Un proceso reconstituyente

9/12/2014
Kiosko y Más ­ La Vanguardia ­ 6 dic. 2014 ­ Un proceso reconstituyente
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6 dic. 2014
La Vanguardia
CARLES CASTRO
Barcelona
Un proceso reconstituyente
La mayoría social a favor de la reforma de la Carta Magna coincide con un
declive del poder bipartidista
La Constitución española está agotada. Y no es sólo el contencioso territorial con Catalunya.
Ciertamente, ese conflicto pone en cuestión el artículo 2 de la Carta Magna, que consagra la “indisoluble
unidad” de España como “patria común e indivisible”, y amenaza también la arquitectura institucional del
título VIII. Sin embargo, los factores del agotamiento constitucional son amplios.
FUENTE: CIS y elaboración propia LA VANGUARDIA
Por ejemplo, el sistema electoral español. Su falta de proporcionalidad se ha convertido en un déficit
insostenible en la coyuntura actual, de final de régimen bipartidista. Y la mejor prueba de ello es que la
http://lector.kioskoymas.com/epaper/showarticle.aspx?article=7fa08571­ff8d­4a91­8a1b­b27cea1d164e&key=J3ywKT5T0qE7zMX2StRGew%3d%3d&iss…
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historia electoral de España registra primas superiores a diez puntos en favor del PSOE o del
centroderecha, y penalizaciones de entre el 200% y el 700% en perjuicio de las minorías (desde el CDS a
IU o UPyD). Y aunque la sustitución del método d'Hondt (que no es una prescripción de la Carta Magna)
aliviaría esos desequilibrios, el principal factor que explica esa aguda falta de proporcionalidad es la
consagración constitucional de unas heterogéneas provincias como distritos electorales.
Ahora bien, los ámbitos de controversia van aún más allá. La propia reforma del 2011 –que estableció
el principio de “estabilidad presupuestaria” y de “prioridad absoluta” del pago de la deuda– vuelve a estar
en cuestión. Y ello a pesar del apoyo aplastante que suscitó: 316 diputados sobre un total de 350. Sin
embargo, ese apoyo se vio enmascarado por la intensa polarización bipartidista que marcó los comicios del
2008. La realidad es que la reforma suscitó el rechazo de todas las minorías (territoriales e ideológicas) y
sólo tuvo el apoyo de dos partidos: PP y PSOE (que ahora no repetirían, ni de lejos, el respaldo que
obtuvieron en elecciones anteriores). Con el agravante de que actualmente incluso uno de los dos
firmantes, el Partido Socialista, se ha desmarcado del nuevo redactado del artículo 135.
Y al hilo de las implicaciones que supone fijar un techo de deuda, la controversia constitucional se ha
extendido hoy al eventual blindaje de los derechos sociales (sanidad, educación o pensiones), que algunos
grupos consideran en riesgo a causa de los recortes presupuestarios. Ahora bien, la puntilla para un texto
constitucional que ha permanecido embalsamado desde 1979 es la creciente falta de apoyo social. La
caída en los indicadores básicos de apoyo al régimen democrático español es muy elocuente.
Por ejemplo, el grado de insatisfacción con la Carta Magna ha alcanzado niveles récords: sólo un 37%
de los españoles se muestran hoy satisfechos con el vigente texto constitucional. Ni siquiera en la anterior
crisis de 1994, con tasas de desempleo similares, llegaron a ser más numerosos los ciudadanos
descontentos con la Constitución (que ahora suponen 11 puntos más que entonces). Y lo mismo ocurre
con el sistema democrático. A día de hoy, casi un 70% de los consultados se muestra insatisfecho con la
democracia española. Y como resultado de ello, los partidarios de reformar la Constitución rozan el 60%,
mientras que únicamente poco más del 20% apuestan por dejarla como está.
Eso sí, esa reforma presenta una dificultad añadida: las discrepancias entre los ciudadanos que aspiran
a una renovación del texto constitucional; muy especialmente en el ámbito territorial, que sería el más
urgente de modificar a la vista del contencioso catalán. Sin embargo, los españoles están profundamente
divididos sobre la evolución que debe experimentar el sistema autonómico.
Así, un 30% sería partidario de una mayor centralización (o incluso de suprimir las autonomías). En
cambio, otro 36% prefiere mantener sin modificaciones el sistema autonómico vigente. Y finalmente un
25% anhela un mayor nivel de autogobierno o incluso la posibilidad de acceder a la independencia. Y si se
comparan estas posiciones con las que expresan los catalanes, la distancia política se antoja abismal. En
Catalunya, siempre según el CIS, más del 40% preferiría un Estado que permitiera a las autonomías
convertirse en naciones independientes. Y otro 26% aspira a un mayor nivel de autogobierno. Por el
contrario, menos de un 20% defiende el modelo actual, y únicamente un 12% apostaría por una efectiva
involución autonómica.
Naturalmente, esas posiciones antagónicas tienen su reflejo en el tablero político. El actual Congreso
de los Diputados registra una clara mayoría de las actitudes inmovilistas (PP) o incluso involucionistas
(UPyD y algún sector del Partido Popular). Y se da el caso, además, de que, por primera vez, el PSOE
carece de capacidad de veto frente al resto de grupos de la Cámara, que suman más de los 234 votos
necesarios para una reforma sustantiva.
Por supuesto, la posibilidad de una reforma constitucional acordada únicamente por nacionalistas y
populares, con el apoyo de IU, parece más propia de la política ficción. Y al mismo tiempo, el PP y UPyD
(191 escaños) tampoco alcanzan actualmente los 210 escaños que exigiría una modificación que no
afectase a la esencia del régimen español, como la que se aprobó en el 2011.
El futuro, en cambio, es mucho más incierto. Si las próximas elecciones generales arrojaran una
correlación parlamentaria como la que sugería el último sondeo del CIS, las posturas restrictivas (PP y
UPyD) quedarían muy debilitadas. Por ejemplo, no tendrían capacidad de veto para determinadas reformas
parciales. Pero lo realmente significativo sería el reducido margen –apenas siete escaños– que ambas
fuerzas conservarían para frenar una reforma a fondo de la Constitución. Eso sí, siempre podrían imponer
un referéndum de ratificación.
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