PARA PUBLICACION INMEDIATA 18 de febrero de 2014 Contactos

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PARA PUBLICACION INMEDIATA
18 de febrero de 2014
Contactos:
Tiffany Thomas Smith, Southern Poverty Law Center, (334) 235-5371,
[email protected]
Mark E. Bowers, Legal Services of Southern Piedmont, (704) 749-7483, [email protected]
Matt Ellinwood, North Carolina Justice Center, (919) 861-1465, [email protected]
Christopher J. Heaney, Southern Coalition for Social Justice, (919) 323-3380, ext. 116,
[email protected]
Se Presenta Querella de Derechos Civiles Contra las Escuelas Públicas de Carolina del
Norte a Nombre de Niños Inmigrantes a Quienes Le Negaron la Matrícula
Funcionarios Escolares Discriminaron Contra Niños, Se Solicita una Investigación Federal
WASHINGTON – Una coalición de organizaciones de derechos civiles le exhortó al
Departamento de Justicia de los Estados Unidos a que realice una investigación federal a dos
distritos escolares de Carolina del Norte que discriminaron contra niños inmigrantes al negar,
postergar, o desalentar su inscripción en la escuela. Estos incidentes son síntomas de un
problema más amplio por todo el estado, según la querella y la carta acompañante radicadas
recientemente en la División de Derechos Civiles del departamento.
La querella presentada a nombre de dos jóvenes le solicita al departamento investigar dos
distritos escolares – las Escuelas del Condado de Buncombe y las Escuelas Públicas del Condado
de Union. Le insta al departamento requerirle a los distritos que adopten una política
antidiscriminatoria y que se adiestre el personal encargado de las inscripciones para asegurar que
cumplan con la ley. La querella fue radicada por Southern Poverty Law Center (SPLC),
Servicios Legales de Piedmont Sureño (LSSP), North Carolina Justice Center (NCJC) y
Southern Coalition for Social Justice (SCSJ).
“La discriminación que enfrentaron estos niños al intentar matricularse en su escuela local
justifica una investigación federal,” explicó Caren Short, una abogada con el SPLC. “Estos niños
no deberán tener que lidiar con excusa tras excusa de parte de los funcionarios escolares quienes
básicamente no quieren que de ninguna manera pongan un pie en un salón de clases en Carolina
del Norte.”
La querella explica como en las escuelas rehúsan matricular a estos “niños no acompañados” por
su inglés limitado, su edad o su origen nacional. Los llamados “niños no acompañados” son
menores inmigrantes que llegan a los Estados Unidos sin un padre o tutor legal que cuide de
ellos y, luego de estar al cuidado temporalmente de la Oficina de Reubicación de Refugiados
(Office of Refugee Resettlement), los colocan bajo la custodia de un patrocinador, tal como un
familiar. Se le requiere a los patrocinadores de los niños no acompañados inscribirlos en la
escuela.
Aunque la querella se concentra en dos distritos escolares, una carta que la acompaña explica que
los patrocinadores y los niños no acompañados bajo su tutela enfrentan este tipo de
discriminación frecuentemente en todas partes de Carolina del Norte. “Los patrocinadores
consistentemente reportan lo difícil que es matricular a los niños no acompañados en la escuela
pública; pero la mayoría de estos niños no pueden o no quieren presentarse públicamente al
gobierno federal para quejarse de ese rechazo que experimentan,” se declara en la carta.
La querella describe como a “C.V.”, originaria de Honduras pero quien ahora vive con su prima
en Arden, se le negó la matrícula en las Escuelas del Condado de Buncombe cuando tenía 17
años porque los funcionarios escolares le dijeron que ya tenía mucha edad para estar en la
escuela. Las leyes de Carolina del Norte establecen que todo menor de 21 años tiene derecho a
una educación pública en el distrito escolar donde vive. Pero a pesar de haberlo intentado dos
veces en el 2013, C.V. no ha podido inscribirse en la escuela secundaria.
“La importancia de la educación en la vida de un niño no depende de dónde haya nacido.
Carolina del Norte le ha prometido a los niños nombrados en esta querella la oportunidad de
asistir a una escuela pública, y le estamos pidiendo a Carolina del Norte que cumpla esa
promesa,” afirmó Anita S. Earls, directora ejecutiva de la Southern Coalition for Social Justice.
Actualmente C.V. está tomando un curso gratuito de inglés como segundo idioma en un centro
de estudios postsecundarios, conocido en Estados Unidos como community college. Algún día
aspira a obtener un diploma de escuela secundaria y luego asistir a una escuela de cosmetología.
“El desaliento, la postergación, y el rechazo sistemático que enfrentan estos niños inmigrantes al
intentar inscribirse en las escuelas de Carolina del Norte hace que comiencen su educación con
un déficit educativo que cambia sus vidas, un déficit del cual es difícil sino imposible de
sobreponerse durante el resto de sus vidas,” expresó Matt Ellinwood, abogado y analista de
política pública del North Carolina Justice Center.
La querella también describe la discriminación hacia F.C., oriundo de Guatemala, quien llegó a
los Estados Unidos sin sus padres, pero que ahora vive con ellos en Marshville. Su madre fue
asignada a ser su patrocinadora.
“Yo sólo quería asistir a la escuela secundaria, estudiar mucho y forjar una vida mejor para mí,”
explicó F.C. por medio de un intérprete. “Cada vez que mi madre intentó inscribirme en la
escuela, nos topamos con muchas excusas y obstáculos. No debe ser tan difícil entrar y asistir a
la escuela secundaria.”
Cuando su madre intentó matricular a F.C. en la Escuela Secundaria Forest Hills en Marshville el
año pasado, le dijeron que su hijo de 17 años tenía mucha edad para asistir a la escuela.
Refirieron a F.C. a un programa educativo de equivalencia de escuela secundaria (GED) en un
community college local.
En el community college, le dijeron a su madre que F.C. era muy joven para el programa de
equivalencia GED, y que intentara de nuevo matricularlo en la escuela secundaria. En esta
ocasión en la escuela secundaria, le explicaron que F.C., cuya lengua materna es el español y
quien casi no entiende el inglés, no lo podrían inscribir hasta después que tomara un examen de
competencia de inglés.
F.C. no pudo completar el examen porque era en inglés. La persona que le supervisó el examen
ayudó a F.C. presentar una solicitud de inscripción que finalmente le permitió asistir a la Escuela
Secundaria Forest Hills en agosto pasado.
“Los niños no acompañados, quienes son particularmente susceptibles a la explotación y al
abuso, es una población significativa que está aumentando en Carolina del Norte y en otras
partes del país. El impedir o poner obstáculos significativos a su acceso a la educación pública
hace que sean más vulnerables y los exponen más a situaciones de alto riesgo. Reducir el período
de tiempo para disfrutar de su derecho fundamental a la educación es negarle la justicia que le
garantiza la Constitución de Carolina del Norte y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,”
explicó Mark Bowers, abogado para Legal Services of Southern Piedmont.
La discriminación que enfrentan estos niños es una violación del Título IV y del Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964, el cual prohíbe la discriminación por concepto de origen
nacional en las escuelas públicas que reciben fondos federales, según la querella. Además, la
querella señala que hace más de 30 años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció
en el pleito Plyler v. Doe que es inconstitucional el negarle educación pública a un niño en los
Estados Unidos, no importa su estatus migratorio federal.
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El Southern Poverty Law Center, con sede en Alabama y oficinas en Florida, Georgia,
Luisiana, y Misisipí, es una organización pro derechos civiles sin fines de lucro que se dedica a
luchar contra el odio y la intolerancia, y a procurar justicia para las personas más vulnerables
de la sociedad. Para más información, visite el enlace www.splcenter.org.
La misión de Servicios Legales de Piedmont Sureño es asegurar una justicia plena para
aquellos de mayor necesidad al proveer una gran variedad de servicios de asistencia legal civil
a personas elegibles de bajo recursos económicos en el área metropolitana de Charlotte y oestecentral de Carolina del Norte. LSSP cumple su misión mediante una variedad de estrategias
legales y de apoyo incluyendo la representación y el asesoramiento legal; la educación e
interacción comunitaria; la representación legal de grupos o clases de personas; reparaciones
de autoayuda; la colaboración con otras agencias; el desarrollo comunitario económico; el
abogar por asuntos legislativos y de administración gubernamental; y el litigio de gran impacto.
www.lssp.org.
North Carolina Justice Center es de los grupos progresistas más destacados que se dedican a la
investigación y a abogar por ciertas causas. La misión de la organización es eliminar la pobreza
en Carolina del Norte al asegurar que cada hogar en el estado tenga acceso a los recursos, a los
servicios y al trato justo necesario para lograr la seguridad económica. Para más información,
visite el enlace www.ncjustice.org.
La organización Southern Coalition for Social Justice es una sin fines de lucro fundada por un
grupo multidisciplinario, primordialmente personas de varios grupos étnicos y raciales, quienes
creen que las familias y las comunidades comprometidas con la lucha por la justicia social
necesitan un equipo de abogados, científicos sociales, organizadores comunitarios y
especialistas en los medios de comunicación para apoyarlos en sus esfuerzos por desmantelar el
racismo estructural y la opresión. Para más información, visite el enlace
http://www.southerncoalition.org.