Las ciudadanas y ciudadanos de Cantabria queremos denunciar el

Las ciudadanas y ciudadanos de Cantabria queremos denunciar el abuso de poder que supone la utilización de las fuerzas de seguridad del estado para la represión, primero, y la criminalización, después, de la protesta social. Los responsables políticos de estas fuerzas de seguridad las echan sobre la ciudadanía en las calles y luego utilizan sus supuestos testimonios como autoridades, y por tanto con presunción de veracidad, para judicializar a personas identificadas o detenidas en las manifestaciones o, incluso, apresadas en sus casas por haberse expresado a través de las redes sociales. Hoy asistimos al juicio contra Julio y Amador. Un juicio en el que la fiscalía copia sin pudor un atestado policial mentiroso, una obra de ciencia ficción que no se corresponde a la verdad ni a los hechos. No es la primera vez y probablemente no sea la última. Lo grave es que se tuerce la justicia para que los acusados tengan que demostrar su inocencia ante todo el aparato coercitivo del Estado que ya los ha declarado culpables. Julio y Amador somos todos hoy, pase lo que pase. Porque no vamos a dejar solos a los ciudadanos que hacen de chivos expiatorios de una política criminalizadora. El Estado, que debería estar al servicio de los ciudadanos, es hoy un Estado represor que ve a la ciudadanía como una amenaza. La amenaza llega con ellos. Confiamos en la Justicia porque es el último poder independiente, confiamos en el sentido común para que las mentiras policiales no tengan fuerza probatoria. Hoy aquí, además, armados de bolis queremos denunciar simbólicamente el cinismo de la poli. Dice la fiscalía que un agente de la Policía perdió una Mont Blanc. A cambio, quieren que Julio y Amador pierdan parte de su vida y de su buen nombre en esta lucha judicial. No lo van a conseguir. LIBRES, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, y el Comité Antirrepresivo del Besaya nos mantendremos firmes en la defensa de nuestros derechos y seguiremos denunciando la utilización política de la policía y de las otras fuerzas de seguridad del Estado.