El extractivismo… ¿cuestión económica, política, ética?
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El extractivismo… ¿cuestión económica, política, ética?
El extractivismo… ¿cuestión económica, política, ética? Por Martha Inés Romero Coordinadora para América Latina y el Caribe de Pax Christi Internacional Nos enfrentamos en estos tiempos post-modernos a un modelo de desarrollo neoextractivista, con un boom en los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Nuestros países de América Latina y el Caribe presentan una riqueza enorme de minerales, atractivos para la inversión extranjera. Este modelo presenta “ventajas comparativas” en lo económico y es altamente rentable para quienes invierten mediana o pobremente, según el país o los países que dan millones de hectáreas en concesión. Expertos calculan que los ingresos para los países por la extracción minera oscilan entre el 1 y el 20% efectivo. Esto quiere decir que entre un 80 y un 99% queda en manos de las grandes empresas transnacionales, muchas de ellas con presencia en Colombia. Al mismo tiempo, el modelo produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Veamos: como producto de la política mineroenergética, se implementan procesos de privatización, desregulación, venta de activos y empresas estatales, apertura de zonas para la minería –que luego corren el riesgo de convertirse en “distritos mineros”-, flexibilización laboral y ambiental. Se ofrecen muchas garantías y ventajas para la Inversión minera, con el argumento de ser “competitivos” y así atraer más inversión. La minería en América Latina nos plantea entonces diversos desafíos, en los ámbitos económico, laboral, de fiscalización y control; en el ámbito territorial, en la convivencia social, debido a la conflictividad de diverso tipo que genera. Varios estudios analizan el impacto de la industria minera en los territorios; afectaciones en el suelo, en las aguas. Afectaciones por contaminación, por apropiación, por exterminio de fuentes hídricas que antes eran para usos agropecuarios. Todo lo anterior, con un impacto en la salud pública y comunitaria, en la forma de vida locales, en la cultura y en la cosmovisión de las comunidades que tienen la “fortuna” de estar sobre territorios de interés para la inversión minera y para los gobiernos de turno. No ha sido indiferente frente a esta situación, Pax Christi Internacional, un movimiento católico que trabaja desde hace cerca de 70 años en educación para la paz, acciones por la justicia y con estatus consultivo ante las Naciones Unidas. En coordinación con sus copartes en Guatemala, Perú y Colombia, Pax Christi Internacional ha desarrollado una propuesta de fortalecimiento de capacidades comunitarias para la transformación no violenta de conflictos por minería. Al tiempo, combina con algunas de sus secciones en Europa, Estados Unidos y Canadá acciones de incidencia política y monitoreo social a estas empresas transnacionales, en sus estándares frente al Pacto Global que las Naciones Unidas vienen impulsando desde el año 2000. Este pacto es una plataforma para el desarrollo, la implementación y la apertura a las políticas de responsabilidad social corporativa y sus prácticas (ver más en: www.unglobalcompact.org/Languages/spanish) Es un hecho que en algunas regiones la minería transnacional ha desarrollado prácticas no suficientemente respetuosas de las comunidades y del entorno. Muchas veces no se hace una consulta previa real y documentada, generando polarización entre la misma comunidad. En muchos casos, imponiendo el modelo acordado con el gobierno central y, si es el caso, con represión. Las fotografías de La Puya, en Guatemala, muestran cómo comunidades organizadas y desde principios de la no violencia, han resistido al embate de la minería. En este caso, por fortuna se logró frenar el proceso de exploración, aunque ya están afectados por la contaminación del arsénico en el agua. En los talleres que realizamos con las copartes de Pax Christi Internacional, desde hace tres años sale recurrentemente el tema de extractivas, y preguntas como estas: ¿Cómo lidiar con los impactos de la minería en comunidades alejadas de los centros urbanos? ¿Es factible o realista decir NO a la minería en un contexto en el que el modelo extractivista se ha impuesto en todos los países de nuestra región? ¿Cómo hacer para que las comunidades puedan reconocer sus derechos y hacerlos valer frente a esta realidad? ¿Cómo hacer para generar sensibilidad y solidaridad de la gente en los grandes centros urbanos? La respuesta está en las mismas comunidades, en su necesidad de desarrollar campañas sencillas que refrenden su vocación y su cultura, en la necesidad de preservar su entorno de la depredación que deja la explotación minera, y en la necesidad de establecer alianzas con la sociedad civil nacional e internacional para que apoye sus luchas. Se han desarrollado, entonces, una serie de talleres con principios básicos desde la no violencia para el fortalecimiento de capacidades que transformen conflictos por minería. Hasta ahora se han realizado talleres en Guatemala y en Perú. Para el caso de Colombia, el taller se hará en mayo en el Tolima, en coordinación con la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Colombia, la CRC y la JPIC de la Familia Franciscana. En los talleres se promueve el desarrollo de habilidades para el análisis de conflictos y la reflexión sobre el contexto. También se promueven elementos de comunicación no violenta y el diseño de mapas de conflicto y mapas de poder, para diseñar, al final de la experiencia, planes concretos de incidencia política, desde la perspectiva ciudadana de Acciones Políticas Noviolentas. Desde el acompañamiento, esa hermosa palabra que tiene un profundo significado para congregaciones y organizaciones de sociedad civil que optan por hacer suyos los sufrimientos y las luchas de comunidades vulneradas en sus derechos por intereses foráneos en sus territorios, se busca desarrollar en las comunidades una Geografía de Pertenencia que les permita resistir, construir sueños colectivos y fortalecer su organización comunitaria, desde el aprendizaje de técnicas sencillas para aprender a dialogar y negociar con las empresas, con las autoridades locales y nacionales. El término “Geografía de pertenencia” fue acuñado en un proceso ecuménico católico-menonita acompañado en Colombia por John Paul Lederach, experto en temas de paz y transformación de conflictos, profesor del Instituto Kroc de Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame. Esta experiencia sencilla y modesta, ha mostrado ser de utilidad para las comunidades y sus organizaciones acompañantes, porque les da la esperanza de saber que es posible balancear las inequidades desde el empoderamiento ciudadano. Además, porque les da la certeza de que no están solos ni solas, que la solidaridad existe y que es posible proteger, ser custodios de la creación, por el bien suyo y de las generaciones futuras.