Estados Unidos debe resistirse al desalojo Ilegal de haitianos de

Estados Unidos debe resistirse al desalojo Ilegal de haitianos de

CIP Americas
The Americas Program
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Estados Unidos debe resistirse al desalojo Ilegal de haitianos de
campamentos de desplazados
El pasado mes, la policía haitiana, un alcalde local, y agentes de seguridad privada allanaron y
destruyeron tres campamentos de desplazados en la ciudad de Delmas, en las afueras de Puerto
Príncipe para quitar aproximadamente 1.000 personas sin hogar víctimas del terremoto. Algunas
de ellas se les advirtió del procedimiento el día anterior, pero la mayoría fueron tomados por
sorpresa. Casi no se les dio tiempo a los residentes para recoger sus pertenencias antes de que las
fuerzas de seguridad las destruyeran.
La policía disparó a unos de los habitantes en la pierna. Otros fueron golpeados con cachiporras. Al
menos tres que intentaron detener el desalojo fueron arrestados. Cuando un abogado organizador
comunitario llamó a conferencia de prensa en el lugar, la policía y trabajadores municipales los atacaron
con machetes. Sobrevivieron, pero ahora cientos de personas, incluyendo familias con niños pequeños, no
tienen refugio ni dónde vivir, justo cuando comienza la época de huracanes.
Lo que ocurrió en Delmas, es una instantánea de una larga epidemia de forzados desalojos que
comenzaron poco después del terremoto. La Organización Internacional de Migraciones estima que
233.941 haitianos fueron desalojados de campamentos de desplazados, y 166.000 de los 680.000 personas
permanecen en campamentos enfrentando la amenaza de desalojo. Dicen que la “paz de los desalojos”
está causando que la gente deje los campamentos aún cuando no tienen dónde ir. De los 180.000 edificios
residenciales destruidos en el terremoto, solamente 4.100 fueron reparados. Sólo una fracción de los
refugios temporarios que se necesitan ha sido construida.
Estos violentos desalojos extrajudiciales no solamente amenazan las vidas y la dignidad de la gente pobre
del hemisferio, sino que además viola leyes haitianas e internacionales. Los desalojos que dejan a la gente
sin hogar o los someten a violencia, amenazas o coacción; violan las reglas de los Derechos Humanos
Internacionales. Aún las personas que ocupan tierras sin permiso de su dueño, tienen derecho a un
proceso judicial que los proteja, incluyendo la notificación de desalojo por parte del propietario y la
oportunidad de consultar con oficiales del gobierno en lo concerniente a su reubicación.
Los desalojos en Haití son especialmente violentos y crueles. La brutalidad policíaca y los ataques
sorpresivos son moneda corriente, y frecuentemente son negadas las necesidades básicas de supervivencia
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a los residentes de los campamentos para forzarlos a salir del lugar. En una oportunidad, gente que se ha
identificado a sí mismo como “organizadores” del campamento, levantaron un alambrado para dividir el
campamento a la mitad, y entonces negaron el acceso a comida, agua y servicios sanitarios a uno de los
lados del acordonado, que fueron distribuidos a la gente del otro lado.
El otoño pasado, fuimos parte del equipo que elevó el reclamo ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en defensa de los campamentos de desplazamiento que resultó en una orden
al gobierno haitiano para proteger de desalojos ilegales a las víctimas de terremoto que viven en los
campamentos. La orden, instó al ex presidente René Prèval a establecer una moratoria en los desalojos
hasta que los desalojados tengan una alternativa y un lugar a salvo donde habitar. La comisión también
ordenó al gobierno a proveer un lugar seguro donde vivir a quien ha sido desalojada ilegalmente; a
establecer un efectivo mecanismo de quejas para reportar y responder a los desalojos ilegales; a
implementar medidas de seguridad para proteger a los residentes de los campamentos; a interiorizar al
personal responsable del cumplimiento de la ley acerca de los derechos de las personas desalojadas , y
asegurarse que los vigiladores internacionales tengan acceso a los campamentos y a las personas
desplazadas. Al parecer el presidente Préval hizo muy pocos esfuerzos por acatar las medidas precautorias
o por responder a los directivos de la comisión.
El deber de proteger al pueblo haitiano recae ahora en Michael Martelly, el nuevo presidente de Haití.
Martelly dio su palabra de que se cerrarían los campamentos en seis meses, empezando con seis
campamentos durante sus primeros 100 días como presidente. El público aún espera detalles de cómo
alcanzará ese ambicioso objetivo sin desalojar a la gente forzadamente. El alcalde Wilson Jeudy pidió
autorización al presidente Martelly para finalizar los asaltos en Delmas con la ayuda de la policía
nacional. El equipo del Presidente denunció extraoficialmente los ataques luego de ser presionado por el
coordinador humanitario de la ONU en Haití, pero estas actuaciones brutales no han sido castigadas hasta
ahora.
Los grupos haitianos de derechos humanos presentaron una demanda ante el alcalde Jeudy en nombre de
los residentes desplazados para detener los desalojos extrajudiciales y enviar el mensaje que los
funcionarios en Haití no están por encima de la ley. Hemos regresado a la CIDH en nombre de los
desalojados para exigir nueva protección ante los desalojos forzosos bajo el régimen de Martelly.
La comunidad internacional también carga con la responsabilidad de la desesperante situación en Haití.
Cuando ocurrió el primer desalojo en Delmas, el cuerpo de coordinación de campamentos de las
Naciones Unidas en Haití, dirigido por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, canceló
su reunión, desperdiciando la oportunidad de que actores humanitarios coordinaran una respuesta a los
desalojos y encontraran refugio para los cientos que quedaron sin hogar. Para los frustrados haitianos que
permanecen en los campamentos y ahora temiendo a los ataques del gobierno, este es otro ejemplo de la
incapacidad de las Naciones Unidas para responder a la crisis y proteger sus derechos humanos. La ola de
ataques sexuales en los campamentos y el brote de cólera que alcanzó los 302.000 casos reportados y un
total de 5.234 muertos desde octubre, son otros ejemplos.
Estados Unidos también corre con responsabilidad. La congresista Barbara Lee expuso: “la falta de
urgencia en el sector de la comunidad internacional”, como una de las razones de la lenta recuperación de
Haití, y elevó un proyecto de ley para exigir compromiso en la asistencia humanitaria y de reconstrucción
en Haití. La propuesta se aprobó por votación oral en la Cámara y espera la acción del Senado.
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Más recientemente, los representantes del Congreso Donald Payne,Yvette Clarke, Frederica Wilson y
Maxine Waters denunciaron los desalojos de Delmas. Juntamente con otros 48 miembros del Congreso,
también instaron a la secretaria de Estado Hillary Clinton a dedicar “atención significativa” a la situación
que empeora en los campamentos, y a asegurar “responsabilidad y transparencia” en los proyectos de
ayuda humanitaria, incluidos aquellos administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (AEUDI). El presidente Obama y miembros del Congreso deberían apoyar esos
esfuerzos.
El gobierno de Estados Unidos apoya firmemente al presidente Martelly y a su promesa de abrir Haití
para inversiones. Esto contribuyó en las elecciones haitianas, a pesar del hecho que fueron perjudicados
por fraudes y la participación históricamente baja de votantes (22,7%). Martelly fue electo por sólo 16,7%
de los votantes haitianos.
Con Martelly a su lado el pasado mes, la secretaria Clinton prometió “ser una buena compañera para
Haití”. Si Estados Unidos quisiera ser una buena compañía para Haití, primero deberíamos cumplir
nuestros compromisos financieros con los haitianos: Estados Unidos ha desembolsado solamente un
cuarto de los fondos que comprometió para reconstruir Haití. También deberíamos asegurarnos que el
dinero de los impuestos no financia desalojos forzosos u otras violaciones de los derechos humanos a las
víctimas del terremoto.
Kathleen Bergin es profesora de derecho en Houston, Texas, y co-directora del Centro Legal de
Desastres You.Me.We. Nicole Phillips es abogada del equipo del Instituto por la Justicia y la
Democracia en Haití, y directora asistente en Programas Haitianos junto con la Escuela de Leyes de la
Universidad de San Francisco y una contribuidora del Programa de las Américas www.cipamericas.org.
Traducido por Viviana Vitulich
Para mayor información:
Instituto para Justicia y Democracia en Haití
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