Presentación - Sentencia Comandos Armados del Pueblo (CAP)

Presentación - Sentencia Comandos Armados del Pueblo (CAP)

Tribunal Superior de Medellín
Boletín Nº 7 Medellín, junio de 2015
Presentación
En esta séptima edición del boletín, la Sala da cuenta de las actividades desarrolladas durante marzo, abril y mayo de 2015.
En este periodo la Sala adelantó los incidentes de reparación a las víctimas de los bloques
Héroes de Tolová, Cacique Nutibara y Ejército Revolucionario Guevarista y continuó las
audiencias concentradas y priorizadas.
En igual sentido, la Sala emitió sentencia contra cuatro postulados del Bloque Córdoba,
cuyo contexto explica cómo el paramilitarismo se adueñó y controló el departamento de
Córdoba y las causas de su origen en esa región.
En el mes de abril, los presidentes de la Sala de Justicia y Paz y del Tribunal Superior de
Medellín también estuvieron en el municipio de Ituango y el corregimiento de El Aro para
conmemorar el día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas.
contenido
Decisiones de l a sal a
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SENTENCIA CONTRA EL BLOQUE CÓRDOBA
DECISIONES TOMADAS EN LOS PROCESOS CONTRA DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO
ACUMULACIÓN DE PROCESOS DEL BLOQUE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE LAS FARC
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En audiencia
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INCIDENTES DE REPARACIÓN
Héroes de Tolová Bloque Cacique Nutibara
Ejército Revolucionario Guevarista
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Notas de l a rel atoría
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LA SALA CONMEMORÓ EL DÍA DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
DEL MUNICIPIO DE ITUANGO Y DE EL ARO
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONFIRMÓ LA DECISIÓN DE NEGAR LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN
DE JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Amnistía Internacional: Un título de propiedad no basta por una restitución sostenible de tierras
en Colombia
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Decisiones de la sala
SENTENCIA CONTRA EL BLOQUE CÓRDOBA
Con ponencia del Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, la Sala de Conocimiento de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Medellín leyó los días 23 y 24 de abril la sentencia contra cuatro
postulados del Bloque Córdoba de las Auc, por un total de 99 delitos.
Antecedentes: la lucha por la tierra
Captura, usurpación y requisición
de las instituciones y el poder
público en Córdoba
La sentencia demuestra cómo la economía
de Córdoba estuvo atada a las dinámicas de
concentración y despojo de tierras desde los
años 60, las tensiones en torno a la reforma
agraria de los años 70 y las luchas de los
campesinos a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La
presencia de las primeras guerrillas hizo que
dicha región fuera declarada zona de guerra
y se aplicaran las normas expedidas bajo la
doctrina de la seguridad nacional.
Una vez establecido, el paramilitarismo llegó a controlar las decisiones políticas, el
ejercicio de los derechos políticos de los
pobladores y los recursos públicos de la región e incidió en las elecciones de las corporaciones públicas y en los cargos de elección popular. Hubo toda una maquinaria de
infiltración del DAS, la Fiscalía, el Inpec, la
Contraloría y la Defensoría Pública.
El ingreso del narcotráfico
La Sala concluyó que Córdoba fue un modelo de la influencia del paramilitarismo en
el sector público que permitió la captura del
Estado a nivel local y regional y que se explica, entre otras razones, por el nivel de
legitimación y aceptación social que tuvo
este fenómeno.
A las tensiones de la tenencia de la tierra,
se sumaron el ingreso el narcotráfico, la
confluencia de los grupos guerrilleros de
los años 80 y la llegada del paramilitarismo con los hermanos Castaño Gil, con lo
que se consolidaron las economías subterráneas.
La legitimidad social de fenómeno
La doctrina de la seguridad nacional en la
lucha contrainsurgente permitió que las
Fuerzas Armadas compartieran con los civiles el monopolio de las armas. Así surgieron las cooperativas de vigilancia privada
Convivir. La sentencia muestra cómo paulatinamente estas cooperativas se fusionaron o mutaron al paramilitarismo, al tiempo
que se aplicaba el modelo de autodefensas
implementado en el Magdalena Medio
Esta aceptación o legitimación del fenómeno paramilitar en el Departamento de Córdoba hizo parte de las estrategias de control social que ejerció el grupo.
Parte de esa legitimación se dio por el papel de la prensa. El análisis de algunos contenidos del periódico El Meridiano de los
años 90 permitió a la Sala vislumbrar que
la prensa contribuyó a ver el fenómeno paramilitar como un medio social, político y
militar necesario debido a las omisiones del
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Estado. También advirtió la relación entre
dicho periódico y los grupos paramilitares.
ta la expansión de las AUC. Y esto se dio
gracias a que hubo distintos encuentros
entre dirigentes y líderes políticos, oficiales
del ejército, ganaderos, empresarios y comerciantes, que resultaron decisivos para
el control del territorio adelantado por las
AUC, y posibilitaron la estrategia de la consolidación a partir de 1995.
Aunque la Sala aclaró que reconoce y respeta la libertad de prensa y opinión dentro
de los límites fijados en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, no dejó de registrar
que en no pocas ocasiones las entrevistas y
registros de El Meridiano de Córdoba sirvieron para justificar hechos atroces y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos
y el DIH y propiciaron una opinión pública
favorable en torno al fenómeno paramilitar
desde la óptica de los perpetradores.
De la responsabilidad del Estado
La sentencia declara que el Estado, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, entre otros, son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a
los derechos humanos.
El meridiano de Córdoba sirvió en distintos
momentos como caja de resonancia y justificación del fenómeno paramilitar y como
instrumento para divulgar y propagar el
ideario de dicho grupo, dice la sentencia.
Exhortaciones y compulsa de copias
La sentencia expidió distintas órdenes a
entidades regionales y nacionales con el fin
de garantizar el cumplimiento de la sentencia y la protección de los derechos de las
víctimas. Así mismo, ordenó la compulsa
de copias para que se investigue a empresarios, miembros de la Fuerza Pública, fiscales, ganaderos y otros.
Homenaje a periodista asesinado
La sentencia rinde un homenaje al periodista Clodomiro Castilla Ospino, quien denunció las relaciones existentes entre diferentes sectores sociales, el periódico El
Meridiano y los grupos paramilitares.
La Sala también exhortó al Estado a identificar y adoptar mecanismos de rendición de
cuentas de los empresarios, comerciantes
y personas de los sectores público y privado que promovieron o patrocinaron esta
expresión criminal.
La incursión en la Unicórdoba
La Universidad de Córdoba no fue ajena
a esta expansión y sufrió el arrasamiento
paramilitar. La Sala identificó el patrón de
exterminio que se dio en este claustro y
que obedecía a una política sistemática de
ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial
de disidentes, líderes o miembros de organizaciones políticas y sociales de oposición,
que luchaban por la reivindicación de sus
afiliados con ideas, opiniones o proyectos
contrarios a los dominantes o de intimidación y eliminación de esos sectores.
La sentencia ordenó la reparación integral
para 312 víctimas de las 390 que se presentaron al incidente de reparación.
Adición de voto
El Magistrado Ponente, adicionó el voto respecto al deber de pronunciarse en la sentencia sobre la concesión de la libertad a
quienes han cumplido la pena impuesta.
El proceso de expansión
Salvamento parcial de voto
La incursión a Norte de Santander para ejecutar masacres configura una de las más
claras manifestaciones de lo que represen-
El Magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez presentó en cinco puntos su disenti3
miento, así: 1) El contexto sobre el despojo y la concentración de tierras en el departamento de Córdoba. 2) La declaración de la responsabilidad del Estado y las exhortaciones
para el reconocimiento de responsabilidad contra algunas autoridades públicas. 3) La tasación de la pena alternativa. 4) La distinción entre víctimas combatientes y civiles para la
cuantificación de la reparación. 5) Las exhortaciones emitidas en la sentencia que superan
la competencia de la Sala.
(Ver sentencia completa).
Clodomiro Castilla Ospino, periodista asesinado el 19 de marzo de 2010 en Montería. Foto El Universal. en: http://www.
eluniversal.com.co/sites/default/files/styles/610x400/public/CSUCG100320015.jpg?itok=1i0kUupt
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DECISIONES TOMADAS EN LOS PROCESOS CONTRA
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO
Sala ad hoc negó la recusación
presentada por la defensa del
postulado contra la Sala de
Conocimiento de Justicia y Paz
La Sala decretó la acumulación de
los dos procesos seguidos contra
Diego Fernando Murillo Bejarano
Con ponencia del Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, el 28 de abril de 2015 la Sala ordenó acumular al proceso por los delitos de concierto para delinquir y otros de connotación, el
proceso –con carácter priorizado y con arreglo
a patrones de criminalidad– que se adelanta
en contra del mismo postulado, para ser tramitados conjuntamente. (Ver decisión).
Los Conjueces Alejandro de Castro González,
Álvaro Fajardo Serna y Juan Oberto Sotomayor Acosta decidieron el 20 de abril de 2015
que la recusación propuesta por la defensora
de Diego Fernando Murillo Bejarano contra
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín era improcedente. (Ver decisión).
ACUMULACIÓN DE PROCESOS DEL BLOQUE
JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE LAS FARC
La Sala ordena la acumulación de 11 postulados al proceso seguido contra 17 ex
integrantes del Bloque José María Córdoba, al mando de Elda Neyis Mosquera,
Alias Karina y negó la acumulación de 142 postulados.
Con ponencia del Magistrado Juan Guillermo
Cárdenas Gómez, la Sala de Justicia y Paz
ordenó la acumulación de 11 postulados de
los 153 que solicitó la Fiscalía 44 de Justicia
Transicional, y cuyas imputaciones ya habían
sido realizadas ante la Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
cia y Paz de Bogotá a 9 de los 17 postulados
que procesa la Sala.
Por otro lado, de los 153 postulados a quienes
la Fiscalía solicitó acumulación, a 142 les fue
negada debido a la dificultad y complejidad
que implicaría tramitar bajo una misma cuerda procesal esta cantidad de postulados que
pertenece a otros bloques de las Farc. Por
ello, ordenó devolver a la Fiscalía las solicitudes de legalización de 119 ex combatientes
no acumulados para que sean radicadas ante
las salas de Justicia y Paz competentes. Los
23 restantes se tramitarán ante la Sala de
Justicia y Paz que venía conociendo de ellos.
(Ver decisión)
De esta manera se suman estos postulados
a los 17 ex integrantes del Bloque José María
Córdoba que la Sala adelanta actualmente,
en la misma fase procesal en la que ya se
expuso el contexto de la organización ilegal,
la plena identidad de los procesados con sus
respectivos requisitos de elegibilidad y la información de algunos bienes en cabeza de la
estructura.
Aclaración de Voto
Otra de las decisiones tomadas fue la de acumular hechos imputados en la Sala de Justi-
La decisión tuvo una aclaración de voto sobre los
motivos para decretar y negar la acumulación.
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(Ver)
En audiencia
INCIDENTES DE REPARACIÓN
Héroes de Tolová
Con ponencia del Magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, la Sala tramitó el incidente de identificación y reparación de los
daños causados a las víctimas en el proceso
seguido contra el postulado Uber Darío Yañez Cavadías del Bloque Héroes de Tolová,
los días 18,19 y 20 de febrero de 2015.
ingreso al corregimiento y veredas, mejoramiento de la infraestructura educativa, proyectos productivos, planes de conservación
de bosques y cuencas y legalización de la
propiedad rural.
Los representantes de la comunidad presentaron un documento elaborado de manera
concertada, titulado “Diagnóstico de derechos
humanos, económicos, sociales y culturales y
del medio ambiente para San José de Apartado”. En él denuncian que su población aún
es un escenario de guerra de actores armados, como guerrillas, autodefensas y algunos
miembros de la Fuerza Pública. Por esta razón,
piden la aplicación de los convenios y protocolos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el sistema de alertas
tempranas para proteger a la población civil y
la atención a los informes y recomendaciones
de organizaciones como Human Rights Watch,
ONU, ACNUR y COOEUROPA, así como la creación de un observatorio de paz, entre
otros. (Ver documentos Doc1 Doc2 Doc3).
En dicha diligencia intervinieron el representante de víctimas Wilson Mesa Casas, de
la defensoría del Pueblo, quien presentó sus
pretensiones en torno a la reparación integral; el Fiscal 37 del Grupo de Persecución
de Bienes, Dumar Otálora Hernández, quien
relacionó los bienes ofrecidos por este Bloque y el plan de acción que tiene esta Unidad para su persecución; y la representante
del Ministerio Público, Doris Noreña Flórez,
quien se refirió al daño colectivo.
En el municipio de Apartadó, lugar con el
que se hizo retrasmisión por el sistema de
videoconferencia, intervinieron el Personero
y líderes del corregimiento de San José de
Apartadó.
Finalmente, el postulado Uber Darío Yañez
Cavadías, pidió perdón público a sus víctimas.
El Personero hizo cinco peticiones concretas
en torno a la reparación colectiva: vías de
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Bloque Cacique Nutibara
Con ponencia del Magistrado Rubén Darío
Pinilla Cogollo, la Sala tramitó el incidente
de identificación y reparación de los daños
causados a las víctimas en el proceso seguido contra los postulados Juan Fernando
Chica Aterhortúa, Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona
Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán,
Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wanderley Viasus
Torres, pertenecientes al Bloque Cacique
Nutibara.
Las víctimas tuvieron ocasión de relatar sus
dolorosas experiencias, perdonar a sus victimarios y aclarar las condiciones en que
fueron muertos sus seres queridos. Muchas
de ellas solicitaron a los postulados limpiar
el nombre de las personas asesinadas y no
reincidir en las conductas delictivas. Una de
ellas pidió como parte de la reparación
un abrazo del postulado y lo perdonó. (Ver foto)
Este escenario sirvió para que todos los
postulados pidieran perdón y, a solicitud de
una de las víctimas, se hizo un minuto de
silencio por las víctimas indirectas que estuvieron presentes y fallecieron en el transcurso de este proceso. El postulado Wanderley Viasus Torres explicó que las razones
para darles muerte a tres jóvenes colegiales
fue haber cruzado las fronteras invisibles.
Edgar Alexander Erazo Guzmán, en nombre
de todos, propuso entregar una placa que
contuviera el nombre de las víctimas en algún lugar histórico.
La audiencia se realizó entre los días 9 y 13
de marzo de 2014 en la ciudad de Medellín.
La Sala convocó a los representantes legalesde la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía
de Medellín, el Municipio de Itagüí y la UARIV, quienes informaron a la Sala los programas y proyectos que tienen sus respectivas
entidades para la reparación a las víctimas.
Fue requerida su presencia igualmente para
participar en las conciliaciones pertinentes.
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Ejército Revolucionario Guevarista
La Sala escuchó a las víctimas del Ejército
Revolucionario Guevarista, grupo disidente
del Ejército de Liberación Nacional.
ellas, el señor Carlos Alberto Úsuga, luego
de relatar su situación, les dijo a los postulados que los escuchó y les ve el cambio, “lo
más grande es tener el amor de Dios, tener
la paz y perdón, así se puede construir una
sociedad tranquila y se puede disfrutar de
ella”. A cada uno de los veinte postulados
los saludó de mano y les dio un abrazo. Otra
víctima les dedicó una canción.
El Carmen de Atrato fue el escenario para
que víctimas y victimarios se encontraran
en un acto de reconciliación, en el marco
del incidente de reparación a las víctimas
del Ejército Revolucionario Guevarista, entre el 16 y el 20 de marzo pasado.
Además de las pretensiones generales, hubo
víctimas que reclamaron la ayuda para exhumar los cuerpos de sus seres queridos o
la entrega de los restos.
La Magistrada Ponente, María Consuelo Rincón Jaramillo, inició exponiendo a los asistentes los fines de la ley 975 y precisó que
en este caso se trata de un proceso parcial,
por cuanto se han presentado 577 delitos
cometidos por este grupo.
En la audiencia se presentaron 21 hechos
por el delito de aborto no consentido en
siete víctimas que hicieron parte de la estructura armada del Ejército Revolucionario
Guevarista. Para ellas su apoderada solicitó
medidas de satisfacción y rehabilitación.
Posteriormente, uno a uno, los 20 desmovilizados pidieron perdón públicamente. Las
víctimas que intervinieron perdonaron a sus
victimarios, en su gran mayoría. Una de
Fotos: cortesía de Leison Hachito.
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Notas de la relatoría
LA SALA CONMEMORÓ EL DÍA DE LA MEMORIA Y LA
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE
ITUANGO Y DE EL ARO
El 9 de abril de 2015 los presidentes de la Sala de Justicia y Paz y del Tribunal Superior
de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo y John Jairo Gómez Jiménez, se trasladaron a
Ituango y a El Aro para honrar la memoria de los 17 campesinos asesinados por los paramilitares en 1997.
El evento, convocado por el Presidente de la Sala de Justicia y Paz, contó con la participación de la comunidad, líderes del municipio, la Secretaría de Gobierno de la Gobernación
de Antioquia, la Alcaldía de Ituango, la Fundación Orbis y la Fuerza Aérea.
Se hizo especial mención al doctor Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de Ituango, quien
asumió la vocería de las víctimas de dicha masacre, antes de ser asesinado por orden de
los paramilitares en febrero de 1998.
Se trató de acto un simbólico de reconocimiento del sufrimiento y la dignidad de las víctimas, pero a su vez de reconstrucción y reconciliación social. En el evento, la Sala de Justicia
y Paz dejó una obra artística con la imagen del doctor Jesús María Valle, que se colocó en el
Concejo municipal de Ituango, y en el corregimiento de El Aro, un monumento conmemorativo compuesto por una cruz elaborada con 15 tornillos que representan a las víctimas de la
masacre, y bordeado por cuatro pinos libros que simbolizan la verdad, la justicia, la
repara-ción y la garantía de no repetición, como sentido de protección de las víctimas.
Foto: Juan David Restrepo O. En: Verdad Abierta, 9 de abril de 2015.
9
“Acá estamos y estaremos siempre, en el
fragor de la lucha o en la quietud de la
muerte” (Jesús María Valle Jaramillo).
“Los integrantes del Grupo Tejedor, que hacen parte del Programa Enlazando
de la Unidad de Víctimas, realizaron una pequeña marcha con la consigna de
que El Aro es un territorio de paz. Esa organización está compuesta por 18
personas de las diferentes veredas que componen el corregimiento y trabajan
por la reconstrucción del tejido social que destruyó la g uerra” (Verdad
Abierta, 9 de abril de 2015, foto Juan Diego Restrepo E.).
“En nombre de la Fuerza Pública habló el coronel Juan Pedro Múnera, de la
Fuerza Aérea Colombiana, quien le pidió perdón a la comunidad de El Aro por
los hechos acaecidos en octubre de 1997 y solicitó que no pierdan la confianza
las Fuerzas Armadas, puesto que están prestas a protegerla. Les pidió que
tengan la convicción de que esa clase de hechos no volverán a ocurrir”
(Verdad Abierta, 9 de abril de 2015, foto Juan Diego Restrepo E.).
En la instalación del monumento estuvieron los presidentes del Tribunal Superior de Medellín y de la Sala de Justicia y Paz, el Secretario de Gobierno del
Departamento, el coronel Juan Pedro Múnera Sanín de la FAC y el representante de la Fundación Orbis.
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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONFIRMÓ LA
DECISIÓN DE NEGAR LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN
DE JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ
El pasado 20 de mayo de 2015 la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión de negar la solicitud de exclusión que hizo la Fiscal 8 Delegada de la
Dirección Nacional de Fiscalías de excluir al postulado Jesús Ignacio Roldán
Pérez del proceso de Justicia y Paz.
La Corte consideró que el estadio procesal en que se encontraba el proceso cuando se
solicitó la exclusión, esto es, ad portas de una sentencia condenatoria, tornaba inoportuna
la petición. La “sentencia condenatoria, supone la constatación de los presupuestos de
elegibilidad del postulado, los cuales se han verificado igualmente en instancias procesales
anteriores, particularmente en la audiencia de formulación de cargos, habiéndose impartido legalidad a los mismos y declarado el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad
del postulado el 19 de mayo de 2014. Dado que en los distintos estancos procesales se
constata la elegibilidad, de alguna forma se produce una especie de caducidad de la solicitud de exclusión, respecto de hechos anteriores, a una etapa procesal determinada, de
manera que es dable entenderla como inoportuna, por encontrarse fuera de contexto la
solicitud”. (Ver ficha de relatoría y decisión).
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Las tres reseñas siguientes han sido tomadas del Boletín de la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nº 119, año 8, 2015). Los textos se encuentran
disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/index.html
Desaparición forzada y ejecución extrajudicial: Investigación y sanción
(descargar)
Comisión Internacional de Juristas, 2015.
“El 13 y 14 de marzo, en Lima y Ayacucho (Perú), la CIJ y el Equipo
Peruano de Antropología Forense (EPAF) realizaron dos seminarios
sobre los crímenes de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial.
Con ocasión a estos Seminarios la CIJ hizo el lanzamiento de su nueva Guía para profesionales No. 9 desaparición forzada y ejecución
extrajudicial: Investigación y sanción.
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Ambos seminarios abordaron, desde la perspectiva del derecho internacional y de experiencias comparadas, diferentes aspectos de la investigación y sanción de los crímenes de
desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, con especial énfasis en el papel de la antropología forenses y demás disciplinas científicas en la investigación de estos crímenes y
en la búsqueda e identificación de las víctimas y localización y restitución de sus cuerpos”.
Patrones de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe:
Informe presentado a la Relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer,
sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo (descargar)
Antony Carmen, Gladys Miller y Zobeyda Cepeda, 2015.
“Este informe ha sido elaborado por CLADEM para la Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de Naciones Unidas, en el marco de la sesión número 59 del Comité sobre
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en conmemoración
del 20 aniversario de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración (Beijing+20).
Toma en cuenta la Resolución 23/25 del Consejo de Derechos Humanos que busca “Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas
de violencia contra la mujer: Prevención de las violaciones y otras formas de violencia
sexual y respuesta ante ellas”, y recupera como fuentes principales los informes alternos
de ocho países realizados por los CLADEM nacionales que fueron presentados al Comité
de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará
(MESECVI), en la ronda de evaluación del Segundo Informe Hemisférico del mecanismo.
Además considera los documentos analíticos presentados a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) a través de audiencias, específicamente sobre: Mujeres
privadas de libertad en Panamá, situación de los derechos humanos de las mujeres en República Dominicana, Situación de las defensoras de derechos humanos en Las Américas,
femicidios/feminicidios, así como informes alternos a órganos de protección de derechos
humanos del Sistema de Naciones Unidas”.
Derecho a la verdad en América
(descagar)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014.
“La Comisión, a través de sus distintos mecanismos, recopiló información de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos. Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la
aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin
de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos. También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un
patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo
sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una
política deliberada del Estado e incluso una ‘estrategia de guerra’.
En este contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados
tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad
12
frente a graves violaciones de derechos humanos. El informe hace referencia específica a
los avances y los desafíos en varios países de la región en esta materia. En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas
necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar
los restos exhumados y entregar los restos a sus familiares. Asimismo, el informe señala
que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de
violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil o militar de la víctima ni
del o de los acusado(s)”.
amnistía internacional: Un título de propiedad no
basta por una restitución sostenible de tierras
en Colombia
(descargar)
Título publicado por Amnistía Internacional (2014), de cuya introducción transcribimos:
“Este informe es la culminación de las investigaciones llevadas a cabo en Colombia en 2013
y 2014. Para los fi nes de este estudio, una delegación de Amnistía Internacional visitó
varias regiones del país, entre ellas los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Sucre,
Cesar, Magdalena, Atlántico y Meta, así como la capital, Bogotá. La delegación se reunió,
tanto en la capital, Bogotá, como en las regiones, con distintos sectores de la sociedad colombiana, entre ellos: reclamantes de tierras y sus representantes; víctimas de abusos y
violaciones de derechos humanos; representantes de organizaciones no gubernamentales
que trabajan sobre derechos humanos, incluidas cuestiones de tierras; activistas sociales y comunitarios; organizaciones eclesiales; académicos; abogados; organizaciones de
afrodescendientes, indígenas, campesinos y mujeres; y la Ofi cina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La delegación mantuvo también reuniones en Colombia con instituciones nacionales y regionales del país, entre las que se encontraban las siguientes: la Unidad de Restitución de
Tierras y la Unidad para la Atención es el título publicado por Amnistía Internacional, cuya
introducción dice: Un título de propiedad no basta por una restitución sostenible de tierras
en Colombia y Reparación Integral a las Víctimas, tanto en Bogotá como en las regiones;
la Unidad Nacional de Protección, perteneciente al Ministerio del Interior; las ofi cinas nacional y regionales de la Defensoría del Pueblo; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural; la Procuraduría General de la Nación; la Contraloría General de la República; el Centro
Nacional de Memoria Histórica; la Fiscalía General de la Nación; el Instituto Geográfi co
Agustín Codazzi; el Consejo Superior de la Judicatura; y la Superintendencia de Notariado
y Registro. Asimismo, se reunió con varios jueces de restitución de tierras que operan en
las regiones abarcadas por este informe [...]”.
Rama Judicial · Tribunal Superior de Medellín · Sala de Justicia y Paz
Boletín elaborado por la Relatoría. Página web: www.saladejusticiaypazmedellin.com
E-mail: relatorí[email protected]
Calle 49 51-52 Of. 21213
· Teléfono: 511 92 84