[1] Estimados compañeros

Estimados compañeros:
Arrastrando aún el proceso electoral que nos llevaron a las urnas el pasado día 13 de junio y que
debía culminar la fiesta democrática que supone la participación de los funcionarios del CNP en la
elección de los representantes de las organizaciones sindicales en el Consejo de la Policía, nos
encontramos, en su momento, con el desagradable y oscuro recuento de los votos, los cuáles fueron
hechos públicos horas después del cierre de las urnas y que en situaciones normales, no deberían haber
tardado más que minutos.
El cese del responsable policial que coordinó y supervisó el sistema que debía facilitar este
proceso electoral y la realización de una auditoría externa para certificar el correcto funcionamiento del
proceso electoral electrónico, no son suficientes para que la Unión Federal de Policía se desdiga de lo
que hasta ahora tenemos claro: EL RECUENTO FINAL FUE UNA CHAPUZA.
Posiblemente los resultados definitivos son los que son y no haya grandes modificaciones si los
votos se hubieran contado uno a uno en una votación “manual” con una urna de verdad, pero parece
que nunca lo sabremos. La negativa de la Dirección General de la Policía a facilitar el censo definitivo y la
Auditoría de Seguridad realizada no hacen más que reforzar nuestra siguiente idea: QUE NO CUENTEN
CON NOSOTROS PARA APOYAR UN NUEVO PROCESO ELECTORAL ELECTRÓNICO.
Si los policías hemos sido cobayas para probar una votación electrónica que pretende ser
extrapolada a las elecciones municipales, autonómicas, generales o europeas, daremos nuestra opinión
contraria basada en la propia experiencia sufrida en unas elecciones, cuyo recuento fue patéticamente
retrasado por unos fallos que la propia Auditoría constata y que debía llevar a algún responsable político
a que se le cayera la cara de vergüenza.
La página 17 de la Auditoría habla literalmente: “En esta elección los votantes no recibieron
ningún recibo de voto, aunque la aplicación lo generó”. O sea que había posibilidad de verificabilidad
del voto y nadie informó a los votantes ni a las organizaciones de eso, perdiendo los funcionariosvotantes la opción de comprobar que su voto fue contabilizado en la fase de recuento. Sigue el
documento, y concretamente en las páginas 18 y 19, qué medidas de seguridad, entre las que se
encuentra el recibo de voto, deberían haberse tomado para evitar introducir “un factor de riesgo
derivado de un hipotético comportamiento fraudulento”.
“Este informe no se puede considerar exhaustivo” dice en la página 20 el Catedrático
informático que ha confeccionado el documento, para añadir que sólo se ha podido examinar una
pequeña parte y que “una auditoría completa requeriría una persona con experiencia y dedicación
exclusiva durante 10 meses, fuera del alcance de esta colaboración”. Sinceridad no le falta.
Sigue constatando la Auditoría en su página 28 la falta de rigor del sistema cuando nos dice que
“en el cálculo de la participación para el voto por correo se estaba teniendo en cuenta el voto nulo.
Este cálculo se arrastraba para el cálculo de la participación total y por tanto el coeficiente de
asignación de representantes por escala, que por tanto se calculaba de forma errónea”.
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En relación a la reclamación de los 5 votos dobles, parece increíble que un sistema informático
lo permita, se ocupa el informe en la página 45, cuando nos dice que “De los 5 casos analizado, 4 no
parecen sucesos accidentales sino más bien intentos de votar simultáneamente con diversos métodos
de autenticación. Además se han encontrado otros intentos de votar simultáneamente que no
llegaron a emitir un segundo voto”.
Y finalizando, en las páginas 54 y 55, que “el desglose de los resultados totales (incluyendo el
voto por correo) realizado en el SGE fue inicialmente erróneo debido a un cálculo erróneo del
coeficiente de asignación de representantes por escalas y a inconsistencias por la agregación de
comisarios” y que tras detectar el error se procedió al RECUENTO MANUAL. Nos preguntamos cómo se
pudo hacer dicho proceso con votos electrónicos.
En definitiva, que la negativa a facilitar el censo de votantes, es decir, de aquellos que ejercieron
el derecho al voto (sin importarnos la opción en la que depositaron su confianza), no es más que la
constatación que en el recuento de votos a las Elecciones al Consejo de la Policía se esconde algo que el
Director General de la Policía sabe. En el mejor de los casos, amparó a un incompetente que decidió
cambiar una empresa contrastada que había llevado a cabo dos elecciones al Consejo de la Guardia Civil
sin ningún contratiempo, o en el peor de los escenarios, unos resultados que no correspondan con la
realidad.
Javier J. Arrillaga Rejano
Secretario General de la Unión Federal de Policía
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