las treguas y el proceso de paz , pasado y presente

Transcripción

las treguas y el proceso de paz , pasado y presente
En lucha Julio / Agosto 2006
9
EUSKADI
LAS TREGUAS Y EL PROCESO
DE PAZ , PASADO Y PRESENTE
Amaia Zabalo
El proceso de paz está
en marcha. Aunque el
macro sumario 18/98+,
así como la permanente
exaltación de las detenciones y la vía policial
contra ETA siguen siendo
un obstáculo para crear
un escenario de normalidad democrática fundamental, las expectativas
creadas superan, por el
momento, cualquier voluntad de sabotaje.
su rechazo a cualquier hipótesis de
solución política.
Marçal Solé
El PSOE intentará rentabilizar esas
expectativas en clave electoral,
seguro. Pero éste no será el único
riesgo. El proceso no puede limitarse al final de la violencia, mal
identificado únicamente con la
lucha armada, sino que debe abrir
la puerta para la resolución política
del conflicto.
Las conversaciones de Argel
(iniciadas en 1989 y finiquitadas
tres años después) y el proceso
abierto con el pacto de Lizarra en
1998, la tregua de ETA y el diálogo
con el gobierno del PP acabaron fracasando. Las dos son experiencias
para tener muy en cuenta.
Los contactos entre el gobierno de Felipe González y ETA se
venían produciendo desde 1984.
Lo hicieron al mismo tiempo que
el GAL (Grupos Antiterroristas de
Liberación) que, amparado por el
Ministerio del Interior, seguía asesinando impunemente. La ronda de
conversaciones en Argel se inició
tras el anuncio de una tregua de
quince días por parte de ETA, en
enero de 1989.
En el mismo año se declaró
otra tregua bilateral de sesenta
días. Tras las cinco reuniones de
la Mesa de Conversaciones fue
consensuado un documento sobre
las condiciones iniciales de la negociación a desarrollar, del cual el
gobierno acabó desentendiéndose.
La ruptura del acuerdo puso fin a las
posibilidades de que ETA declarara
una nueva tregua y sitúo el propio
proceso en una dinámica laberíntica
y de difícil retorno.
En 1992, el PSOE sentenció la
imposibilidad de la negociación e
intensificó su estrategia de represión. El fin de las negociaciones
significó un punto y final también en la voluntad del PSOE de
combinar el acoso y la represión
con una negociación en último
término, en la que ETA asumiera
su rendición definitiva y acatara el
modelo constitucional a cambio de
la reinserción. Ésta fue la estrategia
de la UCD con ETApm (político-militar). Esta última acabó
diluyéndose tras su VII Asamblea,
en 1982, e integrándose muchos
de sus militantes en Euskadiko
Ezkerra (EE), formación que tras
un giro gradual hacia la derecha,
acabaría fusionado con el propio
PSE-PSOE.
Manifestación a favor de la
autodeterminación (arriba).
Arnaldo Otegi (Batasuna)
Xavier Arzallus (PNV) y Carlos
Garaikoetxea (EA) firman el
Acuerdo de Lizarra en 1998.
El reto de la izquierda
abertzale y de la
izquierda alternativa
es aprovechar
las posibilidades de un
nuevo escenario
El Acuerdo de Lizarra
La represión fue también un elemento fundamental de los gobiernos de
Aznar. En 1996, tras su primera victoria electoral, el encarcelamiento de
la Mesa Nacional de HB inauguró
una escalada represiva que acabó,
con el tiempo, generalizándose con
la criminalización de la izquierda
abertzale y el nacionalismo vasco en
su conjunto. El Acuerdo de Lizarra
entre las distintas organizaciones
abertzales (PNV, EA e IU en 1998),
acompañada con una tregua indefinida de ETA, quebró parcialmente
esa estrategia.
Lizarra fue el fruto del acercamiento a través del Foro de Irlanda
entre HB y el PNV, principalmente.
La izquierda abertzale asumió esa
alianza como parte de un proceso de
construcción nacional que pudiera
desbordar al propio Estado. El PP y
el PSOE nunca aceptaron ese acuerdo como legítimo. En la búsqueda
de la paz, las posibilidades de abrir
vías hacia la negociación quedaron
dinamitadas tras la detención de
varios interlocutores de ETA y la
falta de gestos significativos del
gobierno a favor del diálogo. Finalmente, rota la tregua, el seguidismo
del PSOE a la línea del PP ayudó
a cerrar filas en favor del inmovilismo. El endurecimiento de las
acciones de ETA y, en especial, su
determinación para atentar contra
cargos electos, aceleró la firma del
Pacto Antiterrorista. El resultado
sería la ilegalización de Batasuna,
entendida ahora como parte de
la misma estructura de ETA, y
la consolidación de un apartheid
político que supone hasta hoy un
grave retroceso democrático.
La apuesta de Anoeta
Las conversaciones fallidas en Argel demostraron lo equivocado de
una dinámica en la que lo político
quedara supeditado a lo militar y
se relegara todo el protagonismo
a ETA. De hecho, esa tensión ha
sido una constante en el seno de la
izquierda abertzale.
En diciembre de 1999, la ruptura
de la tregua por parte de ETA, tras
catorce meses de vigencia, rompió,
por efecto, la cohesión en el seno de
Euskal Herritarrok, reagrupamiento
que iba más allá de los márgenes tradicionales de la izquierda abertzale,
y desbarató la capacidad de ganar
una mayor centralidad política y social. Lizarra demostró también que
la confrontación con el Estado mediante una alianza con el PNV, cuyo
papel desde la Transición ha sido el
de la conveniencia con el mismo, el
de la hegemonización del poder y
la gestión partidista del Estatuto de
Gernika, era imposible.
Para encarar el nuevo proceso de
paz será necesaria una nueva correlación de fuerzas, identificada con
los valores de la izquierda, a favor
del derecho a la autodeterminación
y con una perspectiva de clase. La
propuesta de Anoeta, presentada
por Batasuna en noviembre de 2004
es una apuesta novedosa. Va más
allá de la fórmula de una negociación Gobierno-ETA, aboga por la
iniciativa de la sociedad vasca al
clarificar la urgencia de dos mesas
de resolución, y rechaza de antemano un pacto en clave de frente
programático y preferente con el
PNV, en beneficio de una activación
de los agentes políticos, sociales y
sindicales. La posibilidad de poner
en marcha una mesa de partidos
será un avance con respecto a otros
procesos parecidos.
Durante las conversaciones de
Argel, cuando las negociaciones
estaban estancadas, la voluntad de
interlocución de HB para mediar
en el conflicto fue rechazada y
contraatacada con una campaña de
difamación contra los representantes de la coalición. En el período
del Acuerdo de Lizarra, el primer y
único encuentro con HB, el gobierno
lo aprovechó para desacreditar el
compromiso adquirido por los partidos firmantes del pacto y redoblar
Cuestiones de fondo
La puesta a punto de la mesa de
partidos, todavía en etapa de definición, debería funcionar como inicio
de la fase resolutiva. No será fácil.
En ella, el significado del derecho de
autodeterminación del pueblo vasco,
el ámbito territorial de decisión, el
papel del gobierno de Zapatero, las
posibilidades de implicación del
gobierno francés y el factor tiempo
serán cuestiones de fondo importantísimas y realmente complejas. Al
sabotaje del PP y el dirigismo del
gobierno del PSOE para limitar el
propio proceso, habrá que sumarle el
riesgo de las iniciativas sucedáneas
en busca de un acuerdo de encaje
renovado. De hecho, siguiendo el
modelo de la “segunda Transición”
y las reformas estatutarias actuales
en funcionamiento, la apuesta del
gobierno será la de encorsetar el
proceso a una actualización de la
autonomía vigente. Esta fórmula se
complementa bien con aquellas que
desde la idea de la soberanía compartida o el federalismo mal entendido
pretenden llevar a cabo una constitucionalización del derecho a decidir,
limitándolo al derecho de consulta,
a través del traspaso competencial
para convocar referéndums y la
adecuación pertinente de la reforma
estatutaria. Ésa es una salida falsa
porque no parte del reconocimiento
del pueblo vasco como sujeto sino
que se fundamenta en la capacidad
administrativa de las mismas instituciones para requerir la opinión de los
ciudadanos, en convivencia y respeto
con el estatus político vigente. Es
claramente insuficiente.
Movilización y solidaridad
La posibilidad de que el propio proceso abra un nuevo tiempo político
dependerá de si éste se consolida,
al mismo tiempo, como un proceso
amplio de lucha, movilización,
reivindicación y solidaridad. La
izquierda abertzale ha hecho una
apuesta decidida por la resolución
del conflicto. Será necesario evaluar
los avances y retrocesos del mismo
en base a una perspectiva que siga
apostando por una ruptura democrática. Empacharse de entusiasmo por
un proceso que está por definirse en
todos los sentidos es tan peligroso
como escudarse en el escepticismo
y no hacer nada. Es urgente tomar
la iniciativa.
El reto de la izquierda abertzale y
la izquierda alternativa en el Estado
español es la de aprovechar las posibilidades de un nuevo escenario para
reforzar su lucha contra los ataques
del neoliberalismo, la imposición del
marco constitucional y la apertura
de una etapa de movilización y solidaridad en defensa de los derechos
políticos sociales, como base para
una convivencia en libertad de los
pueblos del Estado español. Éste es
un reto de gran calado. Pero en buena
parte, la construcción de una izquierda anticapitalista renovada, con un
proyecto propio y radical, pasan por
eso. Construir una paz sólida y justa
exige el empeño de todos.

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