Derechos humanos y periodismo de investigación. Las violaciones

Derechos humanos y periodismo de investigación. Las violaciones

Derechos humanos y periodismo de investigación. Las
violaciones de ayer y de hoy
Por Roger Rodríguez
En los últimos 25 años, sin quererlo, hemos colaborado a institucionalizar el
equivocado concepto de que las violaciones a los derechos humanos solo están
asociadas a las barbaridades cometidas en los años de la dictadura y a la lucha por
recuperar la memoria y la verdad sobre lo que entonces sucedió.
Hacia el futuro debemos dar a nuestro trabajo una dimensión más social y por lo
tanto más política de las violaciones a los derechos humanos.
Los mismos poderes quesilencian la verdad del pasado, son los que ocultan hoy la
muerte en las cárceles, la tortura en el Iname o la desnutrición en Artigas.
La verdad y la memoria
En la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió en los años de la dictadura a
veces cometemos el error de responsabilizar solo a la institución militar por el
ocultamiento de los hechos, cuando han sido decisiones políticas (de determinados
civiles y determinados militares) lo que ha borroneado la historia.
La decisión política del sistema de imponer la impunidad, asfixiar la verdad con una
hiedra de olvido, y evitar de cualquier manera, hasta hoy, el enjuiciamiento de
algún militar implicado, tuvo con el triunfo del voto amarillo en el referéndum de la
ley de caducidad un falso argumento que aún se esgrime.
Las mayorías políticas parlamentarias resolvieron en su momento que el Poder
Legislativo amparará la impunidad y el olvido. El Parlamento, primero, no dio
poderes a sus comisiones investigadoras, y luego, cuando el Poder Judicial ganaba
la contienda contra la Justicia Militar, inventó una ley que no amnistía.
La Ley de Caducidad no doblegó al Poder Judicial, lo hicieron las sucesivas
decisiones políticas de los presidentes Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti y Batlle que
en su momento ampararon la impunidad desde el Poder Ejecutivo, al considerar
que tal o cual caso estaba amparado en la “lógica de los hechos”.
Julio María Sanguinetti llegó a incluir en la caducidad de la pretensión punitiva del
Estado, delitos cometido antes de la dictadura. Luis Alberto Lacalle ha pretendido
amparar al Caso Berríos, cuando su canciller de entonces, el hoy candidato Sergio
Abreu, reconoció que les habían doblado el pescuezo.
El presidente Jorge Batlle, inició su mandato reconociendo la existencia de la nieta
de Juan Gelman, lo que implicó que el Estado uruguayo aceptara por primera vez la
existencia de desaparecidos en Uruguay, pero el trabajo de la Comisión para la Paz
se distorsionó al convertir su informe en otro punto final.
El argumento que el asesor Carlos Ramela encontró para obligar al juez Gustavo
Mirabal a archivar el caso Gelman es de los más patéticos: María Claudia fue
secuestrada en Buenos Aires, traída a Uruguay, presa hasta dar a luz y asesinada,
por militares “en ocasión del cumplimiento de sus funciones”.
La Comisión para la Paz
La Comisión para la Paz nunca pudo tener la opinión institucional de dos sectores
claves: las Fuerzas Armadas, a cuyos mandos el presidente Batlle no dejó
entrevistarse con los comisionados, y a la Masonería uruguaya, cuyos miembros no
estuvieron formalmente representados en la comisión.
Hasta que los mandos militares no den la orden de decir la verdad de lo ocurrido,
las Fuerzas Armadas institucionalmente no habrán dicho lo que saben. Y los
mandos militares no darán esa orden hasta que su propio mando, el Presidente de
la República, se los ordene.
La Masonería uruguaya fue arte y parte de esta historia, en la medida que varias
logias militares aparecen involucradas una y otra vez en los episodios vividos antes,
durante y después de la dictadura. Integrar la Comisión para la Paz con la Iglesia y
el Opus Dei y no incluir a la Masonería fue un despropósito.
De ese modo, la Comisión para la Paz no tuvo una estructura de Estado para poder
investigar lo que quería investigar. De ese modo, la Comisión para la Paz no tuvo
método ni organización para indagar y se conformó con lo que le filtraron grupos
interesados como los Tenientes de Artigas o por lo que les mintieron algunos de los
propios denunciados por aquellas barbaridades.
La Comisión para la Paz, de este modo no incluyó en su informe final las versiones
de prensa sobre un segundo vuelo de los uruguayos detenidos en Orletti, lo que
implicaría que los restos de una docena de desaparecidos que fueron secuestrados
en Argentina deben ser buscados en Uruguay.
Los temas pendientes
Ese dato fue dado y ratificado por el mismo informante que colaboró en la
investigación que permitió al senador Rafael Michelini encontrar a Simón Riquelo, el
hijo de Sara Méndez que los informantes militares y policiales que colaboraron con
la Comisión para la Paz habían declarado muerto.
El segundo vuelo fue ratificado por un militar uruguayo que vio llegar ese avión en
octubre de 1976 y que identificó al ex comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
brigadier general (av) José Pedro Malaquín como copiloto. Malaquín nunca negó que
trajo a aquellos detenidos en Argentina.
Lo mismo ocurre con el Caso Elena Quinteros y con los cementerios clandestinos en
los batallones militares. Los dos casos vinculados a la memoria histórica de las
violaciones a los derechos humanos en los que la Justicia como institución, aún no
ha cedido ni resignado su poder.
Todo hace pensar que el juez Eduardo Cavalli, quien ha dilatado una y otra vez
definiciones de fondo en el llamado caso Venezuela, por el que ya fue procesado el
ex canciller Juan Carlos Blanco, dejará nuevamente su puesto por problemas de
salud y otro magistrado deberá empezar todo de nuevo.
Eso implica que la decisión de permitir el ingreso de los técnicos al Batallón de
Infantería Nº 13 terminará adoptándola otro magistrado quien, obviamente, se
cuidará de no hacer lo que en su momento intentó el juez Alejandro Recarey, el
cual, al ejercer el poder judicial, obligó al sistema a nuevas decisiones políticas.
El olvido ya no se va a poder imponer en Uruguay. La memoria existe. Incluso, un
futuro gobierno deberá cumplir el artículo 4to. de la Ley de Caducidad que no solo
implica saber la verdad, sino que también puede determinar condenas a quienes no
recibieron orden de sus mandos al violar los derechos humanos.
Derechos que hoy se violan
Hace unas semanas tres organizaciones no gubernamentales enviaron un informe a
la Suprema Corte de Justicia donde denunciaban las violaciones a los derechos
humanos que se vienen cometiendo contra los menores de edad infractores
recluidos en dependencias del Instituto Nacional del Menor.
Las denuncias de esas ONGs sobre lo que ocurría en la Colonia Berro, que
ratificaban las conclusiones de una misión de la Organización Mundial Contra la
Tortura, generaron una serie de equívocos en el tratamiento que el tema tuvo y
tiene en la prensa, la radio y la televisión.
El sistema político argumentó que la sanción de dejar desnudos a los menores en
sus celdas, concederles solo una hora diaria de patio, darle “cinco minutos” a un
interno para golpear a otro, apagar la luz de la celda para que “llaveros” e internos
propinen una golpiza y barbaridades similares no son torturas.
Una nueva “lógica de los hechos” se ha impuesto en los propios medios de
comunicación al darse por cierto que solo son torturas la picana eléctrica, el
submarino, el caballete y otros métodos salvajes de represión practicados contra
los presos políticos en los años de la dictadura.
Se debe incorporar definitivamente que tortura es “todo acto por el cual se
provoque intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea
físicos o mentales, con el fin de obtener una confesión, o de castigarlo por algún
hecho que haya cometido".
Del mismo modo, se debe asimilar que implica una violación a los derechos
humanos todo hecho que por acción u omisión signifique un desconocimiento a lo
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las demás
convenciones internacionales ratificadas por el Estado uruguayo.
El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la dignidad y al amparo de la
ley. El derecho de expresión, de asociación, de religión, de cultura y de
personalidad, sin ser discriminado. El derecho al trabajo y a la sindicalización, a la
salud, la alimentación, la vivienda, la educación y el desarrollo personal.
Esos son derechos humanos cuyo libre ejercicio debemos observar para, en nuestra
condición de periodistas, investigar y denunciar su incumplimiento, sea quien sea,
la persona, grupo, sector, estructura o poder político que los viole, y no dejarnos
atrapar por el “ninguneo” a la información obtenida por otros medios.
Y para que no queden dudas, sostengo:
Es violación a los derechos humanos que un grupo de funcionarios genere un poder
propio dentro del INAME y, con el amparo de grupos políticos que impiden su
destitución, decida las condiciones de internación de los menores.
Es violación a los derechos humanos que sectores policiales acosen a los menores
con antecedentes para que sus prontuarios crezcan y transformarlos en verdaderos
delincuentes cuando llegan a la mayoría de edad.
Es violación a los derechos humanos las condiciones de reclusión que sufren los
presos en los establecimientos carcelarios de todo el país, donde el hacinamiento
lleva a enfermedades y el sistema no regenera a nadie.
Es violación a los derechos humanos el asesinato del joven Mario Andrés Carro en
la Cárcel de Canelones, luego de una golpiza de sus carceleros y la omisión de
asistencia médica que le implicó una septicemia.
Es violación a los derechos humanos que luego se haya propiciado un motín de los
presos de la cárcel canaria, para reprimirlos y redistribuirlos de modo de impedir la
denuncia de quienes fueron testigos del asesinato de Carro.
Es violación a los derechos humanos la situación de desnutrición de los niños en
Bella Unión y también lo es el intento de impedir que continúe su trabajo la doctora
María Elena Curbelo, quien denunció lo que ocurría.
Es violación a los derechos humanos la marginación y la pobreza a la que se ven
sometidos casi un millón de uruguayos que no tienen cubiertas sus necesidades
básicas elementales.
Es violación a los derechos humanos cuando no se accede al sistema de salud o se
muere porque un laboratorio fijó alto el precio de un medicamento o no se llega al
tratamiento cuya tecnología monopoliza y lucra una empresa.
Es violación a los derechos humanos la indignidad de tener que aceptar una
relación de trabajo en la que se desconozcan los derechos de seguro social y
enfermedad, aguinaldo, vacaciones, despido y aportes jubilatorios.
Es violación a los derechos humanos el no poder acceder a un techo digno, el no
tener un plato de comida, el no poder asistir a una escuela y todo aquello que
impida el desarrollo personal de cualquier ser humano.
Los periodistas deberemos seguir investigando los rastros de un pasado que
algunos no quieren que se sepa, pero a la vez, tenemos que poner nuestra mirada
en este duro presente, antes que una nueva “lógica de los hechos” lo deje sin
futuro y lo transforme en historia.
* Roger Rodríguez es periodista. Trabaja como tal desde 1978. Ha escrito para varios semanarios.
Integró el staff de la Revista Posdata y ejerció la docencia del periodismo. Ha ganado varios
premios internacionales. Actualmente escribe en el diario La República.