El campesinado de la Zonas de Reserva Campesinas víctimas del

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Colombia: Ponencia ANZORC Foro Nacional de Victimas en Cali
Escrito por ANZORC, para la plum
Jueves, 07 de Agosto de 2014 02:29 - Actualizado Jueves, 07 de Agosto de 2014 13:01
EL CAMPESINADO DE LAS ZONAS DE RESERVA campeisansVICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: REQUERIMIENTOS PARA SU RECONOCIMIENTO
PARA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
Asociación nacional de zonas de reserva campesina –ANZORC-
Foro Nacional sobre Víctimas de la Mesa de Conversaciones de La Habana,
Agosto 3-5 de 2014
Los campos colombianos han recibido los mayores embates de la guerra interna en Colombia,
afrodescendientes, indígenas y campesinos son las principales víctimas de la guerra
económica, política, militar y cultural que se ha desarrollado durante las últimas décadas, así
como de las estrategias de impunidad y olvido.
Graves crímenes se han cometido contra la población campesina en general y particularmente
contra aquellas comunidades campesinas que han emprendido procesos de organización para
enfrentar la exclusión del Estado y la sociedad, para defender su vida y permanecer en sus
territorios. El campesinado ha sufrido durante décadas la guerra sucia oficial, primero fueron
las propias Fuerzas Militares que perpetraron ejecuciones extrajudiciales, torturas,
desapariciones forzadas a la sombra del Estatuto de Seguridad Nacional. Luego y ante la
evidencia de su responsabilidad, desde las propias Fuerzas Militares con apoyo de gremios
económicos y terratenientes fueron creados los grupos paramilitares bajo la doctrina de la
Seguridad Nacional impartida desde Estados Unidos.
Bajo el horror paramilitar los campos y el campesinado colombianos fuimos sometidos a las
más pavorosas masacres, destierro y despojo que fueron instrumento de acumulación de
tierras, recursos naturales y poder para el capital nacional y transnacional. Este horror que
permanece en la impunidad, o que en el mejor de los casos recibió pírricos castigos, ha hecho
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posible la consolidación de proyectos agroindustriales, aumentado la ya grotesca concentración
de la tierra de nuestro país, y consolidado el control político y económico paramilitar en
numerosas regiones hasta nuestros días.
La incapacidad del Estado para combatir las guerrillas, le ha llevado a la implementación de la
violación del principio universal de distinción, en lugar de atender las necesidades de las
comunidades campesinas se ha implementado una costosa estrategia de control territorial
militar con ínfimas inversiones de carácter asistencialista, que se han acompañado de un
significativo aumento de las violaciones a derechos humanos.
Las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario han
estado a la orden del día durante estas décadas, las acciones bélicas de las partes han dejado
vidas perdidas, destrozos materiales, zozobra, escuelas tomadas o destrozadas.
Ante el ataque a la economía campesina, los cultivos coca, amapola y marihuana se han
convertido en la única opción de mínima sobrevivencia de quienes han podido resistir al
despojo, a lo cual una vez más, el Estado ha respondido con la brutalidad de las fumigaciones
indiscriminadas, la erradicación forzada y la judicialización de los cultivadores, mientras
quienes se enriquecen con el negocio de las drogas en las altas esferas del poder permanecen
intactos. El desplazamiento forzado, la afectación de bosques y aguas, y de la salud de la
población campesina son los efectos y padecimientos ocasionadas por esta torpe acción
estatal.
Las mujeres, las niñas y los niños campesinos han sido las principales víctimas del largo
conflicto político, económico y armado, zozobra, agresiones físicas y psicológicas, abusos
sexuales, explotación económica, privaciones de la libertad, no solo han minado su vida y sus
derechos, sino que han impedido que sus capacidades de aportar en la construcción de la
sociedad se desarrollen a plenitud, la falta de garantía de los derechos de las mujeres, niños,
niñas y hombres campesinos empequeñece al campo y al país.
La guerra económica, política y militar, no solo se expresa en las violaciones a los derechos
civiles y políticos, sino en la sistemática violación de todos los derechos humanos, colectivos y
ambientales, y los derechos como pueblos.
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En estas condiciones, el potencial productivo agropecuario, social, cultural y ambiental de la
economía campesina no ha podido desplegarse, y más bien se ha socavado en lo que se
constituye en una manifestación de la guerra económica contra los más pobres, pues mientras
se expulsa a los campesinos del campo, se niega inversión social y en infraestructura, a los
proyectos económicos para el gran capital se les favorece con la consolidación del latifundio, la
extranjerización de la tierra, y la entrega de los recursos naturales para consolidar un modelo
económico ambiental, política y socialmente perverso y excluyente.
Así, la vida del campesinado permanece en riesgo. No solo se ha violentado al campesino, sino
que se ha violentado su identidad, sus propuestas, sus iniciativas de paz, justicia y desarrollo,
sus formas organizativas, productivas, sus prácticas ambientales y culturales, se ha pretendido
anular su dignidad con programas asistencialistas, inadecuados o insuficientes, que dan
respuesta irrisoria a su victimización, como la atención al desplazamiento, las mal llamadas ley
de justicia y paz, y de restitución y reparación.
Frente a esta realidad, comunidades y organizaciones campesinas sobrevivientes de esta
guerra, hemos ideado la zona de reserva campesina como una estrategia para la permanencia
en nuestros territorios, la garantía de nuestros derechos y la construcción de la paz con justicia
social. Sin embargo, esta iniciativa es objeto de sistemática persecución, no solo durante los
sucesivos nefastos gobiernos de Uribe Vélez, sino en el actual, en el que pese a los
compromisos adquiridos por el gobierno, las zonas de reserva campesina siguen siendo
desconocidas y ahogadas.
Los Planes de Desarrollo Sostenible cuya actualización fue financiada por el propio gobierno no
son objeto de inversión pese a la obligación legal de hacerlo, los procesos de reconocimiento
de nuevas zonas de reserva campesina están suspendidos injustificadamente con el
argumento de que se debe esperar al término de las conversaciones de La Habana, aun
cuando hay una obligación legal estatal de reconocerlas, aún al margen de este proceso de
paz, pero más aún en el marco de la construcción de la paz, pues es justamente ese uno de los
objetivos con los que se ha creado y que está reconocido en su marco legal.
En las zonas de reserva campesina se han perpetrado con mayor crudeza innumerables
violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, bloqueos alimentarios, expoliación
de los recursos naturales y principalmente la persecución a las organizaciones campesinas.
Todas las organizaciones campesinas que han promovido y defendido las zonas de reserva
campesina, han sido judicializadas y sus líderes encarcelados por varios años. En los últimos
meses los bombardeos indiscriminados, la toma a viviendas y escuelas y en general
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violaciones a derechos humanos e infracciones al derechos internacional humanitario se han
recrudecido en las zonas de reserva campesina tanto reconocidas como aquellas en proceso
de constitución.
La estigmatización contra el campesinado de las zonas de reserva campesina y contra la figura
misma, ha sido permanentemente protagonizada por el propio gobierno y por los gremios que
se sienten amenazados por la mejora de condiciones de vida del campesinado y tergiversan
sus alcances. Los medios de comunicación han favorecido esta desinformación y tienen y han
tenido efectos negativos sobre la tranquilidad y las condiciones de producción y de vida de los
campesinos, desconoce su condición de sujetos políticos, económicos y culturales relevantes
para el país, pero sobre todo le niega al país la posibilidad de disponer de un instrumento de
paz para los territorios campesinos.
Frente a estas violaciones a derechos humanos contra el campesinado de las zonas de reserva
campesina exigimos a las partes en negociación:
- Que el proceso de negociación continúe en medio de un cese bilateral como condición de
suspensión de las violaciones a derechos humanos.
- Que se reconozcan los derechos de los campesinos en los términos consignados en la
Declaración Internacional sobre los Derechos Campesinos.
- Que se reconozca la legitimidad y legalidad de las zonas de reserva campesina y se le dé
cumplimiento a los mandatos legales para su implementación, como instrumento de
construcción de paz y vigencia de los derechos humanos. - Que se suspenda la campaña de difamación y tergiversación sobre las zonas de reserva
campesina que afecta directamente a sus pobladores y al potencial de la figura.
- Que se establezca la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos contra
la población campesina de las zonas de reserva campesina, con participación de las
organizaciones campesinas reconocidas éstas y sus integrantes como plenos sujetos políticos
y de derechos.
- Que se proscriban las estrategias fundamentadas en las doctrinas de la seguridad
nacional, conflicto de baja intensidad y la acción integral y en su lugar definir estrategias que
garanticen la vigencia efectiva de los derechos humanos.
- Que la estrategia militar de consolidación territorial sea reemplazada por el
reconocimiento y fortalecimiento de figuras de ordenamiento en las que las comunidades
rurales participan de la planificación y ejecución del desarrollo como los territorios étnicos, las
zonas de reserva campesina, territorios interculturales e interétnicos y otras de similares
alcances.
- Realizar proceso de depuración de la Fuerza Pública. Que rompa sus vínculos con las
mafias de paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas.
- Re direccionar políticas, manuales y directrices que van en contravía de los derechos
humanos.
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- Definir claramente el papel de la policía como cuerpo civil.
- Realizar una reforma estructural a la política, normatividad y fuentes de financiación del
sistema de atención y reparación a víctimas del conflicto que garantice materialmente la
vigencia de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no
repetición.
- Una reducción sustancial del presupuesto militar que esté acorde con un horizonte de
post conflicto armado y se trasladen a una política social y económica incluyente de las
mayorías.
Asociación nacional de zonas de reserva campesina –ANZORC- para La Pluma, 6 de
agosto de 2014
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