Declaracin testimonial del seor Juan Jos lvarez

Transcripción

1° de febrero de 2006
Sala Juzgadora – Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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Declaración testimonial del señor Juan José Álvarez
(Convocado para informar sobre la situación del área de Seguridad
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Sr. Presidente (Maier).- Me hago eco de lo que me dijo la Sala de Juzgamiento y le pido perdón por
la demora. Sabemos que está aquí desde temprano. En nombre de ellos le pido también perdón.
Le voy a hacer algunas preguntas que son puramente formales: ¿nombre y apellido?
Sr. Álvarez.- Juan José Álvarez.
Sr. Presidente (Maier).- Supongo que ya entregó el documento de identidad.
¿Profesión, empleo u ocupación actual?
Sr. Álvarez.- Soy abogado y, actualmente, diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Edad?
Sr. Álvarez.- 50 años.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Domicilio actual?
Sr. Álvarez.- El domicilio en el que he sido notificado es el del Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (Maier).- Le pregunto formalmente si tiene algún vínculo con el enjuiciado en este
procedimiento; puede ser parental o de dependencia, de amistad o enemistad o cualquier otro que
pueda considerar necesario que la audiencia conozca.
Sr. Álvarez.- No tengo.
Sr. Presidente (Maier).- Por último, ¿tiene algún interés en el resultado final del procedimiento?
Sr. Álvarez.- No, no tengo.
Sr. Presidente (Maier).- Aunque no necesitaría decirlo y lo hago porque la ley me obliga, lo pongo
en conocimiento de que el Código Penal, en su Artículo 275, reprime con pena de prisión la lesión al
deber del testigo de expresar lo que conoce verdaderamente de acuerdo con las preguntas que le
formulen los actores de esta audiencia y no ocultar nada.
Hecho esto, le aclaro que usted puede jurar o comprometerse solemnemente, lo que usted
desee –es lo mismo–, y si jura puede aludir también a sus creencias religiosas invocándolas de modo
breve.
Le pregunto entonces, ¿jura o se compromete solemnemente a decir la verdad de todo cuanto
supiera acerca del objeto de este procedimiento que le fuera preguntado por los distintos actores del
mismo y a no ocultar nada?
Sr. Álvarez.- Sí, lo juro por la Biblia y por Dios.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Usted va a consultar algunos documentos escritos?
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Sr. Álvarez.- No sé. En función de las preguntas que me hagan los señores legisladores, veré. He
traído una ayuda memoria en la inteligencia de que el actual ministro del área era el subsecretario
durante mi gestión, es decir que hubo una continuidad política de la gestión, y creo que eso va a
facilitar –de ser necesario– aportar alguna documentación y esto se puede hacer rápidamente a través
del Ministerio o de la Secretaría de Seguridad.
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra el representante de la Sala Acusadora, diputado Devoto.
Sr. Devoto.- Señor Álvarez: usted desempeñó una función pública en el Gobierno de la Ciudad, ¿en
qué cargo y en qué período?
Sr. Álvarez.- Asumí como Secretario de Seguridad y Justicia, porque en ese momento no ésa la
denominación del cargo, el viernes 7 de enero de 2005; alrededor de las 17 y 30 horas, hice mi
juramento y finalicé mi gestión, tal como me había comprometido públicamente a ejercer mi
mandato durante 120 días y fueron exactamente –si la memoria no me falla– entre 114 y 115 días, es
decir, en la última semana de abril de 2005, cuando fui sucedido en el cargo por el actual ministro, el
licenciado Gorgal.
Sr. Devoto.- Explique cuál fue el cuadro de situación que encontró en la Secretaría de Seguridad y
en materia de seguridad en general al asumir el cargo.
Sr. Álvarez.- Cuando yo fui citado, y debo decir que me entero por los medios de mi concurrencia
porque la Cámara de Diputados de la Nación, en receso, no me hace llegar en tiempo y forma la
citación que ustedes me habían enviado –es una formalidad y aquí estoy–una de las primeras tareas
que hice fue revisar mis declaraciones y cuál había sido nuestra actuación, sobre todo, en los
primeros días de nuestra gestión.
La verdad es que seguramente, no para muchos de los que hoy aquí sí están, pero tal vez para
los que no están, ése fue un momento particularmente complejo para todos. Como más de uno sabe,
tengo una larga experiencia; en mi vida política, he pasado por muchísimos cargos y quiero explicar
lo que sucedía habitualmente. Cuando yo asumía un cargo, quien se retiraba, por las razones que
fueran, entregaba una memoria y un balance, y me decía: “Esto es lo que hicimos, esto es lo que
intentamos hacer, esto es lo que no pudimos hacer, esto creo que está mejor, esto creo que está
peor”. Esos cargos tenían una estructura que funcionaba a pesar de los cambios políticos que
pudieran sucederse. Esto ha pasado siempre y les habrá pasado a muchos de los que han estado en la
función pública y por qué no decirlo, también en la función privada. Sin embargo, éste no fue el
caso.
Llego a un lugar donde había evidentemente una enorme crisis; mi antecesor ya había
renunciado en el cargo, la plana de conducción política no estaba y obviamente, los cuadros de
burocracia intermedios sufrían un fuerte shock cuestionados por el conjunto de la sociedad en
función de uno de los dramas más espantosos que podamos imaginar.
Ante esa situación –y agradezco la pregunta porque me sirve de introducción a lo que
seguramente tengamos que conversar–, nuestra gestión –la mía–, la que duró cuatro meses, tenía que
estar fundamentalmente enmarcada en ese estado en el que yo llego. No es el estado de situación
que, por ejemplo, le tocó a Diego Gorgal cuando vino a continuación, o en otros cambios que pudo
haber habido antes.
Esto, evidentemente, sesgó y marcó fuertemente nuestra gestión. ¿De qué manera?
Nosotros teníamos fundamentalmente dos cuestiones que encarar. En primer lugar, el Estado tenía
que funcionar. Nosotros no podíamos decirle a la gente:"ha pasado lo que todos sabemos, hay un
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área que está fuertemente cuestionada y entonces vamos a cerrar durante un tiempo para ver cómo
después reiniciamos nuestra tarea." Obviamente, esto no se podía hacer. Pero, además, había
necesidades concretas.
Había clamor por parte de la sociedad, que había puesto en la agenda pública de discusión el
problema de la seguridad. Así fue entonces que con el mismo equipo -y me refiero a la parte
burocrática- de mi antecesor, más los agregados de la gente que trajimos nosotros para hacerse
cargo, intentamos rápidamente poner de pie una capacidad fundamental e irrenunciable del Estado,
que es la capacidad de fiscalización.
Además, y seguramente esto lo iremos desgranando, había que dejar sentadas las bases.
Como dijimos desde el mismo momento en que asumí, para atrás teníamos que ayudar para que
estuvieran todos los elementos para que ustedes en este ámbito y para que la Justicia en el suyo
dictamines correctamente sobre las responsabilidades. Pero, además, para que los porteños, quienes
son usuarios, que son cientos de miles, y no son solamente los ciudadanos de esta ciudad, al usar los
servicios que la Ciudad de Buenos Aires se sintieran seguros.
Repito, esto se daba en el marco de una crisis muy profunda que, evidentemente,
encontramos en el área.
Sr. Devoto.- ¿Cuál era el objeto de la creación de la Subsecretaría de Emergencia en enero de 2005?
Sr. Álvarez.- Hay dos cuestiones. En primer lugar, le pedí al Jefe de Gobierno que por la
importancia que tiene el área de Justicia, no podía ser atendida por nosotros en función de esta
urgencia que yo le marcaba en mi introducción.
Por lo tanto, creíamos que eso no era bueno, que iba a distraer mi tiempo o, en todo caso, no
iba a permitir que un funcionario de alto rango se ocupase de un tema tan importante como es la
cuestión de la Justicia, y así se autorizó al desdoblamiento del área, para concentrar
fundamentalmente bajo mi mando el área de seguridad, al cual solicitamos que se incorporase un
área de emergencias; porque una de las cuestiones que nosotros creemos que es fundamental, que
incluso se ha planteado en otros países del mundo en donde han tenido que hacer frente a cuestiones
de gravedad, es la necesidad de tener un organismos coordinador en el medio de una crisis.
Frente a una crisis hay que tratar de que la autoridad esté concentrada lo más posible. Lo
peor que nos puede pasar en un momento crítico es que se desperdiguen las responsabilidades,
porque las determinaciones y decisiones hay que tomarlas inmediatamente.
Por eso, nos pareció que una Subsecretaría de Emergencia –que de alguna manera existía en
el Gobierno de la Ciudad, pero que no tenía un nivel de dependencia del Secretario de Seguridad–
era fundamental. De ahí nuestro pedido de construir y de empezar a darle forma a una Subsecretaría
de Emergencia que dependiera del Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Devoto.- ¿Cuál fue el incremento cuantitativo de la actividad fiscalizadora de enero de 2005
comparado con el año anterior?
Sr. Álvarez.- Lo he dicho públicamente. Nosotros debemos haber hecho mucho en el cuatrimestre
durante el que tuve la responsabilidad de llevar adelante la Secretaría de Seguridad. En números
redondos, aproximadamente, fueron 15 mil inspecciones. Esto también depende de los rubros.
Nosotros hicimos una política para determinar cuáles eran las áreas críticas. Tal vez éste fue
el aporte más importante que nosotros pudimos haber hecho como base para el futuro respecto de lo
que se venía haciendo. Le diría que se deben haber multiplicado, por lo menos, por dos; tal vez más.
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Sr. Devoto.- Usted manifestó que en el área había una crisis por el shock que provocó la tragedia.
¿Había algún otro tipo de deficiencia previa a la tragedia?
Sr. Álvarez.- El lugar que ocupo en este momento no es un lugar adecuado para hacer teorizaciones
o suposiciones. Recuerdo que estoy bajo juramento, con lo cual debo intentar ser lo más preciso
posible en mis respuestas.
Lo que le puedo decir es que cada funcionario le da una impronta al organismo que tiene su
cargo. Ustedes saben –quienes comparten y aún quienes no comparten la visión y las formas de
llevar adelante mi gestión– que me ha tocado estar, probablemente, en las crisis más difíciles que
haya habido en materia de seguridad en los últimos años. Se supone que ése fue el motivo
fundamental por el cual fui convocado a un gobierno con el que no tenía relación política ni relación
partidaria y con el que no tenía relación –si me permiten ser tajante– de ningún tipo, porque no soy
ni vecino de la Ciudad de Buenos Aires.
El Jefe de Gobierno dijo en esta Legislatura, con motivo de la interpelación, que el área,
obviamente, distaba de tener un funcionamiento perfecto. Leo textual: “El área de Justicia y
Seguridad no funcionaba ni de lejos correctamente”.
Creo que en la administración pública hay que ser muy cuidadoso, porque hay dos aspectos
distintos: el de quienes teorizan sobre la perfección del organismo y sobre la realidad del
funcionamiento de ese organismo.
Yo tendría que responder concretamente: mi sensación es que había mucho por hacer y la
prueba de esto, más allá de lo que diga, es lo que intentamos hacer. Seguramente Gorgal también ha
mejorado lo que nosotros dejamos o que fue un atisbo durante cuatro meses; y quien venga después
de Gorgal, si hace las cosas bien, también deberá mejorarlo. Creemos que hubo dos aspectos
fundamentales que ayudaron a mejorar el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El
primero de ellos fue no entrar en una discusión –que nos parece ociosa– acerca de si territorializar o
no la responsabilidad es bueno o malo, porque eso es materia opinable.
Usted puede tener en un lugar un excelente funcionario, que hará las cosas bien; y usted
puede tener un mal funcionario que, por más que lo rote, en ningún lugar que le toque podrá ser
mejor. Se podrá argumentar, y es parte de la discusión, si esto ayuda o no a que haya o no
corrupción. Es un aspecto a tener en cuenta. Frente a eso, también se puede decir que las
responsabilidades son más concretas cuando uno sabe el nombre y apellido de quien debe llevar
adelante la inspección.
La otra cuestión es la determinación de lo que nosotros consideramos que son los puntos
críticos. Obviamente, me refiero a los locales bailables, a los boliches, que en ese momento, cuando
asumí, tenían la actividad suspendida; pero estaba claro que en algún momento iban a reiniciar su
actividad. Lo debían hacer, según nuestro criterio, de la forma más adecuada, factible y posible.
La otra cuestión que me parece que fue un aporte importante y significativo –y,
honestamente, creemos haber ayudado– ha sido plantear un concepto que en su momento dimos a
conocer como "bloque de legalidad". Me refiero al hecho de trabajar no solamente con los
organismos de fiscalización dependientes de la Secretaría, sino con otros organismos. Inclusive, se
firmaron convenios con organismos que no dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
se firmaron convenios con organismos dependientes del Gobierno Nacional. Me refiero a la AFIP, a
la Secretaría de Energía, a la Subsecretaría de Combustibles, al RENAR. Creo que durante mi
gestión lo hicimos con Prefectura Naval; no sé si lo hicimos con Policía o Gendarmería, o si después
lo continuó Gorgal. Ése era el camino para mejorar la cantidad y la calidad de las inspecciones que
la Ciudad de Buenos Aires –según nuestro criterio– debía realizar.
Además, se pusieron parámetros de trabajo. Por ejemplo, aquello de que los equipos de
inspección debían tener una producción de inspecciones, y en caso de no cumplir con esa
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producción de inspecciones, aparecía, para quienes debemos hacer el control de gestión, una luz
amarilla de alerta. Es así que se consultaba –y se consulta– a las áreas para ver qué es lo que había
pasado y por qué no se había podido cumplir con esa producción.
Además, teníamos que dar la sensación real, seria y no sobreactuada de que la ciudad
recuperaba una capacidad de fiscalización. Sobre todo en el inicio, y en esto han ayudado mucho el
espíritu y la sensación de ese momento y la atención que se prestaba a esas cosas, había una oleada
de inspecciones que, para algunos, no era mucho más que casi un show. Para nosotros, había una
parte importante de una política que estaba diciéndole claramente a la sociedad que estábamos
controlando a quienes lucran con actividades que generan riesgo; decíamos que estábamos
controlando, que íbamos a volver a controlar y que no importaba cuál fuera el rubro, cuál pudiera
estar por detrás, cuál fuera la importancia, el volumen de facturación, la significación social, o el
lugar donde ello se realizara. Creo que en ese sentido hemos avanzado.
Sr. Devoto.-¿Usted pudo clausurar locales en su gestión con la normativa vigente anterior a los
hechos de Cromañón?
Sr. Álvarez.- Sí. Inclusive, para algunos hasta clausuramos demasiado. No tengo acá exactamente el
número de clausuras, pero supongo que debo haber hecho alrededor de 500.
Además, de la misma manera que tuve que enfrentar la situación con el personal que había, y
lo pudimos hacer, también debí enfrentar la situación con la normativa que estaba vigente. Por lo
tanto, si me permite abundar, esto no presupone que esa sea, ni mucho menos, la normativa que yo
crea que debe ser la adecuada, porque con esta norma –y lo hemos hablado con muchos de los
señores legisladores preocupados y ocupados en ese momento por este tema– lo que me pasaba a
veces era que podía cerrar, pero no se le encontraba la vuelta para después poder abrirlo. Entonces,
lo que había –y lo repito una vez más– era un sesgo de la situación, y tenía que ver con que al poder
de policía de la Ciudad yo no se lo interpretaba, sino que lo aplicaba; y lo hicimos con toda la
contundencia que nuestros recursos y nuestra capacidad nos permitieron.
Sr. Devoto.- O sea que usted reafirma que pudieron ejercer el poder de policía, más allá de las
limitaciones de la normativa vigente.
Sr. Álvarez.- Yo dije que con la normativa vigente –déjeme dar un número aproximado– hicimos
alrededor de 500 clausuras. Si le dijera que no se podía hacer, estaría en un problema porque se me
plantearía por qué clausuré.
Sr. Devoto.- ¿Por qué fue necesario elaborar un nuevo esquema de coordinación operativa con
organismos no dependientes del Gobierno de la Ciudad y con empresas de servicios?
Sr. Álvarez.- Fue necesario y conveniente; y me parece que mejora, por lo que traté de explicar al
principio, la calidad y no sólo la cantidad de inspecciones. Un ejemplo concreto que era motivo de
preocupación de muchos de ustedes y de la sociedad que, seguramente, lo sigue siendo, es el
funcionamiento de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio tienen particularidades que
son propias, complejidades lógicas y propias de la actividad que desarrollan. Entonces, parecía casi
un contrasentido que fuera a inspeccionar –no importa si era primera o segunda– sólo la
Subsecretaría de Combustibles y después fuera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que
nosotros dijimos fue: “juntemos las fuerzas y entrecrucemos los datos; del entrecruzamiento de
datos va a salir información muy valiosa respecto de cómo hacer un diagrama de seguridad en la
Ciudad”. Además, como sabemos que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, ellos
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dependen de dos organismos, en este caso distintos. Déjeme poner un ejemplo: Subsecretaría de
Combustibles y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos reportan a distintas jefaturas,
reportan a distintos organismos, con lo cual la posibilidad de que haya algún acuerdo espurio o que,
por corrupción o por desidia, no se haga lo que se tenga que hacer, está bastante más acotada.
Además, la experiencia del cuerpo de inspecciones de otros organismos –el caso de la AFIP
me parece que es un muy buen ejemplo– suma experiencia, suma conocimiento y suma calidad a la
tarea que nosotros podemos desarrollar con nuestros inspectores. Yo diría que históricamente –he
sido dos veces Intendente municipal– los cuerpos de inspectores no han gozado, en general, del
mejor prestigio frente a la sociedad.
Por lo tanto, después de un hecho de estas características, lo que habría que hacer es reforzar,
con otros organismos e inspectores, y con entrecruzamiento de datos, la actividad fiscalizadora por
parte del Estado.
Sr. Devoto.- Por ahora, no voy a formular más preguntas.
Sr. San Martino.- Señor presidente: agradezco al señor diputado por su voluntad de venir a
testificar, a pesar de no haber recibido la cédula, y también por su paciencia en esperar, porque para
nosotros es muy importante conocer el estado en el cual él recibió el área, tal como lo ha descrito.
Señor Álvarez: la primera pregunta está vinculada con una decisión que –según tengo
entendido– usted tomó el 24 de enero de 2005, en el sentido de establecer una auditoría de corte en
el área. ¿Me podría informar acerca de esa decisión?
Sr. Álvarez.- En principio, me parece que es una cuestión de prudencia elemental, por parte de
quien asume un cargo, hacer que quede bien en claro cuál era la situación que existía en su área, al
día que asumió. Sin embargo, en este caso, había algo más que una cuestión de prudencia o de
corrección, en el sentido de que –como dije al principio–, evidentemente, tuve que hacerme cargo de
un área cuya conducción política estaba renunciada, puesto que cuando nos hicimos cargo de ella
estaba acéfala y se encontraba en el ojo de la tormenta.
Más allá de nuestra intuición y nuestra experiencia, no podíamos saber a ciencia cierta qué
era lo que fundamentalmente había que ir regulando. Por eso, pedimos una auditoría de corte, cuyos
resultados no conozco, porque –según tengo entendido– se presentaron hace no demasiado tiempo o,
en todo caso, bastante después de que yo me retirara.
Justamente, con el objeto de que fuese un material de consulta y de discusión respecto de lo
que se estaba haciendo, de modo que pudiéramos evaluar qué estaba bien, qué estaba mal y qué
cosas no se hacían...
Sr. San Martino.- Señor presidente: en virtud de la manifestación del señor diputado, dado que –tal
como él, efectivamente, lo ha afirmado– el informe final de auditoría acaba de ser publicado,
quisiera solicitar por su intermedio a la Sala Juzgadora que por Secretaría se dé lectura a las
observaciones principales y a las conclusiones, que son breves, para que el testigo las conozca.
Sr. Presidente (Maier).- Y para que las conozca la Sala.
Sr. San Martino.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Maier).- De todas maneras, primero tendrán que tomar una decisión al respecto.
Supongo que no habrá problemas.
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Sr. Castejón.- Señor presidente: la Defensa no alcanza a visualizar cuál es la finalidad de que el
testigo conozca los informes de auditoría que arribaron con posterioridad a su gestión.
Sr. Presidente (Maier).- Creo que se trata de una equivocación formal, en el sentido de que quienes
tienen que conocer esos informes son los que van a juzgar. Se trata de incorporar las conclusiones
de la auditoría a la prueba que va a considerar la Sala Juzgadora. ¿Me parece a mí, o estoy
equivocado?
Sr. San Martino.- Es correcto, señor presidente. Y lo digo con respecto a lo que mencionara el
testigo.
Sr. Presidente (Maier).- El testigo mencionó una auditoría que él ordenó, cuyo informe no conoce,
por la única razón de que él renunció al cargo antes de que dicho informe se hubiera presentado.
Lo que desea el diputado San Martino es que las conclusiones –que son pocas– sean leídas
para conocimiento de la Sala Juzgadora.
¿La Defensa tiene alguna objeción?
Sr. Castejón.- No hay inconvenientes, señor presidente.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Se puede leer, diputado Rebot?
Sr. Rebot.- Sí.
Sr. Presidente (Maier).- Por Secretaría se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Said).- Dice así: “El sistema de control interno de la DGHP resulta deficiente, lo
cual puede verse reflejado, entre otras cosas, en las siguientes situaciones: a. Los cambios
permanentes de estructura producen la dilución de responsabilidades, y la falta de continuidad real
en la historia organizativa redunda en la inauditabilidad del área; b. no existe en la DGHP una
valoración estratégica de la seguridad en la carga de datos del registro de habilitaciones de la Ciudad
de Buenos Aires; c. el acceso al registro de habilitaciones no posee la seguridad física
(infraestructura) ni lógica (funcionamiento de los controles sobre los circuitos de habilitación a
partir del inicio del trámite) inherente a la importancia de la función que cumple en el proceso
habilitante para la Ciudad de Buenos Aires; d. asimismo, el registro no permite la emisión de un
listado actualizado de habilitaciones, debido a la inexistencia de un procedimiento de bajas
normado, habiendo presentado la organización auditada un proyecto de ley que reflejaba la
subsanación de tal situación; e. no existe coordinación alguna entre la DGHP y la DGFC en cuanto
a la relación entre la habilitación y sus posteriores inspecciones; f. no puede establecerse la cantidad
de personal con la que cuenta el organismo auditado por carecer de un registro unificado de agentes
que revisten en el mismo; g. la información vertida en el marco del último informe de gestión
realizado por la DGHP no es confiable, lo cual se evidenció en la imposibilidad por parte de este
organismo de control de compulsar la documentación respaldatoria de esas acciones; h. se detectó
que, debido a las permanentes mudanzas y cambio de autoridades y funciones, las actuaciones no
son localizadas de forma inmediata, no ubicándolas en algunos casos debido a la falta de orden
general imperante; i. no se tiene registro de la totalidad de las auditorías que se realizaron sobre la
DGHP o sus antecesores organizativos. Conclusiones: el organismo encargado de las habilitaciones
de la Ciudad de Buenos Aires no se encuentra organizado administrativa y funcionalmente a la
altura de las responsabilidades que detenta. No existe una planificación estratégica que enmarque las
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responsabilidades del ente auditado, teniendo en cuenta la relevancia del registro de habilitaciones
como así también de la gestión de sus recursos humanos. La debilidad del sistema de control interno
del organismo queda plasmado en la forma que se realizan todas sus acciones: las tramitaciones, la
resolución de actuaciones residuales, el listado de personal incompleto y desactualizado, la falta de
procedimientos escritos, la inexistencia de documentación respaldatoria de los dichos plasmados en
sus informes de gestión y en los cambios permanentes de estructura, responsabilidades y
funcionarios del área. En conclusión, un organismo sin continuidad organizacional, sin visión ni
misión definidas estratégicamente, sin una rendición de cuentas de la gestión real a la ciudadanía y
sin un procedimiento claro y de aplicación general a todos los trámites, no podrá realizar una gestión
eficiente, eficaz y económica.”
Sr. San Martino.- Gracias, señor secretario.
Voy a hacer una pregunta concreta…
Sr. Presidente (Maier).- Disculpe, señor diputado: yo soy quien va a hacer una pregunta. Diputado:
¿de dónde surge la autenticidad de lo que usted ha presentado?
Sr. San Martino.- A los efectos prácticos, le informo lo que dice la carátula: “Informe General de la
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. Auditoría de corte. Buenos Aires, 28 de marzo de 2005.
De: Auditoría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.” Está publicado en la página Web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Maier).- Gracias.
Sr. San Martino.- La pregunta que surge después de estas conclusiones –que en definitiva son un
detalle de todo lo que usted ha manifestado– es la siguiente: con este personal, a partir del mes de
enero, ¿usted llegó a clausurar 500 dependencias o locales? ¿Quién le ordenó la clausura de tantos
locales con esa normativa?
Sr. Álvarez.- Nadie me ordenó lo que tenía que hacer. En realidad, me lo ordenó la responsabilidad
que asumí. Me lo ordenó la necesidad de que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sintieran
seguridad. Una vez que me ofrecieron el cargo y lo acepté, y cumplidos los requisitos para asumir,
empecé a hacer lo que, según mi buen saber y entender, había que hacer. Flaco favor podríamos
haber hecho, después de lo de Cromañón, si un ministro o, en el caso de la ciudad, un secretario
estuviera sujeto a determinaciones casi diarias de lo que tiene que hacer.
Quien está en ese cargo –que yo ocupé circunstancialmente– tiene una gran responsabilidad.
La responsabilidad política de este gobierno es haberme nombrado, bien o mal, cosa que se verá, si
hice bien o mal las cosas. Una vez en el cargo, si no estoy a gusto y si creo que no puedo desarrollar
mi tarea, me voy. Fíjese que, para bien o para mal, en mi extenso currículum me he ido de muchos
lugares.
Sr. Enríquez.- Pido la palabra.
Buenas tardes. Le agradezco que no se haya acogido a la disposición de declarar por escrito y
que haya venido a hacerlo personalmente.
Sr. Álvarez.- El tema lo merece, señor diputado.
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Sr. Enríquez.- ¿Cuántos locales bailables había en la ciudad cuando usted llegó al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires?
Sr. Álvarez.- No lo puedo decir con exactitud. Una de las cosas que incorporamos fue un registro de
los locales bailables. Puedo decir, con un pequeño margen de error, que cuando me fui, a fines de
abril de 2004, eran 47 ó 48 los locales habilitados.
Hoy en día, usted puede recurrir al registro. Supongamos que tiene un dato absolutamente
relevante y fundamental, ¿qué podemos hacer? Nos fijamos en el registro que ahora existe,
buscamos el día que a usted le interesa y encontramos exactamente la cantidad de locales que hay.
Este no era el sistema que regía anteriormente, porque una vez dada la habilitación no podíamos
saber si estaban o no funcionando.
Sr. Enríquez.- Ese registro no existía en aquel entonces.
Sr. Álvarez.- Yo no lo conocí. Si existía, no lo conocí.
Al día de hoy –digo esto por algunas cosas que, en algún momento, me comentó el
Secretario actual– son alrededor de setenta. No sé si la cifra habrá aumentado. Teníamos idea, en
función de informes, que con la habilitación –habría que ver qué tan en orden o no estaba– serían
alrededor de 200.
Sr. Enríquez.- No había un registro.
Sr. Álvarez.- Yo no lo conocí.
Sr. Enríquez.- ¿Tiene idea de cuántos de ellos habían cumplido con el certificado de prevención de
incendios?
Sr. Álvarez.- Para mí es casi imposible decir con exactitud cuántos habían cumplido. Lo que sí le
puedo decir con exactitud es que, a partir de la creación del registro, y hasta tanto fui Secretario del
área, eran algo menos de 50 los locales que estaban en orden y podían reiniciar su tarea.
Supongamos que hay veinte más; serán unos setenta. Supongo que algunos no habrán funcionado.
Pareciera ser que hay un 20 o un 30 por ciento que en ese momento no cumplía adecuadamente los
requisitos.
Sr. Enríquez.- Para cuantificar, ¿usted dice que de aproximadamente 200 habría un 20 ó un 30 por
ciento que no cumplía con el requisito de prevención de incendios?
Sr. Álvarez.- Sí. Permítame no ser tan preciso en esto, porque debería contar con una lista que en
este momento no tengo. Pero si decimos eso, no creo que estemos hablando de ninguna locura.
Sr. Enríquez.- ¿Usted sabe si Cromañón tenía el certificado de prevención contra incendios al día?
Sr. Álvarez.- No, no la tenía. Además, esto fue dicho en esta misma sala con motivo de la
interpelación al Jefe de Gobierno.
Sr. Enríquez.- Con motivo de las preguntas que he venido realizando, solicito que se incorpore el
expediente 1116-D-2004, de mi autoría, y el 1208-D-2004, de autoría de la diputada Ferrero, que
dieron origen a una resolución de la Legislatura, que fue la número 359, del 30 de septiembre de
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2004, en la que se solicitaba que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma indicara: cantidad de
locales bailables y su clasificación de acuerdo con la categoría A, B o C; informara cuántas
inspecciones se habían realizado durante el presente año; especificar si se labraron actas
contravencionales y, en caso afirmativo, detallar cuántas en concepto de incumplimiento de las
medidas de seguridad contra incendio y cuántas por otros motivos; informar si se han realizado
clausuras como consecuencia de esas inspecciones, y si todos los locales bailables cuentan con
certificados de seguridad contra incendios y si fueron renovándolos anualmente.
De aquí surgen con exactitud estos números, y me parece una pieza fundamental…
Sr. Presidente (Maier).- Disculpe, diputado Enríquez. Nuevamente, le pido que no alegue…
Sr. Enríquez.- No estoy alegando.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Usted solicita la incorporación de ese expediente cuyo objeto ya
mencionó? ¿Quiere que leamos el expediente aquí? Preguntemos a la defensa qué opinión tiene
sobre esto, y que lo decida la Sala de Juzgamiento.
¿Quiere hacerle una pregunta al testigo sobre eso?
Sr. Enríquez.- No. El testigo ya respondió.
Sr. Presidente (Maier).- Entonces, no lo molestemos más.
Sr. Enríquez.- No lo estoy molestando. Le estoy diciendo…
Sr. Presidente (Maier).- Está declarando el testigo, no usted. ¿Quiere la incorporación de ese
expediente?
Sr. Enríquez.- Claro, porque este expediente…
Sr. Presidente (Maier).- No digo que no tenga razones plausibles para incorporarlo…
Sr. Enríquez.- Lo que pasa es que la contestación de este expediente emanó durante la gestión del
doctor Juan José Álvarez.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Quiere que reconozca…?
Sr. Enríquez.- No quiero que reconozca. La contestación de este expediente, elevado en el mes de
septiembre, recién se viabiliza cuando el doctor Juan José Álvarez era…
Sr. Presidente (Maier).- Entonces, déjeme preguntarle si conoce esto. ¿La contestación es personal
o no? Porque, si es así, que reconozca la firma y que la contestación la dé él…
Sr. Enríquez.- Se trata de personal suyo porque, evidentemente, no es la contestación directa del
señor secretario, pero sí del Subsecretario, que depende de éste.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Quién es el señor Subsecretario?
Sr. Enríquez.- Por ejemplo, Pedro Fioretti, un ingeniero.
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Sr. Presidente (Maier).- Perfecto.
Entonces, le vamos a preguntar si recuerda algo de esto.
Sr. Álvarez.- Sí. Inclusive, creo haberlo dicho cuando le respondí al diputado. En todo caso, creo
que es bastante fácil de entender. A diferencia del señor Gorgal, que continúa en el cargo en el día a
día, hace casi un año que yo no ocupo este cargo. Con lo cual, recuerdo el expediente, pero no me
pidan que diga de memoria qué dice, porque es imposible.
Sr. Presidente (Maier).- Diputado Enríquez: además de formular el pedido de la Sala Acusadora,
¿usted quiere incorporar esto?
Sr. Enríquez.- Pido que se incorporen estos expedientes, porque la cantidad que ha mencionado el
diputado Álvarez no se compadece con la previsión que figura en este expediente, pero sí con lo que
él ha dicho.
Sr. Presidente (Maier).- Tienen la palabra los señores defensores.
Sr. Golodny.- La defensa se opone a la incorporación de este expediente. Considera que es
documentación y prueba conocida. Tanto más cuando el propio diputado se atribuye su propia
intervención; de manera que, no se advierte la necesidad de la incorporación cuando ya tuvo la
oportunidad de hacerlo.
Sr. Presidente (Maier).- Esto lo dejo a disposición de la Sala Juzgadora para que decida si se
incorpora o no entre los elementos de prueba. Lo voy a hacer constar en el acta. Por este motivo,
continúe con las preguntas al testigo, por favor. No quiero demorarlo más, no sólo en homenaje a la
investidura del doctor Álvarez, sino porque estamos atrasados.
Sr. Rebot.- Me parece haber entendido que quiere la incorporación de todo el expediente.
Nuestra preocupación es que es imposible hacer un seguimiento documental de esto en estas
condiciones. Si lo que la Fiscalía quiere hacer es preguntarle al diputado si conocía el contenido de
una respuesta institucional, podríamos evaluarlo, pero la incorporación del expediente en esta
instancia no parece oportuna porque, además, no conocemos el contenido del expediente y no sé si
lo conoce la Defensa.
Sr. Presidente (Maier).- Por favor, conteste la pregunta.
Sr. Álvarez.- Si me está preguntando si hubo una actuación administrativa de estas características,
digo que sí. A partir de ahí, como bien señaló el diputado San Martino, debo ser muy preciso en lo
que recuerdo exactamente, porque no tengo la información aquí y estoy bajo juramento. Entonces,
en función de mi condición de diputado de la Nación, podría haber pedido que estas preguntas se me
hagan por escrito y luego responderlas. Sin embargo, creí necesario estar aquí; lo que tiene como
contrapartida es que no cuento con toda la documentación.
En todo caso, por lo que recuerdo, he dicho más o menos lo mismo que dice el informe al
que hace referencia el diputado Jorge Enríquez. Como él lo tiene a su vista, lo podrá apreciar más
que yo.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Es suficiente, diputado Enríquez?
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Sr. Enríquez.- Sí, es suficiente. No obstante, se trata de una alerta institucional que, en el momento
oportuno, le vamos a solicitar a la Sala Juzgadora que se incorpore.
Usted manifestó que con la misma normativa y los mismos recursos, se clausuraba.
¿Hubiera sido necesaria la implementación de un préstamo del BID para que pudiera realizar la
gestión que llevó a cabo?
Sr. Álvarez.- Corríjame señor diputado si me equivoco, ¿usted se refiere a un equipamiento
informático?
Sr. Enríquez.- Sí, así es.
Sr. Álvarez.- Usted me conoce; he pasado por distintos lugares –nacionales, provinciales,
municipales, en mi provincia y en esta ciudad– y he sido requerido por distintas provincias por
temas referidos a cuestiones de seguridad.
En general, ante un tema de estas características, y sobre todo cuando la opinión pública
ejerce una presión tan fuerte –parece casi una insolencia recordar por qué ejerció esa tan fuerte
presión–, a los funcionarios públicos nos parece que es el momento de dotar de más elementos a
estas áreas.
Imaginemos que en vez de ser un testigo, en este momento estuviera dando una charla casi
inaugural o un discurso de mi gestión y les dijera a ustedes que no puedo llevar a cabo mi gestión, si
no tengo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo; creo que no solamente recibiría un
abucheo –por decir lo menos–, si no que la desilusión y la preocupación serían enormes tanto de
ustedes como de quienes nos escuchan.
Entonces, digo: “A ver, qué pasó. Vamos a contextuar todo”. Ustedes saben que yo me
entero de esto de la peor manera. Ustedes saben que un casi familiar mío, es decir, el novio de tantos
años de mi hija mayor estuvo más de veinte días internado en terapia intensiva, otro tanto entre
terapia intermedia y sala, y luego tuvo una difícil recuperación, no sólo física, sino psíquica. Este
fue el motivo por el que, cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad me hace saber su deseo de
incorporarme en el cargo le dije que sí. Para mí, hubiera sido mucho más fácil –créanme– haber
cumplido con mi palabra y decir que no. Después de haber estado en el Gobierno nacional y el
gobernador de la provincia de Buenos Aires me vuelve a llamar en un caso muy crítico; poco antes,
ya casi abandonando el gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Santa Fe –frente a las
inundaciones– me pide que también vaya a esa crisis. La verdad es que les digo a los que me quieren
y a los que no me quieren que, como lo dije en un reportaje cuando asumí esta función, si alguien
cree que el cargo que voy a asumir es envidiable es porque no entiende nada, está loco, es un
estúpido o tiene mala fe.
Había que hacerse cargo con lo que había. Yo no podía decir, “Voy a ver”. Recién, un
diputado preopinante hacía referencia a una auditoría y fíjense lo que tarda un organismo en mostrar
sus resultados. Imagínense si en aquel momento yo mismo hubiera hecho la auditoría: recién hoy
estaría en condiciones de ser plenamente un Secretario de Seguridad. Entonces, había que hacerse
cargo, ¿con qué? Con lo que había.
Gorgal recibió más en mayo de que lo que yo tenía el 7 de enero. No sé si ustedes le
preguntaron al actual Secretario acerca de los recursos, ya que se han incrementado durante su
función, porque creo que la Legislatura ha intervenido en eso. Pero en ese entonces, yo no podía
hablar de recursos, de personal, del Banco Mundial, ante semejante emergencia.
Como testigo, puedo decirles que el Gobierno de la Ciudad me brindó los elementos y el
espacio para que pudiéramos hacer lo que obviamente hicimos, para bien o para mal. Si usted
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pregunta si para hacer lo que yo necesitaba era necesario pedir un préstamo, la respuesta es obvia.
Además, permítanme agregar que con más elementos, con la modernización, con mayor
capacitación, con más recursos hay y con buen gerenciamiento seguramente se pueden hacer más
cosas.
Sr. Enríquez.- No sé si ya se contestó mi siguiente consulta, ya que podría haber alguna pregunta
superpuesta con las que se le formularon al Secretario Gorgal. Cuando usted arribó al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en las circunstancias dramáticas que usted expuso no sólo de manera
objetiva, sino también con una fuerte carga subjetiva, ¿existía un mapa de riesgo?
Sr. Álvarez.- Yo no lo conocía. Lo que sí me parece que para nosotros era fundamental elaborarlo y
elaborarlo, además, con criterio. No solamente hay que decir que en tal lugar hay una estación de
servicio y ponerle un puntito colorado. Eso no es armar un mapa de riesgo; eso, en todo caso, es
decir en donde hay una estación de servicio.
¿La cancha de River es un lugar de riesgo o no en este momento? No. Pero el domingo, que
hay fútbol, tiene un riesgo que no tiene hoy, que es miércoles. Entonces, si solamente es un puntito
que dice que ésta es la cancha de River o la cancha de Boca y yo les muestro en dónde están los
estadios, si en vez de ser esto una testimonial mía yo fuese el ministro y esto fuera una interpelación,
alguno de ustedes podría decir que le estoy errando.
Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner un criterio. Pero retrotraigámonos a la fecha en
que nosotros trabajamos. Repito, y no me voy a cansar de decirlo, esto estaba fuertemente sesgado
en función de lo que nosotros teníamos que resolver. ¿Quién me iba a decir a mí por qué no había
inspeccionado algo que imaginamos de poco riesgo? Eso parecía casi una frivolidad.
Ese mapa de riesgo tenía que hacerse con un criterio. Algunos lo podrán compartir y otros
no. Tiene que ver con las posibilidades de asignar adecuadamente los recursos. Uno puede tener diez
veces más inspectores. Si el criterio de uno es que haya un inspector por comercio habilitado en la
Ciudad de Buenos Aires, tendría que haber 250 mil. Quien tiene ese criterio siempre va a venir acá y
va a decir que tiene poca gente. Y eso es hacerse trampa. Entonces, había algunos inspectores; a
otros los corrimos y otros ingresaron. Para esto se hizo un concurso, se hizo una convocatoria por
los medios y se presentaron casi 700 y pico de currículum, algunos de ellos realmente muy
importantes para cubrir 50 cargos Tengo entendido que hoy están trabajando y lo estarán haciendo
bien.
Nos hicimos cargo con lo que teníamos porque ésa era la responsabilidad. Por eso, yo planteé
inicialmente que había por lo menos dos etapas en nuestro plan de seguridad. Había una primera
etapa que tenía que ver con la urgencia de la situación dada y en función de las circunstancias
heredadas. Esa fue una etapa que hubo que hacer con mucha fuerza, muy acotada, y por eso dije que
no quería subsecretaría de justicia, porque no quería que se nos mezcle con lo que es para mí el
problema fundamental por el cual he sido llamado. Y hubo una segunda etapa, y por lo que se ve,
permítame decirlo, que lleva adecuadamente adelante el secretario actual, que tiene que ver con la
consolidación de aquello que era un atisbo.
Volviendo, entonces al comienzo, tuve que hacerme cargo con lo que tenía. No había
excusas para no hacerme cargo.
Sr. Enríquez.- Es claro que el mapa de riesgo no es estático sino dinámico. ¿Cuánto tiempo le llevó
a usted elaborarlo?
Sr. Álvarez.- Nosotros rápidamente teníamos en la mesa de trabajo lo que necesitábamos.
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Esto no es ni bueno ni malo, sino que es una característica: nosotros apuntamos inicialmente
a aquellas áreas que representaban el 80 por ciento en el riesgo potencial. Si yo tenía cubierto el 80
por ciento, obviamente, habría disminuido muy fuertemente la posibilidad de que ocurran hechos
desgraciados de magnitud.
Para eso, lo elemental, lo básico, se hizo rápido. Además, convengamos que tenía señalado
claramente por la sociedad qué era lo que quería que nosotros hiciéramos en ese caso. Esto no
sucedió aquí producto de la genialidad de algún funcionario, sino que tuvo que ver con lo que ha
pasado en la mayoría de los países del mundo post catástrofes. He tenido la posibilidad de
entrevistarme con quienes estuvieron a cargo del manejo de catástrofes importantes. Estoy hablando
del caso de España, del ex alcalde de New York Giuliani y su equipo; no respecto de la seguridad ni
de la famosa tolerancia cero –que aparte de no compartir, me interesaba menos–, sino desde el punto
de vista del manejo de la crisis.
Nosotros empezamos a establecer un criterio que, como usted bien remarca, es dinámico, que
cambia permanentemente y que fue el que nos permitió dirigir, según nuestro buen saber y entender,
los recursos que teníamos para minimizar fuertemente la posibilidad de riesgo de catástrofes.
Sr. Enríquez.- Durante su gestión, cuando un local que iba a ser inspeccionado se encontraba
cerrado, ¿se volvía al poco tiempo o se dejaba sine die?
Sr. Álvarez.- No; era una luz amarilla.
Si usted va a inspeccionar un local, debe suponer que debe estar abierto; si va cuando no está
abierto, es un dispendio de recursos públicos que no se justifica. En esto algunos podemos ser
desconfiados, lo que a veces es bueno en la función. Alguien puede imaginar que tuvieron el dato
desde adentro, que sabían que los íbamos a inspeccionar. En ese momento estaba instalada la idea de
que inspeccionábamos todo. Ustedes deben recordar que los sillones estaban tirados en las veredas y
que la gente descartaba lo que imaginaba que no correspondía, lo que podía ser objeto de clausura,
de multa, de acta de infracción, etcétera. Obviamente, nosotros lo fomentábamos; queríamos que
fuese así. En ese marco nosotros construimos nuestra política de seguridad.
Sr. Enríquez.- El inspector que concurría al lugar, ¿tenía facultades para clausurar, aunque sea
preventivamente? ¿O tenía que remitir previamente la autorización...
Sr. Álvarez.- Previamente, no.
Sr. Enríquez.- ...o en el mismo momento?
Sr. Álvarez.- No. Si él cree que tiene que clausurar, debe clausurar y después remitir, no al revés; si
no, no se termina nunca.
Sr. Enríquez.- O sea que no se consultaba.
Sr. Álvarez.- No debe hacerlo.
Sr. Enríquez.- Si hubiera consultado por handy con algún supervisor, ¿cuál hubiera sido la decisión
que usted hubiese tomado?
Sr. Presidente (Maier).- En tren de no demorar más, no le pregunte por una suposición.
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Sr. Enríquez.- No le pregunto por una suposición.
Sr. Presidente (Maier).- Dijo que no se hacía durante su gestión; que clausuraba directamente. No
pregunte por una suposición.
Sr. Enríquez.- Está bien.
¿Usted conoce si durante el período pretérito al suyo se usaban handies para clausurar?
Sr. Álvarez.- No. Lo que conozco es lo que se dijo como argumentación. Recuerden que durante la
interpelación que se le hizo al doctor Ibarra yo, como funcionario, estaba sentado acá y escuché lo
que se preguntó. Sé que hay argumentaciones en función de eso.
Si la pregunta es si usan o no teléfonos tipo handy o celular, la respuesta concreta es sí, los
usan. En todo caso, hay que ver para qué los usan. Usted me preguntó si durante nuestra gestión los
inspectores debían consultar antes de clausurar y yo le respondo que no. Si usted me pregunta –creo
que ésta fue su última pregunta– qué pasaba antes: lo desconozco. No le respondería por una cosa
que no conozco. Sí conozco lo que se dice que se hacía, pero no me consta.
Sr. Enríquez.- Durante su gestión, ¿el régimen de inspecciones se hacía a través de denuncias o se
actuaba de oficio?
Sr. Álvarez.- Para nosotros, las denuncias eran importantes; pero obviamente una actitud sólo
reactiva por parte del Estado en esta área, me parece que sería muy pobre. Tenemos que tener una
rutina de inspecciones.
Cuando nos hicimos cargo de la gestión, ustedes recordarán que me preguntaron por el
volumen de clausuras que realizábamos, y si nosotros creíamos que eso era un éxito. Mi respuesta
fue que el éxito de una gestión estaba en que eso se sistematice. De nada sirve que se hagan el día x,
la semana x, o el plazo que usted quiera, 500 mil, 5 mil o 50 mil clausuras si después no se van a
seguir haciendo.
Me parece que logramos avanzar sobre una sistematización que fue positiva. Si tengo una
denuncia que proviene de algún órgano especializado y específico, o teniendo en cuenta las
características o la verosimilitud que tiene esa denuncia cuando nos llega a nosotros, por supuesto
que la recibimos, y lo prudente debiera ser atenderla.
Sr. Enríquez.- Usted dijo que durante su gestión se regía por la normativa vigente. Esa normativa
vigente, ¿podía ser reformada por órdenes de un coordinador?
Sr. Álvarez.- No. Los funcionarios del Poder Ejecutivo, del nivel que yo ocupaba –que es lo que
importa para este caso– no tenemos esa facultad. Además, recuerdo que hemos conversado respecto
de los DNU, el 1 y el 2, de 2005. Hemos intercambiado opiniones. Estaba claro que lo que
necesitaba el funcionario del área –no me refiero a la persona que circunstancialmente desempeñaba
el cargo– era una normativa que permitiera la normalización de la actividad. Creo que hubiese sido
una pésima señal y, además, de cumplimiento imposible. Esto iba a generar una serie de circuitos
paralelos imposibles de controlar. La actividad no podía suspenderse para siempre o sine die. En
algún momento, sabíamos que ése era nuestro mayor desafío. Teníamos que decir de nuevo
"recomienza la actividad". ¿Y cómo decírselo a una sociedad que hacía pocos días había sufrido lo
que sufrió?
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Entonces, repito, con la normativa vigente, con los elementos que teníamos, debimos
trabajar. Lo hicimos bien, lo hicimos mal, se podría haber hecho mejor. Seguramente ha habido de
todas las cosas. Creo que hemos avanzado en algunas cosas, y ha sido positivo.
Me parece que hemos ido más lento –y me hago cargo– de lo que tenía que ser. Hay cosas
que las pudo hacer Gorgal y que no las pude hacer yo. En todo caso, quiero marcar claramente que
mi gestión estuvo signada por el especial momento en el cual tuve que decir "sí, juro". Estamos
hablando de apenas a unas horas después de la tragedia de Cromañón.
Sr. Enríquez.- Para determinar las inspecciones y las clausuras, ¿existía algún tipo de
discrecionalidad, o se manejaban con criterios objetivos y normativos?
Sr. Álvarez.- No; no puede, no debe, no corresponde que haya un margen amplio porque, si no, ahí
le estamos abriendo la puerta a algo que después es incontrolable.
Sr. Enríquez.- Desde que se resolvió clausurar los locales bailables hasta que se tuvo un panorama
claro del estado de habilitación de los mismos y de las inscripciones en el Registro Público de
Locales Bailables, ¿cuánto tiempo transcurrió, aproximadamente?
Sr. Álvarez.- Yo asumí con un decreto –recuérdemelo usted si no es así– que se suspendía a los 30
días y que después se prorrogó. Teóricamente, cuando se había vencido ese plazo, nosotros
habíamos puesto la condición de que existía un registro. Si no cumplían con las condiciones del
registro, automáticamente la actividad no se ponía en marcha a partir del vencimiento. Yo le diría
que los primero boliches que reabrieron desde que yo asumí, lo han hecho, más o menos, a los 60
días. No recuerdo bien, pero me da esa impresión.
Sr. Enríquez.- La última pregunta se relaciona con la primera mención que usted hizo.
Sr. Álvarez.- Discúlpeme: en realidad, tenía que ver con que cumplieran o no con esos requisitos.
La inclusión en el registro como un nuevo requisito, como una nueva formalidad a cumplir, fue lo
que nos permitió sortear una serie de escollos que hubiera sido muy farragosos de resolver. Creo que
el registro ha sido una sencilla y eficaz solución. Hoy hay presentaciones desde la época en la cual
yo era ministro, de las que ha pasado un año y todavía no han sido resueltas; y no pueden funcionar.
Sr. Enríquez.- La última pregunta se relaciona con lo primero que usted mencionó, diputado
Álvarez. Usted dijo que cuando llegó no había una memoria o un cuadro de situación plasmado en
algún instrumento. ¿Esto era abarcativo de todas las áreas o era solamente el reflejo de alguna en
particular?
Sr. Álvarez.- Déjeme que le precise más. Yo no digo que no existía. Porque también la pregunta
podría ser: “¿por qué, entonces, se hacen cosas?”. No es que tuve que sacar de abajo de la tierra lo
que no había. Cuando el fiscal hizo uso de la palabra en primer término, con su pregunta me
permitió hacer una especie de introducción y recordar en qué marco nosotros comenzamos a
desarrollar nuestra tarea. Las memorias, si usted ha tenido experiencia en la administración pública
lo sabe, no son solamente lo que un funcionario le da para leer en su casa unas 565 mil páginas…
Sr. Enríquez.- Está claro.
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Sr. Álvarez.- …sino que tiene que ver con lo que dicen de las cosas que pasan. Está claro que esta
situación no era una situación absolutamente normal. Yo no me podía sentar alegremente, café de
por medio, con una línea que estaba fuertemente impactada por lo que había pasado. Me pasó que
tuve que decirle a un funcionario “yo a usted no lo quiero”. Ustedes se acuerdan que yo pedí
renuncias. ¿Cuál era la petición que me hacían? Públicamente, casi aparecían como si yo los estaba
responsabilizando de algo. En realidad, lo que muchos hacemos cuando entramos a un lugar es decir
“esta línea yo la corro y pongo otra gente de mi confianza, que tiene tales o cuales características”.
También para eso había que ser muy cuidadoso.
Entonces, no es que no existiera nada, porque si yo dijera eso estaría faltando a la verdad o
siendo, cuanto menos, excesivamente presuntuoso. Lo que quiero decir es que, con respecto a la
estructura existente, nosotros teníamos que redireccionarla, en función de la situación concreta que
me había llevado al cargo y de mis criterios objetivos, con los cuales gestiono. Para bien o para mal,
soy conocido por eso desde hace unos cuantos años.
Si me preguntan si había gente valiosa, diré que sí; ¿había mecanismos adecuados? Sí;
¿había gente que tenía un nivel de formación correcto? Sí. ¿Todo eso alcanzó? No, no alcanzó.
En consecuencia, sobre esa base, tenía que considerar dos aspectos fundamentales –y
permítanme que los reitere–: en primer lugar, me puse en contacto con la jueza que en ese momento
tenía a su cargo la investigación judicial, para ver qué más podía hacer yo, además de lo que
aportaban el organismo de por sí y la Procuración; en segundo lugar, debía hacer algo fundamental:
corregir aquello que, según mi criterio, debía ser corregido y hacer aquello que, según mi criterio,
debíamos hacer.
Sr. Enríquez.- Usted señaló que algunos funcionarios habían actuado correctamente. ¿Tuvo
dificultades con alguna renuncia que usted le solicitara a algún funcionario que fuera reticente a
presentarla?
Sr. Álvarez.- No. Mire: he tenido a mi cargo organismos con más de setenta u ochenta mil
subordinados. Algunos –y usted lo sabe– con particularidades especiales, como por ejemplo, las
fuerzas de seguridad.
Cuando usted le dice a una persona “No va más”, esa persona tiene el derecho –y uno la
obligación, si las posibilidades se dan– de conocer los motivos. En este caso, señor diputado, puede
ser que algún funcionario –por su honor, o por creer que estaba en su derecho, el cual no le puedo
negar– haya intentado, por lo menos, conocer la razón.
Repito una vez más que, en ese momento, yo tenía que ser muy cuidadoso, porque si le decía
a alguien: “Váyase, porque usted no me sirve para esta tarea”, esa persona creía aparecer
públicamente como co-responsable de la tragedia. Entonces, nadie –por ningún motivo– quería ser
colocado en esa situación. De todos modos, no había ninguna posibilidad de que nadie me dijera que
no. ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos hablado con el Jefe de Gobierno.
Cuando el señor Jefe de Gobierno me ofreció el cargo, entre el ofrecimiento y la aceptación,
conversamos acerca de cuáles iban a ser los criterios con los que nos íbamos a manejar. Después,
vino toda esa cuestión respecto de cuál era exactamente el rol que yo ocupaba. Lo cierto es que el
rol que yo ocupaba no era ni más ni menos que el que ocupé: fui el Secretario de Seguridad de la
Ciudad de Buenos Aires por cuatro meses, a partir del día 7 de enero.
En ese momento, había una serie de funcionarios, más allá de la honorabilidad o no del que
ocupaba el cargo, que yo no requería. Además, de acuerdo con lo conversado con el Jefe de
Gobierno, necesitaba su beneplácito, y obviamente lo obtuve; de lo contrario, no hubiese aceptado el
cargo. Y se fueron.
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Sr. Enríquez.- La Fiscalía no tiene nada más que preguntar.
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra la Defensa.
Sr. Castejón.- Señor presidente: la Defensa no va a formular muchas preguntas. Doctor Álvarez:
usted acaba de decir que, cuando el doctor Aníbal Ibarra le ofrece el cargo, usted mantiene una o
varias reuniones con él, en las que se fijan pautas y lineamientos. Concretamente, a esta Defensa le
interesa saber en qué consistían esas pautas y lineamientos y si usted tuvo algún tipo de limitación
en el ejercicio de su cargo.
Sr. Álvarez.- Si me lo permite, comenzaré por la segunda parte de la pregunta.
Las limitaciones que pude tener en el cargo pueden ser atribuibles al cargo mismo, y no hay
autoridad política alguna que me haya puesto cortapisas porque, de lo contrario, no hubiese aceptado
el cargo.
Les recuerdo una vez más –disculpen que los aburra con esto– que no asumí en cualquier
momento. No se trata de la asunción que alguien desea. Bajo ningún punto de vista quería volver a
ocuparme de estos aspectos; fueron las terribles y desgraciadas circunstancias las que me llevaron a
ocupar este cargo; mal podría, entonces, ocupar este cargo, con esos condicionamientos anímicos y
afectivos, si tuviese, además, limitaciones de tipo político.
Respecto de la primera parte de la pregunta, le digo que los lineamientos eran muy claros. A
esto había que darle una impronta, que es la que traigo: saturación de inspecciones; concentración de
recursos en los lugares críticos; previamente a eso, determinación clara, según el criterio, de los
lugares críticos; una clarísima señal a la sociedad de que esos eficaces operativos eran transparentes;
evitar nulidades posteriores, vía recursos ante la Justicia; es decir, que los procedimientos fueran
hechos con absoluta claridad; dotarlos de elementos que hagan incontrastables las formas en que se
llevan adelante las inspecciones, como por ejemplo, proveerlos de máquinas digitales y de
elementos de informática que actualmente son recursos relativamente baratos. De esta manera, el
inspector puede saber qué es lo que está haciendo y puede servir para su defensa.
Todas estas cuestiones estaban claras. No había recomendación alguna para hacer algo
distinto a lo que sinceramente traté de hacer.
Sr. Castejón.- Durante los cuatro meses de su gestión, ¿mantuvo reuniones con el Jefe de
Gobierno? En el caso de haberlas tenido, ¿podría explicitar brevemente cuál fue su contenido?
Sr. Álvarez.- A través de la Presidencia, pido por favor que acote la pregunta. He tenido muchas
reuniones. ¿A cuáles se refiere específicamente?
Sr. Castejón.- Concretamente, quiero saber si el Jefe de Gobierno se iba informando de la gestión
que usted llevaba a cabo.
Sr. Álvarez.- Sí. Obviamente, ese era un tema de consulta muy habitual, pero al igual que yo soy
con mis colaboradores, pretendo que lo sean conmigo. Si yo asumo una responsabilidad e imparto
criterios a mis subordinados, a partir de ese momento, a quien tiene la facultad de exigírsele la
responsabilidad, se lo debe dotar de los elementos como para que cumpla; y debe cumplir. De lo
contrario, de acuerdo con mi criterio, se tiene que ir y ese cargo debe ocuparlo otra persona. No hay
mucho para discutir, y tampoco en ese tiempo.
Cuántas cosas importantes se pueden decir del avance de cualquier área. Muchísimas. No
hay nada más lindo para un funcionario que llega a esos niveles que generar planes de acción,
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convocar a distintos actores sociales, etcétera. Recuerdo –y recuerden, por favor, para que mi
testimonio sea válido– las circunstancias particulares: literalmente, aquí había una situación crítica.
Es por eso que creo que el doctor Ibarra pensó que yo podía ayudarlo. Porque, para bien o para mal,
me ha tocado pasar muchas situaciones críticas. Desde ese punto de vista, se acompañó el trabajo
que llevé adelante. Si yo hubiese sentido una actitud contraria a lo que estaba haciendo, no hubiera
podido llevar adelante mi gestión.
Sr. Castejón.- Usted dijo que en su gestión se dispusieron innumerables clausuras de todo tipo de
locales. A esta defensa le interesa conocer cuál era el grado de acatamiento post Cromañón de los
administrados y de las inspecciones que se les realizaban.
Sr. Álvarez.- En general, muy alto. Porque, además, quien no lo hacía corría el serio riesgo no sólo
de ser sancionado como marcan los códigos y las normas administrativas, sino también de sufrir una
fuerte sanción social.
Tal vez no es éste el lugar ni el día, ni soy yo, en mi función de testigo, quien deba decirlo,
pero también hay que discutir otros aspectos que hacen al concepto integral de la seguridad. La
seguridad es un concepto que requiere de un tratamiento integral y no es correcto que esté
compartimentado, ni suponer que en ese compartimiento anida la seguridad. No es un concepto, sino
el resultado de interacciones bastante complejas que exceden holgadamente no sólo el marco del
área de seguridad, sino también el marco del Estado.
Sr. Castejón.- A requerimiento de la fiscalía se leyó el dictamen de la auditoría de corte que fue,
según tengo entendido, propiciada por usted.
Sr. Álvarez.- Yo la solicité.
Sr. Castejón.- ¿Tuvo algún tipo de restricciones para efectuar la solicitud de esa auditoría de corte?
Sr. Álvarez.- No. Forma parte de lo que debo hacer. Yo había determinado la necesidad de una
auditoría. La pedí, y se hizo. Además, es un elemento que no sólo puede tener valor para el tema que
se está debatiendo en esta sala, sino también para el futuro funcionamiento de las áreas. Me parece
que la cantidad de elementos que pudieran generar auditorías son positivos.
Mi experiencia en la Cámara de Diputados –soy secretario de la comisión Revisora de
Cuentas– es que recibo permanentemente auditorías de la Auditoría General de la Nación. En ellas
siempre hay elementos correctivos que vale la pena tomar en cuenta para mejorar el funcionamiento
y la calidad de los organismos en cuestión. Por eso pedí la auditoría.
Sr. Castejón.- Cuando usted dijo que las clausuras se dispusieron con la normativa vigente, se
refería, obviamente, a la normativa vigente al momento de asumir el cargo.
Sr. Álvarez.- Correcto.
Sr. Castejón.- ¿La normativa vigente en ese entonces es la normativa pre y post Cromañón?
Sr. Álvarez.- Sí; la que yo tenía el 7 de enero cuando empecé a actuar. Si hubo una normativa que
cambió entre el 1º y el 6 de enero, no la conozco. Yo no estaba en el gobierno. Lo que digo es que el
día 7 de enero, con lo que había, empecé a trabajar. Pero no sé si eso estaba vigente el día 28, 29 ó
30 de diciembre o si lo pusieron en vigencia el 2 ó el 3 de enero. Obviamente, había una decisión
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administrativa de que se suspendía la actividad nocturna por un plazo, que fue posterior a Cromañón
y anterior a mi asunción.
Sr. Castejón.- ¿Tuvo acompañamiento por parte del Poder Ejecutivo en cuanto al cambio de
normativa?
Sr. Álvarez.- Nosotros propiciamos los DNU, a los que ya hemos hecho mención. Hemos tenido
intercambios con los legisladores respecto de cuáles eran sus pareceres.
Sr. Enríquez.- Perdón. El testigo ya dijo específicamente que no había habido cambios de
normativa. No sé a qué viene esta pregunta; es absolutamente indicativa.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Cuál fue la pregunta?
Sr. Castejón.- El testigo en ningún modo dijo eso, señor presidente. Lo que pasa es que hay
normativas…
Sr. Presidente (Maier).- ¿Cuál fue su pregunta?
Sr. Castejón.- Concretamente, mi pregunta fue si recibió acompañamiento por parte del Poder
Ejecutivo respecto del cambio de normativa. Nada más.
Sr. Álvarez.- ¿Se refiere a los DNU?
Sr. Castejón.- Efectivamente.
Sr. Presidente (Maier).- El testigo había dicho anteriormente que él asumió con la normativa
vigente al 7 de enero, cosa que es una perogrullada…
Sr. Enríquez.- Perdón, señor presidente, pero no lo escuché bien.
Sr. Presidente (Maier).- El testigo dijo anteriormente que el día 7 de enero juró el cargo con la
normativa vigente hasta ese entonces. Entiendo que la pregunta es si el Poder Ejecutivo de la Ciudad
acompañó sus proposiciones de cambio, y él acaba de decir… No veo cuál es el problema.
Sr. Enríquez.- Solicito que la pregunta se reformule, porque se ha hecho en forma indicativa. La
defensa se refirió a cuál fue la posición del Poder Ejecutivo…
Sr. Castejón.- Pregunté si el Poder Ejecutivo acompañó…
Sr. Enríquez.- Él forma parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no es solamente Ibarra.
Sr. Presidente (Maier).- Voy a hacer la pregunta: el señor Jefe de Gobierno u otros secretarios de
Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿acompañaron alguna normativa indicada por usted como
necesaria?
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Sr. Álvarez.- Estamos hablando de un DNU. Eso no lo puedo firmar yo solo. Los DNU no los
firma el secretario del área. No sé si estoy confundido o estamos hablando de otra cosa. Los DNU
los firmamos todos los funcionarios, porque es un requisito para que tengan validez. Pero, además…
Sr. Enríquez.- Discúlpeme. ¿Se refiere a los DNU 1 y 2?
Sr. Álvarez.- No sé qué me pregunta…
Sr. Presidente (Maier).- El testigo dice que no es posible que firme un decreto por sí mismo, sino
que tiene que firmarlo el Jefe de Gobierno y refrendarlo él, cosa que es pública y notoria, aun para
mí, que no tengo la menor idea de qué son los DNU.
Sr. Enríquez.- ¿La aclaración se refiere a los DNU 1 y 2?
Sr. Presidente (Maier).- Señor Castejon: ¿usted quería preguntarle por los decretos de necesidad y
urgencia?
Sr. Castejón.- Respecto de los DNU y si después, a propuesta del doctor Álvarez, fueron dictándose
nuevas normativas en virtud de la gestión que él estaba llevando a cabo.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Qué tipo de normativas? ¿Decretos?
Sr. Castejón.- Decretos relacionados con este tema.
Sr. Álvarez.- Éstas son las cosas por las que me alegro de estar acá y no haber contestado por
escrito.
Nosotros teníamos un criterio sobre cómo debían ser las cuestiones, no solamente operativas
sino también las normas, porque hubiese sido pobre, insuficiente y escasa nuestra tarea si solamente
hubiéramos aumentado el ritmo de inspecciones.
Necesitábamos una normativa que, según mi criterio, que es el vigente –con la que hice lo
que hice, y eso es obvio–, pero que pudiera aggiornarse porque es parte del trabajo. Ustedes están
mirándola en función de buscar argumentaciones en este caso concreto, pero le están preguntando a
alguien que en ese momento obraba por lo que pasó y lo que tenía que hacer para adelante. Esa
normativa, según nuestro criterio, tenía que contemplar algunos aspectos.
Entonces, la respuesta sería: más allá de entrar en una disputa, es obvio que no puedo
vulnerar la forma en que se escribe un DNU. Lo que digo en cuanto al espíritu de lo que pregunta la
Defensa es que he tenido el acompañamiento de los legisladores de todas las bancadas y de toda la
sociedad.
Ésta es la diferencia que puede haber entre las circunstancias en que asumí el cargo y las que
pudieron haber tenido otros. En ese momento, estaba muy indicado por la sociedad cuáles eran sus
necesidades, sus problemas y qué era lo que había que reforzar. Entonces, hicimos el DNU 1 y 2 de
enero de 2005. Ustedes ya lo conocen, ya que es público y notorio.
Antes de llegar a esta Legislatura para cumplir con los procedimientos de rigor, conversamos
con muchos señores legisladores que nos hicieron saber sus opiniones, valiosas e importantes
algunas de ellas. Nos hicieron reflexionar sobre algún criterio y se llegó –por lo menos en el tiempo
en que yo estuve– a una normativa.
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No he sentido, y esto lo digo en general, ninguna limitación. Además, quienes me conocen,
saben que si me llaman para un trabajo es porque se supone que lo sé hacer y pretendo que me dejen
hacerlo; si no que lo haga otro.
Sr. Castejón.- Doctor: ¿cuál es el criterio o pauta para elaborar un mapa de riesgo?
Sr. Álvarez.- Cada uno de los que estamos aquí podemos tener una pauta distinta. Mi criterio, el que
planteamos para elaborar un mapa de riesgo, tiene que ver con aquellos lugares de gran concurrencia
de público que, por la actividad que desarrollan o por alguna circunstancia particular, habitualmente
pueden no tener algún riesgo, pero lo tienen.
El caso más fácil de comprender es el de las estaciones de servicio. ¿Son esos los únicos
lugares de riesgo? Bajo ningún punto de vista. ¿Es imposible, suponiendo que eso lo haga
perfectamente bien, que no haya riesgos en otras áreas? Por supuesto. Lo que nosotros
determinamos es un criterio y sobre ese criterio empezamos a elaborar un mapa de riesgo.
Asimismo, creo que se puede mejorar y avanzar mucho. La Ciudad tiene mucho para
discutir, para mejorar y creo que hay mucho para hacer.
Básicamente, nuestro mapa de riesgo tenía que ver con atender, no diría en forma excesiva,
pero sí prioritaria –ya que en esto no hay excesos–, a los lugares de gran concurrencia de público, y
fundamentalmente, donde pueda darse algún otro elemento que combinado con la actividad que en
ellos se desarrolla genere un riesgo.
Sr. Castejón.- La defensa no va formular más preguntas, señor presidente.
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra la diputada Polimeni.
Sra. Polimeni.- Gracias.
Me voy a abstener de formular preguntas al testigo porque mis inquietudes han sido saldadas.
Simplemente, en calidad de licencia poética, quiero agradecer la presencia del testigo y decirle que
sinceramente estoy convencida de que él honra su cargo no habiendo utilizado la prerrogativa de
poder contestar por escrito y estar sentado aquí ante nosotros.
Sr. Álvarez.- Le agradezco la deferencia, señora diputada.
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra el diputado Meis.
Sr. Meis.- Buenas tardes, señor Álvarez.
Usted había hecho referencia a que durante su gestión se clausuraron aproximadamente 500
locales. Quiero saber si a usted le consta que esos 500 locales, todos, la mayoría, o en qué
porcentaje, habían sido inspeccionados con anterioridad a su gestión.
Sr. Álvarez.- No puedo responder con precisión, señor diputado.
Sí puedo decir que fue público y notorio el aumento respecto de la cantidad de inspecciones
que se hicieron y como usted sabe no solamente nos limitamos a locales bailables, restaurantes,
clubes, a los locales que ejercían actividad de baile, sino que tuvimos que redoblar esfuerzos para
ver qué lugares que tenían suspendidas sus actividades no la realizaren clandestinamente. Esto
también terminó sucediendo y de allí surgieron muchas de las clausuras.
En cuanto a lo que usted pregunta, en realidad, no sé cuántas inspecciones se habían hecho
antes de eso porque es un dato que no tengo.
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Sr. Meis.- ¿Sabe y le consta por qué no habían sido clausurados con anterioridad?
Sr. Álvarez.- No. Solamente hay un caso en donde surgió que de las actuaciones se presuponía que
el local debió haber sido clausurado y no fue así. Entonces iniciamos un sumario administrativo en
el mes de enero. Pero no puedo responder por qué razón las inspecciones que se hicieron en “x”
cantidad de días, o meses, o años antes de que yo me hiciera cargo, no terminaron en clausuras. En
todo caso, puedo decir por qué nosotros avanzamos fuertemente en la actividad de clausura; lo
hicimos siguiendo el criterio que deviene de la norma que nosotros operábamos, dado que si después
de una inspección surgían algunas falencias que hacían a la clausura se clausuraba el local.
Sr. Meis.- La última pregunta.
Usted afirmó hace un rato que debía quedar en claro que las inspecciones y las clausuras se
iban a llevar adelante independientemente del rubro, de la significación social, del lugar donde se
encontraren o de quién estuviere detrás. Por eso, quiero saber por qué afirmó esto.
Sr. Álvarez.- Siempre hubo una sensación en la sociedad, que yo tenía que romper fuertemente,
acerca de que en esto “hay hijos y entenados”, y hay quienes tienen determinadas ventajas. Digo
esto no respecto de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque es un concepto general. Mal podía decir
que habíamos hecho una clausura cuando había establecimientos importantes, famosos, que podía
merecer clausuras, o una sanción, o un acta de infracción –no todas tienen que ser clausuras–, y no
se las hacía.
Nosotros intentamos que quedara perfectamente claro que el poder de policía de la Ciudad de
Buenos Aires se aplicaba frente a quienes incumplían con la norma, no importando la calidad de la
actividad o supuestas relaciones que pudieran haber.
Cuando asumí como Intendente Municipal por primera vez en Hurlingham, le dije a los
inspectores municipales: "yo no tengo negocios, no sé que parientes lo tendrán; no vendo ni compro,
no quiero ni vender ni comprar, con lo cual, lo que está mal, está mal", y si se cree que es una
excusa algo que dicen –siempre dicen "es cosa del intendente", "es cosa de fulano o de mengano"–
se genera en la actitud de los inspectores áreas de intangibilidad. No hay área de intangibilidad,
como corresponde. Es casi una obviedad, pero en momentos de fuertes cuestionamientos, me parecía
que esas cosas había que hacerlas con energía. No digo que no se hicieron antes; sí digo que para
nosotros era importante hacerlas.
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra la diputada Baltroc, que es la última anotada.
Sra. Baltroc.- Por este tema que mencionó la Defensa de los DNU como una nueva legislación
agregada, le digo a usted lo mismo que le dije al Secretario Gorgal: yo participé de varios de estos
procesos en los que todos los locales de baile tenían que cerrar y se hacían inspecciones para ver si
se reabrían o no. Yo participé porque era parte en uno de los expedientes judiciales.
Lo que quiero saber es cuál es su opinión. Con la legislación vigente cuando usted asumió,
sin los DNU…
Sr. Strassera.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maier).- Espere, vamos a ver cuál es la pregunta.
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Sr. Strassera.- Ya ha hecho la pregunta; la ha formulado. Le preguntó al testigo cuál es su opinión,
y el testigo no viene a dar opiniones.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Cómo que no?
Sr. Strassera.- ¿Opiniones personales?
Sr. Presidente (Maier).- Si lee mi libro –hasta le puedo decir la página– podrá darse cuenta que toda
declaración de testigo es un jucio, porque nosotros procesamos los datos que nos vienen por
nuestros sentidos con unas cosas que se llaman neuronas. Lo único que expresamos son juicios
acerca de la realidad y no la realidad misma.
Sra. Baltroc.- Voy a formular la pregunta de otra manera.
Sr. Presidente (Maier).- Señor Strassera: deje que formule toda la pregunta.
Sra. Baltroc.- ¿Cuál es su evaluación por haber estado al frente de esta área? Las dificultades que se
presentaban para reabrir los locales, porque en general tardaban mucho para reabrirse, ¿tenían que
ver con incumplimientos de la legislación vigente al 7 de enero o no?
Se hacían inspecciones para reabrir los locales, porque todos estaban cerrados de igual forma
por el decreto de necesidad y urgencia y por la medida judicial que algunos pedimos. No fue que se
cerraron porque tenían infracciones. Se cerraron todos y volvieron a abrir a partir de que presentaban
los elementos que se pedían. ¿No es cierto?
Sr. Álvarez.- Así es.
Sra. Baltroc.- Esos locales tardaron bastante en ser reabiertos. Recuerdo que había quejas
permanentes de la Cámara…
Sr. Presidente (Maier).- Lo único que le pido es que le haga la pregunta.
Sra. Baltroc.- Se la hice pero no me entendió. Las infracciones que tenían esos locales, ¿tenían que
ver con la legislación vigente al 7 de enero?
Sr. Álvarez.- Los locales no reabrieron por varias circunstancias. No recuerdo unos u otros, pero sí
recuerdo que no eran las mismas razones para todos. Por lo tanto, lo que yo le puedo decir para
tratar de colaborar, entendiendo conceptualmente su pregunta –si me equivoco, me la vuelve a
formular, señora diputada–, es que hay algunos que probablemente hubieran demorado igual con la
legislación anterior y otros tenían que ver con que no podían adecuarse a las normas vigentes a
posteriori. En eso estamos hablando de ecuaciones en función de capacidad, etcétera. Pero si la
pregunta es, por ejemplo, si había algunos que no cumplían con la normativa que ya conocían, así
es: no las cumplían y por eso no se los habilitó. ¿Le respondí?
Sra. Baltroc.- Sí.
Sr. Presidente (Maier).- Doctor Strassera: permítame decirle, con el cariño que le tengo, que si me
pregunta por el color de su corbata y de su traje, va a ver la barrabasada que le digo, porque soy
daltónico. Con esto le quiero significar que lo nuestro son opiniones de la realidad, no la realidad
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misma. Esto es lo que se le pide a los testigos: a veces unos son más objetivos y otros un poco más
subjetivos. No quiero discutir con usted.
- El doctor Strassera habla fuera del micrófono.
Sr. Presidente (Maier).- No quiero discutir con usted.
- El doctor Strassera habla fuera del micrófono.
Sr. Presidente (Maier).- ¡No quiero discutir con usted! ¡Se lo digo por tercera vez! ¡No me haga
enojar!
Sr. Enríquez.- Yo también soy daltónico…
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra el diputado Rebot.
Sr. Rebot.- Abusando de la gentileza del diputado, quiero hacer propias las palabras de la diputada
Polimeni en cuanto al agradecimiento por su presencia y, además, pedirle disculpas en nombre de la
Sala por la larga espera que tuvo que soportar.
Sr. Álvarez.- No se preocupe.
Sr. Rebot.- Quiero preguntarle por un detalle que quiero corroborar, que me quedó en el tintero.
Usted ha dicho que en algún caso se detectó el incumplimiento de normativas y expuso sobre
este tema. ¿Es posible que usted haya sido el que ordenó la instrucción del sumario por el caso
Cemento de propiedad del señor Chabán?
Sr. Álvarez.- Sí; había un sumario en enero, no recuerdo exactamente la fecha. Si la pregunta es si
yo ordené un sumario, la respuesta es sí: yo ordené un sumario a Cemento de propiedad de Chabán.
Sr. Rebot.- En particular, habida cuenta de lo que usted ha expuesto sobre la crisis, por el shock
producido por la tragedia, en la que tuvo que asumir, me interesa saber cuál fue su instrucción
específica –si la hubo– a los encargados de la inspección con relación al cumplimiento de la
normativa de seguridad contra incendios emanada de la Ordenanza 50.250 y sus complementarias.
Me interesa saber si usted impartió alguna instrucción para la clausura de los locales que no tuvieran
esto o si ello dependía de la potestad de los inspectores.
Sr. Álvarez.- No. Los inspectores –y no era conmigo, salvo por cuestiones circunstanciales o
específicamente especiales: no recuerdo cuál pudo haber sido– no hablaban directamente conmigo,
sino que yo hablaba a través de un sistema jerárquico.
Hay una instrucción que tiene que ver, en realidad, con un marco de decisión política que es
la que nos corresponde a nosotros. Los inspectores tenían absolutamente claro que tenían todo
nuestro apoyo para hacer cumplir estrictamente la normativa vigente, que no lo tenían de la misma
manera si empezábamos con interpretaciones que, vista la inspección realizada, no tenían
justificación. A un inspector no se le puede dar una potestad a medias. Dentro de lo que es su área
de competencia, la tienen totalmente. No hay limitaciones en esto, porque si no estaríamos en un
sistema que sería muy difícil de controlar. En todo caso, lo que se puede hacer y se debe hacer es
decir: “Esta clausura está mal", "faltó esto", "esto lo hizo mal", por poner un ejemplo.
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Así como pudo haber habido corrupción para que alguien no clausure lo que tenía que
clausurar, convengamos que puede existir la de un competidor para que clausure a su competencia.
No es solamente porque no clausuró, porque pudo haberlo hecho muy mal. Ni hablar de si hay
competencia. Ponga usted los adjetivos que quiera.
Lo que tiene que quedar en claro es que cuando esa persona investiga por el Estado con una
facultad como la que tiene –me refiero a los inspectores de las áreas– y toma una resolución, la
tiene que tomar plenamente sin temor, apegándose fundamentalmente a la normativa vigente. No
hay ninguna otra consideración.
Sr. Rebot.- Entonces, y corríjame si me equivoco, debo entender que su interpretación en el caso
que le acabo de preguntar por la Ordenanza 50.250 es que el inspector tenía potestad absoluta para
decidir la clausura del local si no tenía certificado de Bomberos o no lo tenía vigente.
Sr. Álvarez.- Así es.
Sr. Rebot.- Muchas gracias.
Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra el diputado Bidonde.
Sr. Bidonde.- Señor Álvarez: ¿a quién nombró en puestos jerárquicos en la Secretaría de
Seguridad?
Sr. Álvarez.- Gorgal y Fioretti fueron los primeros que asumieron con nosotros. Pedí que me
presentaran las renuncias el mismo día 7 que yo asumí. Pedí que el día lunes, el primer día hábil
después de la asunción, y por eso recordé la hora –a las cinco y media de la tarde– las renuncias
estuvieran a disposición de los funcionarios que habíamos designado. A partir de ahí, en función de
nuestro criterio y por razones de posibilidad operativa, íbamos a hacer los cambios o las
confirmaciones que consideráramos prudentes.
Sr. Bidonde.- ¿Me podría decir quién le acercó la renuncia en puestos jerárquicos?
Sr. Álvarez.- No lo recuerdo exactamente, pero no debe ser un dato difícil de encontrar. Si me
permite, voy a comprometerlo al Secretario Gorgal para que se lo haga saber.
Sr. Bidonde.- Por favor.
Sr. Álvarez.- Le alcanzaremos los nombres, apellidos y las fechas. Algunos, fueron
inmediatamente; otros, fueron en el curso de días. En la medida en que nosotros íbamos avanzando,
íbamos desbrozando el organismo.
Hay algo que no dije cuando me preguntó el fiscal. Se trata de una de las dificultades que a
ustedes no se les escapa: quien se hiciera cargo de eso, más allá de la experiencia que se supone que
debía tener para un cargo de esa magnitud en una circunstancia como ésa, debía contar con un
equipo dispuesto. Es decir, debía tenerlo a mano un 7 de enero para poder convocarlo
inmediatamente. No estoy hablando de la frivolidad de vacacionar, sino de tenerlo físicamente:
sentarlo y decirle "Vos te vas a hacer cargo de esto". Fue una dificultad extra, y una vez más había
que ser muy cuidadoso cuando alguien corría a una persona a una función, porque esa persona sentía
que recibía una sanción, y consecuentemente a eso, un estigma de que podía haber sido responsable
directo de la tragedia de Cromañón. En muchos casos a esa gente se la corría de los cargos que tenía
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porque, básicamente, no daba con el perfil que necesitábamos o, efectivamente, porque estaba
sospechada de haber tenido una actuación desacertada, o una no actuación, que para el caso es lo
mismo. Pero eso no se hizo el primer día; no es que el día 7 pedí la renuncia y el día 9 ya la tenía
resuelta. Se iban resolviendo paulatinamente.
Sr. Bidonde.- Usted mencionó que le pidió al señor Jefe de Gobierno la creación de una
Subsecretaría de Emergencias. ¿Podría decirnos si realizó alguna otra transformación, alguna otra
reestructuración del cuadro, llamémosle, de primeros y segundos niveles, desde el punto de vista
técnico-administrativo?
Sr. Álvarez.- Me parece que tan importante o más que esa fue sacar y correr del área de
responsabilidad del Secretario, nada más ni nada menos que el área de Justicia. Eso creo que fue,
desde el punto de vista estructural, tanto o más importante que la creación del área de Emergencias.
Además, no se hizo inmediatamente. La fuimos construyendo. La verdad es que me parece esencial
que un secretario de Seguridad pueda contar con esa herramienta. Eso le planteé al Jefe de Gobierno
y eso fue lo que hicimos. A partir de ahí, de los cambios que pudimos haber hecho, no recuerdo
ninguno de gran importancia. De lo que en todo caso me preocupé y me ocupé durante nuestra
gestión fue que la capacidad fiscalizadora por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se
incrementara fuertemente.
Sr. Bidonde.- ¿Qué alteración hubo con respecto a la cantidad de inspectores con los que contaba
antes de su llegada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con los que usted contó durante sus
cuatro meses de gestión?
Sr. Álvarez.- Probablemente, yo haya tenido menos de los que había cuando llegué, porque se
fueron corriendo bastante. No lo recuerdo exactamente, pero deben haber sido 20, 25 ó 30. Esto
también teníamos que evaluarlo. ¿Cuáles eran los criterios? Básicamente, había cuestiones que
surgían solas, en función de su productividad, de su record como trabajador, de su puntaje, algunos
tenían sumarios; en fin, una serie de cuestiones que nosotros evaluábamos inmediatamente con –
repito una vez más– las dificultades de hacerlo en plena crisis; pero había que hacerlo.
A partir de ahí, como obviamente eso no fue suficiente –esto está claro–, iniciamos un
proceso de selección. Hicimos un llamado público a través de los grandes medios y se presentaron,
como dije en algún momento de hoy, unas 750 personas, algunas de ellas muy valiosas, de las
cuales, con un criterio amplio, transparente y cristalino, se incorporaron 50. Además, estaban
previstas incorporaciones similares parar después. Desconozco, a partir de mayo, si éstas se
realizaron o no.
Sr. Bidonde.- Usted inauguró un concepto –tuvimos una pequeña información a través del
Secretario Gorgal–, que es el “criterio de bloque de legalidad”. Esos convenios que usted realizó con
organismos nacionales, provinciales, incluso con instituciones privadas o públicas de carácter muy
singular, ¿los pudo hacer con rapidez o tuvo alguna dificultad?
Sr. Álvarez.- Déjeme pensar. En el caso de la que nosotros considerábamos en es momento
esencial, que era la AFIP, no. Si usted me permite, una vez más quiero agradecerle al responsable
del área, doctor Abad, por la disposición que tuvo para colaborar con nosotros. Para mi era
importante por varios motivos que ya expliqué y no los voy a reiterar.
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Tampoco los tuve con la Secretaría de Energía, Subsecretaría de Combustibles.Tal vez –y
esto es más imputable a nosotros que a ellos–, la situación se demoró un poco más con el RENAR,
porque además había que ajustar algunas cuestiones.
Se está haciendo un control conjunto nada más y nada menos que en los lugares donde se
expende pirotecnia, polígonos y demás. Con respecto a eso, fuimos bien precisos.
Se firmó un convenio con el RENAR y no he tenido dificultades. De todos modos, lo
importante es que esos convenios no sólo sean firmados –porque mi experiencia en la
administración pública me dice que no es tan importante la firma de los convenios, ya que muchos
de ellos son una foto–, sino que también se apliquen. De hecho, están trabajando y van al terreno.
Al respecto, debo decir que tengo conocidos que me dicen: “Che, ¿qué pasa? A mi
restaurante vino la AFIP, vino éste o vino el otro.” Entonces, pienso que ésa es una gran noticia,
porque quiere decir que las cosas están funcionando mejor.
Sr. Bidonde.- Voy a formular una última pregunta al testigo.
Señor Álvarez: usted dijo que el local se podía cerrar, pero que el problema era que se lo
pudiera volver a abrir. No quiero deslizar la menor cuota de subjetividad en esto, pero ¿me podría
decir, según su criterio, por qué podría traer dificultad alguna el hecho de reabrir estos locales?
Sr. Álvarez.- Lo cierto es que hay dificultades, y no considero que hablar de esto sea una
suspicacia. Me parece importante que lo digamos.
Déjeme que le cite un ejemplo fácil de entender, que inclusive ha sido discutido con muchos
de los legisladores que están aquí presentes. Con respecto a la capacidad, uno puede decir que en un
local –según determinado criterio técnico, aunque discutible, pero tampoco hay un margen para
decir cualquier cosa– de equis cantidad de metros cuadrados, con determinada cantidad de puertas y
empleados, en el que se realiza tal o cual actividad, pueden entrar mil personas. Entonces,
podríamos pensar: “Vamos a cubrirnos; para aparecer duros y prudentes, digamos que son
quinientos.” Si la ecuación económica no cierra, lo que va a hacer quien explote ese local, en el que
podrían ingresar quinientas personas, una vez superado ese número, no es permitir el ingreso de mil,
sino de cincuenta mil, o –para no exagerar– de mil seiscientas personas.
Lo que nosotros decíamos era que había que adaptar la normativa a las nuevas realidades y
actividades, porque no en todos los lugares sucede exactamente lo mismo. Cuando uno ve cómo
funciona la actividad nocturna en otros lugares, puede comprobar que no hay un criterio único –y
ustedes lo saben, porque lo hemos discutido, y también han considerado ese asunto en la
Legislatura– respecto de la cantidad de personas por metro cuadrado, de puertas, etc. Lo que yo
quería decir era que aprovecháramos que ese tema estaba en la agenda, sobre la mesa de la sociedad
en su conjunto, y no sólo de los que circunstancialmente ocupábamos un cargo público, y que
avanzáramos sobre normas y reformas bien profundas, y no reformas menores.
En ese sentido, yo planteaba que, si la puerta mide tanto y la norma impide habilitarlo,
resultaba más fácil cerrarlo que después decir, con esa misma norma, “Ahora lo tengo que abrir”.
Y le respondo nuevamente –porque, a lo mejor, no quedó del todo conforme con mi
respuesta– que éstas fueron algunas de las dificultades por las cuales muchos locales no podían
reabrir.
De todos modos, repito: la política llevada adelante en nuestra gestión –asumiendo la
responsabilidad en el peor momento que uno puede imaginar para llevar adelante una gestión– tuvo
que ver con mecanismos muy claros y concretos, para acotar los márgenes de duda. La
discrecionalidad en la administración y el estricto apego a la norma eran muy fuertes.
Por eso, justamente, ante ese estricto apego a la norma, cuando veíamos las dificultades que
devenían de esa norma, planteábamos la necesidad de que se incorporaran reformas.
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Sr. Bidonde.- Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Maier).- ¿Ha terminado el interrogatorio?
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Maier).- Señor Álvarez: le agradezco por haber venido. Le pido disculpas por
haberlo hecho esperar y por la duración del interrogatorio.
Sr. Álvarez.- Gracias a usted; el tema lo merecía.
- El testigo se retira de la sala.
Sr. Presidente (Maier).- Propongo un cuarto intermedio hasta las 16 horas.
- Asentimiento.
Cuarto intermedio
Sr. Presidente (Maier).- La Sala pasa a un cuarto intermedio hasta las 16 horas.
- Es la hora 15 y 11.
- A la hora 16 y 31.

Declaracin testimonial del seor Juan Jos lvarez

Transcripción

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