¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre

Transcripción

Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 51. (Oct. 2011). Caracas.
¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre competitividad y desarrollo
humano en México.
Jorge Alberto Ordóñez Tovar
Introducción
México, al igual que la mayoría de los países en el mundo, presenta diversos grados de desarrollo hacia
el interior de su territorio, realidad que, sin duda, está relacionada con un sinfín de aspectos (sociales,
culturales, políticos, económicos, etc.) que caracterizan el proceso de desarrollo como un fenómeno
multidimensional y complejo (Fontela Montes y Guzmán, 2003; Guzmán Cuevas y Romero Luna,
2008; PNUD, 2009; Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009).
Desde los 80, México ha venido haciendo cambios significativos en su política económica y
social (Moreno Pérez, 2008; Ocampo, 2005; Vázquez Sánchez, 2005) -siguiendo la receta del
denominado Consenso de Washington-, aunque los resultados del modelo implementado no han sido
los esperados: un gran porcentaje de la población vive en la pobreza y los niveles de desigualdad son
evidentes en la sociedad. Por ello es necesario que en el diseño de las políticas públicas se consideren
los aspectos más relevantes para impulsar el desarrollo humano, el cual se compone de dos áreas
vitales: la económica y la social.
En este artículo se analiza la relación entre competitividad y desarrollo humano en los estados de
México. La competitividad se estructura a partir de la construcción de un índice con tres variables:
inversión extranjera directa per cápita, captación de la banca comercial (ahorro) y productividad
laboral; mientras que el desarrollo humano se expresa por el índice de desarrollo humano sin su
componente de ingreso.
Diversas instituciones y organismos elaboran reportes para medir la competitividad (World
Economic Forum, Institute for the Management of Development, Instituto Mexicano para la
Competitividad, Tecnológico de Monterrey) y el desarrollo humano (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo); sin embargo, en ninguno de los casos estas dos dimensiones se relacionan de una
manera diferenciada, sino que se presentan de forma integrada1.
Por lo anterior, el aporte que se pretende hacer es el estudio por separado de las dimensiones de
competitividad y desarrollo humano, así como el análisis de dichas dimensiones a partir de un número
reducido de variables que pueden explicar gran parte de la relación existente entre ellas. Lo anterior
constituye una base sólida para generar un marco de referencia de fácil interpretación y que oriente a
los tomadores de decisiones sobre los aspectos clave a tomar en cuenta para impulsar el desarrollo
humano en las regiones de México.
La investigación se ha estructurado de tal manera que en la primera sección se revisan algunas de
las teorías de competitividad y desarrollo humano, con la finalidad de establecer un sustento teórico. En
segundo lugar se realiza un análisis socio-económico de las regiones (estados) de México con el
objetivo de evidenciar las grandes diferencias regionales que existen en el país, y mostrar que si bien
podrían atribuirse a aspectos tales como la evolución del proceso de desarrollo territorial del país, la
dotación de diversos recursos en las regiones y la lucha de las fuerzas internas2 (Portes, 2006), ellas son
también efecto de la intervención pública a nivel regional. Con esto se busca poner de manifiesto la
importancia que tiene el Estado a la hora de promover el desarrollo de la sociedad a través de la
aplicación de diversos instrumentos públicos, justificando así la importancia de mejorar los procesos de
diseño de las políticas públicas encaminadas a propiciar el desarrollo humano. En la tercera parte se
muestra la metodología de trabajo seguida en este estudio. Los resultados obtenidos se exponen en la
cuarta sección. Se concluye en la quinta parte con algunos comentarios finales.
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Recibido: 14-03-2011. Aceptado: 23-08-2011.
1. Competitividad, desarrollo y bienestar: elementos conceptuales
Competitividad
El concepto de competitividad se gestó en el ámbito empresarial desde mediados del siglo XX. Surgió
como un enfoque microeconómico referido a la capacidad de las empresas para ser exitosas
comercializando sus productos. Dicha concepción aludía a la competencia que existía entre empresas
para ganar participaciones o segmentos de mercado, por lo que se puede decir que era un esquema que
permitía establecer qué empresa era la mejor, comparando los niveles de ventas y rentabilidad, reflejo
de su capacidad para satisfacer las demandas de sus clientes (Alonso, 2007).
Esta idea de competitividad se ha mantenido a lo largo del tiempo, sin embargo, ha surgido un
enfoque más amplio que la vincula no solamente con las empresas de manera individual, sino también
con los ámbitos industrial y nacional. A nivel nacional se pueden distinguir varios enfoques, aunque
aparentemente no existe un consenso sobre cómo definirla (Fagerberg, 1988; Krugman, 1994; Lall,
2001; Oughton, 1997; Rozas y Sánchez, 2004). Algunos autores la relacionan con el comercio exterior,
es decir, con el comportamiento de las exportaciones e importaciones, definición acorde con la
concepción de la competitividad en el ámbito empresarial y que guarda relación con la productividad
del trabajo y, por ende, con las relaciones que se generan entre todos los agentes económicos
involucrados en la producción de un bien o servicio (Guerrero, 1995; Krugman, 1994; Krugman y
Venables, 1995); otros autores y sobre todo organismos internacionales (CEPAL y OCDE)3, la
relacionan con la manera en la que el sector exterior (el acceder a mercados internacionales) apoya la
consecución de los objetivos últimos de crecimiento y bienestar dentro de un país o región; mientras
que existen quienes la vinculan con la eficacia de la economía y con su productividad, más relacionado
a aquellas condiciones o factores que permiten a una economía ser competitiva y que se relacionan con
los factores de producción tradicionales y otros aspectos del entorno (Alonso, 2007; Hounie …[et al],
1999; Porter, 1991 y 1998; Kao …[et al], 2008).
Por su parte, la CEPAL interpreta la competitividad nacional como aquella capacidad con la que
cuenta un país que le permite incrementar o mantener su participación en mercados internacionales, lo
que se traduce a su vez en un aumento del nivel de vida de la población (Hounie …[et al], 1999). Para
la OCDE, la competitividad es el grado en el cual un país puede, bajo condiciones de libre mercado,
producir bienes y servicios que superen los requerimientos de los mercados internacionales, mientras
que simultáneamente se mantienen y se expanden los ingresos reales de sus ciudadanos en el largo
plazo (Sobrino, 2005). Para el Instituto para la Administración del Desarrollo (IMD, por sus siglas en
inglés), la competitividad se refiere a cómo una nación crea y mantiene las condiciones necesarias para
que sus empresas puedan ser competitivas. Por su parte, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés) la define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el
nivel de productividad de un país (Schwab, 2009). Como puede observarse, las definiciones no son las
mismas, pero comparten la idea de la creación de condiciones que propicien el mejoramiento de la
prosperidad de un país (Hounie …[et al], 1999; Kao …[et al], 2008) y la conexión que existe entre el
desempeño empresarial y la competitividad a nivel nacional (Sobrino, 2005; Porter, 1991 y 1998).
Uno de los autores contemporáneos más representativos de este tema es Michael E. Porter, quien
a partir de la publicación de su obra “La ventaja competitiva de las naciones” (1991), sentó las bases
para analizar y comprender mejor los determinantes de la competitividad. Su enfoque es a nivel
empresarial, ya que solamente podrá existir una nación competitiva si sus industrias son competitivas.
Ello ocurriría cuando, al incursionar en los mercados internacionales, las empresas logren obtener
ventajas respecto a sus competidores extranjeros y con ello desarrollar y mejorar sus productos y
procesos y, por ende, su productividad. De allí que su enfoque sea sobre las empresas y el papel que
éstas juegan en el entramado de la competitividad nacional (Doryan …[et al], 1999; Porter, 1991 y
1998; Prats i Català, 2005).
2
Como se puede observar, el eje central de su argumentación es la productividad, concepto que
para otros autores, como Krugman (1994) o Srinivasan (2005), representa igualmente el eje toral de la
competitividad. Para Porter, la productividad lleva a mejoras en la producción que se traducen en
mayores ventas a un mejor precio, y que llega a manifestarse en los gobiernos en mayores ingresos
como resultado de los impuestos. Se tiene entonces que si se desarrolla o mejora la productividad a
nivel empresarial, se detona un ciclo que permite a un país incrementar su nivel de competitividad; con
la salvedad de que este ciclo no llegará a todos los sectores de la economía, debido a que el éxito de
unos sectores afectará el desarrollo de otros transformando la base productiva y el acceso a recursos
(Esteban García y Coll Serrano, 2003; Porter, 1991).
En la opinión de Porter, el gobierno tiene la capacidad de influir en la ventaja competitiva
nacional; sin embargo, dada su naturaleza pública y los objetivos que persigue (que son públicos y no
privados), no cuenta con la capacidad (o alineación ideológica) para entenderse mejor que el propio
sector privado con el mercado, además de que sus decisiones serán de carácter político y no irán
necesariamente encaminadas a propiciar la eficiencia económica, por lo que su labor deberá estar
circunscrita a estimular las condiciones de dichos determinantes a través de la estructura institucional,
que ofrece insumos a las empresas (Porter, 1991; Sobrino, 2005).
En sus trabajos, Porter otorga gran relevancia a los factores geográficos en la generación de
ventajas competitivas. A pesar de que en algún momento de la historia con el auge de la globalización
(sistemas de transporte, telecomunicaciones, apertura comercial y sistemas financieros internacionales)
se pensó que los factores geográficos perderían relevancia, algunos otros aspectos demostraron ser
determinantes para propiciar ventajas competitivas: mano de obra especializada, redes de investigación
e innovación, redes de proveedores, sofisticación de los clientes y arreglos institucionales. Lo anterior
es la razón por la que las operaciones empresariales de las regiones más competitivas, a pesar de la
globalización, se concentran en un mismo lugar y presentan efectos de especialización sectorial 4
(Doryan …[et al], 1999; Kay, Villalba y Fernández, 2006; Macías Macías, 2004; Porter, 1991 y 1998;
Rodríguez-Clare, 2005).
Además de la teoría sobre competitividad de Porter, existen otras aproximaciones al tema que
resultan interesantes. Tal es el caso del concepto de “competitividad sistémica” que ha impulsado el
Instituto Alemán de Desarrollo, que también considera que los esfuerzos para incrementar la
competitividad se deben realizar al nivel de las empresas pero que incluye los requerimientos del
entorno institucional, dado que el comportamiento de las empresas se ve afectado tanto por el mercado
como por las condiciones institucionales prevalecientes (Esser, Hillebrand y Messner, 1996).
Aunque este modelo reconoce el papel del mercado como catalizador de la competitividad, sus
autores también consideran que deben existir ciertas condiciones nacionales para que las empresas
puedan ser competitivas, y esto no es sino el reconocimiento de que, a nivel nacional, la competitividad
importa. Para el caso de una empresa, el hecho de que ésta no sea competitiva representa su cierre o
bancarrota; en cambio, si una nación no es competitiva, las consecuencias se sentirán en el nivel de
bienestar de sus ciudadanos, por lo que se deben comprender los determinantes de la competitividad a
nivel nacional y establecer las condiciones pertinentes para que dichos determinantes se desarrollen de
manera satisfactoria (Altenburg, Hillebrand y Meyer-Stamer, 1998).
La aplicación de un análisis “sistémico” al concepto de competitividad resulta de gran relevancia,
puesto que, dada la diversidad de elementos con los que tiene que ver, la “mezcla” de factores que cada
nación o región aplique no será igual a la de otras5. Cabe destacar que ninguno de los modelos refiere al
óptimo en sus factores o niveles, sino más bien a un conjunto de condiciones que se presentan y que
propician el desarrollo de la competitividad (Quiroz Cuenca, 2003).
El papel del Estado en la competitividad
El papel del Estado como promotor y gestor de condiciones (contexto y estructura institucional) que
propicien un ambiente de competitividad es fundamental, ya que cuenta con recursos, capacidades y
3
atribuciones que ningún otro actor nacional tiene. La influencia que es capaz de generar sobre la
competitividad puede ser directa -al afectar las condiciones de la producción- o indirecta -a través de la
formulación de la política económica e industrial- (Prats i Català, 2005; Sobrino, 2005; Srinivasan,
2005; Walton, 2010).
A lo largo de la historia, distintas corrientes proponen determinados grados de intervención
estatal en el desarrollo de la economía. Por un lado, están las que propugnan dejar que el mercado
regule y equilibre la economía de las naciones. Por otro, las que aceptan que el mercado y las
instituciones tienen fallas y, por lo tanto, es necesaria la intervención estatal para corregirlas, pero sin
beneficiar a ninguna actividad económica en particular. Asimismo, existe otra corriente en la que se
favorecen las intervenciones estatales, pero a diferencia de la anterior, éstas se realizan de forma
selectiva (Lall, 2001).
Las propuestas de Porter están encaminadas a dejar que el mercado regule la economía, de
manera que la labor del Estado estaría enfocada a propiciar mejores condiciones para que el mercado
opere. Lo anterior tiene consecuencias claras en la función de los gobiernos, puesto que se hace
necesario asegurar la estabilidad macroeconómica, la calidad y eficiencia de los factores de producción
(mano de obra preparada, infraestructura, información) y la presencia de instituciones sólidas, pero
también de reglas e incentivos microeconómicos que rijan la competencia y que fomenten el
crecimiento de la productividad (competencia interna, sistema fiscal, propiedad industrial e intelectual,
fomento a la investigación, sistema jurídico, protección de los consumidores, gobernanza empresarial)
(Prats i Català, 2005).
En cambio, según el enfoque de la competitividad sistémica, el Estado, junto con los actores
sociales, debe desarrollar políticas de apoyo a la competitividad empresarial (Esser, Hillebrand y
Messner, 1996). Si bien es necesario que existan condiciones estables y previsibles a nivel
macroeconómico, esto no es suficiente para que la competitividad se desarrolle. El establecimiento de
estas condiciones requiere de reformas estructurales que podrían propiciar conflictos en la política
interior, debido a que en el proceso se generan ganadores y perdedores. Por lo anterior, es necesario un
esfuerzo político muy grande para articular el período de transición de las reformas y minimizar los
impactos negativos. Asimismo, si se pretende dotar de infraestructura especializada a los sectores
(capital humano y tecnología, por ejemplo) de forma oportuna, se debe haber realizado antes un trabajo
de planificación y en este aspecto el papel que juega el Estado es fundamental (Esser, Hillebrand y
Messner, 1996; Iglesias, 2006).
En cualquier caso, todos estos modelos relevan la importancia del Estado en la generación de
condiciones para el desarrollo de la competitividad.
La medición de la competitividad
Quizás la referencia más conocida a la hora de medir la competitividad sea la publicación que año a
año, desde 1979, realiza el World Economic Forum (WEF) en su reporte global de competitividad. Los
autores de este reporte y el organismo que lo avala, consideran que el nivel de competitividad tiene una
relación directa con la capacidad de las naciones para el desarrollo de su bienestar. Bajo esta
consideración fundamental es que han desarrollado su índice para captar tanto los aspectos
microeconómicos como macroeconómicos que fundamentan la competitividad de una nación (Kao
…[et al], 2008; Porter y Schwab, 2008; Schwab, 2009).
Otro reporte sobre competitividad que se ha vuelto una referencia importante es el World
Competitiveness Yearbook que elabora el International Institute for Management Development (IMD)
desde hace veinte años. Al igual que el modelo del WEF, el modelo del IMD mide las condiciones que
permiten al mercado funcionar de manera eficiente, algo común en el estado del arte sobre este tema.
Sin embargo, el tema de la medición de la competitividad es muy complejo, ya que el fenómeno
encierra diversas dimensiones y elementos; recuérdese que no existe un consenso claro en cuanto a su
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definición a nivel nacional (Krugman, 1994; Fagerberg, 1988; Lall, 2001), mucho menos en cuanto a
cómo medirla.
Lall (2001) encontró que tanto el reporte del WEF como del IMD presentan diversos problemas
analíticos, metodológicos y de fuentes de información. Particularmente el reporte del WEF en cuanto a
la especificación de su modelo, la selección de las variables de medición, la identificación de las
relaciones causales y el uso de los datos. Las relaciones causales, a su juicio, están confundidas en su
sentido y además no están soportadas teóricamente. Sin embargo, reconoce que el WEF en su análisis
enfatiza las condiciones microeconómicas sobre las macroeconómicas, como las determinantes del
desempeño económico; puesto que las segundas, aunque son necesarias, no son suficientes para
establecer un ambiente donde se geste la competitividad, sobre todo en países con grandes deficiencias
estructurales.
En México existe un par de instituciones que han trabajado el tema de la medición de la
competitividad a nivel de los estados: el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la
Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP), del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. El IMCO ha realizado investigaciones y publicaciones sobre el
tema desde el año 2003, mientras que el Tecnológico de Monterrey ha trabajado sobre este tema desde
1995; a partir del año 2003 ha basado su metodología en el modelo del IMD.
Como se ha podido notar, existen varios modelos para medir la competitividad de las regiones.
Estos modelos siguen una filosofía de mercado que premia con mayor nivel de competitividad a
aquellas regiones que dejan actuar al mercado libremente (Ballart, 2010), aspecto que desde una
perspectiva de competitividad es más que lícito. Sin embargo, debe tenerse presente que no se trata
únicamente de que un gobierno o una sociedad establezca las condiciones idóneas para que el mercado
funcione de forma eficiente, sino más bien que encuentre la fórmula entre Estado y mercado, que
permita conseguir mejores niveles de vida para toda la sociedad (Rodríguez Alba, 2010).
La medición del desarrollo humano
El desarrollo se ha medido a través de un enfoque sobre los ingresos, por lo que el crecimiento del PIB
per cápita se usó hasta antes de los 90 como la medida del desarrollo por excelencia. Sin embargo, al
usar solamente medidas de ingreso, se pierde de vista que lo que se busca con el desarrollo es
beneficiar a las personas; o sea, mejorar significativamente el bienestar de la sociedad. Aunado a lo
anterior, aunque las cifras sobre ingresos son útiles, el dato por sí solo no representa la composición de
los ingresos ni a los beneficiaros reales; además, las personas valoran muchos aspectos que quedan
fuera del registro de los ingresos, tales como una mejor nutrición, mejores servicios médicos, mayor
acceso a la información y al conocimiento, mayor seguridad en sus vidas, empleos con mejores
condiciones de trabajo, más ocio, acceso a actividades culturales y de esparcimiento y a actividades
políticas (Alarcón, 2001; De la Torre y Moreno, 2010; Harding y Wantchekon, 2010; Mancero, 2001;
PNUD, 1990).
Por lo anterior, los nuevos enfoques sobre las capacidades dieron pie a la formulación de nuevas
mediciones que superan el enfoque de los ingresos. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en su informe de 1990, publicó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual,
hasta nuestros días, se presenta como una de las mediciones más importantes en este tema (Prats
Cabrera, 2006), ya que ha puesto de manifiesto que el crecimiento económico es un medio para
alcanzar el desarrollo humano y no un fin por sí mismo (Mancero, 2001).
El enfoque del PNUD para el diseño de su indicador se deriva de la idea de que el objetivo básico
del desarrollo es el de conformar un contexto o ambiente en el cual las personas disfruten de una vida
prolongada, saludable y creativa. Por ello, entienden el desarrollo humano como un proceso a través del
cual se incrementan las oportunidades de las personas para vivir más y de mejor manera, tener acceso a
la educación y poder disfrutar de un nivel de vida decente, además de tener libertad política y garantía
de los derechos humanos (PNUD, 1990).
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Para medir el desarrollo humano, lo ideal sería incluir una serie de variables que contribuyan a
comprender la situación de una manera holística; sin embargo, esto no es posible en la realidad, puesto
que se carece de datos y de historicidad para todo aquello que debería medirse, aunado a que la
inclusión de un exceso de variables podría confundir la interpretación de los resultados (Harding y
Wantchekon, 2010; Mancero, 2001; PNUD, 1990; Veres Ferrer, 2006; Walton, 2010).
Así pues, el PNUD ha optado por medir el desarrollo humano a través de tres elementos:
longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida. Para el caso de la longevidad, el indicador
utilizado es la esperanza de vida al nacer, que es un indicador que tiene relación con situaciones o
beneficios indirectos como lo son los niveles de alimentación, salud y seguridad. Para el tema de los
conocimientos, el indicador utilizado es el alfabetismo, que hace referencia al acceso a la educación.
Finalmente, para el tema de los niveles decentes de vida, el indicador utilizado es el nivel de ingreso, es
decir, el ingreso per cápita (Mancero, 2001; PNUD, 1990).
A pesar del esfuerzo por integrar otros aspectos diferentes a los ingresos, el IDH presenta algunas
fallas propias de su diseño (McGillivray y Noorbakhsh, 2004) y que son difíciles de superar, si se
pretende seguir teniendo un solo índice que permita realizar comparaciones internacionales. Estas fallas
están relacionadas con que las mediciones ocultan las amplias divergencias que se dan dentro de los
diversos grupos sociales, puesto que no se tendrán los mismos niveles de longevidad, conocimiento y
nivel de vida entre hombres y mujeres, y entre estratos sociales bajos, medios y altos (PNUD, 1990). A
ello se suma el hecho de que la dimensión del ingreso per cápita que compone el indicador tiene un
gran peso, puesto que las otras dimensiones (longevidad y educación) solo cambian en el largo plazo
(Alarcón, 2001), por lo que el índice es poco sensible al crecimiento económico de largo plazo (León y
Espíndola, 2004). Por consiguiente, aunque el indicador se diseñó para no seguir usando el PIB per
cápita como medida del bienestar, éste sigue teniendo una gran relevancia a la hora de medir el
desarrollo (Tilak, 1992). Sin embargo, la utilización de un solo indicador a la hora de evaluar el
desarrollo y tomar decisiones de política es mucho más sencilla y ha tenido una mayor penetración y
aceptación que el usar múltiples datos y medidas (Colectivo Ioé, 2008; Mancero, 2001; López-Calva y
Vélez Grajales, 2003).
Sin duda medir el desarrollo es una tarea compleja, debido a que existen muchas acepciones
respecto a lo que es desarrollo, y diseñar un indicador que permita recoger todas las inquietudes se
presenta como algo imposible, aunado a la carencia de información y a que ciertos aspectos intrínsecos
al desarrollo son fenómenos difíciles de medir dada su naturaleza.
2. Desigualdades regionales en México
Los desequilibrios regionales se han analizado en las ciencias económicas desde hace ya algún tiempo;
sin embargo, su tratamiento no había sido abordado de manera formal sino hasta el surgimiento de lo
que se conoce como geografía económica, que se refiere al estudio de la localización/distribución de
los factores de producción en el territorio. Esta vertiente de la economía tiene sus orígenes en los
postulados de las externalidades económicas que aparecieron desde mediados del siglo XIX (Krugman,
1991).
La geografía económica tiene como propósito explicar las grandes diferencias que existen entre
los países y al interior de los mismos. Es sabido que el nivel de desarrollo de las regiones no es
homogéneo y esto se manifiesta en las diferencias palpables en el nivel de vida de grandes colectivos
sociales. La dinámica económica de cada región se despliega de manera diferente, puesto que cada
territorio cuenta con recursos diferenciados que condicionan su desarrollo y moldean la estructura
productiva, el mercado, la capacidad empresarial, la infraestructura y el sistema institucional y político
(Kay, Villalba y Fernández, 2006; Vázquez Barquero, 2005).
México, al igual que la mayoría de los países en el mundo, tiene diversos grados de desarrollo
hacia el interior de su territorio, realidad que sin duda está relacionada con un sinfín de aspectos
económicos, culturales, políticos y sociales (PNUD, 2009). Las diferencias que pueden observarse al
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interior del país son abrumadoras; estados como Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y el propio Distrito
Federal, presentan características muy diferentes al compararlos con Chiapas, Oaxaca y Guerrero; las
disparidades sociales y las diferentes estructuras económicas son evidentes.
Según lo señala la OCDE en un estudio reciente, la historia ha demostrado que determinadas
regiones han tendido a especializarse en ciertas actividades económicas y, por ende, las empresas
también. David Ricardo, en el siglo XIX, ya hablaba de que las regiones tienden a centrarse en
actividades particulares dadas sus ventajas comparativas. Posteriormente, Alfred Marshall demostró
que la productividad empresarial era mejorada cuando muchas empresas se especializaban en una
misma actividad económica (por supuesto, dentro de una misma región geográfica) como resultado del
mercado de trabajo, las derramas de conocimiento y la especialización de los proveedores. En la década
de los 90, Krugman y Venables sugirieron que el mercado y las inversiones jugaban un papel central
para incrementar los rendimientos en términos de infraestructura, capital humano, localización
geográfica y la disminución de los riegos. Finalmente, Porter relacionó la especialización y la
clusterización con el proceso de innovación (OCDE, 2009: 70).
Para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a partir de la
información de los Censos Económicos de 2004, calculó los coeficientes de localización 6 para las
entidades federativas con los datos de la Producción Bruta Total (PBT) a nivel de las ramas
económicas. Esta información permite observar las actividades económicas más importantes de cada
estado respecto a su nivel de producción.
Es interesante destacar que las especializaciones regionales en México van desde la producción
de equipo aeroespacial (Chihuahua), computadoras y equipo periférico (Jalisco), productos
farmacéuticos (Distrito Federal y Morelos), y automóviles y camiones (Puebla), hasta productos
químicos básicos (Chiapas), curtido y acabado de cuero y piel (Guanajuato), y aserrado y conservación
de la madera (Durango y Guerrero) (INEGI, 2004). El hecho de que un estado tenga una clara
especialización en actividades de mayor valor agregado responde ciertamente a las capacidades y
características de dicha entidad; de hecho, las economías más avanzadas e innovadoras tienden a
producir productos de mayor nivel tecnológico (OCDE, 2009). Los requerimientos de infraestructura
especializada y genérica, capital humano, liderazgo empresarial y apoyo gubernamental son críticos
para el tejido industrial, de manera que aquellos estados que cuentan con mayores capacidades son los
que pueden desarrollar actividades económicas más sofisticadas que redunden en mayores tasas de
crecimiento económico.
Analizando el PIB por entidad federativa para el año 2008, se encuentra que el 53% de la
producción nacional la generaron seis de las treinta y dos entidades federativas del país -Distrito
Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato- (INEGI, 2010), las cuales
concentran alrededor del 45% de la población total (CONAPO, 2009).
Esta situación prevalece en el país a pesar de que en la última década se han realizado
importantes reformas encaminadas a incrementar el comercio exterior. Es sabido que en el modelo de
libre mercado es posible acceder a grandes cuotas de mercado a través de las exportaciones; sin
embargo, a pesar de que México es el segundo país del mundo con mayor número de tratados
comerciales -12 tratados que integran a 44 países (Pro México, 2004), entre los que destaca el NAFTA
(Estados Unidos y Canadá) que entró en vigor en 1994-, las disparidades territoriales no se han
subsanado. Solamente los estados fronterizos (por la inversión en maquiladoras) han obtenido
beneficios de dicha apertura comercial, y las regiones pobres no se han beneficiado del hecho de que el
país tenga una economía más integrada y abierta; incluso presentan una tendencia de tasas de
crecimiento muy bajas (OCDE, 2009). En el Gráfico 1 se muestra la relación entre el PIB per cápita, la
tasa de crecimiento del PIB entre 2003 y 2008 y el PIB de 2008, sin considerar la minería petrolera.
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Gráfico 1
PIB per cápita, crecimiento del PIB y PIB (sin minería petrolera)
Fuente: CONAPO (2009) e INEGI (2010). Nota: el tamaño de las esferas
representa el PIB de 2008 sin minería petrolera. Se utilizó la información sin
minería petrolera para evitar el sesgo que el petróleo representa en la
economía mexicana.
En un estudio realizado por Barceinas y Raymond (2005) sobre la convergencia regional en el
país y su relación con el capital humano, se encontró que en lugar de convergencia, en México se ha
dado un proceso de divergencia regional que podría explicarse por la distribución desigual del capital
humano. Asimismo, se encontró que en tiempos de crecimiento económico dichas diferencias tienden a
incrementarse, posiblemente por la movilidad del capital humano hacia las regiones con mayores
oportunidades de crecimiento, que son aquellas que a su vez concentran una mayor cantidad de
recursos.
Respecto a la inversión extranjera directa, se tiene que el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de
México, Chihuahua, Baja California y Jalisco han concentrado más del 85% de la inversión que recibió
el país en el período comprendido entre 1994 y 2009 (Secretaría de Economía. Dirección General de
Inversión Extranjera, 2009).
Por otra parte, analizando la información sobre los reportes de competitividad generados para el
país, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política Pública (EGAP) coinciden en posicionar a los mismos nueve
estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León,
Querétaro, Sonora y Tamaulipas, dentro de los diez primeros lugares de sus listas (IMCO, 2008;
Campos Serna y Naranjo Priego, 2010).
Respecto a los niveles de marginación7 (cobertura de los servicios básicos y niveles de ingreso),
Guerrero, Chiapas y Oaxaca, entidades que históricamente han estado rezagadas, muestran diferencias
significativas en relación con el resto de las entidades y, además, presentan una tendencia negativa
respecto a los cálculos de 2000 y 2005, con crecimientos de la marginación del 3,36%, 13,9% y 2,44%
respectivamente (CONAPO, 2005).
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López-Calva y Vélez Grajales (2003) analizan los resultados de seis diferentes índices sobre
desarrollo humano elaborados para México entre 1990 y 2006. Encuentran que si bien la posición
relativa de las entidades federativas es sensible a las variables, al uso de métodos de corrección
(ingreso y distribución) y a los valores máximos y mínimos de referencia utilizados para el cálculo de
los índices, tanto el Distrito Federal como Nuevo León, reiteradamente, ocupan los primeros lugares de
los rankings; mientras que nuevamente Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los últimos.
Por su parte, Esquivel Hernández, López-Calva y Vélez Grajales (2003) realizaron un estudio
para analizar las desigualdades regionales en México a partir de la construcción del IDH entre 1950 y
20008. En dicho estudio encuentran que existen dos grupos de entidades que refuerzan una dinámica de
polarización. Además, afirman que Chiapas, Oaxaca y Guerrero nunca han salido de los últimos tres
lugares a nivel nacional en el indicador que ellos calculan y que esta situación se mantiene en el último
reporte sobre el IDH en México, cuyos resultados se consignan en el Gráfico 2.
Gráfico 2
Índice de Desarrollo Humano 2004 y media del mismo año
Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre desarrollo humano México
2006-2007 (PNUD México, 2007).
Por su parte, De la Torre (2004) realizó un estudio sobre el IDH para las entidades federativas
con los datos publicados por el PNUD México en el año 2000 y encontró que, tomando como
referencia el IDH promedio del país, el Distrito Federal presentó un nivel de desarrollo superior en un
11,20%, mientras que Chiapas tuvo un nivel de desarrollo 12,26% por debajo del promedio nacional.
Catorce entidades evidencian un desarrollo superior al promedio del país, las cuales concentran el
34,39% de la población, mientras que 18 estados, que tienen un IDH menor al promedio nacional,
concentran un 65,61% de la población del país. Además, si se exceptúa el Distrito Federal, las cinco
entidades federativas con mayor IDH corresponden a estados de la región norte, mientras que los cuatro
estados menos desarrollados pertenecen a la región sur.
9
La pobreza, como se sabe, es un fenómeno multidimensional y no existe en la literatura un
consenso respecto a la forma de medirlo. En México se ha optado por referirse a tres situaciones que no
permiten a las personas alcanzar un nivel de vida decente; ellas son: la pobreza de patrimonio, la
pobreza de capacidades y la pobreza alimentaria (CONEVAL, 2011)9. La pobreza de patrimonio se
refiere a la proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón
de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.
La pobreza de capacidades se refiere a la proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al
necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación. Por último, la
pobreza alimentaria se refiere a la proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al
necesario para cubrir las necesidades de alimentación, correspondientes a los requerimientos
establecidos en la canasta alimentaria de INEGI/CEPAL (SEDESOL, 2002).
Con base en estos criterios se ha venido midiendo la pobreza en el país desde 1992. Es notable
que la pobreza ha disminuido en el período comprendido entre 1996 y 2006; sin embargo,
aparentemente, después de este período ha comenzado a incrementarse. Chiapas, Guerrero y Oaxaca
presentan los niveles más altos de pobreza, aunque con mejoría respecto al comparativo entre los años
2000 y 2005 (CONEVAL, 2010a).
En cuanto al coeficiente de Gini, los estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y
Veracruz tienen valores por encima de la media nacional para el año 2005 (CONEVAL, 2010b).
Esta situación pone de manifiesto, sin lugar a dudas, las grandes diferencias a las que se hacía
referencia anteriormente. Pero, ¿a qué se deben estas diferencias tan significativas? Una posible
respuesta aludiría a la gestión del proceso de desarrollo que tanto la sociedad como su gobierno han
llevado a cabo a través del tiempo, así como a las condiciones particulares que prevalecen en cada
estado y que determinan el progreso (PNUD, 2009).
3. Metodología de trabajo
Las variables utilizadas para medir la competitividad fueron la productividad laboral (PIB/PEA) aspecto clave del concepto según el análisis teórico presentado-, la recaudación de la banca comercial y
la inversión extranjera directa per cápita; es decir, ahorro e inversión, determinantes del crecimiento
económico.
Cabe destacar que la variable PIB/PEA que se utiliza para construir el índice de competitividad,
presenta una alta correlación con el PIB per cápita y con el IDH (debe recordarse que uno de los
componentes del IDH es el propio PIB per cápita). En la Tabla 1 se observan las correlaciones entre las
tres variables: logaritmo del PIB per cápita (LnPIBpc), PIB/PEA e Índice de Ingreso del IDH (IIIDH).
LnPIBpc
1/(PIB/PEA)
IIIDH
Tabla 1
Correlaciones entre variables
LnPIBpc
1/(PIB/PEA)
1
-0,93891504
1
0,84211921
-0,88711528
IIIDH
1
Como se puede notar, la relación entre las variables es significativa, puesto que son mayores a
0,8, por lo que para poder analizar la relación que interesa, se necesita eliminar del IDH el componente
de ingreso (dejando sólo los de salud y educación), esto con la finalidad de no contaminar o influir la
regresión a la que se someterán las variables.
El detalle de los períodos utilizados para cada variable y las fuentes de información se resume en
la Tabla 2.
10
Tabla 2
Detalle de las variables utilizadas en el análisis
Indicador
Período
Captación banca comercial per
1
2003-2007
cápita
2 PIB/PEA
Fuente
INEGI - BIE, Finanzas públicas e
indicadores monetarios y bursátiles.
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales y
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo.
Secretaría de Economía. Dirección General
de Inversión Extranjera.
PNUD, Informe sobre desarrollo humano
México.
2003-2008
Inversión Extranjera Directa
(IED) per cápita
IDH sin componente de
4
ingreso
3
1994-2009
2000-2004
Dado que se cuenta con información de más de un año para cada variable, se decidió utilizar las
medias aritméticas con el fin de robustecer y sintetizar el análisis de los datos (Fagerberg y Srholec,
2008; Fagerberg, Srholec y Knell, 2007).
Antes de empezar a trabajar con los datos, se realizó un análisis exploratorio de los mismos para
comprobar sus principales características descriptivas, así como la normalidad en su comportamiento,
lo que permitió percibir de que la mayoría de las variables requerían de algún tipo de transformación
para garantizar su normalidad. Los resultados de la transformación de las variables se presentan en la
Tabla 3.
Tabla 3
Estadísticas de las variables originales y transformadas
Media
Captación Banca
Comercial
IDH sin ingresos
Datos originales
Media/ Asime- CurtoDesv. típ.
Desv.
tría
sis
4,5289 22,642
Datos transformados
Desv. Media/ Asimetíp.
Desv.
tría
Curtosis
Transformación
Media
1/X
0,286
0,037 13,08% -0,5247
1,305
Ninguna
0,824
0,022
2,76%
-0,6930
0,435
43,251
44,8394
103,67%
0,8247
0,0228
2,76%
IED per cápita
541,35
1757,37
324,62%
5,2849 28,943
Ln
4,595
1,756 38,21%
0,3042
0,499
PIB/PEA
0,1936
0,1629
84,12%
4,5062 22,927
1/X
6,547
2,413 36,87%
0,0286
-0,192
-0,693
0,4358
Con las tres variables consideradas dentro del concepto de competitividad, se procedió a la
construcción de un índice a partir de un Análisis de Componentes Principales -ACP- (Fagerberg,
Srholec y Knell, 2007; Reis Mourao, 2008; Putnam …[et al], 1983) para relacionarlo con el IDH sin su
componente de ingresos.
En la construcción del Índice de Competitividad con el ACP, el componente resultante explica el
81% de la varianza de las tres variables consideradas, con un KMO de 0,713 y estadísticamente
significativo, además con medidas de adecuación muestral superiores a 0,65, lo que demuestra que la
construcción de este índice considera la mayor parte de la variabilidad de las variables consideradas
para su construcción.
Como se comentó, existen varios reportes sobre competitividad en México; sin embargo, se
considera que con un número reducido de variables es posible medir la competitividad de una manera
amplia. Además, la naturaleza de la construcción de dichos índices (IMCO y EGAP) contempla una
serie de elementos que mezclan la dimensión de desarrollo con la de competitividad, debido a que por
su diseño se están midiendo los determinantes de la competitividad, y la propuesta del autor, en
cambio, gira en torno a medir el propio nivel de competitividad más que sus determinantes.
11
No obstante, existe una relación significativa entre el índice propuesto y los dos índices
mencionados, tal como puede observarse en el Gráfico 3, en donde se muestra una comparación de los
rankings de los 32 estados bajo las tres metodologías; la R2 entre el índice propuesto y el de la EGAP
es de 0,825 y de 0,916 respecto al del IMCO.
Gráfico 3
Diagramas de dispersión entre el índice competitividad generado y los de la EGAP y el IMCO
12
Como puede observarse de los gráficos anteriores, el índice creado para medir la competitividad
no difiere significativamente de las mediciones de competitividad existentes para el país, con la ventaja
de que fue construido con solo tres variables, lo cual simplifica en gran medida su proceso de
elaboración (respecto a las 172 que utiliza la EGAP y las 120 que usa el IMCO).
4. Resultados
Analizando la relación entre el índice de competitividad generado por el autor10 y el IDH sin el
componente de ingresos de manera visual, se obtiene la representación del Gráfico 4.
Gráfico 4
Diagrama de dispersión entre el IDH sin ingreso y el índice de competitividad
Como se puede observar, existe una relación entre los índices; sin embargo, para corroborar esta
relación, se realizó un análisis más riguroso a través de la construcción de un modelo de regresión. La
recta de regresión que describe la relación entre los índices es la siguiente:
IDH sin ingreso = 0,825 + 0,019 Competitividad
El coeficiente de regresión ajustado del modelo es de 0,706 (R2 corregida); la prueba F
(F=75,453 y p<0,000) en el análisis ANOVA es significativa, y la prueba T (t=8,686 y p<0,000) en el
análisis de coeficientes también lo es, por lo que la relación entre las variables estudiadas es
estadísticamente significativa. El análisis de los residuos arroja que más del 95% de ellos caen en el
intervalo -2 y 2, presentando un ajuste que podría considerarse normal y aleatorio.
Con lo anterior, puede observarse del análisis de regresión la existencia de una relación
estadística significativa entre el desarrollo humano (sin considerar su componente de ingreso por las
razones expuestas anteriormente) y la competitividad, ya que los estados más competitivos tienen
mayores niveles de desarrollo humano. Lo anterior confirma lo presentado en el análisis del punto 2
(desigualdades regionales), puesto que es notorio que existen regiones en México con mejores
condiciones de vida y estas mismas regiones son las que poseen un grado de desarrollo económico y
social más elevado, por lo que estas diferencias, según lo encontrado, podrían explicarse a través de las
diferencias en cuanto a competitividad regional.
13
5. Conclusiones
El Estado, en su responsabilidad de garantizar ciertos niveles de bienestar social, debe ser capaz de
articular políticas alrededor de los temas centrales, y eso no puede hacerse de manera eficiente si no se
comprenden los determinantes del desarrollo en el contexto global, pero también en el contexto local,
puesto que la dinámica económica y social de cada región determina las condiciones que son clave para
el establecimiento de las políticas públicas encaminadas al bienestar de dichas regiones (Kay, Villalba
y Fernández, 2006; Vázquez Barquero, 2005).
En este sentido, la actuación del gobierno es fundamental para el desarrollo y el bienestar de las
sociedades. La experiencia reciente muestra que algunos países no han sabido aprovechar el empuje
que les ha brindado su desarrollo económico en aras de transformarlo en bienestar, ya sea porque no
han logrado mejorar la distribución del ingreso o bien porque los gastos sociales se han mantenido
bajos y/o mal aplicados. En definitiva, un manejo adecuado de las políticas es fundamental para
propiciar el desarrollo (PNUD, 1990). Uno de los aspectos que ha mostrado ser significativo en el
proceso de desarrollo es el marco institucional (Evans, 2007; PNUD, 1990). Para Evans (2007), la
comprensión del desarrollo requiere de un enfoque institucional, ya que las diferencias en cuanto a los
niveles de inversión y progreso tecnológico están asociadas a los contextos institucionales.
Dado lo anterior, el proceso de desarrollo se encuentra determinado por condiciones locales, es
decir, es un proceso localizado aunque se viva en un mundo globalizado, y además el aspecto
institucional se convierte en un determinante del desarrollo como parte fundamental del entramado
social (Obregón Davis, 2007; PNUD, 2009; Walton, 2010).
Con este enfoque, que centra la atención en el ámbito local, la influencia del Estado para generar
condiciones para la competitividad y el desarrollo humano es innegable, ya que cuenta con atribuciones
y capacidades que los demás actores sociales no tienen. Es por esto que los gobiernos deben tener muy
claros los objetivos, instrumentos e impactos que persiguen al momento de vertebrar a sus sociedades,
puesto que las políticas públicas que decidan implementar tendrán sin duda amplias repercusiones en el
proceso de desarrollo de los territorios.
El Estado, en su capacidad de articular la sociedad bajo ciertos parámetros (contexto y estructura
institucional), tiene una gran influencia para determinar algunas condiciones que son necesarias para
que las empresas puedan ser competitivas (Esser, Hillebrand y Messner, 1996), ya que puede afectar las
condiciones de la producción de forma directa o indirecta a través de la formulación de la política
económica e industrial (Prats i Català, 2005; Sobrino, 2005; Srinivasan, 2005; Walton, 2010). Sin
embargo, es importante notar que no se trata únicamente de que un gobierno o una sociedad
establezcan las condiciones idóneas para que el mercado funcione de manera eficiente y las empresas
operen de forma competitiva, sino más bien que encuentren la fórmula adecuada según sus condiciones
particulares, para que tanto el Estado como el mercado funcionen lo mejor posible. No existen recetas o
metodologías que digan la combinación adecuada entre Estado y mercado, lo importante es buscar una
fórmula que permita conseguir mejores niveles de vida para la sociedad en su conjunto. Por ello, más
que buscar la competitividad como un fin, el Estado debe buscar el desarrollo en sí. La competitividad
debe ser vista, bajo los efectos globalizadores del mercado, como un medio (quizás sea ya un
requisito), haciéndose necesario que las instituciones regulen, estabilicen y legitimen el mercado para
que de esta manera sea posible impulsar el desarrollo (Evans, 2007; Latouche, 2007; Ocampo, 2005;
Prats Cabrera, 2006; Rodrik y Subramanian, 2003).
A través del análisis empírico desarrollado en esta investigación se encuentra que los estados más
competitivos (productividad laboral, inversión extranjera directa y ahorro) presentan un mayor grado
de desarrollo humano. Con apoyo en la teoría acerca de la competitividad y en el análisis inicial, que
centra el concepto en la eficiencia económica y/o en los determinantes del entorno, pero que también
guarda relación con las consecuencias de ser competitivo -bienestar y/o nivel de vida-, podría sugerirse
que la competitividad (al menos en México) aparentemente ha apoyado el desarrollo humano. Se
considera que el estudio por separado de las dimensiones de competitividad y desarrollo humano, así
14
como el análisis de la relación entre dichas dimensiones, ayuda a generar un marco de referencia sobre
las posibles áreas a influir para impulsar el desarrollo humano.
Notas
1
El índice de desarrollo humano es una más de las variables que se consideran dentro de alguna de las
dimensiones de los modelos usados para medir la competitividad.
2
Aspectos que escapan del alcance de esta investigación.
3
Para la CEPAL (Hounie, Pittaluga, Porcile y Scatolin, 1999), la competitividad nacional se refiere a
“aquella capacidad con la que cuenta un país y que le permite incrementar o mantener su participación
en mercados internacionales, lo que se traduce a su vez en un aumento del nivel de vida de la
población”. Por su parte, la OCDE (2011) interpreta la competitividad como “el grado en el cual un
país puede, bajo condiciones de libre mercado, producir bienes y servicios que superen los
requerimientos de los mercados internacionales, mientras que simultáneamente se mantienen y se
expanden los ingresos reales de sus ciudadanos en el largo plazo”.
4
Fenómeno denominado por Porter como Clusters o Aglomerados.
5 Recuérdese que en la teoría de sistemas existen propiedades que emergen con la interacción de los
elementos que conforman un sistema, y si estos elementos son diferentes, dichas propiedades también
lo serán, lo que lleva a diferentes pautas, formas, contextos y esquemas para el desarrollo de la
competitividad nacional.
6 El Coeficiente de Localización se utiliza como medida de concentración geográfica.
7
El Índice de Marginación se calcula a partir de las variables de población analfabeta, población sin
primaria completa, ocupantes en viviendas sin drenaje, energía eléctrica y agua entubada, viviendas con
hacinamiento, viviendas con piso de tierra, población en localidades de menos de 5.000 habitantes y
población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
8
Calculan el IDH con la metodología del PNUD, pero realizando tres modificaciones. La tasa de
matriculación la calculan con el rango de entre 6 y 12 años en lugar de entre 6 y 24 años; el PIB per
cápita lo ajustan por el componente petrolero, restando el PIB petrolero al PIB de los estados
productores y repartiéndolo entre todas las entidades federativas según su población; y el rango usado
para el PIB per cápita está entre 40 mil y mil pesos de 1993.
9
El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, de la Secretaría de Desarrollo Social
(CONEVAL), es el encargado de las mediciones de pobreza en el país.
10
Es importante mencionar que fue necesario modificar el sentido del índice de competitividad que se
generó multiplicándolo por -1, ya que al haber utilizado una transformación de tipo 1/X para el
PIB/PEA se produjo un cambio de signo.
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¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre

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