151007 Discurso imposición insignia final 7oct15

151007 Discurso imposición insignia final 7oct15

Ceremonia de Imposición de Insignias a Doctoras y
Doctores en Derecho (UNAM)
Ciudad Universitaria, Facultad de Derecho
Auditorio “IUS SEMPER LOQUITOR”
Ciudad de México, a 7 octubre de 2015
Buenos días a todas y a todos.
• Dra. María Leoba Castañeda Rivas (Directora de la Facultad de Derecho)
• Dr. Carlos Humberto Reyes Díaz (Coordinador del Programa de Posgrado
en Derecho)
• Dr. Jorge Fernández Ruíz (Instituto de Investigaciones Jurídicas)
• Doctoras, Doctores, Maestras y Maestros.
• A todos los presentes, Autoridades académicas, familiares
En primer término, agradezco a la Doctora Leoba Castañeda, nuestra querida
Directora, todo su apoyo. Su entrega a la facultad de Derecho marca huella de
modernidad y humanismo. La oportunidad que me brinda de dirigir este
mensaje en un evento de tan señalada significación como este.
Es también ocasión para reconocer el trabajo del Señor Rector José Narro
Robles, siempre, en favor de la educación. En estos 8 años al frente de la
Universidad Nacional Autónoma de México, ha insistido, y con razón, en que la
educación es uno de los grandes igualadores de la sociedad, puesto que actúa
como elemento liberador de los individuos, y como condición indispensable
para el desarrollo humano.
El Doctor Narro, nos recuerda que sin educación, no existe porvenir alentador,
porque sin educación, disminuye la condición humana de igualdad a la que se
aspira, se pierde dignidad, y no se concretan los supuestos requeridos para
vivir en libertad y democracia.
Esta ceremonia de imposición de insignias a Doctoras y Doctores en Derecho,
por una parte, es reflejo del resultado de nuestros estudios y trabajo de
investigación, pero, por otra parte, materializa nuestro compromiso con la
Facultad de Derecho y con la Universidad Nacional, de retribuir a México, la
oportunidad que nos dio de acceder a la educación pública y obtener uno de los
máximos grados académicos y de especialización.
Es momento, compañeras y compañeros, de comprometernos y definir
claramente el rumbo al que se debe enfocar nuestro desempeño profesional.
Es momento de aportar lo mejor de nuestra formación, para contribuir al
fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, a la conformación de una
sociedad igualitaria, y al ejercicio pleno de nuestras libertades.
Entendido el Estado de Derecho como la existencia de un conjunto de
principios y normas, acordadas democráticamente, que obligan tanto al Estado
como a la ciudadanía misma. Pero Estado de Derecho también significa la
existencia de un sistema de justicia que asegure el cumplimiento de las normas
y sancione todo ilícito.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que las normas jurídicas son
superadas por la realidad. Esto exige el dinamismo del derecho y la
actualización permanente de sus creadores, de sus aplicadores y de sus
intérpretes.
Y aquí volvemos a aparecer en escena. Estamos obligados, como juristas, a
exigir el cumplimiento de la ley, pero también a exigir su interpretación y
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aplicación en el contexto concreto. Debemos exigir cubrir las omisiones,
retrasos y desactualizaciones legislativas. Y si somos autoridad, estamos
obligados a escuchar, a rendir cuentas y a aplicar la ley. Y justo el día de hoy,
debemos asumir ese compromiso con la sociedad.
Nuestro país atraviesa por un momento muy complejo. Desafortunadamente
son muchos los temas sobre los que debemos detenernos a reflexionar. Pero
desde la óptica del Derecho, todo converge en una problemática central, que
mucho nos concierne como juristas doctorados y maestros en Derecho: facilitar
las condiciones necesarias para que se haga efectiva, la vinculación entre el
antijurídico y la sanción.
Lograr esta vinculación entre el ser y el deber ser, es la premisa de la
procuración de justicia, y por tanto, del acceso del ciudadano a la misma.
No es menor la magnitud del problema, algunos datos concretos así lo indican:
El Informe País, publicado por el entonces IFE hace dos años, es escalofriante:
61% de la población no denuncia los delitos y, peor aún, el 63% de estos
mexicanos que no denuncian, precisó que no lo hace porque piensa que no
sirve para nada, que no se aplicarán sanciones.
La falta de confianza en la autoridad es alarmante, 44% considera que la
autoridad no respeta los derechos humanos.
El Latinobarómetro 2015, publicado la semana pasada, concluye que las
reformas a los sistemas judiciales no han sido la solución para aumentar la
confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Entre 1996 y 2015 (casi 20 años) el promedio de confianza en el poder judicial
ha sido de un 30%, llegando a su punto más alto en 1997 y 2006 con 36% y a
su punto más bajo en 2003 con 19%. En 2015, nos encontramos en un 35%.
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Hace un par de semanas, el Estado Mexicano, ante la Cumbre para el
Desarrollo en la sede de las Naciones Unidas, aprobó y se obligó a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometiéndose, a su vez, con
una agenda común al 2030, la cual busca vidas dignas para todos, sin que
nadie se quede atrás.
El objetivo 16 se refiere al acceso a la justicia. En él se incorporaron metas
relativas a la promoción del Estado de Derecho y la igualdad. La razón es clara:
el primer hallazgo en la evaluación de las metas del milenio 2000-2015, fue el
que las sociedades que avanzaron menos, son aquéllas con más bajos niveles
de justicia.
Frente a datos y cifras tan preocupantes, los invito a que nuestro compromiso y
reto, como Doctoras, Doctores, Maestras y Maestros en Derecho, sea,
precisamente contribuir a revertir las cifras en las que la ciudadanía se siente
lejana: Estado de Derecho y acceso a la justicia, conforman un binomio
indisoluble que México está constreñido a garantizar
En una sociedad dinámica y en constante cambio, el Derecho y la abogacía, no
pueden permanecer estáticos, caminemos de la mano con la sociedad, y no al
margen o detrás de ella.
El litigio estratégico, la protección de los derechos humanos conforme al
artículo 1 constitucional, la ciencia y tecnología paritarias, las redes sociales, la
igualdad de género, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los
métodos de justicia alternativa para la solución de controversias, el juzgamiento
con perspectiva de género, intercultural, de la niñez y la adolescencia, de pleno
respeto a los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, de
personas con discapacidad, de la comunidad LGTTTB, de migrantes, de
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refugiados, el diálogo jurisprudencial, el cambio climático, la integridad electoral,
el modelo genómico, son tan solo algunos ejemplos.
Es nuestro momento de aportar, desde la trinchera en la que desarrollemos
nuestra profesión, para que vivamos en un México justo, igualitario, moderno y
próspero.
Sea esta oportunidad, el momento para reafirmar nuestro compromiso con
nuestra Facultad de Derecho, con nuestra Universidad y con México.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
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