Balance de la situación de derechos humanos

Transcripción

Contexto y balance general
Balance de la situación
de derechos humanos
enero-diciembre 2012
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Balance
30
PROVEA Informe Anual
A
continuación presentamos un resumen
del análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre los
meses de enero a diciembre de 2013.
La realización de esta investigación tiene
como objetivo ofrecer un diagnóstico que permita más y mejores políticas públicas desde
una perspectiva de derechos humanos. No
obstante, esta labor de contraloría social, presente en la Constitución, cada día es más difícil debido a la imposibilidad de acceder a la
información sobre la gestión de gobierno que
debería ser de acceso público. En un rastreo
realizado el 17.05.14 Provea diagnosticó que
apenas el 28,1% de 32 instituciones públicas
tenían algún informe de gestión publicado en
su sitio web. Asimismo, de 32 instituciones el
15,6% tenía publicada la Memoria y Cuenta
del año 2012, mientras que apenas el 9,3% tenía publicado el informe de gestión correspondiente al año 2013.
Las instituciones monitoreadas fueron MPP
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
Gestión de Gobierno; MPP Relaciones Interiores, Justicia y Paz; MPP Relaciones Exteriores;
MPP Planificación y Finanzas; MPP Defensa;
MPP Comercio; MPP Industrias; MPP Turismo; MPP Agricultura y Tierras; MPP Educación Universitaria; MPP Educación; MPP
Salud; MPP Proceso Social del Trabajo; MPP
Transporte Terrestre; MPP Transporte Acuático
y Aéreo; MPP Vivienda y Hábitat; MPP Energía y Petróleo; MPP Ambiente; MPP Ciencia
Tecnología e Innovación; MPP Comunicación
e Información; MPP Comunas; MPP Alimentación; MPP Cultura; MPP Deporte; MPP Pueblos Indígenas; MPP Mujer e Igualdad de Género; MPP Energía Eléctrica; MPP Juventud;
MPP Servicio Penitenciario; Fiscalía General
de la República; MPP Transformación Revolucionaria Caracas; Defensoría del Pueblo.
El alto porcentaje de ausencia de información sobre la gestión de las instituciones sugiere que estaríamos en presencia de una política deliberada de ocultamiento de memorias y
cuenta. De las anteriores apenas Planificación
y Finanzas, Educación Universitaria, Salud,
Ambiente, Cultura, Energía Eléctrica, Fiscalía
General de la República y la Defensoría del
Pueblo tienen su sitio web alguna memoria
y cuenta de su gestión. De estas apenas cinco, Educación Universitaria, Cultura, Energía
Eléctrica, Fiscalía y Defensoría tenían publicado su informe de gestión 2012; mientras
que apenas tres, Fiscalía, Cultura y Educación
Universitaria han puesto a disposición pública
su Memoria y Cuenta 2013. Durante su investigación Provea remitió 49 comunicaciones
oficiales solicitando información, de las cuales
apenas el 20% fueron contestadas.
Nuestro esfuerzo no es la última palabra
en materia de derechos humanos en el país, y
estamos abiertos al escrutinio del trabajo realizado. En los últimos años Provea ha compartido su metodología de investigación con diferentes organizaciones sociales y comunitarias
del país, en el entendimiento que una mayor y
mejor recopilación de información sobre la situación de la dignidad humana incidirá en las
garantías para su disfrute.
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Derecho a la alimentación
En este período la FAO reconoció que Venezuela cumplió con objetivo número uno de
los Objetivos del Milenio: Erradicar la Pobreza
Extrema y el Hambre, y en particular su Meta
1c: reducir a la mitad el porcentaje de personas
que padecen hambre entre 1990 y 2015; Venezuela pasó de 13.5% de personas subalimen31
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tadas para 1990 a estar desde 2007 por debajo
de 5%. Venezuela redujo su número total de
personas subnutridas a menos de 1.3 millones
en 2007 logrando también de esta manera cumplir con los objetivos de la Cumbre Mundial de
Alimentación (CMA) de 1996. Por su parte el
Instituto Nacional de Nutrición (INN) reportó
una disminución importante en la desnutrición
infantil de menores de 5 años, de 7,6% en 1990
a 2,9% para el 2011, logrando una disminución de 62% en un decenio. La misma fuente
reportó una mejora en la práctica de lactancia
materna de 7% para 1990 a 27% para los años
2006-2008, observando un aumento de 28,6%.
Para el INN, en Venezuela, la disponibilidad
alimentaria alcanza las 3.290 kcal/persona/día
ubicando el país como el tercero en la región
con mayor suministro alimentario.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Consumo de Alimentos (ENCA) realizada por
el INE en el año 2012 y publicada en el 2013, el
94,7% de la población ingiere tres y más comidas al día y el 52,8% ingiere tres comidas al día.
Como aspecto positivo se destaca un cambio en
el patrón de consumo ocurrido en la década con
el aumento del consumo de frutas.
Particularmente impactantes para este derecho fue el que el Índice Nacional de Precios
al Consumidor cerró el año 2013 en 56,2%
mientras que la inflación en alimentos cerró en
72,1% según datos del mismo ente. Por otro
lado, para el mes de diciembre de 2013 la Canasta Alimentaria Normativa se ubicó en Bs.
3.324,41, mientras que para el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación
Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) la canasta alimentaria cerró para diciembre de 2013
en Bs. 6.416. Pese a los esfuerzos del gobierno
para el control de precios, para septiembre, en
promedio, los precios de los alimentos contro-
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lados se ubicaron en un 138,4% sobre el que
deberían tener de acuerdo al control. Según el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), Venezuela produce el
50% de los productos consumidos en el país
y para la misma fuente el sector agrícola tuvo
un crecimiento del 9,95% para el año 2012,
representando 5,31 puntos de crecimiento en
relación al año 2011 (4,64%). Sin embargo,
el valor de las importaciones realizadas por el
país según cifras publicadas por el INE, hasta
octubre de 2013 se encontraba alrededor de los
37.802 millones de dólares, lo que muestra los
elevados recursos que destina el gobierno nacional a la importación de alimentos.
Un hecho notorio ha sido la escasez de
alimentos que afronta el país. El Informe elaborado por el Banco Central para medir el desabastecimiento muestra que para el mes de
diciembre de 2013 el indicador de escasez se
encontraba en 22,2%, el nivel más alto en los
últimos 46 meses o desde enero del 2010. En
los dos últimos meses del año 2013 creció la ausencia de 19 alimentos esenciales y 20 se mantuvieron en la categoría de serios problemas de
abastecimiento, es decir, con una escasez superior a 41%. La escasez estuvo acompañada por
la impresión de dinero que hace el BCV para
financiar al Gobierno, estimulando la demanda
mientras que la oferta se reduce por fallas en la
producción de empresas estatizadas, que tienen
una cuota de mercado muy importante en rubros como azúcar, leche, café y harina de maíz
precocida. Además, las empresas del sector privado experimentan retardo en la asignación de
divisas que debe hacer Cadivi para la importación de materias primas o productos terminados. Para enfrentar la escasez de alimentos el
Gobierno ha llevado a cabo un plan masivo de
importaciones de compras a países como Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay.
En cuanto a las políticas públicas se destaca
la Gran Misión Alimentación, cuyo acento está
en la distribución y mercadeo de alimentos, que
según los datos oficiales disponibles, cubría
para el primer semestre de 2012 a 16.717.049
beneficiarios a través de las redes de abastecimiento oficiales. Sin embargo en 2012 se
redujo casi a la mitad el total de toneladas de
alimentos distribuidos por dichas redes con respecto a 2011. La fuente oficial indica que para
los consumidores el total de ahorro en dichas
redes es de 78,77%.
En este periodo el gobierno creó el Órgano
Superior para la Defensa de la Economía para
garantizar la seguridad alimentaria mediante la
articulación y coordinación de los procedimientos para asegurar la disponibilidad, suficiente y
estable, de alimentos, materia prima y artículos
de primera necesidad. Igualmente creó el Mercal
Comunal Casa por Casa, para las familias más
vulnerables y el Programa Mercal Obrero, para
los trabajadores y las trabajadoras. También
creó el Plan nacional de inspección y fiscalización conjunta, donde militares y funcionarios
del Indepabis y el Seniat realizan inspecciones
a expendios de alimentos como supermercados,
abastos, depósitos y vehículos de carga.
Derecho al ambiente sano
Prosiguió la implementación de una modelo de corte desarrollista basado en la mono-explotación petrolera y en la renta y distribución
del ingreso obtenido de la venta internacional
de ese recurso energético fósil altamente contaminante, bajo una estructura centralizada y
con poco cuidado e interés en la protección ambiental. Ejemplo de ello son los pocos recursos
económicos destinados a la guardería, planificación y monitoreo ambiental del Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente (Minamb)
o al Instituto Nacional de Parques (Inparques),
instancias que cada año están más deficitarias
y sin presupuestos suficientes. La información
oficial del Minamb se refiere a 2012 pues ese
ente no publicó oportunamente la memoria
2013.
El 16.0713 la Asamblea Nacional aprobó
una nueva Ley de Bosques, sustituyendo a la
anterior que data del 2008 Entre otras cosas,
esta ley redefine los objetivos de las reservas
forestales y de las áreas boscosas de protección
asignándoles la conservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas sustentables
de manejo forestal. También se destacan varias
normativas de carácter municipal sobre manejo
de desechos, reciclaje y educación ambiental,
la creación de áreas de protección ecológica y
desarrollo sustentable, entre otras medidas.
En la Memoria y cuenta del Minamb de
2012, se informa sobre la construcción, rehabilitación, canalización y saneamiento de varios
cursos de agua, incluido el proyecto de Saneamiento del Río Guaire que tiene importantes
retrasos en su ejecución que hace imposible
su saneamiento para 2014 como lo anunció el
expresidente Chávez. Pese a la gran inversión
que refleja la memoria y cuenta y la afirmación
oficial de que el 96 % de los venezolanos gozan
de agua potable, los cortes de agua y el racionamiento del líquido por 1 o 2 días a la semana y
a veces por más de 1 semana, tanto en barrios
como en urbanizaciones de las grandes ciudades de Venezuela, indican serios problemas de
gestión y planificación que contrastan con importantes montos invertidos.
La misma Memoria y cuenta de 2012 brinda
información sobre el tratamiento de los desechos sólidos. Según lo previsto en la Ley sobre
Sustancias, Materiales y Desechos Peligroso
y la Ley de Gestión Integral de la Basura, los
desechos domésticos, industriales y sanitarios
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deberían ser separados y recibir un tratamiento
especial. Sin embargo en este periodo no se dio
ningún paso significativo para la separación de
esos desechos en su origen, como primer paso
del proceso para su tratamiento.
y monitoreo del aire. Como punto positivo Venezuela ha venido cumpliendo con las medidas
y los plazos establecidos por el Protocolo de
Montreal para la reducción y eliminación de las
sustancias agotadoras de la capa de ozono.
En cuanto a la conservación de cuentas, ríos
y lagos, la Memoria y cuenta se refiere a actividades de evaluación o saneamiento del río Mocoties, el Lago de Maracaibo y el río Yaracuy.
También se refiere a la conservación y preservación de ambientes naturales y biodiversidad,
censando 669 incendios y varias actividades de
conservación de especies amenazadas y de reforestación en desarrollo de la llamada Misión
Árbol. Así mismo reseña las actividades de capacitación hacia individuos o sectores específicos de la población como estudiantes, docentes,
comunidades, familias y agricultores.
Venezuela se encuentre entre las 17 naciones megadiversas del planeta. El Ministerio
del Ambiente adelanta la Estrategia Nacional
para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 que busca preservar las especies
amenazadas. Las acciones han incluido el aporte significativo de ONG, integrantes de la Red
de Organizaciones Ambientales de Venezuela.
En 2013 se mantuvo el comercio ilegal con algunas especies de fauna silvestre, tales como
aves, reptiles, monos y otros mamíferos.
En cuanto a la situación de los bosques en
el país, el Viceministro de Conservación Ambiental señaló que el proceso de deforestación
disminuyó en un 47,6%. Sin embargo persisten
a gran escala actividades de deforestación ilegal de maderas de especies protegidas y actividades de alto impacto como las explotaciones
mineras legales e ilegales. Oficialmente, en la
época de sequía, entre noviembre 2012 y abril
de 2013 fueron destruidas por incendios 3.436
ha de parques nacionales.
En cuanto a los desechos sólidos, el país
produce entre 20 y 24 mil toneladas de basura
diaria- con una tasa ínfima de recuperación, sin
que se hayan producido avances para implementar la Estrategia “4R”, de Reducir, Reciclar,
Reutilizar y Retornar. Por el contrario persistió
el modelo basado en la recolección, traslado,
acumulación, compactación de los desechos sólidos y manejo de lixiviados y gases, rellenando
terrenos hasta llegar al límite de las capacidades
de carga e incluso sobrepasándolo. Solo sobresalen iniciativas de reciclaje de la sociedad civil
como el proyecto Ecoclick.
En cuanto a la calidad del aire y según datos del SIENAGA del Ministerio del Ambiente,
Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barcelona - Puerto La Cruz y Ciudad Guayana tienen
un alto promedio anual de partículas sólidas
suspendidas en el aire. Estas ciudades superan el indicador aceptable 20 µg/m3 de PM10
como media anual, indicador de la Organización Mundial para la Salud (OMS). Durante
2012 el Ministerio del Ambiente hizo puntuales
e insuficientes operativos de fuentes móviles
En cuanto a los casos ambientales más emblemáticos, persisten los problemas ligados a la
minería ilegal y la extracción ilegal de maderas, en particular en las selvas Amazonas. Las
actividades de minería aurífera presentes en las
cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, La Paragua
y El Caura, en el estado Bolívar, así como en
distintas áreas geográficas del estado Amazonas, incluyendo el Parque Nacional Yapacana,
continúan produciendo otro grave factor de alto
grado de afectación: el uso del mercurio.´
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En 2013 se acentúan los conflictos sociales
en Guayana entre los pequeños mineros y el Estado venezolano, y entre los indígenas Pemón y
los militares. Con la llamada Nacionalización
del Oro continuó la estrategia para desplazar a
la pequeña minería y a los mineros artesanales,
incluyendo a los indígenas, por empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado
venezolano y por empresas canadienses, rusas
y chinas. Durante 2013 siguieron las protestas
de pequeños mineros y el rechazo de las Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas
(COIAM), a las amenazas de la minería a gran
escala.
Se estima, por falta de cifras oficiales que
en la industria de hidrocarburos venezolana
sucedieron entre 30 y 60 accidentes, sin contar los derrames de crudo y derivados, es decir
explosiones, incendios, hundimientos de gabarras, entre otros. Existen además noticias del
inadecuado tratamiento a derrames de crudo y
derivados que han terminado teniendo mayor
impacto en las comunidades. La falta de información oficial se pone en evidencia con la
grave explosión acontecida en la Refinería de
Amuay el 25.08.12, en donde no existe información oficial sobre el impacto ecológico ni
sobre las medidas reparatorias para atender los
daños ecológicos.
Derecho a la educación
LEl Informe de la UNESCO de seguimiento de la Educación para Todos (EPT) en el
mundo 2013-14 menciona a Venezuela entre
el grupo de países que han hecho importantes
avances en la consecución de los objetivos de
la EPT. Asimismo, el país figura entre el grupo
de países que para el 2015 tendrán la meta “alcanzada o casi alcanzada” respecto de: a) tener una tasa de escolarización en la enseñanza
preescolar de por lo menos un 70%; b) escoenero-diciembre 2012
larización en la enseñanza primaria de por lo
menos el 95%; c) tasa neta de escolarización
en el primer ciclo de la enseñanza secundaria
de por lo menos un 95%; d) lograr una meta de
alfabetización de la población adulta de por lo
menos un 95% y e) alcanzar la paridad entre
los sexos en la enseñanza.
Durante el periodo se mantuvieron las
tendencias de crecimiento en la modalidad de
atención institucional, nivel de educación primaria y educación media. Pero globalmente
la educación inicial nuevamente tuvo una tendencia regresiva en su crecimiento interanual
afectando especialmente al sector oficial. Considerando además el crecimiento de la población, es una señal de alerta de estancamiento
del nivel oficial, que se va a reflejar también
en las tasas netas y brutas y debe constituirse
en un reto para indagar causas y buscar las soluciones pertinentes.
Debe señalarse por otra parte que la falta
de precisión en la data brindada por el Ejecutivo no ha permitido determinar las razones por
las que ciertos tipos de establecimientos educativos han crecido en detrimento de otros que
disminuido. También se ha observado cómo
los establecimientos educativos para educación media son significativamente menos que
los de inicial y primaria siendo que la CRBV
establece la obligatoriedad desde la educación
inicial hasta la media incluida.
Las cifras oficiales indican que la población excluida entre 3 y 5 años es de 508.025
personas; de 67.302 entre los 6 y 11 años y
de 332.239 entre los 12 y los 16 años. En este
sentido, se mantuvieron las tendencias progresivas para incluir a la población entre 3 y 16
años no incluida en el sistema educativo. La
exclusión crecería lógicamente si llevamos el
segmento hasta los 17 años.
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Una tendencia progresiva en las tasas de
prosecución educativa tanto en primaria como
en educación media y una tendencia progresiva también se mantuvo en el nombramiento
de docentes como titulares. Sin embargo, si se
analiza esta última situación en todo el ámbito
nacional, se observa que 11 entidades federales (al igual que en el lapso anterior, aunque no
siempre las mismas) tienen porcentajes más
altos de títulos no docentes. Repiten entidades
federales como Delta Amacuro, Amazonas,
Mérida, Cojedes, Nueva Esparta y Sucre con
cifras que duplican y más la media nacional.
Situación que conforma un cuadro de inequidad y donde debieran centrarse esfuerzos para
revertir esta situación.
Respecto de la matrícula de población
indígena dentro de su entorno geográfico se
produjo en los tres niveles un crecimiento interanual: en educación inicial fue de 5,2%, en
primaria de 5,9%, y el más significativo, el de
educación media (22,8%). En relación con la
población afrodescendiente también hubo crecimiento de la matrícula en los tres niveles, y
asimismo el de mayor magnitud se produjo en
la educación media (4,9%, 1,2% y 8,5% respectivamente).
En cuanto al principio de no discriminación en el acceso a la educación se destaca
que respecto de la población entre 3 a 5 años
que no están incluidos en el sistema escolar,
diez entidades federales están por encima del
promedio nacional (lo que equivale a decir
que tienen más porcentaje de población sin
atender); cinco de ellas con promedios que superan el 40%, tales como los estados Apure,
Barinas, Guárico, Mérida, Monagas, Táchira
y Trujillo. Para el tramo de edad de los 6 a
los 11 años, once entidades federales están
por encima del promedio nacional. Son muy
llamativos los promedios de los estados Mé36
rida, Táchira y Yaracuy con 17,8%, 14,7% y
14% respectivamente, para un tramo de edad
que se considera la educación más elemental
(de 1ero a 6º grado). Y para el tramo de 12
a 16 años, 12 entidades superan el promedio
nacional, siendo los casos más negativamente
destacados los de los estados Bolívar (17,2%),
Miranda (17,1%), Portuguesa (18,2%) y Yaracuy (16,4%). El análisis de la matrícula de
educación primaria por entidad federal, permite constatar que en 13 entidades federales
a lo largo de la década la matrícula ha decrecido. Ellas son: Portuguesa (11,8%), Sucre
(9%), Aragua (8,3%), Yaracuy (7,2%), Apure
(5,1%), Falcón y Mérida (5,0% respectivamente), Dtto. Capital (4,9%), Barinas (3,9%),
Carabobo (3,0%), Táchira y Vargas (2,2% respectivamente). Todo lo señalado, considerando además el crecimiento de la población, es
un señal de alerta de estancamiento del nivel
oficial, que se va a reflejar también en las tasas netas y brutas, para ello se debe buscar las
soluciones pertinentes, de manera que se garantice el derecho en igualdad de condiciones
y oportunidades.
En medio de cambios en la matrícula de
educación especial (por condición de salud
y/o capacidades diferentes) continuó la tendencia regresiva que ya había comenzado en
el período anterior acentuándose en éste al
descender en un 12,8%.
El país continúa sin tener un Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes
que permita evaluar la aceptabilidad de la
educación lograda, una de las características
esenciales del derecho, situación que se viene
presentando desde el 2003. En el terreno legislativo y reglamentario, siguen sin ser adoptadas las leyes correspondientes a los subsistemas de educación, así como el reglamento de
la Ley Orgánica de Educación del año 2009.
El Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV) continuó sin ofrecer datos
actualizados en relación con los indicadores
de Inversión Pública en Educación, con lo
cual no es posible análisis confiables y válidos
respecto de los mismos. La ausencia de cifras
es en sí misma un dato negativo, pues impide
saber con certeza la situación.
Persistieron problemas de violencia en las
instituciones educativas y entre las razones reportadas por la prensa como las motivaciones
de protestas en el tema de salud, las que más
aumentaron fueron las relacionadas con la seguridad.
Derechos laborales
La Población Económicamente Activa en
2013 creció con respecto a 2012, llegando a
13.946.251 personas, de las cuales, según el
INE 13.165.887 personas (94,4%) estaban
ocupadas al concluir el 2013, con un incremento de 0,3% de la tasa de ocupación con respecto
al cierre de 2012. Sin embargo, la definición de
ocupación empleada por los institutos oficiales
no necesariamente se traduce en estabilidad laboral, pues se trata de personas que han trabajado por lo menos una hora, durante la semana
anterior a la realización de la entrevista.
De acuerdo con el gobierno la cifra de desocupación durante 2013, se ubicó en 5,6%. Sin
embargo, los reclamos por cargos fijos fueron
frecuentes. En especial por parte de trabajadores tercerizados o temporales del sector salud
y siderúrgico. Se destacó que en el estado Bolívar, la Gobernación entregó la titularidad de
sus cargos a más de 900 docentes y trabajadores del sector.
En cuanto a la segmentación del empleo,
las cifras oficiales revelan que de la población ocupada es de 13.165.887 personas,
10.379.167 (78,8%) incorporadas en el sector
privado y 2.786.720 (21,2%) en el sector público. Según el INE, el empleo formal aumentó
mientras que el empleo informal disminuyó.
La inamovilidad laboral se mantuvo durante 2013 y fue extendida mediante decreto hasta
2014, medida criticada por el sector patronal
porque impide generar nuevos empleos. La
medida ha sido aplicada en el sector privado
pero no se aplica en el sector público, en donde
se reseñan denuncias de sindicatos sobre despidos injustificados seguidas de órdenes de reenganche y pagos de salarios caídos que no son
cumplidos por el sector público. Se denunciaron despidos de trabajadores contratados, fijos
y tercerizados por parte de la Gobernación del
estado Zulia, la Red de Abastos Bicentenario,
la empresa CVG Bauxilum, Corpoelec, Petrocasa y el Ministerio de Servicios Penitenciarios, entre otros. En algunos casos la acción
organizada de los trabajadores condujo al reenganche de una parte de los trabajadores afectados. El mismo sector público ha irrespetado el
fuero sindical como sucedió con el despido del
presidente del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, del estado Falcón.
El sector privado también realizó violaciones a la inamovilidad laboral como fue el caso
de tres empresas contratistas del Estado que
despidieron 26, 63 y 27 trabajadores cada una.
Según la Memoria y Cuenta 2013 del
Minpptrass durante el 2013 se gestionaron 116
mil 287 reclamos laborales, la mayoría de los
cuales (39,4%) corresponden por reclamos de
prestaciones sociales (falta de pago, diferencia
o no depósito de fideicomiso).
En cuanto al derecho al salario y a una remuneración justa, en 2013 la inflación se ubicó
en 56,2%, (en 2012 fue 20,1%). Los precios de
los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que
representan el mayor peso en el presupuesto
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familiar, aumentaron 73,9% en los 12 meses
del 2013. Además en febrero hubo una devaluación del Bolívar de 46,5% lo que aceleró
la pérdida del poder adquisitivo. Ello llevó al
gobierno a decretar tres aumentos del salario
mínimo que se ubicó al cierre del año en Bs.
2.973, con una variación total de 45,2%, que
con el bono de alimentación resultó en un ingreso de Bs. 4.113. Para los trabajadores del
sector público, por su parte, se decretó un aumento -en tres partes- de 32% a 51,8%. Dichos
aumentos fueron calificados como insuficientes por los trabajadores y sus organizaciones
sindicales pues no compensan la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios. Algunos sectores recordaron para recuperar el poder adquisitivo que tenía el salario en 2008, el Ejecutivo
debía hacer un aumento salarial de 185%. Por
el reclamo de salarios justos se destacaron las
movilizaciones del sector docente universitario, del sector salud y de los bomberos.
Al cierre del tercer trimestre del 2013, cifras del Banco Central de Venezuela revelaban
que el salario de los trabajadores -incluyendo
vacaciones, utilidades y bonificaciones- compraba 7% menos que en el mismo periodo del
2012. La Canasta Alimentaria Normativa, calculada por el Instituto Nacional de Estadística,
se ubicó en diciembre de 2013 en Bs. 3.324,41
es decir más alto que el salario mínimo si no se
incluyen los tickets de alimentación. Estimaciones privadas establecen la canasta alimentaria a diciembre de 2013 en Bs. 6.416. Por otro
lado la canasta básica familiar se ubicó en Bs.
15.622,05.
El derecho a negociar convenciones colectivas fue un factor de conflicto y movilización
de calle. Aun cuando se garantizó parcialmente y se suscribieron convenciones en algunas
grandes empresas privadas y sectores de empleados del Estado, quedó pendiente la discusión de algunas que afectan a miles de traba38
jadores activos y jubilados principalmente en
las empresas del Estado. Según el Ministerio
del trabajo, se homologaron 448 convenciones
colectivas de trabajo: 409 del sector privado
y 39 del sector público amparando 1.160.844
trabajadores y trabajadoras. La desproporción
entre estos sectores no solo se debe a que el primero emplea más trabajadores, sino a que en el
segundo se constatan numerosas violaciones al
derecho de los trabajadores a negociar convenciones colectivas. De otro lado, desde 2008 el
gobierno ha promocionado el “control obrero
de la fábricas” y desde su perspectiva este control hace innecesario negociar una convención.
Existe una creciente criminalización del
ejercicio de un sindicalismo que asume posiciones críticas a la gestión de gobierno y ante
patronos públicos y privados. Tal criminalización incluye la apertura de juicios penales, las
calificaciones de despido, la descalificación
pública.
En 2013 el Ministerio del Trabajo respondió un derecho de petición solicitando información sobre el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, en el que se precisaron los
alcances de esta figura.
Por su parte la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) emitió pronunciamientos sobre: el caso de 25 trabajadores del Diario Vea
que intentaron hacer un sindicato; el caso por
la denuncia sobre violación del principio tripartito, en la adopción de la reforma a la legislación del trabajo; la queja por violación a
la libertad sindical presentada por el Secretario
General de la FUTPV; y el caso del sindicalista
Rubén González.
En el período avanzaron las restricciones al
derecho a la huelga y se adoptaron políticas y
medidas que refuerzan la criminalización del
ejercicio del derecho. Los Poderes Públicos
continuaron siendo instrumentalizados para
criminalizar el ejercicio pacífico del derecho.
Jueces con competencia en materia laboral
y civil se sumaron a los jueces penales para
restringir el ejercicio de este derecho. Desde
el alto gobierno se descalificó a sindicalistas
en empresas básicas del Estado que dirigieron
paros o huelgas, diciendo que su actuación era
contraria al interés nacional. También se abrieron nuevos procesos judiciales penales contra
sindicalistas. Se implementó la militarización
de fábricas ante la paralización de actividades
de los trabajadores y continuó el nombramiento de militares en cargos de dirección en las
fábricas. En especial la región Guayana del estado Bolívar fue epicentro de paros y huelgas
exigiendo reivindicaciones laborales.
El 02.08.13 el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, que desarrolla la Ley Orgánica
de Seguridad de la Nación y castiga el paro
o las huelgas al prohibir acciones dirigidas a
“obstaculizar o interrumpir” las actividades
propias del sector eléctrico nacional. También
restringe el desplazamiento de personas y vehículos, que pretendan entrar o transitar en las
zonas de seguridad del sistema eléctrico, con
penas previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Se mantuvo la violencia en el contexto sindical con 59 sindicalistas y trabajadores asesinados en este periodo. La causa principal parece seguir siendo la disputa entre sindicalistas
por la venta de puesto de trabajo y la impunidad de esos crímenes.
Derechos
de los pueblos indígenas
En septiembre de 2013 el Comité de la
ONU contra la Discriminación Racial revisó
el informe periódico de Venezuela y expresó
su preocupación por la impunidad ante las
agresiones a miembros del pueblo yanomami
por parte de mineros ilegales y los enfrentamientos entre los yukpas y los ocupantes de
la Sierra de Perijá. También instó a Venezuela
a acelerar la demarcación, a reconocer los sistemas tradicionales de justicia a través del anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Especial
Indígena, a dar cuenta de cómo se está implementando el derecho a la consulta previa, y a
que se elaboren indicadores demográficos que
aporten claridad sobre la situación en la que
viven las comunidades indígenas y la población afrodescendiente. Estas recomendaciones
deben ser implementadas por Venezuela pues
debe cumplir de buena fe con la Convención
contra la Discriminación Racial.
El Estado venezolano cumplió 12 años de
mora con los pueblos indígenas pues ha demarcado menos del 5% del total de territorio
calculado que pertenecería a las comunidades
originarias. Según el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas durante
2013 se entregaron 1.125.965,58 hectáreas
en 21 títulos de tierras, beneficiando a 43.195
habitantes, de 256 comunidades de 6 pueblos
indígenas de los estados Anzoátegui, Apure,
Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Monagas;
acompañado de financiamientos de proyectos socio-productivos por un monto de Bs.
40.398.520 otorgados por el Consejo Federal
de Gobierno.
En el marco del conflicto por las tierras, el
03.1.2013 fue asesinado por sicarios el cacique yukpa Sabino Romero y herida su esposa
Lucía Martínez de Romero en la carretera que
conduce a El Tukuko, en la Sierra de Perijá, en
el municipio Machiques. Sabino había sufrido
una constante criminalización de las autoridades por su defensa de los derechos del pueblo
39
Balance
yukpa. Sufrió privación de libertad durante 18
meses y fue permanentemente hostigado por
funcionarios policiales. La Fiscalía General
acusó a seis hombres como presuntos responsables del crimen. En junio se incrementó el
riesgo para los hijos del cacique Sabino, Isidro
y Sabinito Romero, ya que el CICPC pretendió incriminarlos en hechos delictivos. Los
asesinatos del padre de Sabino y cinco yukpas
más están aún impunes. También corre riesgo
Lusbi Portillo, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas quien denunció
que contrataron dos sicarios para darle muerte.
La mayoría de los conflictos relacionados
con concesiones y construcción de infraestructura minera ocurridos durante 2013 se relacionaron con la violación del derecho de las
comunidades y pueblos indígenas a ser informados y consultados sobre la realización de
proyectos en sus hábitats y sobre el impacto
que generan en los recursos naturales existentes en sus territorios. En febrero de 2013 los
indígenas pemón, en la comunidad de Urimán,
municipio Gran Sabana, retuvieron a 43 militares y tomaron pacíficamente tres aeropuertos. Los indígenas pedían el cese del hostigamiento militar, permiso para el desempeño de
la minería a pequeña escala, entre otras cosas.
Hicieron denuncias de minería ilegal por parte
de los mismos militares. Se acordó no judicializar a los indígenas por las protestas y las
retenciones de militares, pero el acuerdo fue
incumplido por el Estado.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas, COIAM, manifestó
preocupación por el Arco Minero del Orinoco, proyecto China-Venezuela, que no ha sido
consultado con las comunidades indígenas y
que atenta contra la protección ambiental de la
Amazonia. En el Alto Caura, estado Bolívar,
los pueblos Sanema y Yekuana fueron vícti40
mas de ataques armados de mafias mineras
que controlan esa zona, sometiendo a los indígenas y devastando el ecosistema en particular
contaminando las aguas del rio Caura. Para la
región de Guayana, el Ejecutivo Nacional creó
la Comisión Presidencial para la Protección, el
Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Mineral Lícita.
El 15.05.2013 las comunidades presentes
en el territorio Piaroa: Sipapo, Cuao, Autana,
Guayapo y Orinoco medio, divulgaron una
carta a la guerrilla FARC-EP señalando su total
desacuerdo con su presencia y desplazamiento
en sus territorios. Las denuncias presentadas
a las autoridades sobre la presencia de la guerrilla no tuvieron respuestas. En Amazonas,
la organización indígena Oipus, denunció la
pesca irracional gracias a permisos otorgados
por Isopesca, así como permisos para realizar
expediciones a sitios sagrados como el Autana. Esos actos administrativos ilegales están
creando expectativas de legalidad en los pescadores y caberos. Oipus también denunció
las restricciones y altos costos de los combustibles para las comunidades indígenas.
En cuanto al tema del derecho a la salud,
el 05.05.2014 murió Miriam Romero, hija del
cacique asesinado Sabino Romero, y Lucía
Martínez, esposa del mismo, a causa de paludismo y meningitis. La Sociedad Homo et
Natura denunció otras muertes en donde los
fallecidos presentaban desnutrición y anemia
producto del hambre. Las comunidades Koberuna y Mosú, denunciaron falta de servicios
médicos. Hubo 76.621 casos de malaria reportados hasta la semana 52 (diciembre 2013)
en el boletín epidemiológico del Ministerio de
Salud, lo que representa aumento de 50,1%
respecto al mismo periodo en 2012. El mayor
número de casos acumulados durante 2013
se encuentran en los estados con presencia
de pueblos y comunidades indígenas como:
Amazonas (8.572) y Bolívar (65.980). Las
malas condiciones de vida y el impacto de
la minería estarían vinculados con el resurgimiento de la malaria. La organización yanomami Horonami levantó un informe de salud
sobre los fallecidos en diferentes comunidades yanomami del Alto Orinoco durante 2013,
constatando que fallecieron 76 yanomamis
de diferentes comunidades por enfermedades
y falta de atención médica y medicamentos.
Hasta 2013 se contabilizan 32 Servicios de
Atención y Orientación al Indígena (SAOI) en
todo el territorio nacional.
Durante 2013 se denunció que un grupo
de indígenas pemones de la comunidad de
Kanayauta buscaban sustento en el vertedero
municipal de basura de Santa Elena de Uairén.
El 19.12.2013 se dio a conocer que un grupo
de 20 indígenas de la etnia eñepa de Mariposa,
estado Amazonas deambulaban por la capital
del municipio Gran Sabana. El 21.12.2013
la avenida José María Vargas de Guanare se
encontraba ocupada por 55 integrantes de la
etnia yukpa de la Sierra de Perijá. Dichos desplazamientos fueron motivados por las precarias condiciones de vida en sus comunidades.
En cuanto al derecho a la educación se destaca que el 16.07.2013 fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, el título
y estructura del proyecto de Ley de Educación
Indígena. Luego se realizaron consultas pero
no llegó a ser aprobada la Ley por el legislativo. Es positivo que el 05.06.2013 la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz inauguró la Fiscalía 91º Nacional con competencia
en materia indígena. Pero el poder legislativo
no avanzó de manera significativa en la discusión del Proyecto de Ley de Coordinación de
la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional.
Derecho a la salud
Este año, Provea recogió 1.976 denuncias
sobre constantes impedimentos para la prestación de servicios en la salud pública, con un
aumento de 84% respecto de las registradas
en el 2012. 85% de estas denuncias proceden
de los principales hospitales públicos del país
-78 centros reportados en 17 estados- donde
se encontró durante el año: falta de insumos
básicos, material médico-quirúrgico y medicamentos; personal de salud insuficiente; falla
de equipos médicos y de aires acondicionados
por falta de mantenimiento y continuas interrupciones eléctricas; además de problemas de
infraestructura, presentándose hacinamiento e
insalubridad por desbordamiento de aguas negras, inundaciones y falta de agua, en varios
centros.
Durante 2013 los tres ministros que se sucedieron en el cargo contaron con un presupuesto insuficiente, irregular e irreal para los
fines propuestos. En cambio, creció el financiamiento extra-presupuestario para la Red
de Barrio Adentro y se intensificó la vía de
los convenios internacionales para el abastecimiento de los servicios de salud públicos,
profundizando la alta dependencia de importaciones.
En este periodo siguió sin consolidarse el
Sistema Público Nacional de Salud que además siguió la estructura de la Misión Barrio
Adentro (MBA). Con el fin de fortalecer ese
sistema, el Presidente Maduro destacó que a
2013 se habían graduado 14.243 Médicos Integrales Comunitarios (MIC) -57% en 2011 y
43% en 2012. Dada la situación de disminución de divisas y de deudas con proveedores
nacionales e internacionales, el MPPS profundizó la vía de la cooperación internacional con
países aliados para abastecer de medicamentos, insumos, materiales, vacunas, reactivos
41
Balance
y equipos a los servicios de la salud pública,
la seguridad social y la MBA. Se destacan los
acuerdos con Cuba, China, Argentina, Uruguay, Portugal, Colombia, India e Irán. Varios acuerdos fueron suscritos en el marco del
ALBA.
En el primer semestre de 2013 fueron inaugurados varios centros hospitalarios, pero
luego vinieron las denuncias sobre los mismos
centros por funcionamiento parcial, falta de
pago al personal y falta de personal para activar los servicios médicos, falta de insumos o
equipos inadecuados. El 09.04.13, la Ministra
de Salud anunció que en el 2013 se estrenarían
10 nuevos hospitales pero sólo se inauguraron
4 en los estados Aragua, Carabobo, Distrito
Capital y Guárico; 3 de ellos no pudieron funcionar completamente. En cuanto a la recuperación de hospitales el 02.03.13, el Presidente
Maduro anunció un plan de esfuerzo conjunto
o “Plan Cayapa” para recuperar los viejos hospitales del país. En agosto de 2013, se instaló
una Comisión Presidencial denominada “Estado Mayor de la Salud”, para solucionar las
dificultades de 11 hospitales públicos. Pese a
estos esfuerzos, durante el año continuaron las
denuncias y protestas de pacientes, médicos,
trabajadores y académicos sobre el profundo
deterioro de la atención hospitalaria en el país.
Por su parte las clínicas privadas siguieron
bajo un proceso de supervisión y regulación
de sus actividades, viéndose desbordadas en
especial en sus servicios de emergencias. La
devaluación y la restricción de divisas afectaron a todo el sector privado de la salud. La
escasez afectó tanto al sector público como
al privado. En junio, la SUNDECOP emitió
la Providencia Administrativa Nº 294 con la
que se aplicó un régimen de regulación general de precios a todas las clínicas privadas del
país, y la obligación de registrarse y declarar
42
sus costos y precios en el Sistema Automatizado de Administración de Precios (SISAP).
Esta Providencia fue rechazada por el sector
privado. Pese a ello 1.500 clínicas privadas
se registraron en el SISAP, pero en agosto ese
sector demandó de nulidad de la providencia,
sin desacatar sus normas.
En 2013 la Ministra de Salud, Isabel Iturria, planteó la reactivación de los Comités
de Salud bajo una red para mantener activos
los centros de salud. Pacientes y médicos de
los servicios, personas con alguna condición
crónica organizadas en diferentes redes y
coaliciones, sindicatos y gremios de la salud,
sociedades médicas y organizaciones civiles
y académicas, mantuvieron sus demandas al
Ministerio de Salud, siendo algunos descalificados bajo el argumento de que los intereses
gremiales son opuestos a los intereses de la
comunidad. Varias quejas fueron presentadas
contra directores de hospitales públicos por intimidaciones a pacientes y a personal de salud.
Se cumplieron 14 años sin que se haya
adoptado una Ley Orgánica de Salud como lo
ordena la Constitución de 1999, y las opiniones desde representantes del partido de gobierno en la Asamblea Nacional no se caracterizaron por buscar un debate amplio y pluralista
sobre dicha ley. Como aspecto positivo, en
2013 se elaboró un Anteproyecto de Ley de
Igualdad y No Discriminación de las Personas
con VIH.
Para el año 2013, el Ministro de Salud, afirmó que el MPPS había invertido
BsF49.000 millones, aunque por ley se asignaron BsF24.581 millones. Estos montos han
sido siempre inferiores a los que realmente se
ejecutan durante el año debido a una política
administrativa en la que se subestima el precio
de venta del barril petrolero, con el objeto de
obtener un margen considerable de ingresos
que se ejecutan con amplias posibilidades de
discrecionalidad. Además, el presupuesto público en salud es mucho mayor que el asignado al MPPS, lo que se explica por la fragmentación del funcionamiento de los sectores
que efectúan gastos en ésta área con cargo al
financiamiento público. La gestión del presupuesto hace imposible conocer con exactitud
cuánto es lo que efectivamente se invertirá en
salud, a lo que se suma que el comportamiento del presupuesto del MPPS es irregular: por
ejemplo, a octubre de 2013 más de 90% de los
centros hospitalarios de todo el país ya había
agotado sus recursos.
En cuanto a la disponibilidad de servicios
de salud, persistió el déficit de camas hospitalarias públicas que en Venezuela es muy inferior al estándar internacional de 3 x 1.000
habitantes: para 2011 era 0,9 x 1.000. En general, el déficit del sector público ha llevado al
aumento de las consultas en clínicas privadas
siendo 70% de éstas para empleados asegurados del sector público. Por otro lado, impacta
todo el sistema sanitario la ausencia de un sistema de atención de urgencias, en especial por
la carencia de ambulancias y por el deterioro
de los bancos de sangre.
De la Salud Pública se han retirado entre
12.000 y 15.000 profesionales de la medicina por las múltiples restricciones para ejercer
adecuadamente, las permanentes violaciones
de los derechos laborales y la creciente hostilidad en los ambientes de trabajo. La Federación Médica de Venezuela (FMV) estima un
déficit mayor a 50%. La Sociedad Venezolana
de Salud Pública calculó que sólo entre 30%
y 40% de los cupos de residentes estaban cubiertos.
En cuanto a los Médicos Integrales Comunitarios se adoptaron medidas legales para
agilizar la formación de dichos médicos, pero
algunas evaluaciones han establecido que su
formación profesional es insuficiente. Por su
parte, el sector farmacéutico reportó fallas
de inventarios de 37% a 50% causadas por la
falta de acceso a las divisas. El desabastecimiento afectó 1.200 medicamentos, con precios regulados, a medicamentos de alto costo,
a insumos básicos y médico-quirúrgicos, y a
materiales y reactivos de laboratorio.
El informe de la Contraloría del 2013,
por tercera vez, encontró irregularidades en
9 contratos referidos a la adquisición de medicamentos y materia médico-quirúrgico, por
2.798.5 millones de bolívares, destinados a
la Fundación Misión Barrio Adentro, cuya
recepción, almacenamiento y distribución estaba a cargo del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).
Los planes de producción nacional de vacunas siguieron siendo insuficientes al igual
que las informaciones sobre la cobertura real
de los planes de vacunación. Fue positivo que
las enfermedades infecciosas y bacterianas,
mantuvieron un comportamiento estable, a
diferencia de años anteriores. Por su parte, la
malaria se elevó 50%, con 76.621 casos confirmados.
En cuanto a la atención a la salud por grupos de personas, 58% de las embarazadas en
Venezuela no recibe atención prenatal. En
el 2013, ocurrieron 370 muertes maternas y
7.304 muertes infantiles, y según cálculos de
UNFPA para el 2013 en 101 nacimientos por
cada 1.000 mujeres, las madres tenían de 15
a 19 años. Anualmente nacen 8 mil niños de
madres menores de 15 años.
Además persistieron los problemas de disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad de
una atención mínima en salud a los pueblos
indígenas. Más de 1.500 personas con cáncer
en listas de espera dejaron de recibir trata43
Balance
miento de radioterapia, especialmente por la
paralización de centros y equipos de radioterapia; el mimo tipo de pacientes fue afectado
por la escasez de medicamentos. También se
afectó a 560 personas con linfoma, por la falta
de medicamentos para quimioterapia y equipos de radioterapia. Se encontraron fallas de
7 antirretrovirales que consumen 42.223 personas con VIH, de fármacos para contrarrestar
enfermedades oportunistas y de reactivos para
pruebas de diagnóstico, control y seguimiento
del VIH. Las 15.000 personas con problemas
renales que requieren diálisis afrontaron fallas
de tratamiento, además de falta de camas en
unidades de hemodiálisis. El desabastecimiento afectó a las personas con diabetes e hipertensión, y con drepanocitosis y talasemias. Siguió siendo crítica la situación de las personas
con afecciones mentales.
Derecho a la Seguridad Social
En el período se mantuvo la ejecución de
la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela
(GMAMV), aunque la asignación de pensiones por vejez, para este sector de la población, se produjo a un ritmo menos acelerado
que en el lapso 2011-2012, cuando se inició
la instrumentación de esta política destinada
a amparar personas adultas mayores sin capacidad contributiva o en estado de pobreza.
Dos años después de haber sido implementada
la GMAMV actual sistema de seguridad social venezolano sigue estando muy lejos aún
de satisfacer el principio constitucional de la
universalidad.
Durante 2013 fueron pensionadas por vejez y otras contingencias, conforme a la Ley
del Seguro Social, 95.858 personas, una cantidad menor que el período anterior, cuya cifra
fue de 147.274 personas. Ello representa un
descenso de 34,91%, es decir, 51.416 perso44
nas menos que las amparadas por el régimen
contributivo en el año 2012. A través de la
GMAMV, fueron incorporadas 5.496 personas
pensionadas mediante el régimen asistencial
no contributivo. Por aplicación de ambas políticas 101.354 personas fueron beneficiarias en
2013. Esta cifra es muy distante de la información oficial: para el IVSS fueron incorporadas
551.549 personas por la GMAMV, mientras
que para el Ministerio del Poder Popular para
el Trabajo y la Seguridad Social (MINPPTRASS), fueron 511.608 personas.
Las contradicciones en la información oficial dificultan medir el peso de la GMAMV,
en la extensión de la pensión por vejez en Venezuela. Comparando los datos del MINPPTRASS en el año 2011 con los años 2012 y
2013, se observa una variación poco fiable:
mientras en 2012 el aumento porcentual de la
población pensionada fue de 73,25% en 2013
fue de tan solo 3,32%.
La GMAMV mantuvo sus ejes principales: 1.- rumbo a la universalidad del derecho
a la pensión, 2.- programa para facilitar el acceso al sistema financiero, 3.- programa para
el turismo social y la recreación, 4.-programa
de valores patrios, y 5.- programa especial de
salud. En cuanto al primero de dichos ejes, La
GMAMV no ha garantizado, per se, el principio constitucional de la universalidad de la
seguridad social pues es esencialmente es una
pensión mínima complementaria o asistencial,
y que forma parte del sistema general de retiro,
coexistiendo con el régimen contributivo. Para
un experto Absalón Méndez el advenimiento
de la GMAMV ha contribuido a fusionar un
régimen pensional asistencial, no contributivo, obligatorio, con un régimen pensional
asistencial, no contributivo. De otra parte, la
prioridad presupuestaria dada por el Ejecutivo a la seguridad social la ubica en segundo
lugar, después de educación, antes que salud.
Además, estaría muy por encima de la inversión en vivienda. Ello contrasta con la eficacia
institucional del Estado para la gestión de la
GMAMV y con su alcance real.
En 2013 no se dictó tampoco la ley de pensiones y por tanto se mantuvo la convergencia
desarmonizada de diferentes normas que establecen variados regímenes de otorgamiento y
de cálculo de pensiones por retiro, incapacidad
y sobrevivientes, todas vigentes, que amparan
a la población laboral empleada por organismos del Estado. Esto dificulta la gestión de
un sistema de seguridad social con vocación
universal. Incluso las autoridades de la Superintendencia de la Seguridad Social, señalan
que administrar tal diversidad es una prioridad
del organismo. En el caso de la GMAMV, los
entes involucrados en su gestión, informan
distintas cifras, algunas contradictorias, sobre
personas beneficiarias y presupuesto invertido. Todo ello ha incidido negativamente en el
monitoreo, auditoría y contraloría social de las
medidas adoptadas y acciones realizadas para
cumplir la legislación vigente.
El MINPPTRAS informa por primera vez
en 2013 sobre la gestión de la Tesorería de
Seguridad Social. Esta institución fue creada
en 2002 junto con la Superintendencia de la
Seguridad Social, pero solo en 2012 fueron
instaladas por el ex presidente Chávez.
En cuanto al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales prosiguió la atención a pacientes de diferentes patologías, y en forma
paralela continuó la ejecución de la GMAMV
y el pago de las asignaciones correspondientes
a la Ley del Seguro Social. Desde 2011 en el
portal del IVSS no se publica la cantidad total de personas beneficiarias del conjunto de
pensiones otorgadas en Venezuela (de vejez,
por incapacidad, invalidez y demás contingenenero-diciembre 2012
cias). Tampoco hay en esta fuente informativa,
datos consolidados sobre el número de personas que falta por incorporarse como beneficiarios de las pensiones por haber cumplido con
los requisitos previstos en la ley. Estas cantidades tampoco aparecieron con claridad en la
Memoria del MINPPTRASS, ni en la Cuenta
del IVSS.
Provea continúa con tres casos ante el
Sistema Interamericano, por afectación al derecho a la seguridad social. En este período
Provea volvió a intercambiar comunicaciones
con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) orientadas a avanzar en su
resolución, específicamente en cuanto a jubilados y pensionados de Viasa, jubilados del
Ministerio de Educación y jubilados de la
CANTV. En cuanto al caso de jubilados y pensionados de Viasa el Estado viene cumpliendo
lo fundamental del Acuerdo Amistoso para el
pago de las pensiones de jubilación. En el caso
de los jubilados del Ministerio de Educación,
no se presentaron avances. En cuanto a los jubilados de CANTV, Provea envió información
complementaria sin lograr un pronunciamiento de la CIDH en 2013.
Derecho a la tierra
Las dificultades para obtener información
oportuna llevaron a que en la información sobre este derecho reúna data de 2012 y 2013.
En el 2012, el Instituto Nacional de Tierras
(INTI), continuó con el proceso de rescate
y regularización de tierras logrando rescatar
64 predios, abarcando una superficie total
de 550.494,57 ha. distribuidas a nivel nacional; y regularizó un total de 1.737.200,05 ha.
mediante la entrega de 65.552 instrumentos
agrarios. Para ese año el Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras (MP45
Balance
PAT) tuvo un aumento presupuestal del 5,72%
respecto del 2011. Pese a estos esfuerzos presupuestarios Venezuela continúa siendo un
importador neto de alimentos. Durante 2012
disminuyó el financiamiento público agrícola
mientras que el financiamiento del sector privado continuó su incremento progresivo. Según información oficial en 2012 con respecto
a 2011 hubo un aumento de la superficie sembrada que pasó de 2.217.679 a 3.370.414 has.
y el total de productos agrícolas cosechados
paso de 24.230.856 toneladas a 22.837.688.
En 2012 hubo un cambio en la tendencia
histórica del INTI que privilegiaba la entrega
de Cartas Agrarias en detrimento de los Títulos de Adjudicación, que pasaron de 14.409
adjudicados entre los años 2003 al 2011 a
60.153 en solo 2012. De mantenerse esta tendencia, se favorecería la seguridad jurídica de
los campesinos entregándoles la propiedad de
la tierra. Preocupan sin embargo las persistentes inconsistencias en las cifras oficiales
en relación con el total de tierras rescatadas y
regularizadas.
Provea tuvo conocimiento de denuncias
sobre acciones de rescate de tierras, realizadas
por el INTI al margen de la legalidad vigente.
Este accionar irregular del INTI, pone en entredicho la justeza de las directrices constitucionales y las políticas destinadas a acabar con
el fenómeno del latifundio en el país. Un caso
que ilustra esta situación es el procedimiento
irregular de declaratoria de tierra ociosa de
uso no conforme contra la finca del ganadero
Antonio Ruiz Zapata, un terreno de 1.500 hectáreas con 2.700 reses en el estado de Yaracuy.
El nuevo director del INTI ha anunciado medidas correctivas para evitar procedimientos
irregulares, anunciando la implementación del
impuesto a tierras ociosas y de uso no conforme, y el relanzamiento del catastro nacional de
tierras. La Memoria y Cuenta de 2012 informa
46
sobre varios predios afectados e indemnizados
y los montos presupuestados para pagarlos
oportunamente.
La eficiencia en el cumplimiento de las
metas para el otorgamiento de crédito público
es muy baja, afectando a los campesinos solicitantes de crédito: entre el BAV y el FONDAS se asignaron recursos por un total de Bs.
3.536.018.058, se aprobaron 28.661 créditos
agrícolas, beneficiando a 48.603 productores y cubriendo 430.740 ha. a nivel nacional.
Por su parte, el financiamiento público en el
2011 otorgó 124.235 créditos, beneficiando a
133.073 productores, cubriendo una superficie
de 906.285 ha. Por el contrario, el crédito agrícola en la banca comercial ha venido evolucionando positivamente en cuanto al volumen
del financiamiento hacia el sector.
En relación a los principales indicadores
relacionados con la producción agropecuaria
(participación del PIB Agrícola en el PIB Nacional; evolución de las importaciones de alimentos; superficie sembrada, superficie cosechada y valor de lo cosechado), en el 2012 los
resultados tuvieron un leve repunte respecto
del año anterior, aunque todavía insuficientes
para cubrir la demanda del crecimiento poblacional y del nivel de ingreso de los consumidores. Por otro lado, la adjudicación de dólares para importar alimentos, demuestra que no
se beneficia ni al productor ni a las pequeñas o
medianas empresas, sino a las grandes y hasta
multinacionales empresas del sector.
La organización de productores agrícolas
(Fedeagro) ha expuesto públicamente diversos
problemas, que limitan el crecimiento sostenido de la agricultura de los últimos años. Entre
ellos se encuentran: el Estado dispone del 75%
de tierras con potencial agrícola, las cuales
no están siendo trabajadas; la intervención directa del gobierno a través de la regulación de
precios; la complicada provisión de insumos
para los agricultores; la carencia de repuestos
de maquinaria e implementos agrícolas; la
inseguridad personal y de bienes; la competencia desleal en las importaciones, entre otros
problemas.
En el terreno legislativo, dos iniciativas
llaman la atención: la primera, el proyecto de
Ley que la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico (proyecto “Ley semillas”) que
busca, desde una perspectiva agroecológica,
la promoción, certificación, distribución y comercialización de semillas, pero que ha sido
criticado por abrir la puerta a los transgénicos
al establecer la propiedad intelectual sobre las
semillas, su supervisión, fiscalización y la certificación. La segunda, es el “Plan de la Patria,
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo
Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2013-2019”, que plantea
los desafíos que tiene el Ejecutivo Nacional
para cumplir con los productores agrarios, el
campesinado y la población en general, en los
próximos seis años de gestión.
En el terreno judicial, se destaca la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desaplicando los artículos 699 al 711 del Código de Procedimiento
Civil, con lo cual se ratificó la jurisprudencia
de la Alta Corte sobre la inaplicabilidad de las
disposiciones del derecho civil para resolver
situaciones derivadas de las instituciones propias del derecho agrario, en especial las referidas a las acciones posesorias agrarias.
Desde el año 2000 hasta el 2013, Provea
ha registrado el asesinato de 122 campesinos
en conflictos relacionados con la tenencia
de la tierra. En 2013 Provea registró 5 casos
que afectaron a 19 campesinos, dentro de
ellos 2 campesinos asesinados por problemas relacionados con este derecho. También
se registró en 2013 un incremento en violaciones a derechos humanos por la Guardia
Nacional Bolivariana contra campesinos y
varios casos de secuestros extorsivos como
delitos comunes. Estos crímenes se encuentran en su mayoría impunes, según reconoce
la misma Defensoría del Pueblo. Las cifras
totales de víctimas varían de una fuente a
otra, pero es claro que la violencia en torno
al derecho a la tierra es un fenómeno endémico que se agrava con la impunidad estructural que lo cobija.
Derecho a la vivienda
El derecho a la información oficial sigue
siendo negado en materia de vivienda, lo
que hace inauditable la Gran Misión Vivienda y además la poca información suministrada es inconsistente. La Memoria y cuenta
del Ministerio de Vivienda disponible fue la
de 2012; esta vez abandonó la metodología
anterior de agrupar los resultados según los
denominados cinco vértices de la GMVV,
siendo presentados ahora según el esquema
de “logros obtenidos”. Esta Memoria y cuenta 2012 informa de: retardos en la entrega de
materiales para la construcción; asignación
de recursos presupuestarios ajustados a la
realidad económica que no permite la capacitación al personal ni la profundización en
los planes de acción en materia de auditoría;
las fuertes y constantes lluvias que impiden
el normal cumplimiento del cronograma de
trabajo. La situación de violencia e inseguridad ha venido a sumar nuevos problemas a
los ya existentes: durante el período 12 personas perdieron la vida en los refugios para
damnificados.
Desde enero de 2012 inició el registro de
inmuebles en 183 municipios del país para
el Sistema Nacional de Catastro. En 2013 se
hicieron operativos de registro en varios mu47
Balance
nicipios sin que al cierre del año se publicara
cifra alguna que permitiera evaluar sus avances. Los resultados básicos del Censo 2011,
difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), detallaron el número de viviendas existentes pero no determinaron cuál era
el déficit habitacional. Estudios académicos
indican un déficit aproximado de dos millones de unidades habitacionales y que cada
año, solo por el crecimiento de la población,
se suman al déficit 118.000 nuevas viviendas.
Si se quisiera eliminar el déficit en 15 años,
se deberían construir anualmente, a partir de
2013, 275 mil viviendas, así como urbanizar
3.832 hectáreas de terreno anualmente. Según
la Memoria y Cuenta 2012 durante todo ese
año – el segundo de la Gran Misión – se concluyeron 200.080 viviendas. Son varios los
entes responsables de construir viviendas en el
marco de dicha misión pero la data a oficial no
desagrega cuántas viviendas construyó cada
uno de ellos. La ausencia de información también dificulta el seguimiento de las viviendas
construidas por los llamados “convenios internacionales”; según la Memoria y Cuenta 2012
del total de las 14.303 viviendas programadas
se habrían culminado 8.004 viviendas, sin mayor información sobre cuál es la ubicación de
las casas entregadas. Y según el presidente del
Órgano Superior de Vivienda, el sector público construyó 147.642 unidades, representando
74% del total de viviendas de 2012 y el sector
privado representó el 26% aportando 52.438
unidades. Sin embargo la opacidad de la información hace imposible verificar las críticas
de veedurías civiles o sectores vinculados a la
cuestión de la vivienda, según las cuales esas
viviendas no son nuevas en su totalidad y el
50% fueron “kit de vivienda” es decir, entrega
de materiales para ampliación, remodelación,
autoconstrucción, SUVI (sustitución de rancho por vivienda) y créditos hipotecarios para
48
adquisición en vivienda en mercados secundarios. Ante la ausencia de data oficial y según la
data hemerográfica recopilada por Provea durante el 2012 se entregaron 87.203 viviendas
en todo el país.
El gobierno había anunciado que para
2011-2013 había sido asignado un total de 57
mil millones de bolívares para la construcción de 286.180 viviendas. Se han detectado
incoherencias sobre las viviendas construidas
con esa gran cantidad de dinero, y en general
la falta de información oficial en materia presupuestaria ha dificultado la contraloría social.
Persiste la situación de inseguridad jurídica de la tenencia de la vivienda que ha caracterizado la ejecución de esta política desde sus
inicios. Buena parte de las familias continúan
a la espera su título de propiedad o de conocer los mecanismos de adjudicación. Algunas
estimaciones indican que están pendientes por
entregar 300.000 títulos de propiedad.
Para el año 2013 la meta anual de construcción de viviendas fue establecida en
380.000 unidades, siendo la primera vez que
se informa sobre cuántas se iban a construir en
cada estado. Según la información disponible,
201.075 casas fueron concluidas y entregadas
durante el período.
La aplicación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Vivienda ha generado diferentes conflictos
en la relación entre propietarios e inquilinos.
Una petición de medidas cautelares de suspensión de efectos fue negada por el TSJ. Existen muchas dificultades en la comprensión e
implementación de la ley: los trámites son engorrosos, las instituciones tardan en hacer su
trabajo, generando frustraciones entre inquilinos y propietarios. En 2013, PROVEA realizó
el monitoreo de 58 casos (3.342 familias) de
ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles
en el ámbito nacional, con una disminución
de 45,3% respecto al período anterior (128
casos). Hubo al menos 38 casos de desalojos
forzosos de terrenos e inmuebles en construcción en el ámbito nacional, 58,4% menos que
en 2012.
Con respecto a la disponibilidad de servicios, el sitio web del Sisov no ha actualizado
sus cifras sobre disponibilidad de servicios en
las viviendas desde el 2010, y ni Corpoelec ni
el Ministerio de Energía Eléctrica han publicado informes de gestión desde ese mismo año.
Según el gobierno, se ha logrado 10 años antes la Meta del Milenio de la ONU para 2015,
para dar cobertura de agua potable al 96% del
área urbana y al 80% del área rural. Por su parte el Ministro de Energía Eléctrica destacó que
Venezuela ha alcanzado un 99% de cobertura
eléctrica nacional.
En cuanto a los gastos soportables, no existe claridad sobre el volumen de beneficiarios
de la GMVV que están pagando sus viviendas. En cuanto a la línea de financiamiento
del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda
(FAOV), los montos otorgados están lejos de
los precios reales de las viviendas en el mercado nacional. Con respecto a los materiales de
construcción, en 2012 el Ministerio de vivienda reconoció que una de las mayores debilidades era la ausencia de un aparato industrial
para la producción masiva de componentes
para la construcción. La poca disponibilidad
de materiales de construcción más su alto
costo retrasaron los planes de edificación y
entrega de viviendas. Según las últimas cifras
disponibles del Banco Central de Venezuela
entre agosto de 2012 y agosto de 2013 hubo
una variación porcentual de 52,8% en el índice
de precios de insumos, maquinaria y equipos
de construcción.
Respecto a las condiciones de habitabilidad se reportaron hundimientos de terrenos en
por lo menos tres nuevos urbanismos. Durante
2013 no se ofrecieron balances oficiales de la
cantidad de personas afectadas por las lluvias,
y en un arqueo hemerográfico solo se obtuvieron resultados parciales. El gobierno no
respondió a peticiones formales de Provea sobre la cantidad de refugios y personas dentro
de esos refugios. En declaraciones a la prensa
un vocero oficial habló de 6.500 familias en
refugios, y según el Ministerio para la Alimentación en 2012 había 97.775 personas damnificadas distribuidas en 574 refugios.
La entrega de viviendas fue utilizada con
fines proselitistas por los candidatos a elecciones pertenecientes al partido de gobierno, al
tiempo que se evidenciaron actos de discriminación política hacia los beneficiarios de las
viviendas muchos de quienes han debido mostrar sus fidelidades políticas usando franelas y
haciendo declaraciones públicas.
Derechos Civiles y Políticos
Derecho al asilo y refugio
El artículo 69 de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
garantizan en Venezuela los derechos a pedir y
recibir a asilo o refugio. Venezuela sigue siendo
un país receptor de población que necesita esa
protección. El grupo nacional más numeroso
siguió siendo el colombiano a consecuencia del
conflicto armado interno que sacude ese país.
Justamente con respecto a Colombia se siguen
llevando a cabo las negociaciones de paz en
La Habana, Cuba, donde participan el Estado
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 26 de mayo
del 2013 las FARC y el Gobierno colombiano
lograron el primer acuerdo de la mesa de nego49
Balance
ciaciones con respecto al tema agrario, denominado por ambas partes “Hacia un nuevo campo
colombiano: Reforma rural integral”. Pese a este
crucial acuerdo, siguen estado fuera del proceso
otros actores armados como el ELN y los grupos
paramilitares aún activos. La cifra de desplazados internos en Colombia supera los 5,7 millones de personas según datos de ONGs. Par mucha población que no puede permanecer dentro
de ese país la opción es atravesar sus fronteras,
con cifras cercanas a los 400 mil colombianos
que han buscado refugio.
En este periodo el gobierno colombiano
emitió la la Ley de Víctimas y de Restitución de
tierras, que podría eventualmente beneficiar a
colombianos refugiados en Venezuela.
En junio de 2013 se desató un conflicto en
El Catatumbo, al norte de Santander, donde más
de 14mil campesinos protestaron por el abandono estatal al que ha estado sometida esta zona
por décadas. A consecuencia de ello, según un
comunicado emitido por la CNR, más de 800
personas llegaron sin pertenencias ni documentación y temiendo por su vida e integridad personal. En estas circunstancias solo 143 casos
fueron solicitudes temporales de refugio que se
resolvieron con el regreso voluntario de los solicitantes a sus lugares de origen, según la CNR.
En cuanto a las políticas públicas que el Estado debe implementar relacionadas con el derecho al asilo y al refugio, en este período siguió
sin ser promulgada la Ley Orgánica de Fronteras. A pesar de la petición hecha por el presidente
de la República en agosto de 2013, al presidente
de la Asamblea Nacional, para que se retomara
la discusión de la normativa.
Hasta julio de 2013 Venezuela había reconocido el estatus de refugiado a 3.000 personas.
Según el Informe de gestión 2013 de la CNR
durante este año se recibió 1.345 solicitudes de
refugio nuevas, con lo cual hasta diciembre de
50
2013 la CNR ha recibido 10.809 solicitudes de
refugio.
En el 2013 se recibieron 300 casos que fueron aprobados (725 personas) y 1.005 casos fueron negados, con lo cual el total de casos aprobados hasta diciembre de 2013 por la CNR fueron
1.391 y los negados 5.971. En este informe la
CNR reitera que el 99% de las solicitudes recibidas por este ente son de personas colombianas,
y el restante 1% se trata de los llamados “extracontinentales”, en este caso de algunos países de
Asia y África. El trámite de solicitudes de refugio sigue presentando retardos considerables.
En cuanto a la suscripción de instrumentos
internacionales, Venezuela sigue sin incorporar
a su legislación los parámetros de la Declaración
de Cartagena que amplía los niveles de protección a las personas provenientes de zonas en
conflicto, con presencia de violencia generalizada y violaciones masivas de los derechos Humanos. Se destaca como positivo que la CNR la
aplique de manera informal pero es indispensable que sea reconocida formalmente en la legislación nacional para que no dependa de la buena
voluntad de los funcionarios.
En cuanto a los derechos de las personas solicitantes de refugio o refugiadas reconocidas,
se mantiene dificultades en el acceso a la educación de los Niños no acompañados, vinculados
a la falta de implementación y difusión entre los
funcionarios medios y bajos de las directivas del
Ministerio del Poder Popular para la Educación
que ordenan reconocer cualquier documento de
identidad emitido según los tratados internacionales, incluidos aquellos sobre asilo y refugio.
Muchos solicitantes de refugio se encontraron
desprovistos de un documento provisional de
identidad debido a demoras injustificadas de la
CNR. La falta de información y formación de los
funcionarios de las policías y otros cuerpos de
seguridad del Estado, ha llevado a abusos sobre
los refugiados en especial cuando se desplazan
en el territorio nacional y son controlados en alcabalas o puntos de control.
Los procesos de formación y sensibilización
de funcionarios públicos continuaron adelante
por parte del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas (ACNUR), de la CNR y de la organización no gubernamental Servicio Jesuita para los
Refugiados. Sin embargo su imparto necesita ser
aún mayor y más extendido.
Derecho
a la integridad personal
Para el período en estudio PROVEA registró un total de 221 denuncias de casos de
violaciones al derecho a la integridad personal,
con un saldo de 334 víctimas individualmente
contabilizadas. El patrón tortura disminuyó en
61,90% con respecto al periodo anterior, con
16 víctimas identificadas en 16 casos. Los casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presentaron un aumento de 44,44%
de personas afectadas con relación al año 2012,
identificándose 234 víctimas individuales; el
número de heridos decreció en 22,03%, con
46 víctimas, 13 menos que el periodo anterior;
el incremento registrado más notorio se refleja
en el patrón de allanamientos ilegales donde
hubo un aumento del 203,33%, con 91 víctimas frente a las 30 del año 2012; por último,
el patrón amenazas u hostigamientos se elevó
en un 7,50%, con 43 víctimas, en relación a las
40 víctimas registradas en el periodo anterior.
De las 334 víctimas individualmente identificadas en el período que abarca la investigación, se pudo conocer el género de 299, lo
que representa 89,52%. De esas 299 víctimas,
64,07% son del género masculino (214) y
25,45% del género femenino (85), manteniéndose como tendencia la diferencia numérica
entre la cantidad de víctimas de género masculino y las de género femenino. Se mantiene
también la tendencia a que la mayoría de las
víctimas sean jóvenes.
En orden decreciente las lesiones más comunes son: los golpes, las heridas por armas
de fuego, las heridas por perdigones, los empujones o lanzamientos contra el piso, las patadas y colocación de esposas, las descargas
eléctricas y asfixias, el lanzamiento de bombas
lacrimógenas, la asfixia mecánica con bolsa,
halar el cabello y aplicar sustancias químicas,
el abuso sexual, el colgamiento por extremidades superiores, amordazamiento, quemaduras
y arrollamiento.
En cuanto a los cuerpos de seguridad responsables: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el que tiene más denuncias de
violación al derecho a la integridad personal,
con 60 casos (27,15%). Le sigue el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 35 casos (15,84%),
incluyendo actuaciones conjuntas con algún
otro cuerpo de seguridad del Estado. Siguen
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 15
denuncias, lo que representa el 6,79%; la Milicia Bolivariana y la Custodia Penitenciaria,
con 6 denuncias respectivamente (2,71%); el
Ejército Bolivariano figura con 5 denuncias
(2,26%); el SEBIN y la Dirección General
de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) con
3 denuncias (1,36%) y por último la Policía
Militar con una denuncia (0,45%).
Las policías de ámbito regional o policías
estadales fueron señaladas como responsables
de 37 casos (16,74%). La policía del estado Bolívar, con 12 casos (5,43%); la Policía
Nueva Esparta, con un total de 6 denuncias
(2,71%); las policías de Anzoátegui y Aragua,
con un total de 4 casos cada una (1,81%); la
Policía del estado Delta Amacuro, con un to51
Balance
tal de 3 denuncias (1,36%); las policías de los
estados Mérida y Miranda, con un total de 2
casos cada una (0,90%). Finalmente registran
denuncias las policías de los estados Carabobo, Barinas, Táchira y Lara con una denuncia
respectivamente, lo que representa el 0,45%.
Las policías municipales fueron señaladas en 32 casos de los reportes registrados
(14,48%). El mayor número de acusaciones
recae sobre las Policías de los Municipios
Cristóbal Rojas, Zamora y Plaza, todos ellos
del estado Miranda, con tres denuncias cada
una (1,36%). El segundo lugar lo ocupan las
Policías de los Municipios Caroní, Sotillo,
Heres e Independencia, con dos denuncias
respectivamente (0,90%), seguidos por otras
policías municipales.
El 22 de julio de 2013 entró en vigor la Ley
Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura
y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Era una obligación del Estado desde
hacía 13 años de acuerdo con la Constitución.
La ley es un paso muy positivo para atacar esta
grave violación a los derechos humanos. Pero
adolece de dos problemas: hay una escasa participación ciudadana en dicho mecanismo y no
contempla la posibilidad de que representantes de organismos internacionales de derechos
humanos (especialmente del Subcomité contra
la tortura de la ONU) puedan realizar visitas
regulares a lugares de detención, lo cual es necesario para implementar el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes suscrito por Venezuela en junio de 2011.
En este período aún no se puso en marcha
el sistema nacional de aten¬ción integral a
víctimas de violencia grave e intencional, uno
de los elementos claves de la llamada Gran
Misión a Toda Vida Venezuela.
52
En este período se registraron 16 casos con
16 víctimas de tortura. De ellos 13 eran hombres (81,25%) y 3 eran mujeres (18,75%). Es
una disminución de casos con respecto a 2012
que puede indicar un acierto en la formación
brindada por la UNES dentro del nuevo modelo policial. Los cuerpos de seguridad nacionales aparecen en 14 de los 16 casos; los cuerpos
de seguridad regionales y los municipales en
un caso cada uno. Encontramos en primer lugar al CICPC con seis, luego la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con cinco casos,
luego el SEBIN, la DGCIM, la Custodia Penitenciaria, la Policía del estado Bolívar y la
Policía del Municipio Independencia con un
caso respectivamente.
En cuanto a las 234 víctimas en 156 casos
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se determinó que la GNB estuvo involucrada en 43 casos, liderando la cifra igual
que en 2012. Le sigue el CICPC con 18 casos
y en tercer lugar, está la PNB con 15 casos.
Las policías estadales estuvieron involucradas
en 27 casos destacando, al igual que en 2012,
la Policía del Estado Bolívar con ocho casos,
las policías de Nueva Esparta con cinco casos
y Anzoátegui, Aragua y Delta Amacuro, con
tres casos cada una. La implementación del
Plan Patria Segura parece influir en una mayor
ocurrencia de estos casos por parte de miembros de la FANB, marcando una tendencia
militarista contraria al nuevo modelo policial.
En junio de 2013 se aprobó la Ley para el
Control de Armas, Municiones y Desarme que
fue un paso importante para disminuir la violación de los derechos humanos en el país. La
ley debe ser reglamentada teniendo cuidado de
que el reglamento no desmonte los avances de
la ley.
Al igual que en el estudio anterior, se sigue evidenciando la ausencia de estadísticas
públicas específicas y desagregadas por tipo
de delito, ubicación geográfica, caracterización de la víctima y de los victimarios, por
parte de las instituciones gubernamentales.
Se revisó la data de los informes anuales del
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo pero no fue posible obtener información
precisa para hacer un análisis comparativo
entre las estadísticas estatales y las de este
informe.
Derecho a la justicia
El derecho a la justicia se vio afectado a
través de múltiples situaciones que causan
mayor indefensión y desconfianza en los operadores de justicia con sus preocupantes consecuencias.
En cuanto a la independencia del Poder Judicial (PJ), persiste la ausencia de una objetiva
separación de poderes. En el período objeto de
estudio, en un 94,09% de los casos estudiados,
en los que se interpusieron pretensiones ante
el PJ contra las actuaciones del Estado fueron
declaradas sin lugar o no se produjo pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto al
declararse su inadmisibilidad o la terminación
del procedimiento. Las dos presidentas del
TSJ, la saliente y la entrante, emitieron sendas declaraciones alineándose con el socialismo bolivariano del Siglo XXI y con el Plan
de la Patria 2013-2019 respectivamente. Por
su parte la FGR manifestó que muchos denunciantes de violaciones de derechos humanos
desprestigian a su patria con las denuncias que
realizan. El 11.12.13, el Consejo Moral Republicano dictó el Código de Ética del Servidor
Público, el cual entre otras cosas le prohíbe a
los funcionarios/as jubiladas/os que actúen en
representación de terceros ante los organismos
a que pertenecieron. En junio 2013, se designó al Ingeniero Argenis Chávez, hermano del
fallecido Presidente de la República Hugo
Chávez, como Director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La Sala Plena del
TSJ continuó desestimando solicitudes de antejuicio contra el Presidente de la República y
el Presidente de la AN, y ordenando que sean
investigados por la FGR aquellos que no fundamenten sus acusaciones al pedir antejuicios
de mérito contra esos funcionarios.
En el presupuesto ordinario, se mantuvo sobre el 2% la asignación presupuestaria
asignada al Sistema de Administración de
Justicia (SAJ), pero persisten las dificultades
para comprender los datos que el TSJ pone a
disposición del público en “Plan Vitrina 2013
Transparencia del Poder Judicial”.
No hubo mayores avances en cuanto a la
carrera judicial y la realización de los concursos de oposición, siendo constantes las denuncias sobre la inconstitucionalidad de estos
procesos de ingreso a la carrera judicial. Según el TSJ, en 2013 se designaron 149 jueces
provisorios, 388 temporales, 86 itinerantes y
511 accidentales, pero no se dio información
sobre los jueces titulares y continuaron las designaciones de titulares sin pasar por concurso públicos. Un tercio de los magistrados del
TSJ es suplente, pues la AN tampoco nombró
a los titulares. La Fiscal General de la República, anunció el inicio del proceso para darles
estabilidad a los fiscales pues la mayoría son
provisorios/as.
Persisten los problemas de retardo judicial
a pesar de iniciativas de la FGR como el Sistema Agenda Única y el Plan Contra el Retardo Procesal, y del Plan Cayapa lanzado a
mediados de 2013 por la ministra para el Servicio Penitenciario. En la jurisdicción laboral
y gracias a los procesos de mediación, sí se ha
logrado reducir el tiempo de duración de un
proceso de 10 a 3 años. En 2013, los tribunales
resolvieron 815.242 casos, específicamente en
53
Balance
materia penal se dictaron 378.161 sentencias,
por lo que disminuyó en esta materia la cantidad de sentencias en comparación con el 2012.
En materia de inquilinato, el TSJ ratificó que
era obligatorio agotar la vía administrativa
ante la superintendencia competente antes de
ir a la vía jurisdiccional, lo cual ha significado la paralización de los procesos en esa etapa
previa que no cuenta con lapsos claros, denegando el derecho a la justicia a propietarios e
inquilinos.
personas o grupos: Kamel Salame, ex candidato a la Alcaldía de San Felipe en Yaracuy;
los diputados de la AN Juan Carlos Caldera,
Richard Mardo y María Aranguren; José Flores, Presidente de la Cámara Municipal del
Municipio San Francisco, Estado Zulia; los
estudiantes de la ULA detenidos en Mérida
por presuntos hechos de violencia en el mes
de julio de 2013; y Carlos Parra, Carla Parra,
y José Beltrán detenidos por tocar cacerolas en
el Estado Mérida, entre otros casos.
Persiste también la práctica de procesar civiles ante tribunales penales militares, violando el principio del juez natural. En el mismo
sentido, una propuesta del Presidente Maduro
de crear una justicia sin rostro fue descartada
gracias a la oposición del TSJ y de la FGR.
La Defensoría del Pueblo mantuvo su línea de acción que ilustra una falta de independencia y autonomía con respecto al poder
Ejecutivo, que llevó a muchas organizaciones
de derecho humanos a pedir a las Naciones
Unidas que se revise la acreditación dada a
la Defensora del Pueblo. En esa línea, esta
funcionaria avaló plenamente la denuncia de
la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos hecha por el gobierno y que entró en
vigor a partir del 10.09.13, dejando fuera de la
competencia de la Corte IDH aquellos casos
ocurridos en Venezuela a partir de esa fecha.
La Defensoría del Pueblo continuó siendo
más activa frente a denuncias sobre la calidad
de los servicios públicos que ante los casos de
violaciones a derechos humanos.
Fue promulgada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, dando a los consejos comunales las
competencias para convocar a las elecciones
de jueces de paz, cuyas últimas elecciones tuvieron lugar hace 6 años.
De acuerdo al informe de la Fiscalía General, en 2013, ingresaron 599.868 casos, de los
cuales 8.196 fueron tramitados por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales. Se realizaron 84.749 imputaciones, de las
cuales 1.032 están relacionadas con derechos
fundamentales, así como 10.342 juicios en todas las materias.
El Ministerio Público continúo actuando
como instrumento para la represión de la protesta social en el país: desde 2005 hasta 2013
cerca de 3000 personas se encontraban sometidas a juicios penales por participar en movilizaciones pacíficas, realizar tomas pacíficas
de establecimientos, participar en concentraciones, cacerolazos o participar en huelgas.
La persecución mediante el Sistema Judicial
se tradujo en procesos contra las siguientes
54
Derecho
a
la
libertad
de expresión e información
El ejercicio de la libertad de expresión e
información en Venezuela sufrió un aumento
de casos violatorios del derecho, particularmente en el ejercicio de la profesión periodística, junto con el incremento de restricciones a
otros ámbitos tales como páginas web y redes
sociales. Además hubo un amplio y sesgado
uso de los medios de comunicación del Estado, directrices a los canales de televisión privados para invisibilizar voces disidentes.
En el contexto electoral de 2013, aumentaron de forma considerable la violencia ejercida contra periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la información. Hubo un alarmante
incremento de actos como agresión e intimidación contra los comunicadores. En ese contexto electoral y postelectoral, de acuerdo con
el IPYS predominaron las obstrucciones hacia
el trabajo periodístico principalmente por los
cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios
del Consejo Nacional Electoral (CNE) y autoridades ejecutivas; igualmente se evidenciaron detenciones arbitrarias, agresiones físicas,
ataques a las sedes de los medios de comunicación, así como acciones de intimidación y
medidas de censura. Igualmente se hizo evidente la ausencia del Estado para garantizar
el ejercicio periodístico, bien sea por parte de
organismos de seguridad, la Fiscalía general
o la Defensoría del Pueblo para investigar y
sancionar tales hechos
Durante 2013 se contabilizaron 219 violaciones a este derecho, lo cual refleja un aumento significativo del 121% si se le compara
con los datos del informe anterior, que daba
cuenta de 99 violaciones. Al igual que en años
anteriores las categorías de “intimidación” y
“agresión física y verbal” son las que reúnen
el mayor número de casos, sumando entre ambas 42,3%, mientras que en el período anterior ambas contabilizaron 48%. En 2013 los
casos de intimidación (24%) tuvieron la mayor presencia. El segundo reglón con mayores
incidencias fue el de “agresión física y verbal”
con 18,3 %, que se dio, principalmente, en el
contexto de la cobertura de noticias en la calle, como protestas, marchas, concentraciones
e incluso ruedas de prensa. Hubo un notable
aumento de los casos de hostigamiento pasando del 5% de los casos en el informe anterior a
18% en este periodo. La cuarta violación más
recurrente fue la censura previa que aunque sienero-diciembre 2012
guió siendo un 9% del total, los casos aumentaron de 9 a 21. Las categorías de “persecución
judicial” y “ataque a medios” se mantuvieron
en 7,5% del total de este período.
El mayor responsable de los casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión
fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
con 18,9% del total. En segundo lugar aparecen los funcionarios administrativos del Ejecutivo como responsables del 14,3% de los
casos. Un hecho relevante es que en 2013, los
funcionarios administrativos del Ejecutivo en
el Plan República son responsables del 10,5%
de las violaciones, ocurridas casi en su totalidad en el contexto de las elecciones presidenciales del 14 de abril. El Consejo Nacional
Electoral (CNE) tuvo la responsabilidad en el
5,2% de las violaciones a este derecho en este
período. En 2013 quedaron equiparadas las cifras de hechos en los cuales se puede señalar la
responsabilidad de particulares del oficialismo
como aquellos en los no se ha identificado al
agresor o agresores. En cada una de esas categorías se totaliza 41,5%. Un 17% de los casos
corresponde la responsabilidad a particulares
identificados con la oposición de agredir a periodistas.
En cuanto a las víctimas, los periodistas y
reporteros de medios privados representaron
el 50% de las víctimas de este período. Reporteros gráficos de medios privados sumó
13,8%. Mientras que los periodistas/reporteros de medios oficiales representó 4,2% de las
víctimas. En total, el 68% de los afectados son
personas que ejercían labores profesionales al
momento de ser víctimas de agresiones físicas, detenciones arbitrarias o actos de censura
como la sustracción de imágenes de sus equipos de trabajo. También fueron victimizados
defensores de derechos humanos y corresponsales extranjeros.
55
Balance
55 medios de comunicación se vieron
afectados por acciones contrarias a este derecho, 63,8% de ellos fueron medios privados,
siguiendo una tendencia de periodos anteriores. Son relevantes y novedosas las limitaciones impuestas por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) a los proveedores de internet.
Este informe relata cuatro actos de intimidación relacionados con allanamientos ilegales
a medios de comunicación, decomisos y destrucción ilegales de cámaras y de sus contenidos fotográficos y amenazas a reporteros. También se relatan tres casos de amenazas físicas o
verbales dos por parte de civiles y uno por parte de una presunta funcionaria oficial. Dentro
de los casos de hostigamiento, se relatan tres
casos, uno de ellos fue la actitud del presidente
Nicolás Maduro contra el Diario 2001 porque
destacó un problema de escasez de gasolina.
El presidente anunció que denunciaría a ese
medio ante la Fiscalía y ésta abrió una investigación por “la publicación de informaciones
falsas sobre escasez de combustible” llamando
a declarar a tres periodistas de ese medio.
Los casos de censura que se relatan están
relacionados con presiones para cambios en las
líneas informativas de televisoras, salidas del
repertorio de medios de las señales por cable,
e impedir al periodista realizar preguntas durante ruedas de prensa oficiales. En materia de
persecución judicial se destaca el otorgamiento
de medida sustitutiva de libertad a favor de la
Jueza Afiuni con prohibición de usar su cuenta
Twitter que contaba con más de 250 mil seguidores. Una jueza impuso al diario El Nacional
una multa igual a al 1% de sus ingresos brutos
del año 2009 por publicar una fotografía de la
morgue de Bello Monte, en Caracas. El diario
Tal Cual reprodujo la foto y también fue sancionado judicialmente.
56
Se registraron ataques violentos contra sedes de medios de comunicación por grupos de
civiles tanto pro gobierno como pro oposición.
La inadecuada asignación de divisas para la
importación de papel periódico llevó a varios
periódicos a reducir su tiraje o a suspenderlo.
Otro hecho destacado, fue la creación del
Centro Estratégico de Seguridad y Protección
de la Patria (CESPPA), cuyo presidente pasó
a tener muy amplias facultades como la de
declarar cualesquiera información, hecho o
circunstancia que conozca en cumplimiento
de sus funciones como de carácter reservado,
clasificado o de divulgación limitada.
Derecho a la libertad personal
Durante 2013 aumentaron las denuncias
de presuntas violaciones al derecho a la libertad personal. Específicamente, aumentaron
las detenciones masivas que pasaron de 1964
a 2823 (43,73% más), las detenciones individuales, que pasaron de 23 a 84 (265% más)
y las detenciones colectivas que aumentaron
de 76 a 186 (59,1% más). De otro lado, las
desapariciones forzadas aumentaron de 15
víctimas en el período anterior a 23 durante el
presente período, lo que significa un aumento del 53,33 %, que rompe con la tendencia
a la disminución en los últimos dos años. Las
detenciones en el marco de manifestaciones
aumentaron de 269 a 355 (31,97% más). En
contraste, disminuyó la cantidad de violaciones registradas en calabozos y retenes policiales, con 263 afectados, frente a 611 del período anterior (59,95% menos), pero persistió la
falta de acceso a la información pública sobre
las personas detenidas por los organismos de
seguridad.
Las detenciones masivas reportadas se
produjeron en 28 eventos diferentes censados
de manera hemerográfica. El mayor responsaPROVEA Informe Anual
ble de esas detenciones es la GNB seguida por
las policías estadales, y los hechos ocurrieron
en su mayoría en los estados Carabobo, Miranda, Aragua y en el Distrito Capital.
Respecto a las detenciones colectivas, aumentaron de 76 a 186 (59,1% más) con respecto a 2012. Las personas fueron detenidas en 64
situaciones diferentes ocurridas especialmente
en los estados Bolívar y Zulia.
En cuanto a las detenciones individualizadas los 84 casos reseñados en 2013 representan un aumento del 265%, rompiendo la
tendencia favorable hacia el descenso del
patrón de detenciones individuales en los últimos años. Los estados con mayor número de
casos de detenciones bajo este patrón fueron
Bolívar y Miranda y además el Distrito capital. La organización no gubernamental Red
de Apoyo por la Justicia y la Paz, registró un
total de 6 denuncias personales y directas de
detenciones individualizadas durante 2013,
todas cometidas por funcionarios del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con una incidencia del 50% en el
Distrito Capital y el 50% restante en el estado
Anzoátegui.
Para Provea, en 2013 no hubo nuevos casos de presos políticos. Se mantuvo el caso de
la jueza AFIUNI MORA, María Lourdes, detenida desde el 10.12.09. Finalmente la jueza
fue puesta en libertad el 14.06.13 gracias a una
medida sustitutiva a la privación de libertad,
consistente en un régimen de presentación
ante el tribunal de la cause cada 15 días, con
prohibición de salida del país y de ofrecer declaraciones a los medios.
La Asociación Civil Venezuela Diversa
denunció que funcionarios de la Policía Municipal de Caracas y la Guardia Nacional Bolivariana hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, practicaron extorsión y
corrupción, sustracción de pertenencias, amenazas y actos discriminatorios en razón de la
orientación sexual e identidad de género real
o percibida, así como detenciones arbitrarias,
restricción del derecho de reunión y libre tránsito.
Durante el lapso se produjeron 14 casos
de desapariciones forzadas, con un número
total de 23 víctimas, de las cuales fue posible
mediante datos secundarios, la identificación
de 18 de ellas. Dicha cifra constituye una disminución del 7% de las denuncias registradas
en este patrón con relación al lapso anterior,
cuando se registraron 15 casos. En este período se registraron denuncias de desapariciones
practicadas sobre varias personas en un mismo hecho, lo que implicó un aumento real en
el número de víctimas de 53%. Se destacó el
caso de SUÁREZ, Lilia y FRANCO, Juber,
una pareja de campesinos colombianos desplazados, que residían en Rubio, estado Táchira, quienes desaparecieron el 08.06.2013,
día en que fueron vistos por última vez por sus
vecinos. El proceso ante el Ministerio Público no avanzó para establecer lo sucedido con
las víctimas pese a los ingentes esfuerzos de
la familia.
En 2013 se registraron 20 casos de violaciones a los derechos humanos en centros de
detención provisoria o preventiva y se generaron 263 víctimas, atribuibles, al retardo procesal en el sistema judicial venezolano.
De acuerdo a las cifras de la Fiscalía General, del total de casos ingresados, se realizaron
1.032 imputaciones, un 1,22% del total, y en el
92% de los casos, la Fiscalía General de la República solicitó la desestimación del caso. La
desestimación es una figura jurídica a cargo del
juez de control, que a solicitud del Ministerio
Público resuelve que no hay lugar al inicio del
juicio en vista de que la denuncia o querella no
57
Balance
reúne las condiciones para realizar la investigación criminal, por lo que existe la posibilidad
de que un alto porcentaje de las detenciones,
según la propia Fiscalía, serían arbitrarias.
Derecho
a la manifestación pacífica
Durante el 2013, se registraron 4.410 manifestaciones, 20% menos que el año anterior,
y continuó la radicalización de la lucha social
con características pacíficas, al registrarse 128
huelgas de hambre. Las protestas reportadas en
2013 continúan por encima del promedio anual
registrado por Provea en los últimos 7 años,
equivalente a 2.579 protestas. También forman
parte de las 15.000 protestas documentadas por
organizaciones no gubernamentales en los últimos tres años recientes 5.338 en 2011; 5.483 en
2012 y 4.410 en 2013.
La disminución de 20% de las protestas en
2013 estuvo relacionada principalmente con
dos variables: a) ausencia física del presidente
Hugo Chávez en enero y febrero y su posterior
fallecimiento en marzo b) campaña y elecciones presidenciales en abril. Por ello, aunque se
registró una fluctuación cuantitativa de consideración, los problemas y las fallas en las políticas sociales se mantuvieron y con ello las
motivaciones de la protesta popular.
En 2013 aumentaron las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad venezolanos en
el marco de las protestas pacíficas. En este período se registró la muerte de al menos 13 personas en el contexto de protestas, por parte de
cuerpos de seguridad del Estado y de agentes
no estatales. También se registraron 355 personas detenidas, 32% más que en 2012 cuando
Provea reportó 269 afectados. Además se incrementó la cifra de las víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de
58
protestas pacíficas. Se reportaron 316 víctimas,
62% más que el año anterior, cuando fueron
195 personas lesionadas.
Desde 2004 el Estado venezolano viene implementando un articulado jurídico para criminalizar la protesta pacífica. El juicio a Rubén
González, Secretario General de Sintraferrominera continuó durante 2013, un juicio motivado
en el ejercicio del derecho a huelga por parte
de ese líder sindical. En este periodo permanecieron detenidos 8 obreros de la empresa mixta
Civetchi, un ensambladora de vehículos, acusados de un delito común pero que han sido
detenidos en el marco de la lucha obrera para
establecer un sindicato.
En 2013 las exigencias de los manifestantes
obedecieron a los siguientes razones: derechos
laborales 1.791 (40,61%), demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, participación política, derecho a
la justicia un total de 1.044 (23,67%), solicitud
de vivienda digna 996 (22,58%) y exigencias
educativas 579 (13,12%).
Con respecto a 2012 los trabajadores realizaron un 21% menos de manifestaciones en
2013. Se destacan las manifestaciones en el
sector universitario, que han incluido huelgas
de hambre; también en el sector minero se destacasn las huelgas y paros de Ferrominera del
Orinoco, en el estado Bolívar, y de Siderúrgica
del Orinoco (Sidor).
En 2013 se registró un 47% menos de manifestaciones por el derecho a la vivienda, siendo la cifra más baja en los últimos tres años.
Las personas ubicadas en los refugios, principalmente en la región capital, mermaron su
accionar en las vías públicas, desde el primer
trimestre de 2013. Una de las razones más generalizadas fue las demandas de mejoras en el
servicio eléctrico.
El desabastecimiento y la escasez de alimentos generaron múltiples manifestaciones
en especial alrededor de supermercados y
abastos. Durante el tercer trimestre de 2013,
fue más visible el problema de los saqueos
e intentos de saqueo a locales comerciales y
transporte de alimentos y productos de higiene
personal, tocando niveles críticos a raíz de la
intervención del Ejecutivo en los comercios en
particular en las redes de distribución de electrodomésticos. Del sábado 09.11.13 al martes
12.11.13 se reportaron al menos 39 hechos
violentos en contra de comercios privados, entre ellos, 9 saqueos y 30 intentos de saqueo a
locales comerciales, principalmente de ventas
de productos electrodomésticos, en distintas
ciudades del país.
Se reportaron 302 protestas para exigir
derechos políticos durante todo el año, equivalentes a 7% del total de protestas, principalmente durante el primer trimestre y con mayor
énfasis luego de las elecciones presidenciales
de abril de 2013.
Cuando las protestas se radicalizaron, los
manifestantes recurrieron a las huelgas de
hambre, en especial en los sectores universitarios, de los trabajadores, de los jóvenes integrantes de partidos políticos y de los privados
de libertad Se reportaron 128 huelgas de hambre, 14 % menos que el año anterior. La cifra
más baja en los últimos tres años.
Derecho a la participación
En este período, la muerte del presidente
Hugo Chávez marcó un proceso de reimpulso
del poder popular en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI y el Estado comunal, a su vez se llevaron a cabo 2 contiendas electorales trascendentales para el devenir
de la sociedad venezolana.
El Plan Patria, cuyo proceso de elaboración
fue lanzado por el fallecido presidente Chávez
en 2012, fue retomado por el candidato Maduro como parte de su campaña y luego ya en
funciones presidenciales lo entregó a la Asamblea Nacional que lo convirtió en Ley, en un
procedimiento aparentemente viciado de inconstitucionalidad.
El Plan tiene 5 grandes objetivos, y 129 objetivos específicos de los cuales 27: direccionan las formas de participación hacia la transición al socialismo, diluyen la responsabilidad
del Estado en las comunidades, crean escuelas
de formación de “cuadros”, propician la militarización de la sociedad, propician la discriminación de personas o grupos sociales, obligan
a conformar comunas indígenas, e introducen
sin consulta previa las ideas socialistas en la
educación.
El 28.08.13 el Presidente Maduro restructuró un nuevo Ministerio de las Comunas y
Movimientos Sociales Populares, entregando
bajo su competencia varias instituciones y encargándolo de la participación ciudadana en el
ámbito de las comunas y movimientos sociales.
En 2013 se hizo el Censo Nacional de Comunas que determinó, según el Ministro Iturriza,
que hay 130 comunas establecidas, 353 comunas en construcción, 1.052 salas de batallas y
43.091 Consejos Comunales, aunque en total
fueron censadas 71.521 organizaciones, como
reconocería el presidente Maduro en su memoria y cuenta 2013. Existen 1.508 consejos
comunales de tipo agrícola vegetal, 1.211 de
tipo agrícola animal, 696 de tipo construcción
(junto las Salas de Batalla Social). Las comunas realizaron 2.914 actividades a nivel nacional, llamando la atención que las actividades
denominadas “políticas” totalizaron 478, muy
por encima de actividades de salud que fueron
264, culturales 290, deportivas 273, consultivas 331. Las situaciones más emblemáticas
59
Balance
estuvieron en Amazonas donde 159 actividades fueron políticas y sólo 5 de salud, Nueva
Esparta 119 políticas y 32 de salud, Apure 406
y 145, y Lara donde 1.024 fueron políticas y
584 de salud.
Es positivo que el gobierno haya ofrecido
información sobre el censo con detalles de las
denominadas organizaciones del Poder Popular
y que haya informado sobre cómo las consolida. El año 2013, en materia de Participación
social el gobierno nacional lo definió como de
“Reimpulso de las Comunas y el Poder Popular”, pero subyacen las dificultades para su motorización y avances, a pesar de los esfuerzos
en formación político-ideológica y el caudal de
recursos públicos asignados.
El 09.03.2013 el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a las elecciones presidenciales para el 14.04.2013, tras el hecho sobrevenido de la muerte del presidente Chávez. La
decisión de que los comicios se realizaran un
14 abril generó rechazo en amplios sectores de
la oposición por la coincidencia con los hechos
del 11/13 de abril de 2002, y las consecuentes
conmemoraciones realizadas por el sector oficial particularmente sensible por el fallecimiento del Presidente Chávez. El 15.04.2013, fue
proclamado Presidente Electo Nicolás Maduro con un total de 7.563.747 votos correspondientes al 50.75% del total, y con un estrecho
margen con respecto a su contendor principal
Henrique Capriles. El presidente electo aceptó
la propuesta del Rector del CNE Vicente Díaz
para que se abrieran y auditaran el 100% de las
urnas electorales, y Enrique Capriles presentó
una petición de verificación total de las actas
al CNE. El CNE optó por una auditoría por
muestras y el presidente Maduro no ratificó su
promesa de una auditoría al 100%. 10 impugnaciones a las elecciones fueron presentadas al
TSJ que las declaró a todas como inadmisibles.
60
En cuanto a los observadores electorales
presentes en la contienda, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)
se declaró conforme con el proceso electoral,
mientras que la Red de Observación Electoral
de la Asamblea de Educación no avaló los resultados. El Observatorio Electoral Venezolano
(OEV) también emitió un informe reseñando
irregularidades electorales durante la campaña
y durante las votaciones. El Instituto de Altos
Estudios Europeos, Red Internacional de Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ), emitió
un informe, también crítico, denominado “Misión de apoyo internacional a la observación
de las elecciones presidenciales en Venezuela
14 de abril 2013”. Igualmente crítico fue el informe del Centro Carter, reseñando las inequidades en la campaña y el ventajismo por parte
de la candidatura oficialista y haciendo varias
recomendaciones estructurales al CNE de cara
a futuros comicios sobre: participación de funcionarios en política, candidatos que conservan
sus cargos estando en campaña y usando medios oficiales de comunicación e inaugurando
obras públicas, entre otras.
Debido al fallecimiento del Presidente
Hugo Chávez se suspendieron las elecciones municipales previstas para comienzos de
2013. En consecuencia, los comicios municipales se efectuaron el 08.12.2013, para la
elección de 2.792 cargos, de los cuales 335
fueron autoridades locales de los municipios
del país. El 05.12.2013, el CNE instaló el
Programa de acompañamiento Internacional
Electoral, con 50 acompañantes internacionales, una comisión de 18 representantes de la
UNASUR. En la jornada electoral la participación fue del 58,92%. El PSUV y sus alianzas
obtuvieron 242 alcaldías (72.24%) de 335, con
5 millones 277 mil 491 votos. La MUD más
sus alianzas obtuvieron 75 alcaldías (22.39%)
con 4 millones 423 mil 897 votos. El partido
oficial obtuvo la mayoría de votos y alcaldías
mientras que la oposición ganó en 6 de las más
grandes ciudades, Alcaldía Mayor de Caracas,
Maracaibo, Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto, así como las del distrito metropolitano
Chacao, Baruta, Sucre y el Hatillo.
Derechos de las
privadas de libertad
personas
En este periodo se mantuvo el hermetismo
oficial sobre los indicadores de la gestión penitenciaria, el escaso acceso a la información
oficial y la negación de ingreso a ONG y universidades a los establecimientos penitenciarios. Además de negar el acceso a la información, esta situación ha afectado la asistencia
humanitaria que la sociedad pueda brindar a
las personas privadas de la libertad.
Continuó la tendencia hacia el aumento de
la población de personas privadas de libertad
y a que la mayoría de ellas sean aún procesadas. Para el año 2013 existen 52.933 personas
privadas de libertad lo que representa un aumento de 17% con respecto al año 2012. La
tasa de encarcelamiento en el país fue de 183
personas privadas de libertad por cada cien
mil habitantes. Esto significa, que la tendencia
al aumento de personas encarceladas que se
viene presentando desde el año 2000 se mantiene. El 10% de esta población corresponde a
mujeres. A nivel nacional se tiene una sobrepoblación de 36.172 internos, que representa
un excedente de 68,34% respecto a los 16.761
cupos que son la capacidad máxima instalada en los establecimientos penitenciarios. La
Tasa de Hacinamiento a nivel nacional es de
216 (aumentó 27,8% con respecto a 2012). El
Índice de ocupación es de un poco más de 3
individuos por cama.
El 61,64% de las personas privadas de libertad se encuentran en condición jurídica de
procesados, aunque su número disminuyó levemente en 2,41% en este periodo gracias a
las políticas implementadas. El alto número
de procesados es el resultado de la políticas
de seguridad ciudadana centradas en el encarcelamiento, el retardo procesal en el sistema
de administración de justicia y las reformas al
Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que
restringen más la posibilidad de juicios en libertad. La última reforma al COPP entró en
vigor el 01.01.13.
A 2 años y medio de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) se mantienen los problemas de hacinamiento y se incumplen las metas
para construir nuevos centros penitenciarios.
Un gran esfuerzo fue el llamado Plan Cayapa para atender jurídicamente cada caso
de los privados de libertad para acelerar sus
procesos penales. Este Plan dio respuestas inmediatas a muchos privados de libertad pero
no ha sido suficiente para resolver de fondo el
problema del retardo procesal, a juzgar por la
alta cifra de procesados que se mantiene. En el
año 2013 este Plan atendió a 51.210 privados
de libertad, 26.688 familiares y fueron liberados 4.658 internos. Se mantuvo además la
inexistencia de una clasificación por condición
jurídica en las cárceles y por ello conviven en
las mismas áreas procesados y penados.
En la Memoria y Cuenta del año 2012 la
ministra Iris Varela prometió que para su ejercicio fiscal 2013 se construirán 24 centros
para procesados en varios estados del país y
la culminación de obras en las Comunidades
Penitenciarias de Lara y Carabobo. Al cierre
del año 2013 se había inaugurado solamente
la Comunidad Penitenciaria Fénix de Lara con
capacidad para 1.400 internos.
En el año 2013 el Plan Cayapa fue am61
Balance
pliado por parte del MPPSP y además de la
atención jurídica, también ofreció atención
integral a los privados de libertad incluyendo
servicios sociales, de atención médica- odontológica, psicológica y psiquiátrica, laboral, de
identidad y evaluación de la situación de cada
interno para autorizar traslados a otras cárceles. Pese a estos esfuerzos coyunturales, se
trata de derechos que deben ser atendidos de
manera permanente para toda la población de
los recintos penitenciarios y no puntualmente durante operativos especiales. En cuanto
al derecho al trabajo, persistieron los programas de creación de empleo a través de la Caja
de Trabajo Penitenciario, y mediante el Plan
Cambote se dio trabajo a privados de libertad
en la reparación y dotación de las prisiones.
Pese a los esfuerzos de ese ministerio,
ocurrieron 248 muertes en los establecimientos penitenciarios (2,9% más que el año pasado). La mayoría de estas muertes (71,9%)
se cometieron utilizando armas de fuego evidenciando el fracaso de los planes de desarme.
En relación a los heridos se reseñaron aproximadamente 226 casos, que representa una
disminución con respecto al año pasado de
46,1%. El 56,9% de las muertes se produjeron
en tres cárceles: Uribana, Sabaneta y Tocorón.
En enero de 2013 durante hechos violentos
en la Cárcel de Uribana del estado Lara fallecieron 59 internos y 126 resultaron heridos, a
causa de violencia entre presos y la toma del
control del penal por parte de las autoridades.
Al momento de los hechos había 2.498 presos
cuando era una cárcel para solo 790 internos.
Para diciembre de 2.013, esto hechos aún se
encontraban en investigación y a la espera de
justicia para las víctimas.
Durante 2013 aumentaron los casos de
muertes por intentos de fugas (de 3 casos a
12) y continuaron las muertes decretadas por
62
los “pranes” (líderes) por violar las normas establecidas por la “subcultura carcelaria”, que
muestra la debilidad de un régimen penitenciario que proteja a los presos. En este periodo
se logró mediante el diálogo y de forma pacífica desalojar 3.424 presos hacinados de la
Cárcel de Sabaneta y según la Ministra Varela
durante el desalojo además se sacaron de allí
a 31 hombres, 374 mujeres, 177 niños y 114
niñas.
La Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad (UNES) ofreció el Programa Nacional de Formación Penitenciaria y graduó a
360 penitenciaristas básicos contratados por el
MPPSP. Según la Ministra Varela existe este
“nuevo régimen penitenciario” desde noviembre de 2.013 en 14 cárceles del país.
Continúa siendo dramática la situación de
los detenidos en “centros de detención policiales”, quienes viven hacinados debido al
aumento de las detenciones en aplicación de
planes de seguridad como “Patria segura”.
Este plan está basado en acciones de encarcelamiento, aunado a una política judicial de no
trasladar oportunamente a los detenidos a los
centros penitenciarios, so pretexto de que estos últimos no tienen capacidad. Dichos centros policiales son lugares de detención provisional y se han vuelto permanentes sin tener
las condiciones necesarias para ser respetuosos de los derechos humanos. En estos centros
hubo 46 muertes que representan un 155,6%
de aumento con respecto a 2012; el número de
heridos pasó de 27 a 149 (451,9%).
Derecho
ciudadana
a
la
seguridad
PROVEA considera que existen cuatro
factores importantes que han convertido este
problema en una preocupación para el país.
Primero, la ausencia de políticas públicas
preventivas, planificadas y con metas a corto,
mediano y largo plazo; segundo, la corrupción
policial ya que de acuerdo con los datos manejados por la Comisión para la Reforma Policial del año 2006, en el 25% de los delitos
cometidos estaban involucrados militares y
policías; tercero, la politización y polarización
del asunto de inseguridad; y cuarto, la impunidad.
La necesaria coordinación que deben tener
las autoridades a nivel nacional y regional ha
estado afectada por las diferencias políticas y
por la falta de recursos suficientes. Mientras
que hay una percepción más o menos generalizada de que el problema de la inseguridad y
violencia lejos de resolverse se agudiza, las autoridades y funcionarios de gobierno afirman
que los planes han dado resultados en el país.
La encuestadora Gallup afirmó que en la
región latinoamericana, es Venezuela el país
donde los ciudadanos se sienten más inseguros y temerosos de estar en la calle en la
noche. Por su parte, tanto transportistas como
comunidades han reaccionado manifestando
públicamente ante los permanentes delitos cometidos en el transporte público. Las políticas
públicas, como el Plan Patria Segura, han sido
criticadas por espasmódicas y reactivas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país con más de diez homicidios por cada 100 mil habitantes sufre una epidemia. En Venezuela persistió la política del
Estado de no brindar información sobre las
estadísticas de muertes violentas. El dato más
significativo fue dado por el Ministro de interior y justicia, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, 27.12.2013 quien anunció que el
número de asesinatos en Venezuela había disminuido un 17,3% en el año 2013 con respecto al año anterior y que la tasa de homicidios
por 100.000 habitantes había pasado de 54 en
el 2012 a 39 en el 2013. Sin embargo, las informaciones disponibles atribuidas al Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana
(OVSC), que es un organismo desconcentrado
adscrito al MPPRIJP, divergen de las anunciadas por el propio ministro.
Dada la ausencia de datos oficiales se realizó un ejercicio de predicción, empleando la
mejor técnica estadística que pudiera pronosticar la tasa de homicidios con el menor error
posible. A tal efecto se prepararon tres series
de datos que van desde 1990 hasta Octubre del
año 2012, a saber, (1) casos de homicidios conocidos por el CICPC, (2) casos conocidos de
resistencia a la autoridad, y (3) casos conocidos de muertes en averiguación. El resultado
para 2013 con base en ese método de pronóstico es: (1) casos de homicidios: 16.073, con
una tasa de 53 x 100.000 habitantes; (2) casos
de resistencia a la autoridad: 3.387 con una
tasa de 11 x 100.000 habitantes, y (3) casos
de muertes en averiguación: 4.672 con una
tasa de 16 x 100.000 habitantes. De esta forma
concluimos que la tasa de homicidios disminuyó una unidad por cada 100.000 habitantes
con respecto al año 2012, la tasa de muertes
por resistencia a la autoridad se mantuvo constante y la tasa de muertes en averiguación aumentó una unidad por 100.000 habitantes en
relación al año 2012. Cuando consideramos la
tasa de muertes violentas bajo el supuesto de
que sólo el 80% de los casos de resistencia a la
autoridad y muertes en averiguación terminan
en fallecimientos violentos, obtenemos una
tasa de 75 muertes violentas por cada 100.000
habitantes.
Hay que resaltar que la validez de la estimación supone que las condiciones prevalecientes durante los últimos años no han
cambiado esencialmente. Los datos podrían
entonces ser cuestionados por el lanzamiento
63
Balance
de la Gran Misión A Toda Vida y el Plan Patria
Segura, que apuntaban a tener resultados en
la disminución de la inseguridad. Pero su reducido ámbito geográfico de aplicación, y los
ajustes que se han venido practicando sobre el
Plan, actuaron como moderadores sustanciales de su efectividad.
Las declaraciones del ministro Miguel Rodríguez Torres anunciaban que en el año 2013
se había alcanzado una reducción del secuestro en 51.7% y una disminución del 17.3%
de homicidios como resultado del Plan Patria
Segura. La aplicación de este porcentaje sobre
el número de homicidios del año 2012 según
el CICPC arroja 13.292 homicidios para una
tasa de 45 homicidios por 100.000 habitantes,
una cifra mayor que la dada por el ministro de
39 por cada 100.000 habitantes. Las contradicciones fueron evidentes.
En cuanto a la Misión a Toda Vida Venezuela en el año 2012, de 34 medidas establecidas en el programa, para el mes de marzo
del 2013 se habían desarrollado solo seis, 14
se habían cumplido en menos del 50% y otras
quince habían sido ignoradas. El Plan Patria
Segura, el plan número 21 desde 1999, comenzó en mayo en cinco sectores de la Gran
Caracas e implicó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia
y Paz, Guardia Nacional Bolivariana (GNB),
Fiscalía General de la República, Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia del Pueblo y
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(Sebin), Cuerpos de Policiales Municipales,
Estadales y Nacionales.
Incorporar el componente militar en tareas de seguridad ciudadana va en contra del
proceso de reforma policial implementado
desde la CONAREPOL, y que llevó a crear
64
la Policía Nacional Bolivariana, además de
que esos efectivos militares no han sido entrenados para este tipo de labores, si no para el
resguardo y defensa de la nación. Este tipo de
medidas lo que hacen es intimidar a la población y aumentar las denuncias por la violación
y vulneración de derechos humanos. Algunas
voces estuvieron a favor de la salida a las calles del componente militar, pero advirtieron
su carácter transitorio y su insuficiencia si no
se tomaban otras medidas integrales.
La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme aprobada en la Asamblea
Nacional, a mediados del 2013, en general
recibió cierta aceptación y fue considerada
como un paso positivo, si es acompañada con
otras medidas para combatir la violencia en
Venezuela. Pero a pesar de la aprobación de la
ley, el Estado carece de una política de desarme y de una ruta para ejecutar las decisiones, y
por el contrario el gobierno propició e impulsó
la creación de las milicias.
Derecho a la vida
Durante el año 2013 se registraron 205 víctimas de violación al derecho a la vida con un
incremento de 25% en los casos conocidos en
2012. Hubo una disminución de los patrones
uso excesivo de la fuerza (16 fallecimientos
que refleja en 4,39% de los casos), uso indiscriminado de la fuerza y muerte por negligencia que agrupan 5 fallecimientos cada una.
Hubo 10 muertes como consecuencia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el 74,15% de los casos el órgano de
seguridad identificado como responsable es un
cuerpo de seguridad dependiente del gobierno
central, destacándose la policía de investigación (CICPC) que concentra 53,17% de los
casos de violación al derecho a la vida.
La versión oficial esgrimida por el cuerpo
de seguridad puedo ser determinada en 131
casos: “enfrentamientos” con 122 víctimas,
“no atender la voz de alto” con 6 víctimas,
“muerto en el marco de un operativo” con 3
víctimas. De las 205 muertes, se produjeron
por herida por arma de fuego (93,33%), por
golpes (4,76%) y por asfixia (1,43%). El incremento total de víctimas responda fundamentalmente al aumento de las ejecuciones, y
este incremento se concentró entre los meses
de abril y agosto de 2013. El 82% del total de
víctimas tenían menos de 30 años de edad, y
11,6% eran adolescentes; el 94,14% eran hombres jóvenes con edad promedio de 24 años.
Siendo la policía de investigación (CICPC) el principal responsable de las violaciones al derecho a la vida, resulta importante
la labor de las Unidades de Criminalística de
la Fiscalía para investigar estos crímenes de
manera independiente del CICPC. En cuanto
a la Dirección de Derechos Fundamentales de
este ente, su la capacidad de incidencia ha sido
menor respecto a la demanda: anualmente un
fiscal debe conocer de 137 casos en promedio.
En este mismo periodo la Fiscal General,
anunció la reapertura de 139 expedientes vinculados a desapariciones, torturas y masacres
ejecutadas por los gobiernos venezolanos entre 1958 y 1998. En el mismo dossier, la Fiscal
anunció que se pidió a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia reabrir 3 casos y se emitieron 12 órdenes de captura contra implicados en la masacre de Yumare.
Con el despliegue del componente militar
en labores de seguridad ciudadana a partir de
abril de 2013, dentro del Plan Patria Segura,
se empezaron a presentar casos de ejecuciones
sumarias como la ocurrida cuando el carro de
la señora Luimina Pacheco y sus tres hijas fue
atacado el 04.07.13 por guardias nacionales
resultando muerta ella y una de sus hijas. El
gobierno afirmó que los responsables no eran
parte del Plan Patria Segura. O el asesinato del
motorizado Edwin Moisés Rivero, por parte
de un guardia nacional quien le disparó por la
espalda con un fusil, generando una manifestación de vecinos repudiando ese crimen. El presunto responsable fue detenido y procesado.
Se destaca para 2013 el incremento importante de los casos donde se señala como
responsable a la Policía Nacional Bolivariana
(PNB) que desde su fundación venía reportando bajos niveles de vinculación con este tipo
de violaciones. La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana también incrementó el número de
casos en los que estuvo implicada.
En cuanto al CICPC, el mayor responsable de violaciones al derecho a la vida, se
destacan casos como el asesinato de tres jóvenes en la Parroquia la Vega en Caracas, el
05.08.13, presentados como muertos durante
un enfrentamiento pero que según versiones
de familiares, fueron detenidos y luego aparecieron muertos en la Morgue de Bello Monte
(Caracas). Inclusive fuentes gubernamentales
se manifestaron preocupadas por el accionar
del CICPC.
En el patrón “uso indiscriminado de la
fuerza”, se dio la muerte de Javierly Finol, una
niña de 4 años de edad, a manos de un funcionario de la Policía Municipal de San Francisco
de la ciudad de Maracaibo. El funcionario fue
imputado penalmente por la Fiscalía.
En el patrón “muertes ocurridas a consecuencia de torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, se destaca la muerte
de Jesús Alexis Pérez Tarazona (21) en Cabruta, estado Guárico, el 31.05 13 como resultado de una golpiza que le propinara la Guardia
Nacional tras detenerlo. La versión oficial dio
cuenta de un cuadro complejo y anterior de pa65
Balance
ludismo, hepatitis y anemia, como causa de la
muerte. Este caso llevó a una fuerte manifestación que supuso el incendio de parte del destacamento de la GN en la localidad. Otro caso
fue la muerte de Frank Enrique Rangel (19)
en el estado Monagas, el 14.05.13, detenido
por el CICPC y recluido en la Policía del Estado en Maturín; la versión oficial fue suicidio
por ahorcamiento, pero el cuerpo presentaba
politraumatismos. Un caso emblemático fue la
muerte de Reny Adolfo Suárez Julio (24) por
ingesta de gasolina el 09.07.13 en una acción
del Ejército en el estado Táchira contra el contrabando del combustible.
En el patrón “uso excesivo de la fuerza”,
ocurrió la muerte de José Gregorio VELÁSQUEZ VIZAMÓN el 03.0413, a manos de un
funcionario policial de la Policía Municipal de
Los Guayos (estado Carabobo). Por el patrón
“muertes por negligencia”, se presentó el caso
de Kelvin Manuel Sáez Acosta, el 14.03.13,
soldado del Cuartel Páez de Maracay, muerto
dentro de la instalación militar de un disparo
en la cabeza que fue propinado por un compañero de labores.
Para una cuarta parte del total víctimas
registradas en 2013, se identifica también algún sub patrón (50 víctimas con sub patrones
equivalente al 24,3%), es decir, algún contexto
que permite explicar con mayor detalle cómo
se produjo la violación al derecho a la vida. La
mayor parte de estos casos son “abuso de poder” que reúne 41 fallecimientos, seguida por
las “muertes en recinto policial” bajo el cual se
contabilizan 6 víctimas y finalmente “muerte
bajo custodia” con 3 muertes.
Gestiones ante los organismos
internacionales
Venezuela es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y de
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la Organización de Naciones Unidas (ONU),
muchos de cuyos tratados han sido ratificados
por Venezuela y por tanto le generan obligaciones internacionales y la obligan a responder
a los órganos de control internacionales previstos en esos tratados.
Ante el Sistema Universal de Protección
de los Derechos Humanos (SUPDH) que depende de las Naciones Unidas, pueden ser presentadas quejas individuales ante grupos de
trabajo y relatores temáticos por violaciones
a los derechos humanos en Venezuela. En este
periodo el Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, informó sobre tres quejas pendientes ante esa instancia y llamó al gobierno
a formar a los funcionarios de prisiones para
evitar abusos entre la población privada de la
libertad. El Relator Especial sobre el derecho
a la libertad de reunión y asociación pacíficas,
informó sobre dos quejas pendientes bajo su
competencia y abogó por un ambiente seguro
y propicio para el ejercicio de los derechos de
asociación y manifestación pacífica. El Relator Especial sobre Derechos Indígenas informó sobre dos casos bajo su competencia:
el del Cacique Sabino en el que pidió mayor
celeridad en la investigación criminal y mayor
atención al reconocimiento legal de las tierras
de los Yucpa; y el caso de la comunidad Yanomami Irotatheri alertando sobre los impactos
de la minería ilegal sobre esa comunidad y
manifestando su interés de visitar la zona.
El 23.09.13 el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial (CERD) publicó
las Observaciones finales sobre los informes
periódicos 19º a 21º de Venezuela. Este mecanismo de supervisión periódica sobre la
discriminación racial, saludó los esfuerzos
de inclusión social emprendidos por el Estado, pero criticó, entre otras, varias situaciones
como: falta de instituciones especializadas en
prevenir la discriminación racial, condiciones
de la población afrodescendiente, ausencia de
información sobre casos judiciales por discriminación racial, falta de protección a los
pueblos indígenas y de reconocimiento a sus
sistemas tradicionales de justicia.
En cuanto a las quejas pendientes ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
se presentaron al menos dos quejas nuevas por
parte de organizaciones sindicales de trabajadores. La OIT emitió el Informe provisional
No. 368 en junio 2013, sobre tres quejas de
sindicatos de trabajadores por el recurso a la
Ley Habilitante para adoptar medidas sin consultar a los sindicatos. El Comité de Libertad
Sindical emitió el informe No. 370 sobre dos
quejas de sindicatos de trabajadores de la salud. Esta misma instancia emitió el informe
núm. 370 en relación a una queja del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Ante el Sistema Interamericano, un retroceso histórico fue protagonizado por el Estado
venezolano cuando el 10 de septiembre entró
en vigor la denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, con lo cual
no podrán ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos ocurridos en Venezuela a partir de esa fecha. Pese
a la intensa campaña de ONG, el presidente
Maduro no rectificó su posición, y mantuvo
la denuncia de la Convención. En adelante,
solo se mantendrá la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), pues Venezuela continúa siendo parte
de la OEA.
Cada año la CIDH presenta su informe
anual sobre el año precedente. El informe de
2013 que informa sobre las actividades de
2012 da cuenta de la inclusión de Venezuela
en el Capítulo IV, debido a que en Venezuela
existen situaciones estructurales o coyuntuenero-diciembre 2012
rales que hacen que por diversas razones el
país enfrente situaciones que afectan seria y
gravemente el goce y disfrute de los derechos
fundamentales, consagrados en la Convención
Americana o en la Declaración Americana.
En 2013la CIDH realizó audiencias sobre
Venezuela, en torno a los siguientes tópicos:
la situación general de los derechos humanos,
la situación del derecho a la libertad de asociación y la situación del derecho a la libertad
de expresión y acceso a la información. En
el mismo periodo la CIDH remitió a la Corte
Interamericana el Caso No. 12.828 Marcel
GRANIER y otros (Radio Caracas Televisión). La CIDH admitió la Petición 70-08,
Pedro César MARCANO, relativo a la suspensión y posterior destitución de su cargo
como juez en violación a varios artículo de
la Convención Americana; también admitió
la Petición 670-01, relativo a Gerardo PÁEZ
GARCÍA, por la retención ilícita del pago
de intereses acumulados sobre prestaciones
sociales por parte de la Universidad Pública
de Carabobo; y admitió la Petición 212-06,
relativo a la defensora de derechos humanos
Rocío SAN MIGUEL SOSA y Otras. En este
mismo periodo fueron presentadas nuevas
quejas ante la CIDH por la violación a la
libertad de expresión y garantías judiciales.
La misma instancia archivó dos casos sobre
Venezuela y publicó una solución amistosa
pro el caso Caso 12.473, Jesús Manuel NARANJO CÁRDENAS y Otros (Jubilados de
la Empresa Venezolana de Aviación- Viasa).
Finalmente, la CIDH constató la falta de
voluntad del Estado venezolano para hacer
efectivas las medidas provisionales de protección en varios casos pendientes ante esa
instancia que se tradujeron en asesinatos de
personas protegidas. Inclusive en un caso la
CIDH levanto esas medidas por ser ya ino67
Balance
cuas a causa del transcurso del tiempo y la
falta de avances en las investigaciones.
Organismos nacionales
de DDHH
Persistió la tendencia del Estado a mantener restringidos los espacios de diálogo y de
consenso con las ONG, las y los defensores de
DDHH. Solo hubo coincidencia entre ambos
sectores en temas puntuales. Los temas de no
discriminación en VIH y sexodiversidad fueron de los pocos puntos de encuentro, en torno
a la necesidad de una Ley para la Promoción
y Protección del derecho a la Igualdad de las
personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares.
El Estado tampoco reconsideró las recomendaciones orientadas a la protección de las
y los defensores de DDHH, libertad de asociación y participación ciudadana, que fueron
rechazadas en el marco del Examen Periódico
Universal, presentado ante la ONU en 2011.
El 10.09.13 se hizo efectiva la denuncia de
Venezuela a la Convención Americana sobre
DDHH. Una acción de ONG logró recoger
12.500 firmas en 5 semanas rechazando este
hecho, mientras que el Tribunal Supremo de
Justicia no respondió a una acción popular de
nulidad por inconstitucional contra esa decisión del gobierno.
Las ONG coordinaron acciones conjuntas
para pedir a las autoridades declarar en situación de emergencia el sector de la salud pública y visibilizar las violaciones la libertad de
expresión y el derecho a la información. En
2013 fue creado Comité de Familiares de las
Víctimas de la Masacre de Uribana, para buscar verdad y justicia para los presos muertos
en esa cárcel, y la Asociación Civil Fundación
Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), impulsada por 20 víctimas de la represión de los
68
cuerpos de seguridad del Estado durante las
protestas pacíficas en el contexto postelectoral
a los comicios presidenciales del 14.04.13.
También se registraron acciones individuales o coordinadas de denuncia y defensa del
derecho a la salud, del derecho a la información oportuna que debe garantizar el Estado,
del derecho a la justicia y a la seguridad ciudadana. En este mismo periodo los defensores de derechos humanos fueron reconocidos
por su labor al recibir el Premio de Derechos
Humanos 2013 por la Embajada de Canadá y
contaron con el apoyo de organizaciones internacionales de protección las cuales pidieron al
Estado adoptar medidas y también denunciaron ante la comunidad internacional la situación de los defensores venezolanos.
En 2013 hubo menos ataques y amenazas en contra de los defensores y defensoras
de derechos humanos en el país pero se agravaron las acciones de desprestigio y de hostigamiento. El Estado sostuvo un verbo de
criminalización y deslegitimación hacia el
trabajo de DDHH, por parte de la sociedad civil. Además, hubo amenazas de avanzar en las
investigaciones contra las ONG por el financiamiento internacional que reciben. Los principales responsables de las violaciones contra
defensores y defensoras fueron los actores estatales quienes en 75% de los casos aparecieron como victimarios. La mayoría de ataques
vinieron de funcionarios del poder ejecutivo,
principalmente a nivel nacional, quienes emprendieron 10 de los 16 ataques. La mayoría
de los ataques ocurrieron en el contexto electoral, posterior a los comicios presidenciales
del 14.04.13. Las violaciones predominantes
fueron las campañas de desprestigio (12); las
acciones de amedrentamiento (4); las amenazas de muerte (4); la criminalización por la recepción de fondos de la cooperación internaPROVEA Informe Anual
cional (1); detención arbitraria (1); tortura (1);
allanamiento a residencia (1); intervención
ilegal de las comunicaciones personales (1), y
limitación de medidas de protección internacionales (1).
En este periodo fue cerrado el proceso judicial contra Provea y la Sociedad Homo et
Natura por apoyar y convocar a la solidaridad en una protesta de la comunidad indígena
Yukpa, en 2010. Aunque cesó la acción de la
justicia, quedó el precedente de persecución
judicial a la labor de estas dos organizaciones. De otra parte, Lusbi Portillo, representante de la Sociedad Homo et Natura denunció
que había recibido amenazas de muerte por
apoyar a la comunidad indígena Yukpa. También fueron amenazas de muerte Rocío San
Miguel, presidenta del Control Ciudadano, y
Marianella Salazar, coordinadora jurídica del
Observatorio Venezolano de Prisiones. En el
contexto postelectoral Provea fue acusada por
“instigación al odio” y de ser “retaguardia del
fascismo”, por parte del entonces ministro de
Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Una campaña desde medios de comunicación del Estado se mantuvo durante varios
días contra Provea recurriendo inclusive a
mensajes en cadena nacional, retomando declaraciones de la Defensora del Pueblo contra
esta ONG. El defensor de derechos humanos
Humberto Prado, director del OVP, fue acusado por la ministra de prisiones, de promover
acciones de protesta en centros carcelario para
crear conflicto y desestabilizar al país.
El 19.03.13, el activista de la Fundación
para lasGarantías, Prevención y Defensa de la
violación de los Derechos Humanos (Fungaphehca), Luis Rafael Escobar Ugas, fue privado de libertad sin orden judicial, por funcionarios de la Policía de Barcelona, cuando
participaba en una protesta pacífica en exigencia del derecho a una vivienda digna. Durante
su cautiverio fue sometido a torturas y ha realizado huelgas de hambre para denunciar las
irregularidades en el proceso en su contra.
El 03.03.13, fue asesinado, al parecer por
sicarios, Sabino Romero, cacique de la comunidad Yukpa del estado Zulia, y defensor de los
derechos de los pueblos indígenas.. Romero
había recibido varias amenazas de muerte. El
15.05.13, fue asesinado Roniel David Barrios
Alzul, de 17 años, en el pueblo de Guanayén,
en el estado Aragua. El joven formaba parte
de la familia Barrios de la cual han asesinado a 10 integrantes entre 1998 y 2009, varios
de los casos se han considerado ejecuciones
extrajudiciales, violación al derecho a la vida
y aún continúan impunes. La víctima contaba
con medidas provisionales de protección de
la Corte IDH y era hijo de Luis Alberto Barrios, también asesinado, y sobrino de Eloísa
Barrios, quien se ha encargado de defender los
DDHH de su familia.
69
Balance
70

Balance de la situación de derechos humanos

Transcripción

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