enrique Fernández Castelló
y Pedro Solá quien era representante de la compañía en Asia, y que también intervino en la
planeación y ejecución del soborno. En el Gobierno mexicano, no fue posible conocer las
sanciones que se dieron a los funcionarios públicos sobornados e involucrados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1999
2. Lavado de dinero
Ilegal
1999
3. Asociación ilícita
Ilegal
1999
4. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
1999
Actores implicados
1. Empresa multinacional - Alstom subsidiaria francesa
2. Empresas públicas - Luz y Fuerza del Centro
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Alfonso Caso Aguilar (Director General, Público Alto), Enrique
Fernández Castelló (Consultor, Privado Medio), Antonio García
jerarquía)
Rojas (Subdirector, Público Medio), Bernardo Prieur (Director,
Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No se accede al dato
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario – Servicios de transporte
Sector Económico
Terciario – Servicios Básicos
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Artículo
relacionado
con
el
caso:
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2008/10/25/como-el-ave-fenix
Otras observaciones o comentarios
1. En las fuentes consultadas no se habla del denunciante. Sería necesario una
investigación exhaustiva o alguna solicitud de información, que demora varias semanas,
para dar seguimiento puntual al tema.
2. La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de
investigar y perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se
homologa a un Ministerio de Justicia.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Tamarindillo
Ficha Nº207
País
México
Año de aparición en prensa
2005
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En enero de 2005 apareció un reportaje en la Revista Política Proceso, acerca de la compra
ilegal de la Bahía de El Tamarindillo, por parte de un presunto presta nombres de la ex pareja
presidencial, Vicente Fox y Martha Sahagún. La Bahía de El Tamarindillo se encuentra en un
terreno de propiedad ejidal, que son terrenos de uso común, en el ejido El Ticuiz en el estado de
Michoacán. Se llevó a cabo una acción de compra-venta, con diversas irregularidades, donde se
cedieron los derechos de 265 hectáreas de la propiedad comunal por US$1.960.000. Los
compradores fueron, el empresario guanajuatense Cosme Mares Hernández y su cuñado, Rubén
Hernández Haas. Según la subcomisión de investigación del caso de la Cámara de Diputados,
encabezada por la ex diputada Ana Lilia Guillén, esta compra venta tuvo irregularidades
diversas, ya que quienes estaban atrás de la compra de la Bahía era la pareja presidencial de ese
momento. Su hipótesis es que usaron por medio del tráfico de influencias, a los empresarios,
como prestanombres. Este caso también involucra a la Secretaría de la Reforma Agraria, a la
Procuraduría Agraria estatal, y al gobierno local por incurrir en faltas y delitos, ya que ese
predio no podía venderse como se hizo, ya que al ser de propiedad ejidal, tiene diversas
reglamentaciones específicas, que según los demandantes, no se cumplieron. Hubo también
demandas de ejidatarios inconformes que declararon sobre amenazas recibidas por parte del
Comisario Ejidal en turno, Andrés Cárdenas Guerrero, a quienes no quisieran vender su terreno
o ceder derechos, pues era un deseo del presidente. Al mismo tiempo, las dependencias públicas
involucradas actuaron en complicidad para acelerar la compra-venta ilegal de ese predio, y para
que no hubiera información suficiente para fincar responsabilidades. Aún con todo, la cámara de
senadores dio la orden a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la
República para que investigaran el caso, dada la evidencia que se compiló con la investigación
hecha por la subcomisión que investigó el caso desde la cámara de diputados. A pesar de esta
orden, no es posible acceder a los datos necesarios para conocer sobre el resultado de estas
investigaciones.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2005
2. Obstrucción de la Justicia/investigación
Ilegal
2005, 2006
3. Tráfico de Influencias
Ilegal
2005
Actores implicados
1. Ministerio – Secretaría de la Reforma Agraria
2. Poder Ejecutivo
3. Gobierno Local
4. Empresas Privadas
Denunciante (y cargo si Ana Lilia Guillén (Diputada, Público Medio), Periodismo de
aplica)
investigación
Acusado/a
(cargo
y Andrés Cárdenas Guerrero (Comisario Ejidal, Público Medio),
jerarquía)
Cosme Mares Hernández (Empresario, Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No se accede al dato
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario-Agropecuario y silvícola
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona
Mayor información
1. Artículo
relacionado
con
el
tema:
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2005/08/23/planitas/sociedad.pdf
2. http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/04/12/06n1pol.html
3. Documento del Poder Legislativo que justifica la investigación del Caso:
http://www.senado.gob.mx/gace2.php?sesion=2006/06/27/1&documento=63
Otras observaciones o comentarios
Para el caso mexicano, las Secretarías equivalen a Ministerios.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Toallagate
Ficha Nº208
País
México
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 19 de junio de 2001 el diario Milenio dio a conocer el costo de uno de los insumos adquiridos
para el menaje de las cabañas en donde vivía el Presidente de México, Vicente Fox Quesada:
"Toallas de 4 mil pesos" (US$310). Carlos Rojas Magnon, asesor de la presidencia, confirmó las
cifras y los datos de lo que se estaba gastando en los enseres. El funcionario dijo que se habían
propuesto "evitar gastos innecesarios", y que los muebles "son propiedad de la Nación”. La
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), informó
que en los procesos de compra del menaje de casa fueron detectadas cuatro
irregularidades: precios de contratación elevados, surtido de productos
distintos a los contratados, aceptación de facturación global y pago de
anticipo al proveedor, lo que representaba una violación a la Ley Federal de
Adquisiciones. Rojas Magnon renunció y fue sancionado por dos años por “violación a leyes
y a la normatividad presupuestal”. Los ex funcionarios implicados pueden actualmente laborar
en el Gobierno Federal porque las sanciones se terminaron antes del final del Gobierno del ex
presidente Fox. Según una Auditoría realizada a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia en el
2001 por la SECODAM, Humberto Artigas del Olmo, a quien se contrató para la remodelación
de las cabañas de Los Pinos, incurrió en diversas irregularidades al subcontratar a otras
empresas. Los resultados del informe descubrieron que la administración foxista incurrió en
daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de
anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de
Obras Públicas y de Responsabilidades. Los empresarios subcontratados se deslindaron
declarando que había sido el ex presidente quien asignó los contratos de obras, bienes y
servicios sin licitación de por medio, que ascienden a US$5.200.000.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001
2. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado Ilegal
2001
3. Licitación Pública Fraudulenta
Ilegal
2001
4. Tráfico de influencias
Ilegal
2001
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Empresa Privada - Bufete Arquitectos
Denunciante (y cargo si
Miguel Badillo (Periodista), Anabel Hernández (Periodista),
aplica)
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Acusado/a (cargo y
Humberto Artigas del Olmo (Propietario de Humberto Artigas
jerarquía)
y Asociados, S.C., Privado Alto), Vicente Fox Quesada
(Presidente de la República, Público Alto), Alberto Ordoñez
Benítez (Coordinador de Adquisiciones, Público Medio),
Carlos Rojas Magnón (Director de Administración de Los
Pinos, Público Alto).
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No.
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Terciario - Servicios Personales/Profesionales/Técnicos
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2006/julio/htm/EdoMayor_presidencial.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1398000/1398106.stm
http://www.aprodeh.org.pe/ridhualc/actulatin/al_20.htm
http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/diciembre/htm/pendientes_Fox.htm
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2006/junio2/htm/humberto_artigas_contratista.
htm
Otras observaciones o comentarios
Otro actor afectado es el Erario Público e indirectamente la ciudadanía.
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo SECODAM, actualmente es la
Secretaría de la Función Pública.
1.
2.
3.
4.
5.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Ulises Ruiz
Ficha Nº209
País
México
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En 2006, la Cámara de Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió a la
Comisión de Justicia y a la de Gobernación, llevar a cabo un juicio político contra el
Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Lo anterior, por violaciones graves a la Constitución y a
otras leyes federales. Durante la huelga del magisterio llevada a cabo entre 2005 y 2007, el
gobierno del estado de Oaxaca llevó a cabo actos violentos, y policías preventivos agredieron
diversas, contra integrantes de organizaciones sociales, asesinatos contra dirigentes
comunitarios, amenazas y detenciones injustificadas. Sólo en 2005 el saldo fue de 600
detenidos, 40 heridos, 33 procesados, 13 amenazados, 10 asesinatos y un exiliado. Dentro del
expediente que se entregó existían tres actas de defunción y averiguaciones previas que
mostraban que éstas fueron consecuencia del uso excesivo de la fuerza pública, así como
expedientes de vasos que reflejaban la sobreactuación de funcionarios estatales y la forma en
que se detuvieron ilegalmente y torturaron a ciudadanos. El funcionario ha tenido el respaldo
del Partido Revolucionario Institucional y del mismo mandatario de la nación. Recientemente la
Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó a Ruiz de ser responsable de violaciones graves
en una serie de garantías individuales durante el conflicto magisterial, político y social llevado a
cabo en el estado de Oaxaca. Dentro de las violaciones graves están el derecho a: acceso a la
justicia, integridad personal, la vida, libertad, educación y acceso a la información. También
fueron acusados de responsables a José Manuel Vera Salinas, Director General de Seguridad
Pública del estado y José Moreno, Director de la Policía Ministerial. La Suprema Corte envía la
anterior resolución al Presidente, Congreso de la Unión, Procuraduría General de la República y
Congreso, para que decidan si fincan responsabilidades administrativas, penales, civiles y
políticas a estos funcionarios.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2. Asociación ilícita
Ilegal
3. Homicidio
Ilegal
4. Obstrucción de la justicia/investigación
Ilegal
5. Secuestro
Ilegal
Actores implicados
1. Gobierno regional – Estado de Oaxaca
2. Poder Legislativo
3. Poder Judicial
4. Policías
Denunciante (y cargo si No se accede al dato (Diputados del
aplica)
Democrática)
Acusado/a
jerarquía)
(cargo
y
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Año de la conducta
2005, 2006, 2007
2005, 2006, 2007
2005, 2006, 2007
2005, 2006, 2007
2005, 2006, 2007
Partido de la Revolución
José Moreno (Director de la Policía Ministerial, Públic, Alto),
Ulises Ruiz (Gobernador, Público Alto), José Manuel Vera
Salinas (Director General de Seguridad Pública del estado,
Público Ato)
Situación del caso
No se accede al dato
No se accede al dato
No
No
No se accede al dato
No aplica
Actores Afectados
1.
2.
3.
4.
5.
Ciudadanía
Habitantes de la zona
Familiares de personas afectadas
Muertos(as) y Lesionados(as) en la tragedia
Secuestrados(as)
Mayor información
1. Nota
sobre
el
tema
y
su
impunidad:
http://www.informador.com.mx/mexico/2009/146113/6/juicio-a-ulises-ruiz-en-manosde-calderon.htm
2. Nota
periodística:
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/27/index.php?section=politica&article=009n1pol
Otras observaciones o comentarios
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio.
Fecha de registro: Enero/2010
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº210
País
Año de aparición en prensa
Caso Videoescándalos/Caso Ahumada
México
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 1 de marzo de 2004 se difundió en televisión en video en el que Gustavo Ponce, secretario de
Finanzas del Gobierno de Distrito Federal (GDF), realizaba una apuesta en un casino de Las
Vegas. El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, informa que el gobierno capitalino investiga
desde enero un posible fraude al GDF en el que habría participado Ponce. El 3 de marzo en otro
programa, el diputado del Partido Acción Nacional Federico Döring presentó otro video en el que
aparece René Bejarano, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), recibiendo dinero de parte del empresario
Carlos Ahumada Kurtz, dueño del Grupo Quart, beneficiado por la administración de Rosario
Robles Berlanga. El 4 de marzo, Andrés Manuel López Obrador, Jefe del GDF, adujo un complot
del gobierno federal y acusó al ex presidente Carlos Salinas de querer desestabilizar su gobierno.
La noche del 8 de marzo se difunde otro video, en el que aparece Carlos Ímaz, delegado de
Tlalpan, recibiendo dinero nuevamente de Ahumada. El 31 de marzo, Ahumada es detenido en
Cuba por la policía de ese país y lo deporta a México el 28 de abril. El 9 de octubre, Ponce es
detenido por la Procuraduría General de la República en Morelos, acusado de uso de recursos de
procedencia ilícita y en noviembre, Bejarano fue despojado de su investidura como legislador
local. El 21 de febrero de 2005, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
captura en Hidalgo a Francisco Martínez, ex jefe delegacional en Tláhuac, por presuntos nexos
con Ahumada y acusado de un fraude cometido durante su gestión. El 6 de julio, Bejarano
recupera su libertad y el 5 de septiembre, Octavio Flores Millán, ex jefe delegacional en Gustavo
A. Madero fue aprehendido en el estado de México, acusado de actuar en complicidad con
Ahumada en el fraude de la delegación Gustavo A. Madero. El 22 de mayo de 2006, la Fiscalía
de Procesos Oriente dicta auto de formal prisión en contra de Ahumada, quien recupera su
libertad en mayo de 2007.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2003
2. Intervención electoral
Ilegal
2003
3. Infracción a normas de financiamiento Ilegal
2003
electoral
4. Lavado de dinero
Ilegal
2003, 2004
5. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
1999, 2000
6. Tráfico de influencias
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2002,
2003
Actores implicados
1. Empresa Privada – Grupo Quart (las licitaciones eran para arreglar pavimentos, construir
escuelas, puentes, etc.)
2. Gobierno Local – Delegados de Gustavo A. Madero, Tlalpan, Tlahuac
3. Gobierno Regional – Gobierno de Distrito Federal
4. Partidos políticos – Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal
Denunciante (y cargo si aplica)
Federico Döring (Senador, Público Alto), Medios de
comunicación
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Carlos Ahumada (Empresario, Privado Alto) Octavio
Flores Millán (Delegado en Gustavo A. Madero,
Público Medio), Carlos Imaz (Delegado en Tlalpan,
Público Medio), Francisco Martínez Rojo (Delegado en
Tláhuac, Público Medio), Gustavo Ponce (Ex secretario
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Público
Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
Sector Económico
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
Sí, Cerrado
No
Primario-Construcción
Actores Afectados
1. Candidatos(as)/Competidores(as)
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Cronología:
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/09/index.php?section=capital&article=042n1cap
2. Cronología:
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=249392&tabla=notas
y
3. Cronología:
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/version_imprimir.html?id_nota=369627&t
abla=notas
4. http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=20972&relacion=dossier
politico
5. http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/10/30/ife-perdona-prdvideoescandalos
6. http://expedientedf.blogspot.com/2004/04/maz-sheinbaum-y-negocios-en-tlalpan.html
7. http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=188914
8. http://alertaperiodistica.com.mx/carlos-ahumada-revelacionesconfesiones%E2%80%A6-y-la-venganza-politica.html
9. http://www.diariocritico.com/mexico/2007/Mayo/noticias/20955/con-violencia-extremareaprenden-a-carlos-ahumada.html
10. http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/complo-no-corrupcion-si/
11. http://www.radioformula.com.mx/noticias/politica/node-41066.html
12. Libro: Águila Franco, Carlos y Luis M. Salgado. Una documentación irrefutable. Diez
años de caos y corrupción en la Ciudad de México, los autores, 2008.
13. Libro: Ahumada, Carlos. Derecho de réplica, Grijalbo, México, 2009.
14. Libro: Imaz, Carlos. Rompiendo el silencio, Planeta, México, 2003.
15. Libro: Rueda, Adrián. El complot: dinero sucio en el partido de la esperanza, Grijalbo,
México, 2006
Otras observaciones o comentarios
Este caso involucró a una enorme cantidad de personajes de la vida política nacional. Entre ellos
se puede mencionar al senador Diego Fernández de Cevallos; el delegado del Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) en el Distrito Federal, José Luis Valles López; el
agente del Ministerio Público José Carlos Villarreal; el abogado de Raúl Salinas de Gortari, Juan
Collado; la exjefa del Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles y el vicepresidente de
Televisa, Bernardo Gómez, entre otros.
En el caso mexicano, el(la) Delegado(a) es equivalente al Alcalde(sa)/Prefecto. Las delegaciones
son 16 en el Distrito Federal de México, que en el resto de los Estados de la Nación se llaman
“municipios”. La diferencia es que las Delegaciones no poseen cabildos, y los Municipios sí.
En el caso mexicano, Secretario(a) equivale a Ministro(a)
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Zhenli Ye Gon
Ficha Nº211
País
México
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el empresario chino, naturalizado
mexicano en 2003, Zhenli Ye Gon tejió un amplia red criminal que le permitió introducir a
México sustancias psicotrópicas prohibidas por la Ley Federal de Salud, a través de puertos y
aeropuertos del país. Introducía a México mediante pedimentos de importación facturas
comerciales y responsivas clínicas que amparaban un producto distinto al que importaba. En
2007 encuentran US$205.000.000 en su casa de Lomas en Chapultepec. Posteriormente, el
gobierno federal no precisó adónde fueron a parar esos recursos y las autoridades cayeron en
preocupantes contradicciones sobre su destino, ya que en un plazo de 10 días afirmaron que el
dinero pasó por cuatro instituciones bancarias distintas. Al final, el dinero fue repartido en
distintas dependencias como la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y el
Poder Judicial, a pesar de que el empresario no había sido enjuiciado en México. La indagatoria
sobre este caso establece que Ye Gon manejaba cuantiosos cargamentos ilícitos por los puertos
de Lázaro Cárdenas, en Michoacán (el cual se presume, está controlado por el Cartel del Golfo);
Veracruz, Manzanillo, y Colima (supuestamente controlado por el Cartel de Sinaloa). También
operaba por la aduana ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde
altos funcionarios aduanales, todos ligados con José Guzmán Montalvo –ex administrador
general de Aduanas– protegían las maniobras ilegales del empresario. Detienen a Ye Gon en
Rockville Maryland, EEUU donde la fiscalía abre un caso en su contra y al mismo tiempo, el
gobierno mexicano pide su extradición. Durante dos años la fiscalía logra mantener al acusado
detenido donde declaró que parte del dinero asegurado en la casa de Las Lomas fue para
financiar la campaña del Partido Acción Nacional, y señaló a un funcionario de apellido Lozano
(presuntamente Javier Lozano, secretario del Trabajo) como el enlace para las operaciones de
financiamiento, y quien le dijo, según Ye Gon, “copelas o cuello”, frase que se hizo famosa.
Más adelante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que se retiraron los
cargos en su contra por introducción de metanfetaminas a Estados Unidos, y que el empresario
quedaba a disposición de las autoridades mexicanas para ser extraditado. La razón es que los
dos principales testigos que lo acusaban, cambiaron de parecer: uno se retractó de lo dicho y el
otro no ratificó lo que ya había declarado. El camino de la extradición de Ye Gon es largo. El
gobierno mexicano solicitó su extradición formalmente pero eso no quiere decir que Ye Gon
pronto llegará a México: aún debe ser vencido en juicio. De ser extraditado, es posible que altos
funcionarios de la Secretaría de Hacienda; Aduanas, Puertos y Aeropuertos; Secretaría de Salud;
y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, estén involucrados.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2006, 2007
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2006, 2007
3. Delitos aduaneros
Ilegal
2006, 2007
4. Tráfico de estupefacientes
Ilegal
2006, 2007
5. Tráfico de influencias
Ilegal
2006, 2007
Actores implicados
1. Empresa privada – Zhenli Ye Gon
2. Aduanas – Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
3. Carteles de narcotráfico
4. Ministerios – Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud
5. Partidos Políticos - Partido Acción Nacional
Denunciante (y cargo si Procuraduría General de la República
aplica)
Acusado/a
(cargo
y José Guzmán Montalvo (Director de la Aduana del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, Público Alto), Javier
jerarquía)
Lozano (Secretario del Trabajo, Público Alto), Zhenli Ye Gon
(Dueño de empresa, Privado Alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Abierto
Administrativo
Sí, Abierto
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona
Mayor información
1. Programa de Carmen Aristegui en el canal CNN:
http://www.youtube.com/watch?v=oBaTLz0dDzE&feature=related
2. Programa de Carmen Aristegui en el canal CNN:
http://www.youtube.com/watch?v=UYTEupbxw8M&feature=related
Otras observaciones o comentarios
La Procuraduría General de Justicia depende del Poder Ejecutivo, y se encarga de investigar y
perseguir los delitos de orden federal. Para efectos de la base de datos, se homologa a un
Ministerio
Fecha de registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso alcalde del Callao Alex Kouri
Ficha Nº212
País
Perú
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Vladivideos Kouri-Montesinos
Resumen caso
En el año 2000 se firmó el contrato de concesión para la construcción de la Vía Expresa de la Av.
Faucett entre el entonces alcalde del Callao, Alex Kouri (actual presidente del Gobierno Regional
del Callao), y el consorcio Convial S.A. A inicios del año 2007, el Contralor General de la
República, Genaro Matute, encuentra algunas irregularidades en el contrato de concesión que
indicarían que Alex Kouri –en asociación ilícita con Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de
Inteligencia Nacional y asesor del presidente Fujimori)- favoreció de distintas maneras a la
empresa Convial Callao. Según el informe de la Contraloría, la obra se sobrevaloró en más de
US$10 millones. Además, el área de trabajo constituye un tramo muy corto de concesión vial que
no justificaría la existencia de un Vía Expresa. Otra característica anómala de la regulación es que
está directamente a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao y no del Organismo
Supervisor de la Inversión en Transporte, el regulador nacional de concesiones viales. Se presume
que Montesinos participó en la primera etapa de selección y otorgamiento de la Vía Expresa a la
empresa Convial pues el proyecto aparece registrado en por lo menos tres vladi-videos. Los delitos
que se habrían cometido son: colusión, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes
funcionales, malversación, aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad, asociación
ilícita, estafa y abuso de poder económico con prácticas restrictivas de la libre competencia, según
el informe de la comisión de fiscalización que fue aprobado por el Congreso de la República y
finalmente remitido al Ministerio Público para iniciar los procesos correspondientes. Además de
Kouri y Montesinos, entre los acusados que están siendo investigados se encuentran José
Talavera, ex presidente del Comité de Recepción de Propuestas, Edwin Flores, ex director del
área legal, y Javier Lowry, gerente general de Convial. Alex Kouri y Vladimiro Montesinos
seguirán siendo procesados juntos en el sistema anticorrupción por las presuntas irregularidades en
la concesión y construcción de la Vía Expresa del Callao.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
12. Abuso
de
funciones/de Ilegal
1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
autoridad
13. Asociación Ilícita
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
14. Delitos tributarios
Ilegal
1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
15. Fraude: Malversación de Ilegal
1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
caudales públicos/Peculado
16. Licitación
pública Ilegal
1999, 2000
fraudulenta
17. Negociación incompatible/ Ilegal
1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
Conflictos de intereses
Actores implicados
124.
Gobierno Regional
125.
Empresa Privada - Convial Callao S.A.
Denunciante (y cargo si Genaro Matute (Contralor General de la República, público alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Alex Kouri (Alcalde del Callao, público medio) José Talavera
jerarquía)
(Presidente del Comité de Recepción de Propuestas del Gobierno
Regional, público medio), Edwin Flores (jefe de sección, público
medio), Javier Lowry (Gerente general de Convial, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario – Construcción
Sector Económico
Actores Afectados
111.
Empresas competidoras
112.
Usuarios(as) del servicio
113.
Ciudadanía
Mayor información
95. Sobre
los
vladivideos
Kouri-Montesinos,
ver
http://www.youtube.com/watch?v=IWe74FSMcAc
96. Noticia sobre la denunciante del caso y la filtración del Vladivideo vinculado al caso, ver
http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml
Otras observaciones o comentarios
Este caso se encuentra relacionado con otro caso de corrupción, que consistió en la complicidad
entre Blanca Nélida Colán y Fujimori/Montesinos. No se incluyó en la base de datos por no ser
mencionado por los entrevistados (ver metodología de la investigación).
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Banco de Materiales
Ficha Nº213
País
Perú
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En abril de 2008 salió a la luz a través del programa periodístico Cuarto Poder que unos 50
empleados del Banco de Materiales (Banmat) -incluidos tres gerentes- se aprovecharon de su
posición para adquirir créditos para la compra de propiedades inmobiliarias que estaban
destinadas a ciudadanos de bajos recursos. La indagación periodística implicó directamente al
propietario de la constructora del proyecto habitacional Los Alamos, Luis Felipe Izaguirre
quien recibió 15 departamentos para uso particular. El programa aseguró que fuentes del propio
Banmat indicaron que Jorge Aparicio Mosellini, funcionario del Banco de Materiales, ayudó a
Luis Felipe Izaguirre a armar la lista de los prestatarios del programa para que el Banco de
Materiales pueda financiar la construcción de 380 departamentos. De acuerdo con la acusación
periodística Aparicio ordenó a la gerencia de Recursos Humanos del Banmat que hiciera la
invitación a los funcionarios para que accedan a dichas viviendas y se firmó el convenio el año
2005. El informe añadió que la constructora se quedó con 15 departamentos de Los Álamos,
ubicados en zona preferencial -en el primer piso- que estaban a nombre de los propietarios del
consorcio y de sus familiares, entre ellos sus hijos menores de edad. Luego de publicado el caso,
se cesó al directorio del Banco de Materiales y la Contraloría General de la Republica abrió
investigación para investigar la repartición de parte de los siete millones de soles de utilidades de
la institución del 2006 (US$2.424.669), la aprobación unos 50 créditos para la compra de
viviendas, y además la adquisición un software que no se utilizó y que costó 250.000 soles
(US$86.565). Aparicio ingresó a trabajar durante el gobierno de Alejandro Toledo al sector del
Ministerio de Vivienda, con el encargo de reformarlo puesto que ya tenía casos de corrupción
desde el régimen de Alberto Fujimori. En julio de 2008 Jorge Aparicio fue detenido y el
proceso penal aun sigue en curso. El Congreso de la República formó una Comisión de
Fiscalización que en abril del 2009 determinó que el principal responsable es el ex gerente Jorge
Aparicio. Además se inició el levantamiento bancario de otras 80 personas involucradas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
2. Asociación Ilícita
Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
4. Licitación publica fraudulenta
Ilegal
2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Empresa privada
2. Empresa pública – Banco de Materiales
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico
aplica)
Cuarto Poder
Acusado/a (cargo y jerarquía) Luis Felipe Izaguirre (empresario constructor, privado alto),
Jorge Aparicio Mosellini (Director del Banco de Materiales,
público alto)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
Sí, Abierto
No
Primario-Construcción
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
3. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
1. Noticia sobre el caso, ver http://www.24horaslibre.com/politica/1208781886.php
2. Noticia sobre el caso, ver http://peru21.pe/impresa/noticia/echan-nueve-directivosbanmat-escandalo/2008-04-15/142670
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Bresani
Ficha Nº214
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Diario Expreso
Resumen caso
El periodista Fidel Méndez Tello reveló a inicios del 2001 que el publicista Augusto Bresani
León –director de los diarios Onda y Mañanero- comandó la llamada “guerra sucia”
emprendida desde los diarios chicha contra líderes políticos y otros personajes de oposición al
régimen fujimorista. Méndez confirmó la acusación de su colega Hugo Borjas Seminario,
quien denunció a Bresani de haber dirigido y financiado la campaña sucia de los medios
“amarillos”, pagando US$ 30 mil semanales a los dueños de tres tabloides. Se afirmó también
que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, pagaba
US$3.000 por la portada de cada uno de los cinco diarios de la prensa chicha diariamente. Un
mes después, la fiscal especial Ana Magallanes inició una investigación preliminar al publicista
por presunto uso de fondos del SIN para propiciar una campaña de difamación contra los
candidatos de oposición en la prensa amarilla. Según el informe de la Comisión Investigadora
de la gestión presidencial de Alberto Fujimori (2002), el operador fáctico, aquel que hablaba
directamente con los editores y llevaba el dinero en efectivo y en dólares a los diarios, era el
publicista Augusto Bresani, quien en ese momento estaba prófugo de la justicia. En enero de
2004, la Sala Penal Especial Anticorrupción inició el juicio público a Vladimiro Montesinos y
a los dueños de los medios, así como a quienes durante el gobierno de Alberto Fujimori
recibieron dinero del Estado para apoyar la ilegal reelección del entonces mandatario y
participar en la campaña de desinformación y difamación a periodistas y opositores del régimen.
Entre los 29 acusados estuvo Augusto Bresani. Finalmente, el 27 de febrero del mismo año,
Bresani fue condenado a tres años de prisión condicional por su participación en la campaña
difamatoria contra el director y los tres periodistas del diario La República. El titular del 6º
Juzgado Penal de Lima dispuso una reparación civil de 40 mil soles (US$13.840).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2001
públicos/Peculado
3. Intervención electoral
Ilegal
2001
Actores implicados
1. Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
2. Poder Ejecutivo
3. Medios de comunicación
Denunciante (y cargo si Fidel Méndez Tello (periodista), Hugo Borjas Seminario
aplica)
(periodista)
Acusado/a
(cargo
y Augusto Bresani (Director de diarios, privado alto), Vladimiro
jerarquía)
Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público
alto), Alberto Fujimori (Presidente de la República, público
alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Terciario – Medios de Comunicación
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Candidatos(as) Competidores(as)
3. Electores(as)
4. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
La prensa chicha en Perú, es comparable a la también conocida prensa amarilla.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº215
País
Año de aparición en prensa
2004
Caso Cesar Almeida
Perú
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Dos diarios limeños, Correo y Perú 21 publicaron fragmentos de una de las conversaciones que
sostuvo el ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, César Almeida Tasayco, y el fallecido
general (r) Oscar Villanueva. De los fragmentos publicados se dedujo que Almeida, también ex
abogado personal de presidente Alejandro Toledo, negoció dinero con Villanueva a cambio de
ayudarlo con sus trámites judiciales. En la conversación se hace referencia a una negociación de
tomos, palabra que habrían usado para describir a los fajos de dinero. En la conversación
Almeida aseguró tener relación con el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera e indicó
a Villanueva que tenía contactos con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con la jueza
Inés Villa Bonilla. En la charla se discute además las posibilidades “comerciales” de los jueces
anticorrupción que veían el caso de Villanueva. Villanueva, considerado brazo derecho de
Vladimiro Montesinos, fue un militar que se suicidó en 2002 por haber sido acusado de
manejar los fondos de negocios ilícitos de Montesinos. Entre 1994 y 1998 fue jefe de la Oficina
General de Administración del Ministerio del Interior. Después entre 1998 y el 2000 fue jefe de
la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa. Desde estas instituciones
dirigió una serie de operaciones de compras fraudulenta de vestimentas, armas, municiones y
vehículos para las fuerzas armadas. Por estos casos, Villanueva estuvo 6 meses en la cárcel y
luego cumplió su condena en arresto domiciliario. En el escándalo aparece comprometido
también Fernando Olivera, quien era el Ministro de Justicia del gobierno toledista cuando en
2001 se realizaron las tratativas comerciales con el cajero de Montesinos. Olivera fue acusado
mediáticamente de haber buscado contacto con diversos presos por casos de corrupción a los
que les pidió información a cambio de ciertos beneficios a través de intermediarios. También
está involucrado, el general Daniel Mora, jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) a
quien se le acusa de intentar comprar el audio acusador. Otro de los implicados fue Jorge
Toledo (sobrino del presidente) quien actúo en este negocio clandestino como enlace con el
Palacio de Gobierno. Almeyda, fue sentenciado a 4 años de prisión y al pago de una reparación
civil de 50 mil nuevos soles a favor del Estado (US$17.313) y además fue inhabilitado por 3
años para ejercer cargos públicos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2001
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2001
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2001
4. Obstrucción
de
la Ilegal
2001
Justicia/investigación
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Fuerzas Armadas
3. Otras instituciones públicas-Instituto Nacional Penitenciario
4. Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)
5. Ministerio de Justicia
Denunciante (y cargo si
aplica)
Acusado/a
(cargo
y
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Medios de comunicación escrita-Revista Caretas y Diarios
Correo y Perú 21.
César Almeyda (Asesor legal de Alejandro Toledo, privado
medio), Daniel Mora (jefe del Consejo Nacional de Inteligencia,
público alto), Fernando Olivera (Ministro de Justicia, público
alto), Jorge Toledo (familiar de Alejandro Toledo)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Cerrado
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No Aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Ver
reportaje
sobre
Alejandro
Toledo,
http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/040208arce.htm
2. Sobre
la
cronología
del
caso,
ver
http://desco.cepes.org.pe/apc-aafiles/d38fb34df77ec8a36839f7aad10def69/opina6.doc.
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº216
País
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Caso Compra de armas por la Marina Perú
Peruana
Resumen caso
En el año 2006 se llevó a cabo una denuncia por parte de la procuraduría ad hoc por la cual el
actual vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, y 27 oficiales de la Marina fueron acusados de
irregularidades en la compra de armas durante el gobierno del Alberto Fujimori. Esta denuncia
se desprende de la existencia de un informe de la Contraloría General de la República -el
054200c- que se refiere a las adquisiciones de material de la Marina de Guerra del Perú. En sus
conclusiones señala que de la revisión de 14 procesos adquisitivos se advirtieron presuntos
incumplimientos de normativa referidas a asignación de puntajes de las propuestas sin haberse
establecido los criterios para tal efecto. En el 2006 la procuraduría pidió que se abriese una
investigación preliminar para ver si había mérito para formalizar una denuncia o no. Para el 29
de octubre de 2009, la fiscal Marlene Berrú formuló la acusación ante el Poder Judicial.
Actualmente el caso es evaluado por la jueza Magaly Báscones, que deberá decidir si abre un
proceso penal. En la denuncia están comprendidos 27 altos oficiales navales, así como el
mencionado Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro considerado del ala dura del gobierno
de Alan García. La fiscal Berrú los acusa de delitos de colusión desleal y asociación ilícita para
delinquir porque aprovechando su capacidad de decisión y puestos en la Marina de Guerra
habrían favorecido a un grupo determinado de empresas a cambio de comisiones. Según la
acusación las firmas favorecidas eran empresas abiertamente simuladas, constituidas por
testaferros con capitales insignificantes que vendieron bienes por millones de dólares al Estado
peruano y vinculadas al condenado Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex presidente Alberto
Fujimori (1990-2000). Las investigaciones de la fiscal se centraron en cerca de 50 contratos
suscritos por la Marina entre 1995 y 1997 por un monto de US$45 millones. Según la fiscal se
encontraron irregularidades en al menos 14 adjudicaciones directas realizadas por Giampietri
cuando detentaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la Marina. Los delitos se habrían
cometido en la compra de baterías para torpedos, repuestos para motores y en la repotenciación
de misiles. Además, se determinó que se adquirió armamento usado o que no cumplía con los
requerimientos previstos inicialmente.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1995, 1996, 1997
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1995, 1996, 1997
3. Negociación
incompatible/ Ilegal
1995, 1996, 1997
conflicto de intereses
4. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
1995, 1996, 1997
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Fuerzas Armadas-Marina de Guerra del Perú
3. Empresas privadas
4. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Ministerio Público
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Luis Giampietri (Vicepresidente del Perú, público alto), 27 altos
jerarquía)
oficiales de la Marina de Guerra del Perú, Vladimiro
Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público
alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Secundario-Industria Bélica
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia
sobre
el
caso,
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20060913/pasadas/15/68117
2. Noticia sobre el papel de Giampietri en la Marina peruana,
www.defensaidl.org.pe/idlradio/2006/10.doc
Otras observaciones o comentarios
ver
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Compra
de
patrulleros
sobrevaluados por el Ministerio del
Interior
Ficha Nº217
País
Perú
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
Caso Compra irregular de
ambulancias por el Ministerio de
Salud
Resumen caso
El 12 de diciembre de 2006, el teniente general Víctor Gandolfo Monzón señaló que el
informe técnico del asesor de la Oficina General de Administración, Carlos Munares Tapia
había recomendado la compra de camionetas de la empresa Automotores Gildemeister. No
obstante, el área que estaba bajo su responsabilidad recomendaba la adquisición de vehículos
Sedán para patrullar la ciudad. Finalmente se decidió comprar 469 camionetas Hyundai a la
empresa Gildemeister. El precio de cada patrullero que figuraba en la licitación era de
US$30.000, pero las camionetas estaban valorizadas en el mercado a US$21.000. Otra
irregularidad detectada fue que en la licitación no estaba prevista la adaptación de los vehículos
a patrulleros que realizó la empresa contratada. La adquisición fue anulada luego de una
denuncia periodística realizada en febrero de 2007. Luego de que el caso se hiciera público, la
Contraloría General de la República inició una investigación a todas las compras que el Estado
hizo a la empresa Automotores Gildemeister, desde el gobierno de Alejandro Toledo (20012006) hasta la actualidad, para determinar si se produjeron otras irregularidades durante los
procesos de adquisición. El impacto mediático del caso empujó a la entonces Ministra del
Interior, Pilar Mazzetti, a la renuncia del cargo. Por presunto delito de colusión desleal, la
jueza anticorrupción Magaly Báscones abrió proceso a 15 funcionarios del Ministerio del
Interior y del Consorsio Gildemeister Perú. Como denunciados figuran los ex gerentes de
Gildemeister José Domingo Cariola y Jaime Izaguirre y del Ministerio del Interior figuran
Carlos Monares Tapia y Edwin Leiva Herrada, entre otros. También se supo que, como una
medida preventiva, han ordenado el embargo de los bienes de las personas implicadas para que,
de ser halladas responsables, garantice el pago de una reparación civil a favor del Estado. A la
fecha, las investigaciones no han concluido.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
18. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2006
19. Negociación incompatible/Conflicto Ilegal
2006
de intereses
Actores implicados
126.
Ministerio del Interior
127.
Policía Nacional del Perú
Denunciante (y cargo si Genaro Matute (Contralor General de la República, público alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Víctor Gandolfo Monzón (Inspector general de la policía,
jerarquía)
público medio), Juan Domingo Cariola (ex gerente de
Gildemeister Perú, privado alto), Jaime Eyzaguirre Seminario
(ex gerente de Gildemeister Perú, privado, alto), Pilar Mazzetti
(Ministra del Interior, público alto)
Otros 22 funcionarios investigados por la Fiscalía
Anticorrupción*
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario – Industria Automotriz
Sector Económico
Actores Afectados
114.
Ciudadanía
115.
Empresas competidoras
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
El delito de colusión desleal en la Ley peruana se rige por el Artículo 384 sobre la colusión,
donde se indica que “El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros,
licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que
intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo
del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones
o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince
años”. Por estos motivos, para efectos de la base de datos, la colusión desleal se ha identificado
con la conducta reprochable licitación pública fraudulenta.
*Son 22 los ex funcionarios que están siendo investigados por la cuarta fiscalía anticorrupción:
1. Gloria Vargas Núñez
12. Carmen Rosario Rojas García
2. Lorena Mendoza Revilla
13. Roel Lavado Salazar
14. Jorge Astengo Castagnino
3. Débora Urquieta Jaime
4. Román de la Cruz Quispe
15. Luis Daniel Ávalos Linares
5. Edwin Leyva Herrada
16. Mario Machado Canevaro
17. Óscar Padilla Guerra
6. Félix Jacho Mamani
7. Carlos Munares Tapia
18. Milagros Campos Loo
8. Manuel Tsuchida Tello
19. María Barrueto Pérez
9. Víctor Gandolfo Monzón
20. Jorge Teodoro Ávila Tovar
10. Héctor Busaglo de Bracamonte
21. Guido Becerra Ruiz
22. Pablo Arca Ramos
11. Juan Roberto Pacheco de Filipa
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Compra de los aviones MIG 29
Ficha Nº218
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Fujimori–CametMOBETEK
Resumen caso
El Estado Peruano, durante la presidencia de Alberto Fujimori Fujimori, compró 18 aviones
MIG 29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia a través de la intermediación del empresario Moshe
Rothschild. Las compras de aviones a Rusia y Bielorrusia por parte del Gobierno peruano
fueron posteriores al conflicto bélico con Ecuador de 1995, ya que la mayor parte de los
aparatos aéreos se adquirieron de segunda mano, a partir del año 1996. En el año 2001 se formó
Comisión Waisman en el Congreso peruano para investigar dichas adquisiciones. Para ello, las
Fuerzas Armadas Peruanas (FAP) trataron de demostrar que los aviones Mig-29 eran operativos
pero uno de los aparatos seleccionados para la ocasión se precipitó contra el suelo. Además se
constató que por estas aeronaves defectuosas se desembolsaron unas cantidades sobrevaluadas.
Para la adquisición a Bielorrusia de la treintena de Mig-29 y Sukhoi-25 usados, el gobierno
peruano pagó US$762.400.000, cuando el valor real de mercado de esos aparatos era de
US$488.600.000. Se constató además que estas compras de armamento se realizaron con los
ingresos que el Estado peruano obtuvo durante la década de los 90 procedentes de la
privatización y venta de empresas públicas. Según el informe de la comisión de investigación
del Congreso peruano, presidida por el congresista Morales Mansilla y dado a conocer a finales
de julio de 2001, durante la presidencia de Fujimori los gastos en la adquisición de equipos de
combate militar ascendieron a US$1.922.591.000, de los que US$1.025.910.000, el 53.4% del
total, procedían de los ingresos derivados de la privatización de empresas públicas. La
aprobación de la mayoría de este gasto en armamento se dio mediante el recurso a decretos
supremos de los que no se daba cuenta al Congreso. En septiembre de 2005 se le abrieron
procesos al empresario israelí Moshe Rothschild Chassin en Suiza. La fiscal suiza Cornelia
Cova bloqueó US$ 6.5 millones que guardaba en cuentas secretas el cerebro de la venta de 36
aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia a la Fuerza Aérea del Perú en 1996.
Asociado en la empresa de fachada “W-21 Intertechnique S.A.”, Rothschild fue quien firmó los
contratos con los militares bielorrusos. Sus cuentas también están relacionadas con la empresa
Mobetek S.A., de propiedad de Moshe Rothschild, quien por su cuenta vendió más de US$200
millones en helicópteros Mi-17 y Mi-26, fusiles Galil, sistemas de interceptación telefónica y
otros equipos de guerra para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre 1990 y 2000. En
diciembre de 2007 Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, reconoció que recibió sobornos
de Moshe Rothschild por US$12 millones de dólares por la venta de las aeronaves de guerra
por lo que fue procesado y fue sentenciado a seis años de prisión y el pago de 400 millones de
soles de reparación civil (US$138.552.536). En octubre de 2005 la Sala Penal Especial del
Tribunal Supremo exculpó a Alberto Fujimori del caso por la falta de pruebas de que este
favoreciera al empresario Moshe Rothschild.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1996, 1997
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1996, 1997
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1996
4. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1996, 1997
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Ministerio de Defensa
3. Fuerzas Armadas
4. Empresa privada- W-21 Intertechnique S.A.
5. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si No se accede al dato
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de
Inteligencia del Perú, público alto), Alberto Fujimori Fujimori
(Presidente de la Republica, público alto), Moshe Rothschild
(Empresario, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario-Industria Bélica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia sobre acusación a Fujimori de traición a la patria, ver
http://www.eluniverso.com/2002/07/24/0001/14/6C01A92A6A894D3FB9D2CFB45FC
1D633.html
2. Noticia
sobre
la
primera
absolución
a
Fujimori,
ver
http://ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=35519
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Compra irregular de ambulancias por el
Ministerio de Salud
Ficha Nº219
País
Perú
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
Caso Compra de patrulleros
sobrevaluados por el
Ministerio del Interior
Resumen caso
En mayo del 2008 se hizo pública la denuncia de la fiscal Marlene Berrú, de la cuarta fiscalía
anticorrupción, quien detectó irregularidades durante el proceso de licitación para la compra de
190 ambulancias al grupo Gildemeister. La controvertida licitación se realizó durante la gestión
de Carlos Vallejos en el Ministerio de Salud. Ocho ex funcionarios del Ministerio de Salud
fueron acusados de colusión desleal, cohecho pasivo propio, falsificación de documentos
públicos e incumplimiento de actos oficiales en agravio del Estado. Seis ex funcionarios del
Consorcio Automotores Gildemeister Perú también fueron denunciados por la fiscal. Además,
mediáticamente se sostuvo que los mismos asesores y personajes allegados a Pilar Mazzetti
que participaron en la compra de los patrulleros, cuando esta era Ministra del Interior, tuvieron
parte en la licitación de las ambulancias, entre los que se mencionó a la destituida jefa de la
Oficina General de Administración, Gloria Vargas. A la fecha, el cuarto Juzgado
Anticorrupción ha ordenado la detención de los ex funcionarios Boris Nitak Mestanza y
Héctor Cáceres Taveo, quienes fueron denunciados por haberse coludido con miembros del
Consorcio Automotor Gildemeister Perú para modificar el informe técnico que esta empresa
había presentado como postor en esta licitación en donde resultó elegida. A su vez, se dispuso
procesar bajo mandato de comparecencia restringida con impedimento de salida del país a los
también ex funcionarios del Ministerio de Salud Sergio Montero Vásquez, Carlos Pinguis
Gómez y Luis Pacheco Cáceres -por el presunto delito de incumplimiento de actos funcionales
en agravio del Estado- y a Jaime Izaguirre Seminario, representante del Consorcio Gildemeister
Perú, y a otros cinco funcionarios de esta empresa por los presuntos delitos de colusión desleal,
cohecho activo genérico y falsificación de documentos públicos. El proceso continúa abierto.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
161.
Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2006
162.
Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2006
163.
Falsificación de documentos/ Ilegal
2006
Uso malicioso de documentos
Actores implicados
1. Ministerio de Salud
2. Empresa privada – Gildemeister
Denunciante (y cargo si aplica)
Marlene Berrú (fiscal, público medio)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Boris Nitak Mestanza (Asesor legal en la Presidencia del
Consejo de Ministros, público bajo), Héctor Cáceres
Tadeo (miembro del Comité Especial, público medio),
Sergio Montero Vásquez (Director General de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Salud,
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
público medio), Carlos Pinguis Gómez (Director
Ejecutivo de la Oficina de Logística del Ministerio de
Salud, público medio), Luis Pacheco Cáceres (miembro
de la Oficina de Logística de la Oficina General de
Administración, público bajo), Jaime Izaguirre Seminario
(Representante del consorcio Gildemeister Perú, privado
medio), Gloria Vargas (ex jefa de la Oficina General de
Administración, público medio), Pilar Mazzetti (Ministra
de Salud, público alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Secundario – Industria Automotriz
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
El Comité Especial es un cuerpo colegiado conformado por profesionales y especialistas,
encargado de la conducción de un proceso de selección. El Comité Especial organiza, conduce y
ejecuta el proceso de selección desde la convocatoria hasta que la mejor propuesta quede
consentida y administrativamente firme o se cancele el proceso.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Concesiones
Instituto
Nacional
Naturales (INRENA)
forestales del
de
Recursos
Ficha Nº220
País
Perú
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En Julio del 2007 el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), presionado por las
exigencias del TLC con Estados Unidos, inició visitas a cada una de las concesiones madereras
para constatar si la caoba que llegaba a Lima procedía efectivamente de ellas. Anteriormente,
líderes regionales habían denunciado que taladores ilegales extraían caoba de áreas naturales
protegidas y las vendían como si hubieran sido sacadas de una concesión autorizada. El
resultado de esta investigación fue que de 150 concesiones, solo 58 estaban en regla. Además,
se encontró que la cantidad de madera que se exportaba no coincidía con la que se talaba
legalmente. Se inició un proceso de cancelación de las concesiones infractoras y una serie de
acusaciones mediáticas contra funcionarios del INRENA. De este modo, se destituyó a
Humberto Labarthe de su cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Tambopata-Manu en el INRENA luego de que se le encontró responsable de permitir, con el
propósito de favorecer a una concesionaria, que se extrajera caoba ilegalmente. Roberto
Ángeles Lazo, jefe del INRENA, renunció poco después. En el 2008, el intendente forestal
Edgardo Lizárraga solicitó que se formalice la denuncia penal contra ciertos funcionarios del
INRENA y empresarios y representantes legales de las concesiones y comunidades implicadas.
Meses después, el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos denunció al intendente del INRENA,
Antonio Morizaki, y a otros 12 funcionarios por entregar ilegalmente en concesión terrenos de
bosques vírgenes, en Loreto, por 60 años. El fiscal señaló que los funcionarios de INRENA
otorgaron en concesión un total de 79 mil hectáreas de bosque virgen para una supuesta
reforestación, lo cual está prohibido por la ley. Denunciados también aparecen los funcionarios
de INRENA-Loreto Juan Rengifo, Sixto Luna Pinchi, Lucia Carhuapoma Pastor,
Hidelgarda Valdiviezo Milla, entre otros, por delito de negociación incompatible.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Delitos tributarios
Ilegal
2007
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2006, 2007
3. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
2006, 2007
4. Negociación
incompatible/ Ilegal
2006, 2007
Conflicto de intereses
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Instituto Nacional de Recursos Naturales ( INRENA)
2. Empresas privadas - Forestal Capirona S.A.C.
Denunciante (y cargo si Óscar Zevallos (fiscal, público alto)
aplica)
Edgardo Lizárraga (intendente forestal, público medio)
Acusado/a
(cargo
y Humberto Labarthe (Administrador Técnico Forestal y de
jerarquía)
Fauna Silvestre Tambopata-Manu de INRENA, público medio),
Roberto Ángeles Lazo (jefe del INRENA, público alto),
Antonio Morizaki Taura (Intendente del INRENA, público
medio), Juan Rengifo (Administrador Técnico Forestal del
INRENA, público medio y Gerente general de la empresa
Forestal Capirona, privado alto), Sixto Luna Pinchi
(Administrador Técnico de Iquitos, Requena y Contamana del
INRENA, público medio), Lucia Carhuapoma Pastor (jefa de la
Oficina de Administración Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre de Tingo María del INRENA, público medio),
Hidelgarda Valdiviezo Milla (funcionaria del INRENA, público
medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Primario – Forestal
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Habitantes de la zona
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Está implícito, por la magnitud del caso de corrupción, que son varias las empresas
concesionarias las involucradas; sin embargo, los medios no especifican cuáles son, salvo en el
caso de la Forestal Capirona S.A.C., pues uno de los acusados –Juan Rengifo- fue gerente
general de dicha empresa cuando se dieron las conductas reprochables.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso congresista Menchola
Ficha Nº221
País
Perú
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
A través de un reportaje periodístico hecho por el programa Cuarto Poder, en mayo de 2007, se
denunció a Walter Menchola (congresista por Unidad Nacional) de haber convencido a su
colega Martín Pérez de contratar como asesora a Karen Ku Peña–una joven universitaria- con
la calificación de técnico de nivel 4 y un salario mensual de 3.000 nuevos soles (US$1.040).
Pese a que formalmente Karen Ku trabajaba para el congresista Pérez, instaló su escritorio en
la oficina del congresista Menchola, cobrando un sueldo por dos meses en los que no fue al
Parlamento, pues se excusó con dos licencias médicas. Cabe señalar que el parlamentario
Walter Menchola sostenía una relación sentimental con Karen Ku. Se supo, además, que
Walter Menchola anteriormente había impuesto a la señorita Ku como candidata a regidora
por San Juan de Miraflores en las elecciones de 2006. La candidatura no prosperó pues se
comprobó que la supuesta candidata no residía en ese distrito. El contrato de la joven estudiante
fue cancelado apenas el caso se hizo público. Se designó que la Comisión de Ética investigara al
congresista acusado. Esta comisión finalmente emitió un dictamen un mes después en el que se
suspendía por 120 días, sin goce de haber, al congresista Walter Menchola, por haber
intercedido a favor de la estudiante Karen Ku para que sea contratada en el despacho de su
colega Martín Pérez. Dicho dictamen indicó también que el citado parlamentario había
cometido una falta ética, pero que no revestía un ilícito penal, por lo cual no pasó a ningún
juzgado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Poder Legislativo
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico
aplica)
Cuarto Poder
Acusado/a
(cargo
y Walter Menchola (Diputado, público alto)
jerarquía)
Martín Pérez (Diputado, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Sobre
el delito
Abuso de
funciones en
la
ley peruana, ver
http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/DECRETO_LEGISLATIVO_N_635.htm#
T18C2
Otras observaciones o comentarios
Este caso de corrupción también se encuentra vinculado con otro caso de corrupción que los (as)
entrevistados(as) no mencionaron. Corresponde al caso conocido como “Empleados fantasma,
congresista Elsa Canchaya”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Diario Expreso
Ficha Nº 222
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Bresani
Resumen caso
El Diario Expreso fue, durante el gobierno de Alberto Fujimori, un diario de tendencia
oficialista. La compra de su línea editorial se hizo patente a través de los vladivideos –videos que
Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor presidencial) grababa
en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional– en los que aparecían diversos personajes
llevando a cabo, por lo general, transacciones ilegales con el asesor. El 21 de abril de 1999,
Vladimiro Montesinos le ofreció a Eduardo Calmell del Solar Díaz, ex director del diario
Expreso, "colaborar económicamente" con la empresa editora a cambio de que esta sometiera su
línea periodística. El 9 de octubre de 2003, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro,
presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema contra el ex presidente Alberto Fujimori, por
financiar con más de US$1.000.000 a Eduardo Calmell para que apoye su campaña por la
reelección. En el 2006, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República que se
encargó del juicio a Fujimori, le atribuyó a este haber utilizado recursos del Estado para la
compra de la línea editorial del Diario Expreso, a fin de obtener el apoyo y control de los medios
de prensa para su segunda reelección. Para ello, en el mes de septiembre de 1999 coordinó y
delegó a Vladimiro Montesinos las respectivas transacciones. La suma entregada fue de US$
1.750.000 a su propietario, el señor Eduardo Calmell del Solar, quien se encuentra asilado en
Chile. Para la comisión de estos hechos delictivos, el Presidente Fujimori conformó con
Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas: José
Villanueva Ruesta (Ejército), Elesván Bello Vásquez (Fuerza Aérea) y Américo Ibárcena
Amico (Marina de Guerra); una organización criminal destinada a proveer de fondos al Servicio
de Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la contratación y adquisición de los medios de
comunicación.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1999, 2001
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1999, 2001
3. Intervención electoral
Ilegal
2001
Actores implicados
1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
2. Medios de Comunicación escrita-Diario Expreso
Denunciante (y cargo si Partido Político (Frente Independiente Moralizador, que
presentó los vladi-videos)
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la
República, público alto), Eduardo Calmell (director del diario
Expreso, privado alto)
Situación del caso
No
No
No
No se accede al dato
No
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
1.
2.
3.
4.
Terciario – Medios de comunicación
Actores Afectados
Ciudadanía
Candidatos(as) Competi dores(as)
Electores(as)
Usuarios(as) del servicio
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Eliane Karp y la CONAPA
Ficha Nº223
País
Perú
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Fundación Pacha
Resumen caso
En el 2004 se difunden investigaciones periodísticas acerca de irregularidades en la administración
financiera de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) organismo
presidido por la primera dama, Eliane Karp. La acusación principal consistía en el mal manejo de
los fondos de un préstamo dado a este organismo que ascendía a la suma de US$5.000.000
auspiciado por el Banco Mundial. En julio de 2009, el informe final de la Comisión de
Fiscalización del Congreso de la República, señaló como responsables del uso irregular de los
recursos entregados por el Banco Mundial a la CONAPA, a Karp en su calidad de presidenta.
Además, en una de las conclusiones de este documento se indica que Karp seleccionó al personal
que trabajaría en este organismo y propuso su designación en puestos claves. Asimismo, se
encontró responsabilidad en los secretarios técnicos y ejecutivos de esa entidad: Hilda Zamalloa
César Alvarez Falcón, Humberto Ruiz y José Chillet; quienes fueron sindicados como las
personas que realizaron las irregularidades. En Julio 2009 el Ministerio Público solicitó penas de
entre dos y cinco años de prisión para 10 ex funcionarios de CONAPA, entre las que figuran:
César Álvarez Falcón, Humberto Ruiz Novoa, José Revilla, Eduardo Chávez Delgado, entre
otros. El magistrado pidió que todas estas personas paguen sumas de entre 30 mil (US$10.417) y
400 mil nuevo soles (US$139.000) como reparación civil al Estado y remitió el pedido a la
Primera Sala Anticorrupción, que tendrá a su cargo el juicio oral.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002, 2003
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2002
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2001, 2002, 2003
Actores implicados
1. Otras instituciones públicas-Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos- CONAPA
2. Banco/Entidades Financieras-Banco Mundial
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico La
Ventana Indiscreta
Medios de comunicación escrita-Revista Caretas
Eliane Karp (Presidenta Ad honoren de la Comisión Nacional
Acusado/a
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, público
alto), Hilda Zamalloa (Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos;
público medio), César Álvarez Falcón (Funcionario de la
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos; público medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la política pública- Pueblos indígenas
Mayor información
1. Sobre
una
prueba
que
inculparía
a
César
Almeida,
ver
http://agenciaperu.com/investigacion/2004/mar/registro_pacha.htm#1
2. Noticia sobre los incumplimientos a las citaciones de E. Karp, ver
http://www.rpp.com.pe/2009-11-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-porincumplir-citaciones-noticia_226131.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Eliane Karp y su contrato con el
Banco Wiese
Ficha Nº224
País
Perú
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Fundación PACHA, Caso
Eliane Karp y la CONAPA
Resumen caso
Eliane Karp, primera dama entre los años 2001 y 2006, trabajó para el Banco Wiese Sudameris
desde 1997 hasta el 2000, momento en el que su esposo, Alejandro Toledo, lanzó su
candidatura presidencial. El Wiese estaba involucrado en un escándalo debido a las millonarias
cuentas que Vladimiro Montesinos manejaba en el banco. Para deslindar de las vinculaciones
que mediáticamente se hicieron entre Karp y Montesinos, miembros de Perú Posible (el
partido del gobierno) declararon que Karp trabajó para Eugenio Bertini -gerente general del
banco Wiese- hasta que Montesinos lo llamó durante la campaña del 2000 y le pidió que la
sacara. Sin embargo, luego se constató que la primera dama recibió 431,834.59 soles
(US$149.530) desde enero de 2002 hasta agosto de 2003 como pago por servicios prestados al
Banco Wiese Sudameris. Ante esto, Bertini confirmó que Eliane Karp sí se desempeñaba
como jefa de Proyectos Agrarios de su entidad. Además de su relación con el Banco Wiese,
Karp tenía una organización: Fundación Pacha por el Cambio. Se la denunciaba de haberse
reunido, en calidad de primera dama, con diferentes presidentes para pedirles donaciones para
dicha fundación en la que debería trabajar como persona privada. Fue acusada entonces de hacer
uso de su cargo público para fines privados. Eliane Karp renunció a su trabajo en el banco
Wiese días después de que la denuncia se hiciera pública. Por su parte, el Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Congreso, Mauricio Mulder anunció que su grupo de trabajo,
una vez instalado, evaluaría la veracidad de la denuncia. No obstante, el pedido de investigación
se desestimó en dicha comisión por el voto de la mayoría oficialista.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2002, 2003
2. Negociación incompatible/
Ilegal
2002, 2003
Conflicto de intereses
Actores implicados
1. Bancos/Entidades financieras– Banco Wiese Sudameris
2. Organización No Gubernamental – Fundación Pacha por el Cambio
3. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Diario Correo (Perú)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Eliane Karp (Primera Dama de la Nación, público alto), Bertini
jerarquía)
(Gerente general del banco Wiese Sudameris, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario – Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Ciudadanía
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Otro caso vinculado a este caso de corrupción, es el Vladivideos Wiese – Montesinos, sin
embargo, este caso no fue mencionado por los(as) entrevistados(as) (Ver metodología de la
investigación)
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Empleados fantasma Tula Benites
Ficha Nº 225
País
Perú
Año de aparición en prensa
2007
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En mayo de 2007, la congresista aprista Tula Luz Benites Vásquez fue denunciada en un
diario nacional (Perú21) de contratar a Juan Carlos Cuadros Noriega, un militante del Partido
Aprista Peruano (PAP) que figuró en la planilla oficial del Congreso desde agosto hasta
diciembre del 2006, pero nunca trabajó realmente en su despacho, según fuentes de la
administración del propio Palacio Legislativo. El caso quedó a evaluación del Congreso y, en
julio de 2007, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió postergar su definición
hasta la próxima legislatura. Los parlamentarios de partidos de la oposición y la prensa en
general coincidieron en que había un intento de “blindar” a Tula Benites por pertenecer al
partido de gobierno. El caso pasó al Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, el cual
en octubre del 2009 absolvió a Juan Carlos Cuadros porque –según el fallo- “no está probado
que Cuadros le haya ocasionado perjuicio económico al Congreso ni que haya cobrado su
sueldo sin trabajar”. Mediáticamente se denunció que la exculpación de Cuadros tendría otro
objetivo: la absolución de Benites, pues en el fallo se indica que ella no es responsable de la
contratación. Ante estos hechos, el ex presidente de la Comisión parlamentaria de Ética, Luis
Galarreta, invocó a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso a impedir que retornen a
este poder del Estado las congresistas Tula Benites y Elsa Canchaya (Ver en la ficha sector de
Otras observaciones). La parlamentaria aprista está siendo procesada. El pasado 1º de diciembre
de 2009, la Corte Suprema rechazó el pedido del fiscal supremo José Pelaez de archivar el
proceso contra Tula Benites, con lo cual el proceso continúa abierto.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2006
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2006
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Poder Legislativo
2. Partido político-Partido Aprista Peruano
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Diario Perú21
aplica)
Luis Galarreta (Diputado, público alto)
Acusado/a
(cargo
y Tula Benites (Diputada, público alto), Juan Carlos Cuadros
jerarquía)
Noriega (Militante aprista, público bajo), Elsa Canchaya
(Diputada, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Abierto
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Electores(as)
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Este caso de corrupción se encuentra vinculado con otro caso que no fue mencionado por los(as)
entrevistados(as) (Ver metodología de la investigación). Dicho caso corresponde a “Los
empleados fantasmas, congresista Elsa Canchaya”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº 226
País
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Caso Entrada irregular del Banco Perú
Azteca al Perú
Resumen caso
En octubre del 2008, una denuncia periodística de ÚteroTV reveló a través de un informe que
Hernán Garrido Lecca, ex Ministro de Salud, fue contratado por el Banco Azteca para hacer
lobby ante las autoridades peruanas durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2005, con
el fin de permitir el ingreso de la entidad mexicana en el mercado peruano. Esto no se concretó
por decisión de Juan José Marthans, superintendente de Banca y Seguros, quien recomendó la
no aceptación de los mexicanos debido a que no cumplían con una serie de requisitos y estaban
envueltos en un escándalo de fraude con la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual fue
confirmado por el congresista Carlos Bruce. Cuando el Partido Aprista Peruano se convirtió en
el partido oficial de gobierno, con Garrido Lecca como Ministro de Salud, Marthans fue
despedido y en menos de un mes el Banco Azteca pudo operar en el Perú. Además, se denunció
también que siete meses antes de que el Banco Azteca obtuviera su licencia para operar en Perú,
altos directivos del Grupo Azteca invirtieron en la empresa de Hernán Garrido Lecca,
Almapayo Entertainment. A pesar de que la atención mediática fue considerable, no se iniciaron
procesos de investigación al acusado de los actos de corrupción. El contralor general de la
República, Genaro Matute, declaró que Garrido Lecca no fue representante del Banco
Azteca, sino asesor, lo cual dificultaría una posible investigación al no existir una relación
laboral concreta.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Negociación
incompatible/ Ilegal
2007, 2008
Conflictos de intereses
2. Tráfico de influencias
Ilegal
2007, 2008
Actores implicados
1. Ministerio de Salud
2. Empresa extranjera – Grupo Azteca
3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Portal periodístico ÚteroTV
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Hernán Garrido Lecca (Ministro de Salud, público alto)
jerarquía)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario – Servicios financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
97. El vídeo que sacó a la luz el caso: http://www.utero.tv/2008/10/18/%C2%A1vivamexico-segunda-parte/
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Fábrica de firmas
Ficha Nº227
País
Perú
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 28 de abril de 2004 los congresistas Rafael Rey, Xavier Barrón y Fabiola Morales
denunciaron una presunta suplantación de firmas en los planillones con los que se inscribió el
año 2000 el partido político Perú Posible (PP), en ese entonces País Posible, ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su momento los programas periodísticos
recogieron el testimonio de un “colaborador eficaz” y se hizo un fuerte seguimiento mediático al
caso centrado en Margarita Toledo, hermana del presidente Alejandro Toledo, quien fue acusada
en un programa periodístico de haber participado directamente en la fabricación de firmas. Para
julio del mismo año, Carmen Burga, principal testigo del caso, dio indicios de una fábrica de
firmas de Perú Posible pero luego se fugó del país. En enero de 2005 el Juez anticorrupción Saúl
Peña decretó el arresto domiciliario de la hermana del Presidente de Perú, Margarita Toledo y
ordenó su embargo por US$50.000. En el 2006 se le abrió proceso al ex presidente Alejandro
Toledo por este hecho, pero el caso fue archivado. Ya en noviembre de 2009 el fiscal
anticorrupción Carlos Ramos pidió seis años de prisión para Guillermo Suárez Flores, cuñado de
Margarita Toledo por su intervención en la fuga al extranjero de Carmen Burga Cachay,
principal testigo en el caso de la falsificación de firmas de País Posible. Ramos acusó a Suárez
Flores por los delitos de coacción y asociación ilícita para delinquir. El magistrado solicitó,
además, cuatro años de prisión para Carmen Burga Cachay al acusarla de falsedad genérica y
que pagara la suma de 10 mil soles (US$3.463). Dicha denuncia fue remitida a la Segunda Sala
Anticorrupción para que se encargue de llevar a cabo el juicio oral correspondiente.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1999, 2000
2. Falsificación de Documentos/Uso Ilegal
1999, 2000
malicioso de documentos
3. Obstrucción
de
la Ilegal
2004
justicia/investigación
Actores implicados
1. Partido Político Perú Posible
2. Poder Ejecutivo
3. Poder Legislativo
4. Otras instituciones públicas-Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Rafael Rey, Xavier Barrón y Fabiola Morales (Congresistas
Denunciante
de la República, público alto)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Alejandro Toledo Manrique (Presidente de Partido Perú
Posible, público alto), Margarita Toledo (militante de
Partido Perú Posible, privado medio), Guillermo Suárez
Flores (familiar, privado bajo)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Candidatos(as) competidores
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
1. Noticia
sobre
video
que
inculparía
a
A.
Toledo,
ver
http://agenciaperu.com/reportes/2004/oct/toledo_video.htm
2. Noticia
sobre
años
de
prisión
solicitados
por la
Fiscalía,
ver
http://www.peru.com/noticias/PORTADA20091110/65392/Fiscalia-pide-seis-anos-deprision-para-implicados-en-falsificacion-de-firmas-de-Peru-PosibleOtras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Firmas falsas de Perú 2000
Ficha Nº228
País
Perú
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El ex presidente Alberto Fujimori es involucrado en el caso de la masiva falsificación de firmas
para inscribir al partido Perú 2000 y así poder participar en los comicios generales del año 2000.
El caso está archivado y no se han hallado responsables. En el contexto de la tercera reelección de
Alberto Fujimori, los medios de prensa Caretas y La República denunciaron la celeridad con que
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inscribió la candidatura de Alianza Perú 2000
y, además, el hecho de que las firmas de del Partido Perú 2000 eran falsificadas. Se señaló al
entonces congresista Oscar Medellius como uno de los organizadores de la elaboración de
planillones con firmas falsas para inscribir a su partido. También, se señalaba a Vladimiro
Montesinos como uno de los artífices de las falsificaciones. En abril del 2008, Oscar Medellius
fue extraditado de los Estados Unidos por los delitos de peculado y asociación ilícita para
delinquir; se le abrió un proceso penal junto con otras casi 250 personas relacionadas a las firmas
falsas. En marzo del 2009, nueve años después de haberse descubierto la falsificación de firmas de
la agrupación fujimorista, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el expediente judicial y
retirar los cargos contra el ex parlamentario Óscar Medelius. Igualmente, esta decisión se hace
extensiva al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y a los demás procesados por
dicho caso. La medida es inapelable a nivel del Poder Judicial y fue tomada por la Primera Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema que, a través de su resolución, declara que ni Montesinos,
ni Medelius, ni otras 230 personas deben ser enjuiciadas por los presuntos delitos de falsificación
de documentos y falsedad ideológica. Cabe destacar que Óscar Medelius cumple condena de
ocho años de prisión por otro caso de falsificación de firmas, el de la agrupación Vamos Vecino,
que también formó parte de la Alianza Perú 2000.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1999, 2000
2. Falsificación de documentos/Uso malicioso Ilegal
1999, 2000
de documentos
Actores implicados
1. Partido Político Perú 2000
2. Poder Ejecutivo
3. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia
Denunciante (y cargo si aplica)
Periodistas Ricardo Uceda y Miguel Ramírez del diario
El Comercio
Revista Caretas
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Alberto Fujimori (Presidente de la República –
Presidente del Partido Perú 2000, público alto), Oscar
Medellius (Congresista de la República, público alto),
Vladimiro Montesinos Torres (Asesor Presidencial,
público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de Derechos No
Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Candidatos(as) competidores(as)
2. Electores(as)
Mayor información
1. Noticia sobre el archivo del caso por el Tribunal Supremo, ver
http://peru21.pe/impresa/noticia/archivan-falsificacion-firmas-peru-2000/2009-0616/249194
Otras observaciones o comentarios
Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando
operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Fujimori–Camet-MOBETEK
Ficha Nº229
País
Perú
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
Caso Compra de los aviones MIG 29
Resumen caso
El ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y
Finanzas, fueron acusados constitucionalmente por la Comisión Investigadora de la Deuda Pública
Externa del Congreso de la República por haber firmado la expedición del Decreto Supremo 184–
94, de carácter secreto, que sirvió para entablar un acuerdo con la empresa Mobetek. Esta empresa,
de propiedad del empresario Moshe Rothschild, acordó con el Estado peruano representaciones
por más de US$7.000.000 para la adquisición de repuestos sobrevalorados para helicópteros MI 17
y camiones marca Mercedes Benz en los años 1994 y 1995. Alberto Fujimori, el ex Contralor
General de la República Víctor Caso Lay y Jorge Camet Dickman fueron denunciados
penalmente por el caso, pero en el 2005 fueron absueltos por la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema. Se acusó a Víctor Caso Lay, en ese entonces Contralor de la República, por no haber
ejercido acciones de control sobre estos hechos de conformidad con su responsabilidad como
Contralor. Por ello se le atribuyeron delitos contra la administración pública y administración de
justicia, incumplimiento de deberes de función y omisión de denuncia en agravio del Estado. Las
cuentas secretas del empresario Moshe Rothscild por US$6.5 millones han sido congeladas en
Suiza tanto por este caso, como por el de la venta de Aviones MIG29.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1994
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1994, 1995
3. Fraude:
Malversación
de Ilegal
1994, 1995
caudales públicos/Peculado
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Ministerio de Economía y Finanzas
3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Contraloría General de la República
Denunciante (y cargo si Comisión de Investigadora de la Deuda Pública Externa – Congreso
aplica)
de la República
Acusado/a
(cargo
y Alberto Fujimori. (Presidente de la República, público alto), Jorge
jerarquía)
Camet Dickman (Ministro de Economía y Finanzas, público alto),
Víctor Caso Lay (Contralor General de la República, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Secundario-Industria Automotriz
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia
sobre
las
cuentas
de
Moshe
Rothscild,
ver
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,88326/Ite
mid,/
2. Sobre
la
absolución
de
Alberto
Fujimori
en
el
caso,
ver
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20051019/pasadas/15/86450
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/ 2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Ficha Nº230
Nombre mediático del caso
Caso Fujimori y
Tiempo de Servicio
Compensación
País
por Perú
Año de aparición en prensa
2002
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El caso se da en el contexto de la salida a la luz del primer vladivideo que implicaba a Alberto
Kouri, Congresista de la República, y Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe del
Servicio Nacional de Inteligencia, el 14 de Setiembre del año 2000. Luego de que se diera a
conocer el primer video, Alberto Fujimori, presidente de la República, ayudado por los Ministros
de Economía y de Defensa de ese entonces Carlos Bologña y Carlos Bergamino, retiró unos 52
millones de nuevos soles del Banco de la Nación (US$15 millones aprox.) aduciendo que
necesitaba reforzar la frontera con Colombia para evitar la incursión de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia en nuestro país. Sin embargo, dicho dinero se utilizó para el pago del
dinero de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) de Vladimiro Montesinos cuando a este
sólo le correspondía 15.000 nuevos soles (US$5.195) por un trabajo de 10 años en el Servicio
Nacional de Inteligencia y como asesor. Dichas operaciones ocurrieron el 22 de septiembre del
2000. Alberto Fujimori indicó, posteriormente en el proceso que se abrió por este hecho, que
reconoce la entrega de dinero a Montesinos, es decir, que entregó US$15 millones a Montesinos
por CTS. El ex presidente declaró que él pagó dicho dinero a Montesinos para evitar un golpe de
Estado que desestabilizaría el país. Alberto Fujimori fue sentenciado a 7 años de cárcel por la Sala
Especial de Corte Suprema el 20 de Julio de 2009 y tendrá que pagar 3 millones de soles de
reparación civil (US$1.040) en forma solidaria junto con los ex ministros Carlos Boloña, Federico
Salas y Carlos Bergamino.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2000
2. Fraude: Malversación de caudales públicos/ Ilegal
2000
Peculado
Actores implicados
1. Poder Legislativo
2. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia
3. Poder Ejecutivo
4. Ministerio de Economía
5. Ministerio de Defensa
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicación escrita-Diario La República
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Alberto Fujimori (Presidente de la República, público alto),
Vladimiro Montesino Torres (Jefe del Servicio Nacional de
Inteligencia, público alto), Carlos Boloña (Ministro de
Economía, público alto), Federico Salas (Presidente del Consejo
de Ministros, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Reportaje del caso, ver http://caviardecianuro.wordpress.com/2009/07/14/fujimori-admiteque-es-un-ratero-solo-que-no-acepta-su-culpabilidad/
2. Noticia sobre la sentencia de Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-07-13sentenciarian-a-fujimori-el-viernes-por-pago-de-cts-a-montesinos-noticiaop_194387_7.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/ 2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Fujimori,
narcotraficante Osito
Montesinos
Ficha Nº231
País
y
Perú
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El hermano de Pablo Escobar (capo del cartel de narcotraficantes de Medellín, Colombia), Roberto
Escobar, declaró en la revista colombiana Cambio del 13 de Noviembre de 2000, que el fallecido
capo del narcotráfico entregó US$1.000.000 para financiar la primera campaña presidencial de
Alberto Fujimori, para las elecciones generales de 1990. Roberto Escobar señaló que su hermano
entregó el dinero a Vladimiro Montesinos, quien ofreció a cambio facilidades para que las
avionetas del narcotraficante entraran en Perú para recoger clorhidrato de cocaína. También dijo
que Pablo Escobar tenía vínculos con Montesinos desde 1986 y que en diciembre de 1989
mantuvo una conversación telefónica con Fujimori, quien le confirmó el otorgamiento de las
facilidades ofrecidas si contribuía a su campaña.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1987
2. Tráfico de estupefacientes
Ilegal
1987
Actores implicados
1. Partido político Cambio 90
2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación escrita-Revista colombiana Cambio
aplica)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente del Perú,
público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Entrevista
a
Roberto
Escobar donde
realiza
las
declaraciones,
ver
http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/20759/86/
2. Noticia sobre los vínculos de Montesinos con el narcotráfico, ver
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=308280
Otras observaciones o comentarios
Ese caso de corrupción se encuentra vinculado con otros casos que no fueron mencionados por
los(as) entrevistados(as) y que son conocidos con los nombres de “Montesinos y los López
Paredes” y “Caso Vaticano”.
Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando
operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Fundación PACHA
Ficha Nº232
País
Perú
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
Caso Eliane Karp-Comisión
Nacional de Pueblos Andinos y
Amazónicos (CONAPA)
Resumen caso
Eliane Karp, esposa del presidente Alejandro Toledo, creó, durante la gestión de Toledo, la
Fundación Pacha por el cambio, una organización no gubernamental con el objetivo de la
erradicación de la pobreza en el Perú. Las primeras donaciones vinieron de España y Francia y
sus operaciones se iniciaron el año 2001 con un fondo de US$52.000.La acusación sobre el
funcionamiento de la Fundación Pacha y la situación de Eliane Karp estuvo relacionada al
vínculo de esta institución con César Almeida Tasayco el cual unos meses antes había sido
consejero personal de Toledo y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI). Almeida está
actualmente en prisión y es procesado penalmente por haber recibido dinero del general Oscar
Villanueva, considerado el cajero de la mafia dirigida por Vladimiro Montesinos. La Fundación
Pacha por el Cambio funcionaba en la misma oficina que la empresa Blue Bay Investment, una
empresa registrada en Panamá, cuyo representante en Perú era Almeyda y que según algunos
medios de comunicación era la que pagaba el alquiler de la sede de la fundación de la esposa del
presidente. Además, se descubrió que Karp manejaba una cuenta a nombre de su fundación en
el banco Wiese, la cual tenía como uno de sus responsables al mismo César Almeida. Otra de
las acusaciones que se vinculan a esta institución es la contratación irregular de militantes de
Perú Posible (PP), partido de Alejandro Toledo. Para este caso específico, fue abierto un
proceso penal al cual se ha citado a declarar como testigo a Karp.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2003, 2004
2. Enriquecimiento Ilícito
Ilegal
2003, 2004
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2003, 2004
Actores implicados
1. Organizaciones No Gubernamentales/Agrupaciones civiles - Fundación PACHA
2. Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia
Denunciante (y cargo si Medios de comunicación televisiva-Programa periodístico La
aplica)
Ventana Indiscreta
Acusado/a
(cargo
y Eliane Karp (Directora de la Fundación Pacha, público alto),
jerarquía)
Cesar Almeida (Asesor del Presidente de la República, público
medio)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
1. Noticia
sobre
la
Fundación
de
la
primera
dama,
ver
http://agenciaperu.com/investigacion/2002/ago/pacha.htm
2. Noticia
sobre
el
llamado
a
declarar
de
Eliane
Karp,
ver
http://www.rpp.com.pe/widgets/masvisto/2009-10-13-juez-llama-a-declarar-a-elianekarp-en-caso-fundacion-pacha-noticia-op_215244_7.html
3. Noticia sobre la complicación legal de Eliane Karp, ver http://www.rpp.com.pe/200911-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-incumplir-citacionesnoticia_226131.html
Otras observaciones o comentarios
Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado
quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Hermanos Winter
Ficha Nº233
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
Los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal
2) asumieron en 1998 la administración de este canal de televisión, luego de que el Poder
Judicial decidiese quitarle sus acciones al empresario de origen israelí, Baruch Ivcher Bronstein.
La investigación contra los hermanos Winter se inició a fines de enero del año 2001 por parte de
la Fiscalía de la Nación. Dicha investigación estableció que los hermanos Winter suscribieron
con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos dos contratos para poner el canal 2 al servicio
del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En el primer contrato, Samuel y Mendel
Winter recibieron 10 millones de soles (US$3.462.000) para incrementar el capital accionario de
canal 2 y con ello quitar a Baruch Ivcher Bronstein la mayoría accionaria en esta empresa. Los
Winter suscribieron incluso un documento que reconocía como accionista de este canal a
Montesinos. En un segundo "contrato de locación de servicios" suscrito en noviembre de 1999,
los Winter ponen el canal 2 a disposición de Montesinos y del ex presidente Fujimori para toda
la campaña electoral del año 2000. Por este segundo contrato, los accionistas recibieron US$500
mil dólares mensuales, entre noviembre de 1999 y abril de 2000, es decir, otros tres millones de
dólares, por el apoyo del canal a la re-reelección de Fujimori. Luego del proceso judicial
Montesinos fue sentenciado a 15 años de prisión y al pago de 50 millones de nuevos soles de
reparación civil (US$17.313.000) por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y
corrupción activa de funcionarios al haber empleado los fondos del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) para pagar a diferentes dueños de canales de televisión por su apoyo a la
segunda reelección a la presidencia de Alberto Fujimori. Los hermanos Samuel y Mendel
Winter se acogieron a los beneficios de la colaboración eficaz y fueron sentenciados por
peculado y asociación ilícita para delinquir.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1998, 1999, 2000
2. Asociación ilícita
Ilegal
1998, 1999, 2000
3. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1998, 1999, 2000
4. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
1998, 1999, 2000
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Medios de comunicación televisiva-Canal de televisión Frecuencia Latina
2. Poder Ejecutivo
3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Ministerio Público- Fiscalía de la Nación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Samuel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto),
jerarquía)
Mendel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto),
Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Político
No
Civil
No
Penal
Sí, Cerrado
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Terciario-Medios de Comunicación
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
98. Noticia
sobre
la
condena
a
Montesinos,
ver
http://www.pj.gob.pe/convocatorias/noticias.asp?codigo=1295&opcion=detalle
99. Noticia
donde
aparece
una
referencia
al
caso,
ver
http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml
Otras observaciones o comentarios
Este caso de corrupción se encuentra vinculado con otro caso que los(as) entrevistados(as) no
hay mencionado en las entrevistas. Corresponde al caso conocido como “ Caso Baruch Ivcher”
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº234
País
Año de aparición en prensa
Caso Hermanos Wolfenson
Perú
2004
Casos Vinculados
Caso Vladivideo CrousillatMontesinos, Caso hermanos
Winter, Caso Vladivideo SchultzMontesinos
Resumen caso
En mayo de 2002, se solicitó la detención de Alex y Moisés Wolfenson, propietarios de los
diarios El Chino y El Men. Según el procurador Ronald Gamarra, existían pruebas suficientes
para incriminarlos pues había declaraciones testimoniales y una cinta de video en la que
Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) y Víctor Joy Way (ex
congresista fujimorista) señalaban que financiaban sus periódicos. Además, el procurador
Gamarra dijo que en los expedientes quedaba señalado el pago de tres mil dólares por cada
titular en alguno de sus diarios. Moisés Wolfenson, ex director del diario El Chino y ex
congresista fujimorista, fue condenado por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para
difamar a los opositores al régimen fujimorista. Fue sentenciado junto a su hermano Alex, entre
otros procesados. Alex Wolfenson obtuvo su libertad en marzo del 2006, luego de que el vocal
Robinson Gonzales redujera la pena de cinco años de prisión efectiva a cuatro años de prisión
suspendida.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2000
2. Tráfico de influencias
Ilegal
2000
Actores implicados
1. Medio de comunicación
2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
3. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Manuel Ruiz Agüero (Secretario, público bajo)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Moisés Wolfenson (Director Diario el Chino), Alex Wolfenson
jerarquía)
(Directivo diarios El Chino y El Men), Vladimiro Montesinos
(Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional), Alberto Fujimori
(Presidente del Perú)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Medios de comunicación
Sector Económico
Actores Afectados
1. Compradores(as)/Clientes(as)
2. Trabajadores(as)
Mayor información
1. Noticia sobre los montos de dinero que recibían los Wolfenson, ver
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20040512/pasadas/15/156828
2. Noticia
sobre
la
condena
a
los
hermano
Wolfenson,
ver
http://peru21.pe/noticia/64663/moises-wolfenson-abandono-penal-reos-primarios-lima
3. Noticia
sobre las
reuniones
entre
Wolfenson
y Montesinos,
ver
http://agenciaperu.com/actualidad/2004/mar/wolfenson_sin.htm
4. Noticia sobre la solicitud del Ministerio Público para la detención de Wolfenson, ver
http://agenciaperu.com/actualidad/2004/feb/mp_wolfenson.htm
5. Noticia
sobre
la
aparición
del
video
del
caso,
ver
http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=51287
Otras observaciones o comentarios
El denunciante del caso Manuel Ruiz Agüero, fue secretario de Vladimiro Montesinos. Tenía el
rango de Capitán EP en retiro. Además, fue testigo en otro caso de corrupción que se conoció
con el nombre de Caso Bresani o prensa chicha.
Por otro lado, este caso forma parte de un grupo de casos de corrupción que en la prensa se
denominaron “Compra de Medios de Comunicación”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº235
País
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Caso Madre de Coqui Toledo como Perú
funcionaria del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria (PRONAA)
Resumen caso
En diciembre de 2001 la madre de Jorge “Coqui” Toledo, Beatriz Velásquez Taboada,
aparece en la planilla del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) con un
sueldo de más de 15 mil soles (US$5.190) sin tener ningún conocimiento probado en la
gestión de programas sociales. Para octubre de 2001 Jorge “Coqui” Toledo, sobrino del
presidente Alejandro Toledo Manrique, ya recibía duras críticas por recibir US$5.000
mensuales por asesorar al gobierno. El jefe del PRONAA Mauricio Diez Canseco justificó en
ese entonces la presencia de Velásquez Taboada en el puesto del PRONAA por ser técnica en
enfermería. La Contraloría General de la República investigó el caso en julio de 2004 luego de
que se presentara la denuncia por el diario La República. La funcionaría Beatriz Velásquez
Taboada fue destituida luego del escándalo mediático. Asimismo el jefe del programa fue
retirado después de realizarse un proceso administrativo.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la
conducta
1. Trafico de influencias
Ilegal
2001
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Otras instituciones públicas-Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA)
Denunciante (y cargo si aplica)
Medios de comunicación escrita-Diario La República y
Revista Caretas
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Alejandro Toledo Manrique (Presidente de la República,
público alto)
Jorge Toledo (Asesor presidencial, público alto)
Beatriz Velásquez Tabeada (funcionaria PRONAA,
público medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
Sí, Cerrado
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No aplica
Actores Afectados
Sector Económico
1. Ciudadanía
2. Beneficiarios(as) de la política pública
Mayor información
1. Noticia
sobre
el
camino
de
salida
en
el
caso,
ver
http://www.caretas.com.pe/2002/1703/secciones/marfon.phtml
2. Informe
de
Contraloría
peruana
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/0e56d7004f198f6c8d5e9df2301b1d7
6/CUADRO-ACCIONES-ENTORNO-PRESIDENCIAL.pdf?MOD=AJPERES
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Manejo
externa
irregular
de
Ficha Nº236
País
deuda Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 14 de Agosto de 2001 se conformó en el Congreso de la República la Comisión
Investigadora (Comisión Valencia Dongo) encargada de indagar la concertación y
renegociación de la Deuda Externa, contraída por el gobierno peruano, durante el periodo 19902000, con organismos internacionales, banca internacional, gobiernos extranjeros y otros. El
pleno del Congreso acordó conformar esta comisión con el mandato de identificar
irregularidades en el proceso de renegociación de la deuda pública externa así como los
procesos de concertación de deuda nueva y el uso de los recursos obtenido. Solamente a partir
de lo investigado por la Comisión Valencia Dongo, se llega a la conclusión de que
aproximadamente US$6.881.275.492 fueron negociados en perjuicio del Estado peruano.
Debido a la gran cantidad de procesos vinculados al manejo de la deuda externa, la Comisión
hizo una selección cuantitativa y cualitativa de casos de endeudamiento público externo durante
esta etapa. En las conclusiones de la Comisión consta que quedaron demostrados casos
evidentes de corrupción, de contratos que hoy son inamovibles en el contexto financiero. En
general, se constató falta de transparencia del gobierno, participación de agentes privados que se
beneficiaron con el tratamiento que se hizo a la deuda externa, desarticulación de la legislación
existente en esos momentos, creándose normas para beneficios particulares y deficiente gestión
de la deuda externa. La mencionada Comisión no tenía las facultades para investigar la
multiplicidad de casos de manejo de la deuda en la década de los noventa y por lo que
recomendó a la Contraloría General de la República realizar las respectivas auditorias.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
3. Fraude: Estafa al Fisco
Ilegal
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
4. Fraude:
Malversación
de Ilegal
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
caudales públicos/Peculado
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
5. Negociación
incompatible/ Ilegal
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
Conflicto de intereses.
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Empresa privada
3. Empresa extranjera
Denunciante (y cargo si Comisión Investigadora Valencia Dongo-Congreso de la
aplica)
República
Acusado/a
(cargo
y Alberto Fujimori (Presidente de la República, público alto),
jerarquía)
Jorge Camet (Ministro de Economía, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Servicios Financieros
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Petrogate
Ficha Nº237
País
Perú
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
“Petrogate” es la denominación que dio la prensa al caso de corrupción de lotes petroleros -que
se dio a conocer a partir de audios de conversaciones telefónicas y tuvo como consecuencia la
renuncia del gabinete ministerial. El primer audio fue difundido a través de un programa
periodístico por el ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Luego siguieron apareciendo
grabaciones telefónicas que pusieron al descubierto el presunto pago de comisiones y regalías
por la adjudicación de cuatro lotes para la exploración de hidrocarburos ubicados entre Pisco y
Nazca y otro en Madre de Dios. Estas grabaciones implicaban al vicepresidente de la empresa
estatal Perupetro, Alberto Quimper, y a un ex Ministro del primer Gobierno de Alan García,
Rómulo León. En un audio, este último mencionó haber recibido US$100.000 de la empresa
noruega Discover Petroleum International para sobornar a funcionarios públicos y favorecerles
en un proceso de concesión. Luego de aparecer implicados el premier Jorge del Castillo y el
Ministro Juan Valdivia, los integrantes del Gabinete Ministerial pusieron sus cargos a
disposición del presidente Alan García. La labor del juez anticorrupción que se encarga de las
investigaciones de este caso, Jorge Barreto ha sido cuestionada por haberse demorado ocho
meses en iniciar la revisión del CPU incautado a Rómulo León y haber puesto trabas a la
Fiscalía y la Procuraduría en el análisis de los correos electrónicos copiados del equipo de
cómputo del mismo acusado. Actualmente, el proceso a cargo de Jorge Barreto está siendo
fiscalizado por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura. Se prevé que la investigación
del juzgado anticorrupción dé a conocer sus resultados a inicios de 2010.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación Ilícita
Ilegal
2008
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2008
3. Licitación pública fraudulenta
Ilegal
2008
4. Obstrucción de la Justicia/investigación
Ilegal
2008, 2009
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Empresa extranjera - Discover Petroleum Internacional de Noruega
3. Empresa pública – Petroperú
Denunciante (y cargo si Fernando Rospigliosi (ex Ministro del Interior, público alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Rómulo León Alegría (militante del Partido Aprista Peruano,
jerarquía)
público bajo), Alberto Quimper (miembro del directorio de
Perupetro, público alto), Ernesto Arias Schreiber (representante
legal de la empresa Discover Petroleum, privado medio), Juan
Valdivia Romero (Ministro de Energía y Minas, público alto),
Fortunato Canaán (agente de la empresa noruega Discover
Petroleum, privado medio), Jorge del Castillo (Primer Ministro,
público alto), Garrido Lecca: (Ministro de Salud, público alto),
Daniel Saba (Presidente de PetroPerú, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario – Industria petrolera
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
3. Compradores(as)/Clientes(as)
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
El 15 de diciembre de 2009 la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la
República archivó la denuncia contra los ex Ministros por supuestamente favorecer a la empresa
petrolera.
En el caso del Primer Ministro acusado, en la base de datos se le considera como Presidente(a)
de la Nación/Vicepresidente(a)
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº239
País
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Caso Petroperú y remodelación de Palacio de Perú
Gobierno
Resumen caso
Petroperú, una empresa estatal dedicada al negocio de la explotación de hidrocarburos, fue
acusada de desviar fondos para remodelar Palacio de Gobierno. Para ello, Petroperú utilizó dos
servicios: Talentum y Monumental. Según la Comisión de Fiscalización del Congreso, a través
de ambos, Petroperú autorizó gastos por más de cinco millones de soles (US$1.731.906)
incurriendo con ello en el delito de malversación de fondos porque la ley de hidrocarburos que
regula a Petroperú establecía que sus fondos solo se pueden destinar para los objetivos propios
de la empresa. Este caso fue denunciado por la prensa e inmediatamente la Contraloría General
de la República empezó a hurgar en las cuentas de Petroperú. La Contraloría General de la
República descubrió en abril de 2003 que para la remodelación, Petroperú contrató a nueve
personas, que recibieron en total más de 485 mil soles (US$167.995). Estas personas fueron
contratadas a través de los mencionados services Santa Carolina y Monumental. Los sueldos de
los que fueron contratados a través de Monumental oscilaban entre diecisiete mil y cincuenta y
un mil soles (US$5.888 y US$17.665). En total, entre septiembre y noviembre de 2001,
Petroperú, a través de Monumental, pagó más de ciento cincuenta mil soles a solo cuatro
personas (US$51.960). En abril de 2004 la Cuarta Sala Penal para Reos Libres decidió someter
al presidente Alejandro Toledo a un interrogatorio por el presunto desvío de fondos de Petroperú
para la remodelación de Palacio de Gobierno que ocurrió en el 2001. Asimismo, la Contraloría
General de la República decidió acusar legalmente a los miembros del directorio de Petroperú.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Abuso de funciones/de autoridad
Ilegal
2001, 2002
2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal
2001, 2002
públicos/Peculado
Actores implicados
1. Empresa pública - Petroperú
2. Empresas privadas-Talentum y Monumental y Santa Carolina
3. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si aplica)
Medios
de
comunicación
televisiva-Programa
periodístico La Ventana Indiscreta
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Alejandro Toledo (Presidente de la República del Perú,
público alto), Miembros del Directorio de Petroperú.
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Sí, Cerrado
No
Secundario-Industria Petrolera
Actores Afectados
1. Ciudadanía
Mayor información
1. Noticia
sobre
decisión
de
interrogar
a
Toledo,
http://agenciaperu.com/actualidad/2004/set/toledo_interrogatorio.htm
Otras observaciones o comentarios
ver
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº240
País
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Caso Robo de donaciones del terremoto Perú
del 15 de agosto de 2007
Resumen caso
Representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ica –entre ellos el fiscal Ángel
Mendoza Suppo– allanaron en marzo del 200 la vivienda del alcalde del distrito de San
Francisco de Sangayaico (provincia de Huaytará, en Huancavelica), Percy Cabrera Champe,
donde encontraron gran cantidad de donaciones que estaban destinadas a los damnificados del
terremoto del 15 de agosto de 2007. Se decomisaron alimentos, ropa, frazadas, zapatos, camas
plegables, carpas y herramientas. El fiscal confirmó que estos productos provenían de
organismos del Estado y de entidades privadas. Tras estos hechos, el Juzgado Mixto de
Huaytará confirmó que este cuestionado alcalde mantiene un proceso pendiente en esta sede
judicial por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento y apropiación ilícita, en los que
habría incurrido en sus casi dos años como alcalde distrital. La prensa acusa a Walter Llenera,
asesor legal del Concejo de San Francisco de Sangayaico, de intentar proteger a Cabrera de ser
debidamente investigado. Se sabe que, a fines del 2008, Percy Cabrera interpuso un Recurso
Extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva contra la resolución
que resolvió dejar sin efecto su credencial como Alcalde del Concejo Distrital de San Francisco
de Sangayaigo. Dicho Recurso Extraordinario fue declarado infundado. No se tiene mayor
información sobre su actual situación.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Apropiación Indebida
Ilegal
2007, 2008
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad distrital de San Francisco de Sangayaico
Denunciante (y cargo si Habitantes de la zona de Sangayaico
aplica)
Ángel Mendoza Suppo (fiscal, público medio)
Acusado/a
(cargo
y Percy Cabrera (alcalde de San Francisco de Sangayaico, público
jerarquía)
medio), Walter Llenera (asesor legal del Concejo de San
Francisco de Sangayaico, público bajo)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
1.
2.
3.
4.
Sí, Cerrado
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
Representados(as) por la autoridad
Electores(as)
Beneficiarios(as) de la política pública-donaciones por el terremoto
Habitantes de la zona
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº241
País
Año de aparición en prensa
2004
Casos Vinculados
No
Caso Telecomunicaciones Hemisféricas Perú
y Pedro Toledo
Resumen caso
Pedro Toledo, hermano menor del presidente Alejandro Toledo, fue acusado de haber sido
favorecido con una concesión que le permitiría vender el servicio de telefonía fija en Lima y
Callao durante 20 años. El 12 de junio de 2004, el Ministro de Transportes y Comunicaciones,
José Ortiz, firmó y publicó en el diario El Peruano una resolución que otorgaba una concesión
de telefonía fija para Lima y Callao a una empresa de propiedad de Pedro Toledo, el hermano
menor del presidente Alejandro Toledo Manrique. La autorización a la empresa de Toledo para
vender líneas de teléfono en casas y empresas era por veinte años. En julio de 2004 el Ministerio
de Comunicaciones y Transportes (MTC) suspendió la concesión a la empresa de Pedro Toledo
y se le abrió un proceso penal que sigue en curso. El tratamiento mediático del caso cesó cuando
Toledo dejó la presidencia. La empresa estaba a nombre de personas que solo la administrarían,
ya que se demostró su insolvencia económica y técnica por lo que el propietario y administrador
real sería Pedro Toledo. Esta empresa logró la aprobación y la resolución del MTC en tan solo
cuatro meses. El MTC otorgó la concesión cuando la compañía no tenía ni un trimestre de
fundada y su capital era de sólo 5 mil soles (US$1.730).
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2004
2. Licitación publica fraudulenta
Ilegal
2004
3. Tráfico de influencias
Ilegal
2004
Actores implicados
1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
2. Empresa privada
Medios de comunicación televisiva-Programa La Ventana
Denunciante
Indiscreta
Acusado/a
(cargo
y Pedro Toledo (Empresario, privado alto), José Ortiz (Ministro
jerarquía)
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
1.
2.
3.
1.
2.
3.
de Comunicaciones y Transportes, público alto)
Situación del caso
No
No
No
Sí, Abierto
No
Terciario-Servicio Básicos
Actores Afectados
Compradores(as)/Clientes(as)
Ciudadanía
Empresas competidoras
Mayor información
Noticia
sobre
el
caso,
ver
http://agenciaperu.com/investigacion/2004/jul/pedro_fono.htm
Noticia sobre el caso, ver http://agenciaperu.com/bocafloja/2004/jul/pedro_fono.htm
Noticia
sobre
la
apertura
del
proceso
legal,
ver
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/424686.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº242
País
Año de aparición en prensa
2006
Casos Vinculados
No
Caso Tráfico de influencias en la Perú
Municipalidad de Miraflores
Resumen caso
En agosto del 2006 se difunde en un programa periodístico una grabación en la que aparece
Gustavo Andrade, hermano del alcalde de Miraflores, Fernando Andrade, recibiendo una
coima para entregar una licencia de funcionamiento en dicho distrito. El monto cobrado
ascendía a US$800, a cambio de entregar los permisos en 2 semanas. El denunciante que facilitó
la grabación fue el empresario Angelo Sanguinetti, a quien le fue sugerido hablar con Gustavo
Andrade ante la negativa de la Municipalidad de Miraflores de entregarle la licencia de
funcionamiento de su local. Gustavo Andrade no labora en el municipio miraflorino, no es
funcionario público, pero eso no fue impedimento para que realice estos negocios. Además, se
demostró que hacía llamadas desde la sede del municipio. Otro empresario, Félix Barrios, dijo
que fue sorprendido por Gustavo Andrade, quien se hizo pasar como asesor, y le entregó 3.150
soles (US$1.091), aunque luego se le devolvió el dinero. La Decimotercera Fiscalía denunció
penalmente a Gustavo Andrade Carmona por el presunto delito de tráfico de influencias.
Junto a él fue denunciado Milko Clive Cordero Barriga, en calidad de cómplice, ya que en la
denuncia se señala que “ambos pertenecen a una organización conformada por dos personas
para cometer ilícitos”. Angelo Sanguinetti, por su parte, fue denunciado por el municipio de
Miraflores por presuntos delitos de falsedad genérica, tráfico de influencias y cohecho activo
genérico. Sin embargo, el fiscal Marco Villalta, de la Decimotercera Fiscalía, archivó la
denuncia al considerar que no tiene responsabilidad en los hechos. A la fecha, no hay mayor
información sobre si se abrió efectivamente un proceso penal o no. El caso, luego de agosto del
2006, no figuró más en la prensa peruana.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
3. Asociación Ilícita
Ilegal
2006
4. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2006
5. Falsificación de documentos/ Uso Ilegal
2006
malicioso de documentos
6. Tráfico de influencias
Ilegal
2006
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad del Distrito de Miraflores
Denunciante (y cargo si Angelo Sanguinetti (Propietario de empresas, privado alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Gustavo Andrade (Hermano del alcalde, familiar)
jerarquía)
Fernando Andrade (Alcalde de la Municipalidad de Miraflores,
público medio)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No se accede al dato
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Electores(as)
3. Representados(as) por la autoridad.
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº243
País
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
No
Caso Venta de armamentos a las
Perú
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC)
Resumen caso
Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor presidencial
montó una operación encubierta desde el SIN, con la finalidad de vender armamento a las
guerrillas colombianas. Para ello contactó a los hermanos José y Luis Aybar Cancho,
familiares del coronel de la policía Manuel Aybar Marca. Los hermanos Aybar se hicieron
pasar por altos oficiales del ejército y viajaron a Jordania para comprar 50.000 fusiles
Kalashnikov. El vendedor de armas e intermediario de la operación para Jordania, Sarkis
Soghanalian, tuvo una reunión con los hermanos en Lima en enero de 2009. De acuerdo con las
declaraciones de Soghanalian, cuando llegó a la capital peruana estaba prevista una reunión con
Alberto Fujimori, presidente del Perú. De ahí, se presume la participación de Alberto Fujimori
quien no solo habría estado enterado de la transacción sino que habría participado directamente
en ella. Las investigaciones determinaron que las armas fueron embaladas en cajas con
paracaídas, acondicionadas en aviones y lanzadas sobre el departamento de Vichada un área
bajo control de las FARC. El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS),
la policía secreta, hizo un seguimiento del origen de las armas y determinó que los militares
jordanos vendieron esas armas al ejército del Perú por lo que el DAS pidió información a Lima.
En agosto del 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori y su asesor Montesinos anunciaron
la desarticulación de una banda, dirigida por los hermanos peruanos José Luis y Luis Frank
Aybar, que había vendido a las FARC fusiles AKM comprados ilegalmente a Jordania. Pero la
versión fue desmentida por las aclaraciones de los gobiernos colombiano y jordano. Entre los
acusados se encuentra también el franco-norteamericano Charles Acelor, extraditado desde
Alemania y recluido en el penal limeño San Jorge. Acelor es considerado uno de los
intermediarios de la venta a las FARC. Por su parte en el 2006 Vladimiro Montesinos fue
condenado a 20 años de prisión, después de que se comprobó su complicidad con los
mencionados hermanos. Además de Montesinos, fueron condenados Luis Frank Áybar y José
Luis Áybar Cancho, el francés Charles Acelor y el paracaidista y militar en retiro Santos
Cenepo que recibieron cada uno una condena de 15 años de cárcel. Todos ellos, incluidos el ex
asesor presidencial, fueron obligados a pagar una reparación civil solidaria de 5 millones de
soles (US$1.731.906). En una primera instancia Alberto Fujimori no apareció judicialmente
implicado pero en mayo del 2008 se le denuncia por los delitos de violación y conspiración a la
soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir y en
enero de 2009 el Poder Judicial determinó abrir un proceso penal.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1998, 1999
2. Exportación ilegal de material Ilegal
1999
bélico o tráfico de armas
Actores implicados
128.
Poder Ejecutivo
129.
Fuerzas Armadas
130.
Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
aplica)
Ministerio de Relaciones Exteriores jordano.
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC)
Acusado/a
(cargo
y Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
jerarquía)
Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la
Nación, público alto), Charles Acelor (empresario, privado
alto), Santos Cenepo (militar en retiro, público bajo), Luis Frank
Áybar y José Luis Áybar Cancho (familiares intermediarios)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Abierto
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Secundario-Industria Bélica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona
2. Ciudadanía
Mayor información
3. Reportaje
sobre
quien
es
Charles
Acelor,
ver
http://www.caretas.com.pe/2003/1761/articulos/acelor.phtml
4. Noticia sobre condena a Montesinos, ver http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=38842
5. Noticia sobre procesamiento de Alberto Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-0129-alberto-fujimori-sera-procesado-por-trafico-de-armas-a-las-farcnoticia_160730.html
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso
Vicepresidente
Cajamarca
regional
Ficha Nº244
País
de
Perú
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El vicepresidente regional de Cajamarca, Aníbal Balcázar Torrejón, fue detenido en su
despacho en el preciso momento en que recibía 1000 soles (US$346.381) de manos del alcalde
distrital de Nueva Esperanza, Mariano Díaz, quien coordinó con el personal de la División
Nacional de Criminalística y el fiscal de Prevención del Delito, Guillermo Vargas Cerna, para
atrapar in fraganti a Balcázar. Mariano Díaz indicó que previamente Balcázar le había exigido
el pago de 6000 soles (US$2.080) para acelerar los trámites burocráticos relacionados a la
puesta en marcha de tres proyectos de agua, desagüe y veredas que requería su distrito. En su
defensa, Aníbal Balcázar aseguró que el dinero recibido era por el pago de un préstamo hecho
previamente a Díaz. Luego de los sucesos, Balcázar fue expulsado del partido Fuerza Social. El
Ministerio Público, a través de la Cuarta Fiscalía Penal, formalizó la denuncia penal contra
Aníbal Balcázar, al cual se le abrió un proceso judicial por el delito de concusión en la Corte
Superior de Justicia de Cajamarca. La Fiscalía solicitó ante los magistrados una pena privativa
de la libertad no menor de 8 años y el pago de una reparación civil de 50 mil nuevos soles
(US$17.320). A la fecha, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca no se ha pronunciado sobre
el caso.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2008
Actores implicados
1. Gobierno Regional de Cajamarca
2. Gobierno Local-Municipalidad distrital de Nueva Esperanza
Denunciante (y cargo si Mariano Díaz (Alcalde distrital de Nueva Esperanza, público
aplica)
medio)
Acusado/a (cargo y jerarquía) Aníbal Balcázar (Vicepresidente regional de Cajamarca,
público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Sí, Cerrado
Político
Sí, Abierto
Civil
Sí, Abierto
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No aplica
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona
2. Usuarios(as) del servici o
3. Representados(as) por l a autoridad
Mayor información
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Ficha Nº245
País
Año de aparición en prensa
2008
Casos Vinculados
No
Perú
Caso Vínculos de la Policía Nacional con
el narcotráfico
Resumen caso
En febrero de 2008, el diario La República denunció que 60 policías (oficiales y suboficiales)
fueron destituidos de sus cargos por vínculos con los cárteles mexicanos de la droga. Aunque la
posición oficial de la policía fue que esas destituciones eran de rutina y consisten en rotar
cargos, 5 policías terminaron procesados penalmente por estos hechos. La denuncia partió de la
detención del jefe de la comisaría de la provincia ayacuchana de San Miguel el capitán de la
Policía Nacional del Perú Omar Guzmán Ayma, quien pretendía revender 25 kilos de cocaína
que había decomisado a un grupo de traficantes. Asimismo, se relacionó la detención del capitán
Guzmán con el retiro de la zona del Valle del Río Apurimac y Ene (VRAE) a un total de 120
efectivos: 60 por narcotráfico, 33 por colocación indebida y a otros 27 por corrupción de
funcionarios (cobro de cupos a narcotraficantes). La Inspectoría General de la Policía Nacional
determinó que el caso del capitán Guzmán no era aislado y que el capitán Omar Guzmán
operaba en conjunto con los suboficiales Luis Gonzales Vilca y Rowe Mueras Rivera. Ellos se
dedicaban a intervenir a organizaciones del narcotráfico, se apropiaban de la droga y la vendían
a otros grupos de delincuentes. Todos están presos en la cárcel de Yanamilla, Ayacucho. La
modalidad era imitada por otros efectivos. La denuncia del diario La Republica señala que este
tipo de actuación comenzó a registrarse desde 2004, según fuentes de la Inspectoría. Las
declaraciones del general Octavio Salazar, director de la Policía, dieron a entender que, al
menos, parte de los policías transferidos afrontaban investigaciones por supuestos delitos.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
3. Tráfico de estupefacientes
Ilegal
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Policías
2. Carteles de narcotráfico
Denunciante (y cargo si aplica)
Medios de comunicación escrita-Diario La República
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Omar Guzmán Ayma (Capitán de la Policía, público
medio), Luis Gonzales Vilca (Sub oficial, público bajo),
Tratamiento del caso
Administrativo
Político
Civil
Penal
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
1.
2.
1.
2.
Rowe Mueras Rivera (Sub oficial, público bajo), Otros
miembros de la Policía implicados
Situación del caso
Sí, Cerrado
No
No
Sí, Abierto
No
No aplica
Actores Afectados
Habitantes de la zona de Aya cucho
Ciudadanía
Mayor información
Noticia sobre el caso, ver http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-0210/inspectoria-sigue-investigando-vrae-vinculos-policias-narcotrafico.html
Noticia
sobre
el
caso,
ver
http://www.larepublica.pe/ar chive/all/larepublica/20080208/pasadas/15/24698
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vladivideo Crousillat-Montesinos
Ficha Nº246
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Vladivideo Gisela Varcárcel
Resumen caso
En marzo de 2001, se difundió un nuevo vladivideo en el que se dio a conocer que José Enrique
Crousillat, presidente de directorio de América Televisión, habría firmado un "contrato" con el
ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para someter la línea periodística del canal en
favor del gobierno fujimorista. El pago por este servicio ilegal era de US$619.000 mensuales.
Luego de que el video fuera dado a conocer, Crousillat y su hijo José Francisco, que se
desempeñaba como directivo del canal, se fugaron del país. Ambos fueron denunciados por el
fiscal anticorrupción Farah Cubillas por delito contra la administración pública y tráfico de
influencias y se ordenó su detención. En diciembre del mismo año, padre e hijo fueron
localizados en la ciudad argentina de Tucumán. Si bien se solicitó su extradición en abril de
2002, pasaron dos años sin resultados y en el 2004 los empresarios se fugaron de Argentina.
Luego fueron detenidos en enero del 2005 en la frontera con Chile y devueltos a Argentina. Ya
en 2006, se concretó su extradición. Ese mismo año, la Segunda Sala Penal Anticorrupción los
condenó a ocho años de prisión y al pago de una reparación civil de 80 millones de soles
(US$27.681660). La defensa de Crousillat padre solicitó el indulto por razones humanitarias
debido a su avanzada edad y a un mal cardíaco que padece. Este indulto fue otorgado por el
gobierno del presidente Alan García, pero la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, señaló que este
indulto no lo eximiría del pago de la reparación civil. Mientras tanto, su hijo sigue recluido en el
penal de San Jorge.
Conducta/s Reprochable/s
1. Asociación ilícita
2. Tráfico de influencias
Estatus
Año de la conducta
Ilegal
1999, 2000
Ilegal
1999, 2000
Actores implicados
1. Medios de comunicación televisiva- Canal América Televisión
2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional)
3. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si Farah Cubillas (Fiscal Anticorrupción)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y José Enrique Crousillat (Presidente directorio de canal de
jerarquía)
televisión, privado alto), José Francisco Crousillat (directivo de
cana de televisión, privado alto), Vladimiro Montesinos (público
alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Terciario-Medios de comunicación
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Trabajadores(as)
3. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. Noticia sobre el caso, ver http://espanol.news.yahoo.com/s/12122009/96/n-latamindultado-crousillat-vendio-linea-editorial.html
2. Cronología
de
los
hechos
entre
2001
y
2006,
ver
http://elcomercio.pe/impresa/notas/cronologia-caso-crousillat/20091212/380445
3. Noticia sobre el caso, ver http://elcomercio.pe/noticia/380258/crousillat-vendio-lineaeditorial-canal-619-mil-dolares-al-mes
Otras observaciones o comentarios
Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado
quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.
Este caso de corrupción también se encuentra vinculado a distintos casos de corrupción a los
que la prensa peruana se refiere como “Compra de medios”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vladivideo
pesquera Hayduk
Dionisio
Romero
Ficha Nº247
País
y
Perú
Año de aparición en prensa
1999
Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 15 de marzo de 1993, se detectó más de 300 kilos de pasta básica de cocaína en un embarque
de 100 toneladas de harina de pescado de la compañía pesquera Hayduk que iba hacia
Colombia. Luego de seis años de investigaciones, el 19 de marzo de 1999, el juez del Cuarto
Juzgado Antidrogas, Víctor Barreda Flores dispuso la detención de varios miembros de las
familias Martínez y Baraka, quienes eran propietarios de la empresa, y otros empleados del
consorcio Hayduk, por receptación y lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas.
El proceso judicial generó la intervención de las empresas de los Martínez y Baraka. Frente a
esta situación, el banquero Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito y principal acreedor
del Grupo Hayduk, se reunió con Vladimiro Montesinos para solicitar su mediación, pues la
pesquera le debía a su banco US$80 millones y, al estar cerrada la empresa, no podría
concretarse el pago de esta deuda. La empresa reinició sus actividades y los principales
inculpados fueron liberados, además de utilizarse otras medidas judiciales que limpiaran la
imagen de la empresa. El empleado de la agencia de aduanas que había denunciado la presencia
de la droga en 1993, Fernando Díaz, fue entonces acusado y encarcelado. Romero se reunió con
Montesinos, a pedido del propio ex asesor, para sugerirle nombres de posibles interventores que
pudieran dirigir la empresa mientras sus principales directivos se encontraran en proceso
judicial. Aquel encuentro fue capturado en un Vladivideo con fecha 22 de junio de 1999.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1993
2. Lavado de dinero
Ilegal
1993
3. Obstrucción de la justicia/investigación Ilegal
1993
4. Tráfico de estupefacientes
Ilegal
1993
5. Tráfico de influencias
Ilegal
1993
Actores implicados
1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
2. Bancos/Entidades financieras-Banco de Crédito del Perú
3. Empresa privada-Pesquera Hayduk
4. Aduanas-Agencia de Aduanas Perú Mundo
Denunciante (y cargo si aplica)
Fernando Ruiz Díaz (trabajador de la Agencia de Aduanas
Perú Mundo, privado bajo)
Acusado/a (cargo y jerarquía)
Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, público alto), Dionisio Romero (Presidente del
Banco de Crédito del Perú, privado alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
No
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Secundario – Industria pesquera
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Empresas competidoras
Mayor información
1. Noticia
sobre
el
caso
http://www.5topoder.com/Php/DetalleArticulo.php?NumRevista=53&NumSeccion=10
&NumArticulo=1
2. Entrevista a Fernando Ruiz Días, quien encontró el cargamento de drogas en 1993, ver
http://www.caretas.com.pe/2000/1610/articulos/hayduk.phtml
3. Bitácora del caso, ver http://www.idl.org.pe/idlmail/boletines/137.doc
Otras observaciones o comentarios
No se abrió proceso judicial contra Dionisio Romero. Más adelante, se liberó a Fernando Ruiz y
a otro trabajador de la agencia de aduanas que habían sido acusados luego de la liberación de los
implicados de las familias Martínez y Baraka. No obstante, lo que se señala como tratamientos
del caso penal y del sector económico, se enfocan más en la empresa Hayduk que en la
implicancia del ex presidente del Banco de Crédito del Perú.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vladivideo Gisela Valcárcel
Ficha Nº248
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
Caso Vladivideo CrousillatMontesinos
Resumen caso
En Marzo de 2001 la Fiscalía de la Nación remitió al Congreso de la República 8 nuevos videos
filmados por el asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro
Montesinos para su revisión. En uno de ellos se difunde la conversación por la que Vladimiro
Montesinos ofrece a Gisela Valcárcel, animadora de televisión para el canal de América
Televisión, su ayuda en el proceso judicial contra Carlos Vidal, ex pareja de la animadora y
autor de un libro revelando su vida privada. En el video aparecen el ex vicepresidente del
directorio de América Televisión, José Francisco Crousillat y la animadora reunidos con
Vladimiro Montesinos. El video fue filmado el 26 de febrero de 1999. En las imágenes se
aprecia cómo Montesinos le comunica a Valcárcel las medidas que debe tomar para impedir la
difusión del libro, en donde se revelan aspectos íntimos de la vida de la animadora. El ex asesor
le promete a Valcárcel que se van a requisar los libros y le manifiesta además que ya ha tomado
las acciones legales al respecto. El video dejó a entrever para muchos la ayuda judicial que
Montesinos le daría a Valcárcel mediante el soborno a jueces y sus influencias en el Poder
Judicial. El Poder Judicial abrió las investigaciones del caso, pero no se llegó a abrir ningún
proceso penal.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Obstrucción de la justicia/investigación
Ilegal
1999
2. Tráfico de influencias
Ilegal
1999
Actores implicados
1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
2. Medios de comunicación televisiva-América Televisión
3. Poder Judicial
Denunciante (y cargo si Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Gisela Valcárcel (animadora de televisión, privado medio),
jerarquía)
Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional y asesor presidencial, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
No
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Sector económico
Terciario-Medios de comunicación.
Actores Afectados
1. Autor del libro-Carlos Vidal
2. Compradores(as)/Clientes(as) del libro
Mayor información
1. Noticia
sobre
la
difusión
del
vladivideo,
ver
http://www.peru.com/noticias/autonoticias/detallenoticia3746.asp
Otras observaciones o comentarios
Después de la caída de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado
quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vladivideo Guido Pennano
Ficha Nº249
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En enero de 2001, el juez Saúl Peña Farfán entregó a la Comisión Investigadora del Congreso
de las cuentas de Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor
presidencial) centenares de videos que grabó el mismo Montesinos para chantajear a quienes se
hubieran asociado con él durante el régimen fujimorista. En este momento, debido al testimonio
de la empresaria Matilde Pinchi, quien mencionó un sinnúmero de figuras asociadas al
fujimontesinismo, se habló de la existencia de un video en el que aparecería Guido Pennano
(Congresista electo por el Frente Independiente Moralizador – FIM). Antes de que se
confirmara esto, el Congresista admitió haberse reunido hasta en tres oportunidades con el ex
asesor. Su tardío y a la vez oportuno testimonio, se basó en la afirmación de que en mayo y
junio de 2000, Montesinos le habría ofrecido dinero por dejar su partido, el FIM (primero US$
10 mil adicionales a su sueldo y otros US$ 30 mil para ocuparse de los procesos pendientes ante
el Poder Judicial, y luego US$ 350 mil). En sus declaraciones también señaló que Montesinos le
ofreció ser ministro de Economía, además del dinero, a cambio de incorporarse a la alianza Perú
2000, pero él rechazó la propuesta. Luego de declarar ante la Comisión del Congreso, Pennano
anunció su decisión de renunciar al FIM “para no perjudicar la candidatura presidencial de
Fernando Olivera”, líder de la organización política. Olivera respaldó la versión de Pennano,
pero solicitó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y que se siguieran las
investigaciones del caso. El 4 de julio de 2005 la Segunda Fiscalía Suprema emitió Acusación
Sustancial contra Pennano, solicitando pena privativa de libertad, multa e inhabilitación en el
Congreso por 3 años y el pago de una reparación civil, pero en 2007 fue absuelto por falta de
pruebas.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2000
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2000
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2000
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Poder Legislativo
3. Servicios de inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Matilde Pinchi Pinchi (empresaria, privado alto)
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Guido Pennano (Congresista de la República, público alto),
Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de Inteligencia
jerarquía)
Nacional, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
Sí, Cerrado
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Ciudadanía
2. Electores(as)
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
1. Breve
noticia
a
mitad
de
página
sobre
el
caso,
ver
http://www.caretas.com.pe/2001/1655/secciones/marfon.phtml
2. Noticia
vinculada
con
el
caso,
ver
http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/66088/86/
3. Noticia sobre los videos de Montesinos, ver http://www.clarin.com/diario/2001/01/29/i01801.htm
4. Documento sobre el caso de una Asociación de Derechos Humanos, ver
http://www.aprodeh.org.pe/noti-apr/2001/25ene2001.htm
Otras observaciones o comentarios
Este caso de corrupción se encuentra vinculado con un caso que no mencionaron los(as)
entrevistados(as) (Ver metodología de la investigación). Dicho caso corresponde al de las
“Congresistas tránsfugas”.
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vladivideo Kouri-Montesinos
Ficha Nº250
País
Perú
Año de aparición en prensa
2000
Casos Vinculados
Caso Alcalde del Callao Alex
Kouri
Resumen caso
Parlamentarios pertenecientes al partido político Frente Independiente Moralizador liderados
por Fernando Olivera hicieron pública una cinta de video el 14 de septiembre de 2000 la cual
luego fue transmitida por distintos medios de comunicación. Esta cinta dio a conocer que el
asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos
entregó en una sala de dicha institución US$15.000 dólares al parlamentario electo de la
oposición por el partido Perú Posible Alberto Kouri Bumachar como parte de la “operación de
reclutamiento de congresistas tránsfugas” por disposición del presidente Alberto Fujimori
Fujimori. Dicha operación consistía en el soborno de parlamentarios electos para que estos
cambien de partido y así el oficialismo logre mayoría en el Congreso. Tres días después de que
el video saliera a la luz, el ex presidente decidió convocar a nuevas elecciones obligándolo, dos
meses después, a refugiarse en Japón desde noviembre del 2000 hasta el 2005. Tras la difusión
del primer vladivideo en septiembre del año 2000, el ex mandatario dio instrucciones para
archivar las denuncias que se presentaron ante Fiscalía por este hecho. En este caso estuvieron
involucrados los ex fiscales Nina Rodríguez Flores, Roberto Arquímedes Pesantes, así como la
entonces fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. Sin embargo, luego del fin de su gobierno y a
su retorno al Perú, Fujimori fue sentenciado a seis años por este caso. Alberto Kouri fue
también sentenciado a seis años de prisión y al pago de 500 mil nuevos soles (US$174.768) por
concepto de reparación civil, por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo propio
en agravio del Estado.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
2000
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
2000
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
2000
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Poder Legislativo
3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Fernando Olivera (Congresista, público alto), Fernando Ibérico
aplica)
(Congresista, público alto), Otros congresistas de la bancada del
Frente Independiente Moralizador.
Acusado/a
(cargo
y Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
jerarquía)
Nacional, público alto), Alberto Fujimori (Presidente de la
Nación, público alto), Alberto Kouri Bumachar (Congresista,
público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
No
Político
No
Civil
Sí, Cerrado
Penal
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
No Aplica
Sector Económico
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Ciudadanía
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor información
1. Este caso es parte de un conjunto de casos de corrupción a los que la prensa se refería
como
“Congresistas
tránsfugas”,
ver
http://especiales.rpp.com.pe/juicioafujimori/casos/congresistas-transfugas/
2. Caso
Congresistas
Tránsfugas,
ver
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,224106/
Itemid,/
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vladivideo Schultz- Montesinos
Ficha Nº251
País
Perú
Año de aparición en prensa
2001
Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Fiscalía de la Nación recibió un video que fue difundido públicamente en octubre del 2001.
En este video, filmado por Vladimiro Montesinos, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN), se muestra a este manteniendo una conversación con Ernesto Schultz Landázuri,
accionista mayoritario de Panamericana Televisión, el cual recibe US$350 mil a cambio de
asegurar el apoyo del Canal 5 Panamericana de TV, a la campaña por la segunda reelección del
presidente Alberto Fujimori en 2000. A Ernesto Schultz Landázuri se le abrió proceso por
peculado y asociación ilícita. Schultz Landázuri huyó del Perú rumbo a Argentina a fines del
2001. En el 2005, cuando la justicia argentina se iba a pronunciar a favor de la extradición, se
fugó a Suiza, donde goza de impunidad por la doble nacionalidad que ostenta. En este caso se
cuenta con la confesión del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que se acogió a la
sentencia anticipada y reconoció todos los cargos, por lo que fue condenado a seis años de
prisión. El ex asesor aceptó los pagos a Schultz. Lilia Portilla, abogada de Schultz, confirmó que
la justicia peruana inició a fines del 2007 una demanda de delegación de persecución penal para
que los tribunales de Suiza sean los que lo juzguen.
Conducta/s Reprochable/s
Estatus
Año de la conducta
1. Asociación ilícita
Ilegal
1999
2. Cohecho/Soborno/Extorsión
Ilegal
1999
3. Enriquecimiento ilícito
Ilegal
1999
Actores implicados
1. Medios de comunicación televisiva- Panamericana Televisión
2. Poder Ejecutivo
3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
Denunciante (y cargo si Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
aplica)
Acusado/a
(cargo
y Ernesto Schultz Landázuri (accionista mayoritario de
jerarquía)
Panamericana Televisión, privado alto), Vladimiro Montesinos
(Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, público alto),
Alberto Fujimori (Presidente de la Nación, público alto)
Tratamiento del caso
Situación del caso
No
Administrativo
Político
No
Civil
No
Penal
Sí, Abierto
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
Sector Económico
No
Terciario-Medios de Comunicación
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Candidatos(as) competidores(as)
3. Usuarios(as) del servicio
Mayor información
1. Artículo sobre el caso, ver http://www.caretas.com.pe/2001/1690/articulos/schutz.phtml
Otras observaciones o comentarios
Fecha del registro: Diciembre/2009
REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Nombre mediático del caso
Caso Vocal Silva Vallejo y el caso Zaraí
Ficha Nº252
País
Perú
Año de aparición en prensa
2003
Casos Vinculados
No
Resumen caso
En octubre de 2002 el vocal supremo José Silva Vallejo fue acusado por la prensa de haber
mantenido negociaciones con el presidente Alejandro Toledo para favorecerlo en el juicio que
se le había abierto para adjudicarle la paternidad de Zaraí Toledo. En este caso, se acusó a Silva
Vallejo de haber recibido el favor de la colocación de su hija en un alto puesto de l